REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 362ª
Sesión 25ª, en martes 17 de junio de 2014
Ordinaria
(De 16:11 a 19:15)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ISABEL ALLENDE BUSSI, PRESIDENTA,
Y SEÑORES EUGENIO TUMA ZEDAN, VICEPRESIDENTE, Y JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de la Secretaría General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González, y de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball Astaburuaga. Asimismo, se encontraban presentes la Subdirectora del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, señora Lilia Concha Carreño, y la asesora legislativa de esa entidad, señora Vitalia Puga Mora.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:11, en presencia de 17 señores Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

La señora ALLENDE (Presidenta).- Las actas de las sesiones 23ª y 24ª, ordinarias, en 10 y 11 de junio del presente año, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Seis de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero inicia un proyecto de ley que modifica el régimen de probidad aplicable al Consejo Nacional de Televisión (boletín N° 9.398-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja (boletines Nos. 7.873-07 y 7.011-07, refundidos).
Con los cuatro últimos retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas (boletín Nº 8.132-26).

2.- Proyecto de ley de reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario (boletín N° 9.290-05).

3.- Proyecto de ley que suprime el feriado judicial para los tribunales que indica (boletín N° 9.155-07).

4.- Proyecto de ley que adecua la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de Salud para el Control del Tabaco (boletín N° 8.886-11).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados:
Comunica que dio su aprobación al proyecto de ley que modifica la planta de personal de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y otorga las facultades que indica (boletín Nº 9.174-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y a la de Hacienda, en su caso.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva recaída en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 5°, incisos primero y segundo, de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento.
Del señor Ministro de Defensa Nacional:
Responde petición de antecedentes, enviada en nombre del Senador señor Navarro, sobre resultados, proyecciones, montos de inversión y contratación de personal, de la empresa Astilleros y Maestranza de la Armada.
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo:
Atiende solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, respecto del número de asociaciones de consumidores existentes en el país y del monto de los recursos presupuestarios destinados a financiarlas.
De la señora Ministra de Desarrollo Social:
Da contestación a los siguientes acuerdos de la Corporación:

1.- El propuesto por la Senadora señora Lily Pérez, acerca del envío de una iniciativa legal que habilite al Servicio Nacional de Menores y al Servicio Nacional del Adulto Mayor para proponer al Gobierno políticas públicas destinadas a cumplir los objetivos de la ley sobre violencia intrafamiliar (boletín Nº S 1.645-12).

2.- El presentado por los Senadores señores Ossandón y Guillier, en materia de desarrollo de acciones conducentes a una política integral de protección del adulto mayor (boletín Nº S 1.647-12).
Del señor Ministro de Agricultura:
Atiende solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Bianchi, en cuanto al flujo de ingreso de turistas extranjeros al Parque Nacional Torres del Paine, en el lapso del 1 de septiembre de 2013 al 31 de marzo de 2014, y al valor recaudado, en moneda extranjera, por ese concepto.
Adjunta documentación, en respuesta a solicitud de información cursada en nombre del Senador señor Navarro, sobre las distancias entre las plantaciones forestales y las concentraciones habitacionales, y sobre las obras de infraestructura u otras medidas preventivas requeridas para contrarrestar el impacto que provocan los incendios forestales.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Expone, al tenor de la solicitud de información cursada en nombre del Senador señor Navarro, los efectos de la ley N° 20.599, que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, en lo que concierne a las materias cuya implementación fue encomendada al sector telecomunicaciones.
Del señor Subsecretario del Medio Ambiente:
Se abstiene de contestar solicitud de información, expedida en nombre del Senador señor García, relativa al problema que representa el vertedero Boyeco, de la comuna de Temuco, y expone que remitió los antecedentes al Ministerio de Salud, por tratarse de un asunto de su competencia.
Del señor Director General de Aeronáutica Civil:
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Harboe, referida a la preocupación existente en la Región del Biobío por las condiciones de infraestructura y equipamiento del Aeropuerto Carriel Sur en materia de seguridad para el aterrizaje de aeronaves.
Del señor Superintendente del Medio Ambiente (TP):
Contesta solicitud de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor Girardi, atinente a diversos aspectos del tratamiento y disposición de los residuos de plomo que genera la Gran Minería.
Del señor Gobernador Provincial de Cauquenes:
Atiende solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Matta, respecto del número de proyectos sociales aprobados durante los primeros sesenta días de la presente Administración en dicha provincia.
Del señor Alcalde de Quilleco:
Da respuesta a la consulta, cursada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a la existencia de alguna ordenanza municipal que determine zonas preferentes para la instalación de antenas de telefonía móvil en esa comuna.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Salud de Magallanes y la Antártica Chilena:
Responde petición de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor Bianchi, relacionada con los lugares autorizados en esa Región para procesar o realizar labores de disposición final de basuras y desperdicios.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Moción
De las Senadoras señoras Goic, Allende y Muñoz, con la que dan inicio a un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el fin de prohibir la discriminación por discapacidad en el trabajo y establece una cuota mínima obligatoria de trabajadores con discapacidad en medianas y grandes empresas (boletín N° 9.394-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Solicitud de permiso constitucional
Del Senador señor De Urresti, para ausentarse del territorio de la República a contar del día lunes 16 del mes en curso.
--Se accede a lo solicitado.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión realizada el día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Celebrar la sesión ordinaria de mañana, miércoles 18 de junio, entre las 17 y las 20 horas.

2.- Constituir una Comisión Especial, integrada por cinco miembros, encargada de conocer las iniciativas relativas a recursos hídricos que se encuentran en actual tramitación en el Senado, las que deberán ser conocidas posteriormente, en lo que corresponda, por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
3.- Abrir un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto de ley que protege la libre elección en los servicios de cable, internet o telefonía, hasta las 12 horas del lunes 30 de junio, las que deberán ser presentadas en la Secretaría de las Comisiones de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Quisiera saludar a los alumnos de la Escuela Valle de Puangue, de Curacaví; a los integrantes de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Puente Alto, y a los numerosos músicos que nos acompañan, entre quienes se encuentran -y excúsenme si me salto a alguno-, Fernando García (Premio Nacional de las Artes Musicales 2002), Valentín Trujillo, Florcita Motuda, Álvaro Scaramelli, Tommy Rey, Denisse Corales, Carlos Corales, Juanita Parra, Paz Undurraga, Gloria Simonetti, Pancho Sazo, Palmenia Pizarro, José Seves y Ginette Acevedo.
Sean todos muy bienvenidos.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor OSSANDÓN.- ¿Me permite, señora Presidenta?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí, señor Senador.

El señor OSSANDÓN.- En nombre de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, solicito ampliar el plazo para presentar indicaciones al proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet (boletín N° 8.584-15), hasta el 14 de julio del año en curso.
--Se accede a lo solicitado.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Asimismo, pido abrir un nuevo plazo de indicaciones para el proyecto que modifica la ley N° 17.798, de Control de Armas, y el Código Procesal Penal, hasta el lunes 30 de junio, a las 12, en la Secretaría de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA



PORCENTAJE MÍNIMO PARA EMISIÓN RADIAL DE MÚSICA NACIONAL Y DE RAÍZ FOLCLÓRICA Y TRADICIÓN ORAL


La señora ALLENDE (Presidenta).- Entrando en el Orden del Día, corresponde analizar, en primer lugar, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fija porcentajes mínimos de emisión de música nacional y música de raíz folclórica oral a la radiodifusión chilena, con nuevo primer informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5.491-24) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 46ª, en 1 de septiembre de 2010.
Informes de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 91ª, en 4 de marzo de 2014.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (nuevo): sesión 20ª, en 3 de junio de 2014.
Discusión:
Sesiones 11ª, en 22 de abril de 2014 (queda pendiente la discusión general); 13ª, en 23 de abril de 2014 (vuelve a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es promover la música nacional, a fin de vigorizar esta expresión del arte nacional y la actividad laboral de sus creadores y expositores, para lo cual se pretende exigir a las radioemisoras la emisión diaria de un porcentaje mínimo de música nacional y de música de raíz folclórica y de tradición oral, fijado en un 20 por ciento.
Cabe hacer presente que con fecha 23 de abril del año en curso la Sala volvió el proyecto a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para un nuevo informe.
Cabe recordar, asimismo, que en el primer informe dicha Comisión rechazó la idea de legislar por tres votos contra dos. Se pronunciaron en contra en esa ocasión los Senadores señora Von Baer y señor Quintana y el ex Senador señor Cantero, y votaron favorablemente los Senadores señores Navarro e Ignacio Walker.
En su nuevo informe, la Comisión de Educación aprobó en particular la iniciativa, con modificaciones derivadas de la aprobación de una indicación presentada por los Senadores señores Rossi e Ignacio Walker, la que, en conformidad al artículo 178 del Reglamento del Senado, resultó aprobada por tres votos favorables, de los Senadores señores Guillier, Rossi e Ignacio Walker, y dos en contra, de los Senadores señora Von Baer y señor Allamand.
El texto que la Comisión propone aprobar se consigna en las páginas 18 y 19 del nuevo informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de ofrecer la palabra, pido el asentimiento para que ingresen a la Sala la señora Lilia Concha, Subdirectora del Consejo de la Cultura y las Artes, y la señora Vitalia Puga, asesora legislativa del referido Consejo.
--Se autoriza.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Continuando con la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Senador señor Rossi.


El señor ROSSI.- Señora Presidenta, esta es una iniciativa que se ha discutido bastante. Lleva harto tiempo en el Congreso. Y quisiera hacerme cargo de algunos elementos que han estado presentes en el debate, especialmente en la Comisión, donde la volvimos a ver, a petición de la Sala, como un segundo informe, y donde, a diferencia de la vez anterior, fue aprobada por tres votos contra dos. Con el Senador Ignacio Walker presentamos una indicación, a la cual me voy a referir, que prácticamente sustituyó el texto original, para mejor creemos nosotros.
Quienes se oponen al proyecto señalan que no es bueno imponer determinado porcentaje de música nacional. Al respecto, quiero partir expresando que la música nacional no es un género. Lo he indicado en gran cantidad de oportunidades. Porque a veces se piensa que la música nacional es solo folclor, y que, por tanto, todo Chile va a tener que escuchar únicamente ese tipo de composición.
La música nacional no es un género. Tenemos folclor, pero también tenemos rock, pop, reggaetón, música docta. Lo digo por el argumento, que he escuchado bastante de la ARCHI, sobre qué va a pasar con la pobre radio Beethoven, que no va a tener qué poner. La verdad es que hay muchos compositores e intérpretes talentosos en nuestro país, por lo que la radio Beethoven no debiese enfrentar mayores problemas.
Pero quiero referirme a los mecanismos de acción positiva. Aquí se afirma: "No se puede imponer". Sin embargo, en todo el mundo, incluido Chile, existen mecanismos de acción positiva para promover o buscar algún tipo de objetivo que se considera está de acuerdo al interés general o persigue el bien común.
Usted, señora Presidenta, lo sabe muy bien. Hace un tiempo presentamos un proyecto denominado "ley de cuotas". Alguien podría alegar: "Se está imponiendo la participación de la mujer en la política". ¿Por qué presentamos esa iniciativa, que hoy recoge la Presidenta Bachelet en su propuesta de cambio al sistema electoral? Porque el país considera que la participación de mujeres en dicha actividad resulta conveniente.
¿Es una discriminación arbitraria? No es arbitraria.
Del mismo modo, aquí estamos estableciendo un mecanismo de acción positiva, porque nos asiste la convicción de que es bueno para el país promover nuestra cultura, nuestras artes, nuestra música, lo que somos, como parte de nuestra identidad, de nuestras raíces, de nuestro pasado; el alma nacional, en definitiva.
Y justamente estamos buscando, a través de este mecanismo de acción positiva, promover algo que pensamos que es favorable para Chile. Especialmente cuando se habla de vivir en un mundo global, es más que nunca necesario rescatar nuestra identidad como pueblo. Y dentro de esa identidad están las artes y todas las expresiones artísticas de los seres humanos, fundamentales para el desarrollo del espíritu.
Ese es el sentido que tiene establecer este piso, que ojalá no sea considerado un techo, porque se está hablando de un 20 por ciento. ¡Un 20 por ciento! Por ahí había una propuesta -me parece que era de la ARCHI, que, supuestamente, estaba en un proceso de negociación- en cuanto a que el 20 por ciento fuese exigido a la industria completa. Claro, así tendríamos radios que transmitirían música nacional todo el día y otras que no la transmitirían ni un solo segundo. Claramente, era imposible construir un acuerdo sobre la base de tales parámetros.
También se ha hablado mucho de la libertad de programación, o sea, de la libertad del individuo para elegir. Es lo mismo que pasa con los colegios. Se sostiene que la libertad de enseñanza se verá afectada con la reforma educacional. ¿Por qué? Porque los padres no podrán elegir los colegios. Pero la verdad es que hoy los padres no tienen ninguna libertad de elección, pues deben pagar un copago o los alumnos son seleccionados al ingreso.
Idéntica situación se da acá. ¡Qué libertad tiene uno de elegir determinada música si finalmente hay cuatro grandes monstruos a nivel mundial que deciden qué se escucha y qué no se escucha!
Por lo tanto, este argumento de la libertad de programación y de la libertad de la persona de poder decidir qué escucha y qué no es, finalmente, una falacia.
Me quería referir, señora Presidenta, a los dos argumentos que se han dado contra el proyecto.
Por último, deseo comentar los cambios que introdujimos con el Senador Ignacio Walker.
Muchos parlamentarios señalaron que el proyecto iba a servir para escuchar a los mismos de siempre; o sea, que favorecería a los autores y músicos más antiguos. Se usaba un término -no recuerdo cuál era- para graficar esa situación.
Por eso, incorporamos una modificación según la cual las radioemisoras deberán acreditar que al menos el 25 por ciento de su programación musical nacional corresponde a composiciones o interpretaciones musicales emergentes, entendiéndose por tales aquellas grabadas en fonogramas en los últimos tres años.
--(Aplausos en tribunas).
En consecuencia, el argumento que se dio en esa dirección hoy ya no existe.
De igual manera, se afirmaba que se requería el patrocinio del Ejecutivo porque estábamos imponiendo ciertas sanciones. Y lo que nosotros establecimos, muy de acuerdo con la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, es que "Las organizaciones de autores e intérpretes con personalidad jurídica tendrán legitimación activa para demandar el cumplimiento" de esta ley.
Por lo tanto, eso de algún modo desacredita las críticas que se formularon en su minuto.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Lamentablemente, hay que cumplir el Reglamento, así que a las personas ubicadas en tribunas les pido que por favor guarden silencio.
Gracias.
Puede continuar, señor Senador.

El señor ROSSI.- No tengo nada más que decir, señora Presidenta, salvo hacer un llamado al Senado a aprobar el proyecto, que, aun cuando constituye un pequeño avance en la promoción de nuestra cultura y de nuestro arte y nuestros artistas, es importante. Busca el interés general y tiene que ver con el bien común. Creo que todos los argumentos que se han dado en contra deben ser desestimados, por las razones que ya indiqué. Y ojalá hoy les demos una gran alegría al pueblo chileno y a nuestros artistas.
Muchas gracias.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Le voy a ofrecer la palabra al Senador señor Lagos Weber, quien la pidió para plantear un tema de reglamento.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, para que no haya ningún malentendido, y para que el proyecto sea despachado como corresponde, ojalá favorablemente -como lo será, en mi caso-, quiero pedirle que recabe el asentimiento para abrir la votación, pues la Comisión de Hacienda se encuentra autorizada para sesionar en paralelo con la Sala a objeto de seguir analizando la reforma tributaria. Están previstas 95 audiencias, de las cuales solamente llevamos 37 y, por tanto, aún quedan muchas.
Por eso, manteniendo los 10 minutos en la fundamentación de voto, solicito abrir la votación, para que quienes debemos asistir a esa Comisión podamos emitir nuestro pronunciamiento. Los Senadores que estamos a favor del proyecto votaremos que sí; los otros verán qué hacen. Así que dejo mi planteamiento a la consideración de la Sala.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Entiendo que la Comisión de Hacienda se halla autorizada para sesionar en paralelo con el Hemiciclo todas las veces que sea necesario, porque, obviamente, es comprensible la cantidad de audiencias que debe efectuar para tratar un tema tan importante como la reforma tributaria. Eso se da por descontado.
Lo que el Senador Lagos Weber está planteando es abrir la votación, respetando los 10 minutos que corresponden a la discusión general.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Por consiguiente, en votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor LAGOS.- Voto favorablemente, señora Presidenta.
Muchas gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Queda consignado su voto, señor Senador.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señora Presidenta, otra vez esta Sala se ve conminada a debatir respecto de un tema que importa al destino de la cultura: la difusión de la obra de los artistas de Chile. Y, sin duda, en determinados momentos ello puede colisionar con distintos intereses.
Los radiodifusores señalan que no tendrían libertad de programación si se les impusiera un porcentaje de transmisión. Pero, en mi opinión, hay que velar por el bien superior de la nación chilena, y ver de qué manera aseguramos que se difunda nuestra cultura al menos en el ámbito de la música.
En el primer debate en general en el Senado yo planteé que era necesario que la música chilena fuera difundida. Y esta es la primera vez que estamos tan cerca de aprobar un proyecto de ley que le ponga piso a aquello.
Igualmente, hice presente en esa oportunidad mi preocupación acerca de que debería incorporarse, a través de la presentación de indicaciones (la votación será en general, y espero que se fije un plazo breve a fin de formularlas), un porcentaje garantizado para la expresión cultural de los pueblos originarios...
--(Aplausos en tribunas).
Yo celebro la creatividad de muchos artistas, cuya música merece ser difundida, pero poco se escucha acerca de la expresión cultural de nuestros pueblos indígenas.
Por tanto, a mi juicio, en este instrumento debería aprovecharse de dar una señal nítida de reconocimiento a los pueblos originarios, lo cual no solamente está pendiente por falta de reconocimiento constitucional, sino también, en la práctica, por la falta de la utilización de herramientas como estas para promover su cultura.
Sin embargo, señora Presidenta, pese a haberme comprometido con los artistas desde un principio a apoyar este proyecto, debo expresar que me siento inhabilitado para ello. Pertenezco a una sociedad que tiene acciones en una pequeña radiodifusora de mi distrito, en la ciudad de Carahue: la radio Las Colinas (alguien dijo que era la Biobío; y no es así).
No obstante, quiero acompañarlos con mi deseo de que esta iniciativa de verdad pueda ver la luz, con el objeto de resolver lo relativo a las limitaciones de las expresiones culturales, especialmente de la música chilena.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, como lo señalé en la sesión pasada, cuando quedó pendiente la discusión en general de este proyecto, con primer informe de la Comisión de Educación, me parecía que esta era una muy buena oportunidad para debatir varios temas que me parecen sustantivos, relacionados con el apoyo no solo a la música nacional, sino además a la producción nacional en general, incluyendo los programas periodísticos, de conversación, de historia, de difusión cultural y de servicio a la comunidad.
En la Región de Los Lagos, a la cual represento en el Senado, en días recientes vivimos una emergencia que ocasionó cortes de caminos, personas aisladas. Y, en situaciones como estas, muchas veces la gente recurre a los mensajes radiales a fin de comunicarse con sus familiares.
En dicha oportunidad expresé igualmente que no solo era preciso legislar respecto de la radiodifusión, sino también hacer operar la institucionalidad existente, en este caso, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Consejo Nacional de Televisión, que anteriormente conformaban el Consejo Nacional de Radio y Televisión.
Asimismo, expuse que me parecía que la discusión de este proyecto de ley en el Senado era la instancia adecuada para producir un diálogo con los actores relevantes en este ámbito, representados por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor y la Asociación de Radiodifusores de Chile.
Sin embargo, el nuevo primer informe de la Comisión solo da cuenta de mejoramientos menores a su texto.
En este escenario, solo cabe pronunciarse sobre la idea matriz y el mecanismo concreto planteado en la iniciativa original, que obliga a la radiodifusión nacional a emitir un porcentaje mínimo de música chilena.
Se ha agregado una norma específica relativa a los artistas emergentes, y de la misma manera, pudo haberse incluido una referente a la música y la cultura regionales.
Con todo, tal como señalé en la sesión anterior cuando se discutió esta iniciativa, estoy de acuerdo con establecer condiciones especiales tratándose de concesiones otorgadas por un ente público. Considero que, además de ser legítimo, constituye una obligación del Estado el promover, a través de los medios de que disponga, la identidad y los valores culturales del país, dentro de los cuales tiene un rol muy especial la música compuesta o interpretada por artistas nacionales. No es posible que el apoyo solo se exprese a través de fondos concursables o premios anuales.
--(Aplausos en tribunas).
Habrá que evaluar después la efectividad de la norma. En este sentido, sigo pensando que el proyecto es perfectible. Aunque, de igual modo lo votaré a favor, por cuanto, antes que un Estado pasivo que entregue la decisión de lo que escucha buena parte de la población a los concesionarios, incluso extranjeros -como ocurre en el día de hoy-, prefiero un Estado activo que promueva la identidad y la cultura nacional y regional.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, este proyecto de ley es complejo, porque genera bastante contradicción con respecto al uso de la libertad.
Quienes creemos en la libertad de elección pensamos que esto tiene que ver con las opciones y con que las personas, sin ningún tipo de censura, realmente puedan elegir, en este caso, qué dial quieren escuchar, qué tipo de música quieren oír.
No obstante, a pesar de que me siento una libertaria y creo que las ideas de libertad son los ejes que a muchos de nosotros nos rigen en política, a mi juicio el Estado también tiene un papel que jugar, sobre todo para quienes creemos que posee un rol subsidiario.
Y con relación a esta iniciativa, un Estado no puede ser pasivo o indiferente frente al desarrollo de la cultura de la gente y de su pueblo.
Por ese motivo, me parece que este proyecto, que busca fijar una cuota de difusión a la música chilena, el arte y la cultura de nuestro país: a bandas, grupos; cantantes; autores emergentes, no solamente consolidados, y tanto populares como clásicos -hay muchísimos- originarios de Chile, constituye un impulso necesario, aun cuando pueda ser incluso transitorio.
Y desde ese punto de vista, es importante dar una señal como Senado de la República acerca de qué país queremos fortalecer.
Por tal razón, al igual como se ha hecho en numerosos países, donde no se tiene miedo a la libertad y ella se usa en beneficio del desarrollo cultural y el conocimiento de las propias raíces culturales, y sobre todo de la gente que las cultiva, también he decidido votar a favor de esta iniciativa.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Ruego a los asistentes a las tribunas guardar silencio, por favor.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, creo que este proyecto nos debe obligar a mirar este tema con una perspectiva distinta de la que, probablemente, tendría un constitucionalista. Porque, si bien existen problemas constitucionales, aquí hay una mirada de país que me parece necesario rescatar.
Nos ha tocado vivir en un mundo globalizado, integrado, en donde resulta difícil separar lo nuestro de lo perteneciente a otros, de lo ajeno a Chile.
El impacto, ya no de la televisión, sino de los medios de distinta naturaleza que existen, está haciendo de cada una de nuestras naciones una especie de parte de una máquina gigantesca.
No obstante, los países y las sociedades tienen sus propias características, su propia identidad, su propia mirada.
En tal sentido, la inserción de nuestra nación en el mundo, que debe ser muy intensa y profunda, no puede hacerse a costa de perder lo esencial de nosotros.
A mi juicio, ese es el tema central en juego en un proyecto de esta naturaleza: ¿cómo preservar nuestra identidad cultural? ¿Cómo mantener vivas nuestras tradiciones e historia? Ello debe hacerse mediante la preservación de los aspectos que más permitan avanzar en esa línea, es decir, de las expresiones culturales de distinta forma que existen en nuestro país: la música, el teatro, las artes plásticas y las artes escénicas, como el cine.
En la medida que demos espacio a la creación, a la interpretación, al desarrollo de estas áreas, podremos generar lo necesario para mantener nuestra cultura, nuestra manera de ser, aquello desde donde nos movemos y hacia lo cual avanzamos, al definir la cultura -como lo hacía Ortega y Gasset- como aquello desde donde se parte y hacia lo cual se dirige una sociedad o un pueblo.
Por eso, me parece importante abrir un espacio para la música chilena de creación y de interpretación. Y no solo en un género determinado, sino en todos.
No creo que sea posible hacer una distinción en el sentido de decir que esto es para la música folclórica, la música popular, la música étnica. ¡No! Aquí no puede haber ninguna exclusión, porque de ese arte hay distintas expresiones.
Por otro lado, señora Presidenta, yo, que siempre me intereso en los problemas constitucionales -como usted sabe-, opino que estos no se pueden despachar de una plumada ni ser considerados irrelevantes, pues nuestra Carta Fundamental asegura a las personas, en el artículo 19, número 12º, "La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio".
Es decir, nuestra Constitución resguarda las formas de expresión más amplias a través de los medios de comunicación. Y a nosotros nos gusta que los nuestros se desarrollen con verdadera libertad en todos sus ámbitos -la radio entre otros-. Porque en una sociedad democrática el pluralismo consiste, precisamente, en que cada uno pueda expresarse, y los medios de comunicación y quienes trabajan en ellos deben hacer un esfuerzo por responder a esa diversidad, a esa pluralidad.
Entonces, resulta esencial considerar la libertad como un criterio central.
Por lo tanto, no podemos obviar o minimizar la afirmación de que la libertad de programación es un criterio relevante.
Pensémoslo de otra manera. Imaginemos que establecemos por ley la programación de los medios de comunicación y fijamos a las radios, a la televisión, a los diarios qué porcentajes deben destinarse a la música o a alguna otra actividad, como las noticias o la educación.
Todos diríamos: "No. Aquí se coarta la libertad esencial, que constituye, al mismo tiempo, la base para nuestros propios valores culturales".
En consecuencia, no podemos olvidarnos de ese concepto.
Sin embargo, el inciso cuarto del artículo 1º de la Constitución, que establece las bases de la institucionalidad, dice:
"El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece".
O sea, el eje radica en asegurar la mayor realización espiritual y material posible a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestro pueblo.
Y eso apunta al corazón de nuestra identidad cultural.
Por consiguiente, abrir espacios a una limitación, que nadie podría considerar inhibitoria de la programación musical de un medio, en el sentido de reservar un espacio de 20 por ciento para nuestros músicos, compositores e intérpretes de cualquier género, me parece que no constituye una restricción que imposibilite el ejercicio de la libertad de los medios para desarrollarse.
De hecho, la Ley de Televisión Digital determina un 40 por ciento para la producción nacional, y nadie ha calificado eso como inconstitucional. Eso se dispuso en un momento en que, precisamente, sufríamos lo que en parte ocurre en algunos medios radiales: una programación fundamentalmente envasada, sin que hubiera espacio para generar, a través de la televisión, una cultura audiovisual propiamente chilena, ni para participar en ella.
Hoy día, probablemente en alguna medida gracias a esa norma que en un minuto dado fue una aspiración difícil, la producción nacional supera infinitamente el 40 por ciento de la trasmisión televisiva. Pero fijar ese porcentaje en un minuto dado fue importante.
Con las últimas modificaciones al proyecto hay varios aspectos que quisiera discutir más en detalle. Asimismo, queremos presentar algunas indicaciones para revisar, corregir, añadir y precisar algunos puntos. Por ejemplo, el otorgamiento de la mayor transparencia posible en el manejo de los recursos obtenidos a través de la difusión de la música de los artistas, a fin de que puedan recibir esos beneficios.
Sobre el particular, me he topado con artistas muy modestos de mi Región, quienes me han dicho que a veces transmiten sus obras en las radios locales, pero no saben por qué no reciben ni un peso, o solo 20, por ello. Y tienen expectativas de recibir más.
Cuestiones de esa naturaleza, que apuntan a mejorar el proyecto de ley, tenemos pensado incorporar prontamente a través de indicaciones, de manera de mejorar su texto.
No obstante, lo esencial es lo esencial.
Este proyecto le abre un espacio a la música chilena. Y queremos hacerlo, sobre todo cuando hay medios que pertenecen a cadenas internacionales, cuya programación favorece a artistas foráneos -también queremos escucharlos; no deseamos convertirnos en una isla y cerrarnos al intercambio cultural-, pero deseamos dar un espacio preferente y privilegiado a nuestra música, aquella que nos hace sentir ser chilenos.
Por eso, voto que sí.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, este proyecto ha sido analizado varias veces en el Senado -en la Sala, en la Comisión-, y yo diría que su tramitación ha sido un poco larga.
Lo anterior, sin duda obedece a que su objetivo de promover que se incluya en la programación de las radiodifusoras de nuestro país determinado porcentaje de música y de producción musical nacional -sin duda es una muy buena idea, una muy buena propuesta- ha despertado inquietudes y reticencias en los dueños de las radiodifusoras, en los medios y, también, en la prensa y en algunos sectores, que dicen: "Mire, esto no es posible establecerlo por ley, porque aquí a lo mejor se afecta la libertad de programación, de opinión, e incluso, de prensa; o directamente la propiedad de los medios".
Considero que, como sociedad, debemos plantearnos que en un mundo globalizado como el nuestro, los jóvenes, las nuevas generaciones viven conectados al instante con el resto del mundo. Y, si uno evalúa rápidamente qué hace cada uno de ellos -hijos, nietos- navegando todo el día en Internet, lo más probable es que estén más conectados con otras sociedades, con otros mundos, con otras culturas, que con la nuestra.
Es triste decirlo, pero este fenómeno no se produce solo en Chile; es global.
En todos los foros, en encuentros, seminarios internacionales se plantea el desafío para las sociedades modernas de cómo promover y mantener la diversidad cultural. Y resguardar parte de la riqueza de la diversidad y del patrimonio cultural existente en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras sociedades, debiera ser uno de nuestros objetivos.
Y, en mi opinión, a eso se apunta correctamente en este proyecto de ley, materia que no podemos dejar fuera del debate.
Se ha planteado que esta iniciativa podría ser inconstitucional, porque estaría afectando la libertad de programación, la libertad de expresión o los derechos de los propietarios de los medios.
Pero esta discusión, señora Presidenta, ya la hicimos largamente a propósito de la tramitación del proyecto sobre televisión digital terrestre, oportunidad en la que durante años estuvimos frente a una disyuntiva bastante parecida a la que aquí se ha manifestado.
¿Por qué es posible establecer algunos requisitos o regulaciones a las radioemisoras en materia de emisión de determinado tipo de música o producción musical? Por una razón muy sencilla: porque el espectro radioeléctrico de nuestro país es un bien nacional de uso público; por tanto, de propiedad del Estado. Ante ello, este decide cómo se administra y opera ese espacio, y cómo se actúa en él. A través de concesiones reguladas por ley se entregan los permisos respectivos para que los distintos operadores hagan uso del referido espectro.
Ahí radica la razón de fondo por la cual es perfectamente constitucional la iniciativa que nos ocupa.
En definitiva, resulta perfectamente legítimo que se fijen normas para regular el funcionamiento de esas concesiones entregadas por el Estado. O sea, se otorgan bajo ciertas condiciones.
El ámbito de las comunicaciones es efectivamente un negocio, pero también cumple un rol social demasiado importante, por cuanto los medios influyen en la formación y el desarrollo cultural de las comunidades que reciben su transmisión.
El problema constitucional, en el caso de la televisión digital, quedó zanjado, finalmente, por el Tribunal Constitucional, que dio la razón al Parlamento para poner exigencias a los canales en orden a establecer horas de transmisión en la programación televisiva para la producción nacional. De hecho, se fijaron disposiciones con relación a los horarios en que se debía transmitir el contenido de carácter nacional.
Por ello, me parece bien la modificación propuesta respecto de los horarios, dentro de la programación total, en que se debe emitir música nacional. Porque, señora Presidenta, no da lo mismo transmitir a las dos, tres o cuatro de la mañana -y así cumplir el requisito del porcentaje- que hacerlo en horario prime o en horas en las que las radios tienen mayor audiencia.
Desde el punto de vista editorial, aquí no se busca afectar el contenido. Con este proyecto no estamos diciéndoles a las emisoras: "Ustedes tienen que transmitir determinada cantidad de música y de tales compositores e intérpretes". ¡Eso no es así! Y algo similar se precisó con relación al tema de la televisión digital terrestre.
Lo que planteamos fue la necesidad de que, resguardando todas las normas de libertad editorial y la autonomía de cada operador, se distribuyera cierta cantidad de producción nacional en la programación total. Aunque a muchos operadores de televisión digital no les gustó esa medida, tuvieron que tomar una decisión: si querían acceder a la concesión, debían cumplir los requisitos fijados.
Que algunas veces no es rentable la transmisión de ese contenido, efectivamente no lo es. Pero hay otros espacios en los que sí se generan los ingresos que los empresarios estiman convenientes.
En el caso de la emisión de música nacional, como se propone en la iniciativa en análisis, estimo que es perfectamente posible compatibilizar ambas cosas.
Sin embargo, hemos recibido información, presión y opiniones, fundamentalmente, de los operadores radiales, algunas francamente exageradas, que no puedo compartir. Que se venga a plantear acá que estamos cayendo en totalitarismo, o que vamos a terminar como en Venezuela o como en otros países donde claramente ha habido una intervención del Estado para determinar qué transmiten o no los medios de comunicación, o que ha habido una presión para imponer cierta línea editorial, me parece que no son argumentos válidos. No es eso lo que propone este proyecto, ni mucho menos.
Quiero, sí, hacer una salvedad.
Estimo adecuada la indicación que aprobó la Comisión en lo que respecta a la producción de creadores emergentes. La norma específica señala: "Una parte de la programación de música nacional deberá estar destinada a composiciones e interpretaciones musicales emergentes". Y establece la definición: "entendiéndose por tales aquellas grabadas en fonogramas en los últimos 3 años, contados desde la fecha de la emisión radial. Para ello, las radioemisoras deberán acreditar que al menos el 25% de la programación musical nacional emitida corresponde a composiciones musicales emergentes.".
Al respecto, me he reunido varias veces con asociaciones de músicos de la Región de Coquimbo: algunos más consolidados, otros emergentes y más jóvenes, cultores de distintos tipos de música. Todos me han hecho presente un asunto que considero absolutamente relevante: la necesidad de establecer un porcentaje de producción local o regional dentro de la exigencia del 20 por ciento.
Con razón ellos me decían: "De lo contrario, Senador, las radios, buscando una cuestión comercial, van a tocar siempre a los autores o cantantes más populares". De ese modo pueden perfectamente llenar las horas de programación sin colocar nunca a un músico emergente o a uno de la propia región.
Esa es la gran queja que nos han manifestado, y el mismo reclamo se debe reproducir, seguramente, en todo el resto del país.
Entonces, así como se incorporó a los músicos emergentes dentro de la exigencia legal -me parece bien y me imagino que los músicos serán los primeros en promover a las nuevas generaciones, a los nuevos exponentes en materia de producción musical-, también debiéramos incluir el componente regional. Es de justicia.
De esa forma se abrirán nuevas oportunidades, porque en las regiones existen realidades culturales muy distintas. No se escucha la misma música en el norte de Chile que en el sur o en el centro, ni en los sectores urbanos respecto de los rurales. En este sentido -siguiendo la lógica de que es fundamental proteger la diversidad cultural, promover la producción nacional y no discriminar a los artistas y creadores-, es esencial considerar también el componente regional o local.
Ello fue contemplado en la Ley sobre Televisión Digital Terrestre. Ahí quedó claramente establecido el tratamiento para las concesiones locales, comunales, regionales y nacionales.
En consecuencia, señora Presidenta, como lo he dicho públicamente -la gente lo sabe-, voy a respaldar esta propuesta legislativa. Creo que es absolutamente necesaria y es justa, además de cumplir el objetivo que nos hemos trazado: tener un patrimonio cultural en el sentido más amplio de la palabra, lo más difundido, protegido y promovido posible.
Voto a favor de la idea de legislar.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, al igual que todos los colegas que han intervenido, yo también he apoyado y voy a seguir apoyando, con mucha convicción, todo aquello que vaya en beneficio del desarrollo de la cultura, de las artes y de la música chilena, incluyendo, por cierto, este proyecto de fomento a la música nacional.
En la sesión anterior en que se abordó esta materia, yo hice algunos planteamientos que quiero recordar ahora.
Primero, señalé que este debate no es entre los artistas y las radios. Los músicos dependen mucho de las emisoras. Y esta discusión no los pone en conflicto. Se necesitan mutuamente, recíprocamente. No hay confrontación entre la ARCHI y la SCD, como algunos titulares, algunas caricaturas, algunas imágenes pretenden sugerir. ¡No es así!
El tema de fondo, como aquí se ha dicho, es el lugar que ocupan en nuestro país, en nuestra sociedad, la cultura, las artes, en sus distintas manifestaciones. Aquí estamos hablando de una de ellas, una muy importante: de la música; en concreto, de un proyecto de fomento a la música nacional, teniendo como eje una palabra central, medular, que es el vocablo "identidad".
La forma en que Chile se inserta en el mundo global es a partir, y no a pesar, de los factores que nos constituyen como identidad, como nación, como cultura.
Ese es el tema de fondo.
Y, desde el punto de vista legislativo, como señalé en una sesión anterior, cabe considerar un concepto que es absolutamente evidente, de Perogrullo: el de reciprocidad.
En efecto, las radios y los canales de televisión funcionan porque recibieron una concesión para ello. O sea, la sociedad chilena, a través de la ley y en forma administrativa, les entregó a esos operadores una concesión para poder transmitir. Por lo tanto, más allá de las disposiciones constitucionales y legales, es lógico y de sentido común que la sociedad les establezca ciertas reglas, en reciprocidad y como contraprestación, a las radios y a los canales de televisión.
Al respecto, en aquella oportunidad cité la letra d) del artículo 13 de la Ley del Consejo Nacional de Televisión, que estipula que este organismo podrá "fijar, de manera general, un porcentaje de hasta un 40% de producción chilena en los programas que transmitan los canales de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción". Dentro de este porcentaje, es posible incluir la exhibición de películas nacionales.
Es una norma muy simple, pero el doble más exigente de lo que plantea la iniciativa que nos ocupa: que los canales transmitan al menos un 40 por ciento de producción chilena. Tal disposición, por cierto, ha generado un tremendo impacto. A modo de ejemplo, basta ver lo que ha sucedido con el área dramática de los canales de televisión.
Pues bien, lo que ahora estamos aprobando es una propuesta muy sencilla, tan sencilla como la recién citada. Dice: "las radioemisoras, en su programación fonográfica diaria, deberán emitir al menos" -¡al menos!, lo subrayo- "una quinta parte (20%) de música nacional".
Ese es el corazón del proyecto: una norma simple, pero que tendrá repercusión y eficacia, y ojalá siente un precedente.
Además, introdujimos una indicación con el Senador Rossi -para que se vea que no siempre peleamos-, mediante la cual se reserva un porcentaje para las composiciones e interpretaciones musicales emergentes. Porque muchos reclamaron en el debate que hubo en la Comisión -y ello fue recogido- que esta futura ley podría abrir un espacio solo para los consagrados o para los que tienen más historia. ¡No! También habrá un lugar de difusión para los emergentes.
Asimismo, se plantea una multa para las radioemisoras que no cumplan esta normativa.
También se incluye lo relativo a la legitimación activa, que es un recurso procesal muy simple e inteligente para que las propias organizaciones de autores e intérpretes puedan ayudar a que se cumpla la obligación legal. Porque no queremos una ley que sea letra muerta.
En definitiva, la Ley del Consejo Nacional de Televisión establece 40 por ciento y la presente propuesta legislativa, 20 por ciento.
Esto, señora Presidenta, no pasa de ser un pequeño gesto, un guiño, una simbólica manifestación de voluntad a favor del fomento de la música chilena. Es un paso más en la dirección correcta: Ley sobre Fomento de la Música Chilena, Consejo de Fomento de la Música Nacional, fondos concursables, FONDART. Es un paso más en la dirección de fortalecer los factores que nos constituyen como nación, como cultura; a la postre, nuestra identidad.
Eso es lo que está en juego.
Se ha hablado mucho de la cuestión constitucional. De hecho, cuando hay dudas en proyectos de este tipo, se suele aludir a las normas de la Carta Fundamental.
Pero ¿qué dice la Constitución? En el artículo 19, Nº 12º, consagra: "La libertad de emitir opinión y la de informar". Esta garantía constitucional es de la mayor entidad, y tiene una sola gran limitación: "La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social". Punto. Esa es la restricción que fijó el constituyente.
Muchos creemos que en el ejercicio de tales libertades y derechos hay otra limitación: la vieja cuestión del bien común. ¡Y cómo no va a ser un aspecto central del bien común aquello que atañe a la cultura, a las artes y a la música nacional!
En consecuencia, estimo que estamos frente a una iniciativa que, sin ser una solución de fondo y quedando mucho camino por recorrer, evidentemente constituye un paso concreto en la dirección correcta.
Por otra parte, recojo lo que aquí se ha dicho con relación a la cultura a nivel regional. Pero pienso que existen formas más adecuadas para hacer efectivo esto. Yo soy representante de la Región de Valparaíso y del Aconcagua. Por ejemplo, en materia de fondos concursables, debiéramos enfatizar los proyectos regionales para que, precisamente, la cultura, las artes, la música reciban apoyo en ese plano.
Con todo, a mi juicio, la doble exigencia que hace esta futura ley (20 por ciento al menos de emisión de música chilena y la posibilidad de destinar una parte de esa programación a la difusión de artistas emergentes) se orienta, como norma general -la ley siempre posee ese carácter-, en el sentido correcto.
Señora Presidenta, aquí Gobierno y Oposición tienen la oportunidad de aportar como Congreso.
Por lo mismo, celebro lo expresado por el Senador Hernán Larraín, quien fue muy elocuente. Además, cabe recordar -aunque se trata de personas que no son de mi tienda partidaria- que esta iniciativa nació en 2007 de una moción que presentaron nueve Diputados de la UDI. Entonces, este debate, así como no es una cuestión entre la ARCHI y la SCD o entre los músicos y las radios, tampoco lo es entre Gobierno y Oposición. Por el contrario, debiera ser un tema muy transversal.
Por ello -pese a toda la tardanza que implicó este proyecto, pues llevamos siete años en su tramitación-, me siento alentado a dar una señal, no a un grupo de interés en un sentido corporativo, sino a los creadores de la cultura, de las artes, de la música, para manifestarles que el Parlamento, que es una caja de resonancia de la sociedad chilena, apoya todo lo que atañe al fortalecimiento de esos factores de identidad.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
--(Manifestaciones en tribunas).

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, al inicio de mi intervención le pido que use sus facultades para que haya un ambiente de tranquilidad y respeto, y así yo pueda realizar mi exposición.
Dicho eso, hago presente que esta iniciativa de ley, como se ha manifestado aquí, pretende concretar una idea que es noble y que, en mi opinión, todos compartimos, transversalmente. Esta busca resolver cómo cuidamos nuestra identidad como nación; cómo cuidamos nuestra cultura chilena, y cómo la apoyamos frente a un contexto que, como todos sabemos, es difícil, dada la influencia que ejerce en nuestra realidad la cultura del ámbito internacional.
Por eso, me alegro de que hoy día en este Hemiciclo se exprese una preocupación real por nuestra cultura, por nuestra identidad y por nuestras raíces.
Sin embargo, cuando discutimos sobre políticas públicas, tenemos que preguntarnos si la propuesta para lograr un fin, que probablemente es compartido, resulta ser la mejor y si generará un efecto no deseado. Hay que analizar sus consecuencias, porque, quizás, sean distintas de las que estamos previendo.
Y la interrogante que debiéramos hacernos acá es la siguiente: ¿No habrá una política pública mejor para apoyar la difusión de la música chilena que la que pretende imponer cuotas específicas a todas las radios, sin distinción (grandes, pequeñas, regionales, comunales), las cuales usan el espectro radioeléctrico para transmitir?
Cuando se intenta impulsar una política pública, cabe preguntarse qué otra libertad podemos estar afectando y si el equilibrio que se plantea nos parece bien y logra finalmente el objetivo fijado, sin pasar a llevar otro derecho que también queremos cuidar.
En esta iniciativa se utiliza como instrumento la fijación de una cuota; o sea, se les dice a las radios cuánta música chilena tienen que tocar por obligación, no porque lo hayan decidido; no por tratarse de música de tal o cual estándar; no porque la quieran emitir, sino porque se les fija una cantidad específica y se les dice qué han de tocar.
Algunos Senadores señalaron que la ley en proyecto no va contra la libertad de expresión porque nuestra Constitución establece que ella se relaciona con la libertad de emitir opinión y la de informar.
Sin embargo, yo creo que la libertad de expresión, en especial cuando pensamos asimismo en los tratados internacionales, no solo tiene que ver con la libertad de emitir opinión y la de informar, sino también, si abrimos un poco nuestra mente, con el hecho de que los medios de comunicación puedan definir los contenidos que van a transmitir.
Acá hay que analizar qué pasa si empezamos a determinar los contenidos que puede transmitir un medio de comunicación y cuáles son fijados por norma y en qué porcentaje.
Porque, cuando abrimos esa puerta, la pregunta es, utilizando el mismo argumento, qué otros elementos más van a entrar por ella: si lo hicimos con la música, ¿por qué no con las opiniones, por qué no con cierto tipo de información, si el espectro radioeléctrico es del Estado?
Entonces, mi preocupación en este proyecto es por el largo plazo, por la puerta que estamos abriendo, por el hecho de que estamos diciendo: "En las radioemisoras habrá determinado porcentaje para trasmitir cierto tipo de música". Porque ahí abrimos la puerta para que no solo respecto de la música sino también de otros temas les digamos a los medios de comunicación que deben transmitir cierta cantidad.
Podemos estar de acuerdo en que la promoción de la música chilena es algo noble. ¿Pero qué pasa si después viene otra limitación a la libertad de expresión?
--(Manifestaciones en tribunas).
Acá estamos disponiendo que la ley obligue a las radios a transmitir ciertos contenidos generados por creadores nacionales. Ello ni siquiera tiene que ver -lo digo para entendimiento de quienes siguen este debate desde sus casas- con que sea música de autores chilenos. No. Como viene definido en el proyecto, se refiere a música cantada por un chileno; o sea, puede ser en inglés, interpretada por un chileno. No tiene por qué tratarse de música de un autor nacional; ni tampoco folclórica (muchos piensan que estamos hablando de ello). ¡No! Es factible la transmisión de cualquier tipo de música internacional, pero cantada por un chileno.
Aquello me parece bastante arbitrario, señora Presidenta. No es lo que la gente cree, en el sentido de que debe ser producción de un autor chileno y con ello estamos impulsando la generación de música de autoría nacional. No. Puede tratarse de cualquier tipo de música, pero -reitero- interpretada, tocada por un chileno.
Por lo tanto, debemos preguntarnos si no tenemos otra política pública mejor para lograr esa finalidad, en vez de definir lo que una radio puede transmitir.
Porque aquí estamos diciendo: "Señor, usted, que tiene una radio, debe transmitir de todas maneras 20 por ciento de música chilena".
¿Qué pasa -llevando la situación al extremo- si una radio solo quiere transmitir programas de información o deportivos? ¿Le vamos a exigir también en la programación, aunque no esté dentro de su línea editorial, emitir 20 por ciento de música chilena?
¿Qué ocurre en el caso de una radio cuya línea editorial, porque quizás tiene público para ello, es la de transmitir música anglo?
¿Por qué no se puede decidir libremente qué tipo de música emitir?
Cuando se me dice que aquí se pretende impulsar...
--(Manifestaciones en tribunas).
Señora Presidenta, considero superimportante que en democracia todos podamos expresar con libertad lo que queremos.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Excúseme, señora Senadora.
Les hemos pedido a los asistentes a las tribunas el máximo de respeto. Debemos cumplir nuestro Reglamento. Hay que dar el ejemplo.
Así que les ruego que escuchen a la Senadora señora Von Baer con todo el respeto que merece.

La señora VON BAER.- Así es la democracia: existen opiniones distintas y visiones diferentes que siempre hay que respetar.
Considero tremendamente significativo no tratar nunca de imponer determinado punto de vista, sino estar dispuesto a escuchar una opinión distinta, aunque no se comparta, pero en todo momento con respeto.
Decía, señora Presidenta -sigo con mi argumento-, que acá se quiere apoyar la producción de contenido chileno, la identidad nacional.
Yo me pregunto: desde la perspectiva de las políticas públicas, ¿no será mejor que impulsemos realmente la producción de música chilena, con fondos mayores que los existentes hoy, y que procuremos que sea de tal calidad que los espacios se ganen, en lugar de imponerla, de obligar a las radios a transmitirla?
Por otra parte, se ha señalado aquí que tenemos una regulación parecida a la de nuestra televisión. Pero no es igual. Porque en el caso de esta no se dice que debe transmitirse 20 por ciento de producción de, por ejemplo, telenovelas chilenas. No: se habla de 40 por ciento de producción nacional.
Eso, de seguro, las radios lo cumplen de más, si consideramos el tiempo de los programas de la mañana, el de los noticieros.
Para la televisión no es tan difícil completar dicho porcentaje. Porque ahí caen los reality, las telenovelas, los matinales, en fin. Todo ello es producción nacional.
A la televisión no se le dice "Debe transmitir 40 por ciento solo de programas sobre deporte", sino que debe ser producción chilena en general.
Eso es mucho más amplio que únicamente establecer programación de música.
Ahora, señora Presidenta, quisiera referirme al funcionamiento de la normativa propuesta. Porque acá se piensa -así lo creen muchos artistas- que con la ley en proyecto les van a llegar más recursos a los artistas chilenos.
Lo pregunté en la Comisión de Educación. Pero no necesariamente será así: recibirán dinero quienes están inscritos en la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. De modo que no porque una radio comunal cumpla con el 20 por ciento de emisión de música nacional al difundir el trabajo de un cantautor que no se halla inscrito en la SCD a ese artista le van a llegar recursos. Si no está inscrito, no recibirá nada.
Por lo tanto, no aumentará forzosamente la recaudación de los fondos que les corresponden a los artistas nacionales: solo percibirán recursos los que se encuentren registrados en la mencionada Sociedad.
De otro lado, la fórmula que se utiliza para determinar los dineros que recauda la SCD no depende de la cantidad de música chilena que se toca, sino de un porcentaje de la facturación de todas las radios; incluso, si no me equivoco, del metraje que pagan los mall, en fin. No tiene nada que ver con la cantidad de música nacional emitida.
Repito: se piensa que con la ley en proyecto van a llegar más fondos a los autores nacionales; pero no necesariamente será así.
Por último, quiero señalar mi preocupación con respecto a las radios comunales, a las radios pequeñas.
¿Qué va a pasar cuando esas radios sean llevadas a juicio? ¿Cómo podrá establecerse que sí cumplen con el 20 por ciento de emisión de música nacional? ¿Quién medirá eso?
Porque hoy día son las mismas radios las que informan aquello. Pero cuando se llegue a juicio tendremos, por un lado, a una radio que le indica a la SCD cuánta música toca, y por el otro, a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, la cual dirá que esa radioemisora no está cumpliendo dicho porcentaje.
¿Quién exhibirá la prueba real si no existe tal medición? Lo pregunté muchas veces en la Comisión: no hay medición que diga cuánta música nacional se está tocando; son las propias radioemisoras las que lo informan.
Tendremos, pues, a un montón de radios pequeñas, de comunas, involucradas quizás en juicios en que no habrá prueba verdadera para demostrar cuánta música chilena se emite.
No pudimos llegar a acuerdo en ese punto.
Algunos dicen que se alcanza 18 por ciento; otros, 15 por ciento, 12 por ciento, en fin.
Terminaremos, pues, en juicios en que nadie podrá demostrar el porcentaje de música chilena que se está tocando, en especial en las radios más pequeñas, de comunas y de regiones.
Entonces, señora Presidenta, aunque queramos impulsar la cultura y la música chilenas -idea noble, ciertamente-, el camino escogido para ello me parece equivocado.
He dicho.
--(Manifestaciones en tribunas).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ruego a los asistentes a las tribunas guardar silencio y respetar nuestro Reglamento. Ya les señalé que hacerlo forma parte de nuestra democracia.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, uno de los aspectos nobles de nuestra patria es que pensamos distinto.
En tal sentido, quiero valorar lo expresado por la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, quien ha defendido sus convicciones. Porque me parece bueno en democracia discutir los temas.
Ahora, con respecto al proyecto en debate, deseo señalar primero que el objetivo es defender nuestra identidad, nuestra cultura, en particular a base de un bien nacional de uso público: el espacio radioeléctrico.
Este no es aún un Estado que en su organización nos represente a todos.
A algunos no nos gusta la idea del Estado subsidiario. Por cierto, en lo expuesto por la Honorable colega que me antecedió se halla como idea matriz este concepto, y no el de un Estado que defiende sus bienes y regula el uso de ellos con el propósito de promover intereses públicos y colectivos por sobre los individuales o de grupos específicos.
La Constitución Política, en diferentes partes, establece que es factible poner cargas en términos económicos, siempre que no sean discriminatorias; que a la propiedad se le pueden imponer cargas a través de una ley, siempre que no sean arbitrarias. Y resulta evidente que, en materia de libertad de expresión, cuando un bien nacional de uso público se entrega a particulares que no pagan por él, el Estado tiene todo el derecho a regular su uso.
Comienzo, entonces, con esa precisión, porque vamos a escuchar algunas opiniones sobre la inconstitucionalidad de la ley en proyecto, la cual, según se señala, pasa a llevar derechos sacrosantos.
Yo quiero decir que no es así, ni en lo más mínimo.
En segundo lugar, debo manifestar que, en el mundo globalizado en que vivimos, es deber político del Estado cautelar ciertos bienes que pueden entrar en contradicción con otros bienes.
Proteger nuestra identidad y nuestra producción cultural es obligación del Estado. No es deber de los músicos, de los creadores, sino una responsabilidad colectiva, con el fin de defender un bien de interés estratégico para Chile: nuestra identidad.
En el mundo global de hoy, lo que más va a determinar nuestra diferenciación con respecto a otros tiene que ver con elementos de la identidad, los cuales son cambiantes en el tiempo, pero, sin duda, forman parte de nuestro patrimonio.
Esta materia -insisto- no solo debe ser de interés de los creadores, de los músicos, de los cantantes: también ha de haber preocupación general.
Me asiste esa convicción al respecto.
Ahora, señora Presidenta, no tengo la menor duda -y por eso voy a votar favorablemente- de que estamos ante un problema de políticas públicas.
Aquí discrepo profundamente de la Senadora que me antecedió: yo privilegio intereses colectivos y públicos por sobre lo que interpreto como su posición, esto es, la defensa que Su Señoría hace de intereses individuales, de quienes tienen concesiones radiales.
Tan así es la cuestión que, en el intento por construir un acuerdo -se nos transmitió que existía un esfuerzo al respecto-, la ARCHI trató de promover la definición de un promedio de emisión en la industria y señaló que estaban de acuerdo con el 20 por ciento, e incluso, que se hallaban dispuestos a avanzar al 25 por ciento.
Pero ahí reside el problema, señora Presidenta. Porque no todas las radios son iguales.
Las radioemisoras de provincias, las pequeñas radios, cumplen con creces lo planteado por la iniciativa en debate, pues actúan con una lógica de clara identidad local y regional y defienden más que otras -las cadenas, lo nuestro, nuestra identidad.
Por tanto, ¡que no usen la chiva de las radios chicas!
--(Aplausos en tribunas).
¡Que no utilicen la explicación de que a las radios pequeñas las van a demandar!
Yo represento a una Región del valle central de nuestro país donde -estoy seguro- las emisoras radiales más que duplican lo que dispone la ley en proyecto.
El problema es otro: las grandes radios no creen en el concepto de la defensa de intereses públicos; piensan que son dueñas del espectro radioeléctrico, y no entienden que este se les ha entregado en concesión. Porque ese bien es de todos nosotros, de todos los chilenos, y por eso podemos regular su uso.
Es curioso cuando se plantea que el problema radica en que no hay chilenos para todos los tipos de programaciones. Es como si dijéramos que no existen intérpretes ni compositores de música clásica.
Aquello significa declarar la ignorancia más absoluta sobre la riqueza de la producción en nuestro país.
Aquí, en un segundo plano -no en el que a mí me interesa-, ciertamente hay un conflicto económico. Y es bueno hacerlo evidente, no esconderlo.
Lo que pasa es que algunas radios no quieren que la Sociedad Chilena del Derecho de Autor les cobre más por transmitir cierto tipo de música.
Muchas de esas radioemisoras ya no pagan, o los pagan muy parcialmente, los derechos de autores extranjeros.
Son sectores que ideológicamente siempre están hablando de la defensa del derecho de propiedad. Pero cuando la propiedad es intangible, como el derecho de autor, no les gusta defenderla mucho.
La ley en proyecto servirá para que a algunos músicos les lleguen recursos. Y yo espero que todos los reciban.
Tengo mi opinión sobre la SCD. Soy bastante crítico de ella -lo debo reconocer- en muchos aspectos. Porque hay formas y formas de actuar.
Pero eso no es lo esencial. Lo esencial es que las grandes cadenas sean parte de este esfuerzo de defensa de la identidad de nuestro país, que es patrimonio de todos.
Por eso la ARCHI quiere hablar de promedios. Porque no desean que las radios grandes asuman esa responsabilidad de la misma forma.
Señora Presidenta, agradezco lo que planteó en su momento "Florcita Motuda", por cuanto ahora estamos partiendo con 20 por ciento de emisión de música nacional: esperamos llegar a 40.
--(Aplausos en tribunas).
Porque la verdad es que uno no es chileno solo el 18 de septiembre, cuando se viste de huaso (¡a algunos les gusta ponerse sombrerito, chupalla y bailar cueca...!). Hay muchas maneras de ser chileno o chilena.
Existen diversos tipos de música y de creaciones. Yo espero que tengamos capacidad para valorar lo nuestro en toda su amplitud y sentirnos realmente orgullosos de ello. Y la forma de sentirnos orgullosos y promover lo nuestro es garantizarle en los espacios radiales una cuota mínima, de por lo menos 20 por ciento, no solo para entretenernos, sino también para que los artistas chilenos puedan desarrollarse y seguir alimentando nuestro espíritu.
Voto a favor.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Senado, el proyecto de ley que ahora nos convoca discurre entre la obligación que se pretende imponerles a las radios de emitir diariamente 20 por ciento de canciones de autores e intérpretes nacionales y la libertad de expresión que consagra nuestra Constitución Política como derecho fundamental.
Es plenamente legítimo y loable fomentar la música de nuestros autores, porque forma parte del patrimonio artístico y cultural de Chile. Pero creemos que debe buscarse una fórmula que nos permita estimular a través de las radios la defensa de la identidad nacional.
Me habría gustado que en esta materia se hubiese llegado a un acuerdo en la Comisión. Sabía que había interés tanto de la Unión Nacional de Artistas cuanto de la SCD y de la ARCHI por buscar un punto de encuentro.
Sin lugar a dudas, representa un avance que esta iniciativa haya considerado a las interpretaciones musicales emergentes.
Igualmente, es una cuestión de fondo la determinación de la forma como van a distribuirse los recursos que se recaudarán en virtud de la ley en proyecto.
Claramente he señalado la necesidad de que los artistas emergentes tengan la oportunidad de acceder a esos recursos.
Otro tema dice relación con la forma como se vota en la SCD.
A mí me encantaría que todos los artistas estuvieran en igualdad de condiciones para elegir a la directiva y que no hubiera tres categorías para determinar qué peso electoral se tiene dentro de esa Sociedad: cinco votos o uno.
En tal sentido, quisiera estimular un reparto más equitativo en el caso de los artistas emergentes.
¿Cómo pueden hoy día los referidos artistas acceder a los recursos que se obtienen a través de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor? Si son tocados en tres radios. Y hay que comprobarlo mediante los sistemas de control y de información existentes.
Muchos artistas emergentes me han hablado de sus intentos para conseguir dinero por esa vía. Tras golpear la puerta de la SCD, les han pedido acreditar la difusión de sus interpretaciones por tres radioemisoras.
Debemos hacernos cargo de ese problema y solucionarlo. Porque no todos los artistas tendrán igualdad de condiciones para acceder a los dineros recaudados en virtud de la ley en proyecto.
Como señaló el Senador Letelier, hay que hacer evidentes todos los conflictos de intereses existentes en esta materia. Es necesario, pues, poner todas las situaciones sobre la mesa, para aprobar una buena legislación.
En tal sentido, el establecimiento de un espacio para la música emergente me parece significativo. Y eso se consagra en el texto que nos ocupa.
Otro tema relevante se relaciona con la fijación de un promedio de la industria. ¿Y por qué lo planteo? Lo explicaré.
En mi Región no son lo mismo la Radio Festival o la Radio Congreso, las cuales tienen sobre 40 por ciento de música nacional, que otras radios, nacionales e incluso locales -lo planteaba muy bien el colega Letelier-, que aplican una política distinta.
No da lo mismo, en consecuencia, establecer un promedio de 20 por ciento y exigir que lo cumpla cada una de ellas.
Yo aspiro incluso a un promedio mayor, ojalá de 25 por ciento, con un compromiso claro; con una legislación acorde, que permita al menos en cinco años avanzar en la materia.
Empero, para ello hay que entender que las empresas ocupan el espectro radioeléctrico, bien nacional de uso público que el Estado entrega en concesión y respecto de cuyo uso (valga la redundancia) puede establecer restricciones.
Por supuesto, me encantaría que existiera mucha más música nacional, mucha más identidad; que nuestra música se difundiera; que hubiese espacio para los emergentes.
Me gustarían también fondos concursables a la altura. Porque, a decir verdad, las iniciativas ingresadas durante la Administración anterior fueron insuficientes. Y hay que tener un estímulo mayor para incentivar la difusión de la música.
Un artista -he hablado con varios- me decía: "Quiero que me escuchen, no por decreto, sino por gusto".
Es cierto. Pero es menester asimismo generar las condiciones para que las radioemisoras accedan a difundir los contenidos.
De otro lado, tenemos una cuestión de precedentes.
Considero indispensable avanzar, de todas maneras, en materia de identidad nacional y de fomento a la música chilena.
Todos vemos cómo los autores nacionales terminan sus días: prácticamente abandonados -incluso por el recuerdo de los chilenos- en hogares de ancianos, sin una previsión que les garantice siquiera una pensión digna.
Por tanto, debemos cuestionarnos también por qué los recursos emanados de la ley en proyecto no concurren a la formación de un fondo para las pensiones de los artistas e intérpretes nacionales.
A los efectos de avanzar en la materia, invito a que tengamos un nuevo informe de la Comisión.
--(Manifestaciones en tribunas).
Y lo digo con toda responsabilidad.
Yo fui uno de los que defendieron a los artistas, incluso durante mi Gobierno, como Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, cuando sacamos adelante el proyecto sobre televisión digital. Y lo hicimos para resguardarlos frente a los concesionarios que repetían programas sin pagar sus derechos de autor a quienes habían desplegado sus dones y contribuido con su trabajo para crearlos.
Por consiguiente, a ese respecto no tengo que dar la prueba de la blancura. Y bien sabe la Unión Nacional de Artistas cómo laboré para que los concesionarios interesados en tener señales de televisión digital respetaran los derechos de sus afiliados.
Entonces, hago un llamado a que podamos ponernos de acuerdo (y quiero aventurar) para tener en promedio 25 por ciento de la industria.
La idea es establecer un plazo breve para formular indicaciones y generar un gran acuerdo, al que concurran tanto la ARCHI y la SCD cuanto la Unión Nacional de Artistas, al objeto de que podamos despachar una legislación que fomente la identidad nacional y permita las adecuaciones necesarias para avanzar en la materia.
--(Manifestaciones en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Debo hacer presente que el punto se vio en reunión de Comités y que estamos en la discusión general. De manera que el proyecto volverá a la Comisión, donde se formularán indicaciones. Luego se emitirá un segundo informe, el que vendrá a la Sala.

El señor ROSSI.- La discusión es en general y en particular, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Debo reiterarle, Su Señoría, que el punto se vio en reunión de Comités.
En todo caso, cualquier Senador tiene derecho a pedir que la iniciativa vaya a Comisión y que se fije plazo para presentar indicaciones.
Reitero: ahora vamos a votar en general; el proyecto irá a la Comisión, donde se podrán formular indicaciones, para lo cual acordamos como plazo el 30 de junio, a las 12; y se elaborará un segundo informe, el que vendrá a la Sala para la discusión particular.
Tiene la palabra el Senador señor Rossi para una cuestión de Reglamento.

El señor ROSSI.- Señora Presidenta, este proyecto fue discutido en la Comisión (lo conversamos recién con su Secretario) en general y en particular. Y lo debatimos en dos ocasiones.

La señora ALLENDE (Presidenta).- El señor Secretario General tiene una opinión distinta. Y voy a darle la palabra.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Muchas veces la Sala discute en general los proyectos y acuerda mandarlos a Comisión para un nuevo primer informe.
Cuando la iniciativa vuelve a la Sala con el nuevo primer informe, continúa la discusión general si su texto es distinto.
Ambas situaciones se registraron en esta oportunidad.
Por consiguiente, primero hay que aprobar la idea de legislar. Si cualquier Senador pide plazo para formular indicaciones, debe fijarse. En tal caso, el proyecto vuelve a Comisión, la que emite el segundo informe, donde deja constancia de las indicaciones rechazadas, de las aprobadas, de las aprobadas con enmiendas, etcétera. Finalmente, la Sala decide en particular sobre cada situación.
Es cuanto puedo informar, señora Presidenta.

El señor LETELIER.- Pido la palabra.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se la voy a dar, Su Señoría, pero le hago presente que este punto ya lo vimos.
Ahora, debo recordar que la interpretación que dio el señor Secretario corresponde a lo que acordamos aquí en sesión anterior. En esa oportunidad se debatió la idea de legislar y se remitió el proyecto a la Comisión para que evacuara un nuevo primer informe. En dicho trámite se formularon indicaciones y se mandó la iniciativa a la Sala para proseguir la discusión general.
En esta ocasión, de aprobarse la idea de legislar, el proyecto volverá a dicho órgano técnico, el que, tras analizar las nuevas indicaciones, va a elaborar el segundo informe, documento que someterá a nuestra consideración.
Ahora, yo no puedo restringir el derecho reglamentario de los señores Senadores a pedir que se fije plazo para formular indicaciones.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, quiero dejar sentado que, independiente de cómo resolvamos la cuestión reglamentaria, este proyecto se va a aprobar.
Entonces, ese no es el tema de discusión.
Ahora, lo cierto es que la Sala autorizó originalmente a la Comisión para ver el proyecto en general y particular a la vez, por tener solo un artículo.
La última vez, atendida precisamente esa autorización, se usó el resquicio reglamentario -válido- para que la iniciativa volviera a la Comisión. De lo contrario, se habría votado en general y se habrían hecho las indicaciones.
Eso fue lo que ocurrió.
La reflexión general del señor Secretario es muy válida. Sin embargo, debo recordar que se había acordado ver el proyecto en general y en particular para votarlo en la Sala por ser de artículo único y que se alteró el procedimiento porque algunos colegas querían presentar indicaciones y pidieron un nuevo primer informe para que se discutiera de nuevo.
Es la Mesa la que resuelve en esta materia, de acuerdo a lo que diga el señor Secretario. Pero las indicaciones ya se formularon y se trataron. Y eso consta en el nuevo primer informe. De otra manera no figuraría en él.
Quiero, pues, subrayar que, aunque se fije un nuevo plazo para formular indicaciones, hoy la aprobación se verificará con los mismos votos que habrá la próxima semana.
Dejo sentada reglamentariamente nuestra posición.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Está en su derecho, señor Senador.
La interpretación del señor Secretario es diferente.
Ahora proseguiremos la votación.
Tiene la palabra el Senador señor Matta.

El señor MATTA.- Señora Presidenta, para la historia del debate de este proyecto de ley, me permitiré agregar algunos antecedentes que me envió la Unión Nacional de Artistas, entidad que agrupa a entre 12 mil y 14 mil artistas, en más de 6 disciplinas y 17 organizaciones. Se trata de un ente importante, que merece mi mayor respeto.
Una primera afirmación dice:
"Los chilenos escuchamos lo que 3 sellos transnacionales producen.
"Actualmente existe una alta concentración del mercado de la música a nivel mundial. Solo 3 sellos transnacionales poseen más del 70% del mercado mundial (Sony-BMG, Universal Music Group, Emi y Times-Warner)¹. Estas compañías multinacionales ejercen gran influencia para que las radioemisoras de todo el mundo programen su producción. Esto se ve reflejado en nuestro país, al igual que en muchos otros, donde el 67% de la música que se escucha corresponde justamente a la producida por estas 3 transnacionales. Es decir la disparidad mundial se reproduce a nivel local. Como es esperable, los sellos independientes compiten con mucha dificultad frente a estas grandes empresas.
"Además de las consecuencias económicas, esta concentración tiene sobre todo implicancias culturales, imponiéndose la cultura musical de ciertos mercados (el norteamericano principalmente) por sobre la gran diversidad de expresiones musicales que existen en el mundo. Es decir, afecta la identidad de un país, su autovaloración y las oportunidades de acceso a la diversidad cultural de la población. Además complejiza la subsistencia de las industrias creativas locales y los músicos chilenos.".
Segunda afirmación:
"Se nos obliga a escuchar lo que 6 empresas radiales definen
"En Chile, son seis (6) empresas en el país las que tienen el 70% de las radios, y tres de éstas ocupan el 55% de ese total y concentran el 70% de la publicidad comercial.".
"La campaña radial de ARCHI" -agrega en otro párrafo- "hace creer que el proyecto de ley obligará a los chilenos a escuchar canciones, cuando la realidad muestra que ya estamos obligados a escuchar lo que unas pocas empresas definen. Empresas que a su vez...
--(Aplausos en tribunas).
... son "invitadas" a programar lo que 3 sellos transnacionales producen.".
Tercera afirmación:
"La Unesco promueve la aplicación de políticas para proteger la música y la cultura:
"Como vemos se trata de una de las consecuencias negativas de la globalización económica y la formación de monopolios. La Unesco preocupada por esta situación en el mundo promovió la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, más conocida como la Convención por la Diversidad Cultural. Esta declaración suscrita por 133 países, con la significativa excepción de Estados Unidos, advierte:
""(...) que los procesos de mundialización, facilitados por la evolución rápida de las tecnologías de la información y la comunicación, pese a que crean condiciones inéditas para que se intensifique la interacción entre las culturas, constituye también un desafío para la diversidad cultural, especialmente en lo que respecta a los riesgos de desequilibrios entre países ricos y países pobres.".
"A través de esta convención, los países reafirman su derecho a adoptar medidas para proteger y promover la diversidad cultural en su territorio. Las que pueden estar "encaminadas a proporcionar a las industrias culturales independientes nacionales y las actividades del sector no estructurado un acceso efectivo a los medios de producción, difusión y distribución de bienes y servicios culturales".
"En este marco muchos países como Francia, Argentina, Uruguay, Australia, Canadá, Portugal, entre muchos otros, han establecido cuotas mínimas como una forma de contrarrestar las distorsiones del mercado mundial y apoyar los sellos independientes de su país.".
Más adelante se expresa:
"El proyecto" -el que ahora se debate- "NO propone género SOLO proveniencia: que se entienda como música chilena solo la música folclórica de nuestro país es un error y una muestra de lo poco que se conoce la diversidad de nuestra música. El proyecto NO obliga a modificar la línea editorial de ninguna radio, solo abrir un espacio a los músicos chilenos.".
Compartiendo plenamente tales juicios y antecedentes, voto con fuerza que sí.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, durante muchos años nuestros músicos, nuestros creadores e intérpretes se dedicaron a hacer solidariamente lo que mejor saben, sin costo, de manera gratuita.
Yo estoy feliz de que se decidan a organizarse y luchar por sus derechos.
A lo largo de varios años bregaron por los derechos de muchos. Ha llegado la hora de que se organicen. Y eso debiera ser reconocido. Tienen plena libertad para organizarse y defender sus derechos, tal como lo hacen otros: empresas, en fin.
Para algunos, que las farmacias, que los bancos, que las AFP luchen por sus derechos resulta natural y normal, pero consideran extraño que lo hagan nuestros artistas.
--(Aplausos en tribunas).
Creo que efectivamente hay una propiedad sobre un bien inmaterial, que es la música, y es lógico proceder así. Pero se trata de un patrimonio que también cumple una función social -no me cansaré de repetir que es un aliado de la felicidad: no existe felicidad sin música-, la que nuestros creadores han venido ejerciendo. Y espero que eso continúe, porque el derecho que reclaman es precisamente para profundizar en ello.
Siete años es un plazo más que excesivo. Ojalá que quienes quieren dilatar el debate actúen de buena fe, mas juzgo que es algo que no puede seguir hasta el infinito. Las cosas, por sabidas se callan, y a veces, por calladas se olvidan. Efectivamente, se pretende olvidar, en ocasiones, que aquí media una legítima -a estas alturas abrigo una duda- pugna de intereses.
Me parece injusto seguir demorando el proyecto de ley, y aspiro a que las indicaciones den cuenta de que realmente...
--(Aplausos en tribunas).
... se está haciendo un esfuerzo real por mejorarlo. Será preciso acreditar que un 25 por ciento de la programación de música nacional corresponde a composiciones emergentes.
La Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) ha expresado que este no es el único instrumento; que no está en contra de la música, sino del expediente coercitivo y autoritario. La pregunta es cuáles son los otros. ¿Cuáles plantearon antes para promover nuestra producción? ¿Dónde están esas propuestas?
Se está discutiendo una medida real, concreta, que pretende fomentar, defender, valorizar, vigorizar la música nacional de raíz folclórica y el arte, así como también a sus creadores.
Hay quienes dicen que los medios no definen lo que quieren transmitir, sino que lo hace el público. Quisiera consignar lo expresado por todas las investigaciones a nivel internacional, como se explica en el informe. Hace años, Eliot Spitzer, entonces Fiscal General del Estado de Nueva York, concluyó, tras multar a tres de las cuatro casas discográficas más grandes del mundo, que, muchas veces, "contrariamente a las expectativas de los oyentes, el tiempo de emisión de los artistas está determinado por los pagos a estaciones de radio y sus ejecutivos y no por los méritos artísticos". Porque existe una extremada concentración.
¿Cuántos grupos radiales hay en Chile? Cuatro: Bezanilla, Luksic, Dial, Ibero Americana Radio Chile. ¡Estos consorcios concentran el 70 por ciento del mercado! Solo el Grupo Prisa comprende 220 frecuencias -el 30 por ciento- y lo más importante: el 50 por ciento de la inversión publicitaria en ese ámbito.
Lo mismo ocurre, muchas veces, en la prensa escrita. Y existe una ley sobre la televisión. Pero estamos tratando un proyecto sobre la radio. Ello, para mejorar la función social del medio y, particularmente, para fortalecer el espíritu nacional, el de defensa de los valores que se han señalado y la cultura.
No se requiere un decreto para obligar a escuchar la producción de los artistas chilenos. Así es. Lo que se está dando es la posibilidad de una promoción en condiciones de igualdad, elemento que no se presenta en el plano comercial.
La Senadora señora Von Baer ha mencionado que no existe una manera de fiscalizar. Pero el propio Presidente de la ARCHI, señor Luis Pardo, ha aclarado que un software arrojó, en 2012 y 2013, un porcentaje de fiscalización. Y el Director de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor también hizo referencia a uno, de origen español, que se utiliza en más de 40 países. Es posible, por tanto, cumplir esa función. Hay instrumentos para hacerlo en forma adecuada. Lo que sucede es que hay que usarlos.
Ya se señaló que aquí se ha pretendido dar una opción de inconstitucionalidad.
La iniciativa busca equilibrar un menoscabo en perjuicio de la música chilena. No afecta la línea editorial. Trata por igual a las radios locales y a las nacionales -regula lo relativo a estos medios y otra apuntará a la televisión, como lo manifesté- y no incide en la actividad económica. La pregunta es en qué afectaría el establecimiento de la imposición.
A aquellos que defienden el derecho de propiedad les digo que el número 24 del artículo 19 de la Constitución de 1980 -es una Carta que a mí no me gusta y que quiero cambiar- dispone claramente que "Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Ésta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.". ¡El patrimonio cultural musical es un interés general de la Nación! Y es el que queremos defender al fijar el 20 por ciento de emisión de música nacional.
Espero que nadie recurra al Tribunal Constitucional. Los parlamentarios estamos discutiendo libremente una iniciativa que presenta una transversalidad política. Fueron nueve Diputados de la Unión Demócrata Independiente quienes la plantearon. Y nos alegramos, porque está correctamente orientada, y hemos logrado mejorarla en la Sala, más allá de cualquier grupo de presión que haya intentado actuar.
Cuando el año pasado discutimos la materia en la Comisión de Educación, se suscitaron dudas. Hubo votos en contra y votos a favor. En el camino se fueron superando todas las interrogantes, y creo que hemos despejado todas las áreas: el derecho de propiedad, la línea editorial, la afectación económica y, particularmente, el principio de justicia. Claramente, y de manera tardía, se está haciendo justicia a la música chilena. Hemos establecido un 20 por ciento que francamente no va a afectar ninguna línea editorial, como tampoco la actividad económica de las radios.
La resistencia, por cierto, no es de las emisoras pequeñas, a las que es preciso ayudar. Aquí está la Subdirectora del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, señora Lilia Concha. Vamos a tener un Ministerio de Cultura. Y espero que se impida que los grandes consorcios ahoguen a estas radios, que las tramiten, que las exploten, que las sometan, en definitiva, a las condiciones que hoy día enfrentan, en que no pueden decidir realmente con autonomía, sino que han de ceñirse a los regímenes de captura de publicidad de los primeros.
Este es un proyecto que contribuirá al orgullo nacional, y, en particular, será una de las pocas normativas aprobadas por el Congreso que contarán con una gran sintonía ciudadana.
Voto a favor, y espero que sea ley de la República a la brevedad.
--(Aplausos en tribunas).
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra al Honorable señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, durante la discusión del asunto en la Comisión, donde me tocó reemplazar al Senador señor Quintana, me pronuncié a favor con algunas condiciones.
Comparto el fin que se persigue, que es promover la música y un mayor reconocimiento de la dignidad de los músicos; mas para ello no bastan un "guiño", como señaló mi Honorable colega Ignacio Walker, ni un "pequeño paso". El país está cansado de "guiños" y de "pequeños pasos". Hoy se dan las condiciones para que abordemos con seriedad una política estatal de promoción de la música y de las artes, con el fin de dar a los músicos la dignidad que les corresponde. Por consiguiente, cualquier proyecto de ley que constituya un "guiño" está fuera de lugar.
No es explicable que la música haya sido sacada de los currículos escolares. Tenemos que restablecerla.
No es natural que un conservatorio no cuente con más validación académica y técnica que la de los propios músicos.
Tampoco es razonable la falta de una política pública de promoción del campo laboral de estos últimos y mucho menos que el país carezca de una respuesta previsional para ellos, cuyas características laborales no dicen relación precisamente con la estabilidad que requiere el sistema vigente.
Entonces, mi temor -y lo reitero- es que la aprobación del proyecto, particularmente en los términos del artículo al cual se ha hecho referencia, más bien va a cerrar la oportunidad de contar con una gran ley de promoción de la música y otras artes y que realmente contribuya al espacio y a la dignidad que buscamos.
Voy a leer a Sus Señorías incluso uno los incisos que se contemplan -estoy de acuerdo con el principio, pero creo que es algo parcial de lo que propuse en una ocasión anterior-: "Una parte de la programación de música nacional deberá estar destinada a composiciones e interpretaciones musicales emergentes". ¿A qué se hace referencia con la palabra "emergentes"? ¿Se considera como tal una nueva canción o una reedición de una publicación ya realizada en el pasado respecto de un músico antiguo que ya recibe una valoración de su trabajo conforme a la Ley de Propiedad Intelectual?
¿Cuál sería el efecto en relación con lo que propongo? A mi juicio, lo que tiene que hacer una ley de promoción es incentivar el desarrollo de músicos jóvenes, capaces de desarrollar y grabar sus propias producciones, de editarlas con dignidad, de difundirlas por los medios de comunicación.
Presenté, entonces, un conjunto de indicaciones que apuntan mucho más a ser proactivos. El Estado no se puede seguir corriendo y dejando que otros hagan lo que, como política, no solo no hace, sino en lo cual también se ha registrado un retroceso sistemático, lamentablemente, incluso en los últimos 25 años -debo reconocerlo- de vida democrática.
Estimo necesario valorizar el esfuerzo que se lleva a cabo, pero se requiere una serie de modificaciones. Reitero, entonces, mi compromiso y simpatía con el proyecto, mas creo que está lejos de satisfacer las enormes expectativas de los músicos presentes, porque a la que finalmente va a favorecer es a una pequeña élite de quienes ya han tenido la oportunidad, por último, de publicar sus trabajos, de darlos a conocer y de recibir una cierta remuneración, quizás mezquina, pero de la cual por lo menos disponen. Sin embargo, el grueso de los músicos, particularmente en regiones, no ha tenido esa oportunidad.
En las indicaciones que estoy preparando y espero presentar se incluye, asimismo, la dimensión regional. Porque todos los proyectos se discuten acá como si Chile fuera Santiago, en circunstancias de que fuera de la Capital la situación de estas personas es mucho más dramática y son ignoradas en mayor medida en los medios de comunicación.
En consecuencia, pido que aprovechemos la presente instancia para sacar adelante y salvar la iniciativa. No por una semana vamos a dejar fuera la posibilidad de un acuerdo más riguroso, más profundo. El Senador que habla está dispuesto a jugarse por esa opción y va a presentar indicaciones para mejorar el texto; pero quiere ser claro: en tanto no presentemos algo serio al país, se seguirá absteniendo.
Gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, en la misma línea de lo que planteaba el Senador señor Guillier, creo que todos los que están en la Sala, incluso quienes desde la partida han estado dispuestos, con entusiasmo, a votar a favor del proyecto, han expuesto que se suscitan muchos reparos y que esta no es la mejor herramienta para conseguir el propósito que se persigue.
Deseo consignar, para quienes están siguiendo el debate en las tribunas y en distintos lugares, así como también por Internet, que lo que hace la iniciativa es modificar, como se ha dicho desde el comienzo, la Ley sobre Fomento de la Música Chilena. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si efectivamente se encuentra o no funcionando la institucionalidad del Estado tendiente a este último objetivo. Para eso existe dicho cuerpo legal.
El Senador señor Ignacio Walker expresaba recién: "Estamos dando un paso; estamos haciendo un gesto.". Por mi parte, concuerdo plenamente con mi Honorable colega Guillier: esta no es una cuestión de gestos. A los músicos ya les han hecho muchos.
Y por eso es que rechazo el intento de algunos de plantear la situación del proyecto entre los que están a favor de la música y quienes están en contra de ella. ¡Por favor, nada más lejano de la realidad! ¿Quién, a este lado o al otro, podría estar en esa última posición? Se pueden tener distintos gustos, pero no porque uno oponga reparos con relación al texto va a estar en contra de la música, mucho menos de la nacional, que nos acompañó en momentos muy importantes de nuestra vida, en la recuperación de la democracia, en los años ochenta, en fin. Ella está muy presente en la memoria de todos.
Entonces, me parece que buscamos el camino fácil. Estamos diciendo: "Arréglense ustedes y arréglense las radios, porque el Estado aquí no está haciendo nada.".
Valoro la presencia de la señora Subdirectora, mas me gustaría saber cuál es su propuesta para fomentar la música nacional.
Porque cabe decirlo claramente -lo conversábamos con el Senador señor Rossi, Presidente del órgano técnico-: el Consejo de Fomento de la Música Nacional no fue invitado a la Comisión. Entiendo que debe de existir; que debe de tener un presidente.
La ley aprobada por este mismo Congreso en 2004 dispone que el Consejo puede establecer convenios directos con las radios.
En algunos casos, tal vez nos quedaremos cortos con el 20 por ciento. He visto carteles que hacen referencia al 40 por ciento, y, probablemente, encontraremos hoy día radioemisoras que ya lo enteran.
A propósito, considero que algunos colegas han emitido algunos comentarios bastante injustos con respecto a algunas estaciones. Porque estas efectivamente ocupan el espectro radioeléctrico, que es un bien nacional de uso público, pero no hay que meterlas a todas en el mismo saco. Radios muy pequeñas prestan una gran utilidad en localidades, en comunas, y pagan impuesto por utilizar ese medio.
Como varios señores Senadores lo han manifestado, este es un debate también sobre aspectos económicos. ¡Por supuesto! ¿Cómo vamos a fomentar que los cantautores emergentes, como muy bien lo decía el Honorable señor Rossi, puedan difundir su música?
Y, por eso, me parece un avance, sin lugar a dudas, la indicación que establece, en particular, un 25 por ciento obligatorio para dichos artistas. Porque, de lo contrario, el riesgo es muy grande. O sea, en media hora de transmisión, el control de la radio puede darles preferencia a los consagrados y dejar a la cola y esperando a esas otras composiciones.
La que finalmente hace la recaudación es la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD). Está bien. Es la institucionalidad que tenemos.
Algunos legítimamente plantean si acaso no es el momento de considerar quién regula a la entidad -entiendo que es el Ministerio de Educación- y el contenido de la Ley sobre Propiedad Intelectual.
Juzgo pertinente que los cantautores en la tribuna efectivamente sepan con qué criterios la Sociedad reparte los recursos entre los artistas. Imagino que esa información es transparente. Así como se usaba recién el ejemplo de la educación y de contemplar una alta regulación, también este organismo debe someterse a un sistema similar. Porque lo que todos queremos es el fomento de la música nacional.
El Senador señor Tuma hizo referencia a la música indígena. Los cantautores mapuches me han manifestado que ellos no consideran que su producción sea chilena, porque son un pueblo distinto. Entonces, también será preciso buscar que esas expresiones regionales, como muchos colegas lo han expuesto, puedan verse recogidas.
Para fomentar la música, lo que se requiere son recursos a fin de llegar a muchos cantantes. No todos están en la SCD: algunos seguramente se encuentran en otro ámbito.
He escuchado igualmente la opinión del grupo Los Miserables, quienes han declarado no estar por la imposición, sino porque la gente los escuche por gusto.
Como sea, lo que me parece relevante es cómo la Sociedad recauda -esto es bien importante que lo escuchemos, señora Presidenta- los recursos con los cuales va a apoyar a los músicos. Y todos queremos que ese objetivo se cumpla.
Sabemos que uno por ciento es aportado por la televisión, la cual asimismo ocupa -¡ojo!- espectro radioeléctrico. Es algo que en el proyecto no estamos tocando. Lo estamos dirigiendo hoy día, por supuesto, a un dos a tres por ciento de la facturación de las radios. Pero nada estamos haciendo con relación a los centros comerciales, por alguna razón. Los estamos cuidando, en circunstancias de que también difunden música nacional. Nada estamos haciendo con relación a las fuentes de soda, con los restaurantes, con los espectáculos, que deben aportar un cinco por ciento a la Sociedad. No los hemos contemplado. Nos fuimos por el camino fácil: "A los señores de las radios los tenemos ubicados a todos. Ampliemos lo atinente a la facturación".
Sin embargo, surge una cuestión muy de fondo -por eso, echo de menos el rol del Estado-, que es cómo se fiscaliza.
Uno de los autores de la iniciativa, el actual Senador señor García-Huidobro -como se ha dicho, ellos fueron Diputados de la UDI, encabezados por el exparlamentario Enrique Estay-, manifestó en la sesión anterior que retiraba su patrocinio por encontrar que faltaba la fiscalización. Se trata de una herramienta fundamental.
Por eso, vuelvo a lo que pregunté al comienzo: ¿dónde está el Estado en el proyecto?
Es refácil establecer derechos, pero que otros se encarguen de cubrirlos, de protegerlos y de garantizarlos.
Es refácil decir: "Que se arreglen en los tribunales". No sabemos, finalmente, cómo estos se van a comportar con motivo de determinarse, según el texto de la proposición, que "Las organizaciones de autores e intérpretes con personalidad jurídica tendrán legitimación activa para demandar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.". Se va a demandar e ignoramos cuál va a ser el resultado. A lo mejor, en algunos casos se acogerá la posición de los cantautores y, por lo tanto, se impondrá una multa severa. Por supuesto, si alguien transgrede la ley es lo que corresponde, sea una radio pequeña o una grande.
Entonces, pienso que nos falta bastante debate sobre el particular. Naturalmente, el proyecto es bienintencionado. No cabe ninguna duda de que este es un asunto de bien público; de que se trata de preservar nuestra identidad cultural y como país. Pero, a veces, decimos: "Hagamos bien la pega", y estimo que el texto puede ser mejorado. Sobre esta base, mi voluntad es en orden a proseguir su tratamiento en la Comisión.
Por eso, me abstengo.
--(Manifestaciones en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, si bien estoy pareado con el Senador señor Allamand, quien se encuentra fuera de Chile, quiero apoyar la iniciativa.
¿Por qué? Cabe considerar, primero, que enfrentamos una gran carencia, cual es la de carecer de una política cultural. Ni siquiera contamos con una institucionalidad cultural en forma, ni se protege el patrimonio. No le entreguemos a este simple proyecto la responsabilidad de hacerse cargo de algo mucho más amplio.
Creo que el texto colabora en la materia, que avanza, pero no va a resolvernos los problemas de la ausencia y, tal vez, casi la invisibilidad de la cultura, como un espacio de oportunidades para el desarrollo de mejores ciudadanos en nuestro país.
Quizás Chile tiene el sesgo de haber apostado siempre al desarrollo entendido como variable económica, poniendo énfasis en la competitividad, en la productividad, a veces olvidando que estamos hablando de seres humanos y de la construcción de mejores personas. ¡No importa! Esos seres humanos deben ser productivos. Da lo mismo que, desde un punto de vista más integral, sean personas con múltiples carencias o, en numerosas ocasiones, con graves insuficiencias.
Por eso me parece tan importante esta discusión, que yo vería como una discusión terapéutica.
Chile hoy día, no producto de la elite, sino producto de la sociedad, está reponiendo un debate muy interesante y al cual apunta este proyecto, cual es el relativo a restablecer el énfasis en los bienes públicos, a restablecer los derechos de la sociedad.
Es cierto: aquí hay una visión propietaria -legítima, pero que yo no comparto-, donde no existen los bienes públicos, donde el mundo se debe definir en torno a lo privado, en torno al consumo.
Esa es la gran discusión que estamos observando en materia educacional. ¿Cuál es, finalmente, la oposición a que la educación sea un derecho? ¿Cuál es la oposición a que la educación sea de nuevo un bien público y no un bien de consumo? La oposición radica en que ahí se pone en cuestión el modelo de sociedad. Y si algo define y perpetúa el modelo de sociedad imperante (vertical, autoritario, individualista, consumista) son los actuales esquemas educacionales y culturales.
Entonces, yo me pregunto por qué muchos prefieren que nuestros jóvenes estén endeudados con los bancos, sus principales acreedores, en lugar de hallarse comprometidos y endeudados con el país. Y ello obedece a esa particular visión propietaria de la que estoy hablando.
Con la cultura sucede exactamente lo mismo. Se quiere la cultura como un instrumento de alienación, de dominación, no como un instrumento de liberación. Por eso la cultura debe promover lo que promueve la educación. Y cuando a uno le enseñan que hay que pagar por la educación, que la educación es un bien de consumo, te cambian los paradigmas, te corren la cerca. Si hay que pagar por educación, entonces hay que pagar por todo.
Si la educación y la cultura son finalmente bienes que se hallan determinados por el mercado o la publicidad, que establecen, en definitiva, a qué tipo de educación y de cultura tendrán acceso los chilenos, entonces nos convertimos en rehenes.
Y de ahí pasamos a promover el individualismo, a promover estas visiones que son la fuerza del neoliberalismo y que nos llevan a regirnos por el consumo. El consumo es lo que le da estatus a la gente; las marcas son las que le dan sentido de vida, sentido de pertenencia. La felicidad de las personas está en el consumo. ¿Y por qué no en la cultura? Porque esta no existe. Y la cultura es, justamente, el antídoto para construir comunidad, para construir solidaridad, para reponer valores fundamentales en un mundo en el que se perdieron.
La falta de cultura es lo que infantiliza a la gente. La gente no reflexiona. No piensa en construir ni en reinventar el mundo. Está todo dado. El mundo está satisfecho con los satisfactores "culturales" que nos ofrece la visión neoliberal. Entonces, no hay que construirlo ni inventarlo. Y ojalá que no lo hagan, porque si la educación y la cultura dejan de ser un bien de consumo, la elite no se va a reproducir: otros van a entrar en disputa con ella. ¡Esos pobres marginales, esos excluidos, empezarán a competir también por espacios de poder político, cultural, económico!
Por eso, aquí hay un modelo de reproducción que se autorreproduce, que regula el mercado. Aquí, finalmente, son los elementos de consumo y publicidad los que gobiernan la sociedad.
Conocemos experiencias concretas.
Cuando Argentina, producto de la guerra con Inglaterra, prohibió la música inglesa, ¿qué pasó? Se promovió el rock argentino como nunca antes y como nadie lo hubiera pensado.
Pero esto no basta. Hay que tener fondos para la cultura; hay que terminar con el IVA a los libros; hay que terminar con la no exención de IVA cuando en una pequeña actividad cultural se ofrece alcohol, como ocurre a veces en el Municipal. Tenemos que establecer de verdad protección al patrimonio.
Me parece que este proyecto abre un debate, que va en el sentido correcto en cuanto a si nuestra sociedad entiende que parte de su dignidad, parte de su identidad, se halla en la creación. Estoy de acuerdo en que a lo mejor esta iniciativa presenta muchas insuficiencias, que tal vez los nuevos cantautores o creadores todavía no tienen oportunidades. Debemos ir mucho más allá, pero aquí, por último, hay un esfuerzo.
A mí, como Presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, a veces me angustia ver cómo el mundo está cambiando, cómo estamos en la frontera de la inteligencia artificial, de la vida artificial -hoy en El Mercurio se publica que las futuras generaciones podrán nacer en Marte-, y que ese mundo no lo gobernamos nosotros. ¿Y por qué no? Porque somos rehenes de una visión, de una ideología donde nadie está creando, donde estamos acostumbrados a vivir en la certeza y a no manejar la incertidumbre.
La cultura y la educación son bienes públicos que, para mí, representan la posibilidad de construir un futuro.
Pido un minuto adicional, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Ya se lo dimos, señor Senador.
Redondee la idea, por favor.

El señor GIRARDI.- Gracias.
Me refería a la posibilidad de construir un futuro en el que no haya desigualdad, en el que no se destruya el planeta ni el resto de los seres vivos, que es lo que ocurrirá si valoramos más el consumo que el amor a la vida, a la naturaleza.
¿Pero cómo construir esa sociedad si somos rehenes de un mundo sin cultura, sin sentimiento, donde somos presa y víctima de estos satisfactores o seudosatisfactores culturales, que reemplazan el amor a la cultura, a la vida?
Por eso, siento que aquí hay un debate relevante, y con mucho entusiasmo apoyo el proyecto, que representa el inicio de un camino que debe profundizarse.
Gracias.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, he seguido el debate con bastante atención.
La promoción de la música, de la creación, no debe ser solo misión del legislador. Sin embargo, hemos llegado acá, a la discusión de un proyecto de esta naturaleza porque el modelo y la concentración del mercado han hecho prácticamente imposible el ejercicio de ciertas libertades.
Me aproximo a esta iniciativa, probablemente por deformación profesional, más bien desde la procedencia de ciertos principios constitucionales. Y he tenido dudas al respecto.
He revisado no solo el derecho comparado, sino también la historia de nuestro constituyente, y he efectuado un parangón de nuestro Texto Fundamental. Y la verdad es que nuestra Constitución, más allá de las legítimas críticas que se le formulan -a las cuales me sumo-, contiene un conjunto de valores, un conjunto de principios y también reglas constitucionales. En ese orden.
Los valores son ideas jurídico-filosóficas que inspiran el texto constitucional. Por ejemplo, el valor de la libertad. Los principios son ideas jurídico-políticas que orientan la conducta legal. Aquí se ha mencionado el denominado "principio de subsidiariedad", que yo no comparto, pero que se encuentra plasmado en la Constitución. Y luego esta presenta un conjunto de reglas, que son normas de carácter general o particular, instrumentos que el constituyente creó para consagrar, asegurar o regular instituciones y materializar los valores y principios.
Si consideramos que nuestra Carta Fundamental contempla el valor de la libertad en sentido amplio, entonces debiéramos estudiarlo no solo circunscrito, según se nos señaló, a la libertad de expresión, a la libertad de emitir opinión, esgrimida como fundamento constitucional en contra de la moción, en cuanto se estaría limitando el legítimo ejercicio de la actividad económica y la libertad de expresión respecto de la línea editorial de ciertos medios.
Y es cierto: la Ley Fundamental contempla, en el numeral 12° de su artículo 19, la libertad de opinión. Pero quienes la citan omiten otra libertad, consagrada en el numeral 25° de la misma norma: la libertad de crear y difundir las artes.
La pregunta que cabe hacerse, entonces, es la siguiente: ¿es real la libertad consagrada en la Constitución?
Señora Presidenta, la libertad no es solo una palabra, debe ser un verbo, y solo la pueden ejercer aquellos que tienen derecho a elegir. Y una sociedad más justa es la que logra que la mayor cantidad de sus miembros tenga ese derecho a elegir. No obstante, nuestro país no brinda niveles amplios de libertad, porque solo somos unos pocos los que podemos elegir la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, o los que tenemos derecho a escuchar ciertas creaciones artísticas.
En consecuencia, el valor de la libertad, consagrado en la Constitución, es bastante relativo y a veces es utilizado, a mi juicio, de manera engañosa.
El rol de legislador nos compete a todos los que estamos acá. La gente de repente cree que nosotros hacemos leyes que más bien son construcciones líricas, construcciones mecánicas. Y la verdad es que el rol del legislador es intentar, en una ley, en una norma, plantear una visión de sociedad. Cada vez que yo redacto una norma, cada vez que influyo para poner una frase o una coma, lo hago para plasmar en esa norma la visión que yo tengo de la sociedad, para que ella trascienda el gobierno de turno y mi mandato como Senador y sea permanente en el tiempo.
Lo que tenemos que plasmar en una ley, señora Presidenta, es una visión de sociedad. Por tanto, el legislador tiene una tremenda responsabilidad.
Partí con dudas respecto a este proyecto. Incluso, en algún minuto manifesté públicamente mi oposición a una normativa como esta, por atentar contra la libertad consagrada en el número 12° del artículo 19. Sin embargo, después hice un profundo estudio y oí a todos los involucrados.
Escuché a los representantes de la ARCHI, quienes, para mi sorpresa, después en el debate en la Comisión plantearon un principio de acuerdo que vulnera todos los argumentos que esgrimieron acerca de la libertad y la inconstitucionalidad. Porque, si llegaron a proponer la posibilidad de un promedio, es porque en definitiva estaban disponibles para aceptar una coerción de la libertad desde el punto de vista que ellos defendieron.
También escuché a la Unión Nacional de Artistas, y pude empaparme del problema que viven en relación con la difusión de sus creaciones. Me reuní con gente de diferentes regiones, incluida la mía, y puedo decir que en Chile existen, efectivamente, creadores y creaciones. El problema es que quienes no somos creadores y no tenemos creaciones no tenemos oportunidad de conocerlas por la falta de mecanismos de difusión.
El Estado tiene por misión velar por el bien común. Y yo me pregunto: ¿no es la cultura, no es la identidad parte fundamental del bien común? ¡No existe bien común si no hay identidad! Y la identidad no puede circunscribirse al escudo nacional, a la chupalla, a las espuelas o a la bandera nacional. La identidad de un pueblo tiene que ver con la cultura, con la historia, con el patrimonio inmaterial, con la capacidad de reencontrarse con sus orígenes étnicos, multiculturales, con las creaciones. Es un todo.
Por lo tanto, lamento que hayamos tenido que llegar a establecer en una ley algo que debiera ser parte de la cultura, algo que debiera ser natural, que debiera surgir espontáneamente en todas las industrias. Pero el legislador está llamado a regular cuando la sociedad pierde la capacidad de darse cuenta de que no está cumpliendo el objetivo y el valor principal consagrado en la Constitución: el bien común.
La concentración del mercado en el espectro radioeléctrico resulta bastante aberrante. Hoy, tres o cuatro grandes grupos radiales ejercen una labor de información, que yo destaco. Pero un artista me decía en una reunión: "Yo soy un creador. No tengo por qué andar mendigando en las radios para que un programador me pida el CD, el disco o lo que sea donde yo tenga registrada mi creación. Yo me voy de ahí, y ese disco o CD quedará amontonado junto a muchos otros, porque no lo van a pasar, debido a que la programación, para frustración de los programadores chilenos, viene determinada desde otras latitudes".
--(Aplausos en tribunas).
En consecuencia, hoy tenemos creadores, tenemos creaciones y es rol del legislador establecer una regulación que garantice la forma de difundirlas. Porque aquí ha habido grandes artistas. Algunos han nacido artistas, otros han formado artistas, pero todos han debido enfrentar un mecanismo de difusión cada vez más complejo de definir, más allá de la calidad que se posea.
Mientras, vienen artistas extranjeros a los que nadie conoce, aunque, dada la importancia económica, son creados e impuestos desde el punto de vista de la difusión y al final llegan a llenar estadios porque, o nos han cansado con su música, o, más allá de su calidad, cultivan un tipo de música que se ha convertido en masiva.
El proyecto no es todo lo bueno que yo quisiera -a decir verdad, es bastante limitado-, pero, tratándose de una votación en general, voy a concurrir con mi voto favorable para su aprobación.
--(Aplausos en tribunas).
Voy a concurrir con mi voto favorable, no porque esté convencido de que el proyecto de ley es bueno, sino porque creo que una normativa como esta tiene que abrir una discusión más profunda. Por ejemplo, yo insto a mis colegas a que, en el marco de la reforma tributaria, de una vez por todas el legislador contemple la calidad de artista dentro de los códigos tributarios. Hoy, cualquiera de los artistas que nos acompañan no boletea como tal, pues no existe el código respectivo. Tiene que inventarse uno. Eso evidencia la falta de reconocimiento de la ley hacia los creadores artísticos de nuestro país.
--(Aplausos en tribunas).
En la actualidad, no hay exenciones de IVA para la producción artística. Ya lo dijo un Senador que me antecedió en el uso de la palabra: basta que en una actividad artística se consuma alcohol para que se pierda la exención del impuesto al valor agregado, en circunstancias de que grandes corporaciones, bancos o el retail realizan espectáculos que no necesitan exenciones de IVA y donde se reparte alcohol sin ningún problema.
Por lo tanto, señora Presidenta, hay que avanzar mucho más. Este es un primer paso. El proyecto no es bueno; hay que mejorarlo y perfeccionarlo. E insto a que iniciemos un debate respecto de qué tipo de sociedad vamos a construir, qué vamos a entender por bien común y cómo vamos a contribuir a que nuestra identidad no sea solo un aprovechamiento en los días de las Fiestas Patrias, sino una conducta nacional establecida por ley, más allá de su mandato, el mío y el del gobierno de turno.
Muchas gracias.
--(Aplausos en tribunas).

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (16 votos a favor, 6 en contra, 5 abstenciones y 4 pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz y Lily Pérez y los señores Espina, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quinteros, Rossi y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
Se abstuvieron los señores Araya, Chahuán, Guillier, Quintana y Tuma.
No votaron, por estar pareados, los señores García, García-Huidobro, Girardi e Ignacio Walker.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- El proyecto vuelve a la Comisión. El plazo para formular indicaciones es hasta el 30 de junio. Y yo espero que el martes de esa misma semana podamos despacharlo en particular en la Sala.
Quiero aclarar lo siguiente, sometiéndome al artículo que nos rige porque, obviamente, debo respetar el Reglamento de la Corporación. Independientemente de mi posición favorable desde cuando era Diputada, reitero que corresponde que aplique el Reglamento.
En consecuencia, el proyecto vuelve a la Comisión, con un plazo máximo para formular indicaciones hasta el 30 de junio.

A quienes quieren perfeccionar sus normas -están en su derecho; así lo establece el Reglamento-, les ruego que cumplan la fecha para que no tengamos ningún problema. Y ojalá el proyecto sea puesto en el primer punto de la tabla de la sesión del martes 1° de julio y sea despachado en particular en esa misma oportunidad.
Agradezco la asistencia de quienes se encuentran en tribunas.
Voy a suspender la sesión para que se retiren los artistas que nos han acompañado.
Se suspende la sesión por un par de minutos.
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--Se suspendió a las 18:29.
--Se reanudó a las 18:31.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa un oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual comunica su ausencia del territorio nacional entre los días 18 y 21 del mes en curso, con el objeto de hacer una visita oficial a los Estados Unidos Mexicanos para participar en la Novena Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se realizará en Punta Mita.
Informa, además, que durante su ausencia la subrogará, con el título de Vicepresidente de la República, el señor Ministro titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública, don Rodrigo Peñailillo Briceño.
--Se toma conocimiento.



ENMIENDA A LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN MATERIA DE AFECTACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA DE PLANES REGULADORES


La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores, con informe y nuevo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.828-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 38ª, en 3 de julio de 2013.
Informes de Comisión:
Vivienda y Urbanismo: sesión 80ª, en 17 de diciembre de 2013.
Vivienda y Urbanismo (nuevo): sesión 23ª, en 10 de junio de 2014.
Discusión:
Sesión 85ª, en 14 de enero de 2014 (vuelve a la Comisión para ser discutido en general y en particular).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es terminar con la caducidad de las declaratorias de utilidad pública consultadas en los instrumentos de planificación urbana correspondientes, a fin de garantizar a los propietarios afectos un nivel de aprovechamiento urbanístico del predio en tanto se expropia o se adquiere el terreno.
Debo hacer presente que, con fecha 14 de enero del año en curso, la Sala del Senado acordó que el proyecto volviera a la Comisión de Vivienda y Urbanismo para un nuevo informe, y la autorizó para debatirlo en general y en particular a la vez.
Cabe recordar, asimismo, que en el primer informe el órgano técnico deja constancia de que aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Lily Pérez y señores Pérez Varela y Tuma, y de los entonces Senadores señores Muñoz Aburto y Sabag.
La Comisión hace presente en su nuevo primer informe que durante la discusión en particular se pronunció acerca de las indicaciones formuladas por el Senador señor Ossandón y respecto de una indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo, y que se acordaron las modificaciones que consigna en su texto.
Cabe dejar constancia de que en el artículo 1º, su numeral 2), que incorpora un artículo 28 bis, nuevo; el número 5), inciso segundo, del artículo 59 que se remplaza; los artículos 2º y 3º permanentes, y el artículo transitorio son de rango orgánico constitucional, por lo que requieren 21 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone acordar se consigna en el nuevo primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de poner en debate el proyecto, quiero saludar a la señora Ministra de Vivienda y decirle que estamos muy gustosos de tenerla acá.
Asimismo, solicito la autorización de la Sala para que ingresen los asesores del Ministerio de Vivienda señora Jeannette Tapia y señor Enrique Rajevic.
--Se accede.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En la discusión general de la iniciativa, tiene la palabra el Senador señor Montes.


El señor MONTES.- Señora Presidenta, antes de emitir una opinión sobre este proyecto, quiero dejar constancia de que el ánimo de la Comisión es solicitar a la Sala que lo reenvíe al referido órgano técnico por poco tiempo, con el objeto de realizarle un conjunto de afinamientos.
Ello lo conversamos al interior de la Comisión, y por eso avanzamos rápido en despachar la iniciativa en los términos en que se encontraba. El argumento principal es que su debate se llevó a cabo en enero y los actuales integrantes de la Comisión solo pudieron conocerlo recientemente.
Entiendo -así me lo confirman- que se requieren 21 votos para aprobarla y, a lo mejor, no alcanzamos a reunir ese quórum. Por ello, sería bueno que usted, señora Presidenta, nos sugiriera qué hacer.
El proyecto en análisis tiene enorme importancia en materia de construcción de ciudad y de las obligaciones que, en función de esto, tienen los propietarios de bienes raíces.
Se refiere a la afectación de los inmuebles con el objeto de llevar adelante las obras que la ciudad precisa para vialidad, circulación, plazas y parques.
Históricamente, siempre se pensó que ello era obligación de los propietarios, de la mano de una orientación y de definiciones más colectivas respecto del suelo y de la función social de la propiedad.
Existieron, así, afectaciones indefinidas en el tiempo que debían ser asumidas por los propietarios, con las irracionalidades que ello generaba.
Posteriormente, con lógicas más privatistas e individualistas, se postuló que este era un gravamen excesivo para el propietario, y que debía regularse y limitarse.
De tal forma, surgió la ley Nº 19.939, impulsada por el entonces Ministro Jaime Ravinet, que estableció un límite temporal renovable para las afectaciones, según su naturaleza y objetivos.
Como era previsible, las municipalidades y el Estado no pudieron materializar las obras vinculadas a las afectaciones, y ni siquiera analizar su conveniencia en los plazos previstos.
La ley N° 20.331 prorrogó las afectaciones. Pero eso tampoco fue suficiente, y muchas caducaron con el consiguiente impacto en la ciudad, su vialidad y en sus áreas verdes y recreativas.
El presente proyecto busca resolver esa situación.
Con tal fin, propone una normativa que concilie de mejor forma los intereses de los particulares y de la sociedad.
El principio es que, si bien el propietario sufre la afectación, no queda absolutamente imposibilitado de utilizar su inmueble, y se le permite un uso del terreno.
Lo anterior se logra a través de la modificación de tres tipos de normas.
1) Las que constituyen la estructura básica de la iniciativa, que se refieren al artículo 59, y las disposiciones transitorias que reponen las declaratorias de utilidad pública.
2) Las que se refieren a la compensación o el derecho de uso básico del propietario, y que distinguen si existe o no construcción en el inmueble.
Si la hay, se accede a que la use y la reponga en caso de siniestro. Si no, a que la construya según lo que se determina como una edificación mínima, definida como una vivienda de dos pisos, sujeta también a la posibilidad de habilitar un pequeño comercio.
Se faculta, asimismo, a las Direcciones de Obras Municipales para permitir nuevas construcciones en los terrenos afectos a utilidad pública distintas de las autorizadas, siempre que el propietario del inmueble renuncie por escritura pública a toda indemnización o pago cuando se lleve a cabo la expropiación (artículo 121, nuevo, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones).
En esa materia se dispone que, tratándose de expropiaciones parciales, cuando una propiedad se valorice o se desvalorice a consecuencia de la declaratoria, deberá deducirse o imputarse de la indemnización el cambio de valor que afecte la parte no expropiada, como resultado de las nuevas obras que se realicen.
3) Las que complementan procedimentalmente el derecho de los propietarios afectados por la declaratoria, como la creación de los "planos de detalle", que permiten graficar en forma más nítida los espacios declarados de utilidad pública.
Señora Presidenta, Honorables colegas, en primer término, quiero hacer notar que este tema es fundamental para la construcción de nuestras ciudades y debe ser el comienzo de una nueva mirada de mayor planificación.
Nuestro país presenta un severo retraso en sus definiciones urbanas, producto de falencias graves en la planificación. Estas causan muchos de los serios problemas de nuestras urbes.
Hay países, como Alemania, que definen sus ciudades con un largo horizonte de 60 años. Otro tanto ocurre en naciones latinoamericanas que tienen mejores soluciones que las nuestras, como Colombia.
Es preciso entender que la afectación no es un gravamen excesivo para el propietario, sino una obligación necesaria para el bien común y, también, para el ejercicio de sus propios derechos.
En efecto, muchas veces se transforma en un beneficio que valoriza su inmueble, como la afectación de utilidad pública, al igual que las cesiones de espacio público, que veremos en otro proyecto.
No es lo mismo tener un terreno colindante con una calle o vía menor, que junto a una avenida o un eje estructurante. Hay ejemplos significativos en esta materia, como la construcción de la avenida Nueva Providencia, que generó gran debate. Esta valorizó bastante las propiedades del entorno, pero sus dueños no estuvieron dispuestos a contribuir mayormente, como propuso el alcalde de la época.
En segundo lugar, esto nos lleva a ligar el asunto con el tema de las plusvalías, al cual le hemos hecho el quite por años.
Es fundamental buscar una nueva forma de recoger el mayor valor de la construcción en ciudad. Hoy esta se encuentra privatizada, en circunstancias de que buena parte de ella se genera con el aporte del sector público, como ocurre con el Metro: ¿cuánto podría avanzarse en este medio de locomoción colectiva si el Estado compartiera con los privados la captura de las plusvalías por la ampliación de la red?
La iniciativa de reforma tributaria avanza en esto. Y es importante que junto con ver su impacto en materia de recaudación se analice también -como lo hicimos hoy en la mañana en esta misma Sala- su valioso efecto en el ámbito del suelo urbano.
En tercer término, el proyecto contiene avances, pero aún presenta falencias importantes.
La edificación mínima es una solución de transacción. No obstante, no es lo óptimo, por lo que me abstuve en algunos artículos.
La afectación tiene un objetivo final: la expropiación para desarrollar una obra o proyecto, según lo define el plan regulador respectivo.
El uso del terreno necesariamente incrementa el valor del entorno y, por lo tanto, el de la expropiación, definido en nuestro país como el valor comercial.
Según los cálculos existentes, el Estado paga por sus expropiaciones 1,6 veces su valor comercial. Eso se pagaría por la afectación en vialidad desde Arica a Punta Arenas, en todas las ciudades de Chile. ¿De dónde saldría la plata, si no establecemos desde un comienzo una manera de financiamiento?
La solución, por tanto, implica elevar el valor de expropiación y hacer más difícil la ejecución de iniciativas para las que hoy el Estado y los municipios no tienen recursos.
Los miembros de la Comisión, como el Senador Ossandón, dada su experiencia como alcalde, han percibido que acá hay un tema de ciudad muy relevante.
Además, habría que pensar en crear algo así como un fondo de expropiaciones -a partir de la plusvalía, por ejemplo-, u otra medida que permitiera ejecutar estas obras. Ello, por cierto, de la mano de una mejor planificación y gestión del ámbito urbano, especialmente en las áreas metropolitanas, donde urge un Gobierno metropolitano con mayores atribuciones y facultades, que aborde más integralmente este tipo de asuntos.
En el debate realizado cuando se aprobó el proyecto que dio origen a la ley vigente aceptamos que ello ocurriera para evitar las injusticias existentes, pero dijimos con mucha fuerza que, si no había un fondo que le garantizara al Estado la capacidad de expropiar, comprar o negociar las calles, ¿de dónde saldrían los recursos? Necesariamente se vencerían los plazos pertinentes, salvo en casos muy excepcionales.
Por eso, creemos que aquí, junto con dar todas estas facultades, hay que ver cómo dotar al Estado de las capacidades para actuar realmente, lo cual puede ser por la vía de un fondo específico, de un aporte de plusvalía o de otros mecanismos.
Anuncio mi voto a favor.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Pido autorización a la Sala a fin de que pase a remplazarme en la testera, por unos minutos, el Honorable señor Pizarro.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Pizarro, en calidad de Presidente accidental.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, esta iniciativa legal dirime un proceso extraordinariamente complejo. Y creo muy difícil dejar a todo el mundo contento y obtener todos los objetivos que se pretenden obtener al mismo tiempo.
En este proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectación de utilidad pública de los planes reguladores se establece la regulación de las afectaciones de utilidad pública de "los terrenos consultados en los planos reguladores comunales, planes intercomunales y planes seccionales destinados a vialidades, circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, en las áreas urbanas, así como los situados en el área rural que los planes reguladores intercomunales destinen a vialidades".
Además, se dispone que "Los propietarios de terrenos afectos a la declaración de utilidad pública" -en virtud del artículo 19, número 24° de la Constitución- "podrán solicitar a la municipalidad o a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, según corresponda, que a través de planos de detalle se grafique con exactitud la parte de sus terrenos afecta a utilidad pública, cuando el plan intercomunal o comunal no lo haya establecido, en un plazo de 6 meses".
¿Qué es, en definitiva, lo que debemos zanjar? Si tal declaratoria tendrá un plazo o durará por siempre.
Aquí se ha afirmado, a mi juicio injustamente, que esta iniciativa viene a arreglar un error cometido en 2004 por el Ministro Ravinet. Con todo, pienso que él solo dijo: "Oiga, está bien, la propiedad tiene un bien social y no se puede imponer, como ha ocurrido en algunas oportunidades, que un propietario impida el desarrollo de una ciudad, de una calle, de una avenida, de un hospital".
Sin embargo, no estoy de acuerdo en que por esta vía a alguna persona -esto no solo le ocurre a grandes propietarios, sino también a gente muy modesta-, a quien la autoridad declare sus terrenos afectos a utilidad pública, inmediatamente se le apliquen ciertas restricciones, como la de no aumentar el volumen de construcción.
Por otro lado, "si a la fecha de la declaratoria no existieran construcciones, sólo se admitirá la edificación de una vivienda de hasta dos pisos de altura".
¡No sé quién va a construir en un lugar que se va a expropiar!
No obstante, lo que queda claro como el agua -no comparto esto con el Senador Montes-, es que resulta difícil encontrar un ejemplo de que el propietario se beneficie con la afectación. No conozco un caso al respecto. Porque, en verdad, cuando se afecta una propiedad, esta baja de precio. ¿Y quién la va a comprar? O sea, se produce un daño tremendo a su dueño.
Por lo tanto, soy de aquellos que piensan, como dice nuestra Constitución, que la propiedad tiene un fin social. Con todo, considero que la sociedad no puede perjudicar a la persona a la cual se le afecte su propiedad, sin compensarlo de alguna manera.
De ahí que, al igual que el Senador Montes, soy partidario de que este proyecto vuelva a la Comisión, con la finalidad de establecer algún tipo de incentivo para compensar a quien realice un sacrificio por el resto de la comunidad.
Lo anterior, con el objeto de que se pueda hacer planificación. Esta le falta mucho a Chile. Pero no es culpa de los propietarios a quienes se les afectó su bien. Tampoco del ex Ministro Ravinet. La culpa es de quienes afectaron las propiedades que se mencionaron y dejaron pasar 10 años sin hacer nada: no han construidos calles, no han construido avenidas, ¡no han hecho nada!
En consecuencia -reitero-, el culpable no es el propietario, sino la autoridad por no tomar una decisión política o, como muy bien se dijo aquí, por no asignar los recursos necesarios a fin de construir el eje estructurante, la propiedad, la calle. Y, entonces, ese propietario, que puede ser pequeño o grande, termina subsidiando al resto de la comunidad, sacrificando su propiedad por ella, sin recibir ningún beneficio.
Señor Presidente, como discutimos hoy a la hora de almuerzo con otros Senadores de la Alianza, pienso que se deben incluir algunos beneficios. Yo entiendo que la Ministra tiene voluntad para que la iniciativa vuelva a Comisión, a fin de resolver, en un tiempo acotado, el problema derivado del vencimiento del plazo e incorporar, además, algún tipo de incentivo. Por ejemplo, que no pague contribuciones la persona a quien se le declara en afectación una propiedad. ¡Porque el daño que se le produce es tremendo!
Como tenemos la concepción de que la propiedad no es un bien intocable, perfectamente se la puede afectar. Pero debiera considerarse alguna compensación, pues en esos casos se cometen numerosos abusos.
Cuando se han construido tranques o carreteras en mi Región, a las personas expropiadas se les han demorado los pagos pertinentes y se les desarraiga de los lugares donde vivían. Quizás, el mayor daño no es el relacionado con el valor de la propiedad, sino que se le diga a alguien cuya familia ha vivido por cinco generaciones en una casa lo siguiente: "El alcalde, o el SERVIU, o la autoridad equis ha determinado que por este sector se va a construir una calle, una avenida. Y usted debe irse de aquí".
¡Ese es un perjuicio que no se compensa!
Por lo tanto, señor Presidente, si ese ciudadano va a contribuir de alguna manera al bien público con la afectación de su propiedad, es dable que se le compense por ello, y una de las tantas formas de hacerlo es liberándolo del pago de contribuciones.
Alguien puso el ejemplo de una familia de la Sexta Región que poseía una pequeña parcela que había sido afectada. Pasaron décadas sin que se construyera la obra respectiva, y estaba cerca de que le remataran la propiedad porque debía contribuciones, las que, además, habían subido, pues le habían dicho: "Por aquí va a pasar la avenida tanto".
Entonces, hay algo más que perfeccionar en este proyecto. Y creo que existe voluntad para ello.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Hago presente que varios señores Senadores están inscritos y el Orden del Día se halla próximo a su término.
Tiene la palabra el Honorable señor Araya.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, la iniciativa parece ser buena, porque viene a resolver un punto que siempre ha sido muy discutido en el ámbito de las declaratorias de utilidad pública para efectos expropiatorios: cuál es el terreno exacto que se expropia. En tal sentido, incorporar la norma que dice relación con los planos de detalles obviamente constituye un avance.
Como país, tenemos serios problemas de planificación urbana. No por nada la Presidenta de la República acaba de crear hace un par de días una comisión que se encargará de abordar la situación del transporte urbano y, vinculado a ello, de evaluar cómo van creciendo las ciudades.
Si uno mira lo que pasa en los distintos municipios de Chile, aprecia que hay problemas con la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con la necesidad real de construir espacios públicos (calles, avenidas, nuevas viviendas) y con lo que efectivamente reflejan los planes reguladores de nuestro país.
Yo me atrevería a afirmar que la gran mayoría de los planes reguladores no se ha actualizado en los últimos quince a veinte años. Se han efectuado más bien modificaciones puntuales frente a requerimientos de la sociedad o de empresas constructoras. Reitero: en general, solo ha habido parches en los planes reguladores. Y esto ha llevado a que hoy se evidencie un caos territorial, toda vez que no contamos con un ordenamiento efectivo en esta materia que dé cuenta de lo que demandan y necesitan las personas para hacer más vivibles las ciudades.
Dicho eso, creo que lo central de la discusión radica en la enmienda que se propone en el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Hace diez años, si no me falla la memoria, aprobamos una norma que buscaba terminar con la injusticia que sufrían los chilenos dueños de una propiedad cuando se producía una declaratoria de utilidad pública para efectos expropiatorios. En esos casos, el ciudadano queda, en la práctica, en tierra de nadie, debido a que, por la Ley de Procedimiento de Expropiaciones, su bien raíz inmediatamente se vuelve incomerciable y aquel no puede suscribir o celebrar ningún acto o contrato que signifique la enajenación de ese bien. Por lo demás, nadie está dispuesto a adquirir una propiedad que va a ser enajenada.
Uno puede entender lo que planteó el Senador Montes en el sentido de que efectivamente se produce un aumento en el valor de los terrenos, pero de aquellos que no serán objeto de expropiación.
Cuando ejercía la profesión de abogado, y antes de que se estableciera la prohibición constitucional a los parlamentarios para actuar como abogados en tribunales, me tocó conocer juicios expropiatorios, que eran realmente largos y en los cuales el Fisco nunca pagaba lo que realmente valía la propiedad. Y se producía algo que describió muy bien el Senador Prokurica: el desarraigo de la persona que debe salir de la casa en la que su familia ha vivido durante mucho tiempo.
Entonces, el legislador del año 2004 buscó darle un corte a esa situación y evitar las declaratorias ad aeternum. Para ello, puso un tope máximo de cinco o diez años, dependiendo de las circunstancias de la propiedad y de los objetivos. Pues bien, ese plazo venció. Pero en ese tiempo ni los municipios ni las autoridades han cumplido con lo que les ordenó la ley, que era definir claramente qué propiedades seguirían manteniendo para los efectos de construir calles, avenidas, plazas o parques.
Yo soy partidario de que el proyecto regrese a la Comisión. Y si efectivamente sinceramos el problema existente -a saber, que las municipalidades, el MOP y el Ministerio de Vivienda, a través del SERVIU, no fueron capaces de cumplir la norma legal-, quizás demos un plazo excepcional.
Con todo, lo peor que podemos hacer es volver a la disposición que regía antes de 2004, que permitía que las declaratorias de utilidad pública perduraran en el tiempo sin que existiera ninguna obligación para la institución pública requirente de dar un término a esa declaratoria o, a lo menos, de iniciar la obra.
La norma en vigor nace -si no me falla la memoria respecto de lo que me comentó en su minuto el entonces Ministro Ravinet- para poner término a la gran cantidad de terrenos en Chile afectos a declaratorias de utilidad pública sin que se haya efectuado en veinte o treinta años ninguna obra o iniciación de obra.
Efectivamente, la propiedad afectada debe tener una función pública. Y, por cierto, en tal caso se busca satisfacer un interés público superior. Pero este no puede permanecer hasta el fin de los tiempos sin que el ciudadano cuyo terreno ha sido objeto de esa declaratoria no sepa qué hacer o a qué atenerse.
Considerando la explicación de la Ministra en orden a que no se lograron levantar los proyectos pertinentes y a que, como consecuencia de ello, vencerán las aludidas declaratorias, una alternativa de solución puede ser fijar un plazo de transición. Sin embargo, en lo personal, no estoy dispuesto a volver a una norma que consagre las declaratorias de utilidad pública para fines expropiatorios que no tengan término y que, a la vez, no le imponga a la autoridad ninguna obligación de llevar adelante las obras respectivas.
La planificación urbana demanda ese tipo de medidas. Pero la ley puede resguardarla adecuadamente mediante la fijación de plazos bastante prudentes para el inicio de las faenas.
Señor Presidente, estoy dispuesto a votar a favor de la iniciativa en general. No obstante, anuncio que me pronunciaré en contra de la modificación al artículo 59 en los términos señalados.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, el tema de este debate es fuerte.
Hace diez años, bajo el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, se cambió abruptamente -de un lado hacia otro, como la teoría del péndulo- la legislación sobre declaratorias de utilidad pública. Hasta ese momento, estas eran indefinidas.
En los planes reguladores comunales e intercomunal, se establecía determinado trazado para una avenida, un parque, etcétera; se declaraban de utilidad pública los terrenos correspondientes, y los propietarios afectados no tenían derecho absolutamente a nada. Quedaban, como alguien mencionó, en la indefensión y no eran compensados. Debían esperar hasta cuando el Estado, a través de sus organismos, pudiera ejecutar la obra programada, porque recién en ese momento se aplicaba el proceso de expropiación. Y todos sabemos -sobre todo, quienes han sido alcaldes- que a veces transcurre mucho tiempo. De hecho, hay trazados en planes reguladores que han durado treinta, veinte años sin la ejecución del proyecto, caso en el cual el propietario no tenía ningún derecho y se veía profundamente afectado por la declaratoria de utilidad pública.
La ley del año 2004, que el Senador Montes atribuye al Ministro Ravinet, quien pertenecía al Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, estableció una caducidad "de diez años para las vías expresas, y de cinco años para las vías troncales". Terminado ese plazo, las declaratorias de utilidad pública vencen. Y estamos ad portas de que caduquen algunas. Otras ya expiraron.
Por lo tanto, se coloca al Estado y a sus organismos en una situación imposible. El péndulo pasó de un lado a otro.
La idea de la iniciativa en análisis es establecer algo razonable, donde convivan el bien común con el bien individual del propietario, para que este no sea quien sufra todos y cada uno de los efectos de una declaratoria de utilidad pública producto de la planificación de una urbe.
Las ciudades son dinámicas: se produce crecimiento poblacional; aparecen sectores urbanos que hay que comunicar; se construye en altura, lo que requiere ensanchamiento de avenidas, en fin. Y eso significa un proceso de planificación que la totalidad de las veces no se condice con la rapidez de ejecución de las obras. Por el contrario, si las declaratorias de utilidad pública estuvieran acompañadas con la realización de las faenas respectivas, no habría ningún problema. Pero no es así.
¿Cómo hacemos para planificar la ciudad y desarrollarla urbanísticamente y en armonía, sin dejar de proteger los derechos de los propietarios que se ven afectados?
Ese es el elemento central que tenemos que resolver ahora.
Por eso es muy importante aprobar hoy la idea de legislar. Así, podremos discutir en particular, mediante indicaciones, cómo compensar a los afectados y qué obligaciones deberá asumir el Estado en esta materia. ¿Vamos a establecer un plazo para que las declaratorias de utilidad pública se desarrollen? ¿Fijaremos compensaciones al propietario por el período que va desde la afectación de su predio hasta la expropiación?
El proyecto contempla una serie de enmiendas que me parecen novedosas.
Antes la declaratoria de utilidad pública era indefinida, total. Por tanto, no podía hacerse absolutamente nada. A partir de esta futura ley, podrán realizarse algunas obras. Al dueño le será posible usar el terreno afectado de alguna manera. De hecho, la Dirección de Obras Municipales pertinente puede autorizarlo para hacer nuevas construcciones distintas de las que establece la ley.
En fin, tenemos que buscar un justo equilibrio. Mientras eso no pase, estamos en situaciones extremas: por un lado, el propietario sigue pagando todo, lo que sin duda es injusto y, por otro, el Estado no tiene capacidad para llevar adelante los proyectos. Debería expropiar casi de inmediato, pero no puede, ya que la búsqueda de recursos es un proceso que siempre es de lato desarrollo.
Habrá que definir qué compensaciones podemos proponer.
En el almuerzo el Senador Prokurica recordó una indicación del colega Moreira que estipulaba que, por ejemplo, mientras dure la declaratoria de utilidad pública, la persona quede eximida del pago de las contribuciones de bienes raíces. Tal medida actualmente no existe; por ende, el afectado no puede disponer de su propiedad y, más encima, debe pagar el impuesto referido.
Por lo tanto, señora Presidenta, la discusión en particular será fundamental para avanzar en la solución de esta materia.
He conversado este asunto con algunos alcaldes en ejercicio. Los Senadores que han sido ediles saben que es extraordinariamente complejo poner plazos a la autoridad para llevar adelante las expropiaciones una vez declarada la utilidad pública de un terreno. Un sinnúmero de elementos impide la concreción de esos compromisos: los presupuestos son anuales; las necesidades, múltiples. Considerando esto, amarrar a un municipio o a un gobierno regional para que destine cierta cantidad de recursos a usar en seis, siete, ocho, nueve o diez años más es una situación difícil de resolver por ley.
En consecuencia, tenemos que avanzar en el camino de las compensaciones, de las mitigaciones, para poder desarrollar adecuadamente a las ciudades.
Ese es un tema de debate profundo.
En su momento yo voté a favor del proyecto de ley del año 2004 sobre la materia. Recordando ese trámite, cabe señalar que a lo mejor el debate no tuvo la profundidad necesaria. Entonces no logramos dimensionar lo que pasaría luego de diez años: las condiciones establecidas en la norma legal, en general, no se cumplieron.
Hoy día vemos cómo caducan las declaratorias de utilidad pública, en circunstancias de que las necesidades de las ciudades en materia de avenidas, de parques, siguen presentes y están a la vuelta de la esquina.
Este Senado, a través de su Comisión de Vivienda, tiene un trabajo superarduo, que esperamos concordar con la Ministra del ramo. Debe pronunciarse respecto de las responsabilidades públicas, de las mitigaciones, de las compensaciones y velar por los derechos de los propietarios, para resolver adecuadamente los problemas planteados.
Si no llegamos a un acuerdo o si es rechazado el proyecto, quedaremos en el peor de los mundos. Comprendamos eso. Será un mundo en el que ninguno de nosotros quisiera estar, donde los órganos del Estado quedarán un poco con las manos atadas frente a una necesidad permanente de la ciudadanía con relación al crecimiento y desarrollo de las ciudades.
En efecto, cada vez más la gente reclama temas urbanísticos como elementos centrales. Piden que el Ministerio de Vivienda no solo sea "de Vivienda", sino que, además, cumpla la otra parte: "Urbanismo".
Por lo tanto, estamos frente a un desafío: aprobar esta iniciativa en general y trabajar adecuadamente en el debate en particular.
En esta última instancia, invito a todos los Senadores a colaborar con el trabajo de la Comisión de Vivienda, mediante la presentación de indicaciones, para llegar a una justa ecuación: responsabilidades públicas, mitigaciones, compensaciones, derechos de los propietarios, todo lo cual permitirá planificar nuestras ciudades de una manera más eficaz y eficiente, y seguir utilizando el mecanismo de declaratoria de utilidad pública, absolutamente necesario para el desarrollo urbanístico, de una forma más adecuada.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, seré muy breve.
Yo había solicitado la palabra a propósito de la intervención del Presidente de la Comisión de Vivienda, Senador señor Montes, quien planteó la necesidad de hacer una suerte de segundo nuevo informe. Deseo saber si dicha petición consiste en enviar el proyecto a la Comisión antes de votarlo en general o después.
Porque, tal como varios colegas han manifestado acá, el tema es superdelicado, sensible. La idea es concordar un buen texto para despejar el problema de los terrenos afectados por las declaratorias de utilidad pública.
Mi consulta en este momento, señora Presidenta, es si vamos a alcanzar a pronunciarnos ahora, al efecto de avisarles a todos los colegas que se encuentra en las distintas Comisiones que están funcionando, particularmente la que se halla analizando la reforma tributaria.
Entiendo que seguiremos con el debate de este proyecto el día de mañana. Ahí podremos votar la idea de legislar, asegurando el quórum especial requerido.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Efectivamente, como hay varios inscritos, esta iniciativa continuará su discusión mañana, ocasión en que se votará en general.
Luego de ello, se fijará un plazo para la presentación de indicaciones y la Comisión hará el análisis en particular. Evacuado el informe respectivo, el proyecto volverá a la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, después de haber escuchado las intervenciones de los colegas Senadores, manifiesto estar de acuerdo con que la iniciativa vuelva a Comisión.
El objeto de esta propuesta legislativa es revertir los efectos de las disposiciones de la ley Nº 19.939, dictada hace diez años, que declaró la caducidad de las declaratorias de utilidad pública transcurridos ciertos plazos.
Desde mi punto de vista, el efecto de la ley ha sido nefasto. Resultó peor el remedio que la enfermedad, puesto que la caducidad ha precipitado la desafectación de terrenos de un alto valor para la ciudad, provocando desequilibrios urbanos.
Los plazos establecidos en la ley no tenían asidero en la realidad. Cinco o diez años es poco tiempo en la planificación de una ciudad.
Además, los municipios, como se sabe, en su gran mayoría no cuentan con los recursos suficientes para expropiar o adquirir directamente, pero ello no debe ser causa para que el predio deje de ser considerado de utilidad pública.
Estoy de acuerdo con el propósito de este proyecto de ley. Es necesario que los municipios y los gobiernos regionales tengan herramientas suficientes para ordenar el territorio y que no queden condicionados a la existencia o no de recursos en los presupuestos.
El mejor ejemplo -y lo sabe muy bien nuestra Ministra- es lo ocurrido recientemente con el incendio de Valparaíso. Las franjas de protección, las vías de circulación, los espacios para la recreación deben corresponder a criterios urbanísticos y no a criterios financieros.
En las condiciones actuales los municipios están amarrados; no pueden planificar. En otras palabras, solo se puede planificar con dinero en caja, de modo que solo un puñado de municipios tiene derecho a planificar y los demás deben someterse a la ley de la selva.
Si a eso se une la complejidad y el costo que representa para los municipios la tramitación de una modificación al plan regulador, resulta entonces que prácticamente no hay posibilidades para una planificación eficaz de las ciudades.
Por otra parte, me parece apropiado establecer la figura de los planos de detalle, por cuanto hoy no existe en los municipios esta herramienta para responder frente a dudas generadas por planes reguladores confeccionados a escala muy general.
Ahora bien, me preocupan algunos aspectos formales de la norma transitoria.
Estoy de acuerdo en establecer que la regla general sea que todos los predios cuya declaración de utilidad pública caducó producto de la vigencia de las leyes N°s 19.939 y 20.331 recuperen su calidad original, siempre que no se incorporen en la nómina de predios desafectados que debe elaborar el municipio o el gobierno regional, según corresponda.
A ese respecto, resulta necesario clarificar que también es factible que un predio desafectado por una modificación del plano regulador aprobada según las normas vigentes recupere su declaratoria de utilidad pública en virtud de la norma transitoria y que, si se quiere ratificar la desafectación, pueda incluirse en la nómina correspondiente.
Por otra parte, estimo que el informe previo de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo que se exige para la determinación de los usos del suelo solo debe tener carácter informativo. Ello, por cuanto en mi experiencia como Alcalde y Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades constaté que en algunas ocasiones la secretaria regional respectiva le daba a su opinión la condición de vinculante, lo que no se halla en el espíritu de la ley.
En mi concepto, los municipios deben definir los usos de suelo con autonomía y en el marco de la ley, y no han de estar obligados a seguir el criterio sectorial.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Concluyó el Orden del Día.
Restan tres señores Senadores inscritos, quienes podrán intervenir en la sesión de mañana, cuando continuemos la discusión general de esta iniciativa.

El señor OSSANDÓN.- ¿Puede agregar mi nombre, señora Presidenta?

El señor LARRAÍN.- ¿Y el mío?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Por supuesto: se incorporará a Sus Señorías en la lista de inscritos.
Agradezco la presencia de la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo.

--Queda pendiente la discusión general del proyecto.

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La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Le parece a la Sala suspender el Tiempo de Votaciones y dejarlo para la sesión ordinaria respectiva?
Acordado.
Voy a levantar la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor DE URRESTI:
Al señor General Director de Carabineros, para que informe sobre REQUERIMIENTOS CIUDADANOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN DECIMOCUARTA REGIÓN. Al señor Intendente de Los Ríos, a fin de que remita copia de CARTERA DEPROGRAMAS Y LÍNEAS DE PROYECTOS FINANCIADOS EN 2014 EN MARCO DE POLÍTICA REGIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA. Al señor Superintendente de Valores y Seguros, solicitándole REVALUACIÓN DE INFORME SOBRE LIQUIDACIÓN DE SEGURO DE DESGRAVAMEN POR CRÉDITO DE ESTUDIO OTORGADO A DON JAVIER SILVA TORRES. Y al señor Superintendente de Seguridad Social, pidiéndole antecedentes acerca de LICENCIAS MÉDICAS NO PAGADAS A SEÑOR JUAN PABLO SOTO PATIÑO.
Del señor NAVARRO:
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, requiriéndole antecedentes sobre ASPECTOS PESQUEROS CONSIDERADOS EN DOCUMENTOS DE TRABAJO DE ACUERDO TRANSPACÍFICO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA. Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole información y copia de CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE RUTA DE LA MADERA. Al señor General Director de Carabineros, solicitándole antecedentes e informe de SIAT sobre CAUSAS DE ACCIDENTE OCURRIDO EN KILÓMETRO 20 DE RUTA DE LA MADERA. A la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios, requiriéndole información relativa a INTEGRANTES DE PANEL DE EXPERTOS PARA FIJACIÓN DE TARIFAS DE AGUA POTABLE. Y al señor Director de la CONAF, para que remita información en cuanto a PLAN DE CONSERVACIÓN DE GERMOPLASMA DE ESPECIES ENDÉMICAS OCEÁNICAS DE FLORA VASCULAR EN ISLA DE PASCUA, SALAS Y GÓMEZ, Y ARCHIPIÉLAGO DE JUAN FERNÁNDEZ.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:15.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción.