REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 360ª
Sesión 95ª, en miércoles 16 de enero de 2013
Especial
(De 12:15 a 14:30)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES CAMILO ESCALONA MEDINA, PRESIDENTE,
Y ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Muñoz Aburto, Pedro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick Piñera; Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau, y de Desarrollo Social, señor Joaquín Lavín Infante. Asimismo, se encontraban presentes el Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Sabas Chahuán; el Intendente de la Región de La Araucanía, señor Andrés Molina; la Directora del Instituto de Derechos Humanos, señora Lorena Fries; la abogada del Observatorio Ciudadano, señora Nancy Yáñez, y el Director de Unidad Especializada en Lavado de dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO), señor Mauricio Fernández M.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 12:15, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor ESCALONA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. CUENTA

El señor ESCALONA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que informa que aprobó el proyecto de ley que modifica el sistema privado de salud, incorporando un plan garantizado (boletín N° 8.105-11) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Salud y a la de Hacienda, en su caso.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señor Navarro, señora Allende y señores Girardi, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto y Rossi, con el que piden a Su Excelencia el Presidente de la República que ejerza su iniciativa para regular legalmente la situación de las personas que perciben honorarios, en los sectores público o privado, no obstante que prestan servicios cuya naturaleza importa la existencia de una relación laboral, con el objeto de reconocerles un régimen de contratación que incorpore los derechos tuitivos de los trabajadores, incluidos la protección a la maternidad y el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de sindicación y negociación colectiva y de estabilidad en sus empleos (boletín Nº S 1.551-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
IV. ORDEN DEL DÍA


ANÁLISIS DE CONFLICTO EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

El señor ESCALONA (Presidente).- La presente sesión especial fue citada para tratar la situación que afecta a la Región de La Araucanía.
Agradecemos la presencia de nuestros invitados: el Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick; el Ministro de Desarrollo Social, señor Joaquín Lavín; el Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Sabas Chahuán; la Directora del Instituto de Derechos Humanos, señora Lorena Fries, y la Codirectora y abogada del Observatorio Ciudadano, señora Nancy Yáñez.
El señor Fiscal Nacional nos ha solicitado contar con la presencia en la Sala del Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO), señor Mauricio Fernández.
Si le parece a la Sala, se autorizará su ingreso e igualmente el del señor José Araya, encargado del Programa Ciudadanía, del Observatorio Ciudadano.
--Así se acuerda.

El señor ESCALONA (Presidente).- Está pidiendo la palabra el Senador señor García.
¿Va a intervenir sobre la materia de la convocatoria, Su Señoría?

El señor GARCÍA.- No, señor Presidente, quiero plantear dos cosas previas.
La primera no tiene que ver con la sesión y consiste en solicitar de la Mesa que se sirva recabar la anuencia del Senado para que la Comisión de Hacienda pueda sesionar paralelamente con la Sala a partir de las 16:30, a fin de despachar el proyecto sobre donaciones culturales.
Y la segunda sí dice relación con el objetivo de esta sesión.
No veo aquí al Intendente de la Región de La Araucanía, don Andrés Molina.
No sé si él requiere autorización de la Sala para ingresar. Si así fuere, yo la solicito, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- El ingreso del señor Molina no necesita autorización, porque él figura en la circular con la cual se citó a la presente sesión, así que en el momento en que concurra puede entrar de inmediato.
En cuanto a la petición de que la Comisión de Hacienda funcione de manera simultánea con la Sala desde las 16:30 en adelante, si le parece al Senado, se accederá a ello.
Acordado.
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El señor ESCALONA (Presidente).- Se encuentra inscrito para hacer uso de la palabra, en el tiempo de la Democracia Cristiana, el Senador señor Ruiz-Esquide.
Puede intervenir, Su Señoría.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, hablo con mucho respeto por el tema que hoy vamos a tratar, que podríamos llamarlo "el conflicto entre dos comunidades importantes", como es Chile y sus autoridades, y lo que en la práctica es algo nuestro, pero que pareciera sernos ajeno. Me refiero al conflicto mapuche, que podría extenderse a otros pueblos originarios.
1. Debemos asumir definitivamente que Chile es un país multirracial y que, por ende, las diferentes etnias que en él viven tienen los mismos derechos y los mismos deberes, sin exclusión ni privilegios para nadie.
Esto es lo que entiendo como principio rector para llevar adelante cualquier forma de solución para el problema que nos agobia.
2. La pregunta fundamental que debemos hacernos es cómo resolver las denuncias de cada cual si no todos tenemos la misma noción de lo que es la tierra con relación a nuestros ancestros y el límite de las distintas posiciones que se sustentan.
La cuestión, también fundamental, es preguntarnos cómo elaborar una norma que sea aceptada por todos y que genere soluciones.
3. La tercera materia, igualmente fundamental, es sobre qué bases se establece una relación para pasar desde la situación actual a una fórmula de solución donde lo básico sea el respeto a los derechos ajenos.
4. Una de las dificultades que enfrentamos es -aunque resulte brutalmente duro decirlo- que Chile, como Estado y como comunidad de personas, no ha traducido en actos la exigencia de igualdad entre los hombres y mujeres que pertenecen a la etnia mapuche o a cualquier otra.
Me referiré solo a la etnia mapuche, porque es la que origina el conflicto actualmente.
5. Hoy nos conmovemos por la pobreza de "nuestras reducciones"; por las misérrimas condiciones en que se encuentran los mapuches. Pero no siempre fue así. Cuando España colonizó el país esas comunidades no eran precarias. Y así consta en las propias palabras de Alonso de Ercilla: "La gente que produce es tan granada," -refiriéndose a Chile y, por supuesto, a las comunidades- "tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida ni a extranjero dominio sometida".
Es posible que don Pedro de Valdivia nos describiera como lo hizo el autor de La Araucana, para ganar mayor respeto ante la corte española.
Así era la realidad que tan lúdicamente describió Ercilla. Y esa diferencia entre la existencia de tales comunidades y las de hoy, empobrecidas y precarias, es la deuda histórica que tenemos con ellas.
Una segunda y gran pregunta es la siguiente.
En nuestra obligación como legisladores, ¿seremos capaces de presentar una estrategia de acuerdos, en forma general, en el escaso tiempo que tenemos en esta sesión? Yo creo que sí. Y apunto a ello.
1° Lo que ahora se pide desde el sur no son solo bienes materiales, sino, como dice José Bengoa, estudioso de la situación mapuche "el derecho a ser respetado como un igual".
Eso, que parece exagerado, no lo es tanto si revisamos solo un artículo de la prensa de los últimos días. El Gobierno -según la publicación- dice "que solo revisará 4 puntos para poder avanzar".
No es mi intención, ni muchísimo menos, llevar este debate a un nivel odioso, sobre todo porque las culpas o las responsabilidades, a través de los años, no son únicamente de este Gobierno, sino de toda la gente como comunidad y de todos los Gobiernos que han dirigido el país desde los últimos años del siglo XIX.
Ahora, quiero plantear lo siguiente.
Si alguno de nosotros fuera lonco y se abriera debate sobre un tema tan duro y difícil como este, poniéndonos públicamente como marco de lo que debiéramos hacer aquello que una de las partes señalara, creo que reaccionaríamos con desagrado. Y ese es un aspecto de la cuestión.
2° Debe establecerse una autoridad nacional, elegida por las comunidades a través de sus autoridades ancestrales, para que esta institucionalidad pueda discutir con la autoridad chilena los puntos pendientes, con plena representatividad.
Ese es un tema que ha sido cuestionado permanentemente.
Sobre este particular, quiero ser enfático en señalar que el punto de quiebre en la relación con las comunidades es el hecho de que, de una u otra manera, se sienten atropellados, porque no se ha querido entender que lo que se llama "la consulta de la consulta", normado en el Convenio 169 de la OIT, no da solución a lo que se plantea.
3° Asumidos los dos puntos anteriores, más otros antecedentes, las autoridades ancestrales y los dirigentes de los pueblos indígenas deben ser autoconvocados para que el diálogo tenga resultados.
4° A partir de lo anterior podemos plantear estrategias concretas que puedan aliviar la situación. Me atrevo modestamente a presentar algunas:
A) Reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.
B) Integración cultural. Esto significa caminar hacia un lenguaje integrado en las zonas de conflictos e, incluso, enseñar el mapudungun en los grandes centros y en lugares donde es preciso que Chile procure, a través de la integración, la comprensión de una parte importante de nuestros ancestros.
Se me dirá que lo que estoy buscando es inviable. Es probable. Pero mientras no lo probemos no podemos asumir esta inviabilidad. Y yo contestaría con mucha fuerza: "Usted puede creer tener razón; pero yo estimo que no la tiene". Además, yo agrego: "Fíjese, usted, cómo nos ha ido en estos 200 años y cómo estamos hoy por considerar que ninguna de las medidas que se proponen pueden ser viables".
C) La segunda forma de inclusión es llevar la reforma de la educación -que estamos haciendo ahora- a todos los sectores donde hay fuerte presencia mapuche. Vuelvo a insistir, pueden ser otras etnias. De manera que haya profesores e incentivos que permitan colocar en la base de la educación el mapudungun. Hoy se obliga a los mapuches a aprender el español, lo cual me parece bien para que haya una inclusión como corresponde, pero es indispensable adoptar también una medida al revés, ya que es lo único que puede generar la idea en ellos de que efectivamente estamos discutiendo las cosas en igualdad de condiciones o, como se dice habitualmente, "pari passu".
D) Sentada la tesis de la igualdad esencial de las personas y de los jefes o autoridades de los pueblos originarios, al igual que la exigencia de que sean respetadas las autoridades republicanas de Chile, podremos señalar algunas otras tareas y elementos de solución.

El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, ha concluido el tiempo otorgado por su Comité.
Le otorgamos un minuto para redondear su idea.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Excúseme, señor Presidente. Entiendo que nosotros disponemos de más tiempo del que yo he ocupado.

El señor ESCALONA (Presidente).- Al Comité de la Democracia Cristiana le corresponden 18 minutos.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¿Y cuánto llevo yo?

El señor ESCALONA (Presidente).- Ha hablado 10 minutos.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Así es. Entonces, ¿por qué me los restringe?

1.- Participación de las comunidades del norte y sur de Chile y de otras instituciones comunitarias en la generación de una suerte de autoridad interna, que tenga la fuerza que hoy no posee y que le permitiría contar con una mayor capacidad de relación.

2.- Hacer participar a los mapuches en los municipios.

3.- Nueva constitucionalidad que dé representación clara y posible a los pueblos originarios en el Congreso Nacional.

4.- Derogación del decreto supremo N° 124.

5.- Crear como parte de los acuerdos una organización económica...

El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, ¿necesita otro minuto?

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Sí, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Dispone de dos minutos más, correspondientes al tiempo de la Democracia Cristiana.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Muchas gracias.
Toda la materia a la cual me he referido se encuentra en un texto que después haré llegar a los señores Senadores.
Me voy a referir a tres temas, para luego terminar.
Valoramos la presencia de observadores extranjeros de derechos humanos. Sin embargo, con la misma fuerza señalo que no son las organizaciones extranjeras las que van a solucionar nuestros conflictos.
Asimismo, es necesaria la preservación de la integridad del territorio nacional donde, como contraparte, asumimos que no somos una raza única, sino fruto de muchos entrecruzamientos.
Un tema real de hoy: la violencia de los últimos días.
Lo lamento, y lo lamento con toda la fuerza de mi palabra.
He leído ciertas intervenciones de algunos miembros del Congreso que pertenecen a la Alianza, quienes han dicho que cuando una persona formula estas aseveraciones de condena sin la fuerza suficiente y señalando que siempre detrás de la violencia hay una suerte de injusticia, significa que no está condenando con la suficiente rapidez, conciencia y fuerza tales hechos.
¡No es así! ¡No es así!
Si la violencia se pretende terminarla con otra violencia, no habrá soluciones.
Lo que sucede es que mi formación humanista cristiana me compele a declarar que la violencia debe ser condenada sin resquicios ni ambages. Pero aprendí también que es verdad que detrás de toda violencia hay una gran injusticia.
Por eso, ante la situación que estamos viviendo hoy día, la voz debe ser serena, sin altisonancia, sin populismo, sin el uso de fuerzas discrecionales frente a otros chilenos, a fin de tener más paz en el sur de nuestro país.
Gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Seré breve, señor Presidente, porque nuestro representante, el Senador Mariano Ruiz-Esquide, ya ha señalado lo que esta bancada tenía que decir respecto a este tema.
Hoy se ha convocado a un encuentro en el cerro Ñielol para tratar esta materia. Y creo que hubiese sido interesante estar ahí, pero teníamos esta sesión especial.
Solo quiero expresar que como Estado nos cabe responsabilidad en la forma como hemos construido nuestra nación, y una responsabilidad directa en el trato que hemos tenido con nuestros pueblos originarios.
No hemos querido aceptar como sociedad que nuestros pueblos originarios estaban aquí antes de que llegara el Estado español y el Estado chileno.
La llegada del Estado chileno a esa región significó la pérdida del territorio del pueblo mapuche y el inicio de una relación de exclusión y de pobreza que se ha extendido ya por casi 130 años.
Es hora de que el país haga un sinceramiento de nosotros mismos y de nuestra realidad y aceptemos que somos un Estado -como lo ha dicho el Senador Ruiz-Esquide- plurinacional y multicultural, y terminemos con la exclusión a que hemos sometido a nuestros pueblos originarios.
¡Hay que hacer un cambio en nuestro país!
Quiero también ser muy franca: no es la violencia el camino.
Condeno -como lo ha hecho mi colega Ruiz-Esquide- los crímenes de mapuches y no mapuches: la vida humana es intransable.
El camino, sin lugar a dudas, es el diálogo. ¡Hay que PARLAMENTAR!
Así como en el pasado el Estado español y el pueblo mapuche celebraron parlamentos y llegaron a muchos acuerdos, hoy el Estado de Chile debe igualmente llamar a un gran parlamento con los pueblos originarios para poner término a la violencia, la exclusión y la pobreza.
Quiero decir que yo y todos nuestros colegas estamos disponibles para procurar:
-El reconocimiento constitucional -es algo urgente- de los pueblos indígenas.
-Que estos tengan participación política con sus propios Senadores y Diputados.
-Que gocen de plena autonomía para que sus asuntos propios y modos de vida, dentro de la unidad del Estado y de la Constitución y las leyes, se reconozcan.
-Que Chile pague la deuda histórica por los atropellos cometidos y la pérdida de los territorios.
HAGO UN LLAMADO a todos los poderes públicos y a la sociedad chilena para que nos reencontremos con nuestros pueblos originarios y, en especial, al Presidente de la República y al Gobierno para que todos juntos pidamos perdón, en nombre del país, por los atropellos cometidos en la conformación del Estado en esta región y para que terminemos con el racismo y el clasismo que se ha impuesto.
Tenemos que construir un país sin exclusiones, sin clasismo, sin racismo, sin violencia y con paz y justicia social.
A los pueblos originarios y al pueblo mapuche: ¡Fuerza!
La violencia no sirve a la causa mapuche.
Quiero expresar que pueden contar con nosotros.
Muchas gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, la Región de La Araucanía está viviendo momentos duros, dramáticos, de hondo pesar, de temor. Y el Senado de la República debe asumir el liderazgo que le corresponde, en conjunto con el Gobierno del Presidente Piñera, para actuar con coraje, con valentía, con decisión, y, quizás por primera vez en la historia de nuestro país en muchas décadas, ser capaces de abordar a fondo los problemas que han mantenido fracturada a la sociedad en La Araucanía.
Quisiera dedicar algunos minutos -porque voy a tocar otros aspectos- a referirme de modo muy profundo a la brutal violencia que grupos extremistas han llevado adelante en nuestra Región.
Esos grupos quemaron vivo y asesinaron a un matrimonio que no le había hecho nada a nadie: el conformado por don Werner Luchsinger y doña Vivian Mackay.
Antes incendiaron la casa de don Pío Seco, pero con tal maldad que, a pesar de los ruegos de los niños, quemaron en su interior a los perros de la familia.
Y también fue asesinado, como lo declararon los tribunales de justicia, Matías Catrileo. Existe una resolución judicial que así lo determina.
Hay que estar con la ley cuando se falla a favor de unos y cuando se falla a favor de otros. Porque se violan los derechos humanos en un país democrático al atentarse contra la vida de una persona por motivaciones de orden político, cualesquiera que sean su raza, su condición o su situación económica.
Frente a eso, el Gobierno ha hecho bien, pues aplicó la legislación que a mi juicio corresponde. Porque ninguno de tales actos tiene por objeto robar, saquear: con ellos se persigue crear terror, intimidar. Y recurrió a la ley antiterrorista debido a que otorga instrumentos investigativos necesarios.
Adicionalmente, debo señalar que esa legislación fue aprobada en forma unánime por este Congreso, en plena democracia, durante el Gobierno de don Patricio Aylwin. Y hace no menos de dos años se corrigió en los aspectos en que se estimó que no se respetaban las normas del debido proceso.
Por lo tanto, formular una dura, clara y categórica condena a la violencia es de la esencia de quienes quieren construir la paz. Y en esto no hay contextos que valgan ni doble estándar.
Dicho aquello, señor Presidente, quiero expresar que el Estado de Chile tiene una profunda deuda con la Región de La Araucanía. Y voy a explicarlo en palabras muy sencillas.
Entre los años 1884 y 1919, el Estado les entregó 475 mil hectáreas, en 3 mil 78 títulos de merced, a las comunidades mapuches. Pero ¿saben lo que hizo? ¡No les dio las tierras! Y les entregó esas mismas tierras a quienes, con coraje, valentía, entusiasmo y decisión, fueron a colonizar esa zona.
Entonces, hay una deuda histórica que está a la vista.
En las comunidades mapuches dicen: "Tengo un título de merced que me dio el Estado de Chile. ¡Pero no me entregó las tierras!".
Y otro de nuestros compatriotas, no mapuche, expresa: "¡Pero si yo tengo títulos desde hace 100 años! ¡Ha sido mi familia, desde mis ascendientes, la que ha trabajado!".
Entonces, el Estado superpuso tierras, lo que en definitiva nos ha generado este tremendo conflicto.
Existen muchas otras causas; pero el tiempo en esta sesión es breve para abundar en ellas.
En todo caso, hay que entender que es legítima la aspiración de las comunidades mapuches de que se les entreguen las tierras que el Estado, mediante títulos de merced, les otorgó. Y es legítimo también el reclamo de los chilenos no mapuches -agricultores, parceleros- que las adquirieron con su esfuerzo, en forma honesta y legitimados por el Estado de Chile, quienes hoy día ven que se pretende arrebatárselas sin que hayan tenido ninguna responsabilidad en la situación registrada.
Frente a ello, señor Presidente, los parlamentarios de La Araucanía -Senadores señores Tuma, Quintana, García y quien habla- emprendimos junto con el Gobierno un camino. Va a estar lleno de piedras. Pero hay que tener la decisión de levantarlas una a una para superar la situación.
Ahora, hemos de entender que Chile es una nación multicultural (no unicultural), donde conviven personas que tienen tradiciones y culturas distintas.
El pueblo mapuche es una nación con identidad y características propias. Y nuestro deber no es asimilarlo, sino provocar la integración, el trabajo como país, como nación unitaria, pero entendiendo la diversidad que existe en su interior.
Por eso es tan importante sacar adelante iniciativas al respecto, aunque sé que van a contar siempre con la crítica de algunos.
El reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios no es otra cosa que decirles: "Somos parte de una nación multicultural".
Establecer normas que regulen el Convenio 169 de la OIT es fundamental para que el proceso de consulta se haga en serio, de verdad y con respeto.
La creación del Consejo de Pueblos Originarios es primordial para que las comunidades mapuches tengan una forma de expresarse; de dar su parecer; de elegir a sus autoridades; de ser consultadas en las materias que las afectan, sin complejos, y de resolver aquellas en las cuales se estima que su opinión es la que debe ser acogida.
Se ha de avanzar en la clarificación de una política de tierras que, como dije, es el germen del conflicto, sin perjuicio de la necesidad de reconocer al pueblo mapuche con su propia identidad, cultura y tradiciones.
También hay que avanzar en una política y en una estrategia de alianzas productivas que hagan que seamos capaces de incorporar el talento de nuestros pueblos originarios y de quienes durante siglos han construido nuestra patria.
Señor Presidente, creo que estos no son momentos fáciles en La Araucanía. El dolor y -yo diría- la desazón son hechos que se viven en el día a día.
Nueva Zelanda, Australia, Canadá fueron capaces...
Va a terminar mi tiempo.
¿Me permite un minuto adicional, señor Presidente?

El señor ESCALONA (Presidente).- Sí, señor Senador.

El señor ESPINA.- Gracias.
Decía que aquellos países fueron capaces de tener liderazgo, de no dejarse atrapar por minorías recalcitrantes, de un extremo y otro, que no quieren avanzar.
Allí existen esa visión, esa convicción, en el sentido de que cuando uno es líder no puede pretender rehuir sus responsabilidades.
¡Y ese es el camino que debe ser seguido por este Senado, por nuestro Gobierno y por quienes representamos a La Araucanía!
Yo solo espero que seamos capaces de distinguir lo que nos diferencia, para poner el acento, con toda franqueza, en una voluntad común. La Araucanía merece mucho más de lo que Chile le ha dado hasta ahora, trátese de un vecino de origen mapuche o de uno de otro origen.
¡Ese es el desafío que hoy día empezamos a enfrentar entre todos!
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el turno del Comité PPD, que dispone de 8,5 minutos. Más los 3,5 que le cedió la Democracia Cristiana, hace un total de 12 minutos, que serán ocupados por sus dos Senadores, pues ambos solicitaron la palabra para intervenir.
Se halla inscrito en primer lugar el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Quiero agradecer también al Comité Partido MAS por el tiempo que nos concedió, lo cual nos permitirá intervenir por un par de minutos adicionales.
Señor Presidente, esta sesión especial y la motivación que durante los últimos días hemos visto en autoridades de gobierno y parlamentarios tiene que ver con un hecho de violencia repudiable, que no podemos permitir y que debemos perseguir con la mayor fuerza.
Lamento, sí, que en esta sesión estemos preocupándonos de una situación de suyo muy injusta que ha ocurrido con los pueblos originarios solo porque se cometió ese deleznable acto de violencia, que no solo significó la muerte de dos personas que fueron quemadas vivas, sino que además implica que esté muriendo parte de la democracia, parte del entendimiento, parte del modo como estamos construyendo una sociedad.
Ahora, debemos preguntar qué tipo de sociedad estamos construyendo. Porque su base son la injusticia y otros elementos que no dan cuenta de las verdaderas causas de la violencia.
Hasta el momento, todos los Gobiernos han hecho -algunos más, otros menos- políticas de desarrollo, políticas asistencialistas.
En tal sentido, debo reconocer que, como Concertación, avanzamos, mas no lo suficiente: no avanzamos donde debíamos hacerlo. Y lo propio ocurrió con los demás Gobiernos, desde que se instaló el Estado de Chile.
A propósito de aquello, debo recordar que nuestro Estado se instala en La Araucanía setenta años más tarde que en el resto del país. Pero solo cuando se registran hechos de violencia nos preocupamos de los efectos de tal hecho.
Qué bueno que nos preocupemos de eso, porque la ciudadanía de la Región de La Araucanía quiere seguridad. Y qué bueno que esté aquí el Fiscal Nacional -lo saludo-, pues quisiéramos tener mejores resultados. Para ello, el Parlamento y el Ejecutivo están dispuestos a entregarles todas las facultades necesarias a la Fiscalía, al Ministerio Público, a las Policías, a fin de que las usen moderadamente, con prudencia, pero con eficacia.
Señor Presidente, considerando la necesidad de focalizar y perseguir a los responsables de los hechos deleznables que se han registrado, pero también la de respetar el debido proceso y las garantías constitucionales de las personas, se halla en esta Sala doña Lorena Fries -y me alegro de que participe en esta sesión-, como representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Ahora, quiero decir que no es posible justificar la violencia, pero que no es suficiente condenarla.
Debemos abordar los orígenes del conflicto. Y bien lo decía el colega Espina y bien lo refleja el proyecto de acuerdo que concordamos los cuatro Senadores de la Región.
¡Basta de que el Estado siga dando soluciones de parche y no se haga cargo de la raíz de la injusticia, que se explica muy bien en el Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas!
Dicho documento nos cuenta la verdadera historia, que no es la que nos enseñaron en los libros que nos entregaban en los establecimientos educacionales, donde aparecía Caupolicán con un tronco sobre sus hombros o Galvarino con los brazos cortados.
¡Esa no es la verdadera historia! ¡La verdadera historia es mucho más cruda!
Yo solo quiero citar un par de pasajes -revisé la prensa de la época- del mencionado Informe, donde figuran numerosos ejemplos en que el denominador común es la utilización de la violencia contra los mapuches.
Leo:
"1916. Sucesos de Frutillar. El colono Eduardo Winkler litiga las tierras del cacique Juan Pailahueque. El caso estaba en los juzgados y en la prensa. Winkler mata a Pailahueque y son apresados más de 20 Mapuches que apoyan al cacique. Se le usurpan las tierras en un juicio insólito en que Pailahueque -asesinado- es declarado culpable.".
"1918. Matanza de Forrahue, cerca de Osorno, en que encerrados en una choza se asesinó a más de 25 hombres, mujeres y niños, prendiéndoles fuego. Forrahue, durante ese período, es símbolo de la violencia huinca.".
¡Son muchísimos ejemplos! No tendría tiempo para leer tantos relatos reales de abusos, del modo como el Estado se instala en la Región de La Araucanía, que era, hace 130 años, nación mapuche.
Yo quiero valorar...

El señor ESCALONA (Presidente).- Perdón, señor Senador, pero terminó su tiempo.

El señor TUMA.- Falta sumar el del MAS, señor Presidente.

El señor ESCALONA (Presidente).- Lo estamos haciendo.
Puede proseguir, Su Señoría.

El señor TUMA.- Gracias.
Señor Presidente, decía que quiero valorar la disposición del Congreso Nacional, en particular la del Senado, primero, a reconocer el daño causado.
Presentamos un proyecto de acuerdo -queremos aprobarlo- mediante el cual reconocemos como Estado el daño que se le ha hecho a la población indígena.
Por otra parte, proponemos la implementación de un plan de reparación. Pero ese plan hay que conversarlo con los afectados, los mapuches, quienes no tienen una organización vertical, sino una organización horizontal.
El Estado debería ayudar a que se institucionalizara una representación de los pueblos originarios con la cual interlocutara respecto de las políticas públicas y de las consultas relacionadas con los derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT.
Y, por último, pienso que existe una deuda muy grande con la Región de La Araucanía. El Estado llega allí setenta años más tarde, y lo hace de mala manera. Y todavía persisten en dicha zona los efectos de aquella injusticia, que afecta a los derechos de los pueblos originarios y que deberíamos atender también en lo concerniente a otros cuerpos legales (pero resolvamos primero el asunto de la consulta).
Al mismo tiempo, reconozco la actitud de los actuales Ministros del Interior y de Desarrollo Social, quienes por primera vez están disponibles para efectuar un acto de reconocimiento y de reparación. Y el acto de reparación tiene que ver también con la Región de La Araucanía, con los mapuches y con los no mapuches.
A tal efecto, solicitamos mediante el proyecto de acuerdo un fondo de compensación para un programa diseñado desde La Araucanía, destinado a atender las demandas particularísimas de esa zona.
Por ese camino es posible avanzar, señor Presidente.
Habrá muchos diálogos. También, numerosas cumbres. Y a todas deberemos escucharlas, dándoles espacios para que se pronuncien.
Sin embargo, resulta indispensable que el Estado tome una decisión que nunca ha adoptado: la de ir al fondo del conflicto y ver cómo reparamos una injusticia que los pueblos originarios han soportado por años.
Invito al Senado a apoyar unánimemente el proyecto de acuerdo que presentamos; a condenar la violencia, cualquiera que sea el sector de donde provenga; a solidarizar con las víctimas, mapuches y no mapuches.
Eso tiene que ver, asimismo, con la acción de las policías, con la forma de dar seguridad.
Pero, principalmente, se trata de una solución política. Y ello no es responsabilidad ni de los tribunales ni de las policías. La solución política deben darla el Ejecutivo y el Congreso Nacional.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Hago presente que se agotó el tiempo cedido por el Comité del MAS.
El Comité de la UDI nos informó que su representante será la Senadora señora Von Baer, quien dispone de hasta 16 minutos.
Tiene la palabra Su Señoría.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, iniciaré mis palabras de manera quizá un poco distinta.
Quiero que juntos recorramos lo que está sucediendo en La Araucanía y pensemos en las personas que han entregado su vida en dicha zona.
Hasta ahora debemos lamentar ocho víctimas fatales: ocho personas que han muerto en nuestras tierras y que son parte de nuestra familia.
Algunas pertenecen al pueblo mapuche, como Álex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío.
Otras han fallecido en sus casas, en defensa de sus familias, como Guillermo Gallardo Aillapán, quien pereció el 1º de septiembre del año pasado cuando protegía a su hermano; o el sargento Hugo Albornoz, quien perdió la vida mientras hacía su trabajo en representación de todos nosotros, del Estado de Chile.
Ahora bien, no solo hemos de lamentar muertes, sino también cosas tan absurdas como la quema de escuelas y colegios.
En Collipulli y Ercilla fueron incendiadas escuelas, y sus alumnos han debido seguir las clases en otros lugares, sin la infraestructura adecuada.
Además, se quemaron jardines infantiles y cuatro sedes sociales.
¿Por qué nos encontramos en esta situación?
También, fueron incendiadas 17 casas de pequeños parceleros que hacen un esfuerzo tremendo -y aquellos que conocemos el campo en La Araucanía lo sabemos- por salir adelante en su tierra.
Pero, adicionalmente a lo que ha ido ocurriendo, quiero llevarlos a lo siguiente. En octubre recién pasado, desconocidos quemaron un camión con el conductor adentro, quien alcanzó a salvar con vida, mas con gran parte de su cuerpo quemado.
Esa es la situación que se vive hoy en la zona.
Hace un par de semanas, desconocidos entraron a la casa de la familia Seco Fourcade, como se mencionaba acá, y, mientras golpeaban a sus integrantes con las culatas de escopetas, gritaban: "¡Recen! ¡Recen!".
Y una semana atrás o poco más, un matrimonio -podrían haber sido los papás de muchos de nosotros o los abuelos de nuestros hijos- dormía tranquilamente en su casa cuando, de pronto, se escucharon balazos y debió llamar con angustia a un hijo para decirle que estaba siendo atacado.
Esto es Chile. Es lo que está sucediendo en nuestras tierras, en nuestro querido país.
Esos adultos mayores murieron quemados.
Al día siguiente, un viernes, recibí una llamada de Cynthia Mackay, hermana de la fallecida Vivian. Al darle el pésame, me dijo: "Ena, nos conocemos hace mucho tiempo. Lo único que quiero pedirte, ya que estás allá arriba, en el poder, es que la muerte de mi hermana y mi cuñado no sea en vano".
Señores Senadores, señores Ministros, señora Lorena Fries, Directora del Instituto de Derechos Humanos, quiero transmitirles el mensaje: que la muerte de ocho personas no sea en vano.
Cualquiera de ustedes que defienda la democracia tiene que ser categórico. No puede ser ambiguo en rechazar la violencia.
Estuve en Temuco el lunes, en la feria Pinto, en las comunidades indígenas de Vilcún, y aquellos con quienes crecí me transmitieron el dolor de los que las integran y de quienes trabajan en ese lugar, que también son mapuches. Con el abrazo, me dijeron: "Ena, le tenemos miedo a la discriminación mucho más que antes".
Esta última siempre ha existido, pero hoy día le temen mucho más los propios mapuches, porque están siendo atacados. La casa del lonco Juan Carlos Curinao fue quemada, por ejemplo. No están siendo agredidos solo aquellos que no pertenecen a dicho pueblo. Y lo que expresan es: "Nosotros no somos violentos. También tenemos derechos humanos y queremos que el Estado nos defienda".
Señores Ministros, señores Senadores, esa es la voz de la gente de La Araucanía y aquella por la cual hoy día me siento interpelada, en nombre del Comité de la UDI, para representarla acá.
La violencia, como camino para lograr cualquier propósito, es un ataque directo a nuestra democracia.
¿Cuál es la primera razón de la existencia del Estado? La de que todos le entreguemos el monopolio del uso de la violencia. Y el Estado -todos nosotros- no está cumpliendo en La Araucanía.
Es triste que nos estemos refiriendo ahora a esa zona por la muerte de dos personas.
Es una pena que se registre un diálogo a gran nivel en ella por ese hecho. ¿Por qué no lo tuvimos antes?
Nos sucede una cosa tremenda con La Araucanía: un ciclo de estupor y de olvido. ¡Cuántas veces lo hemos vivido!
Se registró estupor en el Gobierno de Ricardo Lagos. Surgió el diálogo y se dictaron muchas leyes. Olvido. Ya nadie habló de La Araucanía.
Estupor, nuevamente, durante el Gobierno de Michelle Bachelet. Todos hablaban de La Araucanía. Olvido. Nadie más lo hizo.
Estupor, otra vez, ahora. Espero que dure un poco más.
Creo que es un derecho humano de todos poder dormir tranquilo en casa.
Es un derecho humano no tener miedo por los niños.
Es un derecho humano de los mapuches que los demás no crean que ellos son violentos. Es un derecho humano de todo Chile que no profundicemos las diferencias entre dos pueblos que, juntos, han construido el país.
¡Cuántas veces me han dicho: "Ena, nosotros somos más chilenos que tú, pues llegamos antes".
Quiero terminar mis palabras haciendo solo una puntualización. Tenemos que preocuparnos de la política pública dirigida a los pueblos mapuches, pero no solo hoy día, sino siempre.
Y espero que el diálogo no sea acá, en Valparaíso, entre representantes, como tampoco en Temuco. Es necesario ir a las comunidades y conversar allá. El señor Intendente lo sabe.
No seamos paternalistas con ellos, como siempre lo hemos sido. Todas las leyes dictadas por el Estado han revestido ese carácter y les han dicho cómo tienen que vivir su vida. ¿Por qué no dejamos que lo resuelvan? Terminemos, de una vez por todas, con el paternalismo.
Empecemos por entregarles derechos de verdad. Vamos a las comunidades con el diálogo. Que sean las que decidan. Porque Sus Señorías saben, si han recorrido La Araucanía y otras partes de Chile donde hay comunidades indígenas, que cada una es distinta. Las lafquenches son diferentes de las huilliches o de las asentadas en Lonquimay o Vilcún. Respetemos sus derechos. Estos se conversan en ellas; se tratan parlamentando en ellas.
Espero que hoy día no entremos nuevamente en el ciclo de estupor y de olvido. No olvidemos La Araucanía, señores en el poder. Que no sean en vano las muertes dolorosas en esa zona.
Gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra, en el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, al Senador señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, en nombre de mi Partido, quiero ser claro y preciso: repudiamos el empleo de la violencia. Pero me refiero a la de cualquier origen: tanto a la que ha provocado la muerte del matrimonio Luchsinger como la de comuneros mapuches.
La violencia no se combate con más violencia, sino con diálogo. No sacamos nada con continuar dictando normas legales que se traducen en reprimir, buscar culpables, afectar personas. Eso no es lo que va a llevarnos a la solución definitiva que se requiere.
En esta oportunidad fuimos citados para "conocer la situación que afecta a la Región de La Araucanía", y la verdad es que la sesión debería tratar la situación de un Estado nacional multiétnico. No es un asunto de La Araucanía, ni solo del pueblo mapuche. No hemos sido capaces, en efecto, de resolver la existencia de un Estado de esa índole, que dicta normas y reglas que obligan a otros, en definitiva, a regirse por ellas.
"Etnia" significa "pueblo". Es una comunidad humana que puede ser definida por afinidad cultural, lingüística o racial.
El problema, entonces, radica en determinar si en el Senado queremos tratar una cuestión de fondo: nuestra disponibilidad para llegar a un Estado plurinacional, que es la organización política y jurídica de una sociedad de varias naciones que conforman una unidad y se encuentran representadas en el Gobierno. La plurinacionalidad es el principio político que permite aspirar al pleno ejercicio de los derechos de todas las naciones existentes en un Estado.
Entonces, sin perjuicio de condenar duramente la violencia, comprendida aquella de que ha sido objeto el pueblo mapuche por años y años -no ahora, sino durante más de un siglo-, tenemos que comenzar por resolver problemas.
¡Partamos, entonces!
Pensemos si vamos a declarar constitucionalmente el Estado plurinacional.
Determinemos si vamos a implementar en forma real el Convenio Nº 169 de la OIT y a cumplir con los requisitos que contempla, sin saltarlos cuando se trate de empresas energéticas, mineras u otras. Conversemos en serio sobre el establecimiento de criterios que permitan resolver la situación.
Se requiere una política de restitución de tierras.

El señor ESCALONA (Presidente).- Dispone de un minuto para concluir, Su Señoría.

El señor GÓMEZ.- Gracias, señor Presidente.
Hace falta la formulación de políticas, en definitiva, que permitan el desarrollo de las diversas etnias que componen nuestro Estado multicultural. Ese propósito se ha logrado en Finlandia, Nueva Zelandia y otros países.
Es necesario, por lo tanto, llevar a cabo una discusión política de fondo. Tratemos los aspectos que pueden resolver en el futuro el desarrollo de un país como Chile, en el que sea posible la convivencia de nuestros distintos pueblos. Ello no solo dice relación con los mapuches, sino también con los licanantay, los diaguitas y varios otros que requieren soluciones.
En el caso particular que nos ocupa, tomemos la desgracia que estamos viviendo como una oportunidad para resolver una cuestión básica y que tiene que ver con la capacidad de poner las cosas sobre la mesa y establecer un Estado plurinacional.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, agradezco a la Democracia Cristiana el tiempo que me ha cedido, así como también a la bancada socialista, que hizo otro tanto, especialmente los dos minutos que me traspasó la Senadora señora Allende.
Junto con el colega Eugenio Tuma y los Diputados de la Democracia Cristiana y los parlamentarios de la Alianza en la Región, hemos venido trabajando en el último tiempo junto al Gobierno en la idea de buscar un camino de entendimiento. Me refiero a los Diputados señores Mario Venegas, Fuad Chahín y René Saffirio, al igual que a Joaquín Tuma, también del Partido por la Democracia. Este es un asunto que nos convoca a todos y nos impone una gran responsabilidad.
La pregunta que uno se hace es por qué nos encontramos hoy día en esta sesión y por qué no se celebró antes, en circunstancias de que la agenda, como lo manifestó recién el Honorable señor Tuma, data de décadas: desde el Acuerdo de Nueva Imperial, desde la Ley Indígena de 1993. Siempre han estado dando vueltas los mismos temas. Y no en una, sino en varias oportunidades, tanto el Senado cuanto la Cámara de Diputados han tenido oportunidad de pronunciarse sobre ellos.
Creo que estamos aquí porque se ha registrado una apertura virtuosa -ya lo he dicho- de sectores de la Derecha que plantean avanzar en un reconocimiento constitucional y en distintas otras materias.
Por cierto, también estamos conversando, como lo hemos señalado, porque ha habido una fuerte autocrítica de parte nuestra, de la actual Oposición. Muchas veces, consideramos la situación solo como un problema de pobreza: los mapuches son pobres, los indígenas en Chile son pobres. ¡Qué duda cabe! Pero la entrega de tierras, sin apoyo productivo -¡por favor!-, no sirve. Ello genera más tensión en la Región.
Y asimismo estamos acá, desde luego, por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, en la comuna de Vilcún, lo que todos condenamos de la manera más enérgica. Si hay que ser majaderos al respecto, vamos a serlo. Porque también hemos recibido emplazamientos de otros sectores, en el sentido de que, a veces, la condena no se hace con letras mayúsculas. ¡No! Ella es total -¡total!- de parte de la Oposición.
No sé de ningún participante en las reuniones celebradas -y el Gobierno también está consciente de ello-, incluidos actores mapuches y de la Multigremial de la Araucanía, que no condene lo ocurrido y no espere una respuesta efectiva de parte de las policías y la fiscalía. Sin embargo, ello no ocurre. Más adelante me voy a referir a ese aspecto.
Pero existe un contexto. Y al emplear la palabra no estamos avanzando en una justificación. Ni siquiera estamos explicando nada. En verdad, los primeros en vincular la información fueron el propio Ministro señor Chadwick y el fiscal Chifelle, de la zona, quienes hicieron presente una asociación directa con el crimen de Matías Catrileo. Me parece bien, porque tienen que ver cómo, de manera asertiva, van a buscar a los responsables. Entonces, hay un contexto: exactamente a cinco años de la muerte de Matías Catrileo por la espalda, en el mismo territorio, tiene lugar el hecho que nos ocupa.
Uno se pregunta -luego voy a referirme más a fondo al enfoque policial- cómo es posible la situación si en Santiago, cuando se aproxima el Día del Joven Combatiente, Carabineros cuenta con un análisis criminal y todo un plan de contingencia preventivo, porque sabe que en determinada población algo va a pasar. ¿Cómo se explica que en el lugar no haya habido nada?
Una modesta patrulla de Carabineros, que custodiaba un fundo a 800 metros, fue, según entiendo, la que aprehendió a una de las personas que todavía está en prisión. Digo "todavía" porque otras han tenido que ser liberadas.
Señalo todo esto por existir hoy día una mayor conciencia de que podemos avanzar, lo cual, por supuesto, es valorable. Cabe consignar el proyecto de acuerdo conocido ayer en la Cámara de Diputados y la incorporación por el Senado, en la iniciativa sobre televisión digital, de una mención explícita que tres semanas antes las Comisiones unidas habían rechazado en forma unánime.
También quiero considerar la cuestión desde la perspectiva del propio Presidente Piñera, quien ha hecho referencia a una triple dimensión del problema. Me parece que es una buena matriz de análisis.
Cabe señalar, en primer lugar, los aspectos económico, social y productivo. El Ministro señor Lavín sabe lo que tiene que hacer y sigue adelantando, mas comprende que la solución no va por ahí. No es cosa de cuántos tractores y sacos de fertilizantes se requieren, ni de si cabe entregar más ahora que antes.
Lo anterior, ni siquiera con las Áreas de Desarrollo Indígena. Porque todavía estamos en los titulares. La Concertación asimismo estableció muchas de ellas. Saquemos ese punto, porque puede enredarnos. No es bueno para nada. Veamos el resultado en un tiempo más.
No es solo una situación de pobreza. Ese fue uno de los errores grandes que cometió la Concertación.
Respecto de los derechos de aguas y la modificación del Código respectivo, los Ministros señores Chadwick y Lavín saben que el punto motivó uno de los gritos más desgarradores de alcaldes y concejales en la reunión a la que asistimos.
Con la Senadora señora Rincón fuimos testigos ayer, en la Comisión de Agricultura, de que el Gobierno presentó un proyecto para "obras medianas", según se denomina, que aumenta el subsidio estatal de 30 mil unidades de fomento -escúchenme bien Sus Señorías- a 250 mil. Me dicen que es para agricultores medianos. O sea, ello fomenta una desigualdad brutal. Mejor que no lo sepan los mapuches.
Tengamos presentes estos temas en perspectiva y atendamos a la señal que se emite. Cuidemos entre todos las mesas de trabajo que estamos conformando.
Repito que no se trata solo de un problema de pobreza y que los derechos de agua, por supuesto, son importantes.
En seguida, el Presidente de la República hizo referencia a la seguridad policial.
Quiero ser muy claro sobre el particular, porque veo a varios representantes de instituciones. ¿Qué es lo que quieren la Oposición, la Alianza, todos? Que se sancione a los responsables, que se los encuentre. El Intendente, presente en la Sala, sabe que en La Araucanía hay un fuerte cuestionamiento al mando policial. Si en algo coincidieron los mapuches en la mañana y los agricultores en la tarde, en la reunión que sostuvimos, fue en la falta de confianza en las policías. Los hechos ocurren en zonas bien acotadas, donde todo el mundo sospecha quiénes pueden ser los autores.
¡Cuidado! Porque los agricultores expusieron que no se trataba de mapuches. Mencionaron que andaban algunos señores cuya descripción claramente era distinta. Entonces, no prejuzguemos. No nos anticipemos. No estigmaticemos. No más CAM, ni más FARC, porque es algo que no hace bien. A veces, también se cuentan cuentos. También pasó en los Gobiernos de la Concertación. Cuando murió Matías Catrileo, ¿qué dijeron las policías, los Intendentes y el Gobierno? "Murió en un tiroteo, en un enfrentamiento". ¿Y que se demostró posteriormente? Que recibió un disparo en la espalda. Creo que todos, en consecuencia, tenemos que ser supercuidadosos.
¿Y cómo queremos que se investigue? Deseamos que se llegue al fondo, no con la mitad del Estado: el Fiscal Nacional, el fiscal regional, las policías, sino también con la Defensoría Penal Pública, a la que no he visto. No sé si alguien conoce al Defensor Nacional. No sé qué ha expresado. No le he escuchado una sola palabra respecto del hecho. ¿O acaso está de vacaciones, como la Agencia Nacional de Inteligencia? Esperamos que la Defensoría se involucre.
¡Y, por favor, señores Senadores, entendamos el rol del Instituto de Derechos Humanos! ¡Si es preciso darles protección a las víctimas! ¡Qué duda cabe! Varias veces lo ha planteado el Senador señor Espina. Pero ellas aspiran hoy día a que el Estado, en su rol persecutor, investigador, logre dar con los responsables. Y lo que necesitamos es que el Instituto cautele que no se le pase la mano. Porque el fiscal de la Región formula declaraciones relativas a una "guerrilla rural".
Por favor, no hagamos más referencia a las etnias. ¡Si lo étnico es una cosa distinta!
Ahí está el proceso migratorio, que fue otro error del Estado por la forma -no por aquellos a quienes trajo- como se procedió y por desconocerse también el contexto.
Y harto más que lo hecho por el Estado se avanzó con la Corona española, como dicen los mapuches. Efectivamente, en el Parlamento de Quillén, en 1641, esta les reconoció 10 millones de hectáreas a los mapuches.
Entonces, nosotros estamos por debajo de todos los estándares, no solamente de los estándares internacionales de hoy día, sino también de los de hace cuatro siglos.
Por lo tanto, si el Senado se va a hacer cargo de este problema, que sea entre todos. Ojalá que las autoridades policiales también entiendan el discurso y no tengamos, como ocurrió un par de días atrás, a un fiscal diciendo: "No, es que los mapuches, cuando van a juicio, reciben un trato preferente del Estado".
¡Ah, bueno! Entonces volvamos a la detención por sospecha. O sea, queremos el camino fácil.
¡No! Yo quiero encontrar el paradero de los delincuentes que mataron a este matrimonio, pero con todo el Estado de Chile funcionando, con todas las garantías. ¡Eso es eficacia! Eso es lo que yo espero de un Estado que dice ser desarrollado y al que le gusta mirarse y compararse bajo estándares internacionales.
No me voy a referir a la "Ley Hinzpeter". Creo que el planteamiento del Presidente fue bastante desafortunado. No tiene nada que ver con lo que ocurre en La Araucanía.
Respecto a los estados de excepción, no he visto nunca más al Presidente de la UDI hablar sobre el tema, en circunstancias de que antes pedía la declaración del estado de sitio. ¡Por favor! Eso ocurre cuando las autoridades se hallan sobrepasadas. Y yo no veo para nada sobrepasados a los Ministros Chadwick y Lavín. Lo quiero decir. Los veo actuando, los veo avanzando, los veo con actitud de apertura.
Por consiguiente, todos debemos cuidar las señales que entregamos.
El punto es cuál será la respuesta que vamos a dar. Este es el tema de fondo -y con esto termino, señor Presidente-, el cual se halla vinculado a materias de reconocimiento, a materias de pueblo.

El señor ESCALONA (Presidente).- Se acabó todo el tiempo que usted indicó, señor Senador.
Le vamos a dar un minuto adicional.

El señor QUINTANA.- Gracias, señor Presidente.
El poeta mapuche Elicura Chihuailaf nos decía hace pocos días: "No le sigamos dando la espalda a nuestra historia diversa".
Yo llamo a eso. Dejemos de leer solamente a Villalobos. Ya sabemos lo que les enseñó a muchas generaciones. Miremos a Marimán, a Bengoa y a otros autores que los mismos Senadores de Derecha han citado el día de hoy.
Esto no es nuevo. Cuando primero se movilizaron el Ad Mapu y el Consejo de Todas las Tierras, se dio origen a la CONADI. Luego se movilizó fuertemente la CAM, y nació el Programa Orígenes, el 2007. Después vino la Alianza Territorial Mapuche, y se crearon los PDTI, que este Gobierno ha mantenido, y bien.
¿Cuál va a ser la respuesta ahora?
Yo pienso que la respuesta ahora -en esto tenemos consenso y por eso hay un proyecto presentado por cuatro señores Senadores de La Araucanía- tiene que ver con los puntos en los cuales hemos alcanzado acuerdo: nada menos que en la Asamblea de Pueblos Indígenas; en el Ministerio de Asuntos Indígenas; en la Ley de Consulta, y en el reconocimiento constitucional inmediato.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García, en el tiempo del Comité Renovación Nacional.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, el atentado violentista que le costó la vida al matrimonio Luchsinger-Mackay, en la comuna de Vilcún, ha conmocionado a la opinión pública del país y ha desgarrado el alma de la Región de La Araucanía, acrecentando el clima de inseguridad y desprotección en el que se sienten sus habitantes, principalmente agricultores, transportistas y dirigentes y comunidades indígenas que se niegan a aceptar la violencia como método para plantear sus demandas.
Pero el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay no ha sido el único hecho extremo sucedido en nuestra Región.
Permítanme hacerles un resumen de los principales hechos de violencia ocurridos en nuestra Araucanía, los que, a mi juicio, demuestran de manera inequívoca que estamos en presencia de uno o más grupos violentistas que han cometido actos que reúnen todos los requisitos para ser calificados de terroristas, ya que uno de sus principales propósitos es generar miedo en la población.
En primer lugar, entre los años 2008 y 2012 se denunciaron ante Carabineros y fiscales de La Araucanía cerca de 800 delitos con expresa connotación indígena: 31 el 2008; 224 el 2009; 107 el 2010; 117 el 2011, y 287 el 2012, estadísticas que solo consideran lo sucedido hasta el 30 de noviembre del año recién pasado.
Por lo tanto, no se trata de hechos aislados. Aquí hay violencia sistemática, atropello sistemático a los derechos humanos de los habitantes de La Araucanía.
En los pocos días que van corridos de 2013, ya tenemos el incendio y asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, en Vilcún; un incendio de galpón y maquinaria agrícola en la comuna de Freire; el incendio de dos camiones forestales en Capitán Pastene; el incendio de galpones en Padre Las Casas; el incendio de un colegio en Collipulli.
Y entre los hechos más violentos del 2012 tenemos:
-El asesinato del carabinero Hugo Albornoz, en la comuna de Ercilla.
-El atentado incendiario a maquinaria forestal, con ataque a seis trabajadores de la jornada nocturna, en la comuna de Purén.
-El atentado incendiario al colegio municipal de Chequenco, que dejó sin escuela a 130 niños, en su gran mayoría mapuches.
-El asalto y muerte del parcelero Héctor Gallardo Aillapán, candidato a concejal por el Partido Socialista, en la comuna de Ercilla.
-El incendio de un camión, en el que, sin permitir que el chofer bajara, se procedió a quemar su cabina. ¡Con el chofer dentro! Esto ocurrió el 4 de octubre pasado en Quechereguas, entre Collipulli y Ercilla.
-El asalto a 3 funcionaros públicos de la Corporación Nacional Forestal por parte de encapuchados. Ellos concurrían a pagar los sueldos de 36 trabajadores de la comunidad Huañaco Mellao en Ercilla, quienes participaban del programa especial de empleo de la CONAF. Les robaron el dinero para el pago de los salarios; fueron encañonados en la cabeza, siendo obligados a tenderse en el suelo.
-El incendio de la parroquia de la comunidad indígena Huañaco Mellao.
-El asesinato de don Osvaldo Zapata Gutiérrez, cuidador de una parcela en la comuna de Cañete. Su esposa fue herida y la vivienda que habitaban, incendiada.
-El ataque incendiario al fundo Temuco en Padre Las Casas, de propiedad de inversores austríacos.
-El incendio y cruento ataque al matrimonio Seco-Fourcade, en Cajón: sus perros, sus mascotas, fueron tirados vivos a las llamas.
Señor Presidente, estimados colegas, nada justifica la violencia. ¡Esto tiene que terminar! Las investigaciones deben ser eficaces y efectivas y permitir que se encuentre a los autores materiales e intelectuales de estos gravísimos hechos. Es vital devolver la plena vigencia del Estado de Derecho a nuestra Región de La Araucanía.
Estos actos de violencia no representan -reitero: ¡no representan!- a la inmensa mayoría de nuestro pueblo mapuche. Tengo por este el mayor afecto, lo conozco y sé de su esfuerzo y sacrificio para salir adelante con sus familias. Debemos avanzar en la solución de sus problemas; crear mejores oportunidades de progreso y bienestar. Por eso es tan necesaria la paz, porque, sin ella, los pueblos se estancan, retroceden y terminan sumiéndose en el odio y en mayor violencia.
En esta sesión, destinada a analizar los tristes y dolorosos hechos de La Araucanía, invoco a Dios, para que bendiga a nuestra Región con la unidad y la justicia.
He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).- Ofrezco la palabra a la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Disculpe, señor Presidente, pero yo le envié un texto en el que le indiqué que usted tenía prioridad para intervenir en nombre de nuestra bancada y que, si sobraban minutos, se los entregaba al Honorable señor Quintana.

El señor ESCALONA (Presidente).- Gracias, señora Senadora.
Entonces, tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín, en el tiempo de la UDI.
Antes de que comience su intervención, señor Senador, solicito la autorización de la Sala para que el Honorable señor Zaldívar pase a reemplazarme en la testera.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Zaldívar, en calidad de Presidente accidental.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, creo que, más allá de las muy importantes consideraciones que se han manifestado en esta sesión, no podemos dejar de advertir que estamos frente a una sucesión de hechos de violencia que han alcanzado un nivel y una magnitud de tal brutalidad, que necesitamos, como Senado, pero sobre todo como país, condenarlos enérgicamente.
Podemos hablar de los problemas que afectan a los pueblos originarios y al pueblo mapuche y a la violencia que se puede haber ejercido en su contra. Pero me parece que tenemos que diferenciar, para efectos del análisis, esta situación.
Lo primero que hay que afirmar es que, en un Estado de Derecho democrático, toda violencia es siempre repudiable; que no hay legitimidad para usarla, cualquiera que sea la justificación que se tenga.
Eso lo hicieron el Presidente del Senado, distintas autoridades, el Gobierno.
Tenemos que reafirmar aquello.
Adicionalmente, debemos pedirle al Gobierno, porque esta situación es demasiado grave, que haga suya la obligación que tiene de preservar el orden público en todo el territorio nacional, y que los organismos policiales, persecutorios, como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y los tribunales, ejerzan su labor con mayor responsabilidad. No es posible advertir lo que aquí ha pasado a vista y paciencia de todos los chilenos y a sabiendas de que este tipo de situaciones estaban sucediendo.
Ha sido atroz constatar que, después de estos hechos de violencia, siguieron ocurriendo otros, sin que nadie pudiera prevenirlos.
Aquí hay un fracaso de nuestra institucionalidad que no podemos dejar de mencionar.
Tales hechos iluminan una realidad que de alguna manera es conocida, pero que define violencia, discriminación, postergación de los pueblos originarios y en particular del pueblo mapuche.
Ese es también un diagnóstico que, independiente de los casos de violencia acaecidos, debe hacerse. Y, para estos efectos, es importante separarlo, a fin de que no se contextualicen ni se relativicen las condenas que debemos plantear cuando haya que hacerlo, como en el caso de lo ocurrido en estos últimos días en La Araucanía.
Pero hay una realidad que es un dato del problema. Y no podemos sino asumir esta responsabilidad con mucha fuerza y convicción.
Desde mi punto de vista, es evidente que este no es solo un problema económico-social o de pobreza. Y me parece que ello debe ser entendido así.
No hay posibilidad de desarrollo agrícola en tierras con las características que conocemos, con los medios tecnológicos y humanos de que se dispone, para llevar adelante un proceso económico-productivo en La Araucanía. Salvo en algunos sectores, eso no es factible.
Ello obliga a tomar medidas profundas, de mayor desarrollo económico y social.
Pero, adicionalmente, aquí estamos frente a un problema cultural, de integración y de una identidad que se debe recuperar.
Solo basta señalar lo siguiente: si se pierde la lengua mapuche, se acaba la identidad del pueblo mapuche.
Lo primero, en relación con los pueblos originarios, es siempre preservar su lengua. Porque es el ADN de toda la cultura de un determinado pueblo.
Por lo tanto, debe considerarse lo económico y lo social; luego, lo cultural, como una manera de integración y reconocimiento de un pueblo, junto con sus características; y tercero, debe haber un proceso institucional de mayor formalización que el que ha habido hasta la fecha.
Ahora, no es efectivo que nuestro sector esté preocupado hoy de ese reconocimiento institucional. Quiero decirles que hace cuatro años la Comisión de Constitución del Senado, con la participación unánime de todos sus miembros, entre los cuales se encontraba el entonces Senador Chadwick -me tocó también participar en ella algunas veces-, aprobó un proyecto de reforma constitucional en tal sentido, que entre otras cuestiones dispone que la nación chilena es una, indivisible y multicultural; reconoce la existencia de los pueblos indígenas, sus derechos a conservar su identidad y a integrarse en la forma que establece el orden jurídico nacional; que precisa que se pueden organizar de acuerdo a sus usos y costumbres, en conformidad a la Constitución; que debe establecerse en la Carta Fundamental que hombres y mujeres son iguales ante la ley, cualquiera que sea su origen étnico o racial, y que la ley protege la propiedad sobre las tierras y sus derechos de aprovechamiento de aguas conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes.
En lo esencial, están ahí los reconocimientos.
Sin embargo -y este es el punto que quizás nos compete, como Senado y como Congreso-, ¿por qué no hemos avanzado en esa iniciativa de reforma constitucional? Porque, como todos sabemos, para poder implementarla y sacarla adelante debemos cumplir con el Convenio N° 169, esto es, tenemos que consultar a los pueblos originarios, y en particular al pueblo mapuche.
Hoy día, el procedimiento para que ello ocurra está regulado por un decreto dictado en el tiempo del Gobierno de la Presidenta Bachelet, que es claramente insuficiente. Y se han hecho muchos esfuerzos para ampliarlo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto adicional para finalizar su intervención.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, el Gobierno ha estado trabajando en la definición de un procedimiento para determinar cómo se va a consultar a los pueblos originarios cada vez que se dicte una norma que los afecte en los términos señalados por el Convenio 169. Pero nosotros no estamos haciendo lo mismo con igual rapidez.
Por eso, este proyecto dormirá el sueño de los justos si acaso no resolvemos este asunto. El Congreso debe tener su propio procedimiento.
La Comisión de Derechos Humanos le solicitó hace algún tiempo a la Mesa establecer una comisión bicameral a fin de determinar cómo el Parlamento haría la consulta cuando se tratara de mociones o definiciones propias de la materia.
Pues bien, dicha comisión bicameral aún no se constituye.
El Senado acordó crearla; también hizo lo propio la Cámara de Diputados. Pero no estamos haciendo nuestra parte para que, cuando se trate de iniciativas o cuestiones que deben ser consultadas desde el Congreso a los pueblos originarios, se tenga un procedimiento efectivo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Terminó su minuto adicional, señor Senador.
Le daremos un último minuto.

El señor LARRAÍN.- Excúseme que me extienda, señor Presidente, pero justamente me estoy refiriendo a lo que es nuestro compromiso.
El proyecto de acuerdo, que ojalá logremos consensuar, puede recoger las consideraciones que se han señalado y las que yo mismo he hecho presentes.
Pero debemos agregar nuestro compromiso en cuanto a tener establecido un procedimiento para que, cuando al Congreso le corresponda hacer las consultas conforme a lo dispuesto por el Convenio N° 169, esté definido el camino y quién deberá llevarlo a cabo.
Hoy eso no existe. Y mientras no dispongamos de dicho procedimiento, la reforma constitucional en estudio, por ejemplo, en lo que depende de nosotros, no podrá continuar.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, he considerado mi deber reiterar acá, en esta sesión del Senado, los criterios que expresé en los días posteriores al asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, en el sentido de que no existe justificación, causa, razón o motivo que pueda excusar tan atroz y deleznable crimen.
Desde el punto de vista de la causa de los derechos humanos, vale en esto el criterio universal.
Toda persona, independientemente de sus creencias religiosas, de sus definiciones políticas, de su origen social o étnico, del volumen de su fortuna o de sus recursos materiales, es poseedora de una riqueza inalienable contra la cual ningún Estado o individuo puede atentar: su vida y su dignidad.
Si esa era la gran lección que la sociedad chilena en su conjunto asumió después de los crueles sucesos que acontecieron en nuestro país cuando se implementó el terrorismo de Estado como arma política, tales criterios, válidos en dictadura, son también inamovibles en democracia.
Ese es, a mi juicio, el punto crucial.
Si demandamos justicia en el caso de los nuestros, también debemos demandarla en el caso de los otros. Toda vida humana es inviolable.
Considero que aquel es un concepto que desde las fuerzas de Izquierda debemos poner de manifiesto con especial intensidad, precisamente porque fueron estas fuerzas las que vieron desaparecer a sus militantes; las que vieron que sobre ellos se ejerció la tortura; las que fueron estremecidas por el asesinato impune de muchos de los suyos, y ahora, en democracia, son las llamadas a establecer, en este punto, una línea divisoria que quede marcada a fuego.
Nuestra conducta inamovible es el respeto a las normas del Estado de Derecho, el que se construye desde el respeto a la vida de las personas.
Es un concepto, un criterio.
Pero mayor dramatismo alcanza o cobra vida cuando un grupo de individuos, desde la oscuridad, asalta un hogar y asesina a sus ocupantes -en este caso, el matrimonio Luchsinger-Mackay- sin posibilidad de que ellos pudieran recibir socorro alguno y, además, en la cruel circunstancia de que su vivienda resultara incendiada.
Si no se establece en este punto un criterio definitivo, naturalmente que las bases del Estado de Derecho se socaban.
En consecuencia, creo que a nosotros nos corresponde una responsabilidad mayor en la exigencia de justicia.
Uno puede, naturalmente, compartir el criterio de que tenemos una deuda histórica con los pueblos originarios. El Estado de Chile organizó diferentes momentos de reflexión. Los solemnizó, por ejemplo en la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato que encabezara el ex Presidente Patricio Aylwin, con participación de los más amplios sectores. Adoptó medidas que uno ahora, en el transcurso del tiempo, puede considerar insuficientes o precarias.
Podemos concordar en que, desde el punto de vista de las políticas públicas, mantenemos un marcado atraso.
Pero esa es una vertiente, con un aspecto que ha de estar completamente separado del otro.
Un ámbito es el de la política; otro, el de la justicia. Y no se pueden confundir.
Las fuerzas democráticas, en ambos casos, deben ser sumamente claras. Demandar una acción más enérgica del Estado con el objeto de atender la deuda histórica que mantiene con los pueblos originarios y en particular con el pueblo mapuche, pero también demandar el rigor que corresponde a la acción de los tribunales con el objeto de sancionar ese crimen atroz.
Entiendo que dicha línea demarcatoria, aun cuando es conceptual, intangible, de todas maneras es insalvable. No pueden toparse.
A mi juicio, la sociedad chilena y el país, en una mirada de largo plazo, necesitan un ejercicio mucho mayor de diálogo y de conversación entre nosotros. Sin embargo, entiendo que los criminales están excluidos de ese diálogo.
Acá se trata de que la sociedad chilena, en su conjunto, sea capaz de reaccionar, de asumir y de iniciar el proceso de pagar la deuda histórica con los pueblos originarios, sin que, en algún momento, se ponga en duda que en el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay son los tribunales de justicia los que tienen que actuar.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.

El señor CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Señor Presidente, en mi calidad de Ministro del Interior y Seguridad Pública, me corresponde el deber constitucional y legal de lograr que en el país ninguna persona que haya sido objeto de actos de violencia, de crimen o de delito vea que su condición de víctima y su requerimiento ante la justicia quedan en la impunidad.
Para ello, me asiste la responsabilidad de que las Policías -Carabineros e Investigaciones-, tanto en el ámbito preventivo como en el de la investigación, siempre desarrollen un trabajo que permita que el Estado de Chile disponga de una eficaz colaboración a través de la labor del Ministerio Público, y posteriormente de los tribunales de justicia, para que las acciones criminales sean sancionadas con el rigor de la ley que el Ejecutivo y el Congreso han contribuido a establecer. Esa es mi responsabilidad.
Hoy concurro a la citación que me ha extendido el Senado para señalar algo que, a juicio del Gobierno, es extraordinariamente grave, preocupante y que requiere el mayor esfuerzo de todas las instituciones del Estado y, desde luego, del Congreso Nacional.
En la Región de La Araucanía, se vive una situación de violencia continua que se arrastra desde hace un tiempo. Pero, en estos últimos meses, por desgracia, no solo han aumentado en número los actos delictuales, sino que se ha incrementado dramáticamente la gravedad de los ilícitos.
Para que el Senado se haga una idea, durante el año recién pasado hemos observado -es lo que me corresponde informar como Ministro del Interior- un fuerte aumento de las acciones de violencia y de los delitos en La Araucanía. Y muy especialmente en la provincia de Malleco, donde dicho crecimiento se ha visto concentrado en el 2012.
A consecuencia de esa violencia, ha habido cuatro víctimas directas en el último año.
Además, no podemos dejar de recordar a aquellos siete brigadistas de la CONAF que murieron atacando un incendio intencional en esa misma zona.
¡Once víctimas fatales en el último tiempo!
Frente a ello, el Gobierno, con la responsabilidad que le compete, ha debido adoptar medidas extraordinarias, para los efectos de poder buscar todos los caminos que le permitan generar situaciones de mayor seguridad, en el ámbito de la prevención, en esa zona. Ello para estar en condiciones de ser más eficaz, para el objetivo de colaborar en la acción investigativa, frente a los requerimientos y dirección que en tal materia posee el Ministerio Público.
En virtud de lo anterior, hemos tenido que aumentar allí, en términos importantes, la dotación de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.
Por eso, hemos debido incrementar la infraestructura, los apoyos logísticos y tecnológicos a Carabineros y a la Policía de Investigaciones en la zona.
Por eso hemos tenido que adoptar medidas extraordinarias para fortalecer la coordinación y efectuar una adecuada acción de inteligencia, que siempre puede ser mejor, pero no es fácil.
También hemos dispuesto de todos los recursos que fuesen necesarios para contribuir, desde la perspectiva de la responsabilidad del Gobierno, a generar condiciones de mayor tranquilidad.
Lamentablemente, hemos podido observar que lo que nos motivó a ese fortalecimiento de las acciones policiales es que no solo se ha experimentado un aumento en el número de actos delictivos, como manifesté anteriormente, sino también en su gravedad. Y ha habido un cambio en la forma de operación de la acción delictual: de delitos que fundamentalmente se concentraban en tomas de terrenos, reivindicaciones de tierras, cortes de caminos, atentados hacia las empresas forestales, hemos pasado a un tipo de ilícitos que ya han significado el asesinato de cuatro personas, lo que revela un modo de operación diferente. En muchos casos, se trata de actos incendiarios sobre la casa u hogar de los habitantes de La Araucanía. Y sin distinción, señores Senadores.
Les han quemado las casas a personas pertenecientes al pueblo mapuche, haciendo que sus moradores se retiren de ellas para ver cómo se procedía a destruirlas.
Les han incendiado las viviendas a pequeños parceleros, gente muy humilde, de trabajo, y han hecho retirar a sus moradores para que miraran cómo ardían.
Igual acción han sufrido quienes vivían en zonas cercanas a Temuco, con un modus operandi que quiero describir, para que todos quienes nos encontramos en el Senado tomemos debida conciencia acerca de lo que estamos enfrentando.
En primer término, me refiero a lo que el 22 de diciembre pasado afectó a la familia Seco-Fourcade en la zona de Vilcún. ¿Por qué? No hubo razón alguna. Se trató de un acto que tuvo una connotación realmente dramática. Estaban ellos en su hogar, pasada la una de la madrugada. Fueron retirados por un grupo de ocho a diez personas, procediéndose inmediatamente a incendiar la casa. El matrimonio les ofreció dinero, especies, lo que pudiesen necesitar; al final, rogaron para poder sacar a sus perros. Todo tuvo una respuesta negativa: al dinero, se les dijo que no: a un acto humanitario se les dijo que no.
Pero la familia Seco-Fourcade, ¡gracias a Dios!, permaneció con vida. Ellos nos han podido relatar, en un testimonio directo, lo que presenciaron: un grupo organizado, tipo comando, encapuchados y vestidos para ocultar su identidad, con jerarquía en su organización, con órdenes precisas, con un plan y una acción diseñados para provocar el incendio, y con reivindicaciones de carácter político, ideológico e histórico. Cada cual puede tener su versión sobre ellas.
Y el testimonio de la familia Seco-Fourcade puede darnos una mejor comprensión de lo que está sucediendo hoy día en La Araucanía.
El 4 de enero, a las dos de la madrugada, fue afectado el matrimonio de tercera edad Luchsinger-Mackay. ¿Por qué? No se sabe. Se actuó de la misma forma: un grupo de ocho, diez o doce personas, con las mismas características y prácticas, organización y estrategia, ingresó para incendiar su casa. En esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió con el matrimonio Seco-Fourcade, el señor Luchsinger optó por defenderse. Se produjo un intercambio de balazos. Uno de los proyectiles -el que disparó el señor Luchsinger- hirió a uno de los asaltantes. Se prendió fuego al inmueble, el comando huyó y el matrimonio Luchsinger-Mackay murió calcinado en el segundo piso de su hogar. Ya no fueron perros los muertos, sino personas.
¿Qué ha hecho el Gobierno ante esta situación?
Estamos en presencia de un hecho que a juicio del Ejecutivo constituye un acto terrorista. Y lo queremos decir sin debilidad ni ambigüedad alguna: se trata de un acto terrorista. ¿Por qué lo afirmamos? Por lo que dispone la Ley Antiterrorista, dos veces revisada y modificada íntegramente por el Congreso Nacional, la última de ellas bajo la actual Administración del Presidente Piñera.
La Ley Antiterrorista nuestra, similar a muchas otras -especialmente de los países europeos y según el modelo español-, establece dos elementos centrales para definir si estamos en presencia de un acto terrorista. En primer lugar, la naturaleza de la acción empleada. Expresamente la legislación chilena señala que, dentro de los hechos que por su naturaleza pudiesen ser terroristas, se encuentra el delito de incendio. Así lo aprobó la inmensa mayoría de esta Corporación y del Congreso en general. Yo era Senador en ese tiempo. Y en la última revisión que se hizo por el Parlamento hace dos años, se agregó un dolo específico, el que hemos llamado "dolo terrorista", eliminándose todo tipo de presunciones. Consiste en que la acción delictual tenga como motivo o propósito, causar temor en la población o que una parte de ella sea víctima de un mismo delito, con el fin de presionar o exigir a la autoridad determinadas conductas.
Señor Presidente, yo estuve en la casa quemada de la familia Seco-Fourcade. Y también, junto al Presidente de la República, en el hogar incendiado del matrimonio Luchsinger-Mackay.
Lo que hay en La Araucanía es temor; es miedo a ser víctima de un delito en cualquier momento -esta noche o la siguiente-, porque no se sabe a quién afectará, dónde ni cuándo. Eso es lo que transmite la inmensa mayoría de las comunidades mapuches y la inmensa mayoría de los habitantes de la Región de La Araucanía.
Ante ello, el Fiscal Regional -lo señaló ayer en la Cámara de Diputados- preguntó en la audiencia de formalización del viernes pasado al juez de garantía: "Si esto no es un acto terrorista, explíqueme alguien en qué consiste el terrorismo". Y yo consulto hoy día al Senado: "Si esto no es un acto terrorista, de acuerdo a la ley que nosotros democráticamente aprobamos aquí, en el Congreso Nacional, ¡qué es un acto terrorista!".
Además, agrego el antecedente de que la persona imputada por la presunta autoría o responsabilidad en los hechos descritos fue formalizada por dos delitos: por incendio terrorista en el caso del matrimonio Luchsinger-Mackay y por incendio terrorista en el caso de la familia Seco Fourcade.
Señores Senadores, podemos presumir, por tanto, que se trató de la misma persona en ambos hechos, de acuerdo a las formalizaciones realizadas. Y, de los antecedentes de que disponemos, se observa la misma forma de actuar.
Ese es el problema, señor Presidente.
Por eso, le pido a este Senado hoy día dos colaboraciones, que serían extraordinariamente importantes: una, ya la escuché fuerte en la Cámara de Diputados,...

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Concluyó su tiempo, señor Ministro. Le daré unos minutos para que finalice su intervención.
Aprovecho de advertir al Senado que estamos citados hasta las 14. Como falta poco para esa hora, habría que prorrogar la sesión, si hubiera acuerdo.
Además, se ha presentado un proyecto de acuerdo, del que luego la Secretaría nos dará cuenta.
Pido al señor Ministro que termine su exposición.
Después, a lo mejor, algún otro invitado también quiere hacer un planteamiento.

El señor CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Señor Presidente, finalizaré lo más rápido posible.
Estaba señalando que se necesitan dos colaboraciones.
¡Hoy día es indispensable rechazar categóricamente todos los actos de violencia! ¡Todos! Así lo escuché ayer en la Cámara y así lo han manifestado en esta sesión la totalidad de los Senadores que han hecho uso de la palabra. Como Gobierno, nos parece fundamental que exista en esta materia un rechazo completo, categórico, sin condiciones, sin debilidades. ¡Porque tenemos que aislar a ese grupo de violencia extrema y separarlo radical y absolutamente de lo que constituye el pueblo mapuche y de lo que son sus legítimos derechos y aspiraciones!
En segundo lugar -y con esto termino-, solicito la ayuda del Senado, la misma que ya están prestando los cuatro Senadores de La Araucanía. Porque sabemos perfectamente que la situación en la zona no es solo un tema de seguridad pública. ¡No! Las medidas en ese sentido son indispensables, necesarias y urgentes hoy día. Sí, pero no suficientes.
Necesitamos establecer una mesa de trabajo -el Gobierno junto a todos los parlamentarios de la Región estamos trabajando en una iniciativa que surgió de los cuatro Senadores de La Araucanía, aquí presentes-, que sea capaz de escuchar, de dialogar y de buscar acuerdos en los distintos temas, y con humildad. No pretendemos realizar ningún trabajo histórico. No vamos a solucionar en este Gobierno ni en los que vendrán los problemas históricos de La Araucanía. Pero podemos empezar por dar un pequeño paso para avanzar en algunos asuntos pendientes, que son legítimos y constituyen derechos del pueblo mapuche.
Con ello, estaríamos dando una señal muy clara de algo que nos parece indispensable hoy día: con la misma fuerza con que condenamos la violencia -¡y la rechazamos categóricamente!-, reafirmamos nuestra profunda fe en que las herramientas de la democracia son las que construyen la paz y en que nuestras instituciones -¡no un pequeño grupo terrorista!- son las que deben dar respuesta a las demandas, derechos y legítimas aspiraciones del pueblo mapuche, y a la paz, tranquilidad y desarrollo que cada habitante de La Araucanía nos está exigiendo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Quiero preguntar si alguno de los otros invitados desea intervenir.

El señor CHAHUÁN (Fiscal Nacional).- Yo sí, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Son tres los invitados que desean hacer uso de la palabra.
En ese caso, propongo prorrogar la sesión en quince minutos, de tal manera de dar cinco minutos a cada uno de los tres intervinientes.
¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, sugiero dar lectura al proyecto de acuerdo, abrir la votación y escuchar a nuestros invitados.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- No hay problema.
Tal vez ello signifique tomarnos algunos minutos más.
Entonces, se dará lectura al proyecto de acuerdo y después podrán intervenir, en el orden solicitado, el señor Fiscal Nacional, la señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Codirectora del Observatorio Ciudadano.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa el siguiente proyecto de acuerdo, de los Senadores señora Von Baer y señores Espina, García, Quintana y Tuma, mediante el cual se condena toda forma de violencia en un Estado democrático; se comparten las conclusiones contenidas en el informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, y se propone al Ejecutivo la adopción de un conjunto de medidas legislativas y administrativas.
En su parte resolutiva, el referido instrumento señala:
"El Senado acuerda:
"1. Expresar su condena a todo acto de violencia, sin importar el fin que la motive y reafirma su convicción de que la violencia, en un Estado democrático, no es un medio legítimo para canalizar las demandas de ningún sector de la sociedad.
"2. Estimamos que a partir de las conclusiones contenidas en el informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, podemos construir una respuesta para el daño causado por el Estado de Chile a los Pueblos Originarios en el proceso de integración de los territorios habitados ancestralmente por los primeros habitantes del país y que implicaron las vulneraciones de sus derechos fundamentales. Verdad que es preciso difundir en toda la sociedad e incorporar en los programas de estudios para construir una sociedad respetuosa de la diversidad étnica y cultural. De igual modo se requiere reparar el daño causado a mapuche y no mapuche que han sido víctimas de la ausencia de acción del Estado frente a la violencia.
"3. Manifestar su compromiso de impulsar un diálogo político con representantes de todos los actores de la vida regional, muy particularmente con el Pueblo Mapuche, interpretando las aspiraciones de paz y progreso; el pleno respeto a los derechos fundamentales de todos los habitantes de La Araucanía y el reconocimiento a nuestra diversidad étnica y cultural.
"4. Solicitar al Gobierno el envío de iniciativas legales que permitan implementar el convenio 169 de la OIT, suscrito por el Estado de Chile y que garantiza la participación de los pueblos originarios en materias que les puedan afectar y la creación de un Consejo Nacional Indígena que haga efectiva su participación, de manera permanente, en la definición de las políticas públicas que les competen.
"5. Expresar su respaldo a las iniciativas de reforma institucional que permitan construir una nueva relación entre el Estado de Chile y los Pueblos Originarios.
"6. Proponer al Gobierno la implementación de un plan de reparación para la región de La Araucanía, que promueva el desarrollo de todos sus habitantes sin ninguna exclusión, permitiendo el acceso de nuestros pueblos originarios a las mismas oportunidades de progreso material y espiritual y que contemple la creación de un Fondo de Reparación para la Región de la Araucanía.
"7. Hacer un sentido llamado a todos quienes tienen responsabilidades en la investigación de los hechos de violencia que hemos señalado, en el sentido de encontrar a sus autores materiales e intelectuales para ponerlos a disposición de los Tribunales de Justicia, haciéndose eco del espíritu de paz y armonía que impera en la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos y devolviendo el vital clima de protección y seguridad que el Estado está obligado a garantizar, a todos y cada uno de sus habitantes".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.


El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, no quiero modificar el proyecto de acuerdo, pero no cabe "Solicitar al Gobierno el envío de iniciativas legales que permitan implementar el convenio 169 de la OIT", si olvidamos que nosotros también tenemos responsabilidad en esta materia. Me parece mal. ¡Qué quiere que le diga!
También debemos acordar que el Congreso Nacional implemente la Comisión Bicameral para hacer posible la vigencia del Convenio N° 169 en aquella parte que a los parlamentarios nos compete. No podemos pedirles a otros lo que no estamos haciendo por nuestra propia cuenta.
Por lo tanto, junto con valorar y aplaudir el proyecto de acuerdo, solicito que se agregue el compromiso del Senado -porque se trata de un acuerdo de esta Corporación- de impulsar la Comisión Bicameral que haga factible el cumplimiento del Convenio N° 169 de la OIT en la parte que a nosotros nos corresponde.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para dejar en manos de la Secretaría y de la Mesa la redacción complementaria que propone el Senador señor Hernán Larraín?

El señor LAGOS.- Sí.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, considero absolutamente indispensable que aprobemos lo señalado por el Senador Larraín. Pero durante el debate se han realizado distintas precisiones acerca de las cosas que puede hacer tanto el Senado como el Ejecutivo.
Yo prefiero que el proyecto de acuerdo quede tal como está y que, en el punto pertinente -es el quinto o el sexto-, simplemente se incorporen las intervenciones de muchos de nosotros, en las que se proponen medidas bastante más amplias que lo planteado. De lo contrario, la participación del Senado aparecerá tremendamente menguada.
Si a los colegas no les gusta, no lo hacemos. Pero me parece buena idea.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Su Señoría, yo no puedo someter a consideración de la Sala una propuesta que carezca de un contenido sobre el cual pronunciarnos.
Las intervenciones de los señores Senadores constarán en la Versión Oficial. Y nadie ha contradicho ninguna de ellas. Ahí estarán disponibles.
En consecuencia, pongo en votación el proyecto de acuerdo, incluida la proposición precisa del Honorable señor Hernán Larraín -la Mesa la redactará- relativa a la obligación del Senado de cumplir con su tarea.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Me abstengo, señor Presidente.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo, con la abstención del Senador señor Ruiz-Esquide.


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Fiscal Nacional, señor Sabas Chahuán, hasta por cinco minutos.

El señor CHAHUÁN (Fiscal Nacional del Ministerio Público).- Señor Presidente, agradezco la invitación del Honorable Senado.
Traía una breve presentación, pero, dada la escasez de tiempo, no la voy a utilizar. La dejo a disposición de los señores Senadores.
Quiero plantear dos o tres ideas.
En primer lugar, la única persecución penal realmente eficiente que impulsa la Fiscalía es la que respeta las garantías de todos los imputados y de todas las víctimas. Por tanto, cualquier violación de derechos que exista en la persecución penal, por más enérgica que sea, debe ser denunciada a la Fiscalía.
Con relación a ello, no se puede olvidar, Honorables Senadores, que en la Región de La Araucanía están actuando dos justicias paralelas. Por ejemplo, la muerte de Matías Catrileo fue investigada por la Justicia Militar, no por la Fiscalía del Ministerio Público.
Es importante señalar que nosotros tenemos la obligación constitucional -se halla recogida en nuestra ley orgánica- de velar por la correcta aplicación de la ley; vale decir, de investigar con igual celo tanto lo que configura la responsabilidad penal como aquello que la extingue o morigera. Y eso lo hacemos valer ante los tribunales de justicia.
Desde el punto de vista de la Fiscalía, no hay persecución -lo he reiterado majaderamente-, ¡en ningún caso!, contra el pueblo mapuche, contra la etnia mapuche. Lo que se persigue son delitos, y da lo mismo quién los cometa.
En el contexto del llamado "tema mapuche", se han iniciado, desde el año 2008 al 2013, 843 investigaciones. Y coincido con lo planteado por el Ministro del Interior: en el último año ha habido un aumento de estas, llegando a 336.
Sin embargo, entre 2000 y 2013, solo en 14 oportunidades se ha invocado la ley N° 18.314. La Fiscalía procedió de ese modo en la convicción de que los hechos, antes del desarrollo de la investigación cabal, cuadraban dentro de esa figura penal.
Dejo constancia -reitero- de que nosotros buscamos aplicar la ley. Considerando esto, es menester recordar que dos años atrás la Fiscalía fue exhortada por diversos sectores del quehacer nacional a recalificar acciones que estarían encuadradas dentro de la Ley Antiterrorista. Pero señalamos que no podíamos hacerlo a menos que, desarrollado el juicio oral, los hechos ameritaran tal recalificación. Ello, no porque a la Fiscalía le guste o le disguste la Ley Antiterrorista, sino porque está obligada, como ya expresé, a aplicar la ley.
Con respecto a los juicios, ha habido diversas suspensiones de audiencias en La Araucanía, por una interpretación, que no compartimos, del artículo 10 del Código Procesal Penal, lo cual ha derivado en que actualmente tengamos dos juicios, bastante emblemáticos, suspendidos hace más de dos años.
Eso no es responsabilidad de la Fiscalía del Ministerio Público.
En cuanto a la invocación de la ley Nº 18.314, lo que mejora el estándar es, por sobre todo, la protección de las víctimas y los testigos, pero ello provoca actualmente un problema bastante grave. Ante la conminación de los magistrados, en algunos casos, a revelar los nombres de los testigos -por ejemplo, en la Octava Región-, la Fiscalía se ha negado, lo cual ha derivado en sobreseimiento definitivo de las causas. Porque si se señalara quiénes son los testigos, nadie más colaboraría. Se ha buscado paliar el problema mediante la invocación de la normativa mencionada, por cuanto se requiere una protección de testigos más intensa.
Las técnicas de investigación contempladas en la Ley Antiterrorista no son destacables; solo permiten ciertas franquicias procesales. En la legislación chilena existen más facultades para investigar el delito de tráfico de drogas que los actos terroristas.
Con respecto a las dificultades -abordaré este punto muy someramente- y a la labor de inteligencia, nosotros hemos exhortado a que los policías que trabajan en La Araucanía tengan una permanencia un tanto superior. La persecución no es contra el pueblo mapuche, pero muchas veces se vincula con sus comunidades. Y un funcionario policial que es rotado cada uno o dos años no genera los vínculos necesarios para desarrollar una adecuada labor de inteligencia.
En la Fiscalía tenemos una crisis de dotación. No obstante, hemos destinado 5 fiscales en un equipo denominado "Malleco" (compuesto por las Fiscalías de Collipulli, Victoria, Traiguén, Angol y Purén), el Fiscal Regional y 5 fiscales en Temuco. Y hemos gastado 150 millones de pesos en la atención de 205 víctimas y en la adquisición de 34 chalecos antibalas, debido a que algunos fiscales están con pesadillas, pues están amenazados. De hecho, se disparó contra la comitiva de un fiscal. Los autores fueron condenados.
Ese un problema real, que ha dificultado la persecución criminal. Tal es la sensación que muchas veces ha manifestado el Fiscal Regional.
No hay guerrilla rural en La Araucanía. Lo dije yo expresamente...

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Concluyó su tiempo, señor Fiscal.
Le daré un minuto adicional para que termine su intervención.

El señor CHAHUÁN (Fiscal Nacional del Ministerio Público).- Gracias, señor Presidente.
En lo relativo a las particularidades del conflicto, hay dificultades topográficas y de distancia; problemas de dotación policial; deficiencia en la labor de inteligencia que se realiza; insuficiente dotación de fiscales; situación de tensión en la zona; casos no investigados por la Fiscalía, sino por la Justicia Militar, todo lo cual afecta a dos Regiones: a la Octava y la Novena, y con un foco pequeño que ha surgido en la Decimocuarta Región.
Con respecto a la labor de la Fiscalía, dejo a disposición de Sus Señorías la presentación que traje para esta ocasión.
De todos modos, quedo a disposición del Honorable Senado para cualquier consulta o invitación que estime conveniente.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Se distribuirá, entonces, a los señores Senadores la relación del señor Fiscal Nacional.
Tiene la palabra la señora Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

La señora FRIES (Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos).- Señor Presidente, señoras y señores Senadores, gracias por esta invitación.
Mis primeras palabras, en mi calidad de Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y como lo hemos hecho en cada oportunidad, son para condenar el crimen atroz que se cometió contra el matrimonio Luchsinger-Mackay, y todas las muertes que han ocurrido en el marco del llamado "conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche", y que involucran -como sostuvo la Senadora Von Baer- no solo a Matías Catrileo, a Jaime Mendoza Collío, a Álex Lemun y al sargento Hugo Albornoz, entre otros.
Como Instituto hemos planteado también que constituye una obligación del Estado identificar, juzgar y sancionar de manera efectiva a quienes cometen esos actos, de acuerdo, por supuesto, a las normas de derechos humanos.
En materia de derechos humanos, hay que decir que no es aceptable ni se justifica la violencia para resolver los conflictos, e incluso, las reivindicaciones, por muy legítimas que estas sean. Y las del pueblo mapuche son reivindicaciones legítimas.
En todo caso, las sociedades que combaten la violencia con más violencia sufren procesos de degradación de los cuales después les es muy difícil recuperarse.
Por otra parte, nos alegramos de que el Senado, en general, en las instancias que hemos conocido a través de los medios de prensa, tenga hoy día una reflexión mucho más pausada y templada que al inicio, la cual se ha impuesto por sobre las que, a juicio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, solo contribuyen a exacerbar y a polarizar las posiciones y, con ello, a experimentar el riesgo de una espiral de violencia aún más fuerte.
Para nosotros, como Instituto, las decisiones que se tomen en este contexto van a marcar las relaciones con nuestros pueblos indígenas y, probablemente, también con el mapuche por las próximas décadas.
Por lo tanto, llamamos a que se haga un esfuerzo mancomunado en todos los Poderes del Estado y con el máximo rigor, entendiendo que el mejor enfoque que se puede tener de este problema es desde la perspectiva de los derechos humanos.
Recordemos que, durante más de 130 años, el tratamiento que le hemos dado como Estado y como sociedad al pueblo mapuche ha transitado desde el despojo y la usurpación hasta la discriminación que se ha asentado como parte de la vida de las comunidades mapuches. Y no han pasado tantas generaciones desde la pacificación en La Araucanía. Con ello quiero decir que la desconfianza y la rabia son elementos que todavía están presentes, lo cual hemos podido constatar en cada uno de nuestros viajes a la zona y en las conversaciones sostenidas con las comunidades afectadas.
Consideramos que la magnitud actual del problema debe ser capaz también de mostrarnos la ineficacia de tomar medidas polarizadoras y que se sitúen en los extremos de una salida política. Ese camino es ineficaz y también encierra enormes riesgos, entre los cuales se halla -me cabe señalarlo porque dentro del rol que le compete al Instituto Nacional de Derechos Humanos está el verificar que la normativa se adecue a los tratados internacionales a los que Chile se ha obligado- la Ley Antiterrorista.
Hemos señalado que juzgar a las personas con una legislación que tiene vicios en cuanto a derechos humanos puede contribuir a exacerbar la violencia. Y eso es lo que no deseamos. Sin embargo, esto no quiere decir que no estemos a favor de contar con una ley sobre terrorismo, pero con plenas garantías de los derechos humanos, en particular, las que tienen que ver con el debido proceso.
Más aún, la violencia también se ha manifestado en otras situaciones.
El Instituto Nacional de Derecho Humanos y la Defensoría Penal Pública interpusimos 6 recursos de amparo por violencia irracional de Carabineros en el ingreso a las comunidades. Y eso también forma parte del contexto en La Araucanía.
Después de 6 presentaciones uno se pregunta: ¿Qué tiene que pasar para que, en el legítimo ingreso de Carabineros a las comunidades con motivo del cumplimiento de las órdenes judiciales, lo hagan sin excederse?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Dispone de un minuto adicional para terminar su intervención, señora Directora.

La señora FRIES (Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos).- Gracias, señor Presidente.
Finalmente, como lo hemos dicho en todos nuestros informes anuales de derechos humanos, creemos que los temas centrales tienen que ver con el reconocimiento constitucional y con el carácter plurinacional de nuestro país.
En ese sentido, ¡por favor! hay que recoger la recomendación del Senador Hernán Larraín, en el sentido de que dicha reforma constitucional requiere de la consulta a los pueblos indígenas. Por lo tanto, la carga de la prueba está sobre el Congreso, lo mismo en términos de la consulta y la participación.
Esperamos que en materia de restitución de tierras, territorios y recursos naturales podamos avanzar, conforme a lo que plantea el Convenio 169, hacia una visión mucho más moderna que, finalmente, encuadre no solamente derechos individuales, sino también derechos colectivos que significan territorios e identidad para dichos pueblos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra la señora Nancy Yáñez, Codirectora del Observatorio Ciudadano.

La señora YÁÑEZ (Codirectora del Observatorio Ciudadano).- Señor Presidente, señoras y señores Senadores, muchas gracias por esta invitación.
El Observatorio Ciudadano, al igual que quienes me precedieron en el uso de la palabra, hace presente su absoluto repudio a los hechos de violencia que se han suscitado en La Araucanía y, en particular, respecto de aquellos que cobraron la vida del matrimonio Luchsinger-Mackay.
De igual forma, repudiamos la violencia que ha cobrado la vida de un número importante de personas mapuches y no mapuches en la zona de La Araucanía.
En el marco de este acto de repudio, valoramos especialmente el llamado realizado por organizaciones mapuches a condenar esos hechos -incluida la Coordinadora Arauco-Malleco- y efectuar una invitación al diálogo, que hoy día se ha materializado en la cumbre del cerro Ñielol.
Lamentamos, sin embargo, la falta de voluntad de diálogo que se puede apreciar desde el momento en que los grandes ausentes en el cerro Ñielol son, precisamente, las autoridades del Estado, que concurrieron en la condición de veedores y no de interlocutores, en un proceso que podría abrir salidas políticas al conflicto que hoy nos convoca.
Asimismo, hay que dar cuenta de que, en esta misma sesión, el gran ausente es el pueblo mapuche.
En consecuencia, este es un llamado de atención a todos los órganos del Estado, para que finalmente generen las condiciones tendientes a llevar a cabo un diálogo fructífero, asumiendo que el pueblo mapuche es el que ha hecho la convocatoria específica a este respecto.
Dado el poco tiempo de que dispongo, solo me referiré a algunos pequeños puntos.
En primer lugar, deseo hacer presente que la discusión se da en torno a dos ejes: uno, la deuda histórica, y dos, la vigencia del Estado de Derecho.
Respecto a la deuda histórica, cabe destacar, primero, que la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche comienza tal vez con un hecho auspicioso, cuando el Director General don Bernardo O´Higgins les otorga la Carta de Ciudadanía a los mapuches, en el año 1813. Posteriormente, la República de Chile suscribe el Parlamento de Tapihue, en 1825. Pero, a poco andar, en la Constitución de 1822, se les niega dicha Carta de Ciudadanía, quedando esta circunscrita solo a quienes sepan leer y escribir y tengan derechos de propiedad.
Eso va a marcar la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.
Y, a propósito de que estamos hablando sobre hechos de violencia, lo cierto es que, para contextualizar la verdadera deuda histórica del Estado de Chile con el pueblo mapuche, es necesario señalar que la ocupación del territorio se hizo mediante una acción militar.
Cabe recordar que el general Cornelio Saavedra, en el año 1860, fue nombrado Intendente para la instalación del Estado civil en el territorio. Sin embargo, en 1863, en este Congreso -por supuesto, no con los mismos Senadoras y Senadores- se solicitó la autorización para desarrollar un plan militar de ocupación de aquel.
De ello surgen dos consecuencias: una, la violación de un tratado, según los órganos de las Naciones Unidas, en particular el relator señor Miguel Martínez, y dos, en el marco de la doctrina nacional, el profesor Ávila nos da cuenta de que tales documentos constituyen tratados entre naciones autónomas.
Tal vez ahí podríamos haber tenido un escenario institucional distinto.
Aquí se ha mencionado la relación que existe con los pueblos indígenas de Canadá, Nueva Zelandia y Australia. Y precisamente este tipo de parlamentos o de tratados constituyen la base jurídico-institucional a través de la cual se definen las relaciones con el Estado, en particular.
El resultado de lo señalado fue la reducción del pueblo mapuche, y esto finalmente significó su postergación a una condición de minifundio: quedó reducido al 5 por ciento del territorio histórico y se le transfirieron 6,5 hectáreas en promedio por familia, en circunstancias de que a los particulares se les otorgaron 500 hectáreas por familia.
Dicha reducción, con el correr del tiempo, se ha traducido en una constante disminución de las tierras y, por lo tanto, ha aumentado la condición de pobreza de las comunidades. Cabe reseñar que en el año 1969 se daba cuenta, en el contexto de la reforma agraria, que la reducción mapuche era de 1,5 hectáreas. Y con posterioridad...

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Se le acabó el tiempo.
Tiene un minuto para redondear y terminar su exposición.

La señora YÁÑEZ (Codirectora del Observatorio Ciudadano).- Gracias, señor Presidente.
En el minuto que me queda debo decir finalmente que la reducción mapuche concluyó contemporáneamente, con un proceso que prácticamente ha significado la división de todas las comunidades, con lo que implica el socavar la integridad de su cultura, pero específicamente con un promedio de hectáreas del orden de las 7 por familia. Esto, porque se aplicó la institución del derecho de ausente, lo que se tradujo en que todos aquellos que se encontraban en los espacios urbanos quedaran sin tierra.
Quiero concluir señalando que hay una discusión en torno al Estado de Derecho, la cual no se circunscribe a la violencia, sino a dos ejes fundamentales: uno, la denegación de derechos al pueblo mapuche, cuestión de la que es indispensable hacerse cargo, porque no se puede esperar que una democracia se sustente sobre la violación de derechos fundamentales, y dos, la tensión entre violencia y derechos humanos, que está dada por las debilidades institucionales de la Ley Antiterrorista, los tribunales militares...
Tenemos por escrito una publicación del Observatorio Ciudadano que habla precisamente de la situación, y la vamos a dejar a disposición del Senado.
Muchas gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14:30.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción