REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 362ª
Sesión 54ª, en miércoles 8 de octubre de 2014
Ordinaria
(De 16:24 a 19:44)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ISABEL ALLENDE BUSSI, PRESIDENTA,
Y SEÑOR EUGENIO TUMA ZEDAN, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Peñailillo Briceño; y del Trabajo y Previsión Social, señora Javiera Blanco Suárez.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 16 señores Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 50ª, ordinaria, y 51ª, ordinaria, de 30 de septiembre y 1° de octubre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados:
Comunica la aprobación del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio 189, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011 (boletín N° 9.560-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Del señor Ministro de Energía:
Responde consulta, hecha en nombre del Senador señor Harboe, relativa a la posibilidad de impulsar el proyecto de ley, radicado en la Cámara de Diputados, que establece compensaciones por el uso alternativo del suelo y beneficios objetivos y directos a las comunidades en las cuales se instalan plantas de generación eléctrica, cualquiera que fuere la naturaleza de estas.
Del señor Director Nacional (TP) del Servicio Nacional del Consumidor:
Da respuesta a solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Guillier, sobre las razones por las que Sky Airlines ha dejado de servir la ruta Antofagasta-Lima-Antofagasta y de las medidas adoptadas para atender la situación de cientos de pasajeros que habían adquirido boletos de viaje.
Del señor Alcalde de Valdivia:
Contesta solicitud de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor De Urresti, acerca del apoyo dado a las labores de búsqueda de don Juan Santana Delgado, desaparecido tras caer a las aguas del río Calle Calle, y respecto de la relación jurídica con esa corporación edilicia de la empresa subcontratista para la que prestaba servicios la víctima del accidente.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Dos de la Comisión de Economía, recaídos en los proyectos de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, que se especifican a continuación:

1.- Sobre protección de los derechos de los consumidores (boletín N° 7.563-07).

2.- El que incorpora, en el numeral 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el deber del Estado de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos de los consumidores y el principio pro consumidor (boletín N° 9.463-03).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señor Chahuán, señoras Allende y Muñoz y señores Pérez Varela y Pizarro, con la que inician un proyecto de ley que establece la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año (boletín N° 9.622-09).
--Pasa a la Comisión de Obras Públicas.
Dos del Senador señor Bianchi, con las que da inicio a los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley que modifica las fuentes de los ingresos de los partidos políticos y elimina el financiamiento privado de las campañas electorales (boletín N° 9.632-06).

2.- Proyecto de reforma constitucional que crea un fondo de fortalecimiento de la actividad política (boletín N° 9.633-06).
--Pasan a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Dos de los Senadores señora Allende y señores De Urresti, Harboe y Walker (don Patricio), con las que dan inicio a las iniciativas que se señalan a continuación:

1.- Proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 19, N° 7°, letra i), de la Carta Fundamental, en materia de derecho a la acción de indemnización por error judicial (boletín N° 9.634-07).

2.- Proyecto de ley que modifica el régimen de responsabilidad civil del Estado por conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público, regulado en el inciso primero del artículo 5° de la ley N° 19.640 (boletín N° 9.635-07).
De los Senadores señores Walker (don Patricio) y Araya, con la que inician un proyecto de ley que excluye en el delito de estupro, sancionado en el artículo 363 del Código Penal, la aplicación de las penas sustitutivas establecidas en el artículo 1° de la ley N° 18.216 (boletín N° 9.636-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción de la Senadora señora Goic, con la que propone modificar el Código del Trabajo en materia de cálculo y pago de gratificaciones.
--Se declara inadmisible, por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el número 4° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
Moción de los Senadores señores Montes, Araya, Lagos, Pérez Varela y Ossandón, con la que proponen una ley que interprete los artículos 84 y 85 del DL Nº 1.939, de 1977, en relación con la disposición de terrenos fiscales para la ejecución de programas públicos de vivienda social y económica o urbanismo.
--Se declara inadmisible, por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65, en relación con el artículo 63, N° 10), de la Constitución Política.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señores Ossandón, Allamand, Bianchi, García-Huidobro y Guillier, con el que piden al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que se incluya, en los exámenes teóricos de obtención de licencias de conducir clases B y C, el conocimiento de las normas que rigen a los ciclistas (boletín Nº S 1.733-12).
De los Senadores señores Ossandón, Bianchi, García-Huidobro y Guillier, con el que piden al señor Ministro de Hacienda que realice gestiones ante el Directorio del Banco del Estado de Chile para la eliminación de los cobros por giros, transferencias y consultas de saldo o, en su defecto, que establezca una cantidad de operaciones mensuales exentas de pago (boletín Nº S 1.734-12).
De los Senadores señores Prokurica, Bianchi, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Larraín y Montes, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que disponga las medidas necesarias para dar cumplimiento a las sentencias ejecutoriadas que obtuvieron 848 profesores de las comunas de Chañaral, Vallenar, Parral, Cauquenes, Chanco y Pelluhue, en contra de sus respectivas municipalidades, por la denominada "deuda histórica" (boletín Nº S 1.735-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
Solicitud de permiso constitucional
Del Senador señor Tuma, para ausentarse del territorio de la República a contar del día 11 del presente mes.
--Se accede a lo solicitado.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados:
Comunica que aprobó el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica normas legales que indica (boletín N° 9.287-06) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y a la de Hacienda, en su caso.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la Cuenta.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Saludo al Instituto Comercial Alberto Valenzuela Llanos, de San Fernando; a los alumnos del segundo año medio del Colegio Alemán de Chillán, que fueron invitados por la Senadora señora Van Rysselberghe, y a la Federación de Sindicatos de Manipuladoras de Alimentos de Chile.
¡Sean todos bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señora Presidenta, respecto del proyecto de ley que establece una serie de beneficios a las manipuladoras de alimentos -figura con el número 3 de la tabla-, solicito tratarlo en primer lugar, a fin de que las representantes de ese sector que se hallan en tribunas y que han viajado desde distintos lugares del país puedan presenciar su discusión.
Existe acuerdo transversal y en la Comisión no hubo dificultad para aprobar la iniciativa. Así que podríamos proceder en esos términos.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Esa era la intención, señora Senadora. De hecho, alcancé a plantear el punto en la Comisión de Régimen Interior, aunque en realidad corresponde hacerlo en Comités. Pero me acaba de señalar un asesor que por ahora parece inconveniente tratar ese proyecto como si fuera de Fácil Despacho.
En todo caso, hay dos antes que ese, que sería el tercero.
Es una duda legítima, pues es un asesor de Gobierno el que me pidió mantener la iniciativa en el lugar donde actualmente se encuentra. De modo que, por ahora al menos, no sería posible tratarla como si fuera de Fácil Despacho, aunque espero que el debate de las dos primeras no sea particularmente largo.
Ahora, si la Sala decidiera tratar ese proyecto en primer lugar -y está en su pleno derecho resolverlo así-, aunque no necesariamente como si fuera de Fácil Despacho, habría que proceder en esa forma.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, estuvimos conversando este asunto con los colegas de la Comisión de Trabajo, incluida la Senadora Carolina Goic.
Debido a la urgencia de despachar el proyecto de capitalización del Banco del Estado -que tiene que ver, fundamentalmente, con el apoyo a la pequeña empresa, al emprendimiento- y considerando que nos hallamos en una situación muy trascendente en términos de empleo, sugerimos tratarlo como si fuera de Fácil Despacho y después analizar la iniciativa sobre manipuladoras de alimentos, que es tan importante como la otra.
Eso significa que podríamos escuchar el informe del Presidente de la Comisión de Hacienda, dar la palabra a dos Senadores y enseguida proceder a votar.
Se trata de un proyecto aprobado por unanimidad, de modo que no requiere un debate mayor. Pero sí es imprescindible aprobarlo ahora.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Debo señalar que habló conmigo el Vicepresidente del Banco del Estado para que despacháramos sin falta la iniciativa relacionada con dicha entidad, que obviamente es muy relevante, pensando en el FOGAPE y en todo lo que pueda beneficiar a la pequeña y mediana empresa.
Me parece bien tratar como si fuera de Fácil Despacho el proyecto sobre capitalización del Banco del Estado, con el acuerdo de que el Presidente de la Comisión haga su informe, haya una o dos intervenciones más y proceder luego a su votación.
De ser así, analizaríamos en segundo lugar la iniciativa sobre manipuladoras de alimentos y, enseguida, la relativa a la planta de Carabineros de Chile.
Tiene la palabra el Honorable señor Montes.

El señor MONTES.- Es para otro asunto, señora Presidenta, aunque comparto lo sugerido por los Senadores señora Muñoz y señor Pizarro respecto de tratar ahora mismo la iniciativa sobre manipuladoras de alimentos, aunque no como si fuera de Fácil Despacho, tal como usted señaló.
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El señor MONTES.- Señora Presidenta, deseo consultar lo siguiente.
La Mesa declaró inadmisible un proyecto de mi autoría.
¿Cuál es el procedimiento para discutir esa decisión? ¿Puede hacerse en otra sesión? ¿Existe algún documento que señale los argumentos en que se basó la declaración de inadmisibilidad? Y, en caso afirmativo, ¿cómo podrían ser rebatidos?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tal como me explica el señor Prosecretario, la moción sobre disposición de terrenos fiscales para la ejecución de programas públicos de vivienda social y económica fue declarada inadmisible por abordar una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

El señor MONTES.- ¿Existe alguna instancia reglamentaria para apelar a ese pronunciamiento? Lo pregunto porque la normativa no destina terrenos, sino que simplemente incorpora un trámite dentro del proceso, de modo que todos los terrenos públicos no puedan ser vendidos a terceros mientras el SERVIU no dé su opinión.
En eso consiste, fundamentalmente, el proyecto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece, revisaremos la situación y le comunicaremos lo que corresponda en la siguiente sesión.

El señor MONTES.- Muy bien.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa puede revisar si corresponde o no la declaración de inadmisibilidad y aclarar el punto en otra sesión.

El señor MONTES.- Muchas gracias.

El señor COLOMA.- ¡La moción es inadmisible!
La señora ALLENDE (Presidenta).- Hasta ahora, la opinión de la Mesa es esa. Pero estamos dispuestos a revisar la decisión. El señor Prosecretario me reitera que es inadmisible.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señora Presidenta, también se declaró inadmisible otra moción, de mi autoría, que propone modificar el Código del Trabajo en materia de cálculo y pago de gratificaciones.
Por consiguiente, solicito oficiar, en mi nombre, a las Ministras del Trabajo y Secretaria General de la Presidencia a fin de que revisen la iniciativa y ojalá el Ejecutivo decida patrocinarla para que pueda ser discutida aquí, en el Congreso.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, enviaremos el oficio correspondiente en nombre del Senado.
--Acordado.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, quiero insistir en la petición de la Senadora Adriana Muñoz.
No cabe ninguna duda de que esta Honorable Sala va a aprobar la iniciativa sobre capitalización del Banco del Estado, pues todos estamos contestes en la importancia que revisten para las pequeñas y medianas empresas los fondos relevantes que va allegar esta medida propuesta por la Presidenta Bachelet.
Pero, habida consideración de que muchas de las manipuladoras de alimentos presentes en tribunas viajaron desde regiones bastante alejadas y deben volver a sus trabajos a cumplir sus respectivas funciones -de lo contrario, les descontarán días laborales-, propongo tratar en primer lugar el proyecto relativo a esas trabajadoras, que no genera ningún tipo de controversia y concita bastante unanimidad en la Sala, y después pasar al relacionado con la capitalización del Banco del Estado. Ello, en consideración -insisto- a la lejanía de los hogares de muchas trabajadoras presentes.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Como no se había visto esa variable, nos parecía razonable lo propuesto por el Senador Pizarro en el sentido de tratar primero el proyecto sobre capitalización del Banco del Estado, pero como si fuera de Fácil Despacho, para que no hubiera ninguna dilación.
Eso quiere decir que escucharemos un informe del Presidente de la Comisión; intervendrán a continuación a lo más dos Senadores (uno a favor; otro, en contra, cosa que no creo que suceda, pues estamos todos de acuerdo); procederemos a votar, y enseguida veremos la iniciativa relacionada con las manipuladoras de alimentos.

El señor HARBOE.- Muy bien.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, procederemos en esos términos.
--Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA



APORTE EXTRAORDINARIO DE CAPITAL PARA BANCO DEL ESTADO DE CHILE Y AMPLIACIÓN DE FONDO DE GARANTÍA PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS


La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde analizar en primer lugar el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que faculta al Ministro de Hacienda para realizar un aporte extraordinario de capital al Banco del Estado de Chile y amplía el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.520-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 42ª, en 2 de septiembre de 2014.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 52ª, en 7 de octubre de 2014.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los objetivos principales del proyecto son:
-Realizar un aporte extraordinario de capital al Banco del Estado por el equivalente a 450 millones de dólares de Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.
-Ampliar el patrimonio que contempla el decreto de ley N° 3.472, del Ministerio de Hacienda, de 1980, que creó el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, en el equivalente a 50 millones de dólares de Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.
La Comisión de Hacienda discutió el proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala el 23 de septiembre de 2014, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.
En cuanto a la discusión en particular, por la misma unanimidad consignada en forma previa, el órgano técnico efectuó algunas enmiendas de adecuación meramente formales.
El texto que se propone aprobar se consigna en la parte pertinente del informe de la Comisión y del boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión general y particular a la vez.

Conforme a lo acordado con anterioridad, les daré la palabra a dos oradores, el primero de los cuales será el Honorable señor Coloma.
Tiene la palabra.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, este proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda, tuvo una gestación no tan breve.
Esta materia se discutió durante los últimos años al interior de la banca y, particularmente, a raíz de cambios internacionales alcanzados en los llamados "Acuerdos de Basilea III", que modificaron la forma de trabajar en el mercado financiero: prestar o captar en función del capital, haciéndolo más exigente.
Esa operación internacional hizo que el Banco del Estado quedara disminuido en su capacidad de crédito. Si no podía generar un crédito mayor que tantas veces capital, tenía dos opciones: o se convertía en un banco objetivamente más pequeño o se le inyectaba capital para compensar los cambios planteados por Basilea III.
Esto se discutió en la Comisión de Hacienda en dos sesiones. Incluso, hicimos un ejercicio que considero sano: invitar a quien había dirigido anteriormente el Banco del Estado y también a su actual Presidente, porque aquí hay que hacer política estatal. Ambos coincidieron en que era indispensable, si uno quería tener un Banco del Estado que funcionara y no estuviera imposibilitado de ejercer su labor de modo competitivo, entregarle un aumento de capital, considerando adicionalmente, conforme a la ley -me parece que es así-, que las utilidades generadas por el banco son entregadas vía impuesto o aporte directo al Fisco.
Entonces, no hay un sistema que le permita al Banco autocapitalizarse -por así decirlo- en un porcentaje, por lo que la única forma de hacerlo es a través de la ley.
El monto que se estima adecuado para la capitalización es de 450 millones de dólares y, asimismo, se aportan 50 millones de dólares, básicamente enfocados a la pequeña y mediana empresa, a través del FOGAPE.
Uno podrá discutir -no es del caso hacerlo ahora- si el objeto de lo propuesto es aplicar una política contracíclica, lo que ya tanto hemos discutido. Sin embargo, insisto, hoy el problema no tiene que ver con lo contracíclico.
Pero no voy a profundizar en eso. Solo deseo plantear que este es un escenario de Estado, en donde todos los sectores económicos coinciden en la necesidad, para dar cumplimiento a las normas internacionales de Basilea III, de aumentar el capital.
Además, existe un compromiso particular del mismo Banco, en el sentido de que, ya que se amplía el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios y se incrementa su capital, se haga un esfuerzo particular para que las pequeñas y medianas empresas, cuyas ventas anuales no excedan de 50 mil unidades de fomento, puedan tener un espacio mejor. Esto considerando que el Banco del Estado no persigue una lógica de fomento -lo podremos discutir más adelante-, sino otros objetivos.
Claramente, a través de estas modificaciones se aspira a darle herramientas al Banco del Estado para que pueda trabajar normalmente y se concentre en las pymes.
Fue parte de la discusión habida en la Comisión de Hacienda, a propósito de las dos sesiones en que se analizó este proyecto, revisar en profundidad qué rol cumple el Banco del Estado a nivel nacional, qué cosas efectúa que no hacen otros y que justifica la lógica de ser una institución estatal.
Por otro lado, hay todo un tema respecto a la CuentaRUT, cuyo número alcanza a cerca de 8 millones, que es importante destacar. Esta, obviamente, ha permitido incorporar a un sector amplio de chilenos al mercado formal, como se nos explicó. Y creo que eso figura dentro de los activos.
Sin perjuicio de ello, cabe preguntarse si no será necesario reflexionar en forma más profunda sobre materias referidas a fomento, que forman parte esencial de la discusión.
En resumidas cuentas, señora Presidenta, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión, y pienso que fue bien y largamente pensado, por tratarse de una medida necesaria. Su objetivo -como señalé- es poner al día al BancoEstado en materia internacional, pero también darle más herramientas para colaborar con la pequeña y mediana empresa, en momentos en que el crédito, además, paradójicamente está barato desde un punto de vista mundial. Y, por lo mismo, es bueno tener espacios para el traspaso de esas tasas a las pymes lo más rápidamente posible.
Por eso, voto a favor.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Deseo saludar a las delegaciones del Club de Pacientes Crónicos de Batuco y del Club del Adulto Mayor Teresita del Niño Jesús, también de Batuco, que fueron invitados por el Honorable señor Allamand.
¡Muy bienvenidos a este Senado!
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, estimo que el Senador Coloma anticipó un poco cual fue el criterio adoptado por la Comisión de Hacienda por unanimidad en un proyecto que tiene mucha trascendencia desde el punto de vista de lo que significa el Banco del Estado, que todos sabemos que se encuentra inserto en la economía del país en forma muy arraigada, sobre todo en lo que respecta a la pequeña y mediana empresa.
Se incrementa el capital en 450 millones de dólares. Es una de las capitalizaciones más importantes que ha tenido el Banco del Estado en su historia.
Esto debe hacerse porque la institución tiene que mejorar sus indicadores, en virtud de los Acuerdos de Basilea III. Ellos se deterioraron en el transcurso del tiempo, por lo cual se encuentra en una situación más desmedrada en comparación con el resto del sector financiero.
El aumento de capital propuesto, que se concretará dentro del plazo de 18 meses desde la publicación de la ley, traerá como consecuencia la ampliación de la capacidad crediticia del banco, en un monto de operaciones que, por efecto de la capitalización, podría llegar hasta los 5 mil millones de dólares.
A su vez, se establece que se aumentará el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, y se dispone, además, un mecanismo respecto a qué empresas pueden acceder a él y sus límites de financiamiento.
Lo importante es que el patrimonio del FOGAPE, que hoy día asciende a 207 millones de dólares, se ve aumentado en 50 millones más, lo cual le permitirá, de acuerdo a lo que hablamos antes, incrementar el crédito a la pequeña y mediana empresa, por sumas equivalentes, más o menos, a 2 mil 600 millones de pesos. O sea, se potencia en forma muy importante la capacidad de gestión del Banco del Estado, sobre todo en lo referente a los pequeños y medianos empresarios.
El Banco del Estado es, en la actualidad, uno de los que tienen el programa más preciso de apoyo a la pequeña y mediana empresa, y estos recursos le permitirán asistirla con mucha más fuerza.
Asimismo, le posibilitará aumentar los créditos hipotecarios, sobre todo a los sectores de medianos ingresos. Ello es también muy positivo, porque el país vive una desaceleración de su economía, y esto indiscutiblemente la va a potenciar.
Por tales razones, según consta en el informe que nos han entregado, la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto en forma unánime.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Conforme al acuerdo adoptado por la Sala, voy a abrir la votación.

El señor BIANCHI.- Yo quería intervenir, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Disculpe, Su Señoría, pero usted llegó después de que la Sala acordara tratar esta iniciativa como si fuera de Fácil Despacho, con la condición de que solo hablaran dos señores Senadores.
Por supuesto, la Mesa no le puede impedir que funde su voto. No obstante, el acuerdo unánime adoptado por la Sala es el que le acabo de mencionar, considerando que el segundo punto de la tabla es la iniciativa que dice relación con las manipuladoras de alimentos.
Eso fue lo que resolvimos.

El señor BIANCHI.- Respeto el acuerdo de la Sala.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si Su Señoría lo desea, puede fundamentar su voto. La Mesa no se lo va a impedir. Y le agradezco su gesto, porque precisamente se hizo hincapié en que ojalá solo intervinieran dos oradores, con el objeto de no retrasar más el tratamiento del segundo proyecto, que es muy importante, como explicaron los Senadores señor Harboe y señora Muñoz.
En votación.


El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (26 votos a favor); por no haberse formulado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.


La señora ALLENDE (Presidenta).- Vamos a pasar al análisis de la iniciativa que dice relación con las manipuladoras de alimentos.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Agradezco la presencia de nuestras amigas en las tribunas, pero les recuerdo que deben guardar silencio y solo observar el desarrollo de la discusión.



ASEGURAMIENTO DE DERECHOS DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES


La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que precisa normas vigentes para asegurar los derechos de los manipuladores de alimentos de establecimientos educacionales, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.048-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 36ª, en 6 de agosto de 2014.
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 52ª, en 7 de octubre de 2014.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los principales objetivos de la iniciativa son:
-Asegurar la continuidad laboral de las manipuladoras y los manipuladores de alimentos, mediante la prórroga de sus contratos de trabajo por los meses de diciembre, enero y febrero, y el otorgamiento del derecho a indemnización por años de servicio.
-Darles prioridad, en la evaluación de las licitaciones de los contratos de la administración del Estado por prestaciones de servicios, a las ofertas de mejores sueldos por sobre el ingreso mínimo; a las remuneraciones de mayor valor, tales como las gratificaciones legales; a los contratos indefinidos, y a las condiciones laborales más ventajosas.
La Comisión de Trabajo y Previsión social discutió este proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala en su oportunidad, yaprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señoras Goic y Muñoz y señores Allamand, Larraín y Letelier. En cuanto a la discusión en particular, la Comisión efectuó diversas enmiendas que aprobó también unánimemente.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social deja constancia de que, atendido que la enmienda a la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios dice relación solamente con la forma de evaluar las ofertas, acordó que no se requerirá informe de la Comisión de Hacienda.
El texto que se propone aprobar se consigna en la parte pertinente del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En la discusión general, tiene la palabra la Senadora señora Muñoz, Presidenta de la Comisión de Trabajo.


La señora MUÑOZ.- Señora Presidenta, como ya señaló sucintamente el señor Secretario, este proyecto de ley fue puesto en discusión en la Cámara de Diputados el año 2011. Se originó en una moción de mi autoría en conjunto con los entonces Diputados señora Goic y señor De Urresti y con la concurrencia de otras señoras y señores Diputados.
Su propósito es -como ya se dijo- enfrentar la situación de precariedad laboral de las manipuladoras y de los manipuladores de alimentos, lo cual ya habíamos intentado hacer en el año 2008 a través de una moción, patrocinada posteriormente por la Presidenta Bachelet en su primer mandato, que trató de remediar una serie de irregularidades y precariedades que laboralmente vivían las manipuladoras de alimentos.
Ahora, ese mismo año se estableció en la ley N° 20.238 la obligación de pagarles las remuneraciones de los meses de enero y febrero. Pero esta medida no fue suficiente y, además, hubo escasa fiscalización.
Ello me motivó a presentar en 2011 la iniciativa en debate, la cual ya fue vista por la Cámara de Diputados y ahora le corresponde ser revisada por el Senado.
El énfasis en este proyecto radica en las bases de licitación y de la evaluación de las ofertas para los contratos con la administración del Estado. Así, se establece que se dará prioridad a aquellas empresas que propongan la duración indefinida de los contratos, mayores sueldos por sobre el ingreso mínimo y otras remuneraciones de mayor valor. En este último punto nuestra Comisión incorporó, explícitamente y a modo ilustrativo, las gratificaciones legales, a fin de hacernos cargo de un planteamiento permanente de las manipuladoras de alimentos y sus dirigentes.
El segundo tema que aborda esta iniciativa apunta a prorrogar los contratos de trabajo de las manipuladoras y de los manipuladores de alimentos, que se encuentren vigentes al mes de noviembre, por los meses de diciembre, enero y febrero, siempre que cuenten con un desempeño de a lo menos seis meses en forma continua. Las remuneraciones de dichos meses deberán pagarse en las mismas condiciones de los meses precedentes.
Y el tercer punto es que en caso de terminar el contrato por la causal de necesidades de la empresa, las y los trabajadores tendrán derecho a la indemnización por años de servicios respectiva, más las remuneraciones que comprendan desde la fecha de terminación hasta el día anterior al mes de inicio del siguiente año escolar.
Durante la tramitación del proyecto en nuestra Comisión el Gobierno, liderado por la Ministra del Trabajo, señora Javiera Blanco, y la JUNAEB, elaboraron un protocolo de acuerdo donde se recogieron las demandas de las manipuladoras de alimentos, en el sentido de incorporar un bono por sobre el sueldo mínimo que aumente de alguna manera las escasas remuneraciones que reciben estos trabajadores.
De ahí que sea muy importante la firma de este protocolo que va a permitir que se pueda adicionar en forma permanente un bono a las remuneraciones de los manipuladores de alimentos.
Este es un paso más, señora Presidenta, en este camino largo. Y desde aquí, desde esta Sala, quiero rendir un homenaje a las dirigentes de las manipuladoras de alimentos de todo el país, quienes se han movilizado en forma permanente. Esto data del año 2011, pues se trata del segundo intento de perfeccionar la ley, y ellas son las que se movilizaron en todas las regiones del país, las que llamaron la atención, las que fueron organizándose y sindicalizándose de modo progresivo.
En verdad, esta ley en proyecto, que estamos a punto de aprobar en el Parlamento, es mérito de estas dirigentes.
Por eso, señora Presidenta, invito a los colegas a respaldar esta iniciativa y a tramitarla con prontitud, con el propósito de que las más de 35 mil trabajadoras que desempeñan esta función a lo largo de nuestro país puedan, de una vez por todas, recibir estos beneficios y terminar con la situación de precariedad que las afecta.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, me están pidiendo que transmita la necesidad de abrir la votación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, no hay problema.
Antes -disculpe la interrupción, señor Senador- deseo saludar a la Ministra del Trabajo, quien nos acompaña en el Hemiciclo.
¡Bienvenida!
¿Hay acuerdo para abrir la votación, manteniendo los tiempos de intervención?
Acordado.
En votación general.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, las manipuladoras de alimentos constituyen parte importante de nuestra comunidad escolar. Ellas mantienen un contacto directo con los menores en una situación muy relevante: en el momento de la alimentación, la cual muchas veces no llega a zonas alejadas o no es de la calidad que dichas trabajadoras y trabajadores consideran que debiera ser.
Este personal pone gran esfuerzo en su trabajo para dar a nuestros niños, particularmente a los de escasos recursos, los alimentos de manera correcta.
Lamentablemente, estas trabajadoras no han sido consideradas parte de la comunidad escolar ni parte del sistema. Siempre se habla de los profesores, de los asistentes de la educación, de los auxiliares, pero no de las manipuladoras de alimentos.
¡Y, por Dios, que es importante contar con un régimen laboral que dignifique una función fundamental para el buen trato, el cariño y la alimentación, por cierto, de nuestros niños!
En razón de ello, hace algún tiempo, junto al Diputado Manuel Monsalve, tuvimos la oportunidad de trabajar directamente con las dirigentas de las organizaciones de manipuladoras de alimentos de la provincia de Arauco. Y luego me tocó emprender una tarea similar con el Diputado Jarpa en la provincia de Ñuble.
Ahí uno comienza a conocer más de cerca una labor esencial y se da cuenta, además, de la precariedad del trabajo.
Al buscar alternativas de solución a dicha situación, empieza a operar la lógica del comprahuevos.
Las trabajadoras plantearon el problema. Nosotros fuimos a conversar con la empresa concesionaria, que nos señaló: "No podemos pagar más a las manipuladoras de alimentos ni mejorar sus condiciones, porque son las bases de licitación las que fijan los términos contractuales que nos permiten financiar el sistema".
En su oportunidad nos reunimos con gente del Ministerio de Educación de la Administración anterior, que recogió estas peticiones con muy buena voluntad.
Lamentablemente, no contamos con atribuciones para presentar proyectos en ese ámbito.
Pero había una iniciativa en el Congreso que podía servir a ese objetivo: el proyecto de Ley de Presupuestos.
De hecho, en la discusión presupuestaria del año pasado, junto con la Diputada Muñoz y los Diputados Monsalve, De Urresti y otros -entonces yo también era Diputado-, presentamos indicaciones para condicionar ese tipo de contratos. Estas, como usted comprenderá, señora Presidenta, eran completamente inadmisibles, pero perseguían un fin: plantear el tema, ponerlo en discusión para que no pasara al olvido por ser poco conocido. De lo contrario, se seguirá desmejorando la condición laboral de las manipuladoras de alimentos.
Celebro que esta iniciativa, originada en moción de los entonces Diputados señora Muñoz y señor De Urresti, entre otros, llegue a esta instancia.
Felicito a la señora Ministra del Trabajo por tomar la decisión de darle la urgencia respectiva a este proyecto para sacarlo adelante y poner término a una situación tremendamente injusta.
Con esta propuesta legislativa vamos a terminar con esa cadena de excusas y pasaremos a la acción de solución.
Esta futura ley de la República -independiente del Gobierno de turno, del director de la JUNAEB, del director de la JUNJI, de quien administre el establecimiento escolar, del concesionario- va a establecer prioridades e incentivos positivos para beneficiar en los procesos de licitación a las empresas que tengan un buen trato laboral con sus trabajadoras y trabajadores.
Se trata de un derecho permanente. Más allá de si uno sigue o no en el Senado; de si los Diputados cambian o son los mismos o de si el Gobierno de turno es tal o cual, el derecho referido seguirá operando. Este es un tremendo logro y reconoce el trabajo que han hecho todas las dirigentas de las organizaciones de manipuladoras de alimentos.
El presente proyecto plantea, entre las empresas que postulen a los contratos, priorizar a las que paguen los mayores sueldos por sobre el ingreso mínimo mensual. Es decir, el Estado deberá preferir a las concesionarias que entreguen buenas remuneraciones a sus trabajadoras.
¡Ese es un tremendo incentivo!
Pero también se preferirá a las empresas que establezcan mejores gratificaciones y ofrezcan contratos de duración indefinida.
Ahí se observa otro problema, señora Presidenta: la inestabilidad laboral.
Mientras muchas familias descansamos durante el mes de febrero, un conjunto de chilenas y chilenos no puede hacerlo porque viven la angustia de no tener contrato ni en diciembre ni en enero ni en febrero. Por tanto, deben ahorrar parte de la escasa remuneración que ganan durante el año para sobrevivir esos tres meses y llegar a marzo sin saber si les van a renovar el contrato.
Aquí se propone premiar el contrato de duración indefinida; por ende, les damos estabilidad y tranquilidad a nuestras manipuladoras de alimentos.
Es más, se dispone la obligación de pagos durante los meses de diciembre, enero y febrero. Con ello otorgamos a esas trabajadoras una remuneración para todo el año, independiente de que algunos establecimientos cierren durante enero y febrero. Es lo que corresponde, pues se trata de un personal permanente que ayuda enormemente con su labor.
Adicionalmente, señora Presidenta, este proyecto contempla el derecho de indemnización por años de servicio para quienes han trabajado durante mucho tiempo en esta actividad.
Felicito a la señora Ministra del Trabajo por su cometido.
La iniciativa se encamina en la dirección correcta y corresponde a un compromiso que, por lo menos a mí en mi región, me tocó adquirir siendo candidato. Y los compromisos se deben cumplir.
Hoy día, menos discursos. Votemos para que, independiente del Gobierno de turno, nuestras manipuladoras de alimentos en todo Chile tengan una mejor condición laboral.
Hay que aprobar este proyecto.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señora Presidenta, comparto completamente las declaraciones que acaba de hacer el Senador Harboe.
Junto con reconocer el valor de este proyecto desde el punto de vista laboral, cabe dejar constancia de que sus normas resuelven varios requerimientos que estaban puestos en la agenda pública desde hace mucho por parte de nuestras manipuladoras de alimentos.
Lo relativo al pago de remuneración durante diciembre, enero y febrero es una demanda de hace varios años. Y la verdad es que la forma de resolverla no ha sido completamente eficiente ni eficaz.
Por otra parte, además de una tremenda precariedad laboral, se advierte toda clase de abusos. Por ejemplo: el despido a mitad de año sin ningún tipo de justificación.
Esta futura ley va a permitir que la persona que sea despedida tenga derecho a que se le pague entre el último día del contrato y el inicio del año escolar posterior, sin perjuicio, por cierto, de la indemnización por años de servicio.
También me parece importante que se incorporen en las bases de las licitaciones aspectos relevantes, como el salario. No hay ninguna justificación -ni resulta lógico- para que un grupo de mujeres y hombres -principalmente, mujeres- que realiza una labor tan importante, como es la nutrición y alimentación de nuestros niños, reciba el sueldo mínimo. Realmente debiésemos sentir vergüenza por eso como país.
Por lo dicho, estimo relevante incluir en las bases de licitación esos parámetros, que tiene que ver con la remuneración, con el contrato indefinido, con las gratificaciones.
Sin embargo, más allá de los aspectos laborales, que son tremendamente importantes e implican un avance, quiero dejar planteado un desafío fundamental para el futuro. Me refiero a algo que he sostenido en múltiples reuniones tanto en el norte de Chile como en otras regiones: a que se debe cambiar el trato hacia las manipuladoras de alimentos.
Estas hoy son contratadas por empresas externas que prestan servicios dentro del sistema educativo. Bien lo dijo el Senador Harboe: resulta contradictorio que en este ámbito no se considere a dichas trabajadoras. Se habla de asistentes de la educación, de profesores, de personal no docentes, del estatuto del sector, en fin, de funcionarios que dependen y se identifican con su escuela, mientras que las manipuladoras de alimentos se hallan en una categoría distinta.
Ese es un trato francamente discriminatorio, que no se condice con la naturaleza esencial de la labor que desempeñan.
Por eso, pienso que debemos no solo aprobar el proyecto, sino también dar un paso más allá. Hoy es el momento, toda vez que nos encontramos discutiendo una reforma estructural a la educación y, próximamente, ingresará al Parlamento el proyecto que fija el Plan Nacional Docente, mediante el cual se establece una carrera docente.
Además, se está hablando de un estatuto especial para los asistentes de la educación. Ante ello, creo que las manipuladoras de alimentos deben formar parte de este grupo.
¡No hay ningún fundamento lógico para que tales trabajadoras no sean consideradas asistentes de la educación!
¡No hay motivo alguno para que ellas sean contratadas por empresas externas que prestan un servicio a determinada escuela!
Por ello, señor Presidente, además de aprobar este proyecto de ley, debemos comprometernos como Senado a hacer todos los esfuerzos posibles -está en la Sala la Ministra del Trabajo y acaba de llegar el Ministro del Interior- para incorporar a las manipuladoras de alimentos a la categoría de asistentes de la educación, con todos los beneficios y con un estatuto específico que les garantice una carrera.
--(Aplausos en tribunas).
Es más; generando mejores condiciones laborales y mayores espacios para la capacitación, estas trabajadoras podrían cumplir un rol tremendamente relevante desde el punto de vista educativo en materia de promoción de hábitos de vida saludable y combate a la obesidad.
Para ello, tenemos que darles la oportunidad, las herramientas, las justas remuneraciones y condiciones de trabajo estables que pongan fin a la precariedad, muchas veces inhumana, que vemos en tantas regiones del país.
En consecuencia, me siento muy contento de apoyar este proyecto de ley y estoy convencido de que el Congreso Nacional y el Gobierno estarán disponibles para lograr que las manipuladoras de alimentos pasen a ser parte de la comunidad escolar, como corresponde, en calidad de asistentes de la educación.
--(Aplausos en tribunas).
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El señor TUMA (Vicepresidente).- Antes de continuar dando la palabra, deseo expresar un saludo muy afectuoso al Club de Diabéticos Gloria y Esperanza, de San Joaquín.
¡Bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor TUMA (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Senado, durante mucho tiempo hemos estado trabajando con las representantes de las manipuladoras de alimentos de mi Región. De hecho, hemos presentado proyectos de acuerdo para velar por la dignidad de su labor.
En primer lugar, felicito a los autores del proyecto, especialmente a la Senadora Adriana Muñoz, quien ha liderado esta iniciativa,...
--(Aplausos en tribunas).
... y, por supuesto, a las dirigentas, que han estado movilizándose y a quienes hemos apoyado en la medida de nuestras posibilidades.
Nos parece de toda justicia la norma que propone acabar con la incertidumbre que se genera año a año entre los meses de diciembre y marzo, por no saber si se tendrá la posibilidad de seguir trabajando y por no contar con la certeza de recibir una remuneración.
Asimismo, consideramos muy importante que se avance en términos de premiar, en las bases de la licitación y en la evaluación respectiva, las propuestas que contemplen remuneraciones más dignas para las manipuladoras de alimentos.
También resulta relevante la disposición que fija una indemnización por años de servicio, en caso de término de contrato por la causal contenida en el artículo 161 del Código del Trabajo.
En ese mismo sentido, debo señalar que esta iniciativa ofrece estabilidad, pues garantiza que dichas trabajadoras recibirán remuneraciones en los meses de diciembre, enero y febrero, siempre que hayan prestado servicios, a lo menos, durante seis meses en la respectiva empresa.
Sin lugar a dudas, ello significa un avance muy importante en términos de dignidad.
Por otra parte, coincido con el Senador Rossi en el sentido de que las manipuladoras de alimentos pueden ser un actor relevante en la generación de hábitos de alimentación saludable para los niños.
Felicito el esfuerzo tanto de los autores de la iniciativa como de las organizaciones de dichas trabajadoras, que, gracias a su consistencia, su persistencia, su movilización permanente, lograron que hoy estemos aprobando en el Senado una iniciativa que, sin lugar a dudas, dará mayor dignidad a esa labor.
Por supuesto, ellas también tienen un lugar en el proceso educativo, y debemos velar en el futuro por incluirlas en otras materias que digan relación con la función que desempeñan, como la promoción de hábitos de alimentación saludable, lo cual permitirá contar con una comunidad estudiantil cada vez en mejores condiciones.
Finalmente, cabe expresar que lo que estamos haciendo hoy no es otra cosa que darles mayor dignidad y equidad a las manipuladoras de alimentos, quienes hasta ahora estaban condenadas a recibir un salario mínimo.
Sin embargo, en virtud del estímulo virtuoso que se propone, la empresa se abrirá a ofrecer mejores remuneraciones a sus trabajadoras, porque sabe que de ese modo su propuesta va a ser mejor evaluada y, en definitiva, podrá adjudicarse el servicio.
Por lo tanto, felicito a las trabajadoras por el esfuerzo realizado.
¡Ustedes han hecho posible este proyecto de ley!
A las dirigentas les digo que me siento satisfecho de cumplir la palabra empeñada, el compromiso, al aprobar una iniciativa que entrega mejores condiciones de equidad a todas las trabajadoras del sector.
Por último, señor Presidente, saludo de modo especial a las manipuladoras de alimentos de mi Región.
--(Aplausos en tribunas).

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
--(Aplausos en tribunas).

La señora GOIC.- Señor Presidente, parto saludando a las dirigentas que nos acompañan, pues creo que este proyecto es un logro de ellas.
Comentaba la Senadora Adriana Muñoz, autora principal de esta propuesta, la cantidad de tiempo que llevamos estudiando esta materia. Pero no hubiera sido posible llegar a esta instancia solo con el trabajo parlamentario.
Las manipuladoras de alimentos se han movilizado y organizado. Por tanto, la aprobación de la iniciativa que se está consiguiendo hoy es un justo reconocimiento a ese esfuerzo.
Saludo muy especialmente a Norma, Ximena y Magaly, dirigentas de Magallanes, quienes han seguido esta discusión en forma muy remota. Ellas, por la dificultad del traslado, no han podido estar presentes en este debate, aunque no por ello ha sido menor su aporte.
--(Aplausos en tribunas).
Recuerdo que en la última movilización, a pesar de la nieve, ellas salieron a la calle e hicieron sus planteamientos. Eso valió no solo un avance importante en el proyecto, sino también un protocolo de acuerdo, que, como aquí se ha señalado, va a garantizar la fijación de un bono especial para todas las manipuladoras de alimentos del país, no solo para aquellas que trabajan en las regiones que están sometidas a licitación.
Asimismo, en la misma línea de lo que el proyecto establece como derecho permanente, se incorpora el beneficio de premiar a las empresas que ofrecen mejores condiciones laborales.
Al respecto, cabe destacar que las manipuladoras de alimentos han dado una pelea para favorecer no solo a las trabajadoras incluidas en los contratos licitados en virtud del Programa de Alimentación Escolar, sino también a las involucradas en otras contrataciones públicas. Porque la modificación se hace en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, relativa a la forma como se efectúan las licitaciones en el sector público.
Creo que constituye un tremendo avance otorgar el peso que se requiere a las cuestiones laborales, a cómo se entregan las gratificaciones, a la duración indefinida de los contratos. Es significativo visibilizar el hecho de que la empresa compita por tratar mejor a sus trabajadoras y reconocerlas, y que no interese solo la composición de los alimentos, el valor final de la oferta, como se hacía tradicionalmente.
Destaco que esta ha sido una larga tarea y que hoy las manipuladoras quedarán protegidas en un aspecto que la ley resolvió parcialmente, como ya se mencionó. Ellas tenían garantizado un bono para enero y febrero, pero eso no daba continuidad a sus contratos. Y, lamentablemente -hay que decirlo-, algunas empresas emplearon la fórmula de despedirlas previamente y, por lo tanto, en diciembre no todas tenían asegurados su puesto de trabajo y su remuneración.
Con la fórmula ya explicada se da continuidad: si están trabajando en noviembre, se extiende su contrato hasta el último día de febrero; y en los casos en que lleven seis meses trabajando se encarece el costo del despido, para evitar la mala práctica de las empresas de despedirlas, finiquitarlas y contratarlas de nuevo.
Con ello se reconoce que no es posible que con recursos públicos una empresa tenga garantizada una licitación por cuatro años mientras las empleadas se encuentran en la incertidumbre de si seguirán trabajando o no.
Señora Presidenta, quiero agradecer y reconocer la labor y el compromiso de la Ministra del Trabajo y de la Dirección Nacional de la JUNAEB. Creo que han generado condiciones para el diálogo, pero también para abordar esta materia con la seriedad que merece.
En tal sentido, hemos escuchado compromisos respecto de fiscalización que considero muy importantes.
Y, junto con la aprobación final de la ley en proyecto, hay que considerar cómo se asumen desafíos para ampliar la cobertura. Me parece una tremenda noticia que se llegue a 60 por ciento en los establecimientos educacionales con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Pero eso requerirá también revisar infraestructura, equipamiento, para que junto con el bono que se ha comprometido, que implica mejores condiciones de estabilidad, también las manipuladoras accedan a condiciones de seguridad y de mejor desempeño en su tarea.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, señora Ministra, parto saludando a las federaciones de manipuladoras de alimentos presentes, y en especial a sus dirigentas, las responsables de este documento, que cambió la historia para esas trabajadoras.
--(Aplausos en tribunas).
Una cosa es el proyecto de ley que vamos a discutir, al cual me quiero referir, pero otra el protocolo que suscribieron, después de un esfuerzo tremendo, tres federaciones de manipuladoras de alimentos, dirigentas sindicales de un mundo laboral sumamente disperso, en el cual resulta muy complejo agruparse.
En tal sentido, saludo a FENAMA, a FEMAI y a la Federación de Manipuladores de Alimentos de Chile (FEMACH), cuyas dirigentes de diversos puntos del país están aquí presentes. Las menciono individualmente: Guadalupe Salas, Marta Albornoz, Ana Osses, Alejandra Muñoz, Cecilia Orellana, Sandra Alvarado, Carmen Campos, Isabel Hidalgo, Carmen Rivera, Beatriz San Martín, Angélica Asencio y Gisele Valenzuela. Ellas incidirán en un cambio que afectará no solo a las manipuladoras de alimentos.
Me explico, señora Presidenta.
En el anterior Gobierno de la Presidenta Bachelet se realizó la primera modificación de la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la Ley de ChileCompra, por así llamarla.
En ese momento se logró en el Senado modificar la normativa para obligar a que en las licitaciones se pagara enero y febrero. Hasta esa fecha la precariedad de los contratos de cerca de 35 mil mujeres era tremenda.
A partir de esa ley comenzó un transitar para asegurar que a las manipuladoras les pagaran enero y febrero.
A todo el sector de educación se le cancelaba enero y febrero, con excepción de las "tías", quienes son responsables de alimentar a cientos de miles de niños; de que la JUNAEB tenga la calificación internacional que posee; de asegurar el plan de alimentación escolar más exitoso del planeta.
Esas mujeres trabajaban diez meses al año, y las despedían o las dejaban en condiciones precarias. Y ellas lograron tal avance.
Después se incorporaron en la Ley de Presupuestos los otros grupos de mujeres, pertenecientes a zonas donde ya se había efectuado licitación. Y por ello comenzó una segunda batalla, en la que varios de los colegas presentes participaron en forma muy activa.
Hoy, producto de una iniciativa de, entre otros, Diputadas que ya no lo son, estamos debatiendo un segundo proyecto de ley.
Yo solo quiero, señora Presidenta, recordar lo que dice el protocolo, porque se sienta un precedente que no solo beneficiará a este grupo de mujeres, sino que además deberá servir de antecedente para trabajadores de otras empresas que le prestan servicios al Estado, como aquellos que participan en la extracción de basura, en los contratos con los municipios, etcétera.
Se incorpora como primer logro un bono garantizado para las manipuladoras, con un piso de 67 mil 500 pesos.
Se establecen a lo menos tres bonificaciones durante el año.
Se contempla el pago de gratificaciones. Esto fue parte del largo debate que sostuvimos para asegurar un mecanismo que entregara más puntaje a las empresas que pagaran gratificaciones a sus trabajadoras.
Lo importante es que el protocolo incluye las próximas licitaciones, que se desarrollarán en las Regiones Cuarta, Quinta, Novena y Duodécima, así como en parte de la Metropolitana.
Adicionalmente, se considera el compromiso de incorporar en la Ley de Presupuestos los recursos necesarios -el debate lo tendremos el próximo mes- para asegurar que los dos tercios del país que no se liciten también cuenten con esos derechos, a partir de marzo de 2015.
Señora Presidenta, en la ley en proyecto se expresan esos criterios. Pero no está en ella el texto del protocolo.
Deseo solo dejarlo consignado, porque nos gustaría que algún día se plasmara en la ley lo que figura en el protocolo, para que esto no dependiera de las autoridades de turno.
--(Aplausos en tribunas).

El señor LETELIER.- Porque existe el compromiso de que en las próximas licitaciones van...

La señora ALLENDE (Presidenta).- Ha terminado su tiempo, señor Senador.

El señor LETELIER.- ¿Puedo redondear?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Por supuesto.

El señor LETELIER.- Queremos asegurar, señora Presidenta, que lo que he mencionado esté a futuro en la ley.
Se incluye el encarecimiento del despido -lo indicaban las Senadoras Goic y Muñoz-, algo muy importante, que se encuentra en el artículo 2°.
Espero que el logro alcanzado permita que iniciemos un camino para valorizar social y económicamente la labor de las manipuladoras de alimentos. Y ojalá que, a la vez, sirva de precedente para miles de trabajadores que les prestan servicio a políticas públicas que no tienen por qué estar sometidos a empresas que dicen no tener utilidades y que están en situaciones tremendamente precarias, cuando sabemos que ello no es cierto.
El Estado debe ser un buen empleador, pero también un buen contratador de empresas que les paguen bien a sus empleados.
Felicito a las trabajadoras.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, creo necesario hacer justicia en esta iniciativa recordando a sus autores.
Ya se ha mencionado a algunos. Pero creo que es justo nombrarlos a todos.
No obstante que pareciera ser que la actual Senadora Adriana Muñoz fue la líder en la Cámara de Diputados, cabe recordar que también participaron en la formulación del proyecto la entonces Diputada y hoy Senadora Carolina Goic; el entonces Diputado y actual Senador Alfonso de Urresti; la Diputada Alejandra Sepúlveda; los Diputados Manuel Monsalve, Sergio Ojeda y Patricio Vallespín y los entonces Diputados María Antonieta Saa y Felipe Salaberry.
--(Aplausos en tribunas).
Creo que ellos interpretaron el sentimiento de injusticia que embargaba a las manipuladoras de alimentos de establecimientos educacionales.
Por lo que he podido apreciar, gracias a la fuerza de sus dirigentas -las conocí tanto en mi Región como a nivel nacional- se juntó lo que se necesita para que este tipo de proyectos prosperen: voluntad política y decisión de los dirigentes.
Las federaciones de manipuladoras de alimentos, además, demostraron que, a pesar de que son varias las organizaciones que las agrupan, saben actuar en forma unida y coordinada.
Nosotros recibimos a la Federación Nacional de Manipuladoras de Alimentos PAE y PAP; a la Federación de Manipuladoras del Norte; al Sindicato de Manipuladoras de la Cuarta Región; al Sindicato de Manipuladoras de la Quinta Región; a la Federación Central de Manipuladoras de Santiago; a la Federación Interregional de Manipuladoras de la Octava Región; es decir, a una gama muy representativa de dirigentas de todo nuestro país. Ello permitió constatar que efectivamente se trata de una causa justa y que merece todo nuestro respaldo.
Por eso, me sumo a las felicitaciones que se han expresado. Porque quienes han estado en contacto con dichas dirigentas -como me tocó en este último tiempo, cuando me he integrado a la Comisión de Trabajo- y visto cómo se desempeñan se habrán dado cuenta de que son dignas de nuestro respeto y reconocimiento.
Ahora bien, el proyecto fue aprobado por la Comisión en sus tres aspectos.
Uno que me interesaba particularmente decía relación con el hecho de que en las bases de licitación se incluyera un incentivo para que ganara la licitación quien ofertara mayores sueldos por sobre el ingreso mínimo mensual.
Habríamos querido que se incorporara un porcentaje. Pero se señaló que eso no era propio de la ley. Sin embargo, en el protocolo de acuerdo ello tampoco ocurrió.
Creo que es tiempo de que se añadan los porcentajes. Porque eso irá midiendo el compromiso que realmente se tiene para mejorarles el ingreso base a las manipuladoras de alimentos.
Junto a ello, sí logramos incorporar en esta iniciativa algo que ya venía consignado en el protocolo suscrito en agosto recién pasado, cuando se hablaba de la mejoría que debía haber en el ingreso mínimo y las demás remuneraciones. Como en el concepto de remuneraciones se entienden comprendidas las gratificaciones, se especificó que el incentivo pertinente se refería también a las gratificaciones legales.
Discutimos en la Comisión si acaso era conveniente que esa gratificación, que de acuerdo al artículo 50 del Código del Trabajo es del 25 por ciento de la remuneración -tal vez es menor que la establecida en el artículo 47 del mismo cuerpo legal, pero es segura-, fuera incorporada en las normas de la ley en proyecto.
Se estimó que era impropio, porque alteraba el sistema regular de las gratificaciones.
Pero hay que hacer algo.
Por lo menos dimos la señal en el sentido de adjudicar la licitación a quienes ofrezcan los mejores sueldos por sobre el ingreso mínimo, pero priorizando respecto de aquellos que además comprometan gratificaciones legales seguras.
Lo digo porque me llamó la atención la información que nos dieron muchas federaciones en cuanto a que, curiosamente, las empresas no reciben utilidades y, por lo tanto, no entregan gratificaciones.
Aquello, sin lugar a dudas, no es así.
En la Comisión le solicitamos al Servicio de Impuestos Internos que nos informara acerca de esa situación, al objeto de evitar que se burle el pago de las gratificaciones, más todavía cuando se dice que se cancelan las de otro personal de la empresa de alimentos, pero no las correspondientes a las manipuladoras. Ello, ciertamente, no corresponde.
Asimismo, se estableció -como ya se ha dicho- la obligación del pago de las remuneraciones de diciembre.
La legislación actual ya había considerado enero y febrero. Pero hecha la ley, hecha la trampa: las empresas estaban cortando los contratos antes. En consecuencia, se dispuso también el pago de las remuneraciones de diciembre, para evitar esa situación.
De igual forma -quizás no se ha subrayado, pero es importante-, se incorporó una norma que hoy existe en el Código del Trabajo para el personal docente, mediante la cual se extiende el beneficio...

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede concluir, señor Senador.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, en rigor, el tiempo para intervenir debería ser de diez minutos, porque estamos en la discusión general.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Senador, como abrimos la votación y nadie pidió que se conservaran los tiempos, corresponden cinco minutos para fundamentar el voto.
Si me lo hubieran planteado antes, no existiría ninguna objeción. Pero -reitero- nadie lo solicitó.

El señor LAGOS.- ¡Había letra chica...!

El señor LARRAÍN.- Siempre se pide así, sin letra chica. Pero, en fin, trataré de ser breve.
Simplemente, quiero mencionar que la norma vigente dispone que los contratos de trabajo "se entenderán prorrogados por los meses de enero y febrero, siempre que el docente tenga más de seis meses continuos de servicio en el mismo establecimiento".
Esa disposición se extendió también a las manipuladoras de alimentos, lo cual permitirá que, si tienen esos seis meses, al aplicarse una causal de despido también se les pagará la indemnización por años de servicio. Con ello se evitará la burla de un derecho que les asiste a las manipuladoras, como a cualquier otro trabajador.
Por todo lo expuesto, considero que se trata de una gran iniciativa. En consecuencia, la aprobamos con entusiasmo.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, han sido muchas las veces en que hemos señalado que el Estado es un muy mal empleador. Y esta no es la excepción.
Me asombra que nos sorprendamos frente al abuso que han tenido que vivir las mujeres y hombres que trabajan en esta importante actividad: la manipulación de alimentos.
A vista y paciencia de cada uno de nosotros ha habido abuso del Estado, que, aparte ser un mal empleador, tampoco da garantías cuando debe tercerizar un servicio como el que realizan esos trabajadores, que se lleva adelante ni más ni menos que para dar alimentación a los más pequeños, quienes muchas veces presentan altos grados de vulnerabilidad.
Hoy se está haciendo justicia. Y me sumo al saludo afectuoso y respetuoso a la dirigencia nacional, a las mujeres y los hombres que han llevado adelante un trabajo importante.
Por supuesto, saludo a Normita, a Ximena, a Magaly, a las trabajadoras y a los trabajadores de la Región de Magallanes.
Pero tengo algunas dudas, señora Presidenta, y no quiero dejar de plantearlas.
Era tremendamente necesario reconocer la labor que dicho personal realiza y la inestabilidad en que quedaba durante diciembre, enero y febrero.
Era un sufrimiento eterno para ellos: trabajo por un par de meses; luego caían en la situación descrita, y sobrevenía la incertidumbre absoluta.
Ahora se les dará una garantía a las trabajadoras y a los trabajadores que se hayan desempeñado a lo menos seis meses como manipuladores de alimentos.
Pero cuidado con eso. Deberemos tener todos mucho cuidado. No vaya a suceder que a la empresa se le ocurra la brillante idea de ¡desvincular a los trabajadores antes de los seis meses para que no se dé la continuidad laboral...!
Sé que las directivas nacionales y regionales han sido muy rigurosas y llevaron a cabo un trabajo tremendamente serio. Eso para nosotros constituye una enorme garantía.
Lo que estamos logrando hoy, sobre la base del trabajo de las dirigentes del sector, es lo que el Estado siempre debió haber hecho. Al licitar las bases, la JUNAEB tendría que haber pedido de manera permanente que la empresa se obligara a entregar un sueldo más arriba del ingreso mínimo.
Eso no se hizo nunca.
Dichas trabajadoras tuvieron que dar una larga lucha. Y ahora se está haciendo justicia sobre la base del salario, de la gratificación, de la estabilidad, del reconocimiento por los meses o años de servicio.
Ahora bien, coincido con algunos Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra en cuanto a que las manipuladoras de alimentos no pueden estar ajenas a la situación, por ejemplo, de sus próximos iguales: los asistentes de la educación.
En tal sentido, me sumo al planteamiento hecho a la Ministra para que considere la urgente necesidad de que esas trabajadoras, en la actividad que llevan adelante, sean tratadas por igual dentro de la educación pública y formen parte de esa categoría: asistentes de la educación.
¡Si estas "tías" efectúan una enorme labor, que va más allá de lo que les exige el cargo! Conozco su desempeño. Me he reunido muchas veces con ellas, hemos trabajado juntos. De modo que sé que realizan una labor que excede con mucho sus obligaciones.
Quiero felicitar a las manipuladoras de alimentos de establecimientos educacionales; a la gente de la Región de Magallanes, quienes han dado una enorme lucha. Y creo que, simplemente, debemos comprometernos a buscar la estabilidad a como dé lugar, pero haciendo posible que el día de mañana esas trabajadoras sean parte de una estructura laboral que les permita tener muchas más garantías y mucha más estabilidad.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas)

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señora Presidenta, a decir verdad, siempre se puede más.
La propuesta contenida en el proyecto que nos ocupa es lo que humildemente hemos podido desarrollar durante todos estos años.
Quiero felicitar a mis colegas de la Comisión de Trabajo (Senadores Hernán Larraín, Andrés Allamand, Carolina Goic y Juan Pablo Letelier), pues el despacho de esta iniciativa fue posible por la voluntad que hubo en dicho órgano técnico.
--(Aplausos en tribunas)
Sabemos que se puede más. Es factible volver al Estado la función en comento, en fin. Y todos quisiéramos un debate más profundo sobre la materia.
Ahora bien, yo solo deseo puntualizar dos cuestiones que se me quedaron en el tintero cuando vi el informe.
La primera dice relación con el hecho de que en el proyecto original que presentamos se planteaba la situación de las manipuladoras que se desempeñan en los internados de las municipalidades.
Yo quiero tener la certeza de que con la redacción aprobada quedan incorporadas aquellas trabajadoras. Por ahí licitan los municipios, no la JUNAEB.
La otra cuestión se refiere al anuncio del Gobierno, hecho hoy en nuestra Comisión a través del Director del Trabajo, en el sentido de que en octubre se iniciará un masivo plan para fiscalizar la situación de las manipuladoras de alimentos a lo largo de todo el país.
Eso es muy importante, pues la ley puede ser letra muerta si no hacemos un seguimiento territorial directo a la forma de proceder en las nuevas licitaciones.
Por ello, felicito a la Ministra del Trabajo, quien echó a andar el mencionado plan, que prevé la realización de 450 fiscalizaciones en el tiempo que medie entre noviembre y diciembre. Y, por cierto, habrá que empezar a ver hasta qué punto las licitaciones que empezarán a correr desde esos meses van a recoger las propuestas que hacemos mediante la iniciativa de ley que estamos debatiendo esta tarde.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Yo voy a votar que sí, señora Presidenta.
Trabajé por más de 20 años con el gremio, administrando colegios como alcalde. Por lo tanto, sé lo que pasa.
Sin embargo, me preocupa que este proyecto, cuando dispone que en la licitación y evaluación de las propuestas "se dará prioridad", no especifique.
Hay que decir la verdad: de la tabulación efectuada en la licitación dependerá si se paga o no el mínimo.
Como dijo el colega Bianchi, el Estado ha sido siempre un pésimo empleador.
Recuerdo que, cuando asumí como Senador, el primer proyecto que vimos fue el de los recolectores de basura. La mayoría de estos trabajadores gana el sueldo mínimo. Y ello, porque las bases de licitación están mal hechas: potencian un montón de puntos, pero no los destinados a proteger a las personas.
Yo voy a votar que sí, señora Presidenta. Pero me gustaría que la señora Ministra instruyera a la JUNAEB y a otros entes en el sentido de que con un simple reglamento se puede reforzar una tabla que asegure realmente que no se pague el mínimo.
Cualquier licitación tiene varios puntos de evaluación. Y, a pesar de que aquí se dice que se dará prioridad a quien ofrezca los mayores sueldos, hay que considerar que eso entrará a competir con un montón de ponderaciones que perfectamente pueden hacer caer lo establecido y permitir que gane una empresa que paga el mínimo.
Una de las cosas que se podrían tabular perfectamente -sé que por ley no resulta factible disponerlo- es el otorgamiento de un puntaje alto a las empresas que en el plazo de la licitación -normalmente son 3, 4 años- tengan contrato por el período de aquella. Eso, en vez de contratos anuales y que terminan en diciembre.
Claramente, la oferta de la empresa va a estar definida por la plata que ponga quien hace la licitación. Y si se dice que las remuneraciones se pagan en los meses de enero y febrero, eso se va a incluir en el contrato. Es bastante simple.
Por ello muchas veces, como reza un dicho muy antiguo de Chile, la culpa es de quien da el afrecho, de quien fija las bases de licitación.
Ojalá que, como Senado, seamos capaces de estudiar la materia.
El día en que asumí planteé la necesidad de buscar una normativa que obligara a los municipios a valorar con mayor ponderación las remuneraciones ofrecidas por los postulantes a la licitación: "Esto es para la basura, esto para mantención de áreas verde, esto para las manipuladoras de alimento de instituciones municipales".
Ojalá que exista la instrucción a que me referí y que se vea por qué este proyecto no asegura que no se pague el sueldo mínimo -creo que esto es lo que estamos buscando-, ni tampoco la existencia de un contrato por los años de la licitación.
Si eso se especifica en las bases de licitación, la operatoria es muy simple, porque la empresa, lógicamente, tiene que incluir en su costo la indemnización por años de servicios, los meses que no se trabajan manipulando, etcétera. Y así vamos a proteger a la gente que trabaja y, por ende, tiene pleno derecho a percibir un sueldo decente y a disponer de buenas condiciones laborales.
Así que, señora Presidenta, voto que sí, con la salvedad de que a las organizaciones del Estado que van a hacer las licitaciones debe instruírselas para que en su reglamento se preocupen de que la ponderación asegure que no se va a pagar el sueldo mínimo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señora Presidenta, soy Senador de La Araucanía, donde desde el año 2006, 2007, 2008 hemos estado trabajando con manipuladoras de alimentos que se han preocupado de representar a su gremio.
De verdad, les ha resultado muy difícil organizarse. Recuerdo que en 2007, cuando se intentó constituir un ente sindical, a varias se las despidió. Y no pudimos acreditar que había una práctica antisindical.
Dichas trabajadoras han sabido de una dificultad muy seria: la de enfrentar a un empleador que no tiene ninguna consideración.
A decir verdad, la responsabilidad, más que de ese empleador, quien tiene el carácter de concesionario, es de nosotros como Estado. Porque este, para ahorrarse los derechos laborales, ha externalizado la función que llevan a cabo las manipuladoras.
La reforma educacional nos dice que debemos atender íntegramente las necesidades de los alumnos. Y la alimentación es parte de la educación.
¿Por qué razón, entonces, otros actores de la educación son tratados con contratos permanentes, que incluyen asignaciones especiales y beneficios de diversa índole que no tocan a las manipuladoras de alimentos?
En esta materia, señora Presidenta, hemos de hacer un acto de justica.
Ya avanzó la Presidenta Bachelet el 2008 al aprobar una remuneración para los meses de enero, febrero y marzo o diciembre, enero y febrero. Pero aquí estamos dando otro paso.
Quiero felicitar a la Senadora Adriana Muñoz y a quienes la han acompañado en este proyecto, pues con él vamos a lograr que dichas trabajadoras tengan mejores remuneraciones y mejores condiciones laborales, como asimismo que las ofertas de los postulantes a las licitaciones sean sobre el ingreso mínimo, en lo posible.
Tiene razón el Senador Ossandón: esto no se encuentra garantizado. Pero sí se garantiza que van a tener mejores condiciones. Y eso dependerá mucho del rol de la JUNAEB.
La duración indefinida de los contratos es indispensable. Lo más importante de este proyecto -diría yo- es que va a permitir que aquellos duren al menos el tiempo de la concesión: si esta es por 3, 4, 5 años, el plazo de la contratación no puede ser menor.
Se trata de un paso gigantesco, porque de esa manera se obtiene derecho a vacaciones, a reconocimiento de gratificaciones, a todo lo que consigna el ítem de remuneraciones. Y, por supuesto, en el caso de despido hay derecho a indemnización por años de servicio.
De verdad, este es un paso gigantesco. No está hecho todo; debemos seguir adelante.
Señora Presidenta, quiero saludar a las manipuladoras de alimentos de la Región de La Araucanía, a quienes hace 15 días acompañé en un avance para su organización. Años atrás no podían organizarse 4 o 5: ¡hace un par de semanas se juntaron más de 150 en un sindicato interempresas!
Saludo especialmente a Mirna Chaves, quien fue elegida por amplia mayoría presidenta de esa agrupación.
Y saludo también a las manipuladoras de alimentos que nos acompañan hoy en las tribunas para defender a su gremio.
--(Aplausos en tribunas).
A ellas quiero expresarles que la ley en proyecto es un gran avance y que deberemos dar respaldo no solo a los derechos explicitados, sino también a las organizaciones sindicales que están siendo capaces de estructurarse.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, ciertamente, voy a concurrir con mi voto favorable a la aprobación de este proyecto de ley.
Como han señalado otros Senadores, acá hay dos objetivos principales: asegurar la continuidad laboral de las manipuladoras de alimentos durante los meses de diciembre, enero y febrero, y, al mismo tiempo, darles prioridad, a la hora de evaluar las licitaciones, a los contratos que ofrezcan mejores condiciones en términos de ser indefinidos, de incluir gratificaciones legales, de contemplar condiciones de trabajo más ventajosas.
Estamos de acuerdo con aquello. Pero quiero hacer dos reflexiones.
En primer término, parece ser posible una discriminación positiva cuando el Estado compra servicios; cuando compra manipuladoras de alimentos para que trabajen y atiendan a nuestros hijos; cuando compra bienes públicos.
Por tanto, es factible que la compra de servicios se evalúe no solo en función de los requerimientos técnicos, sino también por la vía de introducir un elemento valórico.
Lo señalo porque hasta antes de esta iniciativa, a la hora de elegir qué empleador se iba a llevar los contratos, se optaba al final del día por el que representaba el menor costo. Punto. Ese era el elemento y así era la regla. Y se decía que de esa forma el Estado ahorraba recursos que podía usar para otros fines.
Sin embargo, a medida que el Estado crece, a medida que Chile es menos pobre o dispone de más plata, puede, a la hora de licitar, poner otras variables sobre la mesa: por ejemplo, la dignidad laboral, los sueldos y otros elementos que antes no se consideraban.
Esto se podría replicar en otros planos, señora Presidenta.
¿Qué pasa, por ejemplo, con las compras públicas a pequeñas y medianas empresas? Como los servicios estatales deben maximizar sus recursos, sus lucas, se tiende a privilegiar a las que tienen economías de escala, que muchas veces son empresas más grandes, dejándose fuera de la licitación a las medianas y a las más pequeñas, que no las tienen.
Pues bien: con el proyecto en debate se genera un precedente importante a la hora de discriminar la forma como el Estado realiza sus compras.
Señora Presidenta, me quiero detener en un tema que planteó la Senadora Adriana Muñoz y que considero muy importante.
Esta iniciativa hace una cosa. Sin embargo, simultáneamente ha habido otros acuerdos. Entre ellos está el suscrito entre la Dirección del Trabajo y las manipuladoras de alimentos con respecto a las fiscalizaciones. Y estas tienen un truco, una gracia: la Dirección del Trabajo no las va a hacer al azar; estarán conversadas con las manipuladoras de alimentos, para poder dirigirlas a los lugares donde se entiende que se deberían mejorar las condiciones laborales.
Y nótese que no parto diciendo nada negativo: solo hablo de "mejorar las condiciones laborales". Porque quién sabe mejor que aquellos que trabajan permanentemente dónde hay que poner el ojo y dónde hay que llevar a cabo las inspecciones.
En este caso se trata de una fiscalización masiva, que va a tener lugar entre los meses de octubre y diciembre, respecto de 350 a 400 empresas.
Ello afecta a todas las regiones. El Senador Tuma hablaba de La Araucanía y del trabajo que ha realizado allá. En la Quinta Región también hemos tenido reuniones y trabajo coordinado con el Sindicato de Manipuladoras. Solo quiero mencionar a María Cortez, quien hace un par de meses organizó una reunión con la Ministra Javiera Blanco.
--(Aplausos en tribunas).
Por consiguiente, nosotros hemos estado encima.
Termino con esto, porque me queda un minuto.
Hacía rato que yo no estaba en el Senado. Y veo que en dos días seguidos el Congreso aprobó dos proyectos tremendamente importantes y que nos hacen ponernos al día en nuestras obligaciones como país en las cuestiones laborales: ayer se despachó definitivamente en la Cámara de Diputados -y pasó por el Senado- la iniciativa de ley que garantiza mejores condiciones a las mujeres trabajadoras de casa particular, puertas adentro y puertas afuera;...
--(Aplausos en tribunas).
... y esta tarde nos ponemos al día con las trabajadoras manipuladoras de alimentos.
--(Aplausos en tribunas).
Y hay que hacer historia.
Como Chile crece, como somos un país al que le va mejor, la pregunta es de qué manera repartimos la torta.
Pues bien: hoy la repartimos haciéndonos cargo de algo que el Estado no asumía.
En efecto, antes, como teníamos menos lucas, decíamos: "No condicionamos las licitaciones; damos los contratos más eficientes desde el punto de vista económico, y no ponemos un valor adicional".
Ahora, como Chile tiene más recursos, junto con buscar lo técnico, se agrega el componente laboral de dignidad en el trabajo.
Eso es lo que hace un país cuando crece: ofrece mejores bienes públicos para sus hijos, para los niños que se alimentan con los recursos de la JUNAEB, pero al mismo tiempo les hace justicia a aquellos que proveen los servicios pertinentes.
Así que, señora Presidenta, voto contento: segundo día en que estamos aprobando en el Parlamento legislaciones que hacen una diferencia concreta para muchos chilenos, y particularmente, en esta oportunidad, para mujeres.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, en primer término, quiero valorar este proyecto. Me parece muy importante el trabajo de algunos parlamentarios y, especialmente, lo que han hecho las dirigentas de distintos sindicatos y organizaciones que por años están en esta lucha, que hoy alcanza un logro.
Es muy legítimo pelear por elevar las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos. Y -se ha dicho aquí- este articulado representa un avance muy significativo en lo concerniente a pago durante los meses de verano, sueldos más altos, mejores condiciones de trabajo, indemnización y, también, capacitación.
Porque no he oído mencionar la capacitación. Pero es fundamental que las manipuladoras de alimentos tengan las condiciones generales de los trabajadores; por tanto, que se les permita ir accediendo a distintos niveles de formación y capacitación propios de nuestras leyes laborales.
Sin embargo, me preocupan mucho los niños de los colegios. Porque, al final, este es un sistema organizado para servirlos a ellos. Y me inquieta el modelo de producción de los alimentos.
Uno se pregunta qué está pasando con las raciones. Y la realidad es bien desigual. Hay empresas muy serias y lugares donde los inspectores son correctos; empresas regulares y empresas malas.
Y se pregunta asimismo cuántos niños están accediendo a las raciones en los distintos colegios. Porque entiendo que el sistema de la huella digital no está funcionando como se pensaba. Empezó, pero no se terminó su implementación. A la vez, las calorías no dicen relación necesariamente con los requerimientos de los niños y no siempre la dieta contiene lo que a estos les gusta.
Esa es una realidad que también hay que tener en cuenta.
A mí me parece que todo el sistema de manejo de las empresas en esta materia es bien desigual. Y todavía no encontramos una manera adecuada de garantizar que todas las raciones sean como se plantea.
En ese marco se dan las malas condiciones de trabajo. En ese marco, la fiscalización planteada aquí no es solo de las condiciones de trabajo: se debe determinar si este modelo de empresa, para responder a la necesidad en comento, es adecuado o no.
Creo que ese es el problema de fondo.
Porque, como señalaba el Senador Lagos, en una época se optó por decir: "Tengamos empresas precarias para cumplir ciertos roles". Aquí se han mencionado distintas actividades que lo requieren. El Estado llama a licitación por el menor valor posible. Pero los precios de las raciones son bajísimos; y las empresas ajustan para tener utilidades. Y lo cierto es que, al final, en muchos casos las raciones resultantes son bastante discutibles.
Hay también pérdida de alimentos, producto de problemas de organización de las empresas.
Yo he visto casos en que las bodegas y las condiciones sanitarias dejan mucho que desear. En una Comisión investigadora me tocó conocer, por ejemplo, el caso de Arica. Y, así, existen realidades que requieren bastante más detención.
Algunos Senadores han afirmado en esta Sala que el Estado es un mal empleador o un pésimo empleador.
Yo quiero decir que aquí hay un modelo de empresas precarias por el cual se optó y que debemos remplazar. Porque pagan el mínimo. Pero no podemos seguir así.
Uno dice: empresas públicas. Pero tenemos la Constitución, la norma sobre el Estado subsidiario, que les impide a los municipios o a otras instancias crearlas.
Deberíamos aspirar a empresas más estables, más sólidas, que fueran efectivas colaboradoras del Estado en la función de prestar servicios tan necesarios como el que nos ocupa.
A mi juicio, toda esta materia hay que verla en el marco de la reforma educacional. Es menester garantizar que la función de la JUNAEB de prestar alimentos se realice con personal que se encuentre en las mejores condiciones y tenga la mayor estabilidad. El que nos ocupa representa un campo de trabajo que se va desarrollando y fortaleciendo.
Lo mismo ocurre en otros ámbitos. No podemos hacernos los lesos. Aquí se optó -repito- por un modelo de precarización de ciertas actividades. Por eso, las licitaciones y las remuneraciones son como son.
El Senador que habla está muy de acuerdo con el proyecto, porque se empieza a decir: "Es preciso cambiar". Se requieren pago digno de la función de las manipuladoras, indemnizaciones, capacitación, trato distinto, pero en el marco de un mejor servicio a los niños, porque ese es el objetivo para el cual se creó el sistema. Creo que este presenta deficiencias importantes y que es necesario ver cómo perfeccionarlo en el marco de la reforma educacional.
Muchas gracias.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, me he querido sumar, por cierto, al apoyo a la iniciativa.
Saludo a todas las dirigentes a lo largo del país y a las que se encuentran en la tribuna, que han sido tan activas.
Además de felicitarlas -la verdad es que han desplegado un esfuerzo incansable-, le brindo un reconocimiento a la Senadora señora Muñoz. La tramitación de la moción comenzó durante el paso de nuestra colega por la otra rama del Congreso y varios Diputados la acompañaron en impulsarla.
Desde hace bastante tiempo hemos venido hablando y hablando del asunto que nos ocupa, sobre todo por la situación injusta que se presenta en los meses de enero y febrero. Nuestro primer intento obviamente no dio el resultado que esperábamos, lo que ayudó a que hoy día, habiendo persistido nuestra preocupación, estemos dando un paso muy diferente, en la medida en que ya no se dependerá de la fiscalización, sino que tendrá que existir continuidad en el trabajo. Y ello es fundamental. Lo otro no podía ser. La regulación en estudio va a implicar, entonces, una relación laboral distinta, incluida la gratificación, si fuere del caso.
Junto a saludar a la señora Ministra, aquí presente, deseo agregar que me parece importante el protocolo logrado. Creo que mejorará sustantivamente un sueldo bruto de por sí bajo.
Mas también deseo compartir el hecho de que se trata de personas que cumplen una función tan delicada como la manipulación de alimentos, ni más ni menos.
Algo de lo expresado por el Honorable señor Montes no deja de preocuparme. Se precisa un sistema para garantizar el servicio que se entrega. Además de la consideración de la dignidad de los trabajadores, que merecen respeto -se trata de mujeres, fundamentalmente-, y de mejores condiciones laborales, capacitación y continuidad en el empleo, con gratificaciones y todo lo que sea necesario, cabe preguntarse si contamos con el procedimiento de licitación más conveniente y que efectivamente proporciona la mejor alimentación a nuestros niños.
Todos hemos conocido, en el último tiempo, las cifras demostrativas de que cada vez existe mayor obesidad infantil. Muchas veces, los alimentos vienen con más sal que lo adecuado o no se puede decir que han pasado por un profesional nutricionista que garantice que estamos entregando lo que en verdad requiere un menor.
No se ha destacado un aspecto adicional. Se mencionó que los cambios irán en beneficio de una gran mayoría de los manipuladores de alimentos, pero a través de licitaciones. La cuestión radica en que numerosos municipios contratan directamente a trabajadoras para que presten el servicio en colegios, y no sé en qué situación quedan aquellas que no alcanzan a ser cubiertas por no ser parte de la licitación.
Espero que la regulación no solo sea efectiva, ya que no queremos provocar una frustración mayor, sino que en el futuro también podamos revisar el modelo, como se ha dicho. No se trata de que sea prioritaria la empresa que entregue una mejor remuneración, que garantice la continuidad laboral, sino de buscar la manera de hacer el sistema mucho más taxativo y perentorio, para que no haya ningún intento de burlar la ley o de esquivar responsabilidades, o el resultado no sea el que esperamos.
Creo que todos los que hemos intervenido estamos contentos de decir: "Hemos dado un paso más para dignificar una labor tan importante, a la que no se le ha dado esa significación".
Nuevamente saludo a las trabajadoras de la Región que represento y a aquellas que siempre se han mantenido activas y pendientes, a lo largo del país, de la aprobación del proyecto. Les hago presente que hemos cumplido. Por supuesto que vamos a acogerlo. Pero, sobre todo, deseo manifestarles que esperamos que este paso sea definitivo. Queremos que en el futuro todo trabajador sea reconocido en su dignidad, sus derechos, su función, su trayectoria, y tenga continuidad laboral y reciba todos los derechos que merece una labor decente.
Muchas gracias.
--(Aplausos en tribunas).

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, he querido intervenir al final simplemente para agregarme a las expresiones de diversos colegas acerca de los méritos de la iniciativa, tanto desde el punto de vista de su origen como de su contenido.
En cuanto al origen, reitero las felicitaciones a los señores parlamentarios que estuvieron por ella desde el principio.
Me sumo a las manifestaciones de elogio al conjunto de organizaciones que han hecho posible que el proyecto finalmente salga adelante. Creo que desplegaron un notable esfuerzo las dirigentes de las manipuladoras de alimentos, quienes han encontrado finalmente una solución a las demandas que plantearon durante tanto tiempo.
Corresponde destacar la labor efectuada en la Comisión por la señora Ministra del Trabajo, lo que facilitó que en definitiva pudiera llegarse al texto que nos ocupa.
Dicho lo anterior, cabe consignar que varios Senadores han puesto de relieve la necesidad de introducir mejoramientos sustantivos en el sistema global de alimentación. El Honorable señor Montes lo mencionó con relación a los niños.
Escuchamos que se hizo referencia a haber optado por una suerte de precarización, desde el punto de vista de las licitaciones, lo que induciría a generar condiciones adversas para los trabajadores y, en forma simultánea, para el servicio, específicamente en cuanto a la alimentación.
La pregunta, entonces, es en qué topamos para proceder. Porque no observo que alguien esté en contra de una enmienda importante en cuanto a las condiciones existentes, el funcionamiento de las licitaciones, los precios que tienen que contemplar, la forma de garantizar de mejor manera los derechos de los trabajadores.
Lo que estoy haciendo presente es que carece de sentido reparar una y otra vez en una situación incorrecta y concordar todos en la necesidad de superarla, sin que el Ejecutivo intervenga para conseguirlo.
Existe la total disposición legislativa de perfeccionar el conjunto de las disposiciones que tienen que ver con las licitaciones del sector público y con un mayor estándar de todas las empresas participantes en ellas, de modo que la medida se pueda expresar en un objetivo mejoramiento de las condiciones de los trabajadores y del sistema en su conjunto.
En consecuencia, lo que corresponde es que el Gobierno, que tiene la iniciativa exclusiva en estas materias, simplemente se aboque a dicho mejoramiento global. Cabe anunciar desde ya que si lo hace va a contar con el total respaldo de la Sala, del mismo modo como el proyecto en debate fue apoyado por la unanimidad de la Comisión.
Si todos estamos de acuerdo en que se requieren modificaciones, no se advierte razón alguna para que no podamos avanzar y pasemos, en consecuencia, de una simple expresión de deseos a la materialización de un objetivo plausible y perfectamente alcanzable.
Por supuesto, voy a votar a favor.
Felicito otra vez a las organizaciones que empujaron durante tanto tiempo el proyecto, a los parlamentarios que lo hicieron posible y a la señora Ministra del Trabajo, quien facilitó el trámite.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Finalmente, puede intervenir el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, dado que la iniciativa da lugar a tanto consenso, voy a tratar de ser más o menos breve para ganar tiempo.
Solo deseo consignar que las disposiciones en examen responden a un acuerdo suscrito por las partes: la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y los representantes de los trabajadores del sector, y su propósito es terminar con malas prácticas de los empleadores para obtener más beneficios a cambio de los derechos laborales. Por consiguiente, media un criterio de justicia y de transparencia que estimo importante.
No voy a entrar al detalle del proyecto, que ya se expuso, pero sí formularé dos observaciones que podrían enriquecerlo.
Primero, me parece que sería interesante, al considerar las bases de licitación y evaluar las respectivas propuestas, ponderar el historial de las empresas para ver si en el pasado han sido buenas o malas ejecutoras de políticas públicas, lo que permitiría ir sacando del sector a aquellas que han hecho del abuso laboral una manera de obtener utilidades.
--(Aplausos en tribunas).
Lo segundo se refiere a la necesaria fiscalización del cumplimiento de los acuerdos, para evitar el descubrimiento o invención de nuevas formas de alterar los propósitos de la ley y de malas prácticas encubiertas que pudieran al final hacer nulo el esfuerzo que aquí se está desplegando.
Voto que sí.
--(Aplausos en tribunas).

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (35 votos) y, por no haberse formulado indicaciones, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
--(Aplausos en tribunas).


La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de pasar al siguiente punto de la tabla, agradecemos una vez más la presencia de nuestras amigas y dirigentes que nos han acompañado en la tramitación legislativa.
--(Aplausos en tribunas).
Por otra parte, le doy la bienvenida al Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Peñailillo.


AUMENTO DE PLANTA DE PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE Y CONCENTRACIÓN EN SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR DE FUNCIONES DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA


La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta las plantas de personal de Carabineros de Chile y modifica la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.336-25) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 42ª, en 2 de septiembre de 2014.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 48ª, en 23 de septiembre de 2014.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es aumentar gradualmente, durante los años 2015 a 2018, la planta de personal de Carabineros de Orden y Seguridad, de Intendencia y de Justicia, y concentrar en la Subsecretaría del Interior las funciones que en materia de orden y seguridad pública son de competencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en su calidad de entidad coordinadora de las políticas e información que emanan de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; además de regularse un bono de permanencia para Carabineros.
La Comisión discutió el proyecto solo en general, aprobando por la unanimidad de sus miembros, Honorables señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Pizarro y Quinteros, la idea de legislar.
Cabe tener presente que el artículo 3° es de rango orgánico constitucional, por lo que requiere 21 votos para su aprobación.
El texto que se propone acoger en general se transcribe en el primer informe.


El señor PROKURICA.- Pido la palabra para exponer una cuestión reglamentaria.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede hacer uso de ella, señor Senador.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, en representación de mi Comité, pido segunda discusión, conforme al artículo 129 del Reglamento, y quiero explicar por qué.
En reiteradas ocasiones he pedido que se resuelva la situación de DIPRECA y se genere alguna salida para un problema que implica una verdadera bola de nieve.
Actualmente, los funcionarios de Carabineros, de Investigaciones y de Gendarmería que pasan a retiro demoran hasta seis meses en recibir su primera pensión.
En seguida, todos los parlamentarios que representamos Regiones donde no hay hospitales institucionales, como Su Señoría y el Senador que habla, sabemos que en dicho sector, producto de la incorporación de más personal en el Gobierno anterior y de no haberse dispuesto los recursos respectivos para DIPRECA, se enfrentan dificultades serias para ser atendido. Hoy día, como Vallenar, Copiapó y Chañaral, por ejemplo, se encuentran en ese caso, estas personas y sus familiares tienen que viajar a Antofagasta o a Santiago, porque no los reciben en los hospitales públicos.
Además, como no hay convenios con clínicas privadas, tampoco pueden acceder a ellas, a pesar de que se les descuenta una cantidad importante por concepto de salud.
No se trata de remuneraciones muy altas, sino bajas, de gente que vive una realidad económica muy compleja.
Le pido al Ejecutivo, a través de los Ministros del Interior y del Trabajo, aquí presentes, que se dé una solución a la brevedad y que se traiga una respuesta al Congreso.
¡No más aumento de personal sin proporcionarse el respaldo económico correspondiente! Seamos responsables y no hagamos pagar el precio a familias humildes, que esperan meses para poder obtener atención de salud.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Por cierto, Su Señoría se halla en su derecho al solicitar la segunda discusión, lo que significa que se votará en la sesión siguiente.
Los señores Senadores pueden inscribirse para usar de la palabra en la primera discusión e igualmente puede intervenir el señor Ministro.
Por lo demás, una vez aprobado, el proyecto debe pasar a la Comisión de Hacienda.
Puede intervenir el Honorable señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, daré el informe de la Comisión de Gobierno en mi calidad de Presidente accidental, porque el titular aún se encuentra con licencia médica.
La Primera Mandataria presentó la iniciativa en la Cámara de Diputados con fecha 7 de mayo del año 2014, habiendo sido aprobada en general y en particular a la vez.
El 2 de septiembre recién pasado comenzó su tramitación en el Senado.
La Comisión de Gobierno invitó el 9 de septiembre al General Director de Carabineros de Chile, señor Gustavo González, quien hizo presente que en el año 2011 tuvo lugar uno de los últimos aumentos de la planta de la Institución, el cual representó más de siete mil cupos. En esa oportunidad se legisló también respecto del personal llamado nuevamente al servicio y de la contratación de personal civil, para un total de mil 689 cargos. Estas modificaciones, agregó, permitieron que se liberara igual número de funcionarios de Orden y Seguridad que cumplían labores intracuartel, administrativas o de apoyo logístico, con lo que se logró un incremento de personal operativo de alrededor de diez mil carabineros.
Enfatizó que la iniciativa en discusión contempla, a su vez, seis mil nuevas plazas, las que se traducirán en un aumento real de 5 mil 759 efectivos de Orden y Seguridad, lo que comprende tanto a oficiales como a personal de nombramiento institucional. Ello, unido al aumento de oficiales de Intendencia y de Justicia, suma las seis mil plazas antes indicadas, en un plazo de cuatro años.
El General Director hizo presente que la planta total actual de Carabineros alcanza a 53 mil 522 efectivos, cifra que refleja la planta legal. Sin embargo, sostuvo que ello no es igual a la planta efectiva, pues existen varios puestos vacantes. En el mismo sentido, enfatizó que para obtener la dotación total actual resulta necesario agregar a los cargos de planta los 537 carabineros llamados al servicio y los 5 mil 708 contratados por resolución.
En cuanto a la asignación especial de protección de autoridades que contempla la iniciativa en estudio, expresó que beneficiará a 499 carabineros que conforman el personal que presta servicios operativos en los departamentos de seguridad presidencial, guardia de palacio, escolta presidencial y los departamentos de protección de personas importantes, funcionarios que no cuentan con beneficio alguno por tal concepto.
Respecto de las modificaciones que se proponen a la ley N° 20.502, que creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, destacó que ellas proponen incorporar las facultades necesarias para que dicha Secretaría de Estado requiera en forma semestral a Carabineros de Chile los informes, antecedentes y estadísticas que permitan la adecuada evaluación de las medidas y programas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para una eficaz y eficiente mantención del orden público.
En concordancia con lo anterior, el señor General Director destacó que en la iniciativa se proponen modificaciones a la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, que son necesarias para compatibilizar las nuevas facultades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para recabar la información antes señalada.
La Comisión escuchó los planteamientos y analizó los antecedentes presentados por el señor General Director de Carabineros, así como también consideró debidamente los documentos presentados y, tal como se consigna en el informe respectivo, el proyecto, sometido a votación, fue aprobado en general por la unanimidad de sus miembros, por lo que proponemos a la Sala acogerlo en los mismos términos.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, muchas veces hemos aprobado ampliaciones de la dotación de Carabineros, incluida la de oficiales. A mí me extraña mucho que no hayamos aprobado también una ampliación de la dotación del Ministerio Público, porque, si hoy tenemos fiscales con tres mil, cuatro mil causas, significa que parte del sistema no está funcionando.
Creo que el país está pagando cara la actitud que tuvo el ex Ministro Hinzpeter con el Fiscal Nacional señor Chahuán. Al final, un conflicto llevó a que aquello se postergara durante todo el Gobierno anterior. Y en cuanto al actual, yo espero que al menos en el Presupuesto venga algo que al menos complemente, pues las condiciones en que se hallan las fiscalías, particularmente las que atienden mayor cantidad de causas, son bastante precarias.
O sea, nos estamos engañando. Porque lo que están haciendo las fiscalías es simplemente sacar para el lado las causas menos complejas y decir: "Nos vamos a dedicar a estas y a estas otras no", lo que produce gran insatisfacción de los afectados.
Al igual que en oportunidades anteriores, aprobaré el proyecto.
Sin embargo, a uno le surgen dudas. Como va a haber un nuevo debate, quisiera plantear algunas preguntas. Probablemente, el Ministro del Interior y el propio General Director pueden informarnos de los análisis que hacen.
Porque, ¿qué ha pasado con el crecimiento de la dotación de Carabineros? ¿Qué efectos ha tenido? ¿En qué se ha traducido en términos de conocimiento, control y prevención del delito?
Durante los últimos años -los últimos diez, más o menos- prácticamente se ha duplicado la dotación.
Se optó por un modelo distinto y se dijo: "En las comisarías más numerosas no vamos a tener mayores, sino comandantes". Y yo quiero preguntar qué ha significado eso en la realidad. ¿Hasta qué punto el hecho de tener comandantes ha generado una dinámica de funcionamiento diferente en relación con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones, con el conocimiento de la realidad?
Se optó también por crear más comisarías, las cuales han aumentado, después de mucho tiempo en que su número estuvo congelado. De repente se dijo: "Ampliémoslas". ¡Ya! Carabineros llegó a la conclusión de que era necesario ampliarlas cuando antes pensaba todo lo contrario: que entre menos comisarías hubiera sería mejor.
Todos los años, en la discusión del Presupuesto nacional, nos toca ver la situación de Carabineros. Y la discusión sobre el Plan Cuadrante es un tema muy importante. La pregunta es: ¿qué pasa con este plan? Siempre se nos responde que funciona bien en regiones, aunque no en la Región Metropolitana, porque ahí faltan recursos. En cambio, en regiones hay más recursos para la complejidad de las realidades que allí existen.
Yo quisiera saber por qué no hay metas de gestión en el Plan Cuadrante. ¿Por qué no este año se propone una meta para cada cuadrante y al final del período se da una cuenta respecto de lo que se ha logrado y lo que no se ha logrado?
Más de alguna vez esto ha quedado en una glosa presupuestaria, en términos de que la cuenta no debe ser por comisaría sino por cuadrante, de tal forma que la ciudadanía pueda decir "Esto está bien" o "Faltó esto otro" y generar una dinámica más virtuosa en la relación con Carabineros.
Creo además que es bien importante comprender cómo va cambiando el delito, cómo van cambiando las realidades, qué situaciones nuevas se van presentando.
Los barrios no son iguales.
A alguien se le ocurrió que el modelo para enfrentar La Legua era atacar a fondo ese territorio. ¿Qué significó eso? Que se generaron varias "Leguas", por varios lados, porque la gente salió de ahí y se instaló en otros lugares. La población Los Navíos, de la Florida, tiene a lo menos tres "Leguas" instaladas, con gente que vino de ese sector.
Yo me imagino que eso ha llevado a revisar el modelo de cómo se hacen las cosas y de qué manera se enfrentan los problemas. Porque entiendo que es parte del abecé, de la historia de lo que hemos vivido.
También tenemos el tema de los cajeros automáticos.
Seguramente, Carabineros y el Ministerio del Interior tienen un análisis de qué pasa con ellos, por qué se han concentrado ahí los delitos, qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal.
Lo que le dicen a uno es que atacar oportunamente un cajero automático representa treinta millones, de manera inmediata, para los que se lo llevan. ¡Treinta millones! ¡Netos! Y que estos ilícitos los cometen, básicamente, menores de edad, que son los que corren los mayores riesgos. Los demás ocupan implementos.
En otros países los dispensadores de dinero se hallan empotrados en las murallas.
Entonces, me imagino que algo se estará pensando para enfrentar a fondo este problema.
Los estacionamientos subterráneos del centro eran los lugares donde más se robaba. Lo mismo los estacionamientos de los malls. Y ahí hubo un diseño y una manera de responder a la situación. Los delitos en las farmacias también se han detenido. Porque las farmacias fueron, en un momento, los espacios donde más se robaba y asaltaba.
La solución para el atraco a los cajeros automáticos está llegando tarde. Se ha demorado mucho. ¿Quién debe plantearla? En parte, tiene que ver con diseños preventivos que, entiendo, les corresponde a las policías.
Por otro lado, tenemos el problema del micro y macrotráfico.
A estas alturas, uno ve distintas poblaciones, distintos lugares, y todos sabemos que ahí y acá se vende. Entonces uno se pregunta: ¿qué pasa con eso? ¿Es que no hay una inteligencia que permita captar la dinámica de la droga? ¿O es que se ha tomado la opción de atacar la fuente de la droga, los mayores puntos de distribución, y dejar esto otro así?
Ahora en la discusión se ha señalado que otros países han optado por atacar el microtráfico, por atacar los pequeños delitos, que son los que van generando los grandes delitos. Dicen: "Enfrentando los más chicos se llega a los de mayor envergadura".
A mí me gustaría saber cuáles son los análisis de Carabineros y también del Ministerio del Interior, no con el afán de generar críticas, sino de ver cómo se va profundizando en la comprensión de los fenómenos que provocan inseguridad.
Ojalá, señora Presidenta, que en el marco del segundo debate podamos ahondar en estas materias, de tal manera que la mayor cantidad de carabineros esté dentro de determinada perspectiva de trabajo, que, entiendo, es lo que se propone. Porque el proyecto le da o fortalece una serie de facultades al Ministerio del Interior para recibir información, para opinar, para evaluar.
El problema, señor Ministro, es que no basta el control institucional: es fundamental, también, el control ciudadano. El puro control institucional se queda en los circuitos. Es distinto que en una comisaría o en un cuadrante se diga: "En este período vamos a hacer esto". Y que después la comunidad compruebe si se hizo o no se hizo. Yo entiendo que toda la teoría de la policía comunitaria gira en torno a ese eje. Se requiere no solo un control institucional, sino también una interacción con los ciudadanos que permita ir viendo si se está actuando bien en los principales puntos.
En los próximos días vamos a tener la oportunidad de discutir la política de seguridad y la destinación de fondos que se están entregando a las comunas sin conocer -al menos a mí no se me ha informado- la intencionalidad que hay detrás de todo esto, qué se busca desencadenar.
Obviamente, este es un tema de permanente discusión. Por eso está en las encuestas como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Hay inseguridad y es necesario ver cómo vamos avanzando. La delincuencia va cambiando, va adecuándose a los nuevos escenarios, y es importante que la policía, el Gobierno, todos -el Parlamento también- vayamos asumiendo las realidades más recientes.
Creo que no nos podemos quedar tranquilos; tenemos que estar buscando respuestas apropiadas para situaciones que son distintas.
En ese marco, una mejor labor preventiva de Carabineros no pasa solo por aumentar su dotación. Tiene que ver, igualmente, con las maneras de trabajar, que no pueden ser iguales en todo el territorio. No es lo mismo un policía en el centro de la ciudad que en una comuna de la periferia; no es lo mismo en Santiago que en regiones. Y esto va cambiando. Lo que ocurría hace un tiempo en la Capital ahora se está dando en otros lugares. Yo lo veo. El centro de La Florida opera de un modo más parecido al centro de Santiago que, por ejemplo, a la comuna de La Pintana.
Hay distintas dinámicas.
Y uno se pregunta: ¿capta esto Carabineros? ¿Actúa buscando enfrentar la fuente de la inseguridad, de los delitos?
Y termino con lo siguiente.
A mí me parece que la relación entre las policías, el Ministerio Público y Gendarmería se ha subvalorado mucho.
Gendarmería tiene un sistema bien precario, una red de control de individuos que están cumpliendo condena en sus casas y que no están detenidos. Y la verdad es que hay pocos tutores para muchas personas. Cada tutor tiene asignadas como cincuenta. Todo indica que ahí hay una fuente de hartas dificultades. No hay un circuito de control, una relación entre las instituciones, y en numerosos casos el origen del problema está ahí.
Por último, a nosotros a cada rato nos dan información. A mí esta semana me contaron dónde estaban las joyas que fueron robadas hace pocos días no sé dónde. Y en realidad es que uno no sabe a quién entregarle esa información. Y no me cabe la menor duda de que la gente que me la dio sabe que están ahí, o al menos algo saben.
Creo que hay un problema en cuanto a cómo se deben potenciar las capacidades que existen, porque la gente no tiene a quién informarle. No se atreve a informar a este o a este otro.
En consecuencia, pienso que necesitamos actualizarnos, modernizar nuestros sistemas de trabajo.
Yo espero que, encabezados por el Ministro Peñailillo, y en el marco de lo que estamos analizando, demos un paso muy importante hacia delante en estas materias.
Gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero saludar al General señor Julio Pineda Peña, Jefe de la V Zona de Carabineros de Valparaíso, quien se encuentra en las tribunas.
Bienvenido al Senado, General.
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, en primer lugar quiero celebrar el ingreso de este proyecto.
Creo que se enmarca dentro de una estrategia. No es una medida aislada, pues aquí hay una visión, que tiene que ver con dotar de mayor nivel de seguridad a la ciudadanía. Y eso pasa por el diseño de una estrategia.
Cuando uno observa el Plan Seguridad para Todos, se da cuenta de que hay un relato, una visión, un norte hacia el cual se va avanzando.
Y, frente a uno de esos elementos, que dice relación con la prevención social del delito y la focalización de un conjunto de recursos, por intermedio de diferentes ministerios, en aquellos lugares donde se concentra principalmente la población en riesgo delictual, uno dice: "Bueno, a través de la prevención social, se evita que nuevos actores ingresen a la carrera del delito, y eso parece adecuado".
En ese sentido, empleabilidad, emprendimiento, educación, prevención social, también cariño -como se dice por ahí-, entorno, son, a mi juicio, elementos fundamentales.
Cabe señalar que mediante la prevención situacional uno puede observar cómo el Plan Seguridad para Todos, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, intenta dar un giro. Y, en vez de construir viviendas, se estima necesaria la construcción de barrios con disminución de densidad poblacional, para evitar los problemas de convivencia, que muchas veces terminan en hechos de violencia que generan demanda por servicios de seguridad.
En materia de control también hay diferentes medidas en las que se está avanzando.
En primer lugar, hace poco tomamos conocimiento que Su Excelencia la Presidenta de la República firmó el proyecto que crea la Fiscalía de Alta Complejidad, para perseguir -valga la redundancia- delitos más complejos.
Y hay un compromiso para ingresar, antes del 15 de diciembre, el Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público, porque, tal como señaló el Senador Carlos Montes, sin fiscales, sin funcionarios del Ministerio Público, no hay seguridad. Podemos tener más policías, podemos tener más detectives, podemos contar con mayor tecnología, pero el encargado de perseguir penalmente los delitos y a los delincuentes es esa institución. Y, por tanto, se requiere también de capacidades persecutorias adecuadas y una relación proporcional entre las causas que se deben seguir, las facultades que se otorgan y el número de funcionarios (léase fiscales y personal de apoyo).
Yo celebro que el Ministro del Interior se haya comprometido a enviar, antes de esa fecha, el proyecto sobre Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público, que va a beneficiar a toda la estructura persecutoria, que representa a la sociedad en la persecución de los delitos.
En ese escenario, la iniciativa legal en estudio constituye un complemento, porque, como ya dije, lejos de ser una medida aislada, es otro elemento que va a coadyuvar a aumentar los niveles de seguridad. Su objetivo es incrementar la dotación de Carabineros de Chile.
Es preciso señalar que el Parlamento, durante los últimos diez años, ha conocido al menos tres o cuatro proyectos relacionados con aumentos de personal. Recuerdo el relativo a la ampliación de la dotación policial y, más aún, de alargue voluntario de la carrera, presentado el año 2003, durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos; el que aumentó en 6 mil plazas la dotación policial, que surgió durante la primera Administración de la Presidenta Bachelet; el que la incrementó en otras 7 mil plazas, durante el Gobierno del Presidente Piñera. Y hoy tenemos una nueva iniciativa que nuevamente aumenta las plazas de Carabineros de Chile en 6 mil.
Es decir, en todos los Gobiernos se ha ido incrementando la dotación de esa institución, lo que parece adecuado porque la demanda por servicios policiales es creciente.
Pero, a diferencia de proyectos anteriores -todos hemos aprendido con la experiencia-, en este se introduce un artículo distinto, mediante el cual se otorgan facultades al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para pedir información, antecedentes, estadísticas relativas al desempeño del personal policial en sus funciones operativas.
Lo anterior significa dotar de una facultad de supervigilancia a dicha Secretaría de Estado para conocer el detalle del avance semestral de los planes operativos.
El sentido de ello es que la autoridad que toma las decisiones -la autoridad política, en este caso- tenga información oportuna y suficiente para poder enmendar los errores que se estuvieren cometiendo, si los resultados así lo revelan, o bien fortalecer aquellas medidas que en alguna comuna, provincia o región se han adoptado de manera correcta.
Por eso me parece que este es un buen proyecto. Y lo es también porque establece un aumento mayoritario: 53.522 plazas para el PNI (Personal de Nombramiento Institucional) y 4.380 para los oficiales.
Probablemente, hay algo que se desconoce. Pero el modelamiento de la planta influye en la calidad de los postulantes seleccionados. Es muy fácil decir: "Mire, tenemos que aumentar 6 mil plazas el primer año", lo que constituye una irresponsabilidad, por cuanto se bajaría considerablemente el nivel de corte en los procesos de selección, con el consiguiente riesgo de incorporar, en una entidad que goza de alta credibilidad, a personal que no tiene experiencia, tal como ocurrió con los denominados "policías marmicot", por allá por la década de los ochenta, que terminó siendo un desastre y un descrédito para la institución policial.
Por eso, me parece adecuado que ahora se contemple un aumento gradual de las plazas, año a año, tal como se hizo en anteriores proyectos.
Quizás un elemento relevante en esta iniciativa dice relación con el hecho de dónde se ubicarán las plazas que se van a aumentar, que no es menor, porque del modelamiento de la planta dependen también los años que demore cada funcionario en poder ascender. Por tanto, aquel modelamiento influye directamente en las expectativas de ascenso y de remuneraciones del personal.
Por tal motivo, celebro que en este proyecto se contemple un modelamiento piramidal perfecto, el cual permitirá igualmente crear cargos, en el caso del PNI, a nivel de suboficial mayor, de modo que los suboficiales y los sargentos puedan ascender.
¿Qué va a significar eso, en la práctica? Que los actuales carabineros que vemos generalmente en la calle -que no son oficiales- podrán ascender en menor tiempo y con ello optar a un mejor sueldo, elevando, de paso, su calidad de vida.
En consecuencia, dicho modelamiento me parece adecuado, correcto.
Además, en lo que respecta a los oficiales, la aprobación de este proyecto de ley, el modelamiento que se consigna, va a significar que se produzcan 754 ascensos en forma automática; y, en el caso del Personal de Nombramiento Institucional, 13 mil 577 ascensos más. Es decir, habrá un movimiento en la planta que se traducirá en un incentivo para la carrera funcionaria.
Señora Presidenta, sin perjuicio de todos los méritos que le veo a esta iniciativa legal, a cuya aprobación voy a concurrir con mi voto favorable, quiero hacer una advertencia, que ya señalé en una discusión anterior. Apunta a lo siguiente.
Cada vez que aumentamos las plantas de personal de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería, se produce una recarga en el sistema previsional y una recarga desde el punto de vista de la atención de salud. Digo esto porque, si el Estado y la sociedad le piden a un carabinero, a un detective o a un gendarme que arriesgue su vida en un procedimiento policial o de gendarmería, según corresponda, debe existir la capacidad de otorgarle a ese funcionario un servicio de salud oportuno y de calidad, así como protección social adecuada para él y su familia.
A mi juicio, ni este ni otros proyectos anteriores se han hecho cargo del impacto previsional que eso significa. Y, muchas veces, desde el punto de vista práctico, se generan complicaciones en DIPRECA para dar adecuada protección social a los funcionarios de Carabineros, de Investigaciones, o de Gendarmería. Esto ocurre particularmente en regiones, donde, en reiteradas ocasiones, en lugar de ser atendidos en los servicios de atención médica contratados por esa Dirección, por el no pago de los convenios, deben trasladarse al servicio público de salud, o bien, lo que es peor, a Santiago en busca de atención en los hospitales institucionales.
Finalmente, señora Presidenta, debo señalar que, incluso con la advertencia que acabo de hacer,...

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Pero le concederé un minuto más para redondear su idea.

El señor HARBOE.- Lo que quería advertir es que, así y todo, el problema no podría haberse solucionado mediante esta iniciativa.
Lo importante es que, de una vez por todas, también se realice la modificación que se requiere. Porque, si le voy a pedir a un carabinero, a una carabinera, o a una detective o a un detective, o a un gendarme, que arriesgue su vida y ponga en peligro su integridad física, como Estado, como sociedad, tengo que darle la debida protección social y jurídica que corresponde.
Dicho lo anterior, considero que este es un buen proyecto de ley, y por eso concurriré con mi voto favorable a su aprobación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, sin perjuicio de lo ya señalado por muchos Senadores y de lo manifestado en la Comisión de Gobierno, estamos en presencia de una iniciativa absolutamente necesaria para remodelar las plantas de Carabineros.
Con el aumento de personal habido durante los últimos tiempos, es preciso adecuarlas. De lo contrario, la carrera funcionaria de los carabineros se verá entorpecida por el sistema actual, que no responde a la cantidad de funcionarios que conforman las plantas de esa institución.
Entiendo lo que expresó el Senador Montes respecto del Ministerio Público. Hay que mejorarlo. Sin embargo, no por ello debemos desatender la enmienda a las plantas de Carabineros.
Por otro lado, hablé con el Senador Prokurica para pedirle que retirara su solicitud de segunda discusión, a fin de poder votar este proyecto, pues estamos recién en su debate general, tiene que pasar todavía a la Comisión de Hacienda, y su despacho requiere cierta agilidad.
El Honorable colega me señaló que está de acuerdo siempre que el Ministro se comprometa a establecer una mesa de trabajo para analizar la situación de DIPRECA, que también es una realidad, sobre todo para el personal de regiones, que no tiene acceso al sistema previsional, por el hecho de que la atención que entrega dicha Dirección se halla centralizada principalmente en Santiago.
El Ministro me manifestó que está de acuerdo.
El problema es que, sacando cuentas, a lo mejor mi petición no tiene mucho fundamento, porque para uno de los artículos del proyecto necesitamos el voto favorable de 21 Senadores para su aprobación.
Por eso, quizás sería conveniente tocar los timbres.
En todo caso, quería pedirle al Senador Prokurica poner atención...

La señora ALLENDE (Presidenta).- Honorable señor Prokurica, disculpe, pero se están refiriendo a usted.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Ya expresé que el Ministro del Interior, a quien podríamos escuchar, estaba dispuesto a asumir el compromiso de establecer una mesa de trabajo para estudiar lo relativo a DIPRECA, que efectivamente es un problema recurrente desde hace mucho tiempo y hay que tratar de encontrarle una solución.
Con ese compromiso y si tuviéramos los votos necesarios, yo preferiría votar hoy día y despachar el proyecto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, nada más lejos de mi parte que entorpecer este buen y necesario proyecto. Solo le pido al Ministro del Interior que asuma aquí un compromiso con el Senado en el sentido de que el problema planteado se empezará a resolver de alguna manera.
Habría que fijar un plazo, cierta fecha; dar alguna fórmula de solución, porque el Senado no puede seguir aprobando aumentos de personal sin la entrega de ingresos a DIPRECA, pues si no le haremos un tremendo daño a gente muy modesta, que lo está pasando mal.
Entonces, si hay un compromiso, no tengo inconveniente en retirar mi solicitud de segunda discusión.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, compartiendo la preocupación del colega Prokurica, como Presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, mandatada por la Sala, le ofrezco realizar una sesión especial, a la cual se invite al señor Ministro del Interior y, además, al Director de DIPRECA, para que este último nos haga una exposición respecto de la situación real de la institución, dividida por regiones, para que todos los señores Senadores y señoras Senadoras puedan enterarse de lo que sucede y darle un adecuado tratamiento al problema.
Ello permitiría despachar hoy día el proyecto en debate.
Y aprovecho de pedir, señora Presidenta, que se abra la votación, porque el artículo 3° requiere para su aprobación un quórum de cuatro séptimos, por lo que se necesita la presencia de los señores Senadores.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Así es.
El Honorable señor Harboe, Presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, ha sugerido una alternativa de solución.
Me parece bastante razonable efectuar esa sesión.
¿El señor Ministro está de acuerdo con lo planteado?
Desea hacer uso de la palabra ahora o después.

El señor PEÑAILILLO (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Después, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- De acuerdo.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín, para referirse a la misma materia.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, comparto la inquietud expuesta por el Senador Prokurica.
La hemos hecho presente con anterioridad en la Sala. Muchas veces acordamos, en forma unánime, como Senado, solicitar que se resuelva el problema descrito.
Por eso, me sumo a la fórmula propuesta por el Senador Harboe.
Con todo, es muy importante saber el compromiso del Ministro en esta materia. Quizás escapa a sus posibilidades resolver la dificultad, ya que está relacionada con Hacienda, con Salud, y con otras áreas más. Sin embargo, en verdad, señor Ministro, la sensación de desamparo de muchísimos funcionarios, sobre todo de los que se acogieron a retiro en estos organismos en regiones, es gigantesca.
La problemática se arrastra desde hace bastantes años. En definitiva, el personal se queda sin pan ni pedazo. No tiene posibilidades de atención en los consultorios municipales, ni en los hospitales públicos, y la factibilidad de trasladarse a Santiago para atenderse en algún hospital de DIPRECA es casi inexistente, o muy difícil, pues están saturados.
Aquí la responsabilidad es acumulativa, porque se han incrementado -por otras razones, que todos conocemos- las plantas de Carabineros, de Investigaciones, de Gendarmería, pero no los recursos de DIPRECA, lo cual complota contra su servicio.
Por lo tanto, me gustaría saber qué puede comprometer el Ministro, para avanzar en esa línea.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le pareciera a la Sala, se abriría la votación.
Quedan tres personas inscritas para intervenir, y se respetarían los tiempos.
Después, escucharemos al señor Ministro.

El señor PROKURICA.- Que hable primero, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- De acuerdo.
Decía que se puede abrir la votación, si ese es el acuerdo.
En todo caso, ruego a Sus Señorías estar atentos, pues una norma requiere quórum especial de aprobación.
Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor PEÑAILILLO (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero plantear que la reforma propuesta es necesaria, y se inserta dentro de un conjunto de modificaciones que estamos haciendo en materia de seguridad pública.
En tal sentido, a partir de lo expresado por el Senador Montes, debo comentar que ya ingresamos en la Cámara el proyecto de ley que crea los consejos comunales de seguridad pública.
Esos consejos permitirán que instituciones como Carabineros, Investigaciones, Ministerio Público, estén junto a la autoridad local o comunal analizando efectivamente las distintas problemáticas de los delitos.
Por lo tanto, nosotros entendemos, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Pública, que el enfoque desde el ámbito local es esencial para poder enfrentar ese fenómeno, o flagelo, porque claramente las políticas de carácter nacional son insuficientes o han quedado, de alguna u otra manera, rezagadas para enfrentar la dinámica con que se van desenvolviendo los delitos.
En segundo término, esto va acompañado de un aumento considerable de efectivos en la Policía de Investigaciones, que también se hace cargo de otras necesidades de la institución, que ustedes bien conocen, puesto que hace poco votaron el proyecto respectivo.
Por consiguiente, se trata de una reforma en la que también se incluye a Investigaciones.
También se presentó una iniciativa -de hecho, hoy día la analizamos en la Comisión de Constitución- para modificar la Ley sobre Control de Armas, en la que dicho organismo técnico está trabajando junto con el Ejecutivo al objeto de introducir una reforma significativa en la materia.
Necesitamos una nueva legislación al respecto, y esperamos que pronto ese proyecto sea votado acá, en la Sala.
Así también, hay una reforma que regula de mejor manera y da mayores atribuciones a la autoridad administrativa en materia de violencia en los estadios.
Todos sabemos las dificultades que han existido en el último tiempo en este ámbito. Claramente, necesitamos mayores atribuciones para sancionar a los clubes que no realizan bien su trabajo preventivo, y eso debe estar claramente establecido en una nueva legislación.
Por otro lado, la primera quincena de diciembre vamos a ingresar un proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público. Lo hemos anunciado en reiteradas ocasiones. Se está trabajando entre el Ministerio de Justicia y el de Hacienda, es parte de nuestro programa de Gobierno.
Hace pocos días presentamos una iniciativa de reforma constitucional que permite la creación de una fiscalía especializada o de alta complejidad para materias de terrorismo y de crimen organizado. Esto permitirá disponer de una fiscalía con cobertura nacional para enfrentar tales fenómenos, especialmente el terrorismo y el narcotráfico.
Eso también se verá expresado después en el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que ingresaremos la primera quincena de diciembre, donde no solo se consideran más fiscales, sino también analistas y personal necesario para que esta institución dé una atención más oportuna.
Igualmente, en este año 2014 estamos firmando convenios con 19 comunas, de las 74 donde se produce el 82 por ciento de las denuncias de delitos de mayor connotación. Este plan permitirá programar recursos, en cada una de estas comunas, para los próximos tres años.
Por ejemplo, en el caso del Senador señor Montes, la comuna de La Florida recibió en los últimos cuatro años, vía concurso, 160 millones de pesos.
El convenio firmado con la Municipalidad de La Florida, que permitirá contar con un programa de intervención en distintas líneas, le permitirá disponer de recursos por más de 2 mil millones de pesos en los próximos tres años. Así lo hicimos con la comuna de La Pintana, y también lo haremos con Concepción, Alto Hospicio hasta llegar con este tipo de convenios a las 74 comunas donde se concentra el 82 por ciento de estas denuncias, que se abordarán en distintas líneas con programas preventivos y de intervención pública por el resto del respectivo período.
Asimismo, les puedo contar que, obviamente, vamos a hacer una reforma importante en los organismos de inteligencia.
Resulta claro que lo existente en Chile en este ámbito es insuficiente. No permite hacerse cargo de lo relativo a la prevención, el terrorismo o el narcotráfico. Aquí necesitamos una reforma bien de fondo, que le permita dotar al país de una institucionalidad de inteligencia capaz de abordar estos fenómenos.
Entonces, se trata de un conjunto de proyectos. Y aquí va el de Carabineros.
Solo deseo agregar un dato: en 2006 existían 141 carabineros por cada cien mil habitantes, y con esta iniciativa llegaremos a 224. Efectivamente, como decía el Senador Montes, en ocho años casi vamos a duplicar la presencia de carabineros por cada cien mil habitantes.
Nosotros también hemos modificado las variables de asignación policial. Ya lo realizamos en una primera etapa en el mes de junio, y lo vamos a hacer también en el mes de diciembre. En ella incorporamos elementos de vulnerabilidad, aspectos sociales. Eso ha permitido, por ejemplo, que este año la comuna que recibió proporcionalmente mayor cantidad de carabineros fuera la de Salamanca, al interior de la Cuarta Región. Es una comuna rural, que claramente estaba quedando desfasada desde el punto de vista de la asignación de carabineros.
Eso lo seguiremos reforzando, lo cual va a permitir que estos seis mil carabineros no se concentren solo en ciertos puntos del país, sino que lleguen a todos los lugares, como corresponde. Y no tenemos problema alguno en entregar la información cuando corresponda, en el mes de diciembre.
Y este proyecto también le permite al Ministerio del Interior y Seguridad Pública tener una relación de fluidez con Carabineros e Investigaciones, desde el punto de vista de la información, de las metas y de los programas que se estén implementado, para poder evaluar efectivamente desde la autoridad política cómo se están desarrollando las distintas inversiones, tanto en recursos humanos como en recursos de apoyo para el trabajo policial.
Por lo tanto, en ese sentido, esta iniciativa se inserta en el marco de una tarea mucho más amplia y global.
Entendemos que aquí hay una dificultad y considerando que pasamos de 141 a 224 carabineros cada cien mil habitantes, y que a eso debemos sumarle el tremendo esfuerzo que se hace en la Policía de Investigaciones, no me queda más que, por supuesto, estar de acuerdo en conformar una mesa de trabajo para analizar la situación de DIPRECA, a fin de buscar, en el mediano y largo plazo, una solución definitiva a un problema generado a partir de un incremento importante del personal de ambas policías.
Gracias, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Gracias a usted, señor Ministro.
Creo que ha sido bastante claro en cuanto a que se va a constituir una mesa de trabajo para hacerse cargo de una preocupación manifestada por los señores Senadores en la Sala.
Están inscritos los Honorables señores Orpis, Espina y Guillier, a quienes les daremos la palabra. Y como se me ha pedido abrir la votación, podrán intervenir por cinco minutos, si desean fundamentar el voto, o por los diez minutos que dispone el Reglamento.
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, Honorable Senado, quiero sintetizar mi intervención en lo siguiente.
Por supuesto, voy a aprobar este proyecto de ley, pero en lo personal tengo una visión crítica acerca de lo que ocurre con el tema de seguridad ciudadana.
¿A qué apunta ella? A que, sistemáticamente, a través del tiempo han ido aumentando las dotaciones tanto de Carabineros como de Investigaciones. Pero ¿qué ocurre? Que los índices de victimización no ceden, ¡no ceden en absoluto!
Hoy día se cuenta con la información necesaria, al minuto. En verdad, en el STAD uno puede revisar comisaría por comisaría una información completamente al día.
¿Qué me preocupa a mí? Que no solamente no bajan los índices de victimización, sino que los índices de reincidencia son altísimos.
Planteo esta preocupación, señora Presidenta, porque no hay que olvidar que en materia delictual, el 50 por ciento de quienes son privados de libertad cumple su pena en las cárceles, y el otro 50 por ciento en libertad.
Hace un par de años, dictamos una ley de pena alternativa...
Señora Presidenta, me gustaría que el Ministro del Interior prestara atención a mis palabras.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Disculpe, Su señoría. Debo decirles a los señores Senadores que se encuentran hablando con el señor Ministro que entiendo que es muy importante que puedan conversar con él, pero con ello impiden que pueda escuchar a quienes intervienen.
Lo anterior no es responsabilidad del señor Ministro. Él no puede atenderlos a ustedes y, al mismo tiempo, a quien está haciendo uso de la palabra.
Así que les ruego a los señores Senadores que dejen al Ministro escuchar, en este caso, al Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Con la cifra que entregué, señora Presidenta, quiero señalar que una política en materia de seguridad ciudadana debería perseguir no solo disponer de un control efectivo sobre el delito, sino también sacar del círculo del delito a las personas que incurren en ellos.
Y los índices de reincidencia existentes demuestran que la mitad de quienes cometen delitos vuelven a hacerlo, particularmente en el caso de los menores.
Qué pasó con la Ley de Penas Alternativas, la famosa "Ley del Brazalete", que apunta a establecer medidas eficaces en materia de rehabilitación y reinserción social.
Basta con mirar las actas.
El presupuesto de esa normativa era de alrededor de 24 mil millones de pesos, de los cuales se ocuparon 16 mil o 17 mil millones en el brazalete -este no rehabilita, sino que previene el delito-, y en la contratación de 400 funcionarios en Gendarmería. Pero para la atención de estos no hay recursos, de tal manera que deben concurrir a la red pública, que muchas veces no es adecuada, porque aquí hay un elemento adicional: el compromiso delictual de las personas que han cometido delito.
Por tanto, dicha ley no consideró un presupuesto para los delegados, quienes se encargan de aplicar los programas de rehabilitación y reinserción a fin de hacer efectivos los tratamientos pertinentes.
A mi juicio, en estas materias deben adoptarse medidas más radicales.
En el caso de Gendarmería, hay que separar definitivamente las funciones de seguridad al interior de los recintos penales de las relativas a rehabilitación y reinserción sociales. En muchos países del mundo -en especial, los desarrollados- esas labores se hallan completamente separadas.
Basta ver los presupuestos de Gendarmería para este caso en particular: siempre se ha destinado el 80 o 90 por ciento a seguridad y una cantidad marginal a reinserción social y prevención, sobre todo para quienes cumplen penas.
Entonces, tengo mis dudas respecto del tema de seguridad en el ámbito comunal.
Sé que hay que descentralizar el asunto. Pero cabe preguntarse: ¿qué efectos podemos esperar al respecto considerando que el próximo año hay elecciones municipales?
¿Dónde va a estar la mente de los alcaldes?
¿Todos ellos están verdaderamente comprometidos con el problema de la seguridad ciudadana? En verdad, lo dudo.
Existe una apuesta de descentralización, pero tengo serios reparos de que se alcancen buenos resultados si el foco se pone ahí.
Definitivamente, hay que fijar metas para cada uno de los programas, evaluarlos, tratar de bajar los índices de victimización y abordar los temas de fondo, como la separación en Gendarmería de la función de seguridad respecto de la relacionada con la reinserción social.
Me parece que lo que les falta mucho a nuestras policías es análisis delictual, en términos genéricos y no solo en cuestiones de inteligencia.
El Plan 24 Horas, implementado hace muchos años, entrega todos los meses a las municipalidades -a través de la policía- información, con nombre y apellido, sobre quiénes cometen delitos, dónde lo hacen, su situación de vulnerabilidad, etcétera.
En el fondo, contamos con todos los datos respecto de dónde se concentran los delitos y quiénes los cometen. Esos antecedentes se hacen llegar mensualmente a un conjunto de municipios.
Se cuenta con la información.
El Sistema Táctico de Análisis Delictual nos la entrega de inmediato, en tiempo real. Podríamos ingresar ahora al STAD de cada comisaría y ver qué tipo de delitos se perpetraron.
Sin embargo, las cifras de victimización y de reincidencia no bajan. No sacamos a los delincuentes del círculo del delito.
En el mejor ánimo, considero que definitivamente debemos pasar a otra etapa para enfrentar los temas de seguridad ciudadana.
Se debe efectuar un análisis profundo del problema. Algo se hizo en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Pero, de forma categórica, urge entrar en una fase distinta.
Estimo que se agotaron los sistemas tradicionales con que hemos abordado la materia. Se trata de asuntos de enorme complejidad.
Miremos las experiencias exitosas al respecto. Se ha ido profesionalizando en el mundo entero el análisis de cada uno de los aspectos involucrados. Y se han implementado buenas soluciones, que probaron ser eficaces.
Por lo tanto, en materia de seguridad ciudadana, no podemos seguir con el sistema tradicional. Debemos reconocer las complejidades existentes, realizar análisis mucho más profundos y modernizar nuestras policías. De lo contrario, no van a ceder ni los niveles de reincidencia ni los índices de victimización.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, por su intermedio, aprovecho la oportunidad de dirigirme al señor Ministro del Interior para plantearle algunas cosas.
En primer término, en Renovación Nacional -creo que la UDI también- tomamos la decisión política de enfrentar el problema de la seguridad ciudadana como política de Estado y de colaborar de buena fe con el Ejecutivo para que le vaya bien.
Lo hemos demostrado en momentos cruciales. Ello, sin que no signifique más de algún conflicto con quienes nos señalan que así perdemos oportunidad para criticar al Gobierno.
En particular, recuerdo que, cuando se produjo el bombazo en el centro comercial de la estación Escuela Militar del metro, nosotros salimos a respaldar inmediatamente al Ejecutivo. Y tuvimos con sus personeros la actitud de decirles -es lo correcto- que contaran con toda nuestra cooperación y voluntad para enfrentar un hecho de esa magnitud como Estado. Debíamos actuar en conjunto porque quienes ponen bombas son enemigos de la paz social.
Además, hago presente, si me lo permite mi estimado Senador Montes, quien distrae la atención del Ministro...

El señor MONTES.- Disculpe.

El señor ESPINA.- Es que estoy tratando de dirigirme a él.
Quiero señalar que en la solución del problema de seguridad ciudadana -lo digo con franqueza- desde 1990 ningún Gobierno ha tenido éxito. En particular, me refiero a un tipo de delito: al robo con violencia o intimidación en las personas, conocido por la gente como "asalto", el que se comete en casas particulares, en la vía pública o en locales comerciales.
No creo que los canales de televisión estén conspirando contra todos los Gobiernos al mostrar frecuentemente noticias sobre hechos de esa naturaleza. Si uno analiza las cifras, puede ver que ahí está el delito duro en nuestro país. Y considero que esto sigue igual.
¿Por qué hago esta reflexión? Porque seguiremos colaborando con el Ejecutivo.
En un momento fui opositor a las políticas del Gobierno en este ámbito y las critiqué con dureza. En esa época el Subsecretario era Felipe Harboe, con quien tuve duras pugnas. El ahora Senador podrá dar fe de que hemos colaborado con la actual Administración.
La gente nos dice: "¡Pero cómo, si este es un tema tan sensible!". Justamente por eso hay que colaborar.
Entre paréntesis, no me arrepiento de ello. Estoy muy contento.
Sin embargo, quiero advertir sobre algunas situaciones que están ocurriendo y pedirle al señor Ministro del Interior que adopte medidas al respecto.
En primer término, me parece estupenda la posibilidad de incorporar 6 mil nuevos carabineros y valoro en toda su dimensión la actitud del Senador Prokurica en cuanto a pedir que las dificultades que enfrentan los carabineros en atención de salud y en jubilaciones sean atendidas y resueltas oportunamente. Él ha sido persistente en esta materia, junto con muchos otros parlamentarios.
Nobleza obliga: como buen croata, ha sido tenaz y claro, lo cual me alegra mucho, porque representa la opinión de hartas personas vinculadas a la institución y de los propios carabineros, que en este ámbito se sienten maltratados por el Estado.
Hago fe de que el Ministro va a cumplir lo señalado en esta Sala en la voluntad de resolver una situación que no solucionaron los Gobiernos anteriores, incluyendo el mío.
Por otra parte, hago presente que podemos aumentar en 6 mil, 10 mil o 20 mil la dotación de Carabineros, pero no vamos a avanzar mucho si no resolvemos ciertas tareas legislativas pendientes.
La primera busca enfrentar un problema serio. Chile debe ser de los pocos países en el mundo en que alguien le puede pegar un puñete a un carabinero y, si no le causa lesiones físicas, queda en la absoluta impunidad.
¿Saben qué debe hacer el uniformado en ese caso? Querellarse por injurias a título individual.
Le quiero pedir al Ministro que le ponga urgencia a un proyecto en trámite sobre el particular. Resulta inconcebible que no hayamos sido capaces de llenar un vacío que se generó cuando modificamos la ley.
Si alguien golpea a un carabinero y le deja lesiones físicas, comete el delito de lesiones. Pero ¿qué pasa con el agresor si le pega al policía en el casco con un palo y no le hace daño? Lo pescan; lo llevan detenido, y el juez de garantía lo deja libre, porque esa conducta queda sin sanción.
¿Qué tiene que hacer el carabinero entonces? Querellarse por injurias. Y debe hacerlo él mismo; ni siquiera puede representarlo la institución.
Dudo de que exista en el mundo otro país donde suceda esto.
Estoy dispuesto a abrir debate y polémica pública con quien sea sobre esa materia. Preparamos la iniciativa pertinente; la analizamos con Carabineros, y nos asesoramos con abogados penalistas. Estoy dispuesto a discutir este asunto.
Pero esta es la verdad.
La segunda tarea legislativa es un proyecto que, lamentablemente, señor Ministro, no está en su Cartera, sino en la de un gran amigo mío, José Antonio Gómez. Se trata de la denominada "reforma de la reforma".
Esta iniciativa, cuya tramitación está paralizada, fue consensuada con penalistas de todas las tendencias en materia penal (garantistas, no garantistas) y resuelve cinco o seis situaciones fundamentales en la actualidad.
Establece medidas tan obvias como permitir a un carabinero interrogar a un testigo cuando llega por una denuncia de robo y no hay delito flagrante. Porque hoy día eso no lo puede hacer. En efecto, la ley señala que solo cuando hay delito flagrante puede interrogar a los testigos.
Hay quienes dicen que eso es mentira y el General Director de Carabineros sostiene que es verdad. Si este último miente, estamos en un problema grave. Pero yo le creo al General Director.
Se dan otros casos muy increíbles, que se solucionan con el proyecto aludido.
Por ejemplo, si un delincuente va a la policía una semana después de haber cometido un delito a confesar el hecho ("Yo efectivamente robé") y entrega una filmación como prueba, el fiscal no lo puede dejar detenido si aquel da su domicilio conocido.
Esto no lo descubrí yo, sino 6 o 7 penalistas. Y todos estuvieron de acuerdo en modificar la norma para corregir esa situación.
¡Ahí está parado el proyecto!
¿Saben cuándo lo vamos a activar?
Cuando suceda algo que no quiero que ocurra. Por eso al comienzo de mi intervención señalé que no busco una confrontación política, aunque me están conduciendo a ella.
Vamos a reactivar dicha iniciativa cuando aparezca otro Tila.
Este fue el sicópata que asaltó una casa en Santiago y violó a una mujer -yo la conocía porque fue una compañera de colegio- y a su hija durante 14 horas.
A raíz de ese hecho dictamos la llamada "agenda corta antidelincuencia".
Yo, por lo menos, quiero quedarme tranquilo de que advertí esa situación.
Con esto no estoy poniendo en duda la buena voluntad ni del Ministro del Interior ni del Presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, que, a todo esto, lo propuse yo para el cargo. La idea fue darle un impulso a dicho órgano. Y no quiero ser "yoísta", sino resaltar que me interesa esta materia como una política de Estado. Y sí, me refería al Senador Harboe, quien, a mi juicio, hace bien la pega, y trabajamos juntos en esto.
Pero siento que estamos girando más allá de lo necesario.
Otro problema por definir: el control preventivo de identidad.
Ese proyecto se perdió. Ustedes son Gobierno ahora.
En su oportunidad el General Director de Carabineros declaró en esta Sala que carece de atribuciones para hacer el control de identidad de una persona si no hay indicios de que está cometiendo un delito, de que lo ha cometido o de que lo va a cometer. ¡Lo dice el General Director de Carabineros! Y, en efecto, si un policía uniformado realiza dicho control, los jueces de garantía suelen declarar ilegal la detención.
¿En qué consiste esa facultad? Simplemente en la posibilidad de que un carabinero, en cualquier lugar, le diga a una persona: "Señor, ¿me prestar su carné de identidad?"; lo chequee ahí mismo, y vea si tiene orden de detención pendiente.
A través de la Comisión de Gobierno, pedimos que se nos enviara la lista de personas con orden de detención pendiente. ¿Saben cuánta gente en Chile se halla en esa situación? Del orden de las 20 mil a 30 mil personas. Y estamos hablando de delitos graves.
¡Es cosa de ver el prontuario penal de quienes han caído detenidos por los bombazos! Todos tienen uno tremendo, y la mayoría de ellos registra orden de detención pendiente. No sé si es así, específicamente, en el último caso conocido.
¡Definamos ese tema!
La policía se encuentra con los brazos cortados, aunque algunos sostienen que ello no es efectivo. Pero si el General Director de Carabineros nos solicita esa facultad y relata la situación dramáticamente -como me acota el Senador Prokurica, aquel es abogado y nadie puede afirmar que se abanderiza políticamente o que es una persona extrema-, entonces ¡ha de tener razón!
Ustedes son Gobierno ahora. Es posible aumentar el número de carabineros todo lo que se quiera. Sin embargo, si no les damos las atribuciones para actuar, ¿saben qué pasa? ¡No actúan!
Alguien dirá: "Ello se puede prestar para abusos". ¡Claro que sí! ¡Siempre se puede abusar! Pero en tal caso se deben aplicar las penas del infierno.
Al no abordar este asunto, estamos castigando a la ciudadanía.
Estamos mal en esta materia. No hay solución, pese a que existen iniciativas presentadas. Espero que en la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana podamos resolver esto. ¡No sé qué estamos esperando!
Señora Presidenta, ¿me permite solo 30 segundos más?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Continúe, señor Senador.

El señor ESPINA.- Gracias.
Quiero señalar que, como esta no es la oportunidad para tratar el tema del conflicto en La Araucanía, pediré una sesión especial a ese efecto, con su autorización, señora Presidenta.
Una de las razones importantes por las que no hemos tenido éxito en ese ámbito es que también nos encontramos limitados de facultades. ¿O me van a decir que esa Región está pacífica, está tranquila?
El Subsecretario Aleuy tuvo los pantalones -cosa que hace tiempo no veía en una autoridad de los Gobiernos pasados- de decir: "Los que queman camiones son delincuentes que roban madera. No se amparen en el conflicto mapuche, porque eso no es verdad".
¡Lo dijo el Subsecretario!
Cuando lo escuché, exclamé: "¡Increíble!". ¡Antes solo se hablaba de la causa mapuche!
No sé qué estamos esperando en La Araucanía. ¿Otro matrimonio Luchsinger-Mackay? ¿Otro mapuche muerto? Porque acaba de morir otro hace pocos días. Ya van cerca de 16 en los últimos años.
Entonces, no digan que no tenemos una actitud propositiva, porque sí hemos hecho una modesta propuesta por la paz y hemos trabajado desde nuestro punto de vista para enriquecerla.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Le doy un minuto para que termine la idea.

El señor ESPINA.- Gracias.
Solo quiero insistir en que el tema del orden público y de la seguridad ciudadana debe ser abordado ya por el Senado. Si no, actuaremos por reacción. Y lo voy a recordar, con mucho respeto, cuando se cometa un hecho delictual de tal gravedad que estemos, como pasa habitualmente en Chile, a última hora corriendo.
Por último, me alegro de que el señor Ministro del Interior haya tocado materias sobre inteligencia y la Ley Antiterrorista. Él sabe que va a contar con toda nuestra ayuda. Me parece estupendo que haya ido al extranjero y conocido otras experiencias. Sé que está haciendo la pega lo más seriamente posible.
Hago esta reflexión simplemente porque es la oportunidad para dejar constancia en la historia fidedigna de la ley de lo que pienso sobre un asunto tan relevante.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, es muy interesante lo que señaló el Senador Espina, pero quiero volver al proyecto que nos ocupa.
En primer término, cabe destacar el aumento de la dotación policial, planteamiento en el que estamos bastante de acuerdo.
También se propone modificar la estructura interna de algunos servicios vinculados a Carabineros y al Ministerio del Interior, dentro del marco de los derechos y las libertades fundamentales.
Siempre que surgen situaciones tensas en el país se produce cierta tendencia a matizar las discusiones en torno a las leyes. Pero no debemos perder la perspectiva democrática.
En segundo lugar -sin el ánimo de repetir lo que ya sabemos-, insisto en que todos concuerdan en lo relativo al incremento de plazas, pues la policía necesita más personal. Pero, al mismo tiempo, hay consenso en que deben aumentarse las exigencias y los estándares de las policías.
Por lo tanto, me parecen bien las disposiciones que plantean una rendición de cuentas. En todo caso, debe definirse una metodología para concretar esta medida, de manera que se pueda evaluar la efectividad del desempeño policial.
Al respecto, habría que precisar mejor cuáles serían las consecuencias eventuales ante el no cumplimiento de las metas que define la policía, y cuáles serían las responsabilidades que se podrían tomar en consideración.
Respecto a la Subsecretaría del Interior y al tratamiento de datos y procesamiento de la información que sea requerida a las fuerzas de orden, creo que seguimos sin llenar un vacío. Las policías no tienen certeza de qué información pueden obtener, quién autoriza a recogerla, quién se encarga de sistematizarla, en qué momento, con qué criterio y quién decide entregarla al juez de garantía, al fiscal o a la autoridad de Gobierno.
Recordemos que suele haber un lapso en el que la policía está manejando una información que no está avalada ni por un juez de garantía ni por un fiscal ni por la autoridad política. En tal situación, ¿quién decide sobre ello? ¿Con qué criterio de objetividad y en qué momento se usa? ¿Quién es el responsable de dicha información? Podría tratarse de información que da cuenta de un delito o de una eventual ocurrencia de delito -estoy hablando en términos preventivos-; por ende, habría que entregarla a las autoridades que corresponda.
Usualmente, cuando se discute un proyecto en este ámbito, esos dos temas quedan cubiertos con cierta ambigüedad. Estimo que en la iniciativa en análisis esas dos consideraciones podrían concretarse o aterrizarse de mejor forma.
Con relación al resto de las observaciones, simplemente me sumo a lo solicitado por el Senador Prokurica, quien ya ha expresado en reiteradas oportunidades lo concerniente a la DIPRECA. Al mismo tiempo, me parece muy buena la respuesta que dio el Ministro del Interior, en cuanto a que los propios funcionarios en retiro serán tomados en consideración en la mesa de trabajo anunciada, y no solo las autoridades de la DIPRECA, de Carabineros y de Gobierno.
Voto a favor el proyecto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señora Presidenta, este tema preocupa a la mayor parte de la ciudadanía. Es una de las más altas prioridades para la gente.
Solicito a mi querido amigo el Senador Espina que, así como pidió que el señor Ministro atendiera su intervención, permita que los demás podamos dirigirnos a él.

El señor ESPINA.- ¡Touché!

El señor TUMA.- En primer lugar, me alegro de que...

La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón, señor Senador, debo interrumpirlo.
Antes de que nos quedemos sin quórum, pido anticipadamente que fijemos un plazo para presentar indicaciones a la iniciativa que nos ocupa.
Se propone el próximo lunes 13 de octubre.

El señor ESPINA.- ¿Por qué no aprobamos en general y en particular?

La señora ALLENDE (Presidenta).- No se puede. El proyecto tiene que ir a la Comisión de Hacienda de todas maneras.
Solo se está votando la idea de legislar.
Por eso la Mesa pide fijar plazo para presentar indicaciones. Ojalá este sea razonable.
Sugiero el lunes 13 del mes en curso, a las 12.
¿Habría acuerdo?

El señor MONTES.- Muy bien, señora Presidenta. Nosotros la apoyamos.
--Así se acuerda.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Le ofrezco disculpas al Honorable señor Tuma por la interrupción. Pero era necesaria antes de que algún Senador abandonara la Sala y no tuviéramos quórum para adoptar el acuerdo respectivo.

El señor TUMA.- Yo soy parte de la Mesa, Su Señoría, y creo que su actitud se relaciona con la responsabilidad de aprobar los proyectos y solicitar las autorizaciones pertinentes con los quórums respectivos.
Señora Presidenta, en cuanto a la materia que nos ocupa, debo puntualizar que en buena hora tenemos una iniciativa que, tal como lo hizo durante su primer Gobierno la Presidenta Bachelet, incrementa la fuerza pública.
Semanas atrás aumentamos la dotación de la policía civil; ahora estamos haciendo lo propio con la uniformada. Y me parece muy muy importante que la ciudadanía cuente con mayor seguridad pública, toda vez que esta es una de sus demandas de mayor prioridad.
Adhiero también a las expresiones vertidas por otros Senadores respecto a la preocupación que les genera la situación de DIPRECA. En este sentido, creo que el titular de la Cartera del Interior ha dado una buena respuesta.
No obstante, le quiero señalar al señor Ministro que me asalta una inquietud en cuanto al aumento del número de carabineros y su distribución en todo el territorio nacional.
Sin perjuicio de la particularidad que presenta la Novena Región -a ello ya se refirió en parte el colega Espina, quien tuvo el privilegio de ser uno de los Senadores más escuchados en materia de seguridad pública durante el Gobierno anterior-, hemos tenido un fracaso en los resultados en el ámbito de la seguridad.
Con mucha firmeza se hacen apuestas en cuanto al comportamiento de un gobierno en el aspecto de seguridad pública, pero constatamos que, en definitiva, los resultados son de los peores.
No soy un Senador con la experiencia de otros colegas para aconsejar al Gobierno, pero sí me inquieta lo que ocurre en mi Región, la de La Araucanía. Y por eso pedí hacer uso de la palabra, para plantearle al señor Ministro mi visión y mi preocupación acerca de lo que ocurre allí con la presencia de carabineros.
Algunos agricultores me han manifestado su inquietud por la inseguridad, y están pidiendo, con justa razón, mayor protección. Los carabineros resultan insuficientes para prevenir los atentados a los predios o a las carreteras. Y sigue creciendo el número de actos de violencia.
Además, el señor Subsecretario del Interior señaló recientemente que existe un bandidaje que se escuda en reivindicaciones étnicas.
Yo concuerdo en que buena parte de las acciones de algunos violentistas está motivada por el bandidaje, el robo o la comercialización de productos. Pero eso no significa desconocer que hay una demanda de los pueblos originarios a fin de que se le restituyan sus derechos.
Volviendo a lo de la presencia de carabineros, señora Presidenta, debo decir que me encuentro con que de forma justificada los agricultores piden que se aumente su dotación y las comunidades indígenas insisten en que hay muchos.
Por ejemplo, la comunidad de Mahuidanche, en Quepe (Freire), desde hace 17 meses cuenta con la presencia de carabineros en su interior porque están protegiendo a un testigo. Pero eso significa mantener a este sector en ascuas día y noche, diariamente, incluidos domingos y festivos, con carabineros y vehículos que, en turnos, recorren la comunidad.
Le he planteado la situación en forma reiterada al fiscal. Pero aquello no es responsabilidad de usted, señor Ministro, ni tampoco del General Director de Carabineros, me imagino. Debe de ser alguna disposición emanada de la fiscalía.
En todo caso, creo que las comunidades indígenas tienen razón cuando señalan que la presencia de carabineros no les ayuda, sino que les dificulta su tarea. Y en estos 17 o 18 meses no han resuelto, no han descubierto absolutamente nada que justifique su presencia al interior de esa comunidad.
Al mismo tiempo, los pobladores de diversos lugares, villas y ciudades de la Región de La Araucanía me dicen: "Tenemos menos presencia de carabineros". Pero si revisamos las estadísticas vamos a notar que la Novena Región ha incrementado el número de efectivos; y lo ha hecho para atender las demandas emanadas de la violencia rural. Sin embargo, para lograr ese objetivo han retirado de los sectores urbanos al contingente necesario para atender sus demandas.
Entonces, a propósito de la redistribución de personal que se va a hacer ahora producto del incremento que estamos aprobando, quisiéramos que ella considerara que la Región de La Araucanía debe ser objeto de una mirada especial. No puede contabilizarse la cantidad de fuerzas especiales de carabineros destinadas a contener la violencia rural si luego nos descuentan efectivos que son necesarios para combatir la delincuencia en los sectores urbanos.
Oportunamente, con el Senador Quintana -también lo han hecho los colegas Espina y García- formulamos una propuesta en particular para enfrentar la violencia en La Araucanía.
Empero, sin duda, hay que aprobar el proyecto que ahora nos ocupa; hay que respaldar al Ministerio del Interior; hay que poner más fuerzas especiales, tanto de la policía civil -ya lo hicimos- como de Carabineros.
Sin embargo, insisto en pedirle al señor Ministro una mirada particular respecto de la situación de la Región de La Araucanía al momento de redistribuir el contingente policial en todo el territorio nacional.
Voto a favor.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señora Presidenta, a decir verdad, me estaba preparando para intervenir en una próxima sesión, habiéndose solicitado segunda discusión. Pero, en atención a que estamos votando, anuncio que voy a respaldar el aumento la dotación de Carabineros. Y también nos hacemos cargo de que habrá una instancia que se va a ocupar de ver la condición previsional y todo lo atinente a la atención de salud de los funcionarios de dicha institución.
Sin embargo, no podemos dejar pasar algunas cosas.
Al respecto, se ha constituido en el Senado una Comisión especial de Seguridad Ciudadana. En dicho órgano recibimos la presentación del Ministro del Interior, quien hizo mención de un cambio fundamental de eje en lo referente a la prevención de las situaciones de riesgo que tenemos en nuestro país.
Y ese cambio lo vivimos hace pocos años.
En cuanto a los movimientos sociales, los malestares, las distintas demandas ciudadanas -y los experimentamos en el caso particular de la Región de Aysén-, en vez de actuar con anticipación y dar instancias de participación, se ocupó irrestrictamente a las fuerzas de Carabineros para aplastarlos.
Eso, en el fondo, genera una espiral de violencia que a nada bueno conduce.
Lo hemos visto también en otras regiones de nuestro país. Por ejemplo, cuando con los miembros de la Comisión de Pesca estuvimos en la Región de La Araucanía, parecía que estábamos en una ciudad tomada, sitiada: porque había fuerzas especiales, del GOPE, por todos lados; algo no andaba bien.
Ahora, si uno cambia el eje al nivel vecinal, incorpora a las personas por la vía participativa, y Carabineros tiene a su cargo una unidad de trabajo comunitario, se generan una labor de prevención -Carabineros es parte de nuestra sociedad, al igual que la Policía de Investigaciones- y condiciones para evitar la espiral de violencia, con lo que finalmente los problemas de falta de seguridad ciudadana se resuelven de raíz.
Aquí se mencionó también la situación de Gendarmería.
La verdad es que dicha institución, por su conocimiento sobre las personas que están sancionadas con la privación de libertad, tiene toda la información de las redes, de los ejes familiares en que se registran situaciones de delitos, algunas de bastante peligro.
En tal sentido, desde luego, llamamos la atención del Senado y de las demás autoridades para que Gendarmería sea reconocida, sea visibilizada -como se dice hoy, empleando un término que se ha hecho más frecuente- por la vía de que la dirija una funcionario de carrera, con todo el conocimiento de los escalafones que desarrollan esa delicada labor. Ello, considerando además que dicha institución está en una condición muy desmedrada, al punto que los gendarmes prácticamente viven como un interno más.
Si uno revisa la situación de la Escuela de Gendarmería concluye que, desde luego, también es la oportunidad para relevarla y ponerla en el nivel de educación superior, como sucede con Investigaciones y Carabineros.
Eso permite generar una red de prevención y atención con respecto a los problemas de seguridad ciudadana, que son sumamente importantes. Porque ellos no se resuelven solo con más policía uniformada o civil, sino también con participación ciudadana en cada rincón de nuestro país.
No quiero dejar pasar la ocasión, señora Presidenta, sin referirme a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
A mi entender, la dirección de una entidad de ese tipo no puede circunscribirse a un período gubernamental específico.
¡Quién va a ser el jefe de esa unidad si quizá está buscando trabajo y sabe que en cuatro años habrá cambio de gobierno!
Se trata de una institución cuyos funcionarios debieran participar de por vida, para que realmente se atrevieran a hacer las cosas bien y después no quedaran sujetos a situaciones bastante más difíciles.
Destaco que, junto con el aumento de la dotación, también haya un Plan Nacional de Seguridad Pública.
Y, desde luego, invito al Presidente de la Comisión ya indicada a recabar nuestra asistencia con más frecuencia para poder prevenir las situaciones mencionadas en su amplio espectro.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, no pensaba intervenir. Pero revisten tal importancia la materia y el proyecto que se está discutiendo en general, en segundo trámite constitucional, que creo preciso hacer algunos alcances.
Las ventajas de esta iniciativa, sin lugar a dudas, son para todo el país; en consecuencia, también para las regiones.
El proyecto planteado por el Gobierno claramente no es aislado. Lo recordaba recién el Senador Tuma: hace solo algunas unas semanas estábamos en esta misma Sala aprobando una iniciativa de similar naturaleza, que buscaba aumentar las plantas del personal de la PDI de manera bastante significativa.
Eso refleja la voluntad de la Administración de la Presidenta Bachelet; del Ministro del Interior, quien nos acompaña, y de aquellos que hoy estamos respaldando unánimemente el proyecto en análisis.
En efecto, como se ha mencionado, los asuntos de seguridad -interior, en este caso- son de Estado: son temas de país. Y mal le ha hecho al mundo político en otras circunstancias, en momentos distintos, politizar estas materias.
Recién lo conversábamos con el Senador Espina, a propósito de hechos que ocurren en La Araucanía. Tenemos que entrar en este debate -es la voluntad que nos anima a los Senadores de la Novena Región- sobre problemas de seguridad sin politizarlo.
Porque ya sostuvimos el año pasado y en años anteriores algunas discusiones -no es del caso repetirlas ahora- en que se intentaba retipificar delitos claramente establecidos.
Yo creo que los asuntos de seguridad son de Estado, son serios. Y deben abordarse con mucha sobriedad, como lo ha hecho el Gobierno, por ejemplo, frente a la detención por las policías, dependientes del Ministerio del Interior, de los autores de la colocación de bombas.
Eso refleja que esta materia se ha abordado con seriedad. Porque existe una agenda de seguridad -incluso la Presidenta Bachelet la había planteado con varios meses de anticipación, antes de los primeros bombazos que conocimos este año-, la que también se nutre de la experiencia y la participación de las comunas, de los vecinos, de la sociedad organizada.
Por lo tanto, valoro el proyecto que nos ocupa.
Me sumo también a lo manifestado por el Senador Prokurica. Considero importante la situación que afecta a DIPRECA. Y hay voluntad política del Gobierno para hacerse cargo por fin de los problemas expuestos.
Hace solo tres días estuve en el Hospital DIPRECA visitando a algunos funcionarios en retiro de la Región de La Araucanía. Y me contaban de todas las dificultades que vive el personal, no solo en el momento de tratarse determinadas enfermedades, sino en general, especialmente cuando se encuentra en retiro.
Por lo tanto, vamos a respaldar con mucho entusiasmo el proyecto en análisis.
Insisto: los asuntos relacionados con seguridad no son patrimonio de cierto sector.
Nos encontramos ante un Gobierno que está actuando con determinación, con voluntad, sin complejos y con firmeza. Porque, como ha dicho el Ministro Peñailillo, quienes cometen delitos deben estar donde corresponde: tras las rejas.
Por supuesto, para eso se requiere que funcione toda la institucionalidad existente en democracia.
Por ejemplo, en el "caso bombas", que tuvo conmovido y consternado al país durante largo tiempo, ha habido un actuar diligente de las policías, una decisión firme del Ministerio del Interior, una acción de las fiscalías. Ahora deberán intervenir los tribunales. Pero también tendrá que actuar la Defensoría Penal. Porque en eso consiste el sistema democrático, en el cual todos los organismos -Instituto de Derechos Humanos, Defensoría, en fin- cumplen su labor. Eso es el funcionamiento normal de las instituciones. Y como consecuencia de ello, frente a pruebas evidentes -porque así son los sistemas democráticos-, los tribunales deberán resolver.
Señora Presidenta, en medio del debate sobre un incremento importante de carabineros, también es pertinente referirse a lo que señalaba el Senador Horvath.
Me parece que es el momento para pensar en cómo mejoramos la formación policial en general, de todas las instituciones.
Pienso que se han dado pasos relevantes en todas las entidades.
Pero también hemos de considerar si los cursos correspondientes, en el período tan breve en que están planteados hoy, entregan formación eficaz para las múltiples tareas operativas que los carabineros deben enfrentar en la calle.
Lo mismo sucede en el caso de la formación de oficiales y de suboficiales.
Planteo lo anterior especialmente cuando en el Senado hemos asumido de manera transversal que sufrimos un déficit importante en materia de inteligencia.
Y tal vez ese es uno de los grandes problemas.
Hablo de la inteligencia preventiva, de aquella que nos permitirá evitar la ocurrencia de hechos de violencia como los que acontecen en La Araucanía, en una franja de cinco a diez kilómetros en la Ruta 5.
Y, sin prejuzgar -porque no sabremos quiénes son hasta que la policía los ponga a disposición de los tribunales y estos sancionen-, lo que debemos hacer es ver con qué mecanismos se pueden evitar tales hechos.
La inteligencia también es importante al momento de posibilitar que esos hechos sean probados en los tribunales correspondientes.
Por tanto, señora Presidenta, también comparto lo que se ha dicho al respecto. Estimo que las expresiones del Subsecretario Aleuy han sido certeras. Es del todo indispensable separar los asuntos de reivindicación social y territorial del pueblo mapuche. Y no hay que estigmatizar como se hizo en el pasado a raíz de hechos de situaciones de violencia. Por ejemplo, en el caso de los siete trabajadores forestales muertos en Carahue hace menos de tres años: se efectuaron distintas imputaciones contra el pueblo mapuche, y hasta ahora no solo no hay condenados, sino ningún acusado.
En consecuencia, pienso que son muy relevantes la prudencia, la sobriedad con que se abordan las cuestiones sobre seguridad.
A mi entender, hace bien el Subsecretario Aleuy cuando denomina los hechos delictuales por su nombre. Y, frente a eso, las policías y los demás organismos han de proceder como corresponde.
Por todo lo expuesto, señora Presidenta, apruebo con mucho entusiasmo en general este proyecto, que aumenta la dotación de Carabineros.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Finalmente, tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, en primer lugar, saludo al señor Ministro.
En segundo término, valoro el proyecto que nos ocupa.
Aprobaremos esta normativa, creo, en forma unánime, con el fin de que contemos con 6 mil nuevos carabineros.
Tal como lo manifestaron varios Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, hay que entregarle a Carabineros los instrumentos para que pueda ejercer muy bien su labor. Y eso significa ajustes legislativos y, además, mayor conciencia ciudadana acerca del respeto a la autoridad.
La policía uniformada está para defender a nuestra sociedad. Por consiguiente, resultan fundamentales las modificaciones que se quiere introducir en nuestra legislación para dotar a aquella de los elementos necesarios a tal efecto.
Quiero, señor Ministro, aprovechar esta oportunidad para conversar hoy acerca de lo planteado por el Senador Orpis en cuanto a prevención y rehabilitación de los delincuentes.
Nos tenemos que preguntar si actualmente en las cárceles de nuestro país hay verdadera rehabilitación.
¡No la hay!
¿Y qué políticas públicas estamos implementando para que una persona que ha delinquido vuelva a la sociedad, sea alguien de bien y se inserte como corresponde?
Eso no lo estamos afrontando como Estado.
¿Qué talleres existen? ¿Qué incentivos les estamos dando a las empresas para que trabajen en conjunto con las cárceles?
Prácticamente, ¡nada!
¿Y qué hacen ese hombre o esa mujer una vez que cumplen su pena? Tienen dos alternativas: o la gran suerte de contar con recursos de la familia para reinsertarse, o volver a delinquir. Porque ¡es muy difícil que accedan a un trabajo!
Por lo tanto, necesitamos que las empresas partan desde adentro de los lugares de reclusión hacia afuera, con el fin de que haya seguimiento y continuidad en algo fundamental: que aquella persona pueda reinsertarse en la sociedad. De lo contrario estaremos arando en el agua.
Y voy a poner un ejemplo también con respecto a la rehabilitación del consumo de drogas; este, en números, es de los mayores delitos que se cometen.
Señor Ministro -y no es primera vez que lo digo en el Senado-, en la cárcel concesionada de Rancagua se está aumentando la población penal con 400 nuevos reclusos que se están llevando desde distintas partes de nuestro país -ustedes vieron las desgracias que, lamentablemente, ocurrieron allí por atentados contra los derechos humanos de los reos-; sin embargo, el número de gendarmes no ha crecido.
La situación de estrés que viven muchos gendarmes es dramática.
Como Estado, debemos asumir esa situación, dar una salida y apoyar a Gendarmería.
Yo valoro lo que se está diciendo en cuanto a que en Gendarmería haya una carrera funcionaria sin intromisión política del Gobierno de turno.
Por otro lado, señor Ministro, quiero informarle que cuando se concesionó dicha cárcel había una máquina para detectar el ingreso de drogas.
¡Hace ocho años que no funciona!
¿Y sabe por qué, señor Ministro? Las primeras explicaciones que me dieron fueron en el sentido de que no había insumos.
¡Máquina nueva...!
Llegaron los insumos. ¡Hoy no hay nadie que pueda manejarla...!
Hablemos aquí de la realidad.
Yo me pregunto qué control de drogas tiene la cárcel de Rancagua. Y, para ello, qué mejor que esa máquina detectora.
Le pido, señor Ministro, que investiguen.
Ese instrumento es fundamental para apoyar también a Gendarmería.
No quiero mencionar cifras. Pero debo señalar que hay una cifra muy dolorosa de adictos. ¿Y a cuántas personas tenemos en rehabilitación del consumo de drogas al interior de la cárcel de Rancagua? A no más de 25.
Estamos hablando de un porcentaje muy importante de adictos. Porque los microtraficantes, en su gran mayoría, y los narcotraficantes son personas enfermas que necesitan apoyo.
Debemos trabajar en esas personas para permitirles reinsertarse y volver a ser útiles a nuestra sociedad.
Por lo tanto, todo este esfuerzo que estamos haciendo para entregarle a Carabineros una cantidad mayor de funcionarios es fundamental.
Sin embargo, también tenemos que proporcionarle a todo el sistema de seguridad y de reinserción en nuestra sociedad los instrumentos necesarios.
Creo que sobre la materia hay que trabajar una política de Estado. Y en eso, señor Ministro, tiene todo nuestro apoyo. Porque el escenario de la delincuencia es cada día más sofisticado; ha cambiado; los grupos muchas veces son muy distintos de los tradicionales, y necesitamos que los servicios de inteligencia de las policías -¡de las policías!- tengan todo el apoyo que requieren para prevenir ese tipo de delitos y darles una seguridad a todos los chilenos que desean vivir en paz.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (26 votos favorables), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma y Andrés Zaldívar.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Como expliqué, el proyecto debe pasar a la Comisión de Hacienda.
Se fijó plazo para formular indicaciones hasta el lunes 13 de octubre.

VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor GARCÍA:
Al señor General Director de Carabineros de Chile, para que proporcione información en cuanto a DENUNCIA DE OFICIALES DE SECRETARÍA EN RETIRO DE CARABINEROS SOBRE VULNERACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS.
De la señora VAN RYSSELBERGHE:
A la señora Ministra de Salud, solicitándole información relativa a CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO PRESIDENCIAL SOBRE MÁS HORAS MÉDICAS DE ESPECIALISTAS EN SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. Y al señor Director de Planificación y Desarrollo Integral de Carabineros de Chile, pidiéndole que inicie ESTUDIO Y DISEÑO PARA PRONTOREMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA DE SUBCOMISARÍA EN SAN FABIÁN DE ALICO.
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--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Demócrata Cristiano e Independiente; Renovación Nacional; Socialista; Independientes y Partido MAS (Movimiento Amplio Social); Unión Demócrata Independiente e Independiente, y Partido por la Democracia e Independiente, ningún señor Senador interviene.
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El señor TUMA (Vicepresidente).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:44.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de
la Redacción