REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 360ª
Sesión 56ª, en miércoles 17 de octubre de 2012
Ordinaria
(De 16:19 a 19:49)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES CAMILO ESCALONA MEDINA, PRESIDENTE,
Y PEDRO MUÑOZ ABURTO, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes, y de Salud, señor Jaime Mañalich Muxi. Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de Pesca, señor Pablo Galilea Carrillo.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ESCALONA (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 52ª, 53ª y 54ª, ordinarias, en 3, 9 y 10 de octubre, respectivamente, del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor ESCALONA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", para la tramitación de los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios (boletín N° 7.484-01).

2.- Proyecto de ley que aumenta las sanciones a responsables de incendios forestales (boletín Nº 8.155-01).

3.- Proyecto de ley que regula el contrato de seguro (boletín N° 5.185-03).

4.- Proyecto de ley que regula la venta y el arriendo de videojuegos excesivamente violentos a menores de 18 años y exige control parental a consolas (boletín N° 5.579-03).

5.- Proyecto de ley sobre protección de ecosistemas marinos (boletín N° 6.485-03).

6.- Proyecto que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo (boletín N° 8.324-03).

7.- Proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior (boletín Nº 8.041-04).

8.- Proyecto de ley que crea el Ministerio del Deporte (boletín Nº 8.085-29).

9.- Proyecto que modifica la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales, contenida en el artículo 8° de la ley N° 18.985 (boletín Nº 7.761-24).

10.- Proyecto de ley sobre plebiscito y consultas de carácter comunal (boletín N° 7.308-06).

11.- Proyecto de ley sobre probidad en la función pública (boletín Nº 7.616-06).

12.- Proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados (boletines números 5.917-18 y 7.007-18, refundidos).

13.- Proyecto que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia (boletín Nº 8.207-07).

14.- Proyecto de ley que autoriza la publicación en medios electrónicos de actos que deban ser publicados en periódicos de circulación nacional, regional o local (boletín Nº 8.314-07).

15.- Proyecto de ley que ajusta normas del Estatuto del Personal de Gendarmería de Chile, en materias de requisitos de ingreso y de promoción de cargos en las Plantas de Oficiales Penitenciarios y de Suboficiales y Gendarmes (boletín N° 8.563-07).

16.- Proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo sobre Tránsito Vecinal Fronterizo entre la República de Chile y la República Argentina", suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 6 de agosto de 2009 (boletín Nº 8.154-10).

17.- Proyecto de ley que crea la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones (boletín N° 7.829-13).

18.- Proyecto de ley que modifica la jornada, el descanso y la composición de la remuneración de los trabajadores de casa particular, y prohíbe el uso de uniformes a trabajadoras de casa particular (boletines números 8.292-13, 7.807-13 y 7.675-13, refundidos).

19.- Proyecto de ley que crea y regula los registros nacionales de inspectores técnicos de obra (ITO) y de revisores de proyectos de cálculo estructural, y modifica normas legales para garantizar la calidad de construcciones y agilizar las solicitudes ante las direcciones de Obras Municipales (boletín Nº 8.139-14).

20.- Proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín N° 6.190-19).

21.- Proyecto que modifica la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (boletín Nº 8.329-15).

22.- Proyecto que incorpora en el artículo 78 de la ley N° 18.290, de Tránsito, requisitos para el uso de chaleco reflectante (boletín N° 8.348-15).
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto de ley que otorga a los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario por el periodo que indica y una bonificación adicional (boletín Nº 8.447-04).

2.- Proyecto que elimina el inciso cuarto del artículo 32 de la ley N° 18.556, sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral, que establece la obligación de publicar en su sitio web el padrón electoral y la nómina auditada de inhabilitados (boletín N° 8.345-06).

3.- Proyecto de ley que establece penas para la fabricación, tenencia, transporte, comercialización y utilización del "hilo curado" (boletín Nº 8.579-25).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los dos primeros informa que dio su aprobación a los siguientes proyectos de ley:

1.- El que modifica la ley N° 19.754, para permitir la incorporación del personal de los establecimientos municipales de salud a las prestaciones de bienestar y autorizar la constitución de servicios de bienestar separados por entidad administradora (boletín N° 8.334-06) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y a la de Hacienda, en su caso.

2.- El que concede la nacionalidad por gracia al músico Daniel Lencina D´Andrea (boletín N° 8.368-17).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Con el último comunica que designó a los Diputados señores Jorge Burgos, Marcelo Díaz, Edmundo Eluchans, Felipe Harboe, Cristián Monckeberg y Patricio Vallespín como integrantes del Grupo Bicameral de Transparencia convocado por el Senado.
--Se toma conocimiento, y se designa a los miembros de la Comisión de Ética y Transparencia para integrar el referido Grupo Bicameral.
Informes
De la Comisión Mixta constituida para proponer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley sobre plebiscito y consultas de carácter comunal (boletín N° 7.308-06) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Minería y Energía recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea y destina recursos para el Fondo de Desarrollo del Norte y de las Comunas Mineras de Chile (boletín N° 8.272-08) (con urgencia calificada de "simple").
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señores Muñoz Aburto, Navarro, Gómez y Tuma, con la que dan inicio a un proyecto de ley que prorroga por dos años la vigencia del régimen de límite máximo de captura por armador y modifica el fraccionamiento de la cuota global de captura entre los sectores artesanal e industrial (boletín N° 8.630-03).
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
De los Senadores señores Navarro y Muñoz Aburto, con la que inician un proyecto que modifica el artículo 54 bis de la ley Nº 20.129, con el objeto de limitar el monto de gastos anuales en publicidad que pueden realizar los establecimientos de enseñanza superior, y establece responsabilidad solidaria para las personas que señala (boletín N° 8.633-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
De los Senadores señores Navarro y Muñoz Aburto, con la que dan inicio a un proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios en materia de empadronamiento de cuadrillas de propaganda electoral, y agrava las penas que les son aplicables a sus integrantes por tenencia y uso de armas (boletín N° 8.634-06).
De los Senadores señores Navarro, señora Rincón y señores Muñoz Aburto y Rossi, con la que inician un proyecto, modificatorio de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para liberar a la mujer durante el lapso que indica, anterior o posterior al parto, de la carga pública de desempeñarse como vocal de mesa receptora de sufragios (boletín N° 8.635-06).
--Pasan a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
De los Senadores señores Navarro y Muñoz Aburto, con la que dan inicio a un proyecto que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas, con el fin de proteger la vida e integridad física de los usuarios de carreteras concesionadas interurbanas, en caso de siniestros y catástrofes (boletín N° 8.632-09).
--Pasa a la Comisión de Obras Públicas.
De los Senadores señor Bianchi, señora Rincón y señores Horvath, Prokurica y Patricio Walker, con la que inician un proyecto de ley que enmienda el Código del Trabajo en materia de permisos laborales respecto a la muerte del conviviente o hermano del trabajador (boletín N° 8.636-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA



REFORMA DE LEY N° 18.892 EN CUANTO A SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS; PESCAS INDUSTRIAL Y ARTESANAL, E INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN


El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde continuar con la discusión del proyecto, en segundo trámite constitucional, que enmienda la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, y sus modificaciones en los ámbitos de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8091-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 37ª, en 31 de julio de 2012.
Informe de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 54ª, en 10 de octubre de 2012.
Discusión:
Sesión 55ª, en 16 de octubre de 2012 (queda pendiente la discusión general).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, la discusión de la idea de legislar sobre esta materia se inició el día de ayer.
Cabe recordar que este proyecto contiene normas orgánicas constitucionales y de quórum calificado -se dieron a conocer ayer en la relación-, por lo que requieren, para su aprobación, 22 y 20 votos favorables, respectivamente.


El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis, para plantear un tema reglamentario.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, solicito que se recabe la autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Pesca.

El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Se autoriza.

El señor ESCALONA (Presidente).- Informo a los señores Senadores que hay un acuerdo de Comités para abrir la votación del proyecto en general a partir de las 6 de la tarde.
Además, pido a la tribuna el debido respeto hacia los diferentes Senadores y Senadoras que harán uso de la palabra. Es natural que sus intervenciones no representen la unanimidad de los asistentes a esta sesión. Por el contrario, acá se va a registrar una importante diversidad de opiniones, con grados de discrepancia posiblemente significativos. De manera que les solicito que sigan el debate con la correspondiente tranquilidad, tal como lo establece el Reglamento de esta Corporación.
Prosigue la discusión general de la iniciativa.
Recuerdo a Sus Señorías que ayer intervinieron el Honorable señor Horvath, como Presidente de la Comisión, el señor Ministro de Economía y la Senadora señora Rincón.
Conforme al orden de inscritos, tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, nos encontramos ante un tema particularmente complejo, pues es indudable que hay muchos intereses en juego, y lograr la conciliación de todos ellos no resulta una tarea siempre fácil.
Los principales problemas de la actual legislación pesquera dicen relación con una mirada tremendamente cortoplacista en la regulación y administración de los recursos hidrobiológicos, basada en la incertidumbre que generan los marcos regulatorios transitorios.
Por otra parte, ha existido un muy inadecuado sistema de toma de decisiones respecto de las cuotas globales de captura, fruto de las amplias facultades que en la práctica han tenido los consejos zonales y nacionales de pesca, en los que participan, al final del día, los mismos que se benefician de la asignación de las cuotas.
Todo ello ha generado una sobreexplotación de los recursos, como queda en evidencia al analizar el estado de muchas pesquerías que se encuentran prácticamente colapsadas.
Luego de lo dicho en estos primeros párrafos, sinceramente, me cuesta trabajo entender que alguien vote en contra de la idea de legislar. Pronunciarse así significa querer mantener el statu quo; o sea, el sistema que ha provocado la crisis de la mayoría de las pesquerías en nuestro país. Si deseamos cambiar las cosas, tenemos que votar a favor del cambio. Y para ello, se debe aprobar la idea de legislar. ¡Lo demás son consignas, demagogia!
Y muchas veces se rechaza el proyecto sabiendo que de todas maneras se va a aprobar, porque están los votos para tal efecto. Creo que esa no es una manera seria de enfrentar el debate legislativo acerca de un tema que reviste tanta relevancia para Chile.
A todo lo que mencioné anteriormente, se suma una débil institucionalidad en materia de fiscalización e investigación pesquera.
Por eso la nueva legislación debe tener como principio rector la sustentabilidad de nuestros recursos hidrobiológicos, basada en el principio precautorio y en un enfoque ecosistémico, en el cual los entes científicos -aspecto fundamental de la ley en proyecto-, como los comités científico-técnicos, asignen las cuotas de captura según la mayor información científica disponible.
Me parece que ese es un elemento central.
Si alguien quiere que el Consejo Nacional de Pesca siga definiendo qué hacer sin escuchar muchas veces a los expertos, sin considerar la información científica del Instituto de Fomento Pesquero o de otra entidad, entonces habría que votar en contra de la iniciativa a fin de mantener la actual legislación. Si deseamos que las cosas cambien, tenemos que iniciar un proceso de reforma en la discusión particular de este proyecto, mediante la introducción de todas las modificaciones que sean necesarias.
Desde otra perspectiva, no resulta razonable que recursos que son de todos los chilenos se entreguen a unas pocas manos. Ello impide el acceso de otros actores, incluyendo a empresas procesadoras para consumo humano, que son muy intensivas en generación de empleo y valor agregado, las que muchas veces ven restringido su acceso al recurso.
En el presente proyecto se está avanzando en un principio de acuerdo que establece claramente -a pesar de que aquí se ha mencionado mucho que se están privatizando los recursos- el dominio público de los recursos marinos, así como la posibilidad de transferencia de cuotas no vinculada a la nave que la origina. Este es un punto tremendamente relevante para nosotros, los socialistas, no solo por consideraciones filosóficas o conceptuales -como se podría pensar-, sino también porque tiene implicancias prácticas.
Indudablemente hay un debate muy grande acerca de la asignación de las cuotas y de los criterios para entregarlas.
Yo era -aún lo soy- muy partidario del sistema de licitaciones. Pero me doy cuenta de que, luego del debate en la Cámara de Diputados y en nuestras propias bancadas, la mayoría de los parlamentarios optó por rechazar ese sistema. Y aquí estamos tratando de encontrar un mecanismo que permita licitar una parte de las cuotas, para que efectivamente ingresen nuevos actores.
Lo importante es que las licencias transables de pesca no serán entregadas a perpetuidad, sino que tendrán un tiempo definido, con requisitos y criterios claros de caducidad y de renovación.
De igual modo, hemos acordado, para asegurar el acceso al recurso por parte de pymes procesadoras para consumo humano, que se establezca una cuota para ellas -sé que se trata de un tema bastante resistido-, la que será extraída por las naves registradas con permisos vigentes.
No resulta razonable que una empresa que trabaja y sala la anchoveta, como la que funciona en Arica, que genera 200 empleos, a veces no tenga la cuota para operar, considerando que una manipuladora procesa ocho kilos de anchoveta en un día. Esto claramente da cuenta de lo intensiva que es la actividad, no solo en valor agregado, sino en generación de puestos laborales.
En relación con la pesca artesanal -fundamental para nosotros; en especial, para ayudar a los boteros, falucheros-, estamos trabajando la incorporación de un artículo transitorio que establezca un plazo -espero que sea el más breve posible; lo veremos en la discusión en particular- para que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley que cree el Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura a Pequeña Escala -el famoso "INDAP pesquero"-, y el contenido mínimo de sus normas, así como disposiciones que consideren recursos para programas de repoblamiento de algas a lo largo de Chile.
En cuanto a la pesca artesanal de naves cuya eslora supere los 12 metros -muchos de los amigos que nos acompañan están en esa condición-, hemos propuesto una plataforma laboral que disponga una regulación del contrato a la parte o sociedad a las partes con las siguientes características: deben estar inscritos en el Registro Pesquero los participantes de esa sociedad y, también, la nave que se aporte, y han de establecerse las partes en que se distribuirán las utilidades del negocio pesquero.
Los gastos que se descuenten antes de la repartición de utilidades solo podrán ser en víveres, combustible y lubricantes, y en el costo del ingreso a la primera milla o áreas contiguas, si correspondiese.
Respecto de una plataforma laboral-social para trabajadores del sector industrial, no quiero entrar en el detalle, por razones de tiempo.
Diré, sí, que se acordó incorporar lo siguiente: programas de reinserción laboral para extrabajadores, con un fondo especial destinado a becas de estudio para los hijos de estos durante el período que dure dicha reinserción; acciones de capacitación tanto para quienes se encuentren contratados en la industria pesquera como para aquellos que hayan perdido su empleo producto de la aplicación de la ley en proyecto (en este ámbito, se celebrarán convenios entre la Subsecretaría de Pesca y el SENCE), y becas para los hijos de los extrabajadores durante el tiempo que rijan estos programas de capacitación, y, finalmente, programas de estudios técnicos de nivel superior, con duración de cuatro semestres (habrá un reglamento que considerará los requisitos para acceder a ellos).
Nos interesa sobremanera que exista una protección desde la perspectiva laboral-social de las personas que puedan perder el empleo a consecuencia de la aplicación de esta futura ley o de los cambios que generará en el sistema.
En lo relativo al fortalecimiento de la institucionalidad fiscalizadora (SERNAPESCA) -este tema es central-, estamos trabajando varias indicaciones.
La primera dice relación con la certificación de desembarques. En este aspecto, se establecerá que los pagos que efectúen los armadores por ese concepto se realicen al Servicio Nacional de Pesca y no directamente a la entidad que desarrolla la función de certificación. Es poco razonable -no hay ninguna autonomía ni independencia en ello- que la institución certificadora reciba de la empresa que está siendo certificada el pago pertinente. Ahí SERNAPESCA debe cumplir un rol.
Del mismo modo, se plantea un aumento de los recursos para el Servicio Nacional de Pesca -quedará establecido en la Ley de Presupuestos-, a fin de traspasar personal de honorarios a contrata.
También se crearán nuevos cargos directivos en dicha repartición.
Eso es para nosotros tremendamente importante, porque si no hay fiscalización, no hay normas que valgan, y si ellas quedan reducidas solo al papel y no se cumplen, no tiene ningún sentido su existencia.
Hemos dicho que el principio rector debe ser la sustentabilidad de los recursos y la preservación de los ecosistemas marinos -algunos muy vulnerables-, materia sobre la cual existe un proyecto de ley, cuya tramitación hoy día en el Congreso se va a agilizar con la urgencia necesaria.
Respecto del Instituto de Fomento Pesquero, que debe ser el gran organismo que desarrolle la investigación y que aporte elementos científicos para tomar las decisiones de mejor manera, planteamos traspasar su presupuesto de la Subsecretaría de Pesca al Ministerio de Economía; establecer también un sistema de evaluación externa de la calidad de la investigación que estamos haciendo, y que se contemple -lo que es muy relevante- un presupuesto basal del IFOP, para la ejecución de la investigación que requiere la autoridad sectorial a objeto de adoptar las medidas de administración relativas a la pesca y la acuicultura.
Asimismo, yo entiendo que existe un gran debate acerca del fraccionamiento pesquero, y que aun cuando no se logró la unanimidad con ciertos grupos de personas o en determinadas Regiones, al parecer el acuerdo alcanzado en tal sentido despierta algunos grados de consenso.
En cuanto a los pueblos originarios, evidentemente tenemos una deuda con ellos, porque aquí debieron haberse hecho las consultas establecidas en el Convenio Nº 169.
Sobre el particular, se nos planteó que la ley Nº 20.249, que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios, es la que debiese regir en estos casos, y que cada grupo o pueblo originario que tenga...

El señor ESCALONA (Presidente).- Se le concederá un minuto más, señor Senador.

El señor ROSSI.- Gracias, señor Presidente.
Decía que cada grupo o pueblo originario que tenga un derecho consuetudinario sobre ciertos espacios costeros marinos podrá impetrar el uso de los recursos allí existentes.
A mi juicio, debemos garantizar el acceso de los pueblos originarios a la actividad. Ese es el tema al final del día, más allá de la aplicación del Convenio Nº 169, no solo en esta ocasión, sino en todas las materias que les conciernen, incluso también en los estudios de impacto ambiental, de lo cual muchas veces nos olvidamos.
Quiero terminar -aunque podría seguir por largo rato, porque son demasiados asuntos y más de alguno nos quedará pendiente- enfatizando una denuncia sobre ciertas malas prácticas de determinadas empresas que disfrazan los problemas del sector apelando a que aquí se está dañando a los pescadores artesanales, o que se está privatizando el mar, cuando estamos mostrando antecedentes concretos de que no es así. Sé muy bien quienes son y cómo les pagan a algunos dirigentes para que vengan a defender sus intereses, dentro de los cuales no se halla la sustentabilidad, sino el acceso a la cuota de captura, que puede ser muy legítimo, pero que no se debe disfrazar.
Por lo tanto, votaré a favor de la idea de legislar.
--(Aplausos en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Orpis.
--(Manifestaciones en tribunas).
Se ruega al público asistente mantener silencio.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Senado, el proyecto de ley en análisis definitivamente marca un punto de inflexión en materia pesquera, sobre la base del principio de la sustentabilidad.
El sector pesquero -y hay que tenerlo muy presente en la mirada al momento de legislar- provee más de 120 mil empleos directos, en los que se incluye a 40 mil trabajadores en plantas de proceso, 4 mil tripulantes de la flota industrial y 80 mil pescadores artesanales, entre buzos, recolectores de orilla, etcétera.
Asimismo, es preciso señalar que el debate de esta iniciativa se da en un escenario en que muchas de las pesquerías se encuentran sobreexplotadas.
Esa es la cuestión central.
Al respecto, uno debería plantearse cuál es el origen del problema. Y este se encuentra en la ley 19.713, de 2001, que estableció el límite máximo de captura por armador. El 2002, el Ejecutivo de aquel entonces envió a tramitación la "Ley larga de Pesca", que no pudo ser despachada dentro del plazo, porque recibió más de 900 indicaciones, y en noviembre del mismo año se vio obligado a enviar el proyecto de "Ley corta" (ley Nº 19.849), que lo único que hizo fue prorrogar por 10 años dichos límites.
Ahí radica parte importante del problema sobre el cual nos hallamos legislando. Porque en ambos sectores, tanto el industrial como el artesanal, la transitoriedad genera incertidumbre e incentivos perversos. Y así ha ocurrido.
Ello explica en gran medida la sobreexplotación de los recursos, porque las pesquerías se administraron con una visión de corto y no de largo plazo, que es de la esencia de la sustentabilidad, aparte de que la legislación en comento abordaba la materia de manera incompleta.
Otros elementos contribuyeron a que se produjera tal situación, como el abuso que se hizo con la pesca de investigación, al que se debe agregar, para cerrar el círculo, que en la fijación de la cuota global de captura, que era propuesta por la autoridad y refrendada por los actores, quedó demostrado que el sistema empleado fue mucho más allá de las recomendaciones científicas.
En general, se puede señalar que estuvo muy ausente la opinión del mundo científico, a lo que se añade la falta de investigación y de facultades de fiscalización de los organismos competentes.
El proyecto en debate remedia todo lo anterior. Asume como primer objetivo la sustentabilidad a través de diversas medidas. Se trata de una normativa completa, que da certeza jurídica, con una mirada de largo plazo, y que llega precedida, además, de un amplio acuerdo de las principales organizaciones.
Lo que necesita el sector pesquero es certeza jurídica, visión de largo plazo, acuerdo entre los distintos sectores y estabilidad laboral para los 120 mil trabajadores que se desempeñan en tal actividad.
Retomando la esencia del proyecto -y ahora enunciaré las medidas propuestas-, vinculado con la sustentabilidad, debo señalar que la norma fundamental en materia de administración pesquera se refiere a la introducción del concepto de "rendimiento máximo sostenible", el cual no se puede sobrepasar.
En esa misma línea, uno de los cambios sustantivos que se pretende incorporar es la independencia de los actores en la decisión de las medidas de conservación, que incluso afecta a la propia autoridad. La recomendación científica es la que prima por sobre cualquier otra consideración.
Por ello, se eliminan las facultades resolutivas de los Consejos Nacional y Zonales de Pesca, y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, al determinar la medida de conservación de la cuota global de captura, deberá respetar el rendimiento máximo sostenible y el monto de la cuota, pues no puede exceder los rangos propuestos -y aquí viene lo importante- por el Panel de Expertos Pesqueros.
Continuando en el ámbito de la sustentabilidad, se establece que, una vez que cierta pesquería logre el estado de plena explotación, el acceso a ella se mantiene cerrado, sin necesidad de efectuar dicho cierre anualmente. Además, ninguna de las licencias asegura la existencia de los recursos hidrobiológicos asignados, debido a que depende de múltiples factores completamente ajenos a la autoridad.
Pero no basta, señor Presidente, con tomar los resguardos que acabo de mencionar si no se adoptan las medidas de fiscalización necesarias. Por eso, otra norma fundamental de este proyecto de ley es la que obliga a entregar la información de captura desembarcada por viaje de pesca, certificada por una autoridad auditora externa, acreditada por el Servicio Nacional de Pesca.
Como señalé anteriormente, aquí se incorpora el mundo científico, ya no solo con carácter asesor, sino que a través del Panel de Expertos y de los 11 comités científico-técnicos, a los cuales se hizo alusión en algunas de las intervenciones efectuadas ayer.
Por último, en esa línea, algo tremendamente importante: se le asigna al IFOP la función pública de organismo colaborador en la toma de decisiones con respecto al uso sustentable de los recursos pesqueros y la conservación del medio ambiente marino.
Ahora, quiero entrar a uno de los puntos más debatidos: el de la administración pesquera.
Tal como resalté al comienzo de mi intervención, la sustentabilidad es el elemento esencial de este proyecto de ley. Por eso, creo que la sustentabilidad y la estabilidad no son contradictorias con el dinamismo y el acceso requerido por el sector pesquero.
Como dije, la mayoría de las pesquerías se encuentran cerradas -este es el elemento fundamental de la ley en proyecto en ese escenario- por sobreexplotación.
La Cámara de Diputados rechazó las licitaciones. Y comparto tal decisión. ¿Por qué? Porque las licitaciones funcionan muy bien en un esquema en que el volumen del stock es superior al valor de las cuotas, ya que permite adicionar esfuerzo pesquero sin generar cesantía.
A la inversa: si al final el volumen del stock es inferior al valor de las cuotas, lo único que se logra es crear cesantía, porque no se agrega esfuerzo pesquero, sino que se reemplaza una empresa por otra.
Dicho criterio es plenamente compartido por la OCDE. Cuando existen pesquerías sobreexplotadas, ese organismo no recomienda, por ningún motivo, el proceso de licitaciones, porque no agrega esfuerzo pesquero y origina cesantía.
Sin embargo, señor Presidente, aun en ese escenario, sobre el cual estamos legislando, concuerdo en que se debe posibilitar el acceso y la competencia.
Y coincido totalmente con el razonamiento del Tribunal de la Libre Competencia en el sentido de que el mecanismo más eficaz para dar certeza jurídica, estabilidad y acceso a la actividad es la transferibilidad de las licencias de pesca. Y eso conforma una de las normas más fundamentales que incorpora el proyecto en debate, porque no solo le da plena transferibilidad a las licencias de pesca, sino también divisibilidad. Se trata de una disposición que facilitará el acceso al sector pesquero y le proporcionará mayor dinamismo.
Hoy, el sistema de transferibilidad de las licencias de pesca es engorroso, porque se encuentra asociado a las naves.
La norma propuesta establece que la unidad mínima de división de las licencias transables de pesca será un coeficiente de 0,00001. No tengo la menor duda de que en virtud de esa disposición entrarán nuevos actores, pero -esto es importante- sin generar cesantía ni inestabilidad en el sector.
Si la situación de las pesquerías va mejorando, es indudable que se podrá adicionar al sistema otro tipo de mecanismos.
He procurado abordar los puntos centrales, pero quiero destacar dos elementos.
Se incorporan...
Necesito un poco más de tiempo, para terminar, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene un minuto, señor Senador.

El señor ORPIS.- Gracias.
Se incorporan elementos muy trascendentes para la pesca artesanal.
Se ha logrado un acuerdo muy relevante, consistente en la reserva de la primera milla para los pescadores artesanales más pequeños -viene precedido por otro importante acuerdo entre los distintos sectores-, y en particular yo destacaría que él fue prácticamente unánime en el norte del país.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, este proyecto recae en una de las leyes trascendentales que estructuran el ordenamiento de nuestra economía y orientan el desarrollo general del país, pero que están rodeadas de un halo de polémica y de grandes pasiones, que no siempre tienen raíces en la realidad ni en los hechos objetivos.
El propósito de la presente iniciativa es asegurar el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos. Y esta es una declaración con la que todos estamos de acuerdo, tanto porque reconocemos la relevancia del sector pesquero, que se ha constituido en la cuarta actividad más preponderante en Chile, como porque estamos conscientes de que ha habido una sobreexplotación que nos obliga a poner un acento más firme en la protección de los recursos, sin dejar, al mismo tiempo, de seguir utilizándolos, por el bien de los miles de hogares que dependen de esta actividad para su sustento; por el aporte que constituyen para la alimentación de todos los chilenos, y, por supuesto, por su significación económica.
Como representante de la Región del Biobío en el Senado, debo señalar que el 73 por ciento de las exportaciones nacionales del sector pesquero se realizaron a través de nuestros puertos, además de alcanzar casi el 54 por ciento del desembarque pesquero industrial y artesanal.
Esos solos datos justifican mi especial interés en la materia, pero tenemos que cumplir con nuestro deber de atender, ante todo, el bien del conjunto del país.
Nadie puede poner en cuestión la importancia que ha adquirido la actividad pesquera gracias al dinamismo de sus actores y a una adecuada regulación por parte del Estado. Ahora se trata de promover un nuevo equilibrio entre el interés económico y la conservación de los recursos, además de dar estabilidad a los distintos sectores involucrados, reconocer sus derechos y promover las inversiones requeridas. A modo de ejemplo, la ley anterior hizo posible que en la Octava Región se construyera cada año una planta congeladora o conservadora. Esa es una clara señal de progreso y una valiosa fuente de empleos.
En este nuevo esfuerzo por adecuar la normativa a las actuales necesidades y realidades, es preciso resaltar la labor desarrollada por el Ejecutivo y en especial por el Ministro de Economía, señor Pablo Longueira, que han llegado a amplios acuerdos a partir de la instalación de la Mesa Pesquera, en enero pasado.
No siempre se puede concordar en todo y eso forma parte de las reglas. En esta misma Sala hemos resuelto asuntos importantes por diferencias de un voto o dos. Pero esa es la manera como se expresan las mayorías.
Hay que decir que lograr acuerdos en el mundo de la pesca tiene un gran mérito y es una circunstancia que es menester aprovechar.
Los propios dirigentes sindicales -de paso, debo señalar que todos los que escuchamos en la Comisión me impresionaron muy gratamente, por la preparación con que se expresaron y sus conocimientos sobre la materia- han reconocido que la iniciativa los favorece en aspectos como la estabilidad en el empleo; la posibilidad de acceder a negociación colectiva; la protección que se brinda a los pescadores artesanales y a otros trabajadores de oficios asociados, por ejemplo, el de las encarnadoras, con propuestas explícitas para ellos, como la zona exclusiva de cinco millas para que exploten los recursos existentes.
En la determinación de esta última reside una de las cuestiones que deberemos zanjar en la discusión en particular, ya que se ha reclamado que la forma de medir esas cinco millas vulneraría los acuerdos de la Mesa Pesquera.
Del mismo modo, se debe resolver si se ha cumplido fehacientemente el compromiso de consultar la opinión de los pueblos originarios, asunto que de todos modos requiere adecuar al Convenio N° 169 de la OIT la legislación nacional. Pero en esta oportunidad, en mi opinión, el Congreso sí ha cumplido al escuchar en las Comisiones a representantes de distintos grupos étnicos.
En efecto, tengo en mis manos un fallo del Tribunal Constitucional en el que se expresa que el Parlamento cumple con el referido mandato escuchando en las Comisiones a las diversas etnias.
En todo caso, la consulta a los pueblos originarios es tarea del Ejecutivo. El Congreso tiene que cumplir con sus propias responsabilidades en cuanto a legislar, oyendo a todos los interesados, como se ha hecho en esta ocasión.
Es evidente que si debe realizarse una consulta, el Poder Legislativo carece de facultades para ello, pues cumple una función distinta. Es al Ejecutivo al que le corresponde definir cómo y en qué sectores se ha de llevar a cabo.
Recuerdo que la ley N° 19.713, dictada en 2001, rigió durante dos años. En 2002 su vigencia se extendió por un plazo de 10 años, que expira el 31 de diciembre próximo.
Ese cuerpo legal terminó con la famosa "carrera olímpica".
Asimismo, mediante sus disposiciones se consiguió, por ejemplo, elevar la proporción de jurel para consumo humano hasta un 85 por ciento (antes se destinaba casi todo a la fabricación de harina de pescado), en circunstancias de que históricamente bordeaba el 15 por ciento.
Por lo tanto, dicha ley tiene muchos aspectos que es necesario conservar.
El proyecto que hoy conocemos conserva los aspectos positivos de la ley vigente, corrige lo necesario e introduce nuevas propuestas, acordes a los cambios que se han ido registrando en el sector pesquero, pero siempre manteniendo como primer propósito la conservación de los recursos.
Desde la perspectiva de la necesidad de encontrar los máximos acuerdos posibles, es preciso recordar que en esta materia el Estado ha actuado bajo el principio res nullius, expresión latina que corresponde a las cosas que nunca han sido propiedad de nadie. De esa forma, no se puede afirmar que los peces son de alguien. Y al Estado le corresponde regular el derecho de posesión, que solo se produce al momento de la pesca. Ello resulta coherente con los principios sostenidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), de la que Chile es parte y respecto a la cual descarta cualquier posible conflicto.
En tal sentido, la responsabilidad del Estado es velar para que todos tengan acceso a la pesca. Y la experiencia internacional indica que el mejor criterio consiste en respetar la proporción con que históricamente se ha registrado el acceso.
Ha habido solo dos casos en que se ha privilegiado el remate de las cuotas: los de Rusia y Estonia, cuando sus economías se abrieron al sector privado; y en ambas naciones esa medida fue un fracaso absoluto.
Hay que destacar que, tras las conversaciones con los actores del sector, las autoridades del Gobierno han venido desarrollando un diálogo político particularmente fructífero, a partir del cual ya se están consensuando indicaciones en materias como las licencias transables de pesca; la creación -por medio de otro proyecto de ley- del Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal y de la acuicultura a pequeña escala -esto lo hemos pedido mucho, se trata del "INDAP pesquero", que será un gran refuerzo para los pequeños y medianos pescadores artesanales-; el potenciamiento del Servicio Nacional de Pesca; el programa de reinserción laboral para quienes pudieren verse afectados por la implementación de la ley en proyecto; la creación de los comités científico-técnicos, los cuales van a ser muy necesarios, pues se entregarán técnicamente las cuotas en cada Región del país, etcétera.
Se ha estado realizando un trabajo serio y responsable. Y en ello ha sido fundamental la amplitud de los acuerdos y mayorías construidos a partir de la Mesa Pesquera.
Falta mucho aún. Debemos hacer un esfuerzo por mantener y, en lo posible, ampliar todavía más esos cimientos, en el entendido de que todos queremos la mejor legislación para los intereses de nuestro país y que ella pueda permanecer como marco normativo por muchos años.
Por su extensa costa; por la riqueza de sus recursos hidrobiológicos; por su responsabilidad como pionero a nivel mundial en el establecimiento de la zona económica exclusiva y de las 200 millas de soberanía marítima, Chile tiene la obligación de hacerse cargo del desafío que implica aprovechar sus ventajas de la manera más inteligente y responsable posible.
Creo sinceramente que el proyecto en debate está en la línea correcta.
Atendidas todas las razones expuestas, por supuesto que votaré favorablemente la idea de legislar, aunque adelanto que numerosas materias requieren indicaciones, las que presentaremos durante la discusión particular.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar, valoro el trabajo que realizó la Mesa Pesquera con el fin de aunar voluntades, fundamentalmente de los pescadores artesanales, de los trabajadores de la industria pesquera y, en general, de todos los actores del mercado de la pesca.
Para nosotros reviste suma importancia la tarea previa que se realizó, porque, sin duda, resulta sobremanera complejo poner de acuerdo realidades regionales muy disímiles con actores que han sido históricamente confrontacionales.
Al respecto, destaco la labor que ha llevado a cabo el Ministro Longueira junto con el Subsecretario Pablo Galilea.
Para alcanzar una legislación pesquera que vaya en la dirección correcta, fundamentalmente en materia de sustentabilidad, debe asumirse un desafío de país.
Este es un problema de Estado, señor Presidente.
Tal como lo manifestó ayer el señor Ministro, habría sido mucho más fácil enviar un proyecto de ley para prorrogar por uno, dos o tres años la actual legislación. Pero eso significaría no encarar la realidad pesquera de Chile.
Por eso, me extraña que en la Cuenta de esta sesión figure una moción presentada por algunos señores Senadores justamente para prorrogar por dos años una ley que, como todos sabemos, debe ser modificada.
Señor Presidente, el proyecto en debate ingresó a la Cámara de Diputados el 14 de diciembre de 2011. Luego de muchos estudios y tras numerosas reuniones con distintos gremios -artesanales, industriales, laborales- y, en general, con todos los actores del mercado pesquero, se trabajó para tener propuestas concretas sobre la materia.
Se ha escuchado a más de 120 organizaciones en el primer y segundo trámite constitucionales. Por ende, considero muy relevante valorar lo hecho en las Comisiones de Pesca de la Cámara de Diputados y del Senado.
Ahora, señor Presidente, me parece fundamental entrar primero a lo concerniente a la sustentabilidad.
En el mensaje, el Ejecutivo entregó un pormenorizado análisis sobre la situación de las principales pesquerías, que, según expresó, es lamentable. Y manifestó que ya no tenemos tiempo, que es menester abocarse a lo central y que resulta indispensable otorgar las herramientas necesarias en investigación pesquera, en el ámbito del proceso de toma de decisiones, en la fiscalización y en el ordenamiento que se les otorga a los actores para la consecución de los objetivos, pues de lo contrario no tiene sentido establecer una regulación en el ámbito pesquero.
Además, Chile adoptó el compromiso político internacional, en la Cumbre de Johannesburgo de 2002 -y lo ratificó en la Cumbre de Rio+20, celebrada en Rio de Janeiro recientemente, en 2012-, de llevar o mantener sus pesquerías al rendimiento máximo sostenible al año 2015.
Dicho compromiso internacional habla de la seriedad con que el Ejecutivo está actuando ante tales Convenios, pues tiene la visión de que esa significativa fuente de alimentación mundial debe resguardarse y ser objeto de los mejores estándares de regulación posibles.
Respecto a la investigación pesquera, son relevantes las medidas que se adoptan, cuyo eje central es lograr una investigación pesquera y acuícola de calidad, autónoma, independiente del Gobierno de turno y que sirva de base para el proceso de toma de decisiones.
En tal sentido, se incorpora al Instituto de Fomento Pesquero, reconociéndose el carácter público de su función.
Por otro lado, es fundamental el Programa de Investigación Pesquera.
Con relación al Fondo de Investigación Pesquera, se modifica la composición del Consejo del FIP y se hacen adecuaciones formales para optimizar su funcionamiento; además, se crea un cargo de contrata para el Secretario Ejecutivo del FIP a fin de que sea un funcionario público y tenga responsabilidad administrativa.
Se introducen enmiendas esenciales al Servicio Nacional de Pesca, fortaleciéndolo institucionalmente de la siguiente forma:
-Se crean 33 cargos profesionales a lo largo de nuestro país.
-Se traspasan 500 millones anuales para ubicar en cargos de contrata a personas contratadas a honorarios.
-Se crean 4 subdirecciones.
Eso habla justamente del fortalecimiento institucional que se requiere, señor Presidente.
Por otra parte, se incorporan normas para mejorar la fiscalización pesquera:
-Se impone la obligación del posicionador satelital a los armadores artesanales de embarcaciones de más de 12 metros de eslora, en el caso de las pesquerías pelágicas, y de más de 15 metros, en el de las otras pesquerías y de las lanchas transportadoras. Quedan exceptuadas las embarcaciones de cualquier eslora que operen en recursos bentónicos.
-Se introduce la obligación de la certificación de capturas a los armadores artesanales de embarcaciones de eslora igual o superior a 12 metros y a las lanchas transportadoras. En este caso, la certificación será pagada al Servicio Nacional de Pesca y no directamente a la certificadora como ocurre hoy día.
-Se fijan sanciones administrativas para los incumplimientos a las licencias transables de pesca y a los titulares del RAE. El procedimiento para aplicarlas lo llevará a cabo el SERNAPESCA.
En el ámbito de la pesca industrial, era central para el Ejecutivo evitar que al término de la vigencia de la ley N° 19.713 se volviera a la "carrera olímpica".
¡Eso es lo que no puede suceder!
Por eso, tenemos un plazo muy acotado.
Yo esperaba que la iniciativa en debate se tramitara con mucha más celeridad aquí, en el Senado, porque los antecedentes estaban a la vista desde hacía bastante tiempo.
Señor Presidente, la ley sobre límite máximo de captura permitió el desarrollo de la actividad pesquera industrial; y se debía establecer un mecanismo de administración que posibilitara la consolidación de este modelo, para mejorar sus claras deficiencias.
En tal sentido -lo manifestó el Senador Orpis-, se tomó en consideración el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que es sustancial, pues da pautas claras sobre cómo debe ser la regulación industrial a fin de permitir la libre competencia en el ámbito pesquero. Entre otras cosas, sugiere que lo central es otorgar una real transferencia al instrumento que se dé y que contenga el mínimo de trabas posibles.
Además, se tomaron en cuenta recomendaciones de organismos internacionales, como la FAO y la Organización de las Naciones Unidas propiamente tal.
Por ello, se planteó la regulación a través de cuotas individuales, pero separadas de la nave, al objeto de lograr su plena transferencia y un accionar transparente.
De otro lado, en materia de licencias transables de pesca, se incorpora la regulación de la pesca industrial mediante cuotas individuales transferibles.
Además, se incluye en este trámite la licitación de la fracción industrial de la cuota cuando se licite el 15 por ciento de los coeficientes de participación de las LTP Clase A, las que decrecerán en dicho porcentaje si se dan, entre otros, los siguientes supuestos: en los casos en que la pesquería se encuentre en 90 por ciento de su rendimiento máximo sostenible, se licita el equivalente en toneladas al 5 por ciento de la fracción industrial de la cuota global; en aquellos en que la pesquería alcance el 95 por ciento de rendimiento máximo sostenible, se licita otro 5 por ciento.
En el fondo, señor Presidente, lo relevante aquí es justamente mantener la sustentabilidad del recurso, que es el objetivo de nuestro país y el que persigue este proyecto, para que la depredación histórica se revierta y tengamos un camino distinto, de recuperación de nuestras pesquerías.
En materia de pesca artesanal, reviste importancia señalar que se reserva para los pequeños pescadores la primera milla marina, medida desde la línea de base normal. Esto no implica que los más grandes no puedan entrar; pero deberán hacerlo solo si no interfieren, si no hay actividad para los más pequeños y si existe acuerdo entre ellos. Esto es fundamental.
Otro aspecto central dice relación con la institucionalidad de los acuerdos dentro de la pesca artesanal.
Materias complejas -como las áreas contiguas, la primera milla y diversos conflictos- se regularán vía acuerdo entre los pescadores artesanales. Y si ello no se logra, se llevará la cuestión a los consejos zonales de pesca para que la diriman.
Por otro lado, es sustancial la incorporación de la regulación del contrato a la parte con materias que queremos agregar en este trámite constitucional.
Es fundamental, señor Presidente, lo relativo a las cinco millas.
En el primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados resolvió que se midieran desde las puntas más salientes; el Ejecutivo se comprometió a enviar una indicación para volver a la forma actual de medición, que es a partir de la línea de base.
Dicho trámite es muy significativo, pues, sin duda, la norma que introdujo la otra rama del Parlamento echa abajo...

El señor ESCALONA (Presidente).- Perdón, señor Senador, pero concluyó su tiempo.
Su Señoría dispone de un minuto adicional.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Muchas gracias.
Decía, señor Presidente, que la disposición aprobada por la Cámara de Diputados echa abajo el fraccionamiento y el acuerdo alcanzado en la Mesa de Pesquera.
Por lo tanto, resulta fundamental volver a lo que es...
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Les solicito a los presentes en las tribunas no interrumpir.
Ustedes saben que, si se reiteran las manifestaciones, no queda otro remedio que desalojar.
Puede continuar, Su Señoría.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Gracias, señor Presidente.
Es importante señalar -reitero- que las cinco millas deben medirse desde las líneas de base normales. Lo resuelto por la Cámara Baja significa cambiar absolutamente el escenario y, por lo tanto, afectar a los mismos pescadores artesanales.
En lo referente a la primera milla, la regulación se incorpora también desde la línea de base normal, con el objeto de que exista exclusividad para los pescadores artesanales de embarcaciones con eslora inferior a 12 metros.
Señor Presidente, hay otros puntos destacables, pero los vamos a tratar en la discusión particular.
Anuncio nuestro voto positivo a la idea de legislar.
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Como hasta ahora no ha habido ninguna intervención de Senadores integrantes del Comité PPD, tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, ante todo, debo señalar que el vencimiento del plazo de vigencia de la actual ley, que es el 31 de diciembre próximo, no significa en ningún caso la "carrera olímpica", pues este Congreso, y el Ejecutivo también, tiene facultades para prorrogarlo.
Quiero, pues, desmitificar que eso pueda ser así.
--(Aplausos en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Les ruego a quienes están en las tribunas no hacer manifestaciones.

El señor TUMA.- De ninguna manera vamos a volver a la "carrera olímpica".
Con los Senadores Navarro y Muñoz Aburto somos autores de un proyecto que plantea la prórroga de esa legislación.
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Pido silencio a los presentes en las tribunas.
Guarden la calma.

El señor TUMA.- ¿Por qué lo planteamos? Porque creemos que se trata de una cuestión demasiado importante.
En Chile muchos miles de trabajadores y sus familias viven de tal actividad y dependen de la aprobación de una legislación de pesca que asegure su fuente de trabajo y, por ende, su bienestar.
Entonces, me parece poco serio apresurar una legislación que pondrá en riesgo la estabilidad laboral.
Señor Presidente, entregar a perpetuidad a los industriales licencias indefinidas de pesca implica también privatizar recursos pesqueros de nuestro país.
La presente propuesta de ley es contraria a nuestro ordenamiento jurídico, que establece en el Código Civil que "El mar adyacente, hasta la distancia de doce millas marinas medidas desde las respectivas líneas de base, es mar territorial y de dominio nacional". Esto significa que el mar territorial es un bien nacional, cuyo dominio pertenece a la nación toda.
El mar territorial chileno no es susceptible de apropiación privada, tal como lo reconoce la Constitución Política, que admite la libertad para adquirir el dominio de cualquier clase de bienes, salvo aquellos que son comunes a todos los hombres o que pertenecen a la nación toda (artículo 19, número 23°).
En consecuencia, es contrario a disposiciones del Código Civil y de la Carta otorgar sobre esa agua títulos exclusivos, indefinidos o permanentes, susceptibles de ser aducidos como títulos de propiedad.
Plantear que los recursos pesqueros se protegen garantizando el acceso al mar es como decir "el cobre o el litio solo se preservan resguardando la soberanía de la cordillera de los Andes o de los salares".
Por lo tanto, resulta inaceptable que un grupo de industriales reclame "derechos históricos" sobre los peces de todos los chilenos.
Señor Presidente, el proyecto en debate mantiene los privilegios que han hecho de la pesca un sector altamente concentrado; profundiza el modelo de concentración de la economía, manteniendo en unas pocas manos los recursos pesqueros del país.
Solo 6 empresas controlan el 95,2 por ciento de los principales recursos pesqueros. Accedieron a esta cuota mediante un reconocimiento transitorio que les hizo la ley N° 19.713, sin que hayan pagado un solo peso por esta asignación.
Desde el año 2001 a la fecha, 67 por ciento de las pymes pesqueras de solo la Región del Biobío han desparecido. Las grandes empresas no les venden materia prima, y algunas pymes han debido importar pescado desde Asia para cumplir sus contratos.
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Silencio, por favor!

El señor TUMA.- Dos mil toneladas de pescado generan en las pymes pesqueras 350 empleos directos y 180 indirectos durante tres meses.
Aquella misma cantidad de recursos es transformada por la industria en harina de pescado en no más de 48 horas y con uso limitado de mano de obra.
Pienso que una nueva legislación debería, en primer lugar, promover la sustentabilidad de los recursos pesqueros sobre la base de establecer que las decisiones sobre administración pesquera se tomen de acuerdo a informes científicos independientes, emanados de una institución autónoma, y vinculantes; y, asimismo, fortalecer la capacidad de fiscalización a través del SERNAPESCA.
Es preciso reconocer que en ese aspecto la iniciativa logra un avance al robustecer la participación de investigadores y científicos.
En segundo término, se debería mejorar la cuota de extracción para el sector artesanal en todas las pesquerías.
--(Aplausos en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Pido silencio en las tribunas.

El señor TUMA.- En tercer lugar, habría que crear una institucionalidad de promoción de la pesca artesanal, de la pequeña y mediana empresa, con nuevos mercados para los trabajadores del sector.
Cuarto, es preciso extender las cinco millas, poner término a las perforaciones y terminar definitivamente con la pesca de arrastre.
--(Manifestaciones en tribunas).
Quinto, se deben...

El señor ESCALONA (Presidente).- Perdón, Su Señoría.
Estimados amigos del público, esta es la última vez que acepto una interrupción al señor Senador, sea a favor o en contra. En caso de repetirse, será preciso desalojar las tribunas.
Sé que la intervención genera reacciones, pero no se puede seguir perturbando el curso de la sesión.
Lo digo con mucha tranquilidad: ante una próxima interrupción, se tomará la medida que señalé
Puede continuar el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Gracias, señor Presidente.
Estaba enumerando aspectos que deben ser reconocidos y considerados en una Ley de Pesca.
Quinto, se necesita reinvertir parte de los ingresos del ámbito pesquero industrial en la promoción social, laboral y de capacitación del sector artesanal.
Sexto, se tienen que establecer, para la asignación de cuotas pesqueras, licitaciones abiertas, transparentes y competitivas que hagan posible el ingreso de nuevos actores y una adecuada recaudación tributaria.
De ningún modo cabe permitir la entrega de los recursos en forma gratuita y a perpetuidad a las mismas grandes empresas, lo que significaría, como lo he señalado, la privatización del mar. Esas entidades deben competir por cuotas temporales con otros actores que quieran ingresar.
¿Por qué conservar privilegios para solo unos pocos?
Séptimo, debe determinarse una cuota de acceso para la pequeña empresa y para promover el abastecimiento de productos pesqueros para el consumo directo.
Se propone fijar una cuota social regional, además, la que debe ser asignada con criterios de generación de empleo, de calidad de este último, de valor agregado y de innovación del proyecto empresarial, entre otros factores.
Y en octavo lugar se halla un punto muy importante, a mi juicio, que tiene que ver con el respeto de los derechos de los pueblos originarios, el cual se sustenta en legislaciones que ya hemos aprobado.
Entre ellas se encuentran la Ley Indígena y la ley Nº 20.249, que crea el espacio costero marino que les corresponde.
En 2008 ratificamos el Convenio Nº 169 de la OIT, conforme al cual Chile se compromete a observar la Declaración Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Originarios, de 2007, cuyos artículos 25 y 26 hacen referencia a la materia que señalo.
El Convenio establece, además, en su artículo 6º, el derecho de los pueblos interesados a que se les consulte respecto a todas aquellas medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente.
Ese mismo instrumento internacional exige que participen en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de provocar el mismo efecto.
Asimismo, se garantiza el derecho a que se consideren sus costumbres o su derecho consuetudinario al aplicarse la legislación nacional.
Señor Presidente, el Gobierno no ha logrado determinar aún un procedimiento de consulta que cumpla con los estándares internacionales. Mientras ello no ocurra, no es posible zanjar la discusión sobre la Ley de Pesca, por la contradicción e incompatibilidad con los intereses contemplados en la ley sobre el espacio costero en favor de los pueblos indígenas.
En virtud de estas consideraciones, voy a rechazar la idea de legislar.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra a un Senador de Renovación Nacional. Estaba inscrito primero el Honorable señor Chahuán, quien no se encuentra presente.
En consecuencia, puede intervenir el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, es necesario subrayar, como premisas básicas del proyecto en estudio, que la ciencia debe primar sobre cualquier otra consideración al momento de resolver; que los actores no pueden participar en las determinaciones científicas; que se debe administrar con un enfoque de largo plazo todo nuestro sistema de pesca; que es preciso incorporar el objetivo de mantener las pesquerías en su rendimiento máximo sostenible o llevarlas a este último; que se tiene que contar con una investigación científica de calidad e independiente; que se requiere una mejor fiscalización pesquera, y que el sistema de sanciones debe ser acorde con los derechos otorgados, eficaz y oportuno.
Por lo tanto, si estamos en presencia de muchas especies que simplemente se hallan colapsadas; si estamos pensando en una explotación racional y sustentable de la pesca, lo lógico, lo razonable, lo inteligente es no seguir postergando una decisión.
Aquí se ha hecho referencia a prorrogar la vigencia de la Ley General vigente. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto nos va a llevar el ponernos de acuerdo? ¿Vamos a ir "chuteando la pelota" hasta que nuestros recursos se encuentren simplemente depredados?
A mi juicio, esa no es una actitud de Estado. Esta última dice relación con asumir el desafío ahora, en circunstancias en que dicha normativa vence el 31 de diciembre próximo, y despachar un cuerpo legal moderno, tendiente a preservar el recurso y en el que, además, se realice un esfuerzo grande para poder hacer compatibles -porque ello no es fácil- los distintos intereses en juego en una iniciativa tan importante como la que nos ocupa.
Por eso, señor Presidente, porque abrigo la convicción de que es necesario legislar ahora, voy a votar a favor.
Ello, sin dejar de tener presentes las necesidades de la Región de La Araucanía, a la cual represento, y, particularmente, las de los pescadores artesanales de Queule. Estos han planteado, en varias reuniones, cuatro o cinco situaciones con relación a las cuales le pido encarecidamente al Supremo Gobierno que nos hagamos cargo, porque son razonables; porque buscan, no solo dar sustentabilidad a la pesca que realizan desde hace tantos años, sino también apuntar a objetivos incluidos en la misma normativa en estudio.
En primer lugar, ¿qué nos dicen? Que, existiendo frente a las costas de la Región una biomasa extraordinariamente importante, la cuota de pesca que se les asigna es excesivamente pequeña. Y lo es porque los registros pesqueros se hallan sumamente atrasados y, además, porque no se ha permitido el ingreso de nuevas embarcaciones, particularmente en determinadas pesquerías.
Por lo tanto, anunciando que acojo la idea de legislar, también elevo mi voz para que los pescadores a los que represento en esta Corporación sean considerados, ya que se trata de peticiones justas. Existiendo una biomasa económicamente importante frente a las costas de la Región de La Araucanía, me parece legítimo, lícito, que tengan derecho a una mayor cuota de pesca y que se puedan abrir los registros de embarcaciones pesqueras para permitirlo.
¿Qué más solicitan? Piden una oficina de SERNAPESCA, que actúe en concordancia con la Gobernación Marítima. Porque allá todos somos testigos de cómo los barcos industriales penetran en las cinco millas. Es un hecho real. Lo hemos visto quienes visitamos Queule y las costas de La Araucanía. Están ahí, y nadie hace nada. En avisarle a la Armada, que está en Valdivia, y en que llegue la lancha que tiene que fiscalizar, ya desaparecieron. En consecuencia, es la impunidad más absoluta.
Necesitamos una mayor permanencia de SERNAPESCA, específicamente en Queule, para que cubra también todo el sector de pesca de La Barra, de la Villa Bernardo O'Higgins, y se pueda fiscalizar y, sobre todo, sancionar a las embarcaciones que irrumpen en las cinco millas reservadas a la pesca artesanal.
Tenemos, también, que hacernos cargo de lo que ocurre, por ejemplo, en la pesquería de estuario. Ahí se desarrolla una actividad que, de alguna manera, no está lo suficientemente reconocida ni protegida. En mi Región son muchos los pequeños pescadores artesanales que trabajan en esa forma. Y creo que el proyecto debe, no solo considerarlos, sino asimismo resguardarlos.
Señor Presidente, tengo la convicción de que necesitamos una nueva Ley de Pesca y de que debemos resguardar nuestros recursos, y por eso voto a favor. Pero, igualmente, tengo la convicción de que, en justicia, la pesca artesanal de la Región de La Araucanía debe ser objeto de un trato más igualitario, en relación con el que recibe el sector en otros lugares del país.
Se ha creado -y se lo agradezco infinitamente al Ministro señor Longueira- un nuevo Consejo Zonal de Pesca para agrupar la actividad de las Regiones de La Araucanía y de Los Ríos. Eso va a permitir una tremenda participación de los dirigentes de los pescadores artesanales de la primera de ellas, los que van a tener incidencia en importantes decisiones y, sobre todo, coordinaciones.
Hemos dado un paso significativo. El siguiente es que tengamos una oficina de SERNAPESCA que funcione, que ejerza verdaderamente un control. Y el que viene a continuación es el de contar con una lancha fiscalizadora, de tal manera que, cuando haya barcos que penetren las cinco millas, podamos sancionarlos oportunamente y, así, aseguremos un mayor desarrollo de la pesca artesanal en la Región de La Araucanía.
Gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, el Ministro señor Longueira sostuvo ayer que la esencia del proyecto -y lo digo entre comillas- es evitar la "carrera olímpica".
¡En los últimos años no he escuchado una falsedad más grande en el Hemiciclo!
El objetivo de esta iniciativa de ley, dado que está venciendo un instrumento, una forma de administración pesquera fracasada, es buscar una distinta. Aquí no se plantea como alternativa, de aprobarse o rechazarse la idea de legislar, la vuelta a la "carrera olímpica". Eso se acabó. Lo que se halla en discusión es cuál va a ser el modelo de administración pesquera para los próximos 10, 20 o 30 años. Quiero situar ahí el debate.
En primer término, señor Presidente, si los recursos no son de todos los chilenos, ¿para qué estamos discutiendo el proyecto? Es decir, si no son nuestros, como país, ¿para qué nos otorgamos el derecho de regular quiénes acceden, cuántos acceden, cómo se accede, con qué artes de pesca, por cuánto tiempo? ¡Es evidente que estamos frente a un bien de todos los chilenos! De lo contrario, ¿cuál es la base jurídica para regular la extracción?
Diría que en un tiempo, en los años noventa, caímos en el juego de quienes aseveraban que los recursos no eran de nadie. Con todo respeto a los abogados, frente a cada tesis hay un interés. Ahí caímos en el juego de ciertos intereses.
Por mi parte, no tengo la menor duda de que los recursos que se encuentran en el territorio del cual el país es soberano, frente a sus costas, deben ser regulados, porque son de todos los chilenos.
Paso, por ende, al segundo punto, señor Presidente.
Sin duda, la ciencia debe jugar un rol importante, que no cumplió en los últimos 20 años. Si lo hubiese cumplido, no habríamos puesto en peligro las pesquerías existentes. Las doce principales están en serio riesgo, porque ha mediado un esfuerzo de captura superior a la capacidad de la masa hidrobiológica de reproducirse. Y estamos ante una iniciativa de ley que apunta, precisamente, a regular y buscar un equilibrio entre el esfuerzo de extracción y la capacidad de reproducción de un recurso natural renovable como el hidrobiológico.
Después quiero pronunciarme sobre quién extrae, pero no voy a entrar a la discusión bizantina de si se trata de chilenos, de holandeses o de chinos. Es un debate que podremos tener en su momento. Voy a volver a ello.
Mi mayor inquietud es que, dado que vamos a fijar cuánto se extrae de cada pesquería, tenemos que avanzar en relación con las definiciones hoy caducas. ¿Qué es un artesanal? ¿Qué es un industrial? Lo único que quiero decir es que aquellas que usamos en los años noventa ya no sirven para regular ni la sustentabilidad del recurso ni una plataforma laboral y social adecuada.
La sobreinversión de la industria o de los actores ha hecho que los dos factores de ajuste sean o el recurso o los trabajadores. Y en la actualidad estamos frente al absurdo de que los recursos se encuentran absolutamente sobreexplotados, y los trabajadores, inquietos por la eventualidad de perder su fuente de empleo, su capacidad de pagar el arriendo, de educar a sus hijos. La industria mira el techo.
Hoy, señor Presidente, necesitamos precisar cómo vamos a regular lo de quiénes extraen los recursos y cómo lo hacen. ¿Cuota histórica? ¿Licitación? Veamos lo que garantice dos cosas: la sustentabilidad de las especies y una plataforma laboral digna para los trabajadores,...
--(Aplausos en tribunas).
... porque, de lo contrario, nos estamos engañando entre todos.
Por mi parte, soy de aquellos que, al igual que el Senador señor García, representan a Regiones históricamente negadas, discriminadas, subdesarrolladas -puede buscarse el concepto que se quiera- en lo que dice relación con la pesca. En mi Región, el 80 o 90 por ciento de los pescadores son recolectores de orilla. Y no es porque no haya recursos en los 107 kilómetros de costa de que disponemos.
Después podemos entrar a la discusión acerca de las zonas contiguas, del posicionador satelital. Ese es otro debate. Pero crean Sus Señorías que ahí es preciso regular también.
Mi mayor inquietud apunta a que logremos definir quiénes son los artesanales y quiénes los industriales, cómo está integrada la industria y cómo se garantiza, independientemente de la definición, que los trabajadores no paguen los platos rotos por una decisión tomada en forma equívoca por el Congreso Nacional...
--(Aplausos en tribunas).
... Porque la industria no se hace cargo. Disculpen si piso callos con esto que voy a decir: los boteros son una cosa, pero de aquí en adelante otra distinta son los lancheros -algunos los llaman "preñados"-; los armadores industriales, de cierto tamaño hacia arriba; los industriales, integrados a veces con los pescadores artesanales; los armadores. Y ahí la precariedad laboral es mayor que en el sector industrial o en la gente de mar.
Tenemos que definir cómo hacer las cosas bien por Chile y evitar que sean los trabajadores los que paguen los platos rotos.
En los últimos 20 años, dado que no ha habido una mirada consciente, hemos saqueado los recursos, ha existido sobreinversión, se ha registrado un primer ciclo de cesantía tremendo y estamos a punto de experimentar otro, sin responsabilidad social empresarial. En esta normativa en proyecto se nos pide que el Estado se haga cargo de parte de ese problema. Y soy partidario de que así sea, porque somos responsables de los errores cometidos.
Señor Presidente, creo que es necesaria una revisión de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que fue aprobada en los años noventa. No soy partidario de respetar a pie juntillas las cuotas históricas, como tampoco de entregar cuotas per sécula a quien sea, y menos aún de permitir la transabilidad de las licencias a cualquier precio y condición. ¿Por qué hacerlo? Si yo le otorgo un derecho a alguien, ¡que lo explote! Y si no es capaz de hacerlo, ¡mala suerte! Pero que no sean los trabajadores el factor de ajuste.
Y quiero separar los dos temas.
Hoy los trabajadores ven con desesperanza el asunto, porque si les cambian las reglas, como se propuso en la Cámara de Diputados, no saben cómo se calcularán las cinco millas. Y ocurrirá que los industriales dejarán de pescar y usarán a los armadores semindustriales para capturar su cuota, con lo cual habrá trabajadores cesantes.
¡Eso es lo que estamos discutiendo!
--(Aplausos en tribunas).
¡Ese es el problema de fondo, señor Presidente!
Quiero señalar, con todo respeto, que como no hay pescadores artesanales en la Sexta Región, no tengo vinculación con la industria, no tengo a quién responderle algo respecto a esta materia. Por tanto, quiero defender tanto al recurso como a los trabajadores, quienes no tienen por qué pagar los platos rotos de una ley mal hecha.
En tal sentido, señor Presidente, no me opongo a aprobar la idea de legislar.
No comparto lo que ha hecho el Ministro Longueira, porque creo que ha actuado en forma precipitada, realizando afirmaciones a veces temerarias, sin reconocer que las diferencias entre una Región y otra son muy grandes. No es lo mismo lo que pasa con la pesquería demersal del norte. No es lo mismo lo que pasa con el jurel. No es lo mismo lo que pasa en los canales interiores de la Undécima Región. Son realidades muy diversas.
Por ello, pido que nos demos el tiempo para sacar una legislación que garantice, por un lado, la investigación científica, la defensa del recurso, y por otro, una plataforma laboral digna para la gente de mar, para los trabajadores que se desempeñan en embarcaciones semindustriales. Y estimo que se necesita una definición distinta de estos con respecto a quienes se dedican a la pesca artesanal como boteros, y que cuenten con garantías laborales.
No puede ser que el mercado sea sacrosanto con relación a los recursos naturales que tenemos.
Señor Presidente, sin duda no me gusta el concepto que planteó el Ministro Longueira en cuanto a la transabilidad, a que las licencias transables de pesca son la panacea para los recursos en Chile. Yo no tengo convicción de que ello sea bueno para administrarlos. Esto es como las concesiones mineras: entregamos recursos a quienes son dueños de las licencias y el Estado pierde el control de una riqueza que le es propia.

El señor ESCALONA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto adicional.

El señor LETELIER.- Gracias, señor Presidente.
Soy partidario de plantear un par de temas adicionales.
Con respecto a las negociaciones de las zonas contiguas, disculpen si piso callos con lo que voy a decir: si este es un negocio de recursos de todos los chilenos -no quiero que me malentienda ningún dirigente sindical que se halle en las tribunas-, un "cañonazo" de 10 millones de pesos o la obtención de la firma de algunos dirigentes para permitir que ingresen a su zona a extraer recursos, no creo que sea la mejor forma de hacer las cosas.
Excúsenme por lo que señalo.
A mi juicio, se necesitan datos científicos para establecer quién pesca en un lugar, quién lo hace en otro, y no se deben seguir ejerciendo presiones que vayan más allá de la ciencia y del desarrollo armónico de los sectores o de los actores.
Siempre he sido partidario del establecimiento del posicionador satelital para saber dónde está pescando una nave...

El señor ESCALONA (Presidente).- Nuevamente concluyó su tiempo, Su Señoría.
Dispone de 30 segundos para cerrar su intervención.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, creo que lo peor que uno puede hacer es jugar al avestruz en esta materia. Somos el séptimo país pesquero del planeta, hoy tienen más valor los recursos pesqueros, y deberíamos agregarles más aún y asegurar que exista un desarrollo de las plantas pesqueras en tierra.
En mi concepto, necesitamos llevar a cabo un debate muy elevado con respecto al asunto que nos ocupa y evitar -esa es mi mayor inquietud- que los dos factores de ajuste sean el recurso o los trabajadores. No podemos ser irresponsables y poner a pelear a los trabajadores de la industria, del sector industrial, con los artesanales, con los semindustriales, porque ellos no son culpables. Solo quieren alimentar y educar a sus hijos. Y eso lo tenemos que garantizar entre todos.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, quiero manifestar mi conformidad en general con este proyecto de ley, por dos aspectos que me parecen bastante sustantivos.
El primero tiene que ver con que esta iniciativa da una mirada distinta respecto a la sustentabilidad del recurso. Y, el segundo, en lo medular, a que ella fue producto de un acuerdo de la mesa de negociación pesquera, donde los distintos actores lograron acordar con el Gobierno las bases centrales de lo que debería ser esta legislación de pesca de cara al futuro.
Por eso mismo, no me parece razonable ni atinado que este esfuerzo, que procura aunar voluntades y que, además, apunta en la dirección correcta en el asunto de la sustentabilidad, sea reemplazado, simplemente, por una ley que prorroga la actual.
No me parece que ese sea el camino. Creo que debemos enfrentar la situación, y si hay algo que corregir en el proyecto, habrá que hacerlo, porque para eso estamos en el Congreso.
Respecto de la sustentabilidad, quiero manifestar que la considero un elemento extraordinariamente relevante. Hemos ido aprendiendo a convivir con el medio ambiente, con la naturaleza. Sin embargo, no lo hemos tenido en cuenta en el ámbito de la pesca, tal como ocurrió con muchos otros recursos en el pasado (estoy hablando de hace cincuenta años), cuando conceptos como estos no estaban vigentes. Y se pescaba como se podía, hasta donde se podía.
A mi juicio, en la explotación del recurso, los propios pescadores han aprendido a respetarlo, pues representa su vida. Y eso, por cierto, no puede llevarse a cabo por intuiciones o por experiencia en el oficio, sino que tiene que fundamentarse en aspectos científicos y técnicos.
Y lo que hace el proyecto en tal sentido es incorporar dichas nociones en las decisiones que adoptan los organismos pesqueros. De ahí que valoro, por ejemplo, la disminución de las atribuciones al Consejo Nacional de Pesca y su traspaso a los comités científico-técnicos. Estos serán uno por cada pesquería, y en el caso de la acuicultura, habrá tres en total.
Me parece que lo anterior abre un escenario distinto en la concepción de cómo se debe manejar este recurso. Y la incorporación, por tanto, de los planes de manejo, de los planes de recuperación, que se prevén a través de esta nueva legislación, nos hacen pensar que efectivamente aquí va a primar la ciencia por encima de cualquier otra consideración y que quienes toman las decisiones científicas son, precisamente, los que manejan los conceptos y no quienes están directamente interesados en la resolución.
Eso les da a los conceptos científicos el carácter de independientes, de profesionales, y permite, además, tener sobre esta materia una mirada de largo plazo.
Pienso que, en ese sentido, la investigación pesquera también recibe un fortalecimiento importante, por las modificaciones que se hacen tanto al Instituto de Fomento Pesquero y los programas de investigación pesquera como al Fondo de Investigación Pesquera.
Esos son, creo yo, aspectos muy medulares que, como digo, sumados al acuerdo que se ha producido con los distintos sectores, nos hace pensar que estamos frente a una legislación responsable en materia de manejo de los recursos.
Al mismo tiempo, mirado desde el punto de vista de la pesca artesanal -que a mí me interesa en especial, considerando que la del Maule es una Región en donde la pesca existente, que es mucha, es fundamentalmente artesanal-, se introducen algunos elementos que, a mi parecer, ayudarán a proteger al verdadero pescador artesanal.
El primero, en este sentido, es la incorporación del posicionador satelital para los armadores artesanales con embarcaciones de más de 12 metros de eslora, en el caso de las pesquerías pelágicas, y de más de 15 metros en las otras, que son las normales. Es decir, embarcaciones con esloras sobre los 15 metros tendrán la obligación de contar con geoposicionador satelital.
Esta es una batalla antigua que algunos de nosotros hemos venido dando en el Congreso. Yo he presentado dos proyectos de ley tendientes a la instalación de dicho dispositivo que, lamentablemente, no han sido acogidos. ¿Por qué lo he hecho, señor Presidente? Porque he visto en mi Región, en reiteradas oportunidades -y cuando digo "he visto" significa que he sido testigo con mis propios ojos-, cómo flotas pesqueras que no pertenecen al Maule ingresan, perforan nuestra Región y abusan extrayendo el recurso destinado a sus pescadores artesanales.
Ese abuso, esa prepotencia y esa arrogancia no han sido posibles de contrarrestar, y me parece que llegó la hora de hacer justicia, por cuanto aquí algunos que se arrogan el derecho sobre el mar abusan de los derechos que les corresponden a otros.
Yo espero que el posicionador satelital permita evitar el abuso que hasta ahora se ha instalado y que, además, produzca otro efecto positivo. En efecto, no solo permitiría controlar el manejo territorial -entregado, por los derechos y las cuotas, a los pescadores de los respectivos sectores-, sino que además generaría un efecto favorable respecto de la sustentabilidad del recurso. Porque, de la manera como se procede en la actualidad, obviamente no existe la posibilidad de controlar y fiscalizar el uso de los recursos.
Por lo tanto, un compromiso asumido por el Gobierno en su momento, cuando se rechazó la última iniciativa planteada sobre el particular, finalmente termina incorporándose en este proyecto, algo que valoro y que permite pensar que ahora sí se evitarán los abusos y que quienes los cometan recibirán las sanciones administrativas que correspondan.
También es valioso para la pesca artesanal la regulación de la milla reservada, en forma exclusiva -sobre las líneas de base normales-, a los pescadores artesanales de embarcaciones con esloras inferiores a 12 metros (los boteros), que son, realmente, los pescadores más típicamente artesanales, aquellos que enfrentan un panorama más complejo. Esta reserva igualmente ayudará a fortalecer su situación, siempre en desmedro.
Por lo mismo, se establece un procedimiento para el uso de las áreas contiguas, el que solo podrá ser autorizado con el acuerdo de los pescadores artesanales afectados.
En definitiva, señor Presidente, sumando y restando, el proyecto de ley contiene aspectos muy positivos que me hacen pensar en la conveniencia de votarlo favorablemente. Sin embargo, queda un asunto pendiente que me gustaría que fuera considerado por el Gobierno y respecto del cual, en todo caso, presentaré indicaciones durante la discusión particular.
Se trata de una cuestión que no resuelve esta iniciativa.
Se establece un fraccionamiento de las cuotas, con un mayor beneficio para la pesca artesanal. Crece la pesca artesanal con relación a la pesca industrial, lo que me parece muy positivo. No obstante, no se soluciona uno de los inconvenientes que nosotros vivimos en nuestra Región.
En el caso del Maule, existe un problema con la merluza común. Este recurso, cuando se asignaron las cuotas, no estaba presente en nuestra zona y, por lo tanto, los registros históricos no avalaban entregar una medida significativa de él a los pescadores artesanales de nuestra Región, como tampoco a los de la Sexta y, en alguna medida, a los de la Octava. Estaba instalado, preferentemente, en la Cuarta y la Quinta Regiones.
Con las migraciones pesqueras que se produjeron por razones naturales, hoy día ocurre lo siguiente: en la Cuarta y la Quinta Regiones no queda mucha merluza común y, en cambio, esta abunda en la Sexta y, sobre todo, en la Séptima y la Octava.
Sin embargo, las cuotas se mantienen igual para las otras dos, por lo que el incremento de la cuota para la pesquería de la merluza común, que aumenta de 35 a 40 por ciento para la pesca artesanal, terminará beneficiando, como no se discrimina, a los que actualmente detentan las mismas cuotas que no ocupan.
Yo he tratado, en cada uno de los últimos siete u ocho años, con distintos Gobiernos -afortunadamente, con la buena voluntad de ellos-, de que a los pescadores artesanales del Maule se les asigne una cantidad, porque, disponiendo del recurso, no tienen cuota para pescar. Y hemos debido negociar con pescadores artesanales de otras Regiones, que tienen la cuota y no el recurso.
Esa situación es absurda. Pero lo es más que del crecimiento que se le otorga a la pesca artesanal participen también los que hoy día ya poseen cuota en exceso. Eso no me parece justo, conveniente, ni tiene una explicación racional.
Por lo tanto, señor Presidente, yo quiero que esta situación -así se lo he hecho presente al Ministro y al Subsecretario- sea corregida en la discusión particular.
Hay distintas fórmulas para ello.

El señor ESCALONA (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.

El señor LARRAÍN.- Termino en un minuto, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Un minuto!

El señor LARRAÍN.- Explicaré brevemente cuáles podrían ser tales fórmulas.
La primera es que el aumento de 35 a 40 por ciento vaya exclusivamente a las zonas que hoy exhiben registros pesqueros y, en consecuencia, tienen derecho a una cuota mayor. Eso no tocaría un centímetro, un gramo de las cuotas que en la actualidad poseen los pescadores de la Cuarta y la Quinta Regiones, de manera que no debería ser obstáculo para lograr un acuerdo razonable. Y esta fórmula, si se aplicara con rapidez, evitaría parte de los problemas que se van a producir en mi Región si acaso no se le asigna una cuota mayor y sigue dependiendo de la voluntad discrecional de las autoridades de turno.
La otra posibilidad es que se establezca la caducidad parcial, es decir, que sobre la base de los registros históricos, si alguien tiene una cuota y no la ocupa, la pierda con el tiempo. Esto iría en beneficio de aquellos que sí se hallan necesitados de mayores cuotas.

El señor ESCALONA (Presidente).- Ya transcurrió su minuto, señor Senador.
Le voy a dar los últimos 30 segundos.

El señor LARRAÍN.- Gracias, señor Presidente.
El mecanismo recién planteado permitiría asegurar, en el futuro, que quienes manejen las cuotas sean realmente los que tengan la pesquería, de modo de no estar dependiendo de otros grupos de pescadores, que, más que pescadores, se convierten en rentistas, porque empiezan a vender o arrendar sus cuotas. Y ese no me parece un camino razonable.
En definitiva, señor Presidente, considero que estamos ante un buen proyecto, por las razones que he mencionado. Creo que la clave para la actividad pesquera, tanto industrial como artesanal, radica en la preservación del recurso, y esta iniciativa, que hoy aprobamos, apunta en la dirección correcta, a lo más significativo de esta materia.
Se protege, asimismo, a los pescadores artesanales. Sin embargo, se vislumbra un problema en algunos recursos que no queda bien resuelto, y espero que pueda ser corregido durante la discusión particular.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- A usted, Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, voy a iniciar mis palabras dándole excusas a la Sala por plantear nuevamente mi situación personal.
En el día de ayer solicité que la Comisión de Ética emitiera un pronunciamiento sobre el particular, pues había llegado una carta en la cual se indicaba que yo podría estar inhabilitado para votar el actual proyecto.
Ese órgano ya dio a conocer su dictamen, que reitera el planteamiento efectuado hace años por nuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en el sentido de que cada Senador debe resolver, en su momento y respecto de la materia específica que tenga que votar, si estima que existe o no la inhabilidad que se reclama.
Quiero decir aquí con claridad, señor Presidente, y quiero jurarlo frente al Senado, que no tengo ningún interés personal en materias de pesca. No poseo una sola acción de una empresa del rubro. Ni siquiera tengo un bote como para que alguien pueda decir que estoy relacionado.
Ese es un comentario que se ha extendido desde hace mucho tiempo, en cuanto a que mi familia era dueña de empresas pesqueras.
¡Señor Presidente, mi familia no es dueña de ninguna empresa pesquera!
Sí es cierto -y así lo planteé en su momento a la Comisión de Constitución, y ahora, a la de Ética- que un hermano mío, que a honor lo tengo, profesional muy capaz, hace muchos años trabajó y ocupó altos cargos en una empresa pesquera. Pero desde hace más de 5 años, por razones de salud, se encuentra inhabilitado de ejercer cualquier función. Ya no trabaja en ninguna empresa pesquera, salvo que conserve un nombramiento en un directorio, el cual con seguridad no ejerce, pues -como digo- no puede realizar labor alguna.
Se ha dicho también que un sobrino mío estaría en una empresa pesquera. Es ingeniero comercial, profesional valioso, que se desempeña en una empresa de tal índole. No sé si eso sería suficiente como para, por tener intereses directos en esa actividad, inhabilitarme en la votación.
Pero tengo un compromiso. Y quiero señalarlo en el Senado: siempre he sido respetuoso de la ley y del cumplimiento de mis deberes. Nunca he tratado de beneficiarme en el ejercicio del cargo que ejerzo.
Tengo otro compromiso, que adquirí hace más de dos años, cuando fui elegido Senador por la Región del Maule; y es con sus pescadores artesanales, con quienes he mantenido una estrecha relación durante este tiempo, precisamente por las razones que señaló el propio colega señor Hernán Larraín. Regularmente, en mi zona, hemos tenido problemas relacionados con las cuotas de pesca, sobre todo las de los pescadores artesanales. Me comprometí con ellos a defender sus intereses, como también los de todos los pescadores. Entonces, en esta iniciativa, voy a votar todas las disposiciones que tengan que ver con ellos: desde ya lo atinente a la reserva de la primera milla; a la zona exclusiva de 5 millas; al posicionador satelital que creo debe tenerse, pues muchas veces las embarcaciones, sobre todo las de mayor tamaño, semiindustriales, sobrepasan la línea del territorio donde deben pescar y llegan a la Región del Maule y la saquean, con lo que provocan un grave daño a los pescadores artesanales.
Por lo tanto, voy a votar con el convencimiento de que debe establecerse el uso obligatorio del posicionador satelital, así como haber certificación de pesca para las embarcaciones.
Voy a pronunciarme en consciencia a favor, porque debo defender los derechos laborales de los trabajadores de las empresas pesqueras y la estabilidad de su trabajo.
Por cierto, votaré afirmativamente por la plataforma laboral de los tripulantes, quienes constituyen una parte importante del sector pesquero...
--(Aplausos en tribunas).
... al igual que por todo lo que diga relación a mejorar la institucionalidad pesquera, con el objeto de que realmente sea sustentable el recurso.
Voy a votar favorablemente también por una institucionalidad que implique mayor fiscalización, para evitar los abusos que hoy cometen algunos actores, los que, por lo general, van en desmedro de los pescadores artesanales.
Votaré asimismo por la creación del llamado "INDAP pesquero", que me parece una manera de apoyar a este sector.
Voy a apoyar la promoción de la libre competencia dentro del sector pesquero. Aquí se ha hablado al respecto. Hay un fallo del Tribunal de la Libre Competencia.
Cuando llegue el momento de la discusión particular, revisaré cada disposición de acuerdo con su mérito y las votaré en consciencia. Sus Señorías pueden estar seguros de que no voy a defender ningún interés personal y de que mi pronunciamiento será favorable a todo cuanto beneficie a los sectores más desprotegidos y a los intereses generales del país.
Por esas razones, aprobaré la idea de legislar respecto de este proyecto, precisamente para tener la oportunidad de pronunciarme sobre cada una de las disposiciones que proponga la Comisión de Pesca en su segundo informe.
Ahí veremos cómo resolver esos temas.
Creo -y quiero decirlo con toda franqueza- que debemos legislar sobre esta materia, ahora.
Yo habría sido partidario de que el Gobierno hubiera pedido una prórroga de la ley vigente por algún tiempo, a fin de haber estudiado más este proyecto, ya que estamos acelerando demasiado su tramitación. Pero tendría que enviarse una iniciativa que estableciera dicha prórroga no por uno o dos años, pues bastarían 30, 60 o 90 días, después del 31 de diciembre del año en curso.
Si no logramos despachar la ley en proyecto para esa fecha, tendremos el peor de los terrenos al entrar en una especie de "ley de la selva".
Si el Gobierno y nosotros no hemos sido capaces de lograr esa prórroga, es necesario votar el proyecto que nos ocupa esta tarde. Es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay una urgencia que vence hoy en la noche. No podemos dejar de hacerlo, porque tenemos que cumplir con la norma constitucional.
Si me obligan a votar hoy día, por supuesto que anuncio mi voto a favor de la idea de legislar.

El señor ESCALONA (Presidente).- La intervención del Senador señor Zaldívar concluyó casi exactamente a las 18.
Como se informó al inicio de la sesión, hay un acuerdo de los Comités para abrir la votación a las 6 de la tarde. Antes de proceder a ello y para que seamos muy conscientes de la decisión que se tomará -algunos Senadores me han hecho presente que tienen diversos compromisos que cumplir en Santiago (médico, reuniones)-, quiero recordar a la Sala que el proyecto contiene normas orgánicas constitucionales y de quórum calificado, que requieren 22 y 20 votos favorables, respectivamente. De manera que la votación involucrará la aprobación de la idea de legislar junto con la de aquellas disposiciones que precisan quórum especial.

El señor PIZARRO.- ¡Siempre ha sido así!

El señor ESCALONA (Presidente).- Exactamente.
Se deja expresamente consignado el punto, para que luego no haya algún tipo de queja o reproche sobre el particular.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
En seguida, debo hacer presente que los señores Senadores inscritos tendrán 10 minutos para hacer uso de la palabra.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde intervenir al Comité Independientes.
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, desde hace ya un buen tiempo a la fecha, la Comisión de Pesca intentó recoger el máximo de opiniones a lo largo del país, buscar acuerdos, escuchar a los distintos actores que han concurrido al Senado y a aquellos que logramos contactar en Regiones.
Quiero señalarlo, porque a diferencia de quienes han emitido felicitaciones por la constitución de la mesa de trabajo, que pretendió conseguir un acuerdo, tengo la impresión de que ella actuó desde un comienzo a espaldas del Congreso. Pudo hacer algo distinto; por ejemplo, haber buscado entre todos los consensos necesarios para llegar hoy a la votación con un protocolo de acuerdo para este proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, el que, hasta ahora, desgraciadamente, ni el Gobierno ni quienes llevan adelante las negociaciones han podido plasmar.
Señor Presidente, hace semanas vino un grupo de personas que han desarrollado por varios años una actividad en la pesca industrial. Me dijeron, con mucha razón, que estaban preocupadas por lo de las 5 millas y que entendían que yo había demostrado tener una mirada distinta, por lo cual querían plantearme su inquietud. En el diálogo, les manifesté que por qué no nos abocábamos y preocupábamos de la realidad del empleo actual en su sector.
Aquí estamos dejando pasar una tremenda oportunidad para lograr que los trabajadores de las pesquerías industriales y artesanales puedan revertir su condición laboral, la cual presenta situaciones, muchas veces, extremas.
Me estoy refiriendo a quienes deben navegar por varios meses y alejarse de sus familias, en condiciones particularmente delicadas. De esto, nada se ha dicho ni hemos podido avanzar al respecto.
Hago mención a las mujeres que se desempeñan en las faenas propias de la industria pesquera, cuyos ambientes también adolecen de precariedades. Y la presente iniciativa constituía una muy buena opción para mejorarles su realidad.
Cuando se divide a los pescadores entre artesanales -mujeres y hombres dedicados a esa labor- y aquellos que desarrollan una actividad en el ámbito industrial, estamos nivelando para abajo.
Por sobre todas las cosas, mi preocupación personal -como miembro de la Comisión de Pesca y también como integrante de la de Trabajo- estará centrada en las indicaciones que podamos formular para mejorar y ayudar al perfeccionamiento de la calidad del empleo que hoy tienen quienes se hallan ligados tanto al mundo de la pesca industrial cuanto a la artesanal.
Creo que eso es esencial.
Habría deseado que, en definitiva, el Gobierno hubiese llegado a un acuerdo, pero no se pudo lograr al día de hoy.
Por ende, cabe preguntar dónde radica la verdadera voluntad de llegar a consenso.
Algunos señores Senadores que intervinieron con anterioridad recordaban la frase que ha ocupado el señor Ministro de Economía en el último tiempo: "Si no hay ley, entramos a la carrera olímpica". ¡Una mentira del tamaño de una catedral! ¡Y no estoy dispuesto a aceptarla desde ningún punto de vista!
--(Aplausos en tribunas).
Porque eso no es verdad. Esa situación no es aplicable.
Por lo tanto, debimos haber contado con el tiempo y la prudencia necesarios para haber desarrollado una buena ley, que beneficie a quienes desarrollan su actividad tanto en el campo industrial como en el artesanal.
Yo represento a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, donde, sin lugar a dudas, ostentamos el privilegio de contar con una importante actividad pesquera.
He sostenido permanentes encuentros con pescadores artesanales. Y lamento profundamente que algunos integrantes de la Comisión de Pesca no hayan podido recorrer el país para empaparse de las realidades que enfrentan los hombres y mujeres ligados a dicho sector. Porque luego vienen acá a hacer discursos. Es más, en la Comisión mencionada manifestaron el deseo de apurar la votación lo antes posible. De todos sus integrantes, el único pronunciamiento en contra fue el mío, porque mediante ese expediente intenté buscar acuerdos con el Gobierno a como diera lugar. Y no fue posible.
Entonces, cuando me dicen que este protocolo de acuerdo va a avanzar y que se va a concordar todo lo que en él se exponga, me asisten dudas no menores.
En el caso de la Región de Magallanes, su gente está esperanzada en obtener participación en las cuotas de la merluza de tres aletas y de cola, al igual que en el caso del bacalao -hoy se encuentra totalmente licitado-; también en las pesquerías incipientes; en la sardina, etcétera. Y considero que se está pidiendo algo legítimo.
Además, entre otras cosas, solicitan un INDAP pesquero. Todos hemos concordado en ello, y el Gobierno ha manifestado interés en avanzar en la materia.
Del mismo modo, el acuerdo señala otra cosa vital. En la sardina austral estamos requiriendo un porcentaje relevante, pero a capturar en el mar interior -¡mar interior!-, donde no funciona la pesca industrial. Pero el Ejecutivo ha dicho que no. En el caso de la reineta austral, también se solicita mar interior. Y el Gobierno también ha respondido negativamente. Y lo mismo ocurre con el bacalao de sur a norte.
Entonces, ¿dónde se demuestra la voluntad para avanzar?
No obstante, se logró algo trascendente, entre muchas otras cosas, que ya todos han mencionado. No quiero repetir lo mismo. Me parece bien haber logrado un uno por ciento para la pesca artesanal. Sin embargo, por qué no replantear el cinco por ciento, con la condición de que el aumento vaya solo a consumo humano. Hoy lo preguntaban quienes fueron a exponer a la Comisión de Pesca, y les encuentro toda la razón. ¿Qué hemos hecho para incentivarlo? ¡Casi nada hasta el momento!
Se señala que el objetivo principal del proyecto de ley es la sustentabilidad del sector pesquero chileno, lo que implica protección y recuperación de la biomasa y sus ecosistemas.
¿Y se ha hecho algo, de verdad profundo, para analizar la situación de la pesca de arrastre, en el entendido de que la iniciativa persigue la sustentabilidad del sector pesquero nacional? ¡No, señor Presidente!
--(Aplausos en tribunas).
Por lo tanto, si la génesis y el corazón del proyecto es la protección, ¿cómo no abocarnos a la pesca de arrastre?, más allá de la declaración de buenas intenciones que, según entiendo, fue lo que el Ejecutivo ha hecho llegar.
Frente a la actual situación, una de las pocas cosas que a estas alturas debe premiarse es la consecuencia. Como soy consecuente, si en la Comisión de Pesca voté que no, en la Sala me pronunciaré de nuevo en contra. Y por una razón: los votos ya están para aprobar el proyecto. El Gobierno transó con algunos integrantes de la Concertación para llegar a acuerdo a fin de que se inclinaran a favor. Y nos hemos perdido la oportunidad de avanzar en una iniciativa, que se pudo haber prorrogado por unos meses o uno o dos años, porque era necesario.
Espero que el señor Presidente de la Comisión de Pesca, el Senador señor Horvath, pueda alcanzar consensos. Él lo ha señalado y yo confío absolutamente en su palabra. Pero ha ocurrido algo especial: hasta este momento, el propio Ejecutivo ha manifestado que ese acuerdo no existía.

El señor ESCALONA (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
Se le concederá un minuto adicional.

El señor BIANCHI.- La Comisión en su trabajo -me consta, porque lo he visto- ha sido incansable.
Se ha cumplido un porcentaje.

El señor HORVATH.- Así es.

El señor BIANCHI.- Efectivamente, Honorable señor Horvath.
No estoy señalando nada que sea contrario a lo realizado por Su Señoría. He dicho que me apena que, pudiendo haberse llegado a un acuerdo total, no fue posible materializarlo.
Por lo tanto, como no estoy sometido a ninguna presión -ni política ni nada que se le parezca-, voy a votar tal cual lo hice en la Comisión de Pesca: en contra del proyecto.
--(Aplausos en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, soy una de las pocas Senadoras que representa a una Región que no posee mar: la Metropolitana, razón por la cual...

El señor PROKURICA.- ¡Pero sí terminal pesquero...!

La señora ALVEAR.- Sí, lo hay.
Sin embargo, estoy muy interesada en el proyecto de ley en examen, por tratarse de una materia de carácter nacional y de una preocupación que alcanza a todos los chilenos.
La pregunta que parece muy obvia -se encuentra presente el señor Ministro de Salud-, y que nos hacemos frecuentemente, es por qué, a pesar de contar en el territorio con 6 mil 500 kilómetros de costa, en nuestro país el pescado es tan caro y tan poco accesible.
Chile es, por desgracia, una de las naciones con menor consumo de pescado: solo siete kilogramos por persona al año.
Con los crecientes problemas de obesidad infantil y alimentación de baja calidad -lo hemos discutido tanto en el Congreso Nacional a propósito de diversos proyectos de ley-, gracias al actual esquema, consumimos apenas siete kilos de pescado al año.
¿A dónde van a parar, entonces, las toneladas que se extraen anualmente en Chile? La gran mayoría, a la producción de harina y aceite de pescado.
Y el recurso que queda disponible para el consumidor común es caro, especialmente en la Región Metropolitana. Una dueña de casa prefiere mil veces comprar un kilo de pollo que un kilo de pescado. Y resulta curioso, porque al pollo hay que criarlo y el pescado se cría solo. Sin embargo, este último es muchísimo más caro.
Por eso, además de aportar al desarrollo de la pesca en nuestro país, la ley en proyecto impacta directamente en el acceso de todas las familias a una mejor alimentación, a un pescado de mayor calidad.
A propósito de las elecciones municipales, recorremos ferias en estos días, en las que vemos unas merluzas del tamaño de las sardinas. Por lo menos en el caso de Santiago, estoy diciendo estrictamente la verdad. ¡Es un drama! Y eso influye en la calidad de vida y alimentación de todas las chilenas y todos los chilenos.
Luego de analizar la reforma a la Ley de Pesca que hoy tenemos en nuestros escritorios -tramitada durante tanto tiempo-, quiero solo mencionar algunos aspectos.

1.- Propiedad de los recursos. Comparto la opinión de que es importante establecer en la ley en proyecto que los recursos pesqueros son de todos los chilenos. Un Senador que me antecedió en el uso de la palabra hizo especial hincapié en esto. Y no me refiero solo a la posición del Estado y los países vecinos, sino, además, a que nadie puede tener derechos indefinidos ni propiedad de los recursos y sus ecosistemas. ¡Ellos pertenecen a todos los chilenos!

2.- Asignación de los recursos pesqueros. Por cierto, este es un tema clave. Permítanme ser muy clara: se debe introducir un sistema competitivo y transparente en la asignación de los recursos, sin condiciones, sin reglas que la relativicen o la hagan imposible.
Solo incorporando más competencia y, con ello, más actores -obviamente, protegiendo la especie-, habrá un mejor mercado para los consumidores.
Me parece muy importante la preocupación por los recursos pesqueros y el cuidado ambiental.
Soy Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, y hago míos todos los aportes que se han planteado en la Comisión de Pesca respecto del punto y todas las opiniones que he recibido de distintas organizaciones y personas (pescadores artesanales, industriales), todos quienes han querido entregarme su parecer acerca de la iniciativa en análisis.
Sin embargo, creo que el cuidado ambiental de los recursos pesqueros debe darse en la cuota global, no en cómo se divide y asigna parte de esta cuota máxima. Porque si aplicamos este último criterio, estaremos poniendo todos los incentivos para que, a través de la sobreexplotación, nunca haya licitación.

3.- Licencias industriales. A mi juicio, no deben ser indefinidas. Han de tener un plazo y, también, causales de caducidad.
No me gustan las renovaciones automáticas.
Se trata de una materia a discutir. Debemos revisar el sistema. Habrá tiempo para ello en la discusión en particular.

4.- Protección de la zona artesanal. Este es un aspecto que mis colegas con "vista al mar" tienen mucho más claro que yo. Por cierto, mientras más aseguremos a la pesca artesanal, más mejoraremos las condiciones laborales de un sector verdaderamente vulnerable en el país.
--(Aplausos en tribunas).

5.- Sistema de toma de decisiones. Estimo que debe haber un sistema de administración pesquera sujeto de manera estricta a criterios científicos.
El proyecto avanza en esta materia.
Para aquello, ha de existir una institucionalidad científica autónoma, libre de conflictos de interés y con recursos para asegurar una investigación suficiente e independiente.

6.- "Plataforma Social". Me parece clave tener presente este aspecto. Respaldo plenamente incorporar los estatutos laborales y los de protección social de los trabajadores pesqueros en la presente iniciativa, sobre todo en lo referido a reinserción laboral, capacitación, protección previsional, etcétera.

7.- Pequeñas y medianas empresas pesqueras. Considero relevante asegurarles que tengan acceso a la materia prima y permitir que ellas lleven pescado a la mesa de los chilenos.
Todos los colegas saben muy bien la diferencia, desde el punto de vista de fuentes laborales, entre la extracción de pescado por parte de una industria para elaborar harina de pescado y la extracción del recurso para transformarlo en alimento de mesa. Estuve conversando con varios de esos pequeños y medianos empresarios, y me señalaron que procesar en harina de pescado lo extraído en una hora implicaba un mes de trabajo para más de 200 operarios.
¡Por Dios que es importante esto! ¡Por Dios que es importante introducir valor agregado también al recurso de pesca, para no transformarlo mayoritariamente en harina o en aceite de pescado!
La integración vertical de la industria pesquera muchas veces deja a las pequeñas y medianas empresas fuera del acceso a estos recursos. Incluso, en ocasiones se ven obligadas -me he reunido con ellas y me lo han informado; además, lo mencionó un señor Senador- a importar pescado para poder procesarlo industrialmente en Chile, faenándolo y congelándolo para el consumo humano.
¡Eso es absurdo!
¡Los chilenos, los niños obesos gritan por mejor alimentación y nosotros ponemos barreras para que accedan a nuestros mejores productos alimenticios! Creo que...

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminó su tiempo, señora Senadora.
Le daré un minuto adicional para que concluya.

La señora ALVEAR.- Gracias.
Creo que una parte de la pesca industrial debiera asegurarse para abastecer a las pymes que procesan pescado para consumo humano.
Señor Presidente, este proyecto es de la mayor complejidad.
Si bien los plazos se están cumpliendo, ello no es excusa para que las cosas no se hagan bien.
Aprobada la idea de legislar -yo la votaré a favor-, habrá suficiente tiempo para presentar indicaciones. Yo formularé algunas. Por esta vía, en el debate en particular podremos corregir los aspectos que nos parecen importantes.
Y valoro el esfuerzo que están realizando muchos parlamentarios a efectos de avanzar, en lo posible, en acuerdos que nos permitan este año contar con una legislación fundamental para nuestro país.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, un diagnóstico de la regulación actual, que vence el próximo 31 de diciembre, muestra una realidad de sobreexplotación de los recursos, condiciones injustas para la pesca artesanal, concentración de la industria pesquera y condiciones desfavorables para las pymes.
Según los datos del propio Gobierno (Subsecretaría de Pesca), cuatro de las principales pesquerías de nuestro país se encuentran en estado de colapso (el jurel, el congrio dorado, la merluza común y la del sur), y existen varias otras en condición de riesgo de explotación (la merluza de cola y la anchoveta, esta última entre las Regiones Quinta y Décima).
Por su parte, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), reafirmando ese diagnóstico, ha declarado que existe sobreexplotación pesquera más allá de los límites biológicos seguros.
Pasamos de pescar un millón 400 mil toneladas de jurel -principal recurso pesquero- en el año 2001 a 300 mil toneladas el 2011.
¿Por qué llegamos a esa situación extrema? Dicho de manera sencilla y fácil: porque tenemos una institucionalidad que no sirve. El Consejo Nacional de Pesca, constantemente, no hizo caso a las recomendaciones científicas para la fijación de cuotas de captura.
Lo anterior, que afecta al recurso pesquero y a la sustentabilidad, ha terminado provocando las injustas condiciones para la pesca artesanal.
En efecto, los artesanales poseen hoy una asignación de cuota ínfima en comparación a la entregada a la pesca industrial, que no da cuenta de la capacidad de generación de empleo y de desarrollo local que las pesquerías artesanales provocan en sus zonas de influencia.
Por su parte, si analizamos el aporte del sector pesquero industrial al producto interno bruto, veremos que este llega a menos de un 1 por ciento, a pesar de que somos el séptimo país del mundo con más descargas pesqueras. Ello evidencia una industria altamente concentrada y que no genera el valor agregado que debiera.
Los niveles de concentración e integración vertical de la industria pesquera son excesivos. Solo cuatro o cinco empresas controlan más del 90 por ciento de los principales recursos pesqueros. Y accedieron a esta cuota mediante un reconocimiento transitorio que hiciera la ley Nº 19.713, sin que hayan pagado por esta asignación de recursos chilenos.
Desde el año 2001 no ha ingresado ningún nuevo actor a esta actividad económica. El sector está cerrado en los hechos. Ya nadie va a invertir en la pesca si no tiene acceso a la materia prima: la pesquería. Es obvio que una nueva entrega de cuotas a los mismos actores de este mercado solo profundizará aún más la concentración que se constata hoy.
En materia laboral, cabe indicar que, desde marzo de 2010 a la fecha, la industria ha cursado más de 21.500 despidos. Después del trabajo doméstico, la agricultura y el comercio, la pesca tiene los sueldos más bajos de la fuerza laboral de nuestro país.
Desde el 2001 a la fecha -en los últimos 10 años-, el 67 por ciento de las pymes pesqueras de la Región del Biobío desapareció. Las grandes empresas no les venden materia prima. Y algunas pymes, como señalaron Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, han tenido que importar pescado desde Asia para poder cumplir con sus contratos.
--(Manifestación en tribuna).
Por eso sería fundamental reponer la norma que reserva un 5 por ciento de la cuota industrial a dicho sector.
Esto es parte del diagnóstico de la situación que se nos presenta con la legislación actual.
¿Y qué aprobó la Cámara de Diputados? Un proyecto que no define de quién son los recursos ni cómo se asignan; es decir, el peor de los mundos.
Esa es la iniciativa de ley que llega al Senado.
El gran problema que no resolvió la Cámara Baja, y sobre el cual debemos pronunciarnos nosotros, tiene que ver con la determinación de la propiedad de los recursos pesqueros y, eventualmente, con el derecho del Estado de Chile para asignarlos y administrarlos en favor de todos los chilenos.
Si me apura, señor Presidente, creo que los recursos pesqueros sí son de todos los chilenos. Es cierto, el Código Civil -estudié Derecho y lo conozco- dice que los peces son del que los pesca. Pero Andrés Bello escribió ese cuerpo legal cuando lo que no faltaba en las costas chilenas eran peces. En consecuencia, hay que hacerse cargo de los cambios.
Dicho Código también dispone que se presume de Derecho que los hijos nacidos dentro del matrimonio son legítimos y que el padre es quien dice serlo. Hoy día con el test de ADN eso ya está en cuestión. Hay que adaptarse un poco. Bello era inteligente, pero no podía preverlo todo.
En la actualidad, tenemos una pesquería que casi no existe.
En ese sentido, creo que las cuotas de captura o licencias no pueden entregarse jamás con una duración indefinida ni con plazos que impidan a otros actores ingresar a este mercado, pues, en buenas cuentas, ello atenta contra el principio que hoy, curiosamente, todos callan: la libre competencia.
Parte de la industria afirma que posee derechos históricos. Tales derechos, sin embargo, no existen. La ley sobre límites máximos de captura, en su artículo 14, estableció claramente que una asignación temporal no constituirá derecho para futuras asignaciones.
La industria también invoca las autorizaciones de pesca que le han dado en el pasado. Esta alegación es aún más insostenible, ya que ellas no crean derechos de propiedad sobre las cuotas. Son simples autorizaciones administrativas para poder pescar.
Así lo sostuvo, por lo demás, quien hoy es el Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea -nos acompaña en la Sala-, cuando era Diputado el año 2000, en el marco de la discusión de la ley vigente. En aquel entonces, el parlamentario Galilea fundamentó su voto favorable, entre otras cosas, porque la ley "no constituye derechos adquiridos" y -agregó- "ordena al sector en su carácter transitorio".
En cuanto a la asignación de los recursos, nos encontramos con una fórmula difícilmente conciliable con el modelo y los principios de libre mercado, que tanto defienden algunos, por ejemplo, en materia de educación.
Otro de los temas importantes es cómo se distribuyen los recursos: ¿sobre la base del reconocimiento de pretendidos derechos históricos, que no existen; o a través de licitaciones públicas de cuotas de pesca, como se hace en todos los demás ámbitos en que el Estado entrega concesiones de explotación?
En este punto hago mío todo lo señalado por quienes están a favor de las licitaciones. Y quiero recordar algo: el Presidente de la República, Sebastián Piñera -otrora Senador-, fue uno de los que más abogaron por que existieran licitaciones de pesca. Así lo manifestó al comienzo de su Gobierno junto con el ex Ministro de Economía, señor Fontaine. Sostuvo que íbamos a tener, al menos, un 50 por ciento de licitaciones. Hoy día se han reducido a un 15 por ciento, hasta que el recurso sea sostenible o se haya recuperado en un 90 ciento; o sea, ¡nunca habrá una licitación!
Por su parte, el royalty propuesto para que los empresarios paguen por la explotación de los recursos pesqueros, que yo entiendo que les pertenecen a todos los chilenos, corresponde a un pago anual que, tal vez, se empine por sobre los 28 millones de dólares en total.
Estudios académicos, entre otros, de la Universidad Adolfo Ibáñez, señalan que el Estado ha dejado de percibir en torno a mil 500 millones de dólares por no haber licitado los recursos pesqueros en los últimos 12 años. En otras palabras, el royalty del Gobierno en este proyecto de ley no está aplicando el valor que realmente tienen los recursos pesqueros de Chile.
Estimo conveniente insistir en la necesidad de reafirmar que las decisiones de la administración pesquera deben quedar sujetas estrictamente a criterios científicos. En tal materia, la iniciativa legal avanza sustantivamente al crear los comités científico-técnicos y establecer que sus resoluciones serán obligatorias.
Consideramos que se debe persistir en esa línea, mediante la generación de mejoras institucionales que vayan en la dirección de fortalecer la creación de un solo comité científico-técnico, asegurando su independencia y la disponibilidad de recursos para su adecuado funcionamiento.
Otro aspecto de la máxima importancia -una vez que nos preocupemos del recurso pesquero y de su sustentabilidad, de que no existan derechos adquiridos y de que haya licitaciones- es cómo conciliar el mundo industrial con las aspiraciones del sector artesanal. En este ámbito, podemos identificar la extensión de la reserva de 5 millas en todo el territorio nacional (hoy llega solo hasta el canal de Chacao) y la protección de los caladeros históricos que están fuera de las 5 millas.
Además, el proyecto no genera ningún avance respecto a la protección de los trabajadores del sector, como lo argumentaron bastante los Senadores señores Hernán Larraín, Zaldívar y Letelier. Habría sido esperable que la iniciativa propusiera el desarrollo de una plataforma social de protección para los trabajadores pesqueros, tanto del sector industrial como del artesanal, invirtiendo recursos para su capacitación, fomentando el emprendimiento, garantizando la independencia de las organizaciones sindicales y amparando a quienes deben dejar de trabajar de manera anticipada.
--(Aplausos en tribunas).
Por tales razones, señor Presidente, no voy a dar mi visto bueno a este proyecto. Tal vez seremos minoría e igual se aprobará la idea de legislar.
No obstante, quiero decir que esto tiene un vicio.
El Senador señor García, de Renovación Nacional, dijo recién que no cabe plantear la postergación de la iniciativa por dos años; que sería una irresponsabilidad del Estado no ejercer el rol que le corresponde. Deseo expresar a Su Señoría que comparto su criterio. Pero me parece mucho más irresponsable que la autoridad económica del Estado haya delegado en la industria y en una parte del sector artesanal la búsqueda de un acuerdo en la materia.
Eso fue lo que se hizo.
Se llegó a un acuerdo tan complicado y torcido que terminó rompiendo y dividiendo al sector pesquero artesanal. ¡No cabe entregarles a los actores que deben ser regulados la formulación de una propuesta! Sería como pedir a los bancos que se autorregularan y que nos enviaran el proyecto respectivo para que aquí lo discutiéramos; o solicitarles a los empresarios, a propósito de una reforma tributaria, que nos dijeran cuánto impuesto desean pagar, y luego someter a votación tal planteamiento.
Eso fue exactamente lo que ocurrió en el proceso de discusión sobre esta reforma a la Ley de Pesca. Y no me parece bien, porque, desde ese punto de vista, se delegaron irresponsablemente las funciones. Los gobiernos están para liderar y pensar en el bien común de manera amplia, y no solo para pedirle a un grupo de los regulados que indiquen qué pretensiones buscan acordar.
Señor Presidente, solo me queda reiterar que voto en contra de la idea de legislar. Si esta se aprueba,...

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Le concedo un minuto para que concluya.

El señor LAGOS.- ... habrá tiempo para introducir las modificaciones que sean necesarias.
Y a quienes amenazan con que a contar del 31 de diciembre habrá "carrera olímpica", quiero decirles lo siguiente: esta ley lleva casi 10 años en vigencia. O sea, desde hace 10 años sabemos que vence el 31 de diciembre próximo.
El proyecto que nos ocupa estuvo diez meses en la Cámara de Diputados. Y en el Senado no va a estar ni siquiera un mes y medio.
Entonces, también hay que hacerse cargo y responsable de las cosas. Si alguien cree que lo que corresponde es, simplemente, aprobar lo que se nos presenta, no me parece adecuado. Estoy dispuesto a correr el riesgo y ver qué va a pasar. Porque no creo que haya un Gobierno tan irresponsable que permita llegar a la "carrera olímpica".
Señor Presidente, con estas palabras termino. Y le agradezco el minuto adicional que me concedió.
--(Aplausos en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, yo no he oído dos opiniones respecto de que el mundo de la pesca vive hoy día una muy difícil situación. Y todos los informes asociados al envío del presente proyecto por parte del Ejecutivo nos hablan de zonas donde las especies se encuentran en grave peligro de extinción y la mayoría de ellas con problemas que están liquidando el sistema, lo que obliga a una discusión muy a fondo en el Parlamento.
¡Eso es lo que se está haciendo: enfrentando el asunto y no dilatándolo!
Yo creo que a veces es mucho más fácil pensar cómo se vive; y mucho más difícil, vivir como se piensa. Si el Gobierno no quisiera enfrentar de verdad los problemas, le hubiera sido mucho más simple plantear una postergación de la normativa existente. Pero no me cabe duda de que, desde el punto de vista ético, esa no es una forma razonable de gobernar.
Este Gobierno no está para marcar el paso -quizás otros sí lo estuvieron-, sino para hacer las cosas bien para todos los chilenos.
Y digo eso, señor Presidente, porque me parecen especialmente ofensivas ciertas expresiones de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, al referirse a la forma en que el Ejecutivo y en particular el Ministro enfrentan este tema.
Algunos han ironizado acerca de lo que significa la no aprobación de la iniciativa. Incluso, han calificado de "mentiroso" al titular de Economía porque dijo la verdad: que de no aprobarse la ley en proyecto -y obviamente no se ha presentado otro texto modificatorio-, se volverá al escenario de la ley del 91.
Pero no vendría el caos. ¡No! Se replicaría el texto del año 1991; de una legislación elaborada en democracia y discutida por la Cámara de Diputados y este Senado, en virtud de la cual se planteó un límite global de captura, pero no por armador. Y eso se llama "carrera olímpica".
No tiene otro nombre. Nadie lo ha descrito de mejor forma, porque todos los recursos pueden ser explotados por el primero que llega. Y expirada la normativa sobre límite global se acaba la pesquería, con todos los efectos que ello supone.
Entonces, por el hecho de decir la verdad, se trata a la gente en forma denigrante o de sostener una falsedad.
¡Esa es una grave falta al honor, señor Presidente! Y expreso mi reclamo, porque el decir la verdad jamás debería merecer una afrenta o un menosprecio, ni menos una calificación como la que he oído esta tarde.
El Ministro Longueira tiene razón: la ley del 2001 no reemplazó a la del 91, sino que la superpuso y le fijó una fecha de vencimiento. Y el hecho de que el 31 de diciembre, eventualmente, no pueda estar en funcionamiento la legislación que ahora analizamos, significa que vuelve a regir la de 199l.
En ese contexto, entonces, este Gobierno asume el tema de la nueva Ley de Pesca: enfrentando el problema de la sustentabilidad. ¡Ojalá en otras instancias se hubiera hecho de la misma forma!
¿Y cómo se plantea? Creando una nueva institucionalidad, distinta, por cierto, de la actual. Porque aquí hoy día se habla de la del año 2001 con cierto desprecio, habiendo sido, en su momento, presentada por el Gobierno de la época y aprobada en el Parlamento, pero que claramente no cumplió los objetivos para los cuales fue diseñada.
¿Cómo se hizo ahora? De otra forma: se creó una Mesa de Diálogo y de encuentro.
¡Cómo no va a ser importante en Chile que haya espacio para el encuentro y para el diálogo!
Fue un largo proceso -¡largo!- y se generó un nuevo fraccionamiento, con algunos beneficios para los pescadores artesanales -indudablemente, es una muy buena noticia-, pero sin perjudicar a otras personas, que también tienen derecho a vivir, que son los pescadores que trabajan en la industria.
En la Séptima Región -que represento- no hay ningún pescador industrial. Para mí sería muy fácil ser demagogo, proponer que se termine ese tipo de pesquería y que, simplemente, se entregue todo al pescador artesanal.
Sin embargo, señor Presidente, yo he hablado con los trabajadores de mi Región, quienes también respetan al resto de los chilenos que, al igual que ellos, tienen legítimo derecho a ganarse la vida.
Por eso, me parece bien que, aun siendo más difícil esta vía, se procediera seriamente y se generara este nuevo fraccionamiento, en amplios espacios de diálogo.
Siempre podrá haber un punto más de discrepancia. ¡Es obvio! Pero aquí se ha llegado a un acuerdo muy relevante, que, sin duda, permite tener esperanzas de que esta actividad funcione mejor.
¿Qué se propone?
1) Se profesionaliza la toma de decisiones. Porque una de las cosas que ha "matado" la pesca en los últimos años ha sido su politización.
Yo soy testigo de cómo, en períodos electorales, afloraban las cuotas de investigación. Un mes antes de la elección había que ir a hablar con algún hombre estratégico y se autorizaba la extracción de 500, 1.000 o 2.000 toneladas, o las que fueran necesarias, en función del proceso eleccionario pertinente.
¿Qué rigor científico existía para eso? ¡Ninguno! Había un criterio electoral. Y cuando los peces entran a ser parte de un botín electoral y no parte de una investigación científica, pasa lo que pasó.
2) Se desarrolla una nueva línea de investigación; se fortalece el actual instituto dedicado precisamente a dicha tarea; se genera un fondo especial para el repoblamiento de algas.
Al respecto, debo manifestar que esto es, en el fondo, algo como el DL 701 -no lo he oído nombrar en esta discusión-, que se aplicó en el ámbito forestal. Ahora se propone para resolver el tema del alga.
¡Si de alguna manera se puede fortalecer en todo el país el repoblamiento de algas con un subsidio del Estado, por supuesto que vamos a tener una capacidad de mejoramiento de nuestro esquema de pesca muy superior a la actual!
3) Se crea el "INDAP pesquero", una antigua aspiración que se ha planteado por distintas bancadas, en términos de ayudar en cuanto a la capacidad técnica, formativa, de comercialización, a quienes hoy día ejercen una labor en este ámbito, particularmente en la pesca artesanal.
4) Se genera un nuevo esquema de fiscalización.
Si hay algo que a la Región que represento le importaba, le importa y le importará, es disponer de GPS, precisamente para posibilitar la transparencia. No hay nada peor que uno se sienta vulnerado en sus derechos cuando adquiere la convicción de que, al amparo de la noche, otros sistemas de pesca o pescadores de una Región distinta -a los que se visualizó días atrás en la que yo pertenezco- perforan los derechos de los pescadores artesanales.
Esos instrumentos son muy útiles para que las personas honradas -la inmensa mayoría de los pescadores- no sean acusadas injustamente de un perforamiento, que algunas sostienen no haber hecho nunca.
¡Para eso está la técnica! ¡Para eso existen los GPS!
De esa manera, unos y otros podrán demostrar que trabajan en forma ordenada y respetando los derechos que cada cual posee legítimamente.
5) Se establece un nuevo sistema de administración descentralizada.
Como señaló uno de los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, el que los Consejos Zonales de Pesca estén radicados en lugares de fácil acceso para los pescadores implica un cambio en las reglas del juego de gran importancia.
Existe un Consejo Zonal de Pesca de las Regiones Quinta, Sexta y Séptima, con sede en Constitución. Obviamente, para un pescador es muy distinto sentir que sus derechos son cautelados, sus permisos concedidos o sus fiscalizaciones bien recibidas, si tiene un espacio cercano -no lejano- al cual poder recurrir para el ejercicio de sus derechos.
Aquí hay un cambio sustancial que tiene que ver con una nueva forma de gobernar, más cerca de la gente, cuestión que yo creo que en este Parlamento todos, de uno u otro modo, más allá de los efectos políticos, comprenden y por eso ha tenido una adhesión muy importante.
6) Se establece la reserva de una milla exclusiva para los botes de menos de 12 metros de eslora, para los pequeños pescadores artesanales.
Esto constituye también un adelanto y un eje para poder desarrollar tipos de pescadores a los que en otras condiciones les es muy difícil competir. Y precisamente generando este derecho exclusivo se cuida una mayor sustentabilidad y un mayor derecho a ejercer de modo legítimo esta actividad.
7) Se crea un sistema de manejo de áreas contiguas.
Se ha debatido sobre el punto en numerosas ocasiones. Esto no va a agotar el tema. Hay una discusión pendiente respecto de la pesca de arrastre, particularmente en Regiones que no tienen la visión o el desarrollo industrial y sí el artesanal que no usa ese tipo de extracción. De modo que ahí es posible declarar, obviamente, zonas o regiones libres de dicho sistema de pesca.
Sin embargo, el manejo de áreas contiguas, con acuerdo de los pescadores que tienen derechos sobre esta, permite visualizar un futuro mucho más civilizado.
Por último -hay varios otros aspectos en la iniciativa que ameritan ser analizados-, cabe destacar la nueva plataforma laboral que se plantea valientemente en el proyecto, asumiendo un rol respecto de un mundo que tiene una política basada más en los hechos que en los derechos. Todos sabemos...
Me permite 40 segundos más, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Dispone de un minuto, Su Señoría.

El señor COLOMA.- Gracias.
Decía que todos sabemos cómo funciona en la práctica, y cuáles son los porcentajes del armador versus el capitán o las personas que ejercen alguna labor relacionada con la pesca. Sin embargo, anticiparse a los problemas, involucrarse en lo que respecta a los seguros de vida, preocuparse de cómo las personas con problemas para desarrollar otras actividades pueden recibir ayuda del Estado, genera un mecanismo de fluidez en las relaciones humanas absolutamente distinto del que hoy día existe.
Creo que esta es una muy buena ley en proyecto. Mucho mejor que la del 2001. No he visto a nadie que diga seriamente lo contrario. La iniciativa que nos ocupa es mejor que la de ese año y muy superior a la de 1991.
Por el futuro de pesca, voy a votar a favor.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, estamos hablando de una actividad que genera muchos empleos, pero con el riesgo cierto de perderlos si no se toman medidas de fondo para enfrentar la situación clara y evidente de sobreexplotación de una serie de pesquerías cuya sustentabilidad se encuentra claramente amenazada.
¿Cómo hacerlo? Esa es la gran pregunta.
Es un problema de difícil solución.
Reconozcamos que hay muchos intereses en juego que, desgraciadamente, se disfrazan bajo una apariencia de bien común. Y nuestra tarea como legisladores es una sola: velar por el bien común, lo que implica adoptar medidas de fondo para asegurar la preservación de la biomasa, de los recursos hidrobiológicos, con una visión de Estado de largo plazo.
En el pasado, lamentablemente, la opinión del mundo científico fue remplazada muchas veces por los intereses económicos cortoplacistas de quienes, siendo juez y parte, adoptaban importantes decisiones en los Consejos de Pesca. Lo más relevante del proyecto de ley radica, a mi juicio, en que el día de mañana tales decisiones se van a tomar con criterios eminentemente científicos.
También resulta clave el Instituto de Fomento Pesquero. Por eso es fundamental dotarlo de mayor autonomía y de más recursos para que pueda cumplir con sus funciones.
Además, debemos fortalecer la capacidad de fiscalización del Servicio Nacional de Pesca.
El proyecto incluye la eliminación de las facultades resolutivas de la Comisión Nacional de Pesca, de las Comisiones Zonales de Pesca y del Ministerio de Economía, al determinar la medida de conservación de la cuota global de captura, la cual deberá respetar el rendimiento máximo sostenible y el monto de la cuota, pues no podrá excederse de los rangos establecidos por el mundo científico.
La iniciativa dispone que una vez alcanzado el estado de plena explotación de una pesquería se va a mantener cerrado el acceso a ella.
Asimismo, se instaura la obligación de entregar información de los desembarques, certificados por una entidad auditora externa acreditada por el Servicio Nacional de Pesca, para así contar con datos precisos.
Se amplía, además, la exigencia del uso del posicionador satelital a los armadores artesanales de embarcaciones de una eslora mayor a 12 metros.
En el caso de la pesca artesanal -que es el tema que más me preocupa-, se protegen las aguas interiores, lo que resulta muy importante en las zonas australes de la Región de Aysén. Naturalmente, vamos a velar por que se mantenga la prohibición a embarcaciones industriales de ingresar a aguas interiores y, por supuesto, llevar a cabo actividades pesqueras dentro de las cinco millas marinas en las restantes Regiones.
Es primordial, sin duda, proteger a los verdaderos boteros dentro de la primera milla marina -tal como lo establece el proyecto de ley-, reservada para los pecadores artesanales de embarcaciones con una eslora inferior a 12 metros. Su situación no es comparable con la de embarcaciones de entre 15 y 18 metros de eslora, que cuentan con tecnología, buenos motores y una capacidad mucho mayor que la de aquellos botes.
Se exige un seguro de vida para los pescadores artesanales, pues, actualmente, ellos y sus familias carecen de toda protección cuando pierden la vida o sufren algún accidente y quedan en situación de invalidez.
Asimismo, resulta esencial aumentar la participación del sector de la pesca artesanal en las cuotas de captura. Se señala que esta va a subir o ha subido un 53 por ciento en el último tiempo.
Respecto al "INDAP pesquero", se requiere fomentar la diversificación, esto es, que nuestros pescadores artesanales no sean monoproductores, sino que cuenten con más alternativas; que se les pueda apoyar en la comercialización. ¡Cuánto reclaman los de Aysén -que muchas veces dependen de un señor que vive en España para poder vender sus productos- en cuanto a las fechas, a los precios, a la existencia de un verdadero monopolio!
Cómo no va a ser importante que a ellos les sea posible tener otras alternativas además de la merluza austral, del congrio dorado. Que se les permita trabajar, por ejemplo, en la siembra y el repoblamiento de algas -hoy día existe una experiencia piloto en Puerto Aguirre sobre el particular-; en la captación de semillas de choritos, como se está intentando hacer en Raúl Marín Balmaceda; en la extracción del pulpo, la centolla, la jaiba, la aluga. Pero para eso requieren ayuda: trampas para las jaibas, mejores botes y embarcaciones, apoyo a la comercialización, a fin de que efectivamente logren vivir de la mar y no para la mar, pues, como muchas veces ocurre, se hallan en condiciones de pobreza, lo cual queremos terminar.
Asimismo, es fundamental tener una política más regionalizada. La situación de Arica e Iquique no tiene nada que ver con la que se vive en Aysén. Por eso, resulta significativo que se considere la realidad local en el momento de legislar y de establecer políticas sobre la materia.
Además, no se deben obviar a las Regiones en el tema de las zonas contiguas. En Aysén hemos visto, en diversas oportunidades, cómo entran embarcaciones procedentes de otras zonas, sin respetar las normas de conservación de los recursos, actuando de un modo muy distinto a la forma en que lo hacen nuestros pescadores. Por eso, es primordial exigir posicionadores satelitales, y que no puedan entrar embarcaciones de otras Regiones si no cuentan, por ejemplo, con el acuerdo de los pescadores artesanales involucrados en la pesquería respectiva.
Conforme a lo establecido en el proyecto, a estos últimos se les sube la cuota de captura de la merluza austral en un 10 por ciento; es decir, del 50 al 60 por ciento. Y, en el caso del congrio dorado, del 20 al 50 por ciento.
Además, a todos los pescadores artesanales se les debe liberar del pago de patentes en el área de manejo.
Señor Presidente, sin duda, deseo referirme a varios asuntos más, pero lo haré al momento de presentar indicaciones. Así que voy a dejar esos planteamientos para la discusión en particular.
En definitiva, debemos avanzar en la lógica a que he aludido y enfrentar las distintas situaciones que tienen lugar en esta materia. Nada costaría hacernos los lesos y evadirlas. Eso ya ocurrió hace 10 o 12 años y todos sabemos cuál fue el resultado: se agotaron los recursos hidrobiológicos. Recordemos lo que aconteció con el jurel: antes había más de 4 millones de toneladas, hoy día no quedan más de 200 mil a 300 mil toneladas.
No podemos permitir que eso vuelva a ocurrir, porque sería fallarles a las futuras generaciones, fallarles a nuestros pescadores artesanales, fallarle a mucha gente que vive de esta actividad.
He dicho.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Muñoz Aburto asuma como Presidente accidental.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Muñoz Aburto, en calidad de Presidente accidental.
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El señor MUÑOZ ABURTO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, no cabe duda de que la discusión que está haciendo el Parlamento chileno es tardía, porque ya tenemos un problema: hay un recurso en vía de crisis, en vía de colapso.
Cualquiera que haya conocido Chile puede objetivar que nuestro país ha vivido una política depredadora y comenzó hace un buen rato no solo a tener los huevos de oro sino además a comerse la gallina que los pone.
Lo que estamos viviendo hoy día es más bien un intento de enfrentar una crisis totalmente incorporada y en plena evolución. Y eso significa pobreza para nuestra nación. Significa que durante los últimos 20 años algunos han generado enormes riquezas, se han confeccionado verdaderos trajes a la medida. En particular, la legislación del año 90 fue, desde mi punto de vista, un completo traje a la medida para los grandes grupos económicos, para las grandes empresas.
Ha habido intentos en el tiempo para modificar aquello, pero de manera totalmente insuficiente.
Yo quiero recordar que lo mismo sucedió con la salmonicultura: producto de los vicios, de la codicia, hubo responsables de la acción del virus ISA, el cual provocó daños ambientales que literalmente destruyeron la actividad, transformando en un verdadero cementerio parte significativa del recurso mar de la Décima Región.
¿Qué hizo la sociedad chilena? Debió subvencionar. ¿Y cuál fue la solución? Privatizar el mar. Porque, para que se les reactualizaran los créditos a empresarios que, con una mirada de corto plazo, habían tenido utilidades millonarias, pero sacrificando el bien común, se les permitió dejar en garantía algo que les pertenece a todos los chilenos: las concesiones de mar, las concesiones de playas.
Ellos son un grupo privilegiado en nuestro país: frente a la crisis, pudieron dejar como avales a todos sus compatriotas.
Eso ocurrió justamente porque aquí hay una cultura de rentabilidad fácil, de corto plazo, sin ninguna planificación, donde el mercado lo resuelve todo y ante la cual, finalmente, el sistema político se doblega, por cuanto, en vez de resguardar el bien común, termina acomodándose a los intereses empresariales.
Ahí estamos. Hemos vivido las crisis. Y eso ocurre en muchos sectores de nuestro territorio.
Señor Presidente, hoy existe un intento por avanzar en esta materia. Y yo digo en primer término que si hay algo que hemos de establecer con absoluta nitidez es la garantía de que no existe propiedad de las empresas respecto al recurso hidrobiológico y que este les pertenece a todos los chilenos.
Creo que eso es un avance a nivel mundial. Incluso, en Estados Unidos las cuotas individuales no son susceptibles de generar indemnizaciones cuando caducan, porque se entiende -aun en el país más liberal del planeta- que eso es de la sociedad toda y que, en consecuencia, no puede haber involucrado un concepto que signifique la factibilidad de que sea objeto de propiedad algo que les pertenece a todos los ciudadanos.
Por otra parte, hay aquí también un aspecto relacionado con el acceso.
Existen dos maneras de enfrentar el punto, señor Presidente.
Primero, diciendo: "Para asignar las cuotas, apliquemos el criterio de los derechos preexistentes en función de las capturas históricas". Ese es el razonamiento más eficiente aplicado por los mismos que depredaron, por los mismos que no han hecho nada, por los mismos que han obtenido utilidades millonarias sobreexplotando el recurso.
Segundo, señalando: "Busquemos incorporar otros criterios. Que no sea solo el de las dimensiones históricas, sino, por ejemplo, aquellos que impliquen políticas de sustentabilidad mejores o que prevean el uso de métodos de pesca de menos impacto, más selectivos".
Me parece, en consecuencia, que esos aspectos deben discutirse con mayor profundidad, porque no están suficientemente aclarados.
Se ha planteado, señor Presidente, el destino de la pesca.
Debo decir que hay al respecto aberraciones letales para un país como el nuestro. Y ello, no solo porque lo señalado ocurre también en otros sectores.
Les quiero expresar que cuando me opongo a la licitación del litio lo hago porque 1o que vamos a hacer con él me parece más importante que quien lo explota.
Si explotáramos litio a granel generaríamos anualmente 350 empleos y un negocio de mil millones de dólares. Si exportáramos baterías entraríamos en un negocio de 200 mil millones de dólares anuales y miles de chilenos estarían involucrados en el proceso industrial correspondiente. Pero se prefiere que solo 350 sean los favorecidos y que haya un pequeño negocio.
En el caso que nos ocupa estamos haciendo un pequeño negocio, señor Presidente: solo un reducido grupo de empresarios se beneficia y obtiene utilidades millonarias al transformar en harina de pescado uno de los recursos más preciados de la humanidad.
¡Eso es un crimen! ¿Por qué? Porque en Chile -y a la mayoría de los países les sucede lo mismo- los problemas de salud del futuro serán las enfermedades crónicas no transmisibles: nos moriremos de infartos, de accidentes vasculares, de cánceres, de hipertensión y de diabetes. Y todo el mundo sabe que lo que cambia eso son los estilos de vida, y particularmente lo que uno come. ¿Y qué debemos comer todos? ¿Qué contiene omega 3? ¿Qué contiene antioxidantes? ¿Qué contiene las mejores proteínas? Paradójicamente, eso que nosotros estamos botando como harina de pescado, en circunstancias de que es el alimento del futuro.
También hay problemas gravísimos de conversión, señor Presidente.
No existe nada más aberrante que sacar los peces y transformarlos en harina de pescado; dar esta a los pollos, a los chanchos, a las vacas, y después comer los productos extraídos de estos animales.
Hay problemas de conversión dramáticos, que constituyen una vergüenza.
Les quiero dar un ejemplo.
Para alimentarse cada año, un hombre necesita 300 truchas; estas 300 truchas requieren 90 mil ranas; estas 90 mil ranas precisan 27 millones de pequeños saltamontes, y estos 27 millones de pequeños saltamontes deben comer 1.000 toneladas de pasto.
Esa es la conversión.
¡No se puede seguir avanzando en medio de una conversión brutal!
Para tener un kilo de carne de vacuno necesitamos 10 kilos de granos. O sea, la conversión es casi 1.000 por ciento negativa. Solo se aprovecha 11 por ciento.
En función de una captura con destino humano, no podemos seguir destruyendo el recurso más valioso que tiene Chile, que serviría para alimentar a parte importante de nuestros habitantes y a un número significativo de ciudadanos de otros países.
Lo que he señalado es lo que hay que hacer, señor Presidente. Lo otro es perder valor agregado, es perder desarrollo, es perder inteligencia, es perder nociones de futuro.
¡Hasta cuándo aceptamos eso!
Por lo tanto, ¿qué deberíamos establecer? Que cuando haya que distribuir las cuotas se asignen a quienes quieran darles un destino racional, a aquellos que deseen darles un destino de país, a los que tengan una visión de futuro, a los innovadores. Pero no las asignemos a quienes quieran hacer un negocio fácil, que genera poco empleo y que destruye el proyecto de desarrollo de nuestro país.
Hay muchos temas a los cuales debiéramos darles más profundidad, señor Presidente.
Si queremos de verdad que la ley en proyecto sea sustentable, debemos consignar una prohibición radical respecto a los métodos de pesca no sustentables.
¡La pesca de arrastre es un crimen que atenta contra los ecosistemas! ¡No puede haber pesca de arrastre en una legislación que se dice sustentable! ¡No puede haber buques factoría pescando en las 200 millas!
En una iniciativa reputada de sustentable aquello no es admisible, porque se trata de elementos biocidas; de elementos que destruyen la ecología, las especies, las cuales se hallan concatenadas.
Con el Senador Prokurica presentamos un proyecto de ley, liderado por Su Señoría, que fomenta el repoblamiento de las algas, las cuales son base de la nutrición de los demás seres vivos que pueblan los mares.
Por consiguiente, todo está ligado. Si uno destruye los ecosistemas destruye su fuente de trabajo.
Yo soy partidario de proteger la pesca artesanal porque tiene que ver con un aspecto cultural: es la más sustentable; la que aprovecha mejores recursos; la vinculada justamente con las costumbres, con los usos, con la forma de vida de las Regiones.
Entonces, si eso es así, deben contemplarse criterios absolutos de prohibición en las cinco primeras millas. De lo contrario, mediante cualquier subterfugio se van a violar las normas pertinentes.
También deseo plantear acá, señor Presidente, la trasformación de las áreas de manejo -ellas son una forma, yo diría, absolutamente innovadora de tener una zonificación del territorio marino para un uso sustentable- en áreas protegidas y, además, con una zona de amortiguación. Porque hoy día los puertos, las termoeléctricas, en fin, están destruyendo un patrimonio del futuro.
Ahora, la iniciativa en debate adolece de un problema fundamental.
Me explico.
Más allá de la discusión del articulado, que considero meritorio, debo hacer presente la existencia de un elemento insoslayable: desde mi punto de vista, en la ley en proyecto no se cumple con la obligación que le impone a nuestro país el Convenio 169 de la OIT.
Algunos dirán "No importa".
A mí los pueblos originarios me importan. Se hallan inmersos, tal vez, en el principal conflicto pendiente que tiene Chile, país que ha discriminado, que ha postergado, que quiere negar a una parte de la sociedad...

El señor MUÑOZ ABURTO (Presidente accidental).- Perdón, señor Senador, pero concluyó su tiempo.
Su Señoría dispone de un minuto adicional.

El señor GIRARDI.- Muchas gracias.
En consecuencia, señor Presidente, para mí, una ley que no da cuenta de la obligación de consultar a las comunidades indígenas respecto a toda medida legislativa susceptible de afectarlas tiene un "pendiente" de fondo: la deuda -quizá la más grande- de la sociedad chilena para con los pueblos originarios.
Tal vez en lo que no ha habido Comisión de Verdad, Justicia y Reparación es en lo concerniente a los crímenes que nuestra comunidad ha cometido contra los pueblos originarios.
Solo quiero recordar que a finales del siglo XIX había cerca de diez mil onas en los territorios de la Patagonia en Punta Arenas. Veinte años después, todos habían sido asesinados y se pagaba por los testículos y las orejas de los niños de dicha etnia.
¡Esa parte de la historia de Chile no se halla presente en esta iniciativa!
No digo que esto sea igual. Pero, evidentemente, se trata de un problema heredado, cuya solución debemos empezar a enfrentar incorporando para la aprobación de los proyectos de esta naturaleza lo que dispone el Convenio Nº 169 de la OIT.

El señor MUÑOZ ABURTO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en Derecho Público uno se pronuncia sobre lo que se encuentra establecido.
Yo voy a votar en contra de la ley en proyecto porque discrepo de lo consignado en su texto.
Ayer escuché con mucha atención al señor Ministro de Economía, quien tuvo todo el tiempo disponible para intervenir pero no resolvió ninguna de las cuestiones que hemos planteado durante el debate. Eludió pronunciarse sobre ellas.
Respecto al dominio sobre la riqueza existente en el mar no dijo una palabra. En consecuencia, todo el esfuerzo que hicieron nuestros abogados y nuestros asesores para buscar un texto que pudiese generar un acuerdo fue tiempo perdido. El Ejecutivo nada ha expresado con relación a esa materia.
En lo referente a las concesiones indefinidas, no podemos suscribir una ley que les permita a los armadores del sector industrial obtener licitaciones por tiempo indeterminado. El Ministro tampoco dijo ni una sola palabra sobre el particular.
No cabe ninguna duda de que aquello atenta no solo contra los intereses de la pesca artesanal, sino también contra los de los trabajadores del sector industrial, por cuanto entregar a perpetuidad los derechos de explotación induce al parasitismo, al control monopólico, a la burla de los derechos laborales.
¿Qué otro abuso podría cometer un armador industrial si el Estado le entrega a perpetuidad el control de las concesiones de explotación a través de los ahora llamados "límites máximos de captura"? El señor Ministro ayer no dijo ni una sola palabra acerca de este punto.
Señor Presidente, con la mejor intención he seguido las conversaciones que sostuvo con el Ejecutivo el representante del Instituto Igualdad, del Partido Socialista. Este personero estaba muy esperanzado de llegar a acuerdo; valoro el trabajo que realizó. Lamentablemente, el señor Ministro eludió referirse a todos los temas expuestos, que son de fondo.
Por lo tanto, no podemos sino pronunciarnos sobre lo que se halla establecido en esta iniciativa.
En su momento le entregué al antecesor del Ministro señor Longueira un conjunto de propuestas -recuerdo que incluso, cuando las di a conocer en un debate anterior sobre la pesca artesanal, la Sala del Senado las hizo suyas por unanimidad- referentes a la obligación de aprobar un aporte fiscal para establecer un seguro de vida de verdad en el caso de los trabajadores de la pesca artesanal.
Eso no se encuentra contemplado.
Reconozco que el Subsecretario señor Galilea hizo un esfuerzo en torno a la mencionada materia mediante un convenio con el Banco del Estado. Pero, a decir verdad, no es el seguro de vida de que estamos hablando. Yo propuse un seguro de vida que financiara efectivamente a las familias luego de las catástrofes registradas en el mar.
Espero que en el Ministerio de Economía al menos se haya guardado la documentación respectiva. La entregué por escrito y personalmente en dicha Secretaría de Estado.
Lo mismo dije en cuanto a la cotización previsional.
Se trata, señor Presidente, de personas que trabajan en el mar hasta los 75, 80 o más años, ya que no tienen posibilidad alguna de jubilar.
Propuse que el Estado hiciera un aporte, como cotización previsional, en sus cuentas personales con el propósito de generar condiciones de retiro; o bien, buscar un mecanismo -mejor sería a través de una AFP estatal; pero esta no existe- que les posibilitara a los trabajadores del mar pensionarse anticipadamente, porque de lo contrario mueren en la indigencia.
El Ejecutivo tampoco se hizo cargo de aquello.
Uno de los problemas de la pesca artesanal estriba en que los hijos de tales trabajadores no pueden proseguir sus estudios: terminan la enseñanza media y deben laborar con sus papás.
No existe movilidad social en el sector de la pesca artesanal.
Sugerí que se generara un fondo de becas al objeto de que los futuros ingenieros y especialistas del sector fueran los propios hijos de los pescadores artesanales. Esta idea tampoco fue recogida.
Por otra parte, el tema indígena no se resuelve correctamente en el texto de esta iniciativa.
Señor Presidente, no se trata de tener mala voluntad. Uno propone ideas, pero, lamentablemente, no son recogidas.
Aquello conduce a que en determinado momento uno deba asumir su responsabilidad. Y, en este caso, no existe otra posibilidad que la de asumir mi responsabilidad como Senador de la Región de Los Lagos votando en contra de la ley en proyecto.
Señor Presidente, el ánimo con que uno inicia el debate, por cierto, es otro: buscar alternativas.
¡Hace más de un año que le remití mis propuestas al Ejecutivo! Por desgracia, nunca se ha hecho cargo de ellas.
Al mismo tiempo, quiero expresar que el mero establecimiento de una mesa de negociación donde se hacían presentes una representación del sector industrial y una del sector artesanal provocó, al menos en el caso de la Región de Los Lagos, una tremenda y lamentable división entre los trabajadores artesanales (la Comisión de Pesca del Senado fue testigo de ella cuando estuvo en Puerto Montt); y, obviamente, se generaron las condiciones para impedir que el sector artesanal llegara a un acuerdo.
Ahora bien, se ha manifestado en el curso de este debate que la pesca artesanal se divide en dos sectores: el de quienes tienen naves de hasta doce metros de eslora y el de que aquellos con embarcaciones de entre doce y dieciocho metros. Y se ha establecido una especie de satanización del segundo sector, a cuyos integrantes se los caracteriza como "semiindustriales" que se llevan la "tajada del león" en la extracción de las riquezas pesqueras.
Quiero dejar sentada mi opinión sobre la materia, señor Presidente, pues me gusta hacerme cargo de las posiciones que sustento.
Yo no veo por qué se sataniza a un sector que el día de mañana podría ser de pequeños o medianos productores industriales o, sencillamente, de industriales.
¿Por qué se debe satanizar al pequeño productor del sector artesanal?
Yo no comparto esa manera de pensar.
Lo que hemos de hacer, por cierto, es impulsar políticas focalizadas.
Si el grupo que tiene embarcaciones de hasta doce metros de eslora requiere políticas de mayor atención, ¡perfecto! Pero generémoslas. Propiciemos las condiciones para que pueda producir y lograr una plusvalía que le permita mejorar su capacidad para soportar una actividad económica sumamente difícil.
Y al sector cuyas naves oscilan entre 12 y 18 metros de eslora ¡no lo ahoguemos!
¿Por qué hacerlo?
Al final, la cuestión consiste en decir: "Voy a hacer política asistencial para quienes tienen embarcaciones de menos de 12 metros de eslora y le facilitaré las cosas al industrial porque él me garantiza más empleo".
¡Pero eso no es así, señor Presidente!
--(Aplausos en tribunas).
Acá estamos frente a la necesidad de generar una política que al conjunto de los actores económicos de la actividad pesquera les posibilite desarrollar un trabajo digno y entregar empleos decentes.
La ley en proyecto, señor Presidente, no garantiza la sobrevivencia del sector artesanal, pues no genera mecanismos que le permitan subsistir a largo plazo.
Por el peso que tiene el sector de la pesca artesanal en la Región de Los Lagos y porque sus intereses no se hallan debidamente cautelados en este proyecto, que, por el contrario, genera zozobra, incertidumbre, inseguridad en quienes lo conforman, yo no puedo hacer oídos sordos frente a una situación que afecta a miles de familias.
Por ese motivo, voto en contra.
--(Aplausos en tribunas).

El señor MUÑOZ ABURTO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, después de muchos años en que se efectuaron sucesivas modificaciones de carácter coyuntural a la Ley General de Pesca y Acuicultura, por fin se lleva a cabo una reforma integral de una normativa básica para una actividad productiva de suma relevancia en la economía nacional y que constituye un marco adecuado para regularla.
No obstante que se trata de la discusión general, quisiera detenerme en algunos aspectos de la iniciativa que nos ocupa y que se relacionan con la pesca artesanal, que es la que se lleva a cabo en mayor medida en la circunscripción que represento en el Hemiciclo.
En primer lugar, el proyecto establece, en su artículo 47, que las cinco millas reservadas a la pesca artesanal deben medirse desde las puntas más salientes de la costa,...
--(Aplausos y manifestaciones en tribunas).
... lo que, en nuestro concepto, constituye una innovación de gran importancia, ya que en la zona en que nos encontramos existen muchas caletas, de modo que no resulta equitativo hacer el cálculo desde las líneas de base normales.
En segundo término, se incorpora un artículo 47 bis que dispone que la primera milla correspondiente a la pesca artesanal quedará entregada a embarcaciones de una eslora inferior a 12 metros. Ello representa un gran avance, ya que muchos pescadores que explotan una de ellas podrán contar con una reserva para sus faenas extractivas. Si se permitiera, por excepción, la operación en el área de una de mayor tamaño, la autorización deberá contar con el acuerdo de los involucrados en la pesquería respectiva, y a falta de este podrá intervenir el Consejo Zonal pertinente, previo informe de la Subsecretaría de Pesca.
El artículo 50 C contiene una esperada noticia, cual es la obligación, para todos los pescadores artesanales y buzos menores de 65 años, de contar con un seguro contra riesgo de muerte accidental e invalidez.
La modificación, de gran trascendencia, recoge lo propuesto en tal sentido por una moción que presentamos el 19 de julio de 2011 con los Senadores señores Sabag y Bianchi, la cual se encuentra en el boletín 7764-03. Felicito al Gobierno por introducir una norma tan necesaria.
Otra medida significativa dice relación también con una antigua aspiración de los pescadores artesanales: el Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal -el "INDAP pesquero"-, que va a establecer las condiciones en cuanto a la capacitación y los recursos que requiere el desarrollo de la actividad.
Además, se fortalece el SERNAPESCA, para los efectos del control y de la fiscalización, así como también la institucionalidad, en relación con la autonomía para tomar decisiones sobre la base de criterios técnicos y científicos.
Cabe mencionar, asimismo, la mayor autonomía para el Instituto de Fomento Pesquero, al igual que lo relativo al repoblamiento de algas y, en definitiva, a la dictación de una norma legal tendiente a asegurar la sustentabilidad de esas especies marinas.
Quiero hacerme cargo igualmente de algunos aspectos mencionados en el Hemiciclo. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con lo planteado por mi Honorable colega Hernán Larraín respecto del traspaso de los registros históricos, lo que se ha sufrido justamente en el norte, el centro y el sur de la Quinta Región.
Deseo consignar que voy a defender aquellos correspondientes a los pescadores artesanales de esta última,...
--(Aplausos en tribunas).
... con quienes hemos instalado una mesa de diálogo. Hemos estado trabajando con Eduardo Quiroz, Zoila Bustamante y Miguel Ángel Hernández.
Y vamos a estudiar también indicaciones al proyecto en debate. Estimamos muy relevante escuchar a ese sector durante la discusión de una iniciativa legal tendiente a asegurar, en el largo aliento, la sustentabilidad de los recursos.
--(Manifestaciones en tribunas).
Por lo mismo, hago presente que, en la defensa de los intereses de los pescadores artesanales de mi circunscripción, voy a ser tajante en sostener que los registros históricos deben prevalecer sobre los traspasos efectuados en años anteriores respecto de la Séptima Región y que han afectado la dignidad y sustentabilidad de los primeros.
He dicho.
--(Aplausos y manifestaciones en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Ruego al público mantener silencio.
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.

El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, estimados colegas, el proyecto de modificación de la Ley de Pesca...
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Ruego al público mantener silencio.
Puede continuar, Su Señoría.

El señor MUÑOZ ABURTO.- ... contiene disposiciones que afectan muy gravemente a los pescadores artesanales y a los recursos del mar. Es muy importante, por ello, clarificar qué se halla en juego y tratar de hacerlo comprensible para todos.
Como esos trabajadores lo recuerdan, hace no tantas décadas había en Chile un régimen de pesca libre y los recursos abundaban, de modo que quien lo quería podía extraerlos. La explotación intensiva empezó a agotarlos. Ello obligó a establecer, en los años noventa, la denominada "cuota global", o sea, un máximo anual por especie dividido en dos partes: una artesanal y otra industrial.
¿Qué ocurrió? Que cada operador industrial salía a capturar todo lo que podía en el menor tiempo posible. A ello se le denominó "carrera olímpica". Ese régimen llevaba a una sobreexplotación, implicaba el aumento de la flota de las empresas y generaba inestabilidad en el empleo.
En el año 2000, ante el colapso especialmente del jurel, se propuso un nuevo sistema: dividir la cuota global anual industrial en partes individuales. Se pensó que si cada uno tenía asegurada su porción no necesitaría salir a pescarla tan rápido. Se dosificaría, entonces, el esfuerzo, las industrias ahorrarían dinero y el empleo sería más estable.
Habiéndose probado ese mecanismo durante dos años, se planteó extenderlo por diez más.
Quienes integrábamos el Congreso tenemos presente que en dicha ocasión se expuso que ello era la salvación de la pesca. Se llenaron las tribunas y las calles cercanas con trabajadores de la industria para afirmar que, de no mediar la aprobación, las pesquerías y la actividad colapsarían y tendrían lugar despidos, los cuales, lamentablemente, se verificaron.
Algunos nos opusimos, por entender que la asignación de cuotas individuales era, de alguna manera, entregarles a privados bienes de todos los chilenos. Destacamos, además, que ello no iba a resolver los problemas.
La historia nos dio la razón, por desgracia.
Diez años después, la captura del jurel, por ejemplo, que era el ícono del problema en el año 2000, ha caído de un millón 400 mil toneladas en 2002 a cerca de 200 mil en el año en curso.
La actividad, en general, se encuentra deteriorada y la "carrera olímpica" regresó. Y lo hizo por la sencilla razón que hay más peces en las resoluciones de la Subpesca que en el mar. Entonces, es preciso salir a capturar lo que sea posible antes de que se agote.
Sin embargo, ahora que el mecanismo va a terminar, el Gobierno propone extenderlo, ya no por una década, sino indefinidamente, aunque en este momento se señala que serían 25 años prorrogables.
¿Por qué continuar con un sistema que fracasó claramente?
Hay un paciente moribundo y el equipo médico plantea la aplicación de una mayor dosis de la misma medicina que lo está llevando a la muerte. Eso es el proyecto de Ley de Pesca.
Todo ello, por mantener el negocio de unos pocos, quienes han lucrado abusivamente con bienes de todos los chilenos, hasta casi extinguirlos.
Se trata de un grave error, por las razones que enumeraré.
Primero, porque no median avances para la pesca artesanal. El fraccionamiento y el acceso a las pesquerías siguen siendo insuficientes.
No se protegen los caladeros históricos ni se frena claramente el arrastre. Tampoco hay respuestas sobre las pesquerías finas.
Segundo, porque tampoco se observan avances sustantivos sobre el estatuto de los tripulantes de embarcaciones artesanales ni se contempla una plataforma social suficiente para los desplazados de la industria.
Seguimos con un Fondo que no contiene beneficios claros y en el que muchas compensaciones quedan al arbitrio del Gobierno de turno.
Tercero, porque no se asegura un estatuto jurídico de los recursos pesqueros.
Las pesquerías son de todos los chilenos y se habilita para la captura sobre la base de un sistema de autorizaciones y permisos esencialmente temporales y revocables, según los intereses del país. Eso debe quedar meridianamente claro.
Cuarto, porque se insiste en el sistema de cuotas, a las que unos pocos nos opusimos en 2002 y que llevaron al colapso de las pesquerías.
Las cuotas indefinidas o los 25 años prorrogables son un exceso. Si vuelven a fracasar, no habrá tiempo para una nueva ley. Otro error será el fin de la pesca en Chile.
No puede pretenderse una duración de más de diez años para cualquier norma que surja, por la sencilla razón de que el estado en que se encuentran las pesquerías requiere una evaluación de sus resultados.
Quinto, porque se mantiene y se agudizará la concentración de la industria pesquera en unas cuantas familias, sin establecerse límites ni flexibilizarse las rígidas barreras de entrada a la actividad.
Este mecanismo no es sostenible. No puede ser que haya empresas que concentren más del 50 por ciento de una pesquería y no se haga nada.
Lo más curioso es que los mismos que hacen referencia siempre a la competencia y al libre mercado se dan ahora una vuelta de carnero, digna de medalla de oro, para argumentar en favor de la concentración y de las economías a escala.
Sexto, porque se entregan casi gratuitamente los recursos pesqueros del país, atendido el hecho de que el nivel de patentes y derechos de explotación propuestos es insignificante, en comparación con las utilidades obtenidas.
Séptimo, porque, pese a los avances que significa el restarles poder decisorio a los consejos y el haber desechado el panel de expertos, persiste un esquema que favorece la presión de los interesados y la incidencia del Gobierno de turno.
Si queremos realmente sustentabilidad y un rol de la ciencia, forjemos una institucionalidad completamente aislada que entregue una propuesta que deba ser asumida por el Ejecutivo.
Octavo, porque no se aseguran aún los recursos para el desarrollo de una investigación pesquera pública de calidad e independiente.
Deben existir aportes basales fijos para el Instituto de Fomento Pesquero y líneas investigativas permanentes de acuerdo con los intereses y objetivos del Estado.
Noveno, porque no se garantiza una adecuada fiscalización, con sanciones eficaces y ejemplarizadoras.
Sabemos que muchas empresas pagan las multas y siguen depredando nuestros mares, obteniendo beneficios ilegítimos.
Esto no puede seguir.
Requerimos un esquema de sanciones que parta con multas elevadas y conduzca a la caducidad en forma rápida si se siguen vulnerando las normas.
Décimo, porque no se considera a los pueblos originarios, muchos de los cuales han explotado ancestralmente los recursos del mar.
Tampoco se ha cumplido con el Convenio 169 de la OIT. Nadie puede pretender que un par de audiencias de la Comisión de Pesca sean el marco adecuado para expresar una opinión fundada sobre un tema tan relevante. Así las cosas, el proyecto queda expuesto a los tribunales nacionales e internacionales.
Señor Presidente, estimados colegas, como lo expresaron varias organizaciones a las que escuchamos en la zona austral con la Comisión de Pesca, el proyecto solo sirve a unos pocos, perjudica al sector artesanal y pone en riesgo el patrimonio nacional. Por eso, votaré en contra.
Sin embargo, no soy un irresponsable que quiere volver a la "carrera olímpica" y hacer colapsar la industria y las fuentes de empleo o generar inestabilidad, sin soluciones. Junto con algunos señores Senadores hemos propuesto una fórmula intermedia, que es la de prorrogar el actual sistema por dos años o por lo que el Ejecutivo quiera, a la espera de analizar una iniciativa que asegure la sustentabilidad, que contenga un reforzamiento institucional adecuado, que compatibilice los intereses de todos los sectores y que resguarde a los pueblos originarios.
Estoy cierto de que podremos hacerlo si contamos con el tiempo necesario y con la voluntad y decisión política del Gobierno.
He dicho.
--(Manifestaciones y aplausos en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Le ruego al público mantener silencio.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.- Señor Presidente, seré muy breve.
En primer lugar, deseo referirme a la petición que se formuló con el objeto de que me inhabilitara en relación con el proyecto por el hecho de tener una participación minoritaria en una sociedad exportadora de productos del mar.
Quiero consignar, en forma categórica, que no me siento inhabilitado para nada. La realidad es que la iniciativa se vincula, fundamentalmente, con la extracción de productos del mar y no con su comercialización.
En segundo término, debo precisar que el 90 o más por ciento de las actividades de dicha empresa se vinculan con la exportación de salmón. No he observado ninguna norma del proyecto que me lleve a sentirme inhabilitado.
No obstante lo anterior, voy a profundizar acerca de las normas generales sobre el particular.
Creo que la Constitución y la ley son muy claras en cuanto a los aspectos que dicen relación con la profesión, actividad o industria de que se trate. En ese sentido, los parlamentarios no estamos inhabilitados para pronunciarnos sobre asuntos de interés general. Si no, nadie podría votar sobre contribuciones de bienes raíces, porque el 90 o 95 por ciento de nosotros somos propietarios de inmuebles. Tampoco podríamos discutir un proyecto de ley de impuestos, porque todos los presentes en la Sala los pagamos. Y no podríamos participar en la discusión del Presupuesto, por hallarse involucradas, desde luego, una cantidad de materias que afectan a las actividades profesionales de cada uno.
Desde ese punto de vista, me parece que el informe de la Comisión de Constitución de 2002 es muy claro e ilustrativo en cuanto a que los parlamentarios podemos pronunciarnos en relación con temas de interés general, lo que juzgo, además, nuestra obligación.
Ese mismo texto expresa que sería preciso considerar en la discusión particular si el interés personal o directo pudiera ser tan importante como para preponderar sobre la norma misma. Es una advertencia que habrá que tener presente en ese momento.
Y expongo el punto, señor Presidente, porque a lo largo del debate he visto que acá todo el mundo defiende intereses particulares. Lo ha hecho cada una de las personas que han asistido a las Comisiones y los Senadores al velar por la Región que representan.
A mi juicio, es tan importante hacer una reflexión sobre la independencia que debe mantener un parlamentario en razón de intereses económicos como respecto de la que debe asistirlo con relación a los de un gremio o una zona determinada. Porque la realidad es que si bien somos elegidos representantes de una Región, nuestra función es la de ser Senadores de la República; es la de preocuparnos del interés de todo el país. Y tenemos que hacer un esfuerzo para que en este último caso y en la legítima defensa de los intereses regionales prime en nuestra decisión el de carácter general.
Por eso, señor Presidente, declaro, en primer lugar, que no estoy inhabilitado para pronunciarme.
En segundo término, anuncio que voy a votar a favor del proyecto.
Solo deseo hacer una breve reflexión sobre el tiempo de discusión. La iniciativa ingresó al Congreso el 14 de diciembre de 2011, vale decir, un año antes del vencimiento de la ley. Se ha dicho que desde hace diez años sabemos que esto último va a suceder. En efecto, ello ha estado en conocimiento tanto del Gobierno como de nosotros. Creo que nadie, entonces, fue sorprendido hace un año con la presentación del proyecto.
No es culpa del Ejecutivo lo que demoró el trámite en la Cámara de Diputados. Considero que en el Senado tenemos la obligación de despachar el asunto. Me parece que tenemos tiempo suficiente para discutir -quedan por lo menos dos meses y medio-,...
--(Aplausos en tribunas).
... y creo que respecto de esta materia ya todos nos hemos formado una opinión. Hemos tenido diez años para ver cómo funciona el sistema. Sabemos que el anterior fue nefasto para el país. Probablemente, el vigente también ha presentado problemas. Pero nadie puede decir que no hemos tenido el tiempo suficiente para madurar cómo defender mejor los intereses del país y cómo conservar una actividad fundamental para nuestro desarrollo tanto actual como futuro.
Por eso, señor Presidente, apruebo la idea de legislar.
--(Aplausos en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra a la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, he escuchado atentamente el debate, el cual considero trascendente para el país. La verdad es que, efectivamente, hubiese preferido más tiempo para el Senado. Lo tuvo la Cámara de Diputados. Y lamento que a nosotros se nos ponga cierta presión con el hecho de que el plazo vence el 31 de diciembre. Me parece que es un tema demasiado importante, que afecta a numerosos actores, y la realidad actual es absolutamente insatisfactoria.
Creo, señor Presidente, que nadie en esta Sala podría defender la situación vigente, como tampoco la "carrera olímpica" que teníamos y el mecanismo por el cual fue reemplazada.
No es saludable para un país como Chile, que por décadas fue, de alguna manera, una potencia en explotación pesquera, el que hoy tengamos que observar un proceso de concentración -prácticamente, cuatro a seis familias controlan el 96 por ciento de la actividad- y un proceso de sobreexplotación, con riesgo absoluto de captura. El año 2001 -aquí se ha mencionado- el jurel, por ejemplo, llegaba a un millón 400 mil toneladas. Para el 2012, probablemente no alcance las 300 mil. Y así, suma y sigue el riesgo de extinción de varias pesquerías.
Por eso, es imposible que nos sintamos satisfechos en esta Sala, más aún cuando tendría que primar el criterio de la sustentabilidad, cuando debiera pensarse siempre que, más allá de lo inmediato, siempre habrá futuras generaciones, y que no podemos sacrificar, por las necesidades de hoy, lo que se debe asegurar para el futuro de esas nuevas generaciones.
--(Aplausos en tribunas).
Y me temo que no necesariamente ha existido esa mirada.
Duele también ver cómo nuestros recursos se queman por toneladas para producir harina de pescado, a la que no le agregamos valor, y que este recurso no se destina al consumo humano. Aquí se han dado cifras que hablan del bajo consumo humano y de cuánta falta nos hace. Ojalá tuviésemos otra cultura y nuestros compatriotas consumieran muchísimos más kilos por persona de lo que se observa hoy. Pero también -repito- se relaciona con el valor.
Entonces, señor Presidente, existe esta concentración, esta sobreexplotación. Además, la realidad muestra que nuestros trabajadores -fundamentalmente los pescadores artesanales- no tienen garantizado un seguro de vida, un seguro contra accidentes, un seguro de verdad, y no hay...
--(Manifestaciones en tribunas).
... condiciones para que se desarrollen con la dignidad que debieran. Y el proyecto no considera una plataforma social indispensable, porque hay una deuda. No podemos seguir permitiendo que muchos de estos trabajadores no puedan retirarse a tiempo, o que se retiren sin tener nada tras de sí, o que sus hijos no logren avanzar efectivamente hacia la educación, por no contar con los recursos suficientes.
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Silencio, por favor!

La señora ALLENDE.- Algunos sufren accidentes y dependen de si existe o no un hospital con la posibilidad de atenderlos.
Por eso, señor Presidente -y se lo digo a todos-, creo que la situación actual no puede seguir arrastrándose más. Tenemos que cambiarla. Sin embargo, hay muchos elementos de este proyecto que me parecen absolutamente insatisfactorios y que en la discusión particular habrá que corregir.
Voy a aprobar la iniciativa solamente en general, señor Presidente, para permitir una apertura al debate, las reflexiones y los cambios. No lo haría si no tuviera la convicción de que será así. Y si no lo fuera, votaré en contra en la discusión particular, aun cuando espero presentar suficientes indicaciones en la línea de lo que consideramos justo.
Los recursos son de todos los chilenos y el Estado tiene la obligación de preservar efectivamente lo que se nos entrega. Pero quiero decirle, señor Presidente, que si el sistema no ha funcionado hasta ahora y existe una sobreexplotación, es porque, entre otras cosas, sabemos que se hace caso omiso de la opinión técnica. Ahora supuestamente estamos garantizando comités científico-técnicos que de verdad actuarán con autonomía. Yo espero que esta autonomía se haga sentir y que la opinión técnica sea vinculante. Si no es así, lo único que vamos a hacer es repetir lo que aquí ha ocurrido, o sea, la sobreexplotación y, al final, esto será pan para hoy y hambre para mañana.
Creo que nuestro sentido de responsabilidad nos obliga a buscar las mejores condiciones para equilibrar lo que debe ser un recurso sustentable para el país, y para que los pescadores que trabajan con dicho recurso y dependen de él tengan dignidad en su vida, así como la posibilidad efectiva de retirarse en condiciones decorosas.
Por eso, señor Presidente, considero indispensable mejorar el actual mecanismo de administración. Y no estoy de acuerdo con que se entreguen concesiones a 25 años, porque me parece que eso no garantiza la entrada de nuevos actores ni tampoco la facultad de revocarlas si se cometen equivocaciones o errores, como ha ocurrido hasta ahora.
¿Qué garantía tendríamos si la industria no ha sido responsable y ha sobreexplotado el recurso?
Sí lo han sido, en mi opinión, los pescadores artesanales. En la Región de Atacama no tenemos pesca industrial. Pero les quiero decir una cosa: sí hay jurel, sí hay anchoveta. Y debo reconocer que allí ha existido un sentido de responsabilidad que probablemente no puede exhibir la pesca industrial de otras Regiones. Eso se debe a los pescadores artesanales, que son los que trabajan las pesquerías.
Espero que podamos defender el que se siga actuando con un cierto sentido de sustentabilidad y de responsabilidad a la hora de proteger nuestros recursos.
Señor Presidente, quiero decirle, francamente, que el proyecto aún contiene muchos elementos insatisfactorios. Confío en que en las conversaciones iniciadas por el Ministro -no en la Mesa, sino con los técnicos, que los ha habido y los mencionaba el Presidente del Senado- se seguirá avanzando. Entiendo que hay un principio de borrador, que recoge casi el 70 por ciento de nuestras inquietudes, empezando por la definición del estatuto jurídico de los recursos hidrobiológicos, que no puede ser sino una sola: que estos nos pertenecen a las chilenas y los chilenos y que el Estado, por lo tanto, tiene la obligación de regularlos y administrarlos.
Espero que se siga avanzando en ese borrador. Hay un compromiso de palabra que debe traducirse en un texto escrito, buscando el bien común, lo que sea positivo para el país, y sobre todo pensando en las futuras generaciones, a las que no tenemos derecho a sacrificar ahora.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, solamente deseo complementar lo que señalé en el día de ayer.
La Comisión de Pesca ha sostenido, y sigue sosteniendo, una cantidad importante de reuniones. Hoy escuchamos a algunas organizaciones ambientalistas y a los pescadores de las Regiones de Coquimbo y de Atacama. Desde luego, el compromiso es también ir a visitarlos, porque, por las estrechas condiciones de tiempo y espacio, no todos pueden concurrir a Valparaíso o a Santiago.
De todos estos trabajos en terreno, más los que hemos recibido en la Comisión, se ha elaborado una base de acuerdo que comprende alrededor de veinte puntos que, por petición del propio Ministro de Economía, tuvimos la oportunidad de revisar acuciosamente en La Moneda con el Presidente de la República, en su estilo. Como anécdota, puedo contar que me recibió en su despacho diciéndome: "Senador Horvath, usted es muy llevado de sus ideas". Pero inmediatamente agregó, para romper el hielo: "Yo también". Y entramos en el detalle de cada uno de esos puntos, de los cuales más del 75 por ciento ya está acordado.
Algunos son temas delicados.
Por ejemplo, no se puede entregar licencias de pesca a perpetuidad y consagrar que los tataratataranietos de los actuales dueños de las empresas, que pueden estar más concentradas aún en el futuro, sean los que sigan a cargo de esta materia.
Por eso, hay que abrirse a las licitaciones, y no solamente con la fórmula del rendimiento máximo sostenible, a través de un porcentaje de él, probablemente con los puntos biológicos de referencia en 3 años más, sino también con la de un porcentaje mínimo. Nosotros hemos planteado 15 a 20 por ciento a todo evento.
Otro punto bien importante dice relación con la necesidad de empoderar a los pescadores artesanales -lo señalamos ayer- a través de una plataforma social; de las cinco millas de reserva artesanal; del mar interior de toda la zona austral, y de todo lo comprometido en materia de creación del Instituto de Desarrollo para la Pesca Artesanal, más distintas fórmulas de participación que reflejan la diversidad de nuestro país.
Se plantea, asimismo, una plataforma social para los trabajadores del sector industrial, tanto de planta como de naves especiales. Hablamos de programas de capacitación, de reinserción laboral y de la generación de una mesa de trabajo, comprometida por la propia Comisión de Trabajo de nuestra Corporación, en conjunto con las Subsecretarías de Pesca y del Trabajo, para ver las condiciones en que ellos laboran y generar procesos que incluyan el acceso a previsión, salud, jubilación, reconocimiento de enfermedades profesionales.
También se halla lo tocante a integrar al sector pesquero a una estrategia nacional de seguridad alimentaria.
Se ha logrado avanzar con el Gobierno en un compromiso para establecer facultades con el fin de privilegiar el destino de los recursos marinos al consumo humano.
Señor Presidente, quisiera destacar, además, el trabajo realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional en la elaboración de un documento bastante didáctico, de poco más de 40 páginas, en el cual se hace una reseña histórica de la actividad pesquera en nuestro país, de la generación de las instituciones y de las distintas leyes.
Eso es muy importante. Porque leer una ley o un comparado resulta bastante difícil. Sin embargo, al revisar dicho trabajo -es un borrador; nadie es dueño de la verdad-, uno se da cuenta de que simplifica mucho el entender nuestra diversidad y la posibilidad de llegar a acuerdos en esta materia.
En tal sentido, queremos darles los créditos al ingeniero pesquero don Leonardo Arancibia y a la antropóloga señora Francisca Greene, ambos de la Biblioteca del Congreso Nacional.
También resaltamos la labor realizada por la Secretaria de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, señora Magdalena Palumbo, y el abogado ayudante señor Leonel Figueroa.
Ahora bien, el Gobierno, desde luego, está tratando de lograr acuerdos para contar con los votos necesarios a efectos de aprobar el proyecto. Pero la intención no solo es aprobar la idea de legislar, sino también el crear una base de acuerdo.
No sacamos nada con despachar en general una iniciativa que el día de mañana, cuando se vote en particular, se pierda por uno o dos votos. Porque eso significará mantener la polémica, la discusión, la polarización indefinidamente hacia delante.
Tenemos los argumentos, las fórmulas legislativas y los compromisos del Gobierno para empoderar la institucionalidad pública y la investigación, a fin de que lo planteado se cumpla.
Señor Presidente, quisiera ratificar que si no votamos a favor de la idea de legislar de esta iniciativa y no reformamos la Ley General de Pesca y Acuicultura de aquí al 31 de diciembre de este año, correrá la normativa que mencionamos en la sesión de ayer, de 1991, que generó la "carrera olímpica".
Pero también deseo señalar que no podemos permitir lo sucedido anoche, a las 21, cuando un ingeniero pesquero que nos asesora en la Comisión fue agredido brutalmente en las puertas de esta Corporación por gente que está en contra de la licitación.
Creemos que esa no es la manera en que debemos comportarnos en nuestro país. Y por ello, le pedimos al Senado que se haga parte en la investigación de los hechos que denuncio.

El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Cómo vota, Su Señoría?
El señor HORVATH.- A favor, señor Presidente.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor y 9 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa la señora Rincón y los señores Bianchi, Escalona, Girardi, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Quintana y Tuma.

El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijará plazo para formular indicaciones hasta el lunes 29 del mes en curso, a las 12.
--Así se acuerda.


La señora ALLENDE.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, cuando intervine señalé cómo iba a votar. Y le pido que quede registrada mi votación, porque yo no tengo dos conductas. En esa ocasión dije que me pronunciaría a favor solo porque se trataba de la idea de legislar, y que en la discusión particular vería las condiciones que se presentaran.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se dejará constancia de su intención de voto favorable, señora Senadora.
Se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor CANTERO:
A los señores Secretarios Ministeriales de Justicia y de Salud de la Segunda Región y al señor Director del Servicio de Salud Regional de Antofagasta, solicitándoles MEDIDAS ANTE HACINAMIENTO Y FALTA DE SEGURIDAD EN UNIDAD DE SIQUIATRÍA DE HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA y a los señores Secretarios Ministeriales de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales de la Segunda Región, pidiéndoles PRONTA SOLUCIÓN A FALTA DE VIVIENDAS EN COMUNA DE TALTAL.
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--Se levantó la sesión a las 19:49.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción