REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 362ª
Sesión 5ª, en miércoles 2 de abril de 2014
Ordinaria
(De 16:17 a 20:23)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ISABEL ALLENDE BUSSI, PRESIDENTA,
Y SEÑOR EUGENIO TUMA ZEDAN, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 16 señores Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dan por aprobadas las actas de la sesiones 2ª y 3ª, ordinarias, en 18 y 19 de marzo del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia de dos resoluciones que dictó en los requerimientos de inconstitucionalidad que a continuación se especifican:

1.- El presentado por un grupo de Senadores, que representan más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio de la Cámara Alta, respecto a la actuación de la Honorable Cámara de Diputados que declaró la inadmisibilidad de observaciones del Presidente de la República recaídas en el proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín N° 6.190-19).

2.- El interpuesto por un grupo de Diputados, que representan más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio de la Cámara Baja, acerca del decreto supremo Nº 153, de 13 de septiembre de 2013, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre de 2013, que aprueba el reglamento sobre manifestación expresa de la aceptación del consumidor en contratos de adhesión de productos y servicios financieros.
--Se toma conocimiento.
De los señores Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional:
Rinden informe anual en cuanto a entrada de tropas extranjeras en el territorio de la república y a salida de tropas nacionales, con arreglo al artículo 18 de la ley N° 19.067, modificada por la ley N° 20.297.
--Se toma conocimiento y se remiten copias del documento a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.
Moción
De los Senadores señores Bianchi, Guillier, Horvath y Rossi, con la que se da inicio a un proyecto que modifica la ley N° 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, a fin de extender sus medidas preventivas al área contigua a las cajas de los establecimientos de comercio que señala (boletín N° 9.291-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
Solicitud
De la señora Lidia Rosa Pradines Pradines, mediante la cual requiere la rehabilitación de su ciudadanía conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 17 de la Constitución Política de la República (boletín Nº S 1.643-04).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Comunicaciones
De las diecisiete Comisiones permanentes de la Corporación que se señalan, con las que se informa la elección de sus Presidentes:
Comisión de Agricultura, Senador señor Iván Moreira Barros.
Comisión de Defensa Nacional, Senador señor Baldo Prokurica Prokurica.
Comisión de Economía, Senador señor Jorge Pizarro Soto.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Senador señor Fulvio Rossi Ciocca.
Comisión de Hacienda, Senador señor Ricardo Lagos Weber.
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, Senador señor Rabindranath Quinteros Lara.
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador señor Felipe Harboe Bascuñán.
Comisión de Minería y Energía, Senador señor Alejandro Guillier Álvarez.
Comisión de Obras Públicas, Senador señor Jaime Quintana Leal.
Comisión de Relaciones Exteriores, Senador señor Juan Pablo Letelier Morel.
Comisión de Salud, Senador señor Guido Girardi Lavín.
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, Senador señor Patricio Walker Prieto.
Comisión de Trabajo y Previsión Social, Senadora señora Adriana Muñoz D'Albora.
Comisión de Vivienda y Urbanismo, Senador señor Carlos Montes Cisternas.
Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, Senador señor Manuel José Ossandón Irarrázabal.
Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, Senador señor Patricio Walker Prieto.
Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, Senadora señora Jacqueline van Rysselberghe Herrera.
--Se toma conocimiento.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Debo informarles a Sus Señorías que también se constituyó la Comisión de Desafíos del Futuro, integrada por los Senadores señor Girardi, señora Goic, señor De Urresti, señora Von Baer y señor Chahuán.
V. ORDEN DEL DÍA



MODIFICACIÓN DE LEGISLACIÓN EN MATERIA DE POSESIÓN, TENENCIA Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO


La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde discutir en particular el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 17.798, de Control de Armas, y el Código Procesal Penal, con urgencia calificada de "simple" y segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6201-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 46ª, en 30 de agosto de 2011.
Informes de Comisión:
Defensa Nacional: sesión 63ª, en 20 de noviembre de 2012.
Defensa Nacional (segundo): sesión 92ª, en 5 de marzo de 2014.
Discusión:
Sesiones 89ª, en 19 de diciembre de 2012 (queda para segunda discusión); 91ª, en 2 de enero de 2013 (se aprueba en general).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 2 de enero de 2013.
En su segundo informe, la Comisión de Defensa Nacional deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones o modificaciones.
Dicho órgano técnico efectuó una serie de enmiendas al texto aprobado en general, la mayor parte de las cuales acogió por unanimidad, con excepción de las que se pondrán en discusión y votación oportunamente.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben votarse sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión o que existan indicaciones renovadas.
De las modificaciones unánimes, la recaída en el N° 3 del artículo 1° debe aprobarse con 19 votos favorables, por incidir en normas de quórum calificado.
Existe un boletín comparado que consigna, en la tercera columna, las enmiendas introducidas por la Comisión de Defensa Nacional, y en la cuarta, el texto final que resultaría si ellas se aprobaran.
Me permito sugerirles a Sus Señorías pronunciarse en una sola votación -por cierto, respetando el quórum pertinente- sobre las enmiendas unánimes, incluida la de quórum especial que señalé, para después ir a las modificaciones aprobadas por mayoría de votos, indicando a su respecto, naturalmente, la página correspondiente del comparado.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En la discusión particular está inscrito el Senador señor Coloma, quien tiene la palabra.


El señor COLOMA.- Señora Presidenta, estrictamente, no procede informar sobre este proyecto, porque, como dijo Su Señoría, esta es la discusión particular. Sin embargo, me gustaría hacer un resumen apretado sobre su contenido, específicamente para conocimiento de los parlamentarios que se incorporaron recientemente al Senado.
Esta iniciativa, que se ha debatido con largueza debido a sus muchas complejidades -espero que se hayan resuelto bien-, tiene tres objetivos fundamentales: primero, determinar, con ciertas condiciones y sanciones, el lugar autorizado para tener un arma y los requisitos para inscribirla; segundo, sancionar -y esto es medular- a quienes entreguen a menores armas destinadas a perpetrar un delito, o bien, por descuido o negligencia, posibiliten su perpetración; y tercero, enmendar normas del Código Procesal Penal y de la Ley de Tribunales de Familia -esto también es muy importante- para incorporar como medida cautelar personal la prohibición de poseer, tener o portar armas de fuego a quienes, producto de la ley en proyecto, estén en dificultades con respecto a un tercero.
Como Sus Señorías podrán ver, durante la discusión particular el articulado fue objeto de numerosas modificaciones.
En la Comisión de Defensa Nacional celebramos más de 25 sesiones. Prácticamente, todas las normas se aprobaron por unanimidad. Y para muchos efectos pedimos la concurrencia del profesor Acosta, quien nos ayudó a ordenar desde el punto de vista penal determinadas sanciones.
En resumen, básicamente, mediante la iniciativa en debate se faculta al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la violencia relacionada con el uso de armas; se permite solicitar autorización para actuaciones relativas a las armas, tales como el cambio del lugar autorizado para mantenerlas o su traslado, vía Internet; se coordinan de mejor manera el Servicio de Registro Civil e Identificación y la Dirección General de Movilización Nacional, para que exista comunicación acerca de las defunciones de personas que tenían armas inscritas (este es uno de los grandes inconvenientes para el funcionamiento de la Ley de Control de Armas); se adecúan normas atinentes a requisitos para la inscripción de un arma, como la exigencia de la evaluación de un profesional idóneo para acreditar las aptitudes físicas y psíquicas del solicitante, incorporándose la condición de no encontrarse sujeto a medida cautelar personal que impida su tenencia, posesión o porte; se sanciona al poseedor o tenedor de un arma inscrita que la tenga en un lugar distinto del declarado; se adecúan los tipos penales y las sanciones para los delitos vinculados a las armas, básicamente respecto a la tipificación del delito de entrega a un menor de un arma para la comisión de un hecho delictivo, y en el caso de los tribunales de familia, se incorpora, como medida cautelar personal, la prohibición de poseer, tener o portar armas de fuego, consignándose normas de coordinación para su materialización.
Obviamente, como en todas las cosas, aquí funcionan mucho el sentido común, el criterio.
Hicimos un esfuerzo grande por oír a todos los interesados. Y entiéndase en esto tanto a la gente de los ministerios como a expertos de distintas especialidades vinculadas a la materia, que es de carácter educativo, pero también de naturaleza penal.
Como Comisión, desplegamos un esfuerzo importante para generar una legislación mejor, con un objetivo que no es infinito, sino acotado.
Si me preguntan, puedo decir que el gran mérito de este proyecto reside en la tipificación de un delito tratándose de quien entrega un arma a un menor para que cometa un ilícito y en la penalización al que negligentemente permite que ello suceda.
En un segundo nivel, pero no menos relevante -ello no existía, y fue planteado por los tribunales de familia-, figura la incorporación como medida cautelar de la prohibición de poseer, tener o portar armas de fuego respecto a personas que son objeto de un conjunto de medidas que les impiden acercarse a terceros.
En ese caso particular, la prohibición de poseer, tener o portar armas por el período que dura la medida parece ir en el sentido correcto.
Y tercero, se modernizaron coordinaciones entre servicios públicos sujetos a una legislación inadecuada.
Por ejemplo, cuando fallece alguien, ¿qué pasa con los avisos que deben darse respecto a la posesión de armas?
Muy sucintamente -por el tiempo de que dispongo-, esos son los cambios más significativos de este proyecto, que -corresponde decirlo- se aprobó en general hace más de dos años.
Hubo en torno a él un gran esfuerzo, se realizó un trabajo largo, que espero se traduzca en una legislación mejor.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, el ex Presidente de la Comisión de Defensa del Senado, quien hizo una muy buena descripción del proyecto en debate, nos ha dado un gran número de detalles acerca de la problemática chilena en la materia.
Este es uno de los países del mundo con más restricciones para el uso y porte de armas.
Al revés de lo que algunos piensan, aquí los ilícitos penales no se cometen con armas inscritas. En Chile el problema delictual es distinto: hoy día en los sectores poblacionales muchos menores de edad usan armas, pero ellas no están inscritas o proceden del mundo de la irregularidad.
Esta iniciativa contiene varias normas que solucionan en parte la problemática nacional.
En primer lugar, como lo planteó muy bien el Senador Coloma, se establece por primera vez una sanción a los mayores que entregan armas a niños o jóvenes para la comisión de delitos, situación que se vive porque la Ley de Control de Armas no prevé sanciones para los menores de edad que incurren en ellos.
Pues bien, esta iniciativa permite la penalización al padre, madre o tutor que no hace nada por el menor a su cargo que utiliza armas.
A continuación, tratándose de quienes están siendo procesados por un delito, como el de violencia intrafamiliar, y tienen un arma inscrita, se posibilita incautarla, para evitar que con ella se perpetre un crimen.
Además, a las personas que adquieren un arma se las obliga a hacer un curso para su uso, manejo y mantención. Porque Carabineros y otras instituciones plantean que mucha gente, para defenderse de la delincuencia, compra un arma pero no sabe usarla.
No dar a un arma el cuidado correspondiente resulta peligroso, porque es factible que caiga en manos de menores. Y también lo es el no saber usarla llegado el momento de defenderse ante la acción de un delincuente, quien puede apoderarse de ella, con lo que el daño reviste mayor gravedad.
Percibo que con este proyecto de ley estamos dando pasos muy significativos para resolver la problemática nacional vinculada con el delito.
Nos falta abordar la situación concerniente a las armas ilegales, a las armas hechizas, que se está viviendo en Chile y que no es de fácil solución, tanto más cuanto que, por ejemplo, con una cañería para el agua es factible fabricar una escopeta y con ella perpetrar ilícitos.
Empero, la iniciativa en debate se ocupa del problema.
Ahora, señora Presidenta, no hay que pensar en la cuestión de las armas solo en las ciudades. Porque en el sector rural mucha gente las usa para cazar, como forma de subsistencia (tal sucede en Punta Arenas y en numerosas otras zonas); para defenderse de las plagas, en fin.
Pienso que esta iniciativa implica un avance, en la medida que consagra restricciones mayores para evitar accidentes e impedir que se sigan cometiendo delitos al amparo de la irreprochabilidad de los menores de edad.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señora Presidenta, efectivamente, este fue un asunto muy trabajado en la Comisión de Defensa, que me tocó integrar durante los cuatro años recién pasados.
Deseo agradecer la presencia del profesor Juan Domingo Acosta en ese órgano técnico, ya que nos ayudó a redactar las indicaciones adecuadas en relación con los problemas que todos hemos constatado.
En primer lugar, hoy día faltan campañas de prevención que permitan educar a la ciudadanía respecto a lo que debe hacerse o no con un arma. Y, en ese sentido, quisiera valorar el hecho de que se faculte al Ministerio del Interior para coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la violencia relacionada con el uso de tales implementos.
Por otra parte, también falta un seguimiento, por ejemplo, cuando el poseedor de un arma cambia de domicilio o se traslada de un lugar a otro. En ese caso, muchas veces no se informa. En consecuencia, hay una situación irregular que tenemos que solucionar. Por eso, se hace posible presentar incluso por Internet una solicitud de autorización para ciertas actuaciones, tales como el cambio del lugar autorizado o el traslado, porque obviamente no queremos establecer un trámite burocrático que al final haga impracticable la obligación.
Cuando hablamos de armas no estamos haciendo referencia a cualquier cosa, sino a un manejo que tiene que ser adecuado, a la existencia de destreza, a la capacidad del poseedor. En ese sentido, valoro la adecuación de las normas relativas a los requisitos de inscripción, tales como la evaluación de un profesional idóneo para acreditar las aptitudes física y psíquica del solicitante, y la incorporación de la exigencia de no encontrarse este sujeto a una medida cautelar personal que impida la tenencia, posesión o porte.
Y asimismo es importante destacar que hay sanciones para el adulto que le entrega de manera irresponsable un arma a un menor, lo que a menudo genera situaciones desgraciadas -se tipifica como delito el hecho de proporcionarla para la comisión de un ilícito-, y para quien tenga a su cargo a un menor de edad y le permita acceder a ella o lo haga posible por su descuido o negligencia.
Por eso, señora Presidenta, creo que la iniciativa está bien pensada, que ha sido bien trabajada, de manera que igualmente recomiendo aprobar las proposiciones aprobadas en la votación particular por la Comisión de Defensa.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra al Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, quise intervenir para aprovechar la oportunidad de preguntarles a mis Honorables colegas Coloma o Prokurica, este último Presidente de la Comisión, si creen que en el proyecto -entiendo que fue largamente discutido- se logró dilucidar o dejar transparentado quiénes son los que tienen la tuición sobre la tenencia de armas. Porque, de los informes que a uno le hacen llegar e incluso de declaraciones de altos oficiales de la policía uniformada, pareciera haber en algunas materias, no diré un doble mandato, lo que resulta exagerado, pero sí atribuciones concurrentes de la Dirección General de Movilización Nacional y de Carabineros de Chile, en tanto unos tienen que controlar o supervigilar, y otros, coordinar o fiscalizar. Sé que cada una de estas palabras presenta un contenido específico.
El texto dispone, por ejemplo, que es preciso informar¿

El señor TUMA.- El cambio de domicilio.

El señor LAGOS.- ¿ para que se autorice el traslado de un arma. En el comparado se expresa que ello debe requerirse a la autoridad correspondiente. Y no queda claro si esta, al final del día, es la Dirección General de Movilización Nacional o si, de acuerdo con la ley N° 20.014, de 2005, la fiscalización le corresponde a Carabineros. En consecuencia, el que quiera cumplir con dicho cuerpo legal no sabrá, de la sola lectura, dónde tendrá que verificar el trámite.
Y hago la pregunta -voy a votar a favor de la iniciativa- simplemente para saber por qué razón no se dijo directamente que se tenía que comparecer ante la autoridad de Carabineros más cercana para dejar la constancia y pedir la autorización.
Entiendo que otros artículos generan una situación similar.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, hemos constatado históricamente que se plantean al menos dos visiones en relación con la Ley de Control de Armas. Unos creen que es bueno que la gente tenga armas y otros estiman lo contrario. Unos son más liberales y otros somos completamente contrarios a facilitar la adquisición de esos implementos y de municiones, y menos aún su transporte.
Hay un punto en que el proyecto no avanza nada y mantiene la ambigüedad a la que hacía referencia el Senador señor Lagos. En tiempos como los actuales no existe ninguna explicación racional, a mi juicio, para que el Ejército tenga algo que ver con la inscripción de armas -no son de guerra, por cierto-, si se va a aceptar. En verdad, ello debería corresponder a la tuición plena de Carabineros de Chile. La institución castrense, claro, recauda fondos por esta vía y enfrenta problemas económicos por otro lado, pero la cuestión no es propia -la verdad sea dicha- de la Ley de Control de Armas. Tendrá que ver cómo se financia para otros fines.
Me parece que se mantiene en la materia una ambigüedad que no es buena y que no hace más que reflejar la debilidad de todo el Congreso en hacerse cargo de algo obvio. Dado que, por desgracia, la mayoría -de la cual no soy parte- quiere que sea posible la venta de armas de fuego, creo que la tuición y la fiscalización permanente tiene que ejercerlas Carabineros de Chile. No veo para qué la Dirección General de Movilización Nacional va a seguir teniendo injerencia en la materia.
En seguida, no sé si aquí se ha terminado flexibilizando el porte de armas, que se consiguió años atrás restringir mucho. Entonces, hago la consulta respectiva, porque la redacción del comparado expresa que "Todo cambio del lugar autorizado deberá ser comunicado por el poseedor o tenedor". Eso no significa "permitido". Y, por ende, debería dirigirse una comunicación a Carabineros, por cierto, que debería saber cuántas armas existen en su jurisdicción, lo cual hoy en día no se consigue plenamente.
Juzgo que deberíamos avanzar hacia algo aún más restrictivo, señora Presidenta. El texto camina en esa dirección tratándose de algunos requisitos adicionales en cuanto a municiones, lo que estimo un adelanto en un rubro en el cual el crimen organizado o la delincuencia más logran abusar, en verdad, al hacerse de ellas. Porque se proveen de artefactos hechizos y terminan robando y usando en sus fechorías el 30 por ciento de las armas que se compran legalmente.
El Senador que habla no se va a oponer, por cierto, a la iniciativa, que apunta en una dirección de mayor limitación, pero es de los que abrigan la certidumbre de que las armas de fuego en poder de la población no sirven para la seguridad ciudadana. No me estoy refiriendo a las escopetas, que corresponden a otro tipo de razón cultural en el mundo del campo. Pienso en pistolas, en revólveres, que es lo que cae, muchas veces, en manos de los delincuentes y es robado de las casas; que es mal utilizado por niños que mueren todos los años o terminan heridos por esta causa, y que ni siquiera saben usar quienes lo compran.
Quisiera dejar constancia de que a algunos de nosotros nos gustaría que no hubiese armas de fuego en ninguna casa de Chile.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, en consideración a que el proyecto de ley -por cierto, me parece interesante- tiene como objetivo, por lo que se entiende aquí, fundamentalmente la fiscalización de armas que no son propiamente de guerra, sino de uso de la población civil; que el propósito que lo impulsa es el control del impacto de tales implementos en la actividad delincuencial, aun cuando hay algún reparo acerca de que sean necesariamente los que utilizan los delincuentes y probablemente algo de eso habría que revisar, y atendido también el hecho de que otra finalidad singular y muy prioritaria de la normativa es prevenir el acceso a ellos de los menores, me parece que lo lógico y coherente es que la función definitivamente quede en manos de la policía uniformada, de Carabineros de Chile, que asumiría la única responsabilidad en la materia, para hacer más eficiente la aplicación de la norma. Además, el bien por proteger es principalmente el orden público.
Por otro lado, junto con la petición de asignar a Carabineros el control de armas, el registro y la autorización, cabe revisar la parte que dice relación con las condiciones o requisitos que ha de reunir una persona para someterse al trámite. Me parece que eso se puede precisar más.
Y, por último, en cuanto a las sanciones por permitir el acceso de menores a las armas, fundamentalmente se hace referencia, por ejemplo, a una conducta culposa, pero asociada más bien a la imprudencia. Creo que debería ser algo un poco más general, porque la verdad es que esa no es la única responsabilidad del adulto en tal caso, en la medida en que también podrían registrarse otras consecuencias.
Esos serían los únicos tres aspectos revisables, a mi juicio.
Gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, el proyecto dice que modifica la Ley de Control de Armas. A mi juicio, va en la línea correcta. Pero me extraña algo: en gran parte del sector que me toca representar, la mayoría de las armas no son hechizas y no están inscritas. Entonces, no sé por qué no se tocaron los dos aspectos. Porque pareciera que quien ha verificado la inscripción sería multado y castigado si no cumple con todas estas exigencias, mas al que no lo ha hecho no le pasaría absolutamente nada.
La idea debe ser la de tratar de mejorar o también de ordenar, en una segunda etapa, la situación de los que no tienen armas inscritas, que son la mayoría. El comercio de esos implementos en las poblaciones, en una gran proporción, no corresponde a artefactos hechizos. Estos últimos son muy pocos y se hacen con tubos. Y muchos de los colegas a quienes estoy mirando saben perfectamente que se usan una vez y es preciso rehacerlos enteros. Pero el negocio al que me refiero dice relación con armas que, muchas veces, han sido robadas y a las que se les borra el número de serie y todas sus marcas.
Así que a mí me gustaría que quedara claro que ojalá pudiéramos complementar la iniciativa a fin de regular con mucho más fuerza y dureza a los que no inscriben. Ello, a pesar de que comparto la opinión del Senador señor Letelier en el sentido de que lo deseable es que no existan armas en las casas.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, leo: "El hecho de que las armas hayan aumentado en los particulares no es una buena señal. Siempre hemos llamado a evitar que las armas estén en poder de particulares cuando no es imperioso su uso". Son declaraciones del General de Carabineros Christian Fuenzalida, Director de Seguridad Privada y Control de Armas.
El armamento en poder de particulares no es un elemento de seguridad, sino, muy por el contrario, favorece "la sustracción de armas legalmente inscritas y la comisión de delitos". Ello lo afirma ese alto oficial.
Creo que la iniciativa, más allá de la legítima buena intención que la inspira, adolece de ciertos errores que pueden resultar extremadamente complejos en relación con la seguridad ciudadana. Legislar sobre el particular en la Ley de Control de Armas no parece adecuado, ya que la historia de este cuerpo legal, que se remonta a 1972, es completamente distinta de los aspectos relativos a la materia mencionada.
Valga una precisión a lo expuesto -en muy buena forma, dada su experiencia como Alcalde- por el Senador señor Ossandón: la normativa dispone una sanción. De hecho, la tenencia ilegal recibe una pena de 3 años y un día a 10 años, según el tipo. En consecuencia, no es que haya impunidad en ese caso. Lo que se busca, a través del proyecto, es establecer ciertos controles o restricciones en la tenencia de armas que debieran estar inscritas.
A mi juicio, en la iniciativa se cometen errores. Por ejemplo, cuando se establece una flexibilización en las solicitudes de transporte y libre tránsito -me refiero a la intercalación de un inciso décimo, nuevo, contemplada en la letra d) del número 2 del artículo 1°-, creo que la solución encontrada por la Comisión es equivocada. En efecto, uno de los mecanismos de la Dirección General de Movilización Nacional para poder fiscalizar la permanencia de un arma en manos de un determinado titular es justamente el de hacerlo comparecer en el momento de presentar una solicitud de traslado o de libre tránsito. Ahora se abre la posibilidad de verificar el trámite a través de medios electrónicos. Es decir, ni siquiera será necesario ir al organismo a pedir el permiso de transporte del arma, lo cual importa mucho mayor facilidad para el tenedor, pero va a afectar la capacidad fiscalizadora.
En seguida, el proyecto no se hace cargo del asunto de fondo, que es cuál va a ser la autoridad responsable.
Me correspondió, como Subsecretario del Interior, iniciar la primera fiscalización de la Ley de Control de Armas efectuada por Carabineros cuando en el Congreso se le otorgó la facultad fiscalizadora. Recorrimos el centro de Santiago con los oficiales y nos llevamos la sorpresa, por citar un caso, de que numerosas armas inscritas correspondían a direcciones de casas particulares demolidas treinta años antes y reemplazadas por edificios de oficinas. O nos encontramos con que la persona a cuyo nombre estaban había fallecido y, por no haber sido incluidas en el inventario de la posesión efectiva, habían pasado de mano en mano por dos o tres generaciones. Es decir, ya el registro que tenemos hoy día es sumamente insuficiente.
Si a eso le agregamos el hecho de que se mantiene una dualidad -esto es, la Dirección General de Movilización Nacional aparece como autoridad fiscalizadora, pero el que ejerce el control, desde el punto de vista práctico, es Carabineros-, a mi juicio no se soluciona el problema.
Y ello es así porque no hemos sido capaces de adoptar un criterio. Existe una cuestión económica de por medio. A la Dirección General le interesa mantener el control, porque hay un conjunto de pagos asociados, mientras que Carabineros tiene que destinar personal a la fiscalización, sin los recursos suficientes.
En consecuencia, señora Presidenta, como el objetivo es aportar para que la iniciativa salga de buena forma, solicito que esta vuelva a Comisión para un nuevo segundo informe, a fin de poder introducirle perfeccionamientos y, con ello, apoyarla, obviamente. De lo contrario, el Senador que habla, por lo menos, no concurrirá a aprobarla, porque, tal como lo dice el General Fuenzalida en su declaración, la tenencia de armas en manos de particulares está generando hoy día, de acuerdo con la última encuesta de victimización, un mayor nivel de violencia.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, este es un proyecto que se discutió hace mucho en la Cámara de Diputados. A uno se le olvida después de tanto tiempo. En ese entonces -hace tres o cuatro años- resultaba extraño discutir el tema del transporte y traslado de armas, el que, sin lugar dudas, es un problema. Y está bien enfrentarlo, regularizarlo. Pero sabemos que es bastante más complejo que el solo traslado de las armas, la forma de solicitarlas y otras cosas anexas a ello.
El problema es que tenemos muchas armas en el país. La última cifra que conocí, y que incluso fue parte del debate del proyecto de ley respectivo, es que en ese momento había, estimativamente, 600 mil armas legales, inscritas; 600 mil armas no inscritas, pero también formales, y alrededor de 600 mil hechizas.
Entiendo que en estos años estas últimas han bajado su importancia específica porque están más baratas las otras. Es lo que ocurre, por lo menos, en el distrito que yo representaba. Como están más baratas las armas no hechizas, se están usando menos las hechizas.
Además, quiero destacar que se ha creado un negocio de arriendo de armas que no existía antes. En las poblaciones hay lugares donde se arriendan armas, de distinto calibre -se lo digo al Senador Guillier-, incluso armas de guerra. ¡Hasta bazucas se arriendan! Y la verdad es que la policía sabe dónde están, pero a veces le cuesta configurar el delito. Yo les puedo contar hasta dónde se hallan ubicados, porque en algunos casos conozco el dato. En la población Los Copihues hay dos negocios de venta y arriendo de armas dirigidos por mujeres. Y se hallan bastante bien organizados.
Tal es la envergadura del problema, en cantidad y extensión. Tiene que ver no solo con aquello, sino también con la relación que los jóvenes han construido con las armas. Ellos tienen armas; salen los viernes en la noche premunidos de ellas; lo mismo los sábados por la noche; se relacionan con armas, y cada vez más se respetan los unos a los otros dependiendo de la cantidad que tengan.
Tal es -repito- la envergadura del problema.
Entonces, está bien: es importante regular el transporte y traslado de armas, pero al menos debemos tratar de explicarnos la situación.
Cuando se le planteó esto a Carabineros y a la Dirección General de Movilización Nacional, estas instituciones señalaron que más bien estaban preocupadas de las armas legales, tal como aquí ya lo indicó un par de Senadores, y de asegurarse de que ellas estuvieran inscritas. Pero el punto es que hay que tener una explicación de por qué está creciendo tanto el parque de armas legales, formales. Todo indica que hay mucho contrabando; que, dentro de los pedidos de distinto tipo, de los containers, vienen armas; que al menos una parte de las que se fabrican en el país se transa en el mercado interno.
Por lo tanto, se requiere enfrentar el problema de las armas en forma más global.
En muchos lugares de la ciudad de Santiago, por ejemplo, es muy frecuente que en las noches haya baleos. Y es muy frecuente porque son formas de relacionarse. Uno va a un partido de fútbol y, al final, cuando le toca entregar los premios, se levantan muchas armas y se dispara al aire, estando todos presentes. Son formas de relacionarse, formas de convivir, formas que se han ido regularizando y haciéndose como legítimas, y no ha habido manera de enfrentarlas.
Yo solamente quiero hacer presente que alguien debe preocuparse de investigar qué está pasando con las armas y por qué ha crecido tanto su cantidad. Hay que contar con alguna instancia que tenga una cierta especialidad en esta materia, que no solo se preocupe de la manera en que ellas se inscriben y de por qué ha aumentado bastante su número, sino también de delinear determinadas estrategias. La estrategia de abrir las iglesias para que allí se pudiera inscribir y devolver las armas logró un resultado bastante marginal, entiendo yo. Jugó algún papel, pero no muy significativo. Y sería bueno enfrentar el problema de una buena vez, independiente de la regulación que se haga de su transporte y traslado.
Quería insistir en este punto, señora Presidenta, porque creo que forma parte de una realidad que a veces no asumimos oportuna y cabalmente.
Muchas gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Está inscrito a continuación el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, solo para contestar algunas consultas que se han efectuado hoy día en la Sala.
Al Senador Lagos, que se preguntaba por qué había distintas competencias, quiero decirle que, a partir de la nueva legislación, quien tendrá a su cargo la fiscalización en materia de armas no es el Ejército, sino Carabineros de Chile. Deja de ser la Dirección General de Movilización Nacional. ¿Qué mantiene este último organismo? Solo el Registro Nacional de Armas.
Asimismo, se le traspasa a Carabineros el Depósito Central de Armas. Esto significa que, cada vez que se incaute un arma en un delito o que la autoridad reciba un arma a propósito de un proceso, ellas irán al referido Depósito, que, como digo, ahora dependerá de Carabineros y no de la Dirección General de Movilización.
En segundo lugar, algunos señores Senadores han afirmado que Chile es un país lleno de armas. Yo quiero darles algunas cifras para que se den cuenta de que es al revés. Chile es un país donde hay muchas restricciones para el uso de armas. Tanto es así, que los civiles que tienen autorización para portarlas -esto es, para utilizarlas- no superan los 40 en todo el territorio.
En tercer lugar, la tenencia de armas en personas naturales, que representa, aproximadamente, el 97 por ciento del universo de armas inscritas, es muy baja si uno la compara con cifras de otros países. Aquí hay 0,63 armas por cada 100 habitantes mayores de 18 años. En Finlandia, dicha relación es de alrededor de 56 armas por cada 100 residentes; en Estados Unidos, 90 armas por cada 100 habitantes. O sea, estamos hablando de cantidades muy diferentes.
Ahora, es cierto que esta materia es opinable. Algunos sostienen que los civiles no debieran tener armas. Pero quienes piensan eso, señora Presidenta, solo están pensando en el centro de la Capital, como si Santiago fuera Chile. Yo les pregunto a esas personas: ¿se dan cuenta de que en los sectores campesinos, en los sectores agrícolas, hay gente que se gana la vida cazando tórtolas, liebres o qué se yo?
Reitero: estamos hablando de situaciones distintas, frente a las cuales no puede existir el mismo parámetro.
Finalmente, en cuanto a la posibilidad de realizar el trámite a través de Internet, un señor Senador señala que se está dando demasiada libertad de acción. Sin embargo, señora Presidenta, ese es un muy buen aporte del proyecto, porque se pretende conocer las direcciones donde existan armas. Se trata de personas que no están autorizadas para portarlas, sino que las tienen inscritas y cambian de domicilio. El mismo colega reclamaba: "Pasan 20 años y nadie informa". Justamente por eso es necesario que Carabineros, que tendrá a su cargo la fiscalización en esta materia, sepa dónde están las armas, para que, si se produce un delito y debe allanar una casa, esté en conocimiento de que allí se encuentra alguno de esos instrumentos.
¿Qué mejor manera que quien posee un arma inscrita informe a la institución fiscalizadora, a través de un medio electrónico, que en su domicilio existe un arma?
Para terminar, quiero retrotraerme a un día atrás. Aquí veo que algunos Senadores están pidiendo, con mucha fuerza, más atribuciones y facultades. Ayer analizamos un proyecto que constituía un evidente aporte para Carabineros en cuanto a la posibilidad de efectuar el control de identidad, y fueron ellos mismos los que lo votaron en contra. Entonces, para un caso se aplica un rasero y para otro se tiene una opinión distinta.
A mi juicio, señora Presidenta, el proyecto en estudio da un paso adelante, especialmente en las situaciones de violencia intrafamiliar, para que las armas puedan ser incautadas; representa un aporte, en el sentido de que a las personas que compren un arma se las obligue a hacer un curso para su uso y tenencia; y además de eso, establece normas específicas respecto de aquellas personas que, teniendo a su cargo a un menor de edad, no hacen nada cuando lo ven utilizar armas, y también respecto de quienes les entregan armas a menores de edad para cometer delitos.
Ahora, algunos colegas han hecho planteamientos en cuanto a las armas ilegales y las armas hechizas. Pero esto es un océano sin límite. Yo les hago una propuesta: elaboremos un proyecto de ley sobre la materia. Sin embargo, les advierto que no es un tema fácil de enfrentar. Y ellos lo saben. Por eso no han presentado ninguna iniciativa acerca del particular.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Gracias, Senador Prokurica.
Le voy a dar la palabra al Honorable señor Coloma, para aclarar.
Hago presente a la Sala que estamos en la discusión particular y que, por tanto, los discursos deberían referirse estrictamente a artículos específicos.
Al Senador Prokurica le di la palabra, no para que hiciera un segundo discurso, sino, justamente, para que aclarara dudas.
Yo entiendo, Senador Coloma, que usted, como ex Presidente de la Comisión de Defensa, va a hacer lo mismo. Me parece muy bien y por eso le voy a dar la palabra. Solo le pido que cumpla con ese objetivo y no haga un segundo discurso.

El señor COLOMA.- Seré muy breve, señora Presidenta.
Este es un tema completamente transversal. Aquí no están los de un lado y los del otro.
Cuando las exigencias se plantean en forma electrónica, es porque hay más exigencias. Es un modo de mezclar el conjunto de nuevas características que se plantean -estamos pensando no solo en Santiago, sino también en los lugares más alejados del país- para facilitar el traslado de un arma, cosa que hoy en día se hace de manera ilegal. Simplemente, estoy repitiendo lo que vino a decir la Dirección encargada del tema; no estoy transmitiendo una experiencia personal.
Segundo, se planteó una inquietud en cuanto a qué pasaba con las armas que estaban 30 años en un lugar y nadie las retiraba. Pues bien, justamente por eso se incluye una norma especial que antes no existía y que obligará a la Dirección General de Movilización Nacional a requerir al Servicio de Registro Civil la información correspondiente a las defunciones de personas a cuyo nombre se hallen inscritas una o más armas. No sé si alguien tenga una idea distinta, pero yo lo considero un gigantesco avance respecto de lo que existe en la actualidad.
Ahora bien, todo lo concerniente a las armas no inscritas y hechizas está contemplado en los artículos 9° y 10, que pido a mis colegas leer con cuidado. Están incorporadas, porque son parte del problema. Aquí no hubo ingenuidad por parte de la Comisión. No hicimos una ley para velar solamente por las armas inscritas. Hay normas especiales respecto de las hechizas y de aquellas que no cumplan con los requisitos, estableciéndose agravantes respecto de su utilización. Les pido que vean las disposiciones pertinentes, contenidas en las páginas 23 a 29 del comparado.
Eso sí, señora Presidenta, hay que tomar una decisión. Si seguimos haciendo otra discusión general del proyecto, no vamos a avanzar. A uno podrá gustarle o no determinado artículo -es perfectamente legítimo-, pero yo pido que nos atengamos a los que específicamente puedan ser objeto de rechazo. De lo contrario, no sé cómo vamos a despachar un proyecto que ya lleva dos legislaturas y media en tramitación. Porque partió hace como siete años. Y una de las cosas que precisamente se le reclaman al Parlamento es la falta de normas especiales respecto de este tema en relación con las defunciones, la violencia intrafamiliar y la entrega de armas a menores para que cometan delitos.
Eso es lo que el proyecto busca resolver, entre otras cosas. Podemos chutearlo un año, dos años más. A lo imposible nadie está obligado. Sin embargo, aquí se ha hecho un esfuerzo transversal y real por avanzar. Si algo no le gusta a alguien o algo queda mal -no creo que nada haya quedado mal, en todo caso-, bueno, que se presente posteriormente otro proyecto, pero no frenemos una iniciativa que todos los Gobiernos han tratado de impulsar. Fíjese, señora Presidenta -y con esto termino-, que este proyecto está aquí hoy día porque el actual Gobierno, no el anterior, le puso urgencia. El anterior también le colocó urgencia y por eso nos apuramos, pero el actual ha procedido del mismo modo, pues entiende que estamos ante un problema grave que requiere una rápida solución.
Simplemente, quería aportar estos elementos para dejar en claro que muchos de los temas planteados ya están resueltos, por lo que pienso que debemos tomar una decisión: o avanzamos, o nos retrotraemos a la discusión general y nos demoramos, creo yo, varios años más.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Gracias, señor Senador.
Tengo que decir que, en general, se ha hecho una cierta práctica, en el Senado, ir dando la palabra. Tengo varios oradores inscritos (seis), y la actitud de la Mesa, obviamente, es la de conceder el uso de la palabra. Se ha convertido en una costumbre.
En estricto rigor, estamos en la discusión particular, por lo que debiéramos estar viendo artículos específicos y votando en paquete todos aquellos que no fueron objeto de ninguna indicación.
Estamos claros de que este es un tema muy importante y nos queremos escuchar. Yo voy a continuar la política de seguir otorgando la palabra, pero quiero dejar constancia de que efectivamente deberíamos estar concentrándonos en aquellas disposiciones que fueron objeto de modificaciones.
Además, advierto a Sus Señorías que el Senador Harboe pidió un nuevo segundo informe. Él está en su derecho, y en su momento la Sala tendrá que pronunciarse.
Dicho todo esto, ofrezco la palabra al Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, la verdad es que todos los esfuerzos por disminuir la delincuencia han fracasado.
El Gobierno que pasó, el del Presidente Piñera, yo diría que ganó la elección ofreciendo terminar la fiesta de la delincuencia. Al final, lo que tenemos hoy es un carnaval de delincuentes. Lejos de disminuir, todo indica que la delincuencia aumentó.
Yo entiendo que cuando se busca reducir la cantidad de armas de fuego y tener mayor control sobre ellas, lo que se está intentando hacer es que las personas que cometen ilícitos con las armas, no los ciudadanos que se defienden de los delincuentes con esos artefactos, sufran las restricciones que la ley establece, salvo que yo me haya perdido parte importante de la discusión y al final estemos, efectivamente, restringiendo la capacidad de los ciudadanos a defenderse legítimamente de la delincuencia.
En segundo lugar, ¿de dónde vienen las armas que los delincuentes usan? O las han robado, o se las han quitado a miembros de las Fuerzas Armadas o de Carabineros. No he encontrado en el proyecto medidas que permitan, a quienes llevan y almacenan armas en forma permanente -como los policías uniformados, que están en la calle y por eso son asaltados-, un mayor resguardo para evitar que se las roben, como ha ocurrido en muchas ocasiones, o que las saquen de los lugares donde se dejan (las armerías).
En ese sentido, el factor precautorio, que permitiría mayor custodia, mayor seguridad de que los delincuentes no adquirirán armas, debiera ser un elemento esencial y, sin embargo, no aparece. ¿Qué medidas tendrían que tomar las Fuerzas Armadas y Carabineros para evitar robos desde las armerías? Eso debiera ser un punto importante y, no obstante, el proyecto de ley no lo contempla.
En tercer término, la iniciativa incluye algo que se parece mucho a la acreditación de las universidades. Establece un conjunto de obligaciones para la posesión o tenencia de un arma, pero agrega: "salvo que la autoridad disponga, de manera fundada, atendido el estado de salud general del solicitante y la existencia de otras condiciones físicas o síquicas que puedan afectar su capacidad para manejar o poseer armas, que dicha acreditación se efectúe en un plazo menor, el que no podrá ser inferior a dos años".
O sea, si un tipo está loco, habrá que acreditarlo como cuerdo a lo menos por dos años. Yo digo: ¡o hay capacidad o no hay capacidad! Una mujer no puede estar un poco embarazada. ¡O está embarazada o no lo está! Aquí, o la persona es capaz o está un poquito incapaz. Que se acredite que alguien puede usar armas por dos años me parece un tema. Yo quisiera escuchar a quienes señalan que hay que acreditar a uno por dos años y a otro por tres años. ¡Puede, o no puede! ¡Está en condiciones o no! Salvo, no sé, que tenga un brazo en cabestrillo, como el que ha estado usando en estos días el Senador Espina, y le digan: "Mire, mientras usted se halle en estas condiciones no está habilitado para portar armas". Esta norma de acreditación parcial por dos años la encuentro rara.
Del mismo modo, señora Presidenta, la iniciativa dispone un aumento de penas y señala que "En tiempo de guerra la pena será presidio mayor". Yo no paro de leer a Tomás Moro, a Santo Tomás de Aquino, los textos de la Revolución francesa y la propia declaración de independencia de los Estados Unidos, que, para evitar cualquier comentario, en 1776 estableció que cuando "una forma de gobierno se vuelva destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que base sus cimientos en dichos principios, y que organice sus poderes en forma tal que a ellos les parezca más probable que genere su seguridad y felicidad".
El derecho a la rebelión en contra de las dictaduras, en contra de los tiranos, señora Presidenta, es un derecho salvaguardado por muchas declaraciones internacionales. Cuando se expresa que en tiempo de guerra habrá una mayor sanción, uno dice: "Perfecto". Pero el problema es que no se habla de "aquel que usare las armas", sino de que "la posesión o tenencia (¿) estuviere destinada a alterar el orden público". ¡Destinada a alterar! O sea, lo que hay aquí es una intuición. Si alguien anda con monedas en el bolsillo, me lo llevo preso por andar juntando plata para comprar un cortaplumas. ¡Vamos preso!
¡No! Claramente, la figura es compleja. Yo no estoy dispuesto a aceptarla así como está. Creo que hay que discutirla, señora Presidenta, porque si detienen a alguien por portar un arma "destinada" a ser utilizada contra la autoridad, "destinada a alterar el orden público", no se está constatando un delito, sino presumiéndose un delito.
Luego, el texto hace referencia a "Los que (¿) celebraren convenciones respecto de los elementos indicados".

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Por favor, concluya su intervención.

El señor NAVARRO.- Yo pido que me expliquen qué es "celebrar convenciones", señora Presidenta.
Existe la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos, un país donde de cada cien habitantes noventa poseen armas. Eso no ocurre en Chile, pero sería bueno saber qué se entiende por "celebrar convenciones".
Por último, muchos vivimos la experiencia de que el alzamiento en contra de la dictadura a través de la vía de las armas fuera una alternativa en Chile, y así lo reflejó el Frente Patriótico. Y hoy día gran parte de quienes se rebelaron o integran el Parlamento, o están en la vida pública, o hacen clases, o recobraron su vida común. Eran ciudadanos que desafiaron la dictadura y optaron por la vía de las armas. Y en la Cámara de Diputados tenemos ejemplos muy claros de ello.
Por tanto, señora Presidenta, creo que esto amerita un segundo debate, como ha pedido el Diputado Harboe, para profundizar en la norma relativa a las penas en tiempos de guerra.
Yo estoy de acuerdo en que los ciudadanos se puedan defender, pero no hay que facilitar a los delincuentes apropiarse de las armas en tiempos de paz.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En todo caso, Senador señor Navarro, usted se refirió al ex Diputado Harboe que ahora es el Senador Harboe.
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señora Presidenta, no participé en la Comisión que analizó este proyecto, pero se nota que los parlamentarios que sí lo hicieron lo estudiaron con dedicación durante mucho tiempo.
Solo quiero hacer una observación respecto al enfoque que se da a esta iniciativa. Esta no reconoce la necesidad de establecer, más que una regulación, una prohibición. ¿Por qué razón tenemos que hacer un control de los domicilios donde se hallan registradas estas armas, en circunstancias de que no se destinan a la caza, sino, como un revólver o una pistola, a la agresión a personas? Yo no veo el motivo para consagrar un sistema de autorización legal a fin de que las personas las puedan tener. ¿A título de qué? ¿Para qué?
A la gente debemos otorgarle seguridad desde el punto de vista del aparato público. Entonces, hay que preguntarse ¿este es suficiente para garantizar la seguridad de las personas? ¿Por qué existe tanta inseguridad y temor y hay delincuentes armados? ¿De dónde obtienen sus armas? De quitarlas, de robarlas a quienes tienen armas inscritas en su domicilio.
En nuestra sociedad deberíamos ser bastante más restrictivos para permitir que haya este tipo de armas. No tienen por qué existir. Salvo que las administren los aparatos de seguridad, algunas instituciones por estrictas razones de seguridad y guardias autorizados para ello. Pero ¿un civil o un joven? ¿Cómo? Se dice que los jóvenes portan armas, que se pasean con ellas por las calles de las grandes ciudades y que son respetados de acuerdo a su tipo. Esto es sabido, es público. Pero no se controla. No tenemos capacidad de fiscalización para ello.
Creo que estamos cometiendo un error al no enfocar de distinta manera un proyecto que va en la línea, eso sí, de regular, de controlar, pero no de resolver el tema de fondo: la posesión de armas en manos de delincuentes.
Señora Presidenta, si no se envía este proyecto a la Comisión para otro segundo informe, soy partidario de rechazar en particular todas sus normas al objeto de llevar este debate a la Comisión Mixta y hacer una reflexión más profunda respecto de qué queremos construir.
Es cierto que el Gobierno le otorgó urgencia, porque lo considera un problema serio. Pero esta iniciativa no resuelve el problema de que existan de manera masiva armas en manos de los delincuentes.
En consecuencia, pido que, si no va a otro segundo informe, rechacemos el proyecto. Ello, porque debe determinarse qué organismo es responsable de que se inscriban, de que se registren. ¿Por qué razón existe dualidad de responsabilidades entre la Dirección General de Movilización Nacional y Carabineros, en circunstancias de que esta institución debería controlar exclusivamente esta materia?
Además, tendría que revisarse si esta iniciativa efectivamente fortalece las facultades y medios operativos de fiscalización de Carabineros de Chile. Pienso que no apunta a eso, que no resuelve ese asunto, desde el punto de vista del control de armas.
Y, por último, la Comisión Mixta debería analizar cómo aumentar los sistemas de control preventivo de las personas que por alguna razón estén autorizadas por ley para mantener armas en su poder.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, en verdad, he tenido oportunidad de estudiar este proyecto y me parece un importante avance en la legislación que regula la utilización, transporte o traslado de armas en nuestro país, sean hechizas o no. Y la norma que me parece más relevante es aquella que establece como delito la entrega a un menor de un arma para la comisión de un hecho delictivo y que quien tenga a un niño a su cargo le posibilite acceder a un arma, por descuido o negligencia.
En el fondo, se trata de sancionar a quienes no se preocupan de que los menores no estén cerca de las armas.
Voy a votar a favor de esta iniciativa, y creo que el esfuerzo realizado por la Comisión es notable. Ha mejorado mucho el proyecto de la Cámara de Diputados e igual va a ir a una Comisión Mixta -como me señalaba el Senador Prokurica-, porque cambia el texto aprobado por esa rama legislativa.
En consecuencia, le aclaro a mi distinguido colega y amigo Senador Tuma que este proyecto va a ir de todas maneras a Comisión Mixta.
Pero, ¿sabe lo que pasa, señora Presidenta? Quiero pedirle al Senado una cosa totalmente distinta. En Chile tenemos un gravísimo problema en materia de cumplimiento del rol del Estado.
El Estado tiene un deber fundamental en una sociedad democrática: proteger a la ciudadanía de la delincuencia y de los actos que afectan la paz social. En todos los países democráticos que progresan, sea que estén gobernados por la Izquierda o por la Derecha, una de las primeras tareas que se imponen los gobernantes es darle a la ciudadanía protección, resguardo, que no sean víctimas de actos que atenten contra la paz social y la tranquilidad que el Estado debe garantizarles para poder circular en las distintas zonas en donde ellos se desenvuelven en su vida diaria.
Y quiero señalar que en esta materia, particularmente en los delitos de robo con fuerza, robo con intimidación, robo con sorpresa, hemos fracasado estrepitosamente durante las últimas décadas.
Lo digo porque yo vi el índice de victimización de Paz Ciudadana, el cual señala que en este tipo de delitos, o sea, robos con violencia o intimidación a las personas, o fuerza en las cosas, los niveles de victimización en algunas comunas son: La Granja, 48,9 por ciento; Quinta Normal, 44,1 por ciento; Lo Barnechea (me voy al barrio alto), 39,4 por ciento; Puente Alto, 38,5 por ciento; Macul, 36,6 por ciento. Y suma y sigue.
Lo que pasa, señor Presidente, es que nosotros picoteamos la legislación. Y me hago cargo de lo que escuché decir en una oportunidad al actual Senador Montes en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos: cuando analizábamos los recursos y los presupuestos notábamos que nos faltaba un enfoque integral del problema. Y quiero decir algunas cosas, si se me permite, en el poco tiempo que me queda.
Las investigaciones policiales que se llevan adelante en esta materia tienen, sin lugar a dudas, importantes insuficiencias y deficiencias.
El trabajo de los fiscales, por distintas razones -no los estoy culpando-, presenta deficiencias e insuficiencias.
La labor de los jueces también tiene insuficiencias y deficiencias importantes.
Por lo tanto, el sistema en su conjunto no funciona coordinadamente. Las investigaciones no son buenas.
Hay algunos, como yo, que creen que las policías deben tener más atribuciones. Hay otros que creen -lo discutimos ayer- que sí disponen de las necesarias. Hay algunos que creen que hay fallas en la tipificación de los delitos.
Me estoy refiriendo al tema en su conjunto, y, por un problema de tiempo, ni siquiera voy a profundizar -aunque hay que hacerlo- en lo referido a la prevención de los delitos: las políticas de terapia multisistémica, etcétera.
¿Saben lo que nos pasa? Que siempre vemos proyectos distintos, que vamos picoteando. Pero yo quiero pedirle, Su Señoría, que usted encomiende que se forme una Comisión en el Senado, o que la propia Comisión de Constitución realice un estudio de verdad, serio y a fondo, con propuestas y medidas concretas para enfrentar integralmente este asunto, aparte de este proyecto que voy a votar a favor, y que me parece un avance.
Está por concluir mi tiempo, señora Presidenta, ¿me concede un minuto adicional?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Cómo no.

El señor ESPINA.- Gracias.
Yo quiero llamar a Sus Señorías a eso, porque en sus comunas existe el mismo reclamo. ¡Este no es un problema de un Gobierno u otro! Nos piden que se aplique el Plan Cuadrante. Pero nosotros sabemos que este tiene montones de deficiencias.
Hablamos con un fiscal, y nos dice: "Mire, es que las policías no investigan bien".
Hablamos con las policías, y nos dicen: "El fiscal no nos entrega bien las órdenes".
Hablamos con un juez de garantía, y nos dice: "¡Por favor!, la prueba que me traen es insuficiente".
Y, además, las leyes las elaboramos nosotros.
No podemos seguir haciéndonos los lesos respecto de esto. Hay Senadores nuevos con experiencias variadas: algunos vienen de zonas populares, como el Senador Ossandón; otros de Puerto Montt, y conocen ese sector; hay quienes se han especializado en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos; existe un ex Subsecretario del Interior, que cuenta con experiencia acumulada, y un ex Ministro del Interior.
Entonces, yo pido que como Senado hagamos una contribución seria: formemos un equipo de trabajo y elaboremos en corto plazo propuestas que aborden el tema integralmente, pero con medidas concretas para revertir una situación absolutamente desbordada y que dice relación con el deber del Estado de proteger a la ciudadanía frente a la delincuencia.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, lo planteado por el Senador Espina me ahorra mucho de lo que pensaba decir.
En primer lugar, creo que este proyecto aporta en la regulación del traslado y otros aspectos del registro, en fin. Pero para mí ese no es el tema de fondo. Yo quiero decir que lo relativo a las armas es un problema en este país -¡es un problema!-, y es responsabilidad del Senado, y del Parlamento en general, darle la solución que corresponde.
Recuerdo que discutimos esto mismo con el entonces Diputado Prokurica en el debate de otra iniciativa que se convirtió en ley, que presentamos con Juan Bustos y otros parlamentarios en esa época. Y esta apuntaba más o menos en el mismo sentido: a modernizar un poco la legislación existente.
Lo que ocurre es que siguió creciendo el parque de armas. A lo mejor tiene razón el Senador Prokurica en cuanto a que no hay muchas. Pero la información de que disponemos es que hay cada vez más de las ilegales no hechizas. Y todo indica que existe contrabando; otras maneras de ingreso y de compra y venta. No se trata solo de las que se roban, pues el crecimiento en el número de armas es mayor que el de su robo.
Y lo anterior lleva a que el arma esté pasando a ser un elemento de la convivencia cotidiana en algunos lugares, lo que es muy preocupante, porque pone al borde del riesgo la vida de bastante gente. Hay cabros que terminan cometiendo delitos que nunca pensaron perpetrar, por tener un arma y salir con ella para protegerse sin ser delincuentes. Yo conozco a muchos que lo hacen así. A los mismos que antes andaban con armas hechizas yo les dije en una reunión: "¿Cómo están sus armas?". Y me dijeron: "Mire, ya nos encontramos en otro nivel". Todos tenían armamento de otro tipo, y de tremendo tamaño, ya que es su forma de relacionarse, de convivir.
Además -insisto-, no son delincuentes, pero se convierten en ellos con mucha facilidad.
Mi preocupación bastante de fondo radica en lo que dijo el Senador Espina: "aquí no se sabe mucho sobre esto y hay que reunir información y saber más".
No se conoce más rigurosamente el papel que juega la tenencia de armas en la vida social. Y pienso que deberíamos profundizar en ello.
Además, no hay una estrategia para enfrentar este problema en toda su complejidad. Eso es lo que quise decir, Senador Espina -por su intermedio, señora Presidenta-, porque esto es muy complejo y va a afectarnos.
En Estados Unidos la posesión de armas llegó a un nivel muy alto, y ahora están muy arrepentidos por no haberla parado oportunamente. Acá esto va creciendo de forma muy rápida y tenemos que enfrentarlo.
Yo considero buena la idea del Senador Espina de generar alguna instancia que lo estudie. Yo había pensado incluso en que esta Sala acordara solicitarle al Ministerio del Interior, a Investigaciones y a Carabineros que nos dijeran qué pasa con las armas, a juicio de ellos. Porque durante mucho tiempo la policía uniformada negó la existencia de un problema, y después se dio cuenta de él y le dio prioridad.
Incluso, hace poco conversé con los encargados de armas de Carabineros. Y la verdad es que ellos empiezan a preocuparse no solo por las inscritas, sino por las que no lo están, pues su número ha aumentado demasiado.
Por lo tanto, señora Presidenta, sugiero acoger lo propuesto por el Senador Espina, y quizás la Sala podría solicitarle a esa Comisión que nos dé su parecer sobre esta situación.
El objetivo del Senado es poner el tema de las armas como un problema nacional que hay que enfrentar seria y oportunamente.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Ofrezco la palabra al Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, solo deseo profundizar un poco en el debate.
Efectivamente, nos hallamos en la discusión en particular y deberíamos abocarnos al análisis de cada uno de los artículos. Pero la verdad es que un proyecto de esta naturaleza tiene un componente de visión de la sociedad: cómo se maneja o no el Estado, este tiene o no el monopolio del uso de las armas y qué tipo de sociedad queremos.
Y mi percepción es que hoy día tenemos una legislación inorgánica. Por un lado, la Ley sobre Control de Armas; por otro, el Código Penal; y, por último, el Código Procesal Penal. Y lo cierto es que las normas que hemos estado aprobando no conversan entre sí y carecen de coherencia; no se plasma en ellas una visión de lo que necesitamos, que, en definitiva, consiste en disminuir el nivel de uso de armas en nuestra sociedad.
Algunos creen, legítimamente, que aumenta la paz social con un mayor número de armas en las calles o en las viviendas. Yo sostengo la tesis contraria, más bien sigo el modelo canadiense, que restringe en cierto sentido la tenencia y el uso de armas.
A aquellos que señalan que la tenencia ilegal de armas se refiere principalmente a las hechizas, hay que decirles que eso ya está sancionado en nuestro Código Penal. El problema radica en que dos tubos y un percutor permiten fabricar un arma, y eso es muy delicado porque, en la práctica, la capacidad fiscalizadora es bastante limitada.
Tal como decía el Senador Montes, cuando uno recorre las poblaciones no solo en Santiago, sino en diferentes regiones, observa que ya no estamos únicamente en presencia de armas hechizas, sino también manufacturadas, que han bajado de valor. Eso quiere decir que ingresan por algún lado: aduanas, pasos fronterizos, o se manufacturan en nuestro país, lo que ha significado una disminución de su precio y, por lo tanto, una mayor facilidad para adquirirlas.
Y eso conlleva un elemento adicional: el aumento de los delitos violentos.
Si uno analiza la encuesta de victimización, observa que los delitos que suben no son los hurtos o los robos por sorpresa, sino los delitos más violentos, los que se cometen con armas. Antiguamente había una especie de código de ética del delincuente, según el cual el daño causado a la víctima era proporcional al bien obtenido.
Cuando aparece la droga se acaba la proporción, y, por una bicicleta o por cinco mil pesos, se es capaz de pegar un balazo en la cabeza a otra persona. No hay proporción; la droga hace perder los sentidos.
En consecuencia, la mezcla de drogas y armas resulta letal en nuestra sociedad.
Señora Presidenta, me va a disculpar, pero en este proyecto de ley, contrario a lo que se ha dicho, se rebajan las penas. El artículo 9° A del texto vigente establece que "será sancionado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados" -e indica un conjunto de requisitos-: quien adquiriera municiones o cartuchos no siendo poseedor, tenedor o portador de un arma de fuego inscrita; el que comprara cartuchos de otro calibre siendo poseedor, tenedor o portador de un arma de fuego inscrita, o quien vendiere municiones sin autorización.
El texto aprobado por la Comisión restringe la pena a solo 541 días, o sea, a presidio menor en su grado mínimo. Ya no está la escala para que el juez pueda sancionar de acuerdo a una gradualidad.
Luego, en cuanto a la sanción a la tenencia ilegal de armas de fuego, el Senador Ossandón planteaba "¡Por Dios que es peligroso y da cierta impotencia a una autoridad cuando ve que en las poblaciones hay que esconderse por temor a la gente que anda armada!".
La legislación vigente establece una sanción de tres años y un día a 10 años para la tenencia ilegal de armas. Y la Comisión propone reducirla a una que va de tres años y un día a cinco años. Es decir, baja el techo de la pena.
Probablemente, algunos dirán: "Sí, lo que pasa es que la cantidad de condenas con la legislación actual es muy baja". Pero -perdónenme- si hay algo que se nos pide como Parlamento es dotar a nuestro Poder Judicial de las penas suficientes pues, de lo contrario, empieza el círculo vicioso: los jueces dicen que no pueden aplicar condenas ya que no hay ley, y la responsabilidad de ello es del Parlamento. Y nosotros afirmamos que sí la hay.
Este proyecto rebaja las penas tanto en la venta de municiones, como asimismo en la tenencia ilegal de armas. Y creo que eso no es una buena señal.
De ahí, señora Presidenta, que yo insisto en la posibilidad de un segundo informe, porque esto no tiene que ver con un Gobierno A o un Gobierno B. No tengo idea si las víctimas de la violencia armada son de Derecha o de Centroizquierda. Pero mi percepción es que hay un imperativo ético que responde a una visión de sociedad, a la cual yo quiero por lo menos aportar. Y para eso, pido a esta Corporación que el proyecto vaya a Comisión para un nuevo segundo informe.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, no estamos realizando una discusión en particular, sino que hemos vuelto a una en general. Esto hace difícil avanzar. Pero también refleja que hay inquietudes insatisfechas con relación a las materias que aborda el proyecto en debate.
Lo más grave, quizás, es que el problema de fondo no son las armas registradas -este ámbito se puede regular, sancionando el mal uso-, sino las no inscritas, las hechizas o manufacturadas, cualquiera que sea su origen. ¡Este es un problema difícil de normar!
Como ya se ha dicho, nuestro Código Penal establece sanciones para quienes fabriquen armas, para quienes las internen al país, en fin. Y en esta iniciativa también se proponen disposiciones en ese sentido.
Sin embargo, siento que estamos frente a una situación que escapa a lo que podemos hacer: ¿cómo regulamos las armas no inscritas que se utilizan en la comisión de delitos?
Tal problema, que ha atravesado esta discusión, no tiene solución legal. En efecto, como esas armas están fuera de la ley, obviamente es imposible regularlas mediante una legislación. Si bien resulta factible introducir más sanciones e, incluso, aumentar las penas existentes para esos delitos, al final, el problema persistirá.
Y suprimir las armas registradas o inscritas suena tentador. Pero, claro, es muy injusto, porque vamos a dejar a los ciudadanos sin armas y a los delincuentes armados, dado que ellos pueden usar hechizas. En definitiva, se plantea una contradicción en sus términos más esenciales.
Entonces, ¿cómo enfrentaremos esta situación?
Chile no es un país especialmente armamentista. Según los antecedentes de que dispongo, en países como Estados Unidos 90 de cada 100 ciudadanos tienen armas. En nuestro país es menos de uno.

El señor PROKURICA.- ¡Es 0,63!

El señor LARRAÍN.- Precisamente, 0,63 ciudadanos por cada 100 tienen armas.

El señor MONTES.- ¡Legales!

El señor LARRAÍN.- ¡Por supuesto! De las otras no sabemos. ¡El problema es ese!
En cuanto a las inscritas, estamos en un universo que ojalá no existiera, pero existe. Y aquí veremos cómo podemos regularlo, restringirlo y evitar los abusos.
No obstante, el tema de fondo (las armas no registradas) no creo que sea factible resolverlo con esta u otra iniciativa.
Me parece bien contar con antecedentes sobre esta materia. Probablemente, la Policía de Investigaciones, Carabineros y las Fuerzas Armadas tendrán información al respecto. Y, a lo mejor, nos podrán ilustrar en cómo avanzar. Pero el proyecto que nos ocupa, según entiendo, no se refiere a ese tema; por tanto, no veo inconveniente en seguir avanzando en su tramitación.
No me opongo a que la iniciativa vuelva a Comisión; más aún, tratándose de un asunto que muchos colegas no han visto. Si ese es el objetivo, demos el acuerdo a los efectos de sacar algo en limpio de esta discusión.
Además, como se han introducido cambios sustantivos al proyecto que vino de la Cámara de Diputados, de ser aprobados, este volverá a dicha Corporación, y lo más probable es que terminemos en una Comisión Mixta. Y si rechazáramos hoy día lo propuesto, de todas maneras debería formarse la Comisión Mixta.
Entonces, quizás un camino sea volver la iniciativa a la Comisión para un nuevo segundo informe.
También, como me sugería el Senador Zaldívar, sería factible pedir una revisión del proyecto a la Comisión de Constitución, dado que en su articulado se contempla una serie de tipos penales. No sé. No lo he conversado con los demás miembros de dicho órgano técnico ni con su Presidente.
O seguimos ese camino o aprobamos la iniciativa en particular.
En mi opinión, la Comisión de Defensa trabajó intensamente en esta propuesta legislativa. Más vale despacharla ahora, y que la litis se trabe en la Comisión Mixta.
Con todo, las alternativas señaladas son las dos entre las cuales debemos optar para resolver la situación en estudio, que es muy compleja, porque el problema principal no podemos resolverlo por ley.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- El Honorable señor Harboe ha solicitado enviar el proyecto a Comisión para un nuevo segundo informe. Evidentemente, está en su derecho de solicitarlo. Ante ello, voy a pedir el pronunciamiento de la Sala.
Además, el Senador señor Espina propuso algo que no apunta directamente a esta iniciativa, pues su ámbito es más amplio: constituir una Comisión especial que analice el tema de la seguridad ciudadana. Tal órgano estaría conformado, según entendí, por quienes han tenido cierta experiencia o trayectoria en esta materia -por sus funciones en el pasado, en fin-, con el propósito de generar una mirada bastante más completa con relación a un tema de país que no es menor, el relativo a las armas.
En mi opinión, ambas proposiciones no son incompatibles.
En primer lugar, someto a la consideración de la Sala la petición del Senador señor Harboe. Así, podremos ordenar el debate.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, estimo que el proyecto apunta en la dirección correcta: buscar el control de las armas y hacer eficiente la sanción por el uso de armas ilegítimas, sobre todo en la comisión de delitos.
Del debate habido y de la lectura del articulado, me surge la preocupación por lo relativo al catálogo de las penas. Me pregunto si en esta materia realmente se está produciendo alguna contradicción, como la que planteó el Senador Harboe. Efectivamente, en el artículo 9° A se propone una rebaja de pena bastante sustancial con relación a una situación que, a mi juicio, debe ser sancionada con rigor.
Ahora, me interesa que la iniciativa se despache con la mayor urgencia. Se requiere dar una señal al país con respecto a las conductas que el Estado quiere promover sancionando a quienes pretendan usar armas u obtener armas en forma ilegal.
Creo que tenemos dos maneras de proceder.
Una es decir: "Sencillamente, vamos a una Comisión Mixta, y ahí resolveremos el asunto". Y la otra sería acoger la petición del Senador Harboe.
Sin el ánimo de desvalorizar el trabajo de la Comisión de Defensa, que cumplió su función propia, pienso que una de las cosas más esenciales que deben ser conocidas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es cualquier reforma relacionada con el Código Procesal Penal en materia de sanciones. En este ámbito se precisa cierta especialización para elaborar un proyecto muy acabado.
Ahí radica mi duda: por un lado, deseo que la iniciativa se despache rápidamente y, por otro, no me gustaría que, el día de mañana, la ley recibiera observaciones por los errores que cometimos al aprobarla.
Es viable que una Comisión Mixta se aboque a la revisión del proyecto y que genere un texto mejor. Pero lo más lógico sería que ese análisis lo realizara una de nuestras Comisiones. En este caso, sugiero que se le encomiende dicha tarea a la Comisión de Constitución. De esa manera, podremos votar con mayor tranquilidad.
Mi problema es que en este momento no podría pronunciarme con suficiente conciencia y convicción. No sé cómo votaría en cada artículo; más aún, si veo que hay problemas como los que he señalado.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Reitero, entonces, que debemos pronunciarnos sobre la solicitud del Senador señor Harboe para que la iniciativa sea objeto de un nuevo segundo informe, en este caso, de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a fin de que efectúe una revisión exhaustiva de las materias que aborda su articulado.
¿Habría consenso para acoger tal petición?

El señor PROKURICA.- No.

La señora ALLENDE (Presidenta).- No hay acuerdo.
Entonces, someto a votación la proposición del Senador señor Harboe.
Aquellos que están de acuerdo votan "Sí" y aquellos que están en desacuerdo, "No".
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario).- La señora Presidenta ha puesto en votación la petición de que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución para un nuevo segundo informe.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba la solicitud del Senador señor Harboe (16 votos a favor y 11 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Montes, Navarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa las señoras Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Larraín (don Hernán), Ossandón y Prokurica.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se debe fijar plazo para la formulación de indicaciones. Sería adecuado establecer uno relativamente amplio.
Sugiero el lunes 21 de abril, a las 12.
¿Hay acuerdo?
--Así se acuerda.


La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ESPINA.- ¡Pero yo hice otra petición, señora Presidenta!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón, señor Senador. Se me olvidó.
Si bien informé su proposición a la Sala hace un rato, le solicito que vuelva a explicarla.

El señor ESPINA.- Me alegra que algunos de los Senadores que estaban fuera de la Sala -quizás, viendo algún tema relevante- se encuentren presentes en este momento.
Señora Presidenta, sugiero que el Senado constituya una Comisión -puede ser la de Constitución o una especial- para que aborde integralmente el tema de la seguridad ciudadana, porque nosotros seguimos dando picotazos al respecto. Dicho órgano debiera analizar diversas materias (el rol y la gestión de los fiscales; la función de las policías, de los jueces; el perfeccionamiento del Código Penal; en fin), luego de lo cual podrá entregar una visión concreta y aterrizada sobre el asunto.
Por ejemplo, hay dos o tres programas de prevención del delito. Es posible que, si estos se acentúan, tengamos éxito.
No estoy pidiendo hacer el estudio de la humanidad sobre el tema. Solo planteo que nos falta una visión global al respecto, con medidas concretas, puntuales, específicas, factibles de transformar en normas legales.
¡Se trata de una política de Estado! El problema no lo va a resolver ni un sector ni otro.
Nos hallamos en una instancia ideal: existe gente con mucha experiencia en este Senado, que ha trabajado en zonas populares, que se ha desempeñado en regiones, que ha participado en el Gobierno, que ha estado aquí y allá, y que puede aportar en esta Comisión especial.
En consecuencia, solicito que se determine su forma de funcionamiento y los demás detalles en reunión de Comités, que usted preside, señora Presidenta. Pero pido que se acuerde que, para la sesión del próximo martes, los Comités ya tengan una fórmula precisa de cómo dicha Comisión elaborará, en un plazo de 60 días -¡no más!-, una propuesta concreta, aterrizada, sobre el enfoque del Senado en materia de seguridad ciudadana.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Bien, señor Senador.
Es lo mismo que yo había informado. Usted ha precisado la proposición. Me parece muy correcto.
En mi opinión, esta Sala se encuentra en condiciones de aprobar la idea manifestada por el Honorable señor Espina.
En reunión de Comités la próxima semana, se resolvería si tal asunto lo analizará la Comisión de Constitución o una Comisión especial. Entre paréntesis, el Senado no cuenta con una Comisión sobre Seguridad Ciudadana, que sí existe en la Cámara de Diputados.
Sería interesante que los Comités decidieran el punto el próximo martes, para que ese mismo día plantearan una propuesta concreta a la Sala.
Reitero que, a mi juicio, estamos en condiciones de acoger lo que ha sugerido el Senador Espina.
¿Habría acuerdo para que el martes de la semana siguiente los Comités entregaran una propuesta concreta sobre el particular, con designación de integrantes y plazos de funcionamiento?

El señor PROKURICA.- Que lo vean los Comités.

El señor WALKER (don Patricio).- Sí.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Lo que estoy preguntando es si hay acuerdo para acoger la proposición -es como la idea de legislar- que ha planteado el Senador señor Espina.
Si le parece a la Sala, se acordará.
Acordado.
Entonces, la próxima semana los Comités decidirán la modalidad de dicha Comisión, su integración, etcétera.


LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS


La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza el levantamiento de secreto bancario en investigaciones de lavado de activos, con segundo y nuevo segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4426-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 37ª, en 4 de agosto de 2009.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 66ª, en 10 de noviembre de 2010.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 36ª, en 2 de julio de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (nuevo segundo): sesión 84ª, en 8 de enero de 2014.
Discusión:
Sesiones 66ª, en 10 de noviembre de 2010 (se aprueba en general); 53ª, en 4 de septiembre de 2013 (queda para segunda discusión); 59ª, en 2 de octubre de 2013 (vuelve a Comisión para un nuevo segundo informe).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 10 de noviembre de 2010.
Cabe recordar que, en sesión de 2 de octubre de 2013, con motivo de una observación planteada por el Senador señor Orpis en relación con el numeral 10) del artículo 1° del proyecto, que agrega, en su letra c), un inciso al artículo 27 de la ley Nº 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero, la Sala acordó enviar la iniciativa devuelta a la Comisión de Constitución para un nuevo segundo informe.
En su segundo informe, la Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Asimismo, consigna que realizó diversas enmiendas al proyecto aprobado en general, las cuales fueron acordadas por unanimidad, con excepción de una de ellas, que será puesta en discusión y votación oportunamente y que figura en la página 35 del boletín comparado.
Ahora bien, en su nuevo segundo informe, también por unanimidad, la Comisión de Constitución acordó sustituir por otro el inciso final propuesto con anterioridad para el artículo 27. A este respecto, dejo constancia de que el Honorable señor Orpis ha pedido votación separada.
Cabe recordar que las modificaciones unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o existan indicaciones renovadas.
De estas enmiendas unánimes, las recaídas en la letra b) del N° 2) del artículo 1°, en el artículo 2°, en el N° 2) del artículo 3° y en el artículo transitorio deben ser aprobadas con el voto favorable de 21 señores Senadores, por incidir en normas de rango orgánico constitucional.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que, en la tercera columna, transcribe las modificaciones introducidas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en el segundo informe; en la quinta columna, la enmienda efectuada en el nuevo segundo informe, y, en la sexta, el texto tentativo de la ley.
De consiguiente, sugiero a Sus Señorías que, en primer término, se voten las enmiendas unánimes, incluyendo las de quórum orgánico constitucional, y que después se discuta y vote la modificación acogida por mayoría, que se explicitará oportunamente, y la enmienda unánime respecto de la cual el Senador señor Orpis ha pedido votación separada.


La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión particular.
Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señora Presidenta, sin perjuicio de que no corresponde hacer un informe porque estamos en el trámite en particular, igual realizaré un breve resumen de las enmiendas que votaremos hoy en atención a que hay Senadores nuevos.
Asimismo, agradezco la deferencia del actual Presidente de la Comisión de Constitución por permitirme efectuar este informe en mi calidad de ex Presidente.
El proyecto que ahora consideramos tiene su origen en una moción presentada por diversos señores Diputados, cuyo propósito original fue subsanar algunos vacíos de la ley N° 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero.
Asimismo, incorpora un conjunto de recomendaciones que organismos internacionales, tales como GAFI y GAFISUD, entidades creadas al amparo de la OCDE, han formulado al Gobierno de Chile para combatir el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.
Todas las enmiendas, salvo una, que se introducen al texto aprobado en general cuentan con el respaldo unánime de los integrantes de la Comisión de Constitución.
Ellas perfeccionan las normas penales y procesales penales que sancionan el lavado de activos.
A modo de ejemplo, y sin ser exhaustivo, puedo destacar las siguientes:

1.- Se refuerzan las facultades de la Unidad de Análisis Financiero para prevenir la utilización del sistema financiero por parte de quienes recolecten fondos para actividades terroristas.

2.- Se mejora el sistema de nombramientos de los Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago encargados de conocer las solicitudes presentadas por la Unidad de Análisis Financiero, relativas al levantamiento del secreto bancario.

3.- Se incrementa el listado de instituciones privadas que tienen la obligación de informar actos o transacciones sospechosas. Asimismo, se incluye a los órganos de la Administración Pública entre aquellas que deben informar este tipo de operaciones.

4.- Se precisa la obligación de registro que tienen determinados organismos de toda transacción financiera que sobrepase los 10.000 dólares norteamericanos.

5.- Se otorga una competencia nueva a los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas para que puedan fiscalizar y sancionar los movimientos no informados de dinero en efectivo o de documentos al portador, por sobre los topes mínimos de declaración.
Asimismo, el proyecto da cumplimiento a las obligaciones internacionales suscritas por nuestro país relativas a la persecución transfronteriza de las actividades de financiamiento del terrorismo.
Finalmente, se modifican la Ley de Bancos y la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques con el propósito de garantizar de mejor manera la participación de la autoridad judicial en el levantamiento del secreto bancario cuando se trate de investigaciones emprendidas por el Ministerio Público en delitos de lavado de activos.
Señora Presidenta, por las razones expuestas, la Comisión de Constitución propone a la Sala la aprobación particular de esta iniciativa de ley.
El Senado inició los días 4 de septiembre y 2 de octubre de 2013 la discusión particular de este proyecto.
En la sesión de 2 de octubre se presentaron tres inquietudes antes de proceder a la votación particular.

1.- La primera de ellas la formuló el Honorable señor Orpis, quien, en síntesis, manifestó su preocupación por el efecto que tendría, respecto de la pena asignada a determinados delitos, la aprobación del nuevo inciso final que se agrega a la letra b) del artículo 27 de la ley Nº 19.913.
En esta materia, cabe recordar que el artículo recién individualizado incluye una serie de crímenes o simples delitos que conforman el catálogo de ilícitos base o precedentes, esto es, aquellos de los cuales provienen, directa o indirectamente, los dineros o bienes que luego son objeto de actos de lavado o blanqueo.
En su planteamiento, el Senador señor Orpis hizo presente que el mencionado inciso final establece que la pena privativa de libertad aplicable en los casos previstos en las letras a) y b) del artículo 27 no podrá exceder de la pena mayor que la ley asigna al autor del crimen o simple delito del cual provienen los bienes objeto del delito contemplado en este precepto, sin perjuicio de las multas y penas accesorias que correspondan en conformidad a esta ley.
Sostuvo que el tope de la pena del delito de lavado de dinero está determinado por la sanción del delito base. Afirmó que, en virtud de lo anterior, tanto los delitos contenidos en la Ley de Drogas como los que sanciona la Ley que fija Conductas Terroristas tendrían una rebaja de pena en lo que respecta al lavado de activos.

2.- La segunda observación la formuló el Senador señor Coloma, quien recordó que este proyecto se originó en una iniciativa parlamentaria que ingresó al Congreso Nacional en 2006. Señaló que el propósito del proyecto era autorizar el levantamiento del secreto bancario en la investigación de lavado de activos, para lo cual se reponían dos artículos que en su momento fueron rechazados por el Tribunal Constitucional por no cumplir el quórum respectivo.
Recordó que por la vía de una indicación del Ejecutivo se incorporaron otros aspectos a la iniciativa. Esas normas se vinculan, entre otras materias, con el financiamiento del terrorismo, con nuevas atribuciones para fiscalizar bolsas de valores y bolsas de productos, incluyendo dentro de estas medidas de control a las organizaciones deportivas profesionales o la obligación de reportar a la Unidad de Análisis Financiero las cooperativas de ahorro y crédito.
Por lo anterior, el Honorable señor Coloma concluyó que se podría generar un problema en cuanto al alcance de las ideas matrices contenidas en este proyecto.

3.- Intervino también el Senador señor Zaldívar, quien solicitó que se estudiara nuevamente la posibilidad de que este proyecto fuera analizado por la Comisión de Hacienda de nuestra Corporación. Recordó que mediante esta iniciativa se modifican la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques; la Ley General de Bancos, y la ley Nº 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero, y se establecen multas y obligaciones que sería adecuado que dicho órgano estudiara.
Para adoptar una resolución sobre estas observaciones, la Comisión escuchó nuevamente al Gobierno y recibió las opiniones del director de la Unidad de Análisis Financiero, señor Javier Cruz; del director de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, señor Mauricio Fernández. Asimismo, participó, especialmente invitado, el abogado y profesor de Derecho Penal señor Juan Domingo Acosta.
Luego de recibir la información correspondiente, cuyos antecedentes figuran en detalle en el informe, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Acoger el planteamiento formulado por el Honorable señor Orpis y modificar, tal como se da cuenta en la página 25 del texto comparado, el inciso final de la letra b) del artículo 27 de la ley Nº 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero, con el fin de precisar que, si bien la pena privativa de libertad aplicable en las hipótesis previstas en el artículo 27 no podrá exceder de la pena mayor que la ley asigna al autor del crimen o simple delito del cual provienen los bienes objeto de este delito, esa regla no se aplicará si dichos bienes provienen de los delitos establecidos en la ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o en la ley Nº 18.314, que fija conductas terroristas, caso en el cual la pena se aplicará sin la limitación antes indicada.

2.- En segundo lugar, y en relación con la observación del Senador señor Coloma, se tuvo presente que, si bien esta iniciativa tuvo su origen en una moción, su texto fue remplazado, antes de que fuera aprobado en general por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y la Sala de dicha Corporación, por un mensaje del Ejecutivo que contenía una indicación sustitutiva.
En consecuencia, la idea matriz de esta iniciativa quedó fijada cuando la referida Comisión y la Sala de la Cámara Baja aprobaron en general este proyecto de ley, el cual contenía las normas propuestas por el Ejecutivo.
Por lo tanto, se concluyó que en este caso no existe ningún problema de constitucionalidad y que cualquier inquietud en este aspecto¿

La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón, señor Senador, pero concluyó su tiempo.
¿Necesita más?

El señor WALKER (don Patricio).- Un minuto y medio, por favor, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Muy bien.
Puede continuar, Su Señoría.

El señor WALKER (don Patricio).- Gracias, señora Presidenta.
Decía que se concluyó que en este caso no existe problema de constitucionalidad alguno y que cualquier inquietud en este aspecto quedó despejada en el trámite constitucional anterior.

3.- Finalmente, y respecto de la observación que formuló el Honorable señor Zaldívar, la Comisión tuvo presentes las reglas que sobre competencia de la Comisión de Hacienda fijan la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y el Reglamento del Senado. Asimismo, se tuvieron en consideración las decisiones que durante la tramitación de esta iniciativa adoptaron previamente la Cámara de Diputados y nuestra Corporación.
Luego de examinar estos antecedentes, los integrantes de la Comisión concordaron en que esta iniciativa no contiene disposiciones que tengan incidencia directa en materias presupuestarias y financieras del Estado, de sus organismos o empresas, o que supongan un mayor gasto para el erario.
Asimismo, se recordó que este proyecto abarca materias que corresponden al ámbito de la Comisión de Constitución, tal como lo resolvieron las Salas de ambas Corporaciones.
Señora Presidenta, todos estos acuerdos fueron adoptados por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Constitución, Senadores señores Espina, Hernán Larraín, Sabag y Patricio Walker.
En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas, propongo a la Sala que preste su aprobación en particular a esta iniciativa de ley.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se harán sonar los timbres.
Tiene la palabra el señor Secretario para explicar los alcances de la votación particular.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En primer lugar, corresponde pronunciarse acerca de las enmiendas aprobadas por unanimidad en la Comisión de Constitución (contenidas en su segundo informe), incluidas aquellas que requieren quórum orgánico constitucional y que indiqué en la relación, esto es, la letra b) del Nº 2) del artículo 1º; el artículo 2º; el Nº 2) del artículo 3º, y el artículo transitorio. Para aprobar estas disposiciones se necesitan al menos 21 votos favorables.
Debo recordar que queda excluida de esta votación la letra c) del número 10 del artículo 1º (enmienda también aprobada por unanimidad en la Comisión de Constitución y que fue incorporada en su nuevo segundo informe), respecto de la cual el Honorable señor Orpis solicitó votación separada.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.
En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas acogidas unánimemente por la Comisión de Constitución, incluidas las que requieren quórum especial (22 votos afirmativos), con excepción de aquella respecto de la cual el Senador Orpis pidió votación separada, dejándose constancia de que se cumple con el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, en la quinta columna de la página 25 del informe comparado aparece la letra c) del número 10 del artículo 1º del proyecto.
Esta modificación fue aprobada unánimemente por la Comisión de Constitución en su nuevo segundo informe, y tiene por finalidad agregar un nuevo inciso final a la letra b) del artículo 27 de la ley Nº 19.913.
El Senador señor Orpis pidió votación separada respecto de esta enmienda unánime.
El texto que debe votar la Sala en esta oportunidad es del siguiente tenor:
"En todo caso, la pena privativa de libertad aplicable en los casos de las letras a) y b) no podrá exceder de la pena mayor que la ley asigna al autor del crimen o simple delito del cual provienen los bienes objeto del delito contemplado en este artículo, sin perjuicio de las multas y penas accesorias que correspondan en conformidad a la ley, salvo que dichos bienes provengan de los delitos establecidos en la ley Nº 20.000 o en la ley Nº 18.314, en cuyo caso la pena se aplicará sin la limitación antes indicada.".
La Comisión de Constitución, en su nuevo segundo informe, propone agregar el párrafo que figura en negrillas.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión la norma sugerida por la Comisión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta norma es de quórum simple.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se rechaza la letra c) del número 10 del artículo 1º propuesta por la Comisión de Constitución en su nuevo segundo informe (18 votos en contra y 3 abstenciones).
Votaron por la negativa las señoras Goic, Muñoz, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Horvath, Montes, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron la señora Allende y los señores Guillier y Navarro.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, dado que se rechazó la norma que propuso la Comisión de Constitución en su nuevo segundo informe, corresponde votar la que figura en el segundo informe para la letra c) del número 10 del artículo 1º (cuarta columna del comparado), sin el párrafo "salvo que dichos bienes provengan de los delitos establecidos en la ley Nº 20.000 o en la ley Nº 18.314, en cuyo caso la pena se aplicará sin la limitación antes indicada.".

El señor ESPINA.- ¿Me permite, señora Presidenta?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Cómo no, Su Señoría.

El señor ESPINA.- Doy excusas por no estar atento: ¿podría el señor Secretario volver a explicar lo que vamos a votar?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Secretario, por favor, repita la explicación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señor Senador, habiéndose rechazado el texto que la Comisión propuso en el nuevo segundo informe mediante el cual se añadía un párrafo que aparece en negrillas en la quinta columna del comparado, consecuencialmente corresponde votar ahora el texto que figura en la cuarta columna y que la Comisión sugirió en su segundo informe, vale decir, sin la excepción que introdujo la norma incorporada por la Comisión de Constitución en su nuevo segundo informe.
Es decir, la Sala debe pronunciarse acerca de la letra c) del número 10 del artículo 1º sin el párrafo "salvo que dichos bienes provengan de los delitos establecidos en la ley Nº 20.000 o en la ley Nº 18.314, en cuyo caso la pena se aplicará sin la limitación antes indicada.".
Esta norma es la que figura en la cuarta columna del informe comparado, página 25.

El señor ESPINA.- Okay. Muchas gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación la letra c) del número 10 del artículo 1º propuesta por la Comisión de Constitución en su segundo informe, esto es, sin la salvedad que acaba de puntualizar el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba la proposición del segundo informe de la Comisión tendiente a agregar un inciso final a la letra b) del artículo 27 de la ley Nº 19.913, sin el párrafo individualizado por el señor Secretario (23 votos favorables).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Les ruego a Sus Señorías dirigirse a la página 35 del comparado, donde figura una norma en que se aprobó solo por mayoría la enmienda que introdujo la Comisión en su segundo informe. Votaron a favor los Senadores señora Alvear y señores Espina, Orpis y Patricio Walker, y en contra, el Senador señor Larraín.
La disposición que se propone expresa: "Las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3° de esta ley estarán obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero todos los actos, transacciones u operaciones realizadas o que intente realizar alguna de las personas naturales o jurídicas individualizadas en las listas confeccionadas por el Comité establecido en las Resoluciones números 1.267, de 1999; 1.333, de 2000, y 1.390, de 2002, del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y sus subsecuentes resoluciones o cualquiera otra que las adicione o remplace, y que estén contenidas en decretos supremos publicados en el Diario Oficial.".
En el fondo, la última parte, que dice "y que estén contenidas en decretos supremos publicados en el Diario Oficial", es la modificación que introdujo la Comisión al texto que el Senado aprobó en general.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión la norma que propuso la Comisión de Constitución.
Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, esta norma establece la obligación de informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre dos distintas categorías de personas, naturales o jurídicas.
Primero, aquellas que las Naciones Unidas ha reputado (en las instancias pertinentes, a las que Chile adhirió) de organizaciones terroristas. Por lo tanto, la ONU señala que respecto de esas organizaciones (Al Qaeda y otras) el Estado de Chile se obliga en el sentido de que, cuando hagan o intenten hacer una operación en nuestro país, los bancos e instituciones financieras deben comunicar el hecho a la Unidad de Análisis Financiero.
La pregunta es cuáles son esas organizaciones.
Como Chile podría tener una visión distinta y decir "No todas las organizaciones señaladas por la ONU son aquellas que nosotros consideramos terroristas", se precisa que nuestro Estado, para validar la decisión de las Naciones Unidas, debe publicar en el Diario Oficial el cumplimiento de las resoluciones de la referida Organización, con las normas que estime convenientes.
Entonces, para tener nuestra propia visión, se dice que se trata de las organizaciones indicadas en las resoluciones de Naciones Unidas que el Estado de Chile, el Gobierno de turno, decida que son de carácter terrorista. A tal efecto, se publica en el Diario Oficial el cumplimiento de las resoluciones, y las instituciones ahí mencionadas quedan con la obligación de expresarle a la Unidad de Análisis Financiero: "¡Atención!" (no es otra cosa) "¡Cuidado, que estas organizaciones están lavando o intentando lavar en Chile dinero proveniente del terrorismo, del narcotráfico!".
Por eso se agrega lo concerniente al Diario Oficial: para que haya certeza en nuestro país; para que no debamos hacer regir aquí una disposición que no sabemos cuándo es modificada por las Naciones Unidas.
La segunda parte de la norma en debate se relaciona con una cuestión básica: si los propios bancos o instituciones financieras detectan que organizaciones, o asociaciones, o personas naturales o jurídicas cometen o intentan cometer el delito de lavado de dinero, o presumen que las acciones que se van a realizar tienen sustento en organizaciones ilícitas (de narcotráfico o de naturaleza parecida), la Unidad de Análisis Financiero debe recibir la información pertinente y seguir el procedimiento de rigor.
Señora Presidenta, la norma que nos ocupa fue bien estudiada. Se acotó adecuadamente, a los efectos de cumplir los convenios suscritos por Chile y permitir que nuestro país neutralice a las organizaciones en comento.
Por eso, le solicito al Honorable Senado que la apruebe.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Muchas gracias, señor Senador. Creo que su explicación fue bastante clara.
En votación la norma individualizada por el señor Secretario General, para cuya aprobación, por ser de quórum especial, se requieren 21 votos afirmativos.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, escuché la explicación que dio el Senador Espina. Me parece muy bien. Se me produce, sí, una contradicción, y quiero dejar constancia de ella al fundamentar mi voto, que será favorable.
En mi concepto, nuestro Estado debe dictar los decretos supremos pertinentes, pues lo obligan acuerdos sobre la materia suscritos con Naciones Unidas. Ello no depende de la voluntad del Ejecutivo. Si no los dictara, dejaría sin aplicar las resoluciones de esa Organización.
En esta materia, Chile se ha caracterizado por ir avanzando, con relación a otros países, en el cumplimiento de sus obligaciones.
Repito: nuestro Gobierno está obligado, debe hacer efectivas las resoluciones de la ONU.
Si no fuera así, quedaría en manos del Ejecutivo la publicación de los decretos supremos y Chile no estaría forzado a cumplir tales resoluciones.
Voto a favor, pero dejando esa constancia.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Solo quiero informar a los señores Senadores, señora Presidenta.
Tiene razón el colega Zaldívar. Es evidente que Chile debe cumplir sus acuerdos con las Naciones Unidas. ¿Pero qué ocurre si la ONU dicta una resolución y nuestro Estado no la ha asimilado, no ha discutido sobre ella?
El Estado de Chile, si es parte de las Naciones Unidas y ha firmado los convenios respectivos, está obligado a legalizar internamente las resoluciones de dicha Organización.
La norma que nos ocupa, Honorables colegas, pretende dar certeza jurídica. ¿Cuándo está obligado a cumplir el Estado de Chile? Cuando publica los decretos supremos.
Obviamente, nuestro país debe cumplir sus tratados internacionales. No puede decir que no procedió a la publicación porque tiene dudas, porque desea hacer una reserva, en fin.
Entonces, nosotros queremos certeza jurídica.
Ahora, debo connotar que la Unidad de Análisis Financiero considera que la forma más transparente de resolver la situación es la publicación de los decretos supremos por el Estado de Chile.
La aprensión del Senador Zaldívar me parece razonable. Yo simplemente clarifico en términos de que el objetivo es el que acabo de señalar.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, yo dejé la constancia porque, cuando suscribimos el tratado de Naciones Unidas sobre derechos civiles, el Gobierno no promulgó el decreto correspondiente y Chile incumplió durante largo tiempo las obligaciones emanadas del referido instrumento.
Por tanto, quiero dejar constancia, claramente, de que es obligación de nuestro Estado, conocida una resolución de Naciones Unidas, dictar el decreto respectivo, para cumplir lo convenido con dicha Organización.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba la norma propuesta por la Comisión de Constitución (27 votos favorables), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido, y la discusión del proyecto queda terminada en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Muñoz, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).




SANCIÓN A TRANSPORTE DE DESECHOS HACIA VERTEDEROS CLANDESTINOS


La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Letelier y Pizarro, en primer trámite constitucional, que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos, con informe complementario del nuevo primer informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7908-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Girardi, Letelier y Pizarro):
En primer trámite, sesión 49ª, en 6 de septiembre de 2011.
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 22ª, en 5 de junio de 2012.
Transportes y Telecomunicaciones (nuevo): sesión 10ª, en 9 de abril de 2013.
Transportes y Telecomunicaciones (complementario del nuevo): sesión 87ª, en 21 de enero de 2014.
Discusión:
Sesiones 39ª, en 7 de agosto de 2012 (vuelve a Comisión para un nuevo primer informe); 58ª, en 1 de octubre de 2013 (vuelve a Comisión para informe complementario del nuevo).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de esta iniciativa es sancionar con las mismas penas de multa y de suspensión de licencia o inhabilidad para obtenerla al que encargue o realice, en vehículos a tracción animal, manual o motorizada, el transporte, traslado o depósito de basuras, desechos o residuos de cualquier tipo en la vía pública, sitios eriazos o hacia vertederos, depósitos o rellenos sanitarios clandestinos o ilegales.
Si el transporte, traslado o depósito se refiere a desechos tóxicos peligrosos o infecciosos, la multa será de 100 a 150 unidades tributarias mensuales y se castigará al infractor con presidio menor en su grado medio a máximo.
Asimismo, se contemplan el retiro de circulación por la policía uniformada de los vehículos que transiten en aquella forma y la facultad de toda persona para denunciar los hechos ante Carabineros de Chile o el Ministerio Público, acompañando las pruebas del caso.
Con fecha 1 de octubre de 2013 la Sala acordó que el proyecto volviera a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para un informe complementario del nuevo primer informe.
En su informe complementario el referido órgano técnico deja constancia de que discutió la iniciativa en general y en particular, por ser de artículo único, y de que la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Cantero, Chahuán y Girardi), con un texto que recoge una indicación sustitutiva donde se precisa el tipo penal que sancionará el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos.
El texto que se propone aprobar figura en la página 4 del informe complementario de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.


La señora ALLENDE (Presidenta).- En la discusión general, tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, este proyecto de ley, respecto del cual la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, que me correspondió presidir, emitió un informe complementario, tiene por objeto suplir una falencia que se ha advertido en nuestra legislación en lo referente al traslado de desechos hacia vertederos ilegales que se han asentado en múltiples comunas del país y que, sin lugar a dudas, ponen en riesgo la salud de la población y, por otra parte, afectan al medio ambiente.
Como manifesté cuando la moción se analizó en esta Sala, no existe un control eficaz de la autoridad sobre los sitios eriazos de los límites de las ciudades donde se depositan basuras, desechos y residuos de distinta naturaleza, ni tampoco se contemplan sanciones condignas a estas conductas.
Por tales razones, y aplicando el principio de proporcionalidad de las penas, acordamos, mediante un artículo 192 bis que se agrega a la Ley de Tránsito, que se sancione con multa y suspensión de licencia o inhabilidad para obtenerla "a quien encargue o realice, en vehículos a tracción animal, manual o motorizada, el transporte, traslado o depósito de basuras, desechos o residuos de cualquier tipo en la vía pública, sitios eriazos, o hacia vertederos, depósitos o rellenos sanitarios clandestinos o ilegales." (inciso primero).
En el inciso segundo decimos: "Si el transporte, traslado o depósito se refiere a desechos tóxicos, peligrosos o infecciosos, la multa será de 100 a 150 unidades tributarias mensuales y será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo.".
En el inciso tercero expresamos: "En caso que un vehículo sea sorprendido circulando en las condiciones señaladas en los incisos anteriores, será retirado de circulación por Carabineros de Chile, poniéndolo a disposición del tribunal competente en los lugares habilitados por las Municipalidades para tal efecto, aplicándose respecto de su propietario lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 156" de la Ley de Tránsito.
Se establece además acción popular para denunciar tales hechos. A tal efecto, se podrán acompañar fotografías u otros medios de prueba que acrediten el día en que sucedieron aquellos y el tipo y la patente del vehículo empleado para cometer el ilícito.
Nos asiste la convicción de que, si aprobamos el proyecto en la forma como quedó redactado, se cumplirá plenamente el objetivo de dotar a la autoridad de medios compulsivos para poner término al tráfico ilícito de residuos que se depositan a diario en rellenos o vertederos ilegales, con grave riesgo para la salud de la población.
Por ello, resulta necesario aprobar la iniciativa en debate. Y les solicito a mis Honorables colegas que así procedan.
Adicionalmente, señora Presidenta, debo puntualizar que este proyecto ya estuvo en tabla y que, en su momento, el Senador Coloma manifestó que presentaba dificultades en la redacción porque no había proporcionalidad en las penas.
La Sala, entonces, acordó pedir un informe complementario a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Durante el debate de la materia en dicho órgano técnico, con la colaboración de las autoridades del Ministerio de Transportes del Gobierno anterior -especialmente, la de don Juan Carlos González, asesor del Ministro del ramo-, nos abocamos al problema derivado de la falta de proporcionalidad de las penas.
Se mejoró el texto, y la versión sometida hoy a la consideración de la Sala es diametralmente distinta de la anterior.
También nos ocupamos en cuestiones redaccionales advertidas por algunos miembros de la Comisión -entre ellos el Senador Hernán Larraín- en lo concerniente al transporte y, esencialmente, a la determinación del sujeto activo del ilícito.
Resueltos los aspectos en comento, solicito la aprobación del proyecto en debate.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, nuestro país tiene un problema gravísimo a raíz de que en forma clandestina se depositan toneladas de basura en distintos lugares, particularmente en sitios eriazos de comunas de escasos recursos.
En algunos sectores la situación es dramática. Si uno recorre los caminos entre Quilicura y Lampa ve que lisa y llanamente hay vertederos clandestinos, donde no solo se arrojan basuras, sino también desechos, restos de demoliciones, animales muertos, todo lo cual constituye un foco de insalubridad que contamina lugares que tienen valor ecológico y, además, turístico, pues en ellos se podría pasear y desarrollar actividades propias de la vida familiar.
Lo mismo ocurre en gran parte de los caminos rurales.
He recorrido la Sexta Región. ¡Da pena ver cómo los caminos que rodean a San Fernando, por ejemplo, se han convertido en sitios eriazos donde existen botaderos clandestinos!
Ahora, muchas veces contribuyen a aquello personas que, al no tener la posibilidad de eliminar escombros o basura de sus casas, salen en sus vehículos y los depositan en el camino rural más cercano.
De otro lado, también existe un negocio ilícito, controlado por verdaderas mafias que se dedican a retirar basura y evitan llevarla a lugares autorizados, pues ahí deben pagar -en cualquiera de los vertederos legales- cerca de diez mil pesos por tonelada. Entonces, prefieren botarla en el camino más cercano, generando una situación que atenta contra la sanidad pública, perjudica la calidad de vida de la gente y contamina lugares que podrían ser de gran utilidad para que las familias contaran con un área de esparcimiento.
¿Cuál es el problema? Que muchas de esas personas prefieren afrontar la multa debido a que el tráfico de basuras es bastante ventajoso, muy lucrativo. Así, el pago de ella forma parte del negocio. Y, evidentemente, no existe ningún desincentivo.
Están por otra parte las personas que no incurren de modo permanente en el ilícito descrito. Son los botadores ocasionales de basura. Se trata de gente que hizo un arreglo en la casa y no encuentra un lugar para depositar los escombros; el municipio, a su turno, muchas veces no tiene cómo retirarlos (esto ocurre en varias comunas); entonces, esas personas prefieren ponerlos en su vehículo y dejarlos en un sitio eriazo cercano a su casa o en el camino rural más próximo.
¿Qué estamos planteando, señora Presidenta?
Hemos concluido que constituyen un desincentivo efectivo para quien incurre en el ilícito descrito -porque le ocasionan un daño- el retiro de su licencia de conducir y el traslado del vehículo al aparcadero municipal.
Una medida como esa, aparte su carácter preventivo, haría pensar dos veces al que pretendiera llevar a cabo una acción de aquella índole, debido a que le generaría un costo mayor, en la medida que no le permitiría seguir trabajando y usar su vehículo, cuyo destino sería el aparcadero municipal.
Ahora bien, como la fiscalización a ese respecto resulta muy difícil -no tenemos ojos en todos los caminos rurales, en todos los sitios eriazos-, la idea es transformar a los vecinos en los principales fiscalizadores. Entonces, se establece acción popular para que la gente denuncie en forma responsable los ilícitos que se cometan. Porque a nosotros muchas veces nos llegan fotos de vehículos en las que aparecen la patente, el lugar, la evidencia, lo que también se puede traducir en un instrumento eficaz.
¿Qué es lo que queremos? Evidentemente, enfrentamos un problema más de fondo: tenemos que generar una política de recolección de residuos domiciliarios y, desde el punto de vista de la basura cotidiana, no propiamente domiciliarios, correspondientes, muchas veces, a escombros que se generan en las casas e incluso a basura industrial.
Deseo recordar que a menudo se hallan involucrados desechos peligrosos, dado que no existe una adecuada política para su tratamiento final, que resulta carísimo. También es preciso consignar que existe un tráfico en la materia, realizado por personas inescrupulosas -se evita pagar para que sean llevados a un destino definitivo, del que se encargan pocas empresas-, pues resulta muy lucrativo ir a botarlos en cualquier parte, donde se acopian y generan gravísimos problemas para la salud.
Por lo tanto, nos parece que el proyecto es muy importante para todo lo que tiene que ver con el saneamiento básico, con la salud, pero asimismo con la dignidad de quienes habitan en zonas rurales o cerca de sitios eriazos, donde se vive en condiciones lamentables. Si los señores Senadores pasan por el lado sur de la Costanera Norte en la comuna de Cerro Navia, va a darles pena ver una cantidad de sitios donde había canchas de fútbol que hoy día están llenas de basura. Los municipios la retiran un fin de semana y a la semana siguiente se encuentran otra vez con escombros, muebles viejos, animales muertos. Eso es un atentado a la dignidad de las personas.
Pienso que medidas tan sencillas como la contemplada cuentan con un gran apoyo de la ciudadanía, no solo desde el punto de vista de parecerle bien una iniciativa como la que nos ocupa, sino también de que fundamentalmente se le permite asumir un rol en la tarea de fiscalizar y controlar la dignidad y calidad de su territorio, al igual que en la de poder velar por el derecho a una vida sana y un medio ambiente libre de contaminación. Estimo que la iniciativa, por la vía de acciones muy simples, muy evidentes, muy de sentido común, puede ayudar a resolver un problema que afecta y agravia a las personas, pero no solamente a las que viven en las grandes ciudades, sino también en las zonas rurales.
Así que le solicito a esta Corporación acoger el proyecto. Como lo expresó el Senador señor Chahuán, modificamos el texto y lo trabajamos con el entonces Ministro Pedro Pablo Errázuriz y sus asesores. Logramos una redacción totalmente consensual con el Ejecutivo anterior, para obtener una normativa que satisficiera la necesidad de una política, pero al mismo tiempo los planteamientos de Honorables colegas que habían considerado excesivas algunas sanciones, en relación con el propósito que se perseguía.
A mi juicio, la aprobación del proyecto debiera ser unánime, porque creo que va a prestar una utilidad muy importante para el vivir cotidiano de los vecinos a lo largo de todo el país.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, he escuchado con atención tanto al Senador señor Girardi como a mi colega Chahuán, quienes han fundamentado el objetivo de la iniciativa, que comparto plenamente.
Creo que efectivamente se registra en nuestra legislación un vacío en la medida en que no se castiga -o, por lo menos, no suficientemente- a quienes trasladan basura en las condiciones descritas o, peor aún, crean, muchas veces, vertederos clandestinos.
Más grave es la situación cuando no se trata de basura, sino simplemente de desechos tóxicos, lo que pone en riesgo la salud de la población.
Dado que se trata de un proyecto de artículo único que, al quedar aprobado en general, también lo estaría en particular, pido acoger la idea de legislar y enviarlo a Comisión por unos días más. Porque abrigo algunas dudas que, en realidad, surgen del 192 de la Ley de Tránsito. No tengo claro cuándo se aplica la pena de multa, cuándo la de suspensión de licencia o de inhabilidad para obtenerla, o si todas estas sanciones proceden en conjunto.
¿Cuándo un vehículo va a ser retirado de circulación por Carabineros? El artículo propuesto expresa: "En caso que un vehículo sea sorprendido circulando en las condiciones señaladas". Entiendo que se hace referencia al transporte de basura o de desechos tóxicos, pero no se comprende bien el texto, porque se dice que se va a aplicar "respecto de su propietario lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 156" de la Ley de Tránsito. Creo que también debiéramos darnos un tiempo para revisar esa parte.
En pocas palabras, señora Presidenta, juzgo que esta es una buena iniciativa, que se encuentra inspirada por una buena intención, que llena un vacío en nuestra legislación. Me parece que debemos aprobar la idea de legislar, como se nos ha pedido, pero sería bueno salir de las dudas en una discusión particular.
Muchas gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, tal como se ha dicho, lo que se busca con el proyecto es establecer sanciones inhibitorias de algo que lamentablemente se ha hecho cotidiano en la conducta de muchas personas, en cuanto al traslado de basura y los botaderos en lugares no habilitados para ello.
Comentaba recién con el Senador señor Zaldívar que hemos visto la iniciativa en la Comisión de Transportes y que, en realidad, debiera encontrarse más vinculada a lo que son los gobiernos locales, porque son los municipios los que tienen que ver con la basura, los que contratan, los que mantienen concesiones o servicios, los que habilitan y establecen dónde se pueden establecer los vertederos.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente vemos a diario, en cada una de nuestras ciudades, en cada uno de nuestros barrios, en todo el país, la maldita y mala costumbre de algunos de lisa y llanamente botar basura, escombros, desechos, en cualquier lugar donde les parezca más barato, pertinente o fácil hacerlo. Y ello, provocando toda clase de daños, como infecciones o problemas de sanidad ambiental. Muchos lo hacen en quebradas o en distintos lugares donde se origina una acumulación, donde no se logra limpiar, y eso después incluso genera tragedias. También ello se registra en zonas donde la gente no alcanza a reclamar, en poblaciones o en sitios eriazos ubicados en medio de sectores o barrios donde juegan niños, y se presenta una serie de otras complicaciones.
¿Y qué sucede en la práctica? Porque nosotros presentamos la moción producto de lo que nos plantean en cada una de las reuniones con juntas de vecinos y municipios. Lo que sucede en la práctica es que no hay control, no hay capacidad de fiscalización, y cuando los municipios logran detectar el hecho, por información de alguien o por casualidad, no cuentan con facultades para tomar medidas que impliquen una sanción fuerte, desde el punto de vista de los recursos, de lo material, pero también en relación con algo que les duele a quienes desarrollan este tipo de actividades, que es la imposibilidad de conducir un vehículo porque se quita la licencia o la persecución de la responsabilidad del dueño. Esa es la razón por la cual el proyecto fue enviado a la Comisión de Transportes. Si no, debería haber sido estudiado en la de Gobierno por lo relativo a los municipios.
Mas la que he señalado es una realidad. Y si bien es cierto que la medida en estudio no es la solución del problema más de fondo sobre el cual hemos estado conversando, sí produce un efecto inhibitorio. Y eso es evidente.
Tal vez algunos preguntarán: "¿Qué pasa con la desproporción en la pena para alguien que va en una carretela?". Es lo que me observó mi Honorable colega Zaldívar, quien me expresaba: "Si pillan a una persona modesta en una carretela, le van a aplicar una multa entre 50 y 100 unidades tributarias mensuales, lo que es mucha plata". Puede ser. Pero un transporte de ese tipo es la excepción. A lo mejor se da en alguna localidad rural.
Lo que sabemos es que en las ciudades y en nuestros barrios tiene lugar un transporte organizado de escombros, de basura, de desechos que se van a botar a distintos sectores y que se busca evitar el pago de los costos del servicio de recolección o del que significa llegar con ese material al vertedero autorizado, porque en muchas partes está distante, porque es preciso pagar en el momento en que se llega, porque hay un costo de kilometraje, etcétera. Entonces, se apunta a establecer mecanismos que permitan generar sanciones inhibitorias de este tipo de conductas.
Por supuesto que el texto se puede mejorar. Por supuesto que se puede tipificar de manera más precisa en qué momento corresponden la suspensión de la licencia de conducir y la multa o solo la multa. Habrá que evaluarlo. Una parte importante corresponde a lo que tendrán que determinar, por lo demás, los señores jueces que verán cada una de las causas, a lo que se agrega, dentro del contexto en que se haga la denuncia, de qué tipo de material se trata. Se hace un distingo entre el que resulta tóxico o riesgoso para la salud y el que pueden conformar árboles o arbustos, que es el que normalmente se registra en muchas partes.
Considero que el proyecto va en la línea correcta. Efectivamente, como dijo el Honorable señor Chahuán, ex Presidente de nuestra Comisión, se llevó a cabo una revisión a propósito de los comentarios formulados acá y se buscó una redacción mucho más adecuada. Se establece clara y precisamente la facultad de los vecinos para presentar denuncias y tomar la iniciativa en la materia. Eso no lo teníamos hasta ahora.
Las juntas de vecinos, dondequiera que sea -a todos nos tiene que haber pasado-, exponen: "El problema que tenemos es la basura: viene gente a botarla y nosotros tratamos de limpiar". Los municipios realizan verdaderos operativos en muchos sectores y cada cierto tiempo van y retiran los desechos. Entonces, claro, la gente se acostumbra mal y transforma la situación en un negocio, y sistemáticamente son los mismos los que dejan la basura en el mismo lugar, generando daño sanitario, social y en calidad de vida.
Aquí se está entregando iniciativa para que cualquier persona que sorprenda o detecte un vehículo que incurra en las conductas descritas en el inciso primero del artículo 192 bis pueda denunciar el hecho ante Carabineros o el Ministerio Público y acompañar una fotografía u otro medio de prueba que acrediten el lugar, la patente o el día de los hechos, antecedentes que deberán ponerse en conocimiento del tribunal competente.
Pensamos que hay una diferencia y una posibilidad cierta de que una norma como la que estamos estableciendo tendrá un cumplimiento efectivo; que será eficaz en la acción de los vecinos. Estos se van a sentir respaldados, incentivados, para desarrollar una fiscalización y un control ciudadanos que hoy día no están en condiciones de llevar a cabo los municipios o las autoridades competentes.
Así que esa es la razón por la cual hemos insistido en una propuesta que, por supuesto, viene muy mejorada con el aporte hecho por varios colegas en la discusión anterior. Lo que estamos pidiendo es que se apruebe en general, lógicamente, y en la discusión particular veremos de qué manera se pueden corregir alguna de las aprensiones planteadas por los Honorables señores García y Zaldívar.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, deseo valorar la presentación del proyecto, ya que cuando fui miembro de la otra rama del Congreso presentamos junto con el Diputado Edmundo Eluchans una completa iniciativa en la materia, que todavía sigue en tramitación allá.
Eso fue en enero de 2011, producto de la situación registrada sobre todo en las comunas afectadas por el terremoto, ya que los escombros se dejaron fuera de las casas y muchas veces no fueron retirados. Pero se creó una cultura, cada día mayor, en cuanto a depositar en la vía pública, ya sea en zona rural o urbana, y en sitios eriazos los desechos de esa índole, al igual que colchones o refrigeradores. Es decir, ello dice relación con cualquier cantidad de basura, electrónica o real.
¿Y qué ocurre? Sucede que muchos municipios pueden tener sectores limpios, pero no la inmensa mayoría de ellos. Tampoco hay lugares para dejar escombros. Alguien puede decir que se autoriza para botarlos en el río Cachapoal o el río Maipo, pero eso no se encuentra sujeto a ninguna fiscalización, a ningún control.
Es por eso que aprecio el que haya partido tan bien este proyecto en el Senado, para poderlo complementar con el que presentamos junto con el Diputado señor Eluchans. Ello, con el fin de que realmente logremos un país con una cultura de limpieza, pero también de que se apoye a los municipios a fin de que puedan disponer de recursos suficientes para lograr puntos limpios y lugares donde sea posible depositar escombros.
Observo que muchos municipios cuentan con recursos y camiones recolectores -hoy día inclusive están haciendo reciclaje-, pero no es así en la inmensa mayoría de las zonas rurales, donde tampoco existe la fiscalización adecuada. Es cosa de ver los caminos en esos sectores: con frecuencia ni siquiera se puede pasar, porque de día o de noche se están dejando escombros.
Quisiera valorar también el retiro de cualquier vehículo que sea detectado en la actividad, porque lo que más le duele al hombre que realiza este negocio ilícito es que ese medio de transporte vaya a parar a un corral municipal. ¡A los dos días no queda ni la mitad! Resulta lamentable, pero es la verdad, porque no hay control dentro de esos recintos. Y el mayor temor que puede experimentar quien justamente se dedica a este tipo de actividad es perder el vehículo, cualquiera que sea el tipo de tracción.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Y una carretela?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Hoy día no se necesita licencia para medios de transporte de tracción animal.

El señor PROKURICA.- La hay.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- No. Eso está derogado.

El señor OSSANDÓN.- ¡Salvo en Vallenar¿!

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Sí?
Pero lo relevante es avanzar en el proyecto en debate.
A mi juicio, también es importante -y lo propusimos en la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados- la existencia en cada municipalidad de un registro de quienes están autorizados para retirar escombros y llevarlos a lugares adecuados.
Y, por otro lado, señora Presidenta, está la fiscalización. Convengo con el contenido de la indicación sustitutiva, en orden a que cualquier persona que sorprenda o detecte un vehículo participante en este tipo de hechos pueda hacer la denuncia pertinente, para lo cual podrá acompañar fotografías. Porque hoy día uno puede entregarles todos los antecedentes a Carabineros o a un juzgado, inclusive, pero falta la validez que otorga un ministro de fe.
Es muy significativa, entonces, la última parte del texto aprobado por la Comisión, que creo que va en el camino absolutamente correcto. Resulta imposible que inspectores municipales y carabineros estén controlando día a día o noche a noche este negocio ilícito, que le hace un daño tremendo al medio ambiente que necesitamos. Sobre todo, mis Honorables colegas pueden advertir que en los lugares más humildes, en las poblaciones más populares, es donde más se botan estos residuos.
Tenemos que proteger el entorno en nuestro país y valorar y apoyar la iniciativa que nos ocupa. Ojalá podamos complementarla, con el fin de que pueda ser ley a la brevedad.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Se puede abrir la votación?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, así se hará.
Acordado.
En votación.

El señor TUMA.- Pido que se me descuente el tiempo.
--(Durante la votación).

El señor TUMA.- Señora Presidenta, el proyecto apunta en la dirección correcta de favorecer una demanda largamente ansiada por muchos sectores poblacionales y, por qué no decirlo, por numerosos ciudadanos que quieren ver sus caminos y calles limpios y los sitios eriazos sin convertirse en vertederos.
Estamos apuntando en la línea correcta al apoyar una iniciativa que sanciona, que tipifica el delito de mejor manera, que persigue a quienes puedan participar en la organización de estas actividades ilícitas. Pero quiero quedarme también con la otra cara de la moneda, que dice relación con la falta de servicio que padecen algunas poblaciones de sectores vulnerables. Hay loteos irregulares que no cuentan con servicio de recolección de basura y que no tienen otra alternativa que crear vertederos clandestinos.
Perseguir a quienes los usan me parece una buena medida. Pero no basta con ella; hay que ser más integral en la búsqueda del objetivo deseado. Sin duda, muchos van a eludir la fiscalización o la sanción, pero lo harán incentivados por la falta de recursos para contratar un servicio especial y carecer de un servicio municipal habitual para el retiro de la basura, más aún cuando se trata de escombros o de otro tipo de desechos que no caben en la clasificación habitual de basura. La gente no tiene cómo ni dónde trasladarlos, ni tampoco cuenta con financiamiento para su traslado. Los municipios no consideran esa labor dentro de su servicio de recolección de basura.
¿Qué hacemos, entonces? ¿Los obligamos a llevar tales desechos a vertederos sin que los puedan fiscalizar? Y en caso de que sean fiscalizados, ¿permitimos que les quiten sus medios de traslado? Con eso no terminaremos con el problema. A la semana o al poco tiempo va a seguir apareciendo basura, escombros y residuos que será necesario depositar en alguna parte.
Por consiguiente, si bien el proyecto de ley apunta a sancionar, también debería buscar una modalidad para que los municipios, aprovechando los nuevos recursos que recibirán si fiscalizan bien, emprendan una acción destinada -especialmente a través del Ministerio del Interior, de la SUBDERE- al fortalecimiento de dicho servicio, que comprenda no solo el retiro habitual de basura, sino también el retiro de desechos extraordinarios.
Esa es la principal causa del problema. No es que los vecinos anden por las noches buscando ensuciar los caminos; lo que pretenden es desocupar el poco espacio de que disponen mediante el retiro de basura y otros elementos que no hallan dónde dejar. Pero eso irroga un costo que no tienen cómo financiar.
Por lo tanto, voy a votar con mucho entusiasmo a favor el proyecto. Sin embargo, estimo que hay que complementarlo con acciones por parte de los municipios, desde el Ministerio del Interior, para los efectos de prestar un mejor servicio de recolección de basura, escombros y otros materiales de desecho.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra al Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, estoy absolutamente de acuerdo con lo que acá se ha expresado.
Los alcaldes, mejor que nadie, saben todo lo que significan los vertederos clandestinos, este tipo de botaderos que existe en todas las ciudades.
No quiero redundar en lo que aquí ya se ha dicho. Deseo que este proyecto sea una realidad, pero me asaltan algunas dudas por el hecho de no ser abogado.
La iniciativa tiene un artículo único que crea un nuevo tipo penal en el artículo 192 bis de la Ley de Tránsito, consistente en sancionar al que traslade o deposite basuras, desechos o residuos de cualquier tipo en vertederos, depósitos o rellenos sanitarios clandestinos o ilegales. Igualmente, se busca sancionar al que mantenga, administre, opere o explote los sitios indicados.
Los antecedentes que fundan esta iniciativa se basan en la gravedad del problema actual, derivado del tráfico ilícito de desechos y el mantenimiento, al margen de la ley, de vertederos y rellenos sanitarios administrados por organizaciones ilegales.
Está bien que se quiera solucionar la situación. El Estado y los gobiernos regionales están haciendo un tremendo esfuerzo por contar con rellenos sanitarios que mejoren el tratamiento de los residuos. Pero, como en este negocio mucha gente opera en forma ilegal, por supuesto que se perjudica lo que se está haciendo a nivel nacional.
Si bien los parlamentarios reconocen que existen normas de carácter administrativo vigentes, estiman que ellas resultan insuficientes para disuadir a los autores de las conductas descritas. Por eso, proponen una sanción penal que apunta a labores de prevención, mediante la imposición de penas de presidio menor en su grado medio a máximo y, en su caso, la suspensión de la licencia de conducir o la inhabilidad para obtenerla hasta por 5 años.
Insisto: estoy totalmente de acuerdo con el proyecto, pero me llama la atención que juristas sostengan que la multa prevista constituye una vulneración del principio de legalidad de las penas, fundamental en un Estado de Derecho, ya que, al contemplarse un rango tan amplio, se incrementan los niveles de discrecionalidad del juez al momento de imponerla.
Yo espero que la idea no fracase, pues, si alguien acude al Tribunal Constitucional, se perderá todo el esfuerzo realizado por los autores de esta moción.
A mí me gustaría, tal como alguien ya lo propuso, que esta materia fuera analizada por la Comisión de Constitución, pues en la Cámara de Diputados ya se hizo un tremendo estudio.
Este es un tema fundamental, considerando que los vertederos clandestinos o botaderos de basura ubicados en las diversas comunas no solo constituyen un peligro medioambiental, sino que también representan un pingüe negocio para personas que no tienen ninguna consideración con la sociedad comunal.
Hago presente esto, porque el espíritu con que se propuso la iniciativa en debate es absolutamente positivo. Y no vaya a ser cosa que alguien interponga un recurso y todo el esfuerzo que se está haciendo se venga al suelo.
Esto es lo que quería manifestar, señora Presidenta.
Estoy completamente de acuerdo con el proyecto, e incluso considero que viene a subsanar una serie de defectos existentes a nivel comunal y nacional.
Aquí hay gente que abusa demasiado y tiene muchos intereses en este negocio, el cual es muy rentable para las personas que se dedican a él. Y no tengo la menor duda de que ellas van a contratar abogados para que interpongan un recurso y así anular lo que aquí estamos acordando.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, la idea de legislar sobre esta materia cuenta con todo mi apoyo.
Entiendo cuál es el sentido de la iniciativa: tratar de evitar lo que hoy día sufren de manera principal los sectores más pobres. Porque normalmente la gente que tiene más va a botar sus cosas donde vive la gente que tiene menos. Eso es cierto. Y también uno ve por televisión que, incluso, las vías laterales a las autopistas se están llenando del tipo de residuos en cuestión.
Todo eso es cierto. Sin embargo, debemos elaborar una legislación que surta efecto. Y para ello debemos revisar el texto de este proyecto.
Sería ideal lo que planteaba el Senador García-Huidobro en cuanto a poder contar con una legislación integral sobre la materia. El primer gran tema es que haya lugares donde depositar los desechos que provocan problemas a la gente. Y habría que habilitar y darles recursos a las municipalidades para tal efecto.
De mi experiencia en Europa, recuerdo que había un día al mes en que la municipalidad recogía los desperdicios de todos los habitantes de la comuna, dentro de los cuales muchas veces se incluían colchones, refrigeradores viejos, etcétera. Pero había toda una legislación detrás.
Ahora, hay municipalidades en Santiago que cuentan con los llamados "puntos limpios", que son depósitos donde las personas van a botar las cosas que ya no necesitan.
A mi juicio, este proyecto hay que aprobarlo en general, pero debe volver a la Comisión para ser perfeccionado.
¿En qué sentido?
En primer lugar, la multa que se propone aplicar -y lo entiendo- tiene que ser ejemplarizadora, aunque factible de utilizar por el juez, porque muchas veces cuando se colocan sanciones tan estrictas y elevadas los magistrados no las aplican.
Porque cómo va a ser lógico -voy a llevar el punto al extremo- que a una persona que lleva a botar en su carretela -infringiendo, seguramente, lo que queremos sancionar- desperdicios o elementos de la construcción se le aplique una multa, de acuerdo a lo que establece este proyecto de ley, de entre 50 y 100 unidades tributarias mensuales. Es decir, el conductor de ese vehículo podría ser condenado a pagar 2 millones de pesos, siendo el juez lo más magnánimo posible.
¿Es conveniente aquello? ¿Vamos a solucionar el problema de fondo actuando así?
Por eso, cuando se establecen multas, hay que determinar escalas que vayan de un mínimo a un máximo, de tal manera que el juez pueda recorrerlas al momento de aplicar la sanción, de acuerdo a la gravedad de la infracción. Es distinto el caso de la persona que va en un carretón a botar basura -tan sancionable como el otro- que el que se dirige en un camión con el mismo tipo de desechos. Es diferente.
Eso es lo primero.
Por otro lado, el Senador Girardi sugería aprobar en general y en particular el proyecto. Yo, sinceramente, no comparto esa opinión. Porque el inciso tercero del artículo 192 bis propuesto por la Comisión establece: "En caso que un vehículo sea sorprendido circulando en las condiciones señaladas en los incisos anteriores, será retirado de circulación por Carabineros de Chile", para ser llevado a los corrales municipales, de donde normalmente -como bien decía el Senador García-Huidobro- no sale muy entero.
¿Cuál es el problema?
Voy a poner el siguiente ejemplo.
En Santiago, hay municipalidades, como la de Las Condes y otras, que cuentan con los denominados "puntos limpios", donde la gente va a dejar los desechos en cuestión. Si una persona sale en una camioneta desde su domicilio a uno de esos puntos limpios, ubicado a 10 o 20 cuadras, y lo pilla un carabinero, se le va a retirar de circulación el vehículo y deberá pagar una multa, según lo estipula la norma respectiva.
Por lo tanto, tenemos que precisar ese inciso, para que, cuando una persona realice un acto perfectamente legítimo, como llevar escombros en una camioneta a un lugar autorizado, no sea multado. Porque ¿cómo va a saber el carabinero si acaso se va o no a un lugar habilitado? Acá me dicen que existe un registro. Pero no es así.
Hay gente que se dedica a ese tipo de cosas.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Por favor, redondee la idea.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Con esto termino, señora Presidenta.
Por tanto, por lo expresado anteriormente, voy a aprobar en general el proyecto, pero es necesario que vuelva a la Comisión a fin de despachar una legislación más integral, que realmente apunte a resolver el problema. Porque, si dejamos la normativa tal como está, no va a tener aplicación.
En ese sentido, doy mi voto a favor de la idea de legislar, esperando que cuando el texto vuelva a la Sala para su estudio en particular podamos aprobarlo con todos los contenidos que requiere una legislación de estas características.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señora Presidenta, creo que acerca de este tema ya se ha dicho casi todo. Sin embargo, me quiero hacer cargo de lo que algunos han planteado en cuanto a que existiría un vacío legal.
En verdad, tal vacío no existe. Las municipalidades disponen de facultades. De hecho, nuestras playas -a propósito del proyecto que vimos ayer- y caminos rurales están llenos de letreros que señalan: "Prohibido botar escombros o basura. Multa de tantas UTM". Sin embargo, al lado de ellos normalmente hay basura y escombros.
En consecuencia, hay que preocuparse de dotar a las municipalidades no solo de facultades, sino también de los medios y el personal necesario para cumplir con el objetivo perseguido, considerando, por supuesto, la diversidad existente en las más de 340 comunas que tenemos en Chile.
En segundo lugar, ayer legislamos con respecto a una materia parecida, relacionada con las playas, en la que se hizo un importante avance. No obstante, lo que la iniciativa en debate propone no tiene ninguna relación con las multas de hasta 3 UTM que se plantean para quienes ensucien o boten basura en playas, ríos, áreas protegidas, en fin.
Lo que vemos aquí es una moción que parte con las penas del infierno: presidio de 541 días hasta tres años para el que ejecute alguna de las conductas sancionadas.
Originalmente se consideraban solo los vertederos, depósitos o rellenos ilegales y se dejaba fuera los caminos, las áreas verdes, los sitios eriazos y muchos otros sectores. Esto fue corregido en la Comisión. Sin embargo, quedan algunos temas pendientes, como aquí bien se ha señalado. Lo importante es que no nos quedemos únicamente en una suerte de penalización, sino que además entreguemos el necesario apoyo que requieren los municipios para ejercer estas atribuciones.
Desde luego, voto a favor de la idea de legislar.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, el informe del Ministerio del Medio Ambiente del 2011 señaló que la industria manufacturera generó la mayor cantidad de residuos peligrosos (195.338 toneladas), seguida por la explotación de minas (147.518 toneladas). Entre ambas clasificaciones se genera el 83 por ciento de los residuos peligrosos del país.
Hay un estudio denominado "Levantamiento, Análisis, Generación y Publicación de Información Nacional sobre Residuos Sólidos de Chile", del 2009, que estableció que se generaron 17 millones de toneladas de residuos, de las cuales alrededor de 7 millones corresponden a residuos municipales, y 10 millones, a residuos industriales. Estos datos no incluyen los residuos masivos de la minería.
El Gobierno del Presidente Piñera envió un proyecto de ley relativo a la responsabilidad extendida del productor; en definitiva, de la cuna a la muerte, pues pretende que el que vende el producto también se haga cargo del desecho final cuando aquel ya no sirva.
Está claro que esta iniciativa más bien busca evitar los vertederos clandestinos cuando exista la imposibilidad de botar desechos. Pero ¿por qué no se puede botarlos? Porque el 82 por ciento de la población se halla exenta del pago por retiro de basura. Sin embargo, cuando alguien tiene otro tipo de residuos y va al vertedero o al relleno sanitario le cobran entre 8 mil y 14 mil pesos por la tonelada, o por la camioneta, o por lo que sea.
Hemos aprobado una norma legal que permite entregar a la industria de la basura 15 mil 700 millones de pesos, más de 30 millones de dólares, para pagarles a los recolectores de basura, costo que debería haber sido asumido por la empresa privada.
Entonces, pregunto si vamos a sancionar solo al que transporta residuos de manera ilegal -actividad que debemos terminar-, o vamos a generar las condiciones para que efectivamente la gente pueda dejar sus desechos en un lugar adecuado, dando las facilidades para ello. Hay municipios que una vez al mes recogen en camiones todo tipo de desechos y los van a botar a un relleno sanitario.
Cuando a la gente le cobran por botar desperdicios, pero nada paga por el retiro de la basura domiciliara, se genera esta situación. Por lo tanto, en los hechos existe un incentivo a la ilegalidad.
Por eso digo que este proyecto busca sancionar desde el carrito con ruedas, o la carretela con caballos, hasta los camiones.
Sin embargo, de la lectura que hice del estudio del Ministerio del Medio Ambiente se concluye que hay 10 millones de toneladas de residuos industriales. ¿Dónde están? Se les preguntó a las empresas de tratamiento de residuos peligrosos e industriales cuánto estaban tratando. ¡No 10 millones de toneladas! En la Región del Biobío se genera un millón de toneladas anuales, y en el relleno sanitario donde se pueden acopiar residuos industriales no se reciben más de 100 mil. Hay 900 mil toneladas que quedan dentro de las industrias, en vertederos ilegales, pues aquellas no están autorizadas para mantenerlos, sino que deben destinarlos a rellenos sanitarios industriales.
En ese sentido, lo que se está haciendo es más bien una modificación al transporte de desechos, pero el problema de los residuos industriales peligrosos, que se hallan en lugares inadecuados, como rellenos o vertederos ilegales, se mantiene plenamente vigente.
¡Ni hablar de la minería! Esta genera miles y miles de toneladas de residuos que son mantenidos en sitios que en su mayoría no cuentan con autorización legal. El caso más cercano es el de ENDESA y su vertedero de cenizas en Lo Rojas, Coronel, Región del Biobío, que era un relleno ilegal. ¡La gran ENDESA botaba sus cenizas de manera ilegal!
Por eso, pienso que debemos perfeccionar la legislación que obliga a todas las industrias a botar sus residuos en lugares adecuados y evitar el depósito de basuras en sitios inapropiados, tal como lo plantea el proyecto. Pero hay que entregar facilidades. Debiera darse un tratamiento nuevo, profundo al tema de la basura en relación con los municipios.
El proyecto que aprobamos hace unas semanas persiguió solo otorgar plata. En él se establecía que 10 por ciento de la evaluación se refería al pago de los trabajadores, pero ello fue sacado de la iniciativa. No hay ninguna norma en los contratos que posibilite la regulación de esto.
Entonces, entregamos dinero a los municipios, a través de la SUBDERE, y en ello no se incluye el retiro de este tipo de residuos para llevarlos a los rellenos sanitarios. Si elaboráramos una legislación que permitiera a la SUBDERE imponerles condiciones a las municipalidades y a estas, a su vez, a los que contrata para el destino final y el transporte de la basura, esto podría mitigarse enormemente. Pero no se hallan dadas las condiciones para ello.
Votaré a favor del proyecto. Pero tenemos que mejorarlo, perfeccionarlo, porque, en definitiva, claramente existe un incentivo perverso, que no es eliminado por la iniciativa, pues de nuevo sanciona. Aquí debe haber un garrote, pero igualmente una zanahoria. A la gente que no quiere violar la ley hay que darle la posibilidad de que también bote sus residuos de manera legal y, por cierto, sin costo, ya que muchos no cuentan con recursos para pagar.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, por su intermedio, ¡quiero decirle al Senador Montes que nunca me quedé con algún caballo...! ¡No tengo ese problema...!
Estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto, y creo que va en una línea correctísima. Pero me gustaría destacar algunas cosas prácticas.
El Senador Pizarro habló de los vehículos de tracción animal en los sectores rurales. La verdad es que la problemática de estos no se encuentra en las zonas rurales, sino en las periferias de las ciudades. En la comuna de La Pintana hay un empresario -si así se puede llamar- que arrienda 200 caballos, 200 carretones, que extraen diariamente todos los escombros ilegales de La Florida, La Pintana y Puente Alto. Ello se hace en su totalidad con tracción animal.
Aquí debiéramos fijar una serie de medidas más prácticas.
En el caso de los camiones, la gran dificultad es que cuando van al vertedero el chofer bota la basura en el camino para quedarse con el dinero de lo que cuesta la disposición final.
Y con respecto a la fiscalización, los municipios sí disponen de herramientas. Pero el problema es que en la práctica no hay solución. Por ejemplo, cuando yo fiscalizaba, junto con Carabineros, a la gran cantidad de carretoneros que circulan en el sector sur de Santiago, ¿qué se hacía con los caballos requisados? Parece muy divertido, pero en Chile no existe un lugar para guardarlos. Y si les sucediera algo, vendría toda la problemática de la defensa animal. Además, el caballo no tiene la culpa de lo que pasa. Entonces, nosotros, en la práctica, hacíamos toda una figura -por eso el Senador Montes me acusa injustamente-: nos quedábamos con los aperos -Su Señoría sabe lo que son los aperos- y devolvíamos el caballo¿

El señor MONTES.- ¡Y con los caballos también¿!

El señor OSSANDÓN.- ¡Algunas veces pillamos a personas que trabajaban para el Senador, entonces¿!
Por otro lado, considero muy bueno eliminar la licencia y fiscalizar los vehículos, pues a todos les duele esa sanción. Y también estoy de acuerdo en que se establezcan multas altas para quienes transporten residuos tóxicos, peligrosos, infecciosos, ya que eso constituye casi un asesinato. Si hay personas que sacan en forma ilegal los residuos de algunos hospitales y los botan en lugares cercanos, donde circulan niños, pienso que no se debe bajar la multa, sino endurecerla.
Voy a mencionar algunos datos prácticos que se pueden trabajar después con la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Cuando era alcalde de Puente Alto juntábamos mil camionadas de 5 metros cúbicos al mes de escombros y basuras ilegales, ¡mil! Eso significa que en el presupuesto del año se gastaba casi un millón de dólares solo en esa labor.
Así que también comparto lo que manifestó el Senador Navarro: debemos buscar una solución a fin de que los vecinos exentos del pago por recolección de basura tengan un lugar para entregar sus escombros.
A mí me gustaría que en este proyecto también castigáramos o multáramos a quien genera este problema. Porque detrás de ello hay alguien que paga cinco, seis, diez mil pesos para que el camioncito o el carretonero se lleve sus escombros de obras menores desde sus domicilios. Y la legislación actual señala que tienen que ir a un vertedero oficial y demostrarse que lo hacen.
Algún Senador planteó que no había sectores para la disposición de estos residuos. Y creo que se equivoca, pues todas las regiones de Chile -por lo menos la Metropolitana- cuentan con lugares autorizados por el gobierno regional y la secretaría regional ministerial pertinente, aunque sean caros y lejanos, para depositar los desechos. Pero si no solucionamos el problema de la gran masa exenta, por supuesto que esta no tendrá otra alternativa que tirar la basura a la cuadra siguiente.
Voy a votar a favor. Y ojalá que en la discusión particular podamos invitar a la Asociación Chilena de Municipalidades. Porque aquí hay un tema muy práctico y que realmente constituye un dolor de cabeza para los municipios de Chile.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Alfonso de Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, existe bastante unanimidad en la Sala acerca de la necesidad de aprobar este proyecto.
Pero creo esencial hacer algunas referencias en cuanto a que estamos incorporando un numeral al artículo 192 de la Ley de Tránsito para sancionar y tipificar esta figura.
Conocemos claramente lo que ocurre, y cada Senador podrá argumentar acerca de situaciones fácticas, horrorosas que se producen en su territorio. Lo importante es que tengamos una medida efectivamente efectiva -valga la redundancia- para sancionar este tipo de conductas.
Sería relevante que en esta clase de iniciativas -no sé si se puede considerar dentro de la discusión, señora Presidenta- el Ministerio del Medio Ambiente remitiera su opinión respecto a cuándo, de qué manera y con qué urgencia se va a enviar a tramitación el proyecto de ley de residuos.
En la Cámara de Diputados se debatió durante todo el 2013 la iniciativa sobre responsabilidad extendida del productor. Pero se elude la responsabilidad, entrar a la discusión de fondo, que dice relación precisamente con la ley de residuos. Es enorme la cantidad de toneladas de residuos producida en la propia ciudad. Y luego su destino se diluye dentro de la tramitación, del entramado administrativo de una comuna, y no se sabe dónde quedan aquellos. Claramente, a los vertederos no llegan todos los residuos generados en cada región. Y es evidente que se da manga ancha para depositarlos en cualquier lugar.
Y no solo está el caso del carretonero que lleva escombros para dejarlos a la orilla de un camino, sino especialmente lo referido a los residuos peligrosos. Muchas veces los hospitales, determinadas actividades industriales no tienen un sistema de tratamiento, de disposición de sus residuos. Y son esos los que más ensucian, los que más inconvenientes generan, al contaminar humedales, cursos de río o, simplemente, al estar en la proximidad de poblaciones.
Por eso, señora Presidenta, creo que sería primordial que el Ministerio del Medio Ambiente informara cuáles son los recursos y, en primer lugar, cuál es la prioridad del Ejecutivo para enviar el proyecto de ley de residuos. Es un compromiso. Y esperamos que el Ministro lo cumpla.
Por otra parte, ¿qué labor se lleva adelante con las municipalidades? Hay municipios que no poseen la capacidad para disponer este tipo de residuos, para contar con vertederos o para retirar los escombros de las casas de numerosos vecinos.
Hace un par de semanas, en una sesión del concejo municipal de Futrono a la que concurrí, precisamente lo planteaban los vecinos de un sector importante de dicha ciudad. Y le pedí a la Alcaldesa, entre muchas otras cosas, que el municipio dispusiera que un camión realizara rondas para sacar los escombros y desechos que se mantenían en las distintas casas habitaciones.
Creo que esta iniciativa apunta a lo correcto. No obstante, considero que se debe formular alguna observación desde el punto de vista del rango de la pena, a efectos de que la ley no sea letra muerta o no distinga claramente entre los pequeños infractores que se movilizan en un carretón y quienes poseen un camión o realizan esta actividad en forma habitual.
Claramente, anuncio que voy a apoyar este proyecto de ley. Y reitero mi solicitud en el sentido de que el Ejecutivo haga su contribución, ya sea en la Comisión de Medio Ambiente o mediante la vía que se determine, para saber qué va a ocurrir con la ley de residuos.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Le corresponde el uso de la palabra al Senador señor Lagos, pero en este momento no está en la Sala.
Tiene la palabra, entonces, el Honorable señor Araya.

El señor ARAYA.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero manifestar que estoy de acuerdo con la idea de aprobar en general esta iniciativa, porque, sin duda, uno de los principales problemas que padecen hoy día los vecinos es la aparición de vertederos clandestinos, donde bastante gente inescrupulosa bota basuras o escombros.
También sabemos que este asunto se ha salido de control en las comunas. Hemos visto que en Antofagasta, en Calama, por ejemplo, han ocurrido situaciones que hemos conversado con los respectivos departamentos de aseo de las municipalidades.
Y, sin duda, el gran incentivo para que sucedan hechos de esta naturaleza es que no existe una sanción adecuada para combatirlos.
Dicho eso, quiero decir que me merece algunos reparos la redacción del texto. Por dos razones.
Por un lado, si uno mira la ubicación que se le da a la norma propuesta, observa que figura a continuación del artículo 192 de la Ley de Tránsito, que se refiere a las falsificaciones de licencias de conductor, de certificados de revisión técnica, etcétera. En consecuencia, su lógica es absolutamente distinta de la que debe tener la disposición que nos ocupa.
Por lo tanto, estimo que no podemos colocarla como artículo 192 bis en la Ley de Tránsito, dado que las figuras penales del artículo anterior aluden a los tipos de falsificación y, en alguna medida, de estafas que se puedan cometer con documentación fraudulenta.
Por otro lado, la dificultad no estriba en lo que planteaba el Senador Quinteros: la extensión de la pena, pues nuestra Constitución permite que el legislador siempre pueda fijar rangos de penas. Es decir, existe un criterio abierto para establecer unos más amplios o más reducidos y eso se puede hacer, porque el juez de la causa es quien debe ponderar adecuadamente la sanción aplicable al caso concreto, conforme a los antecedentes de hecho que se aporten en el juicio.
El problema, a mi entender, radica en la tipicidad de la figura penal. Porque cuando uno lee con detención el precepto, pareciera que se sancionara el mero transporte o traslado de basuras o residuos, situación que de por sí no es ilegal y que no debiera ser castigada por la ley.
Lo que ocurre es que la figura que se consagra hace alusión al transporte a sitios eriazos, vertederos, depósitos o rellenos sanitarios clandestinos. Y podríamos caer en el siguiente absurdo: que una persona contara con la famosa guía de despacho para trasladar basura, que algunos municipios exigen y otros no, donde se certificara que los escombros se sacaron de tal parte y van con destino a tal vertedero, pero terminara botándola en la vía pública o en otro sector.
Entonces, aquí se puede producir un error interpretativo, ya que no se halla claramente establecido qué figura queremos sancionar con este tipo penal.
Lo tercero se relaciona con el comiso del vehículo.
Si bien es cierto en el inciso tercero del artículo 192 bis propuesto se establece que Carabineros está facultado para decomisar el vehículo -y ahí cobra importancia lo que señalaba precedentemente, pues el mero transporte de basura o residuos no es delito en sí-, ¿cómo podría la autoridad prever dónde van a terminar esos escombros en caso de existir una guía de despacho?
Por consiguiente, el comiso del vehículo queda un poco en el aire: ¿se determinará por el solo hecho del transporte o estará asociado, también, a la sanción penal que le queremos aplicar? Insisto, la referencia al artículo 192 no tiene que ver con su uso propiamente tal.
En consecuencia, aquí no se clarifica si el comiso del vehículo por Carabineros constituye propiamente tal una pena u obedece a una medida de seguridad...

El señor PROKURICA.- Es una restricción.

El señor ARAYA.- ... o es una restricción.
De ahí que manifiesto que no queda claro qué sentido se le quiere dar al comiso del vehículo.
Por eso, soy partidario de que el proyecto en debate se apruebe en general -voy a votar a favor de la idea de legislar- y que vaya a la Comisión de Constitución. Porque, efectivamente, donde puede tener problemas de constitucionalidad es en la redacción del tipo penal, pues nuestra legislación, en materia constitucional y en la jurisprudencia tanto de los tribunales de la reforma procesal penal como de nuestra Corte Suprema, ha establecido que las figuras penales deben ser claras y precisas respecto al tipo de sanción que se aplica.
Ello se justifica aún más, teniendo presente que cuando uno mira la normativa sobre delito y cuasidelito, a que se refiere el párrafo donde se inserta el artículo 192 bis, observa que hay normas especiales en materia de procedimiento penal, en cuanto a que, dependiendo del tipo de pena y de la figura penal aplicable, se sigue un procedimiento ante el juzgado de policía local o, de acuerdo a la reforma procesal penal, uno simplificado o juicio abreviado.
Entonces, este punto debe quedar muy claro, para efectos de que la sanción pueda ser aplicada y no suceda que el texto legal se apruebe, pero no tenga ninguna utilización en la práctica.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Ahora sí le ofrezco la palabra al Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Gracias, señora Presidenta, por la nueva oportunidad de intervenir que me da.
Básicamente, quiero señalar que hemos escuchado acá a algunos Senadores, que, además, antes fueron Alcaldes -por lo menos he oído a dos de ellos-, quienes tienen claro el drama y la realidad que viven muchas comunas con la situación de los vertederos ilegales.
En Viña del Mar, en la región que me corresponde representar sin ir más lejos, en el caso del estero Margamarga, que es bonito, si uno camina solo tres kilómetros desde el casino hacia arriba de su cauce, obviamente, pues hacia el otro lado tendría que nadar y no caminar, ya que estaría en el mar...

El señor PROKURICA.- También se podría encontrar¿

El señor LAGOS.- ¡El Senador Prokurica podría caminar sobre las aguas...!

El señor PROKURICA.- Me refiero a que también se podría encontrar basura en el mar.

El señor LAGOS.- Tiene razón.
Pero lo que quiero señalar -y de una manera un poco más seria- es que el estero Margamarga se ha convertido hoy día en un verdadero relleno sanitario. Creo que su ribera ha aumentado de quince a dieciocho metros en algunos lugares, como consecuencia solo de los escombros, desperdicios.
Y todo esto de manera ilegal. No es que haya habido alguna época en que ello se autorizó. No es que exista un período del año en el cual se pueda verter. No es que haya algunos lugares a la orilla del estero Margamarga en donde se puedan depositar residuos sólidos, con permiso de la autoridad. Nunca se ha autorizado, y tampoco hoy. Sin embargo, existe un tráfico permanente, y el presente proyecto de ley trata de ayudar a combatirlo.
Me hago cargo de las diversas preocupaciones expresadas por varios colegas, y una de las más elocuentes fue, a mi juicio, la del Senador Araya. Esto refleja que la iniciativa debe ser mejorada.
Pero, en lo grueso, el proyecto sí introduce los temas que se deben considerar, aunque hay que refinarlos.
Tiene que incluirse lo disuasivo de la pena. Correcto. El juez no va a aplicar penas cuando sean muy altas. Pero créanme que cursar una multa de 20 o 40 mil pesos no va a resolver el problema de los vertederos ilegales. Retener la camioneta o el camión, sí. Dejar el vehículo en el corral municipal, sí va a ayudar.
Y el asunto que por sobre todo me gusta es el que se encuentra en el inciso final del artículo 192 bis propuesto, que da a los vecinos la posibilidad de denunciar. Porque me ha tocado intervenir en la situación del "vertedero del Margamarga" no por haber visto la basura, sino por haberme venido a buscar los vecinos para pedirme que los ayudara con su problema. Este se halla abandonado y algunos municipios no tienen los recursos, las ganas para enfrentarlo, o hacen la vista gorda respecto a lo que ocurre.
Y lo que más irrita en la situación descrita es que hay un negocio encubierto. Estos desechos provienen de las inmobiliarias -según dicen-, pues cuando uno va a ver el tipo de escombros se percata de que no es basura doméstica. No hay bolsas negras ni las de algún supermercado con restos de la basura diaria de una familia común y corriente de Viña del Mar. Hay verdaderos escombros, restos de construcción, refrigeradores. Por ende, acá existe un negocio que se aprovecha de esta situación.
En consecuencia, señora Presidenta, me parece razonable lo acordado acá, en el sentido de aprobar en general esta iniciativa y de que vuelva a la Comisión para afinarlo en el debate en particular, con la esperanza, en todo caso, de que en esa instancia el proyecto avance. Porque el asunto lleva ya varios años acá. Y al ritmo que vamos, considero que el estero Margamarga quedará entubado, producto de la cantidad de escombros que se dejan en él.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, voy a votar a favor en general la iniciativa. Y me parece que hay muy buenas ideas para perfeccionarlo en el debate en particular.
Más bien quiero hacer una reflexión y no repetir los argumentos.
A mi juicio, un país con un PIB de 20 mil dólares per cápita obviamente produce muchos más residuos, y bastante más diversos. Por tanto, se requiere un tratamiento a la altura de ese ingreso y del tipo de desechos que provoca el mayor consumo.
Sin embargo, me da la impresión de que nosotros seguimos enfrentando este tema como si tuviéramos 5 mil dólares per cápita, desde el punto de vista de la cantidad de basura y de las alternativas para su tratamiento.
Quiero afirmar que en este ámbito nuestro gran desafío es industrializar la basura. Hay países que con ella generan empleo, energía, abono, bienes. En efecto, a partir de los desechos, ¡se producen bienes!
Pero esto no surge solo.
En el Ministerio de Obras Públicas he visto que, dentro de los estudios para el otorgamiento de concesiones, existen hartos proyectos ligados a esta materia. No obstante, al final siempre se llega a la conclusión de que no conviene. ¿Por qué? Porque para los privados no es rentable el ciclo de tal inversión. Creo que, a estas alturas, lo razonable de nuestra parte es promover una empresa pública destinada a iniciar tal emprendimiento, por lo menos en algunas ciudades.
El ciclo de la inversión sería largo. Por ende, el Estado debería poner recursos y crear el mecanismo respectivo, a partir del cual se irían incorporando otros actores. ¡Pero hay que iniciarlo de una vez por todas!
Nosotros estamos muy atrasados en este asunto para el nivel de ingresos que tenemos. ¡Muy atrasados!
Ahora bien, tal decisión no se toma diciendo solamente cómo sancionar al que bota basura. Debemos discutir una política de ciudad, de tratamiento de residuos, y superar el enfoque puramente subsidiario del Estado. En definitiva, aquí se requiere una empresa pública, o más de una, dependiendo de cómo se quiera trabajar.
Yo les pregunto: ¿va a haber estaciones de transferencia de alta tecnología al interior de nuestras ciudades mientras no haya una capacidad efectiva de industrializar la basura? No.
En París opera una tecnología de alto nivel en esta materia. Ahí existen estaciones de transferencia muy sofisticadas. Se acumula la basura en determinado lugar y de ahí la distribuyen a otras partes, pero antes la comprimen, la separan de distintas maneras, en fin. Sin embargo, nadie reclama, porque se utiliza alta tecnología que no contamina. En el fondo, se genera otro escenario.
En Chile, en cambio, cuando se plantea la instalación de una estación de transferencia -hasta hace poco fue en Puente Alto; ahora es en La Pintana-, todo el pueblo se levanta en contra, pues se sabe que se aplicará tecnología de mala calidad, que va a contaminar y que producirá muchos problemas en el entorno.
Quiero terminar recordando que nuestro país ha suscrito un convenio con los suecos y con los alemanes en este ámbito. De hecho, ellos están con una misión acá.
Todos los años, cuando discutimos el proyecto de Ley de Presupuestos, se destinan recursos al efecto. Se han entregado fondos a ciertas ciudades (Valdivia es una de ellas), a fin de iniciar procesos relativos al tratamiento de basura, los cuales están en una línea no industrial, sino bastante artesanal.
Estimo que los suecos estarían felices de transferirnos toda su tecnología, por cuanto van muy adelante en lo que se refiere a generar energía y empresas con tales características.
En consecuencia, lo razonable sería que aprovecháramos tales opciones y que, de una vez por todas, pensáramos de otra manera respecto de un problema que, en la medida en que tengamos más ingresos, será cada vez mayor.
Muchas gracias.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto en general (30 votos).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
La señora ALLENDE (Presidenta).- A continuación, habría que fijar plazo para la presentación de indicaciones. Pero el señor Secretario me informa que en este momento no hay quórum para adoptar acuerdos. Por tanto, este punto quedará pendiente hasta la próxima sesión.

Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ARAYA:
A la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios, solicitándole FISCALIZACIÓN ANTE REITERADOS CORTES NO PROGRAMADOS DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN POBLACIÓN LAS ROCAS (ciudad de Antofagasta).
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Agricultura, para requerir INFORMACIÓN DE CONAF SOBRE INGRESO DE TURISTAS EXTRANJEROS A PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE Y VALOR DE ENTRADA EN DIVISAS, y al señor Intendente de Magallanes y la Antártica Chilena, para consultarle por PROGRAMA DE NUEVA ADMINISTRACIÓN EN DIVERSAS MATERIAS REGIONALES.
Del señor MONTES:
Al señor Ministro de Hacienda, pidiéndole que requiera a Servicio de Impuestos Internos información sobre CANTIDAD DE FONDOS DE INVERSIONES PRIVADOS EN CHILE.
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El señor TUMA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Partido Unión Demócrata Independiente e Independiente.
No hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Partido Por la Democracia e Independiente, tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.


PETICIÓN DE EXPROPIACIÓN DE TERRENO EN FUNDO ALMENDRO DE QUILES (COMUNA DE PUNITAQUI) PARA EVITAR DESALOJO DE 60 FAMILIAS. OFICIOS

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, solicito enviar oficios a los Ministerios de Bienes Nacionales, de Vivienda y Urbanismo y del Interior y Seguridad Pública, como también al Gobierno Regional de Coquimbo, con el propósito de que se explore la posibilidad de llevar a cabo un proceso de expropiación de terreno en el fundo denominado "Almendro de Quiles", en la comuna de Punitaqui, provincia de Limarí.
Tal petición obedece a la amenaza de desalojo que afecta hoy a 60 familias que ahí viven, las cuales tienen una pertenencia ancestral a esas tierras. Se trata de personas originarias de la cultura diaguita-inca que, por distintos procesos económicos y sociales, se fueron transformando en ocupantes de esos terrenos. Pero reitero que dicha comunidad indígena ha habitado esas tierras por centenares de años.
Desde hace mucho tiempo he acompañado a estos campesinos para lograr la regularización de los predios, buscando acuerdos con los distintos dueños de la propiedad. Sin embargo, ello ha sido bastante difícil.
En el año 2008 o 2009, por voluntad de los propietarios, se entregó tres hectáreas y media a cada una de esas familias.
Cabe recordar que, durante el Gobierno del Presidente Allende, ellas fueron beneficiarias de la Reforma Agraria, y hubo asentamiento ahí. Pero, como todos sabemos, con el golpe de Estado vino una contrarreforma que nuevamente les quitó las tierras a los campesinos para devolvérselas a los antiguos dueños.
En aquella oportunidad, se logró que alrededor de 200 y tantas hectáreas de ese fundo -está compuesto por 15 mil hectáreas- pasaran a los campesinos. Sin embargo, desgraciadamente, después se vendieron tierras y los nuevos propietarios entraron a litigar con los campesinos y a oponerse a los títulos de dominio que ya habían sido saneados por Bienes Nacionales.
Hoy día existe una amenaza inminente de desalojo contra esas 60 familias, en un momento en que los hombres, jóvenes y adultos, están en la cordillera argentina en las veranadas -la gran mayoría son crianceros- y las mujeres, los ancianos, los niños y las niñas se encuentran solos. Considero que es un acto de suma cobardía por parte de los nuevos dueños llegar en este instante a amenazar con desalojar a esas personas.
La única solución es que el Estado tenga la voluntad de actuar amparado en el artículo 19, número 24°, de la Carta, que, si bien garantiza la propiedad privada, también le pone un límite, permitiendo que el Estado intervenga por causa de bien social.
En consecuencia, señor Presidente, resguardados en esa disposición constitucional, solicito enviar los oficios señalados para que las autoridades gubernamentales exploren aquel mecanismo a fin de dar una solución definitiva a las 60 familias que hoy día están viviendo la angustia de ser desalojadas por la policía de las tierras que ancestralmente les han pertenecido.
Gracias.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento, con la adhesión de los Honorables señores De Urresti, Navarro y Tuma.


El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo que resta al Comité Partido Por la Democracia e Independiente, tiene la palabra el Senador señor Navarro.


DAÑO A BIOMASA POR DESCARTE DE SARDINAS Y ANCHOVETAS. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, pido el envío de oficios a los señores Ministro de Economía y Subsecretario de Pesca para hacer presente una problemática que encierra una crisis, lo cual, lamentablemente, podría culminar en una doble falta.
En efecto, es factible que se genere una movilización social como respuesta al mal cumplimiento de la Ley de Pesca -¡una fallida Ley de Pesca!-, a modo de denuncia por un acto criminal, esto es, el descarte, que podría terminar con la biomasa de la sardina y, en especial, de la anchoveta.
En la Región del Biobío, más de 400 naves pesqueras de recursos pelágicos (sardinas y anchovetas) en este momento se encuentran en proceso de captura, tal como la ley lo ordena.
Dichas embarcaciones zarpan desde los puertos de Talcahuano y Coronel; encuentran el manchón de peces mediante radar; hacen un lance -esta faena puede durar hasta tres horas-; recogen la red, y consiguen 80 toneladas de pesca. Sin embargo, solo cuando es visible el pez, se puede precisar el porcentaje autorizado por ley (90 por ciento de sardinas y 10 por ciento de anchovetas). Tales proporciones no se cumplen, porque sale una cantidad mayor de anchoveta (30 a 40 por ciento), razón por la cual deben botar lo capturado al agua: ¡80 toneladas de peces muertos al mar!
Entonces, realizan un segundo lance, luego de buscar un manchón distinto. Hago presente que los instrumentos de que disponen no permiten distinguir si hay más presencia de sardinas o de anchovetas. Lo que se detecta es un cardumen, un volumen de recurso pelágico. En este segundo intento, suele obtenerse un resultado similar, por lo cual se vuelve a descartar.
En un tercer lance, señor Presidente, se decide llevar a puerto lo que se capture. La contabilidad que se realiza al momento de la descarga es la que sirve a los comités científicos, junto con la información que aporta el buque Abate Molina, que realiza dos cruceros al año por un segmento del territorio marítimo, entre las Regiones Quinta y Décima. Ello, para precisar qué porcentaje de sardina y anchoveta existe como recurso a extraer.
Este es un mecanismo criminal.
La ley falló a la primera. La Ley Longueira no sirve para la definición de la captura del recurso pelágico sardina y anchoveta, por cuanto las considera especies diferentes, en circunstancias de que, en la práctica, son especies unificadas: se desplazan juntas, comen juntas, se desarrollan juntas.
Por eso los pescadores pelágicos suspendieron, en forma voluntaria, sus faenas de pesca entre las Regiones Quinta a Décima, pero hasta ayer, cuando no hubo respuesta a sus inquietudes. Hoy miércoles más de 300 naves salieron a pescar. Y tal como sostuvieron los capitanes de embarcaciones que asistieron a la Comisión de Pesca, el descarte hoy debe haber cobrado 20 mil toneladas de sardinas y anchovetas si se consideran dos lances: ¡20 mil descargadas en puerto, 20 mil descartadas!
Señor Presidente, estamos provocando una mortandad, un atentado a la biodiversidad, producto de que la ley, tal como está, introduce este elemento negativo. En nuestra opinión, el artículo 100 de la Ley de Pesca permite al señor Subsecretario, mediante un informe fundado para proteger la biodiversidad y el patrimonio natural, implementar medidas extraordinarias con el objeto de enfrentar y evitar el daño a cualquier recurso pesquero. En este caso, se trata de la anchoveta.
El último informe del comité científico señala: "Cero pesca para esta especie". Sin embargo, como esta se encuentra unida a la de la sardina, cada vez que se realice un lance se capturará 10, 15, 20, 40 o 50 por ciento de anchoveta. Entonces tendrán que botar el recurso al mar o llevarlo a puerto, caso en el cual deberán pagar la multa respectiva y sufrir la retención de las redes, pues así lo establece la Ley de Pesca.
¿Cuáles son los principios traicionados en los hechos? El precautorio, el de la protección, el del fortalecimiento de la biomasa.
Escuché tantas veces al ex Senador Longueira, Ministro de Economía del anterior Gobierno, dar brillo a los atributos de la ley. Según él, esta normativa iba a proteger la biomasa: se resolvería el problema por la vía administrativa, sin necesidad de que los pescadores artesanales encendieran neumáticos en la calle.
Queda claro que la ley no ha funcionado. ¡Lo que tenemos es una atrocidad! Los pescadores seguirán descartando hasta "encontrar la proporción adecuada", que no existe, porque se exige cero por ciento de captura de anchoveta y esta, en realidad, convive con la sardina.
Hemos sugerido una ley fast track para establecer un artículo transitorio que permita la unificación del monitoreo, en marcha blanca, a fin de contar con un estudio más fiable, a lo menos con lo que resta de la cuota, es decir, 200 mil toneladas de sardinas y anchovetas (180 mil de sardinas y 20 mil de anchovetas). Se busca que la captura real -o sea, el primer lance- determine los elementos básicos para el cálculo de los comités científicos.
Hasta ahora se tiene un muestreo irreal, ya que lo real se descarta. Se lleva un muestreo que se acomoda a la exigencia de la ley. Por lo tanto, la captura es el mejor monitoreo para determinar qué pasa con ambas especies.
Los pescadores de la Región del Biobío, particularmente los de Talcahuano y Coronel, han actuado con extrema responsabilidad.
Me he comunicado con el jefe de gabinete del señor Ministro del Interior, con el señor Ministro de Economía y con el Subsecretario de Pesca -los dos últimos se encontraban en Iquique, enfrentando la catástrofe que dejó el terremoto 8,2 que nos sorprendió anoche¿

El señor TUMA (Vicepresidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Puede continuar su intervención haciendo uso de los minutos que le cedió el Comité Partido Demócrata Cristiano e Independiente.
Dispone de 10 minutos más.

El señor NAVARRO.- Gracias, señor Presidente.
Agradezco al Comité de la Democracia Cristiana.
Quiero señalar que estamos frente a una gran encrucijada. Todos sabemos que la ley es imperfecta, que la ley ha fracasado y que, en definitiva, lo exigible a los capitanes de embarcación es imposible de cumplir. Y si se observara según indica la legislación, estaríamos cometiendo un atentado contra la biomasa, que es, precisamente, lo que se buscaba evitar a través del artículo 100, que otorga una facultad extraordinaria al Subsecretario para la protección de la biodiversidad.
Hemos señalado dos caminos: o se realiza una pesca de investigación acotada de acuerdo al artículo 100, o planteamos una alternativa legal fast track para incorporar una norma transitoria en la Ley de Pesca que disponga que la captura del resto de la cuota conforme la base del monitoreo para el establecimiento de la biomasa de ambas especies.
La autoridad no ha adoptado ninguna medida. Mañana se realizará una reunión crucial con el Ministerio de Economía. Los pescadores se han quedado, aun cuando más de la mitad de la flota ya embarcó.
Señor Presidente, he tenido acceso a los videos que los tripulantes han enviado: ¡en verdad, es un acto criminal!
En cada lance de captura se está sacando 60 por ciento de anchovetas. Y con ello, no se está cometiendo ninguna ilegalidad. En el mar todavía quedan 140 mil a 150 mil toneladas de sardinas, pero es imposible distinguirlas. En los lances siempre saldrá anchoveta.
Además, cuando la red aprieta, el recurso muere. Por tanto, no queda otra que arrojarlo así al agua. No obstante, los convenios internacionales firmados por Chile prohíben verter especies hidrobiológicas muertas o en estado moribundo al mar, porque ello genera contaminación.
Hoy día tenemos tres caminos.
El primero, como ya se indicó, es aprobar una ley fast track.
El Congreso ha aprobado cuerpos legales en diecisiete horas, en dos días o en dieciséis años, como ocurrió con la iniciativa de bosque nativo. Hemos despachado leyes por urgencias. La semana pasada lo hicimos con el proyecto relativo a los recolectores de basura, en el que se dispuso la asignación de 30 millones de dólares a la empresa privada, que fue incapaz de pagar sueldos dignos a sus trabajadores.
Asimismo, existe la opción administrativa de que el Subsecretario de Pesca use su facultad. Este ha actuado con cierto temor en esta materia, a pesar de que lo conozco y sé que no es un hombre temeroso a la hora de cumplir sus funciones. ¡Y dicha atribución está dada! Le hemos explicado con porotitos, no con huevitos de pescado, el inciso segundo del artículo 100, que otorga dicha facultad.
No se pide más exigencia de cuota. No queremos sumar la pesca de investigación a una mayor cuota, como se usó abusivamente durante 20 años. Recordemos que la pesca de investigación se transformó en un mecanismo de salida para que la autoridad del ramo calmara los ánimos. Cada vez que había una movilización del sector, los Subsecretarios daban más cuotas de pesca: 30 mil, 40 mil, 50 mil toneladas. Fue un factor de control social. Particularmente, recurrí a la Contraloría General de la República para anular esa aberración, porque no se requerían 40 mil toneladas para hacer pesca de investigación. No es eso lo que estamos proponiendo.
Se requiere no que aumente la cuota restante de captura, sino que ella sea considerada como pesca de investigación. Se busca que los lances de los sectores de pesca reflejen realmente el estado del recurso.
En mi opinión, va a haber movilización de los pescadores artesanales. Corremos el riesgo -lo digo con responsabilidad- de que esta sea la primera manifestación social en contra del Gobierno; en los hechos, en contra de la Administración de la Presidenta Bachelet. Podemos evitar tal situación. De lo contrario, se recurrirá al camino consabido de la protesta, que motivará después la adopción de las medidas administrativas pertinentes.
La tercera vía es más compleja: el recurso de protección, el cual puede tardar mucho tiempo.
Claramente, la autoridad está investida de facultades para hacer cumplir el espíritu de la ley. Aún suenan en mi cabeza las palabras de Longueira, repetidas hasta la saciedad: "Esta es la mejor ley; es precautoria, preventiva; va a proteger los recursos y permitirá su subsistencia".
Y, como es claro que la normativa no se está cumpliendo, la autoridad administrativa tiene la facultad y el deber de proteger el recurso.
Entonces, veo dos caminos: o cursa multas hasta la saciedad, provocando un conflicto de proporciones, o en definitiva busca el mecanismo que señala el artículo 100.
Esto, señor Presidente, me deja con sentimientos muy encontrados.
En este mismo lugar, durante la tramitación del proyecto modificatorio de la Ley de Pesca votamos en contra del artículo que estableció el descarte regulado. ¡En la Ley de Pesca anterior esta práctica estaba prohibida! ¡Y se reguló! Porque se la transformó en "fauna acompañante", de manera de evitar conflictos con la industria y, también, con el sector artesanal.
¡La ley no logró resolver el problema!
La pena que me da, señor Presidente, es haberle dedicado tantas horas al debate para despachar una normativa legal que a la primera crisis provoca un conflicto social y genera una antípoda: el actuar se transforma en lo contrario al espíritu de la ley.
Y nótese la paradoja: fueron los pescadores pelágicos de la Región del Biobío -también los de la Décima-, quienes el año pasado, cuando se dirigieron a la captura de la sardina y la anchoveta, encontraron especies de menos de ocho centímetros, con huevecillos, ante lo cual voluntariamente accedieron a una veda biológica y no pescaron. Ellos lo pasaron muy mal el 2013, porque no capturaron más de la mitad de la cuota. Y, como la ley dice que el que no captura la cuota no la acumula para el próximo año, perdieron la posibilidad de capturar.
Sin embargo, esos pescadores actuaron con la sabia conciencia de que extraer sardina y anchoveta con huevos y de tamaño ínfimo les iba a generar un déficit en 2014. No se capturó, y hoy día el recurso aparece recuperado: la sardina está saludable; la anchoveta, también, pero más escasa.
Por lo tanto, debemos tomar una opción política, administrativa y social.
Creo que la autoridad ha de medir su acción.
Yo ejemplificaba en la Comisión de Pesca que he visto a conductores que llevan niños en riesgo de muerte o mujeres embarazadas al hospital y pasan con luz roja, cometen otras infracciones del tránsito, incurren en acciones que podrían dar lugar a multas, violan la ley. ¡Pero salvan una vida!
Por lo tanto, hay atenuantes cuando no se busca violar la ley, sino salvar una vida.
A mi juicio, hoy día en la captura de sardina y anchoveta debe hacerse algo similar. Los propios pescadores dicen: "Lleguemos con el primer lance para no tener que hacer descarte". Porque si llegan con 80 toneladas habiendo descartado 160, la cuota de 600 mil, 800 mil -señor Presidente, escúcheme- ¡se transforma en 2 millones 400 mil toneladas! Y ese es un impacto que el recurso no va a soportar.
Por tanto, las próximas horas serán cruciales.
Señor Presidente, solicito que se oficie al señor Ministro de Economía, al señor Director Nacional del SERNAPESCA, al señor Subsecretario de Pesca, al Ministro del Interior, a la Presidenta de la República, haciéndoles llegar esta intervención. Porque cuando la ley es injusta, yo soy de los que creen que no existe el deber de respetarla, sino el de cambiarla.
¡Cuando la ley causa daño, no hay que aplicarla! Porque aplicar la normativa actual, en las condiciones en que está, provoca un grave daño al recurso hidrobiológico pelágico sardina y anchoveta, particularmente a esta última.
En tal sentido, señor Presidente, pido que se oficie también a los comités científicos y técnicos que hoy día están incorporados en la Subsecretaría de Pesca para la evaluación de la biomasa, con el objeto de que se les haga llegar mi intervención y se les solicite el estudio sobre la unificación de la pesquería.
Discutimos la normativa el año pasado. La idea es que la ley refleje la realidad y no la deforme. Porque en este caso la deformó. Por eso hay una disidencia absoluta, y la pesca en Chile -en particular los pescadores- está pagando los costos.
Hemos estado en la Comisión de Pesca con el Senador Bianchi y las Senadoras Goic y Van Rysselberghe. Esta situación concita una preocupación totalmente transversal y hay coincidencia plena en que lo peor es dejar las cosas tal como están, porque así acabarán mal.
Vamos a terminar con descarte masivo, vamos a terminar con movilización social, vamos a terminar con un claro cuestionamiento a la ley. Porque hay que cambiarla. Pero no habrá un desarrollo ni un paso adelante en la vía correcta de resolver el problema de fondo.
Yo, señor Presidente, lo lamento profundamente, pues no estoy viendo capacidad para enfrentar los problemas existentes.
Termino señalando que no estamos hablando por boca de ganso. Salimos a pescar en la madrugada de un día de la semana pasada -concurrieron la Senadora Van Rysselberghe, el Diputado Cristián Campos-, estuvimos en el mar durante ocho horas y pudimos observar la captura de toda la flota. Eso nos ratifica que la situación que hoy día narro -y que conocíamos- es la real.
Señor Presidente, pido que se oficie a las autoridades que he mencionado y, además, a los Intendentes de las Regiones Quinta a Décima, a fin de que podamos enfrentar este problema en las próximas horas.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento, con la adhesión de los Honorables señores De Urresti, Bianchi y Tuma.


El señor TUMA (Vicepresidente).- A continuación, en el tiempo del Comité Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Bianchi.


DEFICIENCIAS EN ÁREA DE SALUD EN PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA. OFICIOS

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, durante el trabajo territorial que desarrollo periódicamente en mi Región he sostenido en las últimas semanas diversos encuentros con los habitantes de la provincia de Última Esperanza. En el caso particular de los de la comuna de Puerto Natales, uno de los principales planteamientos que he recibido se relaciona con una justificada preocupación por la falta de médicos especialistas y la eventual partida en los próximos meses de algunos que se desempeñan hoy en el hospital Doctor Augusto Essmann.
Sabido es que durante el presente año comienza la construcción de un nuevo edificio para dicho hospital -ansiamos que sea de primera categoría- y que para ello se requieren no solo infraestructura sino además profesionales especialistas.
En la actualidad, existen situaciones que pueden y deben ser atendidas con prioridad por el Ministerio de Salud.
Lo que a continuación expondré se basa en la premisa de dar solución a problemas registrados en una provincia aislada y que se originan no solo por la demanda de sus habitantes (alrededor de 25 mil), sino además, según las estadísticas oficiales, por la existencia de una población flotante anual que sobrepasa las 150 mil personas, principalmente turistas que llegan a visitar el Parque Nacional Torres del Paine y otros exclusivos atractivos naturales que tenemos en nuestra Región y que nos transforman en uno de los principales destinos de la Patagonia.
En lo medular, señor Presidente, solicito que se oficie al Ministro de Salud con el objeto de que nos informe, en primer lugar, acerca de las posibles vías de solución para que se implemente un turno de 24 horas de laboratorio en el hospital de Puerto Natales y, junto con ello, se analice la factibilidad de acceder a la petición de contratar los tecnólogos médicos necesarios para atender durante las 24 horas del día.
Otra solicitud dice relación con la posibilidad de contar con una unidad de medicina transfusional, la que sería encargada de mantener un stock mínimo de sangre para atender a los pacientes que lo requieran.
Este punto es clave, debido a que en la actualidad se realizan intervenciones de urgencia, y también programadas, sin la existencia de una unidad de tal índole.
Muchas veces los médicos se ven enfrentados a la realización de cirugías de urgencia con solo una o dos unidades de sangre. Lo anterior, en el entendido de que una unidad de glóbulos rojos equivale a 300 centímetros cúbicos, con lo cual solo es posible atender a una persona que sufre una hemorragia de carácter moderado. Sin embargo, ese volumen resulta insuficiente cuando se trata de una emergencia obstétrica o ante un accidente con involucramiento de más de una persona.
En Última Esperanza se cuenta solo con un médico cirujano, quien finalizará su destinación en abril de 2015. Y se ha informado que, luego de eso, dicho especialista se irá de la región. Sin embargo, a la fecha no hay luces de un remplazo y desconocemos si se ha realizado alguna gestión para contratar desde ya a otro cirujano.
Es de dominio de quienes se desempeñan en el área de la salud en Última Esperanza y en el resto de la Región la urgente necesidad de contar con un ginecólogo. Hasta el momento esa es la piedra de tope. Y se me informó que en dos oportunidades se ha mandado a formar a profesionales de esa índole, pero desgraciadamente ninguno ha regresado a ejercer.
Con el escenario que se presentará a contar del año 2015, si no se toman las medidas oportunas, el hospital de Puerto Natales quedaría solo con un traumatólogo y un anestesista.
Para dar respuesta a las necesidades quirúrgicas elementales de la población se debe contar con cuatro especialidades básicas: cirugía, anestesiología, ginecología y medicina interna. A ellas se agregan traumatología y pediatría.
Solicito a las autoridades del Ministerio de Salud solucionar el déficit de especialistas existente en la provincia de Última Esperanza, de manera que no tengamos que esperar a que se concluya la construcción del nuevo hospital para contar con los profesionales de reemplazo, que hoy día se requieren con carácter urgente.
En la misma línea, señor Presidente, debo señalar que el servicio de urgencia de Puerto Natales atiende a alrededor de 30 mil personas al año. Existe un solo médico de turno, quien queda encargado además de las 57 camas de hospitalización cuando finaliza el horario hábil. Esto lleva obviamente a un agotamiento físico e intelectual, dado que la complejidad de las atenciones es cada vez mayor, aparte el riesgo médico legal implícito.
Para entender mejor esa situación, debo connotar que el médico que atiende urgencias también debe estar atento a la mujer embarazada que llega al servicio de ginecología para dar a luz y a los demás pacientes que se encuentran en una sala denominada "de recuperación", donde, ante una contingencia, podría llegar un paciente con infarto agudo al miocardio.
Sé que dar solución a problemas derivados de carga laboral excesiva en una unidad de urgencia no resulta tarea fácil en lo inmediato. Pero también soy consciente de que se trata de una necesidad que no es imposible satisfacer en forma prioritaria.
Como última medida, le solicito al Ministerio de Salud que evalúe la transformación en servicio de atención primaria de urgencia (SAPU) el actual centro de salud familiar (CESFAM) de Puerto Natales, que, según se me informó, cumple todas las exigencias indispensables para atender como tal.
A la fecha podría existir el argumento de falta de población, ya que los centros de atención primaria se implementan de acuerdo a cierto número de habitantes: aproximadamente, 40 mil personas. Sin embargo, en otros puntos del país vemos experiencias al respecto. Por ejemplo, la de Pucón, donde, para una población cercana a las 21 mil personas, existen hospital y SAPU.
A lo anterior debemos añadir la lejanía de Puerto Natales con respecto a un centro de derivación susceptible de atender situaciones de mayor complejidad y las adversas condiciones climatológicas en invierno, que pueden significar aislamiento total.
Importante resulta considerar la exitosa experiencia de Punta Arenas cuando se instaló el primer SAPU en el consultorio Juan Damianovic. Allí se ubicaron tres boxes para urgencias; se atendía desde las 18 hasta la medianoche, y con dos médicos se lograba cubrir un promedio de noventa personas diarias.
La dotación de médicos que realizan estas atenciones generalmente es la misma que trabaja en horario diurno, ya que constituye una actividad con remuneración aparte.
Por lo tanto, solicito remitir los oficios pertinentes, con transcripción de esta intervención, a la señora Ministra de Salud, a fin de que se dé respuesta ante cada medida que he solicitado, para lograr que se satisfagan de manera mínimamente satisfactoria las necesidades de salud existentes en la provincia de Última Esperanza.
Asimismo, pido que copia de mi intervención se envíe también al Intendente de Magallanes; a los miembros del Consejo Regional de Magallanes; a los Alcaldes y Concejos de Puerto Natales y Torres del Paine, y al Director del Hospital de Puerto Natales.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del Senador señor Bianchi, conforme al Reglamento.

El señor TUMA (Vicepresidente).- A continuación, en el tiempo del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el Honorable señor De Urresti.


PROBLEMAS EN OBRAS CONSTRUIDAS MEDIANTE PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO" EN ROTONDA YÁÑEZ ZAVALA, DE VALDIVIA. OFICIOS

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en primer lugar, pido que se oficie a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo.
Me reuní con vecinos, presidentas de juntas de vecinos, representantes de clubes deportivos y diversos dirigentes de la población Yáñez Zavala, de Valdivia, quienes me manifestaron una tremenda inquietud.
El programa Quiero Mi Barrio, que se llevó a cabo en las importantes poblaciones Yáñez Zavala y Pablo Neruda, de dicha ciudad, contempló una serie de obras de construcción en la rotonda que las une. Varias de ellas se encuentran abandonadas y han resultado un verdadero fracaso desde el punto de vista de la política urbana y del beneficio para sus vecinos.
Reunidos en asamblea, ellos han manifestado su permanente inquietud por no contar con mayores recursos que permitan modificar la construcción realizada, la cual claramente no consideró la dinámica de los habitantes, sus costumbres y no logró convertirse en un espacio comunitario ameno para llevar adelante sus objetivos. Por el contrario, se transformó en un lugar oscuro y peligroso, donde jóvenes se juntan a beber en la noche.
Por eso, deseo que la señora Ministra de Vivienda nos indique qué plan tiene contemplado la Cartera a su cargo para el programa Quiero Mi Barrio en las poblaciones Yáñez Zavala y Pablo Neruda, de Valdivia; cuál será el calendario de inversiones, y qué vías de solución se han planteado para no dejar ese verdadero lunar en dicho sector.
Asimismo, solicito que se envíe copia de mi intervención -dejaré sus direcciones a disposición de la Secretaría del Senado- a los siguientes dirigentes: Maritza Concha (Presidenta de la Junta de Vecinos), Boris Córdova y Sandra Mora.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.



FALTA DE ALCANTARILLADO EN LOTEO PETERSEN, DE VALDIVIA. OFICIOS

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, pido que se oficie al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que nos informe por qué en el proyecto Avenida Circunvalación (sector Las Mulatas, calle Arica) no se concretó la instalación programada de alcantarillado para el loteo Petersen.
Cuando se diseñó el proyecto de dicha circunvalación se consideró la construcción de alcantarillado para una serie de viviendas del sector, cuyos habitantes durante mucho tiempo han luchado para sanear sus terrenos y para que las expropiaciones no afecten sus propiedades.
Con gran sorpresa se han acercado esos vecinos a mi oficina parlamentaria para señalarme que en el avance de las obras no se ha considerado la construcción de alcantarillado para tal sector.
Por esa razón, me gustaría que la señora Ministra de Vivienda informara a qué se debe este problema y cuál es el calendario de inversiones que se llevará a cabo para concretar la obra pertinente.
Además, solicito que se envíe copia de mi intervención a don Jorge Gutiérrez Vargas, cuya dirección también dejaré en la Mesa de esta Alta Cámara.
--Se anuncia el envío de los oficios respectivos, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.



DEFICIENTE DOTACIÓN DE CARABINEROS EN REGIÓN DE LOS RÍOS Y CONSTRUCCIONES POLICIALES EN LOCALIDADES DE COMUNA DE RÍO BUENO. OFICIOS

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, pido que se oficie al señor General Director de Carabineros para que nos informe, en primer lugar, sobre la dotación existente en la Región de Los Ríos.
Veo con mucha preocupación la desigualdad que se registra en innumerables ocasiones, de acuerdo al porcentaje de población, entre la dotación de efectivos en Santiago y la que se destina a las regiones del sur de Chile, especialmente a la que me corresponde representar en esta Corporación: la de Los Ríos.
En la ciudad de Valdivia existe un grupo de formación de carabineros, del cual egresan aproximadamente 140, cada año, pero no más de 10 a 20 se quedan en nuestra región. Eso me parece del todo inequitativo.
Por ello, solicito que el señor General Director de Carabineros nos indique con claridad la dotación de carabineros existente en la Región de Los Ríos.
De igual modo, pido que nos informe detalladamente sobre el proceso de reposición de la Cuarta Comisaría de Río Bueno; de los retenes de Cayurruca y de Carimallín, así como de la construcción de un nuevo cuartel en la localidad de Crucero, todos pertenecientes a la comuna de Río Bueno.
Estas inquietudes me las plantearon directamente el Concejo Municipal y el señor Alcalde, con quienes me reuní la semana pasada.
En virtud de lo anterior, pido que también se envíe copia de mi intervención a cada uno de los seis Concejales de la comuna de Río Bueno y al Alcalde, señor Luis Reyes.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, de acuerdo al Reglamento.



INFORMACIÓN SOBRE CONTRATO CON EMPRESA SOMARCO EN REGIÓN DE LOS RÍOS. OFICIOS

El señor DE URRESTI.- En otro orden de cosas, señor Presidente, pido que se oficie tanto al señor Ministro de Transportes cuanto al de Obras Públicas para que remitan al Senado información sobre el contrato plurianual que suscribió la Cartera de Obras Públicas con la empresa Somarco, en la Región de Los Ríos.
Debo clarificar que dicha empresa realiza tres servicios de conectividad: en el lago Pirihueico, con una barcaza que cruza hacia el paso internacional Hua Hum; en el lago Ranco (comuna de Futrono), con una barcaza que atiende a la isla Huapi, y en la costa de Valdivia, con una embarcación que une la localidad de Niebla con la comuna de Corral.
Quiero que se me informe, en especial, sobre las condiciones de la prórroga del contrato respectivo y las acciones que se adoptarán en caso de suspensión del servicio por mantención de los trasbordadores.
Lo anterior, debido a la gran preocupación e incertidumbre existentes en las comunidades de Corral, de Futrono y de Panguipulli, dado que, en caso de reparación de alguna de las barcazas, no existe la obligación legal -y por eso pido que se precise- de asegurar el servicio con una de remplazo.
Por ello, solicito información sobre cada una de aquellas situaciones, y específicamente en cuanto a la de la barcaza Cullamó, que es la que presta servicios entre Corral y Niebla.
El Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y la comunidad organizada de Corral me manifestaron su preocupación y preguntan qué se hará en cada caso.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.



CONSULTA SOBRE REQUISITOS PARA CREACIÓN DE COMUNAS. OFICIOS

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, pido oficiar al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Ricardo Cifuentes -estoy seguro de que el señor Vicepresidente del Senado suscribirá mi solicitud-, a fin de que informe sobre los requisitos exigidos para crear comunas.
En la Región de Los Ríos la ciudadanía ha expresado el anhelo de crear la comuna de Coñaripe.
Coñaripe, que colinda con Licanray, localidad de la Región representada por el Senador señor Tuma, pertenece a la comuna de Panguipulli y a la provincia de Valdivia. Sus habitantes han planteado en innumerables oportunidades la necesidad de avanzar en la creación de una comuna.
Lo mismo ocurre en el sector costero de la comuna de Valdivia, donde también la gente se ha organizado para constituir una nueva comuna.
Se precisa, en consecuencia, saber qué mecanismos está aplicando la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para posibilitar la concreción de aspiraciones ciudadanas como las explicitadas.
Pido que se envíe copia de esta intervención al Honorable Concejo de Panguipulli, al señor Alcalde y a las agrupaciones de ciudadanos de Coñaripe y de la costa de Valdivia, y dejo sus direcciones a disposición de Secretaría.

El señor TUMA (Vicepresidente).- ¿Le parece, señor Senador, agregar una solicitud de respuesta en el mismo tenor respecto a Licanray?

El señor DE URRESTI.- Me remití a Coñaripe, señor Presidente.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Eso ya está claro. Me refiero a Licanray.

El señor DE URRESTI.- Sí.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Muchas gracias.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del Senador señor De Urresti, conforme al Reglamento, con la adhesión del señor Vicepresidente, a petición de quien se extiende la solicitud con relación a la localidad de Licanray.



REHABILITACIÓN MÉDICA PARA EXCARABINERO SEÑOR IVÁN VIDAL MEDINA, DE FUTRONO. OFICIOS

El señor DE URRESTI.- Por último, señor Presidente, pido que se oficie al señor General Director de Carabineros para requerirle información sobre un caso tremendamente dramático que me tocó conocer en la comuna de Futrono, Región de Los Ríos.
En el sector de Nontuelá vive el excarabinero don Iván Vidal Medina, RUT 13.819.399-3, quien padece una discapacidad de prácticamente cien por ciento debido a una herida de bala en su cabeza.
Actualmente el señor Vidal permanece en silla de ruedas, en una zona rural de difícil acceso, al cuidado de sus padres, quienes día a día se esfuerzan por brindarle la mejor atención.
Hasta la fecha, ese excarabinero no ha accedido a un tratamiento de rehabilitación.
En tal contexto, solicito que la Institución evalúe la situación de dicho paciente -como expresé, vive en una apartada comunidad rural, de difícil acceso, a la que es prácticamente imposible llegar con servicios de salud- y que se le otorguen las facilidades y el apoyo que necesita para en algún grado independizarse de sus progenitores, quienes tienen edad avanzada y, por consiguiente, con mucha angustia preguntan qué va a suceder con su hijo cuando fallezcan.
Solicito, además, que se envíe copia de esta intervención a la Ilustre Municipalidad de Futrono, a la señora Alcaldesa y al Concejo.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios respectivos, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor TUMA (Vicepresidente).- A continuación, en el tiempo del Comité Independientes y Partido MAS, tiene la palabra el Senador señor Horvath.


TRANSFORMACIÓN DE IFOP Y CREACIÓN DE "INDAP PESQUERO". OFICIO

El señor HORVATH.- Señor Presidente, me referiré brevemente a una cuestión no menor, la crisis pesquera, que de algún modo se había anunciado con años de anticipación debido, por un lado, a que las cuotas de captura que se estaban entregando no guardaban relación con la posibilidad de que las especies se recuperaran en los períodos naturales de los ecosistemas, y por otro, a una falla en la fiscalización.
Ahora, la solución no pasa únicamente por reformas legales.
La Ley de Pesca y Acuicultura partió originalmente -entre comillas- por un acuerdo con los sectores artesanal e industrial. A este último se le otorgaron licencias a perpetuidad o indefinidas. A los pescadores artesanales, en cambio, se les aumentó la cuota de captura; pero esto ha quedado desvirtuado, pues no existe posibilidad de incrementar porcentajes tratándose de las especies que están en riesgo de colapso o derechamente colapsadas.
Sin embargo, hay en la citada ley artículos -por ejemplo, el 7° y el 100- que permiten tomar medidas a fin de paliar la crisis e ir al fondo del problema.
En este punto, señor Presidente, también existen temas institucionales. Y me voy a referir a dos de ellos: la transformación del Instituto de Fomento Pesquero y el proyecto -se tramita en el Congreso Nacional- sobre creación del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal y la Acuicultura Menor, conocido popularmente como "INDAP Pesquero".
En cuanto al primero, hubo un compromiso de la autoridad del Gobierno anterior en el sentido de generar, en vez de un instituto de fomento, un instituto de investigación autónomo. Pero hasta la fecha ello no se ha cumplido. Y hoy en día el IFOP tiene un directorio en el que participan los mismos actores del sector: por ejemplo, SONAPESCA. Eso significa que pasan a ser una suerte de juez y parte, lo que impide desarrollar a cabalidad las funciones respectivas, particularmente la investigación y la observación científica.
El Director del IFOP, don José Luis Blanco, quien entró por concurso para resolver el problema, fue puesto en tela de juicio durante el Gobierno pasado.
El señor Blanco cumple los requisitos para desarrollar la autonomía plena del IFOP.
Además, hay compromisos pendientes desde el punto de vista económico, porque ese Instituto está sin presupuesto basal y no ha podido cumplir obligaciones pecuniarias anteriores.
La materia es de ley. Por lo tanto, me permito plantear la necesidad de reformar el IFOP para que efectivamente sea un instituto de investigación autónomo y tenga presencia en todas las regiones costeras de nuestro país.
En cuanto al "INDAP Pesquero", debo puntualizar que el proyecto que lo crea viene muy minimizado: es solo para algunas regiones.
Tal como en el caso del INDAP, desde el punto de vista de los créditos, de la asistencia técnica, de las plataformas sociales y de la generación de nuevas diversificaciones y emprendimientos, la instancia en comento se requiere con gran urgencia, pero en cada región de Chile.
Por esa vía, entre otras cosas, se podrá mejorar la diversificación y ampliar la actividad de los pescadores y la de trabajadoras y trabajadores en planta y en flota, para que realicen labores complementarias.
Algunos parlamentarios hemos planteado desde hace años que, así como el decreto ley 701 permite bonificar la forestación -esperamos que sea con especies nativas-, debe dictarse una ley que posibilite el repoblamiento de algas. Ello se requiere con urgencia, pues, aunque la situación no se visualiza en la costa, hay un proceso grave de erosión y daño al ecosistema.
Nuestra idea, al revés, permite generar actividad, empleo, círculos virtuosos en cada una de las regiones costeras de Chile.
Así que en esta materia, además de solidarizar con las comunidades de la zona norte de nuestro país afectadas por el reciente terremoto, pido que se oficie al Ministro de Economía, don Luis Céspedes, para que se tomen en cuenta los cuatro puntos que señalé.
Gracias, señor Presidente.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

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El señor TUMA (Vicepresidente).- Concluyó la hora de Incidentes.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:23.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción