REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 360ª
Sesión 21ª, en miércoles 23 de mayo de 2012
Ordinaria
(De 16:19 a 19:32)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES CAMILO ESCALONA MEDINA, PRESIDENTE,
Y ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda subrogante, señor Julio Dittborn Cordua, y el Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. CUENTA

El señor ESCALONA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero inicia un proyecto que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo (boletín Nº 8.324-03).
--Pasa a la Comisión de Economía y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Con el segundo hace presente la urgencia, calificada de "simple", para la tramitación del antedicho proyecto.
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Del señor Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes:
Da respuesta a un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señores Navarro, Bianchi y Escalona, respecto de la capacitación de funcionarios públicos en los objetivos del Programa de Reconocimiento "Tesoros Humanos Vivos" y de las convenciones internacionales sobre Protección y Promoción de la Diversidad y sobre la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (boletín N° S 1.454-12).
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción:
Responde una solicitud de información, cursada en nombre de la Senadora señora Allende, acerca del royalty aplicado a las empresas que explotan el litio, con especificación del monto recaudado por ese concepto, destino de los recursos y áreas de su inversión.
Del señor Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante:
Atiende petición de información, remitida en nombre del Senador señor Navarro, en cuanto a si las tuberías instaladas en la playa del sector Lo Rojas, comuna de Coronel, por la empresa termoeléctrica Bocamina II, se ajustan a las normas y autorizaciones pertinentes.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Moción
De los Senadores señor Gómez, señora Alvear y señores Escalona, Navarro y Quintana, con la que inician un proyecto de ley que interpreta el artículo 93 del Código Penal (boletín N° 8.325-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señores Navarro, Bianchi, Cantero, Escalona y Lagos, para solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República la participación del país en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), con el fin de respaldar en dicha Conferencia los Derechos de los Pueblos Indígenas (boletín N° S 1.480-12).
De los Senadores señores Navarro, Bianchi, Cantero, Escalona, García Huidobro y Lagos, para solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que preste su apoyo al programa Censo de la Vida Marina-Chile y considere en el Presupuesto Nacional 2013 los recursos necesarios (boletín N° S 1.481-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
Permiso constitucional
Del Senador señor Tuma, para ausentarse del territorio nacional a contar del día 24 del mes en curso.
--Se accede a lo solicitado.
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, se acaba de poner en conocimiento de la Sala el envío a la Comisión de Economía de un proyecto del Presidente de la República que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo. Es lo que se conoce como régimen de quiebras.
Por lo tanto, se trata de una ley extremadamente importante y compleja, que merece un estudio pormenorizado.
Entiendo que, por su naturaleza, dicha iniciativa es de aquellas que típicamente deberían ir a la Comisión de Constitución.
Ahora, yo no tengo inconveniente en que, a propósito del primer informe, donde los textos son analizados en general, vaya a la Comisión de Economía, siempre que la discusión particular sea efectuada en Comisiones unidas de Constitución y de Economía.
Si así se entiende, no tengo dificultad en aceptar la tramitación dispuesta por la Mesa, porque me parece necesario proceder en esos términos.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, la iniciativa aborda, básicamente, las relaciones entre los agentes del mercado. Y, por tanto, bien ha hecho la Mesa en destinarla a la Comisión de Economía.
No comparto la propuesta de enviarla a la de Constitución, porque eso significaría eternizar su despacho.
A mi juicio, se trata de un proyecto muy necesario, y es suficiente con que lo vea Economía. Por supuesto, quedan invitados los Senadores integrantes de la Comisión de Constitución para cuando ahí efectuemos su análisis.

El señor LARRAÍN.- Se trata del Código de Comercio, señor Senador, cuyo debate es propio de la Comisión de Constitución, al igual que el de todos los códigos.

El señor ESCALONA (Presidente).- Hay dos puntos de vista.
Sin embargo, el Honorable señor Hernán Larraín no ha pedido que el proyecto pase a la Comisión de Constitución, sino que en el segundo informe sea visto en Comisiones unidas de Economía y de Constitución.
Si no hubiera acuerdo, se procedería a votar.

El señor TUMA.- No hay acuerdo.

El señor ESCALONA (Presidente).- Reitero que no está en duda que, a propósito del primer informe, pase solamente a Economía.

El señor NOVOA.- ¿Por qué no resolvemos el punto después de la aprobación de la idea de legislar?

El señor ESCALONA (Presidente).- Senador Larraín, ¿estaría acuerdo en tal planteamiento, que están sugiriendo varios de sus colegas?

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, reglamentariamente, todas las materias relativas a Códigos deben ser analizadas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

El señor WALKER (don Patricio).- Así es.

El señor LARRAÍN.- Por lo tanto, se debería entender que estamos haciendo una concesión en cuanto a que en el primer informe no participe dicho órgano. De manera que aceptamos alterar el Reglamento solo para facilitar el estudio de la iniciativa, porque comprendemos la necesidad de que en él participe la Comisión de Economía.
Sin embargo, que la Comisión de Constitución no viera la modificación sustantiva de cerca de una cuarta parte del Código de Comercio me parecería antirreglamentario.

El señor NOVOA.- Votemos.

El señor ESCALONA (Presidente).- No hay un punto de vista común.

El señor LARRAÍN.- Es un problema de interpretación que la Mesa debería zanjar.

El señor TUMA.- Votemos.

El señor ESCALONA (Presidente).- Si no hay acuerdo, debe procederse a votar.
El Senador señor Hernán Larraín propone que en el trámite de segundo informe el proyecto sea estudiado por las Comisiones de Economía y de Constitución, unidas, en tanto que el Senador señor Tuma plantea que solo debe serlo por la de Economía.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor WALKER (don Patricio).- ¿Qué significa votar "sí"?

El señor LABBÉ (Secretario General).- Votar "sí" significa que, una vez aprobado en general, el proyecto vaya, para su segundo informe, a Comisiones unidas de Constitución y de Economía.
Votar "no", que solo vaya a esta última.

El señor WALKER (don Patricio).- ¡Tiene que ir a la de Constitución!

El señor TUMA.- ¡Pero está saturada de trabajo...!

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--El proyecto pasa, en segundo informe, a las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Economía, unidas (20 votos a favor y 4 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García-Huidobro, Horvath, Larraín (don Hernán), Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Girardi, Letelier, Rossi y Tuma.
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El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, en la sesión de ayer se aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones, respecto del cual corresponde fijar plazo para presentar indicaciones.

El señor ESCALONA (Presidente).- Se propone el 11 de junio, a las 12.
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
IV. ORDEN DEL DÍA



AUMENTO DE PENAS EN DELITO DE ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS


El señor ESCALONA (Presidente).- En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos, con segundo informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7689-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 46ª, en 30 de agosto de 2011.
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 56ª, en 27 de septiembre de 2011.
Gobierno, Descentralización y Regionalización y Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas (segundo): sesión 19ª, en 22 de mayo de 2012.
Discusión:
Sesiones 59ª, en 4 de octubre de 2011 (queda pendiente su discusión); 60ª, en 5 de octubre de 2011 (se aprueba en general).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general por la Sala en su sesión de 5 de octubre de 2011.
Las Comisiones unidas dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Asimismo, señalan que durante el análisis en particular solicitaron un nuevo plazo para presentar indicaciones, término dentro del cual el Ejecutivo formuló una de carácter sustitutivo que se hace cargo de las observaciones y reparos planteados y propone enmiendas relativas a las responsabilidades de los propietarios o administradores de los cajeros o dispensadores automáticos de dinero, la cual fue aprobada por la unanimidad de sus miembros presentes.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de las Comisiones unidas o existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado en cuya tercera columna figuran las modificaciones aprobadas por dichos organismos, y en la cuarta, el texto que quedaría de aprobarse dichas enmiendas.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión particular el proyecto.

Está inscrito para intervenir el Honorable señor Rossi, a quien le cedo la palabra.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, la verdad es que, habiendo tan destacados abogados en las Comisiones unidas de Constitución y de Gobierno, que analizaron este proyecto de ley, ingresado al Congreso hace prácticamente un año, voy a hacer el intento de contarles a todos los señores Senadores cómo se logró el acuerdo al interior de tales órganos.
La iniciativa es, básicamente, una respuesta del Ministerio del Interior, del Gobierno; forma parte de una agenda de trabajo conjunto entre esa Secretaría de Estado, la banca y, por cierto, la Subsecretaría de Prevención del Delito, atendido el hecho de que, a mayo del año pasado -mes en que se envió el mensaje al Parlamento-, habían ocurrido más de 300 intentos de robo de cajeros automáticos en nuestro país.
Ese problema, evidentemente, afecta no solo a la banca y los seguros involucrados, sino que termina perjudicando a todas las personas que pagan tales seguros. Además, debe tenerse en cuenta que los dispensadores de dinero son una suerte de servicio público que se les entrega a la ciudadanía y a muchos estudiantes que reciben su mesada a través de ellos.
Mediante la normativa en debate se busca aumentar la sanción penal por el robo de un cajero automático. Este delito tiene actualmente una pena de 61 días a 5 años, pero en numerosos oportunidades se aplican sanciones muy bajas por considerarlo como delito frustrado si quienes lo cometen no se apropian del dinero.
Cabe señalar que para su comisión muchas veces los delincuentes se roban camionetas "4x4". En el norte, en mi Región (Tarapacá), ese es un modus operandi bastante habitual. Y si bien algunos de esos vehículos los cambian por droga en la frontera, varios son utilizados para extraer, por tracción, los cajeros automáticos.
En el artículo consensuado se pretende homologar el robo con fuerza de dispensadores de dinero al robo con violencia en las cosas, más la agravante de interrumpir o interferir el suministro de un servicio público domiciliario, como el gas, el agua, la telefonía, la electricidad. Por lo mismo, aumenta la pena. Y esperamos que este aumento ejerza un efecto inhibitorio en quienes gustan de cometer este ilícito.
Hay un segundo aspecto que igualmente me parece importante destacar. Porque no solo se trata de elevar las sanciones, sino también de entregar una responsabilidad a la banca.
Así, en el artículo 2° de la iniciativa se establece que los bancos e instituciones financieras estarán obligados a adoptar ciertas medidas de seguridad. Estamos hablando, por ejemplo, del lugar donde se instala un cajero automático. La mayoría de las veces se emplazan dentro de las mismas sucursales de los bancos, pero no es raro encontrar otros en una farmacia, en un supermercado, en diversos lugares. Y creemos que en tales casos también es responsabilidad de la banca instalarlos con medidas de seguridad.
Lo digo porque en esa especie de agenda de trabajo que se anunció, hace prácticamente un año, por el señor Ministro del Interior, se dio a conocer a la opinión pública un sistema de entintado del dinero que se activa al momento del robo: aumenta la temperatura. En fin, hay distintos mecanismos para que entre en funcionamiento.
Por lo tanto, el Secretario de Estado de esa época pensaba que tal dispositivo produciría el mismo efecto que en muchos países del mundo, en donde el entintado de los billetes en los dispensadores había reducido los robos o los intentos de robo a cero. La verdad es que, en la práctica, eso no ocurrió.
Sería interesante conocer de parte del Gobierno qué ha pasado con los nuevos cajeros y si las entidades bancarias han cumplido, efectivamente, con incorporar tecnologías más modernas. Y deseo saber también respecto al blindaje, porque se les había solicitado implementar esta medida. Existe un plan, pero no sabemos el estado de avance en que se encuentra.
Hoy día estamos aprobando, básicamente, el endurecimiento de las penas y estableciendo ciertas medidas de seguridad que deben garantizar los bancos. Sin embargo, ello no basta para reducir de manera sustantiva ese tipo de delitos.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- El Reglamento es sumamente claro. No corresponde iniciar un debate sobre el particular, salvo para impugnar, porque la indicación sustitutiva fue aprobada por unanimidad en las Comisiones unidas.
Por lo tanto, abriré la votación para que cada Senador inscrito pueda fundamentar su voto.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, yo deseo hablar en contra del proyecto sometido a la consideración de la Sala.

El señor ESCALONA (Presidente).- Para impugnar, tiene la palabra Su Señoría

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, a mi juicio, el Gobierno sigue improvisando en materia de combate contra la delincuencia. Y este Parlamento se presta para esa improvisación.
El señor Francisco Alvarado Sandoval, Directivo Nacional de la Asociación de Defensores Penales Públicos, nos llama a tener un minuto de reflexión sobre lo que estamos aprobando. Se intenta asignar una pena de 3 años y un día de presidio para el robo de cajeros, sanción mayor incluso a la impuesta al delito de robo en un lugar no habitado. Y existe la creencia de que aumentando las penas va a disminuir la ocurrencia de tales ilícitos.
¡Pero si ese ha sido el fracaso de los Gobiernos de la Concertación y del actual! ¡Su peor fracaso ha sido la lucha contra la delincuencia!
No basta con aumentar las penas. Igual las cárceles continúan llenándose de delincuentes.
La Asociación de Defensores Penales Públicos, a través de don Francisco Alvarado, nos dice: "los parlamentarios deberán, en muy poco tiempo, deliberar sobre cuál es la buena razón para sostener que este delito debe tener más pena que, por ejemplo, el robo a un almacén que se encuentre cerrado y sin ocupantes...".
Si al comerciante de una población le roban, no importa. Pero si le roban a un banco, se debe aumentar las penas. El robo a un pequeño comerciante que tiene su almacén cerrado está tipificado como "robo en lugar no habitado", con una pena de 541 días.
Lo principal, señor Presidente, es que el proyecto exhibe -como lo dice el propio informe- una doble faz. Primero se señala que tiene por objeto evitar la interrupción de un servicio público; pero, luego, derechamente, se explicita que es para proteger el bien, es decir, el cajero automático. Sin embargo, me parece que esta es una responsabilidad de la banca privada.
Por su parte, el encarcelamiento por ese tipo de ilícitos debe ser evaluado.
La pena de cárcel debe reservarse -sostiene el señor Francisco Alvarado- "para delitos que pongan en riesgo la vida o la integridad física de las personas, y no solo los bienes de propiedad de los bancos, pues hoy quien comete estos delitos y no tiene antecedentes penales puede cumplir su pena en libertad, sujeto a la vigilancia de la autoridad, y quien los tiene podrá cumplir su pena bajo reclusión nocturna, si procede. En cambio, con las nuevas penas, quien no tiene antecedentes previos solo podrá optar, eventualmente, a la libertad vigilada, y si los tiene, no accederá a beneficio alguno".
Nos propusieron una iniciativa, que ya aprobamos, sobre el indulto. En consecuencia, son remitidas las penas de 6 mil reos condenados por distintos delitos para poder vaciar las cárceles. Y ahora nos encontramos aprobando proyectos de ley que tienden a llenarlas.
Señor Presidente, las estadísticas indican que en 2011 se cometieron 778 robos de cajeros automáticos, de los cuales 532 fueron calificados como frustrados y 246 consumados. Hubo 105 detenidos; 427 personas en libertad. Los mayores de edad que participaron fueron 64, de ellos solo 20 han sido condenados y 44 se encuentran en prisión preventiva esperando el desenlace de su situación procesal.
Deseo hacer una reflexión: ¿por qué el Estado va a garantizar la seguridad de la banca privada? ¿Acaso esta no percibe utilidades suficientes? ¡Si en el primer semestre de este año obtuvo 431 mil millones de pesos! ¿No dispone de bastantes utilidades como para proteger sus cajeros?
Algunas personas en la Sala se tapan los oídos, señor Presidente. Es que, a veces, la verdad duele.
Siento que el Senado, en particular, y el Congreso Nacional, en general, siguen legislando para los poderosos; para proteger los bienes de las instituciones bancarias que, en realidad, no solo despluman, sino que algunas hasta roban -en el concepto esencial del robo con corbata- a los pequeños ahorrantes, particularmente, a la gente que contrata créditos. Y, hoy día, establecemos el aumento de las penas para los delitos que afecten a los dispensadores de dinero.
Lo cierto es que hay una obligación de aumentar el control. Se dice que debe haber cámaras de seguridad, un sistema de empotramiento del cajero y el entintado de billetes. Y todas ellas son medidas que la banca puede implementar.
Estoy convencido de que al aumentar las penas no disminuirán los robos ni ese tipo de ilícitos.
Me parece que se está legislando sobre la marcha. Y lamento profundamente que esta fracasada agenda del Gobierno en materia de lucha contra la delincuencia, contemple medidas como las que se proponen.
He sostenido aquí que solo la rehabilitación y la reinserción van a disminuir la delincuencia en Chile. Aumentar las penas, particularmente para proteger los bienes de los poderosos, no logrará ese objetivo.
Señor Presidente, este delito es cuestionable. Es cierto que se debe combatir la delincuencia, pero no de este modo, pues me parece un camino equivocado.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!

El señor ESCALONA (Presidente).- En seguida, abriremos la votación para que cada señor Senador pueda fundamentar su voto.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, contrario a lo expresado por quien me antecedió en el uso de la palabra, el proyecto es extraordinariamente valioso y necesario, precisamente, por los beneficios sociales que de él se infieren.
El sistema de cajeros automáticos le ha permitido a miles de trabajadores chilenos poder utilizan la banca fuera de sus horas laborales. Y esto, que es de utilidad no solo para ellos, sino también para todos los chilenos, chilenas, hombres, mujeres y jóvenes, está siendo gravemente afectado porque en los cajeros hay mucha plata.
Ha habido un incremento de tales robos, aprovechándose de la baja penalidad que tienen esos delitos, porque se tratan igual como si fuera un robo en lugar no habitado, lo cual recibe una penalidad muy reducida. Y ello hace que ese ilícito no tenga, en las penalidades, un elemento que inhiba a las personas a cometerlo.
En marzo del presente año se efectuaron 126 robos a cajeros automáticos. De ellos, 53 de los 54 vehículos utilizados tenían encargos por robo. Es decir, estamos hablando de un delito que genera conductas adicionales que alteran la paz ciudadana. Esto acontece en todos los sectores, y no es una cuestión que suceda en el centro de Santiago o en el barrio alto, sino que ocurre en todas partes, causando situaciones de violencia muchas veces complejas y difíciles de evitar.
Por eso, el Ejecutivo ha reaccionado en buena forma, planteando una propuesta que fue aprobada por la inmensa mayoría de la Cámara de Diputados y por la unanimidad de las Comisiones de Gobierno y de Constitución, unidas, del Senado, para asegurar una mayor sanción a esos delitos.
¿Qué se está sancionando específicamente? El robo con fuerza de cajeros o dispensadores automáticos de dinero o del dinero o valores contenidos en ellos, con presidio menor en su grado máximo, lo cual significa pasar de la penalidad actual, de 541 días a 5 años, a una mayor de 3 años y un día a 5 años. Ello, porque se estima que no solo se está tratando de evitar que se impida un servicio muy necesario -como lo hemos señalado-, sino que también se procura proteger los bienes objeto de robo.
Por eso, hay un complemento en lo señalado aquí.
Ahora bien, en el proyecto también se indica cuándo se entiende que hay robo con fuerza de cajeros automáticos. Y el texto dice que es cuando "se ha fracturado, destruido o dañado el cajero automático o dispensador o sus dispositivos de protección o sujeción mediante el uso de instrumentos contundentes o cortantes de cualquier tipo, incluyendo el empleo de medios químicos; o si se utilizan medios de tracción".
Por otra parte, como también se entiende que hay responsabilidades de las entidades bancarias, se ha acordado que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante un decreto supremo, regule las medidas mínimas de seguridad aplicables a estas instituciones, que tendrán que incorporar y establecer en sus cajeros automáticos. Y, por ende, se deberá velar por el estricto cumplimiento de las normas de seguridad que sobre esta materia determine esa Secretaría de Estado.
Cabe destacar que los bancos, según nos informaron en las Comisiones unidas, tienen tomados seguros sobre el particular, pero estos no sirven para resarcirse de los daños causados. De manera que el robo de los cajeros automáticos les significa, inevitablemente, una pérdida bien significativa de recursos.
Por lo tanto, aquí no se está resolviendo únicamente un problema que hoy día los bancos pudieran cautelar. El robo de un cajero automático, que les representa, a pesar de los resguardos que puedan tomar o de los seguros que contraten, una pérdida muy importante de recursos, no solo los afecta a ellos, sino también a la ciudadanía, que pierde servicios.
En consecuencia, señor Presidente, me parece que esta norma es de aquellas que van en la dirección correcta. Como en todas las cosas, no es suficiente, probablemente, el agravamiento de las penas para evitar conductas ilícitas, pero hoy día la señal que el país necesita es que acerca de este tipo de ilícitos va a haber mano dura. Y se les está pidiendo también a las instituciones bancarias mayor fuerza en las normas de seguridad que deben contemplar para impedir que esto siga ocurriendo.
Voto que sí.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, con toda franqueza, tengo que señalar que el informe del Senador Rossi me interpreta absolutamente -es lo correcto- y que las aseveraciones del Senador Navarro están completa y totalmente equivocadas, como se advierte al leer el proyecto. Y estoy dispuesto a debatirlo las veces que él quiera y donde él quiera.
Esta iniciativa es muy sencilla, útil y necesaria.
Lo primero que cabe afirmar es que en nuestro país se roban cajeros automáticos. ¿Quiénes los roban? Bandas poderosas que deben contar, por ejemplo, con autos especiales, con sistemas para poder mover un dispensador que pesa mil kilos, una tonelada. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de un pequeño delincuente, sino de bandas organizadas.
¿Para qué roban? No para coleccionar los billetes, sino, fundamentalmente, para realizar operaciones ilícitas y, entre otras cosas, para el tráfico de drogas, que envenena a cientos de miles de niños en Chile. La plata efectiva se roba con esa finalidad y con un poderío importante, porque significa tener una camioneta 4x4, sistemas de ancla, ser capaz de traspasarlo, grúas para subirlo a otro lugar. ¡Nos estamos refiriendo a un delito mayor!
Esa conducta está -o debe estar- penada en Chile. En todos los países civilizados del mundo es un delito. Y los delitos en materia de robos tienen tres categorías: la primera es el robo con violencia o intimidación a las personas, lo que, por regla general, en este caso no ocurre, porque no se roba el cajero automático amenazando a quienes lo custodian...
¡Les pido a los Ministros, que tanto se interesan por este proyecto, que por favor guarden silencio!
Decía, señor Presidente, que los robos se producen con violencia o intimidación a las personas o, como ocurre en este caso, con fuerza en las cosas. Y el robo con fuerza en las cosas se divide entre aquel que ocurre en lugar habitado y el que se verifica en lugar no destinado a la habitación. Y los robos de cajeros automáticos se inscriben dentro de esta última categoría, porque nadie vive donde ellos se hallan emplazados. Y la pena que hoy tiene asignada este delito es de 541 días a 5 años, desde hace más de 70 años.
Y, como se ha interpretado que, si no se logra sacar la plata del interior del dispensador, el delito pasa a ser un robo frustrado o un robo tentado, tenemos el absurdo y la ridiculez de que si una persona roba un cajero automático, lo sube a un vehículo, lo traslada y no consigue sustraer los billetes de su interior recibe una pena inferior a 60 días.
O sea, impunidad total; lo más ridículo que he visto en mi vida. Y lo que hace el Gobierno es una cosa de sentido común: mantiene el techo de la penalidad del delito, que es 5 años, pero sube el piso, para que en vez de ser 541 días, pase a ser 3 años y un día. De tal manera que si hay un robo frustrado, a lo menos el que tiene por finalidad cometer un delito de esa magnitud reciba una pena de 541 días de cárcel. Porque tras esos ilícitos se oculta el propósito de cometer delitos de narcotráfico.
Luego el Gobierno realiza algo que nunca se había hecho: no solo aumenta el piso de 541 días a 3 años, manteniendo el techo en 5 años -lo que es de todo sentido común- y lo tipifica como una figura penal especial, distinta a las demás, por la gravedad y el reproche social que tiene y el daño que se ocasiona particularmente a los jóvenes con la venta de droga; sino que establece, por primera vez, un conjunto de exigencias a los bancos.
En seguida, el texto señala que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública va a tener que regular las medidas mínimas de seguridad aplicables a la instalación de los cajeros automáticos, cosa que no existía. Ahora deberá señalarle a los bancos las condiciones y características que aquellos han de contemplar.
Asimismo, se obliga a las entidades bancarias y financieras, cualquiera que sea su naturaleza, a adoptar estas medidas en carácter de urgente para, precisamente, evitar que se instalen cajeros automáticos donde sea fácil robar. Por lo tanto, ellas tendrán que tomar todas las providencias de resguardo y custodia.
También se las obliga a incorporar las medidas en sus estudios de seguridad.
Y, finalmente, se entrega la fiscalización de estas disposiciones a Carabineros, con el propósito de que sea esa Institución la que vigile que los bancos cumplan con estas normas mínimas de seguridad.
O sea, un proyecto impecable, señor Presidente. Impide penas bajas, ridículas, que incentivan a los traficantes de drogas a robarse los cajeros, y establece obligaciones para los bancos como no se había hecho nunca.
En consecuencia, pido a la Sala que, como lo hizo la unanimidad de las Comisiones unidas de Gobierno y de Constitución, apruebe esta iniciativa.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, las exposiciones previas, especialmente la última, del Senador Espina, me ahorran la necesidad de entrar más a fondo en lo jurídico. Quiero, sí, hacer presente que el proyecto de ley que se presentó inicialmente proponía una modificación al artículo 443 del Código Penal. Y se le hizo equivalente al robo con fuerza en las cosas. Sin embargo, nosotros planteamos en la Comisión -y se aceptó- la conveniencia de tipificar este delito con toda precisión, y por eso se crea el artículo 443 bis, que tipifica el robo con fuerza de cajeros automáticos y de dispensadores o contenedores de dinero.
Ahora, es cierto: este delito, tal como estaba configurado y tipificado -esto es, equivalente al robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado-, se consideraba siempre frustrado cuando no se lograba sacar los billetes que estaban dentro del cajero, y, en definitiva, terminaba con una pena menor o casi sin pena.
Y este es un problema que ha proliferado. Lo que se ha dicho aquí es verdad. Santiago es, a mi juicio, una de las ciudades que tienen más cajeros automáticos. Y estos generalmente se hallan en sectores populares, donde el servicio que se presta a la gente es importante. Incluso, hay un elemento bien determinante: numerosos trabajadores hoy día reciben su sueldo con depósitos en sus cuentas vista del BancoEstado, para evitar que salgan el día de pago con el dinero en el bolsillo, lo que muchas veces los expone a ser víctimas de un robo.
Yo creo que los cajeros automáticos prestan un muy buen servicio en beneficio de la gente en general. Y, por lo tanto, todo lo que hagamos para tratar de impedir este tipo de robos está bien. Y la idea no es aumentar las penas, sino aplicar la pena que corresponde. Lo que estamos haciendo aquí es, precisamente, fijar una sanción que corresponda a la gravedad del delito y al daño que él produce.
Y, como decía muy bien el Senador Hernán Larraín, la mayoría de los casos de robos de cajeros automáticos llevan involucrado además el robo previo de un vehículo para ejecutar el delito que estamos sancionando.
Por consiguiente, lo que se está haciendo es perfeccionar el Derecho Penal en la tipificación de una figura que necesitaba ser precisada, aplicándose una pena razonable a quien comete este tipo de ilícitos, que no es solo robar dinero, ya que, si ellos llegaran a proliferar, habrá un momento en que no van a existir dispensadores de dinero. El otro día, hallándome en una comuna agrícola, me enteré de que estaban sin cajero automático, porque se lo habían robado. Sencillamente, el sector había quedado sin ese servicio, lo que era un daño para toda la población, no solo para los bancos; para ellos también lo es, pero no de tanta importancia.
Lo otro que hicimos -y me parece muy bien- fue precisar con el Gobierno una modificación al decreto ley Nº 3.607 para imponerles a los bancos la obligación de adoptar una serie de medidas a fin de evitar que se facilite la comisión de los robos en comento. Porque, si se deja un cajero automático en cualquier lugar -sobre todo en aquellos con menor protección- y no se ponen el anclaje y los demás elementos necesarios para fijarlo con firmeza, por supuesto que se llama a los delincuentes a robarlo, pues vale la pena, con poco peligro y arriesgando una sanción muy baja, llevarse un dispensador que contiene una cantidad sustanciosa de dinero.
Por ello, las Comisiones unidas acordaron por unanimidad, primero, tipificar el delito en el Código Penal mediante un nuevo artículo 443 bis, y segundo, precisar la obligación de los bancos de ejecutar todo tipo de acciones destinadas a dar mayor seguridad con relación a los lugares donde se instalan cajeros automáticos, para que estos sigan prestando servicio.
Insisto: los cajeros automáticos brindan un importante servicio, sobre todo en los sectores populares donde no hay bancos, al permitir efectuar retiros de efectivo y, de esta forma, en muchos casos evitar que los trabajadores transiten por las calles con todo el dinero de su sueldo en los bolsillos.
Por las razones expuestas, en las Comisiones unidas aprobé este proyecto. Y, por lo mismo, considero necesario acoger la modificación que se propone introducir al Código Penal.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que toda la ciudadanía está alarmada por la cantidad de robos de cajeros automáticos que se registra. Y lo paradójico es que, al mes de ser detenidos, los mismos delincuentes andan libres, perpetrando el mismo ilícito.

El señor PROKURICA.- Así es.

El señor SABAG.- Entonces, la ciudadanía reclama: "¡Dónde está la justicia! ¡Quién hace justicia en nuestro país! ¡Quién defiende los derechos de los ciudadanos!".
Aquí no se trata de que el cajero pertenece a un banco, sino de que presta un servicio.
Esos ladrones también entran a las casas particulares, a los negocios, y se roban todo.
Pero no miremos eso, sino el daño que se está causando.
¿Y por qué no había condenas? Porque nuestro Código Penal establece la tipificación de los delitos, y el ilícito en comento no se hallaba tipificado.
¿Cuándo salió el Código Penal? Hace muchos años. ¿Y cuándo salieron los cajeros automáticos? Hace pocos años.
Entonces, este delito no estaba tipificado.
Por eso, el proyecto en debate parte con el nuevo artículo 443 bis: "El robo con fuerza de cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero, o del dinero y valores contenidos...".
Ahí se está tipificando claramente cuál es el delito que se sancionará. Y la pena va de 3 años y un día a 5 años.
Actualmente les sale muy barato a las bandas -porque no es un solo ladrón: son cuatro o cinco, quienes utilizan camionetas, ganzúas, sopletes y todo lo necesario para conseguir su propósito- descerrajar un cajero automático y arrasar con todo el dinero contenido en él.
Por eso proliferó tanto el delito en cuestión. Pero esperamos que ahora disminuya.
Demoró mucho la ley en proyecto. La Comisión de Gobierno y la Sala la aprobaron en general hace varios meses. Pero aquí, en este Hemiciclo, se pidió -y, por supuesto, todos estuvimos de acuerdo- que, por tratarse de delitos penales, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia también tuviera parte en su análisis, razón por la cual se determinó la formación de Comisiones unidas. En definitiva, estas aprobaron por unanimidad el texto que nos ocupa esta tarde.
Señor Presidente, se ha hecho presente que no porque el delito en cuestión esté penado drásticamente los responsables de los cajeros automáticos no tendrán la obligación de tomar todas las precauciones indispensables para procurar evitarlo.
Sobre el particular, el proyecto obliga a las instituciones bancarias y financieras y a las empresas de apoyo al giro bancario a adoptar medidas mínimas de seguridad aplicables a la instalación y operación de los cajeros automáticos, de acuerdo a las exigencias que les establezca el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
La normativa dictada al efecto "deberá, a lo menos, regular materias relativas a la ubicación y entorno de los dispensadores de dinero, al sistema de anclaje, al sistema de alarma, al sistema de grabación de imágenes, a la protección contra elementos cortantes o fundentes, al empotramiento y blindaje y al sistema disuasivo de seguridad de entintado de billetes.".
En consecuencia, la ley en proyecto es muy adecuada para enfrentar a los delincuentes modernos, quienes hoy día usan tecnologías sofisticadas para robar cajeros automáticos, los cuales prestan un servicio de gran utilidad para toda la ciudadanía.
Por eso en las Comisiones unidas aprobamos unánimemente el texto que nos ocupa en este momento, que con mucho agrado voto a favor en la Sala, en la esperanza de que las normas propuestas contribuyan a poner término en parte a los desmesurados robos de cajeros automáticos que se están registrando.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar, felicito al Gobierno por el mensaje que envió al Parlamento en esta materia.
Sin embargo, me parece lamentable que, habiéndose remitido hace un año, no hayamos aprobado todavía la ley en proyecto, lo que pudo ocurrir hace muchos meses. Por la señal que se habría dado con ella, los delincuentes -la mayoría de ellos, organizados- se encontrarían en otra situación.
Ahora, no solo con esta iniciativa estamos preocupados de que exista tranquilidad, sobre todo en los lugares donde ha costado mucho instalar cajeros automáticos. Lo digo como representante de la Sexta Región, en la cual hay comunas que todavía carecen de ellos. Y las razones que dan los bancos para no instalarlos apuntan justamente a la falta de seguridad. Pero sucede que hay gente que no tiene la posibilidad de acceder a una institución bancaria y, por consiguiente, necesita un dispensador de tal índole.
Los cajeros automáticos son parte de la vida normal de nuestra sociedad. De manera que hace mucho tiempo debiéramos haber despachado un cuerpo legal como este, por medio del cual se le imponen a la banca exigencias para que garantice que aquellos se van a instalar en lugares seguros, con mecanismos que hagan muy difícil el intento de robarlos.
Desgraciadamente, se confundió la discusión cuando se votó la idea de legislar, pues se dijo que la cuestión era de responsabilidad de los bancos.
Señor Presidente, los mayores afectados por los robos son precisamente los más pobres, las personas que necesitan cajeros automáticos.
Para robar esos dispensadores de dinero se ha atacado a inocentes: trabajadores que cuidan un servicentro; mujeres que laboran en un Pronto, en estaciones de servicio de carreteras.
¿Qué ha ocurrido? Uno llega a algunos lugares, y ya no están los cajeros automáticos, tal como dijo el Senador Zaldívar.
En las zonas agrícolas ellos son fundamentales, inclusive para el pago a los trabajadores, pues muchas veces resulta muy arriesgado portar elevadas sumas de dinero, ya que se registran asaltos en el camino o a la salida de los bancos. Por tanto, el cajero automático da más certeza y seguridad en cuanto a la recepción de los salarios.
Por eso, estimo que este proyecto va en el camino absolutamente correcto. Necesitamos garantizarle a la gente que tendrá acceso a cajeros automáticos. Pero sin una ley eficaz ante el delito de robo de esos dispensadores de dinero generamos un incentivo para perpetrarlos, porque los delincuentes quedan libres al día siguiente de su detención y vuelven a caer presos al poco tiempo.
Por lo tanto, señor Presidente, aprovechando la presencia del señor Subsecretario, quiero pedirle al Ejecutivo que le ponga urgencia a este proyecto, a fin de que, tras su paso por la Cámara de Diputados, pronto podamos tenerlo convertido en ley de la república.
Si hay algo que el país está esperando es justamente este tipo de leyes, que van en abierto apoyo a la seguridad de las personas: de quienes trabajan en los centros comerciales y, fundamentalmente, de la gente que espera la instalación de cajeros automáticos en las tantas comunas rurales que hoy día no tienen banco y cuya única opción es disponer de aquellos.
Señor Presidente, por su intermedio, le digo al Senador Navarro que en esta materia el Ejecutivo no está improvisando. El proyecto que nos ocupa lleva un año esperando su aprobación en el Parlamento. Y ojalá que ella tenga lugar por unanimidad en la sesión de hoy.
Por lo tanto, felicito al Gobierno. Y espero que haga presente la "discusión inmediata".

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, voy a votar en contra de esta iniciativa. Y lo haré después de una discusión que tuve conmigo mismo. Porque es fácil mirar una parte del problema, cual es lo señalado aquí por la mayoría o por la unanimidad de quienes han valorado el contenido de la iniciativa, y no observar la otra parte, en la que parece extraño tener que establecer regulaciones para proteger un negocio que pertenece a los bancos.
El sistema favorece a mucha gente de bajos ingresos. Bien. Pero cuando se le provocan ciertos agravios, los bancos -según han dicho los propios defensores del proyecto- retiran de ciertos lugares de Chile los cajeros automáticos. Entonces, ¡tienen que ser defendidos por Carabineros...!
¡O los cajeros automáticos son un negocio de los bancos y estos lo defienden, o son un servicio público y esas instituciones no reciben las utilidades que ellos generan! ¡Porque la ventaja no puede ser para los bancos en cualquiera de los dos casos!
Eso es lo primero.
Segundo: para cuando yo muera, voy a pedir que me defienda el Senador Espina.

El señor LAGOS.- ¡Sobre todo si es culpable...!

El señor COLOMA.- ¿Por qué? ¿De quién lo va a defender?

El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¡Del diablo, que va a querer llevarme...!

El señor ESPINA.- ¡Pensé que yo iba a hablar en su funeral...!

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Yo respeto a Su Señoría porque tiene una capacidad argumental exquisita. Y, dada la forma como ha presentado el asunto, no tendría más que apoyarlo.
Pero el sistema no funciona así.
En el caso que nos ocupa, debemos ver qué tiene que defender preferentemente el Estado desde la perspectiva de la justicia. Pero sucede que estamos preocupados de observar lo que sucede con los bancos y con los famosos cajeros automáticos, en circunstancias de que hay otros problemas, que no se tocan.
Desde hace tiempo estamos procurando resolver la situación de las universidades, y el proyecto respectivo se halla atascado.
Permanentemente estamos planteando soluciones para problemas vinculados con la libertad o con la justicia que debe aplicarse a los más jóvenes y a los más pobres.
¡Por favor! Si ustedes enfocan esta iniciativa con la visión global de una justicia humanitaria, de una justicia real, de una justicia que se aplique no solo en función de las normas de una ley sino también conforme a lo que es el sentido moral de la vida, verán que se trata de un texto que apoya al sistema bancario.
Nadie -¡por Dios!- podría decir que los bancos están pasando por un mal momento, al punto de que habría que ponerles carabineros con costo para toda la ciudadanía, cuando en las poblaciones no hay dotaciones suficientes; o brindarles otro tipo de seguridades porque están viviendo una etapa trágica de su existencia, en circunstancias de que cobran 30, 40 por ciento de interés, intereses sobre intereses. Y esas medidas, a través de un proyecto despachado con urgencia, mientras otras iniciativas -por ejemplo, la concerniente al anatocismo, la relativa a la tasa máxima de interés- son retenidas en el Senado.
El sistema de cajeros automáticos atañe a los bancos. Por consiguiente, ellos deben pagar el precio de su cuidado.
Señor Presidente, terminaré diciendo -habría querido disponer de más tiempo- que, curiosamente, en esta oportunidad sí voy a coincidir con el Senador Navarro (será tal vez porque ambos nacimos y fuimos elegidos con los votos de la Concertación; pero ese es otro cuento).
En definitiva, creo que este es un mal proyecto. Va a ser muy bien presentado; no me cabe ninguna duda. Pero de repente uno tiende a pensar en qué país y en qué sociedad estamos.
Estamos en la vieja plutocracia. Esta es una sociedad plutocrática, donde lo que importa es el dinero; el trabajo corre después.
Lo lamento. Me duele tener que vivir en las condiciones en que estamos cumpliendo nuestro deber. Pero así son las cosas. La democracia es esta.
A pesar de eso, voto que no.

El señor ESCALONA (Presidente).- Debo decirle a Su Señoría que no necesita más tiempo, porque su elocuencia es suficientemente poderosa.

El señor COLOMA.- Más o menos nomás, señor Presidente. ¡Su Señoría no fue tan elocuente...!

El señor LAGOS.- ¡Además, tiene mal criterio para elegir abogado...!

El señor COLOMA.- ¡Eso sí...!

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, votaré a favor de esta iniciativa, básicamente por dos razones.
Y quiero recoger algunos comentarios que escuchamos en el curso de este debate.
Desde mi punto de vista, las legislaciones deben hacerse cargo de lo que ocurre en la sociedad en determinado momento. Y la legislación en proyecto lo hace.
Tal como se ha señalado a lo largo de la discusión, los cajeros automáticos cumplen hoy una función social importante. Y, sin duda, todos los bancos están protegidos con seguros contra robo. De manera que la comisión de este ilícito no es lo más determinante para ellos.
Por lo tanto, pienso que el énfasis debe colocarse precisamente en procurar que esos dispensadores de dinero le presten a la comunidad el servicio que corresponde en áreas rurales, en sectores populares.
Ahora bien, como se ha manifestado, la muy antigua tipificación existente sobre la materia no da cuenta de lo que está ocurriendo hoy día en la sociedad. Entonces, las normas legales que se dictan deben hacerse cargo de las nuevas realidades. Y esta es una nueva realidad.
Dicho eso, señor Presidente, deseo recoger otro comentario que se formuló durante esta discusión.
Efectivamente, esta normativa aumenta la penalidad del delito, en particular por las limitaciones que tiene el robo con fuerza en lugar no habitado.
Bajo ese prisma, uno podría decir: "Seguimos incrementando las sanciones, las cárceles, y no se provoca un punto de inflexión en lo concerniente a la seguridad ciudadana".
Es un diagnóstico que he compartido no solo en este debate, sino también en muchos otros. Pero la buena noticia, creo yo, es que estamos cambiando el eje de la discusión.
En semanas recientes el Senado aprobó dos importantes proyectos que apuntan en un sentido contrario al de aumentar las sanciones, endurecer la tipificación -es decir, cambian la mirada represiva en torno al delito-: el atinente a la libertad condicional y el que establece un sistema de penas alternativas a la reclusión.
Eso, claramente, implica un cambio de eje en cuanto a la forma de abordar lo concerniente a la seguridad ciudadana, que apunta no solo a la criminalización, sino además a la rehabilitación, a la reinserción social.
Así que me hago cargo de lo planteado por el Senador Navarro y otros parlamentarios y sostengo que, afortunadamente, estamos cambiando el eje en materia de seguridad ciudadana y yendo al origen del problema del delito.
Ahora, el proyecto en análisis apunta a una situación muy particular: a un ilícito que está completamente desfasado en materia de tipificación. Porque los cajeros automáticos cumplen hoy una función social, pero la pena asignada al robo de ellos no provoca efecto disuasivo alguno entre quienes lo perpetran; y la situación es incluso peor cuando el delito es frustrado.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, sin duda, asistimos a una sesión memorable del Senado, pues algunos de los parlamentarios de enfrente pretenden convencernos de que ahora los bancos son un servicio público.
No faltaba más para esta Derecha: ¡los bancos brindan un servicio público!
¡Los bancos son un gran negocio! ¡No son un servicio público!
El Senador García-Huidobro dijo: "Los más afectados son los pobres. Los delincuentes están organizados y usan técnicas modernas". O sea, se está haciendo referencia a la colusión de las farmacias, a La Polar, a los bancos que cobran intereses usurarios...
Juegan Colo Colo y Universidad de Chile, en uno de los clásicos, ¡y se asignan mil 200 policías! Queda la destrucción más grande, y la verdad es que no hay una ley para poder sancionar a quienes atentan contra las casas cuando salen de los estadios. Pero sí la hay para cuando se rompen cajeros automáticos.
La novedad de que los bancos cumplen una función de servicio público va a quedar en la antología de esta Corporación. Porque es lo que se ha pretendido sostener. Por cierto, hay Senadores que recurren al sofisma de que cabe entender que con la retórica es posible presentar la realidad de manera diferente.
"El funcionamiento pacífico y ajeno" -dice el mensaje- "de externalidades que puedan incidir en la distribución de dinero a través de los cajeros automáticos instalados en todo el país, implica un beneficio social que asegura a los usuarios la satisfacción de sus necesidades mediante un sistema de pago aceptado por todo el comercio como lo es el dinero.".
¿Pero sabe qué es lo grave, señor Presidente? Este delito va a quedar con la pena mayor establecida para "la interrupción o interferencia del suministro de un servicio público o domiciliario, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de aguas lluvia o telefonía," en los términos del artículo 443, inciso segundo, del Código Penal.
En concreto, el robo de un cajero automático no recibiría la sanción que de ordinario le corresponde al robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado: 541 días a 5 años de privación de libertad, sino la asignada a la interrupción o interferencia de servicios públicos o domiciliarios: 3 años y un día a 5 años de privación de libertad.
Aquí se argumenta que ello va a disminuir los delitos. Esa es una tesis. No es ninguna demostración. Y el sofisma es absoluto. Los que afirman que se trata de un servicio público nos expresaron que la pena de muerte iba a lograr el descenso en el número de ilícitos. Ello no ocurrió. ¡Ni siquiera la privación de la vida disuadió a los delincuentes!

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡La pena capital no existe!

El señor NAVARRO.- Los que la respaldaban utilizaron ese argumento cuando estuvo vigente.
Señor Presidente, se podría afirmar que comete un delito grave "el que impidiere o dificultare la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.". En tal caso, el castigo es el presidio menor, en su grado mínimo a medio: de 61 días a 3 años de privación de libertad, conforme lo dispone el artículo 269, inciso segundo, del Código.
Lo que estamos haciendo aquí es proteger la propiedad privada, no valores. Y hay quienes corren para resguardarla.
Por mi parte, quiero proteger valores. Me interesaría que los delitos, cuando interrumpieran servicios básicos, fuesen objeto de la misma preocupación.
Voy a votar en contra del proyecto de ley, señor Presidente, porque estimo que se abusa de la función de salvaguardar bienes privados de los bancos.
Creo que los cajeros automáticos son necesarios, pero en los lugares apartados no los hay. Fui a Recoleta hace pocos días y tuve que caminar muchas cuadras para encontrar esos aparatos al interior de un supermercado. ¡Y no tenían dinero! ¡Estaban abandonados! Uno va a los sectores pudientes y ahí se hallan en cada esquina y llenos. Los bancos no prestan atención a los sectores populares por el elemento del riesgo. Pero que inviertan más dinero.
Es preciso sancionar duramente a los que roban cajeros automáticos; pero hacernos creer que esos aparatos brindan un servicio público ya es un poquito el colmo del sistema neoliberal y, por cierto, del sistema bancario. Creo que enfrentamos un grave problema conceptual si logran permearnos con tal idea. El Senador que habla no está disponible para los efectos de esa figura.
Los aparatos son necesarios y es preciso encarcelar a los delincuentes, pero ello se logra con mayor seguridad y con inversión de los bancos en seguridad de carácter privado, no pública. Porque los carabineros no pueden estar al servicio de la protección de bienes de los que obtienen mayores ingresos, como son la banca y el sector financiero.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, lo primero que voy a manifestar es que este debate ya lo sostuvimos el año pasado y que me pronuncié en contra. Y no he escuchado ningún argumento que me haga cambiar de parecer. Partamos desde el principio.
Lo segundo es que está en juego, en el fondo, una vieja discusión jurídica -en la teoría, la doctrina y la práctica- respecto de si las penas son o no disuasivas, al final del día, de la comisión de determinados tipos de delito.
Como eso no vamos a resolverlo hoy -no lo hicimos antes y no lo haremos nunca-, doy por descontado que es así.
Me parece que el Senador señor Espina fue muy claro al expresar: "Aquí no hay nada nuevo para el que roba con éxito un cajero automático". El que lo hace recibe las mismas penas que hace 70 años. Claro que en esa época no los había. Pero es la figura jurídica.
Lo que se hace acá, en el fondo, es penar, además, el robo frustrado de aquel que se lleva el aparato, genera el daño y no extrae los billetes, quien va a recibir una sanción mayor. En consecuencia, se genera un costo para el que quiere incurrir en ese robo con fuerza.
Mutatis mutandis, no observo hoy día cuál es el desincentivo. Porque la pena de ese delito, se logre o no éxito, resulta no ser mucho mayor -mis Honorables colegas pueden corregirme- con relación al robo con fuerza de un celular o de una chaqueta de 20 mil pesos, como argumentamos la última vez. Por lo tanto, lo que se está generando no es ningún disuasivo, porque si alguien tuviera que robar, pensaría en un cajero automático, ya que ahí están los billetes, y no en un celular o una chaqueta.
Pero, como es necesario resolver el punto, lo que sí me preocupa es el criterio aplicable; es la prioridad; es lo que se quiere proteger con la preocupación del Gobierno. ¿Qué busca este con anunciar: "Voy a sancionar especialmente el robo del cajero automático"? ¿Qué es lo que persigue resguardar y qué deja de hacer por pedir la legislación en proyecto?
Entonces, me pregunto cuál sería la razón para sostener que el delito que nos ocupa debiera ser objeto de más pena que el robo a un almacén cerrado y sin ocupantes. Y no me digan: "¡Ah, pero es un almacén!". ¿Por qué tiene que recibir una sanción mayor que robar en un jardín infantil todos los implementos de JUNJI e Integra, incluidos juguetes nuevos Fisher Price? ¿Y por qué va a merecer más preocupación del Ejecutivo, cuyo interés se centra en la familia Landeros González, que un robo en un consultorio en Playa Ancha o en una escuela pública a la que privan de los computadores?
Si creemos que el aumento de la sanción va a disuadir a alguien, prefiero mandar una señal positiva. ¿A quién quiero proteger más: a un cajero automático -que se resguarda solo, por lo demás, con las tasas de interés del banco y los seguros- o a las escuelas públicas en el sector cuatro de Playa Ancha o en Curauma?
Entre paréntesis: en cada uno de esos lugares hay un solo cajero automático. O sea, son dos para 200 mil personas.
¿Y cuántas escuelas existen? ¿Y los robos, en juntas de vecinos, de los hornos en los cuales señoras hacen el pan que venden?
Por lo tanto, ¿cuál es el criterio que quiero proteger?
No afirmo que haya que robar los cajeros automáticos, ¿pero por qué el énfasis del Gobierno en ello? ¿Y por qué no agravamos las penas de los cabros drogados que roban computadores en las escuelas o juguetes en las salas cuna?
¿Saben por qué, Honorables colegas? Porque las prioridades, al final del día, se encuentran mal puestas. Y lo expreso con todo cariño. Pensé que después de la discusión del año pasado alguien iba a plantear que, por último, les aumentáramos la sanción también a los que roban en los sitios que he señalado, no habitados, cerrados. La pena hoy día es inferior. ¿Cuál es la señal que se está enviando?
Cuando se sostiene que este es el Gobierno de los empresarios, el que protege a los bancos -lo que puede parecer un cliché-, es porque cabe ampararse en este tipo de elementos. No he escuchado a ningún Ministro defender lo contrario.
¿No les parece más razonable a Sus Señorías defender una escuela pública, con lo que cuestan el acceso a Internet y los computadores? En ese caso, la pena es menor.
Insisto en que las prioridades, a mi juicio, se hallan mal puestas.
Y reitero que los cajeros automáticos se protegen solos. La escuela a la que le roban el computador, el consultorio al que le roban todos los remedios y aparatos médicos, no lo hacen. Y creo que ahí debería estar la pena, porque, proporcionalmente, es donde se registra la mayor cantidad de delitos. En definitiva, la cantidad de robos a cajeros automáticos se halla acotada, porque no deben ser más de 800 en el país.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, intervengo solo para consignar por qué voto a favor y en defensa de quién lo hago.
Lo dijo el Honorable señor Lagos: los cajeros automáticos se protegen solos, porque median seguros y toda una estructura bancaria. Por lo tanto, no se daña a la institución.
Se perjudica al pequeño empresario que administra una estación de bencina, al que administra una farmacia, al que administra un pequeño mercado, los que quieren entregar un servicio a sus clientes mediante la instalación de un cajero automático, esto es, a través del acercamiento de un servicio a la gente.
A ellos los estamos defendiendo. A ellos les damos una señal. Les expresamos: "A las bandas que se han organizado para cometer, con muchos recursos, asaltos de esa naturaleza, con el daño descrito, vamos a sancionarlas con drasticidad".
No cabe duda de que los bancos tienen asegurados sus dineros. Por tanto, no sufren pérdida alguna. Es a la gente que necesita tener cerca un cajero automático a la que debemos proteger.
Los habitantes de pueblos pequeños en las Regiones que representamos tienen que trasladarse a localidades más grandes para encontrar una oficina del BancoEstado. ¿Qué le pide a esta institución la gente de Contulmo o de Antuco? Que instale un cajero automático.

El señor NAVARRO.- ¡Allá no los roban...!

El señor PÉREZ VARELA.- Le aclaro a Su Señoría que en sectores alejados de Los Ángeles sí lo han hecho. Las bandas perciben que se trata de lugares más despoblados y desprotegidos, y atacan.
Nuestro propósito es muy claro: deseamos que el servicio se expanda, que el conjunto de la ciudadanía pueda acceder a utilizarlo. Esta es la señal que se quiere dar. Tratándose de la oficina central, los bancos saben que la gente se halla obligada a ir a la capital provincial o regional. La idea es acercar -repito- el servicio a la población. No estamos defendiendo a esas entidades.
Es más, si se hubiera leído con atención el proyecto, se habría advertido que se contempla una serie de obligaciones nuevas para los bancos. En efecto, a partir del artículo 2º se señalan las que les serán asignadas. Su inciso segundo dispone que "Estarán obligadas al cumplimiento de las normas que dicte el Ministerio del Interior y Seguridad Pública las entidades bancarias y financieras de cualquier naturaleza y las empresas de apoyo al giro bancario". Son normas completamente claras y que se incluyen para obligar a la colaboración con la seguridad.
Expongamos la cuestión claramente: el país se ha dado cuenta de que es preciso enfrentar a bandas organizadas, con recursos, que roban vehículos, que cuentan con una preparación especial para enfrentar a las policías. Cuando roban cajeros automáticos en sitios apartados, como ha sucedido en la comuna de Los Ángeles, plagan la carretera de "miguelitos" para impedir que las sigan. O sea, no estamos haciendo referencia a delincuentes ocasionales, sino a una asociación ilícita estructurada para cometer un delito que le reporta grandes ganancias.
¿Quién es el afectado? ¿El banco? ¡Si este tiene asegurado su dinero! Lo es el concesionario de la estación de bencina, el administrador de la farmacia, el propietario de un pequeño mercado, porque quieren entregar un servicio.
¿Quién es el perjudicado? El usuario, el mismo que a lo mejor retira su sueldo a través de una tarjeta bancaria o el que necesita recursos y, sin tener que ir en horario de oficina a una capital de provincia o de Región, puede girar de lunes a domingo,
Por lo tanto, aquí no se está defendiendo, en verdad, a los bancos, sino que se está dando una señal para enfrentar a bandas organizadas que generan dificultades al ciudadano en el acceso a un servicio extraordinariamente necesario y pedido en distintos lugares del país, por corresponder al anhelo de facilitar la vida de las personas, que es, en definitiva, aquello por lo cual tenemos que trabajar y esforzarnos.
Gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, quiero abordar el asunto desde una perspectiva de política pública de persecución criminal, porque aquí se ha expuesto que las cárceles están llenas, que no se cuenta con recursos para rehabilitación, y, cuando se plantea solo que la solución de las dificultades en seguridad es el aumento de penas, el correlato es que habrá más gente presa.
No se trata, entonces, de si los cajeros automáticos son o no parte importante en la vida cotidiana o de si se logrará una mayor o menor seguridad. A mi juicio, estamos cometiendo un error, desde el punto de vista conceptual, porque lo que se debe hacer es prevenir y que no se registren los hechos graves que estamos conociendo.
Me habría gustado que el proyecto también hubiera dispuesto que, cuando una persona sea objeto de robo en el recinto de un cajero automático, sitio que es de responsabilidad del banco, este tenga que asumir la pérdida y efectuar la restitución. Debería existir una obligación en tal sentido. Ya que estamos dando todas las facilidades del mundo para sancionar con rigor al delincuente y contemplando ciertas obligaciones para la entidad, deberían plantearse criterios conforme a los cuales el usuario sea favorecido.
Sin embargo, nada se dice.
En seguida, me parece que se incurre en otro error al entregarse a Carabineros la obligación de fiscalizar. O sea, le asignamos una nueva función: vigilar las medidas de seguridad de los cajeros automáticos. ¡Ello resulta absurdo, porque la Institución está colapsada con sus tareas y ahora le decimos: "Preocúpese de los aparatos para que los bancos cumplan con su obligación en ese ámbito"!
Luego, se establece una multa ridícula, de 5 a 100 ingresos mínimos, para el caso de incumplimiento. A la entidad le será más barato pagarla que implementar lo necesario para evitar la comisión del delito.
Por eso, señor Presidente, más allá de si se favorece o no a los ricos, a los pobres, etcétera, nos encontramos ante una pésima forma de hacer política pública en materia de seguridad, ya que se le carga responsabilidad a Carabineros, los bancos no asumen ninguna y, finalmente, los que enfrentan el problema son los usuarios.
Y lo que estimo más sorprendente, como lo dije la vez anterior y lo repito, es que estemos discutiendo un aumento de penas por el robo de cajeros automáticos -la razón por la que lo hacemos, en definitiva, es porque ello apareció en la prensa- en lugar de estar pensando en otros aspectos que sí importan a la ciudadanía y sí afectan a los bancos.
En efecto, la tasa de interés máximo convencional que estos aplican es usuraria, superior al 50 por ciento. El proyecto respectivo está guardado en la Comisión de Economía. ¡Esa cuestión sí es relevante para la gente! ¡Debiéramos estar discutiendo la baja de la tasa, porque eso sí favorecería a muchos chilenos!
Repito una vez más, entonces, que nos hallamos ante una pésima forma de hacer política pública en estas materias.
Y lo expreso con claridad. No se trata de si la iniciativa apunta a los ricos o a los pobres, sino de cómo resolvemos los problemas. Estoy seguro de que la solución no pasa por el aumento de penas: continuará el robo de cajeros automáticos y seguirán existiendo las bandas. Y, al final, el que tendrá más pega será Carabineros, y el que deberá enfrentar el robo en el interior del banco es el ciudadano, porque la entidad no asume obligación alguna.
El Senador que habla habría incorporado algunos elementos que compensaran el hecho de preocuparse por el robo de cajeros automáticos.
Para abocarnos a cosas más de fondo, aprovecho la presencia del Subsecretario de Hacienda para pedir que se ponga urgencia al proyecto sobre la tasa de interés máximo convencional. ¡Ese mecanismo es un robo a todos los chilenos!
Se les aplica cincuenta y tantos por ciento de interés a los más pobres, a los que piden los créditos. Pero ese proyecto se halla guardado. ¡Y estamos preocupados de proteger los cajeros automáticos de los bancos!
¡Me parece ridículo, absurdo, que el Senado se encuentre discutiendo y dando prioridad a este tipo de iniciativas, en circunstancias de que existen otras mucho más importantes!
Gracias, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, la verdad es que estamos concluyendo un debate que resulta sorprendente.
Yo pensaba que un proyecto de esta naturaleza concitaría un acuerdo unánime. Porque, si hay algo que une a los parlamentarios -estoy convencido de que a todos nos sucede- es que cuando recorremos distintas zonas, particularmente las rurales, nos encontramos con varias personas que, entre sus aspiraciones sociales, consideran prioritario el acercamiento al mundo de disponer de recursos en un momento determinado.
No me cabe duda de que el Senador Navarro, quien me antecedió en el uso de la palabra, es un parlamentario que trabaja y que realiza visitas en terreno. Pero no sé si oye o no. Porque me sorprendería que mucha gente no le hubiera planteado la necesidad social de tener seguridad en el acceso a bienes que históricamente no han podido obtener por falta de cajeros automáticos.
Represento a una Región que en un 36 por ciento pertenece al mundo rural -dicho sea de paso, es la más rural de Chile-, y, obviamente, ello dificulta y afecta el acceso a muchos bienes. Existen antiguos relatos de baqueanos que dan cuenta de las horas que debían gastar para irse a pagar una pensión, debido a las numerosas leguas -así se decía en ese entonces- que tenían que recorrer, lo cual contrasta con la cercanía que hoy tiene, como servicio, un cajero automático. Esto forma parte de la modernidad.
Es indudable que los bancos tienen por finalidad la ganancia. Pero también estoy convencido de que representan y desarrollan actividades con fines sociales. ¡No pretendamos aquí que carece de un fin social una entidad que entrega el acceso o al crédito o a cobrar una pensión en lugares diferentes!
Lo mismo ocurre con otras empresas, que en bastantes ocasiones requieren una legislación especial para permitir la continuidad de su servicio.
¡Cuántas veces, en momentos de dificultad, hemos visto carabineros arriba de los puentes! En ese caso, no se puede decir: "Es un problema de la concesionaria; no debe haber policías allí bajo ninguna circunstancia".
¡Cuántas veces hemos observado lo mismo en las torres de alta tensión! Y tampoco es posible afirmar que es asunto de las eléctricas o de las transmisoras.
O sea, la lógica de que cada uno responde por sí mismo es la del Far West. A mí me gusta la lógica de la modernidad, con instituciones. Y sobre todo la de recurrir a instancias jurídicas penales para dificultar la acción de quien violenta la prestación de servicios, o sancionarla en forma enérgica, particularmente cuando existe muy poca capacidad de defensa.
Es lo que se busca cuando se faculta a Carabineros para estar cerca de las centrales eléctricas o de las carreteras o para asumir responsabilidades especiales respecto a los cajeros automáticos, especialmente en las zonas más lejanas.
Desde mi perspectiva, este proyecto constituye un gran avance hacia la modernidad. Significa asumir las dificultades del Chile de hoy, no en el ámbito teórico, sino en el práctico, que es lo que realmente le importa a la gente.
Nunca he pretendido creer que una ley le vaya a cambiar la vida a las personas. Por eso algunas veces critico a autoridades públicas de distintos Gobiernos cuando valoran el éxito o el fracaso de su Administración por el número de leyes dictadas. Lo he dicho en todos los tonos: para mí, ese nunca va a ser un argumento válido; para mí, lo importante son las normativas buenas o aquellas que tienden a resolver un problema social existente.
Y, a mi juicio, esta va al corazón de algo simple en cuanto da una señal potente: queremos un Chile más cercano; donde sea más fácil ejercer los derechos; donde los bienes estén más próximos al ciudadano, y no alejarlos o instalarlos solo en las grandes ciudades o en lugares con gran éxito económico.
Por consiguiente, considero que este proyecto es social. Y no tengo ningún complejo en señalarlo: ¡es un proyecto social!
No creo que vaya a maximizarse o a minimizarse la utilidad de un banco por instalar en Licantén un cajero automático -así ocurrió, pero se lo robaron- para entregar recursos. Lo que sí va a ocurrir es que la gente de esa localidad, o de Curepto, o de todos los lugares rurales, podrá contar con un acceso distinto al dinero.
Por eso, señor Presidente, "socialmente", voto que sí.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi, para fundamentar su voto.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, no pensaba intervenir de nuevo, pero no deja de llamarme la atención que quien esté viendo esta sesión, el presente debate, puede llevarse la impresión de que ciertos Senadores prácticamente están levantándoles un monumento a las bandas de narcotraficantes que roban cajeros automáticos.
No sé si se trata de un complejo ideológico de algunos sectores. Yo no me siento acomplejado desde ese punto de vista. A mi parecer, lo que corresponde hoy día es dar señales muy concretas de persecución al delito.
Me sorprende que se mezcle con otros asuntos el proyecto de ley en discusión. Obviamente, no constituye una panacea: no va a resolver todos los problemas de delincuencia, ni pretende -como decía el Senador Coloma- conseguirlo. Como es natural, ello tiene que ir de la mano de otras cosas. Pero lo que corresponde es homologar la actual legislación.
Por otro lado, en la presente sesión se han planteado argumentos que no tienen directa vinculación con esta iniciativa, aunque podemos compartirlos.
¡No hay dudas de que resulta fundamental prevenir la comisión de un delito! Podríamos hablar también de la educación parvularia. De hacerlo así, lo más importante, a mi juicio, sería aumentar la cobertura en ese nivel educativo y trabajar con los niños desde muy temprana edad. Lo mismo ocurre con la intervención sociolaboral, y entonces, deberíamos hablar del ingreso ético familiar, porque ahí radica el punto.
Sería posible referirse a muchas materias más, como el rol de la televisión pública en el combate a la delincuencia o en la construcción de una sociedad más segura.
Alguien habló de la oportunidad. ¡Qué duda cabe de que también hay que despachar otras iniciativas tremendamente relevantes!
No obstante, ¿por qué no analizamos el mérito de este proyecto?
Decir que este va a significar ganancia para los bancos me parece inentendible.
Aquí se ha hablado bastante de las comunas rurales. En Pozo Almonte, durante mucho tiempo, la gente más humilde me pedía: "Por favor, Senador, vaya al BancoEstado y pida que tengamos una sucursal acá, y ojalá un cajero automático". Porque son las personas más humildes las que utilizan este servicio.
¿Cuál es la diferencia con otros servicios públicos, como la luz, el agua, la telefonía? Un trabajador que no puede ir al banco a sacar lucas durante el día para solventar sus gastos, porque está trabajando, tiene la oportunidad de hacerlo en el cajero automático.
En consecuencia, considero que de alguna manera aquí existe una sobreideologización, que resulta perjudicial.
Qué duda cabe de que se debe modificar la tasa máxima convencional -hay un proyecto de ley al respecto, con el cual concuerdo-, de que los bancos son usureros. Y varias veces hemos conversado sobre el tema de Transbank.
Pero -repito- ¿por qué no nos dedicamos a analizar esta iniciativa en su mérito?
Sinceramente, y esa es mi preocupación, estamos dando una señal muy mala: no es grave robar un cajero automático, ni robar una 4x4, ni poner una cadena y romper una farmacia completa, incluso cometiendo un delito conexo.
¿De qué se trata, entonces?
Además, donde más cajeros automáticos se roban en la Región Metropolitana es en las comunas humildes.
En consecuencia, pensar que esta normativa beneficia a los ricos, a los bancos, en verdad no me parece adecuado. Creo que se trata de una muy mala señal y que corresponde aprobar el proyecto.
En las Comisiones unidas de Gobierno y de Constitución se hizo un trabajo serio: la iniciativa se discutió durante un año completo; se escucharon argumentos de abogados constitucionalistas, académicos de universidades; se intercambiaron opiniones; se formularon propuestas y contrapropuestas, y finalmente se aprobó su informe por unanimidad.
Por lo tanto, estimo que existe bastante demagogia y populismo en aquel discurso. Y le hace muy mal a la democracia que empecemos a hablarles a las tribunas. Porque el populismo implica decir cosas que pueden parecer muy populares y ganarse el aplauso fácil, pero que al final del día no benefician a los más pobres.
¡Eso es populismo! ¡Eso es demagogia! ¡Y le hace mal a la democracia!
Los invito a votar a favor del proyecto, porque es bueno y constituye una señal positiva. No creo que vaya a solucionar los problemas de inseguridad en nuestro país, pero esa tampoco era la pretensión del Ejecutivo ni de los parlamentarios que lo aprobamos hace poco en las Comisiones unidas.
He dicho.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Quintana, para fundamentar el voto.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, yo sería cuidadoso de no confundir este debate. No es que quienes queremos votar en contra de este proyecto no valoremos lo obrado por las Comisiones unidas. Desde luego que lo hacemos. Estas realizaron un trabajo serio, y aquí todas las posiciones han dado cuenta de eso.
Pero acá se plantea que algunos pueden pensar que los que votamos en contra de esta iniciativa estamos por erigirles un monumento a los delincuentes. Y yo podría decir, entonces, que quienes van a votarla a favor están por levantarles un monumento a los bancos.
No quisiera entrar en ese lenguaje.
Que esas instituciones hagan su pega, señor Presidente. Y entre ello se encuentra no solo la cobranza, sino también el dedicarse a materias que les son propias y no a campañas políticas, como vi que lo hizo una de aquellas frente al Congreso, que el día del Mensaje del Presidente se prestó para una campaña en contra de Michelle Bachelet, al colgar un lienzo que aludía claramente a ese fin.
Yo creo que eso no les corresponde a los bancos. Estos, entre otras cuestiones, deben invertir en seguridad.
Por lo tanto, más allá de lo que se pueda decir, aquí no se trata de hablar para la galería, sino de mirar el proyecto en su mérito. Y lo que este propone es aumentar las penas al delito de robo de cajeros automáticos.
Llamo, pues, a ser consecuentes también con lo que hemos aprobado en otras iniciativas del Gobierno.
Hace muy poco tiempo despachamos un proyecto sobre indulto carcelario, que va a significar que 6 mil internos salgan a la calle. Y por tratarse de personas que no han incurrido en delitos de sangre ni de abusos sexuales, se les va a rebajar su condena y quedarán libres. Les aseguro que muchos de los que han sido acusados por el tipo de ilícitos que ahora nos ocupa están saliendo libres ahora.
Entonces, seamos claros, señor Presidente.
Diversos juristas han señalado que hay que dejar las cárceles no solo para los delitos de propiedad, sino fundamentalmente para los de sangre, para los más peligrosos. Hay literatura, jurisprudencia, opiniones en todos los sentidos.
El Senador Navarro se refirió a una parte de lo que expresó el académico de Derecho Penal de la UNAP, Roberto Dufraix. Y yo quiero citar otra parte:
"Uno de los efectos que trae consigo perder de vista la función del Derecho Penal en cuanto protector de bienes jurídicos se vincula estrechamente con la falta de coherencia (valorativa) que debe existir en todo sistema de imputación, aumentando los costos que deben soportar los ciudadanos, tanto aquellos que delinquen, tanto aquellos que no. En efecto, situar el robo de cajeros automáticos como una figura especial (agravada) del delito de robo con fuerza", por un lado; o del robo en lugar no habitado, por el otro...
Y aquí deseo detenerme un momento: quien crea que no hay figuras para combatir ese delito se equivoca profundamente. Porque existen al menos dos tipos penales concretos. Lo que pasa es que ahora les estamos construyendo un tipo penal a la medida a los dueños de los bancos, quienes no van a invertir en seguridad porque no les resulta atractivo. Al delincuente que se lleva el cajero no le importa la caja, sino su contenido. Hoy día es mucho más fácil invertir en tinta, en dispositivos. Algunos bancos efectivamente lo están haciendo, y con eso impiden el robo de cajeros automáticos.
Entonces -retomando la cita de este académico-, "situar el robo de cajeros automáticos como una figura especial (agravada) del delito de robo con fuerza, implica estimar esa conducta más grave que la desplegada por quien comete un delito de amenazas condicionales consiguiendo su propósito (artículo 296, número 1° del actual Código Penal). Es decir, si, por ejemplo, una persona amenaza a otra con darle muerte si dentro del plazo de 48 horas no le entrega $1.000.000 y logra su propósito, por aplicación del delito antes mencionado, el sujeto activo podría hacerse merecedor de una pena que se extiende desde el presidio menor en su grado medio a presidio menor en su grado máximo (541 días a 5 años de privación de libertad)". Y agrega: "los bienes jurídicos que se encuentran en juego son la libertad, la vida y la propiedad, mientras que en la figura propuesta por el gobierno el único bien jurídico en juego" -para los bancos- "es la propiedad".
Creo que eso es completamente incoherente con lo que estamos realizando en numerosas otras disposiciones.
Cuidado con las señales que damos en materia de seguridad pública.
Aquí se nos habló mucho del "caso bombas". ¿En qué está hoy día? Con acusaciones muy serias de falsificación de firmas; al menos nueve peritos así lo han ratificado en el tribunal.
Yo creo, señor Presidente, que en materia de seguridad ciudadana todos sabemos lo que ocurre en Chile. No hay buenos resultados; no avanzamos, y estamos entregando mensajes confusos -como lo hicimos con la ley antiterrorista-, al crear figuras penales ya contempladas en nuestro ordenamiento penal actual.
Y puedo entregar otras citas, señor Presidente.
La Asociación de Defensores Penales Públicos formuló una reflexión acerca de "reservar la cárcel para delitos que pongan en riesgo la vida o integridad física de las personas y no sólo los bienes de propiedad de los bancos".
Yo les he escuchado frases similares al Presidente; al Ministro de Justicia en esta Sala, a propósito del proyecto sobre indulto carcelario; y al Ministro del Interior.
Comparto lo señalado por el Senador Pérez Varela: es dudoso saber quién es la víctima. Uno podría decir que la víctima aquí es el banco; pero tiene seguro. Yo creo que de verdad la víctima sí puede ser la estación de servicio. Pero no vengamos con que lo es la gente modesta del sur. ¡No!
En muchos casos el banco se demora tres días en reemplazar los cajeros robados. Por cada transacción de una tarjeta cobra 300 pesos; y si se saca plata, un poquito más, hasta un dólar.
Entonces, no disfracemos las cosas diciendo que aquí avanzamos en seguridad. Esta iniciativa no lo hace. Simplemente se trata de una legislación a la medida de los bancos.
Voto en contra.

El señor ESPINA.- ¡Buen lobby de los narcos...!

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- ¡Llamo al orden al Senador señor Espina!
Tiene la palabra el Senador señor Uriarte.

El señor URIARTE.- Señor Presidente, en primer lugar, voté que sí cuando se dio inicio a esta discusión en la Cámara de Diputados. En esta se presentaron varios proyectos sobre el particular, y a mí me tocó ser coautor de uno de ellos. Y esta materia llega ahora felizmente al Senado.
Voto que sí a la presente iniciativa, porque me parece que lo que ocurre con los cajeros automáticos no es justo para la sociedad, que hasta ahora ha perdido todas las batallas contra la delincuencia; una sociedad que retrocede, que pierde espacios, que se siente cada vez más desprotegida y que tiene una sensación de impunidad que nos golpea a todos.
Pero también voto que sí, porque pienso que no modificar la legislación vigente significa un claro retroceso en la protección que hay que brindar a la comunidad y en el resuelto combate que la sociedad debe dar a la delincuencia.
Además, no avanzar en esta materia implica mantener un statu quo que solo beneficia a los delincuentes profesionales, quienes -como bien dijo el Senador Espina- tienen que estar dispuestos a movilizar una verdadera empresa. Desde luego, a transportar un aparato que pesa más de mil kilos (una tonelada); a robar una camioneta, un vehículo; a romper o descerrajar una cápsula, el lugar donde está instalado el cajero automático; y, finalmente, también a matar.
Ese es el crimen organizado.
No cambiar esta legislación, entonces, es retroceder en la decidida lucha que debemos dar contra la delincuencia.
Mantener lo que tenemos hoy día es permitir, por ejemplo, que estos delincuentes profesionales gocen de impunidad. Porque, en la práctica, la ley vigente posibilita que se les aplique la pena mínima, o sea, 61 días. Eso en castellano significa "irse para la casa".
Me parece que ello no es justo para la sociedad, la cual -como se señaló- desde que se deroga la detención por sospecha hasta que se dictan una serie de decálogos, que, en cierta forma, benefician exclusivamente a los detenidos y no a las víctimas, ha ido perdiendo cada una de las batallas que ha librado.
Ahora, más allá de si estamos o no en presencia de un delito nuevo; de si hay que modificar la Ley de Bancos o el Código Penal; de si se trata o no de un robo en lugar no habitado, de verdad estamos ante un hecho que altera la paz social. Y solo por eso hay razones suficientes para legislar a fin de establecer una pena única, mucho más alta que la actual.
Están en juego la vida, la libertad, la seguridad física y psíquica de las personas, lo cual supera con creces lo que se pueda decir del giro bancario o el derecho de propiedad de los bancos sobre las máquinas que expenden dinero. Se halla en verdad en juego un valor superior, que a nosotros nos corresponde cautelar, defender y salvaguardar.
Por todo lo dicho, voto que sí a esta iniciativa, sin dejar de resaltar las valientes palabras del Senador Fulvio Rossi.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García, por cinco minutos.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, me sumo a quienes sostienen que nosotros tenemos que contribuir a la lucha contra la delincuencia en todos los frentes y ante cualquier delito. Y si hoy nos convoca el robo de cajeros automáticos, mañana será otro ilícito, con distintas penas. Lo importante es que debemos agotar los esfuerzos para que los delincuentes y sobre todo el crimen organizado, no tengan éxito en nuestro país.
Como integrante de la Comisión de Economía, quiero decir que el proyecto de ley que busca disminuir la tasa máxima convencional no está durmiendo. Trabajamos en él no solo los Senadores que conformamos tal órgano especializado, sino también los equipos técnicos. Y muy pronto la Sala conocerá el resultado de dicha labor y podrá resolver acerca de lo que la Comisión le proponga.
¿Por qué es necesario que se legisle para aumentar las penas al delito de robo de cajeros automáticos? Porque cada vez que se sustrae un dispensador se considera que se trata de un robo en lugar no habitado. Y por esa circunstancia, las condenas son mucho menores. Pero, si a eso se agrega que, cuando los delincuentes son sorprendidos y las cajas quedan intactas sin haber logrado hacerse del dinero, el delito se considera frustrado. Y en algunos casos es peor aún, pues se lo califica como intento de delito. Por lo tanto, los rangos van desde los 61 hasta los 540 días, los cuales, obviamente, son irrisorios frente a un delito para el cual hay que estar organizado.
No perdamos de vista que la mayoría de los robos de cajeros automáticos son precedidos por la sustracción de camionetas u otros vehículos con tracción suficiente para arrancarlos de cuajo.
Nadie puede sostener responsablemente en la Sala que dicho ilícito no produce temor en la sociedad, porque claramente lo provoca. Y cuanto más modesto el barrio, más miedo infunde.
Por eso, en mi concepto, hay que aumentar las penas. Pero no es lo único que hace la iniciativa. En efecto, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante decreto supremo, va a regular las medidas mínimas de seguridad aplicables a la instalación y operación de los cajeros automáticos. Dentro de ellas se incluyen las relativas a la ubicación y entorno de los dispensadores de dinero; a los sistemas de anclaje, alarma, y grabación de imágenes; a la protección contra elementos cortantes o fundentes; al empotramiento y blindaje, y al método disuasivo de seguridad de entintado de billetes.
Por lo tanto, también se está exigiendo a la industria bancaria que adopte más medidas, de manera que los cajeros automáticos sean mucho más seguros y difíciles de robar.
Por un lado, aumentamos las penas; por otro, elevamos las obligaciones a los bancos. Entonces, considero que la que nos ocupa es una legislación que cumple con un propósito central: aumentar los instrumentos y las herramientas para combatir con eficacia la delincuencia y, sobre todo, el crimen organizado.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- No hay más inscritos, pero el Honorable señor Ruiz-Esquide ha solicitado dos minutos, en el entendido de que una intervención en la Sala, particularmente la del Senador señor Rossi, motiva una réplica de su parte.
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, solo quiero señalar lo siguiente: durante la votación recién efectuada, fuimos 3 o 4 los que nos pronunciamos en contra. El señor Senador a quien nos estamos refiriendo hizo una observación categórica acerca de que quienes se habían pronunciado así -he revisado exactamente lo que dijo- éramos populistas y, además, demagogos.
Con todo respeto, lo único que quiero pedir al señor Senador es que aproveche la oportunidad de manifestar que no quiso, a lo menos, ofendernos. Con eso sería suficiente.
Ahora, si no toma esa opción, no me quedaría sino, como católico, rezar y decir: "Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que dijo".

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban las enmiendas acordadas por las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas (26 votos a favor, 5 en contra y una abstención), y queda despachado en particular el proyecto.
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Lagos, Navarro, Quintana, Ruiz-Esquide y Tuma.
Se abstuvo la señora Alvear.




ADECUACIÓN DE CONTRATO DE SEGURO A EXIGENCIAS DE CONTRATACIÓN


El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula el contrato de seguro, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5185-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 45ª, en 17 de agosto de 2011.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 11ª, en 17 de abril de 2012.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es regular el contrato de seguro, modernizando y adecuando la legislación a las actuales exigencias de contratación.
La Comisión de Hacienda discutió el proyecto solamente en general y dio su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Rincón y señores Frei (don Eduardo), García y Tuma.
El texto que se propone se transcribe en el informe correspondiente.
Cabe tener presente que el artículo 543, contenido en el artículo 1° del proyecto, tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación 21 votos favorables.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- En discusión general la iniciativa.

Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda, procedo a informar el proyecto. Y permítame hacerlo mediante la lectura de lo que señaló en la audiencia el profesor de Derecho Comercial señor Osvaldo Contreras.
Dijo que la iniciativa que hoy se somete a consideración de esta Honorable Sala tendrá una enorme trascendencia para nuestro país, puesto que se trata de "contar con una nueva ley sobre contratos de seguros". Señaló que a través de su experiencia profesional ha podido constatar que la chilena "se encuentra entre las peores legislaciones de contratos de seguros del mundo, por la casi absoluta obsolescencia de sus disposiciones. Incluso Cuba, país en el que existe escasa actividad de seguros privados, cuenta desde hace dos años con una nueva ley sobre la materia".
El proyecto que nos ocupa, señor Presidente, distingue dos grandes tipos de contratos de seguros.
Por un lado, los que podríamos asimilar a los contratos de adhesión, es decir, contratos masivos, como los seguros de vida o los de desgravamen exigidos para los créditos hipotecarios. Y por otra parte, los que toman grandes compañías, seguros específicos, donde la situación jurídica, la cantidad de información que tienen las compañías de seguros y aquellos a quienes buscan asegurar es equivalente. No sucede así con la persona individual, la que se ve muchas veces obligada a tomar un seguro de desgravamen o un seguro de cesantía.
Por lo tanto, el proyecto recoge las mejores prácticas de contratos de seguros, de manera de garantizar a los asegurados que estarán conforme a la ley; que siempre serán respetados; que cuando ocurra un siniestro sus seguros funcionarán bien, y que se van a pagar en debida forma y oportunamente.
Señor Presidente, la historia de este proyecto es bastante larga.
En 1990 el ex Presidente Patricio Aylwin encargó a la Superintendencia de Valores y Seguros un estudio para modernizar nuestra legislación en materia de contratos de seguros. El proyecto se envió al Congreso. Estuvo alrededor de siete años en la Cámara de Diputados. Finalmente, allá por el año 2000, la iniciativa se retiró. No hubo ni los votos ni la voluntad suficiente para que se transformara en ley.
Hace un par de años, un grupo transversal de Diputados tomó lo más importante del estudio hecho y lo transformó en una nueva iniciativa, que corresponde a la que tenemos hoy sobre nuestros escritorios y en nuestras pantallas.
Por eso, garantizo a la Sala que nos encontramos ante un trabajo serio, profundo y muy bien hecho por la Superintendencia de Valores y Seguros allá por los años 90, cuando la dirigía don Hugo Lavados. Y luego fue retomado por un grupo de Diputados, que lo trabajó intensamente.
La iniciativa actualiza y moderniza nuestra legislación sobre seguros. Y por eso la Comisión de Hacienda, después de valorarlo altamente, aprobó la idea de legislar, y pide que la Sala actúe de la misma manera.
Entiendo que, de aprobarse en general -como esperamos que ocurra-, se abriría plazo para indicaciones, de manera que los señores Senadores tengan oportunidad de entregar sus aportes respecto de esta importante iniciativa.
Anuncio mi voto favorable.

El señor WALKER (don Patricio).- Que se abra la votación.

El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Acordado.
Hago presente que una norma es de quórum especial. En consecuencia, la votación será en general e incluyendo dicho precepto.
En votación general.
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, ofreceré la palabra al señor Ministro de Hacienda subrogante.
Acordado.
Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor DITTBORN (Ministro de Hacienda subrogante).- Señor Presidente, suscribo en un cien por ciento las palabras del titular de la Comisión de Hacienda, Honorable señor García.
Este proyecto corrige el Título VIII del Libro II del Código de Comercio, que data de 1865. Es decir, desde ese tiempo no se había modernizado el contrato de seguro en Chile, lo que ilustra -creo- la referencia hecha por el Senador señor García.
Como manifestó el mismo señor Senador, esta es una iniciativa muy importante para la industria del seguro en Chile. No regula la actividad misma -hago la distinción-, sino solo el contrato de seguro. Y resulta evidente que desde 1865 hasta hoy la variedad de seguros que se han creado y el volumen de la industria han experimentado un aumento muy significativo, razón por la cual se hace necesario este proyecto.
Finalmente, pido al Honorable Senado que se fije un período para indicaciones dentro de un plazo razonable, para que la iniciativa siga avanzando, dado que lleva más de siete años de tramitación y es urgente su aprobación.

El señor ESCALONA (Presidente).- Haremos lo posible para que el plazo sea breve.
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, como lo mencionaron el titular de la Comisión y el Ministro de Hacienda subrogante, deseo destacar que esta es una legislación que data de 1865.
En verdad, son pocas las oportunidades en que podemos sacar proyectos originados en mociones. En tal sentido, creo que vale el reconocimiento, entre otros, a los Diputados Jorge Burgos, Alberto Cardemil, a los ex Diputados Eduardo Saffirio y al querido compañero Juan Bustos (Q.E.P.D.), quienes patrocinaron la iniciativa.
Considero notable lo que ellos hicieron. Más aún cuando, además -como relataba el Presidente de la Comisión al recordar las palabras del profesor que intervino en ella-, hubo intentos para actualizar nuestra legislación en materia de seguros, lo que era urgente y necesario. Y es una moción la que da cuenta de esta realidad.
Por consiguiente, con gusto, y en reconocimiento a la labor de esos Diputados, apruebo en general el proyecto.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (27 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 11 de junio, a las 12.
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor ESCALONA (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable de los Senadores señores Gómez y Espina.




NUEVOS MECANISMOS CONTRA EXPOSICIÓN A HUMO DE TABACO EN LUGARES DE USO PÚBLICO Y COLECTIVO


El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional sobre modificación de la ley N° 19.419, en materia de ambientes libres de humo de tabaco, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7914-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 92ª, en 31 de enero de 2012.
Informe de Comisión:
Salud: sesión 8ª, en 10 de abril de 2012.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es consagrar nuevos mecanismos para proteger a la población de la exposición al humo de tabaco en los lugares de uso público y colectivo.
La Comisión deja constancia de que discutió el proyecto solo en general, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, ya que, pese a tratarse de una iniciativa de artículo único, comprende disposiciones relativas a distintos temas, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Chahuán, Ruiz-Esquide y Uriarte.
Cabe tener presente que esta iniciativa requiere para su aprobación del voto conforme de 21 señores Senadores, dado que el numeral 14) del artículo único es de carácter orgánico constitucional.
La Comisión de Salud hace notar que se encuentra pendiente en ese organismo, para segundo informe, el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Chahuán, Girardi, Rossi y Ruiz-Esquide, que prohíbe toda forma de publicidad del tabaco y restringe su consumo.
El texto que se propone aprobar en general se consigna en las páginas finales del informe.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Se encuentran inscritos para intervenir solo los Senadores señores Rossi y Chahuán.

El señor QUINTANA.- Pido abrir la votación, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se procederá en la forma propuesta.
--Así se acuerda.

El señor ROSSI.- ¿Se mantienen los tiempos, señor Presidente?

El señor ESCALONA (Presidente).- Únicamente para los dos inscritos. Los que deseen intervenir con posterioridad deberán ceñirse a la norma reglamentaria pertinente.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, este proyecto reviste gran importancia. Y celebro que la Mesa lo haya colocado en tabla para ser visto hoy día, porque resulta fundamental actualizar nuestra normativa sobre la materia.
Al respecto, puedo decir que las disposiciones relativas al control de la adicción tabáquica van cambiando. Se trata de algo dinámico. En la actualidad, nuestro país tiene la obligación, así como la tuvo ayer cuando aprobó el Convenio Marco para el Control del Tabaco, de la Organización Mundial de la Salud, de adecuar su legislación a dicho instrumento internacional. Porque vemos con preocupación que el consumo de tabaco y su adicción van en aumento, por desgracia de manera mucho más pronunciada dentro de las mujeres y del grupo etario infantil.
Eso significa que estamos haciendo ciertas cosas de forma equivocada, o trabajando insuficientemente para derrotar el consumo de tabaco, que provoca numerosas muertes, una serie de enfermedades y un daño económico importante, por cuanto se pierden bastantes años de vida útil laboral a consecuencia de la morbilidad y mortalidad que produce la adicción tabáquica.
El proyecto, si bien contiene aspectos relacionados con la restricción de la publicidad y con la prohibición de venta de tabaco en algunos lugares, apunta, básicamente, a promover ambientes libres de humo de tabaco.
Siempre que hablamos de este tema hay quienes, legítimamente, argumentan que la iniciativa -promovida por "los talibanes de la salud", como algunos nos denominan- estaría conculcando libertades de los ciudadanos de nuestro país.
Pues bien, quiero ser muy categórico en aclarar que ella no busca afectar la libertad y el ejercicio de la autonomía de cada persona para decidir, de acuerdo a la información de que disponga y a su voluntad, si fuma o no. Lo que se pretende es conciliar el derecho del fumador con el de aquella persona que, libre y legítimamente también, resolvió no fumar, porque no desea verse enfrentada a las consecuencias, todas negativas, derivadas del consumo de tabaco.
Y a este respecto deseo señalar una cosa bien importante. Después de muchas investigaciones, se ha concluido que el consumo de tabaco no genera ningún efecto positivo. Todo lo que causa es malo, en particular cuando se fuma intensamente, y con mayor razón cuando la adicción comienza de manera más precoz.
Desde esa perspectiva, solo mencionaré algunos elementos contemplados en el proyecto que buscan resolver los problemas de la antigua ley.
(Antes, y entre paréntesis, pese a que a lo mejor tendría que haberlo hecho al comienzo de mi intervención, debo señalar que tenemos plenas coincidencias con el Ministerio de Salud, ya que su titular, el señor Mañalich, es un firme partidario de avanzar en esta materia).
Por ejemplo, en la iniciativa se define con claridad lo que debe entenderse por espacio interior o cerrado.
Creo que todos hemos visto en nuestras circunscripciones las triquiñuelas y subterfugios que se utilizan para burlar la ley. No obstante, nosotros tenemos que ayudar a que la legislación se cumpla, a que sea fácil de fiscalizar. En muchos recintos hay una pequeña ventanita, incluso a veces hasta una rendija, pero igual dicen: "Este es un lugar abierto".
Aquí se establece con nitidez qué se entiende por espacio interior o cerrado.
Además, se prohíbe la publicidad de productos del tabaco hacia el exterior de los puntos de venta. Porque hoy día es factible hacerla, salvo en aquellos lugares ubicados a menos de 300 metros de establecimientos educacionales.
Lo importante es que a través de esta medida reducimos las posibilidades de que los niños consuman tabaco, porque ellos son muy permeables a la publicidad.
También se prohíbe la publicidad indirecta, es decir, aquella efectuada en los medios de comunicación, como la televisión, cuando, por ejemplo, se paga a actores para que aparezcan fumando.
Por otro lado, se prohíbe la venta al interior de establecimientos de salud públicos y privados. Esto es superrazonable. Porque la actual situación resulta hasta contradictoria con el mensaje que deben dar los funcionarios del sector en el sentido de tener que promover hábitos y conductas sanas, saludables.
Asimismo, se modifica el plazo de duración de la advertencia que debe contener cada cajetilla de cigarros.
También se señala que debe haber un plan nacional de educación para prevenir el consumo de tabaco y sus consecuencias. Este es otro aspecto fundamental. Siempre se dice que no solo hay que sancionar, restringir, sino también educar, prevenir. Y eso lo contempla la iniciativa. Ojalá que se inviertan fuertes sumas de dinero en campañas comunicacionales masivas.
Una de las materias más controvertidas, pero claramente indicada por la OMS, tiene que ver con la prohibición total de fumar en algunos lugares.
Conforme a la ley vigente, se permite fumar en algunos, pero está demostrado que ello es totalmente ineficaz y absurdo. No hay argumentación lógica que sustente tal permisividad. Por ejemplo, en el aparato público, se permite fumar en oficinas individuales que tengan una salida al exterior, lo cual incluso es discriminatorio. O sea, todas las personas que trabajan en determinado servicio público no pueden fumar, pero sí el jefe, que tiene una oficina con salida pero que, al final del día, igual se comunica con el resto de las dependencias.
Bueno, hoy día eso queda restringido.
De otro lado, en la normativa vigente tampoco quedó claro que en los recintos privados de trabajo donde labora más de una persona igualmente se halla prohibido fumar. ¿Por qué vamos a proteger solo a las personas que acuden a la Administración Pública o a los empleados del sector público? ¿Qué pasa con los trabajadores del sector privado? ¿No tienen también ellos derecho a desempeñarse en un ambiente libre de humo de tabaco?
Ahora, entonces, todas esas personas quedarán protegidas.
Asimismo, se prohíbe fumar en los patios interiores de los establecimientos de educación preescolar, básica y media. Porque eso se presta para abuso. Por supuesto, en un jardín infantil se debe tratar de promover conductas saludables. Que un niño vea fumando a su modelo, a su profesor, a su educadora, no es, en verdad, un buen incentivo para adoptar buenas conductas.
Otra materia importante, que apunta a algo que mucha gente considera injusto para los dueños de restoranes y de bares, se refiere a la diferencia establecida en la legislación anterior entre espacios para fumadores y para no fumadores. Pues bien, se deroga tal distingo, para que en restoranes, bares, a los cuales se les agregan ahora casinos y discotecas, no se pueda fumar bajo ninguna circunstancia.
Me parece una medida del todo razonable, pues, como dije, hay que adecuar nuestra legislación a la experiencia comparada y también a los estudios científicos.
En su minuto señalé en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que no iba a funcionar la separación hermética, el aislamiento, de los sectores de fumadores de los de no fumadores. De hecho, la Universidad de Chile tiene estudios que demuestran que el humo de tabaco y los agentes cancerígenos se concentran prácticamente en igual cantidad tanto en lugares para fumadores como para no fumadores.
¿Qué pasa, entonces, con los dependientes, con los trabajadores que allí laboran?
Pediría un poco de silencio a mis colegas, señor Presidente.
¡O podemos esperar que terminen de conversar...!

El señor ESCALONA (Presidente).- Ruego silencio a los señores Senadores.
Continúa con la palabra el Honorable señor Rossi.

El señor ROSSI.- Gracias, señor Presidente.
Decía que me parece del todo lógica la medida propuesta. Pero, para tranquilidad de los dueños de restoranes y de bares que realizaron inversiones en sus establecimientos, quiero señalar que la inmensa mayoría de los fumadores -¡de los fumadores!- prefiere ir a lugares donde no se pueda fumar, porque desea proteger su salud y particularmente la de su entorno: sus hijos, su familia.
Todos los estudios señalan que no existe detrimento económico con la medida de prohibición absoluta de fumar en restoranes, bares, casinos de juego, discotecas, porque, finalmente, la gente que quiere fumar lo puede hacer afuera. Y quien vaya a España u otros países se va a dar cuenta de que, en medio de la crisis por la que atraviesan, sus habitantes repletan los restoranes y cuando desean fumar lo hacen en el exterior.
Y un tema adicional.
En el segundo informe yo voy a presentar indicaciones, en la Comisión de Salud, respecto de lo que ocurre en espectáculos deportivos y culturales. Porque si uno va a un estadio, ¿dónde está el espacio abierto o al aire libre? Ese recinto deportivo es un espacio al aire libre, pero resulta que si una persona fuma allí, indudablemente contamina a las que han decidido no fumar y están a su lado, en particular si son menores de edad.
Entonces, es del todo razonable incluir también dentro de estas restricciones a los espectáculos culturales y deportivos que se realizan en recintos destinados al deporte o de otra naturaleza, sobre todo cuando concurren menores.
Creo que los aspectos mencionados son los más relevantes. No voy a profundizar en cuanto al aumento de las sanciones ni en otro punto importante que es la fiscalización.
Anuncio que respaldaremos este proyecto, propiciado por el Ministerio de Salud, haciendo presente, eso sí, que un grupo de parlamentarios presentamos una iniciativa muy similar.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Si los Senadores no pueden dejar de conversar entre sí, ¡pueden salir a fumar al patio interior, que no tiene techo...!
¡Es una broma!
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, este proyecto de ley tiene por finalidad mantener espacios absolutamente libres de humo de tabaco.
En tal sentido, no puedo sino dar mi voto favorable a la idea de legislar, pero preservando el espíritu primitivo del texto del Poder Ejecutivo, ya que, al ser tratado en la Cámara de Diputados, no se mantuvo el concepto fundamental. Así, por lo demás, lo manifestamos en una moción similar que presentamos los miembros de la Comisión de Salud y que fue aprobada en general en esta Sala.
En nuestro país, el tabaquismo ha experimentado aumentos bastante alarmantes, pero lo que más preocupa, a nuestro juicio, es su gran prevalencia en la juventud, que consume tabaco en cantidades realmente excesivas y que superan con creces las de otros países.
De hecho, el inicio en el consumo de tabaco en Chile es uno de los más dramáticos, comparado con lo incipiente que es en el resto de América Latina.
Por otra parte, se ha detectado mucho contrabando de tabaco, que es necesario combatir con la mayor rigurosidad, porque, además de que implica evadir los impuestos que legalmente gravan ese producto, contribuye a incrementar esta verdadera lacra que constituye su consumo.
En la sesión de Sala en que se trató la moción de nuestra autoría, respecto de la prohibición de consumo de tabaco en todo tipo de espacios cerrados, dimos nuestras razones a favor de aprobar dicha iniciativa, las que reiteramos en esta oportunidad, con el fin de que tampoco se permita fumar en espacios abiertos al público, ya que ello afecta a quienes no consumen tabaco, que pasan a convertirse en verdaderos fumadores pasivos, con las consecuencias para su salud que eso significa.
Por lo tanto, debemos agotar todas las medidas legales y administrativas para combatir este alarmante aumento del consumo de tabaco. Y, en este contexto, se hace necesario, igualmente, que a los inspectores municipales se les otorgue la calidad de ministros de fe, para la fiscalización de las infracciones a la ley, porque hasta ahora, en la práctica, se ha efectuado tan solo una decena de denuncias por la comisión de tales infracciones, lo que me parece, por decir lo menos, insólito.
Por eso, en la discusión particular presentaremos una indicación que así lo establezca.
En mérito de lo expuesto, señor Presidente, insto a mis colegas a dar su respaldo a este proyecto de ley, votándolo favorablemente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Para fundamentar el voto, se encuentra inscrito, en primer lugar, el Senador señor Girardi.
Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, sin duda, el contar con una legislación significa regular y restringir ciertos derechos. Pero la sociedad debe establecer prioridades y un determinado bien común. Y la nuestra, en particular, enfrenta un gran desafío, porque aquí, lamentablemente, tenemos la mayor prevalencia mundial de tabaquismo en niños.
Chile exhibe un pésimo estándar: 47 por ciento de los alumnos de entre primero y cuarto medio son fumadores. Ninguna otra nación muestra esta prevalencia de tabaquismo en menores de edad.
Si uno mira lo que ocurre en Europa, concluye que normalmente el tabaquismo en la población infantil es inferior a 20 por ciento. En cambio, aquí ha venido aumentando en forma consistente. Y la única explicación para ello es que las tabacaleras, al igual que en África y Asia, están dirigiendo sus campañas hacia los niños.
Se ha demostrado que los adultos que no fuman no lo van a hacer nunca. Y tan así es que en los locales donde se expende tabaco, muchas veces la publicidad se pone un metro más abajo del escaparate, a fin de que la puedan ver los menores. Esto forma parte de una estrategia global de las tabacaleras que está prohibida en el mundo europeo.
Los niños fuman, esencialmente, por imitar a los adultos. De manera que mientras más adultos fumen, más niños fumarán también.
Por otra parte, en Chile mueren 12 mil personas al año por causas atribuibles al tabaco. Todas esas muertes son evitables y muchas corresponden a fumadores pasivos, es decir, a personas que no son adictas a la nicotina, que no padecen la enfermedad, pero que se ven obligadas a inhalar el humo de tabaco, que contiene más de 100 sustancias cancerígenas, producto de que no hay ambientes seguros, cerrados, libres de humo.
Cuando nosotros discutimos la legislación sobre la materia -que, por lo demás, fue una recomendación, un mandato para Chile, de la Organización Mundial de la Salud-, hubo un lobby bastante duro de las empresas, que terminó debilitando esa recomendación internacional en orden a establecer al menos lugares cerrados libres de humo.
A raíz de esos cambios, quedamos con una legislación híbrida, que permitió fumar en lugares cerrados que reunieran ciertas condiciones. Por ejemplo, en restoranes. Ello generó una situación dramática, debido a una mayor carga de contaminación -casi 1.000 por ciento más- de sustancias cancerígenas, de nicotina y de PM 2.5 para los trabajadores que desarrollan su actividad en los llamados "restoranes para fumadores". Esto, evidentemente, atenta contra la igualdad ante la ley y deja desprotegida a una parte importante de la comunidad.
Se ha demostrado que el tabaco no solo genera enfisema, bronquitis obstructiva, bronquitis crónica, cáncer -la mayoría de los cánceres de pulmón están directamente relacionados con el hábito de fumar-, sino que daña el material genético. En la actualidad, hay evidencia de que el daño genético se puede transmitir de una generación a otra. Es decir, un padre que fumó va a tener un hijo con mucho más riesgo de malformaciones congénitas.
Tales evidencias son cada vez más contundentes, más sólidas y ya son parte de un saber común compartido que no merece ningún cuestionamiento. Pero necesitamos que los Parlamentos del mundo también asuman la evidencia científica y elaboren legislaciones basadas en ella y no en situaciones que con frecuencia tienen que ver con un conjunto de leyendas que se establecen.
Lo anterior no constituye integrismo, sino la voluntad de proteger a la población.
La sociedad debe tener un Parlamento que ponga por delante el derecho a la salud de las personas y lo garantice.
Por eso, el proyecto en debate, que ha sido apoyado transversalmente por todos los sectores del Congreso, necesita también de la comprensión y de la priorización del Estado y del conjunto de las instituciones para que se implemente una buena política pública.
Chile no puede tener un 47 por ciento de niños fumadores. Ese es, tal vez, uno de los principales problemas de salud. Porque si se junta tabaquismo con obesidad, con sedentarismo, con consumo de alimentos no saludables, vamos a tener una verdadera explosión de enfermedades crónicas no transmisibles que no será posible evitar ni erradicar.
En nuestras manos está el construir un país mejor. Y los niños pobres son los que presentan índices más altos de tabaquismo y mayor cantidad de enfermedades.
Por eso, es una prioridad legislar sobre esta materia, señor Presidente.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, intervendré de modo muy breve, porque esta discusión en el Senado ha sido extremadamente larga, desde la primera iniciativa que se estudió, en el año 1994. Después se han hecho esfuerzos permanentes para mejorarla.
Ese proyecto fue el resultado de una transacción franca y abierta entre quienes se oponían, en particular desde el sector empresarial, y los parlamentarios, transversalmente, que lo habíamos aprobado.
La iniciativa que ahora debatimos la envió el Ejecutivo con posterioridad. Es decir, estaba en tramitación otro proyecto y, a pesar de haber sido aprobado en la Comisión, el Gobierno presentó uno nuevo en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, creo que por lógica y racionalidad legislativa debemos incorporarle -espero que sea votado afirmativamente-, a través de indicaciones, las materias del anterior.
En síntesis, estamos tratando de hacer más rígidas, más exigentes y más fuertes las restricciones en los lugares donde se permita fumar y en los que, definitivamente, no sea posible hacerlo.
Todo ello, obedece a tres o cuatro argumentos centrales, los cuales no voy a detallar.
Primero, se debe entender que el tabaco es, efectivamente, una sustancia que daña.
Cuando discutimos por primera vez esta materia -cabe reconocer que el iniciador fue el entonces Senador señor Nicolás Díaz, de nuestra bancada-, la verdad es que había dudas acerca de si el tabaco tenía o no repercusión en la salud a nivel universal. Y ahora existe la certeza absoluta de ello. Ya no se trata de predisposición o de algunos efectos aleatorios. ¡No! Hoy se sabe que el tabaco es dañino para la salud. Desde luego, no puedo negarme a la posibilidad de que el día de mañana se opine distinto a como hoy pensamos, lo que es probable que ocurra -ojalá- con muchas enfermedades.
Actualmente, se ha comprobado -no solo estadísticamente- que hay una relación directa entre el tabaquismo y el cáncer, los infartos, las trombosis, las lesiones en el aparato circulatorio, las afecciones relacionadas con la diabetes y, fundamentalmente, el corazón.
Segundo, se pone en discusión algo muy simple: o privilegiamos el bien común o el derecho de algunas personas de hacer lo que quieran en cuanto al consumo de tabaco, en perjuicio del resto de la población.
Tercero -y con esto termino-, hoy es indiscutible que el humo que absorben los fumadores pasivos, es decir, quienes no fuman e igual lo inhalan, es de la misma naturaleza e intensidad del que aspiran los fumadores activos.
En virtud de lo anterior, señor Presidente -para no alargar el debate-, vamos a apoyar el proyecto. Y ojalá lo aprobemos por unanimidad como una señal importante del Senado.

El señor ESCALONA (Presidente).- En este caso, Su Señoría, la unanimidad de la Sala en estos momentos es insuficiente, porque el proyecto contiene una norma que requiere quórum especial.
Tiene la palabra el Honorable señor Uriarte.

El señor URIARTE.- Señor Presidente, como bien lo han dicho quienes me han antecedido, acá hay razones de salud pública para tener una opinión formada respecto al proyecto.
Los hechos hablan por sí solos.
Ante todo, es preciso señalar que está absoluta y enteramente acreditado que las principales causas de enfermedades crónicas con resultado de muerte se originan en el consumo del tabaco. Este, a través de diversos compuestos, entre otras afecciones, produce cáncer, adicción y dependencia.
En los últimos 30 años, la población chilena -muy especialmente las mujeres- ha ido incorporando progresivamente el consumo del tabaco a sus hábitos de vida.
Nuestro país es el más fumador de América. En el plano escolar, en tanto, nos situamos entre las mayores prevalencias en consumo de tabaco. En los jóvenes predomina el tabaquismo en alrededor de 50 por ciento de la población, porcentaje que solo se compara con el de China, que es la nación con más fumadores a nivel mundial.
Deseo agregar que, en 2005, Chile ratificó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, en virtud del cual los Estados que adhirieron a él -entre ellos, Chile- tienen la obligación de legislar sobre el particular. Por esa razón, hoy día nos encontramos efectuando esta discusión.
En cuanto a las materias tratadas por el proyecto, se avanzó bastante en la redifinición del objeto que se pretende regular, esto es, se modificó la antigua nomenclatura "productos hechos con tabaco" por "productos de tabaco".
Además, se incorpora una nueva definición respecto a "espacio interior o cerrado", señalando que es aquel cubierto por un techo y que cuente con paredes o muros en todos sus costados.
En lo concerniente a publicidad de cigarrillos, se prohíbe efectuarla al exterior de los lugares de venta.
También se regula la venta de tabaco en las cercanías de los establecimientos educacionales y la advertencia en las cajetillas.
Asimismo, se perfecciona la normativa, de manera bastante satisfactoria, acerca de la prohibición absoluta de fumar en ciertos recintos y en lugares cerrados destinados al entretenimiento.
Hay que tener presente que estamos en la discusión en general y que en el debate en particular podremos enriquecer la iniciativa mediante la formulación de indicaciones.
Por último, señor Presidente, quiero referirme a una cuestión de mérito.
A mi juicio, esta es una gran oportunidad para revisar la estructura tributaria a la que hoy día está afecta el tabaco: el impuesto a los cigarrillos.
No hay instrumento más eficaz que el tributo asociado al consumo del cigarro. O sea, no existe mecanismo más efectivo y razonable para disminuir la cantidad de fumadores que aumentar el impuesto al tabaco. Y, ojalá, como lo han realizado muchos países pioneros en este ámbito, aplicándole un impuesto específico.
En verdad, si se pretende legislar en temas tributarios asociados a materias de salud, es más razonable revisar el impuesto al tabaco que la tasa impositiva a los licores, particularmente la relacionada con el pisco, porque, en este último caso, se afectaría una Región muy importante como la de Coquimbo.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, una vez más -¡en buena hora!- estamos discutiendo esta iniciativa en el Congreso.
Todas las medidas que se han tomado han hecho, por desgracia, poca mella en la prevalencia del tabaquismo en nuestra nación. Efectivamente, la Encuesta Nacional de Salud, realizada el año 2010, demostró que los jóvenes chilenos son cada vez más adictos al consumo de tabaco.
Nuestro país posee la tasa más alta de jóvenes fumadores en América. Uno de cada dos estudiantes que egresan de la enseñanza media son adictos al tabaco. Y aquellos que cursan entre octavo básico y cuarto medio presentan un porcentaje de prevalencia superior al promedio nacional: 46,6 por ciento.
Lamentablemente, en los últimos 30 años no se ha observado una reducción en los niveles de consumo de tabaco en el país. Por el contrario, en algunos grupos etarios, como el comprendido entre los 20 y los 45 años, más de la mitad de las personas son fumadoras.
Así, Chile presenta -como aquí se ha dicho- uno de los mayores índices de tabaquismo del mundo, y el porcentaje de jóvenes fumadores es el más alto en América Latina.
Esas razones bastan para seguir avanzando y profundizando las normas antitabaco. Nuestra regulación se está quedando atrás y no logra revertir la situación.
De acuerdo a diversos observadores, el principal logro obtenido por la actual regulación sobre el uso del tabaco ha sido una pequeña disminución en el consumo de los niños de octavo básico, lo cual es consecuencia de que los únicos lugares donde no se puede fumar son los establecimientos escolares.
Llamo la atención sobre el particular, porque el consumo de tabaco solo ha disminuido en lugares donde está prohibido.
Además, el tabaquismo ha ido permeando las clases más pobres de la sociedad. En esos estratos se presentan mayores niveles de adicción y consumo diario de cigarrillos que entre las personas que pertenecen a un nivel socioeconómico más alto. Esto me preocupa: la desigualdad llega al tabaquismo y la salud.
Señor Presidente, en la Cámara de Diputados tuvo lugar un fuerte debate en cuanto a qué debía ser considerado un ambiente libre de humo de tabaco. Creo que fue un error haber restringido tan significativamente el concepto de "ambiente libre de humo"; es un retroceso.
De acuerdo a las normas de la Organización Mundial de la Salud, todo lugar que posea características de espacio cerrado debe constituir un ambiente libre de humo de tabaco.
Creo que se debe ampliar el criterio utilizado en la Cámara de Diputados para su definición, y así reincorporar en el Senado la idea de que sean considerados dentro de esta categoría todos los lugares en que se comparta el ambiente entre fumadores y quienes no lo son.
Pero hay que restringir estos espacios. Según la Encuesta Nacional de Salud ya citada, un 10 por ciento de las personas que se declaran no consumidores de tabaco tienen considerables niveles de nicotina derivados de su condición de fumadores pasivos.
Existen estudios que señalan que quienes trabajan en restaurantes, pubs, bares y casinos poseen niveles diez veces más altos de nicotina en la orina que aquellos que laboran en ambientes libres de humo de tabaco; además, presentan síntomas respiratorios derivados de la condición de fumadores pasivos.
Así, estos trabajadores ven vulnerados permanentemente sus derechos a condiciones de trabajo y de salud adecuadas. Sin embargo, generalmente no se atreven a denunciar dicha situación, por miedo a perder su fuente laboral.
No se trata de que el tabaco eventualmente moleste a los no fumadores, sino que derechamente los enferma y, por lo tanto, un Estado protector de la salud de los ciudadanos debe adoptar las medidas sanitarias correspondientes, para salvaguardar a las personas vulnerables al tabaco.
Voto a favor de esta iniciativa, señor Presidente, y presentaré indicaciones en la línea de lo que he planteado.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Está inscrito el Senador señor Carlos Larraín.

El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, este proyecto de ley, sobre ambientes libres de humo de tabaco, tiene, como suele ocurrir -y afortunadamente-, cosas buenas, pero también, cosas negativas.
Entre las buenas está, por supuesto, el énfasis en el esfuerzo de educar a los jóvenes. Me parece útil la prohibición de la circulación gratis de productos hechos de tabaco o con tabaco entre los menores. Es, también, buena la referencia a los aditivos dañinos que efectivamente se utilizan a veces como estímulos para los fumadores, para crear dependencias adicionales.
Sin embargo, en la columna opuesta tengo anotado lo que podría yo considerar elementos negativos. Desde luego, un rol incrementado para el Ministerio de Salud como organismo que vela por todos los humanos que vivimos en sociedad. Eso me parece una exageración. Hay ahí un papel tutelar demasiado desarrollado.
Luego, la definición de "espacio cerrado" que se da en el proyecto es tan amplia que, en los hechos, incluye cualquier cosa edificada sobre el nivel natural de la tierra y también debajo de ella.
La prohibición de la publicidad, creo yo, atenta contra la libertad de trabajo.
En seguida, el artículo 4° insiste en la prohibición de venta de cigarrillos en cualquier lugar que quede a menos de cien metros de un establecimiento educacional. Bueno, de esa manera va a quedar prohibida la venta en casi todas partes, en muchas ciudades de Chile, sobre todo en las más pequeñas.
Asimismo, entre las cosas negativas, se halla la prohibición verdaderamente universal de fumar contenida en el artículo 10, letra a), puesto que ahí se abarcan todos los espacios habidos y por haber, por la referencia que se hace al recinto cerrado que tenga algún acceso de público. Esto es verdaderamente muy riguroso, muy excluyente, ¿no?
Me parece que, un paso más allá, la derogación de los artículos 12 y 13 de la ley vigente, en virtud de los cuales se había establecido la posibilidad de que ciertos establecimientos como restoranes, bares, pubs pudieran tener áreas separadas, es también negativa. Ahí muchos operadores de estos locales -yo conozco más de un caso y seguramente otros también- hicieron inversiones sustanciales, amparados precisamente en lo que predicaba la ley. Pues bien, esa inversión se va a perder, se les va a causar un daño importante, ya que queda desechada la idea del espacio segregado para fumadores y no fumadores.
Más adelante, se contemplan multas a la conducta individual: el caso de la persona que es sorprendida fumando -no se sabe por quién- en su propia oficina. Habrá que crear un enjambre de inspectores para esto; andarán con máscaras, presumo yo, no sé cómo lo van a hacer...

El señor LAGOS.- ¡Los cazafantasmas...!

El señor LARRAÍN (don Carlos).- ¡Dos UTM! Y, si es reincidente, ¡4 UTM! "Castigo" es la palabra mágica de los hiperreguladores.
En definitiva, junto con anunciar que voy a votar que no, quiero hacer el comentario final de que aquí hay una actitud muy restrictiva, una desconfianza tremenda en las habilidades que tienen las personas para decidir sobre su propia suerte.
Ahora, que el Ministerio de Salud gaste un poco más de dinero para tratar a los que padecen de males relacionados con el cigarrillo, bueno, existen muchas conductas humanas que echan a perder la salud. Hay quienes comen en exceso con ocasión de las fiestas u otros eventos; otros que se pasan el día trotando y se rompen las articulaciones...

El señor LAGOS.- ¡El Senador Espina!

El señor LARRAÍN (don Carlos).- Yo no sé. Hay toda clase de hábitos que son perfectamente neutros en el plano moral, pero que son muy dañinos para la salud.
Entonces, vamos a tener que vivir nosotros en un país ultrasanitizado. Es decir, yo creo que Ginebra en el siglo XVI, donde se prohíbe incluso el juego de cartas, va a ser un lugar de pecado al lado de Santiago de Chile o Valparaíso, en fin...

El señor ESCALONA (Presidente).- Excúseme, señor Senador, pero ha concluido su tiempo. Le doy un minuto más para que pueda redondear su intervención.

El señor LARRAÍN (don Carlos).- Muchas gracias, señor Presidente. Somos cómplices en la maldad...
Bueno, quiero decir que existe mucha gente que se verá muy restringida en sus vidas personales. Yo creo que precisamente hay personas de mala situación económica para quienes uno de los grandes placeres de su existencia es fumarse un cigarrillo. ¡Por favor! Podrán echarse a perder un alvéolo, ¿no? Y a mí lo que más me llama la atención es que los ultraprohibitivos en esta materia son ultrapartidarios del aborto, por ejemplo, que es un paso bastante más duro -diría yo- en lo que hace a la preservación de la persona. Y, seguramente, luego tendremos propuestas en favor de la legalización de la marihuana, y ahí vamos a invocar grandes principios de la libertad universal.
Entonces, yo solo deseo señalar que, a mi juicio, esta iniciativa es contradictoria, que tiene cosas francamente sobregiradas y que estamos creando una especie de sociedad sanitizada que no corresponde para nada a la naturaleza humana.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, tal vez lo más preocupante del informe que nos entrega la Comisión de Salud es que, a pesar del enorme impuesto que tiene el tabaco (60 por ciento), sigue aumentando el número de jóvenes adictos, particularmente en octavo básico, como se señala. Los adolescentes entre octavo básico y cuarto medio presentan un porcentaje de prevalencia superior al promedio nacional: 46,6 por ciento, según datos del CONACE. Y está claro, como lo ha dicho la OMS, que el tabaquismo es una epidemia. O sea, crece más allá de las expectativas y mata a millones de personas a lo largo del mundo.
Chile ha suscrito tratados internacionales -por ejemplo, el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco-, y nos encaminamos a cumplirlos. Pero, más que ello, nos encaminamos a cumplir el compromiso que contrajimos en torno a la vida sana, que el Gobierno también asumió (la Primera Dama planteó un modelo que muchos hemos apoyado).
La ciudadanía debe tener un mejor vivir, y eso significa "un país libre de tabaco".
El reemplazo de la expresión "productos hechos con tabaco" por los términos "productos de tabaco" permitirá incorporar los productos que se fumen, chupen, masquen o aspiren. Es decir, hay una ampliación.
Aunque algunos señalen que aquello implica limitar libertades, yo quiero señalar que significa proteger la vida.
Al establecer como espacio cerrado aquel que tenga techo y cuatro paredes, independiente del material utilizado, estamos dando una definición concreta.
El proyecto busca la prohibición de fumar en espacios libres, pues el tabaquismo es una enfermedad con dos dimensiones: implica una adicción y constituye una epidemia.
Se registran 49 muertes diarias por enfermedades derivadas del consumo de tabaco.
¿Y cuánto gasta nuestro Estado en combatir el tabaquismo?
El Senador Orpis, quien trabaja para enfrentar el problema de la drogadicción en su centro de atención a jóvenes, lo sabe.

El señor ORPIS.- Más de lo que recauda.

El señor NAVARRO.- Yo no lo sé. Por eso pregunto por las cifras. No está en la Sala el Ministro de Salud.
¡Mil 800 millones de dólares es el costo que debe afrontar el sistema de salud para atender a personas afectadas por enfermedades asociadas al tabaquismo!
Es decir, nos hallamos frente a un problema que le está costando mucho dinero al Estado: ¡mil 800 millones de dólares!
Con ese dinero podríamos hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, luchar contra las drogas; sobre todo, contra las drogas duras.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Y también contra las blandas.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, cuando se dice que si aprobamos esta iniciativa vamos a atentar contra los dueños de restoranes, debo recordar que encuestas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile demuestran que 70 por ciento de los fumadores prefiere asistir a lugares libres de humo de tabaco y, más aún, que 76 por ciento de ellos señala que mantendrían o aumentarían su asistencia a restoranes si en ellos se prohibiese el consumo de tabaco.
Es decir, la gente quiere asistir más a los restoranes con su familia. Porque hoy día, cuando alguien concurre a uno de ellos con niños, no lo dejan entrar, debido a que existe una feble división entre el espacio para fumadores y el asignado a los no fumadores, lo cual restringe la oferta de varios de esos establecimientos.
Percibo que a propósito de este proyecto estamos haciendo un debate necesario, señor Presidente.
Yo jamás he fumado. Pero sí recuerdo las discusiones de la década del 70. Mi padre era un fumador empedernido. Y ahí estaba la divergencia. La publicidad decía que el cigarrillo no causaba daño, y las tabacaleras pagaban estudios para confirmarlo. ¿Pero qué descubrimos después? Que esas compañías compraban a los científicos y les ordenaban hacer estudios destinados a demostrar que fumar no provocaba daño directo ni colateral, que no producía cáncer. Mas luego descubrimos que el hombre de Marlboro murió de cáncer y, por tanto, que el tabaco sí era cancerígeno.
Existe mucha literatura -hay incluso películas sobre el tema- que permite saber cómo operan las tabacaleras.
Señor Presidente, uno de los problemas graves que deberían preocupar al Congreso es el creciente aumento del consumo de tabaco en los menores de entre octavo básico y cuarto medio.
Hay una estrategia de márquetin, de publicidad, que es necesario enfrentar. Porque la ley en proyecto será letra muerta si el consumo de tabaco sigue incrementándose en los menores.
Aquellos jóvenes no ingresan a los restoranes solos; no tienen dinero para hacerlo. Por tanto, la publicidad y el márquetin se han focalizado en otros espacios, que debemos descubrir. Porque, claramente, en Chile la adicción al cigarrillo está comenzando cada vez más temprano.
¿Las tabacaleras? ¡Ni qué hablar!
Yo diría: aumentemos los impuestos. Pero como impuestos específicos: mientras más concentración de tabaco, más pago. Igual como ocurre con el impuesto al alcohol.

El señor ESCALONA (Presidente).- Perdón, señor Senador, pero concluyó su tiempo.
Su Señoría dispone de un minuto para terminar.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, concluyo anunciando que votaré a favor de la idea de legislar.
Y quiero resaltar la posición del Ministro Mañalich y de la Cartera a su cargo, que han estado de acuerdo con esta iniciativa y han apresurado su tramitación. Comparto esa actitud y los felicito por haberla adoptado.
Mientras más retrasemos la aprobación de este proyecto, más muertes va a haber. Aquí no existe una acción en contra de nadie; ni siquiera de las tabacaleras. Solo se está restringiendo el consumo de tabaco. Yo quisiera prohibirlo, al menos en todos los lugares públicos. Porque, a decir verdad, el tabaco es un elemento maldito.
Además, pienso que pronto deberemos retomar el problema del alcohol, pues este provoca tanto o más daño que el tabaco.
Pero hoy día estamos hablando del tabaco. Entonces, quiero puntualizar que el proyecto en debate hace justicia con los fumadores y con los no fumadores, pues protege la vida de ambos.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar, felicito al Ejecutivo por el envío de este mensaje, pues, tal como dijo el Ministro Mañalich, si bien la ley Nº 19.419, de 2005, que restringió el consumo de tabaco, implicó una reducción en los índices del consumo, estos nuevamente se estancaron y existe todavía una prevalencia en adultos jóvenes, al punto de que Chile exhibe en América la tasa más alta de jóvenes fumadores.
Por otro lado, el señor Ministro manifestó a la Comisión de Salud que en algunos casos la situación actual es peor que la que se presentaba en 2005, ya que el consumo de tabaco ha aumentado en gran medida en las mujeres y el costo anual que debe solventar el sistema de salud para el tratamiento de personas afectadas por enfermedades derivadas del referido consumo está llegando a mil 800 millones de dólares.
En tal sentido, creo que este es un proyecto de responsabilidad, un proyecto que está educando a nuestra sociedad.
Por otro lado, es muy necesario restringir aún más el consumo de tabaco, para reducir nuevamente los índices.
Y lo digo, señor Presidente, porque una gran cantidad de personas -tal como lo expresaron los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra- son fumadores pasivos que no tienen posibilidad de escapar del humo que generan quienes fuman.
Me impactó mucho el caso de un garzón que me atendió en un restorán de la comuna de Rancagua, quien se acercó y me preguntó: "¿Cuándo, Senador, vamos a tener la nueva Ley del Tabaco, que nos protege a los que no fumamos y debemos trabajar en lugares donde se consume tabaco?". Le respondí: "Espero que sea lo más pronto posible". "Mire," (me añadió) "yo llego todos los días asfixiado a mi casa; duermo mal, y no sé si mañana voy a tener enfisema. Porque mi labor es atender en un restorán habilitado para fumadores. Y no tengo otra opción. Este ha sido mi trabajo de toda la vida".
Dicha conversación me impactó muy fuerte. Esa persona, como miles de fumadores pasivos a la fuerza, por mantener el trabajo que le permite llevar el sustento para su familia, debe vivir diariamente un calvario.
En esa línea, creo que esta iniciativa se encamina también a lo que ocurre hoy, por ejemplo, en las discotecas.
¡Señálenme alguna discoteca de Chile que no sea para fumadores! ¡Y todos los jóvenes no fumadores que concurren a ese tipo de locales están obligados a aspirar el humo del tabaco que consumen otros!
Entonces -reitero-, el camino que se está diseñando hoy es de educación y de responsabilidad.
De otro lado, todos debemos contribuir a explicitar que la ley en proyecto no implica restricción a la libertad. Porque la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Y cuando uno fuerza a fumar a quien no quiere hacerlo, sin duda, está pasando a llevar su libertad.
Sí, me parece importante que haya lugares para quienes desean fumar, a fin de que no se obligue a los que no quieren hacerlo a inhalar indirectamente humo de tabaco.
Por eso, aprobaré la idea de legislar, aun cuando considero que hay que formular indicaciones.
Me preocupa el aspecto universitario. El proyecto no lo considera. Se habla de las educaciones básica y media, y de los jardines infantiles. ¿Por qué estamos dejando -esta es mi duda- afuera a las universidades? Considero fundamental que queden incorporadas.
Si estoy equivocado, ojalá que me corrijan.
Estimo que debemos conversar al respecto y no hacer leyes especiales para ciertos sectores. Debemos darles a quienes deseen seguir fumando la posibilidad de hacerlo en lugares abiertos, sin obstaculizar la vida normal del resto de los ciudadanos.
Por eso, con todas las ganas que tengo de que este proyecto se apruebe y sea ley de la república cuanto antes, voto que sí.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, votaré a favor de la idea de legislar porque creo que las normas actuales se pueden perfeccionar en lo relativo a restricciones en materia de publicidad, multas, en fin.
Pero, francamente, considero que esta iniciativa contiene disposiciones del todo exageradas, lo que, en la práctica, demuestra que en el Parlamento pasamos de un lado del péndulo al otro en forma increíble.
Hace poco tiempo legislamos sobre la materia y establecimos expresamente la posibilidad de fumar en el interior de los restoranes con una superficie superior a 100 metros cuadrados -y esto se halla contemplado en los artículos 12 y siguientes de la ley en vigor-, e impusimos la obligación de separar los ambientes, etcétera. Y mucha gente realizó una gran inversión con ese objetivo. O sea, después de un gran análisis, se dispuso que podía haber espacios para fumadores y espacios para no fumadores.
Pero ahora, de un plumazo, asumiéndose una posición que me parece absolutamente exagerada y fundamentalista, se dice que no se podrá fumar en ningún espacio. Así lo señala en forma taxativa el artículo 10 de reemplazo que se propone para la ley N° 19.419, mediante el cual se prohíbe fumar en "Todo espacio cerrado que sea un lugar accesible al público o de uso comercial colectivo,...".
Vale decir, lo que expresamos hace dos años, que motivó a muchos pequeños comerciantes a invertir para hacer cambios en sus locales, de la noche a la mañana se nos olvida.
Por lo tanto, me parece que la norma pertinente es por completo exagerada.
En mi concepto, hay que ser más claro y transparente. Si queremos que no se consuman cigarrillos, determinemos derechamente la prohibición. Porque a eso conducen finalmente estos proyectos.
En el Congreso existe una contradicción increíble, señor Presidente: algunos parlamentarios, legítimamente, son partidarios de legalizar el consumo de las drogas -¡de las drogas!-, por cuanto esa conducta está dentro de los derechos de las personas; sin embargo, hoy los veo convertidos en "barra brava" para decir que no se puede fumar en ninguna parte.
Este proyecto, señor Presidente, contiene una buena cantidad de normas totalmente exageradas.
No entiendo por qué si en un local se pone un aviso que dice "Restorán para fumadores" se va a impedir que se fume dentro de él, máxime cuando hace pocos años se manifestó que incluso se podría hacer una ingente inversión con el propósito precisamente de separar los ambientes y franquear ambas posibilidades. Sin embargo, ahora se dice "¡No!"; o sea, se cambian las reglas del juego.
En segundo lugar -y tiene razón el Senador García-Huidobro al señalarlo-, se hace una distinción ridícula. Se dispone que no se podrá fumar en establecimientos de educación parvularia, básica y media, y se exime a las universidades.
Quiero saber qué va a ocurrir cuando se les diga a todos los estudiantes universitarios que en el patio de su escuela, al aire libre, no van a poder fumar.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- La prohibición no afecta a los establecimientos universitarios.

El señor ESPINA.- No. La nueva norma dice: "Establecimientos de educación parvularia, básica y media". Por lo tanto, deja adentro a los universitarios. O sea, podrán fumar en los patios.
Entonces, señor Presidente, yo estoy planteando que esta iniciativa es adecuada desde el punto de vista de la incorporación de normas destinadas a la educación, a la prevención, a la disminución de la publicidad del cigarrillo. Pero me parece que cae en el otro extremo, por cuanto el consumo de tabaco está autorizado.
Ahora, si se dispone que el consumo de tabaco es ilegal, el cuento es otro. De ser así, se acabó la discusión: no se puede fumar en ningún lado.
Sin embargo, respecto del cigarrillo, cuyo consumo es legal, decirle a una persona que tiene estrictamente prohibido fumar en un restorán cuyo dueño determinó que es para fumadores constituye una exageración absoluta.
Por cierto, considero superlegítimo que haya restoranes donde se determine que en su interior no se puede fumar. Y quienes acudan a ellos deberán aceptar esa prohibición.
Los excesos de esta naturaleza me parecen propios de un péndulo gigantesco. En estas materias pasamos de la represión más total a posiciones absolutamente liberales.
Yo voto a favor porque creo que esta es una legislación que habría que evaluar. Se pueden mejorar los aspectos relacionados con la publicidad, con la exigencia educativa, para procurar que la gente no fume. Sin embargo -reitero-, hay en ella disposiciones del todo exageradas.
En consecuencia, apruebo la idea de legislar. Tengo, sí, serias objeciones sobre artículos que, a mi entender, rompen con mínimos principios vinculados a la libertad de las personas en lugares destinados exclusivamente para fumadores.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, cuando se discutió el proyecto sobre restricción del consumo de tabaco en lugares públicos, al inicio de la década del 2000 -la ley anterior era de 1995-, hubo un cambio notable en la cultura de los chilenos en la materia.
Quienes vivimos en Regiones viajábamos muchas veces en buses interprovinciales, en los que se podía fumar.
Al inicio de la década de los 90 todavía era factible fumar en los aviones. Después, la posibilidad de hacerlo se restringió a un sector de ellos.
También recuerdo que al comienzo de las sesiones, y bastante avanzada la década de los 90, en el Senado y en la Cámara de Diputados se fumaba.
En mi época universitaria, el primer cigarro se fumaba en la clase de las 8:10.
En consecuencia, ha habido al respecto un cambio cultural notable.
¿Por qué menciono aquello? Porque la ley N° 19.419 tuvo, sin duda, un efecto importante. Y hoy día se modifica -en esto comparto las apreciaciones del Senador Espina-, pero exagerándose algunas normas, sin hacer ninguna evaluación en cuanto al impacto de esa legislación.
¿Cuál fue el verdadero efecto de dicha ley en la vida de los ciudadanos?
Sin tener estudio alguno sobre mi escritorio, debo dar cuenta de que significó un cambio sustancial: ya no fumamos aquí, en el Senado; ya no se fuma en la sala de clases; ya no se fuma en los cines; ya no se fuma en los buses interprovinciales. Los restoranes tienen lugares segregados; y me parece bien.
¿Cuál es la razón verdadera para extremar una legislación que ha provocado cambios de hábitos en los chilenos?
A mi juicio, siempre las legislaciones sobre esta materia deben basarse en estudios, en análisis profundos, para ver cuánto se tiene que avanzar o cuánto se debe retroceder.
El Parlamento les dio a los dueños de restoranes una señal en el sentido de que se iba a prohibir fumar en sus locales; pero agregó que si hacían una inversión para habilitar un sector al efecto se permitiría hacerlo. Y la industria gastronómica le creyó al Congreso, les creyó a los colegisladores, e hizo una inversión.
Entonces, ¿cuál es la razón que se da hoy para que eso termine?
Señor Presidente, voy a votar a favor de la idea de legislar. Pero, sin duda, en la discusión particular deberemos trabajar duramente para no pasarnos de la línea y para evitar la exageración de ciertas medidas que al final solo van a redundar en que la ciudadanía busque alguna manera de transgredirlas.
La legislación actual no es vulnerada. Creo que en esta Sala nadie puede decir, por ejemplo, que ha visto a alguien fumando en un bus interprovincial, o en un avión, o en los aeropuertos, o en lugares cerrados. Es decir, la ley ha funcionado adecuadamente.
En consecuencia, extremar la situación puede generar una suerte de rebeldía o hacer que se busque la forma de quebrantar la normativa pertinente.
Por eso, en la discusión particular deberemos tener especial cuidado. Porque si el consumo de tabaco no está prohibido -como decía el Senador Espina-, se precisa una buena regulación. Y creo que hoy día la tenemos.
Podemos avanzar en lo relativo a publicidad, a resguardo de los colegios, a medidas de educación, para prevenir a la gente sobre las consecuencias del hábito de fumar. Pero existe una serie de aspectos que claramente constituyen una exageración, sin que haya ningún fundamento para, luego de una señal que le dimos al país hace seis o siete años y de una legislación que ha avanzado razonablemente, introducir cambios tan drásticos.
Por eso, señor Presidente, voy a votar a favor. Mas llamo al Senado a poner especial cuidado en la discusión particular, para no dictar normas que puedan generar una situación de camisa de fuerza en las actividades cotidianas de las personas.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, uno de los aforismos más potentes que he escuchado es que la mejor ley es aquella que se cambia menos. Me parece de una lógica muy profunda. Cuando se quiere instalar principios, generar conductas, enfrentar problemas, lo importante son las reglas claras y precisas, y que estas no se modifiquen todos los días.
En mi concepto, representa un fracaso legislativo -sea de la autoridad, sea del Congreso- la revisión permanente de las instituciones que aquí se construyen, porque, claramente, o no han sido objeto de una reflexión oportuna, o no son producto de una evaluación adecuada. Temo que, en el caso que nos ocupa, nos hallamos precisamente ante un ejemplo de laboratorio de lo que señalo.
Se discutió durante largo tiempo la normativa de la ley sobre el tabaco con la convicción de que, siendo restrictiva, de avanzar hacia esa sociedad chiita que da la impresión de que algunos tanto buscan, íbamos a solucionar los problemas vinculados con la materia. Y ahora, sin evaluación alguna, lo único que se expresa es que parece que el texto legal anterior no anduvo bien. Si no, no estaríamos conociendo las enmiendas de que se trata.
Se plantea lo que sería el deporte favorito de muchos: más restricciones. Echo de menos a quienes en otro momento hacían referencia a la libertad. Hoy día, esta es aludida cada vez menos, mencionándose cada vez más la limitación, la negación, el enclaustramiento.
Al Senador que habla, por lo menos, quien deja constancia de que no fuma ni lo ha hecho nunca, le parece muy relevante, como parlamentario, el resguardo de algunos principios, aunque sean los últimos que van quedando, que tienen que ver con la lógica de la libertad individual y con la idea de que los problemas se enfrentan por la vía de la formación y la educación, no de acuerdo con el estilo aquí elegido.
En mi caso, no he votado por algunos proyectos que van en la misma línea que el que nos ocupa, como el relacionado con el secreto bancario, iniciativa pedida por la OCDE. Ello terminó con el derecho de las personas a su propia intimidad respecto al uso de sus recursos. Es algo que hoy día no existe.
Quisiera aludir brevemente al cuerpo legal que modificó la Ley del Tránsito, dictado hace poco, el cual no suscribí en parte importante. Transcurridos dos meses de vigencia, muchos parlamentarios me dijeron que me equivoqué, porque el índice de accidentes por consumo de alcohol había bajado. Quiero dar una mala noticia para Chile: el último fin de semana aumentaron con relación al año pasado, lo que refleja claramente que no era la solución, entre comillas.
La forma adecuada de generar conductas tiene que ver con reglas permanentes y con formación, con educación. Eso es lo que cambia los hábitos, y no la espada de Damocles, no el Gran Hermano, no el mundo de Orwell, que parece estar vigilando e impidiendo la acción de cualquier persona.
Uno de los artículos de la iniciativa que nos ocupa es, para mí, como la esencia de lo que representa la idea de legislar: se prohíbe fumar en "Todo espacio cerrado que sea un lugar accesible al público". Porque entiendo aquello de que en un sitio se pueda generar un efecto indeseado en otro. Sobre esa base, quienes idearon la legislación contemplaron la separación de ambientes en restoranes, en oficinas. Pero ahora da lo mismo lo que se haya hecho: se cambia todo. Basta "un lugar accesible al público". Una persona que tiene oficina puede fumar un cigarrillo -es su problema-, a menos que esté prohibido, y a partir de la ley en proyecto ello no será posible si el edificio llega a ser accesible al público.
Señor Presidente, nada me importa más que generar buenas conductas y una sociedad más sana, pero creo que hay formas de lograrlo, y aquí se están dejando cada vez más de lado la educación, la formación, la libertad individual, la conciencia, el ethos colectivo, y se prefieren el garrote, la prohibición. Y de prohibición en prohibición estamos entrando en este mundo chiita que no comparto.
Por eso, más allá de las razones por las cuales se gestó una discusión de esta naturaleza, creo que el entorno, la lógica, la filosofía, la historia, revelan que la medida obedece más a grados de improvisación. No hay una evaluación, no se apunta a los objetivos que, desde mi perspectiva, siempre deben encontrarse en materias del ámbito público.
En consecuencia, no voy a aprobar el proyecto.
He dicho.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.

--Por 24 votos a favor, 3 en contra y dos abstenciones, se aprueba la idea de legislar, dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Escalona, Espina, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Coloma, Kuschel y Larraín (don Carlos).
Se abstuvieron los señores Prokurica y Walker (don Ignacio).
El señor ESCALONA (Presidente).- No es posible fijar plazo para presentar indicaciones, porque no tenemos quórum.

Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIÓN DE OFICIO

El señor LABBÉ (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa una petición de oficio.

El señor ESCALONA (Presidente).- Se le dará curso en la forma reglamentaria.
)------------(
--El oficio cuyo envío se anuncia es el siguiente:
De la señora ALVEAR:
Al señor Alcalde de Las Condes, a fin de que se informe sobre FALLA ESTRUCTURAL DE PASARELA ENTRE PARQUES ARAUCANO Y JUAN PABLO II.
)-----------(
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Partido Por la Democracia, Radical Social Demócrata, Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Independientes, Socialista y Demócrata Cristiano, ningún señor Senador interviene.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro, por el Comité Movimiento Amplio Social.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, le concedo una interrupción al Senador señor Prokurica con cargo a su tiempo.

El señor ESCALONA (Presidente).- El Comité Renovación Nacional no intervino cuando le correspondió su turno.


SITUACIÓN DE PUEBLO SAHARAUI. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, deseo referirme al caso del pueblo saharaui, el único de origen árabe y habla hispana, el cual, como es sabido, estuvo colonizado por España hasta 1975, año en que su territorio fue ocupado nuevamente, esta vez por el reino de Marruecos.
Desde ese momento, su único representante, el Frente Polisario, ha luchado contra la ocupación y por la liberación nacional, y ha logrado el reconocimiento del Sahara Occidental como "territorio no autónomo", por lo que opera en Naciones Unidas la Resolución 1514, que consagra importantes mecanismos de descolonización.
En 1976, el Frente Polisario declaró la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática, actualmente miembro de la Unión Africana y reconocida por más de 50 Estados.
En estos momentos, el reino de Marruecos se registra en una lista negra internacional como uno de los países donde se practica la tortura, donde tiene lugar la desaparición de personas y donde el colonialismo aún es defendido como política de Estado isla, sin que siquiera pertenezca a la Unión Africana.
Debemos decirlo: los gobiernos de la Concertación no tuvieron los pantalones bien puestos respecto de la situación saharaui. El 30 de noviembre de 1999, el Ministro de Relaciones Exteriores de entonces, señor Juan Gabriel Valdés, envió una carta al Canciller saharaui para manifestarle la intención de Chile de reconocer a la RASD, lo que no se ha concretado aún por presiones indebidas del reino de Marruecos.
No entiendo por qué un pueblo que ha sufrido una invasión, la tortura, la desaparición de personas, el colonialismo y graves vulneraciones a los derechos humanos tiene vedado en Chile el legítimo reconocimiento de su independencia, de su soberanía, la que ha sido usurpada, no porque lo diga el Senador que habla, sino porque es la convicción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, expresada en más de 50 resoluciones. Cabe señalar que existe una misión especial de la ONU para el Sahara Occidental: la MINURSO.
El Gobierno de Derecha, que ha sido profundamente errático en su política internacional, como lo prueba la conducción a puertas cerradas y con énfasis en lo económico de nuestras relaciones con Latinoamérica, bien podría reconocer de una vez al oprimido pueblo saharaui.
En Francia, el Presidente François Hollande, como socialista de verdad, garantiza un gesto político respetuoso de los derechos fundamentales del pueblo saharaui, contrariamente a lo que hizo Sarkozy, quien, mientras proclamaba los principios de la Revolución Francesa, se oponía a una mayor fiscalización de la ONU.
Hemos dado el ejemplo de que en la Cámara de Diputados se han aprobado acuerdos como el Nº 134, de 4 de agosto de 2010, mediante el cual se pidió al Presidente de la República reconocer "definitivamente" a la RASD y establecer inmediatas relaciones diplomáticas. Ello fue votado a favor por cinco Diputados de la UDI y dos de Renovación Nacional, lo que prueba la transversalidad de la causa.
En el Congreso Nacional se registra ahora la solidaridad de ciertos Honorables colegas con Marruecos, lo que no critico. Lo que estos no entienden, eso sí, es que, al apoyar los intereses de ese país, ello incluye lo mismo que se le ha reprochado a Pinochet: la tortura. Tenemos, entonces, Senadores defendiendo elementos de esta naturaleza en contra del pueblo saharaui, lo que también comprende la desaparición de personas, la celebración de juicios falsos, la existencia de presos políticos.
Al que lo dude le sugiero examinar el último informe del Comité contra la Tortura, de las Naciones Unidas, de fecha 21 de diciembre de 2011, que supervigila el cumplimiento de la Convención contra la Tortura en el caso de Marruecos. El documento señala lo siguiente: "El Comité observa con preocupación que la Ley Nº 03-03 de 2003 de lucha contra el terrorismo no contiene ninguna definición precisa del terrorismo, a pesar de que lo exige el principio de legalidad de las infracciones". "El Comité está preocupado por las numerosas denuncias de tortura y malos tratos cometidos por los agentes de policía, los funcionarios de prisiones". Se agrega que "el Comité sigue estando preocupado por las denuncias de que Marruecos ha servido de punto de salida, de tránsito y de destino para `traslados secretos' realizados fuera de todo marco legal". "El Comité está preocupado por las denuncias recibidas sobre la situación imperante en el Sahara Occidental, donde, al parecer, las fuerzas del orden y las fuerzas de seguridad marroquíes someten a las personas sospechosas a detenciones y encarcelamientos arbitrarios, a encarcelamientos en régimen de incomunicación y en lugares secretos, a torturas y malos tratos, a la extracción de confesiones mediante la tortura, a desapariciones forzadas y al uso excesivo de la fuerza.". "Inquieta particularmente al Comité no haber recibido hasta la fecha información alguna en el sentido de que se haya condenado a ningún responsable de un acto de tortura". "Le preocupa constatar que la confesión sirve de base de numerosas condenas penales, incluso en casos de terrorismo, lo que crea condiciones que pueden favorecer la utilización de la tortura y de los malos tratos contra el sospechoso".
No se trata de propaganda saharaui, señor Presidente.
En medio de este oscuro panorama, Marruecos puso fin unilateralmente el 17 de mayo a la labor de Christopher Ross, enviado personal del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, para resolver el conflicto del Sahara Occidental, en virtud de que incluyó en su informe al Consejo de Seguridad que ese país "ha puesto en peligro el carácter confidencial de las comunicaciones entre el cuartel general de la MINURSO y Nueva York" y que "la presencia de la policía marroquí fuera del complejo desalienta a los visitantes de acercarse a la MINURSO, en su calidad de entidad independiente".
No es posible que ello lo estemos defendiendo. ¡No podemos avalar la actuación de Marruecos contra el pueblo saharaui! Nos haría bien, como país, desmarcarnos de esta grave mancha en nuestra política internacional, castrada, miope, la cual apoya, con su silencio, lo indecible. Por ello, emplazo a dar verdaderas señales de apertura, de pensamiento democrático, garantista y protector de la dignidad humana, no solo en el discurso, sino también en la acción.
El Gobierno, encabezado por el Presidente Piñera, tiene la gran oportunidad de establecer relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática, del mismo modo que las mantiene con Marruecos. No se pide nada especial. Se solicita igualdad, equilibrio.
Las relaciones comerciales con este último país no sobrepasan los 600 mil dólares de intercambio. No media una razón económica, sino solo de naturaleza política.
Más de 50 países de África reconocen a los saharauis, que ejercen la Vicepresidencia de la Unión Africana. Y la mayoría de las naciones latinoamericanas también lo han hecho, entre ellas Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Uruguay.
En consecuencia, pido que se oficie al Presidente de la República y al Canciller, señor Alfredo Moreno, para solicitar que se reconozca a la RASD y se recoja la voluntad de innumerables peticiones en tal sentido del Congreso de la República, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.
Formulamos tal planteamiento con gran humildad, pero también con la máxima convicción de que estamos aportando a un proceso de libertad, de fin del colonialismo que Marruecos ejerce hoy día en contra de la República Árabe Saharaui Democrática.
El Frente Polisario luchó por la vía de las armas, pero las depuso y pactó la paz en busca de una salida democrática.
He tenido la posibilidad de estar al menos en tres ocasiones con Mohamed Abdelaziz, Presidente de la RASD.
He participado en su Congreso y he conocido el sufrimiento del pueblo saharaui.
Me encontré con la enorme sorpresa de que allí los niños -que hablan español, por cierto- conocen Chile y América Latina, porque las raíces hispanas los han llevado a acercarse también a nuestro continente.
Muchos adolescentes y estudiantes universitarios no comprenden por qué nuestro país se niega aún al reconocimiento.
Insisto en que pedimos igualdad: solo que la RASD tenga el mismo reconocimiento que el reino de Marruecos. Estamos en deuda con la República Árabe Saharaui Democrática y con el Frente Polisario. Espero que el Primer Mandatario pueda saldarla con la medida que expongo y la apertura de una embajada de la RASD en Chile.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor ESCALONA (Presidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:32.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción