REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 360ª
Sesión 89ª, en miércoles 19 de diciembre de 2012
Ordinaria
(De 16:19 a 20:13)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES CAMILO ESCALONA MEDINA, PRESIDENTE;
ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, VICEPRESIDENTE; JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA Y FRANCISCO CHAHUÁN CHAHUÁN, PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Felipe Larraín Bascuñán; Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau; de Justicia, señora Patricia Pérez Goldberg y del Medio Ambiente, señora María Ignacia Benítez Pereira.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión
.
III. CUENTA

El señor ESCALONA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cinco de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la urgencia para el despacho del proyecto de ley que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales (boletín N° 7.328-03).
--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto de la tramitación de las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y que perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo (boletín N° 8.324-03).

2.- Proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior (boletín Nº 8.041-04).

3.- Proyecto de ley que crea el Ministerio del Deporte (boletín Nº 8.085-29).

4.- Proyecto que modifica la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales, contenida en el artículo 8° de la ley N° 18.985 (boletín Nº 7.761-24).

5.- Proyecto que modifica la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros en materia de plantas (boletín Nº 8.662-05).

6.- Proyecto de ley sobre probidad en la función pública (boletín Nº 7.616-06).

7.- Proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados (boletines Nos 5.917-18 y 7.007-18, refundidos).

8.- Proyecto de ley que introduce mejoras en el régimen del personal del Servicio Médico Legal (boletín Nº 8.129-07).

9.- Proyecto que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia (boletín Nº 8.207-07).

10.- Proyecto de ley que autoriza la publicación en medios electrónicos de actos que deban ser publicados en periódicos de circulación nacional, regional o local (boletín Nº 8.314-07).

11.- Proyecto de ley que ajusta normas del Estatuto del Personal de Gendarmería de Chile en materia de requisitos de ingreso y de promoción de cargos en las Plantas de Oficiales Penitenciarios y de Suboficiales y Gendarmes (boletín N° 8.563-07).

12.- Proyecto de ley que crea la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones (boletín N° 7.829-13).

13.- Proyecto de ley que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores de casa particular, y prohíbe el uso de uniformes a trabajadoras de casa particular (boletines Nos 8.292-13, 7.807-13 y 7.675-13, refundidos).

14.- Proyecto que establece la quiebra como causal de término del contrato de trabajo y adecua normas de otras leyes (boletín Nº 8.492-13).

15.- Proyecto que modifica la ley N° 20.378, que crea un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros, con el fin de incrementar los recursos del subsidio y establecer el fondo de apoyo regional (FAR) (boletín N° 8.289-15).

16.- Proyecto que modifica la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (boletín Nº 8.329-15).

17.- Proyecto que incorpora en el artículo 78 de la ley N° 18.290, de Tránsito, requisitos para el uso de chaleco reflectante (boletín N° 8.348-15).
Con el cuarto retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", para el despacho de los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley que regula la venta y arriendo de videojuegos excesivamente violentos a menores de 18 años y exige control parental a consolas (boletín N° 5.579-03).

2.- Proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (boletín N° 7.963-06).

3.- Proyecto de ley que aumenta la penalidad de las lesiones causadas a periodistas en el ejercicio de sus funciones (boletín N° 7.326-07).

4.- Proyecto que modifica diversos artículos de la ley N° 19.327, de Violencia en los Estadios (boletines Nos 5.877-07, 6.205-25, 7.251-07, 7.509-07, 7.718-25, 7.600-25, 7.721-25, 6.055-25, 6.175-25, 6.210-25, 7.229-07, 7.603-25 y 7.741-25, refundidos).

5.- Proyecto de ley que modifica normas en materia de nulidad del reconocimiento de la paternidad por vicios del consentimiento (boletín Nº 7.650-18).

6.- Proyecto de ley respecto de comunicación de órdenes de apremio en juicios de alimentos (boletín N° 7.765-07).

7.- Proyecto de ley que agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores de edad (boletín Nº 8.677-07).

8.- Proyecto de ley que regula la carretera eléctrica (boletín N° 8.566-08).

9.- Proyecto de ley que crea y destina recursos para el Fondo de Desarrollo del Norte y de las Comunas Mineras de Chile (boletín N° 8.272-08).

10.- Proyecto de ley que faculta a los directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derecho de aprovechamiento de aguas (boletín Nº 8.150-09).

11.- Proyecto de acuerdo aprobatorio del protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, adoptado el 6 de diciembre de 2005 (boletín N° 8.486-10).

12.- Proyecto que modifica ley N° 18.290, de Tránsito, a fin de incorporar en el certificado de inscripción el kilometraje registrado en el dispositivo y de sancionar a quienes lo adulteren (boletines Nos 7.559-15 y 7.565-15, refundidos).

13.- Proyecto de ley en materia de sanciones a vehículos impedidos de efectuar transporte público y de escolares (boletín N° 7.815-15).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el último formula observaciones al proyecto de ley sobre plebiscito y consultas de carácter comunal (boletín Nº 7.308-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Oficios
Seis de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que en el segundo trámite constitucional ha prestado su aprobación, con las enmiendas que señala, al proyecto de ley que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales (boletín N° 7.328-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Con el segundo comunica que aprobó la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de los productos agropecuarios (boletín N° 7.484-01) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para tabla.
Con los cuatro siguientes informa que aprobó los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio entre la República de Chile y Australia, para Evitar la Doble Imposición con Relación a los Impuestos a la Renta y a Beneficios Otorgados en Virtud de un Empleo, Fringe Benefits, y para Prevenir la Evasión Fiscal, y su Protocolo, suscritos en Santiago el 10 de marzo de 2010 (boletín N° 8.656-10) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.

2.- Proyecto de ley que posterga el reavalúo y prorroga los actuales avalúos de bienes raíces no agrícolas con destino habitacional, y reduce la periodicidad del reavalúo de los bienes raíces de las distintas series (boletín N° 8.725-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Hacienda.

3.- Proyecto de ley que permite la transferencia de la calidad de sostenedor de un establecimiento educacional, sin solución de continuidad (boletín N° 8.696-04) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

4.- Proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de cálculo del sueldo base para el personal a jornal de las Fuerzas Armadas (boletín N° 8.613-02).
--Pasa a las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda.
Del señor Presidente del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Pone en conocimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 92, inciso primero, letra b), e inciso cuarto de la Constitución Política de la República y en el artículo 16 de su ley orgánica constitucional, que con fecha 15 de marzo de 2013 cesarán en sus cargos los señores Marcelo Venegas Palacios y Gonzalo García Pino, los que fueron nombrados por esta Corporación, a propuesta de la Honorable Cámara de Diputados.
--Se toma conocimiento.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia autorizada de las resoluciones recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 227 del Código Procesal Penal.
--Se toma conocimiento y se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Moción
De los Senadores señores Bianchi, Horvath y Patricio Walker, con la que inician un proyecto que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar para ampliar las materias sobre las que debe pronunciarse la sentencia definitiva (boletín N° 8.739-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señor Navarro, señora Allende y señores Gómez, Muñoz Aburto, Pizarro, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que reconozca como contrato colectivo vinculante al "Protocolo de Acuerdo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público CUT Chile y organizaciones sindicales del Sector Público 2012"; asimismo, que se acate íntegramente el señalado Protocolo y que se reintegre a los trabajadores públicos desvinculados (boletín Nº S 1.544-12).
De los Senadores señores Patricio Walker, Chahuán, Coloma, Horvath, Hernán Larraín, Prokurica, Rossi e Ignacio Walker, con el fin de pedirle a Su Excelencia el Presidente de la República su intercesión ante el Gobierno de la República de Cuba para que autorice el viaje de la señora Rosa María Payá a Chile, donde cursará un diplomado universitario (boletín Nº S 1.545-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, en la Cuenta se deja constancia de que la Cámara de Diputados aprobó -aprovecho de decir que por unanimidad, por más de cien votos- la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de los productos agropecuarios.
Quedó una pequeña discrepancia con la Cámara de Diputados, referida al guarismo del margen de las multas, en cuanto al cambio de 50 a 75 UTM, y a que un poder notarial pase a ser poder simple.
En consecuencia, señor Presidente, le pido que, en vez de que quede para tabla, lo demos por aprobado por unanimidad. Estamos todos de acuerdo, y solo hubo una desarmonía menor con la Cámara de Diputados, que ya aprobó el informe de la Comisión Mixta.

El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se colocará la referida iniciativa en el primer lugar de la tabla de Fácil Despacho, porque, como es de quórum especial, se necesita registrar la votación.

El señor COLOMA.- Okay.
--Así se acuerda.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, solicito, por su intermedio, la unanimidad de la Corporación para que las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda puedan funcionar en paralelo con la Sala, de inmediato, a fin de estudiar el proyecto que aprueba el Convenio entre Chile y Australia que evita la doble tributación, que tiene "discusión inmediata".
Además, pido que se recabe autorización para que, después de finalizada esa discusión, la Comisión de Hacienda pueda analizar otra iniciativa, calificada con la misma urgencia, relacionada con la postergación del reavalúo de bienes raíces no agrícolas.
Lo anterior, de forma tal que ambas normativas, previos informes verbales, se puedan tratar y despachar hoy.

El señor ESCALONA (Presidente).- No hay acuerdo, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, debo informar que la Comisión de Hacienda ha suspendido su trabajo. Nos encontrábamos estudiando, conforme el mandato de ayer de la Sala, el proyecto de ley que posterga el reavalúo y prorroga los actuales avalúos de bienes raíces no agrícolas con destino habitacional, respecto del cual en la Cuenta de hoy se informó del oficio de la Cámara de Diputados sobre el particular.
Por lo tanto, solicito que se recabe el asentimiento para que la Comisión de Hacienda sesione en paralelo con la Sala para poder terminar el estudio de dicha iniciativa, y, además, para que esta sea despachada durante la presente sesión.
De otro lado, debo manifestar mi respaldo a lo solicitado por el Senador Letelier respecto al proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio con Australia que evita la doble tributación, ya que este reviste enorme importancia, y si no lo aprobamos ahora, transcurrirá un año completo para que pueda entrar en vigencia.
Gracias, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Acerca de la autorización a la Comisión de Hacienda, si le parece a la Sala se accederá a la solicitud planteada. Y respecto del segundo tema, este se dejará pendiente.
--Así se acuerda.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, a propósito de la petición del Senador Letelier -también se me ha acercado el Ministro Larroulet- respecto al Convenio con Australia, quiero manifestar lo siguiente.
Ayer estuvimos reunidos en la Comisión de Relaciones Exteriores estudiando temas muy delicados. Y en la de Hacienda hemos efectuado no una sesión, sino varias, entre lunes y hoy día. Además, acabamos de celebrar una reunión de Comités, y nadie -¡nadie!- nos planteó lo del Convenio. Pero ahora se informa que viene con "discusión inmediata", como si fuera la cosa más urgente del mundo.
Entonces, si era tan urgente y fundamental, ¡por qué diablos no avisaron cuando correspondía!
No podemos seguir funcionando de esa forma. Y no es un cargo ni al Ministro ni a los colegas que demuestran buena voluntad. ¡No es posible continuar así! Estamos con demasiadas cosas encima. Ayer alteramos varias veces la tabla. Hoy día, no pudimos despachar lo relativo a la designación de un nuevo Ministro para la Corte Suprema. Ahora tenemos varias iniciativas en Fácil Despacho. No me parece que los procedimientos acordados sean los adecuados.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.

EL señor LAGOS.- Señor Presidente, venía detrás del Senador García, Presidente de la Comisión de Hacienda, donde estábamos reunidos tratando el proyecto de ley relativo al reavalúo de bienes raíces no agrícolas, así que no alcancé a escuchar el acuerdo que se adoptó.
Por lo tanto, lo único que puedo señalar es que existe disposición para trabajar en dicho órgano técnico.
Sin embargo, quiero mencionar dos cosas.
En primer lugar, deseo pedirle, por su intermedio, al Senador Pizarro -con el cariño de siempre- si puede reconsiderar su negativa para que se constituya la Comisión de Relaciones Exteriores a fin de analizar el proyecto de acuerdo referido al Convenio con Australia que evita la doble tributación. Es importante despacharlo hoy, y su trámite será rápido.
Pero, por otro lado, debo manifestar mi solidaridad con el Senador Pizarro, porque no solo viene con "discusión inmediata" esa iniciativa, sino también la que estudiamos ahora en la Comisión de Hacienda, a la cual se le ha dado tal calificación después de dos años.
Es decir, el 19 de diciembre se pide tratar con "discusión inmediata" un proyecto que tiene implicancias para los ingresos fiscales de los municipios; que tiene implicancias electorales, producto de que no es lo mismo subir los impuestos en un año de elecciones, que en otro en que no las hay.
En vez de discutirlo con tiempo, se lo califica con "discusión inmediata"; se debe pedir acuerdo para sesionar anticipadamente. O sea, todo a última hora. Y lo digo con cariño.
Entonces, me parece bien que todos seamos flexibles, pero el Gobierno también debe hacer un esfuerzo en materia de compensaciones a los municipios, porque tendrán dificultades con lo que se propone en la referida normativa.
Trabajaremos con la mejor voluntad, pues esta es la última sesión del año. Sin embargo, pido, por favor, que todos pongan de su parte para que no parezca que debemos sesionar a matacaballo en esta materia.
Y excúseme, señor Presidente, por ser tan directo.

El señor LARRAÍN.- Está bien.

El señor ESCALONA (Presidente).- Solicito nuevamente el asentimiento de la Corporación para que la Comisión de Relaciones Exteriores y, luego, la de Hacienda puedan sesionar en paralelo con la Sala, a fin de estudiar el proyecto relativo al Convenio con Australia que evita la doble tributación.
No hay acuerdo.

El señor PIZARRO.- Déjeme explicar, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Es que no hay acuerdo.
Gracias, señor Senador.

El señor PIZARRO.- ¿Estamos hablando solo del convenio con Australia?
El señor ESCALONA (Presidente).- Sí, Su Señoría.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, respecto del primer oficio que figura en la Cuenta, mediante el cual se informa que la Cámara aprobó el proyecto de ley que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de sociedades comerciales, que se acordó enviar a la Comisión de Economía -de la cual formo parte-, pido que pueda ser tratado en Comisiones unidas de Constitución y de Economía, porque es una legislación que afecta mucho al sistema de las notarías y de los conservadores de bienes raíces, sin modificarlo, debido a que establece una nueva modalidad para la creación de sociedades comerciales.
Esta materia la estudiamos a propósito del primer informe de la Comisión de Economía. Sin embargo, creo que el segundo informe debería ser confeccionado, en este caso, por las Comisiones ya mencionadas, pues podrían aportar bastante sobre el particular.

El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.

ACUERDO DE COMITÉS

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión del día de hoy, resolvieron citar a sesión especial de la Corporación para el miércoles 2 de enero, de 15:30 a 16, con el objeto de ocuparse del oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar al señor Juan Manuel Muñoz Pardo Ministro de la Excelentísima Corte Suprema, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (boletín N° S 1.535-05).
IV. FÁCIL DESPACHO



REGULACIÓN DE TRANSACCIONES COMERCIALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor ESCALONA (Presidente).- Conforme a lo acordado precedentemente, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7484-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 30ª, en 3 de julio de 2012.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 87ª, en 18 de diciembre de 2012.
Informes de Comisión:
Agricultura: sesión 47ª, en 5 de septiembre de 2012.
Agricultura (segundo): sesión 84ª, en 12 de diciembre de 2012.
Hacienda: sesión 84ª, en 12 de diciembre de 2012.
Mixta: sesión 89ª, en 19 de diciembre de 2012.
Discusión:
Sesiones 48ª, en 11 de septiembre de 2012 (se aprueba en general); 86ª, en 12 de diciembre de 2012 (se aprueba en particular).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La divergencia suscitada entre ambas Cámaras derivó del rechazo por la otra rama legislativa, en tercer trámite constitucional, de la enmienda efectuada por el Senado en el artículo 19 del proyecto.
La Cámara de Diputados aprobó, en primer trámite constitucional, un artículo en el cual se establece que en caso de incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones establecidas en los artículos 5º, 6º, 8º, 10 y 11, el Servicio Agrícola y Ganadero podrá sancionar al infractor con multa de hasta 100 unidades tributarias mensuales, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Párrafo IV del Título I de la ley Nº 18.755.
El Senado, en segundo trámite constitucional, aprobó que el incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones de los artículos 5º, 6º, 8º, 10 y 12 se sancionarán, por el mismo servicio público, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Párrafo IV del Título I de la ley Nº 18.755, con multa de 5 a 50 unidades tributarias mensuales, y que, en caso de reincidencia, la multa será de 10 a 100 unidades tributarias mensuales.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias, propone lo siguiente:
-Establecer que el incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones ya mencionadas se podrá sancionar con una multa de 5 a 75 unidades tributarias mensuales, con el mismo procedimiento ya indicado, y que, en caso de reincidencia, se mantendrá la sanción de 10 a 100 unidades tributarias mensuales.
-Modificar el artículo 10 del proyecto, con el objeto de señalar que el poder requerido para designar el veedor se determinará en la forma que señala el reglamento. Lo anterior, para facilitar la forma en que los pequeños agricultores o personas naturales otorgarán dicho instrumento.
El acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Senadores señores Coloma, García y Hernán Larraín, y Diputados señora Muñoz y señores Barros, Chahín, Sauerbaum y Urrutia.
Cabe hacer presente que el artículo 19 del proyecto es de rango orgánico constitucional, por lo que requiere para su aprobación 21 votos conformes.
Finalmente, corresponde informar que la Cámara de Diputados, en sesión de hoy, aprobó la proposición de la Comisión Mixta.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figuran los detalles de esta iniciativa.
El señor ESCALONA (Presidente).- Según lo acordado, en votación el informe.


El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (26 votos a favor) y queda terminada la tramitación del proyecto.
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Gómez, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).

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El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Prosecretario.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Ha llegado un informe de la Comisión Revisora de Cuentas, mediante el cual comunica que aprobó las cuentas de la Tesorería del Senado correspondientes al año presupuestario 2011, y acompaña una síntesis de ellas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Dicho informe fue aprobado por la Comisión de Régimen Interior.
--Se toma conocimiento y se manda publicar la síntesis de las cuentas del año 2011 en el Diario Oficial.



AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE LEY N° 20.372, SOBRE NUEVO ASIENTO PARA JUZGADO DE LETRAS DE CHAITÉN


El señor ESCALONA (Presidente).- Continuando con la tabla de Fácil Despacho, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prorroga la vigencia de la ley N° 20.372, que establece un nuevo asiento para el Juzgado de Letras de Chaitén, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8720-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 87ª, en 18 de diciembre de 2012.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 87ª, en 18 de diciembre de 2012.
Hacienda: sesión 87ª, en 18 de diciembre de 2012.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es ampliar el plazo de vigencia de la ley N° 20.372 en lo que respecta a la determinación de la ciudad que sirve de asiento al Juzgado de Letras de Chaitén, y establecer una regla especial para el funcionamiento del tribunal en las distintas comunas en las que es territorialmente competente.
La Comisión de Constitución discutió el proyecto en general y en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, y lo aprobó, en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Espina, Larraín (don Hernán) y Walker (don Patricio).
La Comisión de Hacienda, por su parte, después de conocer las normas de su competencia, las aprobó, en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Constitución, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García, Lagos y Pizarro.
Cabe advertir que el artículo 1° del proyecto es de rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación requiere 21 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se consigna en el informe.
El señor ESCALONA (Presidente).- En votación general el proyecto.

Si le parece a la Sala, se aprobará con la misma votación que la iniciativa anterior,...

El señor NOVOA.- Solicito agregar mi voto, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- ... agregando el voto del Senador señor Novoa.

La señora ALLENDE.- Pido que se vote, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- En votación general.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor), y, por no haberse presentado indicaciones, queda aprobado también en particular, dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Gómez, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte y Walker (don Patricio).
El señor ESCALONA (Presidente).- Despachado el proyecto en este trámite.




RENOVACIÓN Y ENMIENDA DE PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE AMPLIACIONES DE VIVIENDAS SOCIALES


El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que renueva y modifica el procedimiento de regularización de ampliación de viviendas sociales de la ley N° 20.251, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7818-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 51ª, en 2 de octubre de 2012.
Informe de Comisión:
Vivienda y Urbanismo: sesión 60ª, en 7 de noviembre de 2012.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es renovar el procedimiento establecido en el artículo 2° transitorio de la ley N° 20.251, para que los propietarios de viviendas sociales regularicen -por una sola vez y dentro del plazo de dos años contado desde la publicación de esta ley- las ampliaciones de viviendas sociales de hasta 25 metros cuadrados, y simplificar el procedimiento aplicado a las ampliaciones de viviendas sociales y progresivas e infraestructura sanitaria, emplazadas en zonas rurales o urbanas.
La Comisión discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Muñoz Aburto, Sabag y Tuma.
Cabe tener presente que los incisos segundo y tercero del artículo 1° y el número 1) del artículo 2° del proyecto son de rango orgánico constitucional, por lo que necesitan para su aprobación 21 votos favorables.
El texto propuesto se transcribe en el informe de la Comisión.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión general.

Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, en el fundamento de mi voto, quiero señalar que el objetivo y ventajas del proyecto son los siguientes.
En primer lugar, renueva el procedimiento de la ley vigente para que los propietarios de viviendas sociales de hasta 25 metros cuadrados regularicen las ampliaciones que hubieren efectuado en ellas.
En segundo término, simplifica -esto es muy importante- el procedimiento aplicado a las ampliaciones de viviendas sociales y progresivas e infraestructura sanitaria, emplazadas en zonas rurales o urbanas. Todos los Senadores tenemos estas realidades, tanto en el campo como en las ciudades de nuestras Regiones.
En tercer lugar, permite que las municipalidades desarrollen programas de regularización de conjuntos de viviendas sociales, en los que podrán aprobarse esos permisos y recepciones en forma colectiva.
Deseo resaltar que no será necesaria la certificación profesional cuando la ampliación cuente con un informe favorable de la Dirección de Obras Municipales.
Eso es relevante, porque posibilita regularizar una situación que, en la práctica, en la actualidad se da de facto, pero que, por diversas razones y, sobre todo, por falta de profesionales en esta área, los propietarios de tales viviendas se encuentran en la imposibilidad de resolver.
Por las razones expuestas, todas de carácter técnico, y por el hecho de que la iniciativa renueva y modifica el procedimiento de regularización a que se refiere la ley N° 20.251, resulta absolutamente necesario darle nuestra aprobación.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, por figurar el proyecto en Fácil Despacho no pensaba intervenir.
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Vivienda, puedo informar que el texto fue aprobado por la unanimidad de sus miembros presentes. En él se otorga un nuevo plazo de dos años para que las personas que cumplan los requisitos puedan acogerse a los beneficios que se establecen.
Se trata de regularizar la situación de viviendas muy modestas, de hasta 25 metros cuadrados, emplazadas en zonas rurales o urbanas.
Señor Presidente, solicitamos fijar plazo para formular indicaciones hasta mediados de enero, para poder dar curso a toda la tramitación legal del proyecto. Y, por supuesto, lo votaremos favorablemente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, yo me sumo a la aprobación de la iniciativa.
Se modifica la ley N° 20.251 -de mi autoría, junto con el Diputado señor Carlos Montes-; y hemos procurado dejar constancia de un hecho: las familias de trabajo y de esfuerzo, una vez que obtienen sus viviendas y por no ser estas lo suficientemente grandes, hacen ampliaciones para tener nuevos dormitorios para sus hijos y un espacio de convivencia más adecuado. Pero ellas no saben cómo se procede ni cuentan con recursos para hacerlo como corresponde, conforme a las normas para viviendas de mayor valor.
El sentido de estas disposiciones es establecer un procedimiento expedito, simplificado y barato, para que dichas ampliaciones se puedan regular.
¿Por qué es tan importante el proyecto? Porque hoy en día la política pública permite que las familias postulen a subsidios de viviendas para mejorar y ampliar sus casas. Pero el requisito para dicho beneficio es que las ampliaciones ya realizadas estén regularizadas. Y formalmente tienen que regularizarse desde el cierre perimetral de la propiedad hasta un pequeño cobertizo o un dormitorio que se hayan agregado. Por eso la importancia de esta iniciativa legal.
Invito a mis Honorables colegas -como lo hicimos en la Comisión- a votar a favor del proyecto en general, y efectuar una discusión más en detalle en el debate en particular.

El señor LABBÉ (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (26 votos).
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).

El señor ESCALONA (Presidente).- Se propone como plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 7 de enero, a las 12.
--Así se acuerda.

V. ORDEN DEL DIA



NOMBRAMIENTO DE MINISTROS TITULARES Y SUPLENTES DE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL


El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde ocuparse en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como Ministros titulares del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, a los señores José Ignacio Vásquez Márquez y Rafael Carlos Asenjo Zegers, en los cupos de abogados, y al señor Sebastián Valdés de Ferari, en el cupo de licenciado en ciencias; y como Ministros suplentes a la señora Carolina Fuentes Torrijo, en el cupo de abogado, y el señor Juan Escudero Ortúzar, en el cupo de licenciado en ciencias, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. El Ejecutivo hizo presente la urgencia en los términos del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1537-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 86ª, en 12 de diciembre de 2012.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 88ª, en 19 de diciembre de 2012.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos) y Walker (don Patricio), deja constancia de que en la designación en análisis se ha dado cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos por el ordenamiento jurídico, y propone a la Sala dar su acuerdo para el nombramiento de los Ministros titulares y suplentes de los Tribunales Ambientales ya individualizados.
Cabe tener presente que el Senado debe pronunciarse respecto de lo propuesto en votación única, y que el acuerdo para nombrar a los Ministros requiere el voto favorable de los tres quintos de los señores Senadores en ejercicio; esto es, 22 votos.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión.

Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, anuncio mi voto favorable a la proposición del Presidente de la República.
Debe destacarse la importancia de los Tribunales Ambientales, porque van a resolver controversias, precisamente, sobre medio ambiente y satisfacer la necesidad de contar con ellos como una forma más de complementariedad a la institucionalidad vigente, como la Superintendencia del Medio Ambiente, el instrumento encargado de hacer la evaluación y el seguimiento de los proyectos aprobados.
A mi juicio, el país está cada vez más consciente de la necesidad de fortalecer y reforzar nuestra institucionalidad medioambiental. Y creo que los tribunales especializados constituirán instrumentos muy importantes para dirimir controversias y, sobre todo, dar garantías a la ciudadanía cuando se sienta afectada por un proyecto, pues tendrá la opción de recurrir a ellos.
Nosotros aprobamos la creación inicial de tres Tribunales Ambientales, en el entendido que esto es el inicio. Partimos con el que tiene asiento en la ciudad de Santiago, con atribuciones en las Regiones de Valparaíso, del Libertador Bernardo O'Higgins y del Maule. Después vendrá el que tiene asiento en Antofagasta, y el tercero, en Valdivia.
En la medida en que dichos Tribunales empiecen a funcionar, nos daremos cuenta de que, probablemente, tendremos que llegar -lo cual sería lógico y, además, por contribuir a la descentralización- a que cada Región cuente con uno, al menos en aquellas donde parece indispensable, según la cantidad de proyectos presentados, los cuales han de evaluarse.
Señor Presidente, es muy importante que podamos votar la composición de este Primer Tribunal Ambiental, porque, además, debe empezar a operar ya. La gente lo necesita. Además, ese fue el compromiso que hicimos cuando se tramitó el proyecto sobre los tribunales ambientales: establecer, a partir del 28 de diciembre, en su lugar de asiento el segundo Tribunal Medioambiental.
Deseo destacar que estamos hablando de jueces titulares y suplentes. Son tres titulares y dos suplentes. Los titulares deben ser abogados con una trayectoria de, por lo menos, 10 años de profesión, y destacados en actividades profesionales o académicas especializadas en Derecho Administrativo o Ambiental. Y lo mismo rige para el caso de los jueces suplentes, que serán un abogado y un licenciado en ciencias, con al menos 8 años de experiencia en Derecho Administrativo y Ambiental.
En definitiva, estamos tratando de establecer un estándar importante, porque se trata de jueces de dedicación exclusiva. Desde luego, no tiene que haber conflictos de intereses, y ser gente probada en términos profesionales, preocupada por la protección del medio ambiente y, en fin, por los proyectos con sustentabilidad en relación con el medio ambiente.
Asimismo, deseo recordar a la Sala que la selección de los candidatos ha sido realizada a través del Consejo de Alta Dirección Pública, el que entregó la nómina con los seleccionados a la Corte Suprema. Esta la remite al Ejecutivo para ser entrevistados y, de acuerdo a una puntuación, aceptarlos o rechazarlos. Y, finalmente, los nombres aceptados se envían al Senado para su nombramiento.
Señor Presidente, considero muy importante avanzar en materias medioambientales. Para ello, es necesario que partamos con buen pie en este Primer Tribunal Ambiental que se crea en el país.
Espero que después esta instancia se acompañe no solo por los dos pendientes, sino que ojalá haya uno en todas las Regiones o, por lo menos, en la gran mayoría de ellas.
Lo más importante de todo, es fortalecer nuestra institucionalidad medioambiental y entregar a los ciudadanos la opción de que se escuchen las controversias o los reclamos que lleguen y sientan que sus garantías son atendidas y, en lo posible, respetadas.
Por eso, se trata de una judicatura especializada que, obviamente, contará con la supervisión de la Corte Suprema.
Su funcionamiento es muy positivo para el país, el que, junto con crecer, recibe una cantidad de inversión extranjera para muchos proyectos muy potentes, sobre todo relativos al ámbito minero.
Anuncio mi voto afirmativo, esperando que podamos iniciar el funcionamiento del Tribunal en buen pie.
La votación debe ser en un solo acto. Pero cada una de las personas propuestas posee las condiciones y un currículum que se adecuan a las exigencias de dedicación.
Por lo tanto, simplemente, anuncio mi voto positivo.

El señor ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se pondrá en votación la proposición.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Como Presidente de la Comisión de Constitución, debo informar que se recibió en audiencia a los candidatos propuestos por el Gobierno, para dar cuenta del trabajo realizado y dejar constancia de ello en el acta oficial y de sus opiniones.
Como se ha señalado, estamos ante la constitución del Primer Tribunal Ambiental, de conformidad con la ley N° 20.600, que creó los tribunales ambientales, estableciendo que habría tres en el país, en una primera etapa. Este corresponde al Segundo Tribunal Ambiental, que va a funcionar con asiento en la ciudad de Santiago, y que por razones legales debe estar constituido antes del 28 de diciembre del año en curso, de manera de poder dar inicio al funcionamiento de nuestra legislación en la materia, la cual requiere que dichos órganos estén constituidos a esa fecha.
Por eso es tan importante que en esta sesión se pueda despachar la propuesta presentada.
De acuerdo con la ley, ella se hace sobre la base de un planteamiento formulado por el Consejo de Alta Dirección Pública, que es la entidad encargada de abrir un concurso para que postulen los candidatos que van a ocupar los cargos de Ministros titulares, que son tres, y de Ministros suplentes, que son dos. En cuanto a los de titulares, dos deben ser abogados y uno especialista en materias medioambientales, con diez años de ejercicio profesional los primeros y licenciado en Ciencias el segundo. Y lo mismo en el caso de los suplentes: uno abogado y el otro especialista en la materia.
La propuesta del Consejo es recibida por la Corte Suprema y esta, finalmente, hace una proposición al Presidente de la República para que este seleccione a los postulantes, arme las nóminas y busque su ratificación ante el Senado.
Ahora bien, cabe señalar que la solicitud que se está formulando para ocupar los cargos de Ministros titulares recae en las siguientes tres personas.
En primer lugar, en el abogado José Ignacio Vásquez Martínez, que es un profesional con destacada trayectoria en Derecho Administrativo, en Derecho Constitucional y en el ámbito urbanístico; tiene estudios de posgrado; egresó como abogado de la Universidad de Chile, y es doctorando en la Universidad de los Andes. Ha sido profesor de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en las Universidades de Chile y Católica de Chile, y actualmente se desempeña como Director de Estudio, Análisis, Evaluación y Biblioteca de la Corte Suprema.
Para el segundo de los cargos a llenar se propone al abogado Rafael Asenjo Zegers, quien cuenta no solamente con estudios especializados, sino también con una larga trayectoria en el área, con más de 30 años dedicados a temas ambientales. De hecho, fue el primer Secretario Ejecutivo de la CONAMA, y ha tenido una experiencia muy dilatada como consultor de carácter nacional e internacional en asuntos relacionados con el medio ambiente. Asimismo, muchas veces ha representado a Chile ante organismos internacionales abocados a la materia, y ha desarrollado amplias labores docentes universitarias en distintas corporaciones en la cátedra de Derecho Ambiental.
Como tercer Ministro titular -que corresponde al cupo de licenciado en Ciencias- se sugiere el nombre de Sebastián Valdés de Ferari, quien es licenciado en Ciencias Económicas, con un doctorado en Economía del Medio Ambiente de la Universidad de Maryland. Ha trabajado durante largos años como economista y consultor en diferentes organizaciones públicas y privadas; también ha participado en actividades en el sector privado, y desde agosto del año 2010 se desempeña como Gerente de Sustentabilidad de la ENAMI.
Para los cargos de Ministros suplentes se proponen dos nombres. Uno es el de la abogada Ximena Carolina Fuentes Torrijo, profesora que se ha destacado en el último tiempo como integrante del equipo jurídico que asesoró a Chile en el proceso de La Haya en su defensa ante la pretensión peruana respecto de nuestro límite marítimo. Tiene una formación bastante completa, particularmente en el ámbito del Derecho Internacional del Medio Ambiente, y un doctorado en la Universidad de Oxford. Egresó como abogada de la Universidad de Chile y exhibe un desempeño profesional muy dilatado en estos temas. En el ámbito de la investigación universitaria, se ha concentrado especialmente en el desarrollo sostenible y en el impacto del Derecho Internacional en el Derecho Nacional.
Por último, para ocupar el cargo de Ministro suplente como licenciado en Ciencias se sugiere al señor Juan Escudero Ortúzar, ingeniero civil egresado de la Universidad Católica, quien posee estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts; es profesor en la Universidad de Chile, y muestra una experiencia profesional muy dilatada en el ámbito medioambiental: fue Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana, Director Ejecutivo del Centro Nacional del Medio Ambiente y asesor técnico de la CONAMA y del Ministerio de Obras Públicas. En fin, en el ámbito público y privado exhibe un desarrollo muy destacado que permite garantizar que su presencia, junto con la del resto de los postulantes, le permitirá a este Tribunal, de integración mixta -lo que constituye una novedad en Chile-, cumplir fielmente los objetivos que se ha propuesto el país con esta nueva institucionalidad.
Cabe señalar que el debate habido en la Comisión se recoge en el informe en que figuran los mencionados nombres para la decisión de la Sala.
Ahora bien, a pesar de la apretada síntesis que he hecho, se puede observar en los candidatos una versación muy completa en las distintas materias propias de la esfera de este Tribunal.
Creo que hemos tenido una experiencia extraordinariamente positiva al escuchar a las personas propuestas. Cada una de ellas indicó, desde su perspectiva, dónde estaban los principales temas ambientales pendientes; cuáles eran los asuntos que Chile debía asumir; cómo se debía interpretar la inquietud ciudadana, la que, por lo demás, está debidamente considerada en el funcionamiento de los tribunales ambientales, alterándose quizás la tradición de los procesos, muy apegados a Derecho y de actuaciones propiamente letradas. En este caso, habrá un espacio bastante grande para la participación ciudadana, lo que no tiene parangón con otros procesos judiciales en el país.
Además, se analizaron distintos aspectos vinculados a la materia. Pero no quisiera agotar la paciencia de los señores Senadores, a quienes les recomiendo leer el informe porque, en verdad, es muy completo y demuestra que la propuesta presentada por el Ejecutivo es bastante adecuada y merece -ahora doy un juicio personal- todo nuestro apoyo.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, en mi doble carácter de miembro de la Comisión de Constitución y de Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, debo decir que hoy me siento muy contenta, porque, de aprobarse ahora la nómina propuesta por el Presidente de la República, en algunos días más estará instalado en nuestro país el primer tribunal ambiental, lo que representa la culminación de una institucionalidad fundamental para que operen de manera adecuada las normas medioambientales.
Primero fue el Ministerio del Medio Ambiente; luego, la Superintendencia del ramo, respecto de la cual, lamentablemente -debo señalarlo- no hubo por parte de la Alta Dirección Pública la posibilidad de seleccionar de entre los postulantes a una persona que cumpliese todos los requisitos, no pudiéndose elaborar la quina pertinente.
En este caso sí se tuvo la oportunidad -así lo observamos en la sesión de ayer- de que el Presidente de la República seleccionara a cinco personas, cada una de las cuales hizo en la Comisión de Constitución una presentación realmente brillante y estimulante desde el punto de vista de lo que será este Tribunal.
Se trata de profesionales con fuentes de experiencia distintas de lo que ha sido su cometido sobre el particular, con una calificación versadísima sobre la materia. Una de esas personas -la postulante al cargo de Ministro suplente- formó parte del grupo que nos defendió en la causa recientemente alegada ante la Corte de La Haya.
Todos los postulantes han tenido una destacadísima labor en el ámbito académico, de las publicaciones, de las investigaciones que se han realizado, y han estado disponibles -me parece muy válido resaltarlo el día de hoy- para dedicarse en forma exclusiva -¡exclusiva!- a esta tarea.
Valoro aquello, porque estos Ministros solo podrán ejercer una labor académica hasta por ciertas horas. Nada más. Su dedicación es de exclusividad, lo cual, en momentos en que lamentablemente el servicio público se halla tan vilipendiado, por Dios que es importante encontrar personas tan versadas en distintas disciplinas y dispuestas a entregar lo mejor de sí al servicio público, en este caso en los tribunales medioambientales.
Esto es fundamental para nuestro país.
Los tribunales ambientales -como vimos en su momento- tienen ventajas significativas que permitirán resolver temas del área a través de la posibilidad de contar con un amicus curiae, un amigo de la corte, por medio del cual cualquier interesado podrá concurrir al tribunal, aun cuando no sea parte, como puede ser una universidad, un instituto, una organización no gubernamental, con el objeto de hacer una presentación en determinada causa.
También va a existir la posibilidad de que ciertas organizaciones -recordemos que muchas veces se litiga con grandes empresas- puedan contar con recursos, incluso para contratar estudios a fin de hacer presentes al tribunal sus puntos de vista.
Se trata de novedades muy importantes que permitirán la existencia de herramientas para que las personas puedan recurrir a estos órganos jurisdiccionales.
Para ello, debemos crear en nuestro país la institucionalidad necesaria a objeto de que estos temas, cuando existan reclamos, tengan los cauces adecuados para resolverse.
Por todo lo anterior, señor Presidente, podemos tener la satisfacción de que el próximo 28 de diciembre, si el Senado aprueba la nómina que el Presidente nos propone hoy día, estará en funcionamiento este tribunal, inédito en nuestro país, que es el primer tribunal ambiental.
Asimismo, puedo asegurar con satisfacción que los postulantes son de primera calidad y que, de ser aprobada su designación, contaremos con un tribunal de lujo.
Voto favorablemente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro, quien se acaba de inscribir.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, este es un momento histórico para toda la normativa ambiental de nuestro país.
Quiero felicitar a la Ministra del ramo por el trabajo que ha realizado, por cuanto el hecho de que hoy día estemos nombrando a los Ministros titulares del Segundo Tribunal Ambiental (con sede en Santiago y jurisdicción sobre la Sexta y Séptima Regiones, entre otras) a los señores José Ignacio Vásquez Márquez y Rafael Asenjo Zegers, en los cupos de abogados, y a Sebastián Valdés de Ferari, en el cupo de licenciado en Ciencias, y como Ministros suplentes, a la señora Carolina Fuentes Torrijo, en el cupo de abogado, y al señor Juan Escudero Ortúzar, en el cupo de licenciado en Ciencias, constituye un paso fundamental en todo nuestro derecho ambiental.
Es relevante señalar que el día 28 del mes en curso debe estar en pleno funcionamiento este órgano jurisdiccional.
A la vez, en esa misma fecha debe ponerse en marcha la Superintendencia del ramo, organismo encargado de ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, de los Planes de Manejo y de todos aquellos instrumentos de carácter ambiental que establece la ley.
Las funciones anteriormente descritas podrán ser revisadas por el Tribunal Ambiental, por lo que este organismo será de importancia trascendental para el pleno funcionamiento de la legislación ambiental que requiere nuestro país.
Por eso, señor Presidente, resulta imprescindible aprobar en el día de hoy el nombramiento de personas ilustres y de vasta experiencia en la materia, pues, sin duda, ello representa un paso fundamental para que nuestra legislación ambiental comience a funcionar en forma absolutamente normal.
Voto que sí.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la solicitud del Presidente de la República (26 votos favorables), dejándose constancia de que se cumple el quórum legal exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Gómez, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).


El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra del Medio Ambiente.

La señora BENÍTEZ (Ministra del Medio Ambiente).- Muy buenas tardes, señor Presidente.
Quiero agradecer a los Senadores y las Senadoras que votaron a favor de la nómina propuesta por el Presidente de la República para integrar el Segundo Tribunal Ambiental y, al mismo tiempo, destacar el amplio y transversal apoyo que recibimos para aprobar en su momento la normativa legal referida a los tribunales ambientales.
Todos estos profesionales tienen una larga y destacada trayectoria en el ámbito administrativo ambiental, así como también en las ciencias ambientales.
Este organismo, que parte el 28 de diciembre próximo, viene a completar una parte muy importante de toda la nueva institucionalidad ambiental y otorga las garantías necesarias para un correcto funcionamiento de la Superintendencia del ramo y de todo lo que significa la apuesta que ha hecho Chile para lograr un desarrollo sustentable.
Muchas gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- A usted, señora Ministra.



CREACIÓN DE HOSPITALES CLÍNICOS EN COMUNAS DE MAIPÚ Y LA FLORIDA


El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que crea los hospitales clínicos que indica en la Región Metropolitana, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8618-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 54ª, en 10 de octubre de 2012.
Informes de Comisión:
Salud: sesión 59ª, en 6 de noviembre de 2012.
Hacienda: sesión 86ª, en 12 de diciembre de 2012.
Discusión:
Sesión 60ª, en 7 de noviembre de 2012 (se aprueba en general).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Este proyecto, que también cuenta con un primer informe de la Comisión de Salud, fue aprobado en general por la Sala en su sesión del 7 de noviembre de 2012, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 26 noviembre, término dentro del cual no se formuló ninguna. Luego de ello fue enviado a la Comisión de Hacienda para que esta se pronunciara respecto de las normas de su competencia.
Dicho órgano técnico deja constancia de que se pronunció acerca de la totalidad del articulado de la iniciativa y de que propone su aprobación particular en los mismos términos en que fue acogida en general.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión particular el proyecto.

Si le parece a la Sala, procederemos a ponerlo en votación.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, este proyecto, que al no haber sido objeto de indicaciones será aprobado tal como salió de la Sala luego de su discusión general, tiene una importancia muy grande en lo que va a ser el problema de los hospitales y el manejo de la salud pública en el próximo tiempo.
A pesar de la unanimidad que generó en nuestras Comisiones, la iniciativa no concita el apoyo de todos los sectores, especialmente de aquellos que agrupan a los médicos y otros colegios profesionales, los cuales consideran que el modelo que se crea carece de las ventajas que nosotros le encontramos al texto que vamos a aprobar.
Pese a ello, manifiesto mi apoyo al proyecto. Pienso que tendremos que hacer un esfuerzo durante el próximo tiempo para evaluar el funcionamiento de este nuevo modelo, el cual, en el fondo, más que propiciar la entrega y dación de salud en los hospitales tradicionales, busca generar tres objetivos centrales.
Primero, dar los recursos y entregar todo el apoyo en virtud de los resultados que se produzcan en dichos establecimientos, sistema muy similar al que opera hoy día en el Hospital Padre Hurtado.
Segundo, fomentar una mayor participación organizacional desde la población que se va a beneficiar. Estos dos hospitales van a atender, aproximadamente, a 2 millones de personas.
Y, tercero, lograr de alguna forma una mayor participación de estos hospitales en lo que debe ser la relación con la atención primaria de salud, en la que se verá lo que tiene que ser referido a recintos más especializados.
Me parece interesante llevar adelante este proyecto y aprobarlo. Sin embargo, también quiero dejar establecido, para la historia de la discusión, que este es un tema que vamos a tener que revisar probablemente en uno, dos o tres años más. Ese podría ser un plazo suficiente para poder saber si efectivamente el sistema está funcionando como corresponde, porque rompe un poco la tradición de los hospitales secundarios en el país.
Con todo, vamos a aprobar este articulado, como se lo manifesté al Ministro. Después habrá un momento para hacer un análisis más pormenorizado, en los próximos trámites de ciertos temas que se nos han planteado en algunas proposiciones.
En ese sentido, señor Presidente, para no alargar el debate, le pido a la Sala que apruebe el proyecto.
Gracias.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, como se ha señalado, el objetivo del proyecto es crear en la Región Metropolitana dos establecimientos de salud, que se denominarán "Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada", en la comuna de Maipú, y "Hospital Clínico Metropolitano de La Florida", ambos sujetos a sistemas de gestión por resultados, que incluyen la fijación de objetivos y metas de producción de servicios y de gestión sanitaria, aunque todos estos aspectos, así como las dotaciones de personal, serán fijados por decreto del Presidente de la República.
El mensaje destaca la relevancia de la construcción de hospitales por medio del sistema de concesiones, agregando que este proyecto será un precedente de máximo valor, ya que considera, además, el criterio de evaluación de la gestión por resultados, centrado en la satisfacción del usuario.
Del mismo modo, se explicó que al funcionar con un mayor grado de autonomía respecto de los servicios de salud, ser gestionados de manera descentralizada y contar con patrimonio propio, como ya lo hacen otros establecimientos, se requiere una ley especial que los autorice.
En el curso del debate de la Comisión, la Federación de Profesionales de la Salud cuestionó que los hospitales concesionados requieran más recursos que los tradicionales, y manifestó su oposición a la dependencia directa de estos del Ministerio de Salud, mientras que los representantes de los hospitales que ya funcionan con un modelo de autogestión apoyaron el proyecto de ley.
Luego de su aprobación en general el 11 de noviembre, se abrió plazo para la formulación de indicaciones, sin que se presentara ninguna, y se discutió en la Comisión de Hacienda, que lo aprobó por unanimidad. El mayor gasto fiscal de esta medida ascenderá en 2013 a 7.756.907 miles de pesos y, a partir del 2014, ya en régimen, a 14.660.000 miles de pesos.
La principal discrepancia en la Comisión de Hacienda fue la referente a la facultad presidencial para establecer el régimen estatutario para los funcionarios, norma que fue aprobada con un voto a favor y tres abstenciones.
Naturalmente, yo voy a respaldar este proyecto, porque lo considero altamente conveniente para más de 2 o 3 millones de habitantes de Santiago, quienes podrán tener, sin duda alguna, una atención mejor, más expedita, debido, sobre todo, a la autogestión de las autoridades de estos establecimientos hospitalarios.
He dicho.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Uriarte.

El señor URIARTE.- Señor Presidente, efectivamente, se trata de una iniciativa que va en la línea correcta de mejorar la atención, la calidad del servicio, la satisfacción del usuario. Y qué mejor que hacerlo con un nuevo modelo de gestión hospitalaria que apunte en esa dirección.
Este proyecto delega facultades en el Presidente de la República para crear un estatuto propio, distinto. Se cambia el régimen jurídico de los trabajadores que están adscritos ya a un sistema y se crea un nuevo modelo de gestión. Por eso, porque esto es materia de ley, el Ejecutivo tuvo a bien presentar este proyecto que, de verdad, creo que le va a hacer bien al sistema de salud centralizada y va a poner los incentivos para que la calidad del servicio que se le preste a la comunidad sea cada vez mayor.
Por tales consideraciones, en la Comisión de Salud lo aprobamos por unanimidad y esperamos que se transforme en ley tan pronto salga despachado de la Cámara de Diputados.
Gracias, señor Presidente.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en particular el proyecto (19 votos afirmativos) y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Carlos), Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).

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El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en la Comisión de Obras Públicas acordamos hoy solicitarle a la Sala su autorización para que se puedan recibir nuevas indicaciones, hasta el 15 de enero, respecto del proyecto de ley sobre medidas de seguridad en pasarelas, pasos sobre nivel y puentes que cruzan carreteras. De esa manera, el Ejecutivo tendría el plazo que requiere.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Vamos a esperar durante el curso de la sesión para dar paso a lo solicitado por el Senador señor García-Huidobro.



MODIFICACIÓN DE LEGISLACIÓN EN MATERIA DE POSESIÓN, TENENCIA Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO


El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 17.798, de Control de Armas, y el Código Procesal Penal, con informe de la Comisión de Defensa Nacional.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6201-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 46ª, en 30 de agosto de 2011.
Informe de Comisión:
Defensa Nacional: sesión 63ª, en 20 de noviembre de 2012.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe tener presente que esta iniciativa se radicó inicialmente en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Posteriormente, por acuerdo de la Sala de 3 de julio de 2012, fue enviada a la Comisión de Defensa Nacional.
Su objetivo es modificar la Ley sobre Control de Armas en lo relativo al cambio del lugar autorizado para tener un arma y a los requisitos para inscribirla; sancionar a quienes entreguen armas a menores y al padre o madre de un menor de 14 años que permitiere que este tenga un arma o cuyo descuido o negligencia lo posibilite. Asimismo, se enmienda el Código Procesal Penal para incorporar como medida cautelar personal la prohibición de poseer, tener o portar armas de fuego.
La Comisión de Defensa Nacional discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Muñoz Aburto, Prokurica y Pérez Varela.
Es preciso señalar que el número 2) del artículo 1° del proyecto es de quórum calificado, por lo que requiere, para su aprobación, de 19 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la parte pertinente del primer informe de la Comisión.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- En discusión general.

Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, solicitamos segunda discusión respecto de este proyecto de ley, pero deseo intervenir en la primera discusión.
Antes de pronunciarme sobre el contenido del articulado, y a raíz del hecho que ha ocurrido hace unos días en Estados Unidos en relación con el uso de armas, quiero hacer una pequeña síntesis de lo que es la realidad chilena en esta materia.
Chile, señor Presidente, no es un país armado, se caracteriza por ser uno de los que imponen más restricciones en materia legal para adquirir, portar y tener armas.
En Chile, el número de armas por habitante no supera el 6,3 por ciento por cada 100 personas mayores de 18 años, lo cual es un promedio bajo. Y si lo comparamos con el que exhiben otras naciones, existe una mínima proporción de viviendas que declaran poseer un arma. Todas las encuestas indican que en 5,1 por ciento de los hogares urbanos hay un arma.
En la misma línea, nuestro país registra una baja tasa de homicidios y muertes causadas por armas de fuego: 1,6 y 2,4 por ciento, respectivamente, cada cien mil habitantes al año 2009.
La tasa de homicidios por armas de fuego, conforme a cifras entregadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior en 2012, es de 1,3 por ciento.
Los delitos relacionados con armas de fuego son bastante concentrados, tanto desde el punto de vista territorial como social. Es decir, se repiten los individuos y los sectores donde ocurren estos ilícitos. Y en su mayoría -el proyecto de ley nada dice al respecto- son cometidos con armas hechizas o ilegales y no con las que se refiere esta iniciativa: las inscritas.
Chile no ha experimentado un aumento en la cantidad de armas. Hace unos días un medio de comunicación publicó que la inscripción de armas en los últimos tres años se había incrementado en 19 por ciento. Pero esto no quiere decir que se haya acrecentado su número. Al revés, estas han disminuido en nuestro territorio, lo cual voy a probar.
Cada año se entregan en Chile voluntariamente 2 mil armas de fuego. Además, se incautan alrededor de 4 mil y se destruyen aproximadamente 7 mil, lo que, comparado con las 5 mil que en promedio se inscriben anualmente, nos indica que la cantidad de armas va a la baja. Estas son las cifras oficiales que existen hoy día.
Ahora, qué podemos decir respecto del proyecto de ley en debate.
La realidad actual, señor Presidente, es que el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Movilización, lleva el control de las armas de fuego y además de los explosivos (fuegos artificiales y otros elementos similares). Ahora último se modificó la ley para que Carabineros quede a cargo de la fiscalización.
Es así como durante la tramitación de esta iniciativa, Carabineros nos informó que se realizan miles de fiscalizaciones a los hogares en donde viven personas con armas inscritas, con el objeto de determinar si efectivamente estas últimas se encuentran en dichos lugares. De hecho, en el proyecto se establece un aumento de las sanciones para quienes las tienen en un domicilio distinto al declarado.
Los requisitos para inscribir un arma hoy día son: ser mayor de edad, excepto menores registrados como deportistas y autorizados por su representante legal; tener domicilio conocido; acreditar conocimientos necesarios para la conservación, manutención y manejo de las armas; certificado de antecedentes, para acreditar no haber sido condenado por crimen o simple delito; no haberse dictado en su contra auto de apertura de juicio oral y no haber sido sancionado por violencia intrafamiliar. El arma, por su parte, solo puede permanecer -como dije anteriormente- en el domicilio o lugar que solicite la persona que la ha inscrito y que autorice la Dirección General de Movilización Nacional.
Los requisitos para portar un arma son distintos: esta debe estar inscrita; nadie puede portarla fuera del lugar declarado para protegerlo (casa, lugar de trabajo, etcétera) si no se cuenta con una autorización expresa para ello. Y en este sentido, en Chile, que es uno de los países más restrictivos en la materia, existen no más de una docena de casos de personas, que no son carabineros, funcionarios de Investigaciones o de las Fuerzas Armadas, que tienen permiso para portar armas regularmente.
¿Qué se modifica a través de este proyecto de ley?
En primer lugar, señor Presidente, se enmienda el artículo 155 del Código Procesal Penal, incorporando como medida cautelar la prohibición de poseer, tener o portar armas de fuego. Respecto de personas a las que se les aplique esta medida, se ordena la incautación de las armas y su depósito en los Arsenales de Guerra, hasta el alzamiento de la medida.
Esta, a mi juicio, es una buena medida, porque hemos visto en nuestro país que en la comisión de algunos crímenes -ocurridos en hogares o en vecindarios- se han empleado armas de fuego por personas sancionadas con anterioridad, por ejemplo, por violencia intrafamiliar u otros casos. Pero a veces se llega tarde a prevenir ese tipo de ilícito, por lo que una disposición de este tipo le va a permitir al juez adoptar una medida precautoria e incautar el arma a quien ya fue denunciado, a los efectos de evitar que se cometa el delito.
Se modifica el artículo 5 agregando como inciso final que "todo cambio del lugar autorizado deberá ser comunicado por el poseedor o tenedor de un arma inscrita a la autoridad fiscalizadora correspondiente".
Esta norma, en la práctica, le sirve a la autoridad fiscalizadora para establecer qué casas tienen armas y dónde se hallan, a fin de mantener un control. De este modo, cuando las policías deban acudir al llamado que se les haga por la ocurrencia de un delito -vuelvo a repetir: el número de los cometidos con armas inscritas es muy bajo, pues la mayoría de ellos se llevan a cabo con armas irregulares o hechizas-, por lo menos la autoridad -Carabineros, en este caso- sabrá en qué lugar se encuentran.
Ojalá todas estas medidas se puedan implementar a través de Internet, de modo que exista la posibilidad de informar rápidamente a Carabineros acerca del traslado de un arma, para evitar que haya que presentar un documento o llevar una carta, porque esto último, en definitiva, no lo va a hacer nadie.
De otra parte, se amplían los requisitos para inscribir armas. En efecto, se agregan las siguientes obligaciones: no encontrarse -quien va a inscribir el arma- sometido a una medida cautelar (artículo 155 del Código Procesal Penal), debiendo, en estos casos, los juzgados de garantía informar a la Dirección General de Movilización Nacional sobre el particular en un plazo de 24 horas. Asimismo, se exige que a la persona no se le haya cancelado alguna inscripción de armas de fuego en los cinco años anteriores a la nueva solicitud.
Finalmente, el proyecto de ley establece nuevas penas. Fija una multa de 2 a 10 UTM para el poseedor o tenedor de armas de fuego en un lugar distinto al declarado -ya lo había explicado- y, en caso de reincidencia, se considera un plazo de cinco años, la multa aumenta al doble y se cancelará la inscripción.
Asimismo, se contempla el presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de 8 a 100 UTM al que entregare a cualquier título un arma. Y en el caso de armas largas, con cañones recortados, presidio mayor en su grado máximo.
Hay disposiciones de la iniciativa en debate que son positivas, otras podrán ser discutibles. No obstante, la vamos a votar a favor en general, porque contempla normas que podrían haber salvado vidas o evitado que se agrediera a las policías con armas, en este caso, inscritas.
Sin embargo, nos queda el amplio campo de las armas ilegales, hechizas, donde lamentablemente en el último tiempo no ha habido nuevas ideas. Ese es el desafío que tiene Chile: evitar que este tipo de armas circulen como ocurre hoy día. La información que extraoficialmente tenemos es que actualmente existe un número muy alto de armas hechizas en manos de delincuentes y de gente dispuesta a usarlas para cometer delitos.
He dicho.
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El señor NAVARRO (Vicepresidente).- El Senador señor García-Huidobro ha solicitado que se autorice un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley sobre medidas de seguridad en pasarelas, pasos peatonales sobre nivel y puentes que cruzan carreteras, que se halla en estudio en la Comisión de Obras Públicas (boletín Nº 8201-09).
Si no hubiera objeción, se fijaría hasta el 17 de enero, a las 12.
--Así se acuerda.
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El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, este proyecto tiene la virtud de poner en discusión lo relativo a la tenencia de armas de fuego.
El problema -lo analizamos en la Comisión- es que en Chile existen niveles altos de inseguridad. Ante ello, la gente en general busca resolver el asunto adquiriendo armas, a pesar de que está claro que no se trata de un volumen tan grande. Sin embargo, día a día aumenta.
Las condiciones para debatir esta materia no están claras. Ello lo planteamos en el órgano técnico, al que asistieron distintos expertos.
Primero, hay duplicidad de funciones: se ocupa de esto Carabineros, pero también la Dirección General de Movilización. Entonces, no existe una fijación clara sobre quién se hace cargo de ello.
Segundo, no se discute ni analiza si se quiere o no que los particulares tengan armas de fuego.
En un país, como dije, con elevados niveles de inseguridad -y siguen creciendo-, lo razonable es establecer un criterio. Pero esto requiere patrocinio del Ejecutivo. Estamos recién en la discusión en general de la iniciativa; por tanto, aún no hay problema.
Entonces, si vamos a permitir que los ciudadanos adquieran armas, debe haber, en primer lugar, un control efectivo. Sin embargo, no debe cargarse a los funcionarios públicos la tarea de ir a las casas a fiscalizar las armas, porque ello implicaría destinar personal a esa única labor. Hay que disponer que la persona dueña de un arma de fuego se haga responsable a través de medios tecnológicos, asumiendo las sanciones que significa no cumplir con las exigencias establecidas al efecto. Pero que no se gasten recursos públicos en dicho control.
Sí emplearía tales fondos, por ejemplo, en educar: ¿Qué significa que haya un arma en la casa? ¿Cómo cuidar que no sea utilizada por menores? Incluso, saber disparar en determinado momento, porque supongo que ese es el fin de tener un arma.
Pues bien, eso no está definido, y tampoco se halla dentro de la discusión acerca de la política que queremos establecer.
Se generan restricciones.
Por ejemplo, si alguien desea adquirir un arma, debiera antes ser objeto de un análisis psicológico para determinar si la persona está o no en condiciones de manejarla. Y si viven menores en la casa, debiera saberse cómo resolver problemas como el lugar donde guardar el arma, en fin.
Señor Presidente, sin perjuicio de debatir sobre la materia, cabe consignar que en las normas propuestas nada apunta en ese camino. La iniciativa, fundamentalmente, establece criterios de control al ciudadano que busca protegerse de una u otra manera.
Pero también hay que preocuparse de la cantidad enorme de delincuentes que poseen armas, respecto de los cuales debemos disponer formas de persecución y de sanción criminal que sean lo suficientemente duras.
El problema es que, con este proyecto, solo restringimos la conducta del ciudadano que quiere protegerse de cualquier modo.
Yo tengo dudas en cuanto a si es bueno o no contar con un arma en la casa. Eso es problema de cada cual. Sin embargo, si queremos que así sea, hagamos un esfuerzo para que el propietario de aquella posea los conocimientos y las condiciones para manejarla.
Preocupémonos de la persecución de los criminales que tienen armas.
Aquí se habla de las armas hechizas y, al mismo tiempo, se dice que se va a responsabilizar a quien haya registrado el arma, si un menor la toma. ¡Por favor!
Me parece que esa es una fórmula equivocada.
El proyecto es interesante para poner en discusión estas materias. Sin embargo, por la manera en que vienen sus artículos, estimo que carece del sentido que se persigue.
Por cierto, estoy dispuesto a trabajar para que se establezcan tales criterios, pero mucho más para que quienes poseen armas ilegales y las ocupan -los delincuentes- reciban las sanciones que correspondan.
Como nos hallamos en la primera discusión, el proyecto se votará en la próxima sesión.
Es cuanto quiero señalar por ahora, señor Presidente.
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El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Debo recordar que luego viene un proyecto de rango orgánico constitucional, por lo cual requeriremos quórum.
Y todavía se halla sesionando la Comisión de Hacienda, que está abocada al estudio del proyecto que posterga el reavalúo, prorroga los actuales avalúos de bienes raíces con destino habitacional y reduce la periodicidad del reavalúo de los bienes raíces de las distintas series.
Ahora solicito autorización de la Sala para que el Senador señor Gómez me reemplace temporalmente en la testera.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Gómez, en calidad de Presidente accidental.

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El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, en los últimos 20 años se ha discutido dos veces respecto de la Ley sobre Control de Armas.
Fui autor de dos mociones sobre la materia: la primera establecía requisitos más estrictos para adquirir un arma e inscribirla -fue presentada cuando yo y varios de los colegas que están en la Sala éramos Diputados-, y la segunda prohibía el porte de armas.
Soy de aquellos que creen que no es el mejor camino tener un arma en la casa. Y no me refiero a las escopetas de caza ni a ese tipo de armas de fuego, sino a las que se adquieren en las armerías con el presunto propósito de defenderse. Mi convicción es que la mejor forma de protegerse es no estar armado.
Los datos se encuentran a la vista.
Hay muchos dueños de armas de fuego en nuestro país que no deberían haberlas adquirido, pues no se hallan en condiciones psicológicas ni de preparación para poseer armas inscritas a su nombre.
Muchas veces leemos en los diarios que un niño mató a otro menor al manipular un arma de fuego del padre o de la madre. Ello no hace sino demostrar que la persona que había inscrito el arma en forma legal es irresponsable.
Soy de aquellos que piensan que los requisitos para adquirir e inscribir un arma deberían ser aún más estrictos. Tendría que haber un control mayor de quienes acceden a la compra de armas.
Entiendo que no es algo que se pueda prohibir.
También siempre he sido partidario de un mayor control respecto de la venta de municiones. Porque es posible saltarse lo relativo a un arma inscrita usando las hechizas. De hecho, los delincuentes y el crimen organizado muchas veces utilizan para sus fechorías armas hechizas con municiones compradas legalmente.
Señor Presidente, hay colegas que quieren abrir el debate para perfeccionar las normas del proyecto. Yo voy a votar a favor de la idea de legislar para que se pueda desarrollar esa discusión, pero con la convicción de que facilitar el porte de armas no es bueno. Un procedimiento más expedito para trasladar de un lugar a otro un arma debidamente inscrita sin duda se puede revisar.
Sin embargo, espero que no se caiga en la tentación de creer que hay más seguridad cuando uno se arma. No es así. La historia hasta ahora ha demostrado que ello no es conducente.
La experiencia de un país como México, donde la cantidad de armas en manos de los ciudadanos es escandalosa -y ya no son las que se ocupan para defensa personal, sino armamento que en nuestro país solo ocupan las Fuerzas Armadas (por ejemplo, subametralladoras)-, demuestra que el camino de armarse para defenderse es pésimo.
Entre 30 y 40 por ciento de las armas incautadas a los delincuentes cada año en Chile fueron compradas legalmente y luego sustraídas de los hogares de quienes las habían adquirido.
Señor Presidente, al igual que el colega que me antecedió en el uso de la palabra, tengo toda la disposición para facilitar que perfeccionemos la normativa propuesta.
Creo que lo indicado por el Senador Prokurica, en el sentido de que en nuestro país existen más armas que antes, es abiertamente improbable y difícil de demostrar.

El señor PROKURICA.- Yo dije lo contrario.

El señor LETELIER.- Su Señoría criticó un artículo sobre la materia.
Probablemente, hoy en Chile hay menos armas de fuego inscritas legalmente y menos armas obtenidas por ciudadanos de manera ilegal.
Creo que hemos avanzado, y espero que lo sigamos haciendo. Pero, para eso, junto con revisar la ley, debemos tener una orientación.
A mi juicio, se han destruido muchas armas en el último tiempo. Las personas que no supieron cómo inscribirlas las han entregado, y existe una mayor formalización. Y ello es relevante.
Siempre subsistirá la discusión sobre qué organismo debe hacerse cargo de ese procedimiento: si el Ejército o Carabineros. Ahí hay una pugna institucional, de la cual no nos podemos sustraer.
En todo caso, resulta relevante conocer de mejor forma la situación. Incluso, sería tremendamente útil que los organismos de seguridad de nuestro país (Policía de Investigaciones y Carabineros) tengan acceso a información georreferenciada acerca de dónde están las viviendas en las que se encuentran armas de fuego. Eso ayudaría mucho. Con todo, esos antecedentes no deben ser públicos, sino reservados, y para los fines correspondientes.
Voy a votar a favor de la idea de legislar, con el ánimo de abrir la posibilidad de perfeccionar la iniciativa.

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- No hay más señores Senadores inscritos.
Como se ha pedido segunda discusión, el proyecto quedará para la tabla de la próxima sesión ordinaria.
--El proyecto queda para segunda discusión.

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El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Voy a suspender la sesión por diez minutos, a la espera del certificado de la Comisión de Hacienda recaído sobre la iniciativa que posterga el reavalúo y prorroga los actuales avalúos de bienes raíces con destino habitacional.

El señor LETELIER.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, antes de que suspenda la sesión y en la confianza de que cuando llegue el certificado de la Comisión de Hacienda contaremos con el quórum necesario, solicito a la Sala que se me permita informar brevemente dos proyectos de la Comisión de Relaciones Exteriores que figuran en la tabla de hoy, de tal forma que se voten cuando reanudemos nuestro trabajo.
Uno es el proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo entre la República de Chile y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), sobre los privilegios e inmunidades de la OPAQ".
Y el otro, el proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo entre Chile y la República Popular de Bangladesh sobre Exención del Requisito de Visa para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales".
Pido solo informarlos. Luego se votarán. Así podríamos despacharlos en el día de hoy.

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- El problema es que para esas iniciativas se requiere quórum de ley orgánica. Si Su Señoría las informa, habrá que votarlas.

El señor PROKURICA.- Así es.

El señor LETELIER.- ¿Cuál es de ley orgánica, señor Presidente?

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- El señor Secretario me informa que los proyecto signados en la tabla con los Nos 4 y 6 tienen ese carácter.

El señor LETELIER.- La iniciativa Nº 6 no es de ley orgánica.

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- La revisaremos.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra, señor Senador.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Solo quiero consultar si se dio la unanimidad para que las Comisiones pertinentes analizaran en paralelo con la Sala el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio entre Chile y Australia para evitar la doble tributación.
Estimo que sería fundamental poder aprobarlo hoy. Si no, tal como lo planteó el Senador Letelier, habría que esperar un año más para tramitarlo. Ello no sería conveniente para todo lo que implica el desarrollo económico y el trabajo que han realizado ambos países.

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- No hay acuerdo respecto a lo planteado.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
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--Se suspendió a las 17:48.
--Se reanudó a las 18:5.
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El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Continúa la sesión.



MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 3º DE LEY Nº 17.235, SOBRE IMPUESTO TERRITORIAL


El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que posterga el reavalúo, prorroga los actuales avalúos de bienes raíces con destino habitacional y reduce la periodicidad del reavalúo de los bienes raíces de las distintas series, con certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8725-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 89ª, en 19 de diciembre de 2012.
Certificado de Comisión:
Certificado de Comisión de Hacienda: sesión 89ª, en 19 de diciembre de 2012.

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión aprobó en general el proyecto por cuatro votos a favor, de los Senadores señora Rincón y señores García, Orpis y Pizarro, con la abstención del Honorable señor Lagos.
La letra a) del artículo único registró dos votos a favor y tres abstenciones. Se pronunciaron por la afirmativa los Senadores señores García y Orpis, y se abstuvieron los Honorables señora Rincón y señores Lagos y Pizarro. Repetida la votación, conforme al artículo 178 del Reglamento, se verificó idéntico resultado. En consecuencia, por aplicación del inciso segundo de la misma disposición, las abstenciones se consideraron votos favorables.
La letra b) fue sancionada por unanimidad.
Los artículos primero, segundo, tercero y cuarto transitorios fueron acogidos por cuatro votos a favor, de los Senadores señora Rincón y señores García, Orpis y Pizarro, con la abstención del Honorable señor Lagos.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Abra la votación, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para ello?

El señor PIZARRO.- Sí.

El señor ORPIS.- ¿Será una sola votación respecto del artículo único?

El señor PIZARRO.- Es un conjunto amplio.

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Para aclarar el punto, tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La urgencia ha sido calificada de "discusión inmediata". Corresponde votar el proyecto en general, y, si no hubiera indicaciones, quedaría aprobado también en particular, con el mismo resultado.


El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Puede usar de la palabra primero el Honorable señor García, Presidente del órgano técnico, para informar.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda, en sesión celebrada esta tarde, se dedicó al estudio y despacho de la iniciativa, y, tal como lo mencionó el señor Secretario, aprobó la idea de legislar por cuatro votos a favor, con una abstención.
Luego, dado que era preciso, por la calificación de la urgencia, pronunciarse también en particular, se puso en votación la letra a) del artículo único, la cual establece que el Servicio de Impuestos Internos deberá reavaluar cada cuatro años, en lugar de cinco, los bienes raíces agrícolas y no agrícolas sujetos a las disposiciones de la Ley sobre Impuesto Territorial.
Habiéndose registrado dos votos a favor y tres abstenciones, se repitió la votación y se verificó el mismo resultado. La disposición se dio finalmente por aprobada en virtud del artículo 178 del Reglamento, que dispone que las abstenciones se suman a la postura que haya obtenido mayor número de votos.
Respecto de la letra b), cabe tener presente que, en el incremento paulatino, a lo largo de 10 semestres, de los reavalúos que van a regir a contar del 1º de enero de 2014, finalmente se eliminará lo que no alcance a formar parte del nuevo monto durante nueve semestres, es decir, el saldo final. El efecto práctico de ello es que las propiedades, que registrarán una alta diferencia en el proceso de reavalúo, terminarán, al cabo de cinco años, con un avalúo menor del que les habría correspondido. Por esa misma razón la letra b) fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Senadores señora Rincón y señores Lagos, Orpis, Pizarro y quien habla.
Los artículos primero, segundo, tercero y cuarto transitorios fueron aprobados por cuatro votos a favor y una abstención.
El artículo primero transitorio prorroga hasta el 31 de diciembre de 2013, con sujeción a las normas de la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, la vigencia de los avalúos de bienes raíces destinados a habitación que rijan al 31 de diciembre en curso. Ello es muy importante. Se trata de un beneficio que solo favorece a dichos inmuebles, no así a aquellos con destino comercial, a los cuales se les aplicará el nuevo reavalúo y por los que se deberán pagar mayores contribuciones, en consecuencia, en los casos en que corresponda. De esta manera también se mitigarán los eventuales efectos de la presente iniciativa sobre los ingresos municipales, en el sentido de que los menores recursos que se van a recibir obedecerán solo a la disminución por concepto de propiedades con fines habitacionales.
El artículo segundo transitorio establece cuándo comenzará a regir el plazo de cuatro años para efectuar los cálculos de los nuevos avalúos.
Y los artículos tercero y cuarto transitorios dicen relación con la administración del impuesto territorial.
Por las razones expuestas, solicito que se apruebe el proyecto, que tiene que ser ley antes del 31 de diciembre próximo para que la postergación rija a partir del 1º de enero de 2013.
Gracias.

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- En votación.
--(Durante la votación).

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, lo que estamos haciendo en estos momentos en el Congreso responde a lo forzoso del plazo: el 31 del mes en curso tiene que estar aprobada la iniciativa que nos ocupa, la cual llegó con "discusión inmediata".
Sin perjuicio de lograrse el mismo acuerdo de aprobar la prórroga, a mi juicio, se podría haber desarrollado un debate más a fondo y visto cuáles podrían ser los efectos negativos en los ingresos municipales, que es el tema pendiente.
Efectivamente, la medida no se refiere a todos los bienes raíces: no comprende a los agrícolas, cuyo sistema de reajuste es diferente, sino a los urbanos. Y dentro de estos, no se aplica a los comerciales ni a los industriales, sino nada más que a los habitacionales. En esta última categoría, casi el 70 por ciento está exento, por el hecho de que una parte del avalúo no se grava.
Convenía contar con un informe que precisara cuál es el daño o el menor ingreso municipal, porque se conoce solo la cantidad de 16 mil millones de pesos, dato que proporciona la Asociación Chilena de Municipalidades. A lo mejor es menos, si acaso se considera únicamente lo habitacional y no lo comercial y lo industrial. Sería bueno saberlo, ya que debiera haber mediado un esfuerzo del Gobierno para poder compensar los menores recursos en el período en que no habrá un reavalúo.
Habría sido deseable un debate sobre la compensación del alza transitoria de contribuciones aprobada con motivo del terremoto, que va a dejar de tener efecto. Tal vez, podríamos haberla dejado vigente para equilibrar la postergación del reavalúo, con el cual concuerdo, y el daño municipal.
Me parece bien que el proyecto disponga la reavaluación cada cuatro años y no cada cinco. Convendría que algunos que quieren cambiar el período presidencial lo precisaran rápidamente, si acaso estamos justificando la medida sobre esa base. He escuchado a algunos parlamentarios decir que hay que fijarlo nuevamente en seis años, en tanto que otros se inclinan por cinco. Si vamos a dictar una norma, que ello sea claro.
Me habría gustado ir un poco más al fondo, no centrarse solo en la prórroga, en el entendido de que, en estas condiciones, no me queda otra cosa que aprobarla.
Reitero que en las municipalidades se registrará un menor ingreso que no va a ser compensado. Creo que sería bueno que el Gobierno tomara nota de ello y que en un próximo proyecto contemplase la manera de lograr una equivalencia, con motivo del menoscabo que experimentarán.
Incluso, se podría haber justificado el no reavalúo, porque, como se ha reconocido por el IPoM, del Banco Central, y lo han declarado algunos expertos, tiene lugar un auge inmobiliario, sobre todo en algunas comunas donde el valor de las propiedades se ha incrementado más allá, seguramente, de lo que corresponde al mercado normal. Si se efectuara una retasación en estos momentos, a lo mejor se haría el ajuste con un reavalúo no acorde con la realidad.
Sobre todo lo anterior me habría gustado mantener una conversación más a fondo. No formo parte de la Comisión de Hacienda -no pude participar en su reunión-, pero estimo que debiéramos haber visto todas esas materias.
La prórroga se tiene que disponer. No queda otra cosa.
Considero que es bueno que el Gobierno se lleve el mensaje -por lo menos, de mi parte- de que se requiere un proyecto de ley que compense a las municipalidades en la cantidad que proceda.
Pienso que son menos de 16 mil millones de pesos, porque me parece que la proporción entre bienes urbanos comerciales y habitacionales es del orden de 60/40. Es más el valor de lo comercial y lo industrial que lo habitacional, porque una buena parte de esto último se halla exenta de pago de contribuciones. Pero eso se podría haber verificado. A lo mejor, son 4 mil millones, 5 mil millones.
A mi juicio, el Gobierno perfectamente podría hacer el esfuerzo de transferir recursos a las municipalidades, porque, por supuesto, para estas el daño es mucho mayor, lo que seguramente permitiría una disposición de fondos fiscales.
Lo otro que he planteado es que la ley aplicó una sobretasa transitoria, según recuerdo, con motivo del terremoto, y que vencerá el próximo año. Quizás habría sido posible compensar una cosa con la otra y no provocar daño a las municipalidades. Perfectamente se podría haber prorrogado el reavalúo, mantenido la tasa durante el período respectivo y evitado dicho perjuicio por la cantidad que se señala.
Gracias.

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, el Senador señor Zaldívar ha sido bastante pedagógico respecto a cuáles son las preocupaciones que genera la iniciativa en examen.
Comprendiendo el espíritu del articulado, creo que la premura con que este se trata no permite abordar los temas planteados por Su Señoría. Surge una cuestión de forma: hoy día es 19 de diciembre y termina en menos de dos horas la sesión en que lo estamos discutiendo.
Como bien lo ha recordado el señor Senador, esta Corporación aprobó, con ocasión del terremoto, un cuerpo legal que, en aras de la reconstrucción, ya estableció, entre muchas disposiciones, la postergación de un reavalúo de bienes raíces. Y eso fue hace dos años.
Desde el punto de vista de la forma, que se trata siempre de cautelar, estimo apresurado sostener el debate de la manera como lo hemos hecho el día de hoy. La disposición ha sido la mejor, porque se dio la unanimidad para que la Comisión de Hacienda pudiera sesionar aunque no se contara con el informe. Eso demuestra que no se quiere obstruir.
Se ha solicitado información por escrito respecto a lo que dejarían de recaudar los municipios como consecuencia de la prórroga, que va a impedir, en el caso de los bienes habitacionales, un aumento por concepto de bienes raíces. La información de la Asociación de Municipalidades se refiere a 16 mil millones de pesos. El Ministro de Hacienda ha señalado que sería una cifra significativamente inferior.
Lo que se le planteó a este último, en su oportunidad, era la posibilidad de una compensación de alguna naturaleza. No hubo respuesta. Ni un sí ni un no.
El Honorable señor Zaldívar, por ejemplo, estima que la extensión de la vigencia de la sobretasa aprobada como consecuencia del terremoto tal vez hubiera compensado el ingreso que dejarían de obtener los municipios con motivo de la postergación del reavalúo.
O sea, se podría haber llegado a un entendimiento por la vía de conversar, pero no existió una voluntad en tal sentido.
Durante la discusión en la Comisión de Hacienda -y este es un punto que sí me parece más preocupante, lo que expongo con mucha serenidad-, el Subsecretario señor Dittborn y sus asesores manifestaron que la razón de la medida radica, entre otras cosas, en que se quiere presentar el próximo año un proyecto de ley que va a modificar la regulación actual. Inquirido al respecto el señor Ministro de Hacienda, no pudo confirmarlo ni desmentirlo: solo se concentró en señalar que se posterga un reavalúo. Punto. No agregó, coma, "con el objeto de contar con un mecanismo o procedimiento distinto".
Entonces, aprovecho de preguntar si el titular de la Cartera podría tener a bien aclarar el punto, para saber si su palabra es la que va a valer, desde ese punto de vista, y si lo expresado por el señor Subsecretario no fue lo correcto.
Comprendo que este es un año electoral, señor Presidente. Entonces, cuando se hace referencia a subir o bajar las contribuciones, puedo advertir el esfuerzo que se lleva a cabo, desde el punto de vista del calendario, en orden a expresar: "Busquemos un período en el año en que ello no influya". Deseo consignar que lo que estamos haciendo hoy día ciertamente va a influir en los ánimos electorales, tal vez para beneficio del Gobierno y de muchos que pueden querer que eso ocurra. De no aprobarse la medida que nos ocupa, muchos contribuyentes habrían recibido, entre enero y febrero, un papelito que hubiera dicho que iban a tener que pagar más. Y eso iba a ser de cargo del Gobierno.
He dicho.

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Puede intervenir el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, ¿qué es el reavalúo? Es un reajuste en el valor de la propiedad que se hace en todo el territorio nacional. Y hay propietarios que están pagando un determinado monto en contribuciones que va a subir en la mayor parte de los casos, de acuerdo con esa medida. Ello, por la plusvalía, por los criterios de retasación, por un reajuste de recuperación de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. En definitiva, los contribuyentes van a cancelar más.
Señor Presidente, no tengo inconveniente en reconocer que este proyecto de postergación de reavalúos será positivo para los propietarios. Pero, al mismo tiempo, debo señalar que resultará muy perjudicial para los municipios, porque no percibirán mayores ingresos por los reavalúos, que constituyen una de las principales fuentes para financiar sus gastos corrientes, como pago de remuneraciones u otros que tienen que ver con entregar bienestar a la comunidad.
Es cierto que reciben aportes especiales. Pero la mayoría de los ingresos municipales proviene de las contribuciones de bienes raíces, de las cuales una parte va en forma directa al municipio, y otra al Fondo Común Municipal, el que a su vez se reparte entre las municipalidades.
Por otra parte, en lugares donde hay una importante presencia indígena, como es el caso de muchas comunas de mi Región y de las de otros Senadores, hemos establecido que las tierras indígenas -con toda razón- no paguen impuesto territorial. Que queden exentas.
Sin embargo, ello tiene un efecto determinado: que la respectiva municipalidad no reciba ingresos por tal concepto. Y esa concesión meritoria y justificada al mundo indígena no se halla compensada por el Fisco en los municipios que deben atender a ese mundo.
En efecto, se dice: "Vamos a establecer esta exención tributaria a favor de los pueblos originarios porque no pueden pagar". Y lo mismo ocurre con los sectores más vulnerables, que también quedan exentos de contribuciones. Pero, entonces, ¿cómo se financian los municipios donde ellos viven, que precisan mayores recursos justamente para atender a las poblaciones o a las familias más necesitadas? Donde más vulnerabilidad existe, menos dinero ingresa a las municipalidades y estas tienen menos disponibilidad de financiamiento para satisfacer las demandas más sentidas de sus habitantes.
Recién se señalaba: "Este es un año electoral". Acaba de terminar un proceso eleccionario y los alcaldes exitosos, elegidos con altas votaciones, tienen que cumplir un programa, tienen que cumplir expectativas. Y estas se basan fundamentalmente en los fondos que se recauden. Y con la postergación de reavalúos, los municipios tendrán menos recursos.
Con referencia a la exención de pago de contribuciones de bienes raíces que el Estado dispone a favor de los pueblos originarios, debo manifestar que las comunas donde ellos habitan no reciben ninguna compensación por esa justificada medida.
Por lo tanto, le solicito al señor Ministro de Hacienda que reflexione acerca de la posibilidad de hacer un nuevo trato entre el Fisco y las comunas donde hay gran presencia indígena, cuyas tierras se encontrarán exentas del pago de contribuciones.
Con esto -repito-, por un lado se favorece a los pueblos originarios, y por otro, se castiga a los municipios en materia de recursos.
En cuanto a la postergación del reavalúo, también tendrá un efecto pernicioso en las comunas, especialmente en las más pobres, que se financian con el Fondo Común Municipal. Porque este mantendrá su actual nivel de ingresos. De no mediar la iniciativa en debate, estos subirían -según entiendo- en alrededor de 17 mil millones de pesos, que irían mayoritariamente a los municipios más pobres.
Entonces, digámoslo con claridad: este proyecto es muy favorable para los propietarios de inmuebles, porque pagarán menos impuesto territorial. Pero quienes sufrirán las consecuencias directas de ello serán las personas más vulnerables, las más pobres y las comunas donde viven, cuyos municipios no contarán con los mayores recursos que deberían recibir de no mediar esta iniciativa de ley.
Por eso, señor Presidente, no me encuentro en condiciones de votarla favorablemente.

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, llegará el día en que el Parlamento y el Gobierno se privarán de presentar proyectos como el que ahora se discute, y en que, tal como se planteó tiempo atrás, se dejará que las cosas ocurran como corresponde, no más.
Hasta el día de hoy no entiendo en qué se basa esta prórroga de reavalúos, más allá del hecho de que estamos en un año electoral.
¿Cuál es el raciocinio para arrebatarles ingresos a las comunas?
¿Cuál es la razón para evitar un debate más sincero sobre la descentralización del poder? Porque cuando una tributación va a la autoridad de un territorio específico, lo que hay es una transferencia de poder.
Aquí se ha optado por beneficiar, fijándoles un respiro, particularmente a los dueños de casas habitaciones ubicadas en lugares que han tenido un aumento en su plusvalía. Porque esto no ha sucedido en todo el territorio nacional. En muchos lugares la tierra no ha experimentado un incremento en su plusvalía, que es lo que incide en el valor de las propiedades.
Los aliviados serán los segmentos de mayores ingresos de Chile, no la clase media ni los pobres. Porque mucha gente de la clase media del país no paga contribuciones por sus viviendas. Podremos discutir quiénes conforman este segmento, y espero no escuchar el típico ejemplo que se nos trae al Parlamento de que se trata de adultos mayores que quedaron en la casa que constituía la fortuna familiar y que subsisten con una baja pensión.
¡Claro!, existen esos casos, pero son marginales en comparación con el grueso de ellos.
Este proyecto conlleva una acción que incide en los recursos municipales, a la cual tal vez uno pueda encontrarle justificación porque hay que perfeccionar un instrumento.
Pero si el espíritu de esta legislación fuera perfeccionar los instrumentos, el Ministro de Hacienda -presente en la Sala- podría ratificar lo que, según entiendo, dijo en la Comisión: que se van a atender aquellas materias que sí les interesan a los municipios, como el otorgarles la facultad para resolver los casos de ciudadanos de sus territorios con deudas por concepto de extracción de basura o con cementerios municipales.
¡Esas sí son cosas que inciden en los ingresos de los municipios y respecto de las cuales ellos piden que se les conceda facultad para resolverlas autónomamente!
Lo curioso, señor Presidente, es que la ley en estudio, que incide en los recursos de las comunas, no fue solicitada por los municipios.
Eso sí, hay otras peticiones de la Asociación Chilena de Municipalidades. Me consta que en mi Región se está solicitando la facultad -sería ideal que fuera permanente- para poder repactar o condonar deudas de algunos ciudadanos por concepto de extracción de basura o con cementerios municipales.
¡Ello significaría transferir poder a las autoridades locales: darles atribuciones para disponer de sus ingresos!
La iniciativa implica un despojo unilateral de fondos a los municipios.
Curiosamente, el Fondo Común Municipal -por lo que entiendo- no va a ser compensado. Y es importante explicar bien esto.
Las contribuciones de bienes raíces van a los municipios. Pero en los más ricos de Chile, donde se recauda la mayoría de los ingresos provenientes de ellas, que son los de las 4 o 6 comunas del sector nororiente de la Región Metropolitana: Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, el 70 por ciento de lo percibido por concepto de contribuciones de bienes raíces va al Fondo Común Municipal para ser redistribuido entre las comunas de todo el país.
Por lo tanto, ¡este proyecto va a redundar en una pérdida neta para los municipios!
Señor Presidente, quizás estoy desinformado -si es así, pido disculpas-, y el Gobierno tiene la voluntad de compensar la pérdida de esos ingresos.
Yo represento a una Región del Chile medio; del Chile de las comunas del centro del país; de las comunas intermedias, de 30 mil, 50 mil habitantes, que son dependientes del Fondo Común Municipal. Y algunas de ellas son inviables sin la transferencia que les efectúa ese Fondo. ¡Absolutamente inviables!
Entonces, me pregunto: ¿Por qué a esas comunas, en un país que crece, en un país que avanza, en un país que tiene tasas de crecimiento de las que todos nos alegramos, se les dice: "Ustedes no se suben a este tren; ustedes no tienen derecho a contar con más recursos para sus políticas públicas"?
Señalo lo anterior, porque algunos pensarán que uno o dos años no importan tanto, pero a mí me inquieta una cuestión de criterio.
Por un lado, aquí hay una decisión propia del centralismo más exacerbado, en cuanto a postergar un reajuste de impuestos -entiendo yo- solo por las elecciones del próximo año. A mi juicio, no hay ninguna razón adicional que lo justifique. Y, por otro lado, en aquellas materias donde los municipios quieren administrar sus recursos, no lo pueden hacer.
Solicito al Ejecutivo, por su intermedio, señor Presidente, lo siguiente.
Primero, que se compensen los recursos que no van a llegar al Fondo Común Municipal, del cual dependen los municipios más pobres del país.
Y, segundo, que se entreguen facultades a los municipios, por medio de una ley -no entiendo por qué no se ha querido hacer acá-, para que puedan renegociar y administrar con los habitantes de sus comunas sus pasivos por extracción de basura, deudas de cementerio, etcétera. Creo que esto permitiría reconocer algo importante para fortalecer la democracia: que las autoridades locales deben ser quienes determinen qué acciones se toman con sus ingresos y no otros, como los que estamos aquí, en la Sala. Porque no nos corresponde administrar día tras día las demandas ciudadanas.

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, no voy a entrar al detalle mismo del proyecto. Solo quiero detenerme en dos consideraciones.
La primera, que hemos revisado en la Comisión de Hacienda, se refiere a la modificación del período de reavalúo.
Creo que, lamentablemente, estamos cometiendo un error. Porque esos reavalúos se van a realizar justo en años electorales, lo cual va a provocar que tienda a existir presión para que ellos no se practiquen o se dilate su ejecución. Esto se lo señalé al Ministro y lo discutimos en la Comisión.
El Secretario de Estado sostiene que no será así, porque este mecanismo se halla establecido por ley y no requiere trámite legislativo. Es cierto. Pero la presión legislativa para que se aplace la retasación va a existir. Y así como hoy día estamos postergando por un año la entrada en vigencia de una norma, lamentablemente lo mismo sucederá en el futuro.
La segunda consideración se la hicimos presente al Ministro, y tiene que ver con un proyecto, del que soy autora, que el Senado de la República aprobó en forma unánime. Este dice relación con las facultades de los municipios para condonar las deudas producto de intereses y multas en materia de extracción de basura.
Señor Presidente, la normativa sobre la materia dictada en el pasado estableció, por desgracia, un sistema para el cobro de multas e intereses que las hace más caras que el pago por retiro de basura.
¿Qué ha ocurrido en el tiempo? Que en muchas comunas, por no decir en todas las del país, los vecinos y vecinas no han concurrido a cancelar la obligación. Y el elevado monto de las multas e intereses acumulados ha significado que existan deudas impagables. Pero el alcalde, la máxima autoridad comunal, no las puede condonar ni rebajar.
Entonces, ¿qué ocurre al final del día? Que el alcalde no percibe el pago de lo adeudado por el alto nivel de endeudamiento de las vecinas y los vecinos. Y, en muchos casos, esto lleva al remate del bien raíz por el cual se origina.
El Senado despachó al Ejecutivo, en forma unánime, un proyecto de acuerdo para legislar sobre esta materia. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido respuesta, salvo que se iba a estudiar el asunto.
Por eso, le pido al Gobierno (este se mostró favorable cuando se lo solicité en la Comisión de Hacienda) que apure el análisis de esta materia.
Van pasando los meses. Este problema lo vivimos todos nosotros en períodos electorales, porque la gente nos reclama. Obviamente, se traduce en menos ingresos para los municipios, que deben cumplir sus obligaciones, y también en angustia para las familias, a las que les aumenta su nivel de compromisos impagos.
Cuando estamos abordando materias sensibles para la ciudadanía, debo señalar que este asunto, que, sin lugar a dudas, no representa mayor gasto fiscal, tendría que ser revisado por el Ejecutivo en forma urgente. Y en el Parlamento encontrará los votos necesarios para regularizar una situación que, a todas luces, es injusta por los montos involucrados y, además, inequitativa con los municipios más pobres.
Queremos transformar el país; de nosotros depende.

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, a casi 15 días de haber asumido en el país los nuevos concejos municipales y los nuevos alcaldes, vemos que el proyecto que hoy día se busca aprobar es, claramente, antimunicipios.
Se trata de una medida antimunicipalidades, centralista; más allá de si los márgenes son 16 mil millones o 3 mil millones. Esta es otra excusa del Gobierno para no cumplir sus compromisos en materia municipal, como hace dos años con la Educación.
Y esta es una de las pocas herramientas de las cuales se puede disponer.
Me preocupa que en el último tiempo haya tanta prórroga. El Parlamento ha aprobado varias, más allá de si se trata de medidas populares o impopulares. Las ha habido también para los bienes raíces, para los predios agrícolas. En general, esto no está de acuerdo ni se condice con un país que crece, que tiene mayor desarrollo, mayor bienestar, y que quiere repartir sus recursos de manera más igualitaria y equitativa entre sus habitantes.
Cabe recordar qué hacen los municipios con los recursos extras que reciben por el incremento -conforme a los coeficientes regulares de cálculo- del Fondo Común Municipal.
Porque esta es una base importante de dicho Fondo. Con lo que recaudan se llevan a cabo programas sociales; en las comunas más pobres se hacen veredas, se edifican sedes comunitarias, se ponen semáforos donde hay accidentes y, a veces, muere gente, y también se construyen calzadas. Es decir, se realizan obras públicas y, en ocasiones, pequeñas. Porque, como recién señaló un Senador, esto es para el gasto corriente de los municipios, no para la gran inversión, caso en el cual postulan al Fondo Nacional de Desarrollo Regional o se financia sectorialmente.
Entonces, en cuanto al segmento que se busca beneficiar, esto se asemeja mucho a lo que se llamó "reforma tributaria", "ajuste", "reforma macetero", "base para una verdadera reforma", o como se haya denominado, que entrega un crédito tributario a la educación. En gran medida, muchos de los favorecidos son los mismos. Incluso, uno podría decir que aquí el Gobierno está cuidando un nicho electoral, como han sostenido algunos señores Senadores. No sé. Yo no me atrevería a hacer esa afirmación.
Por otra parte, no he escuchado argumentos para apoyar el proyecto. Algunos colegas -como el Senador Zaldívar- han expresado que van a votar a favor, porque, a veces, complica pronunciarse en contra. Pero no he oído buenas razones para aprobarlo.
Lo que yo pienso es que el Gobierno no quiere pagar un costo por ajustar los avalúos al crecimiento de las propiedades, especialmente en las comunas más ricas de Chile.
Por eso, sostengo que la iniciativa legal es completamente regresiva. Porque, por ejemplo, Sus Señorías saben cuánto cuesta en Providencia el metro cuadrado: aproximadamente 26 UF. ¡Y cuánto ha crecido en los últimos 5 años! Al igual que en Lo Barnechea, Las Condes o Vitacura.
Por supuesto que el proyecto persigue que esos sectores no paguen más impuestos, porque tendrían que ser revaluados. Sin embargo, para Regiones como la que yo represento -la de La Araucanía-, esto significa pura pérdida. Porque 16 mil millones, o la cantidad que sea, son recursos que los municipios invierten en gasto corriente -como alguien dijo aquí- y también en pequeñas obras públicas que, a veces, representan una tremenda oportunidad de bienestar para los vecinos.
Yo creo que llegó el momento de ajustar el mecanismo en su valor real. No es cierto que la clase media se beneficia -a menos que tengamos una mirada muy distinta de lo que consideramos por clase media-, ni menos los sectores más modestos; en absoluto.
Y por eso digo que se trata de algo regresivo: porque esos segmentos pierden, ya que los sectores más pobres dependen mucho de la obra que los municipios hagan. Y, en este caso, dejarán de realizarla, por cuanto no van a contar con fondos adicionales.
Por eso, me sumo a los que algunos colegas han planteado -como el Senador Lagos- de que el Gobierno se comprometa con un proyecto de inyección de recursos nuevos a los municipios, para paliar o compensar lo que dejarán de percibir a raíz de esta iniciativa, si es que se aprueba.
Señor Presidente, no voy a concurrir a aprobar con mi voto un proyecto como este.
Me abstengo.

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el Gobierno, al enviar al Congreso un proyecto de ley, ha hecho uso de su facultad; pero lo hizo a última hora. Estamos en la última sesión del año, ¡en la última sesión! O sea, igual como ocurre en cuarto medio cuando termina el año.
Y, a veces, es se puede entender como "chipe libre".
Creo que este es un proyecto serio, porque el Ministro de Hacienda también lo es. Sin embargo, para los municipios, aquel no lo es.
La abstención en el ámbito municipal, que es la base de la democracia, donde está la participación local, territorial, el poder comunal, alcanzó niveles alarmantes: en Talcahuano, el alcalde Gastón Saavedra, mi amigo, ganó con el 75 por ciento; pero votó solo el 39 por ciento del padrón electoral.
En Chile, de cada diez habitantes sufragaron cuatro; vale decir, se abstuvo el 60 por ciento.
Sin embargo, a esos alcaldes elegidos con una escasa participación, hoy día, en su debut, lejos de anunciarles que es necesario inyectar más recursos para que el municipio legitime su rol de participación, les decimos que les vamos a restar fondos, sabiendo que todo lo que prometieron durante las campañas lo hicieron sobre la base de reglas del juego claras, conforme a los ingresos proyectados para el 2013.
Y, por tanto, alguien tendrá que explicar a la ciudadanía que las iniciativas planificadas a nivel comunal no se podrán realizar debido a que el municipio va a carecer de tales ingresos. Eso significa que o les mintió el alcalde o, bien, el Gobierno cambió las reglas del juego a última hora.
Eso va a ser así con los alcaldes de Derecha, con los de Centro y con los de Izquierda, toda vez que no podrán cumplir con los compromisos de campaña.
Mi amigo Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, no va a poder cumplir con los suyos, habiendo explicitado de manera detallada, en un trabajo con la propia comunidad, qué iba a hacer con los ingresos municipales: ¡presupuesto participativo!
Bueno, y eso se cae. Además, no hay un detalle exacto que permita dimensionar cuántos fondos menos tendrá Recoleta, ni cuánto menos Concepción.
En Chiguayante, Antonio Rivas ganó y ahí está. En esa localidad hay población de clase media y de clase baja. Pero en el sector Lonco, que es un barrio de Concepción, están los altos ingresos.
Señor Presidente, esta prórroga va a disminuir las entradas municipales.
Ahora bien, todo indica que este, al igual que la Ley de Elecciones Primarias, es un proyecto más bien electoral. Y se lo dije al Ministro Larroulet. Dicha normativa solo ordena a la Derecha; pero la Concertación "pisó el palito" y dijo "Sí, hagamos una ley de elecciones primarias -comillas- partidista", porque no es ciudadana.
Yo no entendía el alboroto ni la incitación del Ministro Larroulet por aprobar esa iniciativa. Era solo para resolver el tema Golborne y Allamand, el que, entre paréntesis, va a ser de muy difícil solución.
Esta nueva ley, obviamente, traerá un cierto alivio a quienes no pueden pagar e incide en los aspectos que aquí se han señalado. Pero quiero reiterar que gente de verdadera clase media -como ha expresado el Ministro- tiene su buena casa o departamento. Son personas que han trabajado toda la vida, pero que perciben ingresos miserables, porque el sistema de AFP las condenó a jubilar con un tercio de sus remuneraciones. O sea, tienen una buena casa, pagan una alta renta, pero sus entradas corresponden a un tercio de lo que ganaban cuando eran trabajadores activos.
Por lo tanto, no están en condiciones de pagar la renta de esa buena casa, la cual no refleja su real situación económica. Y se podría pensar que el postergar la situación por un año sería una medida. Pero ello no es un alivio para la clase media, sino que significa traspasar la agonía del 2013 al 2014, nada más.
El Ministro podría decirnos que se va a evaluar lo que aquí se ha planteado respecto de la tercera edad, la situación de la muerte digna, las deudas que hay con los cementerios. Porque cada chileno debiera tener acceso a un lugar donde morir.
Y hemos planteado en un proyecto de ley la necesidad de tener ¡muerte digna!, ¡un lugar donde "caerse muerto"! y ¡que el Estado, a través de los municipios, termine con la incertidumbre de no tener un lugar garantizado para morir en paz! Y no se muere en paz, cuando se deja a la familia con una alta deuda. ¡Vale como un millón de pesos morirse!
Señor Presidente, este derecho sagrado a la muerte digna de un ser humano es un elemento que el Ministro y el Gobierno podrían incorporar como parte del alivio a los municipios, porque son los alcaldes los que deben dar la cara y decir que no es admisible lo que se propone, porque significa más endeudamiento municipal.
Señor Presidente, el Gobierno argumenta que este proyecto es un apoyo para la clase media. Y ya lo hemos dicho: es un alivio "temporal", porque se patea para el 2014 el reavalúo. En el fondo, no es alivio, pues, en muchos casos, se sigue gravando a los contribuyentes con impuestos que no pueden pagar.
Respecto de los adultos mayores y las familias monoparentales, la iniciativa implica más bien una transacción por un año. Y en cuanto a las condiciones de Europa y a la incertidumbre que pueda implicar el arrepentirnos de no aprobarla, es algo que contraría lo dicho por el Ministro, porque, si bien sostiene que Chile está blindado, el asunto puede afectarnos. Pero no tienen por qué pagar el costo de esta situación los más pobres ni los municipios.
Los alcaldes se van a enojar con nosotros, señor Ministro, porque cada vez que aprobamos una iniciativa legal que los hace incurrir en más gasto sin consultarlos, somos los parlamentarios los que salimos a la palestra. Dicen: "Pídanle plata a Navarro, o a García-Huidobro, o a Lagos. Ellos aprobaron la normativa y no nos avisaron".
Entonces, estimo que estamos incurriendo en un agravio hacia los alcaldes y los concejales recién elegidos y, también, hacia la ciudadanía, porque en definitiva habrá menos obras municipales. Todos van a entender que esto se debe, básicamente, a una "movida" electoral y que no se quiere hacer pagar el costo que tendría para el Gobierno el aumento del pago de contribuciones en un año de elecciones.
Por último, estimo que se necesita una revisión a fondo del sistema de financiamiento municipal, del FNDR y del Fondo Común Municipal, al igual que establecer que los municipios tengan la obligación de pagar por caja -o sea, por mandato de la ley- la luz, el agua, la basura, el gas. No puede ser que haya colegios municipales con la luz cortada o sin agua, ni sea posible regar las plazas públicas porque no se ha pagado la cuenta a ESSBIO o a la empresa sanitaria.
Todos esos servicios básicos debieran ser descontados por caja y cargarse a los aportes que se les dan a los municipios. No debiera permitirse a los ediles ahorrar esos recursos o trasladarlos de destino; y lo mismo tendría que aplicarse en lo referente al pago previsional de sus trabajadores y a las cuotas de las cajas de compensación.
Como hay arreglos que hacer, creo que los alcaldes están dispuestos a ese debate. Pero lo que no podemos hacer es decirles, después de que prometieron un programa de gobierno municipal, en un ambiente de baja participación, que dispondrán de menos recursos para cumplir sus promesas.
¡Eso es traicionar la voluntad ciudadana! ¡Eso es hacer una zancadilla a la participación y dañar la credibilidad de la participación local y municipal y la credibilidad en los líderes comunales!
Considero que los alcaldes, cuando sepan de esto -si bien alguna noticia tenían-, van a reaccionar en forma adversa. ¡Y al que le calce el guante que se lo chante!
Estoy disponible para discutir con el Gobierno todo lo que sea necesario para mejorar lo relativo a la gestión y fiscalizar en mejor forma el gasto municipal, como ha ocurrido con los recursos enviados a la educación, que se han diluido.
Pero, en lo que dice relación a este proyecto, me voy a abstener, porque creo que si lo hubiéramos discutido con más tiempo habríamos podido tener una iniciativa con todos estos elementos, más los sugeridos en este debate por los Senadores que me han precedido en el uso de la palabra. Eso nos habría dejado más tranquilos y, obviamente, sin el peso de conciencia de estar gravando a los alcaldes y concejales con la carga y el yugo de promesas incumplidas por algo de origen desconocido.
El Gobierno tiene la responsabilidad de explicar esto. Yo lo haré en mi Región, y cada uno de los Senadores hará lo propio en la suya.
Aunque el proyecto se va a aprobar, al final del día no va a ser una buena iniciativa pudiendo haberlo sido.
Si queremos aliviar a la clase media -en la cual se encuentran muchos de la tercera edad y familias monoparentales-, discutamos la posibilidad de que definitivamente no paguen impuestos, porque no tienen ingresos para hacerlo.
Eso tampoco estuvo en el mensaje sino, más bien, viene en una norma difusa.
Me abstengo por los antecedentes que he señalado.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!

El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, varios señores Senadores no solo han puesto en duda el hecho de que este proyecto beneficie a los sectores medios de nuestra población, sino que han pretendido señalar que su objetivo apunta a favorecer a los sectores más acomodados del país, perjudicando a las comunas más pobres.
Frente a ese tipo de argumentos, considero imprescindible entregar a la Sala la información con la que contó la Comisión de Hacienda para resolver favorablemente esta iniciativa.
En primer término, cabe consignar que, al cabo de los cinco años que durará este proceso, la comuna de Las Condes verá aumentada su recaudación por contribuciones de propiedades con destino habitacional solo en 2 por ciento, mientras que Lo Barnechea lo hará en 6 por ciento y Vitacura, en 7 por ciento.
Por su parte, Maipú -nadie podría sostener que en esa comuna viven las personas más pudientes del país- incrementará su recaudación en 114 por ciento. En eso subirán las contribuciones de bienes raíces en una comuna que a mi juicio es eminentemente representativa de la clase media chilena, específicamente en la Región Metropolitana.
En la comuna de Alto Hospicio -nadie podría afirmar que sus habitantes son las personas más ricas de Chile-, la recaudación crecerá, al término del proceso, en 208 por ciento.
También subirá en otras comunas: Calama, 230 por ciento; Copiapó, 98 por ciento; Machalí, 42 por ciento; Valdivia, 31 por ciento; La Unión, 128 por ciento; Puerto Varas, 70 por ciento; Ancud, 200 por ciento; Castro, 47 por ciento; Coyhaique, 88 por ciento; Aysén, 240 por ciento; Punta Arenas, 94 por ciento.
¡Por favor, señor Presidente, pongamos las cosas en su justa medida! ¡Aquí nadie está por favorecer a los más ricos desprotegiendo a los más pobres o beneficiar a los más ricos con la plata de los más pobres!
Durante estos 22 años de democracia, juntos hemos librado en el país una batalla para disminuir, paulatina y sustantivamente, tanto la población en condiciones de pobreza como la que vive en situación de extrema pobreza.
¡Eso es lo que nos inspira a todos quienes estamos en esta Sala! Y si hoy día estamos prorrogando el reavalúo que debiera comenzar a regir el 1º de enero de 2013 es porque las comunas más afectadas son aquellas de clase media.
Dicho eso, también deseo desmentir categóricamente que los municipios vayan a recibir menos dinero. ¡No! Los municipios van a recibir más por las mayores contribuciones que significará el proceso de reavalúo que no se posterga y que corresponde a las propiedades comerciales e industriales y sitios declarados eriazos.
Además, también las municipalidades verán incrementados sus recursos por la vía del alza del Fondo Común Municipal que estas mismas contribuciones representan.
Entonces, no les estamos disminuyendo los presupuestos a los municipios. Estos contarán con más recursos y van a poder invertir más en favor de la gente. Simplemente, lo que estamos haciendo es llevar un alivio a sectores de clase media, como lo hicimos en tantas oportunidades anteriores.
Si uno revisa la historia legislativa de estos 22 últimos años, verá que hemos aprobado por lo menos cinco, seis o quizás siete proyectos sobre postergación de reavalúos. ¿Por qué si fue bueno durante los años que gobernó la Concertación, hoy día, cuando repetimos el ejercicio por ser necesario, es malo?
Me parece que esa no es una buena manera de mirar el país ni nuestra actividad parlamentaria.
Voto favorablemente.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, quiero saber si es posible tener acceso a la información que se entregó a los integrantes de la Comisión de Hacienda, porque al resto de los Senadores solo se nos hizo llegar un certificado.
Resulta bien importante en una discusión de estas características -que no es menor- contar con información fidedigna entregada responsablemente por el Ministro de Hacienda o la Comisión del ramo, porque me parece que aquí escuchamos argumentos que podrían estar errados por desinformación.
Entonces, todos debiéramos tener los antecedentes exactos de cuánto subirán las contribuciones, en qué municipios, etcétera -como indicó el Senador García-, porque eso facilitaría la discusión y la decisión de cómo vamos a votar y no como ahora donde quienes no formamos parte de la Comisión de Hacienda estamos un poco a ciegas.

El señor GÓMEZ.- Que se nos entregue un informe, señor Presidente.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Ha pedido la palabra el señor Ministro de Hacienda.
La Comisión de Hacienda entregó un informe, Senador Gómez,...

La señora ALLENDE.- Es solo un certificado, señor Presidente.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- ... donde solo aparece el texto del proyecto. No hemos tenido acceso a mayor información financiera respecto de su impacto.
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, después de escuchar al Senador García, quedo con una preocupación, porque pretender sacar adelante un proyecto de ley que producirá un desastre en diferentes municipios del país como los que mencionó Su Señoría -por ejemplo, en Maipú, una de comunas más populosas de Chile, de clase media- y en los que subirán ciento y tantos por ciento las contribuciones.
Entonces, comprendo que el Gobierno haya decidido chutear este tema -no voy a menoscabar en lo mínimo su decisión- por razones electorales. Sería sumamente complejo que llegara una notificación el próximo año a la casa de una persona en la que se diga que ya no está exenta de contribuciones y ahora deberá pagar ciento y tantos por ciento por ellas o que pagaba tanto y ahora se subirá en tal cantidad.
Dicho eso, lo preocupante entonces -y entiendo que a eso apuntaba la pregunta del Senador señor Lagos y sería bueno que el Ministro la contestara- es qué vamos a hacer porque, de una u otra forma, el próximo año volveremos a discutir esta cuestión, debido a que se enviará un proyecto de ley para subir las contribuciones en esa magnitud.
Y eso va a producir en realidad un problema social grave, porque a mucha gente que ha hecho un tremendo esfuerzo por tener su casa se le va a subir, en un porcentaje enorme, las contribuciones. Estamos hablando de Maipú, de Alto Hospicio, de Osorno, de La Unión y de otras comunas como las que se mencionaron, por lo cual me parece sumamente preocupante que el Gobierno no nos explique cómo vamos a resolver este punto.
¿Por qué? Porque hay diversas fórmulas -por ejemplo, para aquel que tiene solo una casa, para el adulto mayor, para la mujer jefa de hogar- que nos permitirían, de una u otra forma, establecer criterios y evitar este golpe económico que les significará el reavalúo.
Según lo que explicaba el Senador señor García, en Las Condes la recaudación municipal solo subirá en 3 por ciento. Si es así, a cualquiera que viva en dicha comuna ese porcentaje no lo va a afectar. Sin embargo, el ciento y tantos por ciento de aumento en otra zona sí va a impactar.

El señor QUINTANA.- Está equivocado el Honorable señor García.

El señor GÓMEZ.- Entonces, la pregunta concreta y final que debemos hacer al Ministro es si la situación va a ser así o no. Porque, de serlo, creo que el Gobierno, aun cuando nosotros suponemos que no va continuar en el poder el próximo período, le va a dejar el "cacho" al que lo suceda. Y, bajo esa lógica, hoy día debiéramos tener claridad sobre si lo van a estudiar seriamente para evitar tal circunstancia.
Así que le pediría al Ministro, si fuera posible, que nos respondiera esta consulta.
Gracias.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Estamos en votación, pero, ¿habría unanimidad en la Sala para ofrecerle la palabra al señor Ministro?

La señora ALLENDE.- Sí, para que aclare.

El señor GÓMEZ.- De acuerdo.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Muy bien.
Acordado.
Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, creo que es importante aclarar algunos puntos que han surgido en el debate.
En primer lugar, tal como decía el Senador García, esta no es la primera vez que se posterga un reavalúo en los últimos veinte años. Ya hubo postergaciones en 1990, 1991, 1994, 1996, 2001, 2002 y 2010. De tal manera que en todos estos períodos ha existido una preocupación por el tema.
En segundo lugar, deseo comentar que en la mayor parte de esos casos la situación externa era bastante menos compleja que la que enfrentamos hoy. Y esa es una de las principales razones para postergar el reavalúo. Tenemos mucha incertidumbre externa, con Europa en recesión; con un "precipicio fiscal" en Estados Unidos -que ha ilustrado la última portada de The Economist, donde aparece un auto, que representa a esa nación, saltando al vacío, porque, estando a doce días de que finalice el año, todavía no hay acuerdo en esa materia-; con una desaceleración significativa en países como Brasil, que hoy está creciendo al 1 por ciento.
Todo eso configura un escenario externo complejo. Y además se debe considerar la discusión -razonable- que se está dando en Chile respecto de los aumentos en el valor de las propiedades. Estamos claros de que no se trata de una "burbuja" inmobiliaria, pero sí hay algunas comunas donde ha habido incrementos muy significativos en los precios.
Entonces, queremos tener un año para poder aquilatar, para poder evaluar. Esa es la razón de lo que estamos planteando.
¿Quiénes se protegen? Ya se decía acá: la clase media,...
¡Bueno, hay conversaciones cerradas aquí, señor Presidente!

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Ruego a los señores Senadores guardar silencio.
A todos nos interesa mucho su explicación, dada la importancia y la urgencia de este proyecto, que tiene que ser despachado en la presente sesión.
Puede continuar, señor Ministro.

El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Gracias.

La señora ALLENDE.- ¿Pero es el promedio o no?

El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Voy a explicarlo en un minuto. Ya llegaré a ese punto.
Entonces, dado lo anterior, nosotros nos dimos cuenta de que hay algunas comunas que resultan especialmente afectadas. Las cifras que se han entregado respecto de Maipú, por ejemplo, corresponden al incremento total de las contribuciones que provienen de esa comuna, lo cual es diferente que decir que equivalen al incremento de cada propiedad.
Y ello ocurre por varias razones, señor Presidente. En primer lugar, hay que estar conscientes de que no se realiza un reavalúo desde el año 2006. Se van a cumplir siete años desde el último, período en que, al menos en una parte importante de él, la economía chilena ha estado creciendo. En los últimos tres años el crecimiento ha estado cercano al 6 por ciento. Y esto ha generado un incremento en el valor de las contribuciones.
Además, hay que recordar que el umbral del valor de una propiedad para que ella se encuentre exenta está en 18 millones de pesos. De manera que cuando se supera, su dueño, de cero, pasa a pagar algo. Y hay muchas propiedades de comunas emergentes que han traspasado dicho umbral y pasan a estar afectas a consecuencia del reavalúo.
En otras palabras, no se puede interpretar ese cien por ciento de Maipú como el promedio que tiene que soportar el dueño de un inmueble de esa comuna. Porque habrá muchos que pasarán de pagar nada a pagar un poco.
Asimismo, este año Impuestos Internos ha estado implementando una nueva metodología, que lo que hace es mirar en forma más precisa el valor de un bien raíz, con determinantes que apuntan a él y no a áreas más globales y más grandes, como ocurría en el pasado, cuando se tomaban regiones, espacios geográficos más amplios, zonas, y a estas zonas se les aplicaban criterios comunes. Hoy día se intenta entrar dentro de cada zona para poder reflejar mejor las características de cada vivienda.
Por lo tanto, me parece que hay múltiples elementos que hacen que existan buenas razones para presentar el proyecto en debate en este momento.
Querría añadir que, aunque en muchas ocasiones se ha planteado una postergación del reavalúo -ya comenté que hay siete casos anteriores a este desde el año 90-, esta es la primera vez que aquella se efectúa solo para las propiedades habitacionales. Y esto es nuevo, porque todas las postergaciones anteriores abarcaban a ambos tipos de propiedades. Al hacerlo solo para las habitacionales, los mayores recursos que provienen del reajuste de los bienes raíces comerciales, que representan el 82 por ciento de los ingresos adicionales por este concepto, van a estar disponibles para los municipios. De tal manera que esto de que estamos desprotegiendo a los municipios se podría haber argüido con mucha mayor fuerza en procesos anteriores, en que se dejaron completamente intocados los avalúos de todas las propiedades. Pero, como el 82 por ciento del incremento de las contribuciones va a provenir de las propiedades comerciales, ese será el incremento que experimentarán los municipios. De suerte que solo pierden del orden del 18 por ciento, y únicamente por un año. Por tanto, estamos protegiendo a los municipios.
Respecto de las cifras que ha dado la Asociación Chilena de Municipalidades, quiero aclarar que no corresponden a lo correcto. Se ha hablado de 16 mil millones de pesos, pero lo cierto es que el primer semestre se llegará a 3 mil 400 millones, y el segundo será un poco más que eso. De tal manera que la cifra asciende a cerca de 8 mil millones de pesos el primer año. O sea, es la mitad de lo que ha planteado la Asociación.
Yo conversé ayer con su Presidente, simplemente para aclararle el punto, a manera de información.
Así que me parece que existen muchas razones para efectuar la postergación. Creo que desde el punto de vista del ciclo político -y lo digo cualquiera que sea el Gobierno que esté en el poder- es mejor que el reavalúo se produzca después de las elecciones, para evitar los incentivos perversos que involucra su postergación.
Lo otro que se aborda en este proyecto, señor Presidente, es la reducción del intervalo entre reavalúos, de tal forma que se puedan efectuar cada menos tiempo. ¿Cuál es el beneficio de realizarlos cada cuatro años en vez de cada cinco? Que el incremento va a ser inferior y, por lo tanto, el salto va a ser menor al que habría cada cinco.
Quiero también decir que durante este año vamos a estudiar todos los antecedentes. No nos hemos comprometido a enviar un proyecto de ley adicional sobre esta materia. Si encontramos que hay una buena fórmula, si es que algunas cosas no pudieran implementarse directamente por la vía administrativa y requirieran de una ley, se enviaría la iniciativa pertinente. Pero -repito- no hay ningún compromiso de enviar un proyecto que abarque el mismo tema del que ahora está en debate.
Lo que sí hemos señalado es que el reavalúo se aplicará a contar del 1° de enero del 2014 para las propiedades habitacionales, luego el 1° de enero del 2018, y luego el 1° de enero del 2022, lo cual produce el siguiente beneficio desde el punto de vista del ciclo político: ello ocurrirá independientemente del Gobierno que esté en el poder.
Gracias, señor Presidente.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- A usted, señor Ministro.
Ofrezco la palabra al Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, desde luego, anuncio mi voto favorable a esta prórroga, tal como ya lo hemos hecho en otras ocasiones desde que somos parlamentarios.
Es evidente que el Gobierno y las personas que la solicitaron tienen sus razones. Pero quisiera hacer presente, sobre todo, que las tasaciones las hace el Servicio de Impuestos Internos. Y, a veces, las propiedades, por transacciones puntuales, suben de valor y posteriormente todo el sector sufre un alza en las contribuciones, aunque el Ministro dice que ahora se abordan casos puntuales, por vivienda.
Sin embargo, nos hemos encontrado -a todos los colegas les debe de haber pasado- con profesionales que en su época, siendo muy jóvenes, compraron una propiedad bien ubicada, en la que han vivido durante treinta o cuarenta años. Y, como el tiempo pasa para todos, después jubilaron y quedaron con una pensión relativamente baja. Entonces, como ahora les han tasado tan alto su inmueble, hoy ya no son capaces de pagar siquiera las contribuciones y se ven obligados a trasladarse a un departamento pequeño, después de haber trabajado toda una vida. O sea, deben abandonar la vivienda por la cual tuvieron que pagar dividendos durante 30 años y recogerse a un pequeño departamento que les permita vivir con la exigua jubilación que perciben.
Quiero llamar la atención respecto a este asunto. Y, como digo, la tasación es algo que solo ven los especialistas del Servicio de Impuestos Internos.
Hay que hallar alguna manera para que a los jubilados que viven en sus viviendas por lo menos se les haga una rebaja considerable en los montos de las contribuciones de bienes raíces. Todos sabemos las condiciones en que ellos se acogen a retiro. Hoy día provoca alarma nacional la edad de jubilar, porque quienes ganan 3 o 4 millones de pesos mensuales pasan a quedar con un ingreso de 800 o 900 mil pesos.
Y las propiedades las han tasado fuertemente. Hay contribuciones de un millón o dos millones de pesos cada cuota. Mucha gente está preocupada por el alza que han experimentado los valores de sus propiedades. Y se los han subido mediante la tasación. En no pocos casos quedan tan altamente tasadas que el propietario dice: "Bueno, la voy a vender en la cantidad fijada por el Servicio de Impuestos Internos". Pero, ¿quién la compra? ¡Nadie!
Hay casos dramáticos en esta materia.
También entiendo la situación de personas modestas cuyas propiedades van a sobrepasar, en virtud de las nuevas tasaciones, los 18 millones de pesos de avalúo. Quedarán en 25 o 30 millones y, por tanto, entrarán a pagar contribuciones por la diferencia.
Bueno, esta prórroga favorece a todas ellas. Son más de 500 mil las personas que entrarían a pagar contribuciones de bienes raíces a contar del 1° de enero del próximo año. Con esta prórroga, evidentemente van a quedar favorecidas, al igual que numerosas otras.
Mucha gente paga arriendos mensuales por sus casas. ¡Arriendos que les significan 500 mil pesos! Pagan 6 o 7 millones por concepto de contribuciones, lo cual les representa, prácticamente, pagar un arriendo por su propiedad, cuestión que en múltiples casos se está convirtiendo en un impuesto al patrimonio.
Todos sabemos que estos impuestos son ¡una contribución! que se hace a la municipalidad a modo de contraprestación por el servicio que les presta el municipio por la luz eléctrica y el aseo de las calles. No hablo del aseo domiciliario, porque eso lo cobran aparte. Pero con relación a esa contraprestación de servicios, a veces el gasto es sumamente elevado.
Por eso, llamo la atención.
Muchos de nosotros -creo que la mayoría de los colegas- hemos recibido el reclamo de los jubilados, fundamentalmente, que nos dicen: "¡Qué hacemos ahora con esta tremenda contribución! ¡Alguien que nos pague siquiera el valor que según el Estado, el Servicio de Impuestos Internos, vale mi propiedad! ¿Quién la compra?".
Y ahí andan deambulando de una parte a otra.
Espero que el próximo año podamos revisar esta materia, que los parlamentarios tenemos muy latente, porque esperamos ver favorecidos a muchos jubilados que perciben una renta bastante baja, los mismos a los que cuando están viejos y enfermos, con bajos ingresos, los obligan, incluso, a abandonar la casa que les costó bastantes años poder pagar.
De todas maneras voto a favor, porque creo que esta iniciativa es beneficiosa para numerosos servidores de nuestra patria.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, cuando escuché las palabras del Senador García quedé realmente alarmado. Y creo que hay un error, porque las cifras que nos dio son bastante graves, pero han sido estimadas sobre el porcentual de recaudación. O sea, el tema no es que aumente el valor. Lo que sucede -lo dijo bien el señor Ministro- es que hay un porcentaje exento.
Pongamos el caso de Alto Hospicio. Una propiedad que ahora vale 18 millones de pesos puede ser tasada en 19 millones. Si el porcentaje de recaudación era cero, cuando hay que pagar 10 pesos más, este aumenta diez veces. Pero no quiere decir que el avalúo se haya incrementado en 200 por ciento. Ello dice relación con la recaudación, no con el valor. Porque, de no ser así, yo estaría brutalmente alarmado, pues este proyecto, que concede una prórroga de un año, en el fondo estaría postergando la explosión de una bomba atómica a un año plazo con respecto a este tema y estaríamos obligados a revisar la situación, que sería realmente dramática. Cuando en Castro se tuviera que ajustar el valor sobre el cual se va a calcular el pago de las contribuciones, este sería de un 200 por ciento. O, en el caso de Aysén, de 240 por ciento. Pero lo que sucede es otra cosa: que en Aysén, en Castro y en Alto Hospicio la casi totalidad de las viviendas están exentas de pago, por lo que cuando entren a pagar un poco más, este poco más significará casi un 100 por ciento, un 200 por ciento con respecto a la situación anterior.
Por eso, me guardo la petición que iba a hacer y en su lugar le solicito al señor Ministro que hagamos una revisión completa de esto, porque no sé cómo realmente va a poder afrontar el problema quien deba aplicar el proceso de reavalúo.
Entonces, aquí hay un aspecto que me gustaría que corrigiéramos, porque, si no, vamos a quedar con una incógnita tremenda acerca de qué va a pasar con el reavalúo. No bastaría con el hecho de chutear el asunto por un año. Sería necesario hacer una revisión.
Ahora, es cierto -he tenido experiencia como Ministro de Hacienda y me tocó ver el tema de los reavalúos, como también lo hemos hecho en el Parlamento- que siempre las tasaciones y los reavalúos son complicados, difíciles, porque producen variaciones en los valores de las propiedades que muchas veces no son posibles de prever para la persona que compró un bien raíz para vivir en un barrio que de repente adquiere otro valor de mercado, por cualquier circunstancia, como el hecho de que se pueda construir en altura, etcétera. Así, la propiedad que compró un profesor en 20 millones de pesos pasa a costar 80 millones. Y ese profesor tiene que pasar a pagar contribuciones por el equivalente a 80 millones y no por los 20 que correspondían al patrimonio que realmente invirtió.
Muchas veces he escuchado a la gente decir: "Bueno, que venda esa propiedad y se vaya a vivir a otra más barata".
No es el punto.
Por eso, es cierto -vuelvo a insistir- que aquí hay que efectuar una revisión. Porque no se trata del porcentaje, como se indicó aquí, sobre el valor de las propiedades, sino que ello está referido a la recaudación. Además, la relación del primer semestre respecto del décimo también es muy diferente. En el caso de Maipú, la mayor recaudación en el primer semestre será de 27 por ciento; la mayor recaudación, no el mayor valor. En el décimo semestre, en tanto -es decir, en el quinto año- será de 114 por ciento. O sea, en un período de cinco años se produce una variación en la recaudación -insisto-, no en el valor. Y eso ocurre porque hay un tramo exento.
Entonces, ¿qué sucede en Maipú, tal cual ocurre en otras comunas? Una gran cantidad de propiedades se encontraban exentas de pago, por ser viviendas sociales. Sin embargo, han incrementado su valor y se hallan por sobre los 18 millones de pesos, con lo cual, automáticamente, su dueño tendrá que entrar a pagar. Y si pagaba cero, va a tener que pagar 2 o 3 mil pesos, lo que no quiere decir que las contribuciones hayan aumentado en 3 mil por ciento. Simplemente, ha tenido que entrar a pagar. Ese es el punto.
Yo soy partidario de prorrogar, pero haría una cosa, señor Ministro. Sé que usted no se ha comprometido a presentar ningún proyecto de ley, y estoy de acuerdo con ello. Pero creo que debiéramos ver...

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto adicional.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ... las aspiraciones que las personas tienen. Y ya se dijo: hay que pensar, seriamente, qué podemos hacer en beneficio de quienes tienen 70 o 75 años, que poseen un único bien raíz, adquirido con gran esfuerzo, y en el cual viven. Se trata de personas que han dejado de trabajar y cuyos ingresos se han reducido a la mitad o a la tercera o cuarta parte.
Por eso, veamos algunos casos en los cuales pudiéramos otorgar algún beneficio. Estoy pensando en personas de determinada edad que tienen una sola propiedad y que es aquella en la cual viven.
Esas cosas podríamos revisarlas. Creo que no implicarían un alto costo y serían de mucha justicia.
Yo, señor Presidente, voy a votar a favor, pero creo que esta intervención ha servido para sacarme de encima algo que me provocó alarma. Y espero que el próximo año, cuando se proceda al reavalúo, podamos contar con una buena solución.
Al Ministro le dije otra cosa que es cierta. A lo mejor podríamos haber postergado por un año la sobretasa que se aplicó con motivo del terremoto por el mismo período por el que estamos prolongando el reavalúo. Y no habría habido ningún problema, porque nadie hubiera pagado más y se habrían mantenido los ingresos.
Por eso, voy a votar a favor de este proyecto, pero lo hago ahora con mucha más tranquilidad.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, quiero valorar este debate, porque estamos hablando de los problemas reales de la gente. El hecho de postergar este reavalúo va en el sentido correcto.
Ahora, tal como lo planteó el Senador García, hay situaciones que también son al revés. Por ejemplo, en la comuna de Rancagua, la recaudación baja en 15 por ciento el primer semestre, y hasta un 7 por ciento en el décimo semestre.
Por lo tanto, lo que sucede en cada comuna es distinto, por las razones que dio precisamente el Senador Zaldívar.
Pero yo quiero volver sobre las personas que ya pagaron impuestos. La casa cuyo propietario pertenece a la clase media, que está ubicada por lo general en el centro de la ciudad, se ha valorizado enormemente. Se trata, por lo general, de jubilados, que han logrado, producto del esfuerzo de toda una vida, adquirir sus viviendas. Y estas serán objeto de un reavalúo tremendo, que no dice relación con los ingresos que perciben. Además, ellos han pagado impuestos durante muchos años.
¿Y qué les ocurre a algunas familias? Incluso, a mí me ha tocado acompañarlos a Tesorería a reprogramar sus deudas. ¡Los embargan, señor Presidente! Y, al final, deben vender sus casas e irse a otros lugares.
Hay, pues, una serie de dramas humanos. Y -tal como lo señalaron algunos señores Senadores- debemos buscar una manera de apoyar a las personas de la tercera edad, a quienes el pago de las contribuciones les está agobiando la vida, sobre todo en momentos en que debiéramos asistirlos más como sociedad (a nuestros adultos mayores, a nuestros jubilados).
Señor Presidente, insisto: este es un impuesto muy injusto. Porque, en el fondo, se trata de un tributo al patrimonio, constituido por el ahorro que hicieron muchas personas durante toda una vida para tener su casa propia. Y, curiosamente, después de que terminaron de pagarla, gracias al trabajo de muchos años, deben continuar haciéndolo por siempre.
Creo que hay ahí un tema ético que no corresponde. Debemos buscar una mejor forma para recaudar impuestos.
Obviamente, no quiero que se afecte la recaudación fiscal, ni menos la de los municipios. Pero también debemos mirar la vida de muchas personas a las que en forma injusta les suben los avalúos de sus propiedades. Y ellas no tienen ninguna capacidad para resistirlo.
Por eso, valoro la decisión adoptada por el Ejecutivo de postergar el reavalúo. No obstante, me parece que debemos llevar a cabo un debate bastante profundo en cuanto a este impuesto.
Voto que sí.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos Larraín.

El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, quiero anunciar que voto favorablemente esta iniciativa del Ejecutivo. Pero, además, deseo abundar en algunas razones generales que pueden ser útiles. Aquí, como somos menos, se ha armado una especie de ambiente de escucha recíproca, cosa que no suele ocurrir.
Quiero dar a conocer algo de lo que yo aprendí en mi vida municipal, pues fui concejal durante más o menos 14 años.
El raciocinio expuesto por el Ministro me parece muy acertado. Y, por lo tanto, la prórroga es sumamente conveniente y está bien fundamentada.
Ahora, me referiré a la conclusión que puedo ofrecer de mi trabajo como concejal.
Durante esos períodos trabajé bastante el tema del urbanismo. Redacté un plan regulador tres veces.
¿Y qué ocurre? Que los planes reguladores tienen efectos muy deletéreos, muy destructivos en la vida de las ciudades. Porque por una simple línea, un trazo, se cambia el valor de las propiedades de manera abrupta.
¿Y qué acontece? Que al reclasificarse aquellas según el tipo de densidad, la tasa de ocupación y las alturas autorizadas, pueden valer uno, o diez.
¿Pero qué sucede? Que mientras valen diez muchas propiedades siguen en baja. Y en tanto continúan en baja, están pagando como si estuvieran edificadas en cuatro o cinco pisos.
Eso es absolutamente ruinoso para el dueño de esos roles. Además, constituye un incentivo indefectible para destruir la ciudad.
Se suelen oír quejas de personas, que se lamentan de que las ciudades se desnaturalizan, se deshumanizan; desaparecen los barrios.
Cambia bastante la manera en que vivimos. Quizás, alguna parte de la dureza que varios de nosotros deploramos en la vida contemporánea tenga que ver con el tipo de ciudad que construimos.
Pues bien, mucho de eso deriva del impacto que tienen los planes reguladores mal estudiados, que no comprenden el efecto global que provocan, a veces -y no pocas-, impulsados por los propios municipios. Y ello se debe a que estos se hallan tan interesados como los Ministros de Hacienda en aumentar la recaudación pública, dado que se quedan con una fracción de lo que entra por concepto de contribuciones a los bienes raíces.
La destrucción de las ciudades verdaderamente constituye un drama.
En realidad, sube el avalúo, pero no cambia la vida para el vecino. El Senador Prokurica me describía recién lo que ha ocurrido en algunas de las ciudades de su Región: por el influjo de inversiones extranjeras los inmuebles han multiplicado su valor. No obstante, el propietario de esa casa sencilla, ubicada en Copiapó, ¿dónde se va a vivir?
Deseaba hacer esos alcances.
Yo sé, señor Presidente, que pueden parecer fuera de tiesto, o incluso medio líricos. Pero son asuntos que tienen que ver con la vida real.
Asimismo, quiero suscribir lo que otros ya han invocado: para el 90 por ciento de los chilenos el ahorro está cristalizado en la vivienda. Y el impuesto territorial efectivamente come ese patrimonio
Ocurre que las personas envejecen, quieren seguir viviendo donde mismo y, en lo posible, morir ahí. No es una pretensión exagerada, creo yo. Muchas veces opera la viudez, aumentan los gastos de salud y, de yapa, suben las contribuciones.
O sea, ahí hay un problema de justicia que nos debiera acuciar a todos. A veces se habla de la justicia en forma etérea; en otras ocasiones, de manera un poco reivindicativa. Y resulta que la injusticia afecta al abuelito, o a la tía vieja de 85 años que quedó sola diez años antes, porque los hombres fallecemos primero. Por algo será. ¡Excesos en la comida, básicamente...!

El señor LAGOS.- Es un beneficio: ¡vamos primero al Paraíso...!

El señor LARRAÍN (don Carlos).- ¡El Senador está pensando en las huríes...!
El tema da para mucho.
Yo solo hago presente eso: efectos de los planes reguladores en la destrucción de las ciudades, en la disminución de los patrimonios familiares.
Quizás ello debiera tenerse en cuenta, porque los ajustes que realiza el Servicio de Impuestos Internos son por grandes bloques: toman un plano, ven cuáles son las tendencias comerciales; si se ensanchó o no la calle que pasa por ahí; si mejoró o no el transporte público. ¡Y apliquemos un multiplicador!
Yo creo que la cosa es más compleja que ello, y debiera analizarse con un sentido más humano.
Eso es lo que quería decir, señor Presidente.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, en efecto, el ambiente que impera ahora hace más fácil conversar esta materia.
Comparto todas las preocupaciones dadas a conocer aquí: la de los Senadores Carlos Larraín, García-Huidobro, Zaldívar, en relación con los adultos mayores. Leo el mensaje presidencial que acompaña a este proyecto, y las razones para lo propuesto son: preocupación por los hogares monoparentales y las familias de clase media, que con esfuerzo y sacrificio han logrado el sueño de la casa propia.
La pregunta es si todo ello tendrá una modificación, o simplemente estamos postergando el reavalúo por un año.
Me pareció entenderle -me hallaba en la Sala del Comité Partido Por la Democracia escuchando por el parlante las intervenciones de todos ustedes- al Ministro que no habría un proyecto nuevo en esta materia.
Entonces, estamos pidiendo algo respecto de lo cual me parece que existe consenso y mucha preocupación, pero lo que escucho del Ejecutivo es que se dispone una postergación que no implica que, antes de que entre en vigor el nuevo reavalúo, después del año vayamos a instaurar algo distinto acerca de los temas planteados, en los que, a mi juicio, hay unanimidad.
Por ende, reitero la pregunta que formulé en mi intervención inicial -me sobró un minuto del tiempo asignado para ella, y le agradezco al señor Presidente que me lo conceda ahora-, en el sentido de que el Ministro pudiera aclarar ese punto de vista. Porque nadie se quiere oponer ni perjudicar a alguien.
Por último, habría sido mucho más interesante que tales problemas, en vez de venir con "discusión inmediata", los pudiéramos haber discutido ahora, cosa que fuera el actual Gobierno el que se llevara el mérito de haberlos reformado y solucionado. Y no lo que va a ocurrir en este momento, de que vamos simplemente a postergar, con lo que se evita pagar un costo político -yo lo entiendo (no soy necio en la materia)-, pero no se plantea ninguna solución.
Gracias.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (19 votos a favor y 8 abstenciones) y, por no haberse formulado indicaciones, queda aprobado también en particular y terminada su discusión en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Rincón y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Orpis, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Girardi, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana y Tuma.


El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)----------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
A la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, solicitándole información sobre TASAS DE INFRACCIONALIDAD, MEJORAMIENTO DE CONDICIONES LABORALES, TASAS DE ACCIDENTABILIDAD Y ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN RELACIÓN CON SECTOR AGRÍCOLA DE REGIÓN DE ATACAMA.
Del señor BIANCHI:
Al señor Contralor General de la República, pidiéndole PRONUNCIAMIENTO SOBRE SIGNIFICADO DE EXPRESIONES "INSUMOS" E "INSUMOS DE LA ZONA", EN CONTEXTO DE ARTÍCULO 1°, INCISO TERCERO, DE LEY NAVARINO, CON RELACIÓN A PRODUCTOS DE INDUSTRIA TECNOLÓGICA (reiteración de oficio).
Del señor ESCALONA:
Al señor Ministro de Educación, solicitándole CREACIÓN DE CONSEJO ESTATAL PARA ACREDITACIÓN EN SUSTITUCIÓN DE COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN.
Del señor HORVATH, de la señora PÉREZ (doña Lily) y del señor GÓMEZ:
Al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, a fin de que proporcione información en cuanto a AUDITORÍAS REFERENTES A GESTIÓN DE CAUSAS TRAMITADAS, A SISTEMAS INTERNOS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS, Y A LAS REALIZADAS AL INTERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO.
Del señor PROKURICA:
Al señor Director Ejecutivo de Televisión Nacional de Chile, para que informe sobre NÓMINA DE TRABAJADORES DE TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE Y REMUNERACIONES (reiteración de oficio).
)----------(

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el Senador señor Chahuán asuma como Presidente accidental.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Chahuán, en calidad de Presidente accidental.

El señor CHAHUÁN (Presidente accidental).- En Incidentes, los Comités Partido Demócrata Cristiano y Partido Por la Democracia cedieron sus tiempos.
En el turno del Comité Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el Senador señor Gómez.


SISTEMA UTILIZADO POR SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS PARA DETERMINACIÓN DE AVALÚO DE PROPIEDADES. OFICIO

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, pido que se envíe un oficio en mi nombre al Servicio de Impuestos Internos, a propósito de la discusión que tuvimos recién sobre el proyecto que prorroga los actuales avalúos de bienes raíces con destino habitacional, a los efectos de que nos informen acerca de cómo se estructura la determinación de los avalúos. Me llegaron varios correos, donde se señala que el año 2007 se hizo un reavalúo y algunas casas en Maipú -y en otros lugares- vieron aumentados sus valores.
En tal sentido, considero importante oficiar al mencionado Servicio para que nos envíen los antecedentes solicitados. De ese modo, en una próxima discusión de la materia que se acaba de debatir, dispondremos de mayores antecedentes en cuanto a lo que se planteado en la Sala.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor CHAHUÁN (Presidente accidental).- Los Comités Partido Unión Demócrata Independiente, Partido Renovación Nacional e Independientes no harán uso de sus tiempos.
En seguida, en el turno del Comité Partido MAS (Movimiento Amplio Social), que suma a su tiempo el de los Comités Partido Demócrata Cristiano, Partido Por la Democracia, Partido Radical Social Demócrata y Partido Socialista, tiene la palabra el Senador señor Navarro.


BAUTIZO DE SECTOR ANTÁRTICO CHILENO COMO "TIERRA DE LA REINA ISABEL". OFICIOS

El señor NAVARRO.- Agradezco al Senador Carlos Larraín, quien se ha excusado de escuchar mi intervención por tener que retirarse.
Señor Presidente, el diario "El Mostrador" del 19 de diciembre del 2012 tituló:
"Gran Bretaña bautiza como `Tierra de la Reina Isabel' parte de la Antártica chilena".
Y agrega:
"La zona en disputa, que hasta el momento no tenía nombre, aparecerá en adelante marcada como Tierra de la Reina Isabel en todos los mapas referenciales británicos, medida que podrían imitar otros países.
"El Ministerio de Relaciones Exteriores (Foreign Office) de Gran Bretaña anunció este martes su intención de bautizar `Tierra de la Reina Isabel' una zona de 437.000 km2 de la Antártida, que Argentina y Chile disputan en parte al Reino Unido, como regalo a la soberana por el 60° aniversario de su reinado.
"El territorio antártico británico es parte importante y única de los 14 territorios que el Reino Unido tiene en ultramar. Es un gran honor asociar de forma permanente a la Antártica con su Majestad y de esta forma reconocer el compromiso que el Reino Unido tiene con este territorio", explicó la Foreign Office, consignó Radio Bío Bío. (Esto es hoy día).
"La zona en disputa, que hasta el momento no tenía nombre, aparecerá en adelante marcada como Tierra de la Reina Isabel en todos los mapas referenciales británicos". Y esto es un hecho de la realidad.
"Este es un tributo apropiado para finalizar el año del jubileo de diamante de su Majestad y estamos muy orgullosos de haberlo anunciado durante su visita al Ministerio de Relaciones Exteriores (por parte de la Reina)", señaló el Secretario de Asuntos Exteriores.
"Según explica The Telegraph, la situación podría provocar una escalada de tensiones con Argentina, derivada de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, en el Atlántico Sur. Ahora, la decisión del Gobierno británico podría abrir un nuevo flanco con Chile, al ignorar su soberanía sobre la Antártica".
Señor Presidente, la Antártica tiene una superficie de 13 millones 209 mil kilómetros cuadrados; posee costas por 23 mil kilómetros; una altitud media de 2 mil 600 metros (la mayor de todos los continentes); un espesor medio de la capa de hielo de 2 mil 300 metros, y una temperatura media de -18° Celsius.
Es importante saber que la zona chilena se traslapa con las zonas reclamadas por Argentina y Gran Bretaña:
Antártica chilena: Meridianos 53° y 90° W.
Zona reclamada por Argentina: Meridianos 25° y 74° W.
Zona reclamada por Gran Bretaña: Meridianos 20° y 80° W.
Países que reclaman soberanía antártica: Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelandia y Reino Unido.
En 1940 se fijan los límites de la Antártica chilena, 19 años antes de la firma del Tratado Antártico. Ni el Tratado Antártico ni el Acuerdo de Madrid anulan las reclamaciones territoriales que se "hubieran hecho valer precedentemente".
¿Por qué la "Antártica chilena" es chilena? A lo menos, debido a lo siguiente:
Las Concesiones de Alejandro VI a los Reyes Católicos (Bulas Intercaeteras de 1493).
Las Concesiones de Carlos V hechas a Pedro Sancho de la Hoz en 1593.
Las Concesiones de Felipe II a Jerónimo de Alderete y a Francisco de Villagra.
Declaración de O'Higgins en 1831 al capitán inglés Coghlan que asegura que Chile se extiende hasta el Polo Sur a uno y otro lado de ambos océanos.
Diversos permisos solicitados al gobierno chileno por parte de comerciantes que se instalaron en la Antártica.
El decreto del 6 de noviembre de 1940, promulgado por el Presidente Pedro Aguirre Cerda, que fija los límites entre los meridianos 53° y 90° W.
Señor Presidente, el Tratado Antártico se firmó el 1° de diciembre de 1959, en Washington, y entró en vigencia el 23 de junio de 1961.
A través de él se brinda un marco normativo en relación con el uso pacífico de la Antártica; la cooperación para la investigación científica; intercambio de informaciones; el régimen de inspecciones de las actividades que se realizan en la Antártica; la condición de statu quo de las reclamaciones territoriales de siete de los países signatarios, entre los cuales se encuentra Chile; la estructura orgánica; las actividades de terceros Estados en la Antártica; y las normas y convenciones para la conservación de los recursos y el medio ambiente.
El Tratado designa a la Antártica como una región de paz y cooperación, abordando además las cuestiones relacionadas con los reclamos de soberanía. Establece que "en interés de toda la humanidad que la Antártica continúe utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos y que no llegue a ser escenario u objeto de discordia internacional".
El Tratado fue firmado por doce naciones que habían desarrollado actividades en el Continente Blanco durante el Año Geofísico Internacional (1957-1958). Los países signatarios fueron Argentina, Nueva Zelandia, Australia, Noruega, Bélgica, Sudáfrica, Rusia, Chile, Francia, Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos, los cuales adquirieron automáticamente la condición de Miembros Consultivos.
El 50° aniversario del Tratado fue celebrado el 6 de abril de 2009 en Washington, con una Declaración Ministerial de los Países Partes.
De acuerdo con lo que he venido expresando, se advierte de manera inmediata que estamos frente al inicio de un nuevo conflicto de límites internacionales.
Chile declara en sus mapas, desde la enseñanza básica, un millón 250 mil kilómetros cuadrados de territorio nacional, de soberanía o de administración.
Señor Presidente, lo hemos dicho antes: Punta Arenas es la puerta de entrada a la Antártica y el gasto consignado en el Presupuesto en ese ámbito (8 millones de dólares) resulta absolutamente insuficiente, ridículo, para ejercer soberanía en ese territorio.
Innumerables veces hemos estado en Magallanes y en la zona antártica. Chile no cuenta hoy día con un buque rompehielos y tampoco con un avión capaz de volar al Polo Sur, a fin de establecer la soberanía, la cual, por cierto, se encuentra respaldada en lo que he señalado y en múltiples antecedentes anexos. Cuando hemos querido ir, por medio de la FACH, a esa zona (a mil kilómetros del polo sur), se ha debido desarmar un avión bastante antiguo y acondicionarlo para un viaje de varias horas, con el objeto de permanecer allí una tarde.
Nuestro país no ha destinado los insumos, los recursos económicos suficientes a garantizar la soberanía en el territorio antártico, que hoy va a entrar progresiva y definitivamente en conflicto.
Cuando los rusos instalaron una sonda a cuatro mil metros bajo el mar en el Polo Sur, no actuaban por diversión. Lo dijimos: tal hecho conlleva la búsqueda de presencia para la reclamación de soberanía.
Estamos frente a un proceso que puede generar consecuencias absolutamente inesperadas, incalculables.
Se requieren urgentes decisiones de parte del Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Presidente Piñera, ante esta declaración del Reino Unido.
Claramente, esos territorios -así se ha señalado- se encuentran en disputa entre Chile, Argentina y Gran Bretaña.
Yo visualizo el escenario que explica las coordenadas que se trazan en esta declaración: las Malvinas (las Falkland). Se trata de una política coherente de parte de Inglaterra en torno a esa reclamación. Y Argentina también tiene una política coherente respecto de la legítima aspiración de soberanía sobre las islas Malvinas.
Chile está a punto de entrar en un conflicto nuevo respecto de sus límites y, particularmente, de sus posesiones.
Señor Presidente, solicito que se oficie al señor Presidente de la República y a los señores Ministros de Relaciones Exteriores y del Interior, a fin de que informen de manera detallada los alcances en materia de relaciones internacionales que la declaración del Foreign Office (Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido) puede tener sobre las legítimas acciones que Chile ha desarrollado en la Antártica y respecto de la cual hemos marcado soberanía.
Lo advertimos a tiempo. No hay plazo que no se cumpla. Cuando uno no cuida lo que tiene, al final lo termina perdiendo. Y eso está comenzando a suceder con la Antártica chilena.
Reclamamos mayor inversión, mayor preocupación.
El Instituto Antártico Chileno ha desarrollado una tarea encomiable, al igual que las comunidades científicas y las universidades. Pero todo eso puede llegar a ser totalmente insuficiente si no existe una acción conjunta en ese sentido, y no solo a partir de este hecho, que reviste connotaciones que aún el país no acaba de percibir.
Cuando una potencia, con un ejército y un poderío naval y aéreo como el del Reino Unido, emite una declaración de esta naturaleza, que involucra territorios que hasta ahora reclamamos como soberanía chilena, ella no puede pasar por alto ni ser dejada de lado. Creo que las Cancillerías de ambas naciones deben precisar los alcances. Y es tarea del Estado de Chile y de este Gobierno defender el territorio nacional, sea insular, continental o de la Antártica.
Y espero que haya reacciones.
Hemos tenido oportunidad de conocer Londres, Inglaterra.
Chile ha tenido una tradición a veces no como la que hubiéramos querido. En lo relativo a las islas Malvinas, el lugar de nuestro país, en mi opinión, es respaldar a nuestro vecino (con este conquistamos la Independencia, gracias al General San Martín) en la defensa de los territorios que están en América del Sur.
El tema hoy día es la Antártica. Y sobre eso espero que el Ministro Moreno y el Presidente de la República se pronuncien, antes de que estos hechos se consoliden de manera irreversible.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento, con la adhesión de los Senadores señores Chahuán y Gómez.


SITUACIÓN DE HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DE CONCEPCIÓN. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en otro orden de cosas, quiero llamar la atención acerca de la situación del Hospital Traumatológico de Concepción.
Los funcionarios y profesionales de dicho establecimiento han manifestado su aprensión, su preocupación respecto al término del hospital y a su transformación en un servicio adicionado al Hospital Guillermo Grant Benavente.
En la actualidad, el Hospital Traumatológico de Concepción es el único hospital traumatológico en Regiones. Y debe considerarse -señalan sus funcionarios- su potenciación, porque la demanda de tal especialidad irá en aumento por factores epidemiológicos.
Chile ha alcanzado una esperanza de vida al nacer cercana a los 80 años en mujeres y 73 años en varones, con un 11,4 por ciento de la población mayor de 65 años. Junto con ello, la prevalencia de patología osteoarticular (incluidas la artrosis, la artritis y la osteoporosis) es de 20,4 por cada 100 habitantes. En el grupo de 65 a 74 años, equivale a 7,2 años de vida perdidos por discapacidad (estudios de Concha y Aguilera, 1995, y del Ministerio de Salud, 2002).
El 40 por ciento de las personas mayores de 60 años padece de artralgias (Guía Clínica para Atención Primaria a las Personas Adultas Mayores, OPS, 2002-2003).
En el estudio SABE Chile 2000-2002, las enfermedades articulares (artrosis y artritis) ocuparon el segundo lugar (31,7 por ciento) dentro de las enfermedades crónicas más referidas por una muestra de adultos mayores tomada en la Región Metropolitana.
No existen estudios en el país sobre la incidencia real de la artrosis de cadera.
Además, en la actualidad los traumatismos son la principal causa de muerte dentro de las primeras cuatro décadas de vida.
Como causa global de muerte en todas las edades, el trauma es superado únicamente por el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las respiratorias.
Directa o indirectamente, los traumatismos generan, por lo demás, alto impacto financiero, por los gastos en atención médica y en días de trabajo perdidos.
El año 2000 en Chile, de las más de 30 mil personas fallecidas de entre 15 y 64 años, murieron casi 8 mil por causa traumática. Dentro de estas, cabe tener presente que el motivo más frecuente fueron los accidentes de tránsito (alrededor de un 50 por ciento de los casos).
El Hospital Traumatológico es un centro de derivación del Servicio de Salud de Concepción; centro de patología compleja del Servicio de Salud Arauco y, esporádicamente, de los Servicios de Salud de Biobío y Ñuble, con una población asignada de 509.140 habitantes, más el área de influencia.
La infraestructura actual del recinto hospitalario es insuficiente. Cuenta con 69 camas y 4 pabellones que no cumplen las normas de acreditación implementadas por el Ministerio de Salud. Posee servicios de hospitalización, de esterilización, de rayos, de kinesiología y rehabilitación, de ropería, de alimentación, SOME, servicios generales, estadística, archivo, etcétera. Todos ellos con déficit de infraestructura.
En materia de recursos humanos, hay insuficiencia. Faltan horas de anestesia. Se cuenta con 22 horas titulares, 22 horas a contrata, 9 horas a honorarios, un cargo de 22 horas a contrata del Hospital de Coronel y 22 horas titulares liberado de guardia del Hospital Clínico Regional. En resumen, de las 97 horas de que dispone el Hospital Traumatológico, solo 53 son propias.
En este momento, con 4 pabellones, se necesitan como mínimo 160 horas. Todos los posbecados de anestesia con devolución en este Servicio han sido destinados al Hospital Regional, pese a múltiples y reiteradas gestiones para aumentar las horas en el Traumatológico.
En cuanto a las horas de traumatólogos, 286 son de titulares; 220, de contratados, y 528 corresponden a becados. Hay 88 horas renunciadas de titulares, 44 renunciadas de contratados y 22 con permiso sin goce de sueldo. En resumen, se cuenta con 506 horas reales de traumatólogos, más el gran aporte de becarios en formación.
Se ha producido una disminución de 154 horas médicas (23 por ciento), dado que existe un éxodo de profesionales. Seis traumatólogos se fueron, debido a la falta de condiciones de trabajo y de proyección de la subespecialidad. Debe destacarse la pérdida del equipo completo de cirujanos de columna.
Además, faltan horas de médico internista, de médico radiólogo -renunció la profesional-, de químicos farmacéuticos, de enfermeras, de kinesiólogos, de tecnólogos médicos, de auxiliares paramédicos y de servicio y de administrativos.
En cuanto a la gestión financiera (deudas y bienes de servicios de consumo), desde 2005 a 2011, el Hospital Traumatológico de Concepción se presenta sin deudas y en equilibrio financiero. Exhibe cifras azules -uno de los pocos del país-, razón por la cual ha sido felicitado por el Ministerio de Salud.
¿Por qué dicho establecimiento debe seguir siendo hospital, según sus funcionarios?

"1.- Porque con la infraestructura futura podremos aumentar nuestras atenciones abiertas y nos mantendríamos como centro de derivación (más consultas e interconsultas de atención primaria y de otros hospitales).

"2.- Porque podremos hospitalizar mayor número de pacientes de nuestra especialidad para tratamientos y cirugía.

"3.- Porque podemos acelerar la lista de espera quirúrgica, siempre y cuando no compitamos por la utilización de camas y pabellones con otras especialidades.

"4.- Porque podremos disminuir las listas de espera quirúrgica con mayor número de pabellones, que fueron diseñados con nuestra contribución para optimizar su funcionamiento en cirugías traumatológicas.

"5.- Porque no necesitaríamos externalizar cirugías.

"6.- Porque brindaríamos a nuestros profesionales un lugar adecuado para desarrollar sus funciones, normalizado y que cumple los requisitos de acreditación.

"7.- Porque podremos desarrollar mejor el cumplimiento de las cirugías AUGE, que el año 2013 aumentarán más debido a la inclusión de prótesis de caderas en mayores de 50 años.

"8.- Porque permitiría el desarrollo de la especialidad, ya que podremos utilizar los mejores elementos técnicos con nuestros pacientes al evitar la redistribución de nuestros recursos en otros servicios y con una gestión más eficiente.

"9.- Porque las mejores condiciones de trabajo fidelizarán a nuestros profesionales, recuperaremos a los que han migrado y atraeremos a nuevos colegas con posgrados, que mejorarán aún más nuestro know-how.

"10.- Porque podremos mejorar nuestra atención kinésica y rehabilitadora.

"11.- Porque tendremos mejores condiciones como centro docente (acreditado, con mayor número de pacientes y procedimientos).

"12.- Porque seríamos un mejor hospital y, por lo tanto, con `excelente gestión financiera'.

"13.- Porque se mantendría un equipo comprometido y afiatado, que ha respondido día a día y en situaciones de catástrofe, como en el `terremoto del 27 F', debido a su autonomía.

"14.- Porque permitiría el desarrollo de la ortopedia y traumatología infantil, ya que podrían acceder a nuestra infraestructura (los pacientes), disminuyendo su casi nula accesibilidad a pabellón. Por ende, disminuirán sus listas de espera y otorgarán una mejor atención a sus pacientes.

"15.- Porque podríamos mejorar nuestra gestión en infecciones intrahospitalarias.

"16.- Lo más importante: entregaremos por fin a nuestros usuarios, después de tantos años, un lugar digno para su atención, un acceso expedito a pabellones acreditados y una disponibilidad de camas acorde a nuestras reales necesidades".
Los profesionales del Hospital Traumatológico me han dado a conocer las consecuencias de transformar dicho recinto en un servicio clínico, como hoy día se pretende. Entre las externalidades negativas y amenazas, han señalado las siguientes:
-La pérdida de un hospital en nuestra Región, el único dedicado a la subespecialidad traumatológica fuera de Santiago. Sí, en Concepción.
-No sería un centro de derivación, ya que contará con menos camas, horas de pabellón y procedimientos.
-En materia de recursos humanos, el éxodo de profesionales sería inminente ante la nula proyección de la subespecialidad, debido a la falta de camas, de pabellones, de gestión de compra de implantes adecuados en forma rápida y de coordinación con enfermeras de pabellón, y el mayor riesgo de infecciones cruzadas por indiferenciación de camas, todo lo cual generaría pérdida de fidelidad a la institución, porque esta ya no existiría como tal. Además, aumentaría el riesgo de despidos por superposición de unidades. Es decir, habría un efecto negativo en lo moral y en el sentido de equipo.
-Respecto de la gestión financiera del Hospital Traumatológico, si bien es buena, como se ha expresado, al punto de no existir deudas, se producirá una debacle financiera al ser traspasado al Hospital Guillermo Grant Benavente, que tiene deudas millonarias con los servicios ya existentes. ¿Por qué se busca agregar un nuevo servicio? Para usar los recursos generados por el Hospital Traumatológico en cubrir deudas ajenas. Esa es la inquietud que plantean los funcionarios y profesionales de dicho establecimiento. Se van de un hospital sin deudas a uno altamente endeudado.
-Por otro lado, como habrá mayor riesgo de contraer infecciones al transformar dicho hospital en un centro clínico del Hospital Guillermo Grant Benavente, el costo de manejo de los pacientes será superior.
En fin, existen demasiados temores en torno a la referida transformación.
Cabe recordar que el Hospital Guillermo Grant Benavente es el más grande de Chile y se encuentra en Concepción, Región del Biobío.
Señor Presidente, del debate que se ha instalado al respecto surgen las siguientes interrogantes: ¿Por qué solo Santiago tiene derecho a contar con un instituto traumatológico? ¿Sus camas son diferenciadas? ¿Qué pasa con la igualdad de acceso a la salud de la gente de nuestra Región, la del Biobío? ¿Hay de verdad descentralización? ¿Por qué debemos ver desaparecer una institución creada hace muchos años, con historia,...

El señor CHAHUÁN (Presidente accidental).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Le doy un minuto adicional.

El señor NAVARRO.- ... con mucho cariño y amor? ¿Por qué castigar a un hospital que cumple sus metas, que se mantiene sin deuda y que cuenta con todos los estamentos funcionarios comprometidos, con la camiseta puesta por esta institución? ¿Por qué debe perder la autonomía un hospital que, pese a sufrir daños durante el terremoto, se organizó y gestionó su abastecimiento por cuenta propia, funcionando motivado solo por el compromiso de la institución con sus pacientes?
Esa es la preocupación que expresan los profesionales del Hospital Traumatológico.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministro de Salud, al Director del Hospital Guillermo Grant Benavente y al Director del Servicio de Salud de Concepción, a fin de que nos entreguen la mayor información sobre la decisión de convertir en servicio clínico el Hospital Traumatológico, medida que es resistida y cuestionada legítimamente por muchos de sus profesionales y trabajadores.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento, con las adhesiones de los Honorables señores Gómez y Chahuán.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Agradezco al Honorable señor Chahuán haberme reemplazado en la testera.
Tiene la palabra, Su Señoría, en el tiempo del Comité Renovación Nacional.


MOLESTIA POR DEMORA EN TRAMITACIÓN DE PROYECTO MODIFICATORIO DE LEY SOBRE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. OFICIO

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, quiero expresar mi preocupación, y también mi desagrado, por la demora que ha experimentado en esta Corporación la tramitación del proyecto que modifica la ley Nº 19.925, sobre expendio de bebidas alcohólicas, en lo que se refiere específicamente a su etiquetado y publicidad (boletín Nº 4.379-11).
Esta iniciativa, originada en moción, de la cual soy coautor, comenzó su tramitación en la Cámara de Diputados el 1 de agosto de 2006, vale decir, hace más de seis años. Luego de fusionarse con otros dos proyectos similares, fue aprobada en dicha Corporación el 4 de junio de 2008, después de una ardua discusión en las Comisiones de Salud y de Agricultura.
Durante su tramitación acá en el Senado ese año, el Gobierno en dos oportunidades calificó la urgencia de "simple", la que posteriormente no volvió a renovar.
El 5 de mayo de 2009 la Sala acordó, a petición de la Comisión de Agricultura, que la iniciativa fuera conocida por esta una vez que la Comisión de Salud la despachara. Asimismo, se autorizó que ambos órganos técnicos la discutieran en general y en particular.
Desde entonces el proyecto paralizó su tramitación hasta el 6 de abril del 2011; o sea, por casi dos años. Ese día la Sala resolvió, a solicitud de la Comisión de Salud, que el proyecto en la discusión particular fuera visto por las Comisiones unidas de Salud y de Agricultura, de manera que esta última no lo trataría en el primer informe.
El 13 de abril de 2011 se dio cuenta en la Sala del primer informe de la Comisión de Salud. Después de incluir la iniciativa en la tabla de varias sesiones sucesivas ese mismo año, finalmente el 14 de junio la Sala acordó que volviera a dicho órgano para la elaboración de un nuevo primer informe.
Desde entonces ha transcurrido un año y medio, sin que se haya considerado esta materia en ninguna de las tablas de la Comisión. Y lo que resulta más preocupante es que el Gobierno tampoco le ha fijado la urgencia necesaria para su tratamiento.
Digo esto, porque todos sabemos los efectos tremendamente nocivos que provoca el consumo excesivo de alcohol, el elevado riesgo para la salud que produce su dependencia y la incidencia que la ingesta descontrolada del alcohol tiene en las diversas patologías que afectan la salud humana.
De acuerdo a los términos que establece el proyecto, es necesario adoptar normas que nos permitan saber efectivamente qué estamos consumiendo cuando compramos una bebida alcohólica; tener un etiquetado que, además, advierta sobre los efectos del consumo excesivo, y restringir su publicidad. También se requieren disposiciones que posibiliten incorporar materias en el currículum de educación primaria y secundaria relativas a los efectos del consumo de alcohol.
Por otra parte, es un hecho público y notorio el alto número de accidentes de tránsito que continuamente se registran, con resultado de muerte y de lesiones de todo tipo, en los cuales el detonante es el consumo de alcohol. Tales tragedias se difunden de manera reiterada en los diversos medios de prensa.
Por eso, señor Presidente, me permito hacer un llamado al Gobierno, al Ministro de Salud, a fin de que se aplique cuanto antes la urgencia que el proyecto requiere, dada su importancia para la comunidad.
Sin perjuicio de ello, y para el evento de que el Ejecutivo no lo decidiere así, solicito que la Comisión de Salud acelere la tramitación de la iniciativa y la trate en la sesión más próxima y que se emita el nuevo primer informe encomendado por la Sala, a fin de despacharla cuanto antes y de que se convierta en ley de la república.
Es preciso considerar, además, que su discusión por las Comisiones de Agricultura y de Salud, unidas, no es sustentable, debido a que se trata de una materia de salud pública en la cual la primera puede aportar poco o nada.
Cabe aplicar asimismo la urgencia a su discusión particular en la Sala, a un probable tercer trámite en la Cámara de Diputados y a una eventual Comisión Mixta.
El proyecto no puede ser objeto de una tramitación tan extensa como la del referente al bosque nativo, prolongada por más de una década, ya que es preciso tomar en cuenta que involucra la salud y la integridad física de las personas.
Por lo tanto, debemos proceder formalmente a su pronto despacho, ya sea mediante una calificación de urgencia que haga el Gobierno, para lo cual pido remitir un oficio al señor Ministro de Salud, o por un acuerdo de la Comisión, lo que da lugar a la comunicación respectiva.
Reitero que es necesario abordar el asunto a la brevedad posible, para que la iniciativa, que comenzó a tramitarse en el año 2006, se convierta, por fin, en ley de la república.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Chahuán, conforme al Reglamento, con la adhesión de los Honorables señores Navarro y Gómez.


CALIFICACIÓN DE URGENCIA DE PROYECTO DE LEY SOBRE ISAPRES. OFICIO

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, deseo pedirle al señor Ministro de Salud que califique de "suma" la urgencia del proyecto que modifica la "Ley larga" de isapres -no nos parece conducente que haya aseverado que la materia ya no será objeto de tramitación por el Gobierno-, a fin de que se obligue a generar el acuerdo político necesario para tramitarlo. Se encuentra en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Hago presente que el 80 por ciento de los recursos de protección pendientes en las Cortes de Apelaciones dicen relación, fundamentalmente, con alzas en los planes de las instituciones de salud previsional, siendo acogidos incluso sin debate previo.
Un fallo del Tribunal Constitucional expresa claramente que la tabla de factores aplicada hoy en el sistema es abiertamente contraria a la Carta.
Pido enviar un oficio, en mi nombre, al señor Ministro de Salud para que se califique de "suma" la urgencia de la iniciativa y sea posible el acuerdo, tan necesario, tendiente a despachar una nueva regulación del sistema privado de salud.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Chahuán, conforme al Reglamento, con la adhesión de los Honorables señores Navarro y Gómez.


FELICITACIONES A PERSONAL DE HOSPITAL VAN BUREN POR ÉXITO EN SEPARACIÓN DE SIAMESAS. OFICIO Y COMUNICACIÓN

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, deseo utilizar esta tribuna para felicitar al cuerpo médico y técnico, a los auxiliares y a las enfermeras que actuaron en la operación para separar a siamesas en el Hospital Van Buren, de Valparaíso.
Es la primera intervención de este tipo en un establecimiento de Regiones, y, con ello, se consolida la capacidad técnica y profesional de su personal.
Solicito que se envíe una felicitación formal a todos los funcionarios participantes.
Del mismo modo, pido hacer llegar, a través de una comunicación, nuestros parabienes a los padres de las criaturas que fueron intervenidas con un resultado satisfactorio, lo que les permitirá, sin lugar a dudas, llevar una vida mucho más digna y feliz.
--Se anuncia el envío del oficio y de la comunicación solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento, con la adhesión de los Honorables señores Navarro y Gómez.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez.


FALTA DE ATRIBUCIONES DE PARLAMENTARIOS

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, esta es la última sesión del año y, a propósito de lo expresado por el Honorable señor Chahuán, sería interesante que en algún momento pudiéramos abocarnos a una discusión de fondo, profunda, sobre la falta de atribuciones legislativas que afecta al Congreso por diversas razones.
Hoy nos toca estar en la Oposición, pero nuestro colega, no obstante pertenecer a un Partido de Gobierno, se encuentra ante las mismas dificultades que enfrentamos nosotros en esa situación, ya que necesitábamos el patrocinio del Ejecutivo para sacar adelante iniciativas de ley importantes, desde el punto de vista de los parlamentarios, que representamos a Regiones y no tenemos ninguna posibilidad de tramitarlas sin ese requisito.
Por lo tanto, debiéramos efectuar ese debate en algún minuto, más allá de las diferencias políticas, para introducir correcciones a través de la Ley Orgánica Constitucional del propio Congreso Nacional. Hay que establecer criterios, por ejemplo, para que las Comisiones, cuando transcurran más de tres meses desde la presentación de un proyecto, tengan la obligación de tratarlo. Cabe que lo aprueben o lo rechacen, señor Presidente, pero lo que se hace ahora es archivarlo.
El Senador que habla ha presentado más de 200 mociones, de las cuales se habrá despachado una cantidad ínfima, como consecuencia de que no existe ninguna alternativa ni posibilidad de que avancen.
La gente tiene una mala imagen del Congreso por la carencia de facultades que advierte.
Por eso, sería relevante un análisis en profundidad para evitar esas situaciones.
Lo expuesto por el Honorable señor Chahuán es gravísimo.
En mi caso, puedo citar el proyecto de ley sobre el Fondo de Desarrollo del Norte, que permitirá destinar mayores recursos a las Regiones mineras. No digo que esté detenido, pero...

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene un minuto para concluir, Su Señoría.

El señor GÓMEZ.- Gracias.
Es importante que al menos podamos darles a conocer a nuestros representados y a quien quiera informarse que no median ni desidia ni flojera, sino que el mecanismo constitucional impulsa los proyectos que son objeto de una calificación de urgencia por el Gobierno y que las propias Comisiones, a veces, no tienen tiempo para resolver las iniciativas parlamentarias, que terminan archivadas.
Sería interesante que el punto que planteo fuera analizado en una Comisión y se resolviese.
Gracias.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Comparto plenamente la opinión de Su Señoría.
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El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
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--Se levantó la sesión a las 20:13.
Patricio Fernández Ruiz-Tagle,
Jefe de la Redacción subrogante