REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 362ª
Sesión 3ª, en miércoles 19 de marzo de 2014
Ordinaria
(De 16:14 a 20:35)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ISABEL ALLENDE BUSSI, PRESIDENTA,
Y SEÑOR EUGENIO TUMA ZEDAN, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Peñailillo Briceño; de Hacienda, señor Alberto Arenas de Mesa, y de Desarrollo Social, señora Fernanda Villegas Acevedo. Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes Lillo.
Actuó de Secretario subrogante el señor José Luis Alliende Leiva, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:14, en presencia de 18 señores Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 91ª y 92ª, ordinarias, en 4 y 5 de marzo, respectivamente; Sesión de Instalación, en 11 del presente mes, y 1ª, en 12 de marzo, todas de este año, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados:
Comunica que dio su aprobación al proyecto de ley que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica (boletín N° 9.278-06) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").

La señora ALLENDE (Presidenta).- Señores Senadores, en reunión de Comités, considerando que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de que se acaba de dar cuenta y, además, que media "discusión inmediata", acordamos por consenso que dicha iniciativa sea analizada, en sesión celebrada paralelamente con la de la Sala, por la misma Comisión de Hacienda ad hoc -llamémosla así por ahora- que estudió el proyecto denominado "bono marzo". Y la Mesa se entiende autorizada para ponerla en discusión sobre tabla.
Solo quiero recordarles a Sus Señorías que el problema abordado mediante el referido proyecto se arrastra desde el Gobierno anterior y, asimismo, hacerles presente la importancia que reviste el que otorguemos las facilidades necesarias para resolverlo.
Los trabajadores involucrados aceptaron incluso no ejercer su derecho a huelga, en la medida que se concrete la solución planteada.
--Por acuerdo de los Comités, pasa a la Comisión de Hacienda.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Continúa la Cuenta.
Tiene la palabra el señor Prosecretario.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- Gracias, señora Presidenta.
Informes
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede aporte familiar permanente de marzo y ajusta norma que indica (boletín N° 9.273-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Por acuerdo de los Comités, queda para la tabla de esta sesión, en el primer lugar del Orden del Día.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula entrevistas grabadas en vídeo y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales (boletín N° 9.245-07).
De la Comisión Mixta constituida, conforme lo dispone el artículo 70 de la Constitución Política de la República, para proponer la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional con ocasión de la tramitación del proyecto de ley sobre medidas de seguridad en pasarelas, pasos sobre nivel y puentes que cruzan carreteras (boletín N° 8.201-09).
--Quedan para tabla.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señor Horvath, señora Muñoz y señores Araya, Bianchi, Chahuán, Guillier, Navarro, Prokurica, Quinteros y Patricio Walker, con el que le solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República la remisión de una iniciativa legal que disponga que el Director Nacional de Gendarmería de Chile sea nombrado de entre oficiales penitenciarios con el rango de coronel (boletín Nº S 1.641-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la Cuenta.

El señor HORVATH.- Pido la palabra.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La tiene, Su Señoría.

El señor HORVATH.- Señora Presidenta, solicito que se distribuya el texto del proyecto de acuerdo de que se acaba de dar cuenta y que, con el asentimiento de la Sala, la votación pertinente se realice en esta sesión. Creo que ello sería conveniente, atendida la materia tratada y por razones de oportunidad.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Haremos distribuir el documento y más tarde veremos si hay acuerdo para acoger la solicitud de Su Señoría.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Le comunico a la Sala que dentro de algunos minutos voy a citar a reunión de Comités, pues estamos a punto de llegar a consenso en cuanto a la integración de las Comisiones.
V. ORDEN DEL DÍA



APORTE PERMANENTE DE MARZO PARA FAMILIAS DE MENORES INGRESOS Y MAYOR COBERTURA DE BONO DE INVIERNO PARA PENSIONADOS


La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede aporte familiar permanente de marzo y ajusta norma que indica, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9273-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 2ª, en 18 de marzo de 2014.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 3ª, en 19 de marzo de 2014.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Los principales objetivos de esta iniciativa son crear un aporte monetario familiar de carácter permanente, en el mes de marzo de cada año, para las familias de menores ingresos y, además, ampliar la cobertura del bono de invierno, para lo cual se establece que no se considerará, a los efectos de cumplir los requisitos de ingresos, el monto que el pensionado perciba por concepto de aporte previsional solidario de vejez.
La Comisión de Hacienda discutió este proyecto en general y en particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar), en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión general y particular el proyecto.

Antes de ofrecer la palabra, saludo al Ministro de Hacienda, don Alberto Arenas, y a la Ministra de Desarrollo Social, señora Fernanda Villegas.
¡Bienvenidos a esta sesión!
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, antes de informar sobre esta iniciativa, que aprobamos en la Comisión de Hacienda, quiero una clarificación.
En algún minuto de esta sesión se va a requerir que esa misma Comisión sesione paralelamente con la Sala para despachar el proyecto atinente a los recolectores de basura.
Sin embargo, algunos miembros de dicho órgano técnico tenemos una preocupación, pues queremos participar en todo el debate de la iniciativa que ocupa ahora a la Sala.
La Comisión de Hacienda no debería tomar demasiado tiempo para despachar el proyecto vinculado con los trabajadores en comento.
Entonces, no sé si procede que, llegado el momento, se suspenda esta sesión por algunos minutos a los efectos de que los cinco integrantes de dicho órgano técnico nos reunamos para tratar la referida iniciativa y, concluida nuestra labor, regresemos a la Sala para participar desde el comienzo en el debate sobre el "bono marzo", materia que reviste gran importancia.
Si a usted le parece, señora Presidenta -es una sugerencia-, o se suspende ahora la sesión para despachar en la Comisión de Hacienda la iniciativa vinculada con los recolectores de basura -así, los dos proyectos quedarían para tabla-, o bien, rindo el informe relativo al "bono marzo" y la suspensión se hace cuando corresponda.
Quedo en manos de Su Señoría.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Podemos suspender la sesión hasta por 20 minutos.
Creo que todos entendemos la importancia que reviste el proyecto pertinente y cuán necesario es dar solución al problema muy sensible que aqueja a todos los trabajadores recolectores de basura.
Entonces, propongo suspender la sesión por 20 minutos -me parece lo más indicado-, para permitir, por un lado, que se reúna la Comisión de Hacienda, y por otro, que todos sus miembros participen en el debate completo del proyecto denominado "bono marzo". Así tendremos después los informes de los dos proyectos que se tratarán esta tarde.
Acordado.
Se suspende la sesión por 20 minutos.
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--Se suspendió a las 16:22.
--Se reanudó a las 16:47.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Continúa la sesión.
Voy a suspenderla nuevamente, esta vez por quince minutos, que es el tiempo máximo que requiere la Comisión de Hacienda para finalizar su labor.
Se suspende la sesión
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--Se suspendió a las 16:47.
--Se reanudó a las 16:53.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Continúa la sesión.
Agradezco la comprensión de Sus Señorías.
La Comisión de Hacienda ha terminado su trabajo.
Les recuerdo que el primer punto de la tabla dice relación con el bono familiar permanente. Al efecto, contamos con la presencia del señor Ministro de Hacienda y de la señora Ministra de Desarrollo Social.
Antes de que finalice el Orden del Día, nos vamos a ocupar en el segundo proyecto, también con urgencia calificada de "discusión inmediata", que protege los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos y otorga la autorización que indica.
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, paso a informar sobre el proyecto de ley que concede aporte familiar permanente de marzo y ajusta norma que señala, ya aprobado por la Comisión de Hacienda.
La iniciativa, a cuyo estudio nos abocamos esta tarde, está destinada a ir en apoyo de las familias de menores ingresos, a fin de que estas puedan mitigar los numerosos gastos que deben enfrentar durante el mes de marzo mediante la creación del llamado "aporte familiar permanente".
A diferencia de bonos anteriores entregados por distintas Administraciones, todos con carácter excepcional, siendo pagados por una sola vez, este proyecto establece un beneficio de naturaleza permanente, como nuevo componente del sistema de protección social.
Adicionalmente, la iniciativa tiene un segundo objetivo: ir en directo beneficio de un número importante de adultos mayores, ampliando la cobertura del "bono de invierno" en más de 351 mil personas, a través de la explicitación de que no se considerará como parte del monto de la pensión, para efectos de cumplir el requisito del límite respectivo, la cantidad que el pensionado perciba por concepto de aporte previsional solidario de vejez.
Esta iniciativa supone un costo fiscal, para el año 2014, de 162 mil 660 millones de pesos, focalizados en las familias y adultos mayores más necesitados.
¿Quiénes recibirán el aporte familiar permanente? Los beneficiarios del subsidio familiar y los beneficiarios de asignación familiar o asignación maternal, así como los usuarios del Subsistema de Seguridades y Oportunidades que estén participando en el Subsistema conocido como "Chile Solidario".
Estamos hablando de más de un millón 601 mil familias que se verán beneficiadas en estas tres categorías.
El monto del aporte familiar permanente varía en función de los beneficiarios y los causantes.
En el caso de los beneficiarios de subsidio familiar o de asignación familiar o maternal, el bono será de 40 mil pesos por cada causante que el beneficiario tenga al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al otorgamiento del beneficio.
Tratándose de las familias usuarias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades que estén participando en el Subsistema "Chile Solidario", el aporte familiar permanente será de 40 mil pesos por familia.
Cabe destacar que esta cobertura es adicional, ya que se refiere a aquellas familias que, participando de estos programas, no son beneficiarias de subsidios o asignaciones familiares por no tener causante, concediéndoseles igualmente el beneficio.
Ahora bien, aquellas familias del "Chile Solidario" y del Subsistema de Seguridades y Oportunidades que sí tengan causantes de subsidio único familiar o asignación familiar, recibirán un aporte por cada uno de ellos.
Hago este detalle porque en la Comisión de Hacienda se discutió intensamente respecto a la cobertura del beneficio.
En suma, a través de esta iniciativa se van a otorgar 3 millones 542 mil aportes familiares permanentes.
Como información adicional, puedo mencionar que el aporte familiar permanente para el presente mes será de cargo fiscal y se pagará por el Instituto de Previsión Social, en una sola cuota, en el mes de marzo de cada año.
Algunas características básicas del bono son las siguientes:
-Será de cargo fiscal y de carácter permanente.
-No constituirá remuneración o renta para efectos legales y, en consecuencia, no será imponible ni tributable.
-Los reclamos relacionados con este aporte familiar van a ser conocidos y resueltos por el Instituto de Previsión Social.
-El plazo para reclamar por el no otorgamiento será de un año, contado desde el mes de abril del año en el cual corresponda pagarlo.
-A quienes perciban indebidamente el aporte especial permanente se les aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudieran corresponderles, sin perjuicio de la obligación de restituir las sumas indebidamente percibidas.
Finalmente, cabe señalar que el costo fiscal de este proyecto, ascendiente a 162 mil 660 millones de pesos, se financiará con cargo a los recursos contemplados en la asignación "Provisión para Distribución Suplementaria del Tesoro Público" de la Ley de Presupuestos y, en los años siguientes, por los fondos que anualmente contemple esta última.
Es cuanto puedo informar, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señora Presidenta, quiero expresar mi reconocimiento porque este proyecto, el primero iniciado en mensaje del actual Gobierno de la Presidenta Bachelet -aprovecho de saludar al Ministro de Hacienda y a la Ministra de Desarrollo Social, que nos acompañan esta tarde-, tiene que ver con un sentido social muy profundo; con la oportunidad de crear mayores igualdades en una sociedad muy desigual; con el compromiso del programa de la Presidenta Bachelet de atender a los sectores más vulnerables, y con una señal muy importante, en la medida en que este será un bono no transitorio, sino permanente -se pagará todos los meses de marzo-, al igual que el "bono de invierno", que tanta falta les hace a los adultos mayores.
Quiero expresar que el costo fiscal, del orden de los 285 millones de dólares, constituye un esfuerzo significativo para un Gobierno que, se sabe, tiene un presupuesto restringido y una demanda bastante alta en materia de expectativas en lo que dice relación al cumplimiento de un ambicioso programa de reforma educacional. Por ello, toma fuerza la necesidad de aprobar otro proyecto que conocerá próximamente este Congreso: el de la reforma tributaria.
El mensaje expone que "se busca crear un aporte monetario de carácter permanente para las familias de menores ingresos durante el mes de marzo, siendo ésta una de las medidas del Gobierno que apuntan a fortalecer la protección social".
Una de las características esenciales de la primera Administración de la Presidenta Bachelet fue, precisamente, la protección social, de tal modo que no es casualidad que el primer proyecto de ley que se presenta -ya aprobado por la Cámara de Diputados y que ha llegado a este Senado a cumplir su segundo trámite- tenga que ver con un bono tan importante, que beneficiará a alrededor del 20 por ciento más vulnerable de la población.
Me alegro, entonces, de que nuestra Corporación vaya a aprobar -espero que por unanimidad, tal como lo hizo la Cámara de Diputados- prontamente este bono, con el objeto de que los ciudadanos más carenciados, que están atentos a lo que está haciendo el Congreso, particularmente respecto de esta iniciativa, puedan recibir el beneficio, en el caso del "bono marzo", a más tardar el 1° de abril. En cuanto al "bono de invierno", que están esperando los pensionados y adultos mayores, les será muy necesario para temperar sus viviendas y enfrentar sus demás carencias.
¿Por qué se hace en marzo esto? Porque, naturalmente, las familias enfrentan un mayor gasto en materia de educación, de útiles escolares, de transporte y, por qué no decirlo, un costo de transporte que tendrá un impacto importante debido al precio internacional de los combustibles, materia que deberíamos abordar en otro momento, también con el Ministerio de Hacienda, a propósito de un proyecto especial. En todo caso, creo que esta iniciativa apunta muy bien en la dirección de atender las necesidades de los más vulnerables.
En consecuencia, señora Presidenta, saludo con mucho entusiasmo este proyecto, el primer mensaje de la Presidenta Bachelet que discute este Senado, y anuncio mi voto favorable.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, quisiera hacer dos o tres constataciones personales, que creo importante transmitir dentro de una lógica política -tal como lo hice en la Comisión-, y algunas consideraciones respecto del proyecto sometido a nuestra consideración.
En primer término -y reconozco que con esto me daré un pequeño gustito-, quiero señalar que, al finalizar el último período presidencial, ardió Troya porque el Gobierno (el anterior) presentó dos proyectos con "discusión inmediata". Se dijo en ese momento que era una vulneración a la forma de trabajar del Congreso, que era un escándalo, y se ofició al Presidente para representarle que cómo era posible que actuara de esa manera. Y ahora veo que la primera decisión del actual Gobierno es mandar dos proyectos con la misma urgencia.
Ello me parece completamente contradictorio con lo que las bancadas de enfrente alegaban con tanta pasión. Y como yo defiendo el derecho presidencial, de allá y de acá, de uno y otro lado, déjenme por lo menos darme el gustito de destacar el silencio en que ahora están sumidas las huestes del frente, porque todo se hace según el lado en que se está¿

El señor PIZARRO.- ¡Tiene toda la razón¿!

El señor LAGOS.- ¡Este es un caso de urgencia inercial¿!

El señor COLOMA.- Está bien. Pero vean las actas de la sesión en que se dijo eso para que se den cuenta de esta incoherencia.
En segundo término, también quiero hacer un pequeño recuerdo.
En esta misma Sala, cuando el Presidente Piñera ingresó el "bono marzo" hace cuatro años, se le representó como inaceptable que aquel hubiera surgido como un compromiso de campaña. Se dijo que no era serio¿

El señor LAGOS.- ¡El "bono cohecho"¿!

El señor COLOMA.- ¿ plantear en una campaña -está en las actas- un concepto como ese. Y resulta que ahora el actual Ministro de Hacienda señaló en la Comisión -y en eso fue coherente- que esta medida estaba en el programa de Gobierno y que respondía a un compromiso de campaña. Y no es malo que la gente se comprometa. Pero no digamos una cosa cuando se está a un lado y no digamos lo mismo cuando se está en el otro. Por lo demás, me parece bien que se haya planteado en ambos lados.
Tercero, en esta lógica de reflexión también considero bueno que el Ministro de Hacienda, a pesar de ser un poquito "apocalíptico" -disculpen mi expresión- con respecto al estado de las finanzas nacionales que se le entregaron al señalar que prácticamente no había un peso conforme a la asignación anterior, sacara la billetera y entregara el bono más "expenso" (de expensive, es decir, caro) que ha habido en Chile, sin moverse de su escritorio, sin arrugarse.
¡Manda un cheque por 280 millones de dólares en la primera semana de Gobierno¿!
Mi reflexión es que no estaban tan mal las finanzas públicas y que algo de importantes recursos había.
Fíjense que dicho Secretario de Estado fue capaz de hacer eso sin reasignar siquiera recursos de una Partida, porque la del Tesoro Público -está bien que así sea- tiene los dineros necesarios.
Entonces, perdónenme estimadas amigas y amigos de las bancas de enfrente -como estamos partiendo, nos hallamos en buena disposición-, pero no reclamen que no había fondos si después se pueden dar estos gustos gracias al ordenado manejo financiero de la Administración anterior.
Para terminar esta primera parte de mi intervención, lamento que el proyecto, aunque tiene ventajas con relación a bonos anteriores, básicamente en lo relacionado con la cobertura total -quiero ser superclaro en la materia-, adolece de carencias muy grandes, pues deja de lado a un sector: la clase media emergente. Esta se había incorporado en el bono anterior, y yo lo consideraba relevante. Porque ¿cuántas veces hemos entregado el beneficio? ¿Y la clase media cuándo?
Fue una señal que se dio.
Tendrá sus razones el actual Gobierno para excluir a la clase media emergente, pero no deja de ser una diferencia importante. En el bono del Gobierno anterior se incluía a este grupo social, pero en este no. Esa realidad es, a estas alturas, absolutamente indesmentible.
Yendo al asunto de fondo, quiero hacer algunos comentarios.
En primer término, miramos con inquietud que esta sea una política permanente. Y digo la palabra "inquietud" porque no voy a hablar de rechazo total, ya que habrá que ver cada año en la ley de Presupuestos cómo se puede glosar y distribuir este gasto.
Pero con toda claridad, al establecer la entrega de este bono como política permanente, de alguna forma se entra en una lógica asistencialista. Y me parece que ese camino no es el óptimo para enfrentar los problemas de la pobreza y, sobre todo, de la oportunidad.
Puede entenderse dentro de una lógica de bienestar social, de derechos. Pero -¡ojo!- el establecimiento de este beneficio constituye adicionalmente, en el fondo, una suerte de asistencialismo permanente. Porque se pretende generar un cambio en marzo, pero cuando todos los chilenos con derecho a obtenerlo sepan que en dicho mes van a recibirlo, obviamente lo gastarán antes. Y no creo que sea la manera adecuada de resolver los problemas de pobreza.
Si la finalidad era destinar recursos para enfrentar la pobreza en marzo de manera permanente, me habría gustado que se usaran instrumentos como Chile Solidario, y se fortaleciera mucho más el ingreso ético familiar, que se focaliza más a las personas con mayor grado de necesidad, y que a partir de ahí se generaran políticas vinculadas a la capacitación.
Fíjense que todo lo que se gasta durante un año en capacitación equivale a la entrega de este bono. El cien por ciento de lo que se otorga, de Arica a Punta Arenas, se iguala al beneficio que estamos dando.
Estos fondos son muy superiores a todo lo invertido en salas cuna: casi 300 millones de dólares versus 200 millones.
Tiendo a pensar que habría sido más eficiente -no soy de Gobierno, así es que quienes lo plantean están en su derecho a hacerlo y no hay mucho espacio para formular indicaciones- usar una lógica diferente, no tan asistencialista, sino vinculada a la capacitación, a determinadas metas, a ciertas obligaciones y no la que se nos presenta, pues creo que no corresponde.
Respecto de la focalización -la Ministra dio una explicación legítima-, también tenemos una inquietud:
Existen tres categorías de beneficiarios, aunque son básicamente dos. A una de ellas pertenecen las personas o familias que perciben menos de 501 mil pesos mensuales, a las cuales se les pagará por cada causante de asignación familiar. O sea, una mujer que gana 400 mil pesos y tiene dos hijos va a recibir 120 mil pesos en marzo. En cambio, otra perteneciente al subsistema Chile Solidario que recibe 180 mil pesos al mes y que vive con su mamá obtendrá 40 mil pesos, ya que a su categoría se le entrega el beneficio "por familia" y a la otra -como dije- "por causante".
Considero que existe un problema de focalización. La señora Ministra me explicó hoy que no son muchas familias: algunas son unipersonales, o de adultos sin carga familiar, o de adultos sin integrantes discapacitados.
Agradezco su aclaración pero, así y todo, tengo una visión diferente. Me hubiera gustado que nos enfocáramos más en ese mundo al momento de la focalización, que es la forma de concentrar adecuada en comparación con la manera escogida, ya que esta, a mi parecer, no apunta al problema de fondo.
Entonces, tenemos una complicación.
¿Sobre qué hemos por lo menos conversado?
Primero, sobre aprobar el bono. Porque ustedes podrían pedirnos coherencia, ya que, si el Gobierno anterior entregó un "bono marzo", obviamente, yo no tendría por qué no aprobar un beneficio más o menos equivalente, con algunas coberturas mayores, pero menos enfocado en la clase media, en virtud de una decisión del Ejecutivo.
Eso sí, hemos dudado mucho respecto del grado de permanencia. Lo que acordamos fue que cada año se incluyan en la ley de Presupuestos glosas específicas para este aporte, para tratar de sujetarlo al cumplimiento de determinadas metas de los beneficiarios, y ojalá ir evolucionando en el tiempo para que este bono no se base, como lo visualizamos hoy -habrá que medirlo en su momento-, en una lógica asistencialista, sino que vaya acompañado de instrumentos fiscalizables a fin de enfrentar la pobreza.
Así tendría más sentido esta política pública, porque los bonos obedecen a una situación excepcional.
Además, la economía hoy día está bien -gracias al manejo eficiente de los últimos años- y esperamos que siga igual, aunque nadie sabe, porque también depende de otros factores.
Como decía, nos habría gustado que un compromiso de esta naturaleza se vinculara no a la permanencia, sino a la excepcionalidad.
Pero ya tomaron una decisión y son Gobierno.
Eso sí, cada año haremos un esfuerzo en la discusión del proyecto de ley de Presupuestos para que este beneficio vaya cambiando de sentido en términos de enfocarse mucho más en la pobreza, en las metas, en las oportunidades, en las capacitaciones, lo cual, al final, ha resultado ser eficiente.
Un bono más o uno menos no arregla la vida. Capacitar, sí lo hace.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Culminó su tiempo, Su Señoría.
Cuenta con un minuto adicional para redondear la idea.

El señor COLOMA.- La capacitación, la educación escolar, la sala cuna sí cambian la vida.
O sea, aprendamos también en qué cosas hemos sido capaces de mostrar eficiencia versus aquellas que, más allá de la inspiración -no tengo dudas de la buena voluntad-, están plagadas de aspectos que pueden hacer zozobrar finalmente el esfuerzo que llevamos a cabo.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Señores Senadores, tenemos 15 inscritos y no hay nada más ajeno a esta Presidenta que coartar el debate.
Por lo tanto, les voy a pedir por ahora que ustedes mismos traten de tener observancia del tiempo asignado. No voy a ceder minutos extras pues, de hacerlo, no vamos a alcanzar a tratar los dos proyectos que tienen urgencia de "discusión inmediata".

El señor COLOMA.- ¡La discusión inmediata es mucha¿!

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Usted ya se dio el gustito, Su Señoría¿! No lo haga de nuevo.

El señor LAGOS.- ¡Ya expliqué que son urgencias inerciales¿!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Señores Senadores, voy a pedirles que traten, si es posible, de acortar sus intervenciones.
De acuerdo con el artículo 23, inciso segundo, del Reglamento, tengo la facultad de limitar los tiempos cuando lo amerite la situación. No deseo, por supuesto, llegar a ello, así es que les solicito que voluntariamente restrinjan lo más posible su exposición a fin de que podamos debatir sin tener que ocupar la referida norma, pues no me gustaría hacerlo en esta sesión.

El señor LARRAÍN.- Propongo que rebajemos las intervenciones a 8 minutos.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Habría acuerdo?
Acordado.

El señor PROKURICA.- ¡Como ya hablaron ellos¿!

El señor LARRAÍN.- Yo no he intervenido.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Lo planteé desde el comienzo para que no ocurriera esta situación, porque ya sabemos que siempre sucede lo mismo.
Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, voy a votar a favor de este proyecto de ley en general y en particular, primero, porque el "bono marzo" es una iniciativa que se viene repitiendo a través de los años y, en cada oportunidad, la inmensa mayoría de nosotros ha planteado que tenga carácter permanente.
Por lo tanto y actuando en consecuencia, uno tiene que votar a favor de algo que ha estado solicitando durante tanto tiempo.
Marzo es, sin duda, un mes de muchos gastos para gran parte de las familias chilenas, por el ingreso de los niños al colegio. Y ayudarlas con un bono de carácter permanente para aliviar esa situación es absolutamente razonable, más aún cuando el año pasado quedaron disponibles los recursos en la presente Ley de Presupuestos para financiar la iniciativa en debate.
Y voto también a favor del aumento de la cobertura del bono de invierno, porque cuando legislamos sobre la reforma previsional y, asimismo, respecto al aporte previsional solidario no nos dimos cuenta -no lo hizo el Ejecutivo y tampoco el Parlamento, en su oportunidad- de que al aumentar las pensiones con el aporte previsional solidario, numerosos jubilados perdían el beneficio del bono de invierno, porque pasaban a tener un ingreso superior al que establecía la ley que fija el límite máximo de renta o de pensión en virtud del cual se gatilla ese bono.
Por lo tanto, también estoy muy contento de que podamos extender el beneficio del bono de invierno a todos los pensionados que al año 2008 percibían determinada pensión.
Expuesto lo anterior, quiero manifestar lo siguiente.
En su presentación en el órgano técnico esta mañana, el señor Ministro de Hacienda señaló que con esta iniciativa el Gobierno de la Presidenta Bachelet da cumplimiento a las medidas números 11 y 12 comprometidas para sus primeros 100 días de Gobierno.
La medida número 11 del Programa de Gobierno -la cito textualmente- dice:
"Porque para las familias chilenas marzo es siempre el mes más duro del año, ya que tenemos muchos gastos y el sueldo no alcanza, enviaremos al Congreso -con discusión inmediata- el proyecto de ley para pagar desde 2014 el Aporte Familiar Permanente de Marzo, que consistirá en un aporte de $40.000 pesos por carga a dos millones de familias que son beneficiarias de subsidio familiar, asignación familiar o ingreso ético familiar".
¡Ese texto señala que tal aporte se pagará a dos millones de familias! Sin embargo, en el informe que nos entregó el señor Ministro en la mañana de hoy se habla de un millón 600 mil familias.
Yo me alegro por ese millón 600 mil familias. Sin embargo, encuentro del todo justificable hacer notar lo siguiente:
Durante los cuatro años de Gobierno del Presidente Piñera sufrimos permanentemente hostigamiento por la llamada "letra chica" de los proyectos de ley, porque se hizo toda una campaña en relación con la "letra chica". Pero en esta iniciativa -y no lo digo con ironía- ni siquiera hay "letra chica", sino un borrón. ¡Entre el Programa de Gobierno y este primer proyecto de ley de la Presidenta Bachelet se borró a 400 mil familias!
Esa es una realidad palpable.
Señora Presidenta, me parece bueno plantear esto, porque cuando las normativas legales no se hacen cargo de las grandes expectativas que se generan en la población; cuando no se hacen cargo en su integridad de las promesas; cuando no se hacen cargo de los ofrecimientos efectuados durante la campaña electoral, naturalmente la ciudadanía se decepciona.
Con todo -insisto-, el otorgar el "bono marzo" de manera permanente es positivo; las familias lo agradecen. El ampliar la cobertura del bono de invierno es un acto de entera justicia para con los pensionados que lo perdieron. En nuestro Gobierno no lo reparamos. Se está reparando ahora. ¡Más vale tarde que nunca!
Voto favorablemente.
Muchas gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, primero, quiero realzar la importancia de que a menos de 15 días de iniciada la Administración de la Presidenta Michelle Bachelet se esté dando cumplimiento a uno de los compromisos establecidos en su Programa de Gobierno.
Y no se trata de cualquier compromiso, sino de una medida de transferencia monetaria directa a más de un millón 600 mil familias, lo que equivale a sobre 3 millones 500 mil personas, que busca paliar los efectos de los excesivos gastos en que la gente debe incurrir durante el mes de marzo.
Es aquí donde surge la necesidad de establecer que esta no es una medida aislada: es el primer proyecto de un sistema de protección social que persigue establecer un mecanismo en virtud del cual el Estado apoye a aquellas familias que, por diversas razones, ya sea por falta de oportunidades laborales, de formación o de capacitación, se hallan en condición de pobreza y desmejoradas socialmente.
Hay quienes plantean que el aporte propuesto debería entregarse solo en determinados momentos de crisis económica. Y quizás la principal diferencia que tenemos es justamente esa: que hay quienes sostienen que cuando los recursos son escasos no se debe incrementar el gasto social, y otros que decimos que la política social no puede quedar al vaivén de los ingresos económicos, sino que debe ser permanente.
Por eso, señora Presidenta, yo destaco que este bono sea permanente, estable en el tiempo, independiente del Gobierno de turno. Podrá venir un Gobierno de un sector político o de otro, pero las condiciones económicas y los requisitos establecidos en el proyecto de ley constituirán los elementos objetivos que determinarán quiénes serán sus beneficiarios.
Lo preponderante es que esas más de 3 millones y medio de personas van a saber a ciencia cierta que, independiente de cual sea el color político de quien gobierne, tendrán la posibilidad de recibir una pequeña ayuda durante marzo, que es el mes de mayores gastos.
Por tales motivos pienso que la iniciativa es muy importante, pues da inicio a este proceso de transición social hacia un modelo donde exista mayor nivel de protección social para la gente que, por diversas consideraciones, no ha tenido la posibilidad de desarrollarse económica y profesionalmente.
Esas más de 3 millones 500 mil personas que serán beneficiadas, indudablemente van a obtener un conjunto de asignaciones que les permitirán paliar los efectos nocivos del incremento de sus gastos.
Al observar el universo de beneficiarios, cabe realzar, por ejemplo, que de ellos solo los causantes de subsidios familiares en la Región del Biobío serán sobre 317 mil personas. Repito: solo los causantes de subsidio familiar ascenderán a esa cantidad. Si sumamos a eso los demás beneficiarios contemplados en el proyecto, los habitantes de esa región favorecidos con esta medida llegarán a casi 600 mil, muchos de ellos pertenecientes a familias afectadas por el terremoto de 2010, que han obtenido algunos beneficios pero que no han logrado surgir debido a la desigualdad y a la falta de oportunidades.
Aquí un Senador ha manifestado que tal vez los beneficiarios son menos que los consignados originalmente en el Programa del actual Gobierno. Y, en forma adicional, hemos visto con cierta preocupación que en la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados algunos parlamentarios de su Partido presentaron una indicación tendiente a limitar aún más el número de personas favorecidas con este beneficio. Ello se evitó gracias al Reglamento de esa Corporación, según el cual dicha indicación era inadmisible.
Con todo, ellos consideraban que había que reducir el número de beneficiarios.
Señora Presidenta, más allá de las legítimas diferencias que podamos tener, creo que el establecimiento de una asignación permanente, de una transferencia directa a las familias más vulnerables, habla de una concepción de la política pública de mayor solidaridad, de mayor inclusión, de mayor apoyo. No se trata de fomentar la inactividad o la flojera, como han sostenido algunos, sino de ir en ayuda de quienes, a pesar de sus esfuerzos, carecen de las habilidades, de las competencias o de las capacidades para poder salir adelante.
Queda pendiente un punto que, quizás, en el futuro podamos incorporar -será tarea para el Gobierno que está entrando-: la asignación de puntaje adicional en la Ficha de Protección Social para aumentar el nivel de vulnerabilidad de familias con uno o más miembros con algún grado de discapacidad. Muchas veces esa situación les hace imposible contar con mejores oportunidades laborales.
Señora Presidenta, quiero destacar este primer proyecto de la Presidenta Michelle Bachelet y agradecer el masivo apoyo que recibió en la Cámara de Diputados. Espero que suceda lo mismo en este Senado.
Cabe señalar, además, que la entrega de una asignación permanente, independiente del Gobierno de turno, sin duda mejora la percepción de los ciudadanos respecto de la actividad pública.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, me ahorraré hacer algunos comentarios, dado que varios Senadores que me han antecedido en el uso de la palaba ya han intervenido en el mismo sentido.
Sin perjuicio de ello, hay dos o tres cosas importantes que mencionar.
Primero, con relación a los dos proyectos que debemos resolver hoy cuyas urgencias fueron calificadas de "discusión inmediata", debo decirle al Senador Coloma que uno de ellos otorga beneficios a la gente más necesitada. Tal materia es de la esencia misma de las urgencias, sobre todo tratándose de una iniciativa que es de simple despacho.
Ciertamente nosotros nos quejábamos cuando llegaban proyectos con esa urgencia. Yo fui una de las personas que más reclamó por eso. Pero eso sucedía cuando en una misma sesión había cuatro o cinco propuestas legislativas con tal calificación, las cuales abordaban temas que ameritaban una discusión de fondo y revestían mucha importancia en cuanto a su estructuración. Incluso, en la Comisión de Hacienda en un momento dado tuve que decirle al Ministro de Hacienda que no era adecuado que para una sola sesión hubiera tres iniciativas con urgencia calificada de "discusión inmediata".
Eso era lo que reclamábamos.
Por otra parte, el segundo proyecto que hoy debemos debatir con la misma urgencia busca solucionar un problema que heredamos del Gobierno que se fue. Se trata de resolver un asunto que quedó pendiente y que requiere una salida a la brevedad.
Entonces, no reclamemos sobre algo que carece de fundamento si queremos hacer una discusión seria sobre el tema de fondo.
Ahora bien, respecto a la iniciativa que nos ocupa, lo primero que cabe señalar es que corresponde al cumplimiento del Programa de la Presidenta Bachelet. Todos estamos convencidos de que esta medida es necesaria y de que no es asistencialista.
Puede afirmarse que los bonos que se dan por una sola vez constituyen una solución de tipo asistencial. Pero, cuando se entregan con carácter permanente, se logra que los ingresos de las familias más vulnerables tengan permanencia en el tiempo y que estas cuenten con ello para afrontar sus necesidades más esenciales.
Eso es, precisamente, lo que hace el proyecto.
Ahora, el aporte familiar permanente abarca, como dice el informe, a un millón 600 mil personas, y no a 2 millones. ¿Por qué? Porque se aplicaron objetivamente, tal como lo habíamos anunciado, los mismos parámetros que se consideraron cuando se aprobó el primer bono de 40 mil pesos por carga familiar, en el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet. En efecto, se aplicó exactamente la misma fórmula de cálculo para determinar quiénes están en situación más vulnerable.
En todo caso, hago presente que ahora se eliminaron algunas trabas que estaban presentes en bonos anteriores.
Pero ¿a quiénes se entrega el beneficio?
Primero, a 818 mil familias beneficiarias del subsidio familiar; es decir, a personas que, seguramente, se encuentran en el primer decil de pobreza.
Segundo, a los beneficiarios de la asignación familiar, siempre que tengan ingresos de hasta 501 mil pesos; o sea, a la gente que pertenece a los primeros dos o tres deciles.
Por último, también se incluyó -no se había hecho antes- a familias usuarias del subsistema de Seguridades y Oportunidades y a las que están participando en el programa Chile Solidario, a quienes se les entregará un bono por familia. Antes no recibían nada.
Se nos explicó que ahora fueron consideradas porque perciben beneficios a través del Ingreso Ético Familiar, conforme a la ley que en su minuto aprobó este Parlamento. Normalmente, se trata de familias sin cargas, es decir, es unipersonal. Reitero que estas personas no habían sido incluidas en los bonos anteriores.
Pero hay más.
El Gobierno pasado no entregó bonos a los estudiantes mayores de 18 años que fueran carga familiar. ¡Ellos no recibieron la asignación de 40 mil pesos! Sin embargo, en esta iniciativa se les otorga a todos los jóvenes, de entre 18 y 24 años, que estén estudiando.
En definitiva, hay un aumento de los beneficios en favor de todos los sectores.
Si bien podemos afirmar que el aporte familiar permanente no llega a los 2 millones de beneficiarios, es bueno hacer notar que se aumenta la cobertura del bono de invierno a 352 mil personas.
Cabe recordar que el año pasado sostuvimos una discusión sobre este beneficio con el Ministro de Hacienda, a propósito de la tramitación del "bono marzo". Le hicimos ver que este no se entregaba a quienes tenían pensiones mínimas. Y se nos respondió que ello no procedía, porque esas personas recibirían el bono de invierno. En esa ocasión, le señalé al Ministro aquí, en la Sala, que todos los jubilados con pensiones superiores a 138 mil pesos no recibirían ni uno ni otro bono. A este punto hizo referencia un señor Senador, aludiendo a los bonos que se otorgaban a las personas de clase media. Ante ello, yo dije: "Mire, de acuerdo con lo que usted indica, alguien con un ingreso de hasta un millón 300 mil pesos será beneficiario del "bono marzo", mientras que el pensionado que reciba un poco más de 138 mil pesos no obtendrá ni el bono de invierno ni el bono de los 40 mil pesos".
Sin embargo, en el proyecto que nos ocupa se corrige ese error. Injustamente, la ley Nº 20.717, de 14 de diciembre de 2013, había dejado fuera del beneficio a ciertos pensionados. En efecto, cuando se estableció el reajuste del bono de invierno, el Gobierno anterior propuso un inciso final al artículo 20 de la referida normativa -y aquí se aprobó-, del siguiente tenor: "Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo -el que establece el bono de invierno-, se considerará como parte de la respectiva pensión el monto que el pensionado perciba por concepto de aporte previsional solidario de vejez.".
Ello provocó, automáticamente, que mucha gente con pensiones de 138 mil pesos viera aumentado su ingreso gracias al mencionado aporte previsional, lo que hizo que 350 mil jubilados perdieran su bono de invierno.
¡Eso pasó el año pasado! Y los pensionados nos reclamaron: un beneficio que antes recibían ya no lo tenían.
Pero eso es corregido en este proyecto de ley.
Por esas razones, señora Presidenta, aprobaré la iniciativa.
La considero positiva, porque busca otorgar un beneficio permanente a los sectores que más lo necesitan. No es asistencial y va en la línea de la protección social: buscar equidad y más justicia.
Asimismo, si bien el costo del proyecto está cubierto, espero que el Ministro de Hacienda nos explique cómo lo va a financiar. No creo que haya muchos excedentes en la Ley de Presupuestos. Seguramente, habrá que hacer reasignaciones. Los cálculos presupuestarios de ingreso, como lo sostuve en su minuto, están absolutamente fuera de la realidad, porque se realizaron sobre la base de un crecimiento que no correspondía.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero saludar al nuevo Ministro de Hacienda y desearle éxito en sus funciones.
También aprovecho de saludar a la Ministra de Desarrollo Social -estaba recién en la Sala-, con quien tuve la oportunidad de reunirme el lunes recién pasado. No fue casualidad que yo haya pedido la primera reunión con dicha Secretaría de Estado para conversar acerca de lo que estamos debatiendo hoy día y, de manera muy especial, de cómo se focalizan los recursos, que, desafortunadamente, no nos ha permitido tener claridad respecto de la vulnerabilidad social que actualmente hay en Chile.
Ya hemos visto muchísimas demostraciones sobre las formas de utilizar la Ficha de Protección Social. Partió midiendo la vulnerabilidad de los grupos familiares y terminó aplicándose en materia de educación, de vivienda, de salud, de alimentación, en circunstancias de que, claramente, tal herramienta no fue creada para esos fines.
Por tal razón, dicho instrumento debe ser modificado.
La buena noticia es que la señora Ministra de Desarrollo Social ha trabajado en esta área desde hace una buena cantidad de años. Por tanto, no tiene que aprender nada sobre dicho mecanismo. Ella ha señalado que realizará profundas reformas en esta materia, lo que da cuenta de los grados de injusticias que existen respecto de la puntuación otorgada a cada familia.
En lo específico, anuncio que votaré favorablemente este proyecto de ley.
Sin perjuicio de lo anterior, hago presente que tanto usted, señora Presidenta, como yo y muchos otros Senadores hemos estado impulsando una profunda reforma en materia previsional. Como este asunto no se toca en la iniciativa que nos ocupa, nos vemos forzados a sacar adelante la entrega de estos incentivos para las familias más vulnerables, por un lado, y para nuestros adultos mayores, por otro.
En el caso del bono de invierno, como señaló un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, efectivamente se corrige un error muy grave. En la ocasión anterior en que se otorgó este beneficio, quedaron fuera de la cobertura todas las personas que recibían el aporte previsional solidario de vejez, por cuanto esta ayuda estatal incrementó sus ingresos sobre el límite máximo que habilita la obtención de dicho bono.
Pero ahora ese problema se corrige, por lo cual nos alegramos profundamente. Ello permitirá a miles de adultos mayores recibir el bono de invierno, que, en la Región de Magallanes, es tremendamente necesario y prioritario, no solo por el frío imperante, sino por el encarecimiento de los productos durante el invierno. En esa época del año no es posible contar con todas la mercadería que uno quisiera, a causa de la particular geografía y el aislamiento de la zona. Por ende, para la Patagonia el bono de invierno resulta muy relevante, y nos alegramos de que hoy día dicho instrumento se vaya a perfeccionar.
En cuanto al "bono marzo", lo vamos a votar favorablemente.
Pero quiero volver a centrarme en un punto esencial. La discusión que año tras año sostenemos acerca de estos beneficios obedece a una razón: a que el Estado de Chile en materia previsional está total y completamente al debe. Las personas al momento de jubilar -usted, yo y quienes nos han acompañado en todas las sesiones que hemos realizado al respecto lo sabemos- se comienzan a empobrecer. Nuestro país se transformó en una fábrica de pobreza con el sistema de las AFP.
Por eso estamos obligados a estar aprobando bonos, cuando lo ideal sería promover normas para que las jubilaciones no lleven a nuestros adultos mayores al grado de precariedad que constatamos hoy día.
¡Ese es el tema de fondo, señora Presidenta!
Hoy día todos, independiente del sector político, nos vamos a abrazar y a sentir contentos por el despacho de esta iniciativa. Bien, porque la Presidenta de la República tomó la decisión de decir: "Mi primer proyecto busca dar cumplimiento a un compromiso". Lo celebramos, lo compartimos y nos felicitamos.
Pero con la misma fuerza le expreso al Ministro que aquí hay un asunto pendiente. ¡Cómo mejoramos las pensiones en nuestro país! ¡Cómo hacemos que Chile deje de ser una fábrica de pobreza al momento de la jubilación!
¡Ese es el tema de fondo!
¡Y cómo hacemos para que el Estado chileno no siga siendo el peor empleador, con trabajadores a contrata y a honorarios que no podrán acceder a una pensión decente!
Mientras tanto, seguiremos todos los años enfrascados en discusiones sobre la entrega de bonos, aunque, a partir de hoy, se transforman en un beneficio permanente.
Por otro lado, el Ministro de Hacienda en la Comisión se refirió a la modificación efectuada respecto del bono de invierno. Según él, ahora este reviste carácter permanente por estar considerado todos los años en la Ley de Reajuste de Remuneraciones del Sector Público, conforme se establece en el nuevo artículo 9º de la presente ley.
Sin embargo, se presenta una duda respecto de si esta es una buena técnica legislativa o no. Como sea, dicho beneficio efectivamente se transforma en permanente, porque se renovará todos los años.
Por lo tanto, nos alegramos de que el bono de invierno tenga dicho carácter y de que se haya corregido el error mencionado. Con ello, muchos más adultos mayores podrán acceder al beneficio.
Felicito, señor Ministro -por intermedio de la Mesa-, la decisión de la Presidenta y de su Cartera para introducir una rectificación que no era menor. Los adultos mayores, con justa razón, manifestaron su molestia, pues perciben jubilaciones muy bajas y quedaban fuera del bono de invierno a causa del aporte previsional solidario. ¡Era el absurdo mayor! Hoy esas personas podrán obtener tan importante beneficio.
Señor Presidente, mi voto será a favor de esta iniciativa. Y valoro el establecimiento de esta medida social, que irá en directo apoyo de la gente más necesitada.
Con todo, lo que debemos hacer de una buena vez es mejorar el sistema previsional.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, me tomé el trabajo de leer las discusiones que sostuvimos en el Senado en marzo de 2010 -exactamente hace cuatro años, cuando asumió el Presidente Piñera- sobre el "bono marzo". Y también revisé el debate habido el año 2013 a propósito del mismo beneficio, también de la Administración anterior.
Luego de escuchar a algunos Senadores de Oposición, antes oficialistas -lo digo, por supuesto, con respeto pero con mucha fuerza-, quiero referirme a distintos temas planteados acá que, en mi opinión, hay que despejar.
En su oportunidad, en marzo del 2010, cuando el Presidente Piñera presentó su proyecto de "bono marzo", con urgencia calificada de "discusión inmediata", nuestra crítica no tenía que ver con la entrega de ayuda a las personas, sino con el planteamiento que hizo el candidato Sebastián Piñera en junio de 2009, cuando prometió que entregaría un bono en marzo del año siguiente si resultaba elegido Presidente de Chile. Nueve meses antes de asumir, ni el más pintado doctor en Economía de Harvard o del MIT podría haber previsto una situación de crisis en marzo de 2010.
Nuestra crítica apuntaba en esa decisión y a la oportunidad en que se adquirió el compromiso: durante un período electoral. Algunos llegaron a denominarlo "bono cohecho".
Esa fue la diferencia.
Segundo elemento importante.
Para la entrega del bono del 2013, las razones fueron otras. El Presidente reconocía que a Chile le estaba yendo bien. Ese beneficio era necesario, según él: "porque tenemos recursos adicionales y deseamos distribuirlos a quienes los necesitan".
Ese mismo año, al igual como lo hicimos el 2010 -hablo por mí, al menos-, le recordé al Presidente Piñera que en la campaña presidencial él ofreció en junio de 2009 un bono para marzo si ganaba la elección.
El otrora candidato Eduardo Frei, ex Presidente de la República, también planteó conceder un bono, pero de carácter permanente. Porque habíamos pispado que lo correcto era establecer un sistema de esta índole, para que tal beneficio no dependiera de la voluntad del gobernante de turno.
El Presidente Lagos entregó cuatro bonos en seis años; la Presidenta Michelle Bachelet, cinco en cuatro años, y el Presidente Piñera, cinco en cuatro años. Fueron de distinta naturaleza. Algunos más justificados que otros.
Por consiguiente, lo que hace esta propuesta es establecer un criterio permanente.
Lo segundo es que el bono entregado por el entonces Presidente Piñera en 2013 cometió a mi juicio un error imperdonable desde el punto de vista de la política pública, porque con tal de establecer un criterio que no existió nunca (el de la clase media emergente, definición que fue creada por el Gobierno del ex Presidente Piñera) se dijo que se entregaría un bono para aquellas familias que tuvieran un ingreso total de hasta un millón 370 mil pesos, en circunstancias de que los pensionados que percibían 133 mil pesos quedaron sin nada.
Entonces, entiendo el querer incorporar a la clase media, pero eso no puede hacerse saltándose la fila de los más carenciados, pues, con tal de obtener un titular un bono para la clase media, se pervierte la política pública y se malgasta la plata.
Por lo tanto, cuando me dicen que este bono carece de focalización yo respondo que es extremadamente focalizado y, además, sus beneficios son mejores.
Tratemos de mirar el lado positivo. Porque en esta materia el bono del 2010 del entonces Presidente Piñera fue un compromiso de campaña, tal como él lo señaló. Sin embargo, después aquí se dijo que no solamente se trataba de un compromiso de campaña -y lo vinculo con el terremoto- asumido en junio del 2009 que debía pagarse en marzo, sino que a nadie se le ocurrió en esa campaña que podía ocurrir un desastre como el que tuvimos.
En consecuencia, hubo que conseguir recursos adicionales para reconstrucción. ¿Y qué se hizo? Una reforma tributaria para pagar aquello.
Yo le hice la siguiente pregunta al entonces Ministro Felipe Larraín en su oportunidad y no la respondió: "Si no hubiera mediado el compromiso del Presidente Piñera a nueve meses de la fecha determinada y usted hubiese tenido que gastar 300 millones de dólares en un bono o 300 millones de dólares en la reconstrucción, ¿dónde habría puesto el acento?" ¡En la reconstrucción!
Entonces, tuvimos que implementar una mala política pública.
Eso es lo que cuestionamos en su oportunidad. No el bono, sino la razón de él.
Asimismo, el ex Presidente Piñera dio cinco bonos: un "bono marzo" cuando llegó y otro cuando se fue. ¡Y en los otros dos marzos no pasó nada!
Por consiguiente, lo que estamos haciendo acá -lo dijo el candidato Eduardo Frei en su oportunidad y lo planteó también la Presidenta Bachelet- es entregar un bono permanente que va en ayuda de los más vulnerables.
Asimismo, se ha dicho acá -entiendo que fue el Senador García- que este proyecto no tiene letra chica, pero sí un borrón, en circunstancias de que da un beneficio a un millón 600 mil familias y, además, incorpora a los beneficiados del bono de invierno, que suman 350 mil o 380 mil personas.
Es decir, acá hay un esfuerzo de llegar a ese número.
Cabe recordar que en la medida en que el sistema se perfecciona la Superintendencia de Seguridad Social es más exigente y se ha visto que los beneficiarios de la asignación familiar han ido disminuyendo en el tiempo. ¿Por qué razón? Porque se hacen más exigibles los requisitos, se controla de mejor manera. Eso explica por qué no ha sido posible llegar a los dos millones de favorecidos.
En resumen, este bono se preocupa de las familias más carenciadas. Es mejor no solamente porque está más focalizado, sino también por los montos y la extensión del mismo -así lo indica el informe, pero vale la pena repetirlo-. El aporte familiar permanente significa para todos aquellos que reciben el Subsidio Único Familiar y la asignación familiar un monto de 40 mil pesos por cada causante, a diferencia del último bono concedido por el Presidente Piñera cuyo valor era de 40 mil pesos para el beneficiario y 7 mil 500 pesos por cada carga, siempre que estas fueran menores de 18 años o inválidos, con lo cual redujo el universo deseable.
Por último, me alegro de que tengamos un bono permanente, un apoyo permanente a la familia chilena. Ojalá se pueda mejorar en el tiempo.
Escuché sugerencias que tal vez debemos evaluar, como la del Senador Coloma, para llevar a cabo un seguimiento de esta política a través de la Ley de Presupuestos. No me opongo a ello. Al contrario, estudiémoslo y veamos cómo se está aplicando.
En consecuencia, lo que estamos haciendo aquí es abordar un beneficio que se prestaba para complicadas argumentaciones con el objeto de transformarlo en algo permanente, parejo y focalizado, sin saltarnos la fila de una clase media emergente.
Entre paréntesis -con esto termino, señora Presidenta-, esa clase media emergente no era toda la clase media, sino solamente aquellos que ganaran menos de un millón 370 mil pesos y hubieran tenido Ficha de Protección Social. Si alguien nunca fue pobre pero rasguñaba en la clase media para no caer en la pobreza, esa persona recibió cero aporte del Presidente Piñera. Tendría que haber sido pobre y llegar a clase media para recibir el beneficio. Si nunca fue pobre, no era clase media digna de proteger.
Entonces, se estableció una diferenciación odiosa al interior de la mal llamada "clase media emergente" y se elaboró un concepto pasajero.
Voto a favor.
Muchas gracias.

El señor COLOMA.- ¡Bonito!

El señor TUMA (Vicepresidente).- Informo a Sus Señorías que no están obligados a usar los ocho minutos. No obstante, al ritmo que vamos -quedan 14 inscritos- probablemente terminaremos el tratamiento de este proyecto a las 21 horas y aún nos queda por despachar otra iniciativa con "discusión inmediata".
Por lo tanto, si las circunstancias lo ameritan, la Mesa tendrá que citar a sesión especial para mañana.

El señor LAGOS.- Cinco minutos por cada Senador.

El señor WALKER (don Ignacio).- Abra la votación, señor Presidente.

El señor TUMA (Vicepresidente).- No, Senador señor Lagos. Ya se acordaron ocho minutos, aun cuando no es obligatorio usarlos todos.
Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, no quiero repetir los argumentos que ya se han dado, aunque sí hay aspectos que naturalmente debemos destacar, como el carácter permanente de este bono.
Ayer -y lo sabe bien el Ministro de Hacienda, que nos acompaña hoy en el Hemiciclo y a quien aprovecho de saludar- salió el último informe de la OCDE que sitúa a nuestra economía, dentro de las 34 más emergentes o desarrolladas, en el último lugar.
Por lo tanto, queda clara la desigualdad brutal que nos sigue afectando como país y, por ello, debemos poner de relieve la voluntad del Gobierno para encararla. ¿Y cómo se hace? Con medidas como las que hoy día estamos discutiendo y con un sentido de urgencia.
Por eso no me sorprende ni me molesta que tengamos proyectos con "discusión inmediata" cuando esa urgencia tiene por objeto, por un lado, enfrentar de manera enérgica la pobreza y, por otro, en el caso del siguiente proyecto que trataremos, remediar un problema que el Gobierno anterior se comprometió a solucionar pero no cumplió: el aporte que debe hacer el Estado a los trabajadores recolectores de basura de todo el país, con lo cual este Gobierno finalmente cumple un compromiso en el que la Administración anterior solo puso la firma.
El proyecto en debate -insisto- va en la línea del sentido de urgencia que hemos visto en los últimos días. Además, el propio Ministro de Hacienda que nos acompaña anticipó una reforma tributaria que será fundamental para viabilizar el programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Claramente esta medida -que es la número 11 dentro de las 56 que se han fijado para los primeros cien días de Gobierno- cumple en forma íntegra el compromiso asumido por la Presidenta Bachelet, pues solo es cosa de sumar: más de un millón 600 mil familias vulnerables se verán beneficiadas con este aporte familiar permanente y cerca de 360 mil adultos mayores, que con esta norma recuperarán un beneficio que perdieron durante el Gobierno del Presidente Piñera.
Entonces, hoy día vuelve una política de protección social en serio, planificada, permanente, normada y no una improvisada como la que ideó la anterior Administración a la cual se refirió muy bien el Senador Lagos. Asimismo, esta normativa legal nos permite avanzar de buena manera, a paso firme, en una de las principales preocupaciones que tiene el actual Gobierno: la lucha contra la desigualdad.
Se ha hablado mucho, a propósito de cómo desarrollaremos las discusiones legislativas, acerca de si vamos a pasar la aplanadora o no. ¡No! No se va a pasar ninguna aplanadora, toda vez que aquí se registrará una votación unánime, tal como manifestaron también Senadores de las bancadas de enfrente.
Más que aplanadora, se requiere hoy día una retroexcavadora, máxime cuando lo que debemos remover o destruir son los cimientos de un modelo tributario, educativo que venimos arrastrando hace muchos años y que lamentablemente, por responsabilidades de Gobiernos anteriores concertacionistas, y naturalmente del que ejerció el Presidente Piñera, se buscó acentuar, sobre todo cuando los sectores más acomodados eran los mayores beneficiarios de la política pública.
En definitiva, el bono que otorga la iniciativa legal que hoy día estamos aprobando se halla muy bien focalizado y claramente se diferencia de los anteriores, que eran excepcionales y esporádicos, tanto en el monto como en la extensión desde el punto de vista del que se le observe.
Si uno toma una familia de cuatro integrantes donde hay una madre, dos hijos (uno menor de 18 años y otro mayor de 18 que estudia) y probablemente la abuela de esos niños, que es viuda, a ese hogar llegarán 120 mil pesos apenas aprobemos la ley en proyecto. Ese mismo núcleo familiar, de una madre, sus dos niños y la abuela, con el bono del Presidente Piñera recibía 47 mil 500 pesos. Se trata de una diferencia de monto muy clara. Y en cuanto a la extensión -lo hemos dicho-, 2 millones de familias se verán beneficiadas: alrededor de un millón 600 mil con el aporte familiar permanente y casi 400 mil pensionados que, por un sistema de recalificación absurda que solo mostraba la improvisación del anterior Gobierno en materia de políticas sociales, perdieron ese bono.
Entonces, señor Presidente, con mucho agrado concurrimos hoy día como Partido Por la Democracia y como Nueva Mayoría a apoyar esta primera medida de la Presidenta Bachelet.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, me sumo a la satisfacción y a celebrar el hecho de que a menos de una semana de instalado el Gobierno de la Presidenta Bachelet ella ya envió al Parlamento este proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, y que por cierto hoy día el Senado de la República también despachará aprobándolo.
Esta es una medida de mucha importancia, porque de verdad viene a corregir y a enfrentar situaciones muy graves que viven miles de familias en nuestro país en este temido mes de marzo.
Y hay buenas razones para apoyar y aprobar con entusiasmo esta iniciativa.
En primer lugar, porque crea por ley y en forma permanente este bono. En mi opinión, esto marca y hace un quiebre con las políticas que en materia de este tipo de beneficios se habían venido definiendo a lo largo de los últimos Gobiernos, tanto de la Concertación como del ex Presidente Piñera. Y transforma un beneficio ocasional, discrecional, en un derecho garantizado. Y eso es muy importante para los sectores más vulnerables de nuestro país.
En segundo término, al beneficiar a más de un millón 600 mil familias e incluir a más de 360 mil adultos mayores en el bono invierno, se está apuntando, a través de una política pública y de una decisión de Estado, a enfrentar profundas desigualdades que se viven hoy día en el país y que con este tipo de medidas se entra a corregir.
No voy a redundar, señor Presidente, en más argumentos, porque me identifico con los planteamientos de los Senadores de la Nueva Mayoría que me antecedieron en el uso de la palabra.
Sin embargo, sí quisiera hacer mención a un tema que me han expresado las mujeres del sector de Las Compañías en La Serena, del centro de acogida a mujeres que sufren violencia intrafamiliar "Elena Caffarena". Se presenta un problema en el acceso al beneficio para las mujeres que están viviendo una situación de conflicto con el titular de las asignaciones familiares. Por cierto, este proyecto, en su artículo 2º, inciso segundo, resguarda el acceso de las mujeres para el beneficio de sus hijos e hijas. No obstante, esto apunta a las situaciones de normalidad. Pero cuando existe un proceso de pensión alimenticia en curso o cuando hay una denuncia de violencia intrafamiliar, es decir, cuando se da un conflicto, un litigio, ¿de qué manera la mujer, aunque se acoja al inciso segundo del artículo 2º, podrá exigir que se entregue este beneficio a sus hijos?
Sé que no podemos presentar indicaciones. Pero quiero dejar planteado este punto para que podamos dar comienzo a alguna iniciativa que permita resguardar a las madres, a las mujeres que viven situaciones de conflicto con los titulares de la asignación familiar, a fin de que ellas efectivamente accedan al beneficio y lo puedan entregar a quienes va dirigido evidentemente: los hijos y las hijas.
Por lo tanto, señor Presidente, con mucho entusiasmo voto a favor de la iniciativa. Y dejo expresada esta inquietud, que por cierto puede transformarse en un proyecto de ley.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, me sumo a todas las valoraciones aludidas al proyecto.
A diferencia de lo que señala el Senador García, creo que esto es mucho más generoso. Basta asumir que el bono que se entregó en el Gobierno del Presidente Piñera representó un costo de 96 mil millones de pesos y el que ahora se otorgará, 144 mil millones de pesos. Mientras en una familia de tres causantes el bono anterior era de 55 mil pesos, el de hoy en día asciende a 120 mil pesos, como me acota el Senador Lagos. O sea, se trata de situaciones bien distintas.
Entonces, me parece que la imagen del borrón no es muy buena, porque no refleja la realidad. Es cierto que se focalizan más estos ingresos en determinados sectores. Aquí se entregan tres millones y medio de bonos. Y anteriormente fueron dos millones.
¿Qué implica esto de los bonos?
Es una manera de transferir recursos a esferas de menores ingresos. Dado que hay sectores con problemas, se dice: "Otorguemos este bono". La motivación -como se ha mencionado- es la gran cantidad de gastos del mes de marzo.
¿Y por qué es permanente?
Porque busca ser parte de un modelo de protección social, de derechos, y no solo un paliativo para determinadas situaciones.
¿Cuál es el significado de este bono desde el punto de vista económico?
El Ejecutivo ha planteado claramente que esto tiene una dimensión, que es aumentar la demanda agregada en una coyuntura de desaceleración económica. Porque está cayendo la economía, producto de factores internacionales, de que el impulso de la reconstrucción baja. Hay una situación de desaceleración que llevó incluso al Banco Central a precisar que el crecimiento de 2013 fue solo de 4,1 por ciento y no de 4,9 por ciento, que fue la cifra con la cual el Gobierno anterior estimó los ingresos tributarios para el presente año. Entonces, existe un proceso de desaceleración preocupante, y debe haber medidas para enfrentarlo. Una de ellas es la demanda agregada, con el riesgo de que exista inflación, y eso obligaría a buscar otras alternativas.
Tengo claro que no es la única manera de enfrentar la desaceleración y que el Gobierno ha de contar con una batería de alternativas dependiendo de las características que esta asuma. En la anterior Administración de la Presidenta Bachelet se optó por un programa de vivienda especial para generar empleo y actividad en poco tiempo. Ahora hay que ver qué se va a hacer.
Estamos hablando de 300 millones de dólares. Son hartos recursos. Para quienes no saben, poco más de mil millones de dólares es el presupuesto total de vivienda del SERVIU. Por lo tanto, este beneficio es bastante significativo.
La otra dimensión, el otro significado de esto -lo han manifestado varios Senadores-, es el tema de la desigualdad, porque en Chile existe una desigualdad vergonzosa. No me voy a aburrir de repetirlo: ¡Es vergonzosa la desigualdad que tenemos!
Así lo sostiene el informe de la OCDE, que ya ha sido citado.
Chile es el cuarto país con más pobreza entre las naciones de la OCDE. O sea, existe un 18 por ciento de la población con ingresos inferiores al 50 por ciento de la media, que es otra manera de calcular la pobreza. Aunque nosotros desde 2007 a 2010 mejoramos en un punto, fuimos uno de los pocos países que lo hizo.
Por otro lado, la mayor brecha de ingreso entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre es la chilena. Es decir, donde hay mayor diferencia entre ricos y pobres en ese ámbito. Aquí tengo la información. Están todas las naciones. Y Chile es el que posee mayor diferencia, de acuerdo con el coeficiente de Gini, pues alcanzó una calificación de 0,50.
Pero quiero agregar una tercera cifra de este informe. En él se menciona que nuestro país, del total del producto interno bruto, destina a protección social el 10,2 por ciento. Es el tercer porcentaje más bajo de la OCDE. Porque en ella el promedio destinado a protección social es de 21,9 por ciento del producto interno bruto.
Debemos hacer muchas otras cosas en esta materia y enfrentar los problemas de distinta manera.
¿Qué hace el bono? ¿Resuelve desigualdades?
Poquito. Lo que logra es paliar los efectos de los bajos ingresos en un mes determinado.
Estamos convencidos de que debe haber cambios estructurales para modificar la base de la desigualdad. Y en eso estamos empeñados.
Y estos cambios estructurales, primero, dicen relación con las remuneraciones. ¡No se pueden seguir pagando salarios tan bajos como los existentes en nuestro país! ¡El 50 por ciento de quienes trabajan en Chile gana menos de 250 mil pesos al mes!
¡Eso es vergonzoso!
El problema no es tanto el salario mínimo, sino la inmensa cantidad de personas que ganan en torno a su monto.
Tal situación debemos resolverla con reformas laborales, y lo antes posible.
¡Hay que pagar más!
También está la reforma educacional, que es muy importante.
A raíz de ella vamos a discutir cambios en la estructura tributaria.
Porque sucede que, por ejemplo, el señor que vende en 200 millones de dólares un terreno en la comuna de Lo Barnechea no paga ni un peso en impuesto -¡cero peso!-, pues ¡no se trata de su negocio habitual...!
Hay dentro de nuestro sistema tributario un forado que favorece a quienes perciben mayores ingresos.
En todo caso, estoy convencido de que la desigualdad tiene una dimensión cultural fundamental: a nosotros nos parece aceptable el nivel de desigualdad existente en Chile; nos parece aceptable que tengamos la mayor desigualdad, en los términos que plantea hoy día la OCDE.
Creo que hay que avanzar en las transformaciones estructurales.
Yo valoro el cumplimiento de los puntos 11 y 12 de las 50 medidas de la Presidenta Bachelet, tanto el "bono marzo" cuanto el bono de invierno (en el cálculo, entre los borrones, el Senador García olvidó este último).
Hay muchas preocupaciones sobre las cuales conversar, pero ahora no dispongo de tiempo para ello.
Creo, sí, que la ficha de protección social, que es la estructura de nuestra política social, está con una deficiencia. La que hizo el Gobierno anterior no funciona. Debemos, pues, tomar alguna medida.
Tantos problemas presentaba la ficha de protección social que la Administración precedente no quiso darla a conocer ni aplicarla. Mal puede hacerlo el actual Gobierno, que conoce las deficiencias de que adolece.
Hemos de ver cómo se diseña un sistema para asignar mejor los beneficios. Y ello, en el corto plazo. No disponemos de mucho tiempo para volver a realizar todas las encuestas. Hay que ver qué se hace.
Yo me sumo a lo dicho aquí.
Respecto a la cuota mortuoria hay una gran preocupación en muchas familias, pues antes tenían cobertura.
Cuando era Diputado por La Florida, siempre mandaba a las personas adonde el colega Hasbún para que las ayudara.
Son casos que nos están llegando, pues el sistema no prevé una solución.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene palabra el Senador señor Pizarro para plantear una cuestión de Reglamento.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, le pido a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala para abrir la votación. Porque entiendo que varios colegas van a hablar, haciendo uso de su derecho reglamentario. Sin embargo, asumimos el compromiso de despachar el proyecto hoy día. Y además debemos despachar la iniciativa que aborda la situación de los trabajadores recolectores de basura, que ya fue informada por la Comisión de Hacienda.
Entonces, para no pedir el cierre del debate, solicito que continuemos haciendo uso de la palabra durante la fundamentación de voto.

El señor TUMA (Vicepresidente).- ¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.

El señor TUMA (Vicepresidente).- En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira para fundamentar su voto.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, no hay duda -y seamos prácticos- de que nadie se ha opuesto ni se va a oponer al otorgamiento de este bono.
El Senador Lagos sostuvo que era importante que miráramos dicho beneficio con un sentido positivo. Y el sentido positivo es precisamente que vamos a tener la sonrisa de un millón 600 mil chilenos a quienes se les va a aliviar la vida.
Sin embargo, hay que marcar la diferencia: el Presidente Piñera también lo hizo, pero ¡con más de dos millones de personas!
Ese es el sentido positivo.
Pero se trata, asimismo, de suponer la intención del Presidente Piñera en torno a la entrega del bono.
Aquí se ha hablado de cuántos bonos concedieron los Presidentes de la República de la Concertación.
No es necesaria la estadística sobre los bonos otorgados por una Administración u otra.
Lo más relevante es el desafío del Ministro de Hacienda y de la Presidenta Bachelet y su Gobierno. ¿Y cuál es ese desafío? Más que un bono permanente, ¡un trabajo de calidad permanente! Fue lo que llevó adelante el Presidente Piñera con la creación de más de un millón de empleos.
¡Ese es el gran desafío del actual Gobierno!
Si le va mal, no va a sacar sonrisas en la Alianza, porque siempre nuestra conducta ha sido responsable.
En ese contexto, quiero señalar que en las políticas sociales que trató de llevar adelante el Presidente Piñera siempre hubo seriedad fiscal con responsabilidad social. Y eso hay que reconocerlo.
De la Administración precedente, sin duda, quedó la creación de un millón de empleos, 56 por ciento de los cuales corresponden a mujeres.
Esperamos que, frente al diagnóstico que presentaron las nuevas autoridades respecto al futuro próximo, que prevé una baja considerable en el crecimiento económico, se tomen las medidas necesarias para resguardar las referidas ocupaciones y no perder la buena senda de seguir creando más y mejores empleos.
Por eso, en el contexto del escenario de desaceleración de nuestra economía, anunciado tanto por el Banco Central cuanto por el actual Ministro de Hacienda, sería muy deseable conocer los verdaderos resguardos que tomará el Gobierno para asegurar lo que quiero reiterar otra vez: más que un bono permanente, ¡un empleo de calidad permanente!
La vara que dejó el Presidente Piñera es muy alta. Y esperamos que, en la sana competencia, el país pueda seguir creciendo, desarrollándose.
Porque los bonos no solucionan los problemas de la gente. Son sin duda un alivio, una ayuda social relevante. Pero más significativas, junto con la protección del empleo, son las políticas sociales que deben implementarse, con responsabilidad fiscal y, también, con gran responsabilidad social.
Por eso y por muchas otras cosas, voy a votar a favor.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, por cierto, voy a votar que sí. Pero quisiera hacer un par de reflexiones.
Primero, me alegra sobremanera que hoy día en el vespertino La Segunda aparezca la Ministra del Trabajo diciendo que el sueldo mínimo de 250 mil pesos es un compromiso.
Quiero manifestarle públicamente que cuenta conmigo si esa va a ser su propuesta.
Las largas colas existentes en los municipios, con muchas personas que solo esperan saber si les toca el beneficio, demuestran que el "bono marzo" va en el sentido correcto y significa una gran ayuda para numerosas familias en dicho mes.
En mi concepto, hay cuestiones superimportantes.
Por eso, no me gustaría que en una de esas colas la gente se topara, por ejemplo, con la exgobernadora Claudia Placencio, quien, según su ficha de protección social, es una de las personas más pobres de Chiloé, por lo cual el Estado la bonificó un par de veces.
Ojalá exista rigurosidad en los nombramientos para los cargos relevantes, ya que de lo contrario se hace mucho daño a la democracia. Porque la gente común y corriente, la gente de la calle, no diferencia entre unos y otros, sino que habla de "los políticos".

El señor QUINTANA.- ¿Y la "reguleque"?

El señor OSSANDÓN.- La "reguleque" también, señor Senador.
En verdad, no me interesa si hay implícita una dosis de populismo o si quienes se negaron en algún momento son hoy día los más fervientes defensores de esta puesta en marcha. Lo que quiero demostrar con el ejemplo de esa exgobernadora es que debemos endurecer los mecanismos de control respecto a quienes requieren ayuda porque así se va a evitar que aquellos que no la necesitan metan la mano al bolsillo de Chile.
Los engaños en aquel ámbito, que se registran a diario, no tienen castigo alguno.
Yo no creo en la política permanente de los bonos. Pero mientras haya gente que los necesite, pienso que hay que otorgarlos.
Soy tajante al respecto, pues considero que la cuestión de fondo estriba en la necesidad de buscar herramientas y oportunidades para el desarrollo de las personas. Y espero que este Gobierno presente proyectos que vayan en esa línea.
Todos sabemos que la clave es la educación, señor Presidente. Pero ella implica una tarea de años, en la que influye un montón de factores integrales: dónde vivimos, con quién vivimos, dónde nos educamos, qué transporte usamos. Y eso incide absolutamente en nuestra capacidad para desarrollarnos como persona.
De otra parte, me parece muy acertado el uso de la carga familiar como unidad para conceder el beneficio y que se prefiera proteger a las mujeres que están a cargo de sus hijos.
¡Eso hay que aplaudirlo!
En mi concepto, debemos ser superresponsables en las dos últimas reflexiones.
Primero, porque hoy día nos estamos comprometiendo a gastos permanentes con recursos que sabemos que son temporales. Tenemos claro que el precio del cobre va a la baja y que estamos involucrando fondos del Presupuesto por muchos años.
En seguida, me extraña profundamente que el Gobierno haya puesto la carreta delante de los bueyes. Yo, como Senador, esperaba que el primer proyecto fuera el de reforma tributaria y que a propósito de él se nos dijera cómo se iba a financiar el bono en lo futuro.
No obstante, apoyo esta iniciativa. Y espero que sea exitosa, pues no me gustaría que el "bono marzo" fuera llamado "bono falso".

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, primero, yo me preguntaría por qué estamos discutiendo un bono. Y entiendo que, felizmente, no es por una medida populista, sino debido a que todos han reconocido que se trata de una necesidad, dada la mala distribución de la riqueza en Chile. Porque si comparamos el producto interno bruto con la manera como se distribuye la riqueza, veremos que estamos claramente al debe. Y eso se explica más por las estructuras de poder y culturales de nuestro país que por cualquier otra consideración.
Esta es una de las pocas naciones del mundo donde a mayor educación mayor desigualdad en las remuneraciones que reciben un hombre y una mujer por el mismo trabajo, o en que la profesión de profesor, por ejemplo, se castiga en el sueldo porque se desvaloriza socialmente el aporte del docente, a diferencia de lo que ocurre en sociedades donde dicha profesión es objeto de alta estima social. En cambio, profesiones asociadas al retail o al comercio tienen sobrevaloración y permiten obtener fortunas cuantiosas en poco tiempo.
Empero, mientras abordamos ese tema, entrar a considerar un bono permanente me parece legítimo, por las siguientes razones.
Cuando la autoridad otorga el bono a discreción humilla al trabajador, quien aparece recibiendo una dádiva, en vez de un derecho emanado de la injusticia con que se lo remunera.
Al establecerlo con carácter permanente le devuelve la dignidad al trabajador, pues obtiene un beneficio tras cumplir las condiciones fijadas para percibirlo.
En consecuencia, primero, este bono permanente le restituye al trabajador su dignidad.
En segundo término, amplía el universo, pues, como bien han señalado acá parlamentarios de los distintos sectores y bancadas, en Chile el nivel de distribución del ingreso no corresponde a criterios mínimos, tanto más cuanto que no es razonable que una persona que cumple jornada laboral completa y tiene todas las leyes sociales reconocidas siga siendo pobre.
¡Esa es la realidad de nuestro país!
Por lo mismo, estoy de acuerdo en que este bono es una medida paliativa.
Entonces, recojo con interés las declaraciones de todos los sectores en el sentido de que hemos de avanzar hacia medidas más estructurales para mejorar la distribución de la riqueza en Chile.
Espero con ansiedad no solo el proyecto de reforma tributaria (porque es característica de nuestro país que a mayor ingreso más beneficios tributarios), sino también que se restituyan otras políticas públicas, para mejorar la capacitación y el desarrollo de nuestra fuerza de trabajo y de nuestros conciudadanos.
Por las razones expuestas, voto que sí.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Corresponde el turno de la Senadora señora Von Baer, quien no se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, por supuesto, votaré a favor. Sin embargo, considero superpertinente hacer un punto político.
Aquí varios señores Senadores de la ex Concertación, hoy Nueva Mayoría, han dicho que en 2009 el entonces candidato a la Presidencia de la República Sebastián Piñera ofreció el bono por razones electorales.
Yo quiero recordarles que en enero de 2010, pocos días antes de la segunda vuelta, el candidato que representaba a la entonces Concertación, Senador Eduardo Frei, también ofreció un bono.
Traigo ese hecho a la memoria de Sus Señorías porque lo considero muy importante cuando estamos aquí, en el Senado de la República, votando algo muy sensible para quienes más necesitan: las personas que son conscientes de que el bono les hace una diferencia.
Para nosotros, probablemente, 40 mil pesos no marcan diferencia.
Además, para quienes creemos en una economía abierta es muy poco liberal empujar la idea de los bonos. No obstante, sabemos que constituye un imperativo ético enfrentar la situación de los más desposeídos y, por consiguiente, apoyar la entrega de bonos, tal como lo hicimos respecto de los que anunció la Presidenta Bachelet el año 2009, cuando terminaba su Gobierno, y tal cual lo hicimos frente a los ofrecidos por el Presidente Piñera.
¿Por qué hago ese punto político, señora Presidenta? Porque creo que en un país como el nuestro no corresponde defender solamente por ideologías, sino también por principios.
Y quiero recordar algunas frases de aquella época.
Se dijo: "Esto tiene un olor a ofertón electoral, sin lugar a dudas", "Los bonos solo se dan en situaciones de crisis, en situaciones complejas", "Piñera cree que está en una feria, confunde a la ciudadanía con el mercado y denigra la política".
Hoy no podríamos aceptar que ninguna de esas expresiones se dirigiera contra la Presidenta Bachelet, tal como en su momento no las aceptamos quienes apoyábamos al Presidente Piñera.
Por esa razón, tratándose de un imperativo ético en una nación como la nuestra, donde existen niveles de desigualdad brutales -hoy día Senadores de la Nueva Mayoría hacen el punto en la desigualdad existente; y nosotros compartimos el diagnóstico-, esperamos que durante el actual Gobierno se implementen políticas públicas; no se destruyan programas sociales como el ingreso ético familiar, implementado por el Presidente Sebastián Piñera; y entre todos, de manera transversal, hagamos de Chile un país mejor, con menos diferencias, pero siempre cautelando la libertad.
En tal sentido, por intermedio del señor Presidente, quiero señalarle a la Senadora Adriana Muñoz que comparto absolutamente lo que plantea con respecto a los beneficios para las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar.
Sé que a algunos colegas no les interesa mucho el tema de las mujeres, pero quiero recordar que el año pasado en la Comisión de Vivienda y Urbanismo -el Senador Víctor Pérez me apoyó mucho; y también tuve el respaldo del señor Presidente- sacamos adelante un proyecto de mi autoría (hoy es ley de la república) destinado a permitir el acceso de las mujeres separadas, abandonadas o víctimas de violencia intrafamiliar a los beneficios del Estado asociados a vivienda. Y debemos extender el derecho pertinente a todo tipo de beneficios.
Ese es un problema al que tenemos que hincarle el diente fuertemente. Y yo voy a apoyar a la Senadora Muñoz, porque me parece que planteó un punto superinteresante.
En consecuencia, con todo, más allá de cuál sea el Gobierno que entregue los bonos, considero muy bien que el beneficio sea permanente. Por lo demás, así se evita lo que algunos califican de "tironeo electoral". Y creo que no deben eliminarse los programas sociales implementados en el Gobierno del Presidente Piñera que han sido exitosos.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, qué duda cabe -creo que todos estamos de acuerdo, porque lo conversamos con las personas cuando visitamos nuestras respectivas circunscripciones- que para las familias chilenas, especialmente para aquellas que perciben menores ingresos, este mes resulta tremendamente difícil.
Por ello, la ayuda que otorga el "bono marzo" es muy bienvenida. Es una medida que, en ese sentido, todos consideramos absolutamente positiva. Y es por eso que gobiernos de distinto color político, de distintas coaliciones, lo han impulsado. Cuando estamos en terreno nos damos cuenta de que para las familias chilenas marzo es un mes complejo. Y esta es una buena idea para ayudar a las que más lo necesitan.
La duda que genera este beneficio dice relación con el hecho de que se lo quiere entregar no solo cuando le vaya bien a la economía o se enfrente un momento especialmente difícil, sino con carácter permanente. Es la palabra "permanente" la que genera inquietud. ¿Por qué? Porque desde el instante en que el bono adquiere dicho rango se pasa a instaurar una política social estable en el tiempo. ¿Y qué se espera de una buena política social? Que, efectivamente, ayude a las familias a salir de la pobreza y no a salvar un mes específico. ¡Para eso son las buenas políticas sociales!
Entonces, debemos preguntarnos si un bono de este tipo constituye una buena política social para que las familias superen la pobreza.
El primer punto que se puede plantear, en consecuencia, tiene que ver con que el "bono marzo" va a generar ingresos adicionales, específicos, para cubrir gastos que también son específicos (los que se registran en marzo), pero sin originar ingresos permanentes.
Diferente es, por ejemplo, cuando se entrega una capacitación laboral efectiva. Cuando esta lo es, a un trabajador le puede representar hasta un 10 por ciento más en sus ingresos, lo cual significa seis veces más que este "bono marzo".
Desde la perspectiva de la mujer, si pensamos crear más salas cuna, el bono alcanza un costo que equivale a lo que actualmente se invierte en dichos recintos. Y hablo de aquellas mujeres que empiezan a trabajar y que van a percibir un ingreso permanente -no solo en marzo- para sus familias.
Por lo tanto, uno se pregunta si esta es una buena política social.
Está claro que esta política social busca ayudar a las familias con los gastos del mes de marzo. Sin embargo, no hay parámetros que nos permitan evaluar sus resultados objetivos, a fin de poder decir si sirvió o no. ¿Cómo vamos a medirla? Podríamos hacerlo a través de la Ley de Presupuestos. No obstante, lo único que al final vamos a saber es que las familias más vulnerables recibieron un ingreso adicional en marzo, pero no si las ayudó a superar su condición de pobreza en forma permanente.
Otra pregunta que uno puede hacerse es si una política de bonos desincentiva en general el trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces se escucha decir a los integrantes de una familia que si trabajan van a dejar de percibir determinado bono. Y eso es malo, señora Presidenta. En definitiva, lo que más ayuda siempre es el trabajo; sin embargo, cuando se empieza a ganar un poco más se corre el riesgo de perder un beneficio. Y, dicho sea de paso, tenemos que reconocer, si queremos ser realmente transparentes, que eso fue lo que ocurrió con el "bono de invierno".
Asimismo, resulta arbitraria la manera en que se determina quién va a recibir el beneficio y quién no. Durante el Gobierno del Presidente Piñera, les guste o no les guste, se favoreció a 400 mil familias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, señora Senadora.

La señora VON BAER.- ¿Me puede dar un minuto más?

La señora ALLENDE (Presidenta).- 30 segundos. La verdad es que estamos muy ajustados.

La señora VON BAER.- ¿No debería haber el mismo trato para todos, señora Presidenta?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Avisé cómo iba a proceder con mucha anticipación, justamente para que todos tuvieran la oportunidad de comprimir lo más posible sus discursos.

La señora VON BAER.- No la escuché, señora Presidenta. Perdón.
En fin. Voy a tratar de terminar mi intervención en medio minuto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Muy bien.

La señora VON BAER.- Se ha dicho acá que esto no es un borrón, pues están los pensionados que van a recibir el "bono de invierno". Yo los invito a no sumar peras con manzanas, porque son familias distintas.
Por lo tanto, sí hay un porcentaje de personas que sí recibieron el anterior "bono marzo" y que ahora no lo van a percibir.
Para terminar, señora Presidenta, pienso que de verdad -y en esto creo que todos vamos a estar de acuerdo- la mejor política social es el trabajo. A través del trabajo las familias pueden salir de la pobreza en forma permanente y, además, es lejos la política social más digna.
En tal sentido, vamos a votar a favor de la concesión de este bono. Personalmente, considero¿

La señora ALLENDE (Presidenta).- Lo siento, señora Senadora, pero ya le dimos un minuto adicional.
La señora VON BAER.- Quería terminar dando las gracias. No se pudo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Disculpe.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, el beneficio que establece el proyecto, en la forma en que ha sido presentado por la Presidenta Bachelet, de alguna manera es la consecuencia final de una larga sucesión de propuestas de bonos que los últimos gobiernos han venido efectuando en Chile.
Ya se recordó que durante su mandato el Presidente Ricardo Lagos entregó cuatro; la Presidenta Bachelet, en su primer período, cinco, y el Presidente Piñera, por su parte, otros cinco.
El primer "bono marzo" lo entregó la Presidenta Bachelet. El Presidente Piñera lo entregó en dos ocasiones. Y precisamente en la última discusión, que se produjo en 2013 -es decir, hace un año-, hice la siguiente reflexión. Señalé que estos bonos, que nacieron como un apoyo extraordinario ante circunstancias excepcionales, estaban empezando a convertirse en permanentes, y que eso generaba una verdadera política social, que probablemente no correspondía a lo que se pensó cuando se entregaron los primeros bonos y, en general, cada vez que se envió uno al Parlamento durante los últimos tres gobiernos.
Sin embargo, eso se convierte hoy día, al plantearse el mismo beneficio, ahora como permanente, en una política social. Y aquí se dijo que ello formaba parte de un nuevo enfoque de política social, donde este constituye uno de los ejes que permitirán superar los problemas que Chile presenta en el ámbito de los más vulnerables.
Creo que, precisamente porque ha habido un precedente tras otro, resulta inevitable aprobar este proyecto. Y es inevitable porque la gente ya lo espera. Sin embargo, al darle nuestra aprobación no podemos dejar de decir la verdad: esta es una mala política social. Este bono cuesta 300 millones de dólares, lo mismo que el país gasta en el SENCE. Yo me pregunto: ¿no sería razonable que el SENCE se duplicara para perfeccionar y potenciar la capacidad de nuestros trabajadores? Es lo que podríamos hacer en lugar de destinar fondos a la creación del "bono marzo", que a partir de ahora será para siempre.
La mejor política social no es la que genera dependencia del Estado, no es la que habilita para recibir una simple transferencia de recursos. Porque la pobreza no se termina con un bono. Eso lo sabemos. Muchos lo han dicho y lo han reconocido. La pobreza se termina cuando las personas son capaces de desarrollar y resolver sus problemas en forma autosuficiente. Y eso no se logra con un bono. Esto es "darle más pescado" a la gente que tiene hambre.
Probablemente, muchas veces se justifica. Hay situaciones en que el asistencialismo siempre va a ser una necesidad y una obligación del Estado, como respecto de las personas que tienen discapacidades severas y no reciben ingresos, así como respecto de quienes se encuentran en la tercera edad y evidencian una baja situación socioeconómica. Eso es obvio. Pero no lo es necesariamente cuando se trata de gente joven que puede avanzar producto de su trabajo.
¿Qué tenemos que hacer para lograr un cambio? Invertir en lo que realmente permite superar la pobreza en forma definitiva y no volver a las personas dependientes de los bonos del Estado, ya que por esa vía el derecho social que se les está generando es, al final, estirar la mano.
Educación, trabajo, entre otros, son el único camino para resolver de verdad el problema.
Se dice: "Es que la OCDE acaba de reflejar que Chile es el peor país entre ese grupo de naciones: tenemos un Gini de 0,50". Pero quiero recordarles que hace 24 años, al retorno de la democracia, ese coeficiente era de 0,53, 0,54. Hemos reducido la pobreza, y los gobiernos de la Concertación fueron muy efectivos en eso. Pero no hemos cambiado la redistribución del ingreso. Ese sigue siendo el gran desafío, la cuenta que les pueden pasar a los gobiernos de dicha coalición. El de Sebastián Piñera hizo probablemente algún esfuerzo mayor, quizá porque había más conciencia de esa situación.
Con todo, esto es lo que a mí me hace sentir que el camino que estamos siguiendo no es bueno, ya que, al final, significa asignar recursos que, bien utilizados, a lo mejor no en el corto plazo, pero sí en el mediano y el largo plazos, pueden ser una solución de fondo.
De una vez por todas, tenemos que implementar una verdadera política social, aunque nos cueste: menos populista, más efectiva para superar realmente los problemas endémicos que afectan a Chile.
Yo voy a votar favorablemente, porque todos hemos sido responsables de llegar a este estado de cosas, pero advirtiendo que así no resolveremos los problemas. Lo decía el Senador Montes: se necesitan reformas estructurales. Y las primeras van por el lado de la educación y el trabajo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero felicitar al señor Ministro de Hacienda, que nos acompaña hoy día, por su nombramiento, y desearle que le vaya bien. Lo hago leyendo las palabras con que anunció este bono en la prensa: "La columna vertebral del gobierno es enfrentar la desigualdad en todas las dimensiones para alcanzar un desarrollo inclusivo. Es del corazón del programa" -de la Presidenta Bachelet- "enfrentar la desigualdad".
Esto es fundamental, junto con la aprobación de este proyecto, el que, según veo, concita absoluto consenso. El centro de la discusión debiera ser ese: enfrentar la desigualdad, para que en definitiva no tengamos titulares como el que indica que Chile lidera el ranking de la OCDE en desigualdad de ingresos entre ricos y pobres.
Creo, señor Ministro, que en este consenso podemos contar con la voluntad de muchos. Valoro que varios de los Senadores de la Alianza hayan manifestado su acuerdo, y eso hay que señalarlo. Estamos contestes en que Chile tiene que derrotar la pobreza, pero también en que debe combatir la desigualdad. Me parece muy bien que esas observaciones se hagan y se consignen. Podremos diferir en las fórmulas.
El Senador Larraín, cuyas palabras valoro mucho, hace un cuestionamiento a la política de bonos. A mí tampoco me gustan los bonos, pero este será un bono permanente. Aquí estamos avanzando efectivamente en cambiar una política de discrecionalidad al establecer un beneficio permanente en marzo, con análisis objetivos y focalizándolo en el millón 600 mil familias más necesitadas.
Me parece bien. Me parece interesante. Me parece fundamental que 72 mil 582 familias de la Región de los Ríos vayan a recibir este subsidio. Y en las demás regiones se da la misma situación. ¡Vamos focalizando, vamos colaborando con los más necesitados! ¡Y vamos trabajando!
Y en esto creo que también es importante reflexionar, señor Ministro, acerca de la diferencia de las distintas regiones. Aquí nosotros focalizamos en los más necesitados, en los más vulnerables. Pero no perdamos de vista que hay una enorme desigualdad en algunas zonas. La de Los Ríos es la tercera región más pobre. Y sé que muchas tienen ese rezago. Por tanto, establezcamos igualmente políticas de focalización dentro de los territorios más pobres.
Considero relevante destacar asimismo que con el carácter permanente de este bono incorporamos efectivamente ingresos para las familias en el mes de marzo de los años venideros. Y será una política pública, que no quedará sujeta a la discrecionalidad, a la simple voluntad del gobierno de turno o a la disponibilidad presupuestaria. Eso es importante.
De igual forma, es relevante la inclusión de los adultos mayores en el "bono de invierno". Son 350 mil personas las que suman al foco de atención de nuestro Gobierno.
Yo voy a votar a favor de esta iniciativa. Felicito a la Presidenta Bachelet y a su Ministro de Hacienda por estar dando cumplimiento a una de las medidas a las que se comprometieron en el programa, focalizando en los más necesitados, estableciendo derechos permanentes y atendiendo especialmente a las regiones, que necesitan con mayor urgencia la entrega de estos recursos. Y porque el principio, el concepto básico en este tipo de materias está siendo derrotar a la desigualdad.
No puedo dejar de replicar a quienes han señalado que este podía ser un "bono trampa". Yo quiero señalarles que no va a ser ni un "bono trampa" ni un "bono reguleque", como los que escuchamos anteriormente. ¡Va a ser un "bono de la Presidenta Bachelet", permanente, para la gente más necesitada de nuestro país!
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Ofrezco la palabra al Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, antes que nada, por su intermedio, quiero agradecer públicamente a todas las señoras Senadoras y señores Senadores por la buena predisposición, la gentileza y, por qué no decirlo, el afecto con el cual varios de ellos me han recibido al llegar a esta Corporación.
Muchas gracias por eso.
Asimismo, saludo al Ministro de Hacienda y a la Ministra de Desarrollo Social aquí presentes. Les deseo éxito en su gestión y ojalá que podamos eliminar la brecha de desigualdad de la que se ha estado hablando.
Para mí, señora Presidenta, es motivo de especial satisfacción que mi primera intervención en este Honorable Senado sea para referirme a un proyecto de ley tan significativo para millones de chilenos y que responde plenamente al compromiso del nuevo Gobierno y a la demanda de la ciudadanía por disminuir la desigualdad en nuestro país.
En efecto, como acá se ha dicho, este bono familiar permanente va a garantizar que las familias reciban de manera estable un apoyo cada mes de marzo, el que será mayor según la cantidad de integrantes del grupo familiar causantes de la asignación familiar.
Yo he escuchado acá algunas voces que critican estas medidas, ya sea por su monto o por su cobertura, sin reconocer el innegable avance que representan para los sectores más vulnerables.
Quiero decirle al colega Moreira que no son un millón 600 mil personas las beneficiarias: ¡son un millón 600 mil familias, que equivalen a 3 millones y medio de causantes!
En nuestra Región, Honorable colega, son 142 mil 738 las familias que van a recibir este beneficio, las que representan a cerca de 450 mil personas.
Sin duda, un bono no resuelve el problema de la desigualdad, pero se encamina en la dirección correcta, llegando focalizadamente a los más necesitados. Además, estas medidas no pueden ser vistas en forma aislada. Adquieren pleno sentido cuando van de la mano de otras iniciativas que robustecen el sistema de protección social y fortalecen la educación y la salud públicas. De este modo, se enfrenta de manera integral y estructural el problema de la desigualdad en Chile.
En todo caso, sin perjuicio del innegable valor de este proyecto, debemos tener presente también otra fuente de desigualdad, como es la distancia respecto de los principales centros de nuestro país. No es lo mismo una asignación de 40 mil pesos en Santiago que en Palena, en Chiloé, en Arica o en Punta Arenas. En futuros proyectos debemos avanzar en la dirección de reconocer estas diferencias, para hacernos cargo igualmente de la desigualdad en el costo de vida en las diferentes regiones, particularmente en las zonas extremas.
Otra desigualdad que siempre se olvida, pero que por mi anterior responsabilidad como alcalde tengo muy presente, es la que se produce en la base misma de la estructura del Estado, que permite el otorgamiento de estos beneficios: los municipios.
En efecto, como recordaba el Senador Ossandón, los beneficiarios de subsidios y de programas sociales cubiertos por este nuevo aporte familiar permanente ingresan a los sistemas desde los municipios. Y cada vez que se anuncian mejoramientos de cobertura o de beneficios aumenta considerablemente la demanda espontánea de gente que llega hasta las oficinas municipales para consultar. Son miles de personas que hay que atender, y deben recibir una orientación y una respuesta adecuadas.
Lamentablemente, no todos los municipios están en condiciones de soportar esta mayor demanda. Se trata de otra desigualdad que incide directamente en la puerta de entrada de los beneficiarios.
Pero, más allá de las circunstancias, todos debemos reconocer que el Gobierno está emprendiendo los cambios por los que votaron los chilenos en diciembre. De esta manera, con beneficios concretos, claramente determinados y sin la llamada "letra chica", hemos comenzado a transitar por el camino para hacer de Chile un país más justo.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, Honorable Senado, debo reconocer que voy a concurrir a aprobar en general y en particular este proyecto, pero sin entusiasmo, porque, al final, se ha terminado legitimando una política social a partir del otorgamiento de bonos.
Desde un punto de vista conceptual, es muy distinto el otorgamiento de bonos con carácter permanente, ya que estos forman parte de una política social focalizada en los más vulnerables. En cambio, la política de los bonos, en los términos planteados en el proyecto, no soluciona la situación de los más desvalidos, pues su enfoque es estrictamente asistencialista.
Cualquier política social destinada a los más vulnerables debería estar enfocada en cómo estos pueden salir de su condición de pobreza.
Tal como se ha señalado en este Hemiciclo, este beneficio forma parte de una política. Por lo tanto, en futuras iniciativas podremos verificar si las políticas sociales, con el precedente sentado el día de hoy, se enmarcan en un criterio estrictamente asistencialista o en uno social focalizado y condicionado al establecimiento de instrumentos para que las personas vulnerables puedan superar tal condición.
Lo anterior, señora Presidenta, marca un punto de inflexión muy importante, pues precisamente el proyecto de ley sobre ingreso ético familiar apuntaba a un eje distinto del que nos ocupa, porque, aunque en ambas iniciativas existe transferencia monetaria, en el caso de la relativa al ingreso ético familiar, la transferencia se encuentra condicionada al cumplimiento de exigencias como el control del niño sano o la asistencia regular a establecimientos educacionales.
Así, se podría fijar un conjunto de requerimientos para condicionar la transferencia monetaria, pues esta sola no resuelve la situación de vulnerabilidad, de pobreza.
Por eso, a lo largo de las discusiones de sucesivos proyectos de ley, particularmente en materia social, en algún minuto vamos a tener que abordar este tema.
O se tiene una política de carácter estrictamente asistencialista o una enfocada además en perseguir que las personas salgan de su condición de vulnerabilidad a través de distintos incentivos.
Por lo anterior, votaré favorablemente esta iniciativa, pero con las observaciones que he planteado, porque no estoy convencido de que una política estrictamente asistencialista logre sacar a esa gente de su condición de pobreza.
Este proyecto incorpora un elemento que difiere del planteamiento que formulé y que apunta a que se incorpore a los usuarios del subsistema Seguridades y Oportunidades, creado en la ley N° 20.595. Pero estos son solo una parte de los beneficiarios. El resto recibirá una transferencia monetaria sin ningún tipo de condicionamiento para salir de su estado de vulnerabilidad.
Así que, aunque apoyo esta iniciativa, lo hago con serias observaciones, porque creo que las políticas sociales no se construyen a partir de visiones estrictamente asistencialistas.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Está inscrito el Senador señor García-Huidobro.
No se encuentra en este momento en la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, voy a citar algunas declaraciones.
"Empezó la campaña. Lo que queda en evidencia es que el Presidente Sebastián Piñera se va a jugar por tratar de sacarles trote a sus candidatos y darles algunas chances para la pelea de noviembre".
Pepe Auth, 11 de marzo de 2013.
"No es bueno para el país que el Presidente vaya cayendo en un electoralismo o campañismo de esta manera".
Carlos Montes, Diputado PS, 11 de marzo del 2013.
"Fui crítico de los bonos ayer y lo soy hoy. Tienen elementos populistas, pero el gobierno tiene cierta holgura. En fin, lo hizo Bachelet, lo hace ahora Piñera, está bien. Probablemente el bono de septiembre va a ser mejor todavía".
Jorge Burgos, Vicepresidente de la DC.
"Hay muchos problemas del país que no se arreglan con un bono.
"Por qué no transformamos el bono en una política pública permanente de subsidio al empleo, de tal manera que nuestras trabajadoras y trabajadores tengan mejores remuneraciones".
Ximena Rincón, Emol, 11 de marzo de 2013.
"Concordamos en que los anuncios son más bien electorales y para mejorar las encuestas del presidente, pero no son coherentes con lo que el Gobierno ha planteado".
Eugenio Tuma, miembro de la comisión parlamentaria del PPD.
Señora Presidenta, consideramos que este instrumento de protección social, que coincide con el primer proyecto enviado por Michelle Bachelet, va en la dirección correcta.
Quiero hacer mías las palabras de la entonces Senadora Ximena Rincón, hoy día Ministra de Estado, que difieren de lo que opinaban connotados dirigentes de la Concertación tan solo unos meses atrás.
Sin lugar a dudas, consideramos muy positivo institucionalizar esta iniciativa del "bono marzo" porque va a permitir suavizar los gastos excepcionales asociados al pago de colegios; a la compra de útiles escolares, de uniformes, etcétera.
Por cierto, este proyecto, que va a beneficiar en forma permanente a 1 millón 601 mil 280 familias -son 6,5 millones de chilenos, es decir, el 42 por ciento de la población- mediante un aporte familiar de 40 mil pesos, que implica un costo fiscal de 144 mil 365 millones de pesos, va por el camino adecuado.
Mejor todavía es el caso del bono de invierno, mediante el cual se subsana una situación originada en la reforma previsional, que dejó a muchos adultos mayores sin este beneficio.
En efecto, esa medida fue impulsada por el anterior Gobierno de la Presidenta Bachelet, y ahora ella la continúa, afortunadamente.
Lamento que no haya sido mi Gobierno, el del Presidente Piñera, el que haya llevado a cabo esta tarea.
Es indudable que esta iniciativa, que va a permitir la ampliación de la cobertura del bono de invierno en 351 mil 996 beneficiarios, llegando a un total de 1 millón 15 mil 965 adultos mayores, responde también a una aspiración ciudadana largamente esperada. Y ella representa un costo fiscal de 18 mil 295 millones de pesos.
Con toda claridad, coincidimos en que hoy día la visión de la distribución del ingreso no es vergonzosa, sino inmoral y en que debemos hacernos cargo de esta situación, tal como lo dijimos durante nuestro propio Gobierno e incluso antes. En definitiva, tenemos que resolver esta materia.
Un informe de la OCDE al respecto recoge el punto y señala que Chile es uno de los países con peor distribución del ingreso en el marco de aquellos que componen esa Organización.
Sin lugar a dudas, este proyecto, que propone institucionalizar el "bono marzo", va en la dirección correcta al otorgar un subsidio directo. Además, puede representar una medida de carácter anticíclico interesante.
Cuando hay una desaceleración de la economía, el establecimiento de un bono directo para inyectar recursos también constituye una medida que puede reactivarla en algún minuto.
El único mensaje que queremos mandarle al Ejecutivo es que estamos claros de que la única medida permanente para resolver los temas de pobreza dice relación con crear una política pública de estímulo al empleo. Y debemos considerar, además, que en Chile se gastan 300 millones de dólares al año en capacitación.
Por lo tanto, concordamos con lo propuesto en la iniciativa, que -repito- se orienta en la dirección correcta, pero no hay que descuidar el empleo y la capacitación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Está inscrito a continuación el Honorable señor Pérez Varela.
No se encuentra en la Sala.
Los últimos oradores son los Senadores señores Navarro y Pizarro, quienes tampoco se hallan aquí en este momento.
Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos favorables) y, por no haberse presentado indicaciones, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Muñoz (doña Adriana), Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, pido agregar mi voto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Navarro.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, quiero saludar -por su intermedio- a las señoras Senadoras y a los señores Senadores y agradecer, en nombre del Gobierno, el apoyo que tanto la Cámara de Diputados, ayer, como el Senado, en el día de hoy, dieron a la iniciativa. Esto permitió despacharla con la celeridad requerida y aprobar el compromiso incluido en el Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet: conceder el aporte familiar permanente de marzo y ampliar y reponer la cobertura del bono de invierno, que figuran entre las 50 medidas para los primeros 100 días de Gobierno.
La Presidenta Bachelet ingresó a tramitación este primer proyecto de ley hace una semana, y ahora, con bastante beneplácito, lo vemos despachado por el Congreso Nacional.
Se crea un nuevo derecho, un nuevo beneficio en la protección social y se repone la cobertura del bono de invierno.
No tengo más que agregar. Solo quiero puntualizar que en el debate se mencionaron materias de cobertura y otras que, de una u otra manera, quedaron resueltas.
Y con relación al financiamiento, cabe mencionar que se beneficiará a 1 millón 600 mil familias con el aporte familiar permanente de marzo, y a 351 mil pensionados con el bono de invierno. Esto genera un costo fiscal de 162 mil millones de pesos para 2014, que se financiarán con los recursos contemplados en la Partida Tesoro Público, Asignación Provisión para Distribución Suplementaria, de la Ley de Presupuestos del Sector Público.
Señora Presidenta, el costo indicado se encuadra dentro del gasto autorizado para el año 2014, que se financia, entre otros recursos, con ingresos permanentes en el marco de una política de balance estructural. Y, en ese contexto, se ha planteado también que este beneficio permanente de marzo se financie en el futuro con cargo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos.
Antes de concluir, reitero mis agradecimientos por el rápido despacho de este primer proyecto de la Presidenta Bachelet, con el que da cumplimiento a su compromiso de implementar el Programa de Gobierno desde el primer día de su mandato. Y así lo estamos haciendo.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Este es el primer proyecto de la presente Administración aprobado por el Congreso.
¡Felicitaciones por ello!
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Ha llegado una comunicación del Comité Partido Unión Demócrata Independiente, mediante la cual informa que a partir del día de hoy sus nuevos representantes serán los Senadores señora Ena Von Baer y señor Hernán Larraín.
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MODIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PROTEGER DERECHOS DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE ASEO Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS


La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica, con informe oral de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9278-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 3ª, en 19 de marzo de 2014.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 3ª, en 19 de marzo de 2014.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Ante todo, consulto a la Sala si habría unanimidad para votar la iniciativa como un solo todo y sin discusión.

El señor COLOMA.- No doy acuerdo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, en discusión general el proyecto.


El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite, señora Presidenta?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir, Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, a fin de compatibilizar la necesidad y la urgencia del proyecto, propongo abrir la votación y que los Senadores fundamentemos el voto, para poder despacharlo con mayor rapidez.

El señor PIZARRO.- El acuerdo es despacharlo ahora.

El señor COLOMA.- Pero en la votación particular nosotros nos pronunciaremos en forma distinta.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Por eso sugiero abrir la votación y fundamentar el voto por 5 minutos.

El señor COLOMA.- Nuestro Comité solicitará dividir la votación.

El señor LARRAÍN.- Pido la palabra.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, yo sugiero que en la discusión general reduzcamos a 5 minutos la intervención de los Senadores, de manera que se realice el debate de temas relevantes, y que después votemos.
Y a lo mejor se puede acelerar la discusión. Pero creo importante efectuarla, porque en el texto propuesto hay materias muy delicadas que así lo exigen.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos, para informar oralmente la iniciativa.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, en la sesión especial de la Comisión de Hacienda celebrada esta tarde tuvimos la oportunidad de analizar este proyecto.
Su objetivo fundamental es establecer una mejora de la normativa en materia de contratación pública, con miras a proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos.
Consta de artículo único, donde se define conceptualmente en qué consiste el perfeccionamiento, que básicamente es el siguiente:
En el caso de las licitaciones que hagan los municipios para contratar servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, a la hora de evaluar a las empresas participantes se ponderarán al menos con un 10 por ciento de importancia las condiciones laborales en que se desempeñen sus trabajadores.
Puesto en Castellano, al abrir las propuestas se dará un valor de al menos 10 por ciento al tipo de contratación que realizan, como horas de trabajo, remuneraciones, gratificaciones, etcétera.
Es decir, dichas condiciones incidirán a la hora de tomar la decisión.
Además, hay un artículo transitorio, que faculta excepcionalmente a las municipalidades para transferir recursos, por una sola vez, a las empresas proveedoras de servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios.
Señora Presidenta, como consecuencia de un conflicto que hubo en su oportunidad, el Gobierno anterior transfirió a los municipios una suma considerable de recursos para que hicieran frente a los pagos que las mencionadas empresas debían hacer a sus trabajadores.
Ese fue un acuerdo al que se llegó en cierto momento y que ahora se regulariza mediante este artículo transitorio.
En la Comisión se desarrolló un interesante debate y el proyecto se aprobó por unanimidad.
En todo caso, la iniciativa viene de la Administración anterior; tiene un artículo único y uno transitorio, y lo que hace es honrar lo acordado entre la Asociación Chilena de Municipalidades, los alcaldes, el Gobierno, el Ministro de Hacienda y el Presidente de la República de entonces.
Eso es todo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Muchas gracias.
Conforme a lo resuelto por Sus Señorías, tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, existe un acuerdo de Comités, refrendado por la Sala, en cuanto a que este proyecto se despache hoy, antes del término del Orden del Día. Y entiendo que este finaliza a las 19.
¿Podría confirmarlo el señor Secretario?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Senador, como la iniciativa tiene urgencia de "discusión inmediata", de todas maneras se debe despachar esta tarde.

El señor PIZARRO.- Perdón, señora Presidenta, pero la "discusión inmediata" puede implicar un trámite de hasta seis días desde el momento en que así se califique un proyecto.
Según el referido acuerdo de Comités, que fue refrendado por la Sala y que se recordó al comienzo de esta sesión, el proyecto debe quedar despachado hoy, antes de que concluya el Orden del Día.
Lo digo, para que los colegas sepan que igual vamos a tener que votarlo a las 19:30 o a las 19:40, a más tardar.
Por eso, la propuesta del Senador Zaldívar en cuanto a abrir la votación cumplía con los dos objetivos. Porque estando abierta la votación se puede seguir argumentando, aunque nos pasemos de la hora de término del Orden del Día.

El señor COLOMA.- ¿Habrá discusión particular?

El señor PIZARRO.- No, porque el acuerdo de los Comités fue despacharlo en general y en particular, señor Senador. Y fue ratificado por la Sala.

El señor COLOMA.- Pero habrá votación particular.

El señor PIZARRO.- En fin, esa era mi sugerencia, señora Presidenta.
Con respecto al proyecto que nos ocupa, quiero manifestar mi preocupación por estar legislando sobre esta materia en la forma en que lo estamos haciendo.
Creo que se está sentando un precedente delicado al establecer que el Estado debe hacerse cargo de compromisos o buscar solución a problemas sociales entre entes que no son de su responsabilidad.
Esto ya ocurrió en el caso del conflicto portuario de hace unos meses. Y es por todos conocido lo que sucedió a raíz del conflicto que terminó en la huelga de los trabajadores que extraen la basura domiciliaria, quienes son personal contratado por empresas privadas que licitan sus servicios con los municipios.
Entiendo que la iniciativa busca regularizar una situación que ha sido objeto de control, en el sentido de ver si los municipios están o no en condiciones de transferir fondos directamente a esas empresas privadas para que estas los entreguen a los trabajadores.
Estoy de acuerdo con el beneficio que se entrega a los trabajadores. Pero estimo que el precedente que se sienta con ello es extraordinariamente complicado. Además, resulta difícil de entender, porque, a partir de ahora, es posible pensar que frente a cualquier problema social el Estado debe intervenir y disponer de recursos públicos para solucionar conflictos entre privados, por importantes que estos sean.
Respecto de esta situación en específico, me habría gustado recibir información más detallada por parte de los miembros de la Comisión y del propio Gobierno.
Ya no está en la Sala el Ministro de Hacienda, aunque esta iniciativa no es de su responsabilidad. Pero sé que el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo ha visto este asunto y se encuentra en las dependencias del Senado. A lo mejor, sería conveniente autorizar su ingreso a la Sala para que nos explique con más detalle la situación y nos entregue una información más acabada.
Gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Discúlpeme, señor Senador, no le escuché bien lo último, pues me estaban hablando.
¿Usted pide autorización para que entre a la Sala el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo? ¿Es así?

El señor PIZARRO.- Sí, señora Presidenta.
Ocurre que no hay ningún Ministro presente. El de Hacienda recién se retiró, y esta materia corresponde a la Cartera del Interior.
Sé que el Subsecretario se halla en el Senado, pues intervino en la Comisión cuando discutimos el proyecto. A lo mejor, sería bueno que participara en esta sesión para clarificar las consultas sobre el particular.
Por mi parte, tengo serias dudas respecto a por qué estamos legislando para solucionar, con recursos del Estado, un conflicto entre privados.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Habría acuerdo de la Sala para que ingrese el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo?
--Así se acuerda.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Ofrezco la palabra al Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, comparto lo que dijo el Senador que me antecedió en el uso de la palabra en el sentido de que también me preocupa esta materia.
Aquí se plantea una medida que, en la práctica, impedirá que las empresas que prestan servicios dispongan en sus propuestas el pago del sueldo mínimo a sus trabajadores. Ese es el problema que existe en el ámbito de la recolección de basura.
No sé si esta propuesta podría aplicarse a todas las concesiones municipales. Entiendo que el proyecto en debate solo aborda la situación de las concesiones de recolección de residuos.
Sin embargo, la problemática de fondo afecta a todas las concesiones que entregan los municipios. En efecto, el alcalde con el concejo comunal, al administrar la comuna, claramente tratarán de conseguir un servicio lo más barato posible, dada la escasez de recursos que los limita.
Aprobada esta iniciativa, inmediatamente vendrán los requerimientos de las empresas de guardia y de las de aseo, que en su mayoría también pagan sueldos mínimos. En el fondo, quienes hacen el aseo en las municipalidades y quienes cuidan sus dependencias reciben sueldos de pobreza y administran la pobreza.
Por lo tanto, sería bueno ver en el futuro -como no tengo experiencia legislativa, no sé cómo se procede administrativamente- la posibilidad de un proyecto que aborde la realidad de todas las concesiones municipales.
Y con ello no estamos coartando la libertad de los municipios; solo estamos dando la señal de que el Senado de la República se preocupa, de una u otra manera, de que los servicios concesionados de la última cadena del Estado, que son los de los municipios, no tengan siempre como base el sueldo mínimo.
Voy a votar favorablemente el proyecto.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, me preocupan sobremanera los dos artículos del proyecto.
En primer lugar, estimo que atentan contra la autonomía de los municipios.
Hay algunas empresas de recolección de residuos que pagan el sueldo mínimo a sus funcionarios, pero en la realidad suele darse que, cuando estas terminan sus servicios y se abre una nueva licitación, los sindicatos respectivos negocian con los concejales e, incluso, generan presión en la comunidad para que, dentro de las bases, exista como condición el respeto de los sueldos que recibían los trabajadores al término del contrato anterior.
El que el Ejecutivo o el Estado, mediante una ley, determine cómo las municipalidades deben establecer las bases de licitación y cómo han de evaluar el peso de cada variable, en verdad, me parece que atenta contra la autonomía de tales corporaciones. Estas son autónomas; responden a autoridades elegidas democráticamente; cuentan con un concejo que las fiscaliza, y tienen, además, una comunidad que también genera presión sobre ellos.
Considero, por lo tanto, que lo propuesto va en sentido absolutamente contrario a la desconcentración del poder, a la autonomía de los municipios y, en definitiva, a lo que nosotros pretendemos, que es acercar la decisión a la gente.
En segundo lugar, el artículo transitorio faculta a los municipios para trasferir recursos a una empresa particular, a fin de que esta pague a trabajadores de su dependencia un bono, un aguinaldo o como quiera llamarse. Esto me parece rarísimo. Creo que tampoco corresponde.
¿Por qué se les entrega plata a las empresas de recolección de basura y no a las de seguridad o a las encargadas de mantener las áreas verdes si en ellas también laboran personas con grandes necesidades? Quienes trabajan en las áreas verdes muchas veces deben estar bajo el rigor del clima y en condiciones difíciles, y suelen ser mujeres.
Entonces, esta figura -yo soy médico, no abogada- me llama profundamente la atención. El permitir que se traspasen recursos de todos los chilenos para que una empresa particular cumpla obligaciones con trabajadores que dependen exclusivamente de ella es algo muy raro.
Por ello, estimo que este no es el camino para resolver el problema.
Si deseamos que las municipalidades cuenten con más recursos para dar un mejor servicio y ofrecer mejores condiciones para sus trabajadores, entonces, hagámoslo a través del Fondo Común Municipal, y que cada una de ellas, de acuerdo a su normativa, analice con su concejo cómo dispondrán de aquellos.
Pero, a mi juicio, legislar no es el camino para indicarles a los alcaldes y a los concejales cómo deben realizar esas funciones.
En consecuencia, me voy a oponer a ambos artículos de este proyecto.
Muchas gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- A usted, señora Senadora.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica, para plantear un asunto de Reglamento.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, acaba de llegar el señor Subsecretario, por lo que solicito que se le dé la palabra a fin de que exponga sobre la iniciativa.
Veo que hay opiniones muy contrarias al respecto. Por tanto, él nos puede aclarar el objetivo de esta propuesta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Bien. Esa fue la razón por la cual se autorizó su ingreso a la Sala.
Tiene la palabra el señor Subsecretario para que nos explique el sentido de este proyecto y las razones por las cuales el Ejecutivo lo envió a tramitación.

El señor CIFUENTES (Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo).- Señora Presidenta, gracias por la invitación.
La iniciativa resuelve un problema que heredamos de la Administración anterior.
En la Ley de Presupuestos para el año 2014, se generó una glosa que permitía transferir a los municipios recursos por algo más de 15 mil millones de pesos, para destinarlos a lo estipulado en un acuerdo logrado entre el Gobierno anterior, la Asociación Chilena de Municipalidades y los trabajadores recolectores de residuos sólidos domiciliarios, para mejorar sus condiciones laborales y remuneracionales.
Lo que se pretende con la iniciativa en estudio es permitir que la Ley de Presupuestos para 2014, en la parte pertinente al acuerdo, sea aplicable.
Hoy día, según lo señalado por la Contraloría General de la República, esos recursos no se pueden transferir, porque la referida glosa quedó redactada en términos genéricos y se requiere una específica.
En esencia, lo que buscamos es posibilitar esa transferencia de fondos, que, por lo demás, algunos municipios ya la han realizado.
No sé si con eso aclaro las dudas manifestadas, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Gracias, señor Subsecretario.
En todo caso, si más adelante surge alguna consulta, como todavía no hemos abierto la votación, le pediremos que vuelva a intervenir para responderla.
Continúo con el orden de inscripción.
Tiene la palabra al Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, precisamente la complejidad del tema nos hace pensar que no es conveniente aún entrar a la votación de la iniciativa.
Hemos oído a algunos Senadores con larga experiencia como alcaldes (los Senadores señor Ossandón y señora Van Rysselberghe) plantear problemas muy de fondo respecto al tema. Y yo creo que tienen mucha razón.
Asimismo, pienso que el Honorable señor Pizarro se halla en lo cierto cuando señala que se está generando un precedente muy grave, puesto que nos estamos haciendo cargo, como Estado, de un problema entre particulares. Y no sabemos qué implicancias futuras pueda acarrear ese precedente.
Al respecto, también quiero manifestar mi preocupación.
Ahora, entiendo que nos encontramos frente a un problema político, como se ha dicho, generado por acuerdos alcanzados en el Gobierno anterior. Ante ello, por la razón que acaba de manifestar el Subsecretario, la actual Administración intenta resolver el asunto con este proyecto de ley. Está, en el fondo, cooperando en la búsqueda de una solución para el problema planteado por la Contraloría, como nos acaban de informar.
Sin embargo, según lo dicho por la Senadora Van Rysselberghe, de sentido común y demostrativo de su experiencia municipal, estamos obrando malamente, en contradicción a nuestro ordenamiento constitucional y legal.
¿Por qué? Porque hay en juego un principio clave -no es reciente, pues viene del siglo XIX-: el establecimiento de la autonomía municipal. Esto es recogido por nuestra Carta Fundamental en su artículo 118: "Las municipalidades son corporaciones autónomas". Sin embargo, la finalidad de esta iniciativa es decirles a los municipios qué deben hacer en determinada materia.
Ahora, si fuera eso efectivamente lo que se pretende, entonces habría que modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y no, como plantea el proyecto, la normativa sobre contratación pública.
Este último cuerpo legal es de rango inferior, por lo que no puede prevalecer a la citada ley orgánica, que, de acuerdo a la Constitución, recibe ese carácter por el hecho de que regula las atribuciones municipales.
Además, hay otro problema que lo encuentro aún más grave.
La iniciativa otorga una atribución que permite a los municipios exigir en las concesiones municipales para los servicios de recolección de basura a lo menos un 10 por ciento adicional en el factor remuneraciones, para ser destinado a los trabajadores de las empresas prestadoras. Sin embargo, hay otras concesiones municipales, como se ha mencionado, que no están siendo beneficiadas. Por tanto, existe una discriminación entre tipos de trabajadores.
Pero existe otra discriminación adicional.
En cuanto al servicio de extracción de basura, hay municipios que cuentan con el sistema de licitación de concesión. Entiendo que representan alrededor -si mal no recuerdo- del 30 por ciento del total. El resto de las municipalidades contrata directamente. El personal de estas últimas no recibirá el beneficio que se otorga a los otros trabajadores de las empresas prestadoras de servicio por la misma función desempeñada.
Entonces, por buenas razones, por una buena causa, estamos tomando un mal camino.
Por lo tanto, señora Presidenta, no considero conveniente ni prudente aprobar este proyecto de la forma en que se nos presenta. Estamos no solo generando un mal precedente -en realidad, ya quedó establecido-, sino también dando una solución que, desde el punto de vista constitucional y legal, no calza con nuestro ordenamiento.
El señor Subsecretario, además, expresó que el proyecto se originó por el reparo de la Contraloría al carácter genérico de la glosa presupuestaria pertinente. Entonces, ¿por qué mejor no modificamos la Ley de Presupuestos, dando a dicha glosa una redacción más específica? Este cuerpo legal se puede modificar, no es inmutable. Ahora, si ese es el problema planteado por la Contraloría, yo prefiero que se solucione por el camino que acabo de indicar.
En lo fundamental, para solucionar una dificultad estamos pasando a llevar, en forma directa, la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y un principio que debiéramos mantener siempre: el relativo al carácter autónomo de los municipios.
A mi juicio, la medida propuesta en el proyecto no es buena. Además, genera discriminaciones odiosas, que nos van a provocar problemas adicionales.
Yo sugiero -no sé qué piensa el Ejecutivo al respecto- que se busque el camino simple: modificar la glosa y no entrar en disquisiciones que, al final, tal cual se presenta la iniciativa, llevan a dar una mala solución.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de dar la palabra al siguiente orador, dado que ha llegado la hora de término del Orden del Día, quiero solicitar el acuerdo de la Sala para prorrogarlo por una hora, según lo establece el artículo 97 del Reglamento.
Sus Señorías comprenden que, si no despachamos hoy el proyecto, tendré que citarlos para mañana, el sábado, el domingo o el lunes.

El señor ALLAMAND.- Haga lo que estime conveniente, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Hay acuerdo?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Hasta el despacho del proyecto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se prorrogará por una hora el Orden del Día.
--Así se acuerda.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, el proyecto es breve, pero muy complicado.
Al respecto, quiero dejar claro -debe estar en el informe- que hubo unanimidad en la aprobación de la idea de legislar, pero no sucedió lo mismo en la votación particular. Fui yo, precisamente, quien planteó la necesidad de discutir sobre el significado de lo que estamos votando, que es muy enredado.
La primera idea, quizás la más urgente -así lo entendí de lo dicho por el Subsecretario-, se halla en el artículo transitorio, que es de los más sui géneris que he visto en el Parlamento.
Antes de seguir y para que no exista duda alguna, hago presente que esta iniciativa se origina en una materia vinculada al Gobierno anterior -nada tiene que ver con la actual Administración-, relativa a un acuerdo con trabajadores. Lo digo para que no haya ninguna sospecha al respecto.
En el referido artículo transitorio se faculta excepcionalmente a las municipalidades del país para transferir recursos, por una sola vez, a empresas proveedoras de servicios de recolección de basura. Se sabe cuáles son desde el principio, con nombre y apellido, porque tal información debe estar publicada. Tal atribución operará, aunque en el hecho esas platas ya hayan sido transferidas.
No sé si me ha tocado ver en otro proyecto algo parecido a lo que aquí se propone: facultar a municipios para entregar fondos a ciertas empresas -esa es la realidad-, con la finalidad de pagar determinadas obligaciones.
Ni siquiera quiero entrar al tema planteado muy bien por la Senadora Van Rysselberghe sobre la autonomía municipal. Aquí siempre hemos reclamado en favor de este principio, con el objeto de que los recursos entregados a las municipalidades sean administrados por los alcaldes y concejales como estimen pertinente.
En definitiva, en la norma propuesta se dice: "Mire, le vamos a pasar este dinero, pero con un solo fin: transferirlo a tales empresas. No puede usarlo en otra cosa".
Ello obedece al dictamen que elaboró la Contraloría.
Me parece de sentido común -hablamos el punto con el Senador Larraín- que, si el problema es el carácter de la glosa respectiva, lo mejor es tratar de cambiar la Ley de Presupuestos en esa parte para hacer operativa la facultad, en lugar de generar una propuesta que intenta resolver el problema, pero que, al final, da curso a una forma de legislar que afecta la autonomía municipal y beneficia, claramente, a empresas -no han hecho nada malo- que están identificadas.
Creo que aquella fórmula apunta a una mejor solución.
Por último, respecto al artículo único, debo hacer presente que se han logrado consensuar normas -y funcionan- en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores.
Hay una ley que estipula cómo deben elaborarse las bases de licitación para todos los contratos de prestación de servicios a los que postulan todas las empresas vinculadas a los municipios. Y el nuevo inciso segundo que se agrega al artículo 6º define cuáles son los requisitos -me parece que está bien redactado; nadie lo ha discutido nunca- y establece que a partir de ahora "Tratándose de los contratos de prestación de servicios referidos a concesiones municipales de servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios," -solo para ese fin; he preguntado a distintos alcaldes que saben bastante más en esta materia, pues hay muchas actividades que son concesionadas: los parques, la iluminación, la limpieza de calles. Y por eso ignoro cuál es el criterio- "la ponderación del criterio referido a las mejores condiciones de empleo y remuneraciones no podrá ser inferior al 10% del total de la evaluación".
No tengo idea si lo correcto es 8, 12, 5 o 20 por ciento -no estoy discutiendo la cantidad-, pero sí me parece -y los alcaldes nos pueden ayudar un poquito más a entender este tema- que establecer un beneficio solo para un grupo de trabajadores y no para todos -cabe recordar que este proyecto rige para determinadas licitaciones, no para los funcionarios normales de un municipio- no ayuda a resolver un problema que todos queremos solucionar y estamos generando un precedente raro, por cuanto, con absoluta razón, otros servicios concesionados de trabajadores pueden pedir el 15 o el 5 por ciento de ponderación.
Entonces, aquí instauramos un principio y me parece que debemos hacer una segunda reflexión entre nosotros sobre el particular.
Este no es un tema de Derecha o Izquierda, de Gobierno u Oposición. Aquí se trata de ver cómo uno elabora las leyes para resolver los problemas que se nos plantean y no para generarle conflictos a mucha gente.
Insisto: queremos resolver el inconveniente surgido. Estamos todos en condiciones de hacerlo.
Sin embargo, creemos que la forma que se plantea está provocando al final más problemas que soluciones.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra al Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, a muchas de las preguntas realizadas por algunas Senadoras y algunos Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra -ya se ha dicho- es difícil darles respuesta, porque habría que consultar, más bien, a quienes fueron los actores que trajeron este problema a la Sala del Senado.
Por lo tanto, habría que preguntarle al entonces Ministro Andrés Chadwick por qué se procedió así en este caso o, en el paro de los portuarios, por qué actuó en esa forma el ex titular de Agricultura, donde a mi modo de ver se aplicó muy mal el principio de subsidiaridad del Estado conforme al cual este entra a responder por obligaciones que son del sector privado.
Ahora, ¿se pueden transferir recursos del sector público al privado? Claro. No se debe tal vez. Pero perfectamente puede hacerse si una ley lo autoriza. También es posible efectuar donaciones o entregar subvenciones. Sin embargo -reitero-, eso debe hacerse por medio de una ley.
Ahora, lo que pasó acá -todos lo sabemos- es que hubo un conflicto grave con el personal que trabaja en la recolección de basura y el aseo domiciliario, frente al cual el Gobierno y la Asociación Chilena de Municipalidades llegaron a un acuerdo que se tradujo en una glosa que se nos presentó en la Ley de Presupuestos. Y cuando discutimos dicho cuerpo legal el Subsecretario de Desarrollo Regional de ese momento, don Miguel Flores, nos dijo -me acuerdo bien- que estos 15 mil 691 millones de pesos se destinarían a solucionar este asunto. Y nosotros aprobamos esos recursos en el afán de buscar una solución a este problema.
A lo mejor se cometió el error de no haber especificado la norma que hoy día está objetando la Contraloría y lo que tenemos que hacer ahora es reparar nuestro error como Parlamento, pues nosotros mismos debimos observar el problema y haberlo corregido en ese instante. Y, en ese sentido, tiene razón el Senador Larraín cuando sostiene que hubiera sido más rápido resolver el punto sobre la glosa correspondiente de la Ley de Presupuestos, a la cual hoy día nos estamos refiriendo.
Sin embargo, todos sabemos -seamos francos- que si no aprobamos esta iniciativa legal se nos va a presentar nuevamente un conflicto con estos trabajadores, y estoy seguro de que aquí, en el Parlamento, vamos a tener que resolver, por la vía de la presión, legítima y de los hechos -y más en este caso-, un derecho de los trabajadores, quienes nos van a decir: "Nosotros hemos sido engañados porque de buena fe firmamos un acuerdo ante el Ministro del Interior y el Subsecretario, mediante el cual se nos aseguró que nos pagarían esa plata a través de los privados, que el Estado subvencionaría el arreglo de este conflicto y, además, que las bases de las propuestas se ajustarían a la norma que viene hoy día como artículo permanente y que se está objetando".
En consecuencia, nosotros no estamos atentando -como dijeron otros señores Senadores- contra la autonomía municipal, porque esto fue acordado con los municipios. Ellos participaron en esta negociación y llegaron a este mal acuerdo -como quieran llamarlo- que estableció esta ponderación del 10 por ciento como una manera de garantizar a los trabajadores que sus remuneraciones iban a ser respetadas, a fin de que no fueran sometidas a la tensión de una licitación donde el salario se convierte en el factor que hace la diferencia para ganarla.
Ese es el objetivo. Digámoslo con toda claridad.
Entonces, tenemos que ser consecuentes.
Personalmente, creo que esto sienta un pésimo precedente -no fue la única vez que el anterior Gobierno actuó de esta manera, pues al final procedió así en este caso y en el de los portuarios, y si hubiera seguido más tiempo a lo mejor nos habría traído tres o cuatro conflictos más-, porque resulta muy fácil solucionar los problemas con plata ajena, con dinero que no es propio y que solo se administra.
¡Por eso estamos metidos en este zapato chino! ¡Este muertito no es nuestro; le pertenece a otro!
No obstante, a mí me interesa resolver este asunto y evitar un conflicto.
Esa es la razón por la cual voto a favor del proyecto, pues creo que no hay otra solución, salvo que...

La señora ALLENDE (Presidenta).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Tiene treinta segundos adicionales.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Gracias, señora Presidenta.
Decía que no creo que haya otra solución, salvo que me dijeran que, aquí y ahora, se redactará una propuesta diferente que logre el objetivo de impedir un conflicto.
¡Desde este momento estoy disponible para ello!
Sin embargo, si no me presentan inmediatamente una forma de solución, soy partidario de no crear un conflicto de la magnitud del que tuvimos en el país con los trabajadores del aseo municipal, pues la ciudadanía no nos entendería.
Por esa razón votaré a favor, excepto que me digan que existe otra solución inmediata y que hoy día nos levantaremos de esta Sala resolviendo este problema que -insisto- no es nuestro, sino ajeno, pero estamos dispuestos a afrontarlo.
Gracias, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida y saludar al señor Ministro del Interior, don Rodrigo Peñailillo.
¡Bienvenido, señor Ministro!
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señora Presidenta, de verdad estamos frente a un proyecto inédito, a una situación nunca vista desde la recuperación de la democracia, donde un Gobierno toma recursos públicos para solucionar un problema privado.
Este es un muy mal precedente.
Creo que debimos resolver este asunto de un modo distinto. El tratamiento que en general el Estado y la legislación les dan a los trabajadores no solamente públicos, sino también privados es lo que debemos revisar.
Si se les presenta un problema a los concesionarios del servicio de recolección de basura, que no cumplen o no han querido cumplir de manera adecuada los compromisos con sus trabajadores y no desean poner recursos, ¿por qué el Estado tiene que resolverlo? ¿Por qué el Congreso debe aprobar un proyecto de ley para solucionar una negociación entre privados?
Es cierto que los municipios están de por medio, que se persigue el bien común, que se debe retirar la basura -todo lo que Sus Señorías quieran-, pero advierto que no existirá razón alguna para que de la misma manera como estamos interviniendo entre trabajadores y empresarios privados no procedamos igual con otro sector.
Entonces, considero muy extraño que aprobemos un proyecto de ley que no cuadra con nada de lo que hemos estado observando en otras iniciativas que dicen relación con los derechos laborales.
Me parece que deberíamos preguntarnos si no es hora ya de legislar en general en favor de los trabajadores que suscriben contratos con privados a través de las licitaciones.
¿Qué son las licitaciones que efectúa el Estado sino eludir la responsabilidad de este en el pago de los costos y de las condiciones laborales para que otros -los privados- estrujen el limón y negocien de mucho mejor manera con los trabajadores en contra de los derechos laborales?
Los trabajadores que prestan servicios de recolección de basura a los municipios llevaron adelante una paralización. De otra manera no tendríamos este proyecto aquí. ¿Y por qué debemos esperar la suspensión de faenas para elaborar una legislación laboral justa?
¿Por qué razón tenemos que hacer una excepción aquí diciendo: "Cuando se llame a licitación en el caso de los municipios para la recolección de basura, vamos a considerar que un 10 por ciento de la ponderación de la licitación dependerá de las condiciones laborales, del nivel de remuneraciones, del modo de reajustabilidad, de la extensión y flexibilidad de la jornada de trabajo, de la duración de los contratos, de la existencia de los incentivos"?
¿Por qué no lo hacemos también con la JUNAEB cuando contrata a las manipuladoras? ¿Por qué no operamos igual con otro tipo de contratos donde el Estado entrega bienes en concesión, en licitación a privados para que estos hagan la negociación con los trabajadores?
No me cuadra este proyecto, señora Presidenta, porque creo que está marcando un muy mal precedente, o un muy buen precedente. Porque si procedemos de la manera en que se está actuando aquí con estos trabajadores, por qué no lo hacemos con el resto.
Entonces, por las mismas razones que aducía el Senador Zaldívar, de que estamos frente a un conflicto serio, de que hay un compromiso del Estado con esos trabajadores, yo estoy por votarlo favorablemente, pero estableciendo la obligación de nuestro Gobierno y de este Parlamento de tramitar una nueva iniciativa que regule eficazmente los derechos laborales para todos los trabajadores.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, estimados colegas, he seguido atentamente el debate. Y quiero plantear a la Sala del Senado la pregunta que de alguna forma se encuentra en el aire: ¿Estamos aquí solucionando un problema o estamos agravando un problema y generando un precedente absolutamente funesto para este Congreso, para este Senado, y por qué no expresarlo, para el actual Gobierno?
A cualquier observador de esta discusión le resultaría completamente incomprensible la argumentación de algunos colegas, que señalan que esto sienta un precedente funesto. Un precedente es algo que a uno lo persigue, que, en definitiva, genera -por así decirlo- carácter desde el punto de vista de la resolución que se adopte.

El señor MONTES.- ¡Como el desalojo¿!

El señor ALLAMAND.- Entonces, ¿quién va a entender que todos sostengamos acá que el precedente es funesto y acto seguido votemos a favor? En verdad, ese es un razonamiento a lo Ionesco, completamente absurdo. Porque si el precedente es funesto, no tenemos que pronunciarnos a favor. ¿O alguien podría sostener que la Sala de la Cámara Alta, que se presume que razona adecuadamente, puede plantear que es un precedente funesto, negativo, y acto seguido votar a favor? Eso no está a la altura de la tradición del Senado.
No hay duda de que este es un problema que arranca en la Administración anterior. Pero me sorprende la pasividad con que algunos miembros de la coalición de Gobierno admiten esta situación. No lo entiendo. En el día de hoy hemos visto, por ejemplo, cómo se deja sin efecto una resolución del Consejo de Ministros en el caso de HidroAysén. Nos hemos impuesto de cómo la Presidenta de la República ha retirado de la tramitación legislativa un conjunto de proyectos porque simplemente considera que no son correctos. Pero acá, so pretexto de que existe un acuerdo de un Gobierno anterior, entonces este Congreso lo admite con total pasividad.
¿Cuál es ese precedente, señora Presidenta?
Que cualquier futuro Gobierno, en las postrimerías de su mandato o en alguna etapa de este, puede generar un acuerdo, de cualquier naturaleza, aunque sea totalmente inconcebible en sus términos -la imaginación puede ser frondosa-, y so pretexto de que lo hizo la Administración anterior, se supone que la que viene debiera aceptarlo sin chistar.
¿Ese es el precedente que esta Sala quiere dejar establecido, que no puede revisar un mal acuerdo realizado por un Gobierno anterior?
Tengo la impresión de que eso tampoco es correcto.
Y en cuanto al tema de fondo, que aquí se ha señalado, relativo al artículo 1º, simplemente me hago eco de las expresiones de los exalcaldes señora Van Rysselberghe y señor Ossandón. No hay duda de que la norma es particularmente compleja. Pero el artículo transitorio no solo es ininteligible, sino que sienta un precedente que no debemos aceptar.
¿Por qué no hablamos y decimos las cosas como son?
Lo que estamos expresando aquí es lo siguiente.
Si en ocho meses más se produce un conflicto laboral en empresas contratistas -estoy inventando- de los distintos Ministerios en el ámbito de aseo, y esto deviene en una movilización, en una toma y en una paralización laboral, ¿qué razón habría para no proceder exactamente de la misma manera en que se está actuando aquí, es decir, traspasando recursos públicos a empresas privadas para que estas cumplan determinadas obligaciones que tienen con sus trabajadores? Eso va a ocurrir si nosotros aceptamos pasivamente esta solución. ¿Y con qué argumento esta Sala podría sostener que en ese futuro hipotético, que no lo es tanto -el caso de los puertos está a la vuelta de la esquina-, no debiéramos aceptar esa modalidad sin chistar?
Entonces, señora Presidenta, para concluir, considero que no tenemos que admitir este precedente. Este es funesto, equivocado, y perjudicará al propio Gobierno de la Presidenta Bachelet.
No creo, a diferencia de lo que señala el Senador Zaldívar, que esto deba resolverse aquí y ahora, porque quizás es muy difícil. Pero tampoco pienso que deba aceptarse sin más, admitiendo que este es un precedente funesto, que tengamos que darle vía libre. Porque no es lógico. Y porque -reitero- el precedente va a perseguir a aquellos que voten a favor.
Habrá un espacio para encontrar una mejor solución que proteja los derechos de los trabajadores, pero que no siente este precedente funesto.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, este es un proyecto que viene de la Administración anterior. Y en los Gobiernos de la Concertación tampoco existió la capacidad para enfrentarlo, porque se trata de un problema enorme, gigantesco.
El Senador Coloma señala que es un problema complicado. ¡Claro! Por eso no lo resolvió la Concertación, y tampoco la Derecha. Y hoy estamos intentando solucionarlo por la puerta chica.
Las mejores condiciones de trabajo que se alegan en el proyecto dicen relación con que este es un sector que contempla 18 mil recolectores de basura, que corren al lado del camión 24 kilómetros al día, trabajando 16 horas diarias (llegan muy tarde a sus casas, porque los rellenos sanitarios quedan muy lejos). Si sumamos a los 12 mil que laboran en los rellenos sanitarios, se trata de un sector de 30 mil trabajadores a lo menos, que se encuentran en el ámbito de la contratación y licitación de 345 municipios.
No hay una sola norma que pueda ser cumplida, porque existe la variedad más amplia en las licitaciones. Concepción -la Senadora Van Rysselberghe lo sabe muy bien-, con 200 mil habitantes, suscribió un contrato por 98 millones. Y Coronel, con 100 mil habitantes, tiene un contrato de 198 millones. No hay norma alguna sobre el particular. Es la verdadera ley de la selva. Nadie regula las licitaciones. Y, al final, quienes pagan el costo son los trabajadores. Cuando se ajusta hacia abajo, los que asumen el costo son ellos.
Lo hemos manifestado: la recolección de basura, el agua, la electricidad debieran ser parte de los costos que asuma el Estado con los municipios de manera directa. Porque algunas municipalidades arrastran deudas desde hace años en el pago de aquellos servicios.
En ese sentido, tal vez las situaciones de ENAP y CODELCO deberían darnos una orientación.
Se trata de empresas estatales y ponen condiciones especiales para contratar trabajadores. Y se emplean recursos públicos. Son empresas estatales, algunas medio raras, pero lo son. ¿Por qué a los municipios no se les va a permitir condiciones especiales para contratar a los trabajadores? Creo que es el tema esencial en los contratos de licitación.
Pregúntenle a Longueira, ex Ministro de Economía, si hay o no experiencia anterior en cuanto a transferir recursos estatales a los privados.
¡Todos los costos sociales asociados a la Ley de Pesca los abordó el Estado! ¡No hubo contrato social! ¡Miles y miles de millones, en el 2001, en el 2002 y ahora, en el 2013, todos pagados por el Estado! ¡Toda la plata destinada, mediante SERNAPESCA, el FAP, a compensar a los tripulantes, a los pescadores artesanales, es estatal!
Y no digamos que la industria pesquera es pequeña: ¡genera muchísimos ingresos!
Entonces, uno reflexiona: "Esto no es nuevo. Ya lo hizo el ex Ministro de Economía, quien transfirió todos los recursos desde el Estado para resolver los problemas sociales de los trabajadores del sector pesquero".
Se hizo también con los portuarios.
Entonces, experiencias hay. Y se siguen repitiendo.
Señora Presidenta, la SUBDERE debiera generar una fórmula para que el pago se realizara directamente. Necesitamos regular la actividad de modo que haya un mínimo básico para las licitaciones.
Algunas empresas toman la basura y la convierten en electricidad. Hoy día muchos rellenos sanitarios están generando 22 a 23 megawatts. La resolución no lo contemplaba. Al principio se les entregaba la basura, que era un problema. Pero ahora ella constituye un buen negocio.
Por tanto, el proyecto que estamos aprobando ahora viene a parchar.
El problema es más de fondo. Radica en que no se quiere posibilitar que la actividad municipal en esa y otras áreas tenga regulaciones que favorezcan a los trabajadores.
Y después el debate será en el sentido de que no nos metamos con los municipios porque son autónomos.
A decir verdad, los derechos laborales deberían respetarse siempre.
Algunos municipios, señora Presidenta, no cobran por la extracción de basura: 90 por ciento de los habitantes de las comunas de bajos ingresos no pagan por dicho concepto. Por lo tanto, se trata de un costo adicional que asumen las municipalidades.
Pienso que el problema reside en los contratos de licitaciones: deben estar regulados.
En 2008 los trabajadores depositaron cerca de 10 toneladas de basura fuera de La Moneda, en plena Alameda, reclamando por sus derechos. Hoy vuelven a hacerlo.
Viví la experiencia de estar un día en Puente Alto -comuna de la circunscripción del Senador Ossandón- con los trabajadores recogiendo basura. ¡Es una pega con características inhumanas, de esclavitud, absolutamente violadora de los derechos humanos mínimos de esos servidores, quienes se exponen a todas las enfermedades imaginables!
Señora Presidenta, aquí cabe legislar sobre la cuestión de fondo. Vamos a aprobar este proyecto porque resuelve una situación puntual. Pero después deberemos ir a cómo licita cada municipio y a quitar la libertad de cada alcalde para hacerlo como quiere. Porque a ese respecto hay un grave problema.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, quiero decir brevemente cuatro cosas.
Primero: aquí nos hacemos los lesos en cuanto al problema más de fondo, cual es la crisis de la basura. Los municipios están desfinanciados, gastan buena parte de sus ingresos en ese rubro.
Aquello tiene bastante que ver con que, como país, también nos hemos hecho los lesos respecto a la necesidad de industrializar la basura.
En comparación con muchas otras naciones, nuestro nivel de desarrollo en aquel ámbito está bastante atrasado. Tenemos convenios con naciones europeas, pero no se han aplicado.
Este Gobierno y las futuras Administraciones, de una vez por todas, deberán avanzar en dicha línea, porque es lo que se halla en la base.
Los países que han industrializado la basura generan ingresos y generan empleos.
¿Por qué no lo ha hecho Chile?
Porque eso no lo realiza ningún privado: tiene origen en una empresa pública.
Vean en el Ministerio de Obras Públicas la cantidad de proyectos que se presentan y después no se ejecutan, incluso recomendando concesiones al respecto.
El segundo problema señalado acá es el de la autonomía municipal.
Se trata de una vieja discusión.
En Chile la autonomía municipal se enmarca dentro de la ley. Esta puede modificarla en muchos aspectos. La ley no debe inhibirse. Media un problema de quórum, probablemente. Pero ese es otro debate.
La ley es, entonces, la que determina la autonomía.
Aquello se discutió mucho en tiempos del Senador Díez, cuando se analizó la reforma municipal.
Ahora bien, les sugiero a los señores Senadores leer el segundo inciso del actual artículo 6° de la ley N° 19.886, que surgió de una coyuntura bien parecida a la actual.
Las manipuladoras de alimentos de la JUNAEB no percibían sueldo en enero y febrero. No encontrábamos la manera de solucionar el problema. Y se hicieron dos cosas. En el Presupuesto, por un lado, se le asignaron más recursos a la JUNAEB a base de un delta en los contratos con las empresas proveedoras por las nuevas licitaciones, y por otro, se le impuso a aquella la obligación de pagarles los meses de enero y febrero a sus trabajadoras.
Así quedó. Y aquí muchos deben de recordar lo que se legisló al respecto.
Incluso, el referido artículo 6° pone condiciones vinculadas con las bases de licitación.
Sí, puede estar mal redactado el precepto. Yo encuentro bien poco elegante su texto. Empero, apunta en el sentido de decir: "Le colocamos estos requisitos".
En mi concepto, eso cabe dentro de la autonomía municipal. Y si se quiere elevar el quórum de aprobación, es factible pensarlo. Porque la ley siempre puede afectar dicha autonomía.
Mi última reflexión, señora Presidenta, es sobre el artículo transitorio.
Toda la ley en proyecto está hecha para el mencionado precepto. Lo demás es relleno, o bien, cosas que podrían haberse planteado de otra manera.
El artículo transitorio tiene como propósito resolver un enredo en que nos hallamos metidos: primero, ya se está pagando el beneficio (y probablemente ya se pagó mucho), y segundo, el Contralor dictaminó que se encuentra mal pagado.
Entonces, se está buscando la manera de sanear aquello y decir que se puede hacer lo que se está haciendo.
Se faculta a los municipios para efectuar el pago. Eso es todo. A eso apunta la ley en proyecto.
Ahora, tampoco es elegante el artículo transitorio. Podría haberse redactado de muchas otras formas.
A mi entender, hay que aceptar esta iniciativa. Si no, tendremos problemas el 30 de marzo.
Podríamos aprobar solo el artículo transitorio, donde se establece la facultad para ahora, y exigir que se mejore la redacción de la norma permanente, pero incluyendo esta en otro proyecto.
Esa podría ser una línea de solución al conflicto.
Señora Presidenta, aquí se ha preguntado qué logramos con transferir recursos a los privados.
¡Cuidado!
La deuda subordinada de los bancos significó la transferencia de 2 mil millones de dólares a particulares.
En este momento tenemos la embarrada con Alicopsa y las empresas que abastecen a la JUNAEB: ¡están quebradas! ¿Y qué vamos a hacer? Bueno: ahí el Estado deberá asumir algo.
No dispongo de más tiempo. Solo quiero expresarles que el Presidente Obama, cuando enfrentó una situación análoga, les exigió a todas las empresas a las que les traspasó recursos para sanearlas y evitar su quiebra que pusieran una parte de sus propiedades a nombre del Estado.
Yo no digo que esa sea la fórmula. Pero a lo mejor hay que pensar esta situación de otra manera. Si no, los privados van a traspasarle cada vez más sus responsabilidades al Estado.
En este caso podrían haber sido transferencias a los municipios.
Pero, en verdad, no podemos llegar y actuar. A mi entender, eso es parte del debate que vamos a enfrentar en el sector portuario. Porque se trata de 25 millones de dólares: ¡son muchos recursos!
Voy a votar a favor del artículo transitorio porque considero que con él se resuelve el enredo de ahora. Y que el Gobierno nos presente una mejor fórmula para lo permanente.
Muchas gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero solicitarles a Sus Señorías considerar la posibilidad de acortar los discursos, pues nos va a pillar el término de la prórroga del Orden del Día que autorizó la Sala. Si no, deberé requerir la unanimidad necesaria para una nueva prórroga.

El señor LARRAÍN.- ¿Me permite, Su Señoría?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí, señor Senador.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, tal vez podríamos tener una reunión de Comités para ver la forma de resolver el problema.
Todos tenemos la mejor disposición para dar una solución jurídicamente buena y que zanje la cuestión política existente, que todos conocemos.
Hay algunos caminos. Y quizás una reunión de Comités nos podría alivianar la discusión en que estamos inmersos.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Me parece acertada su propuesta, señor Senador. La acojo, pero sin suspender la sesión, para que mientras tanto puedan intervenir los oradores que restan.
Cito, pues, a reunión de Comités.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, uno no puede abstraerse del contexto de la iniciativa que se nos presenta hoy día.
Ante todo, hay que señalar que este proyecto, como ya han expresado varios colegas, busca la solución de un problema puntual que se suscitó el año pasado producto de la huelga de los recolectores de basura. Todo el país se vio afectado a raíz de que dichos trabajadores estaban demandando de sus empleadores mejores condiciones laborales. Eso se tradujo en la firma de un compromiso, al que concurrieron alcaldes, a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, y el Gobierno de la época, con el objeto de mejorar las condiciones de trabajo de tales servidores.
En mi concepto, hay que separar esta iniciativa en dos partes.
Primero, el artículo transitorio, que a juicio de algunos colegas afecta la autonomía municipal. Yo estimo que no es así. Porque cuando uno mira la Constitución en su conjunto se da cuenta de que sus artículos 6° y 7° le permiten al legislador dictar leyes regulatorias de determinadas materias. Y aquí no se está limitando la autonomía municipal, sino, muy por el contrario, solucionando un problema práctico de muchos municipios por la vía de permitir que la Contraloría valide pagos que han efectuado.
Concuerdo, sí, con lo manifestado por los colegas de la Alianza en el sentido de que la redacción es bastante poco feliz. Resulta un tanto ininteligible, pues no precisa. Y eso puede ser motivo de problema
Por eso, le pido al Ejecutivo estudiar una fórmula concreta mediante la cual aclare que la transferencia dice relación con la glosa del Presupuesto aprobada el año pasado. Porque la redacción es genérica y susceptible de provocar dificultades. Además, la propia Contraloría podría representar las transferencias, dado que la norma no hace referencia expresa a la mencionada glosa, sino que habla de transferencias en términos generales.
En segundo lugar, pienso que detrás del artículo único del proyecto hay una sentida demanda de los subcontratistas de los municipios a los efectos de que se generen mejores condiciones laborales.
Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer cómo se manejan muchas veces las licitaciones municipales -mi padre fue alcalde durante diez años- sabemos que los contratistas tratan de ajustar los precios, para ir a la baja con la competencia, fundamentalmente en lo atinente a las condiciones laborales de quienes van a prestar el servicio.
En este caso, concuerdo en que se está registrando una discriminación con respecto a otros servicios concesionados de los municipios, algunos de los cuales son tanto o más complejos que el de recolección de basura: por ejemplo, el de mantención de áreas verdes o el de vigilancia.
En esa línea, uno esperaría que esta norma fuera aplicable a todo el sector de concesiones municipales. Porque acá no se está mutando la autonomía municipal, sino diciéndosele al alcalde: "Cuando vaya a las bases de licitación, este es un elemento a considerar", situación que el legislador perfectamente puede sostener.
Entiendo que tenemos premura en resolver la cuestión expuesta. Por esa razón, sin perjuicio de considerar que el proyecto presenta problemas de redacción, voy a concurrir con mi voto a aprobarlo.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, este ha sido un debate muy de fondo. Y creo que las observaciones hechas durante él por los distintos Senadores son complementarias.
Por mi parte, diré tres cosas sobre la materia.
En primer lugar, el principio de que el Estado entregue recursos para resolver conflictos entre privados significa entrar en un túnel cuyo final no conocemos.
¿Qué razón habría para que muchos otros trabajadores no plantearan legítimamente su deseo de un aumento de remuneraciones? Los empleadores privados les dirán que no tienen recursos. Finalmente, para evitar una huelga, el Estado terminará transando con el sector laboral.
En segundo lugar, obviamente, los trabajadores tienen un problema con sus remuneraciones.
Si uno sigue lo que se habló con los dirigentes verá que un alto porcentaje de municipios -quizás los que disponen de más recursos actúan de otra forma-, pudiendo hacer en las bases de licitación una ponderación mayor de las remuneraciones, pagan malos sueldos.
Entonces, si aquí se pusiera más el acento en pagar remuneraciones mejores o emolumentos que resultaran más acordes con el trabajo que se realiza y con un país que progresa, habría una realidad diferente.
Por lo tanto, existe un problema remuneracional.
Ahora, creo que lo señalado por el Senador Zaldívar es lo correcto: la solución debiera ir en una indicación modificatoria de la Ley de Presupuestos, porque se trata de una glosa de ella destinada a resolver el problema específico que nos ocupa. Así no se sentarían malos precedentes.
Me parece que el artículo 1°, en los términos en que está concebido, es lo más arbitrario que hay.
¿Por qué en el caso de los trabajadores en comento la ponderación no va a ser inferior a 10 por ciento -este porcentaje, en todo caso, me parece legítimo y justo- y en el de otros ello no sucederá?
Debemos, pues, adoptar un criterio sobre cuál va a ser la ponderación. Eso, si es que va a haber alguna.
Yo soy partidario de establecer que lo que se les paga a los trabajadores tenga una ponderación que asegure un incentivo para que las empresas remuneren mejor.
Ahora, en el artículo transitorio hay una omisión brutal. Fíjense en lo que dice: "Facúltase excepcionalmente a las municipalidades del país para transferir, por una sola vez, a empresas proveedoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, recursos que serán destinados¿".
¡Cuántos!
Se argumenta que se trata de los recursos que establece la Ley de Presupuestos.
¿Dónde se dice eso?
Esta es una normativa que en esa materia deroga la Ley de Presupuestos.
La Ley de Presupuestos es igual que otra. No tiene jerárquicamente ninguna diferencia con una ley común y corriente. Y la norma es que una ley posterior deroga la anterior.
El artículo transitorio no consigna a cuánto ascienden los recursos. Estos son ilimitados.
Esa disposición faculta para que el Estado les transfiera a las concesionarias los recursos que se le ocurran, sin límites.
¡Ese precedente es desastroso!
Señor Presidente, quiero agregar un punto para explicar la cuestión de fondo: además, ya se pagó la plata. Y lo dice el artículo transitorio al final.
Entonces, allí se está procediendo al saneamiento de un acto nulo. Porque se expresa: "ya se hayan entregado a las precitadas empresas con dicho fin.". O sea, ya se les dio el dinero.
En definitiva, se dice lo siguiente: "Si ya les pasaron plata, ahora estamos otorgando una autorización legal respecto de la plata que el Estado les hizo llegar a los municipios, que a su vez la transfirieron a las concesionarias". Pero la Contraloría les señaló: "Ese acto es nulo".
Aquí estamos, pues, saneando un acto nulo.
Señor Presidente, yo comparto la idea de que sentar aquello por ley así como está es un precedente que el día de mañana va a hacer mal. Y me convencieron los argumentos de los Senadores que lo expresaron con mucha claridad.
Por lo tanto, el proyecto, en los términos en que se halla concebido, me parece malo.
Segundo, debemos buscar una solución. Porque al final los únicos que van a perder serán los trabajadores, con quienes contrajeron un compromiso el Gobierno anterior y las municipalidades. Entonces, los trabajadores dirán: "No cumplieron lo acordado".
Por último, la fórmula que más me convence es la planteada por el Senador Zaldívar: que la solución se aborde mediante una enmienda puntual y excepcional al artículo pertinente de la Ley de Presupuestos.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, por supuesto, estoy con el ánimo de que se resuelva el problema de los trabajadores del aseo.
Yo no tengo ninguna duda de que cuando el entonces Subsecretario Miguel Flores llegó a acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades lo hizo pensando, por ser conocedor de la realidad de los municipios, en buscar una solución al endeudamiento de estos.
A las municipalidades -y no desde ahora, sino desde hace muchos años- cada vez se les traspasan mayores atribuciones sin financiamiento. Día a día hay exención del impuesto territorial. Muy poca gente paga los derechos de aseo y diversos tributos.
Por esa vía se llega a la triste realidad de que, cuando deben pagarles a las empresas que se adjudican concesiones, los municipios no disponen de recursos.
No tengo ninguna duda de que el Subsecretario Flores actuó de muy buena fe en procura de una solución.
Tampoco es culpa de las municipalidades que en la Ley de Presupuestos se aprobaran 15 mil y tantos millones de pesos y que se haya redactado mal la glosa pertinente.
Aquí hay que buscar una solución efectiva. Porque los municipios arrastran otra serie de problemas, derivados de malas redacciones o de interpretaciones que a veces hace la Contraloría.
Por ejemplo, en el incentivo previsional hay un lío tremendo, de marca mayor. La mayoría de los alcaldes y de los concejos tienen juicios de cuentas. Y está también el famoso bono de la educación.
¿Cuándo vamos a solucionar esos problemas?
Por eso a veces resulta muy fácil denigrar a los municipios, desprestigiar su labor. Pero no se dan cuenta de que nosotros mismos, el Estado, la sociedad chilena nunca les hemos dado facultades reales para que se desenvuelvan de buena forma.
Voy a votar a favor de la solución propuesta, pues creo que los trabajadores no tienen por qué seguir pagando el pato.
Si están los recursos, ojalá que en la reunión de Comités se busque una fórmula legal y salgamos de este embrollo.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Gracias, señor Presidente, pero prefiero esperar la resolución que adopten los Comités, que se reunieron para intentar una propuesta mejor.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en estos momentos se está celebrando una reunión de los Comités con el Ejecutivo para buscar una salida legal que permita solucionar el conflicto. Porque aquí hay un conflicto declarado, y todos esperamos que se resuelva.
Aprovecho la oportunidad para señalar que en esta materia no existen precedentes en leyes, pero sí en hechos.
Recuerdo, por ejemplo, la huelga de los trabajadores contratistas de CODELCO. ¿Qué ocurrió? ¿A quiénes tuvo que entregarles más plata CODELCO? A las empresas contratistas, para que la hicieran llegar a sus trabajadores. Y así fue como se solucionó la huelga ocurrida hace dos años en la minera estatal, que involucró a El Teniente y otras divisiones.
Por lo tanto, no es correcto sostener que no existen precedentes, porque sí los hay. Lo que pasa es que no hubo ley. Como CODELCO le pertenece al Estado, este transfirió los recursos directamente a las empresas contratistas. ¿Por qué? Porque hubo presión social, porque hay diferencias entre los trabajadores de los contratistas y los de planta, y sabemos bien que se trata de un conflicto que se va a seguir desatando. Esa es la realidad que está ocurriendo en la empresa más importante del país.
En tal sentido, creo que este precedente no puede ser legal. Hay que buscar una salida, tal como lo han planteado todos -no sé si habrá alguna excepción-, para que en una glosa de la Ley de Presupuestos se incorpore una indicación a fin de que la Contraloría autorice la entrega de los recursos a los municipios.
De otro lado, señor Presidente, quiero aprovechar estos minutos para hablar un poco del futuro.
¿Creerá la gente de nuestro país que los municipios realizan la recolección de residuos de la mejor forma que les es posible? ¿Se reciclan los desechos? Tenemos que tener una política distinta de aquella que nos señala la historia.
En mi región, un tercio de los municipios ni siquiera paga el relleno sanitario, ya que carecen de recursos. Es un tema complejo. Yo imagino que el resto de las regiones deben enfrentar problemas semejantes. Porque lo último que se paga, al final, es donde se depositan los rellenos sanitarios.
Debemos tener una política de Estado que nos permita reciclar, aprovechar todos los recursos que se vierten en los vertederos para tener la posibilidad de llevar a cabo nuevos negocios. La Asociación Chilena de Municipalidades o los propios municipios, muchos de los cuales son dueños de rellenos sanitarios, podrían recuperar plásticos y todo lo que fuese útil, extraer gas, etcétera, con el fin de generar fondos que les sirvieran a ellos mismos.
Señor Presidente, la situación de quienes trabajan en estas empresas, tal como plantearon otros señores Senadores, dista de ser buena. Por eso, debemos buscar una salida, respetando la autonomía de los municipios, con el objeto de entregarles lo mejor a futuro a los que más lo necesitan. Algunos se hallan en condición de bancarrota, tienen problemas, sobre todo los rurales, que no disponen de plata ni siquiera para traspasarla a educación o salud. Varios de los señores Senadores, en su calidad de exalcaldes, conocen la realidad que presentan nuestras regiones.
En consecuencia, espero que luego de la reunión que están sosteniendo los Comités con el Ejecutivo surja una solución legal, que no sea discriminatoria, para no sentar un mal precedente que el país tenga que pagar muy caro.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- A continuación, se encuentra inscrita la Senadora señora Van Rysselberghe, para su segunda intervención.
Su Señoría dispone de un par de minutos.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Gracias, señor Presidente.
Solo voy a referirme a dos cosas muy puntuales.
La primera es que no deseo que quede en el aire, después de mi primera intervención, la no valoración del trabajo de las personas que se dedican a la recolección de basura.
Efectivamente, es una labor en extremo pesada y quizás lo que hay que hacer, más que regular la forma en que operan los municipios, normando el tema de las licitaciones, que debiera ser un aspecto que tendrían que ver los concejos municipales con sus respectivos alcaldes, es considerar la actividad de la recolección de basura como trabajo pesado; normarla por otra vía, porque, efectivamente, se trata de una tarea compleja, que genera un desgaste adicional y que presenta características difíciles para las personas que la desarrollan.
En segundo lugar, el Estado, como sostuvieron algunos Senadores, les pasa platas a privados. Pero en este caso la situación es muy particular, pues les estaría entregando recursos a particulares respecto de servicios que fueron licitados, sin considerar que compitieron distintas empresas con reglas del juego ya establecidas. Y al meter platas adicionales lo que estaríamos haciendo nosotros es cambiar esas reglas, lo cual generaría una situación bastante compleja.
Así que me alegro enormemente de que se esté buscando una solución alternativa para resolver el problema que se generó en su minuto, sin alterar la autonomía de las municipalidades, puesto que ellas son, en definitiva, el eslabón más cercano a la gente, las entidades con las cuales esta se identifica, a las que acude a diario y a las que, al final del día, les cobra una mala gestión realizada.
De otra parte, espero que con una norma legal razonable se pueda resolver el problema generado, el cual, sin duda, podría sentar precedente para otros conflictos.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, quiero dejar claro que, como Senador y "municipalista", soy gran defensor de la autonomía municipal. Pero, desgraciadamente, la realidad nos dice otra cosa. Ella nos señala que, debido a la carencia de recursos, hoy día, de alguna manera, el costo de dicha autonomía se carga a los trabajadores.
Por eso apoyo la iniciativa, aunque me hubiera gustado que sus alcances también se hubiesen extendido al área de las concesiones.
En castellano simple, ello significa que de algún modo los municipios se vean obligados, sin afectar su autonomía en gran profundidad, a ponderar un poco más alto el tema laboral.
Cuando uno tiene problemas económicos y dispone de poco dinero, como le ocurre a la mayoría de las municipalidades, debe darle alta ponderación a la oferta económica, porque no tiene más para pagar. Esto, de alguna forma, ayudaría -si se estudia y se hace con mucho cuidado- a limitar, indirectamente, la posibilidad de que se pague el sueldo mínimo en concesiones municipales.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, en este pequeño interludio que se ha producido, simplemente quiero dejar constancia, para los efectos del debate que hemos tenido, que ninguno de los juicios que he expresado han puesto en entredicho, por así decirlo, la legitimidad de las demandas de los trabajadores de las empresas recolectoras de aseo.
Tal como aquí se ha señalado, en muchos casos se trabaja en condiciones particularmente complejas, con remuneraciones que no son las más adecuadas. Y de la propia conversación y del intercambio de puntos de vista han surgido ya algunas iniciativas en términos de que podrían mejorarse dichas condiciones.
Lo que yo he cuestionado es un asunto de principios, en el sentido de que estamos generando un pésimo precedente y, por cierto, una cierta resignación de la Sala en cuanto a encontrar un mecanismo más adecuado para resolver el problema.
Señor Presidente, creo que intelectualmente no es correcto que todos coincidamos en que la fórmula legislativa es un precedente funesto y, acto seguido, simple y pasivamente votemos a favor. Eso no lo entiende nadie. Tiene que ser posible encontrar una solución mejor.
Yo insisto en el concepto de precedente.
Establecer una fórmula a todas luces incorrecta, llena de incentivos perversos, no es gratis desde el punto de vista de los conflictos que se gatillan o de los incentivos que se generan.
La señal que aquí se está dando en orden a aceptar simplemente esta fórmula de negociación y esta manera de resolver los problemas va a significar un pesado lastre para el futuro del actual Gobierno y de las Administraciones que vengan.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Voy a suspender la sesión por un par de minutos con el objeto de esperar que termine la reunión de Comités, los cuales están tratando de llegar a un acuerdo que permita encontrar la mejor manera de despachar este proyecto.
Se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 20:14.
--Se reanudó a las 20:17.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Continúa la sesión.
Les pido a los Senadores señores Zaldívar y Larraín que se refieran al acuerdo político a que acaban de llegar los Comités.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, efectivamente, tratando de buscar una salida, una solución a un problema en el que, por supuesto, vamos a mantener nuestra observación en cuanto al fondo -esto es, que no es lógico que con recursos públicos se resuelvan problemas privados-, y hablando con el Subsecretario, llegamos a un acuerdo -creo que también podemos lograrlo aquí- consistente en: primero, no aprobar el artículo único, dejándolo pendiente hasta que el Gobierno, respondiendo a la observación que se ha formulado, presente una disposición legal general, que no se refiera a un solo sector; y segundo, aprobar el artículo transitorio tal como está, por cuanto no tenemos iniciativa para modificarlo ni tampoco facultad para enmendar la Ley de Presupuestos. Además, esta modificación tendría que iniciar su trámite en la Cámara de Diputados, como ocurre con todas las materias presupuestarias e impositivas.
Por lo tanto, se trata de aprobar el artículo transitorio, dejando constancia en la fundamentación de voto, conforme a lo convenido con el Senador Larraín y los demás que participaron en la reunión, de que esta disposición se aprueba para dar cumplimiento a la letra b) de la glosa tanto del Presupuesto. Según afirman los asesores del Ministro del Interior, la Contraloría ha señalado que basta con una relación en la historia de la ley en cuanto a que los fondos -los 15 mil millones- se hallan previstos en la Ley de Presupuestos y están en manos de las municipalidades. Algunas ya han pagado, mal pagado, y otras no lo van a hacer, por la observación de la Contraloría.
De esa forma podemos darle una salida, una solución a este proyecto, que tendrá que pasar a la Cámara de Diputados a su tercer trámite.
Luego se vería el artículo único, que aquí vamos a dejar sin efecto.
Ese es el acuerdo.
Creo que el Senador Larraín coincidirá conmigo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, efectivamente, tal cual lo ha señalado el Senador Zaldívar, creo que hemos logrado una fórmula de solución.
En primer término, por lo menos nosotros queremos dejar constancia de que valoramos el espíritu con que el Ejecutivo ha presentado esta iniciativa, que busca enfrentar un problema, generado por una situación política resuelta de una manera que obviamente sienta un mal precedente, pero que tenemos que solucionar. Lamentablemente, la fórmula, como lo hemos conversado, no parece ser satisfactoria.
Sin embargo, si se excluye de esta discusión el tema de fondo y el Ejecutivo asume para más adelante la presentación de un proyecto que lo resuelva, genéricamente, sin incurrir en discriminaciones ni en conflictos con la autonomía municipal, podremos analizar ese proyecto en su mérito en otra oportunidad. Hoy por hoy, creemos necesario zanjar el reparo planteado por la Contraloría: que la glosa no es suficientemente específica para poder autorizar el giro de los recursos. No obstante, la disposición transitoria lo permite.
Por lo tanto, lo que debemos hacer es acoger en general el proyecto y, en la discusión particular, rechazar el artículo único y aprobar el artículo transitorio, fundamentando esta aprobación en la circunstancia de que el mensaje establece que la presente iniciativa viene a autorizar, en la norma transitoria, "que los recursos transferidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional a las municipalidades del país mediante la Resolución N° 312, de 23 de diciembre de 2013, lo sean a su vez a las empresas proveedoras del servicio de extracción de basura, con el fin de que éstas los transfieran a sus trabajadores".
Ese contenido del mensaje es el que se hace cargo directo, a través de la resolución, del reparo de la Contraloría.
Por lo que nos han señalado desde el Ministerio del Interior, con esa precisión y esa fundamentación, de alguna manera interpretativa y de la que quedará constancia en la historia de la ley -nosotros nos preocuparemos de que así sea-, la aprobación de la norma transitoria resolvería el problema.
Ahora, si la Cámara de Diputados despacha el texto en los mismos términos, el tema quedaría debidamente resuelto, sin problemas jurídicos o constitucionales que pudieran generar un conflicto. El precedente está. Es un problema del cual nos tendremos que hacer cargo como país, porque lo hemos hecho mal en esta materia. Pero aquello resolvería el escollo jurídico de inmediato. Ya no necesitaríamos más discusión, porque creo que todos estamos de acuerdo en solucionar de alguna manera la situación, y la mejor fórmula es la que he descrito: aprobar la disposición transitoria con la debida fundamentación, para que quede constancia en la historia de la ley y la Contraloría pueda interpretarla en forma correcta, permitiendo el pago de recursos que ya están en poder de los municipios.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
Después de su intervención pondré en votación general el proyecto.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, si hay reunión de Comités, se debe escuchar a todos los Comités. Y en este caso hay uno que no estuvo conforme con el acuerdo a que se llegó.
Aquí hay dos artículos. Uno es el referido a la glosa y por el cual se transferirían más de 15 mil millones de pesos a empresas privadas para dárselos a los trabajadores sin tocar nada de sus utilidades. Y hay un segundo elemento que salva el tema de fondo.
Cuando en el artículo único se señala que la ponderación de las condiciones de trabajo valdrá 10 por ciento, es porque las más de 20 licitaciones que vienen en el país se van a efectuar con una ponderación que no contempla tales factores. Y nuevamente habrá remuneraciones muy bajas para los trabajadores y vamos a engendrar el mismo problema que hoy día intentamos resolver parcialmente.
La inclusión del artículo único busca que a partir de aquí no volvamos a repetir este "numerito" de andar transfiriendo plata del Estado a empresas privadas que, obteniendo grandes o medianas utilidades, no les pagan bien a sus trabajadores.
Entonces, si eliminamos la ponderación en el contrato, que permitiría tratar mejor a los trabajadores al asegurarles al menos el 10 por ciento de la evaluación y elevar las condiciones de la oferta, en el fondo lo que les estaremos diciendo a las empresas es: "En todos los contratos que vengan, páguenles lo que quieran", porque este aspecto ya no estaría ponderado obligadamente en la licitación.
Por lo tanto, se nos va a producir el mismo problema, porque las empresas podrán pensar que después les aprobarán otros 15 mil millones.
Por eso, no logro comprender la eliminación del artículo único. Algunos me dicen: "Es que el 10 por ciento es poco". ¡No! Yo creo que lo que hay es un no confesado intento de que no exista ninguna interferencia en las contrataciones de privados con el Estado o con los municipios, de que en definitiva exista plena libertad.
Estamos cediendo 15 mil millones de pesos para corregir un error que hoy día está en las bases de licitación. Y no estamos agregando ningún elemento normativo. He conversado con el señor Subsecretario, quien me ha señalado: "Mandaremos un proyecto de ley". Yo quiero decir que hoy aprobamos el pago de 15 mil millones por la presión de que, si no lo hacemos, habrá una paralización de los trabajadores de la basura y, consiguientemente, una emergencia sanitaria.
Sin embargo, cuando discutamos solo el tema administrativo de la ponderación, no se va a lograr este consenso, porque esa presión ya no existirá.
Por lo mismo, claramente voy a votar a favor del 10 por ciento. La única duda que me cabe, claro, es que esa ponderación, correspondiente a las remuneraciones de los trabajadores, podría ser del 20 por ciento.
Quiero señalar que eso está en los contratos del Estado. ¡Por favor! ¡Está en ENAP, está en CODELCO!
Cuando realizan contratos, las instituciones estatales hacen una ponderación: evalúan cómo trata la empresa a sus trabajadores y sobre eso se la califica.
En este caso, estamos incorporando un criterio para evaluarlas. Algunas tratan bien a sus trabajadores; otras, mal. A estas últimas hoy día las parchamos con 15 mil millones de pesos.
No comprendo la eliminación de la norma relativa al 10 por ciento de ponderación, ya que quedamos en las mismas condiciones. A partir de ahora, todas las licitaciones van a generar libertad plena de acción, no se mejorarán las condiciones y, por lo tanto, se repetirá este ciclo y nuevamente tendrá que suplementar el Estado.
Señora Presidenta, el Subsecretario dijo que va a mandar un proyecto de ley, y le creo. Pero deseo escuchar el compromiso de la Derecha, de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI de que lo van a aprobar, porque después las cosas en frío cambian. En su texto deben regularse los contratos entre los municipios y los servidores o prestadores de servicios en diversos ámbitos -como decía el Senador Coloma-, no solo en el de recolección de basura, y en tales contratos la ponderación en comento debe ser relevante, a fin de obligar a los concesionarios a mantener buenas relaciones y condiciones laborales.
Debo decir que, cuando intentamos incorporar en la iniciativa sobre televisión digital la exigencia del cumplimiento de las normas laborales, los parlamentarios de enfrente votaron todos en contra, argumentando que no se debía incorporar esa materia en la ley respectiva para el sano cumplimiento de la concesión.
Entonces, tenemos experiencia en este tema.
Solo deseo agregar que espero que cuando se envíe el proyecto a que me referí -tengo la convicción de que el Gobierno, el Subsecretario, lo van a hacer- se reúnan los votos para aprobarlo en el Senado, porque vamos a estar trabajando para resolver el problema de fondo y no para tramitar un parche como el que estamos obligados a despachar ahora.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor COLOMA.- ¿No íbamos a votar?

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, votemos.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, procedamos a votar.
Solo quiero señalar que se hace un esfuerzo para llegar a ciertos entendimientos, pero la verdad -lo digo sin referirme a nadie en particular; saquen sus conclusiones- no me parece bien que alguien se arrogue la defensa permanente de un sector de los trabajadores de Chile.
No tengo ninguna dificultad en que el Gobierno envíe un proyecto de ley sobre esta materia, pero debe hacerse extensivo a muchos trabajadores y no a un grupo reducido, pues esto es muy injusto y se halla mal hecho.
Ese es todo el problema.
Les pido a esas personas que sean coherentes en este punto. Estamos abogando por todos los trabajadores, no solo por un sector.
En esta materia yo hablo por mí, que quede claro. Porque ya empieza a ser molesto este asunto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Creo francamente que llegó la hora de someter a votación esta iniciativa.
Solo le quiero decir al Senador señor Navarro que él sí participó en la reunión de Comités y expresó su opinión. En consecuencia, no puede decir que, como el acuerdo no incluye a todos los Comités, no estuvo presente.

El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señora Presidenta?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdone, señor Senador, pero usted dijo que no había sido considerado. Tiene todo el derecho a argumentar y le di tiempo para ello, pero lo cierto es que estuvo presente en la reunión de Comités y, por lo tanto¿

El señor NAVARRO.- ¡El acuerdo no fue unánime, sino de mayoría!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Estamos claros en que no lo fue. Pero usted participó en la reunión.
Nadie ha dicho hasta ahora que fue un acuerdo unánime, solo se ha dicho que fue "un acuerdo de Comités".
Obviamente, ya quedó bastante claro que usted no se pronunció a favor de él.
En votación general el proyecto.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Lagos, Larraín (don Hernán), Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Allamand.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde realizar la votación en particular.
El acuerdo mayoritario de los Comités se tomaría como indicación para suprimir el artículo único.
Está claro.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- La señora Presidenta someterá a votación la indicación acordada por la mayoría de los Comités consistente en suprimir el artículo único.

El señor LARRAÍN.- ¿Hay que votar a favor?

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Los Comités que participaron del acuerdo deben votar a favor de la indicación para eliminar el artículo único.

El señor LARRAÍN.- ¿Estamos votando la indicación?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Estamos votando el acuerdo de Comités, a manera de indicación, que propone suprimir el artículo único.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar, antes de proceder a la votación.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, ¿vamos a votar el artículo transitorio?

El señor PROKURICA.- No: la indicación.

El señor PIZARRO.- Ambas normas: se suprime el artículo único y se aprueba el transitorio.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Vamos a aprobar el transitorio ahora?

El señor LARRAÍN.- ¡Se va a aprobar la indicación!

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Se someterá a votación la indicación para suprimir el artículo único.
El artículo transitorio no ha sido objeto de indicaciones, por lo cual se declarará aprobado al terminar la votación que se realizará en seguida.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación la indicación emanada del acuerdo de Comités consistente en suprimir el artículo único.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba la indicación y queda eliminado el artículo único (22 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones); por no haber sido objeto de indicaciones, se aprueba también el artículo transitorio, y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Lagos, Larraín (don Hernán), Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Navarro.
Se abstuvieron la señora Muñoz y los señores Guillier y Harboe.

El señor DE URRESTI.- ¿Podría consignar mi abstención, señora Presidenta?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dejará constancia de la intención de abstenerse del Honorable señor Alfonso de Urresti.

Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, me gustaría que se consignara que la aprobación del artículo transitorio, tal cual lo conversamos, implica que, como se señala en los objetivos de este proyecto de ley, los recursos de la Resolución N° 312, de 23 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, podrán ser transferidos en los términos señalados en la Ley de Presupuestos, con lo cual se genera el nexo que permite evitar el reparo planteado sobre el particular por la Contraloría y, de esa manera, que los municipios paguen a los trabajadores en virtud del acuerdo que solucionó el conflicto con los recolectores de basura.
Quiero que esa interpretación le dé el Senado a la aprobación del artículo transitorio, a fin de evitar futuras dudas del órgano contralor.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, intervengo en el mismo sentido.
Sin embargo, debe quedar constancia de que el acuerdo relativo a la Resolución N° 312 es de la Sala y no de un solo Senador -que la Secretaría lo redacte en la forma que corresponda-, de tal manera que la Contraloría tenga fundamento para dar aplicación al artículo transitorio que acaba de declararse aprobado.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de dar la palabra al Senador señor García, que también forma parte del acuerdo, debo manifestar que sí está claro lo señalado por los Honorables señores Zaldívar y Larraín: este es un acuerdo de la Sala.
Es muy importante expresarlo, al efecto de que el órgano contralor considere este acuerdo para que se pueda proceder a la autorización de los pagos.
Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, simplemente deseo profundizar en lo que se ha denominado "acuerdo de la Sala", y señalar que los recursos a los que hace referencia este artículo transitorio recién aprobado figuran en el Ítem 03403 Municipalidades, Programa 03, Programas de Desarrollo Local, Capítulo 05, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Esos recursos, contemplados en la Partida Ministerio del Interior, Capítulo Subsecretaría de Desarrollo Regional, Programas de Desarrollo Local, Subtítulo Transferencias Corrientes, Ítem Municipalidades, distribuidos por la Resolución N° 312, son los que se permite transferir a las empresas concesionarias de los servicios de basura.

El señor MONTES.- Pido la palabra.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Reitero que es muy importante dejar constancia en la Versión Oficial de que esta es la decisión de la Sala del Senado, a fin de que quede en la historia fidedigna de la ley y la Contraloría tenga los antecedentes suficientes para autorizar los pagos.
Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, no estoy a favor de que el acuerdo haga referencia a la Ley de Presupuestos como tal, porque me parece que la discusión de cualquier alusión a esa normativa tiene otro procedimiento y otra discusión.
Está clarito en los objetivos del proyecto: "autorizar que los recursos transferidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional a las municipalidades del país mediante la Resolución".
De lo que se trata es de legitimar esa resolución, que entregó recursos desde la Subsecretaría a las municipalidades.
Yo no aludiría aquí a la discusión presupuestaria. Ese es otro debate.
Lo que corresponde es hacer referencia solo a la Resolución N° 312, de 23 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Con eso basta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, si hubiera acuerdo, en la aprobación del artículo transitorio se haría referencia solo a la Resolución N° 312, ya citada.
Acordado.
Se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.


PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor DE URRESTI:
Al señor Ministro de Educación, pidiéndole informar sobre OBSERVACIONES DE CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES A NUEVA UBICACIÓN DE PROYECTO BANDERA BICENTENARIO, EN VALDIVIA; a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, relativo a FACTIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE OFICINA DE SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN DECIMOCUARTA REGIÓN; al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole indicar si se necesita o no ENVÍO DE OTRO PROYECTO PARA NUEVO EMPLAZAMIENTO DE BANDERA BICENTENARIO EN VALDIVIA; a la señora Ministra de Salud, requiriéndole antecedentes acerca de PLAZOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE BASE SAMU EN COMUNAS DE PAILLACO Y RÍO BUENO Y FISCALIZACIONES REALIZADAS POR INTOXICACIONES DE PERSONAS EN REGIÓN DE LOS RÍOS, JUNTO CON MEDIDAS ADOPTADAS; al señor Ministro del Medio Ambiente, pidiéndole información referente a PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE VALDIVIA y ACCIONES QUE IMPULSARÁ PARA ABORDAR ESE PROBLEMA EN TODO EL PAÍS; al señor Fiscal Nacional, para que remita antecedentes sobre DENUNCIAS POR DELITOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR INGRESADAS A LAS FISCALÍAS DE REGIÓN DE LOS RÍOS ENTRE 2008 Y 2013, Y MEDIDAS TOMADAS; al señor Director Nacional de CONAF, a fin de que informe acerca de TALA ILEGAL DE BOSQUE NATIVO EN RÍO BUENO, PROVINCIA DE RANCO; al señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, consultándole respecto a REEVALUACIÓN DE RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTO DE PISCICULTURA EN LAGO CALCURRUPE, EN FUTRONO, y al señor Presidente (s) de CONICYT, referente a CONCRECIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO EN DECIMOCUARTA REGIÓN.
Del señor GARCÍA:
A la señora Ministra de Salud y a los señores Ministros de Justicia y del Medio Ambiente, y al señor Alcalde de Temuco, solicitándoles TRASLADO DE NIÑOS QUE VIVEN EN VERTEDERO BOYECO, DE TEMUCO, Y ELIMINACIÓN DE ESTE FOCO DE DROGADICCIÓN.
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--Se levantó la sesión a las 20:35.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción