REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 360ª
Sesión 55ª, en martes 16 de octubre de 2012
Ordinaria
(De 16:22 a 19:31)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES CAMILO ESCALONA MEDINA, PRESIDENTE,
Y ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau, y de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes. Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn Cordua.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ESCALONA (Presidente).- Las actas de la sesiones 52ª, en 3 de octubre; 53ª, en 9 de octubre, y 54ª, en 10 de octubre, todas ordinarias, del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor ESCALONA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retiró, en su momento, la urgencia del proyecto de ley que establece incentivos especiales para las zonas extremas del país (boletín N° 8.011-05).
--Se tiene presente el retiro y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que establece incentivos especiales para las zonas extremas del país (boletín N° 8.011-05).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Cinco de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que dio su aprobación a la enmienda propuesta por el Senado al proyecto que modifica la ley N° 20.305 -sobre condiciones de retiro de los funcionarios públicos con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones-, reconoce pagos y otorga beneficios (boletín N° 8.059-13).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Con los cuatro siguientes comunica que aprobó los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley que otorga a los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario por el periodo que indica y una bonificación adicional (boletín N° 8.447-04).
--Pasa a las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Hacienda.

2.- Proyecto de ley que otorga a los funcionarios municipales que indica una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional (boletín N° 8.264-06).
--Pasa a las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda.

3.- Proyecto de reforma constitucional que limita la reelección de las autoridades que indica (boletines Nºs 4.115-07, 4.499-07, 8.221-07, 7.888-07, 4.701-07 y 4.891-07, refundidos).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

4.- Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para otorgar permiso a trabajadoras y trabajadores para efectuarse exámenes de mamografía y de próstata (boletines Nºs 7.990-13 y 8.372-13, refundidos).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia autorizada de la resolución recaída en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 29 y 30 de la ley N° 17.288, sobre monumentos nacionales.
--Se toma conocimiento y se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia:
Responde petición, formulada en nombre del Senador señor Horvath, sobre homologación de los trabajadores de jardines infantiles municipales al régimen estatutario de los establecimientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles e Integra y a los beneficios que perciben los funcionarios municipales.
Del señor Ministro de Agricultura:
Contesta una solicitud, remitida en nombre del Senador señor Escalona, relativa a la elaboración de una normativa eficaz para proteger la explotación de las turberas y asegurar su importante contribución al desarrollo de Chiloé.
Del señor Ministro de Energía:
Da respuesta a peticiones de información, enviadas en nombre del Senador señor Bianchi, sobre las situaciones siguientes:

1.- Reservas de gas natural existentes en la Región de Magallanes y Antártica Chilena destinadas al abastecimiento de la población.

2.- Información actualizada de las reservas de gas y petróleo en la mencionada Región.
Del señor Jefe de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia:
Informa que se ha requerido a la autoridad que se individualiza en cada caso dar respuesta a los siguientes acuerdos adoptados por el Senado:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, respecto del acuerdo mediante el cual, a proposición del Senador señor Chahuán, se solicita modificar la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile con el objeto de crear un servicio especializado de protección del patrimonio cultural (boletín N° S 1.508-12).
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, acerca de los siguientes acuerdos:

1.- El que, a proposición de los Senadores señor Uriarte, señora Von Baer y señores Coloma, Espina, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Sabag, Walker (don Patricio) y Zaldívar, tiene por objeto solicitarle al Gobierno de la República de Cuba esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte del dirigente político señor Oswaldo Payá (boletín N° S 1.501-12).

2.- El que, a propuesta de los Senadores señores Coloma, Kuschel, Larraín Fernández, Prokurica y Tuma, persigue respaldar la política de Estado de ceñimiento estricto a las disposiciones del Tratado de Paz y Amistad suscrito con Bolivia en el año 1904 y ratificar la disposición de Chile a promover un diálogo bilateral fructífero (boletín N° S 1.488-12).

3.- El que, a proposición de los Senadores señora Allende y señores Bianchi, Chahuán, Escalona, Letelier, Muñoz Aburto, Rossi, Sabag, Tuma y Zaldívar, tiene como finalidad pedir la revisión de la política exterior chilena en relación con los Estados de Israel y Palestina (boletín N° S 1.504-12).
Al señor Ministro de Hacienda, con relación a los acuerdos que se especifican en seguida:

1.- El que, a propuesta de los Senadores señor Bianchi, señora Allende y señores Cantero, Girardi, Gómez, Letelier, Pizarro, Rossi, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar, se adoptó para solicitar una iniciativa legal que declare exentas de la cotización de salud establecida en el decreto ley Nº 3.500 las pensiones no contributivas de los exonerados políticos (boletín N° S 1.505-12).

2.- El que, a proposición de los Senadores señor Bianchi, señoras Pérez San Martín y Rincón y señores Horvath, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Rossi, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar, se adoptó para pedir la incorporación en el Estatuto Administrativo de un régimen de indemnización por años de servicio efectivo en el sector público (boletín N° S 1.477-12).

3.- El que, a propuesta de los Senadores señores Bianchi, Cantero, Horvath, Prokurica, Rossi y Walker (don Patricio), se tomó para instar a actualizar la resolución exenta N° 698, de 2006, sobre normas de condonación de deuda para contribuyentes con el objeto de adecuarlas a las situaciones de las empresas pequeñas y medianas y de las personas naturales que se indican (boletín Nº S 1.512-12).
Al señor Ministro de Educación, respecto de los acuerdos conforme a los que se le requiere informar sobre la factibilidad de dar tramitación legislativa a las siguientes peticiones:

1.- Incentivo al retiro de los funcionarios de las universidades estatales, financiado con una fórmula de corresponsabilidad por el Fisco y ellas: proposición de los Senadores señor Bianchi, señora Pérez San Martín y señores Lagos, Navarro, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (boletín N° S 1.476-12).

2.- Empadronamiento obligatorio por la Junta Nacional de Jardines Infantiles de los establecimientos particulares de esta clase y su acreditación conforme a estándares de seguridad y calidad: propuesta de los Senadores señores Bianchi, Chahuán, Prokurica y Patricio Walker (boletín N° S 1.503-12).
Al señor Ministro de Justicia, sobre los acuerdos que a continuación se enuncian:

1.- El que, a proposición de los Senadores señor Chahuán, señora Pérez San Martín y señores Bianchi, García, Girardi, Horvath, Larraín Peña y Prokurica, se tomó para reiterar la petición de un proyecto de ley sobre fortalecimiento y modernización de Gendarmería de Chile (boletín N° 1.498-12).

2.- El que, a propuesta de los Senadores señores Letelier y Walker (don Patricio), señora Pérez San Martín y señores Larraín Fernández y Tuma, se adoptó para pedir el envío de un proyecto de ley integral en materia de protección de los derechos de la infancia (boletín N° S 1.486-12).
A la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, acerca de los acuerdos vinculados con los siguientes asuntos:

1.- Demanda de iniciativa de ley que extienda el beneficio de asignación de zonas extremas a los trabajadores de jardines infantiles municipales y homologue sus condiciones laborales con las del personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles e instituciones de actividad similar: proposición de los Senadores señores Horvath, Bianchi y Prokurica (boletín N° S 1.494-12).

2.- Incorporación en proyecto de ley sobre fortalecimiento de la regionalización del país de disposiciones que garanticen el respeto a la carrera funcionaria, la capacitación y la homologación de remuneraciones en los gobiernos regionales: propuesta de los Senadores señores Bianchi, Rossi, Sabag y Zaldívar (boletín N° S 1.485-12).

3.- Adopción de resoluciones conducentes al reconocimiento de los beneficiarios del Programa de Inversión en la Comunidad que se encuentren contratados por las municipalidades ejecutoras como trabajadores para todos los efectos legales: proposición del Senador señor Chahuán (boletín Nº S 1.516-12).
Al señor Ministro de Salud, respecto de los acuerdos referentes a los siguientes asuntos:

1.- Modificación de ley Nº 19.664 en materia del procedimiento de acreditación contemplado en su artículo 16: propuesta de los Senadores señores Chahuán, Girardi, Ruiz-Esquide y Uriarte (boletín N° S 1.497-12).

2.- Legislación para perfeccionamiento de régimen de Garantías Explícitas en Salud en materias de tratamiento psicológico a pacientes de cáncer de mamas, ampliación de cobertura de los exámenes preventivos y especificación en el listado correspondiente de prestaciones de reconstrucción mamaria: proposición de los Senadores señores Bianchi, Cantero, Horvath, Prokurica, Rossi y Patricio Walker (boletín Nº S 1.510-12).

3.- Envío de proyecto que les dé carácter imponible a las bonificaciones otorgadas en diversas leyes al sector salud y que equipare su bonificación de zonas extremas con las que perciben los demás empleados del Estado: propuesta de los Senadores señores Bianchi, Cantero, Horvath, Prokurica, Rossi y Patricio Walker (boletín Nº S 1.511-12).
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, sobre el acuerdo que, a proposición de los Senadores señores Chahuán, Bianchi, García Huidobro, Larraín Fernández, Prokurica y Rossi, se tomó para pedir que esa Secretaría de Estado informe sobre constitución de la mesa de diálogo con los dirigentes gremiales de dueños de camiones y avance en las materias comprometidas (boletín N° S 1.491-12).
A la señora Ministra de Medio Ambiente, referente al acuerdo que, a proposición de los Senadores señores Navarro, Bianchi, Cantero, Escalona, García Huidobro y Lagos, se adoptó para pedir apoyo al programa Censo de la Vida Marina-Chile y que se consideren en el Presupuesto Nacional 2013 los recursos necesarios (boletín N° S 1.481-12).
De la señora Jefa del Comité de Finanzas, División Jurídica, de la Contraloría General de la República:
Remite copia de sendas peticiones de informes, dirigidas a los señores Ministros de Hacienda y de Desarrollo Social; Director Nacional del Servicio de Aduanas; Director del Servicio de Impuestos Internos, e Intendente de Magallanes y de la Antártica Chilena, relativos a la presentación hecha en nombre del Senador señor Bianchi para que ese Órgano Contralor informe sobre el sentido de la palabra "insumos" y de la expresión "insumos de la zona", según se utilizan en el inciso tercero del artículo 1° de la Ley Navarino, en relación con productos de la industria tecnológica.
Del señor Secretario Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de La Araucanía:
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor García, sobre falta de locomoción colectiva que afecta al sector poblacional correspondiente a la Junta de Vecinos de Villa Los Diamantes, en la comuna de Temuco.
Del señor Alcalde de Quillón:
Contesta una petición de antecedentes, formulada en nombre del Senador señor Muñoz Aburto, respecto de autorizaciones entregadas para la extracción de áridos desde el río Itata, en el sector Casino o La Isla, en la comuna de Quillón.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Segundos informes de las Comisiones de Salud y de Agricultura recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.419 en materia de ambientes libres de humo de tabaco (boletín Nº 7.914-11) (con urgencia calificada de "simple").
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señores Larraín Fernández, Escalona, Novoa y Zaldívar, con la que dan inicio a un proyecto de reforma constitucional que establece la obligación de las autoridades del Congreso Nacional de rendir una cuenta pública anual (boletín N° 8.624-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Navarro, Muñoz Aburto y Tuma, con la que dan inicio a un proyecto que modifica la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, para establecer la gratuidad del uso de baños en centros comerciales y otros establecimientos (boletín N° 8.628-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Del Senador señor Chahuán, con la que inicia un proyecto de ley que modifica el artículo 123 del Código de Justicia Militar en lo relativo a la procedencia del recurso de apelación por la denegación de la libertad provisional (boletín N° 8.629-02).
--Pasa a la Comisión de Defensa Nacional.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señores Chahuán, Rossi y Uriarte, para solicitarle al señor Ministro de Salud la derogación de la norma que obliga a los médicos especialistas que se inscriban como tales en el Arancel del Fondo Nacional de Salud a contar con una antigüedad de once años en el ejercicio de su profesión (boletín Nº S 1.522-12).
Del Senador señor Chahuán, con el que le solicita al señor Ministro de Desarrollo Social que realice gestiones conducentes a restablecer la colaboración de la Comisión Económica para América Latina en la elaboración de la Encuesta Casen (boletín Nº S 1.523-12).
Del Senador señor Chahuán, con los que solicita a Su Excelencia el Presidente de la República:

1.- Que envíe un proyecto de ley que establezca los tribunales contenciosos administrativos (boletín Nº S 1.524-12).

2.- Que formule una reclamación al Gobierno de Israel para solicitar la devolución de la carga que fue requisada a la Flotilla de la Libertad el 30 de mayo de 2010 (boletín Nº S 1.525-12).
De los Senadores señores Girardi, Ruiz-Esquide y Uriarte, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que instruya al señor Ministro de Salud para que prorrogue el plazo de certificación de especialidades y subespecialidades médicas (boletín Nº S 1.526-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor ESCALONA (Presidente).- La Comisión de Trabajo y Previsión Social acordó solicitar que se fije un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que actualiza las atribuciones y las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: hasta el 29 de octubre, a las 12, en la Secretaría de la Comisión.
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
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El señor KUSCHEL.- Pido la palabra.

El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Para un asunto de Reglamento?

El señor KUSCHEL.- No, señor Presidente. Quiero pedir también una ampliación de plazo para formular indicaciones.
Se trata del proyecto que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios (boletín Nº 7484-01).

El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Le parece a Su Señoría hasta el 29 de octubre, a las 12?

El señor KUSCHEL.- Sí, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Está de acuerdo la Sala?
--Así se resuelve.
V. ORDEN DEL DÍA



INCENTIVOS ESPECIALES PARA ZONAS EXTREMAS


El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde proseguir la discusión general y particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece incentivos especiales para las zonas extremas del país, con informe de las Comisiones de Hacienda y Especial de Zonas Extremas, unidas, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8011-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 44ª, en 29 de agosto de 2012.
Informe de Comisión:
Hacienda y Especial de Zonas Extremas, unidas: sesión 54ª, en 10 de octubre de 2012.
Discusión:
Sesión 54ª, en 10 de octubre de 2012 (queda pendiente la discusión en general y particular).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En sesión de 10 de octubre quedó pendiente la discusión general y particular de esta iniciativa.
Cabe recordar que el Honorable señor Bianchi solicitó votación separada del artículo primero; que los Senadores señora Rincón y señores Bianchi, Kuschel y Rossi presentaron una indicación al artículo 6° contenido en el artículo séptimo del proyecto, y, por último, que el Ejecutivo también formuló una indicación a la norma descrita.
En la referida sesión quedaron inscritos para usar de la palabra los Honorables señores Carlos Larraín y Escalona.
Se acaban de agregar a la lista los Senadores señores Rossi y Horvath.

El señor ESCALONA (Presidente).- Continúa la discusión general y particular de la iniciativa.
De acuerdo al orden de inscripción, corresponde el uso de la palabra al Honorable señor Carlos Larraín.
Como deberé intervenir luego de Su Señoría, solicito autorización para que cuando me corresponda hacerlo presida el Senador señor Zaldívar.
Acordado.

Tiene la palabra el Honorable señor Carlos Larraín.

El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, en las Comisiones unidas de Hacienda y Especial de Zonas Extremas fui el único que votó en contra de esta iniciativa. Y procedí así porque me pareció que ella era, lamentablemente, insuficiente.
Al mismo tiempo, pesa en la balanza el hecho de que, de no aprobarse la ley en proyecto, no se podrán otorgar ciertos beneficios útiles para el desarrollo de las zonas extremas, y sobre todo para la mantención de sus fuentes de empleo.
Yo estimo -y por eso pedí la palabra hace una semana- que esta iniciativa, que crea condiciones especiales para dichas zonas, reproduce lo que se ha aplicado durante muchos años con resultados, por desgracia, insatisfactorios.
Por lo tanto, me pareció que se presentaba una gran oportunidad para, con el patrocinio del Ejecutivo y seguramente con los votos favorables de parlamentarios que representan a las zonas extremas, generar un esquema más duradero, de mayor eficacia en el largo plazo.
Particularmente, pensaba yo que habría sido útil eximir del impuesto de primera categoría las utilidades reinvertidas, noción que rigió en el plano nacional durante determinado período (no muy largo, es cierto; pero así ocurrió). Entonces, no parecía una propuesta descabellada.
Ahora, desafortunadamente, esa teoría, que he expuesto en más de una ocasión en discusiones internas, no ha prosperado, y la ley en proyecto prorroga mecanismos existentes, a mi entender bastante restrictivos, por lo que, en mi concepto -ojalá que me equivoque-, no van a producir el efecto deseado de impulsar un mayor crecimiento.
Se suele decir, por ejemplo -y otros Senadores presentes en la Sala lo saben-, que en la Duodécima Región hay muy baja cesantía. Y es efectivo. Pero ello obedece a que existe una altísima emigración desde ella.
En cuanto a Arica (el otro extremo), se registra un descenso en el número de habitantes, lo que es bastante lamentable. ¿Por qué? Porque dicha provincia está en un rincón complejo, en términos geopolíticos.
Aquello me hacía pensar, pues, que era una oportunidad adecuada para ir un poco más allá en las ventajas que se otorgaban a las zonas involucradas.
Para ilustrar la frustración de las regiones extremas, yo no invoqué, por ejemplo, despilfarros tales como el del Transantiago. Este se traga todos los años entre 500 y 700 millones de dólares que nadie sabe adónde van a parar. Y la sumatoria probablemente fluctúa entre 4 mil y 5 mil millones de dólares, a lo largo de los años transcurridos desde su implantación.
El nuevo sistema de transporte público se remonta al último año del Gobierno del Presidente Lagos -o sea, tiene ya 7 años-, y ha provocado una irritación enorme en las Regiones.
Por ejemplo, se crea un fondo de incentivo adicional, pero que suma 5 millones de dólares -es decir, más o menos el funcionamiento del Transantiago durante un día y medio-, en fin.
Considero que los recursos para el centro del país y las regiones se hallan mal distribuidos. Además, las zonas extremas están sometidas a cierto desafío (llamémoslo así) "geopolítico" -por no denominarlo "de política internacional", para ser más crudo-, y, sin embargo, vemos que la situación se mantiene en el tiempo: en ellas disminuye la población, el ingreso no mejora. Y el cotejo con las zonas colindantes es lo peor de todo. Porque no solo se mira al centro, a Santiago, sino también a Argentina; a lo que está haciendo Perú en el sur de su territorio.
El desarrollo de Arequipa es bastante notable. Por ejemplo, he visto -realicé una visita con una Comisión hace algunos meses- que en zonas desérticas se han levantado pequeños tranques australianos: elevan una suerte de pretiles; los forran con material impermeable, y riegan. Todo ello, por supuesto, con altísimos subsidios estatales. Estos no siempre son remedio para todo, pero en este caso están impulsando un desarrollo que los habitantes de la zona cotejan mañana, tarde y noche con nuestra situación.
Señor Presidente, tengo la certeza de que cuanto estoy diciendo es improductivo. Empero, puede ser bueno para dejar en claro que en estas materias no solo hay conciencia entre los representantes de las Regiones, que, como quien dice, son puestos de lado, ya que podría sostenerse (falsamente, a mi juicio) que tienen un conflicto de intereses, que están respirando por la herida. En realidad, ellos están tratando de exponer el punto de vista de las zonas extremas.
Agrego, como argumento en contra de la ley en proyecto, que se meten en la misma situación realidades tan dispares como las de Magallanes, Aysén y Arica, Regiones que necesitan remedios o alivios absolutamente distintos.
Es por todas esas razones que quería dejar constancia de mi insatisfacción con la iniciativa y de por qué la voté en contra en las Comisiones unidas.
He dicho.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Andrés Zaldívar, en calidad de Presidente accidental.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en la suma del informe se dice que este recae en un proyecto que "establece incentivos especiales para las zonas extremas del país". Y el incentivo consiste en un subsidio que se entrega al empleador.
Ese mecanismo no ha dado resultado. Y en otras ocasiones en que hemos debatido la materia se ha planteado que el subsidio se entregue directamente a aquellos a quienes está destinado: a los trabajadores y trabajadoras; a los jóvenes, cuando se trata de promover la empleabilidad entre quienes tienen menos edad. Pero en el caso de la Región de Los Lagos, y específicamente en el de las provincias de Llanquihue y Chiloé, el mecanismo en comento se ha utilizado como subsidio a favor del empleador.
¿De qué modo opera? El empleador reduce del salario la cantidad correspondiente al subsidio. En consecuencia, el mecanismo se transforma en un ahorro para aquel y no en un subsidio para el trabajador.
Creo que persistir en el mismo esquema no promoverá más ocupación, ni satisfará la necesidad de emplear en mayor proporción a los jóvenes, ni generará incentivos que apunten a las dificultades que enfrentan estos para encontrar empleo. Se trata, en rigor, de un mecanismo contable a través del cual el empleador ahorra una parte de la remuneración que reciben sus trabajadores. Así ha operado. Es lo que ocurre hace ya mucho tiempo.
El Senador que habla ha hecho públicas reiteradas veces esta misma opinión y esta crítica, de manera que, consecuente con sus dichos, no puede aprobar un sistema agotado y obsoleto, y va a votarlo en contra.
Al mismo tiempo, quisiera consignar, aprovechando la presencia del señor Ministro Secretario General de la Presidencia, que el volumen de inversión pública que registran las Regiones extremas está lejos de lo que el país requiere. Y cuando se anuncia la destinación de fuertes recursos por tal concepto, ello se tiñe, lamentablemente, con requerimientos de corto plazo. Es lo que está sucediendo en estas últimas semanas con el muy voceado anuncio del financiamiento del puente sobre el canal de Chacao, para unir el continente con la isla y, en particular, a las provincias de Llanquihue y de Chiloé.
De acuerdo con sus atribuciones, la Comisión de Obras Públicas del Senado, entidad enteramente institucional, recibió en audiencia pública, con la participación de un número significativo de funcionarios del Ministerio del ramo, a especialistas y organizaciones civiles, tanto empresariales como sin fines de lucro. Lo anterior se tradujo en una larguísima exposición, que se encuentra a disposición de todos los parlamentarios y de la opinión pública en el enlace de dicho órgano técnico, en la cual se detalla que una inversión que concrete un túnel en dicho lugar presenta una ventaja considerable en relación con un puente, desde muchos puntos de vista: es más segura, más barata y más rápida. Representa, aproximadamente, entre un tercio y el 40 por ciento del costo de este último.
Los desafíos de conectividad han sido perfectamente resueltos, en circunstancias iguales o más difíciles, en cuanto a la profundidad del túnel; a los ángulos de pendiente, con el objeto de garantizar la seguridad del transporte, y a la reacción frente a una situación de emergencia o a un accidente. Han sido apabullantes los argumentos respecto a que la conexión se hallaría asegurada de manera mucho más expedita, en un tiempo considerablemente menor y con un ahorro cuantioso de recursos fiscales.
Por desgracia, el señor Ministro de Obras Públicas no ha querido hacerse cargo de la propuesta y no ha respondido. Es lamentable que no conozcamos una opinión sobre la materia de parte de la autoridad competente. Se insinúa que el negocio ya está hecho y que, en consecuencia, la decisión no se puede modificar.
Sin embargo, no puede llevarse a cabo un trato de tal naturaleza si no existe el diseño de ingeniería necesario, como lo establecen los reglamentos y la legislación. La información que ha recibido la opinión pública es que no sería un puente como el concebido en 2005, sino que, para abaratar los costos, no contaría con cuatro pistas -dos de ida y dos de vuelta-, sino con tres, y que se modificaría la dirección del tránsito según los flujos.
Por lo tanto, estamos haciendo referencia a una obra distinta, la cual requiere, en consecuencia, un diseño de ingeniería diferente. Y, en particular, así lo exigen las circunstancias, porque una estructura más liviana significa que su resistencia a los fuertes vientos de la zona, como lo han demostrado los temporales del año en curso, constituye una exigencia técnica decisiva, respecto de la seguridad con la que se lleva a cabo la inversión. Esta última importaría, de acuerdo con los antecedentes entregados en la Comisión de Obras Públicas, más de dos veces el valor que tendría asegurar la conectividad hacia la Patagonia a través de un túnel.
Entonces, considero que debe existir un enfoque que genere desarrollo, como lo fue la puesta en marcha del Plan Chiloé, iniciado por la Presidenta Bachelet. Lamentablemente, este fue interrumpido con un argumento que fue válido en las circunstancias del momento, pero que, en mi opinión, no justificaba la paralización del gasto de Obras Públicas, como sí ocurrió en la Región de Los Lagos en 2010, a causa del terremoto y de las consecuencias del tsunami.
Un plan de crecimiento de la economía es un instrumento esencial para generar un cambio en la realidad geoeconómica prevaleciente en las Regiones apartadas. Estimo que la iniciativa que se somete a la consideración del Congreso Nacional está lejos de constituir un plan geoeconómico capaz de modificar las tendencias principales del desarrollo que está registrando, por desgracia, la zona austral. En efecto, se ha generado despoblamiento; se ha deteriorado la calidad de los servicios públicos; se registra un fuerte desánimo y desencanto en los habitantes. Ello se expresó en el movimiento social de Chiloé.
Me parece que la profunda difusión mediática generada por instrumentos de estas características -porque apuntan más a lo mediático que a lo efectivo; a requerimientos de corto plazo y no a la solución real de los problemas- va a causar más desánimo, más desencanto, más desconfianza en la autoridad, pues se vuelve a incurrir en el mismo pecado que se viene cometiendo ya demasiadas veces en el curso del último período, cual es proponerse metas inalcanzables para la cantidad de recursos que se invierten.
Acá se está configurando una imagen de un plan que da lugar a una vigorosa intervención, cuando, en realidad, es un microplan, y, en consecuencia, lo más probable es que las dificultades que afectan sobre todo a las Regiones del extremo sur, que no cuentan con la potencia de la minería, se agraven y no se solucionen. No quisiera, por lo tanto, hacerme parte de un enfoque que no aborda los problemas de fondo.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Solicito el asentimiento unánime para que pueda asistir a la sesión el señor Subsecretario de Hacienda.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, básicamente, este es un proyecto de ley que estamos esperando hace bastante tiempo, al menos en la zona norte, si bien es cierto -y en eso comparto algunos comentarios que se han hecho en la Sala- que no constituye una verdadera política de Estado que se haga cargo del abandono, de la postergación y de aspectos geopolíticos, como aquí se ha expresado. Ello dice relación tanto con el extremo norte como con el extremo sur, pero el caso de Arica es emblemático. Enfrentamos un conflicto por una demanda territorial terrestre-marítima; el juicio oral empieza a fines de año, y, evidentemente, es una situación que preocupa mucho a la gente de nuestra Región. Y por eso hemos dicho tanto que se requiere una política de Estado que permita aumentar la inversión, crear empleo y generar desarrollo.
A mi juicio, pocos indicadores reflejan tan bien como el despoblamiento la situación de crisis. Cuando una Región pierde habitantes, es indudable que ello significa algo. Es una señal muy potente de que el Estado debe reaccionar.
Ahora, la iniciativa presenta elementos positivos, porque establece la permanencia en el tiempo de ciertos incentivos, como el famoso decreto con fuerza de ley Nº 15, de 1981, del Ministerio de Hacienda, que es una bonificación a la inversión. En algún minuto, el beneficio fue automático. Hoy día existe un fondo concursable, que ha aumentado. Se ha llevado a cabo una serie de modificaciones al crédito tributario, lo que va a permitir mayor liquidez, en especial a pequeñas empresas, que van a poder descontarlo del pago provisional mensual y, por lo tanto, dispondrán de recursos adicionales.
Por otro lado, creo que es necesario destacar un incentivo que hemos planteado hace mucho tiempo y que se halla contemplado en la iniciativa en estudio, cual es la eliminación del pago del IVA a todos los servicios, bienes e insumos que contraten empresarios que desarrollen procesos productivos de carácter industrial. Me refiero a la telefonía, al transporte, al agua, a la electricidad. Eso es bastante importante, porque lo que estábamos haciendo muchas veces en la exportación verificada en esos rubros era incluir también la del IVA y les restábamos competitividad a quienes operaban en ellos.
Recordemos, además, que en el norte hay una zona franca industrial tanto en Arica como en Hospicio.
Diría que el tema más discutido al interior de las Comisiones de Hacienda y Especial de Zonas Extremas, unidas, y que mencionaba recién el señor Presidente fue el de la bonificación a la contratación de mano de obra: el famoso decreto ley Nº 889, de 1975.
Efectivamente, aquí media un debate que no es reciente. Muchos han afirmado que el sistema ha servido, más bien, para ahorrarles plata a las pymes al momento de contratar una persona o mantener el empleo, pero no ha generado ocupaciones. Es una materia a la cual es difícil aproximarse, porque hoy día, en la práctica, cerca de 80 mil trabajadores, si no me equivoco, están contratados por un empleador que recibe la bonificación por cada uno de ellos.
¿Qué planteamos con el Senador señor Orpis? Que se copiara, en el caso del norte, la fórmula contemplada en el ingreso ético familiar, respecto del empleo de la mujer o del joven, en donde el Estado bonifica al empleador para generar un incentivo a la contratación y le entrega un subsidio al empleado, al trabajador, para mejorar su remuneración. De alguna manera, entonces, se lograrían las dos cosas: lo contemplado en el decreto ley Nº 889, que es bonificar al empleador por contratar, y proporcionar un beneficio al trabajador, entendiéndose que el costo de la vida en las zonas extremas, en las zonas aisladas, es mucho mayor que en el centro del país, por distintas razones. Y estudios de universidades, no precisamente del norte, así lo avalan y demuestran.
Se hallan presentes el señor Larroulet, quien imagino que, como Ministro Secretario General de la Presidencia, se encuentra al tanto de todo esto, y el señor Subsecretario de Hacienda, que ha participado en la tramitación del proyecto en las Comisiones unidas. No hemos logrado ahí que el Gobierno acoja el planteamiento, lo que insisto que resolvería todo el debate acerca de si el decreto ley Nº 889 ha sido bueno o malo. Pero, en el entretanto, voy a votar a favor de la iniciativa, desde luego, porque a muchas micro y pequeñas empresas el sistema les ha permitido subsistir y, también, generar empleo en una zona en donde no siempre eso ocurre.
Respecto de Arica, juzgo que la devolución del IVA al turista extranjero va a seguir siendo letra muerta. Si este último compra productos por más de una unidad tributaria mensual, se supone, teóricamente, que sería objeto de esa medida. Resulta que, en la práctica, si uno analiza lo que ha gastado el Estado por dejar de percibir el impuesto, ello es prácticamente cero. O sea, el mecanismo ha sido ineficiente y no ha servido al propósito para el cual se creó, que era justamente el de fomentar el turismo.
Se podría formular la interrogante de por qué se contemplan solo turistas extranjeros y de por qué no se crea una zona franca turística, que es lo que hemos estado exponiendo, al igual que la Cámara de Comercio.
Y uno se pregunta dónde devuelven el IVA. ¿En Cuya? ¿En Tripartito? ¿En Chungará? ¿En Chacalluta?
Entonces, no me explico todavía a través de qué procedimiento se va a hacer efectiva la medida.
Lo que viene en el texto es la rebaja de una unidad tributaria mensual a media. O sea, una persona puede comprar por el equivalente a media unidad tributaria mensual y le devuelven el IVA. Pero la cuestión radica en que ello nadie lo pide y no ha servido para nada, y provoca un poco de frustración estar votando este tipo de cosas. Uno esperaría modificarlas, que es lo que le hemos planteado al Ejecutivo.
Diría que esas son las principales consideraciones.
Aun cuando el Gobierno no aceptara nuestra proposición respecto del subsidio para mejorar la remuneración de los trabajadores, en conjunto con la bonificación al empleador por la contratación, al menos podría acoger dos cosas. La primera dice relación con el 17 por ciento de 182 mil pesos. Recordemos que la bonificación se refiere a una cifra estándar. ¿Por qué esa cantidad de 182 mil pesos? Debiera tratarse del ingreso mínimo, que se reajusta todos los años. Y, por otro lado -el señor Subsecretario había manifestado su disposición sobre el particular-, ello no debería ser tributable, porque, en la práctica, el 17 por ciento hoy día lo es y se transforma en 14 inmediatamente.
Eso es cuanto puedo comentar, señor Presidente.
Estamos en discusión general y particular. Sumando y restando, el proyecto es positivo. Determina reglas del juego claras. Establece certezas para la inversión, porque, efectivamente, estábamos renovando año tras año ciertos beneficios en la Ley de Presupuestos, y eso, sin duda alguna, genera una incertidumbre que no es buena para Regiones como la que represento.
Echo de menos, sí, una política de Estado mucho más fuerte. Porque es preciso entender que las dificultades de las zonas extremas son problemas de Chile al final del día, especialmente por consideraciones geopolíticas, y, por lo mismo, revisten ese carácter las registradas en el norte.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor HORVATH.- Todavía no tratamos el proyecto sobre la pesca...
Señor Presidente, quisiera consignar, en términos bien claros, que la iniciativa que nos ocupa viene a resolver un asunto que estábamos viendo año a año, en la medida en que, por la vía de la Ley de Presupuestos, era preciso asegurar la bonificación a la contratación de mano de obra y la relativa a inversiones, así como también el crédito tributario, entre otros beneficios. El proyecto prorroga hasta el año 2025 instrumentos que han funcionado bien. Por lo tanto, constituye un avance importante, desde luego.
En cuanto al crédito tributario, se ha bajado a 500 unidades tributarias mensuales -es decir, del orden de 20 millones de pesos- el piso para acceder al beneficio.
Quisiéramos ampliar, desde luego, aquellos que califican a la bonificación a la inversión y que se trate de un procedimiento permanente. Antes no era concursable.
La zona franca en Aysén es un compromiso contraído por el Gobierno con el movimiento social por esa Región.
Y a ello se suma la bonificación a la contratación de mano de obra, la cual presenta el problema de que en los últimos años se le han agregado cláusulas nuevas que la hacen tributable -por lo tanto, en los hechos, no es lo que se plantea- y, en un aspecto distinto, incompatible con otros instrumentos. Ejemplo: si un poblador foresta una parte del predio y en otra tiene bosque nativo, actividad de turismo o algún tipo de agricultura, el hecho de bonificar la primera por el decreto ley Nº 701 o hacer un muro o un cortaviento le hace imposible acceder al beneficio. Creemos que eso, desde luego, no es justo.
El movimiento social por Aysén nos ha pedido, además, prestar atención especial a un compromiso del Gobierno con la Región. Deseo señalar que el conflicto registrado escaló a niveles increíbles, nunca vistos en la zona austral. Podrían haberse perdido vidas humanas, tanto por parte de fuerzas especiales, que se llevaban desde Santiago, como de pobladores de campo, gente de la ciudad o pescadores artesanales y sus familias. Y esto se evitó gracias a una reunión que se realizó en La Moneda con 24 organizaciones transversales, desde el punto de vista político, en la cual se acordaron dos puntos para destrabar el conflicto.
Uno, la declaración de zona franca con beneficios en materia de combustibles para la Región de Aysén, que se halla desconectada del resto del país, y dos, el establecimiento de una bonificación a la contratación de mano de obra que sea recibida por los trabajadores y las trabajadoras y no por los empleadores.
Ello nos motiva a reforzar en esta Sala nuestra petición -de hecho, esos mismos dirigentes nos hicieron recordar que nuestro territorio es sumamente largo; no corto ni cuadrado- en el sentido de separar la bonificación a la contratación de mano de obra que se entrega en el extremo norte del país (las Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá), de la que se otorga en la zona austral, esto es, Palena, Chiloé, Aysén y Magallanes. Y voy a explicar en forma muy breve por qué, junto con el Honorable señor Bianchi y otros colegas, proponemos tal diferenciación.
Primero, los costos de vida son distintos. Y, segundo, la posibilidad de acceder a dichos territorios es totalmente diferente; la accesibilidad juega un rol importante.
Pero, por otro lado, los países vecinos han abordado esto de manera distinta.
La Argentina comprendió el potencial y el futuro no solo geopolíticos de la Patagonia, sino también económicos, sociales y culturales. Y si uno lo analiza desde el punto de vista histórico, ellos han crecido en población -diez y veinte veces más que nosotros- y, además, en territorio, debido a la falta de visión de Estado de nuestros Gobiernos, con algunas excepciones, en esa perspectiva.
Por ello, solicitamos dividir la votación referida al incentivo de la bonificación a la contratación de mano de obra para que en la zona austral se pague dicho beneficio por las remuneraciones superiores en 20 por ciento al salario mínimo mensual vigente en nuestro país, fórmula que nos propuso la Cámara de Diputados.
Entendemos que eso constituye un perjuicio para la zona norte. Por tanto, planteamos, junto con la separación de la votación, acoger en esta instancia y, si no, en la de Comisión Mixta, una fórmula diferenciada para cada región.
Otro punto no menor es la fórmula planteada por la Cámara Baja en el sentido de que la categoría de zona franca se aplique a zonas y no a Regiones. ¿Por qué decimos esto? Porque se trata de zonas desconectadas. Y nos referimos, con nombre y apellido, a la Región de Aysén y a la provincia de Palena. Porque Magallanes ya cuenta con zona franca y creo que es el momento de incorporar en el beneficio a Palena, que se encuentra al sur de la conexión con el resto del país, por la falta de un trazo de carretera de 80 kilómetros, lo cual obliga a realizar tres transbordos desde su territorio hacia Puerto Montt.
Por tales razones, solicito votación separada respecto de las dos materias que mencioné.
Muchas gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, la preocupación por el desarrollo de las zonas extremas nació de la comprobación de que determinadas condiciones sociales, geográficas y físicas, unidas a las diversas formas de asentamiento en Chile, han producido un desarrollo diferenciado, inequitativo de estas áreas y sus habitantes.
Basta comparar cuántos chilenos viven en Santiago y cuántos habitan en Regiones y, además -como si esto fuera poco-, la manera en que se distribuye la pobreza en nuestro país.
Desde 1975 hasta la fecha, se han dictado innumerables leyes -todas de carácter temporal- para establecer distintos tipos de incentivos, a saber, tributarios, aduaneros, de zona franca, de bonificación a la contratación de la mano de obra -por mencionar solo algunos-, destinados a fomentar el poblamiento y el desarrollo económico de tales territorios.
El proyecto de ley en debate representa un esfuerzo genuino por mejorar lo que tenemos hoy día.
Sin embargo, lamento los discursos y la desaprobación de algunos señores Senadores, porque parecen no valorar lo que plantea la iniciativa o, más bien, no tienen en cuenta que se trata de zonas donde la gente vive una realidad mucho más difícil. Y bastante menos explicable es todavía que colegas que representan a zonas extremas no voten a favor de este proyecto.
Si queremos destacar los incentivos especiales que contempla la presente iniciativa legal, podemos decir lo siguiente:
-Se incrementan al doble los recursos del Fondo de Fomento y Desarrollo (DFL Nº 15), destinados a bonificar inversiones o reinversiones productivas.
-Se extiende el plazo de la bonificación a la contratación de mano de obra hasta el año 2025.
-Los créditos tributarios para las inversiones (Ley Arica y Ley Austral) se prorrogan hasta el año 2025, mientras que la utilización de los remanentes de créditos se extiende hasta el año 2045. Adicionalmente, se rebaja a 500 UTM el monto de las inversiones mínimas que dan derecho al crédito y se eliminan algunas restricciones relativas a las construcciones. También, se incorpora una norma que permite suspender o rebajar el monto de los PPM (pagos provisionales mensuales) de las empresas que tengan derecho al crédito tributario, dándoles de esta forma mayor liquidez.
-Se establece una zona franca en la Región de Aysén.
-Se rebaja el valor mínimo de las mercancías que pueden adquirir los turistas extranjeros con derecho a devolución del IVA. Y debo decir que me parece atendible el planteamiento del Senador Rossi desde el punto de vista de la recuperación de este tributo.
-Se prolonga hasta el año 2025 la exención de derechos aduaneros.
-Se permite a las industrias instaladas en Arica que sean usuarias de zona franca recuperar el IVA recaudado en los servicios o suministros utilizados en la elaboración de las mercancías que vendan tanto hacia la Zona Franca de Extensión como a otros usuarios de Zona Franca.
-Finalmente, se establece que el territorio de la provincia de Palena -como lo planteó muy bien el Senador Horvath, quien participó en esas negociaciones y se ha mostrado muy interesado por las Regiones del sur- pueda ser considerado Zona Franca de Extensión respecto de la nueva Zona Franca de Aysén.
Señor Presidente, pienso que nos hallamos ante un buen proyecto, que debemos aprobar. No obstante, quiero llamar la atención de los representantes del Gobierno respecto a su orientación.
El proyecto está dirigido, básicamente, al sector privado, a fin de establecer incentivos que le permitan surgir.
Sin embargo, en Regiones como la que representamos en este Hemiciclo con la Senadora Allende se produce un problema distinto: la necesidad de mayor apoyo para el sector público.
Me refiero específicamente a la realidad que se vive en Atacama, en Antofagasta y en otras zonas del norte chileno donde las empresas mineras están generando mucho trabajo, no hay desempleo y se aprecia una inversión privada y pública muy importante.
Pero, ¿qué pasa en la contraparte del sector privado? Que no hay gente que quiera postular a la Administración Pública porque las remuneraciones son bajas.
Con ello, no solo pierde el sector privado, sino también el público, pues se quedan en él solo aquellos funcionarios que no pueden postular a la esfera privada, o bien, que tienen puesta la camiseta del sector público. Y como sus remuneraciones son bajas y los requerimientos mucho mayores, por un lado, demoran en implementarse las inversiones privadas por la falta de funcionarios y la carencia de incentivos y, por otro, al tardarse las empresas en iniciar sus proyectos -pongo el ejemplo del SERNAGEOMIN, que se ha demorado casi dos años en regularizar una propiedad minera- el Estado deja de recibir los impuestos que se generan con esos trabajos.
Por lo tanto, señor Presidente, a mí me gustaría que diéramos una mirada hacia el trabajador del sector público porque, si bien sigue recibiendo una remuneración establecida por ley, su monto no se adecúa a la realidad que se vive en las Regiones mencionadas.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Senado, pienso que el proyecto en debate hay que mirarlo en perspectiva.
Si el desarrollo de las Regiones extremas dependiera solo de estos beneficios especiales, indudablemente uno podría afirmar, de manera categórica, que ellos son insuficientes. Pero creo que las Regiones extremas tienen que desarrollarse sobre la base de dos puntos centrales: de sus propias potencialidades y, complementariamente, de beneficios de carácter tributario especial.
Por lo tanto, quisiera hacer una primera afirmación: Arica, en particular, se ubica en una zona geopolíticamente estratégica. Es decir, hay que mirar no solo su desarrollo sino también esa característica. Está en medio de dos zonas francas: Tacna e Iquique.
Desde tal perspectiva, cuando se habla de "política de Estado", resulta indispensable impulsar proyectos importantes que permitan a estas Regiones establecer una base industrial a partir de sus propias potencialidades.
Por eso, no puedo dejar de mencionar, para efectos del debate, que se ha avanzado en proyectos productivos tremendamente relevantes en la Región de Arica y Parinacota. Había un primer problema para la instalación de empresas en Arica, que tenía que ver con la Zona Franca. Afortunadamente, eso se resolvió por la vía administrativa, y hoy día no existe obstáculo para que se puedan instalar industrias en esa ciudad, al amparo de esa Zona.
En seguida, cuando uno llega en avión a Arica ve el lado peruano y advierte en él un desarrollo agrícola importante, al lado de nuestra frontera. Por lo tanto, era largamente esperado el proyecto Pampa Concordia, para impulsar la actividad agrícola en la zona fronteriza chilena. Hace pocas semanas, en el mes de septiembre, se abrieron las propuestas; hay interesados y lo más probable es que el proyecto se adjudique en estos días. Arica, a partir de eso, tendrá otro valle, de más de 1.500 hectáreas, que se va a sumar a los valles de Azapa y de Lluta.
Adicionalmente, señor Presidente, uno no se explica por qué en Arica no se había desarrollado la minería, en circunstancias de que la misma franja mineralógica que parte en el sur del Perú y aparece en Tarapacá ha implicado un tremendo progreso para esta Región. Pero en Arica no se invertía en la actividad minera. Pues bien, lo importante es que esta se inició en Arica. Hace pocas semanas, se inauguró un proyecto muy relevante: el Salamanqueja, en Camarones, y en estos días se encuentra en etapa de aprobación el estudio de impacto ambiental del proyecto Los Pumas, que va a seguir consolidando la minería, el cual se suma a otros tres o cuatro proyectos.
Y este jueves sucederá algo emblemático, equivalente a lo que fue la construcción del canal Azapa: se llegó a un acuerdo con la Conca (Comunidad de Agua del Canal de Azapa) para el entubamiento de ese canal, presurizado, por 40 kilómetros, lo que permitirá potenciar los recursos hídricos, porque se van a ahorrar más de cien litros por segundo.
Dicho lo anterior, señor Presidente, vuelvo al punto que discutimos hoy día. Lo señalado hace unos momentos se complementa con esta iniciativa de ley especial, que va a contribuir seriamente a mejorar la situación.
El mérito que tiene el ex decreto ley N° 889, que bonifica la contratación de la mano de obra, es ser de carácter automático. Lo que persigue es la empleabilidad y la formalización, porque no se puede otorgar si no se encuentran canceladas las cotizaciones previsionales. Aquí se le está pidiendo, a través de una modificación, que además mejore las remuneraciones al establecer que, para acceder al beneficio, estas sean 20 por ciento superiores al salario mínimo. Ello es tremendamente negativo para Arica, porque allí el 45 por ciento de quienes son favorecidos con esa normativa son microempresas que cuentan con menos de 5 trabajadores; el 8,3 por ciento, empresas que tienen entre 5 y 10 trabajadores, y el 7,1 por ciento, empresas que poseen de 11 a 49 trabajadores.
¿Cuál es el problema de Arica? Que la mano de obra en Tacna es tremendamente barata. Si incrementamos en 20 por ciento ese salario no se generará mayor empleo, sino la disminución de este, particularmente por la competencia de Tacna. Por lo tanto, estamos en contra de ese aumento.
Pero ¿dónde radica la médula de esta iniciativa de ley? En el crédito tributario. ¿Por qué? Porque, como es un crédito contra el impuesto de primera categoría, obliga a que los proyectos sean buenos, exitosos, con utilidades. Si no las hay, no existe beneficio tributario.
¿Qué hace esta iniciativa, señor Presidente? Baja el monto de inversiones necesario para acogerse al beneficio a menos de 20 millones; lo acerca a la mediana empresa. Pero no solo eso. El crédito tributario adolecía de un problema de liquidez y el imputarlo a los PPM lo resuelve bastante. Y tiene un segundo mérito: que, al igual que el ex decreto ley número 889, es sin límite. Es decir, se puede imputar de manera completamente automática.
A eso agrego el aumento del Fondo relativo al DFL N° 15 a prácticamente el doble. Se trata de una bonificación directa del Estado, vía concurso. Además, se elimina el IVA a los servicios contratados y a los insumos utilizados en el ámbito de la zona franca.
Lo que quiero decir con esto, señor Presidente, es que no podemos mirar esta iniciativa en forma aislada, sino en el contexto de los proyectos que se hallan en desarrollo. No me refiero a anuncios, sino a proyectos completamente adjudicados. Y tengo el convencimiento de que con los beneficios tributarios que estamos aprobando el día de hoy en el Senado, sumados a las iniciativas estratégicas que se han ido materializando en Arica, se conseguirá que esa Región cambie de condición. Creo que hay una expectativa radicalmente distinta con este conjunto de medidas para una zona extrema geopolíticamente estratégica, como es la Región de Arica y Parinacota.
He dicho.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, solicito que se abra la votación.

El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a ello.
--Así se acuerda.

El señor ESCALONA (Presidente).- En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- El Senador señor Lagos no se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, muchas veces se dice que las zonas extremas piden que se les otorguen privilegios. No es así; estamos pidiendo que se nivele la cancha.
Es preciso considerar la situación particular que significa para una Región vivir aisladamente. En el caso de Aysén, no tenemos conectividad terrestre. Esto quiere decir que nuestra gente depende del mar, de una barcaza, de contar con 300 mil pesos para pagar un pasaje en avión, o de Argentina para conectarse con el resto de Chile.
Por eso hemos repetido con tanta insistencia que para nosotros resulta fundamental construir la Carretera Austral, conectar Aysén con Chile, por Chile, por el continente, para no seguir partidos en dos.
Una Región de 108 mil kilómetros cuadrados, de 98 mil habitantes; una Región que tiene una densidad poblacional bajísima necesita instrumentos de apoyo, de incentivo para poder competir en igualdad de condiciones.
De ahí que le hemos pedido al Presidente de la República no solo efectuar los estudios, sino también avanzar en la ejecución de la Carretera Austral.
¿Es positivo extender la Ley Austral hasta el 2025? Naturalmente, porque hay muy poca inversión privada en nuestra Región; su fuerte viene del sector público.
¿Es positivo establecer una zona franca para Aysén? Presenté algunas indicaciones, que fueron acogidas por el Ejecutivo, para aclarar que efectivamente la ley en proyecto se iba a poder aplicar en la Región de Aysén, donde hoy día existe Zona Franca de Extensión.
Sin embargo, es preciso decir que se requiere de todas maneras un decreto para autorizar la instalación de una zona franca en Puerto Aysén, en Puerto Chacabuco.
Otro aspecto positivo es la declaración de zona remota. Porque la gente de Cochrane, de Villa O'Higgins, de Coyhaique dice: "¿Cómo ir a echar bencina a Puerto Chacabuco, a Puerto Aysén? Me va a salir más cara la vaina que el sable". Por eso, es importante que se pueda, el día de mañana, establecer zonas remotas por decreto.
¿Es positivo lo relativo al DFL N° 15? Por supuesto, aunque hubiese preferido que fuera automático, no concursable, que se financiara el 20 por ciento de inversión o reinversión a todos los proyectos que efectivamente aporten a nuestras Regiones.
Pero hay un asunto pendiente, señor Presidente. Me refiero al salario regionalizado. Este nació antes del Movimiento Social por Aysén: fue propuesto por la Multigremial -equivalente a la Confederación de la Producción y del Comercio- a los empresarios de Magallanes y a los trabajadores de nuestras Regiones. Hubo un acuerdo empresarios-Central Unitaria de Trabajadores. ¿Por qué? Porque el costo de vida de nuestras Regiones es 30 por ciento mayor que en el resto de Chile.
¿Cuál es la idea, señor Presidente? Que se cancele el subsidio a la contratación de mano de obra (ex decreto ley N° 889) a los empleadores que paguen más de un 20 por ciento sobre el salario mínimo. ¿Por qué? Insisto: porque el costo de vida es mucho mayor.
El Gobierno, además, se comprometió con el Movimiento Social por Aysén a establecer un salario mínimo regionalizado. Después de siete meses, este es el minuto para cumplir tal compromiso.
Hubiésemos preferido que se mantuviera el subsidio, que asciende a 5 mil 300 millones de pesos, tanto para el empleador como para el trabajador. Desgraciadamente, el Ejecutivo no comparte la idea y, por eso, uno lamenta que se destinen mil millones de dólares para extender una línea del Metro, pero no 11 millones de dólares para duplicar dicho subsidio a la Región de Aysén.
Hubiésemos preferido que fuera no tributable.
Señor Presidente, a raíz de lo que han señalado los parlamentarios de Arica, presenté una indicación para que esta norma -propuesta por la Diputada señora Goic y aprobada por la Cámara Baja- rija para Aysén y Magallanes y no se perjudique a Arica. Pido que se revalúe la admisibilidad de la indicación, dado que el Presidente de la Corporación la declaró inadmisible.
¿Por qué hago esta solicitud? Al efecto hago mías las palabras del Subsecretario de Hacienda, don Julio Dittborn, en el sentido de que esta indicación reduce el gasto del Estado; no se va a subsidiar a quienes paguen el sueldo mínimo y hasta 230 mil pesos. En consecuencia, no es inadmisible, pues no aumenta el gasto, sino que lo reduce.
Por eso pido que se revalúe la admisibilidad de la indicación, para que ojalá la Sala concuerde en que es admisible y así podamos establecer un salario mínimo regionalizado para las Regiones de Aysén y de Magallanes, sin que se afecte a Arica, que efectivamente tiene una situación particular.
Me refiero a la indicación número 5. La presenté, por supuesto, con el apoyo de varios colegas, como el Senador Bianchi y otros que estaban participando en la Comisión, los Honorables señores Muñoz Aburto y Horvath.
Por lo tanto, espero que se apruebe su admisibilidad.
De otra parte, quiero recordar que hoy día a los Senadores nos llegó una carta del Movimiento Social por Aysén, mediante la cual se señala que, antes de que concluyera el accionar del Movimiento, todas las bancadas parlamentarias recibieron a algunos de sus integrantes y que hubo el compromiso de aprobar los 11 puntos que el Gobierno convino a fines de marzo en La Moneda con sus dirigentes.
Hoy día le cobramos la palabra: ¡Hoy por nosotros, mañana por ustedes! ¡Aysén es parte de Chile! ¡La Patagonia es parte de Chile!
No puede ser que en Argentina esté todo pavimentado, que todo se halle subsidiado y que nuestra gente siga haciendo soberanía y patria en condiciones muy desfavorables.
Por eso, pido al Gobierno que muestre sentido de Estado y compromiso con Chile, con la Patagonia y con las zonas extremas.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El seños LARRAÍN.- Señor Presidente, solo quiero valorar el esfuerzo que tanto el actual Gobierno como los anteriores han realizado para posibilitar, a través de estos instrumentos, el desarrollo de las zonas extremas del país.
Sin lugar a dudas, ello refleja una cierta realidad, en el sentido de que debido a características geopolíticas, a distanciamiento por falta de conectividad y a las muchas razones manifestadas en exceso durante este debate y en otros anteriores, pareciera conveniente rescatar Regiones que necesitan ayudas especiales, con el propósito de potenciar su desarrollo.
Adicionalmente, se ha dicho que una de las razones tenidas presentes para esta finalidad es que el principal polo de desarrollo del país está concentrado en la zona central, lo cual hace que se vea dificultada la posibilidad de avanzar en cuanto a desarrollo social y demográfico en las zonas extremas.
Comparto tal realidad, pero quiero aprovechar esta discusión a fin de manifestar que tal predicamento no es del todo exacto. El hecho de que haya lugares en la zona central de Chile que debieran ser acreedores de la posibilidad de mostrar un mejor desarrollo por la cercanía con este polo, no parece corroborado por la realidad.
Muchas localidades dentro de la zona central presentan enormes dificultades para lograr su desarrollo. Y si uno fuera justo con el concepto de zonas de gran pobreza y con dificultades extremas, no debiera tener en consideración solo criterios geográficos para potenciar su desarrollo.
Represento a un sector con enormes problemas y que es esencialmente agrícola; pero ocurre que el valor de esta actividad en la economía chilena ha ido disminuyendo, lo que también sucede a nivel mundial. Hoy día, además, se sobrevaloran otras actividades productivas, como los servicios, por lo cual el valor de la agricultura ha perdido mucha fuerza. Ello ha dejado a miles de pequeños agricultores y campesinos en situaciones bastante desmedradas, desde el punto de vista de su desarrollo.
¿Qué se puede hacer para enfrentar dicha situación? Podría mencionar otros lugares dentro de la zona central que adolecen, por otros motivos, de realidades similares. ¿Qué se puede hacer respecto de ellas?
También quisiera ver un plan de desarrollo no dirigido a las zonas geográficas o territoriales extremas, sino orientado a aquellas con extremas dificultades sociales, por motivos muy diversos.
Días atrás un medio de prensa escrita de circulación nacional publicó una tabla con la distribución del PIB regional. Y así como observamos diferencias muy profundas en cuanto a las desigualdades entre personas, estas también se producen entre Regiones. Y en aquellas que tienen como base de su desarrollo un sustento que se funda en actividades productivas antiguas, no se da la misma posibilidad de desarrollo potencial, como se advierte, por ejemplo, en las zonas mineras del norte.
En consecuencia, aprovecho esta instancia para manifestar mi adhesión al proyecto. Siempre habrá detalles técnicos específicos que se podrán discutir en particular y que quienes pertenecen a las zonas extremas ven con mayor claridad que nosotros. Sin embargo, quiero plantear la necesidad de que también se aborden planes de desarrollo para zonas con dificultades extremas, aun cuando no estén en los confines del territorio.
Creemos que eso es también justo.
Pienso que los instrumentos tributarios que aquí se establecen podrían ser aplicados de buena forma en estas Regiones.
Me alegra que el Gobierno haya incorporado estos principios. Personalmente, he planteado en más de alguna oportunidad la conveniencia de que a Regiones como la nuestra, en el afán de propiciar su desarrollo, se le abra la posibilidad de tener franquicias tributarias. No se ha contado para tales efectos ni con el apoyo de Administraciones anteriores ni de la actual. Pero quiero reiterar que así lo señala el Gobierno en su mensaje, cuando dice: "...una herramienta efectiva de estímulo es sin duda la económica, ya sea a través de franquicias tributarias que incentiven el desarrollo de inversiones en las zonas extremas, o mediante el pago de bonificaciones que cumplan el mismo fin".
Ese concepto, implementado en otras zonas que lo requieran encontraría igual aplicación.
Por eso, junto con valorar el proyecto del Gobierno para las zonas extremas desde el punto de vista geográfico o territorial, quiero plantear la necesidad de que pueda entender que dentro de la zona central del país -que se estima más desarrollada- hay lugares que presentan un subdesarrollo relativo que bien podrían merecer planes de crecimiento similares, con incentivos tributarios que, fundados en este tipo de franquicias o de pago de bonificaciones, pudieran ayudar a generar un nivel de desarrollo más acelerado y así producir mayor igualdad entre las Regiones, evitando la diferenciación que, con el tiempo, se está produciendo y que genera contrastes odiosos que no ayudan a la estabilidad ni a la armonía del desarrollo nacional.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Informo a las tribunas que están prohibidas las manifestaciones.
Puede hacer uso de la palabra, Su Señoría.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, seré breve, porque entiendo que hay otro debate que convoca mucho interés.
El tema de las zonas extremas, por cierto, reviste mucha preocupación para las Regiones. A mi juicio, tenemos que tomarnos el tiempo necesario para analizar estas materias, que tienen que ver, probablemente, con las pocas herramientas que hay para enfrentar los problemas de pobreza, falta de desarrollo y de necesidades estructurales de aquellas.
La que ahora nos ocupa es o ha sido vista durante décadas como una de las herramientas más importantes.
Sin embargo, en mi concepto, ha llegado el momento de empezar a develar el real impacto que tienen estos famosos incentivos a las zonas extremas del país. Y esto lo hemos dicho no solo ahora, que somos Oposición, sino también cuando fuimos Gobierno. Se trata de soluciones basadas, fundamentalmente, en transferencias monetarias o en incentivos tributarios -rebajas, devoluciones, crédito-, en particular, a raíz del impuesto de primera categoría.
Y seamos claros: aquellos no han generado el impacto esperado en décadas. Las comunas que han logrado salir de la pobreza, o exhibir indicadores favorables, o superar condiciones de vulnerabilidad, lo han hecho por razones de otro tipo. Iquique, claramente, no le debe al hecho de ser zona extrema la situación en la cual se encuentra en la actualidad, que no podemos decir que es de pleno empleo o de desarrollo. ¡No! Ahí, efectivamente, se están generando oportunidades -sobre todo por la minería- debido a otras actividades productivas. Por ejemplo, Arica, si bien, a juicio de los parlamentarios que la representan -el Senador señor Rossi lo señalaba-, muestra un freno en el decaimiento que tenía, ello no se debe al hecho de pertenecer a una zona extrema.
Por eso, pienso que, en esta materia, ha llegado el momento de hablar a las Regiones con claridad, de contarles la firme. Y en verdad este no es un instrumento que ahora esté generando grandes transformaciones; tampoco en el sur. Si lo miramos desde el punto de vista geopolítico, creo que podría producir mayor impacto en otros lugares del país, probablemente en comunas más pequeñas.
El Senador señor Tuma y el que habla representamos territorios que tienen límites muy extensos con Argentina. Me refiero a localidades como Lonquimay, Curarrehue, que durante tres meses al año experimentan temperaturas de 15 grados bajo cero, en promedio; donde la vulnerabilidad social y productiva es total; donde las oportunidades no existen; donde los niños no pueden superar el SIMCE ni siquiera con la SEP.
Y pongo el caso de Lonquimay, porque su Alcalde, Guillermo Vásquez, junto con Diputados, consejeros regionales y otros representantes de la zona, han iniciado una gran movilización -aquel no es candidato; ¡por si acaso!- para lograr que ese emplazamiento sea declarado "zona extrema". Sin embargo, solo se le ha dado el tratamiento de "comuna aislada"; incluso es menos que eso; es la nada. Se trata, simplemente, de una declaración de emergencia agrícola, una vez al año, en el mejor de los casos.
Si se analizan medidas como la que estamos discutiendo hoy día -más aún, en general y en particular-, uno se topa, claro, con el decreto ley N° 889, que implica un subsidio a la mano de obra; pero comparto las dudas planteadas por los Senadores señores Orpis y Rossi en cuanto a si realmente se logrará el beneficio esperado. En mi opinión, se trata de algo más bien marginal.
El DFL 15 -una de las herramientas consignadas en el texto propuesto-, debió ser planteado para los micro, pequeños y medianos empresarios; no para todos. No creo que vaya a generar un cambio importante en la vida de esas zonas.
En cambio, el crédito tributario puede producir un efecto un poco más positivo. Cuando se les da la oportunidad a personas que no tenían 80 millones para invertir, pero sí probablemente 20 millones, se genera un descuento inmediato de 30 por ciento a través del impuesto de primera categoría.
En definitiva, si uno mira la realidad, incluida la del último censo -que ya está empezando a arrojar sus primeros resultados-, se encuentra con que el impacto de las declaraciones de zonas extremas ha sido mínimo.
Por esa razón, no estoy dispuesto a dar mi voto favorable a una iniciativa como esta, que una vez más intenta hacer creer a las Regiones que algunas leyes las favorecen, cuando, en definitiva, las siguen postergando.
Voto en contra.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi, a quien observamos que está muy ansioso por intervenir.

El señor BIANCHI.- Es el ansia normal, señor Presidente, de no dejar pasar una enorme oportunidad para las regiones extremas.
A quienes pueden estarnos viendo y escuchando a esta hora, quiero puntualizar de qué estamos hablando. Estamos hablando de instrumentos que ya se vienen aplicando desde hace mucho en esos lugares, fundamentalmente la Ley Austral, la N° 19.606, la cual venció -es bueno decirlo, porque aparecen autoridades manifestando una enorme preocupación por las zonas extremas- en diciembre del año pasado.
¡De eso se trata! De la preocupación de un Estado que trata a las regiones extremas a través de un mecanismo esencial para el desarrollo, como la Ley Austral, que -repito- venció en diciembre del año pasado. Obviamente, hoy estamos intentando retomarla, pues, en el caso de la Región de Magallanes, su término ha significado la paralización de importantes proyectos que están a la espera de su renovación. Incluso, diez meses antes de su vencimiento, ya había proyectos paralizados, lo cual trae, sin duda, gran preocupación y más cesantía.
Estamos hablando, señor Presidente, del DFL 15 que partió, originalmente, dando a cada Región un valor similar a la de Magallanes, 1.500 millones de pesos. Ahora se plantea aumentar a 2 mil 500 millones, pero para todas las zonas extremas, y además concursables. Sin embargo, se valora el instrumento, el cual, en la práctica, ha servido por ser absolutamente necesario.
Pero la discusión no está ahí. Eso ya se encuentra zanjado. El punto está en los compromisos que el Gobierno ha asumido con organizaciones como las de Aysén o de Magallanes. Y, una vez más, vamos a dejar pasar el que dice relación a la posibilidad de tener, en las zonas extremas, sueldos que reconozcan la diferencia en el costo de vida de lugares como la Duodécima Región, distante 2 mil 500 kilómetros de Santiago.
¡De eso estamos hablando, señor Presidente!
Entonces, frente a esa situación, es indudable que no se puede seguir insistiendo.
La enmienda que mencioné denantes, proveniente de la Cámara de Diputados, es mejor que nada, pero es muy perversa, pues, a la postre, hace que tengamos dos tipos de trabajadores: por un lado, aquellos que no gozarían de la retribución del 20 por ciento de su salario al desempeñarse en pequeños comercios que no pueden pagar dicho porcentaje; y por el otro, los que sí se beneficiarían con el 20 por ciento más del salario mínimo al trabajar en grandes empresas. Por eso el Gobierno dice que es un buen negocio para él, porque va a haber mucho menos gente que pueda postular a la devolución del 17 por ciento del decreto ley N° 889.
Y el Gobierno se negó a todo, como a elevar el monto del salario mínimo de 182 mil a 193 mil pesos, que es lo menos que le habíamos pedido; eliminar que el DL 889 fuera tributable, para que, en el fondo, el empleador percibiera, líquida, la devolución del 17 por ciento, y lo más importante -pese al acuerdo a que había llegado con todas las organizaciones-, cumplir para que en las zonas extremas sin conectividad terrestre hubiera un reconocimiento a su costo de vida de al menos 35 por ciento más alto que en el resto del país.
En Aysén regía el sueldo diferenciado, lo mismo que hemos venido pidiendo, por largo tiempo, para la Región de Magallanes.
Ese compromiso no se está asumiendo. Nos podrán decir que no es propio de esta ley. Pero sí lo es. Ya estaba el decreto ley N° 889, el cual ofrece una compensación que perfectamente puede ser traspasada a los trabajadores que viven en una región aislada. ¿Por qué? Porque el Estado fija un sueldo mínimo igual para todo el país, sin haber un reconocimiento del mayor costo de vida en las zonas extremas.
Es una pena, señor Presidente, una lástima. Yo ya hice toda mi argumentación la semana pasada; ahora solamente estoy justificando el voto.
Voy a apoyar lo que dice relación a la Ley Austral, al DFL 15, y a todos los otros instrumentos.
Hemos pedido votación separada para lo relativo al decreto ley N° 889, porque no queremos que se siga cometiendo la enorme injusticia con mujeres y hombres que trabajan en las regiones más apartadas del país. Intentaremos que el Gobierno recapacite; que enmiende esta situación, y que pueda honrar su palabra. ¡Honrar su palabra! ¡Es lo mínimo que pedimos!
Por eso, solicitamos votación separada en el artículo primero.
--(Aplausos en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, esta iniciativa legal guarda relación con los esfuerzos significativos que hace el Estado a fin de proteger o darles un tratamiento especial a zonas que presentan una condición más débil para su desarrollo.
Tal proceso comenzó con una señal muy potente que dio el Gobierno del Presidente Frei Montalva, cuando promovió la denominada "Ley Austral", que fue en ayuda de Aysén y Magallanes.
Luego el Gobierno militar también dictó leyes de apoyo para Iquique y Punta Arenas.
Todas esas acciones se centraban en fortalecer los instrumentos de desarrollo y de fomento para las zonas apartadas, entendiendo por tales las que se ubican físicamente en los extremos del país.
Sin embargo, el proceso de descentralización, después de 40 años, ha demostrado que las regiones extremas no son las únicas que compiten en condiciones absolutamente adversas, razón por la cual el Estado debe regular condiciones que les permitan un desarrollo equilibrado.
Al respecto, solo quiero mencionar una información que se dio a conocer recientemente sobre el ingreso per cápita regional: mientras en La Araucanía es del orden de los 5 mil dólares, en Antofagasta llega a alrededor de 37 mil. ¡Hay un desarrollo absolutamente desigual!
El Estado debe, pues, crear los instrumentos necesarios no solo para las Regiones geográficamente aisladas, sino también para las que se hallan en el extremo negativo del desarrollo. Y La Araucanía se encuentra en esta condición, en particular ciertas comunas que presentan un gran retraso en comparación al resto.
Me refiero, por ejemplo -ya lo señaló el Senador Quintana-, a las comunas de Lonquimay y Curarrehue, que son zonas limítrofes, donde buena parte del invierno se pasa bajo nieve, y que tienen altos niveles de pobreza.
En Lonquimay, el 25 por ciento de su población se halla bajo la línea de la pobreza y el 15 por ciento, en la indigencia.
Cabe agregar también la situación de la comuna de Saavedra, que represento, al igual que buena parte de la Región de La Araucanía.
¡No me es posible comprender cómo a estas alturas el Estado no realiza una política de fomento equilibrada también para las zonas que están aisladas, que presentan extrema pobreza o que enfrentan condiciones difíciles para su desarrollo!
En Saavedra, el 35 por ciento de la población se halla bajo la línea de la pobreza y el 10 por ciento es indigente; o sea, el 45 por ciento de sus habitantes se encuentra absolutamente limitado.
¿Lo anterior no significa acaso que tales territorios son zonas extremas?
Señor Presidente, llamo la atención del Gobierno para que entienda que una ley sobre zonas extremas debe considerar la situación de todas las áreas del país, no solo la de aquellas que se encuentran en los límites geográficos del sur y del norte.
En mi opinión, el proyecto que nos ocupa no dará el resultado esperado.
¡No puede ser que el Estado pretenda otorgar una receta uniforme para todas las regiones con rezago! Cada una de ellas tiene su propia realidad. Yo reclamo la necesidad de que se establezcan planes territoriales especiales de desarrollo, con instrumentos de verdad y plazos sustentables.
¡Cuántas veces hemos debatido acerca de la "Ley Arica"! ¡Hay como cinco "leyes Arica"! Pero siempre hay restricción para escuchar a sus habitantes cuando se plantea un plan de desarrollo para dicha ciudad. Lo mismo ocurre con los ciudadanos de otras Regiones a la hora de elaborar sus propios planes de desarrollo.
En definitiva, se debe considerar especialmente qué pasa con los territorios rezagados en cada Región.
Creo que esta iniciativa no implicará un avance, pues no contempla una mirada integral para el desarrollo de las Regiones.
Por consiguiente, no estoy en condiciones de votar favorablemente la idea de legislar.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, seré muy breve.
Nuestro país, por sus características territoriales, requiere una política de Estado para mejorar el poblamiento de las zonas extremas.
Es de un interés geopolítico-social evidente garantizar que quienes habitan dichos lugares cuenten con instrumentos que viabilicen su vivencia, sus actividades económicas, sus ingresos.
En tal sentido, es necesario que el Estado lleve a cabo políticas para asegurar el desarrollo de la economía en las regiones extremas.
Para ello, debe diferenciarse conceptualmente entre "zonas extremas" y "zonas aisladas". Son realidades absolutamente distintas.
De igual forma, no considero útil ni conveniente poner en la misma situación a quienes pertenecen a las zonas extremas del sur respecto de los que viven en las del norte.
Señor Presidente, voy a suspender mi intervención mientras mis colegas no hagan su mitin en otro lado. Me parece una falta de...
--(Aplausos en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Señores Senadores, señor Diputado, no hay ninguna dificultad en que realicen en los pasillos la asamblea que están llevando a cabo en la Sala.
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Sus Señorías ya pueden ver el resultado que provoca en las tribunas lo que pasa aquí, en este Hemiciclo.
Puede continuar el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, decía que soy partidario de que existan políticas de Estado para las regiones extremas y que, a mi juicio, hay que diferenciar conceptualmente entre "zonas extremas" y "zonas aisladas".
Además, pienso que se debe distinguir entre políticas para zonas extremas australes y políticas para zonas extremas del norte. No debe ponerse en el mismo parámetro a ambas realidades. No cabe comparar la situación del norte desértico, donde se extraen grandes riquezas, como el cobre, con la de las regiones australes, que presentan precariedad y aspectos climáticos muy complejos.
En verdad, el proyecto muestra debilidades. Y hoy no estamos en condiciones de resolver los vacíos conceptuales que no se han querido debatir.
Lamento que el Ejecutivo no haya hecho su trabajo con mayor prolijidad, para diferenciar la realidad de la zona austral.
Solidarizo mucho con lo que indicó el Senador señor Bianchi. Y comparto lo que el Honorable señor Patricio Walker dijo acerca de la realidad de Aysén. Conversé con él en forma reiterada sobre la materia.
Reitero mi convicción de que no se puede tratar de la misma manera la realidad austral, en la cual se requieren tremendos esfuerzos para mejorar el poblamiento y la sustentabilidad, y la realidad del norte, donde hay que exigirle a la industria minera que ponga recursos para las políticas de desarrollo territorial.
Señor Presidente, no voy a votar a favor la idea de legislar, y me pronunciaré en particular según el mérito de cada artículo, teniendo, sí, una voluntad constructiva sobre el tema.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.

El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, a lo expuesto la semana pasada en esta materia, quiero destacar la importancia de que se haya establecido un norte a la actividad económica posibilitando la ayuda a la inversión y, en especial, al empleo. Es bueno que se sepa que el horizonte de tales beneficios es hasta 2025 y que ya no será necesario renovarlos año a año, con el riesgo que ello implicaba.
En segundo término -veo que se está omitiendo en este debate-, se propone que la Región de Aysén pase a ser zona franca.
Recién llegó la indicación del Gobierno, que ya está en nuestro poder, mediante la cual se incorpora a la provincia de Palena como zona de extensión de la Zona Franca de Aysén. Hoy aquella es una extensión de la de Magallanes, pero a partir de esta futura ley -si Dios quiere, y aprobamos esta indicación y la iniciativa- lo será también de la de Aysén.

El señor BIANCHI.- ¡Les ganamos por cansancio...!

El señor KUSCHEL.- Varios señores Senadores firmaron esa indicación. Agradezco al Ejecutivo, a través de los señores Ministro Secretario General de la Presidencia y Subsecretario de Hacienda presentes en la Sala, por apoyarla.
En seguida, reitero la petición planteada respecto a la necesidad de acelerar los trabajos de pavimentación que se están haciendo entre Puerto Montt y Coyhaique, donde hay cuatro tramos en ejecución. Nos interesa, en especial, el que va de caleta Pichanco a caleta Gonzalo, que se encuentra más atrasado.
Aprovecho la oportunidad para recordarle al Gobierno que en este momento está en pana la motonave Alejandrina, una de las que labora en el sistema bimodal de la ruta 7. Camioneros que llegan con sus productos, luego de recorrer cientos de kilómetros, se enteran ahí del problema, pues no les informan antes que la reparación de dicha barcaza demorará algunos días. Y deben devolverse a sus lugares de origen.
¡El bimodal funciona un poquito mejor que el Transantiago, nomás...! A mi juicio, es posible hacerle muchas mejoras: por ejemplo, avisar a las personas con anticipación cuando dejan de operar las motonaves -sobre todo porque para su uso se exigen reservas de pasajes y cupos-, a fin de que aquellas no hagan los viajes, que son muy largos y demorosos, y que significan días perdidos. Ello quedó en evidencia especialmente este fin de semana y el lunes feriado.
Quiero aprovechar la ocasión para reiterar dicha dificultad.
¡La gente me reclama cada vez que se producen estas lamentables situaciones! Los camioneros, taxistas, transportistas, agricultores, comerciantes, pescadores que usan el tramo bimodal se ven afectados por el problema.
Por eso, reitero la necesidad de avanzar -nuestro problema allá radica en el aislamiento- en la pavimentación del camino que une por tierra, de forma definitiva, Puerto Montt con Coyhaique.
Gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.

El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, al igual como lo dije la semana pasada, el presente proyecto insiste en replicar lo que se ha venido haciendo por décadas en nuestra zona con resultados bastante cuestionables, que se demuestran en las bajísimas cifras de crecimiento poblacional, de acuerdo al último censo, y en indicadores económicos muy negativos, como el IMACEC.
Se proponen medidas puntuales que no abordan íntegramente la solución a las dificultades que aquejan a zonas extremas como Magallanes y Aysén.
He planteado que sería relevante que la prórroga de las leyes de excepción se enmarcara en una carta de navegación más global, en un plan de desarrollo de la Patagonia; en definitiva, en una política de Estado que refleje la importancia geopolítica de la soberanía que poseen dichas regiones extremas.
Además, el proyecto en análisis no contiene otras materias relevantes para un desarrollo integral: mejoramiento de la conectividad, de las condiciones y del abastecimiento de suministros básicos, y perfeccionamiento de las prestaciones de servicios (educación y salud).
La semana anterior señalé que el Hospital Regional de Punta Arenas, pese a ser de última generación, no dispone de médicos especialistas. O sea, no hay una política de incentivo para que profesionales de alta calificación se vayan a Regiones como la nuestra, a fin de satisfacer las necesidades de la población y llenar los cupos vacantes que existen en dicho establecimiento.
Eso tampoco forma parte del plan que se propone.
Por último, quiero manifestar que los incentivos considerados en el proyecto, que se van a aprobar con seguridad hoy día, no se traducen en un incremento efectivo de las remuneraciones de los trabajadores, como lo han sostenido también otros señores Senadores que me han precedido. Si así fuera, ello podría atenuar, en parte, el mayor costo de la vida.
Por eso, desde los años 90, los magallánicos vienen pidiendo un sueldo regionalizado. Quieren que se replique lo que existía en la década del 70: una asignación de zona que, aunque más baja que la de los funcionarios públicos, mejoraba sus ingresos.
Asimismo, he respaldado el establecimiento de un piso mínimo, como el que aprobó la Cámara de Diputados, como requisito para la obtención de la bonificación a la contratación de mano de obra, que implique un aumento en los sueldos.
El año pasado, la Comisión Especial de Zonas Extremas, a instancias de los Honorables señores Bianchi, Patricio Walker, Horvath, Escalona y de los demás Senadores que la conformamos, entregó una propuesta al Ejecutivo, respecto de la cual este hizo caso omiso. Una de las peticiones era que se incrementara la bonificación a la contratación de mano de obra para los empleadores que pagaran entre 220 mil y 600 mil pesos.
En síntesis, señor Presidente, como el proyecto que nos ocupa no genera las condiciones necesarias para caminar hacia un plan integral de desarrollo de la Patagonia -en realidad, no lo veo por ninguna parte y no ha habido una preocupación del Estado por ello a través de los diversos Gobiernos-, voto en contra de la idea de legislar.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, voy a votar a favor de la iniciativa en general, porque creo que, si bien no cumple con todas las exigencias para fomentar el desarrollo de las zonas extremas, al menos se avanza en algo, según lo reconocen algunos parlamentarios de las Regiones afectadas.
El proyecto estuvo nueve meses en la Cámara de Diputados y lleva dos en el Senado. Si realmente quisiéramos entregarles una solución a las zonas extremas, sería bueno que lo hiciéramos con cierta urgencia, antes de que sucedan situaciones más conflictivas que las que ya se han producido allí.
Pero quiero hacerle presente al Ejecutivo, para que lo tenga a bien resolver, verificar o clarificar, dos cuestiones de orden constitucional.
En primer lugar, en el artículo 1° -contenido en el artículo séptimo-, que autoriza "el establecimiento de una Zona Franca en las regiones", se concede una prerrogativa al Presidente de la República; es decir, se hace una delegación de facultades. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 64 de la Constitución, dicha delegación no se puede conceder por más de un año. Por tanto, sería conveniente que eso se aclarara, por cuanto aquí se propone otorgar al Primer Mandatario una facultad sin plazo.
Quiero aprobar el proyecto para que la ley rija y tenga vigencia. Pero lo peor que podría pasar es que después, por cuestiones constitucionales, la norma encontrara trabas.
En segundo término, el mismo artículo 64 dispone que no podrán delegarse facultades cuando se trate de "materias comprendidas en las garantías constitucionales". Por desgracia -por eso es bueno que el Ejecutivo, que es el autor de la iniciativa, vea el tema-, el artículo 19 número 22° de la Carta contiene el derecho fundamental de la no discriminación en materia económica. Tal norma dice expresamente: "Sólo en virtud de una ley -no por delegación-, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica".
Señor Presidente, como deseo que la ley tenga efecto, le pido al Gobierno que se preocupe de la materia señalada, porque es muy importante.
Muchas gracias.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor, 4 en contra y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Escalona, Letelier, Muñoz Aburto y Quintana.
No votó, por estar pareado, el señor Tuma.


El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde pronunciarse en particular.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, en primer término, conforme al artículo 126 del Reglamento, el señor Presidente ha de declarar aprobados todos los artículos que no han sido objeto de indicaciones, con excepción, naturalmente, de aquellos respecto de los cuales se ha pedido votación separada.
--Se aprueban reglamentariamente.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Sus Señorías, les ruego dirigirse a la página 5 del boletín comparado, donde se dan dos situaciones.
Por una parte, se ha solicitado votación separada del numeral 3) del artículo primero, vale decir, de la modificación aprobada en las Comisiones unidas, que se encuentra en la tercera columna.
Por otro lado, el Senador señor Patricio Walker ha pedido someter a votación la admisibilidad de una indicación de su autoría que fue declarada inadmisible en las Comisiones unidas. Ello es pertinente, de acuerdo al artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Entonces, habría que definir cuál votación se realiza primero.

El señor ORPIS.- Señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Perdón, si Sus Señorías me permiten una aclaración.
El Senador señor Patricio Walker se ha saltado a la Mesa en este caso. Porque solicita que se vote la inadmisibilidad declarada por las Comisiones unidas. El criterio de la Mesa acerca de este punto es el siguiente.
Si nos remitimos a la página 61 del informe, allí se señala:
"La indicación número 5, del Honorable Senador señor Walker, don Patricio, para reemplazar la letra ii), por la siguiente:
`En las regiones de Aysén y de Magallanes, esta bonificación se pagará sólo en los casos que las remuneraciones sean superiores en un 20% al salario mínimo mensual vigente en el país.'.".
La norma propuesta por el Honorable señor Patricio Walker viene a reemplazar el texto que figura en el boletín comparado.
Ello resulta totalmente inadmisible, ya que al cambiar un texto por el otro se está afectando la administración financiera del Estado, que es facultad exclusiva del Presidente de la República, conforme al artículo 65 de la Constitución.
En consecuencia, la Mesa declara inadmisible la indicación.
Naturalmente, el señor Senador está en su derecho de pedir que la Sala se pronuncie acerca de la inadmisibilidad.
Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, de todas maneras, solicito que la Sala vote si comparte o no el criterio de la Mesa, que es el mismo que adoptó el Presidente de las Comisiones unidas.
Yo tengo una opinión distinta. Y me fundamento en lo que señaló el propio Subsecretario de Hacienda. En este caso, no existe un aumento de gasto, porque si la bonificación se va a pagar solo en los casos en que las remuneraciones sean superiores en 20 por ciento al salario mínimo mensual vigente en el país, naturalmente que no estamos pidiendo más recursos al Estado. En consecuencia, comparto lo planteado por el Subsecretario de Hacienda a las Comisiones unidas, en el sentido de que esta indicación no sería inadmisible.
Por lo tanto, pido que se vote la postura dada a conocer por la Mesa.

El señor ESCALONA (Presidente).- Por supuesto, señor Senador. Se encuentra en todo su derecho.
Sin embargo, no estamos ante un tema de gasto público. El artículo 65 de la Carta Fundamental establece claramente que la administración financiera del Estado es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Yo no soy redactor de la Constitución de 1980. Pero, como Presidente del Senado, me rijo por ella.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, quiero hacer notar que la indicación, además, reduce la cantidad de fondos que tendría que comprometer el Estado en la zona austral, por cuanto acota el universo de los beneficiarios a los que paguen el sueldo mínimo más un 20 por ciento. Por lo tanto, es más restrictiva que lo que nos propone el Ejecutivo.
Sin embargo, también deseo hacer presente que formulamos de manera distinta esta indicación en el órgano técnico, en el sentido de que respecto de lo que aprobó la Cámara Baja -la bonificación por las remuneraciones que sean superiores en un 20 por ciento al salario mínimo- nos pudiésemos pronunciar por separado en la Sala. Esa sería la segunda votación a la cual concurriríamos.
Y, por su intermedio, señor Presidente, como sabemos que esta materia afecta negativamente a la zona norte, habría que pedirle al Ejecutivo que ello operara exclusivamente para la zona austral, es decir Palena, Aysén y Magallanes, y Chiloé, si ustedes lo estiman.

El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, la Mesa se guía por los documentos expresamente establecidos.
Se ha solicitado votar la admisibilidad de la indicación, pues se discrepa del criterio de la Mesa.
En votación la admisibilidad de la indicación formulada por el Honorable señor Patricio Walker.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El señor Presidente ha puesto en votación la admisibilidad de la indicación. De consiguiente, quienes estén de acuerdo con la admisibilidad deben votar que sí.
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Ruego a quienes se hallan en las tribunas mantenerse en silencio.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, por supuesto que la admisibilidad es un tema que puede discutirse.
Tengo entendido que el mecanismo venía aprobado de la Cámara de Diputados para Magallanes y Aysén.

El señor WALKER (don Patricio).- No, para todos.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Efectivamente.
¿Y qué hace la indicación? Reduce lo aprobado por la Cámara Baja. Ya en esa rama legislativa se había declarado admisible. Por lo tanto, en esa circunstancia, considero que la admisibilidad de la indicación se encuentra bastante bien fundada. Porque lo que propone su autor es dejar el beneficio solo para Aysén.

El señor WALKER (don Patricio).- Y para Magallanes.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- En ese caso, no veo que haya introducido una nueva disposición, sino que ha modificado la que venía de la Cámara de Diputados.
Por eso, voto que sí.

El señor ESCALONA (Presidente).- Para fundar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, lo que acaba de señalar el Senador Zaldívar apunta a lo que yo quería explicar hace un rato, y en la misma línea.
En efecto, lo que aprobó la Cámara Baja era que todo empleador que pagara un 20 por ciento más que el salario mínimo obtendría la devolución por parte del Estado. En la Región de Arica se nos indica que para ellos la medida genera un daño. O sea, es un perjuicio que el trabajador gane 20 por ciento más, porque allá se vive una situación particular vinculada con Perú, y se entiende. Para nuestra zona resulta vital, importante, fundamental que nuestros trabajadores ganen más, señor Presidente.
Y lo que menciona el Senador Zaldívar tiene mucho sentido.
Desde la Cámara de Diputados el beneficio ya venía aprobado, pero para las tres Regiones. Esta indicación lo repone, no obstante lo acota solo a las Regiones de Magallanes y de Aysén. Por lo tanto, recoge lo despachado por la otra rama legislativa, lo perfecciona y lo circunscribe a dos Regiones.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 13 votos a favor de la admisibilidad de la indicación, 14 en contra, una abstención y un pareo.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Frei (don Eduardo), Gómez, Horvath, Muñoz Aburto, Pizarro, Rossi, Sabag, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Von Baer y señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte.
Se abstuvo el señor Lagos.
No votó, por estar pareado, el señor Tuma.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Conforme al Reglamento, corresponde repetir la votación, por cuanto la abstención no permite resolver el asunto.

El señor ESCALONA (Presidente).- En consecuencia, se repetirá la votación.
Hago notar, si la Sala me lo permite -al no estar presente el Vicepresidente de la Corporación no pude inscribirme para intervenir-, que de acuerdo al inciso tercero del artículo 65 de la Constitución la indicación es claramente inadmisible, por cuanto establece un beneficio.
De aprobarse, lo único que se conseguirá será retrasar este proyecto de ley, pues se obligará a que vaya al Tribunal Constitucional.

El señor PIZARRO.- ¡No nos coaccione, señor Presidente!

El señor ESCALONA (Presidente).- Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Sin duda, señor Presidente, estamos frente a una indicación claramente inadmisible, que discutimos en las Comisiones unidas. Sin embargo, no fue posible declarar inadmisible el artículo pertinente aprobado por la Cámara, porque, de acuerdo a la ley, en el segundo trámite, solo se puede efectuar aquello respecto del proyecto entero.
De aprobarse esta indicación, obviamente habría que recurrir al Tribunal Constitucional. Porque se ha hecho una mala costumbre, ya sea a través de votaciones en la Sala o por razones no del todo jurídicas, el aprobar normas o indicaciones inadmisibles.
Y más allá del mérito que pueda tener lo propuesto en dicha indicación, nosotros nos hallamos obligados a respetar la Constitución y las leyes. Entonces, si alguien piensa que con ella se les hará un favor a algunas personas, lo único que conseguirá será demorar el proyecto bastante tiempo. Desde luego, hago reserva de constitucionalidad al respecto. Y quienes estamos votando en contra de la admisibilidad tendremos el perfecto derecho de recurrir ante el Tribunal Constitucional.
Gracias, señor Presidente.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza la admisibilidad de la indicación número 5 (15 votos en contra, 12 a favor y un pareo)
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, García, García-Huidobro, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Frei (don Eduardo), Gómez, Horvath, Muñoz Aburto, Pizarro, Rossi, Sabag, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
No votó, por estar pareado, el señor Tuma.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En el mismo número 3) del artículo primero, se ha pedido votación separada de la modificación introducida por las Comisiones unidas, que reemplaza el texto que viene de la Cámara de Diputados.
Por consiguiente, corresponde pronunciarse separadamente respecto del número 3) propuesto por las Comisiones unidas, que figura en la tercera columna del boletín comparado.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, lo que se propone en el numeral 3), en último término, es eliminar en el inciso cuarto del artículo 2º lo relativo al 20 por ciento.
Eso es en síntesis.
Por lo tanto, hay que votar a favor tal proposición, de lo contrario nos quedamos sin el decreto ley Nº 889.

El señor WALKER (don Patricio).- Nos quedamos con lo aprobado por la Cámara.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, es exactamente lo contrario.
Lo que nosotros estamos pidiendo es reponer el artículo acogido en la otra rama del Parlamento. Si ello afecta negativamente a la zona norte, entonces que el Ejecutivo acepte dividir lo que se aprobó diferenciando la zona austral.

El señor ESCALONA (Presidente).- Vamos a solicitar al señor Secretario que precise lo que se votará, y, luego, daremos la palabra a los inscritos para intervenir.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La opinión de la Secretaría es la siguiente.
Lo que se pondrá en votación es la modificación introducida por las Comisiones unidas, que figura en la página 4 del boletín comparado.
En el evento de que ella se rechace, naturalmente quedará aprobado el artículo sugerido por la Cámara de Diputados, dado que solo corresponde pronunciarse respecto de las enmiendas propuestas.

El señor ESCALONA (Presidente).- Se hallan inscritos hasta el momento los Senadores señores Bianchi, Walker (don Patricio) y Novoa.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa, para una cuestión reglamentaria.

El señor BIANCHI.- Lo mío también es de Reglamento.

El señor ESCALONA (Presidente).- En ese caso, seguiremos el orden de inscripción.
Puede intervenir, señor Senador, y le pido disculpas, pues ignoraba que quería referirse a una materia de Reglamento.

El señor BIANCHI.- Gracias, señor Presidente.
Intentaré dejar lo más claro posible lo que se debe votar.
El Ejecutivo presentó una indicación para eliminar lo que venía aprobado de la Cámara de Diputados, que dispone que el empleador que pague más de un 20 por ciento del salario mínimo reciba la bonificación.
Si se vota en contra, se mantiene lo acogido por la otra rama del Parlamento, y, en consecuencia, se cae lo que pretende dicha indicación.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, quiero reiterar que es por completo admisible lo que sugerimos -porque se estaban acotando los recursos que iba a gastar el Estado- en la norma pertinente, cuya redacción venía de la Cámara de Diputados.
Ahora, corresponde votar solo lo propuesto por la indicación del Ejecutivo, que elimina lo aprobado en el primer trámite, que ya limitaba los recursos que el Estado debía entregar para incentivar a los empleadores a pagar un 20 por ciento más del sueldo mínimo -o sea, un salario regionalizado-, porque en las zonas extremas no se vive con el ingreso mínimo, por el costo del agua, la luz, la leña y el gas.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, yo sí me referiré a un tema reglamentario.
El señor Secretario señaló que, de rechazarse lo propuesto por las Comisiones unidas, rige el texto de la Cámara.
Una pregunta de Reglamento es si se puede pedir votación de la norma acogida en el trámite anterior. Pero en el evento de que ello no sea posible, como yo considero que tal disposición es inconstitucional, debo señalar que, junto con aprobar lo sugerido por las Comisiones unidas, hago reserva de constitucionalidad si se rechaza, porque nosotros sí tenemos derecho de recurrir al Tribunal Constitucional respecto de un artículo inconstitucional aprobado en la Cámara Baja.
Ese es el punto.
No sé si después de votar lo propuesto será necesario pronunciarse o no acerca de la norma en cuestión. Pero en caso de que no se precise, por lo menos que quede claro que quienes votamos a favor de lo propuesto por las Comisiones unidas estamos habilitados para recurrir a dicho Tribunal reclamando la constitucionalidad del artículo aprobado en la otra rama legislativa.
Gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario, para referirse a la materia reglamentaria planteada por el Senador Novoa.
El señor LABBE (Secretario General).- La respuesta, en opinión de la Secretaría, es que, conforme al Reglamento, si se rechazare la proposición de las Comisiones unidas -porque eso es lo que se vota-, queda aprobada la disposición que viene de la Cámara de Diputados, sin perjuicio de los derechos a que se refirió el Honorable señor Novoa.

El señor ESCALONA (Presidente).- Entonces, estamos de acuerdo sobre el particular.
En votación la propuesta de las Comisiones unidas consistente en sustituir por otro el número 3) del artículo primero del proyecto.
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra, hasta por 5 minutos, el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, en forma muy breve, solo quiero señalar que me pronunciaré a favor de la proposición de las Comisiones unidas porque, de rechazarse, el 20 por ciento se aplicaría en todas las zonas extremas, lo que provocaría un efecto devastador en materia de empleo, particularmente en Arica, que enfrenta un problema de costos de mano de obra con Tacna; entonces, si se pagara la bonificación por las remuneraciones superiores en 20 por ciento al salario mínimo, ello, aparte el problema constitucional planteado, no contribuiría a generar empleo, sino que generaría desocupación.
Por lo tanto, voto a favor de la proposición de las Comisiones unidas.

El señor ESCALONA (Presidente).- No hay más inscritos.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la propuesta de las Comisiones unidas consistente en sustituir por otro el número 3) del artículo primero (12 votos contra 9 y una abstención).
Votaron por la afirmativa la señora Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Pérez Varela, Prokurica, Rossi y Uriarte.
Votaron por la negativa las señoras Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Frei (don Eduardo), Horvath, Muñoz Aburto, Sabag, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Letelier.

El señor ORPIS.- Pido que se agregue mi voto favorable, señor Presidente.

El señor CANTERO.- También el mío.

El señor GIRARDI.- Y el mío.

El señor WALKER (don Ignacio).- Y mi voto negativo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Orpis, Cantero y Girardi, y de la intención de voto negativo del Senador señor Ignacio Walker.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- También se pidió votar separadamente la propuesta de las Comisiones unidas consistente en sustituir en el inciso tercero del artículo 1° contenido en el artículo séptimo del proyecto la palabra "zonas" por "regiones" y la palabra "zona" por "región".
Fue aprobada por unanimidad.

El señor HORVATH.- Pido la palabra.

El señor ESCALONA (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, en vista de que el Ejecutivo, a través del señor Subsecretario de Hacienda, aceptó que la provincia de Palena se acoja al régimen de Zona Franca de Extensión respecto de la Zona Franca de Aysén, retiro mi solicitud de votación separada.

El señor ESCALONA (Presidente).- Queda retirada la petición de Su Señoría en tal sentido.
Entonces, si le parece a la Sala, se aprobará la sustitución propuesta por las Comisiones unidas y que el señor Secretario General ya explicitó.

La señora RINCÓN.- Conforme.

El señor WALKER (don Patricio).- Sí.
--Se aprueba.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Se presentaron dos indicaciones al artículo 6° contenido en el artículo séptimo del proyecto.
Una, formulada por varios señores Senadores, para agregar en el referido artículo 6°, entre las palabras "señaladas en esta ley", la expresión "y la Provincia de Palena".
Y la otra, presentada por el Ejecutivo, para modificar el ya citado artículo 6° como sigue:
"1) Intercálase la expresión "así como el territorio de la Provincia de Palena,", entre las frases "Zonas Francas señaladas en esta ley," y "se considerarán".
"2) Intercálase la frase "respecto de aquéllas" entre las expresiones "se considerarán" y ", para todos los efectos legales y reglamentarios".".

El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Le parece a la Sala aprobar la indicación del Ejecutivo?
--Se aprueba.
El señor ESCALONA (Presidente).- En consecuencia, el proyecto queda aprobado en general y particular y despachado en este trámite.


REFORMA DE LEY N° 18.892 EN CUANTO A SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS; PESCAS INDUSTRIAL Y ARTESANAL, E INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN


El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, y sus modificaciones en los ámbitos de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización. Esta iniciativa cuenta con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y tiene urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8091-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 37ª, en 31 de julio de 2012.
Informe de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 54ª, en 10 de octubre de 2012.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa tiene como objetivo principal lograr la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, para la cual propone un sistema de administración y gestión a largo plazo que considera la explotación óptima de los recursos pesqueros en armonía con el medio ambiente.
La Comisión discutió el proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar con los votos favorables de los Senadores señores García-Huidobro, Horvath, Rossi y Sabag y el voto en contra del Senador señor Bianchi.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas pertinentes del informe.
Cabe tener presente que esta iniciativa contiene las siguientes disposiciones orgánicas constitucionales:
Del artículo 1°, los números 51 (artículo 55 K), 53 (artículo 55 Q) y 73 (artículos 153 y 154).
Además, contiene las normas de quórum calificado que paso a detallar:
Del artículo 1°, los números 3, letras b) y c); 13 (artículo 24); 15, letras a) y b); 17 (artículo 28); 18 (artículo 28 A); 20 (artículo 30); 21 (artículo 30 A); 24 (artículo 33); 25 (artículo 34 A); 30 (artículo 39); 31 (artículo 40); 32 (artículo 40 A); 38 (artículo 47); 39 (artículo 47 bis); 41 (artículo 48 A), 44 (artículo 50 C); 51 (artículos 55 I, 55 J, 55 L, 55 M y 55 N), y las disposiciones transitorias contenidas en los artículos segundo, quinto y décimo cuarto.
Para la aprobación de las normas orgánicas constitucionales se requieren 22 votos favorables, y para la aprobación de las de quórum calificado, 20.


El señor ESCALONA (Presidente).- Señores Senadores, se ha planteado un asunto que influye en el debate y respecto del cual el Presidente de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, Honorable señor Hernán Larraín, me solicitó intervenir.
Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, que me honro en presidir, recibió la consulta que Su Señoría tuvo a bien efectuar sobre el eventual impedimento que afectaría al Honorable Senador señor Andrés Zaldívar para participar en la votación de este proyecto de ley.
Se recibieron, asimismo, correos electrónicos mediante los cuales diversas organizaciones plantearon la declaración de inhabilidad de otros tres Senadores: los Honorables señores Carlos Larraín, Jovino Novoa y Alejandro García-Huidobro.
Sobre el particular, la Comisión, teniendo presente que el artículo 5° A, inciso final, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional solo le permite accionar "de oficio o a petición de un parlamentario", además de atender la consulta formulada, resolvió abocarse de oficio al pronunciamiento sobre las invocadas causas de impedimento de los otros tres señores Senadores.
Al respecto, en sesión celebrada el día de hoy, la Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, acordó expresar que la regulación de los conflictos de interés en el Senado se halla establecida en el artículo 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el artículo 8° del Reglamento del Senado, que indican lo siguiente:

"Artículo 5° B.- Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto.
"No regirá este impedimento en asuntos de índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio a que pertenezcan, en elecciones o en aquellas materias que importen el ejercicio de alguna de las atribuciones exclusivas de la respectiva Cámara".
No está de más señalar que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, mediante informe de fecha 3 de diciembre de 2002, evacuó la consulta que le hizo el entonces Presidente del Senado sobre un eventual impedimento para participar en la tramitación de otra iniciativa legal que modificaba la Ley General de Pesca y Acuicultura, que luego pasó a ser la ley N° 19.849.
Planteada en la Sala al día siguiente, 4 de diciembre, una cuestión sobre el impedimento de dos Honorables Senadores, fue rechazada, luego de un extenso debate, por 39 votos contra 1 y 2 abstenciones.
Desde aquella época se han registrado significativos avances en materia de transparencia y de probidad.
Desde luego, el propio artículo 8° de la Constitución Política de la República, que consagra los principios de probidad y transparencia como exigencias comunes al ejercicio de toda función pública, obliga a las altas autoridades y funcionarios a declarar sus intereses y patrimonio en forma pública y aborda el tema de los conflictos de interés, dejando entregada la forma de resolución de ellos a una ley orgánica constitucional.
Esa regla constitucional se inscribe en el marco generado por los compromisos internacionales de Chile en el sentido de establecer declaraciones de interés y de patrimonio para las autoridades y altos funcionarios y de regular en los estatutos o códigos de conducta por los cuales deben regir su actuación los conflictos de interés que las puedan afectar.
En particular, cabe mencionar la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada en Caracas, Venezuela, con fecha 29 de marzo de 1996, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York el 31 de octubre del 2003. Ambos instrumentos internacionales consagran el compromiso de los Estados Partes de establecer la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas y de prevenir los conflictos de intereses en un conjunto de normas de conducta que regulen el correcto, honorable y adecuado ejercicio de las funciones públicas.
A ellos puede añadirse que la política internacional de Chile apunta al reforzamiento de tales principios, en el marco de los compromisos contraídos con la Sociedad de Gobierno Abierto, que contiene su Declaración de septiembre de 2011.
La entrada en vigor de la llamada "Ley de Transparencia", por otra parte, consagró el deber de publicar las declaraciones de intereses y de patrimonio, que precisamente permiten dejar en evidencia los conflictos de interés que puedan suscitarse.
Ahora bien, de acuerdo al artículo 5° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, le compete a esta Comisión de Ética y Transparencia velar por el respeto de los principios de probidad, transparencia y acceso a la información pública.
Por ello, sin perjuicio de los perfeccionamientos que sea del caso introducir, la Comisión es de parecer de que debe estarse, para la resolución de estos conflictos, a las normas vigentes, en particular a aquella ya mencionada, que dispone que los parlamentarios "no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos" o a algunos de sus familiares cercanos que se indican.
Es preciso consignar que no se suscita controversia sobre el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública, desde el momento en que el cuestionamiento que se hace a la participación de varios señores Senadores en la discusión y votación del proyecto de ley se funda justamente en el contenido de sus declaraciones de patrimonio, que se consignan en el sitio electrónico de la Corporación y en información emanada de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Entiende la Comisión que el primer llamado a resolver el eventual conflicto de interés es el propio parlamentario, evaluando cada situación concreta a la que se vea enfrentado, lo que debe efectuarse con especial cuidado, porque, a diferencia de la Administración del Estado y del Poder Judicial, no hay constitucionalmente normas que permitan el reemplazo de un Senador impedido, lo que puede afectar las mayorías consagradas por la ciudadanía.
Si se produce alguna discrepancia entre la realidad y el contenido de tales declaraciones de intereses o de patrimonio, le corresponderá a esta Comisión efectuar las indagaciones y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan. Pero piensa la Comisión que no resulta apropiado recabar su pronunciamiento sobre eventuales impedimentos en cada caso en que se enfrenten votaciones inminentes de proyectos de ley de significación social o económica, tanto más cuanto que las reglas aplicables son de suficiente claridad.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Hay varios señores Senadores inscritos.

El señor COLOMA.- ¡Vamos al tema de fondo, señor Presidente!

El señor ESCALONA (Presidente).- Sobre la materia planteada, tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, deseo precisar que el informe que entregó el Presidente de la Comisión de Ética provoca una confusión, pues quien pidió, a través de su persona, que se pronunciara aquella fue el propio Senador que habla. Y lo hice porque me llegó una comunicación en que cuatro Senadores eran mencionados como personas que podrían tener dificultades. Y a base de eso, al igual como procedí en otra oportunidad en esta Corporación, le solicité al Presidente del Senado que se transmitiera mi inquietud a dicho órgano, lo que ha ocurrido.
Por lo tanto, el informe de la Comisión de Ética lo provocó el Senador que habla, no otra persona.
Asimismo, quiero dejar constancia de algo significativo, que voy a señalar de nuevo.
La mención que se hace de mi persona para impedirme pronunciarme sobre el proyecto que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura se refiere a un hermano mío que trabajó hace muchos años en una empresa pesquera importante. Fue ejecutivo de ella; luego pasó a tener un cargo no ejecutivo, y hoy día, desde hace más de cinco años, está postrado a raíz de una enfermedad que le impide ejercer cualquier tipo de función. Sin embargo, aparece mencionado como director de una empresa de aquella índole.
Por esa razón, en la carta remitida a la Comisión de Ética señalé que quería su pronunciamiento, pues me iba a acoger a lo que ella dijera. Porque en mis actividades como Senador y como servidor público siempre he pospuesto mis intereses personales en pro de los intereses generales de nuestro país.
Por consiguiente, voy a proceder como lo he hecho siempre.
Gracias, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Efectivamente, el Honorable señor Zaldívar, apenas conoció la información pública, le entregó al Presidente del Senado la nota respectiva y solicitó que los antecedentes fueran enviados a la Comisión de Ética y Transparencia.
Sobre la materia, tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, por su intermedio se me hizo llegar una carta que se remitió a la Presidencia de la Cámara Alta para plantear la inhabilidad que tendríamos algunos Senadores en la votación del proyecto que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura.
Yo quiero señalar que la información que le entregaron a través de aquella misiva, señor Presidente, no corresponde a la verdad.
Yo poseo 63 acciones de la empresa Marinsa, me parece.
Perdón, pero ya ni recuerdo el nombre.
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡Escuchen nomás!
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Ruego a los presentes en las tribunas no hacer manifestaciones.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Se trata de la empresa Navarino S.A., que es un fondo de inversiones similar a cualquiera de los fondos de esta clase que existen hoy en nuestro país, como los de las AFP, donde cotizan todos los chilenos, quienes a lo mejor tienen más acciones que los intereses del Senador que habla en algún sector de la economía.
Poseo desde hace muchos años esas acciones -no sabía cuántas eran-, que valen 37 mil 800 pesos.
¡Ese es mi capital en dicho fondo de inversiones!
En tal sentido, señor Presidente, creo que quienes hacen este tipo de denuncias deberían disponer de mejor información. Lo más probable es que esas personas estén influenciadas por grupos de interés que pretenden que la iniciativa de ley que nos ocupa no tenga la tramitación que corresponde y que el país requiere.
A mi juicio, no era necesario solicitar esa información ni recabar el pronunciamiento de la Comisión de Ética, porque en mi caso se trata de un fondo de inversiones como aquellos a los que puede acceder cualquier chileno para colocar sus recursos.
¡Mi inversión en la referida empresa ni siquiera alcanza para comprar un par de zapatos...!
Por lo tanto, señor Presidente, voy a votar en este proyecto de ley, y me preocuparé de los trabajadores del sector pesquero, especialmente de los pescadores artesanales de mi Región, durante la tramitación de esta iniciativa, que es muy relevante para el desarrollo de la pesca de nuestro país.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- En la discusión general del proyecto, siguiendo el orden de inscripción, corresponde que intervenga la Senadora señora Rincón.
Les advierto a las personas presentes en las tribunas que se van a emitir opiniones a favor y en contra de lo que piensa cada cual. De manera que deben ser tolerantes y tener buena voluntad para escuchar con tranquilidad. Así lo establece el Reglamento del Senado, por lo demás.
Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, esta es una de las más importantes discusiones legislativas que hemos enfrentado en el año. Ella no solo recae sobre la administración sustentable de los recursos pesqueros: desde mi perspectiva, debe marcar la manera como los políticos que nos sentamos en el Hemiciclo demostramos, con nuestros votos y no únicamente con discursos, la posición que mantenemos respecto al régimen en los recursos naturales y el reparto de la riqueza en nuestro país.
Parto por declarar mi postura política: estoy por la sustentabilidad ambiental, social y económica en la explotación de los recursos naturales que nos pertenecen a todos.
Mucho se ha hablado en esta Corporación, en las redes sociales, en los medios de comunicación, especialmente en las últimas semanas, de la necesidad de desarrollar una "política nacional del litio" o una "política nacional del agua", en el entendido de que son elementos que nos corresponden a todos y cuya explotación, por lo tanto, también debiera beneficiarnos a todos. Espero que tengamos la oportunidad de debatir acerca de estos temas, que es lo que nos demanda la sociedad chilena. Pero hoy tenemos una oportunidad histórica de discutir y demostrar con nuestro voto qué les ofrecemos a la presente y a las futuras generaciones en materia de recursos pesqueros.
Crecí, en la Democracia Cristiana, con el orgullo de una historia en defensa de los recursos naturales, los que deben ser protegidos y administrados mediante una regulación que garantice el bien común, como expresión de justicia y equidad social. Esos fueron los fundamentos de la chilenización del cobre y la Reforma Agraria, ambas realizadas bajo el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva y expresiones políticas de un Partido dispuesto a enfrentar a los poderes económicos, en pos de la distribución de la riqueza, la generación de oportunidades y la protección del más débil. Espero que hoy estemos a la altura de los nuevos desafíos.
Una de las controversias que atraviesan toda la discusión es la de a quién pertenecen los peces. Para la Senadora que habla, no cabe duda de que son de todos los chilenos, y tanto de las actuales como de las futuras generaciones. En los diálogos que he mantenido en el país se me ha preguntado, una y otra vez, cómo es posible que el Congreso esté cuestionando tal afirmación, que alguien quiera arrogarse derechos de propiedad sobre los peces futuros o que alguien pretenda entregar a perpetuidad licencias de explotación a unas pocas familias. El sensato juicio ciudadano, ese sabio sentido común, al parecer no permea en el Gobierno ni en parte del Congreso.
Formulada esta primera definición, la explotación de los recursos que nos ocupan debiera generar ciertamente el máximo valor para todos los chilenos. Por ello, los principios que planteo para el debate son los siguientes.
Primero: si los peces son de todos los chilenos, presentes y futuros, aseguremos la sostenibilidad de la biomasa.
Señor Presidente, todos coincidimos en que uno de los principales problemas de la institucionalidad vigente es la sobreexplotación. En efecto, en 2001 se capturaba en el país un millón 400 mil toneladas de jurel, nuestro principal recurso pesquero, en tanto que durante 2012 no se podrá exceder de 260 mil toneladas. Desde 2001, los científicos del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) han declarado anualmente en sus informes, sin excepción, que se sobrepasan los límites biológicos seguros o precautorios.
Sin embargo, cada año, la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) se han pronunciado en el Consejo Nacional de Pesca por aumentar las cuotas recomendadas por los científicos. Solo para los años 2009 y 2010, ello significó que fueran 86,6 y 73,3 por ciento mayores que las planteadas para asegurar la sustentabilidad del recurso.
Por ello, celebro el avance que contiene el proyecto de ley, en términos de sacar al Consejo del sistema de determinación de la cuota global pero la solución propuesta no garantiza ni autonomía ni calidad científica para asegurarnos una toma de decisiones adecuada. Al respecto, creo que el Instituto de Fomento Pesquero debiera ser el "Banco Central del Mar", como lo han llamado sus propios funcionarios, que asegurara una rigurosidad técnica exenta de presiones políticas o empresariales y garantizase a todos los actores que el principio de conservación será respetado. Lamentablemente, no tengo iniciativa parlamentaria para ello, pero desde ya me parece que si el Gobierno no quiere abordar el punto, es algo que debe hacer el próximo.
Segundo: si los peces son de todos los chilenos, presentes y futuros, a estos les pertenece el acceso al mar para aprovechar privadamente dichos recursos.
Por razones de conservación y administración pesqueras, la ley ha cerrado el acceso libre a la captura de algunas especies. Para tal efecto, en los 20 años anteriores se han definido distintos mecanismos de política pública. El último de ellos, la asignación de cuotas a los industriales por "historia de pesca", no significa reconocerles a los "históricos" derechos "preferentes" o "mejores". Es algo que sería inaceptable e inconstitucional, ya que se traduce en una discriminación arbitraria y vulnera el principio de libertad para desarrollar cualquier actividad económica que nos corresponde a todos los chilenos.
Quiero recordar las palabras del entonces Senador señor Alejandro Foxley pronunciadas en el Hemiciclo con motivo de la discusión de la iniciativa legal de 2001: "Es importante que la ley en proyecto no se entienda como una consagración del statu quo en lo referente a cuotas de pesca. En este aspecto debe recogerse la idea de la licitación de cuotas gradualmente transferibles a través del tiempo, de tal manera que a futuro haya cierto libre acceso al sector y éste quede abierto a la competencia.".
Si los peces son de todos los chilenos, es inaceptable que un grupo de industriales reclame "derechos históricos". Una entrega a perpetuidad a ellos, mediante licencias indefinidas o con plazos que se asemejan bastante a la perpetuidad, significa crear un verdadero "latifundio" en el mar.
No puede darnos lo mismo si el que pesca hoy lo hace en virtud de una asignación legítima o una ilegítima. No es lícito decirles a todos nuestros compatriotas: "Las únicas que pueden pescar son las tres empresas que vienen aprovechando el recurso de todos desde hace décadas".
Señor Presidente, he expuesto en forma pública que el único mecanismo transparente, abierto y que no implica una discriminación arbitraria ni priva del derecho a desarrollar cualquier actividad económica es una subasta abierta de la cuota industrial. Adicionalmente, de ese modo se fija el precio justo.
Pero no solo se plantea la falta de legitimidad, sino también el hecho de que no podríamos contar con una herramienta de política pública. Esta última encuentra un excelente instrumento en la licitación, que permite determinar un tope para la concentración industrial; definir qué parte de las asignaciones se realicen conforme a criterios regionales, tales como la creación de empleos en zonas específicas; imponer cuotas para las pymes; caducar el permiso en caso de incumplimientos legales o de las bases, etcétera.
Ciertamente, y para la tranquilidad de los trabajadores del sector industrial -hoy día presentes en las tribunas-, ello debe hacerse protegiendo los empleos, de manera gradual y paulatina. Estoy disponible para buscar el mejor sistema que concilie los principios que he señalado: protección de los puestos laborales y no discriminación arbitraria.
El Ejecutivo presentó en la Cámara de Diputados una fórmula que, sin duda, no satisface los criterios consignados. Desde ya, hago reserva de constitucionalidad en relación con el proyecto de ley, ya que a mi juicio se están vulnerando los principios de libertad para desarrollar cualquier actividad económica y de no discriminación arbitraria.
La posición ciudadana y de los expertos sobre cuál es la mejor manera de asignar nuestros recursos es unánime. El único lugar donde ella no logra permear es en el Congreso y en el Ejecutivo. Y ello, señor Presidente, es preocupante. La crisis de confianza en la institución parlamentaria pasa por la diferencia entre nuestros discursos y nuestros votos.
Tercero: si los peces son de todos los chilenos, presentes y futuros, el acceso al mar debe propender a beneficiar al máximo de compatriotas y generar tanto empleo como valor.
La sustentabilidad no implica solo proteger y recuperar la biomasa, sino que también dice relación con lo social en la medida en que contribuye al fomento y desarrollo del sector artesanal y agrega valor a la producción pesquera nacional. Por ello, insisto en que el debate también se refiere a cómo se distribuye la riqueza en nuestro país.
Tenemos 80 mil pescadores artesanales que, literalmente, se "reparten la pobreza" de nuestro mar...
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Ruego mantener silencio a quienes se encuentran en las tribunas.

La señora RINCÓN.- Esa actividad no solo representa un empleo, sino también un modo de vida, una cultura y toda una economía local; pero las cuotas que el Congreso le concedió en el año 2001 son absolutamente insuficientes.
El Ministro señor Longueira instaló una mesa de negociación con parte de los actores del sector artesanal, los que lograron un acuerdo de fraccionamiento que se anunció como un gran logro. Para promocionar la idea, se nos ha señalado que ello significa crecer en ese ámbito en aproximadamente 34 millones de dólares.
Señor Presidente, ¿sabe usted en cuánto se valoriza la cuota que el proyecto les asigna a los industriales? ¡En más de 700 millones de dólares! ¡Y para apenas cuatro empresas, que concentran el 95 por ciento en este ámbito!
En tiempos en que hablamos de redistribución de la riqueza, de la necesidad de mayores niveles de igualdad en la sociedad chilena, tenemos en nuestras manos una herramienta concreta para avanzar en el sentido correcto. Como la materia es de iniciativa parlamentaria, llamo a mis Honorables colegas a construir un gran acuerdo que favorezca de mejor manera al sector artesanal en los próximos diez años, en forma progresiva y paulatina, y, de ese modo, no dañemos el empleo en el sector industrial. Desde ya,...
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Advierto a las personas que se hallan en las tribunas que me veré obligado a solicitar su desalojo si no mantienen la tranquilidad. No me hagan amenazar. Una manifestación más y así lo dispondré.
Puede continuar la Senadora señora Rincón.
Si no se le permite concluir como corresponde, se tomará la determinación que he anunciado.

La señora RINCÓN.- Desde ya, señor Presidente -y con esto voy terminando-, anuncio que presentaré indicaciones en el sentido expresado.
Y solo como un dato: desde marzo de 2010 a la fecha se han perdido 25 mil puestos laborales en la industria, según informaciones oficiales de la Dirección del Trabajo.
En el sistema actual, adicionalmente, las empresas no han pagado el costo real de las cuotas pesqueras. Hoy cancelan entre 25 y 30 millones de dólares anuales por patentes. Un estudio de los profesores Mauricio Villena, Jorge Niño y Franco Zecchetto estima que, por concepto de licitación de cuotas a diez años, se podrían recaudar entre mil 500 y mil 700 millones. En comparación, las entidades que operan en la actualidad no han pagado más de 300 millones en el mismo período. Es decir, las rentas para el Estado se podrían al menos quintuplicar.
Lamentablemente, la propuesta del Gobierno en materia de royalty es del todo insuficiente y, según sus propias cifras, las empresas cancelarán incluso menos de lo que ya enteraban por concepto de patente pesquera, lo que, a todas luces, es un regalo inaceptable.

El señor ESCALONA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señora Senadora.
Tiene un minuto más.

La señora RINCÓN.- Gracias, señor Presidente.
Ciertamente, el proyecto de ley contempla otros aspectos, a los cuales, por una cuestión de tiempo, no podré referirme. He preferido centrarme en los puntos principales que, a mi juicio, plantea la discusión.
Finalmente, frente a la crisis de confianza de los chilenos con relación a la política y al Congreso, pienso que una de sus principales causas es que mucho se habla, pero, a la hora de votar, las voluntades son distintas. En septiembre del año recién pasado, trece Senadores, a quienes se sumaron posteriormente otros, presentamos una moción en la que fijamos nuestra posición respecto de la pesca. No he cambiado en ninguno de los aspectos que suscribí en esa época.
Como partí declarando que mi postura política en este ámbito es la sustentabilidad ambiental, social y económica en la explotación de los recursos naturales que nos pertenecen a todos, anuncio mi voto en contra del proyecto en general, ya que, en conjunto, no cumple con los objetivos que he planteado como base del nuevo desarrollo ambiental, social y económico que espero para nuestro país.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero entregar algunos datos de parte de la Comisión de Pesca.
La actividad económica que nos ocupa mueve del orden de mil 300 millones de dólares anuales y da empleo directo a más de 120 mil personas, entre trabajadores de planta, tripulantes de naves especiales y pescadores artesanales.
El país registra 84 mil kilómetros de borde costero y ocupa prácticamente un cuadrante del océano Pacífico. Esa es una primera llamada en el sentido de la perspectiva de Chile en la materia.
Invito a mis Honorables colegas a ver unas imágenes que ilustran la situación de la actividad pesquera.
La primera de ellas da cuenta de situaciones de pesquerías en riesgo, en colapso y en condiciones normales o de explotación estable.
Eso es muy importante, por cuanto el eje del proyecto en debate -y así lo planteamos desde la Comisión con mucha anticipación y ahora lo hace el propio Gobierno- es la sustentabilidad.
En esta segunda imagen podemos observar, sobre la base de datos registrados desde 1970 hasta 1993, el aumento progresivo de los desembarques del sector industrial, con un incremento inferior al del artesanal. Pero tenemos otras que ilustran con respecto a la situación completa a la fecha.
En forma paralela, se ha ido avanzando desde 1991, con la modificación de la Ley General de Pesca, en áreas de protección, como reservas y parques marinos, algunos santuarios y áreas marinas del borde costero de uso múltiple. Es decir, la política nacional, en forma transversal, ha contemplado también el objetivo de resguardar los recursos.
Si visualizamos en el gráfico la historia desde 1970 hasta la fecha, podremos apreciar que desde mediados de los años noventa tiene lugar un quiebre importante en la baja de la pesca, fuertemente influenciado por la disminución del jurel y de la merluza y un avance progresivo del sector artesanal.
La información fue proporcionada por el señor Juan Carlos Castilla, Premio Nacional de Ciencias 2010, reconocido a nivel nacional e internacional, no solo por sus investigaciones, sino también por estudios prácticos en áreas de manejo que se han ido introduciendo paulatinamente en todas las Regiones.
¿Qué podemos señalar? Porque, normalmente, se le echa la culpa a la ley.
Entre 1990 y 1991 se genera un cuerpo legal que fija las artes de pesca, las áreas protegidas y las cuotas anuales para las pesquerías en plena explotación, y, de alguna manera, ello se traduce en que quien saca primero se hace propietario.
Sin embargo, en 2002 se advierte que el sistema no funciona adecuadamente, porque se sobredimensiona el esfuerzo pesquero y se desata una carrera por sacar anticipadamente los recursos, lo cual da un carácter temporal al trabajador en el área y, desde luego, hace peligrar en gran medida a las especies, como, de hecho, sucedió.
Ese año se determina una fórmula de fraccionamiento entre artesanales e industriales para las principales pesquerías y un límite máximo de captura por armador para los industriales, fórmula que combina la pesca histórica con las autorizaciones legales de estos últimos. De esa manera se define un porcentaje de la cuota anual, para que cada uno sepa, en el mes de enero, cuánto puede pescar durante todo el año. Ello significa que no se tiene que sobredimensionar el esfuerzo o la extracción y que se puede actuar durante ese período con faenas de carácter más permanente y agregarles valor a los recursos.
El gráfico también da cuenta precisamente de esa situación: van bajando los desembarques y se registra un aumento progresivo del sector artesanal, en comparación con el industrial, pero, si Sus Señorías se fijan en las barras celestes, el valor de lo desembarcado sigue aumentando. Es decir, disminuye la cantidad de pesca, pero no la calidad de lo que se vende y exporta.
Lo anterior resulta clave, porque en la discusión sobre la materia se le echa la culpa normalmente a la normativa legal. Sin embargo, nosotros no podemos disponer por ley las cuotas que se fijarán año a año. Para ello es preciso efectuar una investigación autónoma que represente efectivamente el interés nacional. La institucionalidad asimismo tiene que ser reforzada, para poder fiscalizar que las prácticas se lleven a cabo dentro de las disposiciones legales. Es preciso que la investigación implique un esfuerzo importante de nuestro país, consistente al menos con el monto económico que mueve la actividad y la calidad de nuestros recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas.
En ese entendido, la Comisión de Pesca ha ido avanzando en la medida en que ha recogido la presentación de prácticamente todos los actores.
A eso se ha sumado, si ustedes leen el informe, su visita a distintas localidades y Regiones donde ello ha sido posible. Hago referencia a Punta Arenas, Puerto Aysén, Puerto Montt; a bahías como Mehuín y Queule; a Temuco, Lebu, Coronel y Dalcahue.
Tenemos pendiente un viaje a la zona norte, a Maule y a Isla de Pascua por un aspecto bastante sensible, que también tocaré: la participación de los pueblos originarios, enfocada en los cuerpos legales que hoy día los rigen y en otras posibilidades.
Planteado así, el principal objetivo de la nueva Ley de Pesca es la sustentabilidad del sector, lo que implica la protección y recuperación de la biomasa y sus ecosistemas; el fomento y desarrollo equitativo de la pesca artesanal e industrial; la situación de las comunidades del borde costero, y la creación de empleo y valor agregado a la producción nacional.
Es importante un punto: los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas son de todos los chilenos, y su administración le corresponde exclusivamente al Estado. Ello es algo que hemos logrado incorporar en la ley ya en forma avanzada. No queremos que suceda lo mismo que con los derechos de agua, hoy día manejados en el extranjero.
Otro asunto relevante es que nadie puede ser titular de derechos indefinidos ni de una propiedad a perpetuidad de los recursos y de su ecosistema en el sentido que estoy planteando. Así, la Comisión ha avanzado con el Ejecutivo en orden a incorporar en el articulado permanente de la ley los elementos que indiqué y a que el proceso de toma de decisiones y de sustentabilidad se base en criterios estrictamente científicos. Para ello, el Ejecutivo ha planteado once comités técnico-científicos, que tengan -es necesario- la calidad de tales, y hemos acordado una reestructuración del Instituto de Fomento Pesquero, a fin de que en su Directorio no haya nadie vinculado económicamente con la actividad pesquera y de que se le otorgue un grado de autonomía y un presupuesto basal para que sea, efectivamente, un instituto de investigación como merece el país y nos represente, además, en todas las instancias nacionales e internacionales.
Del mismo modo, el Ejecutivo ha comprometido en la Comisión un relevamiento y un fortalecimiento efectivos del Servicio Nacional de Pesca. Hoy en día existe una gran cantidad de personas a honorarios y que tienen que incorporarse en forma nivelada con otros servicios, como el Servicio Agrícola y Ganadero.
En seguida, parte sensible es la regulación de las artes y los aparejos de pesca, de manera que no sean destructivos, sino cada vez más selectivos. Se incorpora algo que se originó en una moción: la prohibición de la pesca de arrastre y dañina en los ecosistemas marinos vulnerables. La Ley del Descarte ya está en vigencia.
En materia industrial, se plantea un punto muy relevante, que constituye una plataforma para los trabajadores de la industria. En este sentido, se contemplan programas de capacitación, de reinserción laboral, todo lo que ellos solicitan en cuando a la posibilidad de estudios técnicos. Nosotros tenemos la experiencia en la Región de Aysén, que es transmisible para el resto del país, de la educación dual, en la que se reconocen los aprendizajes previos para lograr títulos de técnicos.
En el ámbito industrial es particularmente importante lo relativo a la licitación. Por un lado, están las Licencias Transables de Pesca. Se ha planteado, por ejemplo, un plazo de vigencia de 25 años, con claras causales de no renovación y caducidad. Y el Gobierno propone que, cuando se llegue a niveles cercanos en porcentaje a los rendimientos máximos sostenidos -es decir, cuando una pesca se sostenga en el tiempo-, se establezca una licitación de hasta 15 o 20 por ciento de estos recursos, a fin de permitir actores nuevos.
Para ello hay que tener un criterio científico, que se logra a través de la determinación de los puntos biológicos de referencia. El Ejecutivo se ha comprometido a tener estas cifras en dos años, lo que permitirá que algunas pesquerías se puedan licitar en tres, en las cuotas que he señalado, sobre la base de estrictas condiciones y datos de comités técnico-científicos.
En materia artesanal, hay muchos puntos necesarios para este sector -los hemos visto en la figura- que también requieren una plataforma social. Reconocemos que sus integrantes tienen 5 millas de reserva artesanal desde Arica hasta Puerto Montt, paralelo 41° 28,6' Sur, y también el mar interior de toda la zona austral, que representa diez veces la superficie que ellos poseen de Arica a Puerto Montt.
Por desgracia, en nuestros textos de estudio los mapas de Puerto Montt hacia el sur se insertan a otra escala. Esto hace que la gente no perciba que tenemos el 34 por ciento de la superficie terrestre del país en la zona austral y diez veces el área reservada para los pescadores artesanales en ese sector respecto a las 5 millas entre Arica y Puerto Montt. Y lo anterior es muy importante, porque a ellos hay que empoderarlos en esa área para que las cosas funcionen en forma verdaderamente equitativa.
Se ha logrado un compromiso para mejorar el contrato a la parte. Es decir, los tripulantes de las naves artesanales, que son pescadores propiamente tales, tienen la opción de regirse por el Código Laboral, pero también por contrato a la parte. Como se dice en buen chileno, pueden "ir en la parada". Esto es clave, porque ellos también arriesgan la vida como pescadores artesanales.
En la plataforma laboral del sector artesanal está comprometida la incorporación del seguro de vida, en buenas condiciones, y también los planes de capacitación, educación dual, diversificación productiva y asesorías.
Además, aquí hay un compromiso importante del Ejecutivo, que fue un anuncio presidencial del 21 de mayo de este año, y el Ministerio de Economía ha señalado en la Comisión que va a cumplir esa palabra en esta ley en proyecto, instalando un artículo para que, en un plazo de 180 días, se cree el Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal, también conocido como "INDAP Pesquero", que es algo que este sector requiere.
Ahora, los artesanales van a tener un derecho preferente también, por razones obvias. Y se ha dejado un margen de 1 por ciento de los imprevistos para que lo pescado por los artesanales o industriales sea procesado en plantas que vayan a consumo humano y que revitalicen la pequeña y mediana industria, lo cual no podemos descartar. Así como hay trabajadores de las grandes industrias, también queremos que haya de todas las escalas, por una razón mínima de sanidad económica y social.
Hay un punto bien importante que se ha planteado en el texto de la Cámara de Diputados y que consiste en medir las 5 millas con una fórmula distinta, que tiene interpretaciones variadas, al cambiar las líneas de base recta. En esto hay que tener particular cuidado, porque nosotros somos signatarios de la Convención del Mar, y desde esa línea de base recta se miden las 200 millas y la zona económica exclusiva.
En tal sentido, hemos trabajado en que hay decretos, como el 408, de 1985, que definen áreas protegidas de las caletas no solamente en cuanto a distancia, sino también a profundidades o veriles. De esta manera, existe una clara oportunidad para proteger las caletas de los pescadores artesanales en áreas distintas de las 5 millas -son relativamente parecidas-, a efectos de generar también algunas áreas de reserva aledañas a las zonas de base recta desde el paralelo 41° 28,6' hacia el sur, de modo de garantizar que los recursos no se vayan deteriorando en el futuro.
Postulamos una zonificación para los pescadores artesanales en la primera milla -son los que tienen naves menores a 12 metros-, pero eso no debe ser solo una norma general, sino que tiene que verificarse donde tengan actividad histórica, donde puedan pescar y combinarse con la situación de los veriles que señalé antes.
Los pescadores artesanales denominados "boteros" han planteado la necesidad de perfeccionar el Reglamento de Sustitución, porque si ellos mejoran sus embarcaciones con cabinas, con equipamiento, no los dejan pescar en la misma condición. Esto se acordó con el Ejecutivo.
De igual modo, señalamos -lo hizo el científico Juan Carlos Castilla- el daño sistemático que se está produciendo a las especies de pesca de roca, también conocidas como "especies finas", por una pesca muy poco selectiva que resulta perjudicial para este sector. En esta materia, hay algunas resoluciones que es conveniente relevar al nivel de ley, como la N° 1.700.
El que la operación en zonas contiguas se realice cuando corresponda con un modo de verificación a través de posicionador satelital es claramente significativo.
Lo mismo puede decirse respecto a que exista un plan para los buzos, pescadores artesanales y que presten servicios, de modo que se les acondicione para cumplir con todas las exigencias reglamentarias.
Y algo que la Comisión detectó en sus visitas a terreno fue la necesidad de regular también la pesca artesanal en las zonas estuarinas, que son afectadas por las mareas y en las cuales hoy en día no pueden pescar.
Hay otros temas muy relevantes. Pero, por el tiempo de que dispongo, me interesa destacar la conveniencia de que se haga un punto especial respecto al repoblamiento de las algas.
Sobre el particular, hay una iniciativa del Senador Prokurica, que desde luego he apoyado desde el día uno, y existe un compromiso del Gobierno en el sentido de establecer en esta ley un plazo de 180 días para incorporar el fomento para el repoblamiento de las algas. Así como nosotros observamos procesos de erosión y desertificación en la zona terrestre, lo mismo sucede en nuestro extenso y variado borde costero. Y para esto, entonces, habrá una iniciativa para subsidiar el repoblamiento de las algas, reconstituir los ecosistemas y generar actividades productivas.
El Premio Nacional de Ciencias Naturales de este año, don Bernarbé Santelices, nos ha señalado que el aprovechamiento de algas es una actividad que genera a nivel mundial del orden de los 6 mil millones de dólares. Mirando nuestro borde costero y nuestra diversidad de algas para producir alimentos, medicamentos, cosméticos y energía, nos damos cuenta de que tenemos ahí un enorme mundo por explorar, aparte de la necesidad de reconstituir estos ecosistemas y darles protección ambiental.
No menos importante es la situación de los pueblos originarios. Esta Comisión ha recibido un mandato del Senado, por un acuerdo de Comités, y, en tal virtud, nos hemos reunido hasta la fecha con un número significativo de representantes -no todos- de los distintos pueblos originarios costeros. Me refiero a los sectores lafquenche, huilliche, kawashkar, rapanui -cuya visita tenemos pendiente- y otros, que han señalado que en esta materia tienen mucho que decir.
La Comisión ha recibido claramente de parte de estos pueblos originarios la idea de que la participación a la que nosotros convocamos no sustituye la necesidad de consultarlos sobre la base del Convenio N° 169 de la OIT, del cual nuestro país es signatario.
Sin embargo, como no hay un procedimiento acordado por el Ejecutivo respecto a cómo realizar la consulta, ni tampoco por el Congreso -recién se está formando una Comisión bicameral-, lo que ellos nos plantean es que seamos lo suficientemente creativos para elaborar un plan piloto a fin de escucharlos como en verdad se merecen. Y eso estamos haciendo.
Hasta la fecha, eso sí, hemos podido lograr que los pueblos originarios cuenten con una legislación que les permita desarrollar su actividad. Me refiero a la ley N° 20.249, que regula el espacio costero marino de los pueblos originarios con el objeto de que puedan participar efectivamente en aquella de manera sustentable y de acuerdo a su estilo de vida y cultura. Esto es relevante. Porque ellos nos señalan que no necesariamente por encontrarse inscritos en el registro de los pescadores artesanales como pueblos originarios forman parte de su cultura. Para los pueblos originarios existe una normativa especial, conocida como "Ley Lafquenche".
Además, la propia iniciativa en debate consagra la posibilidad de que participen en las reservas marinas, dado que es posible intervenirlas. Y también se contempla lo relativo a la zonificación y a las áreas marinas de borde costero de uso múltiple.
Por lo tanto, aquí hay mucho por avanzar, conforme a las reglas vigentes.
Señor Presidente, si uno considera todos esos aspectos y abre una instancia por la vía de los acuerdos entre los distintos sectores políticos representados en el Senado, y desde luego con el Ejecutivo, porque gran parte de las materias que he señalado son de su iniciativa exclusiva, nosotros estaríamos en condiciones de generar de aquí a fin de mes, o a la primera semana de noviembre, una vez realizada la discusión en particular de la iniciativa, el trabajo necesario para que antes del 31 de diciembre tengamos una ley que efectivamente otorgue relevancia a la opción marítima y pesquera del país.

El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, concluyó su tiempo.
Tiene un minuto adicional para que pueda terminar.

El señor HORVATH.- Gracias, señor Presidente.
Ello nos dará la posibilidad de generar un acuerdo. Y cuando eso ocurra, cada parte tendrá que ganar y ceder un poco -repito: un poco- para que efectivamente las personas de este sector, quienes viven y trabajan dignamente y representan la diversidad de nuestra chilenidad en el mar, tengan la posibilidad de formar parte de su destino marino.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Quiero precisar a la Sala que el Honorable señor Horvath ha hecho uso de 10 minutos en su calidad de Presidente de la Comisión de Pesca, y de otros 10 con cargo a su tiempo como Senador. Por eso su intervención fue más extensa.
El señor Ministro ha solicitado hacer uso de la palabra y tiene preferencia para ello.
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Hago presente a las tribunas que lo que vale para la Senadora señora Rincón, vale también para el señor Ministro.
Cualquier manifestación no va a ser aceptada.
Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, al asumir la Cartera de Economía y habiendo sido parlamentario durante 21 años, tuve claro que me iba a tocar liderar la modificación de la iniciativa más compleja de tramitar de todas aquellas en las que he participado.
Consciente de esa realidad y habiendo colaborado hace 10 años con el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos y con el Ministro de Economía de la época para lograr un acuerdo con respecto a la Ley de Pesca, una de las primeras decisiones que tomé fue instalar una mesa de diálogo, de conversación; una mesa social entre todos los actores a fin de resolver uno de los aspectos más complejos que ella presenta, cual es el fraccionamiento del porcentaje de la cuota de pesca que se asigna tanto al sector industrial como al artesanal.
Señor Presidente, no existe ningún otro país en el mundo que tenga una separación de cuotas de pesca entre industriales y artesanales, como la que hay en Chile.
En nuestro país se consideran industriales todas las naves con una eslora superior a 18 metros, y artesanales, aquellas con una eslora inferior a 18 metros.
En primer lugar, valoro el diálogo que sostuvimos, en donde participaron las dos principales confederaciones, que al menos yo conocí junto con todos los parlamentarios durante dos décadas en el Congreso, que representan a los pescadores artesanales del país.
También estuvieron presentes en esa mesa los dirigentes de los sindicatos de las empresas que procesan productos del mar y los sindicatos de tripulantes y la industria del país.
En un esfuerzo de 45 días se llegó a un acuerdo. Y lo quiero destacar, porque cuando se instaló la mesa se expresó: "¿Para qué perdemos el tiempo?"; "¡jamás nos hemos sentado juntos a una mesa!"; "¡no vamos a llegar a acuerdo!". Pero, finalmente, todos quienes integraron esa instancia arribaron a un gran acuerdo, que forma parte de la propuesta de fraccionamiento entre los sectores industrial y artesanal en las 12 pesquerías más importantes del país. No solamente avanzamos en cinco de estas, sino que logramos acuerdo en 12. Y, tal como ya se dijo, si esto lo valorizamos, veremos que se trata de 34 millones de dólares que se traspasan del sector industrial al artesanal.
Ello significa, señores Senadores, que si se ratifica este fraccionamiento, como lo hizo la Cámara de Diputados, el próximo año el sector artesanal del país podrá extraer 55 por ciento del recurso pesquero y el 45 por ciento restante quedará para el sector industrial.
A mi juicio, es muy importante manejar estas cifras. Porque las pesquerías son diferentes en cada Región. Algunas se hallan cerca de la costa, otras no tanto. Es decir, tenemos un desarrollo pesquero muy diverso.
Y también quiero dar a conocer otro dato muy importante.
En el Registro Pesquero Artesanal se encuentran inscritas alrededor de 13 mil embarcaciones. De estas, aproximadamente 1.200 tienen una eslora de entre 12 y 18 metros y las otras casi 12 mil corresponden a las embarcaciones que la gente entiende como artesanales.
Ese es el cuadro del recurso pesquero en Chile.
¿Por qué tenemos que legislar y contar con una ley de aquí al 31 de diciembre? Porque si no lo hacemos, volveremos a la "carrera olímpica". Estamos en la discusión en general del proyecto. Por lo tanto, su rechazo significa que no se legisle y que retorne ese sistema que llevó a los recursos pesqueros del país a su mayor colapso.
Tal es la esencia de esta iniciativa. En forma posterior se podrá agregar un conjunto de otras materias que se añadieron en la otra rama del Parlamento y también avanzar en el Senado. La disposición del Ejecutivo es incorporar todos aquellos aspectos que los técnicos han indicado a efectos de perfeccionar la regulación pesquera.
En consecuencia, quiero situarme en la idea de legislar de este proyecto. Lo que vence el 31 de diciembre es un sistema transitorio que acordó la nación hace diez años y al cual se llamó "Límite máximo de captura por armador". Este vencerá el 31 de diciembre, y todos seguirán con sus derechos vigentes e indefinidos, pero con la "carrera olímpica". Eso seguirá rigiendo.
Por consiguiente, el no legislar no significa que no tendremos ley, sino que volveremos a un sistema que fue modificado hace diez años porque nos conducía a la depredación de los recursos pesqueros más relevantes del país.
Por eso, no nos fuimos por el camino fácil, como algunos sugieren hoy, en el sentido de presentar una iniciativa que extienda la vigencia del límite máximo de captura por armador. Para mí, como Ministro de Economía, habría sido mucho más simple irme por el atajo facilito de establecer una prórroga y que el próximo Gobierno enfrentara la situación.
Hemos asumido la responsabilidad de presentar al país una ley -como Sus Señorías saben ha sido llamada "Ley Longueira"- respecto de la cual no pocos afirman que hará desaparecer la pesca artesanal en Chile.
Tengo muy claro lo que se anda diciendo, pero a la vez poseo la tranquilidad de que ningún Ministro de Economía ha destinado más horas que yo a escuchar al sector pesquero. Me he reunido con más de 150 organizaciones, de Arica a Punta Arenas. La afonía que sufro se debe precisamente a que el último viernes recorrí, hasta las 12 y media de la noche, con los equipos de la Subpesca, todas las caletas de la Décima Región. Ese día me entrevisté con los pescadores de Quellón y Melinka; estuvimos también en Castro; continuamos después en Dalcahue; luego seguimos en Calbuco, y finalizamos en Anahuac, donde se encuentran el puerto de los pescadores y las cooperativas más importantes de la Región de Los Lagos.
Por lo tanto, no hemos eludido la responsabilidad de presentar la ley que estimamos que el país requiere. Lo digo así de claro, pues no han sido pocos los costos que hemos pagado y no tenemos inconveniente en seguir recibiendo las pifias que sean necesarias para que Chile logre una legislación como la que está en proyecto, cuyo primer objetivo, según lo indica su primer artículo, es la sustentabilidad de los recursos. Y, en vista de eso, planteamos un texto coherente con dicho propósito.
Todas las organizaciones que siempre manifestaron preocupación por la sustentabilidad, no solo en la Cámara sino también en el Senado -y lo han hecho a través de la prensa- han hablado favorablemente de la iniciativa.
Por primera vez se incorpora en la legislación un concepto tan fundamental como el del rendimiento máximo sostenible, que es el punto biológico y económico óptimo en el cual debieran estar todas nuestras pesquerías. No hemos levantado los puntos biológicos de referencia para hacer el cálculo, lo cual significa que el país no ha priorizado este aspecto ni dedicado los recursos suficientes para lograr una mirada científica del sector pesquero chileno.
Por eso lo primero que hace la iniciativa en debate es ser coherente con la sustentabilidad de los recursos y terminar con todas las facultades resolutivas del Consejo Nacional de Pesca. La institución continúa, porque consideramos bueno que los actores se mantengan en una instancia, pero todas las decisiones se transfieren a once comités científicos. A partir de la vigencia de la ley en proyecto, habrá comités científicos vinculados a las pesquerías del país. Ocho serán de pesca extractiva y tres de acuicultura.
En consecuencia, serán la ciencia y la investigación las que determinen cuáles son las cuotas de las pesquerías en Chile. La autoridad política se retira de las decisiones, pues el mayor problema que hemos tenido en el sector -lo vemos diariamente, y yo lo vivo como Ministro de Economía- es que la institucionalidad se halla construida para presionar a la autoridad política.
Finalmente, todos hemos cedido. No quiero hacer una crítica hacia atrás, pero resulta curioso que en el país aumenten los peces y las cuotas cada vez que hay elecciones. Yo lo entiendo, por cuanto experimento a diario la presión que se ejerce sobre la autoridad. Me tocó vivirlo durante el último Dieciocho, fecha en que nadie desea que haya vedas. Pero, ¿qué tiene que ver la biología con las Fiestas Patrias?
Sin embargo, hay que evitar estas presiones, porque son las que han llevado a que las principales pesquerías del país se encuentren virtualmente colapsadas.
Evidentemente, la decisión que hemos tomado de garantizar la sustentabilidad de los recursos, implica cambiar muchas prácticas y la cultura profunda que hay en el sector. Llegó la hora de decir la verdad: se trabaja en la ilegalidad, en la informalidad; no se sincera lo que se pesca, ni cuánto ni dónde. Y eso es lo que hacemos en el proyecto de ley.
Lo anterior explica por qué muchos marcharon. Pero alguna vez el país y la sociedad tenían que enfrentar la situación. Es lo que estamos haciendo.
De las 13 mil embarcaciones artesanales, 12 mil corresponden a boteros. Son estos los que la ciudadanía ve cuando va a comprar mariscos a una caleta. Se piensa que todos los pescadores artesanales son boteros. Pero no es así. De las 13 mil embarcaciones, hay mil...

El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Ministro, ya le hemos extendido lo suficiente el tiempo. Le ruego que redondee sus puntos de vista en dos minutos.

El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Será muy difícil en ese lapso, señor Presidente. Pero está bien.
Me gustaría referirme a muchos temas relevantes del proyecto, lo que no es fácil, pues implican numerosas materias.
No obstante, es importante que los señores Senadores sepan por qué algunos de los cambios que hemos introducido han resultado conflictivos.
Se establecen los posicionadores satelitales, las certificaciones. Es inadmisible que el primer objetivo de la ley sea la sustentabilidad si finalmente no sabemos qué, cuánto y dónde se pesca.
Por eso tengo la convicción de que esta será una gran ley. Hemos conversado con los miembros de la Comisión, y vamos a introducir muchos otros perfeccionamientos. Estamos abiertos a escuchar cualquier sugerencia.
En el escaso tiempo que me queda, me voy a referir a dos materias.
En este proyecto hemos recogido todas las recomendaciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en materia de licencias transables de pesca. ¡Todas! No rehuimos ninguna. Lo más destacado que señala el Tribunal es que tenemos que incorporar actores, lo que se logra precisamente a través de las licencias transables de pesca. Por eso fueron incluidas, al igual que otros mecanismos. El más importante, según dicha entidad, son las licencias transables, que están sujetas a cualquier acto jurídico, de manera que se podrán arrendar y vender; serán divisibles y transmisibles.
Las autorizaciones y los derechos de pesca de los pescadores artesanales del país son indefinidos. ¡Indefinidos! Porque se requiere dar estabilidad al sector. Si queremos que haya más valor agregado, se necesitan reglas claras. No se invertirá en el área con leyes transitorias cada diez años. Faltan inversiones en naves, en plantas, en más valor agregado y, ojalá, en más consumo humano. Y para eso se precisa estabilidad.
En la Cámara de Diputados se rechazó la propuesta de licitación que hizo el Ejecutivo. Y, a pesar de que acogimos un texto presentado por el Diputado señor Walker, tampoco hubo consenso. Incluso, se desechó el artículo 27, relativo a las licitaciones, materia que hoy figura en la ley. Por lo tanto, en la otra rama del Parlamento no hubo voluntad. Sin embargo, vamos a volver a insistir en un mecanismo que, en la medida en que las pesquerías se recuperen, permite que haya licitaciones...

El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Concluyó, señor Ministro? Le podemos dar otro minuto, pero esta vez sí que será el último.

El señor LONGUEIRA (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Voy a redondear, señor Presidente. Son muchos los temas que aún me quedan pendientes en esta primera exposición.
También incorporamos, por primera vez, la primera milla para los boteros del país. Esta era una aspiración muy importante para las 12 mil embarcaciones de pescadores artesanales. Igualmente se estableció, a través de un acuerdo en la Cámara -así venía en la propuesta original-, un mecanismo para que los pescadores artesanales con embarcaciones de mayor tamaño pudieran ingresar a esa primera milla, siempre que hubiera entendimiento con los dueños de las de menor porte.
Hemos presentado un proyecto con los cambios que Chile requiere, donde el eje es la sustentabilidad de los recursos. Tenemos la profunda convicción de que será una gran ley y la que el país necesita, para recuperar y volver a tener las pesquerías más relevantes que hemos perdido.

El señor ESCALONA (Presidente).- Debo informar a la Sala que ha terminado el Orden del Día.
En consecuencia, la discusión general de la iniciativa continuará en la sesión de mañana, la cual ocupará el primer lugar de la tabla.
Hay diez señores Senadores inscritos.

--Queda pendiente la discusión general del proyecto.

VI. TIEMPO DE VOTACIONES



SOLICITUD A EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE GIRO DE EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO. PROYECTO DE ACUERDO

El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de acuerdo de los Senadores señores Muñoz Aburto, Escalona, Gómez, Lagos, Letelier, Sabag, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1518-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 53ª, en 9 de octubre de 2012.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito de este proyecto de acuerdo es solicitar al Presidente de la República la ampliación del giro de la Empresa Nacional del Petróleo para impulsar la exploración, explotación y comercialización de otras fuentes energéticas y, en consecuencia, su transformación en una empresa nacional de energía, con el fin de que pueda participar directamente o por medio de sociedades en las referidas actividades.

El señor ESCALONA (Presidente).- En este momento, no hay quórum.
Se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor ESCALONA:
Al señor Ministro de Educación, planteándole ENTREGA POR JUNAEB DE ALIMENTOS A ALUMNOS DE COLEGIO CREACIÓN LA ARAUCANA, DE PUERTO MONTT, y al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, para solicitar PRONTA SOLUCIÓN A PROBLEMA HABITACIONAL DE FAMILIAS EN SECTOR JUAN PABLO SEGUNDO, FRUTILLAR ALTO.
Del señor KUSCHEL:
A los señores Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Justicia, solicitándoles APROVECHAMIENTO POR CARABINEROS DE NUEVO LABORATORIO DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN PUERTO MONTT. Al señor Ministro de Hacienda, requiriéndole pronto envío de PROYECTO SOBRE NUEVA LEY DE CASINOS, y al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de que remita información relativa a AVANCE DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS ISLAS DE CHILOÉ Y LLANQUIHUE Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONES EN OTRAS DE MENOR TAMAÑO.
)------------(
--Se levantó la sesión a las 19:31.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción