REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 362ª
Sesión 14ª, en martes 6 de mayo de 2014
Ordinaria
(De 16:17 a 19:39)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ISABEL ALLENDE BUSSI, PRESIDENTA,
Y SEÑOR EUGENIO TUMA ZEDAN, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, la Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González. Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Pedro Huichalaf Roa.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 16 señores Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

La señora ALLENDE (Presidenta).- Las actas de las sesiones 11ª, ordinaria, en 22 de abril; 12ª, especial, y 13ª, ordinaria, ambas en 23 de abril, todas del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Ocho de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los dos primeros da inicio a los siguientes proyectos de acuerdo:

1.- El que aprueba el "Acuerdo por el que se sustituye el Anexo I del Acuerdo sobre Tránsito Vecinal Fronterizo entre la República de Chile y la República Argentina de 2009", suscrito entre las mismas partes por cambio de notas fechadas en Santiago el 23 de agosto de 2013 (boletín Nº 9.331-10).

2.- Proyecto de acuerdo que aprueba el "Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América", suscrito en Washington el 5 de junio de 2013 (boletín Nº 9.332-10).
--Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con el tercero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", respecto del proyecto que modifica la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, disponiendo funciones y atribuciones para el Presidente del Consejo Regional (boletín N° 9.294-06).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley sobre comunicación de órdenes de apremio en juicios de alimentos (boletín N° 7.765-07).

2.- Proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja (boletines Nos. 7.873-07 y 7.011-07, refundidos).
Con los tres últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto que modifica la ley N° 17.798, de Control de Armas, y el Código Procesal Penal (boletín N° 6.201-02).

2.- Proyecto de ley sobre seguridad privada (boletín N° 6.639-25).

3.- Proyecto de ley que suprime el feriado judicial para los tribunales que indica (boletín N° 9.155-07).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero pide que se disponga lo necesario para que el Congreso Nacional se reúna en Congreso Pleno el 21 de mayo próximo, con el fin de recibir la cuenta del estado administrativo y político de la Nación, y propone, para tal efecto, que la mencionada sesión sea convocada para las 9:30 horas de dicho día.
--Se accede a lo solicitado.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Aprovecho de recordar a los jefes de Comités que deben designar un representante para la Comisión de Pórtico y otro para la de Reja en relación con la ceremonia del 21 de mayo.
Continúa la Cuenta.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Con el segundo oficio Su Excelencia la Presidenta de la República solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, por el plazo de un año, la permanencia de tropas y medios militares nacionales en Haití (boletín N° S 1.656-05), respecto de lo cual hace presente la urgencia en los términos del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Pasa a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas.
Con el último requiere el acuerdo del Senado para nombrar como integrante del Consejo de Alta Dirección Pública al señor Eduardo Abarzúa Cruz, hasta el 29 de julio de 2016, en reemplazo del señor Rodrigo Egaña Baraona (boletín Nº S 1.657-05), respecto de lo cual hace presente la urgencia en los términos del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política.
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Cinco de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los dos primeros comunica que ha dado su aprobación a los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley que suprime el feriado judicial para los tribunales que indica (boletín N° 9.155-07) (con urgencia calificada de "simple").

2.- Proyecto de ley que modifica disposiciones que señala, referidas al delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones gravísimas o con resultado de muerte (boletín N° 9.244-15).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el siguiente expone que rechazó la idea de legislar respecto del proyecto que modifica la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con el fin de imponer a los establecimientos educacionales el deber de impartir cursos para prevenir el consumo de drogas prohibidas (boletín N° 5.345-04), e informa la nómina de Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse conforme al artículo 70 de la Carta Constitucional.
--Se toma conocimiento y se designa como integrantes de la referida Comisión a los señores Senadores miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Con el cuarto consigna que rechazó las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto que establece condiciones especiales transitorias para la aplicación del artículo 18 de la ley N° 19.479 y faculta para otorgar el bono compensatorio que indica (boletín N° 9.113-05), e informa la nómina de Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse conforme al artículo 71 de la Carta Constitucional.
--Se toma conocimiento y se designa como integrantes de la referida Comisión a los señores Senadores miembros de la Comisión de Hacienda.
Con el último informa la nómina de señores Diputados que integrarán el Grupo Bicameral de Transparencia.
--Se toma conocimiento.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Adjunta copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada por esa magistratura en el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de señores Senadores, que representan más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio de esta Corporación, respecto de la actuación de la Honorable Cámara de Diputados que declaró la inadmisibilidad de las observaciones del Presidente de la República sobre el proyecto de ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre (boletín N° 6.190-19).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Expide copia autorizada de las sentencias definitivas pronunciadas, en el ejercicio del control de constitucionalidad, respecto de los proyectos de ley que se indican a continuación:

1.- El que modifica la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros en materia de plantas (boletín Nº 8.662-05).

2.- El que modifica la ley N° 20.600, que creó los tribunales ambientales, en materia de subrogación (boletín N° 9.230-07).
--Se toma conocimiento y se manda comunicarlos a Su Excelencia la Presidenta de la República.
Envía copia autorizada de la sentencia definitiva recaída en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 11, letra e), de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento.
Envía copia de la resolución pronunciada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la parte final del inciso primero del artículo 60 del Libro IV, "De las quiebras", del Código de Comercio.
--Se toma conocimiento y se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Contralor General de la República:
Informa sobre revisión del proceso de licitación pública para adquirir inmuebles en la Zona Franca de Aysén, materia pedida en nombre del Senador señor Horvath, y adjunta copia informativa del decreto supremo N° 54, de 2014, debidamente cursado por la Entidad de Control, que deroga el decreto supremo N° 113, de 2013; ambos del Ministerio de Bienes Nacionales.
Da respuesta a reiteración de oficio, enviada en nombre del Senador señor Prokurica, y adjunta copia del informe final recaído en una denuncia sobre ejecución del proyecto Estación Cultural Pueblo Hundido en la comuna de Diego de Almagro.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Contesta solicitud de información, hecha en nombre del Senador señor Navarro, sobre la detención de nueve menores, el día 8 de enero pasado, en el marco de una operación de las Fuerzas Especiales de Carabineros para desalojar el fundo Santa Filomena, en las cercanías de la ciudad de Curacautín.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
Atiende solicitud, remitida en nombre del Senador señor Horvath, con la adhesión del Senador señor Tuma, relativa a la pronta solución de las dificultades observables en el sistema de transporte en las regiones del sur del territorio nacional.
Contesta acuerdos de la Corporación, adoptados a proposición de los Senadores señores Chahuán, Espina, Orpis, Pérez Varela y Prokurica y de los ex Senadores señores Kuschel, Novoa y Uriarte, sobre las siguientes materias:

1.- Llamado a consulta al Embajador de Chile ante la República Bolivariana de Venezuela y solicitud de convocatoria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (boletín Nº S 1.638-12).

2.- Condena de los actos de violencia ocurridos desde el inicio de las protestas en Venezuela; llamado al diálogo de los actores políticos y sociales; excarcelación de los líderes políticos y estudiantiles detenidos, y requerimiento al Gobierno de aquel país para que cumpla con el deber de garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de sus ciudadanos (boletín Nº S 1.639-12).
Del señor Ministro de Justicia:
Contesta acuerdo de la Corporación, adoptado a proposición de los Senadores señor Horvath, señora Muñoz y señores Araya, Bianchi, Chahuán, Guillier, Navarro, Prokurica, Quinteros y Walker (don Patricio), referente al envío de una iniciativa legal que disponga que el Director Nacional de Gendarmería de Chile sea nombrado de entre oficiales penitenciarios con el rango de coronel (boletín Nº S 1.641-12).
De la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social:
Atiende petición, cursada en nombre del Senador señor De Urresti, acerca de la factibilidad de instalar en la Región de Los Ríos una oficina de la Superintendencia de Seguridad Social.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Responde solicitud, remitida en nombre del Senador señor Bianchi, relativa a la urgencia de invertir en seguridad vial al interior del Parque Torres del Paine.
De la señora Ministra de Salud:
Contesta solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor García, atinente al cierre definitivo del vertedero Boyeco, en la comuna de Temuco, y a las medidas que se han adoptado para eliminar aquel foco de riesgos para la vida y salud de jóvenes.
Atiende peticiones de antecedentes, formuladas en nombre del Senador señor De Urresti, respecto de las siguientes materias:

1.- Implementación de las bases SAMU, ya aprobadas, en las comunas de Paillaco y Río Bueno.

2.- Resultados de las fiscalizaciones efectuadas por la autoridad sanitaria de la Región de Los Ríos en relación con diversos brotes de intoxicaciones detectadas en el presente año y que han afectado a numerosas personas.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Da respuesta a solicitudes de información, formuladas en nombre del Senador señor Navarro, sobre la distribución de los recursos correspondientes a los "fondos espejo" del Transantiago, desglosados por regiones.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales:
Adjunta, en respuesta a solicitud de antecedentes hecha en nombre del Senador señor Araya, copia del oficio dirigido al señor Juan Centellas Martínez respecto del estado de la solicitud de compra de un terreno fiscal.
Del señor Subsecretario para las Fuerzas Armadas:
Informa, ante consulta cursada en nombre de la Senadora señora Goic, que se ha requerido al señor Comandante en Jefe del Ejército que exponga los motivos por los que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 20.672, en cuanto a los funcionarios civiles de esa rama de la Defensa Nacional cuyas remuneraciones fueron disminuidas a partir del mes de mayo de 2011.
Del señor Secretario General de Carabineros:
Atiende petición, cursada en nombre del Senador señor De Urresti, referente a la evaluación de la situación que afecta al ex funcionario policial don Iván Vidal Medina.
Del señor Presidente del Banco Central de Chile:
Remite, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de la ley orgánica constitucional de esa institución, un ejemplar de la memoria correspondiente al año 2013.
Del señor Intendente de Valores:
Responde solicitud de información, requerida en nombre del Senador señor Navarro, relativa a la venta del archivo del diario La Nación.
Del señor Director de Bibliotecas, Archivos y Museos:
Da respuesta a petición, formulada en nombre del Senador señor De Urresti, sobre factibilidad de crear un museo regional en la Región de Los Ríos, y adjunta diez ejemplares de la guía institucional correspondiente a los museos administrados por ese servicio público.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal:
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor De Urresti, sobre tala ilegal de bosque nativo detectada por funcionarios de esa Corporación en la provincia del Ranco.
Del señor Subsecretario del Medio Ambiente (S):
Refiere que, atendida la materia en consulta, formulada en nombre del Senador señor Prokurica, sobre emisión anual de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono de las empresas que indica, remitió los antecedentes a la Superintendencia del Medio Ambiente y al Ministerio de Salud.
Contesta solicitud de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor De Urresti, respecto del plan de descontaminación de la ciudad de Valdivia y de las acciones y medidas que impulsará el Ministerio del ramo para abordar el problema de contaminación del aire en las diversas ciudades del país.
Del señor Presidente del Banco del Estado de Chile:
Atiende consulta, enviada en nombre de la Senadora señora Von Baer, relativa a la petición de la señora Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Futrono para que se instale una sucursal de la entidad bancaria en dicha comuna.
De la señora Gerente General Ejecutiva del Banco del Estado de Chile:
Da respuesta a consulta, remitida en nombre del Senador señor Bianchi, en cuanto a la factibilidad de instalar una sucursal de la institución para atender las localidades de Alerce y La Vara, en la comuna de Puerto Montt.
Del señor Presidente del Consejo Técnico de Inversiones, Superintendencia de Pensiones:
Informa publicación, en la página web institucional, de la memoria, correspondiente al año 2013, concerniente a los fondos de pensiones y a los fondos de cesantía; lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 167 del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Del señor Jefe de la División Atención y Servicios al Usuario, Superintendencia de Pensiones:
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Chahuán, relativa a la revisión de pensión concedida a la señora Mónica Violeta Adaro Valencia.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, disponiendo funciones y atribuciones para el Presidente del Consejo Regional (boletín N° 9.294-06) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--En virtud de un acuerdo de Comités, queda para la tabla de esta sesión.
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que protege la libre elección en los servicios de cable, internet o telefonía (boletín N° 9.007-03).
--Queda para tabla.
Mociones
De los Senadores señoras Muñoz y Allende y señores Araya, Horvath y Prokurica, con la que proponen un proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento del Senado para crear la Comisión permanente de Agua, Desertificación y Sequía (boletín N° S 1.655-09).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Senadores señores Bianchi, Chahuán, Horvath y Prokurica, con la que se da inicio a un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo imponiendo al empleador la obligación que señala en materia de protección de los trabajadores de carga y descarga de manipulación manual (boletín N° 9.334-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Chahuán, Bianchi, Horvath y Prokurica, con la que inician un proyecto de ley que crea el programa de recuperación de la ciudad de Valparaíso, dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme lo disponen los incisos tercero y cuarto, número 2°, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Moción de los Senadores señor Araya y señoras Goic y Muñoz, con la que inician un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de que las administradoras de fondos de pensiones paguen los fondos de pensiones de sus afiliados en las hipótesis que indica.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso cuarto, número 6°, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Comunicaciones
Del Partido Demócrata Cristiano, por medio de la cual pone en conocimiento de la Corporación que ha designado al señor Manuel Antonio Matta Aragay como Senador de la República en reemplazo de la señora Ximena Rincón González.
--Se toma conocimiento y se procederá a tomar el juramento de rigor en la sesión ordinaria del día de mañana, al término de la Cuenta.
Del Grupo Bicameral de Transparencia, con la que informa su constitución y la elección como Presidente del Senador señor Hernán Larraín Fernández, y como Vicepresidente, del Diputado señor Patricio Vallespín López.
--Se toma conocimiento.
Solicitud de permiso constitucional
En este momento ha llegado a la Mesa la solicitud del Senador señor Letelier, para ausentarse del país a partir del día 7 de este mes, a fin de asistir, en representación de la Presidenta de la República, a la ceremonia de transmisión del mando en Costa Rica.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
Acordado.

El señor COLOMA.- Perdón. ¿Por qué requiere el permiso?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Para ausentarse del país.
A ver, Senador Coloma, ¿alguna obsesión con este tema?

El señor COLOMA.- Para nada.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Yo pensé que usted quería dejarlo allá¿!

El señor COLOMA.- Ninguna obsesión, señora Presidenta. Simplemente lo planteo como una cuestión reglamentaria, porque, si un parlamentario se va a ausentar del país, más aún a petición o en representación del Presidente de la República, no requiere autorización. Solamente la requeriría si se fuera a ausentar por más de treinta días.
Por eso me llama la atención que un Senador pida permiso para concurrir a un acto al cual tiene todo el derecho de asistir. ¡A menos que alguien lo quiera dejar allá¿!
¡No es el caso¿!

El señor WALKER (don Patricio).- ¡Es por si acaso!

El señor COLOMA.- Lo planteo, señora Presidenta, porque no me calza desde un punto de vista reglamentario.

El señor WALKER (don Patricio).- ¿Y si se enferma?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Yo entiendo lo que está señalando, Senador Coloma, pero usted mismo, por su larga trayectoria en este Parlamento, debe recordar que los Senadores suelen pedir permiso para ausentarse del país. Muchas veces tiene que ver con un tema de quórum.
Es la práctica que se ha usado en esta Corporación desde hace muchos años.

El señor COLOMA.- ¡Una mala práctica, señora Presidenta!

La señora ALLENDE (Presidenta).- De acuerdo, pero existe y es una realidad. Y me imagino que es la razón por la cual el Senador Letelier ha pedido autorización.
En todo caso, yo he explicado los motivos. Me parece necesario señalarlo, porque creo que es bueno que la Sala los conozca.
A continuación, tiene la palabra el señor Secretario para dar cuenta de los acuerdos de Comités.


ACUERDOS DE COMITÉS

El señor LABBÉ (Secretario General).- En reunión celebrada en el día de hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Autorizar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para discutir, en general y en particular, durante el nuevo primer informe, el proyecto de ley que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores de casa particular y prohíbe el uso de uniformes a trabajadoras de casa particular.
2.- Autorizar a la Comisión Especial destinada a abordar la catástrofe por el incendio en Valparaíso para sesionar hoy, simultáneamente con la Sala, a partir de las 17:30 horas.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Muy bien.
Además, ha llegado una nota del Senador señor Girardi que señala que, en cumplimiento de un acuerdo unánime de sus integrantes, adoptado en el día de hoy, la Comisión de Salud solicita recabar el asentimiento de la Sala para debatir en particular el proyecto de ley que adecúa la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de Salud para el Control de Tabaco (boletín 8886-11), a fin de introducirle algunas mejoras formales de acuerdo a la técnica legislativa.
¿Habría algún inconveniente?
Entonces, se accede a lo solicitado.
V. ORDEN DEL DÍA



MODIFICACIÓN DE LEY N° 19.175 EN MATERIA DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE PRESIDENTE DE CONSEJO REGIONAL


La señora ALLENDE (Presidenta).- En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, disponiendo funciones y atribuciones para el Presidente del Consejo Regional, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9294-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 10ª, en 16 de abril de 2014.
Informes de Comisión:
Certificado de Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 13ª, en 23 de abril de 2014.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 14ª, en 6 de mayo de 2014.
Discusión:
Sesión 13ª, en 23 de abril de 2014 (se aprueba en general).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general por la Sala en su sesión de 23 de abril de 2014.
La Comisión de Gobierno deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 2° del proyecto no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que debe darse por aprobado, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, contando con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión o votación.
--Queda aprobado el artículo 2°.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión realizó diversas enmiendas al texto aprobado en general, las cuales fueron acordadas por unanimidad, con excepción de una de ellas, cual es la que incide en el inciso cuarto del artículo 30 bis, que fue aprobada por mayoría y que será puesta en discusión y votación oportunamente.
Cabe hacer presente que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión o existan indicaciones renovadas.
De estas enmiendas unánimes, las recaídas en el numeral 3), la que incide en el numeral 4) y el nuevo numeral 5), todos del artículo 1°, deben ser aprobadas con 21 votos favorables, por incidir en normas de rango orgánico constitucional.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que transcribe las modificaciones introducidas por la Comisión y el texto que quedaría de ser aprobadas.
De consiguiente, la Secretaría sugiere que, como hay algunas enmiendas unánimes que requieren quórum especial para su aprobación, se voten todas juntas, respetando el quórum correspondiente.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión particular.

Ofrezco la palabra.
La tiene el Honorable señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, como se recordará acá, el día 23 de abril pasado la Sala aprobó solo en general este proyecto de ley y dispuso como plazo para presentar indicaciones el 5 de mayo, en respuesta a los reparos y observaciones que se formularon durante el debate, especialmente respecto a la intervención del Consejo regional en la formulación del proyecto de presupuestos para la región.
La Comisión de Gobierno analizó 21 indicaciones, que se presentaron el día 5, y distinguió cuatro situaciones para efectos de la elección del presidente del Consejo.
Primero, en cuanto al elegido en la sesión constitutiva del Consejo, mantuvo la proposición de la iniciativa, esto es, elegir un presidente por la mayoría absoluta de los consejeros en ejercicio. Esa sesión será dirigida por el presidente que continúe como consejero y, en su defecto, por el que hubiera desempeñado más recientemente el cargo o por el consejero de mayor edad.
Segundo, en caso de remoción del presidente del Consejo, también se mantuvo la proposición del proyecto, es decir, que la sesión en que se trate sea presidida por el consejero que haya ejercido más recientemente el cargo de presidente, y de no ser posible, por el de mayor edad.
Tercero, tratándose de ausencia o impedimento temporal del presidente elegido en la sesión constitutiva, lo subrogará o remplazará en el cargo -por el tiempo que dure la ausencia o el impedimento- el consejero elegido por sus propios pares.
Cuarto, si la ausencia o impedimento supera los noventa días corridos contados desde que se eligió al subrogante, el Consejo elegirá un nuevo presidente.
Finalmente, hago presente que, además de aprobar indicaciones que dicen relación con la forma de subrogancia ya expuesta, la Comisión acogió una indicación de mi autoría que entrega al presidente del Consejo la facultad de concurrir junto con el intendente a la discusión del presupuesto regional ante el Gobierno central.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, me quiero referir al conjunto de modificaciones acordadas por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Ante todo, quiero señalar que la reforma constitucional de 2009, aprobada mediante la ley N° 20.390, consagró un conjunto de materias, la más importante de las cuales es que por primera vez se crea la figura del presidente del Consejo regional.
Esa enmienda se incorporó al artículo 113 de la Constitución Política de la República, al establecerse que el Consejo regional, por mayoría absoluta de sus integrantes, elegirá a un presidente.
Por lo tanto, desde el año 2009 los consejos regionales han estado en condiciones de poder elegir a su propio presidente.
El problema es que esa norma dispone más adelante que una ley orgánica constitucional determinará las atribuciones del presidente del Consejo regional.
Ese planteamiento es plenamente concordante, señora Presidenta, con el dictamen 21.666 de la Contraloría General de la República, que ratifica la plena vigencia del inciso quinto del artículo 113 de la Constitución.
Entonces, nos encontramos ante la siguiente situación: la elección de un presidente del Consejo regional, lo cual está plenamente vigente de acuerdo con la Carta, pero sin facultades.
Para subsanar tal situación Su Excelencia la Presidenta de la República ingresó el día 7 de abril un proyecto, con urgencia de "discusión inmediata", para dotar de atribuciones a esa autoridad.
En consecuencia, señora Presidenta, esa es la parte esencial de la iniciativa.
Anteriormente, el Senado ya había aprobado un proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que se halla en tramitación en la Cámara de Diputados.
En el proyecto de Su Excelencia la Presidenta de la República básicamente se traspasan funciones protocolares y administrativas, pero se omite una fundamental en materia de descentralización: la referida al manejo de las urgencias. Afortunadamente, la Comisión de Gobierno agregó esa facultad para que también el presidente del Consejo regional, con ratificación de los dos tercios de los miembros de ese órgano, pueda objetar la urgencia que coloca el intendente respecto de una materia específica.
Pero hay otra modificación, a mi juicio, primordial.
El presupuesto de una región, al igual que el de la nación, es un instrumento muy relevante. El artículo 73 de la Constitución establece que el presupuesto de una región es aprobado por el Consejo regional. Y en su etapa de elaboración el intendente, acompañado por un consejero, negocia con Hacienda.
La lógica de la enmienda propuesta era buscar que en la discusión presupuestaria regional previa no solamente la autoridad de confianza del Presidente de la República, el intendente, negociara en la práctica con Hacienda, sino también un miembro del Consejo, cuyos integrantes no son de la confianza del Primer Mandatario.
No obstante, al hacer la modificación constitucional no tenía sentido que fuera un consejero quien representara en esta importante instancia al Consejo regional, sino que debía hacerlo su presidente. Y por eso hice ver en la sesión anterior que resultaba fundamental enmendar el artículo 73 -lo que fue acogido por el Ejecutivo- en orden a que sea el presidente del Consejo regional quien represente a este órgano en la negociación con Hacienda, en la etapa inicial de la discusión del presupuesto en la región.
Así se hizo. Y eso se somete a discusión hoy día.
Ahora bien, deseo formular otro planteamiento.
Me preocupan las señales que se dan con este proyecto de ley en materia de descentralización. Es uno de los grandes temas pendientes.
Aquí se trató de omitir una facultad esencial en dicho ámbito: la fijación de las urgencias, lo que afortunadamente fue recogido por el Senado. Pero para mí hay otra omisión tremendamente relevante.
Hoy día, en materia de fiscalización, el Consejo solo puede fiscalizar al intendente y a su subordinado, pero no puede¿

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, Su Señoría, pero puede continuar para redondear la idea.

El señor ORPIS.- ¿ decía que no puede fiscalizar a los Seremis ni a los jefes de servicio.
Esa fue una modificación especialmente notable que incorporó el Senado en su oportunidad, y que hoy día se halla en discusión en la Cámara de Diputados.
Yo entiendo que en una "ley larga" se van a discutir a fondo todas estas materias. No obstante, si se le están otorgando competencias al presidente del Consejo regional, lo lógico sería aumentar sus facultades de fiscalización respecto de los Seremis y los jefes de servicio.
Nada de eso viene, y habría sido muy oportuno incorporarlo, porque dentro de las pocas facultades del Consejo regional una muy importante es la de fiscalización. Desgraciadamente -como dije-, ello no se consideró. Hay que aprobar la presente modificación, pues resulta absurdo que exista un presidente del Consejo regional sin competencias ni facultades, pero habría sido conveniente incorporar las facultades de fiscalización del Consejo, lo que antes había sido aprobado por el Senado.
He dicho.

El señor HARBOE.- ¿Es posible abrir la votación?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, simplemente deseo dejar testimonio, para la historia fidedigna de la ley, de algunos hitos que se han marcado y que debemos profundizar.
El primero de ellos apunta a que este proyecto, tal como lo explicó extensamente el Senador Orpis (no es necesario agregarle más datos), dice relación con un problema práctico.
Nosotros aprobamos una reforma a la Carta Fundamental, pero no se ha dictado la ley orgánica constitucional para regular esta materia. Y, por lo tanto, la presente iniciativa viene a suplir aspectos relativos al procedimiento para elegir, remplazar o remover al presidente del Consejo regional; a determinar si las votaciones son públicas o secretas, y a fijar sus atribuciones y competencias. Y, gracias a la intervención del Senador Orpis -nobleza obliga-, nos dimos cuenta de que se nos había quedado en el tintero una facultad muy importante, por lo cual se remplazó la frase: "los consejos regionales designarán a uno de sus integrantes para que conjuntamente con el intendente los represente en ella", por la que señala que "el presidente del consejo y el intendente representarán al gobierno regional en dicha etapa".
Y aquí yo quiero simplemente destacar tres hechos políticos.
Primero, para que exista una regionalización de verdad se debe avanzar en tres ámbitos, en los que falta mucho. Por ello, quiero pedir que se oficie al Gobierno, en mi nombre y en el de los señores Senadores que lo estimen conveniente, con el objeto de que ponga urgencia a la tramitación del proyecto de ley que regula el traspaso de competencias desde el Gobierno central a las regiones.
No soy de aquellos que desean que el Ejecutivo se ahogue con las urgencias, pero creo sinceramente que esa normativa no puede seguir esperando eternamente.
La regionalización requiere: uno, traspaso de competencias; dos, elección democrática del presidente del Consejo regional, no en forma indirecta como, a mi juicio, se hace hoy día; tres, recursos para poder ejercer las competencias, y, por supuesto, un fuerte control y fiscalización de cómo se gasta la plata, para efectos de que no ocurra lo que pasa en otros países en donde se transfieren competencias, recursos, y los gobiernos regionales no son rigurosos -no digo que suceda en Chile, pero sí en muchos países-, y finalmente terminan endeudados, generando graves problemas económicos para el Gobierno central.
En eso tenemos que avanzar a toda marcha. Y pido que el Presidente de la Comisión de Gobierno, que es un exalcalde de Puerto Montt, demuestre aquí, en el Senado, que le va a poner el mismo espíritu que señaló reiteradamente -estoy seguro de que así va a ser-, porque esta materia no se puede seguir postergando si queremos disminuir las desigualdades en Chile. Se trata de normas clave para ello.
En concreto, señora Presidenta, en este proyecto hacemos lo siguiente.
En primer término, se establece un mecanismo con el fin de materializar lo que la Constitución dispone respecto a la elección del presidente del Gobierno regional.
¿Cómo se elige? Tal como lo dice la Carta, por todos los cores, con una diferencia respecto de lo aprobado por la Cámara de Diputados. Esta quería que ese procedimiento se realizara en forma secreta. Pero el Senado le dijo "No, esta elección es en forma pública y de viva voz, de tal manera que se sepa quién vota por quién".
Yo creo que en esto la transparencia ayuda un montón.
En segundo lugar, ¿quién preside la reunión constitutiva? Se fija un procedimiento razonable.
Prima el consejero regional que haya sido el último presidente del CORE; a falta de este, el que hubiese ejercido ese cargo anteriormente; y, en último término, el de mayor edad. Porque se trata de un acto que dura solo una sesión, la de constitución.
Existían otros criterios, como el que se escogiera al consejero que hubiera sido elegido con más votos. Pero había que optar por alguno. Y la Comisión decidió que presidiera la sesión constitutiva el core de mayor edad. Otra propuesta apuntaba a que fueran los dos más antiguos. Finalmente, se adoptó el criterio que a nosotros nos pareció objetivo, que no admitía discusión y, además, que era solo para una sesión.
Señora Presidenta, está por concluir mi tiempo, ¿me concede un minuto adicional?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Cómo no.

El señor ESPINA.- En el caso de la remoción, se resolvió que esto se acordara en sesión pública. Y, ¡ojo!, en el Senado agregamos algo que no incorporaba la Cámara de Diputados: que fuera con debate. Aquí debe respetarse el principio de la bilateralidad de la audiencia. No se puede remover al presidente del Consejo regional en una sesión sin discusión, o sea, que se presente una petición para removerlo y, de aprobarse, no tenga derecho a defenderse.
A nosotros nos pareció que eso afectaba una garantía constitucional.
Finalmente, para el caso de que se produzca una ausencia temporal del presidente, será remplazado por el core que el propio Consejo elija. Porque aquí hay acuerdos políticos. Y si establecemos que lo sea por el de mayor de edad o el más votado podría romperse el acuerdo político. De ahí que el propio Consejo determinará quién remplaza al presidente en una ausencia temporal, pero con un límite: noventa días. Es decir, si transcurrido ese tiempo persiste la ausencia, entonces, simplemente se nombrará a un nuevo presidente, pues después de noventa días puede que la ausencia ya no sea temporal, sino que se transforme en permanente.
Por consiguiente, creemos que el texto aprobado zanja el problema y logra que esta materia se regularice. Eso sí, está pendiente la iniciativa de fondo, por lo cual pido que se envíe un oficio en mi nombre al Gobierno con el objeto de que apresure su despacho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Sus Señorías desean adherir al oficio cuyo envío se ha solicitado?
Entonces, como hay numerosos Senadores que lo desean, se remitirá con la adhesión de la Sala.
Acordado.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de proseguir con la discusión quiero saludar a los integrantes de la delegación del liceo Federico Albert Faupp, de la comuna de Chanco, que nos visitan esta tarde.
¡Sean muy bienvenidos al Senado!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, solo deseo pedir que se fije un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta el 2 de junio de este año, en la Comisión de Hacienda, al proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Quiere formular otra solicitud, Su Señoría?

El señor LAGOS.- Sí, deseo pedirles a las distintas bancadas que proporcionen los nombres de los Senadores que van a integrar la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, con el objeto de que se la pueda citar para constituirse y elegir presidente.

El señor LARRAÍN.- Ya los entregamos.

El señor LAGOS.- Se lo solicito a las bancadas que aún no lo han hecho, comenzando por la mía, Senador Hernán Larraín.

La señora ALLENDE (Presidenta).- El Honorable señor Lagos ha mencionado algo muy importante. Por lo tanto, les ruego a las bancadas que no han comunicado el nombre de sus representantes que se pongan al día.
Vamos a citar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos para mañana a las 17:30.
Y aprovecho de recordar que el Comité Editorial se reunirá mañana, a las 10.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- El Honorable señor Harboe me había pedido abrir la votación.
Sugiero que votemos las tres enmiendas unánimes de una sola vez. Y después veríamos la que fue aprobada por mayoría.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Todas requieren quórum especial.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Y entiendo que en este momento existe el quórum necesario.
¿Habría acuerdo para abrir la votación de las tres enmiendas unánimes?

El señor LARRAÍN.- "Si le parece".

La señora ALLENDE (Presidenta).- Por consiguiente, se aprobarían por unanimidad¿

El señor LARRAÍN.- Me han pedido que se voten.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En consecuencia, se abrirá la votación de las enmiendas aprobadas unánimemente en la Comisión.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Me sumo al saludo de la Sala a los jóvenes de Chanco y espero que los Senadores que los representan en esta Corporación, como el colega Hernán Larraín, los hayan invitado a almorzar.
Señora Presidenta, el Senador Espina hacía una salvedad que yo recojo, para la historia fidedigna de la ley, respecto a que estamos hablando de la elección para presidente del Consejo regional.
Muchos queremos que el intendente sea elegido por voto popular. Deseamos representación política, no administrativa. En cambio, aquí se propone darle al presidente del CORE bastante pocas facultades, casi ninguna: dirigir la sesión. Entonces, considerando que, de los 38 Senadores en ejercicio, 34 son de regiones -¡34!-, no se entiende que el Gobierno pasado ni el antepasado no hayan podido avanzar de verdad en permitir que el intendente sea electo de manera directa y en dotar a las regiones de mayor poder.
¡Todo este proceso es tortuoso! Se avanza a pedacitos, de a poquitito.
Con la iniciativa que nos ocupa, permitiremos que el presidente del Consejo regional dirija la sesión. En efecto, el proyecto estipula cómo deberá realizar dicha función. Se detallan sus atribuciones, que son las mismas que corresponden al presidente de un club deportivo o al de un club del adulto mayor -¡las mismas!-: básicamente, dirigir la sesión.
En ese sentido, espero que -dado que todos estamos de acuerdo en que las regiones son poderosas y requieren representación, fuerza, vigor- se mande pronto la propuesta legal pertinente y que la votemos a favor para constituir regiones de verdad, y no solo para discutir quién dirige la sesión del Consejo regional.
Confío en que mi Gobierno, el de la Presidenta Michelle Bachelet, enviará a la brevedad la iniciativa sobre elección directa de los intendentes, pero también una que aborde de manera adecuada el traspaso de competencias a los gobiernos regionales. La expresión más nítida de esa necesidad se evidenció a raíz de las desgracias que afectaron a Iquique y a Valparaíso: los Ministros han debido viajar, viajar y viajar, pues los intendentes y los alcaldes carecen de capacidad de resolución. En concreto, el Gobierno central se hace cargo de todo, hasta de diseñar.
Definitivamente, no me gusta -es un fastidio- la figura de los delegados presidenciales. ¡Nosotros queremos autonomía en las regiones! ¡Hay capacidad en las universidades! ¡Hay capacidad en los gobiernos regionales! ¡No necesitamos delegados presidenciales! Si han sido puestos ahí, bien. Pero cabe preguntarse: "¿Con qué respaldo una persona designada y que no pertenece a la zona podrá dar apoyo?".
Esta es una crítica -más bien, una autocrítica- a la realidad actual. Espero que pronto retomemos este tema en un debate más profundo, en especial los 34 Senadores que representamos a regiones, aunque Santiago también es una de ellas.
Señora Presidenta, en materia de calificación de urgencias, como lo planteé la vez pasada, en el proyecto se replica la misma figura que opera aquí, en el Senado. El presidente del Consejo regional fijará la tabla, pero el intendente podrá decirle: "¿Sabe qué? Yo quiero ver tal asunto". Y será posible desechar dicha petición solo con el acuerdo de los dos tercios de los cores en ejercicio. Sin embargo, si existe un plazo legal o reglamentario -a propósito, ¿quién va a hacer el reglamento?-, se termina tratando la tabla que el intendente quiere.
Entonces, es importante que, cuando se elabore el reglamento respectivo, los consejeros regionales pongan mucha atención, a fin de que el intendente aplique su facultad en casos que realmente ameriten urgencia. En la Cámara de Diputados y en el Senado, en cambio, la "monarquía presidencial" se expresa completamente: el Primer Mandatario de turno, a través de su Ministro Secretario General de la Presidencia, califica con la urgencia que quiere las iniciativas que desea tratar. Ojalá esa práctica no se repita en la experiencia de los gobiernos regionales, a pesar de que se contempla la facultad de oponerse a ello -aquí no la tenemos- con el acuerdo de los dos tercios de los cores en ejercicio. Con todo, si hay plazos reglamentarios o administrativos por vencer, igual se impondrá el criterio del intendente.
Del mismo modo, espero que, a propósito de este proyecto de ley, que vamos a aprobar por unanimidad, se adopte el compromiso de avanzar mucho más hacia delante, ya que hartas expectativas se han puesto sobre aquel. Pero la verdad es que este constituye un paso minúsculo, un paso de niñito, un paso mínimo. Ojalá pudiéramos avanzar mucho más.
Voto a favor, señora Presidenta, sin perjuicio de las observaciones que he planteado, a fin de morigerar las expectativas que se han creado en mi Región y en muchas otras partes, donde creen que se instalará un presidente del Consejo regional con amplias atribuciones; pero, desafortunadamente, hay una mala noticia: no se establecen muchas facultades para administrar.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, cuando discutimos esta iniciativa en la Comisión de Gobierno, se manifestó una preocupación a largo plazo.
Cabe notar que este proyecto de ley corta viene a solucionar un problema inmediato, originado por un fallo de la Contraloría, que indicó que los presidentes de los consejos regionales debían ser electos.
Sin embargo, tales autoridades carecen de facultades.
Ante ello, el Gobierno de la Presidenta Bachelet optó por enviar una propuesta legislativa que sortea el problema puntual, pero que no se hace cargo del aspecto fundamental. Nosotros aprobamos una normativa que posibilita la elección de los cores y le dijimos a la ciudadanía que estos tendrían una labor relevante. No obstante, no les dimos mayores atribuciones.
Por lo tanto, cuando los consejeros en cuatro años más vuelvan a pedirle a la gente su voto -si no hemos solucionado el problema de largo plazo, esto es, el de entregar más facultades al Consejo-, esta les dirá: "Y, ustedes, ¿qué hicieron?". Y los cores responderán: "No mucho, pues no teníamos más atribuciones".
Pues bien, la iniciativa legal que busca aumentar las facultades del Consejo regional en este momento se halla en la Cámara de Diputados. La Presidenta de la República podría haber tomado la decisión de ponerle urgencia a ese proyecto. Habría sido un paso más osado en pos de la descentralización. Sin embargo, siguió un camino distinto, que, a mi juicio, avanza menos en esa dirección: presentar la propuesta que nos ocupa, que otorga ciertas atribuciones al presidente del Consejo.
Las facultades que se proponen aquí son, en verdad, muy pocas: citar a reunión, cerrar las sesiones. De hecho, se había quedado en el tintero -por decirlo así- lo relativo al manejo de las urgencias; lo concerniente a que el presidente del Consejo regional pudiera acompañar al intendente a discutir con el Ministro de Hacienda el presupuesto; en el fondo, que se diera al presidente del CORE algunas atribuciones adicionales -aunque sean pocas- distintas de las que le permiten abrir y cerrar sesiones.
Yo agradezco que el Ejecutivo haya escuchado lo que se planteó en la Comisión de Gobierno y que haya formulado las indicaciones que se le pidieron con el fin de incrementar las facultades del presidente del Consejo.
Sin embargo, tal como dijo el Senador Orpis, acá no se aumentan, para nada, las atribuciones del Gobierno regional y tampoco las del CORE, cuyos miembros hoy día son elegidos por sufragio popular.
Por lo tanto, espero que el Gobierno le ponga urgencia al proyecto de ley larga, para que demos un paso de verdad hacia la descentralización.
Hoy día el presidente del Consejo ni siquiera tiene un viático para movilizarse a las reuniones o a las actividades protocolares a las que debe asistir en otras partes de la región; tampoco se ha discutido lo relativo al aumento de la dieta de los consejeros regionales, y tampoco se ha resuelto cómo se van a traspasar las competencias desde Gobierno central. Todos esos temas, señora Presidenta, se abordan en la iniciativa de ley larga.
Espero que el Ejecutivo no se quede solo en la propuesta que nos ocupa. Esta será una especie de ley corta -por no decir "un parche"-, que pretende solucionar un problema referido al presidente del Consejo. Pero, más allá de remediar un inconveniente transitorio, este proyecto no muestra una verdadera intención de descentralizar y de traspasar más facultades al CORE.
Se trata de un Consejo -vuelvo a recordarlo- cuyos integrantes ahora son elegidos, porque así lo legislamos. Y supongo que esa decisión la tomamos para darle mayores atribuciones al Gobierno regional. No olvidemos que los intendentes todavía son los representantes del Presidente de la República en regiones. Por tanto, el único contrapeso al Poder Ejecutivo en el ámbito regional es el CORE. Pero, con la iniciativa que nos ocupa, no se aumentan en nada las facultades de este.
Gracias a la presión que ejerció la Comisión de Gobierno, se incrementaron un poquito las atribuciones del presidente del Consejo. Con ello, habrá un poquitito más de contrapeso al poder del intendente, que es el representante del Primer Mandatario.
Pero la verdad, señora Presidenta, es que acá no se observa una real voluntad política de avanzar en el tema de la descentralización. Esperamos que eso cambie cuando se ponga urgencia al proyecto de ley larga o, por lo menos, cuando la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional presente sus propuestas a la Presidenta de la República en seis meses más. Ojalá entonces podamos dar pasos significativos hacia una real descentralización.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, como soy un Senador nuevo, no me tocó participar en el desarrollo de esta iniciativa de ley.
Recuerdo que, cuando era alcalde, me preguntaron la opinión al respecto. Yo nunca estuve de acuerdo con esta propuesta, porque lo importante para mí no es contar con más autoridades, sino hacer mejor el trabajo: más coordinado y con más atribuciones.
El personaje que se ha creado es una especie de "presidente fantasma", pues carece de facultades, de presupuesto, de equipo técnico. Por tanto, esta futura ley, si no se modifica al corto plazo, va a servir poco.
Creo que debemos avanzar en la elección democrática del intendente.
En la experiencia municipal, nunca se ha visto, como dijo un Senador acá, que haya "animales con dos cabezas".
Si se analiza el desarrollo del proyecto -más allá de lo relativo a la fiscalización-, se aprecia que hay pocas atribuciones para el presidente del CORE. Por tanto, la figura que se aprobará hoy día no aportará nada. Además, pienso que va en contra de cualquier norma básica de administración.
En consecuencia, me gustaría que avanzáramos en lo referente a la elección democrática del intendente, para que este sea el presidente del Consejo y esté investido de una autoridad política, administrativa, como debe ser.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, me alegra mucho escuchar las dos últimas intervenciones.
Cuando se tramitó la iniciativa sobre competencias de los gobiernos regionales en la Comisión de Gobierno -yo participé en ella, junto con los Senadores señores Orpis, Bianchi, Rossi y Sabag-, se le hizo presente al Gobierno que la propuesta que nos trajo era insuficiente, por cuanto partía de una situación incompatible con lo que se quería lograr. Con ello, recogiendo las palabras del Senador Ossandón, efectivamente se iba a producir una institucionalidad con dos cabezas: la del intendente, que es nombrado por el Presidente de la República, y la del presidente del Consejo, con facultades nada más que para dirigir una sesión.
Entonces se nos dijo que no podía ser elegido el intendente, porque no era posible, porque iba en contra del espíritu de un Estado unitario, etcétera, etcétera. Por eso me alegra mucho que ahora se estén sumando más voluntades para algo que, además, es parte del programa del actual Gobierno: la elección del intendente por votación popular.
De este modo, se tendrán los votos para avanzar en ese sentido. Solamente entonces será factible contar con una ley que regule de verdad la descentralización en las regiones.
En su minuto, formulamos observaciones al contenido del proyecto a que aludí. Muchos hicimos presente nuestro parecer en la discusión habida aquí, en la Sala del Senado, durante el primer trámite constitucional. El Senador Orpis fue muy enfático al respecto. Reconozco que fue uno de los que pusieron más fuerza en solicitar mayor traspaso de competencias a los gobiernos regionales.
Cabe recordar que en esa iniciativa se propuso, primero, que el Presidente de la República transfiriera las competencias que estimara convenientes. Frente a ello, planteamos la necesidad de que hubiera algún elemento de presión sobre el Primer Mandatario para concretar dicho traspaso. Y se llegó a una fórmula transitoria: el Presidente de la República podría rechazar la transferencia de competencias pedida por el Consejo regional si lo hacía por decreto fundado.
Más aún, se presentó una reforma constitucional, que está pendiente, mediante la cual se propone establecer la obligatoriedad por parte del Presidente de la República de traspasar competencias si el Consejo insiste en ello con el acuerdo de los dos tercios de sus miembros en ejercicio.
Todo eso deberemos discutirlo cuando se envíe la reforma a la Carta que disponga que los intendentes serán elegidos por sufragio popular, a fin de que estos representen a su región y se identifiquen con ella. La figura del intendente tendrá que ser como la de un prefecto: maneja el orden público; representa protocolarmente al Primer Mandatario; se ocupa de lo relacionado con defensa y relaciones exteriores. Así funciona dicha autoridad en otras partes del mundo. Pero ello es factible porque el Gobierno regional cuenta con toda la competencia necesaria.
Sin embargo, la iniciativa que nos ocupa solo busca solucionar un problema que nos provocó la Contraloría: determinar cómo se elige al presidente del Consejo regional. Todos creíamos que este, al igual que antes, seguía siendo el intendente, pero el órgano contralor indicó que, si bien aún no había una ley orgánica que reglamentara la disposición constitucional, sí existía la obligación de elegir al presidente. Entonces, ¡tenemos que resolver cómo elegirlo!
Al respecto, reconozco que durante la discusión del proyecto en la Comisión, a petición de los Senadores señora Von Baer y señor Orpis, se hizo presente que no venían algunas de las facultades que habíamos aprobado primitivamente en la iniciativa que se encuentra en la Cámara de Diputados. Y hubo inmediatamente una disposición muy positiva de parte del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo para incluir esas materias. Me alegro por ello.
Ahora bien, quiero dejar dos constancias que estimo importantes.
Me alegra que se haya establecido la facultad del Consejo regional para desechar, como órgano colegiado, la petición de urgencia que la autoridad administrativa puede imponer para tratar distintas materias. Aquí, en el Parlamento, no tenemos esa atribución. Ojalá pudiéramos replicarla en nuestra labor legislativa: que sea factible en un momento dado, con el acuerdo de los dos tercios de los parlamentarios en ejercicio, dejar sin efecto la calificación de urgencia que el Poder Ejecutivo coloque a una iniciativa. Si lograra reunirse un quórum de esa naturaleza, sería porque existen razones bastante lógicas y atendibles para tal oposición.
Me parece bien que se proponga esa disposición en el texto que nos ocupa.
Por otra parte, no coincido con lo que el Senador Espina señaló respecto de la censura, aunque en este asunto puede haber argumentos en un sentido y en otro.
En mi opinión, aquí debiera operar el mecanismo que se aplica en el Senado, según el artículo 25 del Reglamento: cuando hay censura a la Mesa, la proposición se vota sin debate. Esta misma norma debiera establecerse para el caso de este otro órgano colegiado, que es similar a un parlamento en la región.
No tendría que haber discusión. Me parece que ha de regir igual disposición que en nuestra Corporación. La censura debiera resolverse mediante votación y no a través de un debate, el cual muchas veces lleva a una situación de contradicción o disputa que no merece este recurso. Por eso, ante la petición de censura al presidente del CORE, prefiero una norma parecida a lo que dispone el artículo 25 del Reglamento del Senado y no la alternativa que incluye discusión.
En todo lo demás, aprobaré la iniciativa, por cuanto creo que se mejoró su texto, aunque haya sido en un sentido mínimo.
Cabe reiterar que no habrá una decisión de descentralización mientras, primero, no se aborde lo relativo a la elección del intendente por la ciudadanía y, segundo, no se concrete una transferencia de competencias real hacia el Gobierno regional.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero señalar que con este proyecto, que volvimos a debatir ayer en el Congreso en Santiago, no hacemos otra cosa que seguir creando regiones de papel.
No hemos podido avanzar en el deseo que todos compartimos de tener regiones fortalecidas, con grados de autonomía, para lo cual se requiere materializar los traspasos de competencias y las asignaciones de recursos que correspondan a ese efecto, de modo de lograr, por un lado, mantener el carácter unitario del país y, por otro, fortalecer las estructuras regionales.
Desafortunadamente, ello no se logra, señora Presidenta, porque volvió a quedar pendiente lo relativo a la transferencia de competencias.
Entonces, si tuviéramos que graficar la situación de alguna forma según lo que se propone en la iniciativa, habría que decir que se plantea una estructura donde habrá una presidenta o un presidente con atribuciones mínimas (minimum minimorum). En mi opinión, ni siquiera son administrativas. Yo diría, casi protocolares.
Por lo tanto, este proyecto no resuelve lo que hemos venido reclamando en los últimos años.
No requerimos regiones de papel, con atribuciones de papel, donde los gobiernos regionales no existen, porque lo que hay en cada caso, con suerte, son administraciones regionales. ¡No se gobierna en regiones!
Y necesitamos avanzar hacia el fortalecimiento de los gobiernos comunales y de los gobiernos regionales mediante el traspaso de competencias.
Por eso, me sumo al planteamiento del Senador Espina -en la propia Comisión de Gobierno Su Señoría lo ha hecho presente en innumerables ocasiones, y al interior de ella hay total coincidencia a ese respecto- de pedirle al Ejecutivo que le coloque urgencia a la tramitación del proyecto de ley que permite traspasar competencias.
El Senador que habla y otros colegas -entre ellos, los Senadores Orpis (uno de los más entusiastas defensores de esta iniciativa) y Zaldívar, más aquellos que se han incorporado durante el último tiempo a la Comisión de Gobierno- hemos hecho esfuerzos para revertir la situación existente, toda vez que entendemos que con el proyecto en debate las regiones no avanzan nada.
Cuando las personas votaron por los consejeros regionales se les anunció que se entregarían competencias, que se podrían llevar adelante proyectos locales, que los ciudadanos encontrarían en dichas autoridades respuestas a las demandas de sus regiones.
¡De eso, absolutamente nada!
Tanto es así que hoy día vuelve a primar la figura casi presidencialista del intendente, quien coloca urgencia a las iniciativas de cada región. Por consiguiente, aun cuando quien presida el Consejo regional establezca una tabla para tratarla el día de la reunión, ella debe contar con la venia del intendente, autoridad que, si bien participa en las sesiones pero sin derecho a voto, controla todo.
¡El intendente no vota, mas controla completamente las prioridades de la región!
¡Es decir, seguimos entrampados en una estructura brutal y enormemente centralista.
Bueno: era lo mejor que podíamos obtener.
En consecuencia, por intermedio de la Mesa, le pido al Ejecutivo, que ha dado muestras de querer avanzar en materia de descentralización -la propia Presidenta de la República ha creado en paralelo mesas de trabajo para procurar el fortalecimiento de las regiones-, hacer llegar cuanto antes al Congreso Nacional proposiciones encaminadas a lograr aquello que las regiones necesitan: empoderamiento, fortalecimiento, traspaso de competencias, para que las materias de índole regional se resuelvan en cada una de aquellas y no dependamos de la mirada centralista...

La señora ALLENDE (Presidenta).- Le ruego terminar la intervención, señor Senador, pues concluyó su tiempo.

El señor BIANCHI.- Gracias.
Decía, señora Presidenta, que no podemos depender de la mirada centralista, que afecta el desarrollo de nuestras regiones y nos hace avanzar a pasos mucho más lentos que lo deseado.
Hoy vamos a consagrar la figura de quien presidirá el Consejo regional sin ninguna atribución mayor que la de dirigir sus sesiones.
Nos habría encantado que esa persona hubiese podido venir al Parlamento a discutir el presupuesto de su región junto con el intendente, para lograr la tan necesaria participación de las estructuras regionales.
Señora Presidenta, votaré a favor de las modificaciones propuestas, tal como lo hice en la Comisión de Gobierno, pero pido que llegue lo antes posible el proyecto de ley que posibilita el traspaso de competencias, para de una buena vez empoderar a las regiones y conseguir la tan anhelada descentralización de nuestro país.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, una vez más quiero expresar en esta Sala que el proyecto que nos ocupa viene a llenar el vacío legal generado a partir de la reforma constitucional de 2009 y que su único propósito es fijar las facultades que tendrá el presidente del Consejo regional.
Yo me alegro mucho de que en este Hemiciclo se hable tanto de descentralización y se hagan gárgaras con que Chile necesita -y así se le exige al actual Gobierno- apurar el tranco en esta materia.
Sin embargo, los gobiernos regionales tienen más de veinte años, y durante todo ese tiempo quienes vivimos en regiones hemos estado reclamando para tener administraciones locales con más facultades, autonomía y mayor financiamiento.
Hemos visto a ex Presidentes de la República comprometerse con la descentralización de Chile.
Hemos visto a Ministros del Interior firmar iniciativas para impulsar una regionalización verdadera, pero después, finalizados los respectivos gobiernos, ellas han quedado en cero.
Hace un par de sesiones dije que no es admisible seguir legislando a goteras. Porque los gobiernos regionales existen desde hace más de veinte años y solo ahora estamos posibilitando que los consejeros elijan al presidente del Consejo.
¿Cuánto tiempo más tendrá que pasar para que los gobiernos locales gocen de real autonomía y dispongan de los recursos necesarios para cumplir su rol de impulsores del desarrollo económico, social, cultural de las regiones?
Yo creo sinceramente que por fin hay un Gobierno que se atreve.
¡Nuestro país tiene una deuda pendiente con las regiones!
Siempre hablamos de desarrollo. Decimos que Chile llegará en un par de años al desarrollo. Pero no creo que ello ocurra si no nos preocupamos primero del progreso de nuestras regiones.
¡La ciudadanía de las regiones no aceptará nuevas dilaciones en materia de descentralización!
Los avances del último tiempo, incluido el proyecto de ley que nos ocupa, son muy pero muy tímidos. El actual Gobierno debe caminar decididamente para profundizarlos. Y para ello tiene que contar con una ruta clara y precisa a partir de las conclusiones a que arribe la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional.
No me parece apropiada la verborrea con que se le exige a la actual Administración apurar el tranco, pues -insisto- han transcurrido más de veinte años y nada se ha hecho. Y hoy día solo estamos aprobando el otorgamiento de mayores facultades al presidente del Consejo regional para dirigir este ente.
Las regiones necesitan autonomía, más facultades y mayor financiamiento, para que los entes locales sean responsables de decidir su futuro.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, Honorable Sala, vamos a generar un amplio acuerdo en torno a este proyecto de ley, que, sin duda, será respaldado unánimemente.
Sin embargo, es imprescindible ir al fondo de la discusión. Y al respecto, creo que los argumentos expuestos en la Sala han sido coincidentes.
Necesitamos autonomía regional.
Necesitamos dotar -como lo establece esta iniciativa- de mayores facultades al presidente del Consejo regional y regular su quehacer; por lo tanto, hay que avanzar en esa línea.
Necesitamos más transparencia.
Necesitamos -y esto quedó consignado en el debate- que la elección del presidente del Consejo regional se realice en votación pública y no sea producto de acuerdos secretos, de manera que se sepa cómo votan los integrantes de ese cuerpo colegiado; porque gran parte de ellos -si no la gran mayoría- postulan a sus cargos por listas o por coaliciones y establecen bloques políticos en las regiones, de acuerdo a las fuerzas que representan.
Por eso, es importante que aquello se traduzca en resultados electorales al momento de elegir al presidente o la presidenta de cada Consejo regional.
El proyecto que nos ocupa soluciona un problema práctico. Pero la cuestión de fondo es la "ley larga" sobre consejeros regionales.
¿Cuáles serán las facultades del Consejo regional? ¿Seguirá votándose proyecto a proyecto en cada comisión o habrá marcos presupuestarios?
¿Vamos a posibilitar que los consejeros fiscalicen los actos del gobierno regional y a los seremis y a los jefes de servicio, o simplemente limitaremos la facultad a algunos actos del Gobierno regional?
¡Esa es la gran discusión de fondo!
Por ello, me parece muy importante que el Senado haga un compromiso en la perspectiva de asegurar una tramitación expedita para el proyecto de ley que -no me cabe la menor duda- emanará de la comisión presidencial en lo que respecta a la elección directa de intendente.
¡Seamos claros! ¡Atrevámonos!
Chile es un país diverso, con quince regiones. La representación política será variada en cada una de ellas. Ya no estará solo la figura del intendente designado uniformemente desde el centro, a lo largo de todo el territorio nacional.
No tendremos las situaciones -como bien consignó el Senador Navarro- en que para abordar problemas profundos, como el terremoto de Arica-Iquique o el incendio registrado en Valparaíso, se designa un delegado presidencial.
¡Por favor, señora Presidenta!
¡A qué obedece la figura del delegado presidencial!
En el entramado institucional no existe. Es una creación del nivel central para sobreponerse a los liderazgos de las regiones y a las decisiones que se debieran tomar en ellas.
¿Cómo se vincula el delegado presidencial con los alcaldes? ¿Cómo se contrapone con los consejeros regionales electos?
Claramente, hoy día tenemos un híbrido en materia regional.
Por ello, el compromiso debe ser avanzar hacia un Estado regional, definido constitucionalmente, con facultades y atribuciones, no solo con elección democrática de sus autoridades, la cual, por cierto, es un gran avance en lo concerniente a los consejeros.
Pero esto va a entrar en pugna con la figura del intendente, quien hoy es designado por la Presidenta de la República y cuenta con todas las atribuciones del caso, mas no con la legitimidad popular frente a 14, 20 o 24 consejeros que fueron a las urnas, se midieron contra otros candidatos y ahora son expresión ciudadana de los electores de cada provincia.
¡Ahí está el conflicto!
Por último, estimo que la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, presidida por Esteban Valenzuela y conformada por un conjunto de académicos y destacadas autoridades provenientes de todo el país, deberá ir a la cuestión de fondo: el financiamiento.
Nada sacamos con tener intendentes regionales y consejeros regionales electos si no disponemos de recursos.
Es posible establecerles tributos regionales -impuestos y contribuciones efectivas- a las grandes plantaciones forestales, a los proyectos energéticos, a los proyectos mineros. Tributos de base regional solo en esa dirección.
Únicamente disponiendo de mayores recursos vamos a tener gobiernos locales que pongan en perspectiva a los habitantes, de acuerdo a sus intereses y vocaciones y sin esperar la llegada de una instrucción desde Santiago, para los efectos de planificar el desarrollo estratégico de cada región.
Voy a votar a favor, señora Presidenta.
No obstante, espero que ojalá dentro del mandato de nuestro Gobierno se envíe un proyecto de fondo para posibilitar la elección democrática de los intendentes y otorgar más atribuciones a los gobiernos regionales, con el objeto de avanzar hacia un Estado regionalizado, con mayor autonomía y más competencias para cada una de las regiones.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, considero que estamos frente a una oportunidad magnífica.
Digo "magnífica" porque hoy día preside la Comisión de Gobierno un Senador que fue alcalde y tuvo gran apoyo popular para hacer muchas transformaciones positivas en la comuna a la que representó: la de Puerto Montt.
Y se trata de una oportunidad magnífica también porque, como sabemos quienes conocemos de cerca el sector municipal -yo fui concejala, con mucho orgullo, de La Florida-, es muy significativo que desde el Congreso Nacional demos herramientas eficaces, eficientes y reales a un mundo que debemos transformar, no solo en el ámbito comunal, sino también en el de la regionalización.
Durante todos los gobiernos anteriores, tanto en los de la Concertación cuanto en el nuestro, mucho se habló de regionalización. Sin embargo, todas las grandes obras siguen creándose desde un escritorio en Santiago. No cabe ninguna duda. Y donde más se nota es en el gabinete del Ministerio de Obras Públicas. Así, las decisiones sobre las obras de infraestructura más importantes continúan tomándose en la Capital.
Por esa razón, señora Presidenta, creo que estamos ante una gran oportunidad para evitar que este tipo de proyectos de ley -a todos nos parecen positivos; por tanto, debemos apoyarlos y votarlos favorablemente- terminen siendo solo parches de algo que debe ser mucho más gordo y bastante fundamental: la mirada que queremos como país en materia de descentralización.
Aquello significa, por supuesto, que debemos estar dispuestos a perder poder frente a la autonomía de las regiones.
Señora Presidenta, con ocasión del debate de la reforma tributaria, una de las cosas que hemos criticado desde Amplitud es que no contempla la entrega de recursos a las regiones, en la idea de que ellas decidan, mediante los gobiernos locales, en qué los gastan.
Eso, a modo de ejemplo.
Y me referiré ahora a la elección directa de los intendentes.
He escuchado a muchos hablar aquí de la elección directa de los intendentes regionales.
Al respecto, debo recordar que firmé un proyecto de ley -soy coautora- hace ocho años, cuando era Diputada, pero nunca pasó nada con él. Jamás tuvo tramitación. Ningún gobierno nos dio crédito para tramitarlo, porque, en el fondo, la elección directa de los intendentes implica para el gobierno de turno, cualquiera que sea, una dispersión del poder total, tanto más cuanto que la función de dichas autoridades es representar los intereses de los habitantes de la región que las eligen y no los del Gobierno central.
Por esa razón, probablemente, en las regiones siempre estamos tan anclados.
Si sufrimos, por ejemplo, una sequía extrema, le pedimos al Presidente de la República -así lo hicimos nosotros mismos durante nuestro Gobierno- que designe un delegado suyo para enfrentar la crisis derivada de ella.
Ahora, desde la zona costera se le solicitó a la Primera Mandataria designar un delegado presidencial para enfrentar el drama provocado por el incendio ocurrido en Valparaíso, tal como se hizo en su momento en el caso del terremoto que asoló al Norte Grande.
Así, frente a una tragedia, ante cualquier desastre ocasionado por el hombre o por la naturaleza, podemos llenarnos de delegados presidenciales, quienes, por lo demás, tienen pocas facultades para intentar resolver, aunque sea emocionalmente, problemas derivados de la falta de poderío regional que afecta a nuestro país.
La verdad es que ni siquiera deberíamos pedir delegados presidenciales. Eso se hace, lisa y llanamente, porque no vemos a intendentes empoderados resolver las crisis y coordinar los servicios del Estado para atender situaciones de emergencia.
¡Esa es la verdad!
¿Por qué ocurre aquello? Porque las regiones no tienen competencias ni atribuciones suficientes y porque -esto es lo peor de todo- no existen los recursos necesarios, pues la decisión sobre ellos se sigue tomando en Santiago.
¿Qué dice la gente frente al delegado presidencial, quien debe tomar un avión para llegar a Iquique, por ejemplo, donde los habitantes se sienten profundamente abandonados, y con justa razón, pues -creo- les mandaron veinte mediaguas recién este fin de semana? ¡Que esa persona debe consultar a Santiago cómo tiene que entregar los recursos...!
Eso, también a modo de ejemplo.
Por ello, señora Presidenta, aun cuando apoyo el proyecto -porque sería absurdo negarnos a legislar sobre esta materia-, resulta esperable que durante la actual legislatura saquemos adelante la cuestión de fondo: la iniciativa de ley que significará perder poder en el nivel central para entregarlo a las regiones.
Eso es clave. Y debemos tomar conciencia y generar una reacción y una acción positivas frente a tal consecuencia.
Para ello, le manifiesto al titular de la Comisión de Gobierno -al alcalde "Rabi", como le digo yo- que contará con todo nuestro apoyo, pues creemos que una reforma de esta naturaleza es ineludible.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, hemos debatido este proyecto cuatro o cinco veces -no sé con certeza cuántas - en la Sala.
Me parece que lo más importante de la discusión, más allá del texto exacto que hoy estamos aprobando, mediante el cual se establecen las atribuciones mínimas del presidente del Consejo regional y la forma de elegirlo, es el diálogo que se ha ido generando en torno a la manifestación de una voluntad política que permite avanzar en un proceso de descentralización efectivo para nuestro país.
Yo rescato eso.
Algunos colegas, con razón, dicen: "No hemos progresado lo suficiente".
Otros se preguntan por qué discutimos esta materia cuando deberíamos estar abocados a las atribuciones de un Gobierno regional autónomo, elegido libremente, con un intendente generado en forma democrática, con competencias y atribuciones suficientes para llevar adelante un proyecto de desarrollo a nivel tanto regional como local.
Pienso que son argumentos válidos y lógicos.
Sin duda, podríamos haber progresado más. Y este proyecto, aunque de repente parezca inoficioso, también avanza un poco. Porque establece, primero, la existencia de un presidente del Consejo regional, y segundo, la generación indirecta de esta autoridad, por pares elegidos democráticamente, que comparte roles protocolares con el intendente, quien es el representante del Ejecutivo, del Presidente de la República.
¿Y por qué creo que este debate sirve? Porque pone más en evidencia que nunca la necesidad de que en una próxima elección de consejeros estemos en condiciones de elegir en forma directa al jefe del Gobierno regional: un liderazgo democrático, empoderado; con una propuesta de desarrollo local, que pueda ser debatida, dialogada y definida en la propia región, de acuerdo a su realidad.
Ese objetivo político, que se contenía en el programa de Michelle Bachelet y formó parte del debate en las campañas presidenciales -durante las primarias el representante de la Alianza y otras candidaturas también plantearon la descentralización como eje central-, debe llevarnos a buscar consensos en el sentido de que es menester que, junto con la figura de un jefe del Gobierno regional elegido directamente, al igual que los cores, existan las atribuciones y las competencias indispensables para ejecutar las propuestas programáticas que se les formulen a los ciudadanos.
La capacidad de gestión y las competencias administrativas, financieras y políticas son lo que deberemos discutir a propósito del famoso proyecto de "ley larga".
Yo espero, señora Presidenta, que este debate sea la base, el sustento para avanzar en la descentralización. Porque aquí prácticamente todos hemos hablado a favor de ese proceso; de la urgencia de dar mayor autonomía a los gobiernos regionales, pero, sobre todo, en lo concerniente a su gestión y a su futura capacidad de acción.
Ese es el tema.
Al respecto, señora Presidenta, sería bueno que el Senado fijara con el Gobierno un calendario exprés, muy acotado, para el despacho del proyecto de "ley larga".
Que el presidente sea elegido de entre los miembros del Consejo, que la subrogación sea por no sé quién, que la censura se presente no sé cómo, que el remplazante tenga tales características, etcétera, todo eso, comparado con la urgencia de definir en nuestro país una reforma estructural que garantice una descentralización objetiva y potente, no reviste mayor significación.
Ese cambio espera la gente en nuestras regiones. Y a eso debemos atrevernos.
Creo que en ello no existen medias tintas ni puede haber alguna gradualidad. ¡El paso gigantesco hay que darlo, y de una vez!
La voluntad política expresada en el Senado por todos los sectores amerita la aprobación de un proyecto de descentralización real y efectiva en el más breve plazo.
Voto a favor.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, siento que en esta iniciativa de ley nos hemos dado muchas vueltas, por varios meses, incluso desde antes de que concluyera el Gobierno del Presidente Piñera.
Eso tiene que ver con que en los últimos veintitrés años hemos hecho muy pocos cambios para lograr el robustecimiento de la institucionalidad de los gobiernos regionales. Ello, porque a veces entendemos poco la lógica de "la región". Hablamos mucho sobre las regiones, pero en materias presupuestarias y otras terminamos centralizando la toma de decisiones.
Ahora tenemos un debate surgido fundamentalmente de la manera de elegir a los consejeros regionales, en torno a lo cual hubo bastantes cuestionamientos. Y el tiempo nos ha ido dando la razón a quienes planteamos algunos en 2013. Se improvisó un tanto, incluso en la forma de la elección.
Aquello, por supuesto, no significa que no estemos por más democracia. Y bienvenida la elección de los intendentes. El problema emana de que no podemos sacrificar el sistema. Porque, señora Presidenta, tras la "ley larga" y la elección democrática de los intendentes no existirá un sistema federal.
Por lo tanto, el tránsito no será fácil.
Con todo, me parece que hoy estamos en el peor de los mundos, pues existen dos normas que señalan caminos distintos para la presidencia del Consejo regional: de un lado, la que dice que es presidido por el intendente, y de otro, la de 2009, conforme a la cual el presidente es elegido por los miembros del referido ente.
De alguna forma, aquello se empieza a encauzar con un reciente dictamen de la Contraloría. Y por eso hoy nos vemos obligados a normar la materia.
Desde todo punto de vista, dejar las cosas como están es el peor de los mundos.
Señora Presidenta, a la ley en proyecto la he denominado "ley campana", porque, en esencia, no hace más que permitir que el presidente del Consejo toque la campana; en lo demás, establece formalismos mínimos, como elaborar la tabla, citar a sesiones, suspender sesiones, cosas elementales en cualquier presidencia.
En consecuencia, esta "ley campana" no persigue otro propósito que el de zanjar una situación que tiene en crisis a varios consejos regionales.
Por cierto, este no es el momento de distribuir recursos cuantiosos, más todavía considerando que el Gobierno anterior dejó comprometidos, si no aprobados, muchos presupuestos en los primeros meses de 2014.
Sin embargo, como sea, hay que resolver la materia que nos convoca. El debate de fondo tendrá lugar, como decía el Senador Pizarro, a propósito del proyecto de "ley larga". Y durante él incluso deberemos explorar escenarios en torno a lo que ocurrirá cuando se elija a los intendentes.
Entonces, me quedo con el trabajo que hicieron los miembros de la Comisión de Gobierno -son muy valiosos, por ejemplo, los puntos que expuso el colega Orpis-, pues posibilita que todos los gobiernos regionales elijan a su presidente.
Alguien preguntaba qué va a suceder con los intendentes.
Ellos serán oídos; participarán, como siempre, en la discusión de presupuestos con el nivel central, con Hacienda y otros ministerios. Y no puede ser de otra manera, pues el intendente sigue siendo, en este y en todos los proyectos, el responsable final de la inversión pública.
Insisto: si bien hay cambios que envuelven formalismos, lo peor sería dejar la situación en la incertidumbre, más aún a la luz del reciente dictamen de la Contraloría.
Voto a favor.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, yo estoy aquí porque fui elegido por una región que tiene un problema permanente: su condición de zona extrema.
Y estoy aquí también porque voy a defender la obra de nuestro Gobierno.
Duramos ocho años,...

El señor ROSSI.- ¡Fueron solo cuatro, colega...!

El señor MOREIRA.- ... pero hicimos una buena gestión en algunas materias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón por corregirlo, Su Señoría, pero ¡solo duraron cuatro años...!

El señor NAVARRO.- ¿Se está refiriendo al Gobierno pasado o al militar...?

El señor MOREIRA.- No estoy contando los diecisiete años, señores Senadores.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Prosiga, Su Señoría.

El señor MOREIRA.- Yo quiero dejar establecido aquí un punto, señora Presidenta.
El año 2011 -algo se ha dicho en la Sala- el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ingresó al Parlamento un proyecto de ley sobre descentralización que resolvía el problema que se nos presenta hoy y que, además, avanzaba profundamente en distintos tópicos relacionados con el proceso pertinente, pero de manera principal en lo relativo al traspaso de competencias.
Empero, hay que recordar -y es del caso dejar constancia de ello- que dicha iniciativa se votó a favor aquí, en el Senado, pero fue parada en la Cámara de Diputados precisamente por los partidos de la Nueva Mayoría.
Así, ahora nos vemos forzados a votar este proyecto de "ley corta".
Señora Presidenta, si queremos un país descentralizado de verdad, es menester retomar el trabajo que empezamos en 2011 -sin tener complejos en cuanto a quién presentó la iniciativa-, que propende a una verdadera ley de descentralización y que es susceptible de aportes y perfeccionamientos.
¡No nos quedemos atrás!
La Presidenta de la República creó una comisión: nos parece muy bien. Pero de repente hay señales con algún grado de contradicción.
No tenemos por qué dudar del interés de la Presidenta de la República por avanzar en la descentralización de nuestro país. Pero yo no entiendo por qué el Gobierno hace en la Comisión Especial de Zonas Extremas una presentación donde curiosamente, cuando se habla de "zonas extremas" y de "zonas aisladas", no se reconoce como tal a una que claramente es extrema: la provincia de Palena, perteneciente a la Región que representamos con el Presidente de la Comisión de Gobierno, don Rabindranath Quinteros.
Me parece del caso, pues, que el Ejecutivo rectifique e incorpore en la calificación respectiva a la provincia de Palena.
Señora Presidenta, cuando hablamos de "descentralización" es indispensable dar señales claras y positivas.
Mucho se dice sobre la elección del intendente en forma democrática.
Bueno: suena bien. Pero vamos paso a paso. Veamos primero qué sucede con los cores.
En todo caso, la descentralización de nuestro país no pasa por la elección democrática del intendente: lo más significativo es que el Ejecutivo y el Congreso Nacional generen compromisos para que la descentralización no sea solo poesía.
En este proyecto de ley hemos visto el trabajo de la Comisión, y en particular el de nuestro Senador Jaime Orpis, quien ha tenido permanente preocupación por la materia que nos ocupa.
En esta oportunidad votaré a favor.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, creo que todos concordamos en que estamos resolviendo un problema puntual derivado de un vacío existente en nuestra normativa legal: necesitamos que el presidente del Consejo regional tenga competencias básicas dentro del marco institucional vigente.
Entiendo también que el Consejo que nombró la Presidenta Bachelet va a hacer durante el segundo semestre una propuesta en que habrá más claridad sobre el traspaso de competencias, facultades, atribuciones, y además, en cuanto a la elección de ciertas autoridades, entre otras la del intendente.
Sin embargo, mi preocupación mayor emana de que aquello no tendrá eficacia si no lleva aparejado una distribución de la estructura tributaria, toda vez que ya se abrió el debate sobre la reforma tributaria, la cual no consigna ningún aspecto -al menos conocido hasta ahora- relacionado con alguna modificación en el ámbito de la inversión fiscal, ni tampoco con la creación de impuestos regionales.
Creo que eso podría quedar en suspenso, toda vez que no imagino una segunda fase de cambios tributarios tras la gran reforma que se debate en este momento en la Cámara de Diputados y que nosotros deberemos analizar durante las próximas semanas.
Por la misma razón viene mi solicitud de hacer más claro el sentido de la votación que estamos efectuando en este momento.
En consecuencia, voy a votar que sí en el entendido de que en la discusión de la reforma en comento se incorporarán las dimensiones de los tributos regionales, pero no solo fiscales, sino también algunas enmiendas sobre tributos locales permanentes y acumulables; y de que además se verá todo lo concerniente a la descentralización, al traspaso de competencias, facultades y atribuciones, y a mecanismos más democráticos para la elección de autoridades regionales.
En ese entendido y en tal contexto, voto que sí.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, quisiera manifestar mi respaldo a esta iniciativa, sin perjuicio de dejar constancia también de la inquietud que se ha recogido en el debate habido aquí.
El Senador Quinteros decía: "Han transcurrido más de veinte años y no ha pasado nada en materia de descentralización".
Su Señoría tiene razón: yo llevo veinte años en esta Corporación, y la verdad es que he visto poca voluntad real para hacer una descentralización, para fortalecer a las regiones.
Por ejemplo, la circunscripción a que pertenezco es el patio trasero de la Región del Maule. Sufrimos el problema de la doble centralización que existe en muchas partes de nuestro país: primero, la que depende de Santiago, y después, en regiones, la que depende de la capital regional. Y eso, por la muy simple razón de que a nadie parece gustarle desprenderse del poder: quienes lo tienen en Santiago no quieren soltarlo; aquellos que lo tienen en Talca, en el caso de la Región del Maule, tampoco.
Esa es la situación que nos afecta. Tal es la verdad del asunto: no hay voluntad. Y ello, por muchas razones: hasta por desconfianza en la competencia y capacidad locales para resolver problemas muy graves, los que ¡solo pueden solucionarse en Santiago...!
Aquel es el sentimiento con que uno ha venido bregando durante estos años. Y por eso no avanzamos.
A mi entender, ese es el tema de fondo.
En tal sentido, la división que derivó en el proyecto que nos ocupa hoy vuelve a reflejar el poco compromiso que existe para resolver estas materias.
Creo que hay que apoyarlo, porque se da un paso, pero menor.
¡Si no va a existir descentralización mientras en las regiones no haya atribuciones y recursos reales!
Segundo: aquí se apuesta mucho a la elección del intendente.
Yo no soy partidario de la elección del intendente, pues creo que generará una distorsión en nuestro sistema de gobierno.
¿Qué ocurriría si la mitad de los intendentes fueran de Oposición? Considero que ello ocasionaría problemas de gobernabilidad relevantes, que podrían incluso perjudicar a algunas regiones.
En cambio, podríamos fortalecer a las regiones desde otra perspectiva.
En su momento vamos a plantear la creación de una Asamblea Regional, donde se incorpore no solo al Consejo Regional sino también a los alcaldes, a los concejales y a los parlamentarios, para generar una instancia de reflexión local capaz de definir cuestiones como la estrategia de desarrollo de la región y a la que quizá pueda consultarse necesariamente cuando se aborden asuntos legislativos relevantes y con impacto para determinada región.
Me parece que esa es una vía de participación más acorde con nuestra idiosincrasia. Y ahí todas las autoridades locales elegidas, uniéndose al Consejo regional, podrían pensar la región como una sola unidad.
En mi opinión, ese es un paso absolutamente imprescindible.
Otro paso que estimo necesario es la evaluación de una vez por todas de las regiones existentes.
Ellas fueron hechas en un escritorio hace 35 años. Y desgraciadamente, a pesar del avance que eso significó en su momento, la realidad es que las regiones son muy desestructuradas.
Tenemos que ir, o a regiones macro, con mucha fuerza y poder, o al revés.
En el caso de mi Región, yo soy partidario de crear la Región del Maule Sur: no tiene sentido seguir dependiendo, como lo hemos hecho hasta ahora, del Maule Norte, pues solo hemos obtenido perjuicios.
No hay dos opiniones hoy día en el Maule Sur.
Hace veinte años, eso no se podía hablar. Actualmente existe convicción.
También hemos de hacer el esfuerzo de revisar qué sentido tienen las provincias y las gobernaciones. Son un chiste: se trata de relacionadoras públicas del Gobierno regional o del Gobierno nacional.
Bueno: esos son los temas de verdad, que en mi concepto no se resuelven con el proyecto que nos ocupa. Y seguimos postergándolos.
En tal sentido, también me sumo a la frustración, porque veo que los gobiernos -no estoy hablando de alguno en particular- no tienen voluntad de desprenderse del poder.
Mientras no cambiemos eso, Senador Quinteros, las regiones seguirán esperando.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señora Presidenta, comparto lo dicho por algunos colegas en cuanto a que este es un debate que se ha dado en reiteradas ocasiones.
Claro: uno tiende a no querer intervenir. Pero al escuchar las exposiciones nos damos cuenta no solo de la importancia que reviste esta materia, sino además de la poca voluntad política que ha existido durante muchos años para avanzar en el fortalecimiento de las regiones, lo cual tiene que ver con otorgar autonomía para la administración de los recursos; con proporcionar instrumentos de gestión, de desarrollo productivo.
Existe una cultura centralista muy arraigada, diría. Basta observar lo que sucede cuando un Ministro de Estado -del Gobierno actual o del anterior- va a una Región: desaparece el Secretario Regional Ministerial. O sea, media una desconfianza muy profunda en el capital humano y las capacidades en el ámbito local. Y tenemos que hacernos cargo de eso.
El Senador que habla va votar a favor del proyecto que nos ocupa, pero piensa que fue una muy gran torpeza transitar por este camino, porque en la actualidad se tramita en la Cámara de Diputados una iniciativa que aborda la cuestión de fondo, que tiene que ver justamente con la forma como les entregamos herramientas a las Regiones, como les transferimos poder, como les otorgamos atribuciones a sus autoridades para tomar las riendas de los asuntos públicos en cada zona, en cada territorio.
Sin embargo, estamos subsanando un problema que surge por una resolución de la Contraloría que me merece reparos. Fíjense, Sus Señorías, que en algunos lugares incluso se eligieron presidentes de Consejo Regional. No cuentan con ninguna facultad, y la verdad es que hoy día tampoco les estamos dando muchas. ¿Cuáles les estamos asignando? La de conformar la tabla; la de dirigir la sesión. Al Consejo Regional le conferimos la de rechazar, por dos tercios, la urgencia que imponga el intendente para tratar una determinada materia. Estimo positivo que su Presidente acompañe al Intendente en la discusión presupuestaria, en Hacienda, como aquí lo planteaba el Honorable señor Orpis. Pero si se analizan las funciones y atribuciones que se le entregarían a la figura que estamos creando, cabe concluir que son bastante pobres, en realidad. Entonces, se trata de algo muy contradictorio, y creo que constituye una mala señal para el país.
Otro camino que podríamos haber recorrido es el de la generación de un espacio de diálogo con la Contraloría y de pedir una reinterpretación.
Tengo un punto de vista personal. A mi juicio, lo que debería ocurrir es que se despachara la Ley Orgánica Constitucional para justamente elegir al presidente del Consejo Regional, con las facultades que ella le otorga, y no algo que nadie entiende mucho, como es una autoridad, una figura en la Región, sin ningún poder de decisión real.
Una discusión muy interesante es aquella a la cual nos ha convocado el Senador señor Larraín, porque las Regiones efectivamente se configuraron en un momento de nuestra historia en que Chile no era lo que hoy. Muchas veces se han creado con la idea de que eso va a ser muy positivo para la comunidad. También es el caso de las comunas, porque se cae en una lógica de populismo o de demagogia en el sentido de que la gente puede pensar que tal medida le va a resolver todos los problemas. Pero, muy por el contrario, es algo que a veces los agudiza y profundiza.
Espero que la mirada que hace falta se dé en la Comisión que se ha conformado para descentralizar el país. Ojalá que justamente emanen de ella las conclusiones en orden a cómo ser capaces de derrotar nuestra tremenda segregación territorial. La que exhibimos está dada por muchos factores, no solo por condiciones geográficas. Hay comunas más pobres, y la gente que habita en ellas naturalmente se encuentra en una situación totalmente distinta, a veces con muchas menos herramientas para salir de esa condición. Entonces, resulta deseable que el próximo semestre logremos avanzar en un proyecto que permita obtener una verdadera regionalización y una distribución importante del poder a nivel territorial.
Pero, bueno, estamos en la presente coyuntura y habrá que aprobar. Como dije, hay presidentes de Consejo Regional elegidos: alguna función tendremos que darles. Mas evidentemente no se resuelven los problemas y no se contemplan los incentivos que nos hemos planteado.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, me cuesta bastante comprender la dinámica de esta Corporación. Me parece que estamos todos de acuerdo respecto del tema y que a lo mejor habría que separar un debate de fondo, porque la cuestión no es así no más: las asambleas locales que nos plantea el Senador señor Larraín estaban en la Constitución de 1925.
Algo pasa en Chile, con una sociedad construida desde el Estado hacia abajo que no ha logrado generar dinámicas. Porque no se trata solo de una dificultad administrativa. Ello tiene mucho que ver con la forma como se han constituido social y culturalmente las regiones, que quiero subrayar que no son homogéneas. No puede haber un solo modelo. ¡Si son muy heterogéneas, muy diversas en su nivel histórico y su constitución social, política, económica! Por ejemplo, la del Biobío es una Región con una tremenda historia, en particular Concepción; también la de Magallanes, y algo la de Coquimbo en la época de la comuna autónoma, en fin.
Creo que uno de los factores que más nos han impedido avanzar, sin embargo, es la pretensión de disponer de un solo modelo, de no contar constitucionalmente con la posibilidad de diversificar. Ello sí existe en el nivel municipal, mas no en el regional, paradójicamente.
Comparto que hay un problema desde los límites. Hasta hace poco tiempo el nombre se encontraba ligado a un número romano más que a una historia. En México, donde viví, cuando se hacía referencia a regionalización, a descentralización, se aludía a Oaxaca, por citar un caso, a realidades muy constituidas como tales y, además, muy diversas, lo que se reconocía. Nosotros tendemos a tratar todo como si fuera igual.
Más que en relación con la Metropolitana, la gente está muy enojada con el centralismo al interior de las otras Regiones, aspecto recién mencionado por mi Honorable colega Larraín, porque encuentra que las decisiones se toman en función de la ciudad principal y en detrimento de las demás. Ello tiene que ver con un nivel de constitución social, política, cultural.
Tan distintas son algunas que, desde el punto de vista de la educación, por ejemplo, las tres regiones del norte más las dos del sur representan el 6 por ciento de la matrícula en el país. Ningún modelo educacional para ellas puede ser similar al del resto, donde se registra el 94 por ciento de la matrícula.
Entonces, pienso que es bien importante que nos demos tiempo para reflexionar más sobre estas cuestiones, porque existe una historia.
Cuando se discutió el proyecto de Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en 1992, que trató de darle un cuerpo a la institución, Edgardo Boeninger era el más realista en el debate. Decía: "Aquí no hay regiones de verdad. Están empezando a vislumbrarse como tales. Requieren procesos para constituirse". Porque históricamente se hicieron de arriba para abajo. Fue el Estado Central el que las configuró, modelo distinto al de otros países.
Señalo esto porque todos han intervenido, pero deseo consignar que a mí me preocupa la Región Metropolitana. Porque tenemos que discutir qué vamos a hacer. Es una Región también con muchas singularidades. Existen ministerios que se dedican solo a ella. ¿Por qué? Porque carece de un gobierno metropolitano.
Cabe asimismo pensar en Valparaíso y, probablemente, en Concepción.
¡Imaginen los señores Senadores lo que son 54 comunas sin ninguna coordinación efectiva! Porque esa es la realidad. Basta tener en cuenta la cuestión de la basura. ¡Todavía no tenemos una respuesta a la altura de la cantidad de toneladas que se generan diariamente! Numerosos países ya están produciendo energía a partir de mucho menos. ¿Y por qué se plantea la dificultad? Porque no hay un gobierno metropolitano.
¡Para qué hablar de las aguas lluvias!
En relación con la vialidad, se plantea la necesidad de poner de acuerdo a dos comunas por donde pasa una misma vía. Tiene lugar el crecimiento urbano.
Junto a todo el debate, deseo insistir, en todo caso, en que es preciso contemplar las especificidades. Las regiones son distintas. Es preciso contar con modelos a lo mejor diferenciados. Y, dentro de todo eso, estimo que la Región Metropolitana requiere una respuesta apropiada, lo que le va a servir al resto del país, no solo a ella. Sería bueno que incorporáramos el punto dentro de la discusión.
En el proyecto original -el "de fondo", como es llamado aquí-, ese aspecto se consideraba. En algún momento se sacó. No sé por qué. Alguien lo hizo. No sé en qué Gobierno ocurrió, en realidad. Pero creo que es muy importante tratar a Santiago con una especificidad propia.
Estoy de acuerdo con el proyecto, al igual que todos lo que se han pronunciado.
Muchas gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir la Honorable señora Goic.

La señora GOIC.- Señora Presidenta, la verdad es que el debate se ha planteado ya. Y lo destacaba quien me antecedió en el uso de la palabra, el Senador señor Montes. Este es un proyecto que nos habría gustado abordar de otra manera.
Todos entendemos la necesidad de respaldar la iniciativa, para regularizar una situación y responder algo que se dio a destiempo de la discusión, más de fondo, sobre la transferencia de competencias y cómo dotar de atribuciones a los gobiernos regionales. Pero inevitablemente es preciso intervenir, porque además se ha hecho un esfuerzo, dentro de lo acotado que era el texto, de mejorarlo un poco. A mi juicio, todos tenemos la sospecha de que, a pesar de los discursos, no vamos a avanzar tan rápido como nos gustaría.
Por mi parte, quiero más bien expresar la necesidad de aprovechar de alguna manera la expresión de voluntades que se ha registrado en cuanto a que las regiones efectivamente han de tomar las riendas de su desarrollo, a que avancemos en la descentralización. Y eso necesariamente requiere transferir competencias. He revisado el proyecto aprobado en la Cámara y reflexiono que el ritmo va a seguir siendo muy lento si cada una de las medidas con tal finalidad va a pasar por una ley específica. Me parece que estamos en un escenario bastante propicio para dar pasos efectivos.
Deseo traer al debate y contar la experiencia que hemos tenido en Magallanes a raíz de la construcción, en forma participativa, del plan especial como zona extrema. Algo que han repetido todos los actores, tanto en comunas más alejadas de Punta Arenas y menos pobladas como en reuniones más masivas, justamente tiene que ver con la forma como somos capaces de administrar el territorio tomando las decisiones en la Región.
En un estupendo seminario, por el cual felicito a las autoridades del Gobierno regional y también de la Subsecretaría, a los gobernadores, creo que conversamos por primera vez las Fuerzas Armadas, el Instituto Antártico Chileno (INACh) -entidad que, además, es un ejemplo de descentralización, ya que se trasladó desde Santiago a Punta Arenas por la relevancia que exhibe en relación con su objetivo-, los cuatro parlamentarios de la zona, asumiendo, con una visión mucho más de Estado y de mediano plazo, lo que queríamos hacer en términos de administración del territorio. Todos coincidimos en lo mismo y volvimos a ejemplos que se dieron hace varios años.
A mí me correspondió, en su momento, ser Secretaria Regional Ministerial de Planificación, y observé cómo se pasó de los convenios de programación -un negocio para la Región, en el buen sentido, con recursos que se atraían del nivel central- a la sustitución de la inversión del Ministerio de Obras Públicas o del Ministerio sectorial por fondos regionales; o cómo, a pesar de encontrarse los dineros aprobados, fue preciso dejar truncas iniciativas en materia social, donde he tenido la posibilidad de trabajar con mayor énfasis.
Recuerdo un programa especial para adultos mayores discapacitados en el que se contaba con la infraestructura disponible y básicamente se necesitaba costear el equipo humano, conforme a un programa financiado por cinco años, y, por determinar la Dirección de Prepuestos que no se podía utilizar para esos fines, a los dos años tuvimos que dejarlos sin un servicio de excelencia que podíamos prestar.
Entonces, uno concluye: "Estas son las cosas que tenemos que resolver. Es preciso reafirmar que la Región tiene la capacidad suficiente". Al respecto, siempre he sido defensora de las Regiones, y en particular la de Magallanes, que ha demostrado su competencia cuando se entrega la posibilidad de decidir sobre recursos y cuáles son los énfasis que queremos dar a nuestro desarrollo; pero una estructura centralizada y con predominio de la lógica de Hacienda, de gasto anual, de cumplimiento de ciertas metas, atenta contra ese último propósito.
Así que solo deseo consignar que espero que el proyecto al que todos aludimos permita una descentralización efectiva y genere mecanismos más rápidos para que las Regiones tengan esta oportunidad. Se pueden hacer transferencias de competencias específicas.
Y en el caso de Magallanes cabe subrayar, sobre todo, lo que tiene que ver con la administración de territorio en materias como el turismo, la administración de parques nacionales o de áreas silvestres protegidas, que es el sello regional por esencia.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, me parece muy importante y valoro que estemos discutiendo lo que de alguna manera es el proyecto de "ley larga". Cada uno de los actores, en especial quienes representamos a Regiones, estamos dando a conocer nuestros puntos de vista y nuestra preocupación por la lentitud que ha registrado el proceso de descentralización.
¿Porque quiénes resuelven acerca de lo que ellas van a disponer? Obviamente, cada Consejo puede intervenir en la aprobación y destinación de recursos que contemple el presupuesto regional; pero un porcentaje muy importante es definido en Santiago, en el Poder central.
Mis Honorables colegas son testigos, en lo que dice relación con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, de las súplicas de alcaldes y parlamentarios a fin de conseguir algunos fondos para que sea posible comprar un terreno, apoyar un proyecto, etcétera. ¿Y eso de quién depende? No del Congreso ni tampoco de la Región, sino del ciudadano que está de turno en dicha repartición. Esa es la verdad.
Queremos que el máximo posible de recursos y atribuciones se traslade a quienes fueron elegidos ahora popularmente en sus cargos, porque juzgo que este hecho legitima mucho más la decisión de cada una de las Regiones de designar a quienes tienen que destinar los recursos que se van a invertir en ellas.
Y aprovecho para decir que comprendo y comparto lo expresado por el Senador señor Larraín.
Aquí se plantea una cuestión cultural: cualquiera que sea el Gobierno, no quiere desprenderse de poder en favor de las Regiones. Este es un aspecto histórico. Tal como lo expuso el Honorable señor Montes, las asambleas provinciales estaban contempladas en la Constitución de 1925.
La que señalo es una cuestión de centralismo que ha existido históricamente, pero creo que las Regiones están hoy día mucho más empoderadas. Y, como parlamentarios que las representamos en el Senado, asimismo tenemos que empoderarnos más.
En lo personal, también deseo manifestar mi preocupación, porque hemos de darles a los actuales consejeros regionales los apoyos que necesitan para hacer bien su trabajo. La Región que represento tiene 33 comunas, y ellos tienen que resolver los recursos de todas, si bien son elegidos por ciertas provincias. Cada día hay más comisiones, por la especialidad de la zona y los proyectos en ella, y cada día les estamos solicitando más tiempo a quienes se desempeñan en el cargo, y no es presentable que no dispongan de asesorías, de los funcionarios necesarios para desarrollar su misión; como tampoco lo son las dietas que reciben.
Si queremos profesionalizar y empoderar a nuestros consejeros regionales, el Gobierno tiene que ponerle la máxima urgencia a la iniciativa que está hoy día en la Cámara de Diputados.
Voy a votar a favor del proyecto, porque creo que va por el camino correcto, pero quiero dejar una aprensión. El nuestro es un país unitario, y, ante la eventualidad de la elección del intendente, me pregunto con qué representante en la Región se va a quedar el Presidente de la República. Tenemos que hacernos esta consulta.
A mi juicio, es fundamental que el Primer Mandatario cuente con un representante regional. Si no, se puede crear un conflicto cuyas proyecciones son difíciles de analizar.
Repito que somos un país unitario. Si fuéramos un país federal, sería distinto. Por lo tanto, tampoco comparto la elección de quien va a representar al Jefe del Estado. Porque el Presidente del Consejo Regional podría a lo mejor ser designado popularmente en el futuro -hoy día lo nombran los consejeros regionales, punto también por debatir-; pero creo que sería sumamente complejo privar, en un Estado unitario, de la posibilidad de que el Primer Mandatario tenga su representante en la Región y que se podría abrir un flanco de conflictos difícil de imaginar.
Por eso, señor Presidente,¿

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se agotó su tiempo, señor Senador, pero puede terminar.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Perdón: señora Presidenta. Le presento mis excusas, pero el error obedece a la costumbre que hemos mantenido durante largo tiempo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Son 204 años.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Así es.
Repito que voy a pronunciarme a favor, pero estimo fundamental seguir trabajando en un proyecto de ley larga que no lo sea tanto como ha ocurrido hasta el día de hoy.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Finalmente, tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, en mi primera intervención básicamente me referí al contenido del texto objeto del debate.
En el curso de las intervenciones de los distintos señores Senadores, sin embargo, la discusión ha escapado largamente del propósito de la iniciativa de reforma en análisis, que pretende resolver un problema coyuntural, cuales son las facultades del Presidente del Consejo Regional. Porque el cargo, de acuerdo con el artículo 113 de la Constitución, está plenamente vigente desde 2009, año a partir del cual los integrantes del organismo han podido elegir a quien lo desempeñará.
Y quiero plantear una reflexión al Senado.
Es unánime en el país -y creo que ha surgido del debate- que uno de los grandes temas pendientes es el de la descentralización. Por lo tanto, es urgente.
¿Qué me preocupa a mí, en ese ámbito? Que no tenemos un calendario. Hoy, en materia legislativa, el Senado aprobó la ley orgánica, que, tal como señaló el Senador Rossi, aborda asuntos importantes de la descentralización, que tiene que ver, a mi juicio, con autonomía económica y transferencia de competencias, como elementos centrales, además del político.
¿Qué ha ocurrido, en la práctica, en términos políticos? Se nombra una comisión, que debe resolver en seis meses. La cuestión es: ¿después de medio año no se ha fijado ninguna fecha para ingresar los proyectos de ley relacionados con la descentralización?
Y llamo a reflexión al Senado respecto de una sola disposición.
Yo me pregunto: ¿necesita seis meses una comisión para llegar a ciertas conclusiones y modificar el artículo 114 de la Constitución? Este precepto señala que "La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente podrá" -es facultativo- traspasar competencias. Si hay unanimidad en descentralizar, una comisión no requiere seis meses para cambiar la palabra "podrá" por "deberá", con el objeto de que efectivamente se transfieran competencias en las condiciones que determine la ley orgánica respectiva.
Por lo tanto, señora Presidenta, el llamado que yo hago al Ejecutivo y al Parlamento es a no paralizar la tramitación de la ley orgánica, para poder seguir avanzando.
En cuanto al artículo 114, anuncio desde ya que en los próximos días voy a presentar una reforma constitucional para modificarlo, por cuanto no hay que esperar seis meses para cambiar la palabra "podrá" por "deberá". Si yo quiero transferir competencias de acuerdo a lo que señale la ley orgánica respectiva, basta modificar tan fundamental concepto de esa disposición de la Constitución Política.
Y también hago un llamado a la Cámara de Diputados, para que actuemos de manera independiente de las comisiones que se formen a nivel ejecutivo. ¿Por qué siempre tenemos que depender de las urgencias que coloque el Gobierno? Perfectamente los parlamentarios podemos poner los proyectos en tabla y seguir avanzando en estas materias.
Creo que la peor señal que podemos entregar como Parlamento es paralizarnos frente a una comisión; no continuar progresando en el ámbito de la descentralización, y no hacer la modificación constitucional correspondiente al artículo 114. No es necesario esperar seis meses el resultado de una comisión para algo tan evidente si efectivamente queremos avanzar en el traspaso de competencias a los gobiernos regionales.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- No hay más Senadores inscritos.
Señor Secretario, consulte a la Sala.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueban las enmiendas unánimes introducidas por la Comisión de Gobierno (35 votos favorables y una abstención), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Ossandón.


El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, señores Senadores, la Sala debe pronunciarse sobre la única proposición de la Comisión aprobada por mayoría, referida a la moción de remoción del Presidente del Consejo.
Por mayoría de sus integrantes (4 votos a favor y una abstención), la Comisión propone suprimir, en el inciso cuarto del artículo 30 bis, la coma (,) y la frase "no tendrá discusión" que siguen a las palabras "en ejercicio". Vale decir, el tratamiento de la moción de remoción no tendría discusión.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero recordar a Sus Señorías que se autorizó para funcionar en paralelo con la Sala a la Comisión Especial que está analizando la tragedia que vivió Valparaíso. Así que vamos a esperar un par de minutos para que alcancen a llegar los Senadores miembros de esa instancia, pues esta norma también es de quórum especial.

El señor ORPIS.- Que se toquen los timbres y mientras tanto que se abra la votación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Los timbres ya están sonando, señor Senador, de modo que deberían estar empezando a bajar.
En todo caso, podemos abrir la votación para que aquellos que están en la Sala puedan comenzar a votar.
Si no hay objeción, así se procederá.
Acordado.
--(Durante la votación).

El señor LABBÉ (Secretario General).- La señora Presidenta ha puesto en votación la proposición de la Comisión que figura en la página 9 del texto comparado, tercera columna. Al igual que las ya aprobadas, es de quórum orgánico constitucional.
Quienes estén de acuerdo con dicha proposición deben votar que sí, y quienes estén en desacuerdo, que no.
La Comisión aprobó la enmienda por cuatro votos a favor (de los Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina y Quinteros) y una abstención (del Senador señor Pizarro).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Ya han llegado los miembros de la Comisión Especial.
Se requieren 21 votos favorables.
A los Senadores y Senadoras presentes en la Sala les ruego emitir su pronunciamiento, pues algunos todavía no lo han hecho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina, para fundamentar su voto.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, trataré de ilustrar el debate.
Aquí toda la diferencia está en lo que yo señalé cuando hice mi exposición.
Me parece de sentido común, y además implica respetar una garantía constitucional, que la petición de remoción del Presidente del Consejo dé lugar a una discusión o un debate. Porque la norma que viene de la Cámara de Diputados establece que, presentada la moción de remoción, sin discusión -o sea, sin derecho a defensa y sin ninguna posibilidad de que el afectado plantee sus puntos de vista-, se puede destituir a esa autoridad. Para mí, lo razonable es que haya un debido proceso que incluya el derecho a la bilateralidad de la audiencia, consistente en que quien sea objeto de una moción de remoción pueda señalar, para la historia fidedigna de las actas de la sesión de la corporación de que se trate, los fundamentos de por qué lo desean destituir. Si no, ¿dónde podrá defenderse?
Aún más, imaginemos que el afectado no puede estar presente. ¿Por qué un consejero u otra persona no podría defenderlo del acto del cual se lo acusa?
A mi juicio, aquí está en juego un principio básico de la democracia. Cuando se intenta destituir de su cargo a un funcionario, este debe tener el legítimo derecho a defenderse, y en el mismo lugar donde se lo está acusando.
La modificación de la Comisión fue aprobada por cuatro votos contra uno. Se abstuvo el Senador Pizarro, pero creo que ni siquiera fue respecto de este punto. No lo recuerdo muy bien. Entiendo que en esta materia hubo coincidencia. Tal vez discrepó en otro aspecto.
Lo que está en votación es la supresión de la coma (,) y la frase "no tendrá discusión" que siguen a las palabras "en ejercicio".
Ahora, no recuerdo, sinceramente, por qué se abstuvo el Senador Pizarro. Su Señoría tendrá que especificarlo, pero, en todo caso, no era algo distinto de lo que hemos señalado.
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Comisión propone eliminar la frase "no tendrá discusión" justamente para que se puedan conocer los fundamentos de la remoción.
Le ofrezco la palabra al Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, en mi intervención anterior representé al Senador Espina, quien no se encontraba en la Sala en ese momento.
Aquí no se trata de una especie de juicio, sino de un hecho político. En el caso del Senado, el artículo 25 del Reglamento, que aborda el tema de la censura de la Mesa, establece que "Esta proposición no tendrá discusión" -esta es nuestra tradición- "y será votada inmediatamente después de la Cuenta de la sesión ordinaria siguiente". O sea, no hay discusión. Es una decisión política. La censura puede deberse a una razón de esa índole, porque ha cambiado una mayoría.
Y creo que ese espíritu, tradicional en un órgano corporativo político como el Senado, es perfectamente aplicable al Consejo Regional. No se trata de un tema de remoción por cargos; es por razones políticas.
Así que me parece bien la forma como resolvió la mayoría de la Comisión en cuanto a que no haya discusión. Yo mantengo mi posición.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, no alcancé a escuchar las intervenciones anteriores, pero la razón que planteé en la Comisión de Gobierno es justamente la que ha indicado el Senador Zaldívar. La renuncia puede deberse a que se ha producido un acuerdo o un desacuerdo político, o porque han cambiado las mayorías, o por cualquier otra razón de esa naturaleza. No tendría por qué generarse un debate que implique justificar por determinadas causas el que se acepte o no la renuncia de la presidencia del Consejo.
Tal fue exactamente la argumentación que entregué en la reunión de la Comisión de Gobierno el día de ayer, a la que asistí en reemplazo del Senador Zaldívar. Y preferí abstenerme por una cuestión procedimental. En mi opinión, para los efectos de la aceptación o rechazo de una renuncia debe operarse con la misma lógica establecida en el Reglamento del Senado.

El señor ESPINA.- ¿Me permite, señora Presidenta?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Usted ya fundamentó su voto, señor Senador.

El señor ESPINA.- Es para hacer una consulta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Estamos en votación.

El señor ESPINA.- No quiero abusar ni hacer uso indebido de la palabra, señora Presidenta, menos tratándose de usted.
Sin embargo, me gustaría que me aclararan una duda.
Los parlamentarios pueden fundar su voto. Y aquí se ha argumentado -simplemente estoy intentando aclarar los hechos- que la censura de la Mesa del Senado se vota sin debate. Pero recuerdo que siempre existe el derecho a fundamentar el voto. Una cosa es que no haya discusión, y otra, que no se pueda fundar el voto.
Por lo tanto, hay debate, porque cuando se fundamenta el voto se produce un debate.
Ese es el punto que yo quería señalar, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Gracias, señor Senador.
Consulte a la Sala, señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba la supresión sugerida por la Comisión de Gobierno al inciso cuarto del artículo 30 bis (30 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido, y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).


La señora ALLENDE (Presidenta).- Pasamos al punto 2 de la tabla.



OBLIGATORIEDAD PARA CONCESIONARIAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE VELOCIDAD MÍNIMA GARANTIZADA DE ACCESO A INTERNET


La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Chahuán, Letelier y Quintana y del ex Senador señor Uriarte, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8584-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Girardi, Chahuán, Letelier, Quintana y del ex Senador señor Uriarte):
En primer trámite, sesión 48ª, en 11 de septiembre de 2012.
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 2ª, en 18 de marzo de 2014.
Discusión:
Sesión 11ª, en 22 de abril de 2014 (queda para segunda discusión).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que en la sesión del Senado de fecha 22 de abril se solicitó segunda discusión respecto de esta iniciativa.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió el proyecto únicamente en general y acordó proponer a la Sala proceder en iguales términos, no obstante tratarse de un proyecto de artículo único.
El texto que se propone aprobar en general se consigna en las páginas 5 y 6 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, solicito autorización para que pueda ingresar a la Sala el Subsecretario de Telecomunicaciones, dado que esta es una iniciativa que también interesa al Ejecutivo.

El señor PIZARRO.- ¡Abra la votación, señora Presidenta!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Vamos por partes.
¿Habría acuerdo para autorizar el ingreso del señor Subsecretario?
--Se accede a lo solicitado.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Además, simultáneamente a la inscripción, se podría abrir la votación para que los señores Senadores fueran fundamentando sus posiciones.

El señor LARRAÍN.- ¡No, señora Presidenta!

La señora ALLENDE (Presidenta).- No todavía, entonces.
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, este es un proyecto muy relevante, por la penetración actual de Internet en Chile: cerca del 40 por ciento de los hogares del país tienen red o están conectados a Internet. Y si uno suma la telefonía móvil, la cobertura del servicio de telecomunicaciones alcanza a casi el 96 por ciento de los chilenos.
Como esta es una tecnología nueva -tiene apenas diez años-, hoy, aunque parezca sorpresivo -y algunos seguramente querrán mantener esta situación, lo cual lamentaría-, la SUBTEL no posee atribuciones para regular al sector. No tiene casi ninguna facultad, salvo la que se le otorgó a través del proyecto de neutralidad en la red, muy innovador y del cual fui uno de sus impulsores, que obligó a las empresas a explicitar las coberturas y velocidades de Internet.
¿Qué sucede? Que, si bien hemos avanzado en materia de telecomunicaciones, hay una ausencia absoluta de normas de calidad de servicio. Por lo tanto, ni una Superintendencia ni la SUBTEL, que hoy cumple ese rol, puede hacer exigencias en dicho ámbito.
¿Qué ha pasado con las empresas? Dado que no existe ninguna regulación y ninguna norma de calidad de servicio, están usando la misma infraestructura, las mismas redes que utilizan desde hace diez años, para ofrecer servicios a una población de usuarios cada vez más creciente, evidentemente con mayores utilidades, pero con casi cero inversión en redes e infraestructura. Y cuando se usa la misma tecnología y no se aportan nuevos recursos, obviamente se generan vacíos.
¿Por qué es importante esto? Porque afecta a todo el país. Hace un tiempo, en Punta Arenas -lo pueden corroborar los parlamentarios de la zona- se cortó la fibra que venía de Argentina y la ciudad quedó totalmente a oscuras, al igual que la Región de Aysén.
¿Qué hace el proyecto, que es una iniciativa transversal presentada con los Senadores Chahuán, Quintana y Letelier y el ex Senador Uriarte? Establece la obligación de asegurar una velocidad mínima de Internet. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que está ocurriendo hoy, que nos afecta a todos y con mayor razón a sectores que con gran dificultad acceden a cierta cantidad de megas por segundo: que a las 10 de la noche la mayoría no dispone de la velocidad por la cual se está pagando. Esto es como si ustedes fueran a comprar un kilo de manzanas y les dieran 100 gramos.
Por lo tanto, aquí hay una absoluta irregularidad, en el sentido de que se ofrece un producto por el cual los usuarios pagan, pero que a determinada hora -lo hemos vivido todos- no funciona a la velocidad ofrecida. ¿Y por qué? Porque, en cierta manera, abusan. Ellos compran una cantidad de megas por nodo. Por ejemplo, un mega. Pero este tiene una tasa de una a diez personas, según un sistema probabilístico. Y a la hora de que a las diez se les ocurra navegar al mismo tiempo, evidentemente ese mega será totalmente degradado.
¿Y qué deben hacer las empresas si tienen a diez clientes y les ofrecen cierto número de megas? Procurar tener la cantidad suficiente para que, independientemente de la hora que sea y aun cuando todos naveguen al mismo tiempo -esto es como el peso máximo de un puente- entreguen una cantidad mínima de servicio.
Ni siquiera estamos planteando que sea el cien por ciento. Antes la ley obligaba a entregar diez por ciento; hoy día no obliga a nada. En mi casa he medido la velocidad de conexión y a veces alcanza a un mega habiendo contratado cifras muy superiores, las máximas que ofrece la compañía en que estoy suscrito. Y les aseguro que cualquiera que haga la prueba podrá demostrarlo de manera empírica.
¿Cuál es el problema hoy día? Que la SUBTEL no tiene atribuciones para regular esta materia. Y eso nos parece muy malo, porque se trata de un derecho. Incluso, nosotros planteamos que el acceso a Internet sea un derecho universal, una garantía constitucional; un servicio como el agua, la electricidad, que llegue a todas las casas, independientemente de la condición socioeconómica. Porque, en el futuro, estar conectado a redes será tan importante como la propiedad privada. Quien no lo esté se hallará fuera del mundo. Las redes determinarán los asuntos energéticos -habrá una Internet energética-, de salud; las relaciones con el Estado, con los supermercados, con las compras.
Por lo tanto, acá hablamos de un desafío de futuro que no puede quedar exento de regulación.
Pero el proyecto en discusión también establece ciertas regulaciones para Internet móvil. ¿Qué pasa con esta? Algo muy parecido: las empresas de este rubro, por ejemplo, ofrecen cierta cantidad de megas por segundo, pero degradan la cantidad de servicio. Es decir, cuando una persona que contrata dos megas -dos mil kilos- cumple determinada cuota de uso, se los rebajan a 200 kilos, o sea, casi la dejan sin Internet.
¿Qué planteamos nosotros? Que no se pueda degradar el servicio y que, si ofrecen dos megas de Internet móvil, de verdad cumplan con esto. Porque a veces ocurre que a las personas, sin saberlo, sin que lean la letra chica -muchos de estos temas están en la letra chica-, le degradan la señal.
Hoy día los contratos suscritos por casi todos quienes tienen Internet dicen textualmente: "Se va a garantizar la velocidad que se pueda ofrecer". Esto constituye un verdadero engaño, porque los usuarios de Internet pagan por determinada cantidad. Y nosotros pedimos que al menos, ¡al menos!, exista una normativa legal. Porque hay algunos que señalan que esto es materia de reglamento. No: los derechos se defienden con leyes. Evidentemente, la cantidad específica, los criterios, deben determinarse por reglamento. Pero la atribución para que la SUBTEL pueda fijar determinada cantidad mínima o determinada calidad de servicio no puede ser dejada al reglamento, sino, por muy poderosas que sean las empresas, a una ley.
Nosotros estamos en una orfandad total frente a una ciudadanía que requiere cada vez más de Internet, cada vez más penetración en la red, pero que hoy día se encuentra en absoluta orfandad.
Y el que nuestro Estado, nuestra SUBTEL, no tengan casi ninguna atribución en un tema tan importante como la conectividad, las redes -salvo las que establecimos en el proyecto de neutralidad en la red, totalmente insuficientes-, resulta inadecuado y revela una asimetría total que hace que las personas sean altamente vulnerables frente al accionar de las empresas: la venta de determinada cantidad o velocidad de servicios -ustedes lo ven en las promociones, en la publicidad- que no son tales.
Así que esta iniciativa es primordial para un ámbito nuevo: Internet, que será el espacio más importante en la vida de las personas. Ya lo es para los jóvenes. Si ustedes ven la cantidad de tiempo que estos pasan conectados a Internet, se darán cuenta de que serán ciudadanos digitales por completo.
Consideramos muy relevante que esta materia se regule y no se rija por la ley de la selva, como lo es ahora, en que el más grande, el más poderoso sea quien gane, producto de que las personas ni siquiera tienen acceso a la información, de que los contratos ni siquiera resguardan derechos mínimos para los usuarios.
Por eso, señora Presidenta, esperamos que este proyecto, que fue aprobado por la unanimidad de la Comisión de Transportes, que es transversal, que no tiene color político, ideología política, sino que solo busca establecer derechos básicos fundamentales, sea respaldado por el Senado.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Le corresponde intervenir al Senador señor Tuma. Pero primero le daré la palabra al Honorable señor García-Huidobro, quien le solicitó a la Mesa poder formular un planteamiento.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, se halla presente en la discusión de este proyecto el señor Subsecretario de Telecomunicaciones, y creo que resultaría muy relevante saber cuál es la opinión del Ejecutivo.
Porque hay dudas respecto de si esto es materia de reglamento o si necesariamente requiere una ley.
Entonces, le pido al señor Subsecretario -por su intermedio señora Presidenta- que nos dé a conocer el parecer del Gobierno a fin de ilustrarnos respecto de esta iniciativa. Hay que considerar que la velocidad en Internet es muy importante porque hoy día es un instrumento de la ciudadanía para informarse, para compartir.
Es discutible si esto es materia de ley.
Por eso -reitero- pido que, si es posible, el señor Subsecretario nos entregue la opinión del Ejecutivo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Subsecretario de Telecomunicaciones.

El señor HUICHALAF (Subsecretario de Telecomunicaciones).- Señora Presidenta, en primer lugar, muchas gracias por aceptar que dé a conocer el parecer del Ejecutivo.
Y a fin de dar respuesta claramente a lo que nos preguntaba el Senador señor García-Huidobro, debo decir que para el Gobierno este proyecto es bastante positivo.
Efectivamente, tal como lo mencionaba el Honorable señor Girardi, se trata de un complemento de la ley que estableció el principio de neutralidad de la red, que fue la primera en el mundo que se aplicó en este ámbito. Hace unos días estuve en Brasil cuando en el Parlamento de esa nación se votó a favor de la iniciativa que consagra tal principio.
La neutralidad de la red impulsa lo relativo a la conectividad en el país; establece condiciones de no bloqueo ni intervención por parte de las empresas en el acceso de las personas a Internet.
Sin embargo, en el caso de Chile la ley de neutralidad estableció la transparencia en el mercado. El que las empresas fijaran, por ejemplo, las velocidades y cualquier persona pudiera conocerlas.
No obstante, quedó al debe -y creo que este proyecto es necesario desde ese punto de vista- que se determinen, por principio, las facultades de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para disponer normas de calidad de servicios de telecomunicaciones.
En ese mismo sentido, señora Presidenta, la SUBTEL, dentro del mandato legal inserto en el concepto de disminución de la brecha digital, también debe tener en consideración el acceso a Internet y la calidad de servicio de las telecomunicaciones.
Internet es uno de los servicios respecto a los cuales no consideramos garantías a través de la reglamentación de normas técnicas. Es mucho más propio a fin de que haya más claridad para la industria, para las personas usuarias de telecomunicaciones, que se establezca a través de una normativa este principio en forma explícita con respecto a la Subsecretaría de Telecomunicaciones en este caso, para que después también lo sea para la Superintendencia, sin perjuicio de lo cual también valoramos que se establezca la prohibición de la degradación de servicios de Internet móvil.
Debemos decir que en este caso hoy en día existe un desarrollo exponencial. Sin embargo, hay una diferenciación entre el acceso a Internet fijo, donde uno consume todo el plan (10 megas, por ejemplo), y el acceso a Internet móvil, en que existe una cuota de servicio: uno navega cierta cantidad, por ejemplo ve 20 videos y al 21 baja la calidad de servicio. Y estas son condiciones comerciales que las personas están obligadas a aceptar, porque de no hacerlo, no pueden usar tal servicio.
Por tanto, esta iniciativa prohíbe esa degradación.
Incluso, hoy día existen planes comerciales que ofrecen Internet móvil ilimitado. Y ello no es real, porque tienen límites, cuotas.
Por eso, a raíz de la dictación de la ley de neutralidad en la red, la Subsecretaría de Telecomunicaciones estableció sanciones, pero estas contemplan multas bastante bajas; las de la Superintendencia de Telecomunicaciones son mayores.
Pero por lo menos el Ejecutivo tiene claro este punto. Y solicito a los Senadores que consideren aprobar este proyecto, de tal forma que en la Comisión se formulen las indicaciones precisas para que, a través de una norma reglamentaria, consagrada explícitamente a través de este principio legal, podamos fijar en la Subsecretaría las condiciones de velocidad mínima, no tan solo de Internet -es necesario ponerlo de manifiesto-, sino también de otros servicios de telecomunicaciones, como los de telefonía móvil y fija, e incluso el de televisión digital, cuya ley respectiva será próximamente promulgada y publicada en el Diario Oficial.
Por último, agradezco nuevamente a la Sala por permitirme intervenir, y espero que mi respuesta haya sido clara.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Creo que el Ejecutivo ha contestado la consulta formulada por el Senador señor García-Huidobro.
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señora Presidenta, en primer lugar, felicito a los autores de la iniciativa y también al señor Subsecretario que nos acompaña.
Quiero decir que este proyecto atiende lo que hace años era el derecho de los consumidores al acceso a bienes y servicios telefónicos, y ahora lo es a la red informática, cuya neutralidad -lo dijo el Subsecretario-, debe garantizarse a fin de que cualquiera pueda acceder a ella.
Y, como lo señaló uno de los autores de la iniciativa, en este servicio existe un problema de sobreventa: las empresas que lo prestan venden una velocidad que no tienen capacidad de cumplir. Por eso la bajan y los ciudadanos perciben que existe un mal servicio.
La importancia de las buenas comunicaciones en materia de Internet cobra relevancia hoy al conocer el modo en que la ciudadanía se ha incorporado a su uso. Se debe considerar que esta red se ha convertido en la gran plataforma del desarrollo económico, político, cultural, social. No existe ninguna comunidad donde no se utilice crecientemente este medio de comunicación. Creo que ha aportado en forma significativa al modo de desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
En tal sentido, la FAO sostiene que el servicio de Internet a nivel local ha implicado un avance para las comunidades rurales y un soporte para el desarrollo agrícola.
En fin, existe un crecimiento exponencial de este servicio. Y tenemos que reconocer las cifras entregadas por el SERNAC y la SUBTEL, en su ranking de reclamos entre enero y noviembre del 2013.
Durante ese período, los reclamos recibidos por ambas instituciones fueron 106 mil 482. De estos, el 17,3 por ciento tuvo relación con la Internet fija y móvil. Por tanto, existe una gran cantidad de consumidores y usuarios que se sienten mal atendidos. Y la mayoría de ellos en cuanto a la velocidad de Internet.
El Senador García-Huidobro preguntaba: "¿Es necesario este proyecto de ley?; ¿no basta con las facultades de la Subsecretaría?". ¡Claro que es necesario! Esta iniciativa establece un marco. En él se garantiza el cumplimiento de un derecho permanente: que este servicio tenga un mínimo. Cualquiera de las Administraciones puede ir cambiando ese piso. A mí me parece que a través de la ley podemos consagrar ese derecho.
Esta iniciativa se inspira en el mismo espíritu que el proyecto de ley respecto al consentimiento en materia de contratos financieros, es decir, estos se pueden suscribir por vía masiva, pero deben cumplir con un mínimo, con un piso de conocimiento y de consentimiento por parte del cliente respecto del servicio que le prestan y su costo.
El nivel de penetración y de crecimiento de Internet en Chile ha pasado de 13,7 por ciento, en 2009, a 34,2, en 2012. Y sigue creciendo. Pero no podemos permitir la existencia de publicidad engañosa, que se disminuya la velocidad, que no se cumpla con los servicios esperados y que quienes los presten sigan haciendo un buen negocio, en circunstancias de que los que lo reciben se sienten vulnerados en sus derechos.
Los derechos de los consumidores son resguardados en este proyecto de ley.
Por eso, señora Presidenta, reitero mi felicitación a sus autores y anuncio mi voto favorable.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, este proyecto de ley, del cual soy coautor junto con otros Senadores, se basa fundamentalmente en las disposiciones de la ley N° 20.453, promulgada en 2010, que consagra el Principio de Neutralidad en la Red, cuyo reglamento se fijó por el decreto supremo N° 368, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el mes de diciembre de ese mismo año, en el que solo se establecen normas de publicidad de los servicios ofrecidos.
No obstante la dictación del reglamento, con posterioridad a su entrada en vigencia la misma Subsecretaría realizó un estudio en el que se concluye que los proveedores de servicios de Internet no cumplen con la calidad razonable en la velocidad de acceso a dicha red. Esta alcanza solo a treinta por ciento en la conectividad internacional, que corresponde a la de mayor acceso por parte de los usuarios.
Por lo tanto, se ha producido una situación que se puede denominar "publicidad engañosa de los proveedores". Este punto debe estudiarse. No está absolutamente claro.
A fin de solucionar tal problema, se elaboró esta moción con el fin de establecer que, en lo que respecta a la red fija de Internet, se garantice una velocidad de acceso de setenta por ciento con respecto a la conexión nacional y de cincuenta por ciento si se trata de planes de acceso a conexión internacional.
A su vez, en lo referido a la red de Internet móvil, se propone que se garantice una velocidad de acceso de sesenta por ciento para una conectividad de carácter nacional y de cuarenta por ciento para una conexión internacional.
Para el evento de incumplimiento de dichas disposiciones, se deberán aplicar las penas contempladas en la ley ya citada, debiendo compensarse tal incumplimiento mediante la rebaja del respectivo plan contratado hasta el porcentaje mínimo garantizado.
La iniciativa contempla, asimismo, la dictación de un reglamento, para fijar un catastro de sitios y servicios de Internet con el objeto de efectuar las mediciones de velocidad de acceso, tanto a nivel nacional como internacional, de modo que se pueda garantizar en forma efectiva el cumplimiento del porcentaje mínimo ofrecido por los proveedores de este servicio.
Creemos que este proyecto persigue una idea de toda justicia y que protege plenamente a los usuarios del sistema, al evitar que sean víctimas de publicidad indebida, por lo que amerita su aprobación.
Adicionalmente, señora Presidenta, pienso que esta materia debiera ser vista por la Comisión, para efectos de poder incorporar algunos servicios adicionales aparte de los de Internet (por ejemplo, los de telecomunicaciones) y, adicionalmente, para buscar fórmulas que nos permitan instaurar que los pisos mínimos deben contenerse en un reglamento.
Creo que, en su redacción, esta iniciativa es absolutamente perfectible. Y solicito que se apruebe en general, a fin de que se abra un plazo para presentar indicaciones con el objeto de que en la discusión en particular se pueda mejorar su texto, que, a mi juicio, es perfectible.
Además, los índices de cobertura que hemos señalado debieran ser más bien reglamentarios y no establecerse en virtud de un texto legal.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la iniciativa informada por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones propone, como lo mencionó también el señor Subsecretario, regular y garantizar la velocidad mínima de acceso a Internet, estableciendo un parámetro de porcentajes mínimos entre 40 y 70 por ciento, de acuerdo a las condiciones que en el mismo proyecto se expresan, e imponiendo sanciones en el caso de incumplimientos.
Soy partidario de aprobar la idea de legislar, pues considero que la propuesta legislativa va en la línea, por un lado, de fortalecer la posición de los usuarios, en el marco de una relación inequitativa entre empresas proveedoras y clientes, y por otro, de incorporar elementos reguladores en este mercado, tal como lo hizo la ley Nº 20.453, de 2010, que consagró el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet.
En general, en este tipo de iniciativas, pienso que, en contrapartida a las obligaciones de los proveedores de servicios, deben reconocerse expresamente los derechos de los usuarios o consumidores finales. De esa manera, en este caso se explicitaría el objetivo del proyecto de ley, abordándose desde la perspectiva de los derechos, tal como lo viene reclamando la ciudadanía en las más diversas materias.
En segundo término, es mi parecer que la Comisión de Transportes, en un nuevo informe, debería explicitar las razones técnicas en virtud de las cuales se fijaron entre 40 y 70 por ciento los topes mínimos de velocidad garantizados de acuerdo al plan ofrecido.
Me pregunto, señor Subsecretario: ¿Esos porcentajes no pueden ser mayores? O bien, ¿no debiera quedar entregada su determinación a la autoridad administrativa, la que puede resolver más oportunamente estas materias, conforme a los cambios tecnológicos que en ese rubro son muy acelerados?
Debemos tener presente que nos encontramos frente a un caso en que el usuario ha de soportar una práctica que corresponde a un modelo de negocios que está determinado por el nivel de inversión de la industria o el avance de la tecnología, todo lo cual no depende de aquel.
Cabe preguntarse, entonces, por la legitimidad de que el usuario soporte esta mayor onerosidad o, en definitiva, por el estándar de perjuicio tolerable para el consumidor.
Frente a esta realidad, pienso que debemos ser cautelosos al imponer, finalmente, al usuario restricciones en la satisfacción de los servicios contratados, dadas las prácticas comerciales de los proveedores.
En mi opinión, la masividad que ha alcanzado la cobertura del servicio de Internet y la limitada competencia que existe en este mercado, como en tantos otros, obligan a ser cuidadosos a la hora de regular la relación asimétrica que se produce entre proveedores y usuarios.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, después de estudiar el proyecto y luego de oír las intervenciones sobre la materia, particularmente de los autores de la moción, no puedo menos que compartir el diagnóstico hecho con relación a la baja calidad de los servicios de Internet que se ofrecen hoy día.
Yo no soy usuario de ellos, pero sí mi familia. Y el reclamo al respecto es generalizado. No me cabe la menor duda de que en otros ambientes, en otros sectores, esta queja se repite y multiplica con mayor razón.
Por lo tanto, estamos frente a un diagnóstico que da cuenta de que los servicios de esa naturaleza dejan mucho que desear y de que las velocidades mínimas comprometidas o garantizadas en los contratos no se cumplen.
Hasta ahí, estoy de acuerdo con la iniciativa.
¿Dónde me surgen las inquietudes?
En primer lugar, por la naturaleza de su contenido, me da la impresión de que lo propuesto no es materia de ley, sino propiamente de un reglamento.
La Subsecretaría de Telecomunicación debería elaborarlo. Quizás, parte del problema es que esta repartición carece de facultades para ello, como precisó uno de los autores de la moción (el Senador Girardi). En tal caso, lo razonable sería que el proyecto concediera a la Subsecretaría las atribuciones pertinentes.
De lo contrario, ¿qué estaríamos aprobando si diéramos curso al proyecto tal cual viene? Lo siguiente: "Las concesionarias de servicio público de telecomunicaciones que presten servicio a los proveedores de acceso a Internet a través de conectividad fija, deberán garantizar al menos un 70% de velocidad de acceso ofrecido en sus distintos planes comerciales, respecto a conexión nacional y deberán cumplir con al menos un 50%", tratándose de conexión internacional.
Cabe preguntarse: ¿Qué pasa si mañana, por el avance de la tecnología, esta norma queda obsoleta? Y es muy probable que así sea. Puede que las velocidades que se requieran en cinco años más precisen porcentajes mínimos distintos del 70 o 50 (tal vez, 80, 90 u otra cifra); o bien, que cambien los órdenes de magnitud. Pero nosotros estaremos amarrados por una ley respecto a la fijación de estos mínimos.
Creo que ese es un error.
Por eso digo que el contenido específico de esta iniciativa es propio de un reglamento. Este no necesita de las formalidades de la ley para cambiar su contenido. La autoridad administrativa puede enmendarlo cuando las circunstancias así lo requieran, simplemente porque cuenta con la facultad para ello.
Entonces, me haría sentido que un proyecto de esta naturaleza otorgara a la Subsecretaría de Telecomunicaciones la atribución para fijar los mínimos de velocidad de acceso a Internet en redes fijas y móviles respecto a conexión nacional e internacional. Porque eso mantiene el objetivo de asegurar que las concesionarias cumplan con prestar el servicio que comprometen y, al mismo tiempo, permite que se cambie o adapte el parámetro cada vez que la tecnología nos ponga en una dimensión distinta, por cuanto los cambios en materias tecnológicas no son aritméticos, sino geométricos.
Por lo tanto, rigidizar esta medida por una situación coyuntural no me parece que sea el camino adecuado.
Insisto: me parece muy razonable el objetivo planteado. Y no puedo estar más de acuerdo con el diagnóstico. Es eso lo que ocurre. Sin embargo, creo que la forma como se está enfrentando el problema no corresponde a la solución de una ley.
Quería expresar este punto de vista antes de que se votara para saber si el Ejecutivo está dispuesto a patrocinar -no podemos hacerlo nosotros- una indicación sustitutiva que disponga que le corresponderá al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a la Subsecretaría del ramo o al organismo pertinente la determinación de los porcentajes mínimos de velocidad de acceso a Internet que las concesionarias de servicio público deben ofrecer.
Si convenimos en ello, este será un gran proyecto, pues resolvería el asunto, y con perspectiva de futuro. De lo contrario, vamos a solucionar un aspecto coyuntural, pero en pocos años más, cuando la tecnología avance, nos quedaremos presos de una ley obsoleta, que no se adaptará, ni podrá hacerlo, a los cambios de los nuevos tiempos.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, a propósito de una de las últimas opiniones del colega que me antecedió en el uso de la palabra -y también de las exposiciones de otros señores Senadores-, le pregunté al Subsecretario de Telecomunicaciones si el Gobierno está dispuesto a acoger lo planteado para avanzar en acuerdo.
Entiendo que la primera idea -y me hace mucho sentido- es enviar la iniciativa de vuelta a la Comisión para que haya mayor discusión. Entiendo que los sectores involucrados han participado poco o nada en el debate de esta propuesta.
Otra opción consiste en aprobar ahora la idea de legislar y resolver el asunto en la discusión particular. El Ejecutivo, en voz del propio Subsecretario, ha señalado que tiene toda la voluntad, el ánimo y el deseo de llegar a un acuerdo para mejorar el proyecto. En esa instancia, a través de indicaciones, se perfeccionaría el texto legislativo.
Ahora bien, señor Presidente, aunque tal vez piense que hay poca lógica entre el multirrut y el tema que estamos tratando, quiero hacer presente un caso específico de la región que me honro en representar.
Mediante la figura de los RUT distintos, uno va entendiendo cómo personas que no aparecen dentro de determinadas sociedades tienen el control de las telecomunicaciones en regiones geográficamente relevantes, como la de Magallanes.
En efecto, en el caso de la Duodécima Región, toda la conectividad de Internet está en manos de un particular, de una empresa que vende este servicio a las compañías telefónicas. Pero lo grave del negocio de este empresario de las comunicaciones es que la red de Internet que ofrece viene conectada desde Argentina. Por tanto, la Región de Magallanes está de rodillas frente a la imposibilidad de evitar los frecuentes cortes que sufre el servicio.
El sistema de las comunicaciones en la Región que represento, fundamentalmente el de Internet, opera con una compañía que no solo entrega un servicio monopólico, sino que también presenta permanentes interrupciones. Magallanes, en este ámbito, depende totalmente del muy mal servicio que se presta, y a costos tremendamente altos.
¡Y no hay ninguna sanción por ello!
Cada vez que ese servicio se corta, lo que es recurrente -ello sucede por el lado sur de Argentina-, se cae todo el sistema de telecomunicaciones en la Duodécima Región. Imagínese, señora Presidenta, lo que significa, geográficamente, estratégicamente, geopolíticamente, depender en esta materia de un país vecino, producto de que alguien dedicado a las comunicaciones encontró en ello un negocio más, una veta más. Todo esto tiene de rodillas a mi Región, que, al igual que el resto del país, necesita una velocidad de acceso garantizada y un servicio de primera calidad.
Ante ello, el Subsecretario de Telecomunicaciones me ha entregado hoy buenas noticias. El Gobierno me manifiesta que no es admisible que una Región geopolíticamente estratégica como Magallanes tenga precariedad de conexión y un servicio de Internet malo y monopólico. Por tanto -este es el compromiso del Subsecretario-, se buscarán los recursos, a través de la Ley de Presupuestos o de la reforma tributaria, para permitir la conectividad submarina desde la Décima Región. De este modo, será posible conectar el sur de Chile mediante un sistema que dé garantías; que otorgue un servicio serio, responsable, y que no ponga en manos de una sola persona la administración de las comunicaciones de una Región como la que represento.
En esa línea, señor Presidente, felicito al Ejecutivo por tomar la decisión de intervenir en el asunto. Ojalá, antes de fin de año, exista un anteproyecto o una iniciativa concreta en la materia para que Magallanes pueda ofrecer prestaciones de calidad en multiplicidad de servicios: turísticos, empresariales, comerciales, bancarios, médicos, etcétera. La idea es garantizar no solo calidad, sino también velocidad de acceso, tan necesaria y demandante por parte de empresas y personas que llegan a nuestra Región.
Con esa observación, valoro y respaldo el proyecto absolutamente, entendiendo que lo dicho por el Subsecretario apunta a mejorar la conexión en todo el país.
Hoy día no hay sanciones para quienes no cumplen lo pactado. Las compañías entregan un mal servicio, a velocidad "chancha", como se le denomina muchas veces, en lugar de "ancha". En realidad, la conexión no anda a ninguna velocidad; no se mueve. ¡Y el servicio hay que pagarlo igual!
Por lo tanto, se pretende mejorar la prestación; establecer sanciones para cuando se otorgue un mal servicio, y normar el mercado para que dejen de existir estos monopolios en manos de algunos poderosos que manejan las telecomunicaciones en nuestro país.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, las opiniones de los oradores que me han antecedido evitan que me refiera a muchos de los temas que en principio iba a abordar.
Efectivamente el servicio de Internet funciona mal. Es el típico caso en que, por compañías que operan de modo deficiente, se desprestigia, lamentablemente, la empresa privada en general.
Además, ello obliga a fijar mayores grados de regulación, porque, a mi juicio, nadie que contrata hoy un servicio garantizado de acceso a Internet objetivamente logra obtener aquello que supuestamente le ofrecieron.
Pero quiero hacer dos observaciones sobre esta iniciativa.
En primer lugar, por su intermedio, señora Presidenta, deseo representarles, amistosamente, a los miembros de la Comisión una omisión que me parece que no corresponde a un informe del Senado: para esta materia, lisa y llanamente, no se invitó a nadie a opinar.
Cuando llega un proyecto a la Sala del Senado, uno supone que los integrantes del órgano técnico que lo analizaron -y lo digo con respeto y cariño hacia ellos-, con el objetivo de que quienes no formamos parte de la Comisión conozcamos los distintos puntos de vista involucrados, invitaron a las autoridades de Gobierno, a los afectados, a los especialistas en el tema; adjuntaron los antecedentes acerca de cómo opera este asunto en otros países; en fin. De esa manera, podemos tomar una decisión informada.
No puedo comprender -y no es mi ánimo generar conflicto ni siquiera con los autores de la moción pertinente- que se someta a la consideración de la Sala una iniciativa respecto de la cual en la Comisión no se invitó absolutamente a nadie a hablar del asunto.
Entiendo que son especialistas o conocedores de la materia los colegas en este caso, pero igual se debe invitar al órgano especializado a los interesados a dar su opinión, incluso si se tratara de proyectos que se han revisado varias veces. Así se ha procedido en las Comisiones en las que me ha tocado participar. Basta considerar la conocida "Ley Emilia". Los miembros de la Comisión que estudia dicha materia hemos presentado una nueva moción. No obstante ser ya expertos en el tema, abogados que conocemos todos los detalles, igual invitamos nuevamente a los involucrados para ilustrar a la Sala sobre los distintos puntos de vista.
Por lo tanto, pienso que tenemos que presentar a la Sala propuestas legislativas que se sustenten por sí mismas. Ello significa incluir la versión de las personas partidarias de la moción; el parecer de los especialistas técnicos; los antecedentes de la jurisprudencia o, a lo menos, de la legislación comparada; lo ocurrido en Chile sobre el particular, y la opinión de los afectados.
Entonces, creo que ahí hubo una gran omisión.
Como ya señalé, a mi juicio, el servicio de Internet funciona mal. Ahora bien, cuando uno dice esto, se suele pensar que uno es objeto de lobby. Aclaro que a mí no me hace lobby ninguno de estos señores. ¡Cero! Y, si lo intentaran, me daría exactamente lo mismo -¡exactamente lo mismo!-, porque, gracias a Dios, voto como se me ocurre y no como me lo indiquen.
En segundo lugar, la fórmula que se usa no es la adecuada. Y quiero fundamentar por qué.
Si yo fuera una empresa de telecomunicaciones y me exigieran garantizar el 70 por ciento de velocidad de acceso en conectividad fija, garantizaría el 70 por ciento, y nunca el 75. ¿Para qué el esfuerzo en dar más si la propia ley dispone que basta con el 70 por ciento?
Y en el caso de la red móvil, vale el mismo argumento. La norma dice: Las concesionarias "deberán garantizar al menos un 60% de velocidad de acceso ofrecido en sus distintos planes comerciales". De igual modo, si el dueño de una de estas empresas quiere incumplir la exigencia, ¡ofrecerá el 60 por ciento¿!
Pero el argumento, a mi juicio, lapidario respecto de la fórmula propuesta lo entregó el Senador Hernán Larraín al preguntarse lo siguiente: "¿Qué ocurrirá si hoy establecemos un porcentaje mínimo de velocidad por ley y después, dado el avance de la tecnología, resulta razonable solicitar que se garantice el 95 por ciento?". ¿Vamos a dictar una nueva ley?
Entiendo que aquí se plantea una buena idea: regular un mercado que lo requiere. Pero la forma en que se materializa no me parece la correcta.
Ante ello, comparto la opinión de que la iniciativa vuelva a la Comisión, para que se invite a las personas que corresponde; para que se llegue a la Sala con una información más completa; para que el Gobierno participe en definir una proposición más adecuada.
Por esas razones, considero inoportuno votar en este momento. Creo que la fórmula que se está sugiriendo es profundamente equivocada. ¡Equivocada!
Insisto: las empresas de telecomunicaciones, con este proyecto, van a garantizar en conectividad móvil solo el 60 por ciento. Y puede que ese porcentaje sea absolutamente inferior a lo que se requiere. ¿Por qué no el 70 por ciento?
Entonces, alguien dice: "Aprobemos el proyecto en general y después lo mejoramos". Pero lo que ocurre es que la fórmula sobre el porcentaje a mí no me gusta.
Yo prefiero una superintendencia con todas las facultades fiscalizadoras, interventoras, que se requieren para este tipo de servicios y con potestad para pedirles a las empresas que otorguen todo lo que prometieron, no un porcentaje, salvo que medie fuerza mayor o caso fortuito, situaciones en las cuales nadie está obligado a cumplir.
Si mañana un servicio de velocidad mínima garantizada de acceso a Internet no cumple lo que me ofrece, hay dos posibilidades: o me indemniza y recibe una sanción por mala atención al usuario, o simplemente se caduca ese servicio por estar engañándose a la gente.
Por lo tanto, no comparto la fórmula, a la luz de los antecedentes que tengo aquí.
Yo cambiaría de parecer si hubiera un caso similar. Porque Chile no debe de ser el único país del mundo donde se legisla sobre esta materia.
¿Dónde están los datos para comparar?
Por lo expuesto, señora Presidenta, solicito que la iniciativa vuelva a Comisión, en el ánimo de mejorarla. Y propongo, en consecuencia, que no la aprobemos ahora, pues considero que el criterio seguido para fijar el porcentaje puede estar profundamente equivocado.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Honorable señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, ya se han dado los argumentos que explican por qué este proyecto de ley, aunque de hecho todos compartimos su finalidad de propiciar la fiscalización a un servicio que no funciona bien en muchos lugares, especialmente en la zona rural, genera bastante duda en lo que respecta a la fórmula que utiliza para llevar a cabo ese fin.
Tal como puntualizaron los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, se dice que deberá garantizarse al menos 70 por ciento de la velocidad de acceso ofrecida en el caso de la conectividad fija. ¿Y por qué no 65, 80, 90 por ciento?
Y, asimismo, cabe preguntarse por qué tratándose de la conectividad móvil se exige solo 60 por ciento.
La verdad es que provoca numerosas dudas la fórmula que establece este proyecto de ley para garantizar un servicio de calidad.
Adicionalmente, cuando revisé el texto de la iniciativa me llamó la atención el último artículo -el 24 M-, que dispone: "Para la determinación del cumplimiento del porcentaje mínimo garantizado por los proveedores de acceso a Internet, se fijará un catastro de sitios y servicios basados en Internet a través de un Reglamento, considerando especialmente los más visitados y utilizados por usuarios de Internet, respecto a los cuales se efectuarán las mediciones de velocidad de acceso a Internet, tanto a nivel nacional, como internacional.". O sea, esta disposición entra específicamente en la forma de fijar ese porcentaje mínimo garantizado.
Ahora bien, como la tecnología avanza tan rápido, pienso que establecer a través de una ley cómo se medirá la calidad de un servicio puede terminar provocando que él no sea bueno, que sea de menor calidad que la que ofrece el mercado.
En tal sentido, me parece mucho mejor el camino planteado por el señor Subsecretario de Telecomunicaciones, quien afirmó que la entidad a su cargo no tiene hoy día mandato legal para fiscalizar este tipo de servicios. Entonces, debemos entregarle a la Subsecretaría el mandato pertinente para que, a través de un reglamento, determine cómo se va a garantizar técnicamente un servicio de calidad.
Claramente, no es materia de ley -lo explicó el Senador Larraín- el establecimiento de la manera en que se hará técnicamente la medición del servicio.
Por lo tanto, si el Ejecutivo va a presentar una indicación sustitutiva sobre la materia, me gustaría que el señor Subsecretario, a quien me dirijo por intermedio de la señora Presidenta, se comprometiera en tal sentido y, a la vez, nos aclarara en qué línea irá la enmienda. De lo contrario, yo tampoco votaré a favor de la idea de legislar, porque, tal como el Senador Espina, no estoy de acuerdo con el mecanismo que se utiliza para garantizar la calidad del servicio.
Si con este proyecto de ley -como señaló el señor Subsecretario- vamos a facultar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para que dicte un reglamento, okay: es un camino completamente distinto del que sugiere la iniciativa que nos ocupa esta tarde.
Si no fuera esa la vía, yo votaría en contra de la idea de legislar o por lo menos me abstendría.
Si el camino fuera el que planteó el señor Subsecretario y el Ejecutivo se comprometiera a presentar una indicación sustitutiva en la línea señalada para que la fórmula técnica derivara del reglamento y no de la ley, a mí me resultaría más factible aprobar la idea de legislar.
Por lo tanto, me gustaría que el señor Subsecretario de Telecomunicaciones adoptara un compromiso en esa dirección.
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El señor ROSSI.- ¿Me permite plantear un asunto reglamentario, señora Presidenta?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ROSSI.- Señora Presidenta, está citada la Comisión de Educación a las 19:30.
Le solicito recabar la autorización necesaria para que dicho órgano técnico sesione en paralelo con la Sala a contar de esa hora.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Esta sesión concluirá a las 19:30, señor Senador. Por lo tanto, no habrá problema.

El señor ROSSI.- Gracias, señora Presidenta.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Subsecretario de Telecomunicaciones.

El señor HUICHALAF (Subsecretario de Telecomunicaciones).- Señora Presidenta, el Ejecutivo le está pidiendo al Senado que apruebe en general este proyecto con el propósito de que una vez que vuelva a la Comisión, ya con la idea del principio en comento, que es necesario, se escuche a todos los actores -a los técnicos en la materia, en fin- y se reúnan los antecedentes del caso para presentar una indicación sustitutiva que modifique el mecanismo de evaluación.
Es efectivo que casi ninguna empresa cumple el porcentaje. Pero estamos de acuerdo en que establecer un guarismo por ley puede presentar complicaciones, por las distintas tecnologías existentes. Porque hay Internet fibra, Internet móvil, Internet cable, Internet ADSL, cada cual con su singularidad al momento de determinar el porcentaje de velocidad mínima garantizada.
Sí, estamos en condiciones de garantizar que, aprobado en general el proyecto, en la Comisión vamos a presentar una indicación sustitutiva para consignar normas de calidad claras, fijar la atribución a través de un reglamento.
Eso podemos garantizarlo acá.
Muchas gracias, señora Presidenta.

El señor BIANCHI.- ¿Puede abrir la votación, señora Presidenta?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Es posible, señor Senador.
Antes de darle la palabra al Senador señor De Urresti, creo que, después de la explicación que acabamos de oír, estamos en condiciones de abrir la votación. Porque existe un compromiso del Gobierno, expresado a través del señor Subsecretario de Telecomunicaciones, en el sentido de presentar una indicación sustitutiva destinada a resolver los puntos que han suscitado polémica.

El señor ORPIS.- Abra la votación, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- El señor Secretario me indica que, teóricamente, tendría preferencia la petición que formuló el Honorable señor Espina.
Sin embargo, pienso que Su Señoría puede retirarla, dado que el señor Subsecretario de Telecomunicaciones anunció que el Gobierno mandará una indicación sustitutiva.
¿Estaría de acuerdo, Senador Espina?

El señor ESPINA.- Entiendo que existe acuerdo sobre la indicación sustitutiva. ¡Pero hay que preguntarle a Girardi si la van a enviar o no¿!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Entiendo que está de acuerdo, señor Senador.

El señor ESPINA.- Si el colega Girardi garantiza que vendrá la indicación sustitutiva.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Senador, es el Subsecretario quien debe garantizar eso. Estamos hablando del Ejecutivo.

El señor ESPINA.- No estoy afectando al señor Subsecretario, señora Presidenta, sino simplemente preguntando si el Senador Girardi coincide. Porque si no coincide, es probable que no haya indicación sustitutiva.
Lo digo con el mayor respeto, señora Presidenta. Estoy dando a conocer mi punto de vista.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Yo debo hacerme cargo de que tenemos aquí al Ejecutivo, representado por el señor Subsecretario, quien nos dio su palabra.
Y es el personero que corresponde.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, no estoy discutiendo sobre la palabra del señor Subsecretario, sino simplemente consultando si el Senador Girardi coincide con el compromiso contraído.
Lo digo absolutamente en serio.
Si el señor Subsecretario promete una indicación -y recuerdo que nosotros somos minoría- pero el Senador Girardi, quien lidera al Gobierno en estas materias, expresa que no está de acuerdo con ella, yo cambio mi voto, legítimamente.

El señor GIRARDI.- ¡Estoy de acuerdo!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Su Señoría ya expresó su acuerdo.
El señor ESPINA.- Entonces, si el colega Girardi -Su Señoría lidera estas materias en el Senado- está de acuerdo con lo que expresó el señor Subsecretario, voto a favor, en la creencia de que se presentará la indicación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- El Senador señor Girardi acaba de manifestar su acuerdo.
Creo, entonces, que ya estamos claros.
En consecuencia, abriré la votación, considerando además que algunos Senadores deberán retirarse para concurrir a la Comisión de Educación.
Se tocarán los timbres y, por supuesto, se les avisará a los integrantes de la Comisión Especial Valparaíso, la cual -entiendo- todavía está sesionando.

El señor PROKURICA.- Sí, señora Presidenta. ¡Por favor!
El Senador Horvath me encargó que los llamaran.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Así se hará, Su Señoría.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, me parecen bien el acuerdo logrado y el compromiso que contrajo el señor Subsecretario respecto al envío de una indicación sustitutiva en materia de normas de calidad.
Más allá de la discusión sobre si existe potestad reglamentaria para determinar la velocidad y los porcentajes mínimos de acceso -en eso coincido con lo planteado por el Senador Larraín-, considero fundamental concentrarnos en el propósito de garantizar por ley -y constitucionalmente también- el acceso a las nuevas tecnologías.
En nuestro país tenemos una distribución inequitativa en materia de acceso a las nuevas tecnologías.
Por eso, me gustaría pedirle al señor Subsecretario, por intermedio de la señora Presidenta, que en sus próximas concurrencias a la Comisión o a la Sala nos informara acerca de la cobertura existente en Chile a aquel respecto.
Asimismo, existen situaciones totalmente inequitativas en el ámbito de la velocidad. De ellas se hace cargo bien este proyecto de ley, para evitar que el plan de Internet que se contrata sea distinto de lo que las empresas proveen según la hora de conexión.
Hay también una enorme inequidad en cuanto a capacidad de acceso a las nuevas tecnologías en sectores rurales. ¡Y qué decir de algunas localidades de regiones apartadas!
En tal sentido, sería importante que el señor Subsecretario nos informara en qué estado se halla el proyecto que posibilita la cobertura en todo Chile.
En la primera Administración de la Presidenta Bachelet se llevó a cabo una importante iniciativa con el propósito de permitir la conexión a Internet de una serie de localidades rurales de nuestro territorio. Se las identificó para proveerlas del servicio, pero en muchas de ellas él ya no existe.
Entonces, estimo importante una actualización a ese respecto.
Señora Presidenta, por su intermedio le pido al señor Subsecretario poner atención a nuestros planteamientos.

El señor NAVARRO.- ¡Lo tiene rodeado la Derecha¿!

La señora ALLENDE (Presidenta).- El Honorable señor De Urresti, con razón, pide la atención del señor Subsecretario, quien está absolviendo algunas consultas.
Sería conveniente que Sus Señorías lo ayudaran a prestar la atención requerida.
Muchas gracias.

El señor DE URRESTI.- ¡Imagino que los colegas deben de estar preguntando por las localidades de sus circunscripciones en las Regiones de Atacama y de O'Higgins...!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Prosiga, señor Senador.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, mi pregunta principal al señor Subsecretario, en el marco de esta discusión, apunta a que diga de manera clara y precisa qué equidad territorial existe tanto entre las distintas regiones como al interior de ellas. Porque las capitales regionales, provinciales, muchas veces tienen buena cobertura.
Para que tome nota, señor Subsecretario: población Irene Daiber (comuna de La Unión). Sector popular, de viviendas sociales, integrado dentro de la ciudad, pero carece de cobertura.
¡Eso es impresentable!
¡Eso es inequidad en materia de acceso a las nuevas tecnologías, independiente de si la velocidad está garantizada o no!
La gente de la población Daiber -le aviso que tiene un oficio pendiente; se lo despachamos a¿

La señora ALLENDE (Presidenta).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Le recuerdo que estamos en votación, lo que significa que dispone de cinco minutos para fundamentar su pronunciamiento.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, yo pregunto por qué la referida población no tiene cobertura, por qué las empresas discriminan entre un sector y otro.
Estoy absolutamente de acuerdo con el concepto que se plantea en esta iniciativa, que votaré a favor. Esperaremos, sí, la indicación sustitutiva en materia de normas sobre calidad y velocidad mínima garantizada.
Y a propósito de la discusión que tendremos para aprobar una nueva Carta Fundamental: ¡ojalá que el acceso a las nuevas tecnologías esté garantizado y consagrado constitucionalmente!
Creo que esa es una forma de evitar los inconvenientes de que se ha hecho mención.
Por último, como indiqué, concedo el punto del Senador Larraín en el sentido de que los conceptos que vayan cambiando año tras año -nuevas tecnologías, velocidades, en fin- debe regularlos por la vía reglamentaria la Subsecretaría del ramo.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- A continuación está inscrito el Senador señor Navarro.
Sin embargo, solicitó la palabra el señor Subsecretario.
Como nos encontramos en votación, para concedérsela debo recabar la unanimidad de la Sala.
Si Sus Señorías me la dan, no tengo inconveniente.
¿Hay unanimidad para tal efecto?

El señor DE URRESTI.- Que hable al término de la votación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Muy bien: concluida la votación le daré la palabra al señor Subsecretario.
Puede intervenir el Senador señor Navarro, último orador inscrito.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, la industria ha hecho varios estudios para intentar demostrar que la velocidad se ajusta a lo contratado.
Según ellos, Chile se encontraría en el lugar 58, entre 200 naciones del mundo. La lista es liderada por Hong Kong, que tiene la mayor velocidad.
En septiembre de 2012, en el programa Esto no tiene nombre, de Televisión Nacional, se estableció que la velocidad contratada por muchos usuarios era de 28 megas y que la velocidad real solo alcanzaba a solo 1,93.
¡Claramente, no había cumplimiento del contrato!
Aquí ocurre lo mismo que con las carreteras concesionadas, que han ofrecido una solución rara y dispar. Porque, a pesar de que uno paga para ir más rápido y seguro por las autopistas, en las horas peak, durante las cuales se transita a una velocidad mucho más lenta y con mayor inseguridad, aumenta el valor del peaje. Es decir, el usuario paga por ir más rápido, pero las carreteras concesionadas no satisfacen ese objetivo.
Yo advierto que sería impresentable que para cumplir un contrato que asegurara determinada velocidad las empresas agregaran costos adicionales.
Entiendo que todo el debate se centra en que se cumpla lo contratado. Y Chile lidera los costos más altos a nivel mundial. No está entre los más baratos.
En Coronel -por nombrar una localidad de mi circunscripción-, muchos contratos de Movistar que aseguran 6 u 8 megas apenas tienen medio mega durante las tardes. Es decir, la conexión colapsa completamente.
Las empresas se defienden diciendo que en Internet nacional cumplen el 70 por ciento de velocidad de acceso. Pero en conexión internacional no alcanzan ni al 30 por ciento.
Este proyecto busca el cumplimiento de la obligación contraída. A tal efecto, establece un mínimo de servicio dentro de un área a la que cada día acceden millones de personas.
Dudo de que a los usuarios les interese el debate en torno a si la velocidad se garantiza por medio de una ley o de un reglamento. Lo que ellos quieren es velocidad, la que, además, pagan.
En tal sentido, el planteamiento de si esto es materia de ley o de reglamento debe ceder ante la exigencia de una normativa que garantice transparencia, cumplimiento de los contratos y velocidad, para que el usuario sepa dónde contratar. Porque algunos trabajan con Internet -no solo la usan por diversión- y requieren alta velocidad para hacer bien sus labores.
Por lo tanto, si la industria no está en condiciones de dar certeza sobre la velocidad del servicio, hay que, a lo menos, obligarla a cumplir los contratos. Y al respecto debe operar la libre competencia.
El señor Subsecretario planteó una propuesta relacionada con el otorgamiento de mayores facultades a la Subsecretaría para hacer cumplir los contratos.
Mi pregunta a dicho personero se vincula con los tiempos: ¿con qué velocidad la Subtel podrá dictar un reglamento sobre fiscalización que no se traduzca en simples multas? Porque a los usuarios -y hablo de todos los niveles- nos les interesa que a las empresas se les apliquen multas. Lo que quieren es velocidad.
Entonces, un sistema que opere a base de penas tampoco es suficiente.
Ahora, si nos dijeran que una parte de cada multa irá a un fondo concursable para educar a la gente sobre cómo revisar su velocidad o cómo hacer mejor uso del contrato de acceso a Internet, esas sanciones tendrían sentido.
Sin embargo, las multas van al Tesoro Público. Y, por cierto, no se mejora la calidad ni se respetan los derechos de los usuarios aplicando multas. Además, dados el enorme volumen de contratación y las suculentas utilidades que obtienen las empresas, los montos fijados -y lo señaló el propio Subsecretario- resultan insignificantes, no les duelen; entonces, prefieren pagar las multas y seguir vendiendo contratos que no se cumplen.
En consecuencia, el problema no está en las multas ni en las sanciones, sino en lo que realmente les duele a las empresas.
En tal sentido, el debate sobre los mecanismos no es parte de la ley en proyecto, porque en ella solo se establece una velocidad mínima y se pone de manifiesto la necesidad de una política de incentivo para los usuarios...

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Por favor, redondee la última idea.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, esta iniciativa nos permite al menos colocar en debate el tema señalado, que se halla presente.
Por tanto, creo que el nuevo Gobierno tiene el deber de actuar a gran velocidad para resolver la situación.
¿La fórmula? Disponible para conversarla.
Este proyecto tiene el gran mérito de detectar un problema e intentar una vía de solución. Pero si la cuestión es reglamentaria, que haya un reglamento de peso e invulnerable.
La fórmula no importa. Lo relevante son el cumplimiento de los contratos y el otorgamiento de buenos servicios a los usuarios de Internet.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Goic, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Prokurica, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Debemos fijar plazo para presentar indicaciones.
¿Le parece a la Sala el lunes 2 de junio, a las 12, para que el Ejecutivo pueda mandar el texto pertinente?
--Así se acuerda.


La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Subsecretario.

El señor HUICHALAF (Subsecretario de Telecomunicaciones).- En primer lugar, señora Presidenta, agradezco tanto la votación registrada cuanto la confianza que nos entregaron los señores Senadores.
No vamos a defraudarlos: cumpliremos lo pactado.
Quiero ahora hacer un par de referencias y reflexiones.
Estoy completamente de acuerdo con lo expresado en esta Sala.
Cuando la Presidenta Michelle Bachelet me pidió ser Subsecretario, yo trabajaba en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Por consiguiente, conocía un poco la normativa reglamentaria y estaba al tanto de la forma como la Subsecretaría podía encomendar la acción de dar mayor conectividad, que es uno de los primeros objetivos.
En seguida, debo puntualizar que se trata de una serie de acciones.
Si yo dijera que con una ley sobre velocidad mínima garantizada se soluciona el problema, estaría mintiendo.
Al mismo tiempo, quiero comentar que pronto vamos a presentar una modificación al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, porque su actual estructura no satisface la conectividad de todas las localidades: por ejemplo, población Daiber, zonas de bajos ingresos, etcétera.
Por consiguiente, estamos intentando enfrentar aquella realidad con una solución mediante la ley en proyecto, que va a establecer el principio en comento a través del reglamento, de las normas sobre calidad del servicio, de la infraestructura crítica de fibra y de la conectividad en zonas extremas, a las cuales hoy día las empresas simplemente no llegan, pues no les interesa.
Durante la Administración anterior, con la mejor de las intenciones, se presentaron proyectos al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Yo también estaba de acuerdo con ellos. Sin embargo, por una cuestión de costos y por otra vinculada con el interés de las industrias, no se complementaron todos.
No fue culpa de los ingenieros del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Tampoco, en cierta forma, de las empresas, que persiguen el lucro y no tienen un interés adicional. Pero sí es misión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones hacer todos los esfuerzos posibles, a través de distintas acciones, para dotar de conectividad y garantizar la calidad del acceso a Internet.
Señora Presidenta, presentaremos nuestras indicaciones dentro del plazo fijado y vamos a recibir todas las opiniones, para que haya un debate informado sobre la materia.
Muchas gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Usted se ha comprometido ante la Sala del Senado, señor Subsecretario. Así que no tenemos dudas de que va a cumplir.
Me alegra mucho que finalmente se haya llegado a acuerdo.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Voy a levantar la sesión, sin perjuicio de dar curso a los oficios que han llegado a la Mesa.


PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor DE URRESTI:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública y al señor Ministro de Educación, solicitándoles información sobre OPCIONES DE AYUDA PARA NIETAS DE SEÑOR RUBÉN VARGAS QUEZADA, VÍCTIMA DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN SECTOR DE CHIHUÍO (Región de Los Ríos).
Al señor Ministro de Educación, pidiéndole antecedentes acerca de DEMORA EN PAGO DE MATRÍCULA DE IGOR NOVA MUÑOZ, BECARIO DE CONICYT, Y POSIBLE EXISTENCIA DE CASOS SIMILARES.
A la señora Ministra de Salud, para que informe sobre CANTIDAD DE MÉDICOS EN RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DE COMUNAS DE REGIÓN DE LOS RÍOS; MEDIDAS PARA MEJOR ATENCIÓN POR MAYOR DEMANDA EN INVIERNO, Y FACTIBILIDAD DE REAPERTURA DE SERVICIO DE ATENCIÓN DENTAL DE URGENCIA EN COMUNA DE VALDIVIA; para que remita antecedentes respecto a NÚMERO DE HOGARES DE ACOGIDA PARA PACIENTES CON DISCAPACIDAD MENTAL Y FISCALIZACIÓN A DICHOS ESTABLECIMIENTOS, y para que informe en cuanto a FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS ORIENTADOS AL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, requiriéndole antecedentes sobre PROCESO DE LICITACIÓN DE TERRENOS FISCALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES DESTINADAS A INTEGRANTES DE COMITÉ "LA ILUSIÓN", DE VALDIVIA.
Al señor Ministro del Medio Ambiente, solicitándole informe en torno a PROCESO DE DICTACIÓN DE NORMA SECUNDARIA SOBRE DETERMINACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA DE RÍO VALDIVIA.
A los señores Comandante en Jefe de la Armada y Director del Servicio Nacional de Pesca, pidiéndoles información sobre TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD DE EMBARCACIÓN DE DON NARCISO FIERRO SAN MARTÍN A SU EXPAREJA.
Al señor Superintendente de Casinos de Juegos, requiriéndole antecedentes en torno a OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE GUARDERÍAS INFANTILES A CLIENTES DE CASINOS DE JUEGOS.
Y al señor Director (TyP) de Bibliotecas, Archivos y Museos, planteándole FACTIBILIDAD DE CREACIÓN DE MUSEO REGIONAL EN VALDIVIA.
Del señor MONTES:
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, solicitándole información sobre ANÁLISIS POR REGIÓN DE PROGRAMA DISPUESTO EN GLOSA 15 DE PARTIDA PRESUPUESTARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO PARA 2014.
Del señor NAVARRO:
Al señor Director Nacional de la CONAF, para que informe en torno a EFECTIVIDAD DE AVISTAMIENTO DE INICIO DE INCENDIO DE VALPARAÍSO POR TORRE DE SERVICIO Y USO DE RECURSOS PARA ATACARLO. A los señores Comandante en Jefe de la Armada y Director Nacional del SERNAPESCA, con el objeto de que se remitan antecedentes acerca de PRESENCIA DE BARCOS DE ARRASTRE EN SANTUARIO DE LA NATURALEZA "LA LOBERÍA" (comuna de Cobquecura). Y al señor Director Nacional de SERNAPESCA, a fin de que envíe NÓMINA DE CONSULTORÍAS DE ÚLTIMOS DOS AÑOS.
Del señor OSSANDÓN:
Al señor Secretario Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, consultando respecto a RIESGO PARA SALUD POR PLANTAS DE CEMENTO Y VERTEDERO DE RESIDUOS TÉCNICOS EN COMUNAS DE EL BOSQUE Y SAN BERNARDO.
Del señor PROKURICA:
Al señor Contralor General de la República, con el propósito de que ilustre acerca de MATERIAS RELATIVAS A INFORME FINAL N° 11 EN INVESTIGACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PROYECTO "ESTACIÓN CULTURAL PUEBLO HUNDIDO", DE LA MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO.
De la señora VAN RYSSELBERGHE:
Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole AGILIZACIÓN DE PROYECTO ILS CAT III EN AEROPUERTO CARRIEL SUR, y al señor Director del Servicio de Salud de Concepción, solicitándole AUDIENCIA PARA PLANTEAMIENTO SOBRE POSIBLE REMOCIÓN DE DOCTOR CRISTIÁN LOYOLA GONZÁLEZ COMO DIRECTOR DE HOSPITAL DE SANTA JUANA.
Del señor IGNACIO WALKER:
A la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, recabando información en torno a COMPRA DE TERRENOS PARA VIVIENDA CON FONDOS PMB EN ÚLTIMOS CUATRO AÑOS.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:39.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción