REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 362ª
Sesión 49ª, en miércoles 24 de septiembre de 2014
Ordinaria
(De 16:22 a 17:44)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EUGENIO TUMA ZEDAN, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Patricio
Concurrió, además, el Subsecretario de Prevención del Delito, señor Antonio Frey Valdés.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor TUMA (Vicepresidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 45ª, ordinaria, en martes 9 de septiembre; 46ª, especial, y 47ª, ordinaria, ambas en 10 de septiembre, todas del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor TUMA (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que aprobó el proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Moldova sobre Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio", suscrito en Chisinau, República de Moldova, el 18 de julio de 2013 (boletín N° 9.420-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con el siguiente manifiesta que aprobó el proyecto de ley que concede la nacionalidad por gracia a Yutaka Matsubara (boletín N° 9.532-06) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Con el tercero informa que dio su aprobación a las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que crea el Consejo de Estabilidad Financiera (boletín Nº 9.178-05).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Con el último expresa que acordó designar a los miembros de su Comisión de Hacienda a los efectos de que integren la Comisión Especial Mixta que deberá informar el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2015.
--Se toma conocimiento y se remite el documento a la referida Comisión.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada, en el ejercicio del control de constitucionalidad, respecto del proyecto que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario (boletín N° 9.290-05).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Del señor Contralor General de la República:
Responde solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Prokurica, relativa a diversas situaciones indagadas como secuela de la investigación especial N° 11, de 2011, de la Contraloría Regional de Atacama, recaída en la ejecución del proyecto Estación Cultural Pueblo Hundido, de la Municipalidad de Diego de Almagro.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Atiende solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Bianchi, relativa a la apertura de un nuevo período para que los exestibadores de Magallanes postulen a pensiones de gracia.
Contesta solicitud de información, cursada en nombre de la Senadora señora Muñoz, respecto a denuncias de acoso sexual, abuso sexual y violaciones, hechas al interior de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Del señor Ministro de Justicia:
Da respuesta a solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Espina, respecto al estado de avance del proyecto de construcción de la Escuela de Suboficiales de Gendarmería de Chile en la comuna de Traiguén.
Del señor Director Ejecutivo (PT) del Servicio de Evaluación Ambiental:
Responde solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor De Urresti, sobre los motivos por los que se desestimó poner en ejecución el mecanismo de participación ciudadana con ocasión de la modificación que Celulosa Arauco hizo a su proyecto original para producir pulpa textil en la planta de la comuna de Mariquina.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informe
De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que instaura el Día Nacional del Medio Ambiente (boletín Nº 9.330-12).
--Queda para tabla.
Moción
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Rossi y De Urresti, que modifica el Código Sanitario para regular la eutanasia (boletín N° 9.602-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señores Quinteros, Bianchi y De Urresti, con el que le piden a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de una iniciativa que modifique el decreto ley Nº 249, de 1973, con el objeto de que la asignación de zona que perciben los trabajadores de Hualaihué afectos a la escala única de remuneraciones se aumente al 90 por ciento, equiparándola a la que rige en las otras comunas de la provincia de Palena (boletín Nº S 1.711-12).
Del Senador señor Chahuán, con el que le solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República que disponga la reducción gradual de las tropas y medios nacionales actualmente destacados en Haití, antes del término del plazo de prórroga de su permanencia (boletín Nº S 1.719-12).
De los Senadores señores Chahuán, Bianchi y Prokurica, con el que le piden a Su Excelencia la Presidenta de la República que le ponga urgencia al proyecto de ley que crea bonificación para el repoblamiento y cultivo de algas (boletín Nº 9.151-21) y le formule indicaciones destinadas a asegurar el financiamiento necesario (boletín Nº S 1.720-12).
De los Senadores señores De Urresti, Lagos, Rossi, Tuma y Patricio Walker, con el que le solicitan al señor Ministro del Medio Ambiente que, en el marco del Protocolo de Montreal de 1987, se adopten medidas que aborden, entre otras materias importantes, la mantención del flujo de recursos financieros que el Fondo Multilateral requiere para gestionar la cooperación intergubernamental; la observación sistemática de la capa de ozono; el intercambio de información, y la continuidad de una vigilancia estricta que evite el desarrollo de productos químicos y de tecnologías constitutivas de nuevos peligros para la preservación de la respectiva zona de la estratósfera (boletín Nº S 1.721-12).
De los Senadores señores De Urresti, Navarro, Rossi, Tuma y Patricio Walker, con el que les piden al señor Ministro del Medio Ambiente, al Comité de Ministros por la Sustentabilidad y al señor Subsecretario para las Fuerzas Armadas que tomen conocimiento de los estudios científicos de diversos países sobre los masivos deshielos y el importante aumento del nivel del mar en la Antártica como consecuencia del alza de temperaturas, para incorporarlos, por un lado, en la elaboración y aplicación de políticas públicas en materias de iniciativa científica, institucionalidad civil y presencia militar en la zona, y por otro, en la adopción de acuerdos internacionales (boletín Nº S 1.722-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Ossandón para plantear un punto de Reglamento.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, con relación al proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para imponerles a los concesionarios la entrega de información a Carabineros de Chile y a otros servicios de emergencia, en los casos que indica, y sancionar el uso indebido de llamadas a ellos (el boletín tiene el número 9.597-07), el cual es de mi autoría, en conjunto con los Senadores señores Guillier y García-Huidobro, y se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, solicito el acuerdo de la Sala para que se radique en la de Transportes y Telecomunicaciones.
Esta petición se basa en que la materia principal es precisamente del ámbito de las telecomunicaciones, pues se crean obligaciones específicas para las empresas del rubro en su relación con los servicios de emergencia.
Asimismo, será el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones el que deberá aportar su visión técnica con respecto al núcleo de dicha iniciativa, la cual aborda una materia que tradicionalmente se radica en la Comisión que presido hoy.

El señor TUMA (Vicepresidente).- ¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.
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El señor TUMA (Vicepresidente).- Saludo a una delegación de 45 alumnos, de quinto a octavo básico, de la Escuela María Olga Figueroa Leyton, de Curicó, que nos acompañan en las tribunas.
¡Bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor TUMA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento necesario para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Prevención del Delito, señor Antonio Frey, al objeto de que participe en el debate de la iniciativa que trataremos a continuación.
--Se accede.
V. ORDEN DEL DÍA



AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES Y MEJORAMIENTO DE COORDINACIÓN CON AUTORIDAD POLÍTICA ENCARGADA DEL ORDEN Y SEGURIDAD


El señor TUMA (Vicepresidente).- En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta la dotación de la Policía de Investigaciones de Chile; modifica el Estatuto del Personal de la PDI, y enmienda el decreto ley N° 2.460, de 1979 (se trata de la Ley Orgánica de dicha institución), con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización e informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.373-25) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 37ª, en 12 de agosto de 2014.
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 41ª, en 20 de agosto de 2014.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 48ª, en 23 de septiembre de 2014.
Hacienda: sesión 48ª, en 23 de septiembre de 2014.
Discusión:
Sesión 41ª, en 20 de agosto de 2014 (se aprueba en general).

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa se aprobó en general en sesión de 20 de agosto del año en curso.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización deja constancia en su segundo informe, para los efectos reglamentarios, de que las dos indicaciones formuladas fueron declaradas inadmisibles por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar), por lo que propone la aprobación particular del proyecto en los mismos términos en que se despachó en general.
La Comisión de Hacienda no introdujo modificaciones al texto aprobado por la de Gobierno.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Saludo al Subsecretario de Prevención del Delito, don Antonio Frey, quien nos acompaña esta tarde.
En la discusión particular del proyecto, tiene la palabra el Senador señor Bianchi.


El señor BIANCHI.- Debo dar cuenta de esta iniciativa de ley, señor Presidente, en razón de que el titular de la Comisión de Gobierno se encuentra con licencia médica.
Su Excelencia la Presidenta de la República presentó en la Cámara de Diputados este proyecto, que ingresó a trámite al Senado el 12 de agosto del año en curso.
El propósito es ampliar la capacidad de la Policía de Investigaciones ante mayores requerimientos de seguridad en los niveles nacional, regional, provincial y comunal, y también, lograr una mejor coordinación de esa institución con la autoridad política encargada del orden y la seguridad públicos.
Para el segundo informe se presentaron dos indicaciones, las que recayeron en los artículos transitorios tercero, una, y quinto, la otra.
El artículo tercero transitorio establece la forma como se procederá para la primera provisión de los cargos del Escalafón de Profesionales Peritos que se incorpora a las plantas de la Policía de Investigaciones.
Su inciso segundo dispone que serán reencasillados en el nuevo Escalafón de Profesionales Peritos "cinco funcionarios titulares de cargos del Escalafón de Técnicos que estén en posesión de un título profesional, de aquellos referidos en el artículo 18 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, y que hayan sido designados peritos de conformidad a dicha norma legal.".
La indicación N° 1 buscaba asimilar a los peritos armeros artificieros a la situación de funcionarios encasillados como técnicos pero que cuentan con un título profesional que los habilita para ejercer como peritos balísticos, a quienes la mencionada norma dispone encasillar en el nuevo Escalafón Profesional de Peritos.
El Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones determina que para ejercer como perito balístico es necesario contar con "Título de Ingeniero Politécnico Militar especialista en Armamento u otro título universitario con formación en Matemáticas o Física, otorgado por una Universidad del Estado o reconocida por éste, cuyas carreras tengan un plan de estudio no inferior a diez semestres o cinco años.".
La unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Gobierno concordó en que tal indicación modificaba los requisitos para el ingreso a esos cargos públicos y alteraba el costo de la ley en proyecto, por lo cual la declaró inadmisible.
A su turno, el artículo quinto transitorio determina la supresión de 143 cargos cuando sus titulares sean reencasillados en el Escalafón de Profesionales Peritos.
La indicación N° 2 proponía suprimir dicho precepto.
Los miembros presentes de la Comisión, por unanimidad, coincidieron en que la eliminación sugerida importaba alterar los costos de la iniciativa y dejar 143 cargos más que los proyectados. Por tanto, también la declararon inadmisible.
Tales acuerdos se adoptaron -reitero- por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores señora Von Baer y señores Quinteros, Zaldívar y quien habla.
Por lo expuesto, le pedimos a la Sala aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, sin duda, existe bastante consenso en torno a este proyecto, que aumenta la dotación de la Policía de Investigaciones. Ello, sobre todo a la luz de los últimos episodios, que han puesto la seguridad pública como prioridad política.
No obstante, durante el estudio del primer informe señalé que, a mi entender, faltaba incluir al personal de apoyo general. Se trata de un grupo de más de 200 asistentes policiales, quienes usan armas, trabajan en la calle y están a contrata.
Esta iniciativa no considera a dicho personal.
En consecuencia, señor Presidente, para no atrasar el despacho del proyecto en debate, el cual contará con mi voto favorable, solo espero que el Ejecutivo se comprometa a mandar una iniciativa que solucione la situación específica de los funcionarios recién individualizados.
¡Ojalá que un poquito de lo recaudado con la reforma tributaria vaya al personal de apoyo general de Investigaciones...!
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, sin duda, la solicitud que con mayor recurrencia se nos formula a los parlamentarios cada vez que visitamos nuestras regiones es la de aumentar la seguridad ciudadana.
En las encuestas de opinión pública la inseguridad aparece como uno de los problemas -además del de la salud- que más preocupan a la gente.
Desde ese punto de vista, este proyecto hace un aporte fundamental. Y va en la línea correcta, pues la creciente sensación de inseguridad, sobre todo en las personas de más escasos recursos y en las de clase media, exige un mayor despliegue policial, así como más efectividad tanto en los programas preventivos del nivel local cuanto en las indagaciones de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.
Si tomamos el número de funcionarios de una y otra institución y lo comparamos con el de los países de la OCDE -¡porque siempre nos gusta compararnos con ellos...!-, concluiremos que estamos muy lejos de alcanzar una cifra decente: allí la cantidad de funcionarios policiales dobla o triplica a la de Chile.
La labor de la PDI en materia de indagaciones, controles y detenciones es esencial en la actualidad. En efecto, dos de cada tres órdenes de investigar son cumplidas por dicha institución, al igual que cerca de 60 por ciento de las órdenes de detención. En el ámbito del control migratorio asume el cien por ciento de las responsabilidades en pasos fronterizos terrestres, marítimos y aéreos. Y a ello se suma el significativo trabajo que realiza al objeto de combatir el narcotráfico, ilícito que cada día es más agresivo y complejo, por lo que para enfrentarlo se requieren mayores recursos.
Este proyecto tiene como objetivo mejorar la gestión operativa de la PDI por la vía de ampliar su capacidad de respuesta ante las crecientes demandas ciudadanas por mayores niveles de seguridad.
A tal fin, se incrementan las plazas, principalmente en el Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales de Línea.
En dicho contexto, el aumento de aquellas se contempla en los diferentes grados de los oficiales policiales. De ellos, 8 cargos se destinan a los oficiales policiales de alto mando y 1.200 a los oficiales policiales profesionales de línea.
Esta iniciativa -por supuesto, la votaré favorablemente- sigue la línea correcta en lo referente al combate contra la delincuencia, tanto más cuanto que parte fundamental de todo programa sobre seguridad pública y prevención del delito es el reforzamiento del número de funcionarios policiales.
En tal sentido, esperamos que el aumento en las dotaciones de Carabineros e Investigaciones sea una herramienta que contribuya coyunturalmente a disminuir los índices de victimización, el temor de la gente y el número de delitos perpetrados.
Por otro lado, no puedo dejar de señalar una vez más que no se han cumplido los acuerdos en cuanto a compensar económicamente al sistema previsional de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería.
Como digo cada vez que tramitamos proyectos destinados a aumentar la dotación de esas instituciones, con respecto a DIPRECA (originalmente estaba en ella Carabineros; con posterioridad se sumaron Investigaciones, primero, y Gendarmería, luego) siempre desde la banca del Senado donde se sienta el Ministro de Hacienda ha existido, en los distintos gobiernos, el compromiso de reforzar sus recursos. Pero eso no se ha cumplido.
En consecuencia, por intermedio de la Mesa, quiero pedirle al señor Subsecretario que nos acompaña, reiterando mi planteamiento de siempre, que se tome en cuenta aquella situación. Porque estamos frente a una bola de nieve que ningún gobierno ha querido enfrentar y que en algún minuto nos va a cobrar la cuenta.
Hubo momentos en que jubilaba un funcionario de Carabineros o uno de Investigaciones y ¡pasaban seis a ocho meses antes de que recibiera la primera pensión...!
Eso no es normal. Y ha habido advertencias. Porque algunos podrían decir "No nos dimos cuenta". Pero yo permanentemente, como miembro de la Comisión de Defensa -a pesar de que Carabineros ya no pertenece al sector-, he advertido al Gobierno de turno. La situación no puede seguir. Es necesario preocuparse de los fondos para DIPRECA. Si se cuenta con más gente, es preciso aumentar la asignación del organismo. En caso contrario, los que se vayan al sector pasivo lo pasarán mal por tener que esperar un tiempo para poder recibir recursos, y creo que eso no corresponde.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, mediante el proyecto se aumentará la planta de la Policía de Investigaciones en mil 456 cargos. Ello se va a materializar en un período de tres años. En 2015 se iniciará un reencasillamiento de los funcionarios, lo que va a representar un mayor costo fiscal de 6 mil 400 millones de pesos. En régimen, la medida implicará un costo de 21 mil 749 millones.
A mi juicio, es superimportante que los Senadores conozcamos situaciones en la Administración del Estado que considero manifiestamente anómalas, ya que, a veces, precisamente por imponernos de ellas muy a la pasada, tendemos más bien a desconocerlas. Y lo digo porque la Presidenta Bachelet anunció que se iba a aumentar la planta de la Policía de Investigaciones en mil cargos, pero lo que se está haciendo aquí es contemplar mil 456.
¿Ello cómo se explica? Lo que sucede es que la planta vigente de una institución tan relevante para avanzar en las acciones de prevención e investigación de los delitos comprende, desde 1998, 3 mil 998 cargos. A raíz de la insuficiencia de funcionarios, fue incrementada en mil 327 detectives a partir del año 2008 mediante la aprobación de glosas, es decir, con motivo de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos. Todos comprendemos que la estabilidad de este personal resulta tremendamente precaria, porque cualquier traspié en la discusión de la Partida correspondiente ha podido significar quedarse sin recursos para pagarles las remuneraciones.
Por eso, celebro que estemos resolviendo una materia tan delicada, que estemos pasando a la planta a todos los funcionarios que deben estar en ella y que la iniciativa no se haya limitado a los mil funcionarios que anunció la Presidenta Bachelet como aumento de la dotación, además de estar de alguna manera regularizando la situación, a mi juicio tan irregular, de crear cargos adicionales ni más ni menos que en la Policía de Investigaciones, con todo el riesgo que significa su actividad, simplemente a través de glosas presupuestarias.
Estoy seguro de que todos esperamos que el proyecto contribuya a brindar más protección y seguridad a nuestra población. Como bien lo decía el Senador señor Prokurica -y creo que también lo planteó el Honorable señor Ossandón-, ¿qué nos piden en todas partes? Mayor protección. Mayor seguridad. Y la normativa en examen debe contribuir poderosamente a ello.
Muchas gracias.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Saludo la presencia de dirigentes de la Junta de Vecinos del sector Gómez Carreño, y tanto a la nueva directiva como a la antigua.
Bienvenidos.
--(Aplausos en tribunas).
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, deseo expresar mi apoyo, por supuesto, a la iniciativa que nos ocupa y solo agregar algunas consideraciones acerca de problemas puntuales en ciertas regiones.
Quisiera destacar que en la Policía de Investigaciones se registra desde hace ya por lo menos cinco o seis años -y lo mismo pasa, en menor medida, en la policía uniformada y en otros organismos del Estado- una gran merma de funcionarios que se van al sector privado por los sueldos de la minería.
Por lo tanto, junto a expresar mi apoyo al proyecto, que aumenta los cargos en la institución y para que no prosiga esta especie de sangría, me permito solicitar la revisión de las asignaciones de zona en las Regiones extremas, particularmente en el norte. Lo anterior, porque el desnivel entre las remuneraciones de los funcionarios públicos y las del sector privado es tal, que el foco de atracción permanente que ejerce en especial la minería para labores de seguridad y otras está causando un serio daño a la Policía de Investigaciones.
Ello lo he conversado con el Director, en Santiago, y con la Prefecta en Antofagasta.
En seguida, en la zona norte se enfrenta una grave crisis de vivienda. Por consiguiente, este es otro factor que inhibe a las familias de funcionarios públicos y particularmente de detectives para el desempeño en Antofagasta, lo que significa que muchos de ellos piden después el regreso a la zona centro o centro sur.
Con dichas aprensiones, manifiesto mi apoyo a la iniciativa.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, es una muy buena noticia, por supuesto, un aumento de mil 456 nuevos funcionarios en la Policía de Investigaciones. Es algo que nos alegra, porque significa que habrá más personal cuidando a la ciudadanía y cumpliendo con el deber del Estado -no es un favor- de brindar protección, velar por la paz social, mantener el orden público y evitar, en lo posible, robos y asaltos, sin perjuicio de que si se verifican, lo que ya es una desgracia, sea posible identificar, detener y condenar a quienes resulten culpables después de un proceso legalmente celebrado.
Quiero aprovechar la oportunidad, sin embargo, para expresar que de repente da la sensación de que la única forma como vamos a obtener más resguardo de la población y el cumplimiento del deber del Estado de protegerla es por la vía de aumentar el número de carabineros y de funcionarios de Investigaciones. Es verdad que ello resulta muy importante, pero deseo consignar que esa no es la única herramienta ni instrumento con el cual vamos a mejorar la seguridad ciudadana.
Desde luego, me parece que necesitamos que nuestras policías examinen las mallas curriculares de sus alumnos, con el objeto de que podamos lograr una preparación para el análisis del delito más completa que la actual. El personal requiere una formación cada vez más rigurosa, más estricta, más completa -los delincuentes van evolucionando, van cambiando-, y cursar disciplinas que lo preparen para ilícitos de mayor complejidad. Creo que hay mucho camino por recorrer al respecto y que es fundamental llevar a cabo esa labor tanto en Carabineros como en Investigaciones.
En seguida, es muy relevante la coordinación entre las propias policías y de las policías con los fiscales. Y lo ideal son las reuniones de análisis delictual entre policías, fiscales y jueces.
He escuchado a algunos magistrados expresar, de repente, seguramente con la mejor buena voluntad: "No tengo por qué reunirme con los fiscales ni con los policías". Ese es un error, porque si los jueces están fijando un determinado estándar probatorio, lo razonable y natural es que conversen con ellos acerca de la formalización por un delito. Pensemos en los robos con violencia, por ejemplo, que son aquellos que ofrecen una mayor dificultad en nuestro país y cuyo control parece complicado.
Lo lógico y razonable es que exista una coordinación entre las distintas entidades o instituciones que participan en la administración de justicia y en la investigación de los delitos. Las reuniones para ese efecto son escasas, y el intercambio de opiniones con los jueces, nulo en la práctica.
Por eso ocurre aquello que las policías exponen muy a menudo: "Nosotros les acompañamos las pruebas a los fiscales". Los fiscales afirman que las pruebas que les acompañan los policías son débiles. Los policías plantean que los fiscales no les dan las atribuciones necesarias. Y los jueces sostienen que no les proporcionan medios probatorios para poder condenar.
El resultado es que todos los gobiernos, tanto el actual como los pasados, no han logrado controlar los delitos de mayor complejidad, como los robos con violencia e intimidación en las personas cometidos en casas, en lugares públicos o en establecimientos de comercio.
Y un tercer elemento es fundamental. Hay un proyecto detenido desde el mes de marzo en la Comisión de Constitución -no culpo de ello a sus miembros, porque les han puesto otras prioridades-, que es el de la reforma de la reforma, acordado unánimemente por los especialistas en materia penal de todos los sectores políticos. Se contemplan atribuciones esenciales para que la policía pueda realizar buenas investigaciones, además de otras para los fiscales y los jueces.
Me parece que si no avanzamos en esa iniciativa, vamos a seguir de tiempo en tiempo señalando -otros lo harán de manera más insistente- que no lograremos mejorías sustanciales en la lucha contra la delincuencia si no progresamos en las tres áreas: análisis del delito, coordinación de las policías y atribuciones para realizar una mejor investigación.
Voto a favor.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, la Policía de Investigaciones de Chile no solo desempeña un papel fundamental en los aspectos inquisitivo y de aporte de pruebas para esclarecer hechos sometidos a la indagación del ente persecutor, sino que también constituye el organismo que a menudo les da certeza científica a los peritajes que determinan la culpabilidad o la absolución en cierto tipo de procedimientos, en cuanto a la imputación de delitos. ¡Por Dios que es importante su labor, desde este último punto de vista!
Pero, a la vez, de manera creciente, ha ido adquiriendo una función de otro carácter, y es ya de común ocurrencia observar la creación de brigadas de investigación criminal (BICRIM) que, en diferentes comunas, realizan operativos preventivos y, en algunos casos, incluso destinados a llevar adelante el cumplimiento de órdenes judiciales, en particular las de detención pendientes.
Se trata de una institución profesional y científica, que se proyecta al futuro como una organización de alto rendimiento, de especialización, socialmente rentable, y que entrega servicios de calidad a la población, en general.
Muchas veces, de manera injusta, no es reconocida, porque, a diferencia de la otra entidad policial, no utiliza uniforme y su labor más bien la lleva a estar inmersa dentro de los diferentes estamentos sociales.
En este contexto, Investigaciones de Chile está llevando a cabo un profundo proceso de modernización y profesionalización de la función policial. Obviamente, ello requiere un incentivo en relación con su principal capital: el recurso humano.
Tal como se señaló con anterioridad, existe una deuda pendiente, contemplada en el programa presidencial. Estamos cumpliendo el compromiso de dotar a Investigaciones de los mil 200 efectivos que mencionamos en la campaña, pero constituirán, en total, mil 456 nuevas plazas. Y estas nuevas plazas van a permitir, primero, contar con más recurso humano; segundo, disponer de oficiales policiales profesionales -la tendencia mundial es a incorporar civiles con una profesión para que ayuden en las pericias y labores propias de la policía científica-, y tercero, lograr una mayor capacidad operativa, es decir, de reacción frente a la ocurrencia de hechos ilícitos, para proveer de un mayor nivel de seguridad a la población.
Mas también el modelamiento de la planta -y ello es muy importante- resulta adecuado, a mi juicio. Probablemente este es un elemento de escaso conocimiento público, pero significa una disminución en los tiempos de ascenso -es decir, se generan alicientes en el desempeño, incrementos de remuneración-, porque se requerirá una menor cantidad de años de servicio para tal efecto. Y ese es un incentivo a la permanencia en la carrera funcionaria, que es tan importante para mantener la calidad y la proyección del trabajo científico policial.
Por eso, voy a concurrir con mi voto a la aprobación del proyecto.
Sin embargo, quiero hacer presente, asimismo, tal como lo manifestó un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, que es fundamental hacerse cargo de las condiciones de salud del personal de la institución.
Me refiero a que cada vez que se aumente la planta de la Policía de Investigaciones, de Gendarmería o de Carabineros debemos ser capaces de subir, correlativamente, el presupuesto de la Dirección de Previsión de Carabineros, para que en regiones y provincias se obtenga una adecuada resolución de los problemas de salud de los funcionarios y de sus familias.
Podemos elevar mucho la dotación, pero si a una función de riesgo no le damos las condiciones adecuadas de seguridad social, vamos a estar ampliando los niveles de exposición, obviamente, sin la cobertura que el Estado debe proporcionar, en este caso, a nuestra Policía de Investigaciones.
Felicito por la tramitación de la iniciativa. Constituye el cumplimiento de un compromiso presidencial. Espero que prontamente sea puesta en marcha. Pero hago la salvedad, para futuros proyectos, de la importancia de incorporar recursos adicionales para la Dirección de Previsión de Carabineros -repito- a fin de dar una mejor cobertura de seguridad social a nuestros detectives, gendarmes y policías uniformados.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Me han pedido abrir la votación.
Si no hay objeciones, así se hará.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor TUMA (Vicepresidente).- Puede intervenir el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, me parece una buena noticia el aumento de la dotación de la Policía de Investigaciones incluso más allá de los mil efectivos que prometió la entonces candidata Michelle Bachelet, ya que se llegará a mil 456 en tres años. En efecto, tal como se ha expuesto, la institución realiza también una labor de carácter preventivo. Y la incorporación de profesionales implica mejorar, sin lugar a dudas, la acción contra la delincuencia.
No obstante, me gustaría dejar registrados en la Versión Oficial algunos asuntos pendientes.
El primero de ellos dice relación con mayores recursos para seguridad social, como lo hizo presente el Senador señor Harboe.
A lo anterior se agrega la cuestión de las asignaciones de zona, particularmente en el sur. Personal de Investigaciones de Icalma me expresó que era muy relevante la determinación de montos que pudieran compensar los mayores gastos de destinación que lo afectan.
Adicionalmente, es del todo necesario poder generar un sistema táctico de análisis del delito, tal como el que se inició durante la Administración del Presidente Piñera con el sistema STAD. Este se basó en cuatro pilares fundamentales, que son información precisa y oportuna de los delitos cometidos: dónde, a qué hora y por qué; rápido despliegue coordinado de fuerzas policiales; tácticas efectivas, y evolución y seguimiento. Eso mismo debiera ser la norma permanente en la coordinación entre Carabineros e Investigaciones.
Es muy relevante el esfuerzo hecho por esta última institución en el caso de las avanzadas policiales en algunas comunas de la circunscripción que representamos, como en la de Concón, donde logramos un aumento importante de dotación. Lo estamos pidiendo igualmente para Casablanca. Y será muy útil la instalación de una avanzada en la zona norte de la provincia de San Antonio, para cubrir las comunas de El Tabo, El Quisco, Cartagena y Algarrobo.
Estimamos, entonces, que la medida que nos ocupa será una muy buena noticia. Mil 456 nuevos efectivos van a significar, desde luego, una mayor sensación de protección.
Mas ello asimismo debe reforzarse con el mejoramiento de las condiciones en que la Policía de Investigaciones presta sus labores y de los aspectos de seguridad social. Cabe fortalecer el sistema de DIPRECA, hoy en situación compleja, para los efectos de que los funcionarios tengan acceso a condiciones dignas de seguridad social.
Vamos a votar favorablemente el proyecto.
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El señor TUMA (Vicepresidente).- Quiero saludar, a solicitud del Senador Carlos Montes, al octavo año básico del Colegio Indira Gandhi, de La Florida.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Senado, la verdad es que resulta imposible negarse a aprobar un aumento de planta. Sería absurdo. Todo el mundo pide mayor número de efectivos policiales. Y hoy aprobaríamos dos aumentos de planta: uno para Carabineros y otro para Investigaciones.
Sin embargo, tengo dudas respecto de un tema que han planteado varios señores Senadores.
Uno se da cuenta de que a estas alturas el problema policial no es de números, sino de efectividad. Y por eso las instituciones deben entrar a una profunda modernización, de la cual las plantas deben ser parte. Porque las plantas establecen determinadas especialidades, determinados escalafones y determinado personal para cada una de las especialidades y cada uno de los escalafones. Y resulta que el día de mañana podría haber impedimentos para llevar a cabo una modernización debido a que las plantas se encuentran fijadas por ley y, en consecuencia, para cambiarlas se requeriría una modificación legal.
Por lo tanto, la reflexión que le planteo a la Sala es que aquí la modernización no se ha conversado ni se ha discutido. Simplemente, el programa presidencial se comprometió a un incremento de 1.400 efectivos policiales adicionales. Y aquí están: ¡Pum! ¡Checklist! ¡Aprobado!
¿Es suficiente eso? Yo creo que no.
Desde mi punto de vista, las plantas están absolutamente ligadas al tema de la modernización, porque colocan los énfasis y los ejes donde corresponde potenciar a las policías.
Lo más probable es que sigamos aumentando los cargos y no se observen mejoras sustanciales en materia de seguridad ciudadana y de victimización, porque las plantas deben estar ligadas, necesariamente, a una modernización de las instituciones. Y eso no lo advierto ni en el informe ni en la discusión. No hay absolutamente nada al respecto. Simplemente, estamos incrementando las plantas para regularizar una situación irregular, como señaló el Senador García, y para cumplir un compromiso presidencial en orden a aumentar la dotación policial en 1.400 cupos adicionales. Pero no estamos hablando del fondo, de la sustancia, cuando todos sabemos que hay serias falencias en materia de análisis criminal y de modernización de las propias instituciones, cuestión que se debería llevar a cabo en forma decidida.
Si no se da de manera resuelta ese paso, no vamos a tener cambios significativos en términos de efectividad policial.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Gracias, señor Presidente.
En mi opinión, este es un buen proyecto de ley. En su momento, pasó el trámite de la Comisión de Hacienda, instancia en que se requirió a las autoridades para que explicaran el sentido del aumento de la dotación de personal y adónde iban a concentrarse los esfuerzos.
Yo -no tengo problema en reconocerlo, independiente de quién haya presentado las iniciativas- estoy por aprobar, por apoyar aquellas que vayan en un sentido correcto -hay muchas-, aunque debo decir que hay otras que van en el sentido contrario.
Es incorrecto, por ejemplo, dilatar, reemplazar o tratar de creer que los problemas del terrorismo y la violencia se resuelven simplemente con el otorgamiento de mayores facultades a la Agencia Nacional de Inteligencia. Es incorrecto, igualmente, rehusarse a aprobar la ley que restringe la acción de los encapuchados. Y también lo es negar facultades a Carabineros y a la Policía de Investigaciones en procedimientos relacionados con delitos de drogas y traspasárselas a los órganos que tienen que ver con la lucha contra el terrorismo y la violencia, lo cual, a mi juicio, no resiste ningún argumento.
Todo lo anterior apunta en un sentido incorrecto y lo hemos denunciado con fuerza y decisión, porque los efectos son muy graves para la ciudadanía.
No obstante, hay otras iniciativas que sí van en una dirección adecuada. Y en tales circunstancias yo al menos tengo la libertad mental suficiente para felicitar a quien corresponda, por ser algo necesario.
He seguido el desarrollo de la PDI, porque en distintas instancias me ha tocado conocer, en el Parlamento, los planes de modernización que la institución ha implementado en los últimos años, los que, en general, han apuntado en el sentido correcto. Y ahora se nos habla de incorporar a 1.456 nuevos funcionarios, de los cuales, según lo que se explicó en la Comisión de Hacienda, 1.200 -para hacerlo fácil- estarían en las calles, por así decirlo, en directa relación con la investigación de los delitos. Habrá un encasillamiento y, por tanto, un aumento importante en la dotación de funcionarios que desarrollan labores de peritaje, que es una de las grandes falencias que suele exhibir la etapa investigativa de los procesos.
A veces los resultados fallan por -quiero decirlo- el criterio que aplican los jueces, que no tienen por qué ser el Corán ni nada equivalente. Son falibles y, obviamente, se pueden equivocar. Y la mejor demostración es que personas que son inculpadas y posteriormente exculpadas en los tribunales a los pocos días ponen bombas. En un caso a algunas se las acusaba por el mismo motivo en Chile y en España, cuestión que hace presumir que efectivamente había una vinculación con lo que estaban haciendo en nuestro país.
Pero en otras ocasiones parte de las dificultades dicen relación, precisamente, con los peritajes.
En lo personal, señor Presidente, creo que este es el tipo de elementos que ayudan. Obviamente, no representan la solución total, pero colaboran a un enfrentamiento más integral del problema de la seguridad en Chile.
Alguien, ante una evidencia de tal naturaleza, a lo mejor trataría de soslayar el tema. Yo no. Al contrario, quiero destacarlo, porque creo que eso me da fuerza moral para poder después representar las equivocaciones, errores o dilaciones que se presentan en cambios de otras normativas que también ayudan al común esfuerzo que se debe hacer en la lucha contra la delincuencia, la violencia y el terrorismo.
Aquí, obviamente, el Gobierno tiene que cumplir un rol. Alguien me señalaba que, al afirmar que todos los problemas le corresponden "al Estado", al final diluye las responsabilidades, que no son iguales. Indudablemente, hay responsabilidad en las distintas instituciones, y el Gobierno tiene una responsabilidad evidente en la priorización de determinada legislación, así como en la implementación de políticas que asuman la vinculación que debe existir entre policía, tribunales y seguridad pública.
Y ahí es donde noto una debilidad muy importante en quienes hoy día conducen al país.
Sin embargo, sí considero que el proyecto que estamos analizando apunta en el sentido adecuado, porque además genera un doble elemento: primero, aumentar la dotación de personal, y segundo, ocuparse del reencasillamiento, con el objeto de generar ciertas especializaciones, muy importantes en distintos ámbitos, particularmente en la lucha contra el crimen.
Sin ninguna duda, señor Presidente, en esta parte yo soy más optimista que otros colegas. Me parece bien la iniciativa en votación, aunque ojalá que la misma preocupación por enfrentar la seguridad que hemos visto en los últimos días se replique en otras normativas que llevan bastante tiempo en el Senado -más del debido- y que también ayudarían mucho a enfrentar la delincuencia.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, es difícil no aprobar un proyecto que permite aumentar la dotación de la PDI y modifica el estatuto de su personal. Pero, para no ahondar en sus virtudes, solamente voy a destacar por lo menos tres aspectos fundamentales a la hora de discutir una ley de esta relevancia para una institución tan importante como la Policía de Investigaciones.
Me parece, señor Presidente, que la Sala merece una explicación de parte del señor Subsecretario en cuanto a por qué los asistentes policiales fueron excluidos del texto de la ley.
Yo no concibo que, por sacar rápido una normativa, una medida que nuestra Presidenta prometió cumplir -lo cual de todas maneras considero muy importante-, se deje al margen a esa categoría de funcionarios.
Recuerdo que el año 2009 ocurrió una situación similar con la asignación de riesgo, de la cual también se dejó fuera en un primer momento a los asistentes policiales. Sin embargo, luego de una indicación presentada en la Cámara de Diputados, logramos incorporarlos.
Con respecto a la chequera fiscal, si hay voluntad, se puede hacer. No generemos una discriminación dentro del personal que trabaja en la institución. Nivelemos a todos los estamentos y no establezcamos una odiosa discriminación con respecto a un importante grupo de funcionarios.
Por su intermedio, señor Presidente, yo requeriría que el señor Subsecretario no solo se comprometiera con una fecha determinada para tratar el tema, sino que también indicara más profundamente cuál es la magnitud y los costos de incorporar a los asistentes policiales en la modernización.
En segundo lugar, el texto no aborda sistemáticamente la situación de la asignación de zona. Varios señores Senadores ya explicaron lo que sucede en el norte, donde los funcionarios son cooptados por empresas mineras, perdiéndose la formación y la especialización que se ha logrado con ellos.
Tampoco existe infraestructura adecuada en materia de vivienda para el personal que se halla en calidad de soltero. Tal vez se podría efectuar una complementación en ese sentido. Es muy difícil una destinación en el extremo austral o en el norte por el precio de las viviendas. No se pone cuidado en ese aspecto. Y se requiere un esfuerzo.
Ahí hay una realidad distinta, señor Subsecretario -por su intermedio, señor Presidente-. Generalmente, cometemos el error de que tratándose de este tipo de instituciones se establecen leyes homogéneas para todo el país. Y es distinto servir un cargo policial en Antofagasta, en Río Bueno, en Punta Arenas o en la isla de Chiloé. Para eso están las asignaciones de zona, las asignaciones de vivienda y una serie de otros complementos que permiten diferenciar y, de ese modo, retener al personal afectado, como corresponde.
Enseguida, sería importante escuchar del señor Subsecretario qué ocurre con la distribución regional.
Aquí se produce otra situación. Además del problema de las asignaciones, está el de cómo se distribuye el personal.
Yo no quiero que eso quede entregado simplemente al arbitrio del alto mando de la PDI. Tenemos que ver dónde se centran los esfuerzos en atención a los lugares en que hay focos delictivos, en que existe conflictividad, en que se registran déficits desde el punto de vista del territorio. También hay que ver qué ocurre con las avanzadas fronterizas -como señaló el Senador Chahuán-, qué ocurre también con las localidades aisladas, con aquellas zonas donde se ha incrementado la población por efecto de faenas temporales, especialmente en materia de temporeros. Considero importante tenerlo en cuenta.
Termino manifestando, señor Presidente, que es fundamental lo que se ha dicho acá respecto a DIPRECA. Se aprecia una tremenda inequidad en cuanto al personal que presta servicios en las distintas regiones, el que, por la inexistencia de convenios, queda en una situación desmejorada en lo relativo a sus atenciones.
Adquiramos un compromiso. Nivelemos las condiciones. Demos un completo respaldo y la protección necesaria a todos los funcionarios de Carabineros, de Gendarmería y, en este caso, de la PDI.
Voy a votar a favor, pero con las observaciones que he indicado. Me gustaría escuchar al Ejecutivo sobre el particular.
Quisiera dar absoluta tranquilidad a los funcionarios de la Policía de Investigaciones, de sus distintos estamentos y escalafones, en cuanto a que la labor que ellos realizan es reconocida absolutamente por parte del Estado.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, anuncio mi voto favorable a una iniciativa que, ciertamente, es a todas luces necesaria ante la situación de inseguridad pública que afecta a nuestro país y que distintos Gobiernos han intentado frenar y resolver, aunque, lamentablemente, los problemas subsisten.
Por lo tanto, ampliar la capacidad de la PDI ante estos mayores requerimientos de seguridad, lograr una mejor coordinación de la institución con la autoridad política encargada del orden y la seguridad pública, e incrementar la dotación del escalafón de carácter científico-técnico (lo cual fortalecerá el apoyo a las labores de investigación), me parece del mayor interés.
Destaco además que el crecimiento, expresado en términos cuantitativos, es también muy relevante: son 1.456 funcionarios adicionales para una planta que en total tiene un poco más de 4 mil. Y, aunque ello se concretará en un período de cuatro años, es un porcentaje de incremento muy significativo para la Policía de Investigaciones.
Por cierto, comparto las inquietudes que se han expresado sobre la necesidad de regionalizar la distribución del personal. Sin embargo, espero que el buen criterio, aprendido en estos años, haga que se mantenga el nivel de descentralización. Por lo demás, la PDI es una organización bastante descentralizada en su estructura actual.
Con todo, no puedo dejar de sumarme a las dudas que han planteado el Senador Prokurica y, recientemente, el Senador De Urresti -no sé si alguien más manifestó algo en el mismo sentido, ya que no he podido estar presente en todo el debate-, referidas al impacto que la ley en proyecto producirá en la Dirección de Previsión de Carabineros.
Ya lo he expresado, junto a otros Senadores, en debates anteriores. Y hemos concordado oficiar al Ejecutivo a fin de que dé respuesta acerca de las consecuencias que tiene, para el servicio de carácter médico y la situación previsional de quienes se hallan afiliados a DIPRECA, el incremento de funcionarios en Carabineros, Gendarmería y otras instituciones. Me refiero al funcionamiento del sistema, a las atenciones de salud y, llegado el momento, a las pensiones que se reciben.
La verdad es que la respuesta no ha incluido un mejoramiento en las condiciones de DIPRECA. Eso ha significado que incluso para quienes se hallan en lugares en que se presta servicio hospitalario -como Santiago, donde al menos existe la posibilidad de ir a un hospital-, por el aumento en la cantidad de usuarios, la atención se ha vuelto extraordinariamente deficitaria. Y, sin lugar a duda, quienes están en regiones sufren la peor parte, pues no tienen atención posible.
Adicionalmente, se produce un problema previsional. Como la caja de la Dirección de Previsión de Carabineros se ha ido quedando sin recursos, cuando los funcionarios presentan sus expedientes para jubilar, se demoran meses, si no años, en su tramitación, pues, como digo, no existen recursos para responder una vez que se asigna la pensión a determinado jubilado.
Por consiguiente, creo que hacemos bien en fortalecer la capacidad operativa y científico-técnica de Investigaciones, porque es una necesidad. Pero, si adicionalmente no complementamos este esfuerzo fortaleciendo DIPRECA, dándole los recursos necesarios para que pueda brindar, como corresponde, atenciones de salud, para que pueda establecer convenios con hospitales públicos y consultorios municipales, para que a lo largo del país tengan una debida respuesta los afiliados, así como el personal retirado que se atiende también a través de la misma entidad, y si, al mismo tiempo, no le otorgamos los recursos indispensables para que pueda atender las necesidades previsionales, realmente nos estaremos engañando y, lo que es peor, causando un enorme daño.
Por lo tanto, aprovechando la presencia del señor Subsecretario, quiero insistir en esta materia, para ver una manera de afrontar el problema, porque, cada vez que lo levantamos, llegamos a acuerdo, se oficia y no pasa nada. Y eso viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Habrán pasado unos ocho años desde que se empezó a aumentar la dotación de las policías, con el primer mandato de la Presidenta Bachelet, luego bajo la Administración de Sebastián Piñera y ahora con el actual Gobierno. Se ha satisfecho la necesidad de aumentar las capacidades de las policías, pero no ha habido respuesta en el ámbito de las cotizaciones de salud y en el de la previsión.
De manera que yo apruebo el proyecto, señor Presidente, pero reiterando aquel planteamiento, el que, de no ser atendido como corresponde, puede traer consigo consecuencias extraordinariamente graves.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Por último, le ofrezco la palabra al Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Gracias, señor Presidente.
Seré extremadamente breve.
Por cierto, voy a concurrir con mi voto favorable a la aprobación del proyecto de ley en votación.
Simplemente, deseo apoyar lo ya expresado por otros señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra; sin ir más lejos, el Honorable señor Hernán Larraín.
Me parece pertinentísimo tener una mayor dotación en la PDI. Ello tendrá un costo significativo: más de 21 mil millones de pesos (en régimen).
¡Qué bueno que funcionarios que están "de manera no permanente" en la institución vayan a quedar de manera permanente¡
Terminaremos con el tema de las glosas presupuestarias y daremos respuesta a la necesidad de que una institución como Investigaciones de Chile cuente con un régimen como debe ser.
Me hago parte del drama que se va a venir encima en cuanto a las prestaciones de salud tanto para el personal activo como el pasivo que se atiende en DIPRECA. ¡Es la crónica de una crisis anunciada!
Solo quiero hacer un alcance circunscrito a mi Región al señor Subsecretario de Prevención del Delito.
Comparto los planteamientos formulados por los Senadores Larraín y De Urresti sobre la distribución de los nuevos funcionarios, toda vez que no solo existe una demanda permanente por seguridad en Santiago.
Nosotros también requerimos la presencia de Investigaciones en mi Región y, a mayor abundamiento, hay un tema bien concreto que dice relación con el litoral central.
El litoral central reúne a la mayor cantidad de veraneantes en Chile. Cartagena, San Antonio, El Quisco, Algarrobo le ganan a cualquier balneario del país. La población en Cartagena aumenta en más de 600 mil personas durante el verano y, en razón de ello, hay que hacer frente al problema de la basura y a la cobertura de los servicios de salud y básicos.
Todo eso también tiene que ver con la seguridad.
Investigaciones de Chile refuerza su dotación en la época estival. En esto pone toda su buena voluntad, pero ello resulta relativamente pequeño ante las necesidades que se presentan. ¡Son 600 mil personas! Eso equivale a trasladar comunas enteras, como Puente Alto, al litoral central. Pero se disponen apenas -si no exagero- no más allá de doce detectives -con suerte-, quienes deben ser financiados a medias con el municipio de Cartagena.
Entonces, quiero aprovechar la presente tribuna para transmitir esa inquietud -por su intermedio, señor Presidente- al señor Subsecretario de Prevención del Delito, pues corresponde a lo que nos falta para mejorar y acelerar la economía, y generar condiciones para el turismo.
Además, no parece aceptable que una zona muy acotada, preparada para dar -entre comillas- seguridad a solo 40 mil habitantes, termine brindándola durante el verano a 60 mil personas multiplicadas por 10.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor TUMA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en particular el proyecto (26 votos favorables), y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma y Patricio Walker.


El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Subsecretario de Prevención del Delito.

El señor FREY (Subsecretario de Prevención del Delito).- Señor Presidente, en lo que respecta a las observaciones que se han planteado -a mi juicio, algunas muy pertinentes-, me comprometo a enviar al Senado tanto los informes técnicos respectivos (de delicada resolución, en particular los relativos a DIPRECA), como también la distribución regional del nuevo personal, todo lo cual involucra puntos altamente técnicos en que debemos ser muy precisos.
Así, en los próximos quince días mandaré los antecedentes respectivos y me haré cargo de todas las observaciones vertidas en la Sala, a través de informes técnicos específicos.
Quiero aprovechar la oportunidad para recalcar que este proyecto representa una aspiración muy sentida en el país y viene a atender una necesidad urgente: la existencia de muchos funcionarios a contrata, lo cual subsanamos mediante su integración a la planta. Esta la aumentamos en 1.200 oficiales policiales, es decir, detectives de la calle, lo cual significará un directo impacto para la población.
También incrementamos el Alto Mando con ocho funcionarios más. Ello nos permitirá contar con una dirección para los oficiales que se desempeñan en la calle.
Asimismo, se crea un nuevo escalafón, lo cual es muy importante para el aspecto pericial y la investigación criminal, con 600 integrantes.
Además, subimos de grado a numerosos funcionarios.
El proyecto irroga un costo de 26 mil millones de pesos.
Pienso que su texto da respuesta a una aspiración muy sentida para el país. Hemos aumentado bastante la policía uniformada, pero nos faltaba complementar la civil.
Por último, me comprometo a mandar en los próximos quince días los informes técnicos solicitados por los señores Senadores en el Hemiciclo.
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El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier, para plantear un asunto reglamentario.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, se ha citado a la Corporación a una sesión especial para el próximo miércoles 1º de octubre de 2014, de 11:30 a 14, con el objeto de analizar la descentralización y el desarrollo regional del país, en virtud del trabajo que lleva a cabo la Comisión ad hoc convocada por la Presidenta de la República.
El problema es que esta sesión coincide con otra que va a celebrar la Comisión de Minería y Energía, a la cual tenemos personas invitadas.
Por lo tanto, como se ha repetido la práctica de que las sesiones especiales del Senado se celebren el mismo día y a la misma hora, solicito a la Mesa que recabe el acuerdo de la Sala, para no volver a postergar la reunión de nuestra Comisión, con el objeto de que este órgano técnico pueda funcionar paralelamente con el Hemiciclo el día miércoles 1º de octubre en la tarde -aproximadamente a las 18:30- y, de esta manera, dar cumplimiento al trabajo que debemos realizar.
Esa es mi petición, señor Presidente.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud formulada por el Presidente de la Comisión de Minería y Energía, en los términos señalados.
--Se autoriza.

El señor GUILLIER.- Muchas gracias.



MODIFICACIÓN DE LEY Nº 18.290, DE TRÁNSITO, EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE MULTAS


El señor TUMA (Vicepresidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 36 (actual artículo 42) de la ley Nº 18.290, de Tránsito, en la forma que indica, con segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3.823-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 71ª, en 28 de noviembre de 2006.
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 32ª, en 15 de julio de 2014.
Transportes y Telecomunicaciones (segundo): sesión 48ª, en 23 de septiembre de 2014.
Discusión:
Sesión 34ª, en 23 de julio de 2014 (se aprueba en general).

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 23 de julio del año en curso.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones deja constancia, para efectos reglamentarios, de que no existen artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
El referido órgano técnico realizó diversas enmiendas al texto despachado en general. Todas estas fueron aprobadas por unanimidad, por lo cual deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado en que se consignan las modificaciones introducidas por la Comisión en el segundo informe y el texto que resultaría de ser aprobadas.

El señor TUMA (Vicepresidente).- No obstante que las enmiendas de la Comisión fueron acogidas unánimemente y que, de acuerdo con el Reglamento, deberían ser votadas sin debate, el Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, Senador señor Ossandón, ha pedido intervenir para referirse brevemente al proyecto.
Luego, procederemos a la votación.
En la discusión particular, tiene la palabra el Honorable señor Ossandón.


El señor OSSANDÓN.- ¡Voy a aprovechar la oportunidad para decirle al Senador Lagos -por intermedio de la Mesa- que si lleva Puente Alto a Cartagena no necesitará a la Policía de Investigaciones...!
Señor Presidente, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, tengo a bien informar esta iniciativa, que fue presentada hace ocho años en la Cámara Baja por el entonces Diputado y hoy Senador señor Alejandro García-Huidobro, con el propósito de dar un nivel de protección a los compradores de vehículos usados.
En el régimen vigente, los compradores de vehículos usados se encuentran sujetos a la obligación de pagar las multas asociadas al vehículo, incluyendo aquellas que les son informadas con posterioridad a la compra. Tal podría ser el caso de un parte empadronado, como menciona el mensaje del proyecto.
La Comisión destinó varias sesiones a estudiar las soluciones propuestas en la iniciativa, las indicaciones que presentamos algunos Senadores y también las fórmulas que sugirió el Ejecutivo. Al respecto, aprovecho de agradecer a Paola Tapia y al equipo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por el tremendo trabajo que realizaron en conjunto con nuestro órgano técnico.
Las indicaciones sustitutivas se aprobaron con el acuerdo unánime de los miembros presentes de la Comisión y fueron las que, finalmente, dieron cuerpo al texto que hoy día presentamos a la Sala.
Para salvaguardar el derecho del comprador que adquiere un vehículo sin conocer la existencia de las infracciones no inscritas, el proyecto modifica la Ley de Tránsito y hace responsable al comprador solo de aquellas infracciones impagas que aparezcan en un certificado emitido por el Registro Civil en el momento de la compra.
Entretanto, el Registro Civil se abstendrá de anotar nuevas infracciones impagas si el propietario actual del vehículo no es quien lo era en la fecha de la infracción.
El mecanismo anteriormente descrito mantiene la responsabilidad de la persona condenada al pago de la multa.
Además, el proyecto modifica en similares términos la ley N° 18.287, que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local. Así, se obliga al Registro Civil a comunicar al Juzgado respectivo si, a la hora de inscribir una nueva multa impaga, el nombre del infractor no coincide con el del propietario actual del vehículo. Esto, nuevamente, sin perjuicio de la responsabilidad del condenado al pago de la multa.
En el caso descrito, el plazo de la prescripción de la acción del cumplimiento será de tres años, contados desde la comunicación que efectúe el Registro Civil al Juzgado de Policía Local con el fin de informar la imposibilidad de practicar la anotación.
Señor Presidente, este nuevo régimen aprobado en la Comisión que presido dará certidumbre jurídica a los compradores de vehículos usados. Pero no solo eso, al mismo tiempo evitará la condonación tácita u oculta de las multas impagas, al separar claramente la responsabilidad del comprador de la del condenado al pago de la multa.
Por eso, considero que la aprobación cuanto antes de esta iniciativa será muy positiva para el país.
En palabras simples, la ley en proyecto evitará que cuando las personas saquen su permiso de circulación se encuentren con multas posteriores a la compra de su vehículo.
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El señor TUMA (Vicepresidente).- Deseo saludar a los integrantes de la Academia Politécnica Naval de Viña del Mar que se encuentran en las tribunas.
¡Bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
También saludo a una delegación del segundo medio del Liceo Latinoamericano de Pichidegua.
¡Bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor TUMA (Vicepresidente).- Se me ha pedido abrir la votación. ¿Habría acuerdo para ello?
Acordado.
En votación el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro, autor de la iniciativa.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, no solamente soy yo el autor de esta iniciativa, presentada prácticamente hace ocho años, sino también los Diputados Barros, Hernández, Kast y los entonces Diputados Álvarez, Correa, Forni, Recondo y Von Mühlenbrock.
Este trabajo lo realizamos cuando usted integraba la Cámara de Diputados, señor Presidente, y fue aprobado por unanimidad, aunque creo que hubo una abstención.
Lamento profundamente que este proyecto no se haya tramitado en la Comisión de Transportes del Senado durante seis años.
Lo digo porque el parque automotriz en Chile, según la información de que disponemos, al año 2011 era de 3 millones y medio de vehículos, y hoy supera los 4 millones 200 mil. De tal forma, el parque está aumentando en alrededor de 7,6 por ciento anual.
Imaginemos la cantidad de ellos que se traspasan: cientos de miles.
¿Y qué le ocurre a un ciudadano normal?
De muy buena fe, y en forma transparente, adquiere un vehículo, ve si existen partes o multas empadronadas, negocia con el vendedor y, si no los hay, obviamente lo inscribe de manera tranquila. Sin embargo, cuando va a sacar el permiso de circulación se encuentra con la grata sorpresa -¡más bien dicho demasiado ingrata¿!- de que aparecen multas en las cuales no tiene ninguna responsabilidad. Y porque el sistema se atrasa mucho en enviar la información le asiste la obligación de pagarlas, pues de repente aparece un parte de Antofagasta, otro de Rancagua o de Santiago, y no tiene posibilidad alguna de discutirlos y menos de trasladarse a esos lugares.
Por lo tanto, se encuentra ante la situación compleja de tener que pagar el permiso de circulación con los partes de que es responsable el dueño anterior. Ello es sumamente injusto.
¿Qué hace este proyecto?
Tal como lo dijo el Presidente de la Comisión de Transportes, el Senador Ossandón, si al momento de la transferencia del vehículo se demuestra que no tiene partes empadronados, o que los tiene pero respecto a los cuales se negoció, se perseguirá al vendedor anterior por tres años hacia atrás, porque se amplía la prescripción, que hoy es de seis meses, a tres años.
Por consiguiente, lo importante aquí es trabajar en aras de la transparencia y, además, obligar a los jueces, a los municipios y al Registro Civil, a que todo lo relacionado con los partes empadronados se encuentre, ojalá, en línea. Con esto de alguna manera haremos que la información sea expedita y se encuentre a disposición de quienes adquieran un vehículo.
De otro lado, quiero valorar el trabajo que realizamos con el Ejecutivo, especialmente con la señora Paola Tapia (asesora legislativa del Ministro de Transportes), para introducir indicaciones que perfeccionen este proyecto con el fin de que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados lo tramitemos lo más rápido posible y pueda ser ley antes del próximo período de renovación de permisos de circulación.
Es muy importante avanzar en esta materia, con el propósito de dar certeza y tranquilidad jurídica a quienes compren un vehículo y posteriormente se encuentran con la tremenda sorpresa de que registra una deuda impaga.
Por último, señor Presidente, agradezco el trabajo y el apoyo de todos los miembros de la Comisión de Transportes, que acordaron por unanimidad esta iniciativa.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor TUMA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en particular la iniciativa (14 votos a favor), y queda despachada en este trámite.
Votaron la señora Lily Pérez y los señores Araya, Chahuán, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Tuma y Patricio Walker.




CREACIÓN DE JUNTA SUPERIOR DE APELACIONES PARA CALIFICACIÓN DE PERSONAL DE NOMBRAMIENTO INSTITUCIONAL DE CARABINEROS DE CHILE


El señor TUMA (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, a fin de crear una nueva instancia para calificación y clasificación de personal de nombramiento institucional.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.501-25) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 48ª, en 11 de septiembre de 2012.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 48ª, en 23 de septiembre de 2014.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es crear una Junta Superior de Apelaciones para la calificación del personal de nombramiento institucional de Carabineros de Chile.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió este proyecto en general y en particular, por constar de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Bianchi y Espina, en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados.
El texto que se propone aprobar se consigna en la parte pertinente del informe.

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El señor TUMA (Vicepresidente).- Deseo entregar un saludo a una delegación de la comuna de Teodoro Schmidt, de la Región de La Araucanía, encabezada por su Alcalde Alfredo Riquelme e integrada por los Concejales y los dirigentes que vienen a participar en el debate en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que entrega competencia a tribunales que se encuentran en comunas vecinas.
¡Muchas gracias por participar con nosotros hoy!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor TUMA (Vicepresidente).- En discusión general y particular a la vez el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor TUMA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (18 votos a favor); por no haber recibido indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
Votaron la señora Lily Pérez y los señores Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Montes, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma y Patricio Walker.


El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, el titular de la Comisión de Gobierno, Senador Bianchi, me había pedido hacer una relación de este proyecto. Pero ya se aprobó.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Gracias, de todas maneras, por la intención, señor Senador.
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El señor PIZARRO.- Pido la palabra.

El señor TUMA (Vicepresidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, pido el asentimiento de la Sala para que se trate sobre tabla un proyecto de acuerdo que saluda los cincuenta años del Parlamento Latinoamericano, que se cumplen en estos días. Sería muy conveniente aprobarlo ahora, si hubiere unanimidad, para enviarlo a la sede de dicho organismo, en Panamá, a fin de que se dé a conocer en el momento oportuno.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES



SALUDO A PARLAMENTO LATINOAMERICANO POR QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO. PROYECTO DE ACUERDO

El señor TUMA (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Pizarro, Bianchi, García, Lagos, Orpis, Ossandón, Tuma y Patricio Walker.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.723-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 49ª, en 24 de septiembre de 2014.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto de acuerdo es saludar el quincuagésimo aniversario del Parlamento Latinoamericano y reconocer la labor que ha desarrollado esta institución.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ARAYA:
Al señor Contralor Regional de Antofagasta, con el objeto de que determine si la Municipalidad de la comuna del mismo nombre debe proceder a la DICTACIÓN DE DECRETOS ALCALDICIOS PARA DESAFECTACIÓN DE TERRENOS DECLARADOS DE UTILIDAD PÚBLICA EN PLAN SECCIONAL "LA CHIMBA".
Del señor BIANCHI:
Al señor Contralor General de la República, a fin de que ordene de oficio INVESTIGACIÓN SUMARIA RESPECTO DE PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE "SERVICIO DE HELICÓPTEROS PARA ENAP MAGALLANES".
De la señora VON BAER:
Al señor Ministro de Obras Públicas, requiriéndole INFORME DETALLADO ACERCA DE SITUACIÓN DE PROYECTO HITO BICENTENARIO EN CIUDAD DE VALDIVIA. Y al señor Intendente de la Región de Los Ríos, solicitándole COPIA DE REGLAMENTO PARA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL.
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--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Partido Por la Democracia e Independiente, Demócrata Cristiano e Independiente, Renovación Nacional, Socialista, Independientes y Partido MAS y Unión Demócrata Independiente e Independiente, ningún señor Senador interviene.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:44.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe
de la Redacción