REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 360ª
Sesión 48ª, en martes 11 de septiembre de 2012
Ordinaria
(De 16:16 a 19:22)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR CAMILO ESCALONA MEDINA, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Felipe Larraín Bascuñán; Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau; de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes, y de Educación, señor Harald Beyer Burgos.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:16, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ESCALONA (Presidente).- Las actas de las sesiones 45ª, ordinaria, en 4 de septiembre, 46ª, especial, y 47ª, ordinaria, ambas en 5 de septiembre del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor ESCALONA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que hace presente la urgencia, calificada de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que ajusta normas del Estatuto del Personal de Gendarmería de Chile, en materias de requisitos de ingreso y de promoción de cargos en las Plantas de Oficiales Penitenciarios y de Suboficiales y Gendarmes (boletín N° 8.563-07).
Asimismo, con el mismo documento retira y hace presente la urgencia, en carácter de "suma", al proyecto que modifica la ley N° 20.378, que crea un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros, para incrementar los recursos del subsidio y crear el fondo de apoyo regional (FAR) (boletín N° 8.289-15).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cinco de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que prestó su aprobación a la enmienda propuesta por esta Corporación al proyecto de ley que aumenta las subvenciones del Estado a los establecimientos educacionales (boletín Nº 8.070-04).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Con los tres siguientes informa que dio su aprobación a los siguientes proyectos de ley:

1.- El que fortalece el carácter variable del impuesto específico sobre los combustibles de uso vehicular a objeto de reducir el impacto de alzas en los precios de dichos combustibles (boletín N° 8.302-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Hacienda.

2.- El que modifica el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, a fin de crear una nueva instancia para la calificación y clasificación de su personal de nombramiento institucional (boletín N° 8.501-25).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

3.- El que incentiva la inclusión de discapacitados al mundo laboral y modifica la ley N° 20.422, para establecer la reserva legal de empleos para personas con discapacidad (boletines Nos 7.025-31 y 7.855-13, refundidos).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Con el último expresa que acordó designar a los miembros de la Comisión de Hacienda de dicha Corporación para que integren la Comisión Especial Mixta que deberá informar el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2013.
--Se toma conocimiento y se remite el documento a la referida Comisión Especial Mixta.
Dos de la Excelentísima Corte Suprema:
Emite su parecer, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, respecto de los siguientes asuntos:

1.- Proyecto que modifica la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica (boletín N° 8.466-07) .

2.- Proyecto que establece la quiebra como causal de término del contrato de trabajo y adecua normas de otras leyes (boletín Nº 8.492-13).
--Se toma conocimiento y se manda agregar los documentos a sus respectivos antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva dictada en el ejercicio del control de constitucionalidad del proyecto que amplía el plazo que se concedió a los sostenedores de establecimientos educacionales para ajustarse a las exigencias prescritas en el literal a) del artículo 46 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2010, del Ministerio de Educación (boletín N° 8.191-04).
--Se toma conocimiento y se envía el documento al archivo junto a sus antecedentes.
Remite copia autorizada de las resoluciones recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
a) Artículos 206 del Código Civil y 5° transitorio de la ley N° 19.585, que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación.
b) Artículo 277, inciso segundo, del Código Procesal Penal.
c) Artículo 132, incisos undécimo y duodécimo, en relación con los artículos 63, inciso segundo, y 64 del Código Tributario.
d) Artículo 1° de la ley N° 18.413, que sustituye, por el año 1985, el sistema de reajuste de pensiones; modifica el sistema de subsidio de cesantía y las normas tributarias y presupuestarias que indica.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Envía copia autorizada de las sentencias definitivas dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 206 del Código Civil y 5° transitorio de la ley N° 19.585, que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación.
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.
Del señor Ministro de Defensa Nacional:
Remite informe del señor Secretario General de la Armada sobre un incidente ocurrido el viernes 6 de julio pasado entre pescadores artesanales, por la irrupción de embarcaciones pertenecientes a la comuna de Talcahuano en aguas de la Región del Maule, al norte de la comuna de Cobquecura, materia consultada en nombre de la Senadora señora Rincón.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Informa, ante consulta cursada en nombre del Senador señor Bianchi, acerca de la adecuación del reglamento para agilizar la conversión de vehículos comerciales y livianos sin previo examen por el Centro de Control y Certificado Vehicular.
Del señor Ministro de Energía:
Atiende solicitud de información, requerida en nombre del Senador señor Navarro, relativa a la capacidad y potencia de la planta termoeléctrica Santa María, en la comuna de Coronel, y a la fecha en que ella entró en operación comercial.
De la señora Ministra del Medio Ambiente:
Da respuesta a petición de antecedentes, expedida en nombre del Senador señor Navarro, referente al ingreso, por parte de la empresa Biosigma S.A., de algún proyecto o actividad al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Del señor Subsecretario para las Fuerzas Armadas:
Remite oficio reservado del señor Comandante en Jefe de la Armada, con el que atiende petición, formulada en nombre de la Senadora señora Allende, relativa a provisión de petróleo y otros hidrocarburos, proveedores y montos de los contratos de adquisición, y adjunta copia de los celebrados durante los años 2010, 2011 y 2012.
Del señor Subsecretario General de la Presidencia:
Atiende solicitud, formulada en nombre del Senador señor Letelier, sobre factibilidad de una iniciativa legal relativa a mecanismo de regularización tributaria de inversiones para crear un fondo de reconstrucción y preservación del patrimonio de valor histórico y de la vivienda rural, materia que se ha consultado al señor Ministro de Hacienda.
De la señora Directora de Bibliotecas, Archivos y Museos:
Da respuesta a petición, enviada en nombre del Senador señor Prokurica, acerca de posibilidad de instalar, en los terrenos superficiales de la mina San José, un museo histórico que recuerde los acontecimientos sucedidos en aquel lugar.
De la señora Vicepresidente Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
Responde petición de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor Bianchi, referente al número de establecimientos irregulares que funcionan como sala cuna o jardín infantil; cantidad estimada de niños que concurren a ellos; protocolos de fiscalización aplicables, y total de infracciones o denuncias informadas por los órganos fiscalizadores.
Del señor Secretario del Consejo de Monumentos Nacionales:
Remite copia informativa del oficio que comunica la aprobación del proyecto "Estacionamientos Subterráneos Plaza de la Justicia de Santiago", en la zona típica Plaza de Armas, Congreso Nacional y su entorno, en la comuna de Santiago.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que requiere el acuerdo del Senado para nombrar a los señores Roberto Guerrero Valenzuela, Hernán Viguera Figueroa y Rodolfo Andrés Baier Esteban integrantes del Consejo Nacional de Televisión, por el término de 8 años (boletín Nº S 1.509-05) (con la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política de la República).
Segundos informes de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal y modifica la ley N° 20.027 (boletín Nº 7.898-04) (con urgencia calificada de "suma").
Segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que enmienda la ley N° 20.599, que regula la instalación de torres soporte de antenas emisoras (boletín N° 8.366-15) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para tabla.
Mociones
Del Senador señor Chahuán, con la que inicia un proyecto de ley que autoriza erigir un monumento conmemorativo de las víctimas del tsunami que afectó la playa de Llolleo el 27 de febrero de 2010 (boletín N° 8.581-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Del Senador señor Navarro, con la que da inicio a un proyecto que modifica la ley Nº 18.700, en materia de publicidad electoral, con el objeto de explicitar el partido político al que pertenece el candidato (boletín N° 8.583-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
De los Senadores señores Girardi, Chahuán, Rossi, Ruiz-Esquide y Uriarte, con la que inician un proyecto de ley que sanciona la comercialización del hilo "curado" (boletín N° 8.576-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
Del Senador señor Chahuán, con la que da inicio a un proyecto de reforma constitucional que establece como deber del Estado la protección y conservación del patrimonio nacional y, asimismo, el derecho al acceso público a los bienes que lo conforman (boletín N° 8.582-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
De los Senadores señores Girardi, Chahuán, Letelier, Quintana y Uriarte, con la que inician un proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet (boletín N° 8.584-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señora Alvear y señor Chahuán, con la que proponen un proyecto que modifica el artículo 116 de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el fin de proporcionar locomoción colectiva gratuita para los electores en el día en que se celebre un acto electoral.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo disponen el inciso tercero y el número 2 del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señor Bianchi, señoras Alvear, Pérez San Martín y Rincón y señores Letelier, Muñoz Aburto y Walker, don Ignacio, con el que piden a Su Excelencia el Presidente de la República el envío de una iniciativa de ley que otorgue el derecho a cuota mortuoria a las mujeres perceptoras del bono por hijo nacido vivo que se encuentran en las situaciones que indica (boletín Nº S 1.514-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
Solicitudes de permiso constitucional
De los señores Senadores individualizados a continuación, para ausentarse del territorio de la República a contar de la fecha que en cada caso se señala:
Del Senador señor García, desde el 9 del mes en curso.
Del Senador señor Zaldívar, desde el 10 del presente mes.
Del Senador señor Patricio Walker, a contar del 11 del mes en curso.
--Se accede a lo solicitado.
Comunicaciones
De la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina:
Remite copia de la Declaración de Ushuaia, referida a la cuestión Malvinas, aprobada el 21 de marzo pasado por esa Corporación Legislativa.
--Se toma conocimiento.
Del señor Presidente del Parlamento Andino:
Adjunta ejemplares de la recomendación N° 113, sobre Lineamientos Estratégicos de Convivencia, Seguridad y Participación Ciudadana, y de la decisión N° 1.103, sobre el Parlamento Suramericano y la Integración de América del Sur, aprobadas en su XLI Período de Sesiones, realizado los días 27, 28 y 29 de agosto pasado, en las ciudades de Quito y Guayaquil, República del Ecuador.
--Se toma conocimiento.
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones:
Informa, para los efectos del artículo 132 del Reglamento de la Corporación, el retiro por el Senador señor Chahuán del proyecto que modifica la Ley de Tránsito con el objeto de prohibir la instalación de dispositivos que alteren la potencia original de los vehículos (boletín N° 8.444-15).
--Se tiene por retirado.
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la Cuenta.

MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN CHILE

El señor ESCALONA (Presidente).- Señoras Senadoras y señores Senadores, por acuerdo unánime de Comités, se rendirá un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de la violencia política en Chile.
--La Sala guarda un minuto de silencio.
El señor ESCALONA (Presidente).- Gracias.



ACUERDOS DE COMITÉS

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En sesión de hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Incorporar en el primer lugar de la tabla de la sesión ordinaria de hoy el proyecto que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal y modifica la ley Nº 20.027 (boletín Nº 7.898-04).

2.- Citar a sesión especial para mañana, de 13 a 14, a fin de tratar la solicitud de Su Excelencia el Presidente de la República mediante la cual pide el acuerdo del Senado para nombrar tres integrantes del Consejo Nacional de Televisión (boletín Nº S 1.509-05).
3.- Rendir homenaje, al inicio de la sesión ordinaria del miércoles 3 de octubre, a los señores Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia 2012, y Ricardo Uauy, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2012; y al comienzo de la sesión ordinaria del miércoles 10 de octubre, al señor Mario Kreutzberger.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, sé que hubo un acuerdo de Comités en orden a rendir un minuto de silencio por las víctimas de la violencia política. Del mismo modo, creo que sería un bonito gesto hacer lo propio por el reciente fallecimiento de Raquel Correa y de Sergio Livingstone.
Gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se procederá.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE RAQUEL CORREA PRATS Y SERGIO LIVINGSTONE POHLHAMMER

El señor ESCALONA (Presidente).- Pido a la Sala guardar un minuto de silencio en memoria de Raquel Correa y de Sergio Livingstone.
--La Sala guarda un minuto de silencio.

El señor ESCALONA (Presidente).- Muchas gracias.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra, sobre la Cuenta, la Senadora señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, pido que se oficie al Ejecutivo para que otorgue su patrocinio a la moción que presenté junto con el Senador señor Chahuán, declarada inadmisible, la cual busca modificar el artículo 116 de la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el fin de proporcionar locomoción colectiva gratuita para los electores el día en que se celebre un acto electoral.

El señor BIANCHI.- Está muy bien.

El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio requerido.
--Así se acuerda.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Uriarte.

El señor URIARTE.- Señor Presidente, pido autorización para que la Comisión de Salud sesione en paralelo con la Sala a partir de las 17, a fin de tratar el proyecto de ley que sanciona la comercialización del hilo "curado".

El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Se autoriza.
V. ORDEN DEL DÍA



OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS A DEUDORES DE CRÉDITO CON GARANTÍA ESTATAL


El señor ESCALONA (Presidente).- Conforme a los acuerdos de Comités, corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal y modifica la ley N° 20.027, con segundos informes de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7898-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 92ª, en 31 de enero de 2012.
Informes de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 37ª, en 31 de julio de 2012.
Hacienda: sesión 37ª, en 31 de julio de 2012.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (segundo): sesión 48ª, en 11 de septiembre de 2012.
Hacienda (segundo): sesión 48ª, en 11 de septiembre de 2012.
Discusión:
Sesión 38ª, en 1 de agosto de 2012 (se aprueba en general).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 1 de agosto de 2012.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 1º y los numerales 2), 3), 4) y 5) del artículo 2º no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. En consecuencia, estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite la discusión y votación de una o más de ellas.
--Se aprueban reglamentariamente.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Educación, además, efectuó una serie de enmiendas al texto aprobado en general, las que acordó por unanimidad, con excepción de dos de ellas, que serán puestas en discusión y votación oportunamente.
Por su parte, la Comisión de Hacienda aprobó en los mismos términos el texto despachado por la de Educación.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión o existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Educación, y el texto final resultante, de aprobarse dichas modificaciones.
Por consiguiente, correspondería efectuar tres votaciones: la de las enmiendas aprobadas por unanimidad en la Comisión de Educación y las de las dos modificaciones acogidas por mayoría, por registrar una abstención.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión particular.

Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, deseo resaltar la importancia del proyecto que se somete a la consideración de la Sala.
Teniendo presente que este es un tema muy sustantivo desde el punto de vista de la discusión habida el último año y medio, dejo constancia de que Gobierno y Oposición hemos concordado separar el tratamiento del futuro sistema de financiamiento de la educación superior en Chile -respecto de ello existe una iniciativa específica que requiere más debate, y nos parece muy pertinente debatirla en su propio mérito, sin apuros, en una perspectiva de futuro- del proyecto en análisis, sobre crédito con aval del Estado, propuesta que busca exclusivamente aliviar la mochila financiera que pesa sobre estudiantes y familias -sobre todo, de clase media-, debido al uso del crédito con aval del Estado, instaurado, como sabemos, el 2006, y que permitió a 480 mil jóvenes acceder a la educación superior.
Recordemos que, en ese ámbito, hoy día, del millón 100 mil alumnos, 480 mil pudieron ingresar en su momento a través del crédito con garantía estatal, del 2006, al igual que otros 106 mil, con el crédito CORFO, el primero en su tipo, creado el año 1997. Es decir, sumando ambos, estamos hablando de cerca de 600 mil jóvenes que tuvieron posibilidad de financiamiento y, en consecuencia, acceder a la educación superior universitaria y a la no universitaria.
Esa es la buena noticia, el lado luminoso de la luna. Sin embargo, el lado oscuro de ella significó un sobreendeudamiento de esos jóvenes y sus familias, en especial de clase media, sobre la cual pesa fuertemente tal mochila financiera.
Como se sabe, en los créditos CORFO la tasa de interés oscilaba entre 8 y 9 por ciento. Pero, ¡ojo!, porque el Estado prestaba a los bancos -los que realizaban la operación- a una tasa de 3,5 por ciento, y estos daban créditos al 8 o 9 por ciento, no obstante que el del aval del Estado llegaba a 5 o 6 por ciento.
Por lo tanto, lo que hace este proyecto -aparte de resolver problemas pretéritos, separados de la discusión que hacia delante deberemos sostener sobre el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior- es rebajar la tasa de interés del crédito con aval del Estado a 2 por ciento -lo que parece del todo razonable-, y permitir que el pago sea contingente al ingreso; es decir, una vez que el egresado obtenga su título técnico o profesional y acceda a un trabajo remunerado, pague entre 5 y 10 por ciento, como máximo, del sueldo que perciba, lo que obviamente no solo aliviará esa mochila financiera, sino que posibilitará servir de manera razonable lo prestado.
En consecuencia, como integrante de la Comisión de Educación, me parece que estamos adoptando medidas adecuadas que beneficiarán a 365 mil alumnos. Al respecto, debo dejar constancia de que el representante de la Agrupación de Endeudados del Crédito con Aval del Estado, cuando fue a dicho órgano de estudio, manifestó que celebraba y aplaudía la aprobación prácticamente unánime respecto de la sustancia del proyecto, que, sin duda alguna, implicaba un alivio para los deudores.
Queda pendiente lo relativo a las condiciones del crédito CORFO. Pero entiendo y elogio que la Comisión de Hacienda haya conseguido del Gobierno que, antes del 5 de octubre próximo, proponga una solución al respecto, ya sea en el proyecto de Ley de Presupuestos o en otra iniciativa, para los 106 mil alumnos endeudados que pagan una tasa de interés muy elevada.
Por lo tanto, ahora nos encontramos discutiendo el crédito con aval del Estado (CAE). El problema generado en el pasado se intenta solucionarlo bajando el interés a 2 por ciento y permitiendo el pago de manera contingente al ingreso, todo lo cual debiera apuntar a futuro al sistema de financiamiento único e integrado de becas y créditos, lo que, por lo demás, fue lo que propusimos los cuatro partidos políticos de la Concertación el 2 de agosto del año pasado.
Pero esto es harina de otro costal -insisto-, por cuanto discutiremos en su propio mérito tal materia cuando veamos el proyecto de ley respectivo, uno de cuyos aspectos centrales será el de los aranceles, historia por todos conocida a raíz de las diferencias entre el arancel real y el de referencia.
En consecuencia, esperamos que haya espacio y tranquilidad para debatir de manera inteligente, técnicamente fundada y financieramente sustentable, lo que ha de ser el sistema de financiamiento de la educación superior.
Beca, crédito, arancel y acreditación son las cuatro patas de esta mesa que debemos estibar para lograr un buen resultado para el país.
Por tales razones, me alegro mucho, y reconozco que en el Gobierno -especialmente en el Ministro señor Harald Beyer- haya la disposición a buscar un acuerdo en esta iniciativa, que en la Oposición hemos concurrido a acoger.
Por eso, votaré a favor.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, deseo plantear dos cosas.
La primera es que, en lo formal, estimo que debe votarse el informe de la Comisión de Hacienda, el último emitido, el cual abarca no solo materias específicas de Hacienda, sino todos los aspectos de la iniciativa, por ser de su competencia. La ventaja de lo anterior es que las cuatro enmiendas introducidas al proyecto fueron aprobadas por unanimidad, por lo cual podrían votarse en conjunto y sin discusión. Pero como se trata de algo muy simple, me da lo mismo como sea el pronunciamiento.
La segunda se refiere a que, como señaló el Senador señor Ignacio Walker, en la Comisión de Hacienda, a través del Ministro de Educación, el Gobierno tomó el compromiso de proponer antes del 5 de octubre una fórmula de solución para los deudores del crédito CORFO.
Eso no estaba incluido en la iniciativa que nos ocupa, relacionada con la renegociación y beneficios para los deudores del crédito con aval del Estado, pero despertaba interés en todos los miembros de la Comisión que quienes suscribieron el crédito CORFO pudieran ver resuelto el problema de su endeudamiento.
Eso es cuanto puedo informar respecto de la tramitación que dio la Comisión de Hacienda al proyecto.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, la había pedido solo para señalar lo que acaba de explicitar el Senador señor Novoa, en el sentido de que el Gobierno asumió el compromiso de enviar una propuesta, a más tardar el 5 de octubre, para los deudores del crédito CORFO, alrededor de 106 mil estudiantes.
Pero el punto ya fue aclarado.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, creo que con la aprobación de este proyecto de ley vamos a dar una muy buena noticia a esos 365 mil estudiantes -casi 400 mil ya a estas alturas- y sus familias, de clase media, que están esperando un alivio en el gasto en que debieron incurrir para acceder a la educación superior.
Hasta este momento hemos contado -lo señaló el Senador señor Ignacio Walker- con un sistema que, si bien por un lado ha permitido el ingreso a muchos alumnos a la educación superior, por el otro generó una carga de deudas muy importante y pesada para gran cantidad de familias de clase media, conforme a un procedimiento que se ha caracterizado por ser profundamente discriminatorio.
En efecto, en el sistema vigente, algunos estudiantes pertenecientes a familias de esfuerzo, de clase media o de pocos recursos, deben pagar montos distintos para acceder a la educación superior.
De un lado, quienes postulan hoy día al Fondo Solidario obtienen una tasa de interés del 2 por ciento, y el pago del préstamo es contingente al ingreso; y del otro, los que cancelan un crédito con garantía estatal, una tasa del 6 por ciento -o sea, bastante más alta-, sin contingencia al ingreso.
Pero, además, está el mecanismo de los créditos CORFO, donde se aplica una tasa de 9 por ciento, que incluso ha provocado embargos por falta de pago.
Por lo tanto, actualmente nos encontramos ante un régimen altamente discriminatorio. Por eso me alegro de que, paso a paso, el Gobierno del Presidente Piñera esté logrando dar solución concreta a esas miles de familias que cargan con una mochila en extremo pesada.
El proyecto que nos ocupa -aprobado con apoyo transversal en las Comisiones de Educación y de Hacienda en forma unánime- permite una verdadera reprogramación o solución directa a los deudores del crédito con aval del Estado, lo que mi juicio, es de toda justicia, porque en enero de este año aprobamos en el Congreso una reprogramación para los del Fondo Solidario. Por lo tanto, también merecen igual solución -así fue considerado por los Senadores de los distintos partidos políticos, en forma transversal- los estudiantes que accedieron a la educación superior con crédito con aval del Estado.
La iniciativa en debate genera una situación de mayor igualdad al bajar la tasa de interés del crédito con garantía estatal al 2 por ciento y al aplicar al pago la contingencia al ingreso; es decir, solo pagarán ese préstamo -como ocurre hoy día con el Fondo Solidario- los egresados de educación superior con trabajo, lo cual resulta sumamente importante, porque muchas veces el monto de la cuota del crédito es superior a sus ingresos.
Lo anterior va a significar para esos 365 mil estudiantes, que al momento de pagar la cuota mensual de su crédito va a disminuir al 40 por ciento.
Esta es una muy buena noticia que estamos dando a esos miles de jóvenes y una nueva muestra de que, cuando logramos conversar y ponernos de acuerdo, sacamos adelante leyes importantes, sumamente concretas y que llevan alivio a los chilenos.
Esta es una parte de la solución y viene a resolver el problema de profunda discriminación que hay en el sistema de financiamiento de la educación superior, pero solo hacia atrás, por lo cual tenemos el desafío de resolverlo hacia el futuro.
Por lo tanto, espero que igualmente avancemos, en forma rápida y contundente, en la aprobación del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, a fin de que demos una buena noticia y también certeza -¡sobre todo, certeza!- a esas miles de familias que deben adoptar la decisión de si sus hijos ingresan o no a la educación superior.
Espero que en un par de meses sea factible dar esa buena noticia a todo Chile.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, sin duda, el despacho del proyecto en debate es una noticia muy esperada por varios cientos de miles de estudiantes y sus familias; por esos 365 mil jóvenes que accedieron a un crédito con aval del Estado. En su momento se consideró una buena herramienta para posibilitar el ingreso a la educación superior de los hijos de familias vulnerables conceder un crédito otorgado en unidades de fomento y con una tasa de interés de 6 por ciento anual.
Quiero llamar la atención respecto a lo que ocurrió con ese crédito, en el que, en definitiva, por no haberse podido pagar, las cuotas y los intereses se acumularon, resultando imposible de cumplir.
Es decir, los bancos hicieron un buen negocio y las familias quedaron sobreendeudadas.
¡Qué bueno que el Gobierno haya acogido la idea de una reducción sustantiva, a 2 por ciento, de la tasa de interés anual! Pero el monto de la deuda se mantiene siempre en unidades de fomento. ¡Y qué bueno que igualmente se vaya a considerar el nivel de ingreso de los deudores, de modo que si la nueva cuota es superior al 10 por ciento de aquel, puedan acogerse al beneficio de pagar solo hasta dicho porcentaje y cumplir así con la obligación!
Lo anterior implicará que, una vez aprobada la futura ley, una cuota del orden de los 30 mil pesos va a bajar a 12 mil. Se trata de una rebaja significativa.
No obstante, deseo llamar la atención hacia el hecho de que el proyecto no resuelve por completo el problema del endeudamiento estudiantil.
El texto propuesto ha venido madurando desde hace varios meses, tiempo durante el cual se tuvo conocimiento de que los deudores CORFO enfrentan igual situación. Por eso, no veo motivo para que no se haya fijado un procedimiento y condiciones similares con relación a las 106 mil familias que lo están sirviendo también con altos intereses. Tales familias no ameritan que se les dé un trato distinto. Ante una misma situación, debe haber la misma disposición.
Hemos incurrido en una discriminación odiosa entre los deudores de crédito con aval del Estado y los de crédito CORFO, dado que ambos fueron concedidos con platas fiscales.
Esperamos que la corrección de estos últimos llegue pronto, porque también merecen que se les apliquen menores tasas de interés.
Deseo hacer la siguiente reflexión: en la Comisión de Economía, hemos estado debatiendo por largo tiempo -espero que mañana se despache definitivamente- un proyecto para bajar el techo de tolerancia de las tasas de interés.
En Chile, la tasa de interés máximo convencional es excesiva. Me refiero a la tasa máxima de 56 por ciento que se aplica a muchos créditos.
¡Si las familias deudoras de créditos educacionales no han podido pagar por habérseles aplicado tasas del 9 por ciento, las que, por estar expresadas en unidades de fomento, llegan a 15 por ciento, con mayor razón muchísimas personas que en la actualidad se hallan endeudadas no podrán solventar intereses del orden de 56 por ciento!
Por eso, saludo la decisión de presentar la iniciativa en debate e igualmente saludo el consenso logrado en la Comisión de Economía en cuanto a establecer un techo más justo y decente respecto de los créditos generales en el país. Pienso que, de esta manera, estaremos haciendo justicia a quienes se encuentran sobreendeudados.
Espero que el nuevo sistema de financiamiento universitario que se creará no condene a las familias a tener que sobreendeudarse para mantener a sus hijos en la educación superior.
De eso se trataba el ajuste tributario. Ojalá que el desafío de efectuar una reforma real nos permita contar con políticas públicas que faciliten el acceso a cualquier carrera de la educación superior o a la universidad tanto a los alumnos de mayores recursos como a los que tienen menos y que poseen gran capacidad.
Por lo tanto, votaré a favor, con el desafío al Gobierno de que envíe pronto al Congreso el proyecto que posibilite hacer justicia con los deudores CORFO.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, valoro que el movimiento estudiantil, producto de una demanda que fue creciendo, fuera capaz de emplazar al país a cambiar los mecanismos de financiamiento de la educación para resolver las situaciones de sobreendeudamiento. Le expreso mis felicitaciones por tal logro.
Soy uno de los convencidos de que se procede bien cuando las instituciones escuchan a la gente.
Este asunto no se encontraba en la agenda. Se incluyó en ella gracias al maravilloso movimiento estudiantil de jóvenes que están planteando una profunda reforma al modelo educacional chileno.
Sin perjuicio de que hay otros asuntos pendientes, deseo señalar lo siguiente: no entiendo por qué a 106 mil jóvenes que se sienten estafados por las condiciones del crédito CORFO -muchos de ellos están siendo objeto de remates o de embargos- el Gobierno no les ha dado una respuesta, a fin de dejarlos en situación de igualdad, como se solicitó en el proyecto de acuerdo que el Senado de la República votó y aprobó en forma unánime.
No comprendo por qué esperar hasta el 5 de octubre. Lo único que eso significa es que habrá 106 mil familias tremendamente afectadas, porque es evidente que, con el transcurso del tiempo, ellas deberán incorporarse al mismo sistema.
Los dueños de los créditos son los bancos. Estos se han aprovechado de la sociedad, en buena parte, y han cobrado tasas altas por esos créditos. Así como el Estado tendrá que pagar el diferencial por los créditos CAE, lo mismo deberá hacer por los créditos CORFO. ¡Lo mismo! Entonces, cabe preguntar por qué no se aborda el problema de una vez. No entiendo el porqué de ello.
Y creo que habría sido una buena señal el que estuviera presente en la Sala el Ministro de Hacienda o el de Educación u otro personero en representación del Gobierno.
Si consideran que esto es tan importante, estoy seguro de que van a hacer otra cadena nacional, porque les gusta florearse a cada rato con cosas que se hacen en conjunto y que se atribuyen haberlas realizado solos.
Lo cierto es que ahora no se encuentra presente ningún Secretario de Estado que sea capaz de decir "esta boca es mía" y que ratifique que lo manifestado en la Comisión de Hacienda tiene valor. Lo lamento, porque se supone que esta materia es sumamente relevante para el país y también para el Gobierno. ¡Pero no veo ni siquiera a un Subsecretario que nos acompañe en la discusión de la iniciativa!

El señor SABAG.- ¡Está el Ministro Longueira!

El señor LETELIER.- Aquí está el Ministro Longueira -se encuentra hablando con el Senador Ruiz-Esquide sobre otros temas-; pero este no es su proyecto, por tanto, entiendo que no se hace responsable de él. De lo relativo a los créditos CORFO, en algún momento se hará cargo.
Señor Presidente, quiero manifestar mi inquietud, primero, porque en la Sala no hay nadie del Gobierno que asuma la situación relacionada con los deudores CORFO. Tendremos que pensar, de buena fe, que algo dirán. No lo sé. ¡Hasta el momento no los he escuchado! Y hay muchos deudores CORFO en mi Región y en todas las Regiones del país que se sienten estafados y que esperan alguna respuesta.
Por otra parte, deseo formular tres consultas sobre la iniciativa a los integrantes de las Comisiones de Educación y de Hacienda.
Primero ¿qué pasa con los jóvenes endeudados que se hallan morosos? ¿Cuál es el alcance del concepto "encontrarse al día"? Porque aquí se habla de ello y, a mi juicio, no de forma precisa.
Segundo ¿qué significa que los beneficios "comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2012 y no se aplicarán mientras los deudores se encuentren en mora"? ¿Qué se entiende por "mora"?
Estimo que sería muy útil que se puntualizara lo anterior, porque, si no, después podría surgir la acusación de que hay "letra chica". Es necesario saber qué significa "encontrarse al día" y estar "en mora", para efectos de acogerse a los beneficios del proyecto. Pienso que ello no está claro.
Y, por último, ¿qué pasa con los jóvenes que no pudieron seguir sus estudios? ¿Van a poder pagar su deuda a partir de ahora? ¿Podrán repactarla? Eso no se incluye en lo más mínimo.
Me gustaría que alguien nos pudiese informar al respecto, porque el concepto "repactación" no figura en el texto. Quizás fue planteado en la Comisión de Hacienda. Y no sé si el Ejecutivo se hará cargo de esta inquietud. Pero entiendo que el espíritu del Senado es que las deudas se puedan repactar.
Dejo hasta ahí mis consultas, señor Presidente.
De otro lado, la disminución de la tasa de interés a 2 por ciento, la incorporación del crédito contingente al ingreso y la existencia de un sistema nacional que entregue los préstamos es bueno para el país, y por eso anuncio que vamos a votar a favor del proyecto.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, valoro la iniciativa del Ejecutivo, en la medida que resuelve un problema originado hace algunos años, cuando, para promover el acceso de muchos estudiantes a la educación superior, se creó un crédito con una alta tasa de interés, que ha significado un endeudamiento excesivo para sus beneficiarios.
Eso ha formado parte de las inquietudes de los estudiantes que se han movilizado: el alto nivel de endeudamiento y la grave situación económica que los afecta.
Por tal razón, más allá de cualquier otra consideración, lo primero que se debe hacer es reconocer que aquí hay un avance significativo, porque se favorece a alumnos que ya están con ese crédito en su cuerpo mediante la disminución de su interés de manera considerable, lo cual les permitirá pagar cuotas más cercanas al bolsillo de cualquier ciudadano.
A mi juicio, eso es lo sustantivo: ¡365 mil beneficiarios tendrán una tasa de interés de 2 por ciento, en lugar de 6 por ciento!
Adicionalmente, se agrega el concepto de "contingencia al ingreso", que posibilitará que, si la cuota mensual supera al 10 por ciento de los ingresos que se perciben y, por lo tanto, estos no alcanzan para pagarla, solo se deberá cancelar una cuota equivalente al 10 por ciento de la renta. Y después de transcurrida determinada cantidad de años, se terminará la deuda.
Es decir, se aplican conceptos utilizados en otros créditos, que, lamentablemente, no se consideraron cuando se creó el actual sistema. Con ello se pone fin a tal acto discriminatorio, y eso es positivo.
En segundo lugar, en cierto sentido se trata de una norma transitoria, porque resuelve el problema de quienes están en esa situación, reduciendo el stock de la deuda -en términos económicos o bancarios-, al disminuir su pago. Pero los estudiantes que se sumen a nuevos créditos se incorporarán a un sistema distinto que no va a ser manejado por la banca, sino por organismos del Estado, lo cual permitirá evitar cualquier manipulación o uso indebido de esos recursos o beneficios que pudiera ser considerado negativo por alguien.
En tercer término, aquí se ha planteado que los Ministros han señalado en las Comisiones que sobre el tema pendiente de los deudores CORFO, a quienes se les cobra en forma excesiva y quizás son los más afectados del sistema, el 5 de octubre va a entrar al Congreso un proyecto de ley.
Por lo tanto, también se va a considerar al tercer grupo de endeudados.
En consecuencia, habiéndose resuelto el problema de los estudiantes del Fondo Solidario y abordándose ahora el del CAE, y luego el del crédito CORFO, se terminará de sanear una situación de arrastre que perjudica en forma bastante agresiva a muchos alumnos que por primera vez ingresan a la educación superior.
Se han mencionado, también, algunos aspectos que no me parecen de la mayor relevancia, porque los conceptos de "mora" y "pactación" están definidos en nuestra legislación hace tiempo. Así, no es necesario incorporarlos en el proyecto, pues ya existe una normativa y una práctica que precisan exactamente los alcances de cada uno de ellos.
Señor Presidente, debo manifestar que, pese a que nos encontramos en el debate en particular, se está repitiendo la discusión en general.
Por tanto, solicito que entremos al estudio de las disposiciones que no han sido aprobadas. Porque entiendo que el grueso de ellas fue acogido por unanimidad en la Comisión, y respecto a las que no lo fueron, será necesario zanjar las diferencias a fin de despachar esta iniciativa con rapidez y poder transmitirles una buena noticia a los 365 mil estudiantes chilenos que serán favorecidos en forma significativa con la reducción de sus créditos.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Sostengo el mismo criterio que Su Señoría en cuanto a que nos hallamos en la discusión particular. Sin embargo, no tengo atribuciones para negarles a los señores Senadores el derecho a hacer uso de la palabra.
Corresponde que intervenga ahora la Honorable señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, es cierto que estamos en el debate en particular, pero este tema tiene tal relevancia que no podemos referirnos solamente a lo específico, sino que resulta natural analizar también lo global.
Por lo tanto, deseo reiterar algo que sostuve la vez pasada y que no puedo dejar de mencionar ahora.
Yo pertenezco a una generación que estudió gratuitamente. Por eso, me duele pensar en que nuestro país tiene los aranceles universitarios más caros del mundo, si consideramos el per cápita, y observar el sobrendeudamiento que registran las familias.
Es cierto que nos sentimos orgullosos de poder decir que pasamos del 39 al 52 por ciento de estudiantes que entran a la educación superior. Es decir, tenemos sobre un millón 68 mil alumnos universitarios. Pero, ¿a qué costo? ¿A qué precio? ¡Eso es lo doloroso!
Reitero que vamos a aprobar el proyecto, porque evidentemente queremos beneficiar a esos 365 mil estudiantes. Pero cabe preguntarse, ¿cuánto tiempo -desde 2006 en adelante- han debido pagar sus familias estas altas tasas de interés?
También es verdad que no se entiende qué justificación hubo para fijar intereses tan elevados. Ello terminó transformando el bien que se perseguía, el facilitarles a los jóvenes el llegar a la educación superior, en un sobrendeudamiento o en una mochila muy pesada para ellos y sus familias.
Tampoco se comprende que se hayan fijado tres sistemas de endeudamiento distintos: el Fondo Solidario, con 2 por ciento de interés; el crédito con aval del Estado, prácticamente, con 6 por ciento, y el crédito CORFO, contraído por 105 mil estudiantes.
Aprovecho la oportunidad de que se encuentra en la Sala el señor Ministro de Educación para saludarlo y para decirle que no entendemos que, pese a que le hemos hecho presente esta situación desde hace mucho tiempo, en todos los tonos, y a que hemos aprobado proyectos de acuerdo sobre el particular y expresado lo mismo en la Sala una y otra vez, no hayamos incorporado en esta iniciativa a los estudiantes deudores del crédito CORFO.
¿Por qué debemos esperar hasta el 5 de octubre para que ingrese la iniciativa pertinente? ¡Qué razón justifica posponerlo!
No me quedo satisfecha con la explicación o con las palabras del Ministro de Educación publicadas en la prensa, en cuanto a que esta materia le corresponde a la Cartera de Economía.
¡No, señor!
A mi juicio, el Gobierno tiene que asumir su responsabilidad en este asunto, en la medida que efectivamente quiera enmendar errores, injusticias y diferencias injustificables.
Estamos dispuestos a aprobar el proyecto, porque concordamos en que el Ejecutivo quiera enmendar esos errores que carecen de justificación. Pero cuesta creer que no se legisle ahora en favor de los estudiantes CORFO. Y es dificultoso asumir que deberemos seguir esperando para abordar su situación.
Deseo referirme a otro tema, señor Presidente.
Espero que cuando podamos ver el financiamiento de la educación superior con una mirada más integral, nos sea posible terminar con algunas cosas difíciles de entender.
La diferencia entre el arancel real y el referencial es muy brutal, como ha sido reconocido por el propio Subsecretario de Educación, quien manifestó -cito la parte pertinente del primer informe de la Comisión de Hacienda- que "no existen estadísticas acabadas sobre el particular, que constituye una dificultad real que afecta a muchos estudiantes, cual es la diferencia, no siempre justificada, entre el arancel real y el arancel de referencia de las carreras, que ha propiciado, incluso, la existencia de casos en que los alumnos toman créditos de consumo para financiar la brecha, que en promedio alcanza al 20% en las universidades del CRUCH. Dicho porcentaje ha ascendido en algunos casos a la suma de $400.000 anuales por alumno".
Entonces, señor Presidente, es muy importante que en el futuro nos hagamos cargo de los problemas que venimos arrastrando: los déficits, las diferencias inexplicables, las ganancias -a mi juicio, desmedidas- que aquello ha representado para los bancos. Estos han tenido casi cautivas a las familias, a las cuales recién vamos a lograr reducirles casi en 40 por ciento su deuda.
No hay ninguna duda de que vamos a aprobar este proyecto. Pero deseo que quede constancia del malestar existente por dilatar inmerecidamente, sin justificación -en mi opinión-, la solución del problema derivado de los créditos CORFO.
Y aunque sé que el Ministro de Educación y muchos otros colegas probablemente tienen un pensamiento distinto, vuelvo a reiterar: ¡Eso es posible!
Miremos lo que pasa en la región.
Como señalaba, Chile tiene los aranceles más caros en relación con su per cápita -con esto termino, señor Presidente-, en circunstancias de que en Argentina, en Brasil la educación superior es gratuita. Y nosotros nos damos el lujo de cobrar tasas que van del 6 al 9 por ciento.
Ojalá alguna vez asumamos que la educación es un bien en el cual realmente hay que invertir, lo que debe ser prioritario, y que no tiene mucha justificación lo realizado como país en ese sentido.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Kuschel.

El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, veo que estamos tratando este proyecto en general.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- En particular.

El señor KUSCHEL.- Sí, pero los discursos han sido todos en general, no obstante que debiéramos discutir en particular los puntos que analizó la Comisión de Hacienda esta mañana.
Quiero expresar mi satisfacción por los seis proyectos que el Gobierno tiene en trámite en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, relativos a demandas, a preocupaciones, a necesidades existentes en los distintos niveles de la educación chilena.
Deseo informar también a la Sala que esta mañana el señor Ministro de Educación, don Harald Beyer, nos comunicó que el 5 de octubre el Gobierno entregaría las propuestas concernientes al crédito CORFO, como aquí se ha planteado, ya que en este momento se analizan tres opciones y se evalúa cuál es la mejor y la más conveniente, especialmente desde el punto de vista de los estudiantes.
En cuanto a la presente iniciativa, que otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal, ella comprende dos grandes áreas de ayuda, que recién se pueden considerar. La primera se refiere a una reducción de la tasa de interés, que va del 6 al 2 por ciento anual, para 365 mil alumnos. Y la segunda se relaciona con la incorporación de la contingencia al ingreso; esto es, que una persona, sin importar cuánto reciba, pague hasta el 10 por ciento de su renta.
Esos dos beneficios, como vimos en la Comisión de Hacienda, involucran recursos: la rebaja de la tasa de interés, en régimen, significa un desembolso fiscal de aproximadamente 94 mil 564 millones de pesos anuales; y la contingencia al ingreso, que implica pagar la diferencia cuando el 10 por ciento de la renta, como máximo, no alcance a cubrir la cuota correspondiente, tendrá un costo, en régimen, de 10 mil 514 millones de pesos.
Por las razones expuestas, señor Presidente, expreso mi satisfacción por el avance logrado con los proyectos de educación que se han presentado, y anuncio mi voto favorable.

El señor TUMA.- Señor Presidente, un asunto de Reglamento.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor TUMA.- Deseo solicitar que se abra la votación.

El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, hay varias disposiciones que se deben votar. De modo que no es posible acceder a su petición.

El señor TUMA.- Gracias, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Honorable señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, varios señores Senadores se han referido a los aspectos positivos de este proyecto:
El que se beneficie a estudiantes que hayan accedido al crédito con aval del Estado antes del 31 de diciembre de 2011; el que se rebaje la tasa de interés de 6 a 2 por ciento real anual; el que se permita pagar de manera contingente al ingreso, lo cual, desde luego, es un aspecto muy importante; el que se modifiquen algunas facultades de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores; el que se entreguen facultades a la Tesorería General de la República en materia de cobro; el que se establezca que el deudor comenzará a pagar 18 meses después de egresado de su carrera, son aspectos positivos, en cuyo detalle no voy a entrar pues ya lo vimos en la Comisión.
Y, simplemente, lo que corresponde es aprobar el informe de la Comisión de Hacienda, porque al de la Comisión de Educación ya nos referimos.
Sin embargo, quisiera señalar, señor Presidente -tal como lo dijo la Senadora Isabel Allende-, que la discusión llevada a cabo durante el último tiempo no habría tenido lugar si en Chile existiera gratuidad en la educación.
Aquí, el asunto no es que se haya creado un sistema que contemplara un 6 por ciento de interés, sino que se estableciera que la única posibilidad de abordar la demanda exponencial de nuevos alumnos en los distintos niveles de la educación superior: universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, que ha crecido en la última década como lo hemos observado, radicaba en el endeudamiento.
Hoy día, con las últimas iniciativas, los bancos están saliendo del sistema, pero el régimen crediticio se mantiene tal cual. Por lo tanto, el endeudamiento va a continuar.
Hace poco rato, la Senadora Von Baer señalaba que actualmente no existen solo 365 mil estudiantes endeudados bajo esta misma modalidad, sino muchos más.
Ciertamente, vamos a aprobar este proyecto. Pero quiero ser bien enfático en un punto, porque pareciera que estuviéramos discutiendo la solución al problema de la educación.
¡Llevamos dos años en que se nos dice "esta es la gran reforma"! Pero lo que estamos analizando no es ninguna reforma; es una solución paliativa para un número importante de estudiantes que contrajeron deudas -algunos todavía están en el sistema-, quienes, como señalé, se acogieron al beneficio del crédito con aval del Estado antes del 31 de diciembre del año pasado.
Debo decir que aquí no hay una modificación estructural. Bajar la tasa de interés no es ningún cambio de fondo en la educación, como tampoco lo es la iniciativa que aprobamos en enero pasado; concretamente, la ley N° 20.572. Y quiero aprovechar la presencia del Ministro de Educación -es muy importante que nos acompañe en estas discusiones, porque siempre surgen dudas- para formularle una consulta:
En el artículo 12 de la normativa antes señalada, publicada el 4 de febrero de 2012, se contempló una disposición que establecía que dentro del plazo de 90 días se dictaría un reglamento. Entonces, le pregunto al señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente- ¿qué pasó con ese reglamento?
Porque había 110 mil estudiantes deudores del Fondo Solidario -sería bueno que el Ministro pusiera atención para que pudiera responder-, y el Gobierno -no el actual titular de la Cartera, pues había otro en ese tiempo- majaderamente nos insistió en que había que aprobar el proyecto que dio origen a esa ley, que, a juicio de algunos, era también la "gran reforma". Sin embargo, entiendo que, después de siete meses de que ella fuera publicada, ninguno de esos 110 mil estudiantes se han acogido al beneficio que ella contempla y las universidades del CRUCH no saben cómo cobrar los créditos.
Probablemente, el Ministro va a decir que la responsabilidad es solo de la Contraloría. Pero me gustaría saber dónde está el decreto pertinente. El reglamento no existe, y debió dictarse a los 90 días siguientes a la publicación de la ley, que, como dije, tuvo lugar el 4 de febrero del presente año.
Entonces, esto se suma a diversos problemas como el que nos manifestó públicamente la ANDIME durante estos días, en orden a que en otra normativa importante que aprobamos en el Congreso -me refiero a la que creó la Superintendencia y la Agencia de Calidad de la Educación- se indicó expresamente -el Senador Ignacio Walker que presidía en ese momento la Comisión Mixta suscribió un acuerdo al respecto- que dicha modificación legal no implicaría un cambio en la calidad jurídica de los funcionarios que serían trasladados desde el Ministerio de Educación a la Agencia antes referida o a la Superintendencia del ramo.
Sin embargo, hoy día ocurre exactamente lo contrario: se están rebajando sueldos, se suplen remuneraciones con bonos especiales y no se cumple ni con la calidad jurídica ni con los grados de los funcionarios trasladados.
Entonces, al igual como el señor Ministro hace unos días nos emplazó a acelerar la tramitación de estos proyectos, yo pido un poquito de orden, pues -insisto- la reprogramación de los créditos del Fondo Solidario de Crédito Universitario no está cumpliendo sus objetivos, pese a ser ley, como tampoco la presente iniciativa ni la que creó el Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación, que fue promulgada un año atrás, resolverán las dificultades que aquejan al sector educacional.
A ello, además, cabe agregar que los distintos proyectos relativos a carrera docente, desmunicipalización, Superintendencia de Educación Superior y financiamiento, que se encuentran en las Comisiones de Educación tanto de la Cámara de Diputados como del Senado -tal como dijo el propio Diputado de la UDI Romilio Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Educación de la otra rama legislativa- necesitan muchos cambios, numerosas enmiendas y una gran voluntad del Gobierno para plantear un ejercicio distinto.
En consecuencia, yo no tengo el mismo optimismo que mostraron algunos señores Senadores en intervenciones anteriores frente a las diversas iniciativas que se han presentado en relación con esta llamada "reforma" a la educación.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, he escuchado atentamente a los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra y creo que ya se dicho casi todo, razón por la cual uno no puede más que alegrarse.
Sin embargo, me parece que, en justicia, lo que uno tendría que preguntar, en primer orden, es qué ocurrió con las familias que perdieron viviendas y todos los bienes que tenían al interior de su hogar; qué pasó con esas personas que perdieron el trabajo, que se quitaron la vida por hallarse sometidas a endeudamientos imposibles de abordar en virtud de haber intentado superar en su vida una situación académica, etcétera.
Entonces, uno debe alegrarse por este proyecto, pero sin dejar de hacer ver que cientos de miles de personas fueron objeto de un robo -un robo, con mayúsculas- a manos de la banca y de un perverso sistema que les quitó buena parte de sus bienes, de sus ingresos mientras ellas solo buscaban mejores horizontes y mejores futuros.
Hoy estamos corrigiendo ese abusivo robo del que fueron objeto miles de miles de mujeres y hombres en nuestro país. Y conocemos experiencias de muchas personas a quienes les resultaba absolutamente imposible, hicieran lo que hicieran, sacar adelante a sus hijos.
Y en esta Sala un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra consultó qué va a ocurrir con aquellos estudiantes que se vieron obligados a congelar su carrera ante la imposibilidad de seguir pagándola; qué pasará con aquellos deudores que, hasta el día de hoy, no están en condiciones de colocarse al día porque les es muy difícil hacerlo, aun cuando no se les cobre interés alguno.
Sería bueno, entonces, que el señor Ministro pudiera respondernos qué acontecerá con aquellos estudiantes y familias que, aunque les digan que su crédito hoy día se sujetará a una tasa de 2 por ciento, se enfrentan y chocan con la realidad de que les resulta totalmente imposible ponerse al día con ese arrastre de deuda que traen de los últimos años. Y no es que no quieran; ¡simplemente no pueden!
¿Habrá alguna flexibilización especial para que esas personas puedan colocarse al día, no con la cancelación de la deuda sino con la repactación de ella bajo los nuevos intereses? Creo que esa sería una de las vías para dar solución al problema que afronta la gran mayoría de estos 365 mil jóvenes -mujeres y hombres- que adeudan un crédito con aval del Estado.
Asimismo, se ha preguntado en la Sala qué pasa con aquellas personas que deben el crédito CORFO. ¡Crédito otorgado por CORFO y que es usurario! ¡Así, con todas sus letras! ¡Esa es la verdad, señor Presidente! Porque esa gente está pagando un interés de nueve por ciento -¡nueve por ciento!- que les cobra el Estado. ¡Mire, usted! ¡Qué gran alivio! ¡Qué gran ayuda! ¡Qué gran soporte para aquellos chilenos que quedaron más arriba del cuello en lo económico y absolutamente colapsados!
Entonces, la banca y el sistema que lo permitió se hicieron un festín a costa del sacrificio de esas familias chilenas que, en el afán de que ese hijo o hija superara lo que una madre, un padre o el resto de sus integrantes no pudieron conseguir, intentaron todo lo humanamente posible para pagar sus deudas, en circunstancias de que la banca, despiadadamente, les remató, los ejecutó solo por el hecho de querer lograr una situación académica.
¡Esa es la verdad!
Por ello, hoy día les estamos diciendo: "Mire, ya no será una tasa de 6 por ciento, sino de 2". Eso es mucho más justo, sin lugar a dudas y, sobre la base de esa justicia, uno concluye que eso es mejor que nada.
Y fíjese, señor Presidente, que por esas mismas razones yo me opuse a la reforma tributaria.

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto más.

El señor BIANCHI.- Gracias, señor Presidente.
Le pregunté al Ministro de Hacienda: "Ministro, ¿dónde van a ir los 4 mil millones de dólares? ¿Impactarán directamente a la educación pública?". Sin embargo, no obtuve respuesta.
Esos 4 mil millones de dólares, que ingresan el año 2014, no entran al sistema educacional; lo que ingresa son los intereses que se generan para ser distribuidos en toda la educación de nuestro país, no solo la pública.
Ahora tenemos algo más concreto, pero falta que -por su intermedio, señor Presidente- el Ministro de Educación nos aclare qué va a ocurrir con aquellas personas que, en su gran mayoría, no han podido ponerse al día con su deuda.
Sería bueno poder escuchar esas respuestas.
No obstante lo anterior, votaré favorablemente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, seré muy breve porque durante la discusión en general de esta iniciativa tuvimos la oportunidad de abordar esta materia desde un punto de vista más de fondo y -como usted indicó- ahora nos hallamos en el debate en particular.
Solo quiero destacar que cuando asumió el Gobierno del Presidente Piñera se encontró con que el país contaba con una amplia cobertura en educación superior -universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, con alrededor de un millón de estudiantes- y un sistema de financiamiento heredado que, para ser franco, era extremadamente malo, por cuanto solo 122 mil estudiantes podían obtener becas que no cubren el valor íntegro de las carreras, sino solo una parte de ellas.
En vista de eso, la actual Administración aumentó de 122 mil a 400 mil las becas; disminuyó el puntaje de los alumnos que podían acceder a ellas, con lo cual no solo se logró que un alto porcentaje de estudiantes pudiera recibirlas, sino que se benefició a aquellos provenientes de establecimientos escolares con un nivel educativo inferior -cuestión que en muchas oportunidades no es responsabilidad de los jóvenes, sino de la calidad educacional que se les imparte- y, por tanto, al tener un puntaje menor, se les posibilitó acceder a becas que son objeto de un monto superior.
El sistema de créditos se distingue entre el Fondo Solidario de Crédito Universitario, dirigido a las universidades del CRUCH, y el crédito con aval del Estado que establece un sistema de financiamiento imposible de cumplir para los alumnos, que además se le entregaba a los bancos y que contemplaba intereses que iban entre el 5,6 y el 6 por ciento y que no tenían contingencia; es decir, que carecían de un límite de pago mensual.
El Gobierno del Presidente Piñera hizo una doble modificación. Por un lado, renegoció -es el proyecto que estamos viendo ahora- a todos los alumnos que tenían el crédito con aval del Estado, disminuyéndoles los intereses del 5,6 o 6 por ciento a 2 por ciento, y, por otro, les estableció una contingencia, a efectos de que ninguno pague más del 10 por ciento de lo que reciba como remuneración cuando empiece a trabajar.
Ese es un cambio gigantesco, enorme, impulsado por este Gobierno, porque los alumnos van a tener una rebaja considerable respecto de lo que venían pagando.
Adicionalmente, se dispuso que en el futuro habrá un sistema concentrado, donde van a salir los bancos a fin de que el Estado sea el que proporcione este crédito, el cual se otorgará en unidades de fomento, con una tasa de interés de 2 por ciento anual y con una contingencia de 10 por ciento.
Eso, para aquellos alumnos que no tengan acceso a la beca, la que les permite estudiar, en un alto porcentaje, en forma gratuita. Y, si entre el monto de la beca y lo que les cuesta la universidad existe una diferencia, esta última debe establecer un sistema de financiamiento en las condiciones señaladas.
Por lo tanto, la actual Administración ha aumentado las becas de manera considerable, ha cambiado radicalmente la forma de financiamiento y la ha extendido, en el caso de los créditos, al 90 por ciento del total de los estudiantes, marginando solo al 10 por ciento que tiene más recursos.
Hago presente lo anterior porque es bueno que se reconozcan los tremendos avances que el Gobierno del Presidente Piñera ha hecho en esta materia. Entre ellos se cuenta la Superintendencia de Educación Superior, que no existe y que va a permitir fiscalizar los recursos públicos y si se infringe la ley que prohíbe el lucro en las universidades o en los institutos profesionales y centros de formación técnica.
Y si a eso le agregamos que se crea la Agencia de Calidad de la Educación para velar por la calidad de la educación escolar y, adicionalmente, la Superintendencia de Educación Escolar, tenemos que admitir que este Gobierno está llevando a cabo un avance gigantesco respecto de lo que ocurría en el pasado.
Por esa razón, señor Presidente, nosotros votaremos a favor de este proyecto, que es un enorme paso en beneficio de los estudiantes.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, con esta modificación estamos haciéndonos cargo de rectificar una situación que ha angustiado a las familias en nuestro país.
En la Comisión de Hacienda les hemos planteado a los Ministros de Educación y de Economía que no podemos descansar hasta no incorporar en este ámbito a los estudiantes con créditos CORFO, ya que 105 mil familias se encuentran aún muy agobiadas a raíz de esta causa.
El Gobierno, a través del Ministro de Educación, se ha comprometido hoy con nosotros a traer, antes del 5 de octubre, una propuesta para resolver ese problema.
Sin perjuicio de ello, señor Presidente, y alegrándonos obviamente del compromiso del Ejecutivo en esta materia, creo que es importante hacer memoria y recordar la historia de lo que estamos discutiendo.
Hoy enfrentamos la rectificación de una ley que se tramitó el año 2003. Me parece importante que quede constancia de eso aquí, porque muchos de los que han intervenido dicen que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera está haciéndose cargo de una situación que se creó en administraciones pasadas. Eso es cierto, pero es bueno recordar también -y lo digo porque me he dedicado a observar la discusión legislativa de ese entonces- que esta ley se aprobó en forma unánime en el Parlamento.
Y cuando uno revisa cada uno de los artículos que se debatieron, tanto en el primero como en el segundo trámite constitucional, e incluso en la Comisión Mixta, advierte que en la mayoría de los casos se acogieron por unanimidad.
Considero esencial no olvidar eso, pues nos pasa a menudo -y lo digo porque vamos a tener que enfrentar esta discusión mañana y probablemente después de las Fiestas Patrias- que nos vemos conminados por el Gobierno a discutir y aprobar con "discusión inmediata" iniciativas de ley que son trascendentes para nuestro país.
Esta normativa, la que hoy día estamos rectificando, se aprobó por unanimidad, señor Presidente.
Mañana vamos a tener que votar probablemente el proyecto sobre el SIPCO y de nuevo se nos pedirá que concurramos con nuestro voto a efectos de modificar una ley que, cuando se discutió en este Senado, al menos dos personas, el Senador Frei y quien habla, nos pronunciamos en contra. Y lo hicimos porque considerábamos que no iba a resolver adecuadamente el problema y que los precios iban a seguir subiendo.
Señor Presidente, solo quiero dejar constancia de que la ley que hoy se pretende modificar, que efectivamente permitió que muchos estudiantes pudieran acceder a la educación superior, ha significado un alto costo para las familias de nuestro país y fue aprobada en forma unánime por el Senado.
Gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.

El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, en el proyecto en discusión hay cosas buenas que ponderar y celebrar y me parece que constituye una noticia positiva para el sistema completo.
Sin embargo, quisiera señalar, aunque más no sea para perpetua memoria en la Versión Oficial, que aquí se han formulado algunas expresiones que incluyen simplismos exagerados.
Por lo pronto, se ha dicho que el crédito debe ser manejado por la vía estatal. Está bien, ello puede asegurar una mayor accesibilidad -no lo niego-, pero el uso de fondos del Estado para esta finalidad, en lugar de los bancarios, supone distraer esos recursos, que podrían tener otro destino.
Así que no todo es unívocamente bueno en este sentido.
En seguida, también se ha mencionado que los bancos que administraban el crédito universitario poco menos que se hicieron la América en el proceso y que percibían márgenes absolutamente bombásticos. Es conveniente recordar que la tasa de mora, de incumplimiento de los créditos universitarios alcanzaba al 40 por ciento, con lo cual la tasa nominal de 5 a 6 por ciento expresada para el universo de los beneficiarios en los hechos se reducía a 2,5 o 3 por ciento.
En consecuencia, no es que haya habido aquí una especie de barraca de utilidades ilegítimas. Los créditos tienen un riesgo y es preciso incorporarlo en la tasa.
Creo que hay que tener estos dos factores en cuenta para que no se persista en la noción de que los bancos siempre ganan dinero de manera ilegítima. Efectivamente, de pronto hay intereses usurarios, pero esos casi siempre derivan de la exclusión del sistema bancario de los beneficiarios más frágiles.
Por consiguiente, el que estuvieran incluidos en el proceso de otorgamiento de créditos bancarios era una ayuda para los estudiantes y no una limitación.
Lo reitero: esto es simplemente para reivindicar, siquiera sea tímidamente, el rol de los bancos en esta esfera de acción. Primero, no se hicieron grandes utilidades; segundo, extendieron una facilidad crediticia a personas que de otro modo no la tendrían y, tercero, los intereses distaron de ser usurarios, que son los que muchas veces se aplican fuera del sistema bancario. La tasa de interés extrabancaria es normalmente muy elevada y es uno de los peligros de la fijación de las tasas máximas, por lo demás.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- En votación.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Debo informar que el señor Presidente puso en votación todas las enmiendas, atendido que las dos abstenciones hechas presentes en la Comisión de Educación fueron retiradas. De consiguiente, la totalidad de las modificaciones aprobadas en el informe de la Comisión de Educación, y que también se acogieron en la de Hacienda, lo fueron por unanimidad.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban las enmiendas propuestas unánimemente por la Comisión de Educación (26 votos a favor y 2 pareos), y el proyecto queda aprobado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), Girardi, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte y Walker (don Ignacio).
No votaron, por estar pareados, la señora Allende y el señor Novoa.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor García-Huidobro.




REGULACIÓN DE TRANSACCIONES COMERCIALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS


El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde discutir el proyecto, iniciado en mensaje y en segundo trámite constitucional, que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios, con informe de la Comisión de Agricultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7484-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 30ª, en 3 de julio de 2012.
Informe de Comisión:
Agricultura: sesión 47ª, en 5 de septiembre de 2012.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de esta iniciativa es establecer mecanismos e instrumentos que asistan a la libre determinación de precios en las transacciones de productos agropecuarios.
La Comisión de Agricultura discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Coloma, Sabag y Uriarte.
Cabe consignar que los artículos 18 y 19 son orgánicos constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 19 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 50 a 56 del primer informe.
El señor ESCALONA (Presidente).- En la discusión general, tiene la palabra el Senador señor Coloma.


El señor COLOMA.- Señor Presidente, muy brevemente, quiero informar este proyecto.
Su propósito es establecer mecanismos e instrumentos que contribuyan a la transparencia en las transacciones de productos agropecuarios (así lo plantea el texto del Gobierno); en el fondo, busca resguardar a los pequeños y medianos agricultores transparentando las operaciones comerciales, toda vez que las partes no suelen concurrir a ellas en igualdad de condiciones, ya que algunos carecen de los elementos indispensables para fijar con claridad la naturaleza del producto vendido y, por tanto, lo que corresponde pagar por él.
En otras palabras, la finalidad es, en las transacciones de quienes se hallan en desigualdad frente a un comprador, buscar una fórmula que dé transparencia acerca del producto vendido y, por ende, del precio que se cancela.
Suele ocurrir -lo hemos visto; afortunadamente, menos en la agricultura- que a personas que van a vender un producto se les dice que su grado de impureza es mayor que el estimado o que el grado de humedad es superior al previsto, con lo cual la liquidación final llega a una cifra menor que la calculada originalmente.
Aquí no hay normas vinculantes que garanticen la transparencia del mercado -lo estuvimos viendo-, sino solo información del Instituto Nacional de Normalización, que es voluntaria, para ciertos productos.
La esencia del proyecto es un poco generar un sistema que permita regular la medición de las características de los productos y la cantidad de estos; la certificación de los equipos de análisis; la toma de muestras y contramuestras.
¿Qué se busca al final, entonces? Que existan mecanismos que ayuden a la libre determinación de los precios según el volumen, el peso y otras características de los productos agropecuarios y de acuerdo a los informes certificados por los laboratorios independientes requeridos para emitirlos.
Además, se fija un sistema destinado a resolver las controversias entre el productor y el llamado "agro industrial", como asimismo a regular la calidad y cantidad de los productos importados, permitiéndose su comparación con los nacionales, toda vez que a veces se dice que el proveniente del exterior tiene características distintas de las del nacional, con lo que en algunas oportunidades se castiga el precio pagado en definitiva.
¿Qué plantea, a la vista de tales elementos, el proyecto del Gobierno? Que en la primera transacción comercial de un producto agropecuario sea obligatorio para el agroindustrial o el intermediario tener y conservar una muestra y una contramuestra de él. La primera se envía a un laboratorio de ensayo, y la segunda, a un laboratorio arbitrador. Si una de las partes de la transacción no está conforme con el resultado de la muestra, la contramuestra sirve como elemento de comparación.
Los costos que aquello supondría fueron parte importante de la discusión, señor Presidente.
La Comisión de Agricultura invitó a distintos actores del mercado: Asociaciones de Molineros, FEDELECHE, Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile, APA, FENARE, IANSA, SAG.
Al final pudimos concluir que hay una cantidad muy grande de transacciones. Si se incluyen todos los productos agropecuarios, estamos hablando de más de 500 mil en un año. Y si cada de ellas va a tener una muestra y una contramuestra, el precio, calculado en 15 mil a 17 mil pesos por cada cual, puede ser un tanto excesivo, considerando el objetivo perseguido.
En la Comisión se generó un debate relevante, luego del cual acordamos proponerle a la Sala -y el Ministro se comprometió al respecto-, primero, limitar la aplicación del sistema de muestra y contramuestra al trigo, el maíz y la avena, en que se registra la mayor sensibilidad.
En la tabla pertinente hay 17 productos agropecuarios, los cuales van desde el salmón a la leche, que tienen otro tipo de elementos.
Imaginen Sus Señorías lo burocrático que resultaría que cada vez que un lechero quisiera vender sus productos a los industriales -ello sucede a diario- debiera aplicarse el sistema de muestra y contramuestra.
A la Comisión, aquello no le pareció aconsejable.
Resolvimos, pues, proponer que se apruebe en general el proyecto y se posibilite la presentación de indicaciones para acotar a los tres cereales individualizados; establecer de mejor forma la figura del inspector delegado; más que generar tanto laboratorio adicional, certificar a través de mecanismos que den absoluta fe los laboratorios que hay en la actualidad.
En algunos lugares de Chile, afortunadamente, existen instrumentos certificados por terceros que les dan garantías a las partes. Y es factible establecer que el SAG sea el organismo certificador de los laboratorios de análisis y de los instrumentos que utilicen los agroindustriales.
No se busca, señor Presidente -y esta es una cuestión bien de fondo-, generar un conjunto de elementos que se transformen en cargas burocráticas para quienes actúan en el mundo agrícola, sino instaurar, respecto de algunos productos, sistemas que garanticen que lo que se pague corresponda a lo que ellos son y que, si se afirma que no cumplen determinadas exigencias, exista la posibilidad de contramuestrear, de contar con un mecanismo que permita decir: "Lo que yo le vendí fue esto, y así se lo demuestro".
Por lo tanto, estamos pidiendo aprobar la idea de legislar en la lógica de esperar indicaciones en el sentido que expresé.
Debo hacer referencia, por otra parte, a la obligación del mundo de la agroindustria en cuanto a la existencia de un listado de precios de referencia, los que muchas veces no existen, pese a que son muy útiles para conocer lo que efectivamente se transa en los mercados.
Concluyo reiterando nuestra solicitud en el sentido de que se apruebe en general esta iniciativa, que, según manifesté, requiere adecuaciones para que sea realmente útil al mundo de la agroindustria y no se transforme en un problema, como lo sería la exigencia de varios trámites adicionales a los existentes hoy.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, según se ha señalado, este proyecto del Ejecutivo fue aprobado por unanimidad tanto en la Comisión de Agricultura del Senado cuanto en la Cámara de Diputados, donde se registraron 97 votos favorables.
Su propósito es consignar mecanismos e instrumentos que asistan a la libre determinación de precios en las transacciones de productos agropecuarios. Para ello, regula y hace transparentes los procedimientos que establezcan la cantidad y calidad de los productos transados en el mercado agrícola interno, y perfecciona las condiciones bajo las cuales puedan fijarse precios que respondan a las características del producto.
Respecto a los productos importados, consagra un mecanismo de muestreo y de análisis que permitirá obtener una mejor información sobre sus características, el que se evaluará bajo las mismas normas de calidad vigentes para los nacionales.
Sin embargo, el alcance de este proyecto resulta mucho más amplio, a juzgar por las numerosas contribuciones hechas llegar a la Comisión de Agricultura. Según ellas, pareciera que, en opinión de algunos, él representa una oportunidad para regular de una vez por todas un mercado agropecuario que, en apariencia, se halla dominado por unos pocos: los poderes compradores; en tanto, para otros, el análisis de su articulado permitiría definir una coyuntura en la que se podría terminar de liberalizar al sector.
Evidentemente, no puede buscarse ni una cosa ni la otra, porque tales definiciones no forman parte del sentido de esta iniciativa de ley, que, como dice su título, busca regular las transacciones comerciales de los productos agropecuarios. Incluso, si nos circunscribiéramos a su propósito explícito, y atendida la gran cantidad de opiniones que llegaron a la Comisión, resultaría excesiva la urgencia "suma", si quisiéramos legislar bien.
Ahora, si deseáramos responder como Senado a los desafíos que se nos colocan, este proyecto solamente debería ser parte de una iniciativa más amplia, que regulara el conjunto de las relaciones que se registran en la actividad agropecuaria, y no limitarse exclusivamente a las comerciales.
De la simple observación de los comentarios hechos llegar a la Comisión podemos determinar, remitiéndonos solo al proyecto, que ya la urgencia "suma" impediría analizar o resolver dichas proposiciones.
Por ejemplo, entre los gremios que enviaron sus opiniones no existe acuerdo sobre la obligatoriedad de cumplir con las normas relativas a calidad de los productos o a metodología e instrumentos de medición; ello, sin considerar las apreciaciones divergentes acerca de la calidad de los equipos y la posibilidad de que estén al alcance de todos los productores agropecuarios, tomando en cuenta especialmente a los pequeños productores y a los productores familiares, dados el precio de aquellos y el volumen de la producción de estos sectores.
Otra gran discrepancia se refiere a la certificación de las balanzas y de los laboratorios y al rol del Servicio Agrícola y Ganadero como árbitro en las disputas que pueda haber en relación con los resultados de los análisis efectuados por aquellos.
A eso se agregan las diferencias en torno al manejo de las muestras y contramuestras, dentro de lo cual deben considerarse el volumen de los productos que se requieren para tales procesos, el costo de los análisis y quién paga todos los servicios.
Desde otro punto de vista, algunos cuestionan la constitucionalidad del sistema propuesto para analizar las muestras y determinar la calidad de los productos agropecuarios, ya que el proyecto no contempla instancias de apelación, además de establecer una calificación de calidad que no se basa en una tipificación previa de los distintos grados de calidad.
El impacto de la iniciativa en discusión es muy variado, dependiendo del tipo de producto. Para algunos, como el sector lácteo, se trata casi de una ratificación de procedimientos que se han ido definiendo de manera autónoma en el tiempo. Para otros, sin embargo, el proyecto implica un aumento importante de los costos y una mayor complejidad en los procesos de venta, sin beneficios visibles.
De esta forma queda comprobada la virtual imposibilidad de instaurar procedimientos similares para todos los productos agropecuarios, pues cada uno tiene características específicas que obligan a adoptar procedimientos adecuados para cada caso.
Por lo demás -y así lo han hecho ver los abogados consultados por la Comisión de Agricultura-, el proyecto reserva amplias áreas de decisión a las entidades que habrán de definir los reglamentos para la aplicación de la nueva legislación.
Eso tampoco debería ser aceptado tan fácilmente por este Congreso, que tiene la responsabilidad de determinar con suficiente exactitud el alcance y sentido de las normas legales, de modo que no se altere su orientación por la vía reglamentaria.
A veces, en parte de este proyecto pareciera que el propósito fuera establecer regulaciones claras y firmes, para luego dejar el manejo de cualquier controversia en manos del mercado.
Creo que antes de legislar sobre las transacciones comerciales de los productos agropecuarios habría que alcanzar acuerdos mínimos a partir de los cuales pudiéramos avanzar en materias puntuales.
Personalmente, estimo que el proyecto tiene muchas virtudes. Ello, sin desconocer que numerosos aspectos deberán discutirse en profundidad durante su estudio en particular.
En tal sentido, me parece necesario apoyar la idea de legislar y asumir el compromiso de trabajar en conjunto con las organizaciones gremiales en la etapa de revisión en detalle.
Por su parte, el Gobierno tendría que asumir el compromiso de contribuir a una legislación con las debidas prudencia y paciencia, sin tratar de imponer un texto que genere reacciones adversas en gremios específicos y provoque más dificultades que soluciones.
Voy a votar favorablemente la idea de legislar, señor Presidente. Y espero que se dé un tiempo prudencial para presentar indicaciones, dado que estamos ante un problema complejo de resolver.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para abrir la votación.
Estamos en la discusión general.
¿Habría acuerdo?

El señor WALKER (don Ignacio).- Sí.

El señor ESCALONA (Presidente).- Respetando los tiempos, naturalmente.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, este proyecto responde a un largo anhelo del mundo agrícola.
Durante muchos años ha habido inquietud en agricultores de distintos rubros que han planteado la necesidad de que las muestras se verifiquen de manera más objetiva.
Como probablemente todos saben, cada vez que se entregan productos, fundamentalmente granos (trigo, arroz, maíz), pero también otros de ámbitos distintos (leche, uva), el valor de compra tiene que ver con características específicas de ellos: humedad, dulzor, gluten, en fin. Según el producto son las exigencias que se hacen. Y, por lo tanto, es preciso que las decisiones del poder comprador con relación a esas características obedezcan a la mayor objetividad, porque en ello va, muchas veces, la utilidad o ganancia que puede obtener un productor que les vende a algunos de los poderes compradores, a los molinos.
Eso es lo que se reclamó por bastante tiempo, ya que no había cómo definir el mecanismo correspondiente. En algunos rubros, la cuestión se fue superando precisamente por la necesidad, como fue el caso de la remolacha. Después de muchas batallas de los dirigentes de la Federación Nacional de Remolacheros, los apoyamos para lograr que se estableciera con IANSA una relación de objetividad, de confianza, que ha permitido resolver el problema.
Por eso, cuando Sebastián Piñera, entonces candidato, incorporó en su programa de Gobierno para el mundo agrícola, dentro de las 25 medidas, la idea de contar con una ley de muestras y contramuestras, ello fue muy bien recibido en ese ámbito. Y la presentación del proyecto de ley en debate ha sido objeto de igual aceptación.
Con todo, y como ya lo mencionó el Senador señor Coloma, Presidente de la Comisión, algunos de los aspectos de la iniciativa eran complejos, por ir demasiado lejos, por introducir mecanismos engorrosos para la venta e incluso importación de productos agrícolas, por encarecer el proceso -y para los pequeños agricultores no es menor la incorporación de este tipo de gastos adicionales en la venta de su producción- y por ser probablemente innecesario establecer una red de laboratorio paralela.
En consecuencia, en la discusión pudimos ir viendo que, con la experiencia que se había obtenido en la remolacha, por ejemplo, era posible llegar a otros mecanismos que pudieran garantizar el mismo objetivo, pero que asegurasen que quienes entregan sus productos van a tener confianza en las decisiones que se adopten.
La certificación de las romanas y de los laboratorios que toman las muestras, así como la comprobación por un tercero cuando medie una reclamación, permitirán, a mi juicio, mejorar el articulado y darle, al final, su sentido.
Por eso, señor Presidente, en el ánimo de avanzar, vamos a apoyar el proyecto. Y esperamos las indicaciones que ha anunciado el Ejecutivo para perfeccionarlo; para circunscribirlo, como ya se ha expuesto, y para conseguir, por esta vía, que los productores agrícolas puedan tener confianza en que las muestras de sus productos van a ser consideradas como corresponde, dentro de las normas que rigen en la materia, sin un perjuicio ni un beneficio adicionales que no sean los de carácter objetivo que arrojen los resultados de la medición.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, para quienes representamos zonas agrícolas donde la agroindustria cumple una función de transformación, la iniciativa que nos ocupa es importante.
Como lo puntualizó el señor Senador que acaba de intervenir, esta fue una de las propuestas programáticas que anunció para la agricultura el entonces candidato Piñera.
Lo cierto es que hoy en día -y voy a referirme en particular al maíz, uno de los rubros que pueden beneficiarse o, más bien, dejar de verse afectados por la falta de transparencia en el mercado- el proyecto puede ayudar.
La Región de O'Higgins es donde se registra entre el 67 y el 70 por ciento de la producción nacional de maíz. Chile genera el 30 por ciento del que consume el mercado de la industria de transformación, o sea, es un país que importa buena parte de estos insumos, dedicados sobre todo a aquella correspondiente a las carnes blancas.
Es fundamental constatar que el precio del producto sufre una tremenda distorsión fruto de los subsidios en países vecinos y del norte. Competimos en condiciones totalmente desiguales. Y a ello obedece la presión de agrupaciones de agricultores y de los productores de las Regiones de O'Higgins y del Maule, en particular, y de parte de la Región Metropolitana.
Hace mucho tiempo que existe una Mesa Nacional del Maíz. Se logró cuando fue Ministro el señor Álvaro Rojas. En ese momento se establecieron acuerdos, estudios sobre el producto y el mercado, y políticas por implementar hasta que se lograra transparentar este último y evitar las deformaciones.
Es fundamental consignar que el precio de internación, el cual es el de referencia que se utilizaba en nuestro país y que debe emplearse como un parámetro, es distorsionado de por sí. Y deseo subrayar el punto, por cuanto el proyecto de ley se conoce como "de muestras y contramuestras", para transparentar la relación entre el productor y la agroindustria. El poder comprador se encuentra altamente concentrado en pocas manos y Agrosuper y Ariztía, probablemente los compradores de más del 80 por ciento del maíz en el mercado interno y también los grandes importadores, siempre han mantenido una relación conflictiva con los productores por aspectos como los mencionados por el señor Senador informante: humedad e integridad del grano, o sea, si este se halla partido o no. ¡Para qué decir que después lo parten igual, diferencia que nunca devuelven al productor!
Pero aquí se plantea el objetivo de transparentar -repito- la primera transacción, señor Presidente. Es preciso establecer un procedimiento adecuado para tal efecto.
Sin embargo, el proyecto insinúa ir más allá, para considerar no solo la relación entre el productor nacional y la agroindustria, sino también la situación de los bienes importados.
Y ahí hay un concepto que habrá que precisar en el debate en particular, que dice relación con lo que expresa el artículo 2°: "Esta ley regula con carácter obligatorio el procedimiento de análisis de muestras y contramuestras, y medición, según corresponda, de los productos agropecuarios que se transan en el mercado nacional".
Cuando se importa maíz, ¿cuál es el lugar de transacción? Si los precios de referencia que se usan en nuestro país son los de importación, que ya se encuentran distorsionados, ¿las muestras y contramuestras nacionales pueden ser comparadas con lo que se trae desde el exterior?
Este es un punto determinante, no para proteger a nuestros productores, sino para evitar que tengan que competir en situaciones tan desiguales como las registradas hasta ahora. ¿Por qué es tan importante subrayarlo? Porque en el año en curso, y en el recién pasado, y en el antepasado, el Gobierno del Presidente Piñera los dejó por completo en el abandono al eliminar los instrumentos de compensación por la distorsión de precios existente. Y la iniciativa en estudio, si bien es importante y permite transparentar el mercado, no logra asumir -y no creo que ello se consiga en la discusión particular- que tenemos un mercado con altas deformaciones, no por la relación poco transparente de la agroindustria y del productor, sino por aquellas que tienen lugar en el mercado internacional.
INDAP, históricamente, intervino con bonos compensatorios. En la provincia de Cachapoal, los rindes por hectárea superan, no los 120 quintales, sino hasta los 140 quintales. Es decir, somos un país con los rendimientos más altos del planeta en producción de maíz. Es la única razón por la que logramos una situación relativamente "competitiva" -voy a usar ese concepto- a pesar de la deformación de los precios.
Con nuestros vecinos argentinos tenemos que competir mediando el factor de que les dan subsidios por exportar, por plantar, por no plantar. Nos enfrentamos al mercado estadounidense con los mismos subsidios distorsionados, ya que se paga por cuánto se siembra, por cuánto no se siembra, y se plantea el elemento adicional de toda la política de la industria del bioalcohol que se ha ido generando, pues también se usa el maíz para algunos de los combustibles.
Creo que el proyecto es importante; que ayuda a transparentar. Corresponde a una de las 25 medidas anunciadas durante la campaña presidencial. Es relevante la existencia de un mecanismo de muestras y contramuestras, de metodologías claras, de sistemas regulados nítidamente.
Espero, eso sí, que el Estado no les traspase los costos de las muestras y contramuestras a los productores. Debería ser una obligación de la industria que adquiere, para demostrar su transparencia.
Observo que se ha escuchado a algunos actores que han podido participar. Entiendo que se contempla a todos los productos agropecuarios. Se incluye también la leche, industria transformadora. Debería comprenderse asimismo a otras del sector. Por mi parte, me he referido al maíz, que es uno de los tantos productos en ese ámbito.
Ojalá que siga registrándose un desarrollo de la agricultura familiar campesina, el cual resulta esencial para garantizar, no solo un medioambiente sano y sustentable, no solo una ocupación territorial en la que el cultivo de la tierra es fundamental, no solo el sector de la economía que da más empleo, sino también, sobre todo, que los alimentos mantengan precios al alcance de muchos. Es la actividad que permite el sustento de los chilenos a un valor razonable. La industria, muchas veces, distorsiona este último, de lo cual nos inquietamos.
Por último, extiendo mi reconocimiento a dirigentes campesinos y agrícolas por la batalla que han dado. Quiero mencionar en particular a una de ellos, de la comuna de Palmilla, Región de O´Higgins: Gloria Paredes, quien ha sido la vocera, la que ha encabezado la lucha para que exista la Mesa del Maíz. Es de las personas que llevan a que estos proyectos, finalmente, vayan avanzando.
Voy a votar a favor de la idea de legislar.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Le corresponde el uso de la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, le agradezco a toda mi bancada su asistencia al debate de la iniciativa y por preferirlo al fútbol.
No obstante, estamos bien informados respecto de lo que está ocurriendo en la cancha. Dicen que vamos dos por cero.

El señor LAGOS.- Empatamos a uno.

El señor TUMA.- No. Dos por cero: un gol en contra y un expulsado... ¡Porque a este último es preciso sumarlo también...!
Desde ese punto de vista, me parece importante que el Senado dé muestras de madurez en el cumplimiento de su labor legislativa, como lo estamos haciendo.
En cuanto al proyecto, abrigo bastantes dudas de que sea aceptado por la inmensa mayoría de los pequeños productores, incluidos los de la zona que represento, de origen indígena, quienes trabajan fundamentalmente para la autosubsistencia, para el autoconsumo, y venden muy poco en el mercado. Entonces, si uno de estos últimos o un productor que tiene una, dos, tres hectáreas van a ofrecer cuatro o cinco sacos de trigo y tienen que financiar la muestra y la contramuestra, se encontrarán con que ello les costará más que lo que van a recibir.
Creo que la medida tampoco es aplicable a la leche, porque la producción de cada día es distinta de la del siguiente. Y, por tanto, tampoco se podrá obligar a sacar diariamente una muestra y una contramuestra.
El sistema tiene que ser bastante más abierto, más flexible, más voluntario. No debería ser obligatorio. Si es tan importante para los productores y el mercado, debería comenzar con un período de voluntariedad y, en especial, con algunos productos susceptibles de cubrir los análisis mencionados.
Sin duda, una certificación va a dar más transparencia al mercado. Va a permitir que se sepa si los productos que se están comparando en la venta son efectivamente homologables y que se midan calidad y cantidad. En consecuencia, constituye un avance. Pero, respecto del costo en el caso de obligatoriedad, que tiene que estar vinculado con los volúmenes de producción, me surgen dudas de que, eventualmente, podamos obligar, a través de una legislación, a que quienes pongan cualquier cantidad en el mercado -ella no importa- estén sometidos al financiamiento de la muestra y la contramuestra. Creo que eso hay que debatirlo bastante más.
Voy a votar a favor en general, señor Presidente, con el objeto de que se formulen indicaciones.
Me pronunciaré en contra de la obligatoriedad, porque ello no puede ser. Espero que se reduzcan bastante el impacto que se provocará y los productos a los cuales se va a afectar.
Si bien se registró en el estudio la participación del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (MUCECh), que reúne a pequeños agricultores, quiero prevenir el que estos últimos u otros que no integran la entidad puedan aceptar una legislación que los obligue a financiar un costo que, seguramente, va a exceder su capacidad de enfrentarlo.
En definitiva, pienso que la Cámara de Diputados, la cual aprobó por unanimidad el proyecto, se apresuró en acoger una norma obligatoria para todos los productos y todos los productores, y que deberíamos corregir ese aspecto al objeto de no afectar a miles de estos últimos que son pequeños con una disposición imposible de cumplir.
Tengo muchos reparos en relación con la forma como vamos a despachar en particular una normativa que garantice, por una parte, transparencia, y, por la otra, más competencia.
Me parece bien lo de la certificación, pero esta no se encuentra en la ley. Deberíamos establecerla respecto de los instrumentos de medición. Las romanas en ferias y molinos deberían ser objeto de ella, pero no es así. Hay molinos que tienen unas para comprar y otras para vender. A mi juicio, debería haber una certificación regulada por el Estado y fiscalizada para asegurar la confiabilidad de los aparatos que pesan la harina o el trigo que llevan o adquieren los productores. Sobre esa base, juzgo que es preciso incorporar en el proyecto la certificación de los instrumentos de medición, más que todos los productos.
Es preciso consultar a los pequeños agricultores a fin de saber si se hallan disponibles para una norma de la dimensión que se expone, obligatoria para todos.
Estimo que deberíamos comenzar con una disposición selectiva, relacionada con algunos productos, y con un sistema voluntario, así como también con una certificación de instrumentos.
Sería deseable que en el resto de la economía lográramos asimismo transparencia. ¿Quién garantiza que en un servicentro se vende el litro de combustible que se quiere comprar o que el octanaje es aquel por el cual se está pagando? Debería existir una certificación de carácter voluntario, con algún sello determinado, para que las instalaciones que contaran con ella compitieran con aquellas que no la tuviesen. Lo señalo a modo de ejemplo.
En muchas otras actividades se requiere igualmente una certificación, para que no se vulnere la fe pública.
En la búsqueda de asegurar este último aspecto, creo que el proyecto es un avance.
Repito que me pronunciaré a favor, con las aprensiones que he consignado.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar el trabajo de la Comisión de Agricultura respecto del articulado en discusión, que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios. Lo anterior, fundamentalmente con relación a aquellos en que se registran hoy las mayores dificultades: el trigo y el maíz.
La Cámara de Diputados aprobó unánimemente la iniciativa, incluida en el Programa de Gobierno del Presidente Piñera, la cual sigue el camino de la transparencia. Los mayores problemas para los pequeños y medianos agricultores, sobre todo, dicen relación justamente con la eventualidad de que ese factor no se encuentre presente en la romana ni, muchas veces, en el análisis de la calidad del producto.
Por lo tanto, me parece muy importante que el proyecto sea acogido de la misma forma y que se formulen las indicaciones tendientes a que, como bien lo decía el señor Senador que intervino con anterioridad, todos los instrumentos cuenten con la respectiva certificación.
También hay que entregarle mejores oportunidades al pequeño agricultor, quien no vende su producto directamente al organismo comprador por el temor al análisis que se efectuará. Y, como por lo general tiene pocas alternativas de llegar con fuerza al molino o al poder comprador de maíz, prefiere venderle a un intermediario. Ahí radica el gran problema: no posee los recursos suficientes para seguir desarrollándose como pequeño agricultor.
En el caso del maíz, debemos valorar -es muy importante- la sobretasa arancelaria de 10,8 por ciento que se estableció como salvaguardia a las importaciones del maíz partido argentino. Creo que tal medida ayudó al sector, pero en forma un poco tardía. Y lo digo claramente. Porque el año agrícola que recién termina se adelantó por los calores que se registraron.
Esta salvaguardia estabilizó definitivamente el precio que se estaba pagando en Chile por el maíz. Pero ella expira el 28 de septiembre. En mi opinión, mientras se mantengan las condiciones de exportación de ese producto en la hermana República Argentina, debiera seguir aplicándose la salvaguardia, por cuanto la situación no ha cambiado.
En consecuencia, tenemos que anticiparnos a lo que será la próxima cosecha, tanto de trigo como de maíz.
Argentina hoy día tiene un impuesto a la exportación de los granos y de muchos productos. Pero se exportaba maíz partido con el fin de saltarse ese gravamen.
Por consiguiente, lo importante hoy es pedirle formalmente al Ejecutivo que la salvaguardia de 10,8 por ciento no desaparezca el 28 de septiembre. Si lo hace, nuestro maíz quedará desprotegido nuevamente siendo objeto de competencia desleal por parte de nuestra hermana República Argentina.
Bien decía el Senador Letelier al referirse a la situación de otros países productores, especialmente del mercado americano: en ellos hay incentivos a la producción y a la no producción. Tal situación no existe en Chile, pese a que, en el caso del maíz, hoy disponemos de las mejores tecnologías y de los mayores rendimientos del mundo. Se siembra maíz desde la Región Metropolitana hasta Los Ángeles. Este mercado se ha ampliado, lo que resulta fundamental para el desarrollo de nuestra agricultura.
Valoro el trabajo realizado por la Comisión de Agricultura.
Se deberán introducir las indicaciones pertinentes para asegurar una transparencia que permita que a cualquier agricultor se le pague por su producto lo que corresponde según su estado de humedad, peso y calidad.
Respecto del maíz o trigo importado, la idea es que se apliquen los mismos parámetros y se informe realmente qué producto se le está entregando al consumidor. Porque muchas veces se compra maíz tipo 3, tipo 2, y a quien compite en Chile con el tipo 1 (de mejor calidad) se le impone el precio internacional de segunda y tercera calidad.
En tal sentido, me parece que la iniciativa va en el camino correcto, pues da tranquilidad y transparencia a nuestros pequeños y medianos agricultores para que puedan seguir desarrollándose en el rubro de los granos.
Sus Señorías han podido apreciar el alza que en la actualidad están experimentando los granos en el mundo, fundamentalmente a causa de la sequía americana. Muchas veces, al subir los precios, se pone una especie de velo que tapa la situación existente. Pero, cuando los precios están bajos, justamente nos preocupamos de esto.
En mi opinión, debe existir una política permanente de transparencia en el sector agrícola, como en todo sector económico.
Por lo expuesto, aprobaré la idea de legislar con todas mis fuerzas. Y aplaudo al Gobierno por presentar esta iniciativa, que fue anunciada por el Presidente Piñera durante su campaña. Hoy está cumpliendo su promesa.
Ojalá esta iniciativa sea mejorada en la Comisión de Agricultura y que podamos despacharla a la brevedad.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el proyecto en general (23 votos a favor, 2 abstenciones y 1 pareo), y se fija plazo para formular indicaciones hasta el lunes 8 de octubre, a las 12.
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Girardi, Horvath, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte y Walker (don Ignacio).
Se abstuvieron los señores Kuschel y Lagos.
No votó, por estar pareado, el señor Novoa.

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El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa el informe de la Comisión de Salud recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Chahuán, Rossi, Ruiz-Esquide y Uriarte, que sanciona la comercialización del hilo "curado" (boletín Nº 8.576-11).

El señor ESCALONA (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para incorporar este proyecto a la tabla de la presente sesión y tratarlo inmediatamente después del relativo a Televisión Nacional.
--Así se acuerda.


AMPLIACIÓN DE GIRO DE EMPRESA TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE


El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de Chile, para ampliar el giro de la empresa.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8273-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 14ª, en 2 de mayo de 2012.
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 39ª, en 7 de agosto de 2012.
Discusión:
Sesión 44ª, en 29 de agosto de 2012 (queda para segunda discusión).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La primera discusión se efectuó en la sesión del 29 de agosto recién pasado.
Cabe recordar que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió este proyecto en general y en particular por ser de artículo único, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán, Girardi y Pizarro.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página pertinente del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Hago presente que el Comité Partido Radical Social Demócrata ha solicitado que se fije plazo para formular indicaciones.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión general.

Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, este proyecto procura subsanar lo básico que requiere el canal público -nuestra Televisión Nacional-, por la vía de la ampliación de su giro, para competir en igualdad de condiciones con el resto de los actores de la industria.
La propuesta es tan simple que se le ha denominado la "Ley corta de TVN", pues se busca replantear ese modelo de negocios de una manera expedita, rápida, ágil.
La digitalización de la televisión -en la actualidad se está discutiendo una iniciativa sobre televisión digital terrestre- va a representar nuevas oportunidades y desafíos, de los cuales Televisión Nacional no puede quedar excluida debido a su estrechez legal -por llamarlo de alguna forma-, plasmada en la ley Nº 19.132, de 1992.
En ese momento se concibió determinado modelo de negocio: TVN como un canal público que debía autofinanciarse. Pero en esa época claramente no estaban contempladas las nuevas tecnologías que hoy permiten la difusión de contenidos digitales de muchas maneras y por muchos medios.
Por lo anterior, es importante que Televisión Nacional pueda cumplir con su misión y quede en igualdad de condiciones -por decir lo menos- con las otras estaciones televisivas. Ello, particularmente si consideramos que es el único canal público que tenemos y que su deber esencial es mantener en contacto a todos los chilenos en todo momento.
En consecuencia, debemos permitir que TVN tenga las mismas oportunidades de las otras concesionarias. Y para ello, hay que ampliar el giro de dicha empresa.
En el contexto del proyecto que introduce la televisión digital terrestre, espero que se concrete la intención de que TVN sea un transportador público para los canales locales, comunales, comunitarios, regionales. ¡Ojalá esto se dé! Es una idea que hemos estado impulsando a través de indicaciones a la referida iniciativa, la cual se encuentra radicada en la respectiva Comisión.
Hoy día Televisión Nacional se halla impedida de incorporarse al desarrollo de las plataformas multimediales de transmisión, lo que, por cierto, la deja en una condición de desigualdad y de menor progreso. Ello reviste importancia, por cuanto cada día somos testigos de las emisiones en Internet y del empleo de las nuevas plataformas (teléfonos celulares, por ejemplo), las que deben ampliarse al ámbito de la televisión pública.
Por eso, me parece necesario aprobar el proyecto que nos ocupa.
Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que en un país como el nuestro, de acuerdo a lo que muestran los datos, la televisión cumple un papel de extraordinaria relevancia por la alta cantidad de televidentes que tiene y por su uso como medio de información, de entretención o de distracción. Por eso, debemos ser capaces de reactivar el debate sobre el proyecto que enmienda la Ley de TVN, que se halla congelado desde hace más de tres años y que aborda temas de fondo respecto de la gestión de una televisión pública competitiva, plural, eficiente y conectada con la sociedad chilena.
Sobre el particular uno se pregunta cuáles son los roles que debiera jugar la televisión pública. Nosotros le hacemos diversas exigencias, pero, tal como está concebida por ley, debe autofinanciarse, lo que significa que muchas veces le pedimos que cumpla una serie de atribuciones y no le damos los medios suficientes para llevarlas a cabo. Así, TVN suele competir con otras estaciones televisivas dejando de lado el papel que debiera cumplir como televisión pública, respecto de lo cual uno exige calidad. En efecto, además de la diversidad y de la pluralidad, ¡se exige calidad!
A mi juicio, a veces atentamos un poco contra ese concepto.
Por otro lado, no puedo dejar de señalar la importancia de que exista una mirada más amplia acerca de la televisión.
En ocasiones me asombro un poco, señor Presidente, cuando veo noticiarios de hora y media -muchas veces de dudoso gusto-, que dedican casi 40 minutos en denunciar crímenes, asaltos, robos, hurtos.
En general, se manifiestan muchos cuestionamientos respecto de la calidad de la información que se transmite o de la poca educación que se entrega. Echamos de menos un contenido cultural más profundo; echamos de menos programas simples e inolvidables. Todavía recuerdo el espacio televisivo "Ojo con el arte", de Nemesio Antúnez, quien en dos minutos era capaz de describirnos una obra de arte de manera pedagógica y maravillosa; o el programa de Cristián Warnken, donde hablaba de literatura.
Nuestra televisión ha ido bajando mucho su nivel. Creo que los "realities" distan mucho de entregar contenidos que uno podría llamar "educativos"; más bien, son de uso bastante dudoso.
En resumen, nos hace falta una discusión más profunda acerca del rol de la televisión pública, el que, a mi entender, debe estar altamente ligado con la libertad de expresión, con la integración social, con los valores culturales, con la generación de contenidos de calidad.
Sin embargo, independientemente de que se encuentre congelado ese debate, estimamos que la iniciativa que nos ocupa debe ser aprobada. Sería impensable que amarrásemos de manos a la única televisión pública que tenemos y le impidiéramos, en igualdad de condiciones con las otras concesiones televisivas, ponerse al día en materia de tecnologías, que cada día son más usadas por la televisión para difundir sus contenidos.
En ese sentido, tal como expresó el Presidente del Directorio de Televisión Nacional, señor Zepeda, con el presente proyecto se está subsanando lo básico que requiere el canal público: competir en igualdad de condiciones.
Por ello, señor Presidente, anuncio mi voto favorable.
Pero reitero: como país, como sociedad, nos hace falta una discusión mucho más a fondo acerca de lo que debe ser una televisión pública. Ojalá pudiéramos sacudir un poco la iniciativa que lleva durmiendo tres años y medio. No basta con el debate que actualmente se lleva a cabo para introducir la televisión digital terrestre. Esa propuesta legislativa tiene otro enfoque y no mira en profundidad lo que realmente significa una televisión pública.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, en la misma línea de lo que acaba de señalar la Senadora señora Allende, cabe agregar que debemos adecuar la televisión a la profunda revolución tecnológica que estamos viviendo, llamada "convergencia tecnológica", la cual será cada vez más acelerada.
En ella, la televisión irá generando mayor competencia con otras plataformas (Internet, transmisión de datos, teléfonos móviles). Tal vez a futuro las personas vean televisión no en el chasis actual, sino en un aparato celular o en un tablet.
Además, la televisión será cada vez más interactiva. Permitirá también transmitir datos o desarrollar otros servicios.
Luego vendrá la televisión por Internet. En mi opinión, en algunos años más esta superará a la televisión digital tal cual la conocemos.
A propósito del debate sobre el proyecto que introduce la televisión digital terrestre, se ha producido una discusión relativa a la duración de las concesiones. Algunos querían que fuera de por vida. Sin embargo, por principio, establecimos que se trata de un bien nacional de uso público, por lo cual no pueden ser otorgadas para siempre. En todo caso, tal debate carece de sentido, pues en diez años más no dominará la televisión digital, sino la que se trasmite vía Internet. Por tanto, quedará obsoleto el formato digital, igual como está pasando con el analógico.
No obstante, usando las plataformas multimediales y la convergencia tecnológica, debemos tratar de fortalecer la televisión pública. Creemos que ella debiera seguir siendo un ente rector desde el punto de vista del pluralismo, de la diversidad, de la promoción de valores fundamentales, de la estimulación de la cultura, de la generación de contenidos entretenidos, para que también pueda ser parte de los beneficios que trae consigo el desarrollo tecnológico.
Al mismo tiempo, hemos estado discutiendo sobre la importancia de contar con un transportador público. Algunos pensamos que este será un eje en el proceso democratizador de la televisión en cuanto a diversidad y pluralismo, dado que la nueva ley de televisión establecerá la posibilidad de crear muchos canales comunales, regionales, comunitarios, aunque no van a poder tener la capacidad para poner su señal en el aire.
A varios Senadores nos parece que el transportador público debiera ser Televisión Nacional y no radicar en entes privados. La idea es que sea como una carretera pública al servicio de la diversificación, con el fin de posibilitar la puesta de contenidos en el aire, lo cual resulta muy relevante.
Por otro lado, debo señalar -lo digo con mucha claridad- que el compromiso que adoptó el Ejecutivo con nosotros es que, luego de aprobar esta "Ley corta de Televisión Nacional", inmediatamente se discutirá en la Comisión la "Ley larga".
Se trata justamente de profundizar en la materia y de dar garantías del fortalecimiento de la televisión pública, donde se privilegien los contenidos de calidad, los programas entretenidos e inteligentes, como señalamos, con el objeto de colaborar a generar mejores ciudadanos y ciudadanas, de perfeccionar la democracia, de diversificar el país, de dar cuenta de que Chile es mucho más amplio y profundo de lo que hoy día aparece en televisión, que refleja más bien una realidad metropolitana.
Otro aspecto que considero fundamental se refiere a la adecuación de la televisión pública a los desafíos tecnológicos, que avanzan de manera muy rápida.
La Ley de Moore expresa que la capacidad de memoria se duplica cada 18 meses. Y eso es lo que hemos venido presenciando. Hoy día un terabyte se puede poner en la punta de un alfiler y hace 10 años ocupaba una sala como en la que ahora nos encontramos.
Tales procesos, con la nanotecnología, se desarrollarán a velocidad logarítmica. Por lo tanto, la televisión, tal cual la conocemos, sufrirá mutaciones cada vez más complejas y jugará un rol más preponderante en la vida de las personas.
En definitiva, el proyecto que nos ocupa, que parece muy simple, permitirá a Televisión Nacional, en una primera etapa -luego discutiremos la "Ley larga" a fin de dar cumplimiento a toda su función social-, competir para llevar adelante su cometido, otorgándole las facilidades en el aspecto instrumental y anatómico. Al analizar la "Ley larga de TVN" debatiremos ya no sobre su infraestructura, sino respecto de la parte funcional, la fisiología de este proceso, para tener una televisión pública de calidad, como Chile merece.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, pido abrir la votación.

El señor ESCALONA (Presidente).- Se solicita abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, en primer término, voy a hacer una observación personal. Y doy excusas por ello.
Para mí ha constituido algo muy especial recibir el aprecio de todos los colegas, de los Comités, de los funcionarios de la Corporación, con motivo de mi ausencia por una enfermedad bastante complicada.
Tan solo me resta agregar: gracias, porque me hicieron sentir que soy parte del Senado.
En segundo lugar, en lo que respecta a la iniciativa de ley que estamos votando, debo manifestar que en verdad me genera una duda existencial.
A través de todo el tiempo que llevo como parlamentario, tanto en la diputación como en la senaduría, desde el inicio de la masificación de la televisión en Chile, en 1962, siempre he manifestado lo siguiente.
Primero, la televisión nos ha hecho, en parte muy importante, el país que somos. Más influencia que la de nosotros mismos o que la de hechos políticos, ha sido la suya, por su capacidad de penetración en la mente humana que ha llevado adelante y por haber otorgado relevancia a determinados lineamientos.
Segundo, yo no comparto la idea -creo que tampoco ninguno de los presentes- de que la televisión esté cumpliendo realmente con el sentido profundo de lo que se quiso lograr cuando en 1962 se entregó a las universidades la posibilidad de que fueran las únicas encargadas de las transmisiones.
Hay un grado de deformación muy grande en los programas que hoy se emiten.
Eso ocurre, entre otras cosas, porque en Chile hay dos tipos de televisión: la privada, que se rige por las leyes del mercado, y Televisión Nacional, que compite con aquella en las mismas áreas, porque eso es lo que marca la demanda, el marketing, el mercado, etcétera, y para lo que no cuenta con las condiciones ni la capacidad que se requieren.
Yo entiendo a quienes aquí sostienen que tenemos que soltar un poco las manos a Televisión Nacional para que, en definitiva, pueda competir con los otros canales. Pero, entonces, van a desaparecer las pocas diferencias que ella tiene actualmente y todos los canales terminarán siendo iguales. Es decir, pasará a ser parte del concierto privado, donde lo que importa es el mercado, el marketing y la falta de altura intelectual que hoy lo caracteriza.
No es necesario hacer eso. Reconozco que son válidas las razones que se dan para mejorarla y soltarle las manos hasta que se dicte la "Ley larga". Sin embargo, mientras más ahondemos en ese camino, más se alejará la posibilidad de que aprobemos una ley como realmente debe ser, al igual que en otros países importantes, donde la televisión, sea o no estatal, no se halla limitada a las necesidades económicas.
Frente a esa duda, prefiero abstenerme en la votación, porque, a mi modo de ver, se producirá un retraso en la toma de conciencia de que Televisión Nacional debe funcionar como un ente que permita desarrollar los valores esenciales que nosotros propiciamos, y llegar a ser un canal de televisión humanista, democrático, libertario, abierto a todos y sin presiones de ninguna especie. Porque hoy -querámoslo o no- recibe las presiones del mercado y también, naturalmente, las del Gobierno de turno.
Por eso, me abstengo.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, respecto de Televisión Nacional, tanto el Gobierno como el propio Parlamento optaron por el autofinanciamiento, que le exige competir en igualdad de condiciones con el resto de las empresas concesionarias de televisión, que son directamente privadas.
Pero, según se señala en el informe, esa competencia no se da "en igualdad de condiciones con los demás canales de televisión abierta".
Por lo tanto, sin entrar en aspectos de fondo, lo único que hace esta iniciativa es otorgar a Televisión Nacional las posibilidades para que pueda utilizar todas las plataformas, incluso la de radiodifusión -que no se ha mencionado en el curso de este debate-, en la ampliación de su giro.
Al igual que muchos de quienes han intervenido ahora, soy especialmente crítico de lo ocurrido con la televisión. Y no olvidemos que el Senado aprobó un proyecto de ley, tremendamente importante, que exacerba el carácter comercial de ella: el people meter on line. Afortunadamente, se ha propuesto eliminarlo tanto en la normativa sobre televisión digital como en otra que aprobamos dos años atrás.
Eso no es materia del proyecto que nos ocupa. Lo único que este persigue es que la empresa Televisión Nacional de Chile, enfrentada a un autofinanciamiento, pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de los canales de televisión del país.
En ese sentido, creo que es una iniciativa correcta, bien orientada y que va más allá de nuestras críticas acerca de los contenidos de la televisión y del impacto que tienen en la población en general.
Creo que ese impacto no es neutro. Pero, al menos, debemos proporcionar a TVN las herramientas para que pueda competir en igualdad de condiciones en ese escenario.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, durante la discusión de este proyecto en la Comisión, escuchamos no solo a representantes de organizaciones de la sociedad civil que se interesan por la televisión, sino también al Ministro Chadwick y al Presidente del Directorio de TVN.
La normativa es importante, porque Televisión Nacional necesita contar con disposiciones legales que le permitan competir en igualdad de condiciones con los canales privados.
La idea es permitir a TVN operar y explotar servicios de televisión y de producción, emisión y transmisión de contenidos audiovisuales y radiodifusión, cualquiera sea su formato, plataforma audiovisual o medio. Y, en general, darle las garantías para que pueda realizar todas las actividades propias de una concesionaria privada de servicios de televisión y de emisión de contenidos audiovisuales, con iguales derechos, obligaciones y limitaciones.
En ese orden de cosas, la Comisión se comprometió a que, una vez despachado este proyecto de "Ley corta", que amplía el giro de la empresa TVN y le garantiza que podrá operar en igualdad de condiciones con los demás canales, iniciará el debate de la denominada "Ley larga".
De hecho, la vamos a poner en tabla inmediatamente después de concluido el debate de la normativa sobre televisión digital -esperamos concluirlo mañana-, para los efectos de abocarnos a los aspectos más gruesos y de más larga data. Para ello, recibiremos a todos los interesados, partiendo por los propios sindicatos de TVN, a los que escuchamos ya en una oportunidad.
De ese modo pensamos activar, en definitiva, la discusión de la "Ley larga". Mientras tanto, es preciso entregarle los instrumentos necesarios para que compita en igualdad de condiciones con el resto de los canales.
Por eso, pido a los señores Senadores aprobar el proyecto que amplía el giro de Televisión Nacional.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, me alegro de que el Senador señor Gómez haya pedido fijar plazo para presentar indicaciones y que ahora votemos solo en general. Porque, a esta altura, tengo dudas sobre si se va a aprobar o no la iniciativa de "Ley larga" y qué materias va a contener.
En el mismo espíritu de lo que aquí se está debatiendo, son muchos los aspectos que sería factible consignar en aquella.
Efectivamente, como señaló recién un Senador, tal vez la diferencia con el texto en análisis es que este permitirá que Televisión Nacional brinde un servicio de radiodifusión sonora que posea una radioemisora, porque en varias otras cosas hoy día está capacitada para competir sin necesidad de una ley especial: puede hacer merchandising; confeccionar poleras; realizar producciones audiovisuales y vender servicios; cobrar por el uso de la web en el extranjero, en fin, puede efectuar un sinnúmero de actividades. Pero es evidente también -como aquí se ha dicho- que tiene fuertes limitaciones, que se mantendrán después del despacho de esta "Ley corta", no puede recibir aportes del Estado ni contratar créditos en la banca, porque está inhabilitado por ley.
Entonces, con lo propuesto estamos haciendo aparecer como una apertura comercial el que este canal nacional pueda competir en igualdad de condiciones con otros, en circunstancias de que eso no es real. Aquí, a lo más, tendrá una radio y seguirá haciendo las cosas pequeñas que hoy día está en condiciones de realizar.
De modo que no sé si el debate habido -no en la Comisión de Educación- realmente se relaciona con algo que algunos señores Senadores han planteado: abrir y ampliar su giro. Incluir, por ejemplo, el término "telecomunicaciones", para dejar las puertas abiertas a que en un futuro se puedan usar las no pocas instalaciones de Televisión Nacional en el país, como concesiones, terrenos, antenas. Entonces, además de irradiar televisión y radio, también puede iluminar con Internet y con telefonía. O sea, entregar muchos más servicios que los actuales, si realmente se hace una modificación de mayor alcance.
Lo que más me preocupa es que hoy día tengamos un debate en general que, a mi juicio, es ajeno al Congreso.
El Parlamento ahora se halla discutiendo esta "Ley corta" y se supone que pronto analizará la "Ley larga", que incluye la televisión digital terrestre, de la cual poco o nada se conoce, pese a que ha participado en un encuentro con concesionarias españolas que incluso administran carreteras en Chile, y que están mucho más adelantadas que nuestra legislación e incluso que el Gobierno. Por ejemplo, están viendo cómo llevar adelante un teletransportador mediante la concentración de antenas.
Por lo tanto, uno se pregunta: ¿Y qué pasa con los terrenos que el Estado chileno ha entregado gratuitamente en concesión a Televisión Nacional en gran parte del territorio? En el Parque Metropolitano de Santiago, se sabe que no paga por usar dichas instalaciones, pero sí lo hacen los otros canales.
Entonces, uno se pregunta también si se podrán formar sociedades por acciones. Porque hay quienes van más allá y dicen que este es un debate para privatizar Televisión Nacional. Yo, de verdad, no advierto ese fantasma.
En el afán de competir en mejores condiciones con los otros canales, bien se podrían formar sociedades por acciones. Y frente a eso, ¿cuál es el activo de TVN?
El canal nacional dispone de casi 200 concesiones, dentro de las cuales hay unas 15 que son muy apetecidas en distintos cerros del país. Tienen un gran valor, bastante superior a los equipos utilizados. Por eso, las empresas españolas están muy interesadas en llegar a Chile y transformarse en el teletransportador a que el Estado ha renunciado. A pesar de que en la discusión sobre televisión digital se ofrecieron 12 megahertz adicionales para TVN, no hay interés en tomarlos, porque, al parecer, es mucho más atractivo asociarse con ABERTIS, con New Company o con todo ese ejercicio realizado, mientras nosotros debatimos un proyecto que permite a TVN tener una radio.
Considero que el Congreso no tiene en la mira, o no se le está haciendo parte de una discusión más grande y más lucrativa, en la que, eventualmente, el día de mañana, TVN tendría que despojarse de numerosos activos, como terrenos y otros bienes que le han sido traspasados a título gratuito.
Con todo, en mi opinión, hay que aprobar el proyecto en debate, pues no se puede dejar a Televisión Nacional en la situación que hoy día está. Si necesita competir, participar en el mercado y de una torta publicitaria en mejores condiciones, debe hacerlo.
Yo, por de pronto, sugeriría modificar el texto e incorporar algunas indicaciones.
Por otra parte, en la iniciativa se plantean inhabilidades, pero solo de consanguinidad. No se habla de ellas respecto de quienes están en la industria, en el mercado de los concesionarios, de los peticionarios, de los administradores de cables.
A mi juicio, señor Presidente, si bien el proyecto es un avance, sencillamente no deja a TVN compitiendo en igualdad de condiciones -como muchos aquí insinúan- con el resto de los canales de televisión.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma

El señor TUMA.- Señor Presidente, esta es una gran oportunidad para modificar la legislación actual y permitir que una empresa que ha estado prácticamente maniatada para competir con el resto de la industria, el cual puede aliarse, sacar ventajas significativas, obtener efectos multiplicadores con un mismo equipo y diseñar diferentes medios de comunicación para llegar a distinto público.
Que Televisión Nacional tenga la posibilidad de instalar una radio o cadenas de radios constituye una ventaja muy importante. Esto le posibilitará enfrentar de mejor manera a sus competidores. Ahora ella podrá bajar sus costos y ser más competitiva.
Podremos exigir más a Televisión Nacional en cuanto a cómo fortalecer a muchas Regiones que a veces se encuentran en el punto de equilibrio. También, desde ese punto de vista, el proyecto constituye un elemento conveniente y central, porque desde hace un tiempo a esta parte, aquellas se han ido quedando sin medios de comunicación locales.
Por muchas informaciones radiodifundidas sabemos lo que ocurre en Santiago, en la Alameda, en Ahumada, pero no lo que ocurre a la vuelta de la esquina, en los barrios y sectores regionales. De manera que, desde esa perspectiva, esta iniciativa es un mérito, porque va a permitir a Televisión Nacional fortalecer su trabajo en Regiones, ya sea con la señal televisiva o con transmisiones por radio.
De modo que, con entusiasmo, voy a votar favorablemente.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (22 votos a favor, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer, y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Sabag, Tuma, Uriarte y Walker (don Ignacio).
Se abstuvo el señor Ruiz-Esquide.
No votó, por estar pareado, el señor Novoa.

El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijará como plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 8 de octubre, a las 12.
--Así se acuerda.




SANCIONES A COMERCIALIZACIÓN DE HILO CURADO


El señor ESCALONA (Presidente).- De acuerdo a lo resuelto recientemente por la Sala, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Chahuán, Rossi, Ruiz-Esquide y Uriarte, en primer trámite constitucional, que sanciona la comercialización de hilo curado, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8576-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Girardi, Chahuán, Rossi, Ruiz-Esquide y Uriarte):
En primer trámite, sesión 48ª, en 11 de septiembre de 2012.
Informe de Comisión:
Salud: sesión 48ª, en 11 de septiembre de 2012.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Salud discutió el proyecto en general y particular por ser de artículo único.
Su objetivo proyecto es sancionar penalmente y con multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales al que produzca, comercialice o acopie hilo curado. Además, se sanciona al que use o facilite su utilización con multa de 2 a 10 unidades tributarias mensuales.
La Comisión aprobó en general y en particular el proyecto, por la unanimidad de los integrantes presentes, Senadores señores Chahuán, Girardi, Ruiz-Esquide y Uriarte.
El texto que propone aprobar figura en el informe.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión general y particular a la vez.

Tiene la palabra el Senador señor Uriarte.

El señor URIARTE.- Señor Presidente, es normal asociar los volantines con las Fiestas Patrias, con la celebración de fechas importantes y con los feriados. Pero, lamentablemente, en el último tiempo, su práctica se relaciona con un elemento que nada tiene que ver con el hilo curado de hace 15, 20 o 40 años. Ahora se confecciona con polvo de aluminio o de cuarzo, lo que le da un tremendo poder destructivo.
En los últimos días, hemos visto cómo personas ajenas a la práctica o al uso del volantín han sufrido lesiones que más bien parecen mutilaciones, y que, fácilmente, pueden costarles la vida.
Por lo mismo, revisamos nuestra legislación y nos dimos cuenta de que en ella no había nada sustantivo en lo sanitario ni en lo penal.
Por otro lado, nos percatamos de que los juzgados de policía local se declaran incompetentes a propósito de estos ilícitos y que, por lo mismo, se hacía necesario legislar sobre la materia y prohibir el uso del hilo curado que -repito- no tiene nada que ver con el inocente implemento que se usó y fabricó durante muchos años.
Lo que hacemos en este proyecto de ley es distinguir dos hipótesis: una, el uso o la facilitación para la utilización del hilo curado, y otra, su producción, acopio o comercialización, porque de verdad se trata de una actividad lucrativa, industrializada, que tiene por objeto vender masivamente un arma blanca.
Eso es, en el fondo, lo que queremos prohibir. Para ello establecemos una fórmula simple, sencilla, fácil de aplicar por los jueces y, sobre todo, muy necesaria a fin de evitar lesiones o, incluso, la muerte de personas inocentes.
Por tal motivo, la Comisión de Salud tuvo a bien sesionar y aprobar por la unanimidad de sus miembros el proyecto en estudio, de autoría de los Senadores Girardi, Chahuán, Ruiz-Esquide y de quien habla, en el entendido de que, por cierto, constituye un aporte para la celebración sana, responsable y prudente de una práctica muy ejemplar y tradicional en nuestra historia, la cual, si no se introducen este tipo de correcciones, puede seguir generando efectos indeseados.
Por lo anterior, recomendamos una votación favorable para la presente iniciativa. Y ojalá la podamos despachar a segundo trámite en el día de hoy.

El señor ESCALONA (Presidente).- Comunico que hay un número significativo de señoras y señores Senadores interesados en hacer su aporte a este importante proyecto.

El señor BIANCHI.- "Si le parece", señor Presidente.

El señor LAGOS.- "Si le parece".

El señor WALKER (don Ignacio).- "Si le parece".

El señor ESCALONA (Presidente).- En atención a lo que acabo de señalar, solicito la autorización de la Sala para abrir la votación.
Acordado.
En votación general la iniciativa.
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, pienso que este proyecto es muy simple, pero que apunta al cumplimiento de una función social y de salud muy importante, porque en los últimos días hemos visto a lo menos dos personas lesionadas:
Una fue la niña Amanda Farías, campeona de patinaje, quien, mientras entrenaba en el Parque O'Higgins, recibió un corte de un hilo curado tensado y abandonado que la obligó a permanecer varios días hospitalizada. Por suerte, no le seccionó ningún nervio o arteria relevante, y, seguramente, el nivel de las secuelas que le quedarán será mínimo.
El otro fue un motonetista que iba por una autopista, cuando un hilo curado de un volantín que se había ido cortado quedó atravesado en la calzada y le ocasionó también lesiones importantes.
Y ha habido personas fallecidas, dado que el hilo curado -como dijo el Senador Uriarte- se transforma en una verdadera arma blanca: puede seccionar el cuello o la yugular sin ningún problema si alguien que va a determinada velocidad se enreda con él.
La situación se torna más grave aún particularmente en el caso de los niños, porque estos tienen partes blandas todavía mucho más lábiles.
El hilo curado es ingobernable y puede quedar abandonado en cualquier lugar. Además, es ilegal, pues está prohibido su uso.
En el pasado se dictaron decretos, fundamentalmente por la autoridad sanitaria -a mí me tocó aplicarlos en la década de los noventa-, y a partir del año 2006 el Ministerio de Salud estableció una sanción consistente en la aplicación de una multa. Pero, evidentemente, ello no ha tenido éxito, en el sentido de que ha resultado insuficiente para desincentivar esta práctica.
La situación de ahora es muy parecida a la que se daba antes con los fuegos artificiales, cuando su utilización generaba que cerca de 90 personas al año quedaran quemadas, mutiladas o con sus miembros seccionados. Y lo que se hizo mediante una ley fue prohibir su uso doméstico e individual.
Evidentemente, el resultado es clarísimo: no hay más de diez casos de personas quemadas.
En consecuencia, hemos tenido un éxito, desde el punto de vista de la salud pública y del bien común, claro y categórico.
Ahora bien, con respecto a la iniciativa en debate, pensamos que establecer una prohibición con desincentivos proporcionales puede ser un instrumento muy eficaz. ¿Por qué proporcionales? Porque al que utilice hilo curado se le sancionará solo con multa, pero quien lo produzca, elabore o venda recibirá una pena de presidio menor en su grado mínimo.
Hoy día existen multas, pero no constituyen desincentivos suficientes para aquellos que ganan dinero o usufructúan de tal actividad ilegal.
Por consiguiente, como este es un problema molecular y capilar presente en todo Chile, particularmente durante las Fiestas Patrias, no queremos perjudicar de ninguna manera algo muy relevante que forma parte de nuestra tradición: el encumbrar volantines. Basta ir a determinado sector de Pudahuel para darse cuenta de que miles de personas desarrollan esta práctica. Pero creemos que esa competencia debe ser sana, sin riesgo para nadie, porque el hilo curado es ingobernable.
Normalmente, el que lo usa no es quien se lesiona. Lo más frecuente es que los niños u otras personas inocentes sean los afectados por esa actividad indebida, que hoy día es ilegal, pero que no tiene un sistema de sanciones adecuado.
Por eso, señor Presidente, le pedimos al Senado la aprobación de este proyecto, porque, a nuestro juicio, va a ser un instrumento útil. Es proporcionado y muy simple. Pensamos que cuenta con el apoyo de todas las autoridades vinculadas particularmente a la protección de los niños y que ayudará a que no haya más situaciones como la ocurrida a Amanda Farías, a quien le rindo un pequeño homenaje porque es una chica meritoria, quien con mucho esfuerzo propio y de su familia ha logrado ser campeona de patinaje.
Esa potencialidad, ese sueño, ese anhelo de poder competir a nivel internacional, estuvo a punto de coartarse y cercenarse producto de un hilo curado que quedó abandonado en el Parque O'Higgins hace pocos días.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, este proyecto de ley responde a una situación de hecho que debemos lamentar todos los años en las Fiestas Patrias: la gran cantidad de accidentados precisamente por la utilización de hilo curado.
Por ello, junto a los Senadores Girardi, Ruiz-Esquide, Uriarte y Rossi, todos miembros de la Comisión de Salud, presentamos esta iniciativa.
Lo hacemos porque observamos dos dificultades: primero, que no hay una legislación específica destinada a controlar el uso de hilo curado, sino solo una normativa sanitaria, la Resolución N° 26.132, del año 2005, de la Secretaría Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, que prohibió "su uso y venta fundada en la disposición contenida en el artículo 90 del Código Sanitario, que faculta a la autoridad para establecer las condiciones en que se podrá realizar la producción, importación, expendio, tenencia, transporte, distribución, utilización y eliminación de las sustancias tóxicas o productos peligrosos y demás sustancias que signifiquen un riesgo para la salud, la seguridad o el bienestar de los seres humanos".
A lo anterior se agrega que los juzgados de policía local se han declarado incompetentes para conocer este tipo de ilícitos en todos aquellos casos en que se han pesquisado infracciones por el uso del mencionado producto, lo que deja de manifiesto que es necesario contemplar una regulación específica para este efecto.
Por lo tanto, las dos hipótesis en que se colocó la Comisión apuntan, por una parte, a que quien use y facilite la utilización de hilo curado sea sancionado con una multa de entre 2 y 10 unidades tributarias mensuales, y por otra, a que el que produzca, acopie o comercialice hilo curado sea castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, que va desde los 61 días hasta los 540 días de cárcel, y con una multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales.
Y, además, en el texto legal se define qué se entiende por hilo curado: "cualquier hilo, ya sea de algodón, plástico, fibra sintética, lino o metal, recubierto por un pegamento unido a un abrasivo, como cristal, vidrio, elemento mineral o polvo metálico de cualquier naturaleza".
Por tales razones, señor Presidente, solicitamos la unanimidad de la Sala para que este proyecto de artículo único sea votado en general y en particular.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, soy de aquellos chilenos a quienes, cuando escuchan noticias de niños que han sufrido accidentes con hilo curado, les da indignación y rabia.
Y mi primera reacción fue probablemente la misma que tuvieron los autores de este proyecto.
Sin embargo, no estoy en condiciones de aprobarlo, por las razones que a continuación expondré.
En primer lugar, a mí no me gustan las armas de fuego. Me parecen negativas, odiosas. Tampoco me agradan las armas blancas, que considero innecesarias, por cierto. Pero ocurre que aquí hay dos bienes en discusión, que a lo menos yo me comprometí a proteger cuando juré respetar la Constitución y las leyes.
Por una parte, está el derecho de las personas a producir hilo curado. Este puede venderse; no hay ninguna prohibición per se para ello. Lo que se requiere -y no se ha querido hacer- es regular esa actividad. A mí no me gusta el hilo curado -¡a mí!-, pero eso no significa que tenga derecho a prohibir lo que la Constitución autoriza.
Y en esa materia, señor Presidente, lo que hace falta es una ley que regule la producción, la tenencia y el uso del hilo curado.
No soy de aquellos que defienden a las federaciones que se dedican a la competencia de volantines con hilo curado, y no he participado jamás en estas. Pero me parece necesario regular dónde es posible utilizar estos implementos y quiénes pueden hacerlo (en mi opinión solo deberían ser mayores de edad). Asimismo, pienso que tendrían que existir sanciones gravísimas tanto para los que dejen abandonados estos productos como para los que causen lesiones con ellos y, también, que habría que clasificar a sus productores en un registro público.
En tal sentido, como Parlamento deberíamos reaccionar frente a casos como el que relataba el Senador Girardi, que a algunos nos violentan, referido a una niña -podría haber sido cualquier niño, incluso uno de nuestros hijos- que resultó involucrada en un accidente absolutamente injustificable, condenable.
Al respecto, señor Presidente, siento que se requiere normar la producción, el acopio, la comercialización del hilo curado, así como establecer una regulación acerca de quiénes pueden usarlo, dónde y en qué condiciones, por ejemplo, previo aviso a las autoridades respectivas y, por supuesto, no en lugares de acceso al público en general.
Lo digo porque, aun cuando soy contrario al uso de las armas de fuego, entiendo que algunas personas disfrutan con ellas y las necesitan para su desarrollo personal -o así lo piensan-. Y tienen el derecho a entretenerse mediante su adquisición y su descarga en lugares autorizados, ya sea al aire libre o en ambientes controlados.
Esa debería ser la lógica que nos guiara en esta materia. Porque no por estar una persona en contra de determinada práctica le asiste el derecho constitucional a prohibirla, a sancionarla per se.
Por otra parte, alguien aquí asimiló el hilo curado a las armas blancas. Sí, es probable. ¿Pero tenemos la facultad legal de prohibir las armas blancas? ¡No! Lo que podemos hacer es regular su producción, comercialización, porte y uso, y este debería ser, en última instancia, el encauzamiento del asunto que nos ocupa.
Porque, de lo contrario, el establecimiento de leyes para prohibir una práctica de esta naturaleza solo nos llevará al mercado negro, al tráfico del hilo curado, a la irresponsabilidad.
A raíz de esta iniciativa legal, he descubierto que en diferentes puntos del país hay familias que se dedican a la tradición de producir hilo curado. Reitero: no es algo que a mí me agrade en lo más mínimo, pero me parece que ellas tienen derecho constitucional a elaborar ese implemento y a usarlo en forma regulada, acotada.
Soy de aquellos que estiman, aun cuando soy contrario al hilo curado, que lo que corresponde en este caso, de acuerdo al juramento que hicimos en orden a respetar la Constitución y las leyes, es regular su uso; dificultar el acceso a él; prohibir su utilización por menores de edad y en espacios públicos; establecer la existencia de registros legales y no, simplemente, sacar un proyecto de ley antes del 18 de septiembre pensando en que con ello se resuelve el problema.
Por eso consulté a la Mesa si la votación era solo en general -así se me confirmó- para poder formular las indicaciones necesarias con el objeto de solucionar el problema de fondo.
Considero conveniente escuchar la experiencia concreta de las federaciones que organizan competencias de volantines con hilo curado. Yo no sabía, señor Presidente, hasta la presentación de esta iniciativa, que se han celebrado torneos internacionales donde Chile ha competido con países vecinos.
Por ende, sería útil que se realizara un abordaje integral de esta materia.
No me voy a cansar de decir que me violenta cuando leo noticias de personas que terminan heridas por hilo curado. Pero me parece que establecer sanciones desproporcionadas con relación a la escala contemplada en el Código respectivo, sin una tipificación apropiada y sin una aproximación más completa, no es el camino más adecuado para evitar la existencia de heridos inocentes por la irresponsabilidad de aquellos que utilizan este producto, el cual tiene el potencial de provocar un daño tremendo a los seres humanos.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.

El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, este proyecto es muy loable y habla muy bien de sus autores, quienes han recogido el sentir de muchos chilenos y chilenas que se impactan al ver en las noticias los accidentes que produce la utilización del hilo curado para encumbrar volantines.
Sin embargo, concuerdo con lo manifestado por el Senador Letelier en el sentido de que debiéramos elaborar una normativa legal que regulara su producción, su comercialización y su utilización.
La presente iniciativa, además de sancionar con multas la utilización del hilo curado, establece una figura penal para sancionar a quien acopie, produzca o comercialice este implemento. Y si uno lee detenidamente su texto, se da cuenta de que lo hace más grave que el uso y el porte de arma blanca. Porque para esto último existen excepciones. Las personas no pueden andar por las calles con armas blancas, pero si lo hace un artesano, un zapatero o un mueblista, la ley contempla la excepción que lo exculpa de cualquier sanción, al considerar que en ese caso no se comete delito alguno.
Pero este proyecto no contiene ningún tipo de excepción. Y, por eso, concuerdo en que debe haber un reglamento, una regulación sobre el particular.
En la Sala se ha señalado -así lo escuché- que existen federaciones que se dedican a elevar volantines con hilo curado. Estas tienen que ser oídas, pues no nos es posible prohibir actividades que, siendo lícitas, a lo mejor podrían desarrollarse en lugares donde no ocasionen peligro.
Por otra parte, me parece conveniente que esta iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución. ¿Y por qué lo digo? Porque crea una figura penal, establece sanciones, lo cual es propio de un órgano especializado como esa Comisión.
Pienso que la intención de los colegas que firmaron esta moción -como ya lo señalaba- fue recoger el sentir de muchos chilenos que estamos en contra de la utilización de hilo curado, por los daños y accidentes que ocasiona.
Sin embargo, nosotros tenemos que legislar con la cabeza más que con el corazón. Y eso significa que debemos elaborar buenas leyes.
Por lo anterior, me parece conveniente que la Comisión de Constitución escuche a las diferentes personas involucradas en esta actividad y evacue su informe, al objeto de poder aprobar un buen estatuto legal.
No estoy de acuerdo en que reaccionemos tan visceralmente, a pocos días de nuestras festividades patrias. De manera que dejo lanzada la propuesta.
En todo caso, yo no voy a votar en contra de este proyecto. Pero estimo adecuado introducirle los mejoramientos pertinentes, para que las personas que en forma inocente desarrollan esta actividad no se vean perjudicadas.
Muchas gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- Está inscrito a continuación el Senador señor Tuma, para hacer uso nuevamente de la palabra.

El señor TUMA.- Señor Presidente, es primera vez que intervengo respecto de este proyecto.
Quiero expresar que comprendo a los cinco parlamentarios -coincidentemente, son todos de la Comisión de Salud- que han reaccionado de manera espontánea, visceral, en la idea de que nunca más tengamos una víctima producto de heridas con hilo curado. Y, claro, si nosotros legisláramos en función de una reacción de ese tipo, tendríamos que prohibir muchas cosas. También hay accidentes vehiculares; entonces, deberíamos prohibir la circulación de autos, bicicletas, motos, micros.
¡Si accidentes va a haber en todas partes! Pero ¿cómo hemos resuelto, con sentido común, los riesgos de accidentes en otros ámbitos? A través de la regulación.
Por eso, me parecen muy sensatas las intervenciones de los Senadores que han señalado que el proyecto en discusión hay que aprobarlo, pero para regular. Aquí no existe regulación respecto al hilo curado y considero absolutamente necesario corregir tal situación.
Yo solía acoger las iniciativas de los miembros de la Comisión de Salud -se lo digo al Senador Chahuán-, que normalmente tenían sentido común. No obstante, esos mismos Senadores de repente pierden la brújula, porque, por ejemplo, aprobaron un proyecto que prohibía exhibir películas donde los actores usaran el cigarrillo o el puro. Pero ¿iban a prohibir ver una película del Che Guevara o de Winston Churchill? ¿Les iban a poner un "Koyac" en la boca en vez de un puro? ¡Si eso es desnaturalizar lo que ha ocurrido en la historia! Cambiar la historia no es lógico, no es de sentido común.
Entonces, después de que estos cinco Senadores firmaron esa iniciativa, fuera de todo sentido común, yo miro con bastante más cuidado las que impulsan por unanimidad en esa Comisión, que reacciona en forma desproporcionada frente a la exigencia de ir en respuesta de fenómenos que ocurren en la sociedad. Esto último es necesario, pero debe hacerse de manera prudente, ponderada, con sentido común. Y el sentido común a mí me dice que la materia en debate lo que amerita es regulación y no prohibición. Porque es muy fácil prohibir todas las actividades.
En consecuencia, me pronunciaré a favor del proyecto, con la preocupación de formular las indicaciones correspondientes y de que puedan ser invitados quienes participan en esta actividad, que conozco poco -no tengo mucha experiencia con el hilo curado y hasta me cuesta elevar volantines-, pero que está garantizada por la Constitución. ¿Y por qué la vamos a prohibir? ¿Porque se le ocurrió a esta Comisión de sentido fuera de lo común reaccionar desproporcionadamente?

El señor QUINTANA.- ¡Qué están fumando...!

El señor TUMA.- ¡Yo creo que tenemos que ver qué estaban fumando cuando plantearon esta iniciativa...!
En definitiva, con mucho entusiasmo voy a votar favorablemente el proyecto, pero solo para regular esta actividad, para que nunca más un niño sufra un accidente por esta causa. Porque, si se norma bien esta materia, se puede mantener este deporte y establecer lugares especiales donde practicarlo, dado que constituye una tradición en Chile y en el mundo. He leído libros donde aparecen competencias de este tipo en muchos otros países. Lo que debemos hacer es regularlo. Veamos qué legislación comparada hay. Pero ¿prohibir porque hay accidentes? En ese caso, como dije al comienzo de mi intervención, el sentido de desproporción nos aconsejaría prohibir todas las actividades nacionales.
He dicho.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (18 votos afirmativos).
Votaron las señoras Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Escalona, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte y Walker (don Ignacio).

El señor QUINTANA.- Le ruego que agregue mi voto, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de que el Senador señor Quintana concurre también con su voto favorable a la aprobación del proyecto.
Corresponde fijar plazo para la presentación de indicaciones.
Señor Secretario, ¿tenemos quórum?

El señor LABBÉ (Secretario General).- Sí, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Muy bien. ¿Qué plazo se propone?

El señor CHAHUÁN.- Un día.

El señor LETELIER.- El 15 de octubre.

El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Le parece a la Sala el 1 de octubre, a las 12?
--Así se acuerda.

El señor ESCALONA (Presidente).- En seguida, se ha solicitado que el proyecto pase a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

El señor LETELIER.- Sí.

El señor CHAHUÁN.- No hay acuerdo, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- No existiendo acuerdo, se debe votar.

El señor GIRARDI.- No hay quórum.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Efectivamente, no lo hay.
El señor ESCALONA (Presidente).- En ese caso, no habiendo quórum para adoptar acuerdos, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.

PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
A los señores Ministro de Energía y Gerente General de la Empresa Nacional de Petróleo, para que informe sobre REALIDAD DE RESERVAS DE GAS Y PETRÓLEO EN REGIÓN DE MAGALLANES.
Del señor TUMA:
A la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, requiriéndole FISCALIZACIÓN A BANCOESTADO POR INFORMACIÓN A SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DEUDORES DE CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO.
)---------------(
--Se levantó la sesión a las 19:22.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción