REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 362ª
Sesión 10ª, en miércoles 16 de abril de 2014
Ordinaria
(De 16:17 a 20:17)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ISABEL ALLENDE BUSSI, PRESIDENTA,
Y SEÑOR EUGENIO TUMA ZEDAN, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, la Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor TUMA (Vicepresidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 6ª y 7ª, ordinarias, en 8 y 9 de abril de 2014, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor TUMA (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que aprobó, en los mismos términos en que lo hizo esta Corporación, el proyecto que modifica la ley Nº 20.600, que crea los tribunales ambientales, en materia de subrogación (boletín Nº 9.230-07).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República para el efecto de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.
Con el segundo expone que aprobó el proyecto que modifica la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, a fin de disponer funciones y atribuciones para el Presidente del Consejo Regional (boletín Nº 9.294-06) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Con el siguiente informa que prestó su aprobación, con las enmiendas que señala, al proyecto de reforma constitucional que regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera del país (boletín Nº 9.069-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Queda para tabla.
Con el último indica que tomó conocimiento de la aprobación por esta Corporación de la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con motivo de la tramitación del proyecto modificatorio del decreto con fuerza de ley Nº 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.290, de Tránsito, y sus enmiendas posteriores, en sus artículos 196 y 197, referidos al delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones gravísimas o con resultado de muerte (boletín Nº 8.813-15), y que, en razón de haberse originado en una moción, ha procedido a archivarlo.
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Informe
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que extiende a los padres trabajadores el derecho de alimentar a sus hijos y perfecciona normas sobre protección de la maternidad (boletín Nº 4.930-18).
--Queda para tabla.
Moción
De los Honorables señor Chahuán, señora Pérez San Martín y señores Bianchi, Moreira y Prokurica, con la que se da inicio a un proyecto que modifica la ley Nº 18.290, para liberar el tránsito de vehículos de emergencia en los caminos públicos en que opere un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes de todo pago y del uso de cualquier dispositivo electrónico habilitado que permita dichas exacciones (boletín Nº 9.312-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Proyectos de acuerdo
De los Honorables señores De Urresti, Araya, Harboe, Horvath, Montes y Navarro, con el que piden a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de un proyecto que establezca el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas comprometido en el artículo 8° transitorio de la ley Nº 20.417 (boletín Nº S 1.652-12).
De los Honorables señor De Urresti, señora Pérez San Martín y señores Araya, Bianchi, Horvath, Navarro, Quinteros, Rossi y Walker, don Patricio, con el que piden a Su Excelencia la Presidenta de la República que impulse la tramitación de una legislación de protección eficaz de los glaciares (boletín Nº S 1.653-12).
De los Honorables señor Chahuán, señora Pérez San Martín y señores Bianchi y Prokurica, con el que solicitan al señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras que ejerza sus buenos oficios ante la Asociación de Bancos a fin de obtener la suspensión, por un lapso prudencial, del servicio de los créditos contratados por personas víctimas de los incendios en Valparaíso (boletín Nº S 1.654-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Mensaje
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que comunica que no hará uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política, en relación con el proyecto que modifica la ley Nº 20.600, que crea los tribunales ambientales, en materia de subrogación (boletín Nº 9.230-07).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar al Excelentísimo Tribunal Constitucional.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor ORPIS.- Pido la palabra.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La tiene, Su Señoría.

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, hace algunos meses se dio a conocer un fallo que nos fue desfavorable en La Haya, con motivo del caso con Perú.
Ayer fuimos demandados por Bolivia en la Corte Internacional.
El punto número 5 del Orden del Día de la presente sesión es un proyecto de reforma constitucional extremadamente importante, porque, en general, hace referencia a ciertos territorios -en particular se hallan involucrados los que se encuentran en la frontera con países que permanentemente nos demandan- para que, en definitiva, cuenten con un estatuto especial y sean declarados zonas geopolíticamente estratégicas, respecto de las cuales el Estado ha de tener una mirada distinta. Abrigo la convicción de que la soberanía no solo se ejerce con las ramas de la Defensa, sino también, por sobre todas las cosas, con desarrollo y poblamiento.
Con motivo de la situación de Isla de Pascua y de Juan Fernández ya se reformó la Carta. Creo que tanto o más importante que esa enmienda es la que acabo de mencionar, relativa a que los territorios geopolíticamente estratégicos deben ser objeto de un estatuto especial -repito- a nivel constitucional.
Por eso, solicito que ojalá tratemos hoy día la iniciativa o, a más tardar, el martes próximo.
En nuestro país no hemos tenido una visión geopolítica -los gobernantes, en general, no la exhiben-, y creo que hemos de desarrollar una preocupación particular respecto de esas zonas.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- No sé si alguien más desea usar de la palabra al respecto, pero coincido con la petición del Honorable señor Orpis en orden a adelantar el tratamiento de ese asunto.
Presento mis disculpas por exponer ahora directamente en la Sala -estuvimos considerando ayer tantos puntos en la reunión de Comités que se me pasó señalarlo- que se pidió no tratar el proyecto signado con el número 2 del Orden del Día, en tercer trámite constitucional, que modifica el Código Aeronáutico, en materia de transporte de pasajeros y sus derechos, porque al parecer presenta una serie de dificultades no menores.
Para poner en práctica lo que el señor Senador solicita se podría "hacer un enroque", por decirlo así, entre ambas materias.
¿Habría acuerdo?

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, no sé si en esta oportunidad es posible reunir el quórum necesario para la primera iniciativa. Eso, para ser práctico.
A fin de evitar cualquier problema, le solicito a la Mesa recabar el acuerdo unánime de la Sala para ponerla en el primer lugar de la tabla del próximo martes.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En este momento hay quórum suficiente, Su Señoría. Al menos podemos comenzar la discusión. Así que prefiero que hoy día la coloquemos en segundo lugar, tal como lo sugerí, haciendo el cambio que he señalado.
¿Habría acuerdo?
Acordado.

El señor ORPIS.- Gracias.
La señora ALLENDE (Presidenta).- También se determinó -ello se vio en reunión de Comités- que el proyecto signado con el número 8, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet, se tratara en cuarto lugar.
V. ORDEN DEL DÍA



TIPIFICACIÓN COMO DELITO DE ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD CON NIÑOS Y ADOLESCENTES COMETIDOS FUERA DE ÁMBITO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR


La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción del Honorable señor Walker (don Patricio), la entonces Senadora señora Alvear y los Senadores señores Espina y Quintana, que tipifica como delito los actos de maltrato o crueldad con niños y adolescentes fuera del ámbito de la violencia intrafamiliar, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. La votación se encuentra aplazada.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9179-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Walker, don Patricio, Espina y Quintana y la entonces Senadora señora Alvear):
En primer trámite, sesión 76ª, en 3 de diciembre de 2013.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 83ª, en 7 de enero de 2014.
Discusión:
Sesiones 7ª, en 9 de abril de 2014 (queda para segunda discusión); 9ª, en 15 de abril de 2014 (se aplaza la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que los artículos 2° y 3°, permanentes, y el artículo transitorio tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 21 votos para su aprobación.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado cuya segunda columna consigna el texto propuesto por la Comisión, y la tercera, la redacción tentativa de los cuerpos legales modificados por la iniciativa.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación.

Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señora Presidenta, es importante consignar que el proyecto, presentado por varios Senadores ya mencionados, apunta a tipificar como delito los actos de maltrato o crueldad contra niños y adolescentes fuera del ámbito de la violencia intrafamiliar. Con posterioridad agregamos a los adultos mayores, a las personas vulnerables, a los discapacitados.
Existen situaciones en las cuales se cometen graves atentados, que quedan en la impunidad. ¿Por qué razón? Porque estos delitos o estas conductas están sancionados penalmente cuando ocurren dentro de la familia -es lo que se conoce como violencia intrafamiliar, cuando es habitual-, pero no fuera de ella.
Hasta 1994 existió dicho castigo. ¿Qué se hizo? Después rigieron sanciones civiles. Pero las medidas en este ámbito nunca se aplican: terapias reparatorias, multas, etcétera.
En consecuencia, se presenta un vacío tremendo, determinante de que un adulto al cuidado de un niño, de un discapacitado, de un adulto mayor, por ejemplo, puede maltratar o vejar, y si esa conducta no está en el rango de las lesiones, hay absoluta impunidad. Eso es lo que queremos evitar.
Hemos visto en televisión tanto reportaje respecto de hogares de menores, de casas de acogida de adultos mayores, de hogares de ancianos, en que se registran actos vejatorios, degradantes, que, al no constituir lesiones, no son penados. Por lo tanto, hay chipe libre para este tipo de conductas, claramente reprochables. Eso es lo que hoy día queremos castigar.
Reitero: ello está sancionado cuando ocurre al interior de la familia, o sea, cuando tiene lugar violencia intrafamiliar. Queremos aplicar la misma pena cuando el acto lo realiza -no quiero estigmatizar- una nana, un encargado de una residencia o de una casa de acogida, o una persona que acompaña a discapacitados o adultos mayores en una situación de vulnerabilidad.
Por eso, deseo agradecer la aprobación unánime en la Comisión de Constitución y a los profesores Juan Pablo Mañalich, Claudio Troncoso y Hernán Fernández, a quienes les pedimos mejorar la redacción que presentamos. A nuestro juicio, el texto final al cual se arribó en el órgano técnico es preciso y que el objetivo fue bastante logrado.
¿Qué expresa el artículo pertinente? Dispone: "El que teniendo a su cargo o bajo su cuidado o responsabilidad a una persona menor de edad o en situación de vulnerabilidad por discapacidad, enfermedad o vejez, le infligiere maltrato corporal grave o la sometiere a un trato cruel y vejatorio, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.".
La sanción es muy baja, pero por lo menos es de carácter penal. Es probable que nunca se cumpla con cárcel, sobre todo si se trata de primerizos. Recordemos que bajo tres años hay remisión condicional, y bajo cinco, libertad vigilada, como beneficios. Pero por lo menos se contempla una señal, naturalmente, del propósito de sancionar este tipo de conductas.
El inciso siguiente expresa que "Si del maltrato resultaren para el ofendido lesiones corporales de aquellas previstas por el artículo 399, la pena será de reclusión menor en su grado mínimo a medio.".
Ello dice relación con la existencia de lesiones y una situación más grave.
¿De qué se trata? De que un familiar adulto mayor que permanezca en un hogar de ancianos o un hijo, un nieto o un sobrino cuidados por una trabajadora de casa particular efectivamente estén a buen resguardo. Y de que el cuidador, sobre todo en el caso de los discapacitados, quienes se encuentran en una vulnerabilidad muchas veces mayor, reciba una sanción si incurre en maltratos corporales graves -no cualquiera: tiene que ser grave- o en un trato cruel "y vejatorio". O sea, hemos tratado de ser muy precisos y estrictos, para no hacer referencia a situaciones que no debieran ser sancionadas, más allá de que no sean adecuadas.
Por eso, invito a todos los señores Senadores a aprobar unánimemente, en lo posible, la iniciativa, que es muy importante para la gente vulnerable en nuestro país.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, deseo felicitar a los autores de la moción en debate, porque estimo que se hace cargo de un vacío legal. Tal como decía el Honorable señor Patricio Walker, uno de ellos, en la actualidad no hay una sanción penal para las agresiones que sufran los menores de edad, sin que estas provoquen secuelas observables.
La norma va a generar un efecto preventivo general, ya que la realidad, según las cifras de la UNICEF, es que el 73,6 por ciento de los menores en Chile sufren violencia física o psíquica. Pero las cifras de ingreso en el Ministerio Público son considerablemente menores, pues muchas de estas agresiones no constituyen lesiones, de acuerdo con el Código Penal, en la medida en que se exige un resultado.
Lo que hace la moción, entonces, es salvar una situación. La ley N° 19.324, publicada el 26 de agosto de 1994, modificó el artículo 62 de la ley N° 16.618, transformando el ilícito en uno de naturaleza civil y fijando como sanción la asistencia obligatoria del agresor a terapias, la realización de trabajos en beneficio de la comunidad o el pago de multas.
Pero la verdad es que hay una clara desproporción entre los ilícitos aplicables cuando hay una relación de familia -violencia intrafamiliar, con sanción penal- y cuando no la hay y no media un resultado de lesiones corporales evidentes, lo cual solo dice relación con una terapia.
Se trataba, pues, de una norma penal que, con la modificación expresada, pasó a ser de carácter sancionatorio, pero no punitivo, sino de naturaleza civil.
Sin embargo, las agresiones o los atentados que no provocan un daño físico observable en un menor de edad no están siendo regulados por nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que el delito de lesiones establecido en el Código Penal es un delito de resultado y califica la pena en atención al grado de las lesiones provocadas, todas las cuales deben ser comprobadas.
Lamentablemente, no quedan reguladas ni sancionadas acciones tales como la denominada "shaken baby", que es, finalmente, el zamarreo de guaguas, de menores de edad, de infantes o de lactantes que muchas veces se ha observado de parte de guardadores.
Durante su tramitación, el proyecto original, tal como señaló el Senador Patricio Walker, fue perfeccionado. Se avanzó hacia una fórmula en que la tipificación del ilícito no se circunscribe al maltrato inferido a personas determinadas, como lo son los menores de edad, sino que se amplía a cualquier persona que se halle bajo la custodia o el cuidado de otras, como los adultos mayores o los enfermos.
Por lo tanto, se ha pasado de un tipo penal que solo protegía a los menores de edad a otro que sanciona a quienes tienen bajo su cuidado a menores de edad indefensos o a personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por enfermedad o discapacidad. Es decir, la protección se ha ampliado.
Por eso, si uno observa el articulado, verá que se incorpora un nuevo párrafo al Título VIII del Código Penal, relativo a los delitos contra las personas, y no al título sobre el orden de las familias, por cuanto no se exige relación de familiaridad.
Además, se establece en el mismo Código un nuevo artículo 403 ter, que mantiene una proporcionalidad de penas con el artículo 14 de la ley 20.066, sobre violencia intrafamiliar. Por ende, habrá armonía y concordancia entre lo preceptuado por los artículos 5° y 14 del mismo cuerpo legal -ambos suponen relación de familiaridad- con el nuevo artículo 403 ter del Código Penal.
Lo bueno es que el nuevo tipo penal es más genérico. No exige ser familiar, ni tampoco que el maltrato sea habitual. Basta con que haya maltrato de parte de una persona que tenga a su cuidado, ya sea un menor de edad, un enfermo o un discapacitado, para que se constituya el tipo y tenga lugar una sanción penal.
El proyecto, de manera adecuada, propone enmendar el error cometido por la ley 19.234. Ya no considera una sanción civil, sino una sanción penal. Y, a su vez, saca el asunto de la competencia de los juzgados de menores. Los hechos ya no se ventilarán en esa clase de tribunales, sino en un juzgado del crimen. La consecuencia práctica será la de estar otorgando una sanción penal a un hecho ilícito. Probablemente, como señaló el Senador Patricio Walker, autor de la moción, la sanción, por ser baja, no se traducirá en la práctica en una pena de cárcel, pero sí tendrá una consecuencia muy importante: quedará en los antecedentes del agresor o la agresora.
Permítame un minuto más, señora Presidenta, para terminar.

La señora ALLENDE (Presidenta).- No hay problema.
Redondee la idea.

El señor HARBOE.- Gracias.
O sea, en los antecedentes del agresor o agresora quedará la constancia de haber incurrido en este tipo de delitos, lo cual inhabilitará al culpable para ejercer cargos que presupongan relacionarse con menores de edad o con personas con algún grado de discapacidad.
En consecuencia, estamos ante un proyecto favorable a la protección de los menores, los discapacitados y los adultos mayores, que muchas veces sufren vejámenes y agresiones sin resultado comprobable de lesiones.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Existe una lista de oradores bastante larga, de modo que voy a abrir la votación para que podamos completarla y cada Senador pueda hablar sin ningún tipo de obstrucción.
En votación el proyecto.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra, para fundamentar su voto, la Senadora señora Carolina Goic.

La señora GOIC.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero sumarme al respaldo de este proyecto. Creo que apunta no solo en la dirección correcta, sino, además, en una dirección necesaria en el mundo de la protección de la infancia, pero también de la discapacidad y del adulto mayor. Así que me pliego a las felicitaciones al Senador Patricio Walker, como autor de la moción, y a quienes lo acompañaron en la suscripción del texto.
Muchas veces discutimos en la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados cómo avanzar más allá de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Dimos un paso importante cuando incorporamos en ella a los adultos mayores. Eso nos permitió precaver situaciones que con frecuencia se dan en el seno de la familia con quienes deben cuidarlos. E incluso hizo posible poner el acento no solo en las agresiones físicas o sicológicas, sino también en el abandono.
Sin embargo, más allá de la familia, cada vez nos encontramos con mayor cantidad de hogares donde efectivamente los adultos mayores son objeto de vejámenes y maltratos que hoy no están siendo penalizados, precisamente por no darse al interior de la familia y por los argumentos que aquí se han entregado. Esas situaciones solo son objeto de una pena civil.
Yo pongo énfasis en los adultos mayores porque en las intervenciones anteriores se habló más sobre la infancia, pero creo que, junto con la discapacidad, ambos grupos de personas son relevantes.
Solo me gustaría añadir, como aporte a lo que hoy considera el texto aprobado por la Comisión de Constitución, que es necesario discutir un poco más qué sucede con las personas condenadas por alguna de estas conductas. Se ha avanzado bastante en el establecimiento de inhabilidades. Ya se hizo a propósito de los delitos contra menores, en el caso del registro de pedófilos, y con situaciones de abuso sexual, para que los culpables de alguna manera queden marcados y no puedan seguir trabajando con niños.
Creo que quizás se podría incorporar en el texto algún artículo en ese sentido, sobre todo pensando en las conductas reiteradas. Lo planteo más bien para la discusión posterior.
Entiendo que el proyecto será aprobado en general. Por eso, se podría abrir un plazo para presentar indicaciones, por cuanto me parece razonable que quienes cometan actos vejatorios y degradantes contra niños o niñas, adultos mayores o discapacitados, aparte de ser castigados con penas de reclusión, reciban también penas accesorias. Por ejemplo, la interdicción del derecho de ejercer la guarda o la inhabilitación temporal para cargos, empleos u oficios ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad, adultos mayores o discapacitados.
En el fondo, la idea es que exista una suerte de registro o algo similar que, probablemente, tendrá que ver con la gravedad de los hechos o con su habitualidad. Que no vaya a ocurrir que una guardadora castigada por abusar de un adulto mayor termine su relación laboral con el hogar donde ocurrieron los hechos y a la semana siguiente esté trabajando en otra institución dedicada a atender a la misma clase de personas.
Pienso que es un tema que vale la pena discutir. Lo conversé con el Senador Patricio Walker, autor de la moción, quien compartió la posibilidad de analizarlo justamente para complementar lo que hoy está proponiendo el proyecto de ley.
Gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, quiero saludar el hecho de que estemos realizando esta discusión en el día de hoy.
Entiendo que fueron cuatro los Senadores que propusieron esta iniciativa, lo cual valoro. Sin embargo, deseo hacer presente que este debate ya lo tuvimos en la Sala.
En la Comisión de Derechos Humanos se encuentra un proyecto cuyos autores son el Senador Hernán Larraín, la Senadora Lily Pérez, quien habla y el ex Senador José Antonio Gómez.
Lo que se busca, señora Presidenta, es abordar un fenómeno que tiene que ver con el trato degradante o el maltrato que no genera lesiones. Porque las lesiones ya están tipificadas como delito.
A juicio de quienes presentamos el proyecto anterior, que la Sala ya aprobó y está a la espera de la presentación de indicaciones, lo primero es que se tipifique el delito en el Código Penal. Luego se verá cuál es el lenguaje que se prefiere adoptar. La moción que estamos discutiendo usa los conceptos de "trato cruel y vejatorio". En el proyecto que está en la Comisión de Derechos Humanos se habla de "trato degradante con menoscabo grave a la integridad moral de la persona". Estos son los conceptos propuestos por los penalistas consultados en su momento.
No tiene por qué pensarse que el trato degradante o el menoscabo vejatorio solo puede afectar a un niño o a un adulto mayor. Hay tratos vejatorios que también se pueden aplicar contra personas que no son discapacitados. Por eso el tipo penal debe ser más amplio.
El proyecto que está en la Comisión de Derechos Humanos propone que la sanción sea una pena de reclusión menor en su grado mínimo. Y la iniciativa que estamos debatiendo ahora plantea un castigo similar.
Sin embargo, el texto que ya aprobó esta Sala agrega un complemento: que se agrave el castigo cuando quien cometa el delito sea un guardador, un cuidador, un religioso, dependiendo del tipo de casos y de quienes puedan estar a cargo de menores de edad, discapacitados o adultos mayores.
Y quiero añadir la siguiente reflexión.
Aquí hay dos iniciativas coincidentes y debemos ver cuál es el mejor camino. Considero importante, primero, tipificar el tipo penal general, y segundo, agravar la sanción cuando ocurran ciertas circunstancias. Ahí podremos determinar cuál es el mejor lenguaje. Algunos preferimos hablar de "trato degradante", que es el concepto que utilizan los tratados y las convenciones internacionales sobre la materia.
Estoy seguro de que todos queremos que se castigue sobremanera a los cuidadores o guardadores que incurran en alguna de estas conductas, trátese de un maestro, un ministro de culto, una autoridad pública.
Voy a relatar cuál fue el origen del proyecto que a mí me tocó presentar y al cual adhirieron los miembros de la Comisión de Derechos Humanos aquí presentes. Supe que los cuidadores de un niño discapacitado grave, con problemas de comunicación, no hallaron nada mejor para, entre comillas, "calmarlo" y "educarlo", que lavarle la boca con agua y jabón porque supuestamente así iba a entender que no podía proferir palabras fuertes.
Para mí, señora Presidenta, es muy importante que nosotros, como Senado, nos hagamos cargo de este tema y podamos juntar los dos proyectos existentes sobre el asunto. Yo hago esa propuesta. La iniciativa a que aludo ya fue aprobada en general. Además, sugiero que las Comisiones de Derechos Humanos y de Constitución sesionen en conjunto para los efectos de ver cómo se fusionan ambos proyectos y se adopta un solo texto, donde nos aseguremos de que quienes cometen vejaciones o maltrato contra adultos mayores, menores de edad o discapacitados sean doblemente sancionados.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, creo que este proyecto de ley es muy importante, porque viene a llenar un vacío legal que efectivamente existe.
Nosotros hemos avanzado un montón en la legislación con respecto a sanciones de carácter penal, de carácter punitivo, para quienes cometen abusos desde el punto de vista corporal y sicológico contra menores y adolescentes.
Sin embargo, en el contexto de la violencia intrafamiliar, que es la que se da en el nido, en el hogar, en la casa, existe en la actualidad un vacío en torno de aquellos individuos que, estando en la casa, en el hogar o vinculados al mundo hogareño de un menor, de un adolescente, de un adulto mayor o, en general, de seres humanos en situación de vulnerabilidad, que son los que sufren algún tipo de discapacidad, ya sea física o mental, y que mantienen con estas personas una relación mucho más cercana a una relación familiar, sin tener un nexo familiar de sangre, cometen delitos en contra de quienes se encuentran a su cargo o a su cuidado.
Yo, señora Presidenta, quisiera ponerle nombre a casos que nos han conmovido.
Sebastián Navarrete, una guagua de seis meses, murió el año 2001 debido a una asfixia que le provocaron sus dos cuidadores, quienes, en el jardín infantil al que él asistía, le colocaron una cinta adhesiva en su boca, porque lloraba mucho, con la leyenda "Soy llorón".
Otro caso es el de Lorena Pardo, mamá de un niño chiquito de Maipú, que tuvo que recurrir en forma reiterada a videos de tipo casero para demostrar que un par de "tías" o cuidadoras del jardín infantil al cual enviaba a su hijo -quiero decirlo así de claro- recurrentemente y con total tranquilidad e impunidad, cada vez que no quería comer, lo hacían vomitar y comerse su propio vómito.
Son dos situaciones ejemplificadoras de por qué es tan necesario llenar el vacío legal a que aludí, relacionado con personas que se dedican al cuidado y al trabajo con párvulos, con cuidadores de centros de justicia -también se han dado casos de este tipo en instituciones dependientes del SENAME-, con cuidadores particulares, con profesores y profesoras de todo el país.
No digo que se trate de una realidad general, ni tampoco que esta se dé con todas las educadoras de párvulos o con todos los trabajadores o trabajadoras que interactúan con párvulos; no obstante, sería pecar de ingenuidad pensar que ella no sucede y que los casos de maltrato se pueden contar con los dedos de una mano. Es verdad que no son muy masivos, pero ya son bien numerosos y creemos que no puede haber más niños o niñas mártires producto de este problema.
Por esa razón, es muy importante que, así como aquí nos hemos preocupado de sancionar el maltrato en distintos ámbitos, sobre todo en el de la violencia intrafamiliar, se castigue a las personas que, estando vinculadas a la familia de las víctimas sin formar parte de ella legalmente, incurren en conductas que hasta el día de hoy no tienen sanción.
Le consulté al Senador Patricio Walker si el proyecto de ley en estudio cubría en su tipificación todo lo que es la violencia sicológica, porque algunos abogados han planteado dudas. El texto habla de "maltrato corporal". Lo traigo a colación a raíz de lo que señaló el Senador Juan Pablo Letelier. Efectivamente, nosotros ingresamos una iniciativa que ya pasó por la Comisión de Derechos Humanos del Senado y que apunta, precisamente, a darle un contexto a esa clase de abuso, que no deja huellas corporales pero que casi siempre genera un daño mucho mayor al menor o al adolescente que lo sufre.
En definitiva, de acuerdo con el articulado del presente proyecto, aquello quedará al arbitrio del juez. Por eso, es un tema que tendremos que examinar muy bien a propósito de la otra iniciativa que nosotros presentamos.
Por supuesto, votaré que sí.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Ha pedido la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Es para pedir autorización para que la Comisión Especial sobre Emergencia y Reconstrucción de Valparaíso pueda constituirse y funcionar en paralelo con la Sala, a partir de las 17 horas, con las distintas facultades de las universidades de la Quinta Región que desean colaborar.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Me imagino que todos quieren que la Comisión comience a trabajar lo antes posible, así que no creo que haya problema.
¿Habría acuerdo?
--Se autoriza.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Recuerdo que se halla abierta la votación y aún nos faltan votos para completar el quórum.
Están sonando los timbres.
Mientras tanto, se seguirá con la fundamentación en los cinco minutos respectivos.
Ahora, si alguien aún no ha emitido su preferencia, le pido hacerlo.
A continuación, se encuentra inscrito para intervenir el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, solo quiero hacer una moción, pues voy a votar a favor de este proyecto.
Pienso que su texto potencia a nivel penal el sentido humanitario que debemos tener como sociedad hacia los más débiles. Porque el grado de civilización con el cual debemos medir la cultura debe basarse en cómo tratamos a los más vulnerables.
En mi experiencia como alcalde me tocó ver muchas veces no solo lo que se ha mencionado en esta Sala, sino también la situación de abuelos y discapacitados que quedan en sus hogares, o en los de sus familiares, y son cuidados por vecinos o amigos, no siempre remunerados o contratados, pero de alguna manera a cargo de ellos. Lo anterior puede tener gravedad, porque en numerosas ocasiones se los golpea, maltrata. Y la presente iniciativa viene a regular esta materia.
Creo muy importante que, cuando este proyecto se apruebe, se diseñe una estrategia de difusión, sobre todo de parte de las organizaciones que trabajan con personas vulnerables, como el Servicio Nacional de Menores, el Servicio Nacional del Adulto Mayor y el Servicio Nacional de la Discapacidad.
Porque si una iniciativa como esta no se difunde puede quedar en letra muerta, y lo que propone es una tremenda necesidad, especialmente en los barrios más modestos.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, hasta el año 1994 existía una legislación de menores que posibilitaba perseguir la responsabilidad penal en caso de que un niño, y por cierto también un adulto mayor o una persona discapacitada, fueran víctimas de algún maltrato o crueldad. Sin embargo, hoy día solo es posible aplicar una sanción de carácter civil.
Por eso tiene bastante razón la Senadora Lily Pérez cuando plantea que aquí hay un vacío normativo, que se da en dos ámbitos: por un lado, se exige la existencia de lesiones físicas para poder tipificar este delito, y por otro lado, que este ocurra en un contexto intrafamiliar.
Y, desde luego, junto con los Senadores Alberto Espina y Soledad Alvear hemos acompañado a Patricio Walker en este proyecto. Porque, de no ser aprobado, no será posible perseguir responsabilidades penales -como decía- y, por lo tanto, no podrá castigarse a quien maltrate a un menor, pues -repito- esto tiene que darse en la esfera de la familia.
Tal vez ahí radica la diferencia con respecto a la iniciativa a la cual se refirió el Senador Juan Pablo Letelier, que se halla en la Comisión de Derechos Humanos y que, sin lugar a dudas, es más amplia que esta. No descarto que en algún momento ambas puedan acercarse, pero estamos votando en general.
Siempre hemos dicho, y así lo afirmaron los penalistas en la Comisión de Constitución, que esto viene a llenar un vacío en el marco de los derechos de la infancia. Así hay que entenderlo. Pero no es el único ámbito en que existen personas maltratadas, menoscabadas, sin que los autores de tales agresiones reciban sanción. Y efectivamente, como se señalaba recién, el maltrato psicológico también quedará incorporado dentro de esta figura penal.
Entonces, señora Presidenta, yo en general no soy muy amigo de los proyectos que aumentan las penas. No obstante, este no es el caso. Porque lo que se permite es que una conducta de agresión hacia menores, hacia personas con discapacidad o hacia adultos mayores pueda ser objeto de una sanción, y no como sucede hoy día en que solo da lugar a una reparación de carácter civil.
Por tal razón, en esta votación en general desde luego invitamos a nuestros colegas Senadores a legislar en esta materia y a apoyar esta iniciativa que tipifica los actos de maltrato y crueldad contra niños o adolescentes fuera del contexto de la violencia familiar.
En definitiva, lo que se plantea es facilitarles el acceso a la justicia a quienes sean víctimas de este tipo de violencia, incluso -repito- por parte de guardadores y curadores, quienes hoy día no pueden ser perseguidos en caso de llevar a cabo actos de violencia contra menores.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, me sumo con agrado a la aprobación de un proyecto de ley que -tal como han señalado otras señoras y señores Senadores- sin lugar a dudas viene a llenar un vacío existente en un ámbito distinto al de la familia.
Ello es necesario; por eso felicito tanto al Senador Patricio Walker como a cada uno de quienes lo acompañaron en esta iniciativa. Y estoy seguro de que además vamos a incorporar algunas indicaciones para enriquecer mucho más su texto.
La Senadora Lily Pérez mencionó los nombres de algunos casos, pero falta agregar otros de que hemos sido testigos. Así, me quedó grabado lo ocurrido a un adulto mayor que, en su vida laboral, en su vida activa, fue un destacado abogado, pero que cayó en un asilo bajo el cuidado de otras personas y fue objeto de una de las situaciones de maltrato a un adulto mayor más brutales que he visto: era amarrado, era sometido a un trato absolutamente inhumano.
Ello hizo que, hace un par de años, el Senado conformara por primera vez una Comisión del Adulto Mayor -me tocó integrarla-, encargada, entre otras cosas, de permitir la realización de una investigación, de un seguimiento a las casas de reposo, a los lugares donde son acogidos adultos mayores, como también algunos niños con capacidades distintas, o menores de edad que quedan bajo la supervisión de cuidadores o guardadores.
Aquí no hay temor a decir que son excepcionales los casos de mujeres u hombres que llevan a cabo la labor profesional de estar al cuidado de niños o de adultos mayores y cometen las atrocidades a que me referí. La gran mayoría de ellos tienen vocación para realizar su trabajo; es lo que más abunda, afortunadamente. Pero hay una minoría bastante acotada, restringida, cuya acción ha permitido que numerosas personas, Senadoras o Senadores, se inspiren para redactar un proyecto que efectivamente llena un vacío legal, fuera -insistimos- del ámbito de la familia.
Hace dos o tres años me correspondió elaborar una iniciativa que también protegía a la polola o al pololo de las agresiones, ya que muchas veces se buscaba resguardar a la familia de la violencia, pero no se sancionaba la que comienza en la etapa del pololeo y, por lo tanto, en esta existía un potencial agresor o una potencial agresora. Entonces, era necesario ir en la línea de proteger a la víctima y de ayudar al agresor o a la agresora para intentar revertir su condición de tal a una edad más temprana.
Este proyecto de ley -obviamente lo vamos a votar favorablemente- dispone en el artículo 403 ter que se propone incorporar: "El que teniendo a su cargo o bajo su cuidado o responsabilidad a una persona menor de edad o en situación de vulnerabilidad por discapacidad, enfermedad o vejez, le infligiere maltrato corporal grave o la sometiere a un trato cruel y vejatorio, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo".
Eso es lo que persigue esta iniciativa.
Eso sí, sería deseable que, dependiendo de la gravedad, se fijaran sanciones mucho más drásticas que esta. Porque no solo es doloroso, sino también inhumano presenciar actos de violencia contra personas que se encuentran absolutamente imposibilitadas de defenderse, como los adultos mayores o las criaturas con discapacidad.
Me alegro de este proyecto de ley. Vamos a concurrir con indicaciones para perfeccionarlo. Y felicito a sus autores.
Además, espero que se acoja la petición del Senador Letelier en orden a sumar a esta iniciativa otras que van en la misma línea, para enriquecerla bastante más.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, en la Comisión de Constitución hemos estudiado este proyecto. Sin lugar a dudas se trata de una buena contribución y, desde ya, anuncio mi voto favorable.
Antes de referirme a su contenido, quiero hacerme cargo de las expresiones del Senador Letelier y adherir a ellas, en el sentido de que sería un buen esfuerzo fusionar esta iniciativa con aquella a la cual se refirió, pues así podríamos aprovechar las distintas instancias y, a lo mejor, elaborar un proyecto más amplio y que satisfaga todos los objetivos.
Respecto del presente proyecto, este busca fundamentalmente proteger de mejor manera, ahora a nivel penal, a menores y a otras personas que, por su situación, se hallen expuestas a sufrir tratos vejatorios, tratos crueles cometidos por quienes los tengan bajo su cuidado o tutela y que no pertenezcan al ámbito familiar.
En el caso de los niños, esta materia se halla hoy día regulada por la Ley de Menores. Pero las sanciones que esta contempla no son de carácter penal en cierto sentido, porque consisten en la obligación de asistir a programas terapéuticos, de realizar trabajos en beneficio de la comunidad, en la aplicación de multas. Por tanto, no tienen la jerarquía de una norma que contempla penas privativas de libertad, más duras, precisamente dada la gravedad del delito.
Por eso, en general, suscribo y apruebo esta iniciativa, sin perjuicio de lo cual creo que sería importante que fijáramos un plazo para presentar indicaciones, aparte del estudio de la eventual fusión, destinadas a corregir algunos aspectos del proyecto que lo ameritan.
El primero tiene que ver con el vacío en la tutela jurídica respecto de la integridad física y psíquica de los menores. Porque hoy día existe la figura del "sujeto activo indiferente", es decir, "cualquiera"; mientras que la que se propone es la figura del "sujeto activo especial", esto es, "algunas personas con tales y cuales características". Y eso puede ser limitativo de las responsabilidades de otros que, sin contar con la tutela, puedan cometer el delito de maltrato.
Y lo segundo que también merece corrección en la discusión en particular se refiere al problema de la falta de especificidad de determinados conceptos contenidos en la iniciativa, que permitirían hablar de una ley penal en blanco y, por ende, de una normativa que no se apega al principio de legalidad propio del Derecho Penal.
Por ejemplo, no se establece qué o quién determina la gravedad del maltrato corporal, y por lo tanto, la definición de los contornos de esta figura queda sujeta al tribunal. Y eso, obviamente, es complejo.
Asimismo, hay quienes sostienen que la crueldad o el trato vejatorio son conceptos de sentido amplio que no se condicen con un tipo penal o con las características del principio de tipicidad.
Otras categorías que incluye dicen relación con la vaguedad de la expresión "en situación de vulnerabilidad", refiriéndose a las personas en tal condición. ¿Qué se entiende por "en situación de vulnerabilidad"? Y se agrega "por discapacidad, enfermedad o vejez". Es decir, ¿alguien discapacitado que no se encuentra en situación de vulnerabilidad queda excluido de este tipo penal?
Me parece que aquí hay otro punto que requiere mayor precisión, para evitar dudas o que se configuren delitos en blanco que puedan prestarse para interpretaciones diferentes.
Sin perjuicio de tales consideraciones, por las cuales he pedido que se fije plazo para formular indicaciones, pienso que este es un buen proyecto y, en consecuencia, lo voy a votar favorablemente.
Y me allano a que los presidentes de las Comisiones, como alguien ha sugerido, estudien la eventual fusión de esta iniciativa con otra similar.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, hay un acuerdo básico e importante en el sentido de aprobar la idea de legislar de este proyecto, en su concepción original, consistente en elevar la sanción al maltrato resultante de acción u omisión que produzca menoscabo a la salud física o psíquica de los menores, agregándole esta situación nueva, por así decirlo, respecto de otros sujetos que puedan ser víctimas de la misma conducta.
Efectivamente, al mirar la legislación chilena, uno se da cuenta de que hay situaciones no incluidas que quedan fuera del ámbito de la violencia familiar, referidas al maltrato, a la crueldad por parte de personas que deben ser sancionadas.
Probablemente, alguien podría decir que este tipo de cosas siempre han ocurrido. Pero sucede que hoy día tienen una visibilidad mayor, y me parece primordial que se reaccione con energía y se sancione a quienes incurren en estas acciones, a mi juicio, especialmente reprobables.
Eso sí, quiero formular un comentario en el sentido de que no basta con una buena idea; el proyecto debe quedar bien diseñado. Y es ahí donde siento que existe falta de especificidad acerca de cuáles son las conductas punibles -por eso la discusión particular es tan relevante-, cuestión que debe quedar absolutamente clara.
De partida, ¿quién determina la gravedad del maltrato corporal y cuáles son los contornos de esta figura? ¿Cómo se entienden las lesiones menos graves? ¿Qué ocurre con el concepto de "crueldad" o de "carácter vejatorio"?
Son temas superimportantes de precisar; muy sensibles respecto de la sanción.
Y creo que en esta iniciativa existe un buen espacio para definirlos en el ámbito penal con mayor acuciosidad.
Probablemente, el concepto "vejatorio", por ejemplo, es en sí mismo un tema de la modernidad y hay que precisar exactamente los contornos que hacen que algunos asuman una realidad A, y otros una B. Y si la conducta no queda definida legislativamente con claridad, obviamente ello podría ocasionar un problema a los jueces y generar interpretaciones diferentes.
Y en cuanto a lo que se mencionó recientemente, ¿qué significa estrictamente estar en "situación de vulnerabilidad"? O sea, ¿puede estarlo cualquier enfermo o todo enfermo?, ¿cualquier persona mayor o toda persona mayor?, ¿cualquier discapacitado o todo discapacitado?
Ahí hay un asunto propio de categorías desconocidas en su definición que, a mi juicio, requiere ser bien resuelto si uno quiere que esto tenga realmente un efecto sancionatorio.
Y recordemos, además, que con este tipo de medidas también se busca enviar señales públicas, expresar qué no está permitido y, adicionalmente, sancionar penalmente a quienes incurran en estas conductas.
Por eso, mientras menos espacio haya para dudar acerca de qué se quiso decir, bastante más eficiente será la norma en esta lógica.
De otro lado, he oído algunas reflexiones respecto de en qué queda la protección a la salud psíquica, que es otro punto aquí envuelto, que no necesariamente corresponde a una lesión corporal, o de carácter vejatorio. Puede tener distintas connotaciones. Y creo que eso forma parte de la discusión profunda que debe darse.
Cuando se habla de "El que (¿) infligiere maltrato corporal grave" o "sometiere a un trato cruel y vejatorio", uno podría entender que la segunda acepción implica algún tipo de pena para el maltrato psíquico. Pero eso debe quedar mucho más preciso si uno quiere que este tipo penal esté en condiciones de ser aplicado de forma transparente, sin que sea objeto de múltiples interpretaciones, a fin de que después no se deba rehacer algo respecto de lo cual existe un ánimo común de elaborarlo de buena manera.
Por lo tanto, si bien apruebo la idea de legislar, debía hacer presente los puntos referidos, en atención a que creo que, para nosotros como parlamentarios, es clave que la norma sea precisa y clara. Ha de mandar, prohibir o permitir algo, pero debemos saber exactamente en qué consiste la conducta que se regula.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, junto con el Senador Patricio Walker, soy uno de los autores de la moción que dio origen a esta iniciativa.
En mi opinión, este es un muy buen proyecto de ley, porque, en definitiva, permite enfrentar una situación respecto de la cual hay un vacío legal en la legislación chilena.
La redacción del texto propuesto -creemos haberlo hecho bien en la Comisión de Constitución, sin perjuicio de los perfeccionamientos que después sean necesarios- fue pensada muy cuidadosamente. Y quiero explicar por qué.
¿Qué dice la normativa actual?
Sanciona los actos de violencia, sea física o psíquica -¡atención!: "psíquica" es cuando no hay secuelas físicas externas-, que se producen en contra de los menores por alguno de los parientes descritos en la disposición legal pertinente. Preciso que en ella se contempla prácticamente a todos los familiares que se vinculan con el niño.
También señala que, cuando los parientes o cercanos a los menores realizan contra este una conducta habitual de maltrato, se aplica una penalidad que va desde los 61 hasta los 540 días de cárcel.
Inmediatamente les digo que eso no implica en realidad una sanción penal, porque, en la práctica, nadie va a ir preso. En efecto, en Chile tal penalidad nunca se cumple en prisión, cosa que no se entiende. La única excepción a ello es lo que hicimos al modificar la Ley de Alcoholes. Ahí, por primera vez, se estableció un techo y un piso para que el juez sancione sin salirse de ese rango penal.
Pero -reitero-, en la práctica, será muy difícil que una persona cumpla tal sanción, lo que me parece malo, porque, al final, maltratar a un niño violentamente es un delito mucho peor que varios otros que sí tienen pena de cárcel.
Entonces, aquí estamos en presencia de un problema conceptual, que se resolvería con una modernización de nuestro Código Penal.
En el fondo, estamos diciéndole a la gente que establecemos penas que no son verdaderas. Porque, en el caso de la sanción que va de 61 días a 540, la realidad es que, si el acusado tiene tres circunstancias atenuantes, prácticamente no le corresponde ninguna pena, pues en tal condición el juez puede bajar la sanción en tres grados. O sea, si la persona intenta reparar con celo el mal causado, evidencia irreprochable conducta anterior y colabora con la acción de la justicia, se configuran tres atenuantes. Si, además, no hay circunstancia agravante, el magistrado es libre de aplicarle el mínimo. ¡Casi no le alcanzan grados para bajar! Al disminuir un grado, queda en el rango de 41 a 60 días; dos grados, de 21 a 40; tres grados, de 1 a 20. En teoría, podría tocarle esta última penalidad.
Entonces, considero que aquí hay un tema estructural, de fondo, en nuestro Código Penal. Y voy a insistir en el punto -"a propósito de los fenicios"- hasta que tramitemos un nuevo cuerpo legal en la materia. Mientras no hagamos ese cambio, que han efectuado muchos países del mundo -ahí está el proyecto de reforma al Código Penal que el Presidente Piñera presentó el último día de su mandato, hecho por una serie de expertos y que siempre puede ser perfeccionado-, estaremos legislando en este ámbito de una manera que a la gente le indigna, por cuanto hablamos de penas que en realidad no existen.
Entonces, yo prefiero decirle a una persona: "Vamos a fijar penas más acotadas, pero se cumplirán" que "Tenemos grandes sanciones, pero, finalmente, no se aplican".
Esto ha sido reformado en todos los países del mundo que han experimentado avances en la materia. Me refiero a la gran mayoría de las naciones que se rigen por un Estado de Derecho democrático.
El proyecto incorpora un artículo que sanciona penalmente, por primera vez, los casos en que no queda rastro físico -para decirlo en castellano- del daño que se le causa a un niño. Si se agrede a un menor y queda vestigio físico, operan las sanciones habituales del Código Penal para tal efecto. Si el maltrato deja al niño demente, impedido de un miembro importante o en estado vegetal, entonces se aplican del mismo Código las disposiciones que regulan el delito de lesiones graves gravísimas. Y así, sucesivamente.
El artículo 403 ter que se propone -y esta es una novedad legislativa- preceptúa que el que tuviere a su cargo o fuera responsable de un menor de edad o de una persona en situación de vulnerabilidad por discapacidad, por enfermedad o por vejez y le infligiere un maltrato corporal grave respecto del cual no queda huella física -porque, si no, se tipifican los delitos normales del Código Penal- o lo sometiere a un trato cruel y vejatorio -o sea, lo destruye sicológicamente o le causa un tremendo daño- va a recibir una sanción penal.
La iniciativa que nos ocupa, sin duda, es un progreso enorme. Porque las conductas de que trata no pueden no estar sancionadas...

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, señor Senador.

El señor ESPINA.- Permítame un minuto adicional, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Por supuesto.
Continúe.

El señor ESPINA.- Gracias.
Reitero: hoy día dicha figura, en la práctica, carece de sanción. En efecto, al que agrede, insulta u ofende a un adulto mayor, salvo violencia intrafamiliar, o al que destruye a un niño a través de un maltrato increíble, en términos prácticos no cumple ninguna sanción penal.
Este proyecto, por primera vez, logra identificar esa conducta.
Estoy feliz de haber patrocinado la moción que dio vida a esta iniciativa. Si la podemos perfeccionar o corregir, ¡fantástico! Lo único que pido es que no la dilatemos indefinidamente. Al final, lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Esta es una idea que apunta en la dirección de proteger a los débiles.
El Derecho Penal tiene la finalidad -pido al Senado que lo interprete bien- de proteger a las personas de los abusos, cuando se vulneran gravemente sus derechos. Ese es su objetivo en una sociedad democrática. Y la sanción que se aplica depende del grado de abuso que se produce. Si llega al extremo de matar a la víctima, la pena es mucho más alta.
Entonces, el legislador debe graduar la forma en que se protege a la persona.
La sanción es un acto de protección del Estado en contra de quien viola derechos de los ciudadanos o abusa de ellos. Sin duda, el propósito es loable, ya que saca a quien comete el delito del círculo cercano al niño, al enfermo, al anciano o al discapacitado. Se trata de un deber moral de la sociedad chilena hacia quienes están en situación de vulnerabilidad.
Por lo tanto, feliz voto a favor del proyecto en general, sin perjuicio de las perfecciones que puedan introducirse en el trámite legislativo posterior.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, solamente deseo hacer un par de reflexiones.
En verdad, al ver esta moción, como bien ha dicho el Senador Espina, se constata un verdadero avance en la materia.
He escuchado las intervenciones de los distinguidos colegas Quintana y Patricio Walker. Ellos deberán acordarse de que este asunto no es nuevo para nosotros. Hace unos seis u ocho años, en la Cámara Baja participamos en una comisión que abordó temas sobre la infancia y la adolescencia. Yo recuerdo las exposiciones de ellos -entonces como Diputados-, tan sólidas y con tanto sustento jurídico.
¡Cómo nos demoramos tanto en llevar adelante iniciativas legales sobre el particular!
Es obvio que esto va a implicar una discusión, pero creo que un problema tan sensible como el delito que se quiere tipificar -más allá de las consideraciones jurídicas que corresponda- importa también una responsabilidad: no podemos esperar más años para que este proyecto se despache, aunque sé que así funciona el proceso legislativo.
Voy a votar a favor de la idea de legislar no por los aspectos jurídicos, que los abogados podrán explicar mejor que yo, sino por la convicción de quienes en su oportunidad llevaron adelante el cometido de una comisión que trató estas materias, los ahora Senadores Quintana y Patricio Walker.
Además, señora Presidenta, es un tema muy sensible el maltrato a los ancianos y la crueldad hacia los niños y adolescentes. ¡Tantos casos que vemos en televisión! Y la verdad es que no hay justicia para ellos.
Dios quiera que prime el mismo espíritu que animó a los distinguidos Senadores Quintana y Patricio Walker en la comisión referida. Ojalá puedan desarrollar las influencias necesarias para que este proyecto se apruebe lo antes posible, entendiendo -reitero- que es factible que se presenten algunas complicaciones en el plano jurídico.
Con todo, el fin superior es defender del maltrato al adulto mayor, a los adolescentes y a los niños.
He dicho.
El señor MONTES.- ¡Muy sabio, colega!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Señores Senadores, no hay más inscritos para intervenir y ya se cuenta con los votos para aprobar la idea de legislar.
Pero el Senador Letelier formuló una petición que debe ser resuelta por la Sala.
Hay dos situaciones diferentes.
Primero, no es posible aprobar la iniciativa en general y en particular, pues varios colegas han indicado que presentarán indicaciones. Por tanto, será necesario fijar un plazo a ese efecto.
Segundo, un señor Senador, durante su fundamento de voto, ha solicitado que este proyecto se fusione con otro similar que está radicado en la Comisión de Derechos Humanos. Como no basta la sola petición para proceder a ello, la Sala deberá pronunciarse al respecto.
Entonces, se precisa resolver si el proyecto vuelve a la Comisión de Constitución, fijando un plazo para indicaciones, o si se acoge la solicitud de fusionar las iniciativas mencionadas.
Por lo tanto¿

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, ¿terminó la votación?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí.
¡Perdón! No se ha dicho el número de votos; solo señalé que se aprobó el proyecto en general.
--Se aprueba la idea de legislar (32 votos), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Larraín (don Hernán), Letelier, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).


La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Como ustedes comprenderán, no iba a hablar de lo que viene si no hubiera estado aprobada la iniciativa en general¿! Evidentemente lo estaba, pero me faltó la experiencia de haber dado antes el resultado de la votación. Este no ha hecho más que reiterar lo que había dicho: la idea de legislar está aprobada.
Ahora, corresponde resolver la situación que ya mencioné.
El proyecto, en principio, debería volver a la Comisión de Constitución, con un plazo para la presentación de indicaciones, como señalaron varios colegas.
Pero también está la petición de un señor Senador para que la iniciativa que nos ocupa se fusione con la que tiene el boletín Nº 7.743-07, que sanciona el trato degradante con menoscabo grave a la integridad moral de la persona. Este proyecto fue aprobado en general y se halla en discusión particular en la Comisión de Derechos Humanos.
Como ambas propuestas legislativas están en primer trámite constitucional, se podrían fusionar si así lo resuelve la Sala. Ello no sería factible si las iniciativas se encontraran en trámites distintos.
Entonces, señores Senadores, no me queda más remedio que pedirles su pronunciamiento para decidir si el proyecto vuelve a la Comisión de Constitución, con un plazo para indicaciones (alternativa 1), o si se fusiona con el otro ya individualizado (alternativa 2).
No sé si está suficientemente clara la situación. Espero que sí.
Ha pedido la palabra la Senadora señora Goic. Puede hacer uso de ella.

La señora GOIC.- Señora Presidenta, yo fui una de las personas que planteó la posibilidad de formular indicaciones, pero he cambiado de opinión luego de conversar con el autor principal de la moción.
La iniciativa está en primer trámite constitucional; por tanto, después irá a la Cámara de Diputados. Así que me parece mejor que aprobemos también en particular, pues todavía queda espacio para discutir las distintas materias. La señora ALLENDE (Presidenta).- Señora Senadora, la Mesa estaba consciente del planteamiento que hizo. Pero otros colegas (Senadores Coloma y Larraín) también manifestaron su intención de presentar indicaciones, ante lo cual el proyecto debiera volver a la Comisión de Constitución con un plazo para tal efecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, entiendo la situación expuesta por la Senadora Carolina Goic y por el Senador Patricio Walker, y me sumo a ello. El problema radica en que, desafortunadamente, muchos colegas votaron pensando que se pronunciaban solo en general. Por consiguiente, no cabe a esta altura dar por aprobada la iniciativa en general y en particular.
Ahora, me interesa destacar que este proyecto es absolutamente necesario. Todos hemos felicitado a los autores de la moción y queremos que la iniciativa se despache rápidamente. Pero podría dilatarse su tramitación si se fusiona con otra. Para que ello no ocurra, debemos establecer plazos acotados para el trabajo en la Comisión.
Si lo anterior no ocurre y vuelve el proyecto a la Comisión de Constitución, también se requerirá un plazo prudente, breve, para la formulación de indicaciones, porque esta propuesta es absolutamente necesaria.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Aclaro que la iniciativa fue aprobada en general y que no estoy abriendo debate sobre su resolución en particular.
Lo único que pido -es mi obligación- a las Senadoras y los Senadores que en este momento se hallan en la Sala es que resuelvan si el proyecto se fusiona o no.
Es indispensable conocer el pronunciamiento de la Sala al respecto, porque eso determinará la tramitación posterior: si se aprueba la fusión, la iniciativa deberá ir a las Comisiones de Derechos Humanos y de Constitución, en cambio, si se rechaza, volverá solo a esta última.
Antes de proceder a la votación, daré la palabra al Senador señor Pizarro, si me disculpa el Honorable señor Montes, quien se encuentra conversando con él.
Senador Montes, ¡me temo que no es tan transparente¿! Necesito mirar al Senador Pizarro, quien se halla inscrito.

El señor MONTES.- ¡No lo mire mucho¿!
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Yo sé que usted hace muchos esfuerzos por la transparencia, pero no da para tanto¿!
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, seré muy breve.
Nuestra bancada pide que el proyecto no se fusione y que, por ende, vuelva a la Comisión de Constitución. Y sugerimos como plazo para la presentación de indicaciones el lunes 5 de mayo, a las 12.

El señor BIANCHI.- Perfecto.

El señor QUINTANA.- El PPD plantea lo mismo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Al parecer, no habrá votos suficientes para fusionar las iniciativas. ¿Estoy en lo correcto?
El señor PIZARRO.- Así parece.

La señora ALLENDE (Presidenta).- De todas maneras, pido a la Sala que se pronuncie. No quiero que nadie después diga que hemos pasado a llevar un derecho. El Senador Pizarro habló en nombre de su bancada, pero igual votemos. Así habrá absoluta transparencia y cero cuestionamientos.
En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La señora Presidenta pone en votación la proposición de fusionar el proyecto que se acaba de aprobar en general con el del boletín Nº 7.743-07.
Los señores Senadores que estén de acuerdo con la fusión votan que sí y los que no estén de acuerdo, que no.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se rechaza la proposición de fusionar los proyectos (10 votos en contra y 7 a favor).
Votaron por la negativa las señoras Allende y Goic y los señores Bianchi, Girardi, Guillier, Moreira, Pizarro, Prokurica, Tuma y Walker (don Patricio).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores García, Montes, Orpis y Ossandón.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, la iniciativa vuelve a la Comisión de Constitución para su análisis en particular.
Corresponde fijar plazo para indicaciones. Se ha sugerido el lunes 5 de mayo, a las 12.
¿Hay acuerdo?
--Así se acuerda.


La señora ALLENDE (Presidenta).- Según lo resuelto al inicio de la sesión, a petición expresa del Senador señor Orpis, ahora corresponde tratar el proyecto signado con el Nº 5 en la tabla.



RANGO CONSTITUCIONAL DE TERRITORIOS ESPECIALES PARA LOS GEOPOLÍTICAMENTE ESTRATÉGICOS


La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de reforma de la Carta, iniciado en moción de los Senadores señores Orpis, Bianchi, Horvath y Hernán Larraín, en primer trámite, que incorpora como territorios especiales, bajo el estatuto jurídico que determine una ley orgánica constitucional, los territorios geopolíticamente estratégicos así definidos por el Presidente de la República, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9160-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de los Senadores señores Orpis, Bianchi, Horvath y Larraín Fernández):
En primer trámite, sesión 71ª, en 20 de noviembre de 2013.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 92ª, en 5 de marzo de 2014.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de esta iniciativa es incorporar en la Constitución Política un artículo 126 ter con el fin de instituir territorios geopolíticamente estratégicos.
La Comisión discutió este proyecto en general y en particular, por ser de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Bianchi, Orpis, Rossi, Frei y Sabag.
Cabe tener presente que esta iniciativa debe ser aprobada por tres quintos de los señores Senadores en ejercicio, esto es, con al menos 22 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la parte pertinente del primer informe.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión general el proyecto.
Debo reiterar -ya lo hizo presente el Senador señor Zaldívar- que llegado el momento de votar se tocarán los timbres y se les avisará a los integrantes de la -llamémosla así- "Comisión Especial de Restauración Patrimonial de Valparaíso", órgano que está sesionando en paralelo con la Sala.

Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, Honorable Senado, este proyecto de reforma constitucional se presentó antes del fallo de La Haya con la firme convicción de la unanimidad de los miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización de que históricamente nuestros gobernantes nunca han desarrollado una visión geopolítica sobre el territorio nacional.
Tanto es así -lo indican los fundamentos de la moción que dio origen a este proyecto- que hasta 2005 todas las regiones de nuestro país tenían exactamente la misma categoría.
¿Cuándo se rompe tal uniformidad? Ese año, y no en beneficio de las zonas geopolíticamente estratégicas, sino de los territorios insulares, es decir, Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández, para llevar a cabo allí una administración más eficiente.
Dichos territorios insulares fueron objeto de dos reformas constitucionales.
La primera la presentó el Presidente Ricardo Lagos y se materializó con la ley N° 20.193.
Posteriormente, la Presidenta Bachelet ingresó una nueva reforma, que dio lugar a la ley N° 20.573, mediante la cual se restringió en aquellos territorios el ejercicio de los derechos de permanencia, residencia y traslado.
Pero -reitero-, históricamente, nunca se ha abordado ese tipo de materias.
En los fundamentos del proyecto en debate se analiza en profundidad la historia de los territorios geopolíticamente estratégicos. Y se aborda la situación de Arica y Parinacota, de Iquique y de Magallanes.
Quiero concentrarme en los territorios del norte, que hoy día han sido objeto de demandas de los países vecinos.
Iquique registró un auge con el salitre; pero sobrevino la decadencia de este mineral, y fue abandonado por décadas. Luego, entre los años 1974 y 1975, cambia su destino con la creación de la Zona Franca. Y termina de consolidarse con el desarrollo minero.
Pero, particularmente, deseo concentrarme en la situación de Arica (Región de Arica y Parinacota).
Fue el último territorio que se incorporó a nuestra soberanía. Ello ocurrió en 1929. A partir de ese año y hasta 1950, Arica estuvo absolutamente abandonada.
Hubo un punto de inflexión bajo el mandato del Presidente Ibáñez, quien toma la decisión de potenciar Arica. En 1953 se crea el Puerto Libre, y en 20 años esa ciudad cambia drásticamente su situación demográfica: de 8 mil 507 habitantes en 1952, pasa a 87 mil en 1992.
A través del Puerto Libre se podían importar distintas mercaderías.
En seguida, se crea la Junta de Adelanto, que establece la base industrial directamente en Arica.
Sin embargo, en la década del 70 esa ciudad se empieza a desmantelar.
A partir de la ley N° 14.824, en 1961 se disminuye el presupuesto de la Junta de Adelanto. Posteriormente, en 1967 se comienza a desmantelar la industria automotriz ariqueña, pues se permite que se desplacen hacia Valparaíso, Aconcagua y O'Higgins las empresas automotrices Fiat, Ford y Peugeot.
Durante el Gobierno militar se toma la decisión estratégica de potenciar Iquique, y se crea la Zona Franca.
Arica se militariza.
En la década del 90 se dictan dos cuerpos legales: la Ley Arica 1 (1995) y la Ley Arica 2 (1996). Sin embargo, esas normativas no tuvieron gran efecto.
Afortunadamente, hoy día se ha ido generando un punto de inflexión.
En forma paulatina, ha bajado la cesantía y ha aumentado la inversión. Pero estamos muy lejos todavía de considerarla una zona geopolíticamente estratégica.
¿Cuál es el desafío planteado mediante este proyecto?
Como parte de la hipótesis de que en Chile no existen visiones en el sentido de que se trata de zonas geopolíticamente estratégicas, de territorios necesarios para nuestro país, y de que la historia ha demostrado que ello no puede depender de la mera voluntad del gobernante de turno -en general, no la ha tenido-, señala que en materia de zonas de aquella índole debe desarrollarse una mirada de Estado independiente del gobierno que exista en determinado momento.
Como se quebró la igualdad en materia de administración del Estado a partir de las dos reformas constitucionales que declararon territorios especiales Isla de Pascua y el Archipiélago Juan Fernández, la moción que presentamos procura algo fundamental, cual es consagrar en la Constitución Política un artículo 126 ter que dice: "También se considerarán territorios especiales los geopolíticamente estratégicos.". O sea, ya no va a depender de los gobernantes de turno.
Luego agrega ese mismo precepto: "En estos territorios el Estado deberá velar por su desarrollo económico y social y promoverá políticas de poblamiento y conectividad.".
Finalmente, expresa: "Serán definidos mediante Decreto Supremo por el Presidente de la República y la Administración financiera, inversión pública y tributaria se regirá por los estatutos especiales que establecerá una ley orgánica constitucional.".
Por consiguiente, el Primer Mandatario debe definir únicamente cuáles son esos territorios. Pero respecto de su administración, de los beneficios de carácter tributario, se rigen por un estatuto especial definido en una ley orgánica constitucional.
A mi juicio, señora Presidenta, este es un paso fundamental que debe dar Chile.
A lo largo de nuestra historia permanentemente hemos sido objeto de demandas, de pretensiones de países vecinos.
Y, en la práctica, ¿qué políticas han adoptado esas naciones? En el caso de Perú, ha fortalecido Tacna; en el de Argentina, ha fortalecido Ushuaia.
¿Por qué Chile no hace algo similar? Porque históricamente nuestros gobernantes, salvo honrosas excepciones, han carecido de esa visión geopolítica, que significa no solo defender los territorios pertinentes utilizando las ramas de la Defensa Nacional, sino también llevar a cabo en ellas políticas de poblamiento y desarrollo.
¡Esa es la mejor defensa!
Por eso, frente a la nueva demanda presentada por Bolivia, considero fundamental que esta tarde el Senado dé una señal potente y categórica en el sentido de que, a partir de ahora, los territorios en comento tendrán carácter estratégico para nuestro país.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Debo hacer presente que la Comisión Especial encargada de abordar la situación de catástrofe derivada del incendio registrado en Valparaíso acaba de suspender su funcionamiento para que quienes la integran concurran a la Sala a votar. De modo que me parece necesario abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Continuando con el orden de inscripción, tiene la palabra el Senador señor Bianchi para fundamentar su voto.

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero sumarme a todo lo señalado por el colega Orpis, quien me invitó a suscribir esta iniciativa.
En los últimos años he tenido el honor, junto con Su Señoría y otros Senadores, de presentar varios proyectos de ley tendientes a igualar las condiciones de las mal denominadas "regiones extremas".
Esta mañana, durante la sesión de la Comisión Especial de Zonas Extremas el Senador Quinteros hizo presente que hasta ese nombre era inadecuado.
¡Se trata de territorios especiales!
Chile, como país unitario, los tiene, pero carece de la visión geopolítica necesaria para llevar adelante mecanismos que permitan potenciar los lugares geográficamente más apartados.
Esa situación de aislamiento, derivada de nuestra particular geografía, sin duda nos hace tener visiones distintas.
Las naciones vecinas, como Argentina -este país tiene una organización federal; el nuestro es unitario-, han resuelto ese problema por la vía de otorgar incentivos especiales al poblamiento, a la conectividad.
Y hay más, señora Presidenta.
En Argentina uno puede apreciar, por ejemplo, que a las regiones extremas, a las zonas más alejadas del centro, el combustible -producto tan sensible y respecto del cual en mi Región hemos venido reclamando en los últimos años- llega con beneficios tributarios especiales.
Por eso, más allá de la política económica de esa nación vecina, a quienes habitamos en los lugares de Chile más distantes, sea en el extremo norte o en el extremo sur, se nos castiga y se nos hace pagar precios claramente mayores que los de otras regiones.
Entonces, la situación es compleja.
Señora Presidenta, pronto estaremos dando cuenta de un gran debate: el de la reforma tributaria, que busca igualdad en educación, en salud, en trabajo.
¿Pero qué va a pasar en materia tributaria en el caso de las regiones extremas, donde se requieren incentivos especiales?
El Senador Orpis hablaba de la creación de zonas francas. Se crearon -si mal no recuerdo- en 1977, pero ya no son reguladoras del mercado.
Chile ha celebrado tratados comerciales con muchos países. Así, hoy día, para quienes habitamos en las regiones extremas ya no es conveniente comprar artículos en las zonas francas, porque nos encontramos con que el gran retail, las grandes multitiendas tienen ofertas infinitamente mejores.
Entonces, es distinto vivir en zonas aisladas.
Se requiere una política de Estado, no para el titular de prensa de mañana, sino para permitirle a cada gobierno que asuma aplicar políticas especiales para regiones especiales, como las que se han nombrado: Arica y Parinacota, Aysén, Magallanes y otras.
Incluso, aquí mismo, en la Quinta Región, y en Santiago también, se vive por desgracia el aislamiento de muchas comunas.
Existe en este país un centralismo que absorbe, que claramente no da cuenta de lo que plantea este proyecto.
Hay naciones vecinas que justifican las reclamaciones territoriales que formulan.
¿Qué ha hecho Chile? ¿Qué visión geopolítica ha implementado para llevar adelante no solo la defensa territorial, sino también la defensa de nuestro Estado?
Entonces, frente a la última demanda presentada por Bolivia -hemos tenido la suerte de convivir en paz con Argentina-, sentimos que este es el momento más adecuado para mostrar que en el Senado, a través de la aprobación del proyecto que nos ocupa, estamos reclamando una visión geopolítica de Estado que permita igualar las condiciones de las regiones extremas.
¡No queremos excepciones para las regiones extremas del norte y del sur!
¡Deseamos una equiparación -lo hemos solicitado con fuerza-, a través de la reforma tributaria que pronto debatiremos, mediante la consideración de esas zonas como territorios especiales!
¡Necesitamos igualarnos!
¡Necesitamos conectividad!
¡Necesitamos estrategias de poblamiento, pues no las tenemos!
Por eso Tierra del Fuego, que tenía 7 mil a 8 mil habitantes, hoy conserva esa misma población. En cambio, el extremo sur de Argentina, que inicialmente poseía igual cantidad de habitantes, hoy tiene entre 70 mil y 100 mil: ¡porque ha desarrollado industrias!
Entonces, con decreto o sin él, la nación trasandina ha logrado incentivar el poblamiento en aquellas áreas, en esos lugares estratégicos.
Chile no lo ha hecho: está absolutamente al debe.
Esa es la visión que con el Senador Orpis hemos querido presentar hoy día.
Creo que ha llegado el momento de pedirles a nuestros mandatarios una visión de Estado en estas materias, no para el titular de mañana, sino para los fines que explicité.
Hay que dejar de trabajar para el día a día.
¡Eso es tremendamente importante! ¡Tenemos tantas urgencias!
Pero, en paralelo, necesitamos aplicar una fórmula para que Chile, con su característica de Estado unitario, dé cuenta también de la realidad particularmente especial de sus regiones más aisladas.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, leí este proyecto de reforma constitucional. Entiendo su sentido, estoy de acuerdo con lo que plantea y voy a aprobarlo en general.
Creo que en su tiempo -lo conversé con el Senador Orpis- nos equivocamos cuando dividimos la Primera Región. Porque, a lo mejor, lo lógico habría sido declarar territorios especiales Arica y toda la zona, al igual como lo hicimos con Isla de Pascua y el Archipiélago Juan Fernández.
En tal sentido, pienso que se tuvo más pragmatismo y capacidad de resolución cuando se creó la Junta de Adelanto de Arica al objeto de potenciar dicha área, que, desde el punto de vista geopolítico, era determinante para Chile.
Señora Presidenta, estoy de acuerdo con el artículo que se nos propone, pero me parece que debe efectuarse una modificación -quizá estoy equivocado-: la calificación de territorio especial no tiene que hacerse por decreto supremo, sino en virtud de la ley orgánica constitucional que determine los estatutos especiales -a ella se refiere el mismo precepto-, pues el acto no es de menor cuantía, sino que envuelve una gran responsabilidad.
Por eso, voy a aprobar la idea de legislar. Y desde ya, como aporte a la discusión particular, propongo el cambio explicitado.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señora Presidenta, como aquí se ha planteado, en esta materia se halla involucrada la geopolítica. Somos un país oceánico (también hay que considerarlo), tricontinental. Tenemos presencia hacia la Polinesia, al oeste de nuestro océano Pacífico; territorios en la Antártica y en la parte suroeste del Cono Suramericano.
Pero esta nación tricontinental, donde existe una enorme diversidad, no solo natural y cultural, padece de un centralismo agobiador, y a consecuencia de ello, de una concentración económica de los medios de comunicación y con influencia política que impide tener una visión de Estado.
En esta materia, Chile está continuamente -vale la expresión- "apagando incendios": no se antepone a los hechos.
Como bien planteó el Senador Orpis, quien lleva la delantera en esta reforma, la solución se logra no solo con presencia de las Fuerzas Armadas y de otras instituciones, sino también con un poblamiento real, cuidando la diversidad natural.
Por lo tanto, tampoco se puede aparejar a esto cualquier tipo de desarrollo, pues el centralista es el que genera las zonas de sacrificio en las regiones. Finalmente, van empleados, trabajadores, contratistas; dejan el pasivo ambiental; se retiran, y las regiones quedan incluso peor.
A ello se suma un excesivo legalismo, que es algo que heredamos de la Colonia española, del proceso de la Conquista.
Hay un libro que de nuevo va a estar a disposición de todos para su lectura: La relación entre Chile y Bolivia (1841-1963), de don Francisco Antonio Encina.
Ya en esa época -década de 1860-, dicho historiador señala cómo en nuestro país la política se hace fundamentalmente por personas provenientes del sector que dicta las leyes y en función del sistema de Leyes de Indias, conforme al cual todo se deja escrito.
Así, hoy en día tenemos la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que para nada se apiada de la diversidad existente.
Lo mismo sucede con nuestros espacios terrestres y con nuestro mar.
Por eso, creo que esta reforma es fundamental; está muy bien especificada en lo referente a las regiones del norte.
Empero, hay que agregar también el caso de Tierra del Fuego.
Se hizo una comparación entre Puerto Williams y Ushuaia. Debo precisar que Puerto Williams está más al sur. Sin embargo, sistemáticamente se promueve a Ushuaia como la ciudad más al sur del planeta. Y eso, por una cuestión comunicacional y cultural.
Pero aquí cabe la Patagonia entera, desde Puerto Montt al sur: Cochamó, Puelo, la provincia de Palena, la Región de Aysén y la de Magallanes completas. Son el 34 por ciento de la superficie de Chile, y las tenemos desconectadas en su parte norte por 80 kilómetros. Han sido objeto de cuatro estudios, cuyo costo supera los 12 mil millones de pesos. Si estos recursos se hubiesen invertido en la obra, ¡ya estaría lista!
Eso motiva que tengamos más chilenos en la Patagonia argentina que en la nuestra. Porque en el vecino país, sobre la base de un proceso más federalista, sí se ha entendido el territorio y el nivel central ha hecho políticas de Estado que dan acceso a la educación, a la salud, y otorgan incentivos positivos, no dependientes, para que se desarrollen las vocaciones territoriales. Como resultado, gran parte de los chilenos se nos han ido para allá.
Entonces, debemos ser suficientemente anticipadores como para revertir en forma positiva tal situación.
Por eso, creo que esta reforma es más que oportuna; se anticipa a las circunstancias, como sí lo hacen países vecinos que han comprendido el valor del territorio.
Cuando hablamos de desarrollo debemos considerar que el tener otra área al lado de una de conservación -por ejemplo, un parque- deriva en que todo el sector aledaño se valorice, y tremendamente. Cada uno de los recursos -el agua y cuanto obtenemos de la naturaleza; y desde luego, la cultura y el turismo- adquiere una dimensión desconocida o que al menos no está en simetría con las decisiones políticas que se adoptan.
Así que voto a favor. Y pido plazo para formular indicaciones que permitan que la reforma planteada se lleve a cabo en los hechos y no quede sujeta al Presidente de turno.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, anuncio que votaré favorablemente esta iniciativa, pues creo que el establecimiento en nuestro país de territorios especiales por razones geopolíticas, por razones estratégicas, debiera posibilitar mucha más unidad nacional, mucha más cohesión. Y debiera permitir también que particularmente los habitantes de la Región Metropolitana y los de las zonas más densamente pobladas tomaran clara conciencia de que Chile es bastante más que Santiago, que la Región de Valparaíso, que la del Biobío, con su capital, Concepción, y que hay regiones menos pobladas, como la de La Araucanía, pero que aportan con la misma devoción y con igual dedicación al desarrollo de Chile.
He escuchado con atención a los Senadores señores Orpis, Bianchi y Horvath, quienes se han referido en esencia a la situación de lo que comúnmente conocemos como "regiones extremas": Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén, Magallanes.
Pero, señora Presidenta, cuando se discute una iniciativa como esta, en mi calidad de representante de La Araucanía me asiste la obligación de hacer presente que algunas regiones, sin ser limítrofes, sin estar situadas en los extremos de nuestra nación, tienen sus propias particularidades, sus propios desafíos, sus propias debilidades, que queremos superar con el esfuerzo de toda la ciudadanía.
La Región de La Araucanía, a la que representamos en el Senado con los colegas Eugenio Tuma, Jaime Quintana y Alberto Espina, es, lamentablemente, la más atrasada de nuestro país, a pesar de múltiples esfuerzos.
Se trata de la región con los peores indicadores en salud, en educación.
Tiene la red caminera más extensa del país, y sin embargo nunca la inversión pública en red vial se ha hecho cargo de ello. La mayoría de nuestros caminos son de tierra; y ellos precisamente comunican a las comunidades indígenas con los centros poblados y con los centros de salud y los de educación.
Allí la distribución de la tierra está tremendamente atomizada. Muchos pequeños agricultores -varios de ellos, mapuches- poseen media hectárea, una hectárea, dos hectáreas, lo que les imposibilita absolutamente tener productividad y generar ingresos suficientes para salir adelante con sus familias.
Eso mismo motiva que en reiteradas ocasiones deban emigrar. ¿Adónde? A otras ciudades de Chile, pero también a otros países, y particularmente a Argentina.
Queremos cambiar esa realidad. Y tengo la impresión de que este instrumento sobre zonas especiales podría ayudarnos enormemente.
No obstante, la mirada debe ser mucho más amplia: ha de considerar también los problemas que afectan a cada región, sus desafíos.
Tengo la seguridad de que si hacemos aquello nuestra región, la de La Araucanía, debiera ser considerada territorio especial, por los problemas que enfrentamos y, sobre todo, porque tenemos el ánimo de superar las dificultades, de salir adelante.
El per cápita de la Región de Magallanes, por ejemplo, debe de ser varias veces el de la Región de La Araucanía (tal vez algo parecido nos ocurre con Coyhaique, con Arica-Iquique).
Entonces, no solo hay que mirar la distancia con relación a Santiago.
Insisto: también deben tenerse en cuenta las regiones que, por distintos motivos, han sido postergadas en el tiempo y por diversos gobiernos.
Quiero recordar que el Estado llegó a La Araucanía ¡setenta años más tarde! Y eso se nota allí. Las primeras escuelas no fueron entregadas por aquel. Normalmente, misiones religiosas crearon los primeros establecimientos educacionales.
Eso requiere una reparación. Eso requiere que nos pongamos a la par con otras regiones de nuestro país: con las más avanzadas, con las de mayor desarrollo.
Voto a favor, señora Presidenta, pues confío en que la mirada sea muy generosa, mucho más amplia, sin limitarse a lo que conocemos como regiones extremas, y en que se consideren asimismo los sufrimientos, los dolores y las esperanzas de nuestra Región: la de La Araucanía.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, deseo en primer término felicitar al Senador Orpis, pues puso en el tapete un tema que habitualmente se discute en todos los foros, se presenta en todas las campañas, pero a cuyo respecto hemos avanzado poco o nada en estos largos años de democracia.
Es cierto que se han llevado a cabo esfuerzos importantes. Hay leyes especiales; existe una política. Pero, a decir verdad, son la típica forma de hacer las cosas en Chile: el parche sobre el parche.
Hemos visto cómo países no muy lejanos han hecho de esta cuestión una política de Estado. Han invertido ingentes recursos y realizado esfuerzos con instituciones estatales -Fuerzas Armadas, servicios públicos, en fin- para ir rompiendo el centralismo, del cual hoy día nosotros somos presa.
Decía el Senador Orpis que hay un discurso muy interesante (a mí me gusta mucho): el de la igualdad.
Empero, en ese discurso debemos incluir lo concerniente a la igualdad de Santiago con las demás regiones.
Eso me parece indispensable. Porque el centralismo no solo le hace mal a la Capital, sino también a las restantes regiones.
Santiago es una ciudad colapsada, con problemas de contaminación, de medio ambiente, de tráfico, de delincuencia, y con una multiplicidad de otras dificultades que cada día tornan más difícil vivir en ella. Pero vastos sectores de nuestro país se hallan totalmente abandonados. Magallanes, Coyhaique, buena parte del Norte Grande son lugares donde tenemos de las menores densidades poblacionales del mundo.
Ello nos lleva a pensar por qué hemos ido haciendo de Santiago una megametrópoli.
Y claro: si uno compara elementos básicos y analiza los resultados se da cuenta de aquello de lo que hemos hablado aquí.
Puerto Williams es una ciudad bonita, pero pequeña. Hace 50 años era igual que Ushuaia. Sin embargo, hoy día Ushuaia es una ciudad con aeropuerto, con puertos, con miles de turistas que llegan a un paso antes de la Antártida.
¿Cómo se consiguió aquello? Mediante una política de Estado que el Gobierno de Argentina se propuso en el largo tiempo.
No hay soluciones con varita mágica: resultados como los que cité se dan en el largo plazo.
Señora Presidenta, existe un problema en torno al cual el Parlamento debe reflexionar durante el estudio de modificaciones de esta índole.
Cada vez que se va a llevar cabo una obra en regiones se efectúa una evaluación y se proyecta una especie de rentabilidad social derivada de ella. Y siempre pierden aquellas, porque, por ejemplo, entre pavimentar una calle en Providencia, o en Puente Alto o en Las Condes y hacerlo en Vallenar, o en Domeyko, o en Copiapó, o en Chañaral, obviamente, se prefiere la inversión que beneficia a más personas.
¡Ese es el problema!
La Región que representamos con la señora Presidenta del Senado tuvo, gracias al Presidente Piñera y a muchas presiones que ejercimos, la mayor inversión de la historia en materia de infraestructura: ¡quinientos millones de dólares! Se trata de la doble vía desde Caldera hasta La Serena, que nos ha conectado con el resto de Chile.
Pero todo el resto del norte no tiene infraestructura decente, de primer nivel.
¡El puro Transantiago es un proyecto en que se han quemado seis mil millones de dólares!
Entonces, comparemos.
Veamos, por ejemplo, cuánto le cuesta a una persona vivir en Atacama.
Allí la energía eléctrica vale sobre 25 por ciento más que en Santiago. En la mayoría de las comunas, el agua es sobre 300 por ciento más cara que en la Capital. La educación no es buena. La salud es incluso peor.
Yo pregunto, pues, cómo vamos a regionalizar si todavía tenemos ataduras como aquellas, que nos mantienen absolutamente inmovilizados.
¿Qué ocurre con los sueldos de los funcionarios públicos?
¡Cuántas veces con la señora Presidenta del Senado hemos planteado la declaración de zona estratégica!
¡Es inadmisible seguir con el sistema vigente, porque no existe relación alguna con las condiciones de la empresa privada, ni con las inversiones, ni con los beneficios existentes en Santiago!
Vamos a insistir ante el actual Gobierno, pues consideramos que tal declaración es justa, tanto más cuanto que se está atentando no solo contra el sector estatal, sino también contra los privados.
Como dije, el centralismo es malo para las regiones y para Santiago.
Señora Presidenta, uno de los principales problemas de Chile deriva de que cada vez que pensamos un nuevo proyecto se pasa por un cedazo que siempre termina perjudicando a las regiones.
Además de las modificaciones propuestas, que a mi entender constituyen un paso muy importante para luchar contra el centralismo, debemos plantearles al Gobierno actual y a los que lo sucedan políticas de largo plazo que signifiquen inversiones.
Es evidente que si no existen recursos no habrá movilización de la gente para radicarse en regiones.
No hay incentivos para irse a vivir a Coyhaique, al Norte Grande.
Cuando las empresas mineras de nuestras regiones les ofrecen a sus trabajadores una segunda casa, ellos eligen La Serena o Santiago, en este último caso incrementando el centralismo y generando condiciones incluso peores.
Esta es una buena iniciativa; constituye un punto de partida. Pero pienso que queda un problema de fondo, sobre el cual deberemos ahondar en la discusión, sin perjuicio de que, como señalé, ha de plantearse a todas las Administraciones.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
Entendí que Su Señoría había informado la iniciativa. Por tanto, ahora puede fundar el voto.

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, solo voy a complementar mi intervención anterior con elementos surgidos durante el debate. Y quiero profundizar sobre un tema que estoy dispuesto a discutir en la Comisión.
¿Por qué se establece la calificación por decreto supremo y no por ley orgánica constitucional?
Fue el planteamiento que hizo el Senador señor Zaldívar.
Básicamente se apunta a lo siguiente. De hecho, ello se establece en los fundamentos de la moción. Por razones de tiempo, acoté la cuestión solo a Arica-Parinacota. Pero quiero colocar un ejemplo muy práctico. Chile comienza en Visviri. Ese es el extremo norte. Hay 3 mil kilómetros, ininterrumpidos, hasta Pichanco. Allí se corta el país, en una longitud de unos 60 a 70 kilómetros, hasta Caleta Gonzalo. No olvidemos lo que ocurrió con la erupción del volcán Chaitén, cuando chilenos tuvieron que evacuar a través de Argentina, porque no había conectividad. De acuerdo con la premisa de que se parte y conforme a la moción, ese es un territorio geopolíticamente estratégico, porque necesitamos terminar la carretera y unir Chile. Es algo fundamental. Y ello no solo tiene que ver con la Región de Aysén. No. Tiene que ver con enlazar al país.
Tal como lo señalaba, estamos expuestos, particularmente en el norte, a reivindicaciones territoriales históricas por parte de Perú y de Bolivia. En el caso peruano, así lo entendió el Presidente Fujimori cuando tomó la decisión geopolítica de potenciar Tacna. Hace tres décadas, Tacna y Arica tenían la misma población. Hoy día, la primera registra prácticamente 500 mil habitantes, y la segunda, apenas supera los 200 mil.
Cuando la visión geopolítica depende de los gobernantes de turno, estamos sujetos a vaivenes: un día tenemos una región potenciada -en el caso de Arica, en la década de los cincuenta, con puerto libre, con Junta de Adelanto- y después vienen otras Administraciones, de los más diversos signos, que terminan desmantelando el desarrollo y la base productiva que se habían forjado.
Son zonas que no pueden estar sujetas a despoblamiento, a niveles de pobreza, a altos índices de cesantía. Hasta hace siete años la Región de Arica y Parinacota superaba los dos dígitos por este último concepto, y estábamos ad portas de la demanda peruana en La Haya. Eso no resiste análisis.
Decisiones de tal responsabilidad corresponden a políticas de Estado que no pueden estar sometidas a la coyuntura de un gobernante de turno, sino que tienen que ser permanentes, porque es preciso desarrollar y poblar esos territorios sobre la base de una mirada de esa índole.
Lo mismo ocurre en el extremo sur, como lo mencioné. No es posible que la parte chilena de Tierra del Fuego tenga 8 mil habitantes, y la argentina, alrededor de 100 mil. Ushuaia y Puerto Williams, tal como se ha recordado acá, exhibían la misma población hace tres o cuatro décadas. Puerto Williams es hoy día una base naval y Ushuaia se ha constituido en la puerta de entrada al continente antártico, con una infraestructura tremenda en materia portuaria y aeroportuaria. La Tierra del Fuego chilena prácticamente salió del circuito antártico. Argentina podrá tener muchos defectos, pero no me cabe la menor duda de que hay visiones geopolíticas detrás de esas decisiones.
Por lo tanto, señora Presidenta, creo que tenemos que colocar el tema en el debate. No todos los territorios están en la misma condición en nuestro país. El igualitarismo se quebró con la reforma constitucional impulsada por el Presidente Lagos a partir de la cual Isla de Pascua y Juan Fernández pasaron a tener un estatuto especial. Se rompió el equilibrio entre las regiones. Si eso ocurrió con Juan Fernández e Isla de Pascua, con mayor razón tiene que suceder respecto de los territorios geopolíticamente estratégicos.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, por haber nacido y vivido gran parte de mi vida en zonas extremas, comprendo perfectamente lo que está en juego.
Si consideramos la historia de Chile, vamos a darnos cuenta de que el país nació de la zona central: La Serena a Concepción, y de que toda su expansión territorial al sur y al norte fue obra del Estado, que tuvo una visión estratégica y diseñó los mecanismos necesarios. Estos resultaron discutibles, en muchos casos, pero fue lo que permitió la expansión del país y la ocupación del territorio nacional después de la Independencia.
Si analizamos los ciclos de nuestra economía, observaremos una relación, en el caso de las regiones extremas, entre aquellos que siguen a períodos de decadencia y de postergación, particularmente cuando el Estado ha retirado su presencia.
En cuanto a la zona norte, cabe tener presentes los ciclos mineros. Porque Chile no ha logrado asentarse en las regiones extremas en forma estable, permanente, con un concepto de ocupación y de ejercicio de la soberanía. La mayoría de las ciudades presentan una estructura de campamento, de algo provisorio. Mucha gente llega a buscar condiciones de vida para luego volver a la zona central. Por consiguiente, una porción decreciente de población ve su vida ligada al norte.
En el extremo sur probablemente ocurre algo bastante parecido.
Y eso se explica porque, en nuestro diseño económico, la élite no ha pasado de ser rentista. Jamás ha pensado en el largo plazo. Ha explotado los recursos naturales, pero ha sido incapaz de generar valor agregado, de llevar a cabo procesos de reconversión productiva y, por lo tanto, de consolidar su presencia desarrollando las debidas competencias. Eso nos hace sensibles y vulnerables a los ciclos económicos.
Si a lo anterior agregamos que la política no ha obedecido a una visión estratégica persistente de Estado, nos encontramos en un escenario de tormenta perfecta para las regiones extremas. De ahí la sensación de decadencia objetiva con relación a los progresos en ellas de países vecinos, los que, gracias a políticas públicas decididas, han podido progresar al menos en mejor forma que nosotros, que sentimos que hemos retrocedido.
En consecuencia, no puedo menos que apoyar el proyecto, y con mucho entusiasmo. Pero importa aclarar, además, que no solo se trata de zonas geopolíticamente estratégicas, sino que también han de ser de integración activa con nuestros vecinos. Podemos fundar una nueva convivencia con ellos si somos capaces de llevar a cabo una transformación de esa índole, con grandes universidades, con buenos sistemas de salud, con procesos que permitan proporcionarles servicios básicos, financieros, comerciales, turísticos. Eso, sin perjuicio de extender lo anterior también a otros países.
No ha habido en el Chile central una visión de las regiones extremas como polos permanentes y sustentables de desarrollo. Pienso que una ley que reconozca las zonas geopolíticamente estratégicas debe estar asociada a un proceso de desarrollo económico sustentable, con asentamiento permanente, con políticas globales de ocupación del territorio, de poblamiento, y también de relación con los vecinos.
No se trata, por consiguiente, de una actitud militarista o de defensa de fronteras. Lo entiendo -y así me parece haberlo escuchado- como un proceso más bien dinámico, moderno, de crear valor agregado, de generar una población competente y capaz para sustentarse en esos lugares y hacer patria en forma permanente, con una economía sostenible y moderna, que es lo único que va a dar seguridad, y una visión geopolítica estable en el largo plazo.
Espero, entonces, no solo aprobar esta idea, esta modificación puntual, sino también que realmente ella dé paso a una nueva visión geopolítica y estratégica de las zonas extremas en aras de un desarrollo sustentable y de calidad de vida. Y eso tiene que comenzar con la descentralización del país y asimismo de la política fiscal.
Muchas gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señora Presidenta, quiero sumarme a las felicitaciones al Honorable señor Orpis por esta iniciativa. Estimo muy importante la posibilidad de definir como territorios especiales aquellos que sean considerados geopolíticamente estratégicos. Y ello, básicamente a través del medio que ha propuesto nuestro colega: por decreto del Presidente de la República.
Cuando el señor Senador hace referencia a Arica y Tacna se advierten una asimetría y una diferencia impresionantes. Y cuando uno tiene presentes las Regiones de Aysén y de Magallanes no puede sino lamentar que un tercio del territorio nacional esté aislado. Efectivamente, a los 3 mil kilómetros, hay 80 y tantos no conectados, desde Pichanco a Caleta Gonzalo. En consecuencia, Chile está partido en dos. Somos de los pocos países en el mundo en que ello ocurre.
Por eso, valoro el proyecto.
En verdad, me parece muy importante que el Estado tenga que determinar, a través de una ley orgánica constitucional, políticas públicas que promuevan el poblamiento y la conectividad.
En materia de poblamiento, El Chaltén, localidad argentina creada hace 20 años, no tenía ni 10 habitantes en esa época. Hoy día registra mil 600. En el lado chileno, Villa O´Higgins no supera 500.
Comodoro Rivadavia: 157 mil habitantes; Coyhaique: 57 mil.
Entonces, suma y sigue. Podría dar muchos ejemplos de la misma situación. De ahí que me parece tan relevante la iniciativa en debate.
Debo lamentar que el Gobierno anterior no haya cumplido con el compromiso de conectividad. Recorrí con el Presidente Piñera, en helicóptero, el fiordo Quintupeu, Reñihué, el sector de Cahuelmó. Se anunció que iban a estar listas la expropiación, la senda de exploración o penetración, antes del término de su período; que en febrero recién pasado se iba a contar con 7 u 8 kilómetros construidos por el Cuerpo Militar del Trabajo. ¡Nada!
¿Qué dijo el entonces Director de Vialidad cuando vino a la Comisión de Obras Públicas antes de finalizar el Gobierno anterior? ¡Los estudios parten de nuevo! Hay que hacer 35 puentes y 15 túneles.
Entonces, ¿por qué no cree y está frustrada la gente de Aysén? Porque siente que históricamente la han engañado.
La situación realmente no da para más.
La población se halla hoy día muy esperanzada por lo logrado con el Movimiento Social por Aysén.
Con el Diputado Iván Fuentes hemos planteado la implementación de una zona franca ¡ya! para poder comprar, por ejemplo, combustible, que es carísimo, a un precio razonable.
Se prometió un subsidio interregional entre Calbuco y Puerto Chacabuco, y otro intrarregional entre Calbuco y el resto de la Región. No se ha cumplido.
Esperamos una zona franca con zonas remotas -estoy pensando en las islas Huichas, en Puerto Aguirre-, para que en ellas también se pueda adquirir combustible a un valor al alcance de nuestros pescadores artesanales.
Geopolíticamente, estamos haciendo referencia no solo a las Fuerzas Armadas. Logramos la instalación de la Compañía Andina Independiente N° 20, unidad de alta montaña, en Cochrane. También se contempla una base en Villa O´Higgins, donde estuve hace un mes con el ex Comandante en Jefe del Ejército. ¡Bien!
Los mapas argentinos incluyen el paso Marconi en el territorio del país vecino y no es así. ¡Qué bien que esté el Ejército!
Pero también es necesario ocupar lo nuestro. Conviene promover el turismo de intereses especiales. No lo hacemos aunque contamos con seis motos de nieve y una unidad de alta montaña.
¡El 82 por ciento de los glaciares de América del Sur se encuentran en nuestra Patagonia!
La conectividad entre Puerto Natales y Puerto Tortel, por Puerto Edén, es fundamental. Recibimos a los dueños de embarcaciones. Se requiere un subsidio por parte del Estado.
Geopolíticamente, se plantean cuestiones importantes. Todavía falta por demarcar la sección B, entre el cerro Murallón y el monte Fitz Roy, por ejemplo. En 1998, dándose cumplimiento al tratado de 1881, se fijaron las bases para la tarea. Y todos sabemos que la costumbre tiene peso, validez, para trazar los límites.
Se trata de asuntos sumamente relevantes.
Espero que en la ley orgánica constitucional se trabaje paralelamente en los aspectos financieros, tributarios, políticos, para que, de una vez por todas, paguemos especialmente la deuda con las zonas extremas que carecen de conectividad, como la parte chilena de la Patagonia. Este último territorio nos perteneció en un ciento por ciento antes de 1881 y todos sabemos lo que pasó por no ocuparlo.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señora Presidenta, al igual que el resto de mis colegas, quiero brindar un reconocimiento por la iniciativa planteada para el debate y con miras a disponer de un instrumento de apoyo respecto de los territorios con una significación estratégica para el país, como una política de Estado. Así que felicito al Senador señor Orpis.
Coincido plenamente con lo señalado por mi colega García. A este, a los Honorables señores Quintana y Espina y a quien habla nos corresponde la representación de una Región no considerada en el espíritu del proyecto, que aparentemente apunta solo a las zonas extremas, limítrofes o demasiado aisladas.
Sin embargo, me parece que la iniciativa igualmente abre la posibilidad de que el Presidente de la República defina como territorios estratégicos, especiales, a aquellos que presenten una característica singular. Ello, por razones geopolíticas, como expresa el texto, que sus autores, para que el Primer Mandatario pueda interpretarlo, han dejado abierto a otras zonas.
Por cierto, en La Araucanía tenemos frontera con Argentina por los sectores de Melipeuco, Lonquimay, Curarrehue, con poblaciones muy aisladas y, coincidentemente, muy pobres. Eso tiene que ver con la falta de un adecuado trato por el Estado. Y en el proyecto estamos dando la oportunidad de que este tenga otra mirada.
La Novena Región presenta una condición especial por exhibir más kilómetros de caminos que ninguna otra, pero recibir el mismo tratamiento presupuestario que las demás. Debería corresponderle uno completamente distinto.
La situación de los derechos de agua es gravísima, producto de que la micropropiedad no cuenta con ellos ni con proyectos.
A pesar de ser La Araucanía culturalmente diferente, el Estado no se ha hecho cargo de ello, porque, como aquí se dijo, llegó 70 años más tarde. Mientras en otras regiones se construían postas, escuelas, carreteras, puentes, allá no había nada.
Sin embargo, todos los territorios ameritan un plan especial y que sus particularidades sean consideradas por el Estado, que tiene que elaborar un plan estratégico de largo plazo. Coincido con la visión de que nuestra característica es la elaboración de puras políticas de parche y la aplicación de la teoría del alambrito, y, en definitiva, cada vez que hay un incendio recurrimos a soluciones precarias, sin una mirada global.
Por eso, deseo que en el proyecto también se considere a La Araucanía. Tengamos en cuenta no solo las fronteras exteriores, sino también las interiores, donde se plantean conflictos con las poblaciones indígenas; donde se requiere una mirada estratégica, política, para poder enfrentar la necesidad -no solo de la Región, sino también del país- de desarrollarse con paz social. No obstante todos los méritos del proyecto por contemplar situaciones como las de Arica, Iquique, Patagonia, Tierra del Fuego, asimismo es preciso pensar en las regiones o zonas que constituyen casos difíciles de resolver si no se cuenta con una política de Estado permanente.
Hace poco supimos que se había derogado el decreto de reconocimiento de zonas especiales. Sin embargo, gracias a ello también nos damos cuenta de que esa definición tampoco ayuda mucho al desarrollo de zonas turísticas. Es preciso fortalecer tales instrumentos para apoyar a todas las áreas de un carácter singular, ya sea por el turismo o por la presencia de pueblos originarios.
Voy a votar a favor de la idea de legislar.
Reitero mis felicitaciones al autor del proyecto. Creo que será posible una mirada diferente desde el Estado hacia las Regiones en una situación particularísima.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, cada vez que hablamos desde la región, hay un cierto llanto, un cierto lamento, de telón de fondo.
En verdad, para quienes llevamos casi veinte años en el Parlamento y hemos intentado de manera permanente poner en el centro del debate el desarrollo de las regiones, el resultado ha sido bastante magro, deficitario.
Hoy, con esta moción, que sin duda resulta importante desde el punto de vista de establecer cierta institucionalidad, se da mandato al rey, al monarca, para que, si lo tiene a bien y lo desea en algún minuto de lucidez, otorgue la calidad de territorio especial a sectores extremos, a sectores internos, a la Antártica Chilena, tan abandonada por nuestro país.
Este proyecto está bien intencionado, pero vuelve a dejar la decisión básica a la monarquía presidencial, porque, en definitiva, si al Presidente de la República no le parece, no tiene interés o tiene otros intereses, no habrá territorios geopolíticamente estratégicos.
Por tanto, aquí estamos fortaleciendo un tipo de institucionalidad que ha de cambiar.
La facultad mencionada debiera estar radicada a lo más en el Senado. Nuestra Corporación tendría que ser capaz de proponer este tipo de política al Presidente de la República. Y debiera desempeñar un rol importantísimo, dado que la Cámara Alta representa la soberanía popular. Aquí están los Senadores de la Decimoquinta, de la Primera y de la Duodécima Región. De sus 38 miembros, 34 son de regiones. La Undécima y la Duodécima Región suman 4 Senadores y 300 mil habitantes; la Región Metropolitana, 4 Senadores y 7 millones de habitantes. Existe una representación que da cuenta del proceso de integración, por cuanto, en efecto, no es el número de habitantes el que determina la cantidad de integrantes de esta rama legislativa.
Sin embargo, nos estrellamos contra la actual Constitución, maloliente, nauseabunda, que debe terminar de caer para dar paso a otra más ciudadana.
Reitero: de nuevo le estamos dando una facultad constitucional al Presidente de la República.
Durante décadas no se ha resuelto la situación. No lo hizo la dictadura. No lo hizo la Concertación. No lo hizo el Presidente Piñera en la Administración de cuatro años de la Derecha. Porque la monarquía presidencial hegemoniza, domina, obnubila. Muchos de quienes defendían la descentralización y la regionalización, una vez en el Gobierno se olvidaron rápidamente de su discurso. Solicito a mis colegas de la Nueva Mayoría no caer en la complacencia de sentir que, por estar en el Gobierno, pedir mayor descentralización y regionalización se puede entender como una crítica hacia quienes están ejerciendo el poder.
Este proyecto coloca un tema importante. Sin embargo, sigue teniendo un bloqueo fundamental: la monarquía presidencial, base de la actual Constitución, que excluye a la ciudadanía.
A mí me hubiera gustado innovar para otorgarle otra facultad al Senado, porque, si esta Corporación fuera capaz de discutir políticas de integración, geopolítica territorial y hacer la petición respectiva al Presidente, daríamos un gran paso.
Voy a votar a favor el proyecto. Creo que está dotado de un fuerte simbolismo. Sin embargo, no toca el tema de fondo: las facultades extraordinarias, monárquicas, absolutas del Presidente de la República, en una Constitución que, en definitiva, oprime a las regiones.
Además, por mi modesta experiencia del 27-F en la Región del Biobío -que planteo con humildad-, queda claro que implica un error enfrentar el terremoto del norte de Chile mediante una política centralizada, haciendo que los Ministros viajen cada dos días, sin establecer una ley especial de reconstrucción que faculte al intendente y a las autoridades locales y cree un fondo de reconstrucción, a fin de que no se deba ir a Santiago a pedir permiso para mandar materiales de construcción y para que los Secretarios de Estado no tengan que viajar a tomar todas las decisiones.
Había una bonita oportunidad de descentralizar -la sigue habiendo- a raíz de la preocupación que se ha manifestado por el reciente terremoto ocurrido en el norte. Ya no cumplimos en Tocopilla cuando ocurrió el anterior. En este caso se cometerá el mismo error que se cometió en el Biobío. El aparato estatal no puede hacerse cargo, por ser insuficiente, de una emergencia permanente como esta, pues se descuidan las tareas fundamentales del Estado.
Espero que haya una verdadera ley especial de reconstrucción, a fin de que aprendamos la lección del 27-F en el Biobío.
Voto a favor.
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
¡Patagonia sin represas!

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Gracias, señor Presidente.
¡Parece que el Senador Navarro apoya a las isapres porque nunca las menciona¿! Le pido que las incorpore en sus demandas finales.
Coincido en parte con lo que acá se ha señalado. Valoro el esfuerzo que han realizado colegas como el Senador Orpis, porque se está hablando de incorporar territorios especiales que, como dice el título del proyecto, sean geopolíticamente estratégicos. Sin embargo, discrepo, en parte, de la justificación que se ha dado.
Para mí, tener un desarrollo estratégico de Chile, desde su territorio, no tiene nada que ver con una lógica disuasiva, soldadesca o militaresca en el sentido de que debemos poblar la Antártica o Arica para enfrentar eventualmente a peruanos o argentinos. Yo estoy muy lejos de esa visión y no me hace fuerza. Creo que el desafío de nuestro país justamente debe apuntar a la integración latinoamericana, incluyendo a Argentina, Perú y Bolivia. Podrá parecer ingenuo lo que digo, pero pienso que ese ha de ser el objeto de nuestra política.
Lo que sí comparto es que nosotros, lamentablemente, no contamos con lo que yo llamo "proyecto país".
Tenemos programa de Gobierno. De hecho, el de la Presidenta Bachelet representa un gran avance. Es un programa civilizatorio, pero nos lleva, como lo he manifestado muchas veces, a la Revolución francesa. Busca restablecer en Chile derechos fundamentales, como el derecho a la educación o a la salud; contar con una Constitución democrática, o tener una sociedad mínimamente equitativa. Con la reforma tributaria propuesta llegaremos a una carga de 22 puntos del producto, muy lejos de lo que se tributa en cualquier país desarrollado, donde existen cargas que superan o están cerca de los 30 puntos, e impuestos a las utilidades de las empresas de 35 puntos.
Yo me refiero a contar con un proyecto país.
¿Y qué significa un proyecto país? Justamente, lo que se está discutiendo acá, en parte. Implica entender que Chile ha de insertarse en el siglo XXI y hacer una especialización inteligente. ¿Desde dónde? No desde Santiago. La gran fortaleza de nuestro país en la época actual son sus territorios, no los determinados por una división administrativa burocrática, sino los territorios como concepto ecológico.
Me asiste la convicción de que Chile posee inmensas fortalezas.
El desierto de Atacama debiera ser el principal centro del planeta en materia de energía termosolar, fotovoltaica, geotérmica, en unos diez años más. Nosotros no tendríamos que estar interesados en producir 2 mil megawatts, sino en instalar 200 mil megawatts y ser la más importante fuente de recursos energéticos para toda Latinoamérica, e incluso más allá.
Cuando uno habla de la Patagonia, debiera entender que es la principal reserva de agua dulce de América Latina, la primera de agua dulce pura en el mundo y la segunda desde el punto de vista de la cuantía del elemento. Debemos desarrollar una geopolítica para proteger el agua, que será el recurso más escaso. Yo no estoy por sobrepoblar la Patagonia, porque lo único que harán los seres humanos ahí será destruir ecosistemas maravillosos, que se conservan así justamente porque no se ha sobrepoblado la zona.
Por lo tanto, el tema allí no es la sobrepoblación. No da lo mismo que haya 9 mil u 11 mil millones de habitantes el 2050. El planeta no tiene posibilidades de existir con 11 mil millones de personas consumiendo lo que consumen hoy los países desarrollados y generando la huella de carbono que ahora se genera. Este es un planeta totalmente inviable. La economía debiera crecer cerca de 40 veces para tener 11 mil millones de habitantes con el actual nivel de consumo, o una expansión anual de 2 por ciento de la economía global. Ese mundo no es viable.
En consecuencia, no debiéramos estar pensando en sobrepoblar nuestros territorios, sino en conservarlos, pero logrando que ellos puedan competir en el siglo XXI. Y para eso, una vez definida la vocación de uso de cada uno, tenemos que pensar en la educación, pero no en la educación actual, vertical, anacrónica, del siglo XX. Ella no solo debe ser gratuita, sino pensada en los territorios. Si es en el norte, pensada en energía termosolar o fotovoltaica, en la astrofísica, en la transmisión de datos, en la biotecnología para la minería, en los desafíos del agua. Y si es en otros territorios, pensada en la capacidad de Chile como potencia alimentaria, etcétera.
Por consiguiente, debemos diseñar una educación para el siglo XXI. Tenemos que pensar en una ciencia para el siglo XXI en función de la especificidad de cada uno de los territorios.
¿Me concede un minuto adicional, señor Presidente, para terminar?

El señor TUMA (Vicepresidente).- Puede continuar, Su Señoría.

El señor GIRARDI.- Muchas gracias.
Eso es lo que debiéramos hacer en esta reflexión sobre territorios especiales, que poseen un rol estratégico: apuntar a los ecosistemas de Chile que van a competir en la compleja economía del siglo XXI. Y, justamente, debemos expresar y fortalecer sus potencialidades desde el punto de vista del desarrollo futuro.
Estoy de acuerdo en que, si seguimos hipertrofiando Santiago, vamos a perder la posibilidad de desarrollo de Chile entero, que no está en la Capital, sino en territorios ecológicos maravillosos. Y además lo único que vamos a conseguir es seguir colapsando y llenando esa ciudad de pobreza, de segregación, de contaminación. La gran oportunidad para Santiago es justamente que dichas zonas progresen, pero desde una perspectiva de futuro, proyectiva, bajo un desarrollo estratégico para el siglo XXI.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, también me adhiero a las felicitaciones por la moción que ha presentado el Senador Jaime Orpis, que corresponde a una reforma constitucional. Por cierto, me sumo asimismo a las cuestiones planteadas por representantes de mi región, como el Senador García y usted mismo, señor Presidente, porque los territorios geopolíticamente estratégicos no son solo los de los extremos del país.
Precisamente, el cambio constitucional propuesto por el Senador Orpis deja establecido, con un ejemplo, lo que ocurre más allá de donde se termina la carretera. Efectivamente, entre Puerto Montt y Caleta Gonzalo se requiere una mayor inversión del Estado, un estatuto jurídico distinto y mayores apoyos gubernamentales.
Igualmente, comparto las aprensiones que ha manifestado el Senador Navarro en este debate.
Esperamos que la normativa planteada se traduzca en una institucionalidad que hoy no existe y que tampoco se asegura con la sola aprobación de la reforma constitucional en estudio, que no es más que eso: una declaración merced a la cual el Presidente de la República podrá definir ciertos territorios como geopolíticamente estratégicos.
¿Por qué mencionaba a los Senadores García y Tuma, de La Araucanía? Porque en nuestra región, particularmente en la zona cordillerana alta, tenemos comunas como Lonquimay, Melipeuco y Curarrehue, donde existen tres pasos internacionales, uno de los cuales es uno de los más bajos del país: el paso Icalma, donde hay un corredor bioceánico -incluso, eventualmente dos-, y donde solo la comuna de Lonquimay tiene 140 kilómetros de frontera con Argentina.
Por lo tanto, se trata de una zona geopolíticamente estratégica desde todo punto de vista.
Siento que muchas regiones no habían tenido la posibilidad de progreso que brinda el proyecto, ni con la declaración de territorio especial, ni con los esfuerzos que sistemáticamente acometió en el pasado la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Por ende, es plausible que los Presidentes tengan la facultad para decretar territorios geopolíticamente estratégicos y con posterioridad definir un estatuto en virtud de una ley orgánica que regule detalladamente los instrumentos de desarrollo. Porque -insisto- aquí no basta con una declaración. En una Constitución caben muchas cosas, pero se trata de incorporar herramientas y medidas eficaces.
Creo que en regiones como la del Maule debe pasar algo muy similar a lo que ocurre en La Araucanía. Y de ahí que esta reforma constitucional puede abrir una esperanza muy interesante para esos territorios.
Desde luego, vamos a respaldar esta moción, en el entendido de que los Gobiernos, en general, van a utilizar la facultad que se les entrega para definir territorios geopolíticamente estratégicos, más allá de aquellos que constituyen zonas extremas. Yo respaldo, sin ninguna duda, la situación especial de Aysén, de Magallanes, de Arica y Parinacota, así como los regímenes de exención tributaria y todas las facilidades para la inversión de que disponen. ¡Fantástico! Y deben mantenerse. Pero muchos de esos beneficios perfectamente se podrían otorgar también a otras localidades, como Lonquimay, que posee 4 mil kilómetros de superficie. Me refiero a comunas muy extensas y con una densidad poblacional muy baja.
Considero que incluso deberíamos ver lo que pasa en comunas de la cordillera de Nahuelbuta, en la zona de Malleco, Región de La Araucanía, donde la actividad forestal está ocasionando un grave daño. Allí, así como aumenta la plantación de especies exóticas como pinos y eucaliptos, de manera directamente proporcional disminuye su población. Y el Estado tendrá que hacerse cargo, porque esas comunas no se pueden cerrar, no se pueden clausurar. Y aunque tengan menos habitantes, igualmente merecen transformarse en estratégicas.
Por lo tanto, me parece bien que la reforma constitucional haga más flexible la posibilidad de apoyar a esos territorios cuando exista, efectivamente, la voluntad política que esperamos que se dé en aquellos casos.
Gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Honorable señora Goic.

La señora GOIC.- Señora Presidenta, tal como ya lo han hecho otros colegas, me sumo con entusiasmo y alegría al apoyo que se ha manifestado a la propuesta del señor Orpis y otros señores Senadores.
A mi juicio, este es un debate que necesariamente tiene que darse. Cuando se habla de una nueva Constitución, sin duda que uno espera que este tema también esté incorporado. Y me alegro de que con la presente moción se avance hacia esa discusión, la cual se halla vinculada, finalmente, con una mirada del territorio.
Pienso en Magallanes y recuerdo el paro del gas. Lo increíble fue que salieron a protestar desde el señor del quiosco, el obispo, hasta el gran empresario. Y la cuestión de fondo que reclamaba cada una de las familias que salieron a la calle, no era solo el aumento del valor de la boleta del gas a fin de mes, sino el trato que se le estaba dando a un territorio especial, que tiene características únicas y donde, por la distancia y el aislamiento, hemos debido buscar formas específicas de resolver problemas que son desconocidas para quienes habitan más cerca del centro o de las grandes ciudades. Uno decía "Tenemos nuestra propia Teletón", porque nuestros niños no podían ir a Puerto Montt. En el caso de alguien con discapacidad, la lejanía imposibilitaba la realización de un tratamiento.
Entonces, cuando se nos aplica una mirada de mercado para subirnos el precio del gas, no se entiende lo que significa vivir en Magallanes, la necesidad de disponer de calefacción. Porque nuestros requerimientos energéticos y de calefacción son distintos.
En el fondo, lo que se está planteando es aquello: incorporar, en nuestra mirada del país, entendiendo la diversidad que existe del extremo norte al extremo sur, un enfoque especial que permita la expresión de tales diferencias, pero que, sobre todo, posibilite el desarrollo de las potencialidades que hay en los distintos territorios.
Pienso que hoy estamos perdiendo mucho. Estoy convencida -y lo repito siempre- de que no vamos a ser un país desarrollado si no somos capaces de considerar las diferencias que tenemos y de permitir que ellas florezcan de algún modo. Y creo que la iniciativa en debate va orientada en ese sentido.
Además, me parece que hacemos una discusión bastante parcial de las leyes de excepción. Deberíamos discutir un cuerpo legal que por lo menos fuera sistemático, coordinado, ordenado. Pero no: vamos prorrogando la vigencia de la Ley Austral, por un lado, y de la bonificación a la mano de obra, por el otro. No se aborda integralmente el problema. Y así tal vez seguimos desperdiciando recursos que podrían utilizarse mucho mejor si uno acometiera el debate desde el territorio, si contáramos, por ejemplo, con un régimen tributario distinto en algunos aspectos.
Hay posibilidades de generar tributos especiales que tengan que ver con el sello de la región. Hemos planteado la factibilidad de tener un fondo de conservación que se forme a partir de una tasa cobrada a los turistas para mitigar el daño que genera su visita a parques nacionales, áreas silvestres protegidas. Es una particularidad de nuestra zona, que no tienen ni Santiago ni Concepción, por mencionar otros lugares. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una administración centralizada que nos mide a todos con la misma vara.
Cuando se habla de la Ficha de Protección Social, uno escucha: "En Puerto Williams, al que vive en esta casa, en esta cuadra, le vamos a otorgar este puntaje". ¿Qué diferencia hay entre esa persona y la que vive en la cuadra de arriba? Ahí estamos hablando de una población que por el solo hecho de habitar un territorio como el de Puerto Williams debe ser considerada en forma especial. En ese caso, un punto más, un punto menos da lo mismo. Lo importante es conceder un valor a vivir en cierta parte del territorio.
Muchas veces, cuando hemos analizado la Ley Navarino, que incentiva inversiones en Tierra del Fuego, hemos discutido que quien vaya a invertir tiene que asociarse con alguien que habita en ese territorio, porque la idea es generar ahí pertinencia y capacidades y no permitir que se venga de afuera con una visión externa que no valora a quien ha estado "haciendo patria" -como decimos nosotros- en territorios donde la vida es más difícil.
Además, se podría aludir al costo de vida, en fin. Hay una serie de situaciones que, a mi juicio, bien vale la pena analizar en un estatuto especial. Y ahí se podrá discutir si la definición la hace el Presidente de la República por decreto o se busca otro mecanismo.
A ese respecto, comparto las aprensiones acerca de cómo abordar aquello en una discusión más amplia y que efectivamente tenga viabilidad.
Pero hoy día, con gran entusiasmo, voto a favor y respaldo la iniciativa.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, es importante destacar el sentido que tiene lo planteado por los autores de la moción que dio origen a este proyecto de reforma constitucional, en cuanto a establecer algún grado de protección, desde el punto de vista del Estado y del ordenamiento constitucional, a ciertos territorios que ellos consideran relevantes conforme a una visión geopolítica.
Ahora bien, sin perjuicio de celebrar esta iniciativa, me parece pertinente advertir algunas situaciones.
En primer lugar, la técnica utilizada por los autores consiste en incorporar un nuevo artículo 126 ter a la Constitución Política de la República, a fin de señalar -así dice la norma sugerida- que "Son también territorios especiales los considerados geopolíticamente estratégicos, así calificados por decreto del Presidente de la República".
En consecuencia, lo que hace la disposición que se pretende agregar es ampliar las hipótesis establecidas en el artículo 126 bis, que comprende los territorios especiales.
Frente a ello, quiero solamente destacar la preocupación que surge a propósito de que, al extender tales hipótesis a los territorios especiales, podría entenderse que con respecto al artículo 126 ter también va a regir la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 126 bis de la Constitución, que dice: "Los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde cualquier lugar de la República, garantizados en el numeral 7° del artículo 19, se ejercerán en dichos territorios en la forma que determinen las leyes especiales que regulen su ejercicio, las que deberán ser de quórum calificado".
Resulta de toda lógica consagrar tal limitación al derecho de la libertad ambulatoria cuando se trate de territorios insulares. Pero, si la vamos a hacer aplicable a territorios geopolíticamente estratégicos pertenecientes al continente, podría surgir algún grado de complicación.
Por eso deseaba advertir sobre esa situación constitucional, ya que es posible que se genere algún grado de dificultad, más allá -insisto- de la buena intención que tuvieron en vista los autores de la moción.
En segundo término, quiero hacer una revisión etimológica del concepto "geopolítica", toda vez que este nace de la ciencia de la Geografía por allá en los años 20, cuando se consideraron los elementos básicos para realizar la llamada "expansión de fronteras interiores". Esto es, aquellos que permiten que una autoridad o un órgano colegiado de la república, de un Estado, de un país o de una monarquía, según corresponda, determinen que hay territorios estratégicos para el desarrollo de su nación.
Desde tal punto de vista, dada la trascendencia de la calificación de "geopolíticamente estratégicos", en el entendimiento de cuál sería el sentido del concepto "geopolítico", ella no debiera quedar radicada solo en el Presidente de la República, a través de un decreto supremo. Porque, si en nuestro país existe un período presidencial de solo cuatro años de duración, mi percepción es que la calificación de un territorio como geopolíticamente estratégico más bien debiera estar sujeta a una decisión compartida entre diferentes Poderes del Estado.
Por ejemplo, en mi opinión, podría hacerlo el Jefe de Estado con acuerdo del Senado, para efectos de evitar, primero, que los vaivenes de las mayorías circunstanciales, y segundo, que la temporalidad reducida del período presidencial generaran ciertas complicaciones, toda vez que entiendo que el sentido y alcance de la iniciativa tienen que ver con potenciar desarrollos y no necesariamente con provocar algún grado de inestabilidad.
Esas dos aprensiones deseaba manifestar, señora Presidenta, con el fin de tratar, ojalá, de fortalecer este proyecto de reforma constitucional: la ubicación de la norma en el Texto Constitucional, en cuanto a la eventual aplicación, por analogía, de lo estipulado en el inciso segundo del artículo 126 bis, que limitaría la libertad ambulatoria, y, obviamente, la posibilidad de incorporar al Senado en la calificación de los "territorios geopolíticamente estratégicos".
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, para quienes representamos a regiones aisladas, para quienes representamos a zonas con dificultades de conectividad no fronterizas, este proyecto claramente llama la atención.
Aquí se ha señalado que se incorpora como elemento fundamental el hecho de que "Son también territorios especiales los considerados geopolíticamente estratégicos, así calificados por decreto del Presidente de la República".
Como muy bien manifestó el Senador Harboe, dejar entregada esa calificación única y exclusivamente al Primer Mandatario, significaría limitar la concepción de aquellos territorios.
No me cabe duda de que la intención expresada por los autores de esta iniciativa apunta especialmente a aquellos territorios que, por su ubicación, por su lejanía del Poder Central, se hallan en una situación claramente desventajosa.
Sin embargo, es preciso entender que en esto hay, igualmente, una dinámica moderna en cuanto a cómo se estructuran los territorios y cómo surgen, asimismo, zonas rezagadas o fronteras internas dentro del país.
Sobre el particular, le quiero señalar a la Sala -por su intermedio, señora Presidenta- que existen territorios dentro de la propia región que represento -como la comuna de Corral, ubicada a 45 kilómetros de la capital regional- que quedan absolutamente aislados cuando se producen temporales -¡y vaya que los hay en la provincia de Valdivia, en la Región de Los Ríos!-, porque no existe conectividad terrestre, ni muchas veces fluvial con esos lugares.
En consecuencia, no estoy hablando de territorios que correspondan a la calificación de "geopolíticamente estratégicos". Pero ellos se encuentran completamente aislados dentro de la propia región. ¡Para qué hablar de Neltume, de Liquiñe, de Mantilhue! El llegar a esas localidades constituye una verdadera odisea para los ciudadanos. Y también hay atraso en materia de conectividad digital y de acceso a una serie de bienes.
Por lo tanto, entendiendo absolutamente la concepción que se ha tenido en cuenta y vinculando esto, además, al artículo 126 bis de la Carta Fundamental, a la cual, precisamente a través de la reforma constitucional del año 2007 se incorporaron los territorios especiales de Isla de Pascua y del Archipiélago Juan Fernández, pienso que estamos en presencia de un asunto de naturaleza jurídica distinta.
Y me parece que sería bueno que se diera una vuelta más a esto en la Comisión para entender la facultad que se pretende otorgar al Presidente de la República. Opino que esto no solo se debería entregar al Primer Mandatario, pues esto corresponde a una visión centralista, ya que los Jefes de Estado muchas veces no tienen un conocimiento acabado del país. Es en nuestros territorios donde podemos identificar de manera efectiva el retraso, el rezago, el aislamiento existente en ellos.
Por consiguiente, creo que la fórmula para calificar a ciertas zonas en particular como territorios geopolíticamente estratégicos debería nacer de una propuesta de los propios intendentes o de los consejos regionales, que se sometiera, obviamente, a la decisión del Primer Mandatario, o de otra autoridad. Como señaló el Senador Harboe, el propio Senado podría realizar dicha calificación y, de esa manera, focalizar inversiones, visibilizar territorios, agregar competitividad y lograr una integración completa.
Estoy absolutamente de acuerdo con la iniciativa, pero creo que restringe la concepción de territorios especiales considerados geopolíticamente estratégicos y así calificados por decreto del Primer Mandatario.
Yo solicito, señora Presidenta, enriquecer el proyecto con la diversidad de territorios y situaciones que se presentan en nuestro país, e incorporar elementos nuevos para lograr una plena integración tanto territorial como económica.
Porque, además, resulta tremendamente injusto que los ciudadanos y los niños y las niñas de algunos territorios tengan muchas veces menos oportunidades que las personas que se hallan en otros más aventajados, con mayor acceso a distintos bienes y servicios, no solo en lo que dice relación con aspectos geográficos, sino particularmente en cuanto al acceso a bienes tan fundamentales como el derecho a la educación.
Un menor que se cría en una comuna aislada, rezagada, generalmente tiene menos oportunidades que aquel que se encuentra en la periferia de la gran metrópolis. Y eso tiene que visualizarse de manera más integral.
Por tal razón, señora Presidenta, estoy de acuerdo con la idea principal -reitero-, pero solicito que discutamos la iniciativa con mayor profundidad en la Comisión de Gobierno, considerando las visiones que recogimos en esta discusión.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, seré muy breve, pues considero que lo fundamental ya se ha dicho.
Solo quiero destacar con respecto a esta iniciativa, cuyo autor intelectual es el Senador Jaime Orpis y a la que adherimos con mucho interés, que advertimos una situación real en nuestro país y que, probablemente, se repite en cada nación.
Uno tiende a pensar que las zonas geopolíticamente estratégicas son aquellas que manifiestan esa condición por su situación geográfica evidente. Y en Chile solemos pensar que corresponden a las regiones extremas, la del norte y la del sur, por distintas consideraciones.
Sin embargo, cuando uno se pone a mirar la situación interna, se da cuenta de que en distintas áreas, en distintas regiones, aparecen también territorios, zonas geográficas, con características muy especiales. Y, en tal sentido, siempre he pensado que debiera existir una definición de zonas de extrema pobreza. Porque hay muchas regiones que presentan una situación muy positiva, pero al mirarlas en detalle, se observa que en su interior hay áreas, provincias o comunas que en el promedio no figuran como de extrema pobreza, pero que al escarbar en ellas muestran esa realidad.
Tal es, por ejemplo, el caso de nuestra Región del Maule. Esta presenta indicadores generales que últimamente son menos malos, pero ciertas comunas y provincias tienen otros muy negativos. Y esto se oculta.
Entonces, la búsqueda de zonas geopolíticamente estratégicas, para ver cómo desarrollar políticas públicas o apoyos diferenciados, me parece extraordinariamente valiosa.
Ahora, ¿qué significa clasificar un territorio como especial? ¿Qué facultades permite desarrollar? Creo que eso se puede explorar más, y probablemente forme parte de la discusión en particular.
Lo que encuentro más complejo de resolver es quién debe definir un territorio como especial.
En general, en nuestro ordenamiento jurídico ello debe hacerse por ley o a través de decretos; es decir, lo hace el Ejecutivo. Las otras fórmulas intermedias generan un cambio en la estructura institucional, y no soy partidario de abrirlas de buenas a primeras.
Por ejemplo, considero muy interesante lo que planteó el Senador Harboe, en cuanto a que la calificación del Presidente de la República se realice con acuerdo del Senado. Sin embargo, tal mecanismo lo usamos básicamente para los nombramientos, no para otras situaciones. ¡Claro! Uno podría decir: "extendamos esa facultad", pero opino que la Constitución debe tener una estructura lógica, y esta modalidad podría cambiarla.
De otro lado, dejar la facultad de calificar qué zonas son territorios especiales a los intendentes, cuando estos son subordinados del Ejecutivo, no tiene mucho sentido. La iniciativa para proponerlo siempre podrá venir de una región, pero la decisión debe estar radicada en una autoridad que tenga mirada nacional, para ir equilibrando y desarrollando armónicamente el país.
Es decir, la fórmula que se propone me parece razonable, pero estoy abierto a abrir el debate, aunque no de cualquier manera, para evitar que se rompa la estructura institucional del país.
Pienso que es una buena iniciativa, y me alegra la acogida que ha recibido en el Senado, porque creo que estamos empezando a mirar el territorio desde su realidad interna, región por región, viendo cuándo, por alguna razón particular, se hace necesario instalar una mirada distinta de un territorio, de una parte de determinada región.
Voto a favor, y espero que en la discusión en particular podamos resolver las inquietudes manifestadas en este debate, que ha sido muy positivo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, solamente quiero decir, para que quede en la Versión Oficial, considerando todo lo que hoy día se ha expuesto, que este proyecto de reforma constitucional, presentado por el Honorable señor Orpis, es espléndido.
Estimo que con las explicaciones y fundamentos entregados acá se sientan las bases para su aprobación. Pero no deja de sorprenderme -por eso deseo que quede en la Versión Oficial- lo siguiente.
Hoy día recibimos en la Comisión Especial de Zonas Extremas al Subsecretario de Desarrollo Regional precisamente para conocer de parte del Gobierno -por su intermedio, señora Presidenta- los aspectos relativos a cómo ve este en el futuro lo que dice relación con las zonas extremas o aisladas. Y, obviamente, aparecen la Región de Magallanes, la Región de Aysén y la Región de Arica y Parinacota. Pero no deja de llamarnos la atención que la provincia de Palena, que claramente constituye un símbolo en la materia, no figura.
Y le dijimos al señor Subsecretario: "Usted nos viene a hablar de descentralización, nos viene a hablar de zonas extremas, pero no figura la provincia de Palena. No fue contemplada por el actual Gobierno".
Entonces, el señor Subsecretario se comprometió a analizar el punto y manifestó su mejor disposición para ello. No obstante, en el mandato que recibió de parte del Ejecutivo lamentablemente no se consideró a la provincia de Palena. Y pienso que es importantísimo destacarlo ahora que estamos viendo este proyecto, pues cada una de las zonas tiene que quedar plenamente especificada. De esa manera, vamos a resguardar la integridad de las regiones especiales que necesitan de una mirada regional distinta. Porque los señores Senadores que representan a las zonas extremas tienen que lidiar con problemas de conectividad, de desarrollo.
Por lo tanto, celebro lo que vamos a votar aquí. Es el primer paso en el camino de las mil millas, y esperamos que el Gobierno tenga en cuenta esta importantísima zona de mi Región de Los Lagos, la provincia de Palena, la cual no ha sido considerada ni como zona aislada, ni como zona extrema.
He dicho.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (34 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Propongo fijar plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 12 de mayo, a las 12.

El señor WALKER (don Patricio).- Conforme.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Acordado.

Finalmente, señores Senadores, debemos tomar una decisión.
En el punto 3 de la tabla figura el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios.
Dado que restan once minutos para el término del Orden del Día, sugiero votar esta iniciativa sin discusión, escuchando un informe previo de algún miembro de la Comisión de Hacienda, además de la relación del señor Secretario.
¿Habría acuerdo para proceder en esos términos?

El señor LARRAÍN.- Muy bien.

El señor WALKER (don Ignacio).- Perfecto.
--Así se resuelve.


REGULACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS


La señora ALLENDE (Presidenta).- Según lo recién acordado, corresponde tratar el proyecto, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios, con informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9233-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 84ª, en 8 de enero de 2014.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 89ª, en 22 de enero de 2014.
Discusión:
Sesión 7ª, en 9 de abril de 2014 (queda pendiente la discusión general).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es introducir en la ley Nº 19.220 perfeccionamientos orientados a extender el ámbito de actuación de dichas bolsas a diversos sectores productivos e industriales, y a darle mayor agilidad a su operación.
La Comisión de Hacienda discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Lagos y Zaldívar y los entonces Senadores señores Escalona y Kuschel.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 15 a 20 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión la idea de legislar.

Tiene la palabra el Senador señor García para dar una descripción de la iniciativa.
Después se pondrá en votación.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, simplemente deseo añadir a lo que indicó el señor Secretario que el propósito de la iniciativa es eliminar el vocablo "agropecuarios" para que, de ahora en adelante, se hable solo de "bolsas de productos" en distintas áreas; por ejemplo, bolsas de productos mineros. Y se busca ampliar su ámbito a facturas o instrumentos que se puedan presentar ante las entidades financieras, de manera de transarlos y tener mucho mayor liquidez.
Eso es lo primero que hace el proyecto. Ahora serán bolsas de productos en general, no solo agropecuarios. De este modo, podrán transarse productos de diversa naturaleza y, también, instrumentos de comercio.
Para ello, la función de llevar el Registro de Productos, que actualmente recae en la Superintendencia de Valores y Seguros, se entrega a cada una de las bolsas. Por tanto, dejaría de tener tuición sobre dicho registro el referido organismo.
Asimismo, hay un Registro de Entidades Certificadoras, que actualmente, por tratarse de productos agropecuarios, lo gestiona el Servicio Agrícola y Ganadero. Ello dejará de ser así: las propias bolsas tendrán a su cargo la selección y el registro de las entidades certificadoras de productos.
Además, se propone explicitar en la ley el rol de autorregulación que les compete a las bolsas de productos respecto de los corredores y las entidades certificadoras que intervengan.
Por último, ¿qué se espera del proyecto?
Primero, que se extiendan a diversos sectores productivos e industriales los beneficios que hoy día provee la bolsa de productos agropecuarios.
Segundo, que este sea un mecanismo transparente de formación de precios, que contribuya a la estabilización de estos y que amplíe las alternativas de financiamiento para los productores.
Tercero, que este instrumento pueda constituirse en una fuente de financiamiento competitivo y a precios de mercado para la pequeña y mediana empresa.
Finalmente, que la ampliación del giro de las bolsas de productos tenga un eventual efecto en la competencia al crear incentivos que propicien la apertura de nuevas bolsas.
Por las razones señaladas, señora Presidenta, sugiero a la Sala aprobar la idea de legislar, con la finalidad de perfeccionar el proyecto en las instancias siguientes.
Muchas gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).

El señor LETELIER.- ¿Me permite, señora Presidenta?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, entiendo que no ha habido una discusión muy detenida en torno a este proyecto, razón por la cual deseo consignar lo siguiente.
Aquí se crea un mecanismo sobre la base de un instrumento que, presuntamente, ha sido eficaz en su funcionamiento: la Bolsa de Productos Agropecuarios. Pienso que esa afirmación es discutible.
Me encantaría que dicha bolsa fuera un tremendo logro, por ejemplo, para los maiceros. No lo es.
¿A cuántos productores de trigo de las regiones del sur beneficia esta iniciativa y en qué dimensión?
Si este mecanismo fuera tan exitoso, COTRISA no tendría que intervenir el mercado como poder comprador.
Me preocupa, señora Presidenta, que a veces legislemos para unos pocos, sin que antes se demuestre el éxito del instrumento.
Con todo, no seré obstáculo para la aprobación de la idea de legislar.
Sin embargo, me da la impresión de que estos proyectos, que parecen muy buenos para todo el país y que se publicitan como un tremendo logro para la agricultura -en nuestro país hay de varios tipos: la familiar campesina, la de subsistencia, la que desarrollan las empresas agrícolas y las trasnacionales-, no lo son tanto. Y no creo que el Congreso Nacional tenga la convicción de que, en lo relativo a la ampliación de los ámbitos y al funcionamiento de las bolsas de productos, ha sido muy exitoso.
Reitero: no voy a poner obstáculos a esta iniciativa.
Espero que se fortalezcan ciertas funciones de la Superintendencia del ramo. Ha sido uno de los deseos permanentes.
Dejo esta constancia para consignar las dudas tanto de los socialistas como de parlamentarios que pertenecen a otras bancadas. Queremos que este mecanismo, que termina siendo de responsabilidad estatal, se desarrolle bien y que no se convierta en un costo para el Fisco la supervisión del funcionamiento de las bolsas de productos agropecuarios.
Esperamos que esta iniciativa de ley también les sirva a los números más grandes de productores agrícolas del país.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (21 votos) y se fija como plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 19 de mayo.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, De Urresti, García, Harboe, Horvath, Larraín (don Hernán), Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Prokurica, Quintana, Tuma y Walker (don Patricio).

El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, por favor, consigne mi voto positivo.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Y el mío también.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se deja constancia en la Versión Oficial de la intención de voto favorable de los Senadores señores Ossandón y García-Huidobro.

Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa tres peticiones de oficios.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ARAYA:
Al señor Contralor General de la República, para que remita información con relación a PROCEDENCIA DE EXENCIÓN DE PAGO DE IVA RESPECTO DE SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS PRIVADAS POR PARTE DE INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ENSAYOS DE MATERIALES DE UNIVERSIDAD DE CHILE.
Del señor PROKURICA:
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, para que se informe sobre AVANCE DE MODIFICACIONES DE DECRETO 44/2011 PARA POSTULACIÓN DE TAXIS Y COLECTIVOS A FONDO DE APOYO REGIONAL.
De la señora VON BAER:
Al señor Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, para los efectos de que informe sobre petición de DECLARACIÓN COMO MONUMENTOS HISTÓRICOS DE ESTACIÓN, PUENTE Y CONJUNTO FERROVIARIO DE COLLILELFU, COMUNA DE LOS LAGOS (REGIÓN DE LOS RÍOS), A LA LUZ DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE "PUENTE COLLILELFU" Y EN EL MARCO DE COMPENSACIONES POR IMPLEMENTACIÓN DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN PEDRO.
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El señor TUMA (Vicepresidente).- En el turno del Comité Demócrata Cristiano e Independiente, tiene la palabra la Honorable señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, le cedemos nuestro tiempo al Senador señor Navarro.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Entonces, tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el Honorable señor Navarro.


EXCESO DE ANTENAS PARA CELULARES EN REGIÓN DE BIOBÍO. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en primer término, agradezco a la Senadora Goic por haberme cedido el tiempo de su Comité.
Solicito oficiar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para que entregue toda la información que posea respecto del llamado "tsunami de antenas celulares" en la Región del Biobío. Son más de 160 las torres que están inundando los barrios no solo de la comuna de Concepción, sino de toda la provincia.
Si bien se publica la comunicación que la ley exige respecto de su instalación, no se fija una fecha exacta. Solo dice: "febrero de 2014", "marzo de 2014", lo cual genera una completa incertidumbre respecto del plazo de que disponen los vecinos para concurrir al municipio a pedir mayores antecedentes.
La situación se ha agravado, porque la ley establece que es posible instalar una antena de entre 12 y 18 metros de altura a 16 metros de distancia de un colegio, tal como está ocurriendo en el sector Agüita de la Perdiz, en el Barrio Universitario (Concepción).
Han venido al Parlamento vecinos de más de nueve sectores de la capital penquista, incluido el de Lomas de San Andrés. Se instalan estas torres no solo en barrios periféricos, de menores recursos, sino también en lugares de altos ingresos, pues las compañías no distinguen nivel socioeconómico.
Representantes de estos vecinos se reunieron con los miembros de las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones del Senado y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados. Y se abrió un debate que, en mi opinión, resulta pertinente, el cual nos retrotrae a una necesidad que esta Corporación debe analizar.
En la Cámara Baja, el acuerdo de la Comisión fue ingresar la normativa al Departamento de Evaluación de la Ley. Allí se estudia cómo están funcionando los distintos cuerpos legales. Luego de ser despachado un proyecto, se somete a revisión la legislación resultante.
El espíritu de la ley Nº 20.599, tal como lo expresaron Diputados de todas las bancadas (Renovación Nacional, UDI, Partido Socialista, PPD, Democracia Cristiana), era proteger las llamadas "áreas sensibles", es decir, las zonas donde había hospitales, escuelas, jardines infantiles. En definitiva, las antenas no podían instalarse a menos de 50 metros de esos lugares.
Tal como lo expusieron los dirigentes vecinales, en el caso de Agüita de la Perdiz, en el Barrio Universitario, una antena va a quedar a 16 metros de un área sensible. Por cierto, la excepcionalidad establecida en la ley posibilita que esa instalación sea legal.
Durante la discusión de la iniciativa, dijimos que siempre debía regir el principio precautorio de la Organización Mundial de la Salud, en tanto no se resuelva el debate internacional sobre si las ondas radioeléctricas afectan o no a la salud.
No me canso de señalar el mismo ejemplo: hace cincuenta o cuarenta años la controversia acerca de si el tabaco producía o no cáncer formaba parte de las conversaciones familiares diarias. ¡Cuarenta años después comprobamos que sí provoca esa enfermedad! Y descubrimos que las empresas tabacaleras sobornaban a los científicos, quienes elaboraban informes con la clara intención de ocultar una verdad científica y biológica evidente: el tabaco sí causa cáncer.
Hoy muchos estudios indican que las ondas electromagnéticas son inocuas; otros avalan -entre ellos, uno de la Universidad de Harvard- que sí afectan al feto en el vientre materno y también a personas de la tercera edad que usan marcapasos.
Asimismo, está abierto el debate sobre si las ondas electromagnéticas, dado que son muy poderosas, logran afectar a nivel celular a quienes usan intensivamente el celular, como muchos de nosotros. Señor Presidente, si usted hace el ejercicio de pasar el teléfono móvil por el lado de una radio, va a escuchar una fuerte interferencia. Esas ondas existen, aunque no se ven.
En mi opinión, constituye un deber de ambas ramas del Congreso, si despachamos una ley cuyo objetivo de establecer áreas sensibles de exclusión no se está cumpliendo, corregir el error y discutir un nuevo proyecto que haga respetar el espíritu de la legislación.
Por eso, señor Presidente, pido que se oficie a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a la Dirección General de Aeronáutica Civil y a los municipios de cada una de las comunas de la provincia de Concepción para que informen si se han dictado las ordenanzas municipales que determinan las zonas preferentes donde pueden instalarse estas antenas.
La ley faculta a las municipalidades para emitir tales ordenanzas. Además, establece que habrá compensaciones en el caso de que se levanten torres en áreas no autorizadas por el municipio.
Dicha compensación fue un tema discutido -yo me opuse a ello-, por cuanto su monto llega a 16 millones de pesos. En verdad, con esa suma alcanza apenas para construir un paradero de micros, y de mediana calidad. No resulta adecuada en caso de que a los vecinos no les importara el emplazamiento de la antena.
Pero lo más relevante lo constituyen los aspectos rechazados del proyecto, que incluían la participación ciudadana para la aceptación o el rechazo de la instalación de una antena.
Eso está provocando no solo una amenaza sicológica, sino, además, el daño a un derecho que muchos en esta Sala defienden apasionadamente: el sacrosanto derecho a propiedad consagrado en la Constitución del 80. Un inmueble con una antena de celular instalada en su cercanía pierde su valor hasta en 30 por ciento. Así lo han demostrado los corredores de propiedades. Lamentablemente, cientos de vecinos están sufriendo estas consecuencias, ya que, una vez levantada la torre, los "buitres" intentan comprar las casas más cercanas a precios que pueden llegar -reitero- hasta un 30 o más por ciento por debajo del valor de mercado.
Por tal motivo, solicito que tanto el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones como los municipios que he señalado entreguen los detalles de la tramitación para el emplazamiento de estas antenas.
Si bien los municipios carecen de facultades para oponerse, la Dirección de Obras respectiva puede controlar que la altura de la torre sea compatible con la distancia mínima que debe existir entre aquella y el inmueble más cercano.
La ley Nº 20.599 no ha cumplido su objetivo. Las compañías telefónicas están haciendo uso y abuso del sistema.
Aquí no se trata de que no haya antenas, como dijeron los vecinos en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Todos usamos celulares. ¡Existe 27 millones de teléfonos móviles en Chile! Por lo tanto, se produce un uso positivo de un servicio que debe brindarse.
Sin embargo, ello no puede ser a cambio de la intranquilidad, del daño a la salud, de la tensión, de la ansiedad, de todos los efectos sicológicos que estas antenas provocan.
Quiero que, en el próxima iniciativa que el Parlamento discuta sobre la materia, se incorpore, en primer término, una compensación económica adecuada por el daño causado al valor de las propiedades aledañas y, en segundo lugar, la realización de evaluaciones al impacto que la radiación provoca en la salud de las personas, haciendo uso para ello del fondo establecido en la propia ley.
Las empresas debieran tener en su página web de manera permanente -así lo exige la normativa legal- una contabilidad de la frecuencia de radiaciones electromagnéticas que emiten sus antenas. Pero esto no está ocurriendo. La ley en este punto no se cumple.
Se le ha hecho ver esa situación al Subsecretario de Telecomunicaciones, quien señala que no tienen fiscalizadores ni capacidad para llevar a cabo dicha labor.
¡Pero la autoridad está obligada a cumplir la ley!
Llamo a los vecinos de Concepción a organizarse respetuosa y responsablemente, como lo han hecho hasta ahora, a fin de defender no solo su propiedad privada, sino también su integridad física y psicológica.
Señor Presidente, solicito que se envíe esta intervención a los alcaldes y a los concejos comunales de las provincias de Concepción, de Ñuble, de Biobío y de Arauco; a los Ministros de Transportes y Telecomunicaciones y del Interior, y a la Presidenta de la República.
Ojalá tengamos una respuesta concreta en breve, porque mientras aquí discutimos esta materia se siguen instalando las referidas antenas.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor TUMA (Vicepresidente).- A continuación, en el tiempo del Comité del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Moreira.


REFLEXIONES A PROPÓSITO DE REFORMA TRIBUTARIA. OFICIO

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, no se trata de que tenga ansiedad ni de que quiera adelantar una discusión que pronto llegará a este Hemiciclo. Pero qué mejor oportunidad, a esta hora de la tarde, cuando la gente de todo el país, a través de la televisión del Senado¿

El señor QUINTANA.- ¡Ya no se está trasmitiendo la televisión del Senado!

El señor MOREIRA.- ¿No se está transmitiendo?

El señor NAVARRO.- ¡Ya no se transmite la hora de Incidentes!

El señor TUMA (Vicepresidente).- Puede continuar, Su Señoría.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, qué mejor momento que este -decía yo- para compartir algunas reflexiones sobre lo que será la discusión de la reforma tributaria.
No tengo el prejuicio de pensar -tampoco podría imaginarlo- que la voluntad, la motivación, el interés del Gobierno para presentar dicha reforma sea arruinar al país. No creo que se haya ingresado el proyecto respectivo con esa finalidad.
La reforma tributaria del Ejecutivo pretende -a mi juicio, equivocadamente- alcanzar un bien, pero, por desgracia, las prácticas y los mecanismos para llevarla adelante se basan en recetas bastante antiguas, que no han dado resultado en ningún país del mundo.
Digo lo anterior porque, además de ser Presidente de la Comisión de Agricultura, es mi obligación defender a la Región de Los Lagos y a los agricultores de nuestro país de una reforma tributaria que claramente va a arruinarles la vida a muchos chilenos.
Como se ha señalado, la mencionada reforma es más bien ideológica (porque no puedo pensar que la planteen con un objetivo que no sea el de favorecer al país). El mecanismo para recaudar los recursos que se pretenden es el de que el fin justifica los medios: 8 mil 300 a 8 mil 500 millones de dólares, al objeto de cumplir el propósito perseguido.
Sin embargo, la finalidad ya dejó de ser la educación.
Nadie sabe, pues, en qué se van a gastar esos dineros.
En palabras simples, la referida reforma -lo digo con responsabilidad-, como viene planteada, va a arruinarles la vida a los pequeños y a los medianos agricultores, a las pymes, al ciudadano común y corriente.
A los agricultores, por la eliminación de la renta presunta; a las pymes, por la supresión del FUT.
Hasta se preocuparon de raspar la olla para cobrar un impuesto por las bebidas gaseosas. La más conocida de ellas, la Coca-Cola, subirá también de precio.
Lo mismo les ocurrirá a quienes quieran vender un bien raíz.
Señor Presidente, son tantos detalles, tantas cosas chicas, que se terminará perjudicando precisamente aquello que se quiere levantar.
No obstante, en esta materia hay algo que deseo connotar y que me dejó bastante contento: la Presidenta Bachelet ha dado una muy buena señal de diálogo en la idea de buscar fórmulas que permitan modificar y mejorar la reforma tributaria planteada.
¿Y cuál es esa señal? La de que la retroexcavadora se encuentra en retirada.
Porque es un excelente indicativo el que la Primera Mandataria se abra para escuchar a la Oposición y a los sectores productivos.
Me parece bueno que lo haga.
Constituye una espléndida oportunidad que aquí, en el Senado, podamos corregir, perfeccionar y mejorar la iniciativa pertinente.
¿Por qué saco a colación lo anterior? Porque durante el Gobierno del Presidente Piñera -en esa época yo no era Senador- la Oposición sostenía que las cosas se arreglaban en esta Alta Corporación.
Espero, entonces, que todos los Senadores tengamos la oportunidad de mejorar el proyecto de reforma tributaria y de buscar los respectivos acuerdos.
Reitero: la retroexcavadora se halla en retirada cuando la Presidenta Bachelet se abre al diálogo y al entendimiento justamente para buscar fórmulas que permitan llevar adelante en forma correcta lo que se pretende con la reforma tributaria.
De otro lado, señor Presidente, nos preocupa mucho el criterio tan impositivo exhibido por la Nueva Mayoría. Y lo hemos constatado en la presentación de esta misma reforma tributaria; en el retiro de proyectos de ley del Presidente Piñera porque, según han dicho, los van a revisar, en fin.
Estoy preocupado, específicamente, por el retiro de la iniciativa que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos, Pesca y Recursos Forestales y el Sistema Nacional de Inocuidad Alimentaria.
¡Son tantos los proyectos!
Con ello pretenden instalar la idea de que lo que hizo el Presidente Piñera no fue lo más adecuado.
Sin embargo, la cuestión es muy simple: proceden así porque el Gobierno del Presidente Piñera les dejó la vara alta en desarrollo, en crecimiento y en empleo.
Espero, por lo tanto, que la reforma tributaria que se nos propone sea capaz de garantizar la ocupación.
Un país sin empleo significa retroceso.
Pero ¡cuidado!: no vaya a suceder que, si da un pie en falso, la coalición de Gobierno, que obtuvo la más alta votación en la última elección presidencial y que cuenta con la mayoría en el Congreso Nacional, pierda el apoyo en las calles. Porque la ciudadanía busca la existencia de mecanismos que le proporcionen bienestar.
Nosotros hemos sostenido que la desigualdad se puede vencer con lo que planteamos a propósito del Chile Justo.
La Nueva Mayoría tiene una visión distinta.
Ahora bien, señor Presidente, en esta hora de Incidentes, más allá de plasmar mi intervención, quiero pedirle -porque cuentas claras conservan la amistad- que se oficie (para tenerlo por escrito) al Ministerio de Hacienda para que señale con exactitud en qué se van a gastar los fondos que recaude la reforma tributaria. Porque los chilenos tienen derecho a saber cómo se van a invertir los recursos que, curiosamente, se les van a arrebatar a quienes tienen menos. Porque los empresarios, como usted bien lo sabe, señor Presidente, siempre encuentran la solución y pueden pagar; los más necesitados, no.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor TUMA (Vicepresidente).- A continuación, en el tiempo del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el Senador señor De Urresti.


DOTACIÓN DE MÉDICOS DE RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN REGIÓN DE LOS RÍOS Y REAPERTURA DE SERVICIO DENTAL DE URGENCIA EN VALDIVIA. OFICIO

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en primer lugar, solicito que se oficie a la Ministra de Salud, señora Helia Molina, para que informe detalladamente sobre la cantidad de médicos existentes en la Red de Atención Primaria de Salud en cada una de las doce comunas de la Región de Los Ríos y dé a conocer las medidas que se están adoptando a fin de enfrentar el aumento de la demanda de pacientes durante el período invernal.
Asimismo, pido información acerca de la factibilidad de reabrir el servicio de atención de urgencia dental en la comuna de Valdivia.
Cabe recordar que el programa pertinente funcionó con gran éxito, pero, a pesar de los requerimientos ciudadanos, fue suspendido a mediados de 2010.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


BECA PARA ESTUDIOS SUPERIORES DE NIETAS DE DETENIDO DESAPARECIDO SEÑOR RUBÉN VARGAS QUEZADA. OFICIOS

El señor DE URRESTI.- En otro orden de cosas, señor Presidente, solicito que se oficie al Ministro de Educación, don Nicolás Eyzaguirre, y al Ministro del Interior, don Rodrigo Peñailillo, a fin de que informen sobre opciones de ayuda para dos jóvenes descendientes de una de las víctimas de las violaciones de derechos humanos más brutales que se han cometido en la Región de Los Ríos -me refiero a la matanza de Chihuío, en la localidad del mismo nombre, comuna de Futrono-, quienes desean continuar sus estudios en la educación superior.
María Paz Arriagada Vargas y Paola Arriagada Vargas son nietas del obrero tejuelero don Rubén Vargas Quezada, cruelmente asesinado en 1973; sus restos aún no se encuentran. Ninguna de ellas cuenta con el auxilio de becas de estudio.
Por lo anterior, considerando la compleja situación económica de ambas jóvenes y su deseo de realizar estudios superiores, pido información sobre las opciones existentes para apoyarlas.
Para la madre de esas jóvenes, la señora Rebeca Vargas Cifuentes, es fundamental contar con un respaldo que permita entregarles educación superior a ambas.
Por eso, me gustaría que tanto el Ministro de Educación como el del Interior tuvieran a bien atender tal solicitud.
--Se anuncia el envío de los oficios respectivos, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


PROPUESTA PARA CREACIÓN DE MUSEO EN REGIÓN DE LOS RÍOS. OFICIO

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, solicito que se oficie al Director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), don Alan Trampe, para requerirle específicamente información sobre la factibilidad de crear en la Región de Los Ríos, en particular en su capital, un museo regional.
En innumerables regiones de nuestro país se han constituido, bajo el amparo de la DIBAM, museos que permiten recopilar información, vestigios, hallazgos sobre la cultura de esos territorios.
La propuesta que formulo se basa en la necesidad de contar con un espacio adecuado para el rescate y difusión del patrimonio de la Región de Los Ríos.
Solo a modo de ejemplo, cabe señalar que entre los años 2012 y 2013 hubo importantes hallazgos arqueológicos en el terreno donde se construye actualmente el edificio de la Contraloría Regional, los cuales, por falta de espacio, permanecen aún en un recinto particular de la Región de La Araucanía -concretamente, en la comuna de Gorbea-, sin que puedan exhibirse a la comunidad.
Ello motiva que la ciudad de Valdivia y la Región en general pierdan la posibilidad de apreciar una enorme cantidad de piezas se encontraron durante las excavaciones realizadas para la construcción del referido edificio, situación que, dicho sea de paso, significó la paralización de la obra durante largo tiempo, por no haberse hecho los estudios correspondientes y no contarse en ese momento con personal del Consejo de Monumentos Nacionales. Producto de este incidente, hoy día tenemos al menos una profesional de dicha institución para disponer de los hallazgos.
De igual forma, durante las últimas semanas, en la plaza de la República, de Valdivia, se han encontrado diversos vestigios que son parte importante de la historia de esta ciudad, los que también requieren un espacio para su conservación y exhibición.
Por eso, pido que se me informe sobre la factibilidad del planteamiento que formulé y que se me indique en qué regiones de nuestro país existen museos regionales al amparo de la DIBAM.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


INQUIETUD ANTE FALTA DE PRIORIDAD MINISTERIAL PARA RECONSTRUCCIÓN DE TEATRO CERVANTES, DE VALDIVIA. OFICIOS

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, solicito de manera encarecida que se oficie a la señora Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para que aclare las opiniones que han vertido tanto ella como la Directora Regional de dicho organismo en cuanto a que la reconstrucción del teatro Cervantes, de la ciudad de Valdivia, no es prioridad y de que no se dispone de fondos para tal efecto.
Quiero señalar con mucha fuerza que dicho teatro fue adquirido por el Gobierno Regional de Los Ríos y se encuentra en un proceso de postulación a proyectos. Además media un compromiso de la Administración anterior, firmado específicamente por el Ministro señor Roberto Ampuero, en el sentido de aportar 500 millones su reparación. Pero hoy día vemos con preocupación que, producto del centralismo cultural de nuestro país, el Ministerio del ramo indica que la reparación del mencionado teatro no es prioritaria.
Deseo decir con gran energía: ¡Eso simplemente refleja la visión desde la Capital de quien está a cargo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en nuestro país! ¡Eso es centralismo! ¡Eso es clasismo! ¡Eso es, lisa y llanamente, miopía cultural!
Los habitantes de la Región Metropolitana tendrán siempre disponibilidad para acceder a espacios culturales. La gente de la Región de Los Ríos, mi Región, merece el mismo derecho que cualquier ciudadano a contar con un espacio donde poder disfrutar de las expresiones artísticas y culturales.
El teatro Cervantes no solo no se ha reparado: además, en los últimos meses se le cayó el techo.
Por tanto, quiero saber cuál es la opinión de la Ministra y qué tiene pensado hacer al respecto, ya que la he observado en importantes anuncios de museos, teatros o espacios culturales en la Región Metropolitana, pero no la veo preocuparse del referido teatro, que reviste tanta importancia para la Región de Los Ríos.
También, pido que me informe sobre los programas de reparación de espacios patrimoniales que lleva adelante su Cartera y qué zonas se consideran prioritarias en materia de patrimonio cultural en nuestra Región.
Señor Presidente, solicito, además, que se envíe copia de esta intervención a la Municipalidad de Valdivia y al Gobierno Regional de Los Ríos.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


ENMIENDA DE ACUERDO DE COMITÉS QUE IMPIDE TRANSMISIÓN TELEVISIVA DE HORA DE INCIDENTES

El señor DE URRESTI.- Por último, señor Presidente, como Comité pido que las intervenciones que hacemos en la hora de Incidentes se transmitan por el Canal de Televisión del Senado. Me parece discriminatorio que sobre las peticiones que durante ella formulamos para atender las necesidades de nuestras regiones, de la gente a la cual representamos, no se informe por esa vía al igual como se hace con las restantes partes de cada sesión.
Reviste importancia que la ciudadanía observe qué hacen sus Senadores.
Durante los próximos ocho años usaré mi derecho a intervenir en la hora de Incidentes. Y exijo que esta parte de la sesión se transmita por nuestra televisión como cualesquiera otras.
He dicho. El señor MOREIRA.- ¿Podemos tomar un acuerdo en tal sentido, señor Presidente?

El señor TUMA (Vicepresidente).- Vamos a solicitarles a los Comités¿

El señor MOREIRA.- Eso es.

El señor TUMA (Vicepresidente).- ¿ que cambien su resolución -para nosotros fue sorpresiva- en términos de no transmitir la hora de Incidentes, excepto por Internet.
Creemos que es muy muy importante reponer la televisación íntegra de las sesiones, incluida la hora de Incidentes, donde tienen lugar las intervenciones de los Senadores en materias de interés ciudadano.
Por lo tanto, si les parece a Sus Señorías,¿

El señor MOREIRA.- Sí, señor Presidente.

El señor GUILLIER.- De acuerdo.

El señor DE URRESTI.- Sí.
El señor TUMA (Vicepresidente).-¿ pediremos que se modifique la decisión de los Comités en este punto, con la adhesión de los Senadores presentes y la de quien preside esta sesión.
En el tiempo del Comité Independientes y Partido MAS, tiene la palabra el Senador señor Navarro.


REVALUACIÓN DE LEY DE PESCA ANTE CRISIS DE SARDINA Y ANCHOVETA. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero que se oficie al señor Subsecretario de Pesca y al señor Ministro de Economía, toda vez que, ya iniciado el Gobierno, en su primer año, la crisis de la sardina y la anchoveta ha dejado en evidencia la necesidad de revaluar la Ley de Pesca.
Se trata de un proceso que debe llevarse a cabo prontamente, tanto más cuanto que la disminución de las cuotas de extracción, según los informes de los comités científicos, va a determinar que en muchos casos el volumen asignado se capture en muy corto tiempo: en algunos casos, en uno, dos o tres días del año.
Es muy evidente que la ley en vigor no señala qué hacer cuando no hay peces.
Una ley de pesca debe ponerse también en el escenario en que no existen peces.
Por tanto, les solicito formalmente al señor Ministro de Economía y a la Ministra de la SEGPRES, señora Ximena Rincón, que se dé comienzo a la evaluación de la Ley de Pesca, tal como se contempla en el programa de la candidata Michelle Bachelet, hoy Presidenta de la República.
--Se anuncia el envío de los oficios respectivos, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


REPARACIONES ESTRUCTURALES EN EDIFICIOS "MIRADOR DEL PACÍFICO", DE TALCAHUANO. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, pido que se oficie al Ministerio de Vivienda para que envíe un informe detallado sobre la situación de los edificios Mirador del Pacífico, de Talcahuano, que fueron afectados por las últimas lluvias, las cuales provocaron fuertes inundaciones que dejaron al descubierto que la decisión del Departamento de Obras de la Municipalidad de dicha comuna de no otorgar la autorización que se le requirió estaba totalmente ajustada a derecho.
En efecto, los edificios se entregaron sin recepción municipal, y en el primer temporal sufrieron estragos, pues en su construcción no se contempló la acción de los fuertes vientos y de las copiosas lluvias que azotan a la Región del Biobío.
Quisiera que el referido Ministerio, y específicamente la Seremía de Vivienda y el SERVIU de la Octava Región, detallaran el tipo de daño constatado e informaran si hay o no disponibilidad de fondos para hacer reparaciones estructurales en los departamentos siniestrados.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


MEDIDAS ANTE EVENTUAL QUIEBRA DE EMPRESA ENCARGADA DE OBRAS EN PUENTE CHACABUCO Y ESTADIO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN. OFICIO

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, pido que se oficie al Ministerio de Obras Públicas para que informe sobre la situación de la empresa encargada de la construcción del puente Chacabuco, en la Región del Biobío, más conocido como "puente de los autos voladores".
Esa estructura atraviesa casi dos kilómetros sobre el río Biobío y "desemboca en el aire", pues no fue posible construir el enlace hacia la calle Chacabuco, dada la presencia del histórico sector o población Aurora de Chile.
Dicha empresa, que también está encargada del mejoramiento del Estadio Municipal de Concepción, ha manifestado por diversos medios tener problemas económicos.
Es importante, por ende, que el referido Ministerio prevea cualquier eventualidad de quiebra, porque si eso ocurriera se afectarían no solo las obras del puente Chacabuco, sino también, especialmente, las proyectadas para terminar el campo deportivo que individualicé, lo que podría impedir el cumplimiento de compromisos contraídos tanto por el municipio cuanto por el Ministerio del Deporte.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


ASENTAMIENTO O RELOCALIZACIÓN DE POBLADORES DE SECTOR AURORA DE CHILE, DE CONCEPCIÓN. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, desearía que se me informara respecto al estado de avance del asentamiento o la eventual relocalización de los pobladores del sector Aurora de Chile.
Hemos señalado reiteradamente que dicho sector, ubicado a orillas del río Biobío, tiene más de 100 años. Los abuelos de los actuales pobladores, con mucho esfuerzo, rellenaron toda la zona, la cual ha alcanzado una enorme plusvalía. Ahí están el edificio de la Contraloría General de la República y el del Gobierno Regional; hay un mall y un conjunto de edificaciones, todo lo cual ha determinado que el precio del terreno haya subido de manera significativa.
Los vecinos, legítimamente, quieren quedarse. Entonces, cualquier decisión sobre el tipo de proyecto inmobiliario que va a remplazar la actual situación de Aurora de Chile tiene que ser de acuerdo con los pobladores, con la junta de vecinos, con los comités que se encuentren constituidos.
Solicito que se nos informe cuál es el monto de los recursos que la Seremi de Vivienda y el SERVIU han destinado para los estudios preliminares de la construcción de viviendas o departamentos.
--Se anuncia el envío de los oficios correspondientes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento
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El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Senador señor Orpis.


RESPONSABILIDAD INFORMATIVA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE CATÁSTROFES

El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Senado, lo más probable es que el planteamiento que voy a hacer sea políticamente incorrecto. Pero, más allá de que esta parte de la sesión se transmita o no por la Televisión del Senado, mi conciencia me obliga al menos a dejar un testimonio sobre el problema a que me referiré.
Hace dos semanas a nuestra Región le tocó vivir, en 27 horas, dos terremotos.
Esos fenómenos de la naturaleza provocaron pánico en la población. Hubo dos evacuaciones durante la noche. Numerosos habitantes de la Región de Tarapacá y de Arica debieron caminar largas distancias y pasar la noche a la intemperie, algunos de ellos en carpas.
¿A qué voy, señor Presidente?
He aquí mi planteamiento.
En lo personal, creo profundamente en la libertad de expresión y en la libertad editorial de los medios de comunicación. Pero también creo que en determinadas circunstancias esos medios deben actuar con mayor responsabilidad.
Al día siguiente de la catástrofe o dos días después, en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión abierta, había una verdadera competencia por determinar qué sismólogo anunciaba el terremoto más grande que debía venir.
Eso no solo generó pánico en la población: lo más feroz que se ha vivido en el norte es el daño psicológico que sufre la población, del cual nadie se va a hacer cargo.
Yo quiero apelar a la responsabilidad de los medios de comunicación. Sin duda, tienen libertad de expresión y libertad editorial. Pero a mi juicio, frente a una catástrofe deben actuar responsablemente.
Y voy a volver a insistir en dos iniciativas, señor Presidente.
No puede regir el rating on-line durante las horas de una catástrofe. Es inadmisible que en esos instantes existan espacios que generen más pánico.
En mi concepto, corresponden la contención y la información, pero no la provocación de más pánico. Allá se ha generado más pánico, y este sigue existiendo.
¡Sobre 4 mil personas viviendo en carpa, pensando en el cataclismo anunciado para el día siguiente!
Por lo tanto, hay que eliminar definitivamente el rating on-line en los momentos de una catástrofe.
Y voy a plantear una segunda reflexión, señor Presidente.
A raíz de la experiencia relatada -porque prácticamente no hubo nada que generara contención e información, salvo toda la acción preventiva que se desarrolló-, he llegado a la convicción de que es fundamental que la ONEMI tenga un canal abierto.
Chile es un país de catástrofes, en distintas partes del territorio. Por consiguiente, se requieren más información y contención que nunca durante los minutos de mayor dificultad que vive la población.
Por eso, humildemente, hago desde este estrado un llamado a la responsabilidad.
No es neutro lo que se transmite en momentos tan difíciles como esas 27 horas que les tocó vivir a dos Regiones, y particularmente a la de Tarapacá (Iquique y Alto Hospicio).
Solo quiero que, por un minuto, quienes dirigen los canales de televisión abierta se pongan en la situación de dos terremotos en 27 horas: alarmas permanentes durante las noches; evacuaciones de personas, con el desgaste propio de ellas, y al día siguiente, anuncio de cataclismos con efectos mucho peores que los ya registrados.
Hago, pues, un llamado a la responsabilidad.
Empero, me parece que no podemos quedar hasta aquí. Debemos impulsar iniciativas conducentes a evitar la repetición de daños como los descritos.
No sé quién se hará cargo del deterioro psicológico derivado de lo ocurrido en el norte, que dejó a numerosas personas absolutamente golpeadas.
Por supuesto, los medios de comunicación no lo asumirán. Ignoro quién se hará cargo.
Cientos de personas están dañadas y aún viven en carpas, muchas veces no porque sus viviendas estén destruidas o no puedan ser habitadas, sino simplemente debido al efecto del mensaje entregado sobre "el cataclismo que está por venir".
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Partido Por la Democracia e Independiente, tiene la palabra el Senador señor Quintana.


CRISIS FINANCIERA DE MUNICIPALIDAD DE GALVARINO EN ÁMBITO EDUCACIONAL. OFICIOS

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, esta mañana la Comisión de Educación, órgano que integro, recibió al señor Ministro del ramo, quien delineó los principales aspectos de la reforma educacional que va a plantear el Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Sin lugar a dudas, uno de los temas relevantes sobre los que habrá de pronunciarse el Congreso Nacional se relaciona con la desmunicipalización.
Tal como ha señalado la propia Presidenta de la República, existirá un proceso gradual, que deberá ir mirando las distintas experiencias de las regiones. Se conformarán servicios locales de educación; será la oferta pública que hará el Estado en materia de educación escolar.
En ese mismo contexto, señor Presidente, debo señalar que en días pasados, mientras visitaba Galvarino, el Alcalde, el Concejo Municipal, el Colegio de Profesores, los asistentes de la educación y agrupaciones de padres y apoderados me plantearon un grave problema que afecta a la educación en esa comuna de La Araucanía y que tiene que ver justamente con la desmunicipalización.
Cuando se inicie la reforma deberemos hacernos cargo de las comunas donde la situación es más compleja, donde el endeudamiento se torna cada vez más insostenible.
Es precisamente el caso de Galvarino, donde durante los últimos años se ha registrado un aumento en el déficit educacional. Y este hecho no se limita solo al actual gobierno comunal, del Alcalde Fernando Huaiquil, sino que -insisto- se viene arrastrando desde hace varios años. Pero hoy día la situación se torna insostenible.
Como se sabe, los municipios tienen convenios con diversas entidades; también con instituciones financieras. La situación de insolvencia de la Municipalidad de Galvarino ha significado que muchos profesores -si no todos- hayan caído en DICOM. Varios de ellos me decían que nunca habían estado en ese registro (el señor Vicepresidente del Senado sabe muy bien de estas cosas, pues, como muchos, ha peleado para terminar con un sistema que tiende a discriminar a los consumidores) y que cuando quieren ponerse al día no pueden hacerlo porque deben pagar intereses.
Señor Presidente, los deudores no son los docentes: los municipios son los deudores.
El año pasado, por ejemplo, la Municipalidad de Galvarino debió inyectar del orden de 240 millones de pesos al sistema educacional. La subvención llega hoy a alrededor de 202 millones de pesos al mes. Entonces, se va generando una deuda de sobre 20 millones todos los meses.
Existen facturas pendientes que el municipio no tiene cómo pagar.
A cerca de 83 millones de pesos llega la deuda por concepto de descuentos voluntarios, correspondientes a contratos que, avalados por leyes, celebran los propios profesores con instituciones financieras, con cajas de compensación, en fin.
Los docentes necesitan los servicios respectivos, pero no pueden usarlos para endeudarse y financiar la educación de sus hijos (porque actualmente no existe gratuidad).
Esos profesores, quienes también son padres de familia, enfrentan serias dificultades.
La deuda del municipio con empresas de alimentación asciende a 43 millones de pesos.
De otro lado, 18 profesores están en edad de jubilar y no pueden hacerlo debido al estado de insolvencia financiera en que se halla la Municipalidad de Galvarino, que también impide que se pensionen docentes en condición de invalidez.
Todo indica, señor Presidente, que en la situación referida se requiere una inyección de recursos con destino definido, con finalidad clara. Eso es posible.
En estos días el Alcalde de Galvarino ha sostenido reuniones con autoridades del Ministerio de Educación.
Galvarino es una comuna con altísima vulnerabilidad -se trata de una de las comunas con mayor población mapuche de la Región de La Araucanía-; prueba de ello es que la inmensa mayoría de los alumnos reciben la subvención escolar preferencial.
En consecuencia, solicito que se oficie al Ministro de Educación para pedirle que se haga cargo de la situación expuesta, la evalúe y vea la manera de enfrentarla antes del inicio de los cambios institucionales que el país espera.
También solicito que se envíe copia de esta intervención al Alcalde y a los miembros del Concejo Municipal de Galvarino.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tiempo que resta del Comité Partido Por la Democracia e Independiente, tiene la palabra el Senador señor Guillier.


INCLUSIÓN EN REFORMA TRIBUTARIA DE NORMAS CONDUCENTES A DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y REGIONALIZACIÓN. OFICIOS

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, se está discutiendo en la Cámara de Diputados la primera reforma tributaria profunda después de la acaecida en el primer Gobierno de la Transición, en 1990.
Recordemos que el éxito de la reforma de esa época es indiscutible, pues permitió recaudar recursos para financiar de manera responsable el programa social del Gobierno del Presidente Aylwin, evitando de ese modo que se cayera en un ciclo populista.
Tres años y medio más tarde, en 1993, los frutos en la economía chilena estaban lejos de la suerte de debacle económica que anticipaban algunos.
Según datos de CIEPLAN, la economía nacional había crecido acumulativamente en 27 por ciento en términos reales; la inflación se había reducido de 27 a 12 por ciento anual, y el gasto público social superaba en casi 40 por ciento real el presupuesto heredado de la dictadura.
Cuando las reformas tributarias se hacen con justicia y consenso, el país progresa.
Pero hoy, estimados colegas, requerimos que el debate tributario que se ha iniciado se nutra también de las nuevas demandas de la ciudadanía, que apuntan no solo a lograr mayor capacidad estatal para proveer bienes públicos, como educación y salud, en cuanto derechos sociales garantizados por el Estado, sino además a allegar recursos que permitan mejorar la capacidad de gestión y de provisión de bienes públicos también por el nivel regional.
Es posible enfrentar ese desafío en la medida que generemos en este Senado un gran acuerdo político, amplio, sólido y transversal, para poner a las regiones como protagonistas también de este cambio en el modelo de recaudación fiscal.
Cito algunos ejemplos de situaciones en que deberíamos encontrar, con el patrocinio indispensable del Ejecutivo, un punto de acuerdo entre las regiones y el Gobierno central.
a) Patentes municipales. Debemos terminar con el cálculo del monto de la patente según el valor del capital propio y remplazarlo por el nivel de ventas de bienes y servicios. Además, la patente tiene que pagarse, no en la sede o casa matriz de cada firma -ubicada normalmente en los municipios más acomodados de la Región Metropolitana-, sino allí donde aquella desarrolla sus actividades y genera impactos sobre la calidad de vida de la población.
b) "Impuestos verdes" que gravan la acción contaminante. Al menos una parte de este tributo debe ceder a favor de los municipios donde se verifican las emanaciones o vertimientos a través de fuentes fijas, a fin de dotarlos de medios para acometer acciones que mitiguen el daño ambiental mediante mejoras en la atención de salud primaria, protección del medio ambiente, paisajismo, etcétera.
c) Tributación minera. Debe ceder a favor de las regiones una parte de los impuestos a la renta pagados por las empresas mineras, de manera tal que estas puedan acometer planes de desarrollo para la contención de las externalidades negativas de la explotación de minerales e invertir, al mismo tiempo, en infraestructura productiva que permita enfrentar crisis derivadas de la baja de precios en el mercado internacional de productos mineros.
d) Regalías por impactos socio-ambientales de procesos productivos de las grandes empresas. Es indispensable discutir a fondo si seguiremos dejando a cargo del Estado las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del desarrollo de procesos productivos a gran escala. El impacto de la minería en el norte y de las explotaciones forestales y la acuicultura en la zona sur; el de las ciudades puertos a lo largo de todo nuestro litoral, o el de la generación de energía a través de plantas generadoras contaminantes del agua, del cielo y del aire deben implicar un proceso de responsabilidad de las empresas.
Estimados colegas:
Atendida la naturaleza de nuestro mandato, con base en circunscripciones electorales centradas en la Región, esta Corporación es el espacio institucional por excelencia para deliberar sobre los grandes problemas que afectan la calidad de vida de la población en los territorios.
El Senado exhibe, además, una larga tradición de instancia abierta al diálogo respetuoso y con altura de miras sobre los cambios institucionales en la República.
Apelo a que ese sentido profundo de misión y esa tradición contribuyan a la finalidad de preparar con tiempo y detenimiento una discusión profunda sobre la necesidad de incluir en la reforma tributaria estas sentidas y más que justificadas demandas regionales.
En particular, señor Presidente, pido que se les envíe a la Primera Mandataria y a los Ministros encargados, en particular al de Hacienda, un oficio, en mi nombre y en el de los señores Senadores que deseen adherir a tales demandas, para informar del contenido de mi intervención y pedir, en lo posible, una definición sobre la disposición del Gobierno de avanzar en estas materias.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, conforme al Reglamento, en nombre del Honorable señor Guillier y con la adhesión de los Senadores señores Quintana y Tuma.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.
--Se levantó a las 20:17.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción