REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 362ª
Sesión 59ª, en miércoles 22 de octubre de 2014
Ordinaria
(De 16:2 a 19:23)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ISABEL ALLENDE BUSSI, PRESIDENTA,
Y SEÑOR EUGENIO TUMA ZEDAN, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, la Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González, y los Ministros de la Secretaría General de Gobierno, señor Álvaro Elizalde Soto, y de Economía Fomento y Turismo, señor Luis Céspedes Cifuentes. Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario del Interior, señor Mahmud Aleuy Peña y Lillo; el Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, señor Cristóbal Osorio Vargas y el Asesor legislativo de dicha Secretaría, señor Eugenio San Martín.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:02, en presencia de 28 señores Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 55ª y 56ª, ordinarias, en 14 y 15 de octubre del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados:
Comunica que aprobó el proyecto de ley que extiende la cobertura del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles creado por la ley N° 20.765 (boletín N° 9.668-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Del señor Ministro de Energía:
Expresa su agradecimiento por la declaración pública mediante la cual esta Corporación manifestó su rechazo a las agresiones de las que fue víctima en la comuna de San José de Maipo, junto con autoridades de esa Secretaría de Estado y edilicias, el día 15 de este mes.
Del señor Director (s) de la Biblioteca del Congreso Nacional:
Da respuesta a petición, cursada en nombre del Senador señor Larraín, relativa a la elaboración de un estudio que revise, en el ordenamiento jurídico nacional, la existencia de normas que constituyan discriminaciones arbitrarias respecto de personas con capacidades distintas o especiales.
Del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile:
Responde solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Espina, acerca del número de personas que registran orden de detención pendiente por delitos de mayor entidad o de alto reproche social, con referencia a la cantidad de ellas que se encuentran prófugas de la justicia.
Del señor Jefe de Gabinete del Subsecretario de Pesca y Acuicultura:
Atiende consulta, hecha en nombre del Senador señor De Urresti, respecto a la ubicación de 46 peticiones de concesión de acuicultura para salmónidos y algas en la Región de Los Ríos, a la eventual afectación de áreas de manejo de organizaciones de pesca artesanal y a su compatibilidad con la propuesta de macrozonificación de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informe
De la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece excepción para la pesca artesanal con línea de mano de la especie jurel y que modifica regulación para establecimiento de ampliación de régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (boletín Nº 9.097-21) (con urgencia calificada de "suma").
--Queda para tabla.
Moción
Del Senador señor Bianchi, con la que da inicio a un proyecto que modifica la ley Nº 19.968, que crea los tribunales de familia, en materia de informes periciales (boletín N° 9.674-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyectos de acuerdo
Del Senador señor Ossandón, con el que solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República que el señor Ministro de Hacienda y la señora Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes evalúen la posibilidad de una iniciativa de ley que declare exenta del impuesto al valor agregado la venta de libros o, en su defecto, reduzca la tasa de dicho tributo (boletín Nº S 1.745-12).
De los Senadores señores Allamand, Coloma, Girardi, Lagos, Hernán Larraín, Moreira, Pizarro y Prokurica, con el que piden a Su Excelencia la Presidenta de la República la pronta apertura de una sede diplomática en Bakú, República de Azerbaiyán, con el fin de intensificar las relaciones de Chile con este país y, en general, con las naciones de la zona del Cáucaso (boletín Nº S 1.746-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor TUMA (Vicepresidente).- Antes de iniciar el Orden del Día, deseo saludar, en nombre del Senado, a los alumnos de la Escuela Elise Mottart, de la comuna de El Carmen, provincia de Ñuble, quienes fueron invitados por el Honorable señor Harboe.
¡Bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor TUMA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para votar en este momento la solicitud de la Presidenta de la República para designar a dos personas como integrantes del Consejo para la Transparencia?
--Se accede.
V. ORDEN DEL DÍA



NOMBRAMIENTO DE SEÑORES MARCELO DRAGO AGUIRRE Y JORGE JARAQUEMADA ROBLERO COMO INTEGRANTES DE CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA


El señor TUMA (Vicepresidente).- Conforme a lo acordado, corresponde ocuparse en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual se pide el acuerdo del Senado para nombrar como miembros del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, por el período de seis años, que vence el 2020, a los señores Marcelo Fernando Drago Aguirre y Jorge Andrés Jaraquemada Roblero, con certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1.744-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 57ª, en 21 de octubre de 2014.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (certificado): sesión 59ª, en 22 de octubre de 2014.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El referido órgano técnico recibió en audiencia a los señores Drago y Jaraquemada, quienes realizaron una exposición sobre los objetivos y desafíos de la labor que debe cumplir dicho Consejo.
La Comisión deja constancia, por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores De Urresti, Espina, Harboe, Hernán Larraín y Patricio Walker), de que en la proposición en estudio se ha dado cumplimiento a los requisitos y las formalidades previstos por nuestro ordenamiento para la designación de los integrantes del Consejo para la Transparencia.
Cabe tener presente que el Senado debe pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad y que, para aprobar la solicitud, se requieren 25 votos, esto es, dos tercios de los señores Senadores en ejercicio.

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La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de ofrecer la palabra, recabo la autorización de la Sala para que ingrese al Hemiciclo el Subsecretario del Interior, señor Mahmud Aleuy, quien participará en el debate sobre el proyecto que se tratará a continuación, que aumenta la dotación de Carabineros de Chile, y también el asesor de la Ministra señora Ximena Rincón, don Gabriel de la Fuente.
--Se autoriza.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación la solicitud de la Presidenta de la República.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palaba el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, a petición de la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recibió y escuchó a los candidatos propuestos por Su Excelencia la Presidenta de la República para integrar el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia. Me refiero a los señores Marcelo Fernando Drago Aguirre y Jorge Andrés Jaraquemada Roblero.
Don Marcelo Drago es abogado de la Pontificia Universidad Católica; tiene un máster en la Universidad de Harvard, y cuenta con vasta experiencia en el sector público.
El profesor Jorge Jaraquemada también es abogado de la Pontificia Universidad Católica y ha ejercido ya el cargo de consejero del Consejo para la Transparencia durante seis años.
Dada la premura con que se debe resolver la solicitud en comento y teniendo en cuenta de que en los próximos días corresponderá renovar la integración del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, el Gobierno solicitó al órgano técnico que presido que esta proposición fuera informada mediante el presente certificado, a fin de avanzar con prontitud en el despacho de aquella por la Sala del Senado.
La Comisión¿

La señora ALLENDE (Presidenta).- Disculpe que lo interrumpa, señor Senador.
Solicito a Sus Señorías que, por favor, guarden silencio para poder escuchar el informe que está dando el Presidente de la Comisión de Constitución.
¡Entiendo que es muy importante saludar al Senador señor Quintana en el día de su cumpleaños¿! Pero ahora estamos en sesión.
Puede continuar, Honorable señor Harboe.

El señor HARBOE.- Muchas gracias, señora Presidenta.
Decía que la Comisión constató que en la proposición formulada por Su Excelencia la Presidenta de la República se ha dado cumplimiento a los requisitos y procedimientos establecidos para designar a los candidatos propuestos como consejeros directivos del Consejo para la Transparencia.
Los miembros del órgano técnico hacemos presente que, en caso de aprobarse esta proposición, los señores Marcelo Fernando Drago Aguirre y Jorge Andrés Jaraquemada Roblero se desempeñarán en sus respectivos cargos hasta el mes de octubre del año 2020, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 36 de la ley N° 20.285.
Finalmente, señora Presidenta, señalamos que esta proposición, para ser aprobada, requiere el voto conforme de los dos tercios de los Senadores en ejercicio, según lo estipula el inciso primero del artículo ya mencionado.
Es cuanto puedo informar.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, seré muy breve en dar mi opinión respecto de los postulantes propuestos por la Presidenta de la República para integrar el Consejo para la Transparencia.
Quiero manifestar que conozco a ambos candidatos y considero que ellos, sin lugar a dudas, van a desempeñarse con éxito en las funciones para las cuales están siendo convocados.
Jorge Jaraquemada ya ha sido consejero durante estos últimos seis años, y quienes seguimos de cerca las acciones del Consejo hemos podido apreciar en dicha persona a un profesional comprometido, que ha trabajado en equipo con los demás integrantes del referido organismo, logrando por esa vía un buen entendimiento y un desarrollo institucional realmente ejemplar, lo que ha permitido que Chile tenga un liderazgo internacional muy destacado.
Creo que el rol que ha cumplido Jorge Jaraquemada y el aporte que ha hecho son dignos de subrayar.
Por su parte, a Marcelo Drago lo conocimos en estos últimos años como asesor de la entonces Senadora Soledad Alvear. Lo vimos participando en diversas actividades y colaborando incluso en tareas de la propia Comisión de Constitución, cuando dicha parlamentaria era integrante de esta instancia legislativa.
Por lo que he podido apreciar en él, puedo atestiguar que se trata de una persona de cualidades técnicas muy destacadas, de buena formación, de muy buen sentido de trabajo institucional y con una perspectiva amplia de Estado, como se requiere para cumplir una función como la que se le ha propuesto.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable a los nombramientos de esas dos personas.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, en verdad, estos cargos son de enorme importancia, porque no cabe duda de que el Consejo para la Transparencia es una de las instituciones más poderosas que existen en nuestro país.
En la Comisión de Constitución no tuvimos mucha oportunidad de entrevistar a los postulantes, dado que esta solicitud llegó con premura, producto del atraso en su presentación. Estaba por vencer el plazo del correspondiente mandato.
Ante ello, el órgano técnico, haciendo una excepción en su procedimiento -dejo constancia de que fue algo muy excepcional-, resolvió acelerar la tramitación. En verdad, a quienes integramos la Comisión no nos gusta que nos hagan tomar decisiones sin habernos dado el tiempo necesario para meditar como corresponde lo que se propone o, en este caso, para entrevistar bien a los postulantes al Consejo para la Transparencia.
Esta institución reviste una enorme importancia: si acierta, le hace un gran favor a la democracia; pero, si se equivoca, le hace un gran perjuicio.
En cuanto a los nombres que se han propuesto, debo decir que don Jorge Jaraquemada lleva años de experiencia en el cargo y conoce bien dicha función, la cual ha cumplido de forma inobjetable. En consecuencia, le estamos renovando el mandato a una persona que hasta ahora lo ha ejercido en forma adecuada y correcta, por lo que no tenemos ninguna observación respecto de él.
En verdad, nos hubiese gustado haber hecho una sesión más larga en la Comisión de Constitución para que nos explicara muchas cosas. Probablemente, se le invite en el futuro con el objeto de que nos dé a conocer antecedentes acerca del funcionamiento práctico del Consejo para la Transparencia.
Además, sería muy útil que se levantara un acta respecto de la información que se proporcionó en esa sesión, y que aquella fuese revisada por los señores parlamentarios. Ahí se entregaron muchos datos acerca de las personas que recurren a dicho organismo -solicitando amparo, por ejemplo-, de las características de tales peticiones, etcétera.
Estamos ante un tema bien de fondo. No se trata de una cuestión liviana. No es llegar y nombrar a dos personas. El referido Consejo reviste demasiada relevancia como para mirarlo de pasadita.
En cuanto a don Marcelo Drago, cabe señalar que cuenta con un muy buen currículum. Tuve la oportunidad de conocerlo en su calidad de asesor de la entonces Senadora Alvear. Solo puedo confiar en que hará bien su trabajo; no tengo otra referencia más que su buen cometido en la función aludida.
Estuvo muchos años colaborando con la Senadora. Como miembro de la Comisión de Constitución, puedo dar fe de que sus informes siempre fueron muy prolijos, muy adecuados. Pero si me preguntan por algún antecedente que indique cómo se desempeñará en un cargo de la naturaleza del que nos ocupa, que es distinto del de asesor de un legislador, debo responder que no sé.
Con todo, vamos a respaldar su nombramiento por la información que nos hizo llegar el Gobierno. Se observa un buen currículum, figurando incluso un máster en Harvard. Aclaro que con ello no estoy diciendo que para ser bueno es preciso tener una maestría en dicha universidad, porque mucha gente no ha obtenido ningún posgrado y hace muy bien su trabajo.
Pero, por lo menos, sus antecedentes demuestran que es una persona capaz y que ha tenido una buena trayectoria profesional.
Reitero que, de acuerdo a lo que observé en la Comisión de Constitución, sus informes siempre fueron certeros, prudentes, bien estudiados. Por el trabajo que realizó, me formé una gran opinión de él.
Por esas consideraciones, aprobaremos la solicitud de la Primera Mandataria, haciendo una salvedad, señora Presidenta: hágale presente al Gobierno que en esta materia no se debe presionar la toma de decisiones. No digo que las personas hayan sido presionadas, sino que no tuvimos el tiempo suficiente para analizar el asunto adecuadamente.
A mi juicio, ello impidió que contáramos con un informe que permitiera a todos conocer más antecedentes respecto del funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señora Presidenta, tal como se señaló, es efectivo que los dos candidatos para integrar el Consejo para la Transparencia son muy buenos.
En primer lugar, don Jorge Jaraquemada ha sido miembro de dicho organismo por seis años. Hoy lo preside. Y ha cumplido una labor brillante, relevante, lo que ha ayudado a posicionar la importancia del acceso a la información pública por parte de los ciudadanos.
En la Comisión de Constitución realizó una exposición muy completa y contundente. En verdad, nos dejó una muy buena impresión a quienes integramos dicho órgano, en mi caso, gracias al Senador Araya, quien me permitió reemplazarlo.
En su currículum figura que es abogado de la Pontificia Universidad Católica y que tiene un magíster en Ciencia Política, impartido por la Universidad de Chile. Obviamente, cuenta con todos los méritos para ser nombrado, nuevamente, miembro del Consejo para la Transparencia.
Por su parte, don Marcelo Drago Aguirre también es una persona muy preparada.
Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica y máster en Administración Pública de la prestigiosa Universidad de Harvard.
Tiene mucha experiencia en el sector público, en órganos de Gobierno. Fue Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Décima Región, Jefe de Gabinete del Ministro de Bienes Nacionales, Gobernador, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, de la ONU, de la CEPAL, en fin.
La verdad es que podríamos hablar mucho de su experiencia en Gobierno.
Me tocó ser miembro de la Comisión de Constitución los cuatro años del período anterior. Ahí pude apreciar, como ya señalaron otros Senadores, la rigurosidad y profesionalismo del señor Drago a la hora de preparar minutas, intervenciones, estudios para la entonces Senadora Soledad Alvear en materias muy complejas y profundas. En dicha instancia nos dimos cuenta de su calidad como académico, como abogado y como hombre público.
En mi opinión, Marcelo Drago será un tremendo aporte al Consejo para la Transparencia.
Por lo tanto, con mucho gusto, apoyamos la propuesta de la Presidenta de la República para designar a Jorge Jaraquemada y a Marcelo Drago como integrantes de dicho organismo. Esto lo digo, por supuesto, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, los dos nombres propuestos corresponden a destacados profesionales e intelectuales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sin duda, los méritos académicos y la trayectoria de ambos avalan esta nominación.
Sin embargo, como todos sabemos, esto siempre forma parte de un acuerdo político. Al respecto, debo señalar que el MAS, Partido que yo presido, no fue consultado en esta ocasión.
Por ello, le hago presente al Gobierno que en materias como la que nos ocupa es bueno que se converse al interior de la coalición. De ese modo, los candidatos propuestos siempre llegarán con el consenso respectivo. Jamás nos vamos a negar a ese acuerdo.
Creo que la práctica utilizada en esta oportunidad, que está siendo recurrente, no es la más adecuada. Se lo represento formalmente a mi Gobierno en lo relativo a este tipo de nombramientos.
Voto a favor, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, en más de alguna ocasión he manifestado mi opinión sobre los procesos de designación que nos corresponden como Poder del Estado. No es la primera vez que lo digo. De hecho, lo planteé a propósito de las propuestas de integración de la Corte Suprema.
El problema es que las normas que definen la composición de ciertos órganos establecen quórums que terminan produciendo un equilibrio que no representa las corrientes o reflexiones mayoritarias de una sociedad ni las mayorías en ambas ramas del Parlamento.
Aclaro que no tengo un juicio contrario -créanme- respecto de los dos candidatos propuestos en esta ocasión.
Conozco a uno de ellos, a Marcelo Drago Aguirre, quien trabajó con una excolega nuestra. Es un hombre de gran compromiso con la política pública.
Y si bien no conozco en persona a don Jorge Andrés Jaraquemada, pues no he tenido oportunidad de relacionarme con él, no dudo de que posee las aptitudes del caso.
La inquietud que me surge, señora Presidenta, dice relación con el mecanismo de designación y con los quórums excesivos que se exigen.
Esa es una razón, entre otras, para que muchos deseemos una nueva Constitución. Debe existir proporcionalidad en los espacios colegiados.
En ese sentido, me sumo a la reflexión expresada hace un rato por el Presidente del Partido Por la Democracia, Jaime Quintana, sobre la necesidad de que como Senado revisemos tales procedimientos, que no siempre conducen a fortalecer la legitimidad de la democracia, sino, en ocasiones, a debilitarla.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba la propuesta de la Presidenta de la República para nombrar integrantes del Consejo para la Transparencia a los señores Marcelo Fernando Drago Aguirre y Jorge Andrés Jaraquemada Roblero (32 votos), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum requerido.
Votaron las señoras Allende, Goic, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.




AUMENTO DE PLANTA DE PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE Y CONCENTRACIÓN EN SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR DE FUNCIONES DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA


La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que aumenta las plantas de personal de Carabineros de Chile y modifica la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización e informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.336-25) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 42ª, en 2 de septiembre de 2014.
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 48ª, en 23 de septiembre de 2014.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 57ª, en 21 de octubre de 2014.
Hacienda: sesión 57ª, en 21 de octubre de 2014.
Discusión:
Sesión 54ª, en 8 de octubre de 2014 (se aprueba en general).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 8 de octubre.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 1°, 3°, 4° y 5°, permanentes, y los artículos primero y segundo, transitorios, no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones, por lo que conservan el mismo texto acordado en general. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, contando con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión o votación.
Dicho organismo técnico rechazó una de las cuatro indicaciones formuladas al proyecto y declaró inadmisibles las tres restantes.
La Comisión de Hacienda, a su turno, deja constancia, por un lado, de que, conforme a su competencia, se pronunció acerca de los artículos 1°; 2°, número 2); 4° y 5° permanentes, y sobre los artículos primero y segundo transitorios en los términos en que los aprobó la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización en su segundo informe; y por otro, de que no realizó enmiendas, por lo que el proyecto de ley aprobado en general conserva el mismo texto.
Señores Senadores, sin perjuicio de que los artículos que individualicé no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, uno de ellos, el 3°, tiene carácter orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos favorables. Es la constancia que hay que dejar en su oportunidad.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión particular el proyecto.


El señor CHAHUÁN.- ¿Podría consignar mi voto favorable, señora Presidenta?

El señor ESPINA.- Abra la votación, Su Señoría.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Vamos a proceder a ello.

El señor PROKURICA.- ¡No, señora Presidenta!

La señora ALLENDE (Presidenta).- No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, yo suelo no ser tan majadero ni tan insistente como otros Senadores. Pero en este asunto no quiero que cometamos el mismo error en que hemos incurrido durante los 15 años que llevo en el Parlamento.
Entiendo que hay un acuerdo del Gobierno para formar un equipo de trabajo al objeto de solucionar el problema de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.
Las distintas administraciones han aumentado en forma creciente el número de funcionarios: hoy tenemos más de 50 mil carabineros. Pero no solo eso: también se ha incrementado el personal de la Policía de Investigaciones y el de Gendarmería.
Todos los gobiernos se han comprometido a poner los recursos necesarios en DIPRECA, pero ello no ha ocurrido. Eso provoca problemas extraordinariamente serios, sobre todo a la gente más modesta y a sus cargas.
Por ejemplo, cuando jubila un carabinero, un gendarme o un funcionario de Investigaciones demora hasta cinco meses en recibir su primera pensión.
Además, en lugares donde no existe hospital institucional, tanto los beneficiarios cuanto sus cargas literalmente no tienen atención de salud.
A ese personal pasivo, cuyas pensiones son de las más bajas, le descuentan hasta 40 mil pesos por concepto de salud, ¡y no existe atención alguna! Tampoco hay convenio con FONASA, ni con otras instituciones para las distintas prestaciones.
Entonces, señora Presidenta, por su intermedio, quiero pedirle al señor Ministro del Interior, o a quien lo represente, que adquiera un compromiso público aquí, en esta Sala, con la finalidad de que el problema que mencioné se resuelva en forma definitiva. Si no, voy a solicitar nuevamente alguna resolución para que no se vote este proyecto hasta que haya una aclaración sobre la materia.
He dicho.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Saludo al Centro del Adulto Mayor Mariposas de los Troncos, de La Cisterna, que nos visita esta tarde.
¡Bienvenidos al Senado!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Asimismo, saludo al Centro de Alumnos del Colegio San Bernardo.
¡Muchas gracias por visitarnos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, quiero hacer un poco de historia con relación a esta iniciativa.
Su Excelencia la Presidenta de la República presentó a tramitación a la Cámara de Diputados el presente proyecto de ley con fecha 7 de mayo de 2014; en dicha instancia se aprobó en general y en particular la iniciativa, y el 2 de septiembre ella inició su tramitación en el Senado, donde se aprobó en general en sesión de 8 de octubre.
Por lo tanto hoy corresponde la discusión en particular.
Como se señaló en su momento, los objetivos principales de este proyecto son aumentar gradualmente, entre los años 2015 a 2018, la planta del personal de Carabineros; perfeccionar las funciones que en materia de orden y seguridad pública son de competencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en su calidad de entidad coordinadora de las políticas e información que emanan de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y regular un bono de permanencia para Carabineros de Chile.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización invitó al General Director de Carabineros, señor Gustavo González, quien informó que desde el año 2004 se han desarrollado diversas iniciativas para aumentar la dotación, ya sea incrementando la planta, otorgando incentivos para la permanencia más allá de los 30 años de carrera funcionaria o llamando nuevamente al servicio al personal retirado.
La ley en proyecto contempla un aumento de 6 mil plazas, destinadas a producir un incremento real en orden y seguridad de 5 mil 759 efectivos, que comprende tanto a oficiales cuanto a personal de nombramiento institucional. Ello, unido al aumento de oficiales de intendencia y de justicia, lleva al incremento de las 6 mil plazas antes indicadas en el período de 4 años.
Otras modificaciones que se introducen buscan incorporar las facultades necesarias para que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública requiera en forma semestral a Carabineros de Chile los informes, antecedentes y estadísticas que permitan la adecuada evaluación de las medidas y programas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para una eficaz, racional y eficiente mantención del orden público.
Este proyecto está contemplado dentro de las primeras 56 medidas del nuevo Gobierno y, en conjunto con el aumento en la dotación de la Policía de Investigaciones y otras iniciativas, apunta a hacerse cargo de la sentida demanda ciudadana por el mejoramiento de la seguridad pública.
Con motivo del segundo informe, el Senador señor Horvath presentó cuatro indicaciones.
La Comisión declaró inadmisibles las tres primeras, debido a que entregaban o quitaban facultades respecto de distintos organismos públicos, lo que corresponde a materias de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
La última indicación proponía incorporar al Ministerio Público entre las entidades a las cuales el Ministerio del Interior y Seguridad Pública puede solicitar antecedentes sobre planes, medidas, distribución del personal o cualquier otra información que considere conducente y necesaria para dar cumplimiento a la función respectiva. Ello se estimó innecesario, en atención a que la norma aprobada en general permite que el Ministerio pida antecedentes y a que tal facultad no se encuentra limitada a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, pues se extiende "a cualquier otro organismo público".
También se tuvo presente que dicha enmienda importaría un tercer trámite en la Cámara de Diputados, lo que atrasaría el despacho de un proyecto que reviste urgencia.
Todos esos acuerdos se adoptaron por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Zaldívar y quien habla. Igual pronunciamiento le solicitamos a la Sala para la aprobación del proyecto en particular en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, voy a votar a favor el proyecto que ahora nos ocupa.
Sin embargo, recordando que hemos aprobado cuatro veces iniciativas de estas mismas características, quiero puntualizar que cuesta ver que el incremento de personal, de equipamiento, de recursos se traduzca en cambios en la forma de operar para conseguir los objetivos que persigue Carabineros.
No me cabe la menor duda de que esa institución hace distintos esfuerzos para alcanzar aquello. Pero, al parecer, la realidad va más rápido.
Me tocó conocer muy de cerca al General Vera, quien desarrolló el IDE y una serie de métodos de planificación estratégica local, etcétera.
Considero bien importante, sin embargo, que Carabineros revise aquello, y que busquemos mecanismos para diseñar nuestros sistemas operativo, de control del delito, de investigación, de prevención, en fin, conforme a la forma como van evolucionando las cosas.
Señora Presidenta, el fin de semana último realizamos un curso con más de 150 dirigentes comunales, a quienes se les preguntó cuál era el principal problema del lugar de su residencia: todos señalaron la seguridad ciudadana. Es decir, la vida cotidiana se halla afectada por distintos fenómenos.
Leí el informe sobre el Plan Cuadrante que entregó el propio Ministerio. Y les sugiero a mis colegas que también lo hagan, porque es bastante crítico del referido Programa. O sea, hasta qué punto eso va permitiendo darle capacidad a la sociedad, incluida la policía, para contener el delito, para prevenirlo.
Entonces, lo primero que deseo señalar es que ojalá, junto con la aprobación de este proyecto, el Ministerio del Interior revise el contexto y la forma en que trabaja Carabineros y oiga lo que esta institución tenga que decir sobre la materia.
Nosotros la escucharemos el lunes o martes, a propósito del proyecto de Ley de Presupuestos. Y esperamos que esté presente también el Ministro del Interior, para hablar ahí de las mismas cosas expuestas. Porque es necesario que todas las instituciones, pero particularmente Carabineros, vayan recogiendo procesos y realidades que están cambiando.
De repente uno ve, en el caso del presupuesto de la Policía de Investigaciones, que se inicia un programa llamado "Microtráfico Cero". Entonces, la pregunta que surge es de dónde sale ese programa.
Como argumento, se dice que hay dos mil puntos de venta de microtráfico. ¡Perdónenme!, pero en La Florida no más -realidad que conozco más de cerca- debe de haber cerca de 500.
¡Para qué hablamos de microtráfico cero si eso no se puede lograr!
Pero cuál es el diseño para enfrentarlo. Porque se trata de redes con muchas complejidades.
Hay al respecto un problema serio con la información.
¡Si el que más sabe sobre esta materia, sin lugar a dudas, es el Ministerio Público! Y algo, Carabineros y la Policía de Investigaciones. En muchos casos Gendarmería es quien conoce más, porque le corresponde administrar a todos aquellos que cumplen condena en sus casas.
Hay, pues, una dificultad relacionada con la forma como se procesa la información del sistema, de los aparatos de seguridad, en que no se logra dar un salto como el que se verificó en Francia, que pasó a otro nivel en esta materia.
Se propone un Plan Comunal de Seguridad Pública -ayer lo discutimos-, en el Programa Subsecretaría de Prevención del Delito: 60 millones de dólares.
Uno se pregunta hasta qué punto eso se halla en línea con la comprensión de lo que está ocurriendo.
Porque en el período anterior de la Presidenta Bachelet ya tuvimos el Programa Barrio Seguro; después, en la Administración del Presidente Piñera, se creó el Programa Barrio en Paz. Ahora volvemos al Programa Plan Comunal de Seguridad.
¿Qué es lo diferente, lo singular del programa que ahora se plantea? Yo, francamente, no lo veo. Se trata de una suerte de repetición de planes anteriores.
La realidad es más compleja y va cambiando. Y hemos aprendido que necesitamos programas que movilicen otros recursos y capacidades. No se trata de un plan más, sino de un programa que pueda movilizar otras situaciones y enfoques.
Al parecer, existe una estrategia nacional de seguridad. No la he estudiado todo lo que debiera. De modo que no sé si lo que estamos definiendo mediante este proyecto se encuentra en sintonía con ello. Si no lo estuviera, habría que modificar dicha estrategia, en caso de que no fuera la más adecuada.
Por último, señora Presidenta -me resta poco tiempo-, me parece absolutamente inconsistente aumentar la dotación de las policías y no asumir la situación en que se encuentra hoy el Ministerio Público, al cual desde hace 4 o 5 años le han congelado los recursos.
Se dice que se enviará un proyecto de ley. Pero, señor Subsecretario, ¡la tramitación durará un año! Mientras tanto, algunas fiscalías deben ver 3 mil a 4 mil causas, y otras, 2 mil a 2 mil 500.
Es allí donde más información existe y, por ende, donde se precisan mayor capacidad para procesarla y estrategias diferentes que posibiliten enfrentar los problemas.
La iniciativa que estamos discutiendo me parece buena. Y voy a aprobarla.
Pero la cuestión no estriba ahí, sino en que hay que darle más consistencia al diseño que tenemos, para que la sociedad se proteja y sea capaz de prevenir mejor los delitos, de enfrentar la inseguridad. Y proyectos como el que ahora nos ocupa no pueden sino verse en esa perspectiva.
Además, ¡en algún momento deberemos hacer algo en serio en seguridad privada!
La seguridad privada moviliza ya a 180 mil trabajadores. ¡Y Carabineros tiene 53 mil funcionarios¿!
La última vez que revisé los datos, la seguridad privada estaba moviendo 2 mil millones de dólares al año. ¡Es una industria!
Se han privatizado muchas funciones de las policías, pero no logramos elaborar un diseño que coordine todo eso. Porque para algunas cosas puede ser adecuada, pero para otras, no.
Deseo insistir en que se trata de un debate que tendremos que realizar acá, en el Parlamento.
No veo al Senador Encina, quien propuso una Comisión de Seguridad¿

El señor PROKURICA.- ¡Espina!

El señor PÉREZ VARELA.- ¡Senador Espina!

El señor MONTES.- Excúseme, señora Presidenta, ¡pero me acordé de otro amigo¿!

El señor PROKURICA.- ¡Por eso que no coordina¿!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Termine, señor Senador.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, decía que se trata de un problema que deberemos asumir más dinámicamente. Porque las realidades van variando, la delincuencia cambia.
Tenemos sembrada la ciudad de cámaras. Pero estas no se hallan coordinadas en ninguna parte; y la información que proporcionan, tampoco.
Las de las autopistas son las únicas coordinadas, y han servido harto para controlar el delito.
Pero falta madurar el enfoque. Y ojalá que este tipo de decisiones se adoptaran en esa perspectiva.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, indudablemente, lo planteado aquí, entre otros, por el Senador Montes es razonable y tiene elementos relacionados con la realidad.
Por eso se creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y ese fue precisamente el debate, que llevó incluso a una modificación constitucional al objeto de que el Ministerio del Interior además tuviera a su cargo la función de seguridad pública.
Cuánto se ha avanzado después de esa legislación, es algo que debiéramos analizar, reflexionar, debatir. Porque, sin duda, a un proyecto que tiene como propósito principal aumentar el número de carabineros no le podemos achacar todos los problemas de seguridad pública.
Se necesita una política de Estado para enfrentar tales problemas. Y para eso tenemos un Ministerio: el del Interior y Seguridad Pública.
¿Ha respondido dicha Secretaría de Estado a las tareas pertinentes? Creo que no lo ha hecho cabalmente.
En consecuencia, es muy importante para las comunidades, para los sectores rurales, en particular para nuestras regiones y provincias, contar con mayor dotación de carabineros.
En todas las reuniones que realizamos con juntas de vecinos, comités de barrio o rurales, lo primero que se nos solicita es más presencia de carabineros, y ojalá la instalación de un retén o de una comisaría.
Se trata de una demanda creciente.
Requerimos, pues, una política de seguridad pública mucho más completa y coordinada que la actual. Pero también debemos ocuparnos de la necesidad de dotar a Carabineros no solo de más personal, de mayor equipamiento, sino también de las facultades que le permitan llevar adelante su tarea con más eficacia.
No hay duda de que en el combate al delito la eficacia siempre estará en discusión.
Ahora, señora Presidenta, me hace mucha fuerza lo planteado por el Senador Prokurica.
Cuando en nuestra Región tenemos reuniones con los respectivos círculos de carabineros, de gendarmes, de funcionarios de la Policía de Investigaciones en retiro, nos damos cuenta de que los problemas previsionales y de salud son angustiantes.
A mí me ha tocado, a propósito de aquello, concurrir al Hospital de Carabineros en Santiago: está colapsado y carece de capacidad para atender siquiera el 50 por ciento de las demandas del personal en retiro.
Por lo tanto, es de toda lógica lo que señala el colega Prokurica.
Ahora estamos aumentado la planta de Carabineros. Y eso significa que en pocos años tendremos a más funcionarios en situación de retiro, demandando por asuntos previsionales y por prestaciones de salud, todo lo cual es manejado por DIPRECA.
Ante eso, la respuesta es extraordinariamente deficiente.
Creo que no hay ningún Senador, en particular de regiones, que no conozca la angustiante situación que viven miles de familias de esos servidores públicos, quienes entregaron su vida a una institución como Carabineros, Policía de Investigaciones o Gendarmería y ahora ven las enormes dificultades que deben enfrentar cuando ellos o uno de los suyos se enferman: carecen de cobertura adecuada; en muchos casos ni siquiera existe coordinación para incluirlos en el AUGE, etcétera.
Por lo tanto, un proyecto como este, absolutamente necesario, que busca poner más carabineros en las calles, debe relacionarse con esa necesidad.
En la sesión pasada el Ministro del Interior, señor Rodrigo Peñailillo, se comprometió a formar una mesa de trabajo.
Creo que hoy es indispensable que el señor Subsecretario establezca un cronograma de dicha mesa de trabajo para abordar la materia. Porque si no actuamos caeremos en una situación de irresponsabilidad por no cumplir adecuadamente la tarea básica de dar respuesta a las necesidades previsionales y de salud de miles y miles de personas que se han entregado al servicio público acometiendo la labor fundamental de proteger de la delincuencia a los chilenos.
Se trata de un problema del que el Senado debe preocuparse.
Yo me fui tranquilo de la sesión en que el Ministro del Interior anunció la referida mesa de trabajo. Pero -insisto- sería bueno que el Subsecretario entregara un cronograma, para que nos pusiéramos a trabajar en serio y actuáramos con la responsabilidad que la gravedad de la situación amerita.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, el Senador Montes terminó su exposición diciendo que había que madurar el enfoque.
Su Señoría hizo una serie de consideraciones. Uno puede compartirlas. Pero atengámonos un poco más a lo que estamos haciendo.
En este momento nos hallamos votando un aumento en la planta de Carabineros. Y, por todo lo que se ha expresado en la Sala, no basta con eso.
Pero cuando se incrementa el número de carabineros es por algo: porque son mayores los índices de temor, de delincuencia.
Desde hace mucho tiempo se viene aumentando la referida planta. Sin embargo, no se ha logrado combatir con éxito el problema de la delincuencia existente en nuestro país.
Ahora, es importante puntualizar que si bien se creó una Subsecretaría encargada de la seguridad pública, nadie piensa que en seis meses o en un año o dos ella solucionará todas las dificultades. Empero, dicho ente es el llamado a abrir caminos y buscar solución a las muchas cuestiones planteadas en este Hemiciclo en materia de estrategia, de manejo de la información, en fin.
Hay, señora Presidenta, algo que deseo subrayar: hoy existe más temor, más delincuencia y más de lo que yo he denominado "ola de violencia" desde la perspectiva política, como lo ocurrido en la zona sur de Chile, de lo cual en mi Región, la de Los Lagos, tenemos muestras aisladas que provocan gran preocupación; me refiero a las tomas de terrenos registradas en la zona colindante con la ciudad de Osorno.
¿Qué quiero decir, de algún modo, con aquello? Que cada día, si bien aumentamos la planta de Carabineros, vamos disminuyendo las atribuciones que debe tener esta institución para enfrentar el delito.
Actualmente no existe respeto por Carabineros: cualquiera puede decir lo que desee a sus efectivos, y no pasa absolutamente nada; incluso, se los agrede, pero en cosa de minutos los hechores son liberados por los tribunales.
Al respecto debe haber medidas integrales, tomadas en conjunto.
Como se ha expresado en esta Sala, por una parte incrementamos la dotación de Carabineros, pero por otra aumentamos los problemas de sus funcionarios que pasan a retiro, quienes no reciben del Estado cuanto les corresponde en materias previsional y de salud.
Debo destacar que, luego de cada oportunidad en que se ha incrementado la planta de dicha institución, los indicadores en el ámbito delictual, lamentablemente, no han cambiado; y si ha habido variaciones, las diferencias han sido mínimas.
Quizá sea necesario que en nuestro país exista un cambio cultural. Pero ese cambio se construye respetando la ley y entregándole a Carabineros las facultades que requiere para enfrentar el delito.
Por supuesto, voy a votar favorablemente este proyecto de ley.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Saludo a alumnos de la Universidad de Concepción presentes en las tribunas.
¡Muy bienvenidos al Senado!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Comparto plenamente la reflexión hecha por el Senador Montes, señora Presidenta.
En los meses recientes hemos aprobado aumentos de plantas tanto en Carabineros cuanto en Investigaciones. Y con anterioridad ha ocurrido exactamente lo mismo.
Este proyecto, sin duda, es necesario. Y voy a votarlo a favor.
El Senador Pérez Varela señalaba que en reuniones celebradas con la comunidad lo que más le piden es presencia de carabineros.
Personalmente, soy bastante crítico respecto a lo que está ocurriendo desde hace mucho tiempo en el ámbito de la seguridad ciudadana.
Se trata de un problema de enormes complejidades, que no se ha abordado en todas sus aristas.
En mi concepto, hay dos elementos categóricos en la materia: el índice de victimización, que en general no baja, y el índice de reincidencia.
El indicador de victimización -repito- no baja, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países.
Hace poco se publicó un artículo muy interesante -si no me equivoco, en la revista The Economist- que mostraba cómo en las naciones desarrolladas bajaban drásticamente los índices de delincuencia.
Pero en Chile eso no ocurre.
Yo creo -y estoy convencido de ello- que la cuestión es complicada, tiene distintas aristas y hay que abordarla en todas sus complejidades para definitivamente empezar a bajar los índices de victimización y de reincidencia.
Convengo plenamente con el Senador Montes en que hay que entrar a una etapa distinta. Y, desde mi punto de vista, esa etapa distinta tiene hoy una gran ventaja: existen muchos programas que son exitosos en el mundo y que están absolutamente probados.
Esos son los programas que Chile debe empezar a adaptar. Y no es necesario inventar la rueda.
El tema de la seguridad ciudadana es cada vez más profesional. Pero, en general, si uno observa los programas -no solo los de ahora, sino también los de antes- comprueba que se trata de miles de medidas menores que no causan impacto.
Hay un análisis tremendamente crítico sobre el efecto del Plan Cuadrante, que ha significado un aumento presupuestario importante para Carabineros, pero sin que su aplicación se haya traducido en una baja en los niveles de victimización.
Hace pocos meses la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia celebró una sesión extraordinaria con invitación a las diversas instituciones. Porque las aristas en comento, que son muy complejas, no involucran solo a Carabineros, sino también a la PDI, al Ministerio Público, al propio Ejecutivo.
A mi juicio, si no damos el paso decisivo de entrar a una etapa distinta, los indicadores de victimización no van a bajar y la comunidad seguirá presionando por más presencia policial.
Nosotros deberíamos aspirar a mayor eficacia, no únicamente policial, sino de las diversas instituciones involucradas, pues se trata de conceptos radicalmente distintos.
Por lo tanto, es menester entrar definitivamente a una etapa diferente: no solo aumentar las plantas, no solo elevar los presupuestos, sino además incrementar la eficacia en materia de seguridad ciudadana.
Eso significa dos cosas: disminuir en forma drástica los índices de victimización y de reincidencia. Y ello implica una serie de políticas que hoy carecen del vigor que deberían tener para provocar el punto de inflexión a que me he referido.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Primero, señora Presidenta, una observación general.
En este proyecto de ley no solo se contempla un aumento en las plazas de los distintos grados y escalafones de las filas de Orden y Seguridad, tanto en el personal de nombramiento supremo como en el de nombramiento institucional, sino que además se le otorgan al Ministerio del Interior y Seguridad Pública facultades para solicitar informes sobre los distintos programas en que debe operar la policía.
Incluso más: se dice que le corresponderá a la Subsecretaría del Interior "el tratamiento de datos y procesamiento de la información que sea requerida para el cumplimiento de las facultades" señaladas en una serie de leyes. Y eso va a suponer la existencia de un reglamento que habrá de precisar la forma, modalidad y alcance de tales datos, de acuerdo a distintos criterios.
Por consiguiente, existe una tarea por hacer, pues será menester dictar un reglamento. Eso podrá aterrizar más y, por lo tanto, responder de mejor manera a las inquietudes planteadas en esta Sala.
Con respecto a medidas de su gestión interna, se establece la obligación de Carabineros de informar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, al menos semestralmente y de forma global, en cuanto a la "distribución del personal y de los medios asociados al establecimiento de servicios policiales". Y se dispone que deberá elaborarse un reglamento que "fijará el alcance de la desagregación de la información relativa a la distribución antes referida". Obviamente, esto permitirá aterrizar lo planteado en ocasiones anteriores y que no se ha alcanzado.
En consecuencia, yo no estoy tan preocupado por aquello.
Sí, me ha dejado con inquietud la falta de una respuesta más concreta al compromiso que en su momento contrajo el Ministro del Interior ante el planteamiento hecho, sobre todo por parlamentarios de regiones, en el sentido de que los problemas de Carabineros, además de la cantidad de personal, se asocian, de una parte, a la dificultad para acceder a viviendas, especialmente en las zonas extremas, por el alto costo de ellas, e incluso, por la inexistencia de inmuebles de calidad mínima y dignos de un funcionario público; y de otra parte, a la precariedad de los servicios de salud (en el centro de nuestro país hay hospitales de Carabineros y de otras instituciones; pero, a decir verdad, las regiones son bastante carentes de ellos).
Por consiguiente, se había planteado la realización de un esfuerzo adicional en una mesa de trabajo que debía establecer los criterios del caso. Eso (así lo entendimos muchos) era como una suerte de solicitud que se formulaba al momento de aprobar en general este proyecto.
La petición sigue presente.
Entonces, señora Presidenta, sería conveniente que el Ministerio del Interior señalara cómo avanza esa mesa, cuál es el cronograma de trabajo y de qué forma se va a garantizar lo que se planteó, que es imprescindible para el funcionamiento de Carabineros e incluso de otras instituciones vinculadas con la seguridad pública.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, yo quiero referirme a un aspecto distinto del que se ha estado señalando.
Por supuesto, adhiero absolutamente a esta iniciativa de ley, que aumenta en seis mil las plazas de la planta de Carabineros de Chile.
Rescato aquello por lo que ha venido batallando desde hace tanto tiempo y en forma tan persistente el Senador Prokurica con respecto a DIPRECA, entidad que otorga prestaciones de salud, entre otros beneficiarios, a los carabineros y que adolece de deficiencias francamente inaceptables. Porque si hay una institución que merece respaldo y la posibilidad de brindar atenciones de salud adecuadas es precisamente aquella a la que se encuentran adscritos los policías uniformados, quienes, entre paréntesis, pertenecen a la institución más prestigiosa de Chile, según todas las encuestas.
Señora Presidenta, voy a hacer un planteamiento muy breve, pero también muy al hueso.
Yo no sé si aquí, en el Congreso, tenemos conciencia de lo que está ocurriendo en materia de seguridad ciudadana.
Debo aclarar que, a ese respecto, no culpo a ningún gobierno, porque desde hace quince años se viene repitiendo exactamente lo mismo, con avances a raíz de énfasis puestos por las diversas administraciones, todas la cuales han progresado en algo.
La cuestión de fondo es que la batalla la está ganando por paliza la delincuencia, particularmente tratándose de robos con violencia, de asaltos a mano armada y de robos tanto en casas particulares y locales comerciales cuanto en lugares públicos.
Basta ver la televisión. Uno no puede creer que todos los canales están complotando contra el país para mostrar exclusivamente actos delictuales.
¡Los asaltos y los robos ocurren con una frecuencia increíble!
Pues bien: hoy yo siento que el Congreso Nacional está en deuda a ese respecto, pues hay un conjunto de proyectos de ley que debería despachar en breve si quisiera liderar, como política de Estado, el combate contra la delincuencia.
En primer lugar, el llamado "Reforma de la reforma" está absolutamente parado. Ahí se contiene una serie de cambios cuya concreción es fundamental, pues se dirigen a facilitar la investigación policial.
¿Quién puede creer que, en nuestro país -y lo repetiré; porque lo dije también en el caso de Investigaciones-, si una persona confiesa a la policía un delito de robo varios días después de cometerlo y le dice que tiene un domicilio conocido, no puede ser detenida?
¡No creo que en ninguna nación del mundo ocurra aquello!
En Chile la policía, si tiene una orden de allanamiento y mientras la está ejecutando encuentra especies robadas en otro ilícito, no puede retirarlas si no ubica primero al fiscal y después al juez de garantía. ¡Y las especies robadas están ahí mismo!
Como expresé, señora Presidenta, está pendiente una serie de cambios encaminados a ayudar a la investigación, a facilitarles a los fiscales la toma de decisiones, o sea, a permitir, dentro del Estado de Derecho, la obtención de mejores resultados.
¡Si los resultados conseguidos en Chile en materia de robos y asaltos con lo que se llama "imputado desconocido" -o sea, cuando el ladrón actúa y no se logra ubicarlo de inmediato- son paupérrimos! ¡Esa es la verdad!
Entonces, cuando uno hace sesiones en el Senado e invita a grandes penalistas -todos, muy amigos míos; capaces, inteligentes- debe tener presente que entre la realidad política que debe vivir y las declaraciones de la academia hay una diferencia sideral. De lo contrario, nunca habríamos sacado los proyectos que esta Cámara despacha en otros ámbitos.
Por tanto, señora Presidenta, hago presente que los Senadores de Renovación Nacional iniciaremos una campaña intensa para conseguir que los proyectos de ley en comento -y espero que se sumen los parlamentarios de todos los sectores políticos- se conviertan en realidad.
Y voy a citar un último caso, para terminar: Chile es de los pocos países del mundo donde no se puede controlar la identidad de una persona para saber si tiene orden de detención pendiente. Si va manejando un auto, es factible hacerlo, por el carné de chofer; si entra al Congreso, debe exhibir la cédula de identidad. Pero en la calle un carabinero no puede decirle: "¿Me muestra su carné de identidad?".
Sé que es un sacrificio de la libertad individual. ¡Pero en nuestro país circulan con absoluta libertad, pese a tener órdenes de detención pendientes, más de cincuenta mil personas, setenta por ciento de las cuales son reincidentes!
Se trata de medidas aplicadas por todas las naciones democráticas, gobernadas por Izquierda o Derecha, que han logrado avanzar en la materia.
Por las razones expuestas, voto a favor de este proyecto. Pero insisto en que tenemos una deuda que, más temprano que tarde, deberemos pagar.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Parto señalando, señora Presidenta, que me gustó mucho la intervención del Senador Alberto Espina.
En seguida, debo expresar que, si bien hoy estamos votando un proyecto muy positivo (por supuesto, me pronunciaré favorablemente), se trata de una medida de carácter administrativo y, además, económico: el aumento en seis mil plazas en la planta de Carabineros de Chile.
Eso está muy bien, porque es algo que se necesita.
Sin embargo, a mí me encantaría que en el Senado hubiese una conciencia tal que impulsara a tener contra la delincuencia una "Ley Emilia", en términos de que sea una normativa dura, drástica, rigurosa, pesada; una legislación sin complejos, sin prejuicios en cuanto al momento actual de la política y en sintonía total -muchos de nosotros lo deseamos- con lo que está viviendo nuestro país.
¿Quién de nosotros -o un miembro de nuestra familia, o una persona querida, o alguien conocido- no ha sido asaltado en su casa, en la calle, en su vehículo, en un medio de transporte?
¡Es algo de todos los días!
¡Los medios de comunicación no exageran!
Algunos dicen que exageran. Sin embargo, a mi entender, dichos medios revelan o, muchas veces, develan una realidad.
Además, se dan paradojas políticas.
Por ejemplo, ayer en la Cámara de Diputados se estaba analizando la idea de llevar a la cárcel a sostenedores de colegios subvencionados por el lucro en la educación. Pero esa paradoja, que envuelve una contradicción tremenda, no se da para llevar a la cárcel a gente que comete actos delictuales feroces.
Actualmente, para entrar a una casa, los delincuentes ya no esperan a que sus moradores no estén en ella. Les da igual si hay alguien adentro. Asimismo, si tienen que patear en el suelo a una persona, amarrarla, apuntarle con un arma, amenazarla con un cuchillo. Y si es una mujer, la toquetean, la manosean o la violan.
¡Todo les da lo mismo! ¿Por qué? Porque usan guantes, o porque son menores de edad, o porque no los pillan, o porque nadie quiere denunciar. ¡Qué saca el afectado con denunciar! Meterse en un lío, gastar tiempo, pasar malos ratos; porque después el delincuente sabe quién denunció, y existe venganza.
Estamos, pues, en una situación ante la cual no solo hay que tener conciencia legislativa.
De consiguiente, señora Presidenta, por su intermedio, quiero decirle al señor Subsecretario del Interior -no lo conozco personalmente; sin embargo, por lo que he leído de él, sé que entiende de estas materias- que la situación está escapando de las manos y lo que va a pasar es que la gente tendrá que hacer justicia por sí misma. Después, todo el mundo se va a horrorizar y a reclamar. Será preciso protegerse, en efecto, de alguna manera. En las villas, en los condominios, en las juntas de vecinos se está empezando a conversar de cómo defenderse. No nos hagamos los lesos.
Los delincuentes esperaban antes a que las personas no estuvieran en su negocio o en su casa. Ahora les da lo mismo. La impunidad es total. Y si a eso le sumamos un mayor consumo de drogas y que estas son mucho más duras, sin que sea posible entenderse con ellos, el problema es peor.
Ojalá el Gobierno -y con esto termino- tome iniciativas que vayan en la línea expuesta. Y ello, sin prejuicios ni complejos. Porque cuando el Senador señor Espina expresa que deberíamos contar con una ley que le permitiera a un carabinero pedir la identificación en la calle para ver si alguien se encuentra incluido en un listado de prófugos, entonces algunos sectores saltan para oponer: "Quieren reponer la detención por sospecha".
No es esto lo que se desea. No se apunta a discriminar, sino en verdad a lograr un resguardo. Todos los países más desarrollados del mundo velan por sus democracias. Y una forma de hacerlo es proteger de la violencia, por ser un espiral muy difícil de terminar.
En consecuencia, ojalá pudiéramos ponernos de acuerdo y dictásemos una Ley Emilia, lo más drástica posible, en materia de delincuencia.
El señor MONTES. ¿Y hasta dónde se llegaría, Honorable colega¿?

La señora PÉREZ (doña Lily).- No se trata de eso.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Terminó, Su Señoría, o necesita un minuto para redondear la idea?

La señora PÉREZ (doña Lily).- Sé que algunos ríen o ironizan con estos aspectos, señora Presidenta. Pero soy mujer y mamá, y lo digo con fuerza, ya que es feroz vivir estas circunstancias por la experiencia de gente cercana o con la que una se encuentra todos los días en el lugar donde vive y al que representa.
No sé qué haría si me pasara algo como lo que les ha sucedido a muchas personas de nuestra circunscripción, que son violentadas en sus propias casas, amarradas, vulneradas y cuyas hijas son violadas, sin importar la edad o si están o no embarazadas.
Estos son los aspectos de los cuales pido tener también mucho más conciencia ahora que estamos legislando.
Gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Suspenderé la sesión por cinco minutos.
Se van a tocar los timbres y se llamará a los Senadores que están en las Comisiones, porque quedamos de reencontrarnos a las 17.

El señor MATTA.- Que se abra la votación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- ¿Por qué no le da palabra al Ministro, señora Presidenta? Si no, voy a pedir nuevamente la suspensión de la votación. Entiendo que va a dar una respuesta respecto de DIPRECA.

El señor MONTES.- El titular de la Cartera no se encuentra presente.

El señor PROKURICA.- Pero vino el subrogante.
Que dé la explicación como Subsecretario, entonces.

El señor HARBOE.- ¿Me permite, señora Presidenta?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí, Su Señoría.

El señor HARBOE.- En la sesión pasada sostuvimos esta misma conversación con el Senador señor Prokurica, quien tiene toda la razón desde el punto de vista formal. La Comisión de Seguridad Ciudadana ya fijó una audiencia para el miércoles 5 de noviembre próximo, en la cual se va a abordar la situación de DIPRECA, tal como lo solicitó nuestro colega. Ello fue acordado con el señor Ministro del Interior.
En consecuencia, no observo el motivo para suspender una votación si lo que se pidió, transmitido a dicho órgano técnico, fue considerado por esta Corporación.
Gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Creo que la explicación ha sido bastante clara.
Puede intervenir el señor Subsecretario.

El señor ALEUY (Subsecretario del Interior).- Señora Presidenta, lo primero que me gustaría manifestar es que estamos haciendo un esfuerzo que no solo tiene relación con un aumento del personal.
Como los señores Senadores bien saben, lograr que las policías trabajen coordinadamente y cooperen entre ellas no demora un día ni dos. Desde el principio del Gobierno asumimos que estos objetivos son un factor clave para resolver problemas, lo que ya se demostró en el "caso bombas".
Queremos proseguir dicha labor, y naturalmente, como han dicho algunos de los presentes, tenemos que transformar el propósito perseguido en índices muy concretos de efectividad. No sacamos nada con invertir, como país, en las instituciones mencionadas si al final no mejoran las cifras concretas en el ataque al delito.
Esperamos mantener el esfuerzo en el tiempo y poder entregar, en un plazo razonable, un informe bastante detallado de cómo el esfuerzo de coordinación y cooperación entre las policías, por un lado, y entre estas y el aparato privado, por el otro, rinden frutos.
La labor realizada hasta ahora en el segundo de estos aspectos comprende trece mesas de trabajo, cuyos resultados pueden ser informados, naturalmente, cuando el Senado lo estime pertinente. Se incluyen bancos, empresas de valores, etcétera. Estimamos que ello concluirá a fines de noviembre, para efectos policiales y de poder "parametrizar" los datos que se requerirán en adelante.
Lo segundo es que, como Gobierno, vamos a enviar un proyecto de ley para poder efectuar las adecuaciones que tienen que ver con las necesidades del Ministerio Público.
Por ahora, mientras la iniciativa no haya sido presentada, lo que estamos haciendo, tratándose de situaciones álgidas para nosotros y para el país, como la de La Araucanía, la del "caso bombas" y otras, es apoyarlo financieramente para que pueda cumplir el conjunto de sus labores habituales y disponer del personal, recursos tecnológicos y elementos suficientes para llevar a cabo las tareas necesarias.
Y lo tercero es que en la Subsecretaría mantenemos hace dos meses una mesa de trabajo sobre DIPRECA. Para sintetizar, se trata de una institución con problemas que van un poquito más allá de los mencionados aquí. Eso precisa un tiempo para abordarlos adecuadamente, porque, como ustedes saben, el nuevo Director ha de ser elegido en un plazo breve.
Por lo tanto, necesitamos acompasar el análisis hecho hasta ahora con la estructuración de la entidad a partir de noviembre, diciembre o enero, en función de los tiempos que se dé la Alta Dirección Pública para determinar la estructura superior.
Desde luego, lo primero que hemos hecho -imagino que el Honorable señor Prokurica también conoce tales detalles- es conversar con los sindicatos, que han informado sobre estas cosas y muchas otras.
Hace falta un cierto tratamiento para poder efectivamente darle una solución de más largo plazo a la institución y no solo concentrarse en aspectos específicos como los que se han señalado.
El trabajo se está haciendo. Si alguna Comisión del Senado requiere en algún minuto un informe más elaborado y detallado, no tenemos ningún problema en producirlo y entregarlo o exponerlo.
Gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Repito que se tocarán los timbres. Debe dejarse constancia del quórum en relación con el artículo 3º del proyecto, de acuerdo con el artículo 124 del Reglamento. Se exigen 22 votos a favor.
Se suspende la sesión.
)-----------(
--Se suspendió a las 17:15.
--Se reanudó a las 17:18.
)------------(

La señora ALLENDE (Presidenta).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor LABBÉ (Secretario General).- Se deja constancia que se ha reunido el quórum orgánico constitucional requerido por el artículo 3°, con 23 votos a favor.
--Queda aprobado en particular el proyecto.


La señora ALLENDE (Presidenta).- Agradecemos la presencia del señor Subsecretario.



PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CONSUMIDOR


La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones de los Honorables señores Espina, García, Tuma y Zaldívar y del entonces Senador señor Chadwick, y de los Honorables señora Allende y señores Araya, De Urresti, Larraín y Montes, en primer trámite constitucional, sobre protección de los derechos de los consumidores, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7.563-07 y 9.463-03, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (mociones, del primer proyecto: de los Senadores señores Espina, del ex Senador señor Chadwick, García, Tuma y Zaldívar; del segundo proyecto: de los Senadores señora Allende y señores Araya, De Urresti, Larraín y Montes):
Del primer proyecto (7.563-07), se da cuenta en sesión 6ª, en 5 de abril de 2011.
Del segundo proyecto (9.463-03), se da cuenta en sesión 33ª, en 22 de julio de 2014.
Informes de Comisión:
Economía: sesión 54ª, en 8 de octubre de 2014.


La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, quisiera recordar que la iniciativa requiere un quórum de dos tercios de los Senadores en ejercicio para ser aprobada. Como la mayoría de nuestros colegas están trabajando en las subcomisiones especiales mixtas de Presupuestos, le sugiero a la Mesa recabar el acuerdo de la Sala para tratarla en primer lugar en la próxima sesión ordinaria.
He conversado con el señor Ministro de Economía para que le ponga la urgencia que se precisa.
El proyecto, superemblemático, ha sido patrocinado en forma transversal y es producto de la fusión de dos mociones. En un momento en que creo que va a obtener unanimidad para ser aprobado, nos encontramos con que estamos en la mitad del estudio del proyecto de Ley de Presupuestos. La única manera de que sea posible votar a favor, sobre la base de la mayoría exigida y considerando que los Senadores asisten a las subcomisiones, es por la vía de la proposición que he formulado.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, comprendo el espíritu de lo que se ha expuesto. Lo que pasa es que nos hallamos ante una modificación constitucional y que se debe reunir el quórum respectivo. Pero contamos con este último y el acuerdo en relación con las dos mociones es transversal y unánime. Podemos pronunciarnos ahora, entonces. Los Senadores están.
Si se abre la votación, puedo hacer la relación del trámite que ha tenido lugar.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Me parece que Su Señoría tiene toda la razón y que puede llevar a cabo una relación breve. Si en la Comisión se registró unanimidad y en este momento se dispone del quórum necesario, perfectamente es posible votar.
Si no hay objeciones, así se acordará.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro para dicho efecto, pero se abrirá la votación para que todos los Senadores presentes puedan pronunciarse antes de volver a las subcomisiones.
--(Durante la votación).

El señor PIZARRO.- Seré lo más breve que pueda, señora Presidenta.
Se trata de dos proyectos de reforma constitucional que se inician en sendas mociones.
La primera de ellas -la más antigua, por decirlo de alguna manera- es de los Honorables señores Espina, García, Tuma y Zaldívar y del entonces Senador señor Chadwick, quienes formaban parte de la Comisión de Economía, y apunta a establecer a nivel constitucional la protección de los derechos de los consumidores.
La segunda moción fue presentada este año por usted misma, señora Presidenta, y los Senadores Araya, De Urresti, Larraín y Montes, con el propósito de incorporar, en el numeral 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el deber del Estado de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos de los consumidores y establecer el principio pro consumidor.
El 14 de octubre, los Comités, acogiendo lo propuesto por la Comisión, acordaron refundir ambos proyectos y discutirlos en general y en particular -como lo estamos haciendo ahora-, en consideración al hecho de que los dos comparten la idea matriz, cual es incorporar en la Carta Fundamental la protección de los derechos de los consumidores.
El primer proyecto -lo reitero- tenía por objeto consagrar a nivel constitucional, en el artículo 19, número 21°, relativo a la libre iniciativa en materia económica, el deber del Estado de fomentar la protección de los derechos de los consumidores.
Y el segundo apuntaba a consagrar el principio pro consumidor a nivel constitucional y a elevar al mismo rango la protección de los derechos de los consumidores, garantizando su ejercicio y reconocimiento, y obligando al Estado y sus instituciones a hacer efectiva su protección, desarrollo y fomento.
Como se ve, ambas iniciativas se complementan.
La Comisión, en el ánimo de conocer opiniones de expertos, invitó a los profesores de Derecho Constitucional Víctor Manuel Avilés y Gastón Gómez. Luego de escucharlos, aprobó en general ambos proyectos, con los votos unánimes de la Senadora Lily Pérez y de los Senadores Navarro, Tuma y el que habla.
También escuchamos al profesor de Derecho Económico Richard Tepper y al analista de la Biblioteca del Congreso James Wilkins, además de nuevos planteamientos del profesor Avilés.
A raíz de ese debate, de ese análisis, de esa evaluación, establecimos un proyecto común que, en lo sustantivo, incorpora los derechos de los consumidores a nivel constitucional bajo las siguientes consideraciones:
i) El alcance de tales derechos debe poder ser determinado legalmente, tener una concreción en la ley, y no quedarse solo a nivel constitucional.
La razón es muy sencilla: las condiciones cambiantes en el tiempo, las coyunturas, así como la expresión de las mayorías, hacen necesario que se pueda ampliar, o incluso restringir, el alcance de los derechos de los consumidores.
ii) Dado que la expresión "derechos de los consumidores" es indeterminada, su consagración constitucional como tal puede contribuir a afectar otros derechos y libertades constitucionales, sin un correlato claro en la seguridad jurídica.
Por ello, la definición de su alcance debe realizarla el legislador cada cierto tiempo.
iii) Por su parte, dada su naturaleza difusa, estos derechos no tienen la misma condición que los derechos y garantías contenidos en la mayoría de los numerales del artículo 19.
De ahí que su consagración constitucional deba traducirse simplemente en un mandato al Estado, y en particular al legislador, de propender a su definición, promoción y resguardo.
iv) Como consecuencia de todo lo anterior, no creemos que por su naturaleza estos nuevos derechos puedan ser objeto de una acción de emergencia como el denominado "recurso de protección".
Después de un largo debate, luego de escuchar las evaluaciones, análisis y propuestas de los distintos profesores de Derecho Constitucional y Derecho Económico, y siguiendo el objetivo planteado por los colegas Senadores en ambas mociones, proponemos a la Sala aprobar en general y en particular el siguiente texto.
Se trata de un artículo único que introduce las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:

1.- Incorpora, en el numeral 21 del artículo 19, un inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero, del siguiente tenor:
"Es deber del Estado resguardar los derechos de los consumidores que indique la ley. Dicha ley deberá promover la educación de los consumidores para un consumo responsable y la elección libre e informada de los bienes y servicios, así como facilitar el acceso a procedimientos eficaces para el ejercicio de los derechos que en ella se consagren".

2.- Incorpora en el artículo 20, a continuación de la expresión "21°", seguida de una coma, la expresión "con excepción de lo dispuesto en el inciso segundo".
Como ya señalé, este texto fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Economía, a la cual asistieron los Senadores señora Lily Pérez y señores Tuma, Orpis, Navarro y el que habla.
Es cuanto podemos informar respecto de las dos mociones parlamentarias que buscan reformar la Carta a fin de elevar a rango constitucional la protección del derecho de los consumidores.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Les pido a los señores Senadores que voten.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, Honorable Senado, tal como ha indicado el Presidente de la Comisión, Senador señor Pizarro, ambos proyectos fueron objeto de un amplio debate constitucional en el seno de la Comisión de Economía.
Por mi parte, quisiera profundizar lo señalado por mi colega en cuanto a las exposiciones que hicieron los diferentes profesores de Derecho Constitucional y Económico.
El profesor Avilés afirmó que existe el interés colectivo y el individual, de manera no contrapuesta. El primero busca asegurar y expandir el goce efectivo de los derechos y libertades individuales. Igualmente, el derecho debe encuadrar la economía.
A su juicio, el debate surge de los derechos colectivos, de los pueblos y los de tercera generación.
Por su lado, el profesor Gastón Gómez señaló que las instituciones vinculadas al derecho del consumidor en nuestro país poseen un enorme desarrollo y se han fortalecido en forma permanente. Así, su consagración constitucional no parece agregar nada sustancial a lo que ya se ha hecho en materia legal.
En ese orden de ideas -agregó-, dentro del campo de la función jurisdiccional está la autonomía del juez para interpretar y para resolver sobre las dudas que se susciten en materia contractual. Por tal motivo, constitucionalizar tal derecho implica, necesariamente, pasar por alto la autonomía propia de la función jurisdiccional que tradicionalmente han poseído los jueces dentro de nuestro Derecho.
Esa es la objeción fundamental que hace el profesor Gastón Gómez.
En la sesión del 29 de septiembre, la Comisión escuchó al profesor de Derecho Económico Richard Tepper, quien realizó un análisis de los proyectos de reforma constitucional que consagran la protección al consumidor.
El profesor Tepper destacó la importancia de esta última y señaló que debe serlo tanto económica como jurídicamente, por consideraciones de eficiencia económica, justicia y beneficio social.
No obstante lo anterior, se preguntó si la protección y defensa del consumidor, por más importante que sea, debe ser consagrada a nivel constitucional.
Sostuvo que en la gráfica de la pirámide legal los problemas se encuentran en la base y no arriba. En efecto, en materia legal no está consagrado el principio pro consumidor; las facultades del SERNAC se hallan referidas, principalmente, a información y educación y no a fiscalización, y tampoco están regulados de manera adecuada los contratos de adhesión, por mencionar algunas situaciones.
Por lo tanto, el profesor Tepper plantea que el problema se encuentra en la base legal, en la base de la pirámide, y no a nivel constitucional.
A raíz de las exposiciones que se efectuaron en la Comisión, el profesor Avilés presentó un segundo informe, con un texto que aquella acogió, fusionando ambas mociones.
En su segunda minuta, señala que es partidario de la incorporación de los derechos de los consumidores a nivel constitucional, pero con las siguientes condiciones:
i) El alcance de tales derechos debe poder ser determinado legalmente y no fosilizarse a nivel constitucional. Ello, por cuanto las condiciones cambiantes de tiempo en tiempo, así como la expresión de las mayorías, hacen necesario que se pueda ampliar, o incluso restringir, el alcance de los derechos de los consumidores; ii) dado que la expresión "derechos de los consumidores" es indeterminada, su consagración constitucional como tal puede contribuir a afectar otros derechos y libertades constitucionales, sin un correlato claro en la seguridad jurídica. Por ello, la definición de su alcance debe realizarla el legislador, de tiempo en tiempo; iii) por su parte, dada su naturaleza difusa, estos derechos no tienen la misma condición que los derechos y garantías contenidos en la mayoría de los numerales del artículo 19. Por lo mismo, su consagración constitucional debe traducirse simplemente en un mandato al Estado y, en particular, al legislador, de propender a su definición, promoción y resguardo; y iv) como consecuencia de todo lo anterior, no creemos que por su naturaleza estos nuevos derechos puedan ser objeto de una acción de emergencia como el denominado "recurso de protección". De lo contrario, serían los jueces quienes determinarían el alcance de políticas públicas.
En función de esta minuta, el profesor Avilés planteó un texto, que es el que aprobó unánimemente la Comisión de Economía.
He dicho.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de seguir ofreciendo la palabra, quiero saludar a las personas que vienen del Centro del Adulto Mayor Santa Virginia, de la comuna de Romeral.
¡Muy bienvenidas al Senado! ¡Un gusto tenerlas acá!
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La señora ALLENDE (Presidenta).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, la verdad es que yo tengo algunas dudas con respecto a este proyecto, que no obstante voy a votar a favor.
Con todo, creo muy importante dejar establecidos algunos elementos desde la perspectiva constitucional, luego de un seguimiento que hemos hecho a través de las fundaciones que asesoran legislativamente a nuestra bancada.
Puede haber distintas opiniones. Pero yo tengo una duda razonable.
Sobre el proyecto en estudio, todos convendrán en que los consumidores deben ser protegidos y puestos a salvo de comportamientos abusivos que puedan deberse al actuar ilegal de los proveedores. Sin embargo, me pregunto si esta materia debiera ser resuelta por la Constitución.
Como segundo punto, quisiera hacer notar que aquí hablamos de una reforma a la Constitución que, en sus enunciados, debe guardar coherencia con los valores y principios que rigen una sociedad que respeta las libertades y que componen hoy el concepto de orden público económico.
Para el profesor José Luis Cea, el orden público económico es "el conjunto de principios y normas que organizan la economía del país, y que facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución".
En cambio, para Arturo Fermandois, es "el adecuado modo de relación de todos los elementos de naturaleza económica presentes en la sociedad, que permita a todos los agentes económicos, en la mayor medida posible y en un marco subsidiario, el disfrute de sus garantías constitucionales de naturaleza económica de forma tal de contribuir al bien común y a la plena realización de la persona humana".
El primero de los conceptos mencionados gira sobre las potestades del Estado para intervenir la economía. Y el segundo, en tanto, busca compatibilizar libertad, igualdad, responsabilidad y bien común.
Este debate académico se ha trasladado a menudo a las decisiones judiciales. También se manifiesta -es imposible negarlo- en toda reforma constitucional que pretenda incorporarse a la Constitución Económica. Y las afirmaciones del proyecto en estudio, de cara a este debate, contenidas en el numeral 1 de su artículo único, son las siguientes:
Es deber del Estado resguardar los derechos de los consumidores.
La ley deberá promover la educación de los consumidores para un consumo responsable.
La ley deberá promover la elección libre e informada de los bienes y servicios.
La ley deberá facilitar el acceso a procedimientos eficaces para el ejercicio de los derechos que en ella se consagren.
Todo esto se encuentra en el contexto de la libertad económica, asegurada a todas las personas en el artículo 19, número 21°, de la Carta Fundamental.
Lo que me llama la atención, en lo personal, es que se pretenda introducir una norma que impone deberes al Estado en medio de una disposición que trata sobre la libertad.
Lo segundo que cabe apreciar -no sé si positiva o negativamente- es que, en el capítulo de los derechos y deberes de las personas, se busca resguardar los derechos de los consumidores, instituyendo en la Carta Fundamental, quizá sin querer, las bases de un orden público de protección que podrían entrar en contradicción con los rasgos esenciales de este concepto, tal como lo ha descrito la doctrina constitucional más reciente.
El deber general del bien común definido por el artículo 1o de la Constitución comprende lo que aquí se pretende que se diga particularmente. Desde esta perspectiva, no sé si la propuesta es adecuada. Dudo de la conveniencia de reformas que repiten lo que la Constitución ya señala.
Parece obvio, entonces, que el proyecto en cuestión busca asegurar que una relación en esencia asimétrica, como la de consumo, sea caracterizada, desde la Constitución, por la igualdad, asegurada en su texto por la protección dada a una de las partes.
Y aquí quiero hacer presente que el principio de igualdad, que parece ser el sustento de esta reforma, ha sido enunciado de modo explícito por la Constitución. El concepto de igualdad, en nuestro sistema legal, ha tenido su principio en la abolición de la esclavitud, hasta evolucionar a la prohibición de discriminaciones o diferencias arbitrarias.
La ley no nos manda ser iguales, ni tiene la virtud de prohibir toda diferencia entre las personas. En efecto, las leyes pueden tolerar y hasta reglamentar de modo particular situaciones en las cuales, tanto en lo sustantivo como en lo procesal, es posible establecer reglas diferenciadas, como ocurre en la posición circunstancial diversa de las partes en las relaciones contractuales del trabajo, del consumo, de ciertos proveedores o profesionales respecto de sus clientes, de los receptores de determinados servicios profesionales, o bien del público en general.
Lo que no es aceptable es la aparición de diferencias arbitrarias, caracterizadas, según una sentencia del Tribunal Constitucional, como toda diferenciación o distinción realizada por el legislador o cualquier autoridad pública que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual; en otros términos, que no tenga justificación racional o razonable. Por discriminación arbitraria se ha entendido siempre una diferencia irracional o contraria al bien común.
Insisto en que en este debate puede haber distintas opiniones. Pero yo quiero dejar constancia de que no sé si sea tan necesario reformar la Constitución para llevar a cabo el objetivo del proyecto.
En efecto, señora Presidenta -y con esto termino-, pareciera que la Constitución y las leyes ya enuncian de modo suficiente el principio de igualdad. Una reforma como la que comentamos, sin duda inspirada por propósitos nobles, de defensa al consumidor, debiera ser más cuidadosa y no alterar el diseño ya descrito.
En lo personal, reitero que no me gustan las reformas que repiten lo que la Constitución ya dice.
Sin embargo, aun teniendo esta duda, como el objetivo es supremo y mayor, voy a votar a favor.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, ciertamente, todo lo que constituya un avance en la protección de los derechos de los consumidores será bienvenido.
Como he señalado con ocasión de anteriores reformas constitucionales, la Carta Fundamental no puede ser confundida con una norma de carácter legal.
La Constitución Política de la República es un cuerpo normativo superior en el que es posible plasmar principios constitucionales en virtud de los cuales se establezcan ciertas visiones de la sociedad; consagrar reglas constitucionales por medio de las que se incorpore una regulación práctica de determinadas instituciones.
De una u otra manera, la consagración de nuevos derechos abre una interrogante: ¿El ordenamiento jurídico, el derecho sustantivo establecido en la ley y la institucionalidad pública se encuentran preparados para dar eficacia a los derechos que consagramos?
El Libertador Bernardo O`Higgins, cuando se refería al Ensayo Constitucional, esgrimía la siguiente razón para tener una Carta de escasos artículos: "No es posible que los países que se independizan consagren derechos que no son capaces de garantizar".
Por eso, el legislador debe ser extremadamente cuidadoso. Porque cuando llevamos adelante una reforma constitucional el Parlamento va limitando sus atribuciones, puesto que al consagrar un derecho constitucional establecemos un límite a la soberanía popular representada por el legislador, toda vez que no podremos aprobar ninguna ley que contravenga la norma que incorporemos en nuestra Carta Fundamental.
En tal sentido, creo que implica un avance del Derecho Constitucional moderno consagrar los denominados "derechos de tercera generación", dentro de los cuales se encuentran el deber del Estado de proteger los derechos de los consumidores; el derecho a la protección de datos personales; el derecho de acceso a la información pública, entre otros. Y así, hay una serie de derechos de tercera generación que se están incorporando en las Constituciones modernas.
Pero, como toda inclusión constitucional, involucra obligaciones y compromisos.
El hecho de que hoy estemos consagrando en nuestra Carta Fundamental el derecho a la protección de los consumidores nos obliga como legisladores a efectuar reformas profundas a la ley, al derecho sustantivo vigente en nuestro país, y en particular a las normas que rigen la protección administrativa del derecho de los consumidores.
No resulta aceptable que ahora tengamos la intención de consagrar un derecho constitucional y que sea voluntario el procedimiento de mediación de la institucionalidad pública encargada de dar debida protección a los derechos que el ciudadano considera conculcados por una empresa.
Eso no se entiende.
No podemos instaurar un derecho constitucional si la entidad administrativa pertinente no cuenta con facultad sancionatoria y si para sancionar se requiere ir a los tribunales de justicia.
No debiéramos consagrar un derecho constitucional si no hemos sido capaces, por ejemplo, de determinar por ley, a través de una sanción civil, la nulidad absoluta de Derecho Público de las denominadas "cláusulas abusivas", que ya el Máximo Tribunal de Justicia nos ha enumerado en reiteradas oportunidades. Ello es materia de un proyecto de ley que ingresará en las próximas semanas.
En consecuencia, señora Presidenta, considero muy importante que tengamos conciencia de lo que estamos haciendo.
Me parece que la iniciativa que está trabajando el Gobierno y que se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputados va en la línea correcta. Nos ayudará a que el derecho que consagramos hoy se transforme efectivamente en un derecho y no en una mera declaración.
La inclusión de este derecho en el numeral 21° del artículo 19 me merece algunas dudas. Pero entiendo que el argumento tenido en vista por la Comisión que analizó el proyecto dice relación con establecerlo después del derecho al libre ejercicio de una actividad económica.
En esa lógica constitucional, parece adecuado. Es apropiada la técnica legislativa en cuanto a circunscribir las mociones originarias a un deber del Estado y de dejar a la potestad legislativa, al ámbito de la ley, toda su aplicación práctica.
Alguien dirá: "Eso tiene un sentido secundario". No. Su sentido es muy importante. Porque evita que un derecho que estamos consagrando constitucionalmente quede reducido en el futuro a la potestad reglamentaria de la autoridad de turno. O sea, el legislador se limita en cuanto a no vulnerar un nuevo derecho en su esencia, pero se otorgan atribuciones para regular el derecho sustantivo, y eso parece conveniente.
Luego, cuando se mencionan ciertas características que ha de reunir la ley a la cual se hace remisión, pienso que es positivo que ella deba promover la educación para un consumo responsable y la elección libre e informada de bienes y servicios. Es decir, a la ley se le encomienda esa obligación, ya no a la Constitución. O sea, la Carta no va a garantizar la elección libre e informada de bienes y servicios, sino que será la norma legal, cualquiera que se dicte, la que tendrá que estar inspirada en las reglas constitucionales que establecemos.
Señora Presidenta, votaré a favor de la reforma constitucional en análisis.
Sin embargo, quiero hacer presente algo que considero extremadamente relevante.
El Senado de la República se ha dado, no solo a través de la Ley Orgánica, sino también del Reglamento, un mecanismo de trabajo que consagra el principio de la especialidad a través de ciertas Comisiones. Así, todo aquello que irrogue gasto debe necesariamente ir a la Comisión de Hacienda; lo que diga relación con aspectos de energía o minería, al órgano técnico respectivo, y con los temas de salud ocurre lo mismo.
Como Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, es mi deber representar a la Sala que estamos tramitando una reforma constitucional que no pasó por dicho órgano técnico, lo que no me parece adecuado.
Entiendo que ello respondió a un acuerdo de Comités de la legislatura anterior. Sin embargo, creo que la atribución de los Comités no puede exceder jamás un elemento como el que hoy día estamos sobrepasando.
Ya se acordó; fue en la legislatura anterior; yo no estoy de acuerdo.
Estimo importante, como precedente, dejar establecido lo anterior en la Sala. Porque, así como ahora una buena reforma constitucional ha sido bien trabajada por la Comisión de Economía, mañana un órgano técnico distinto puede no tener la misma calidad, la misma rigurosidad constitucional y proponer a la Sala una reforma que altere el orden, las normas y, eventualmente, los principios constitucionales sin que la Comisión especializada haya conocido la materia.
Voto a favor. Pero he querido hacer presente la situación descrita.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el Senador señor Pizarro me remplace unos minutos en la testera.
Acordado.
--Más adelante, pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Honorable señor Pizarro.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, no quisiera referirme a esta reforma sin antes mencionar que coincido con lo señalado por el Senador Harboe respecto de las Comisiones encargadas de los proyectos.
Hago presente, para la historia fidedigna de la ley, que los propios miembros de la Comisión de Constitución o los Comités -no recuerdo bien- expresaron la conveniencia de que el proyecto fuera visto en la Comisión de Economía, en consideración a ciertos factores.
Dos integrantes de esa Comisión de Economía -me refiero al período anterior- eran miembros de la de Constitución. Y esta tenía un recargo de trabajo muy importante.
Quiero agradecer al Senador Pizarro, quien presidió la Comisión de Economía, porque de verdad se realizó una labor muy exhaustiva y completa en la tramitación del proyecto: se escuchó a un número importante de constitucionalistas y fue posible refundir las iniciativas.
Y también agradezco al resto de los integrantes de esa Comisión, muchos de los cuales se encuentran en este instante en la Sala.
Quiero explicar, en breves palabras, el sentido de este proyecto y hacerme cargo de lo señalado antes por otros señores Senadores.
En primer lugar, las Constituciones evolucionan en el mundo. Y, tal como señaló el señor Harboe, estas inicialmente solo resguardaban derechos individuales y con el tiempo comenzaron a abarcar derechos que ya no solo dicen relación con los derechos individuales de cada persona, sino también con ciertos derechos colectivos que corresponden al conjunto de los integrantes de una sociedad o de una parte de ellos.
Y en nuestra Constitución, el artículo 19, número 21°, que resguarda la libre iniciativa, consagra: "El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público, o la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen".
Cabe preguntar cuál es la contrapartida a esta disposición de carácter constitucional que permite la libre iniciativa individual, salvo en situaciones muy excepcionales, como en las contrarias a la moral, al orden público, a la seguridad nacional.
¿Cuál es la contrapartida al modelo de economía libre o de la libre iniciativa?
La protección de los derechos de los consumidores. Eso le da equilibrio.
Nuestra Constitución no tenía esa norma de equilibrio. Y la que incorporamos nosotros no pretende inhibir los derechos que pueda tener el legislador para regular los derechos de los consumidores, sino que (fue modificada) establecer algo tan simple y directo como esto: que existe un deber del Estado que resulta obvio, pero que no tiene rango constitucional y, por lo tanto, se aplica según lo que cada ley en particular diga.
¿Cuál es ese deber del Estado? Resguardar los derechos de los consumidores.
¿Dónde se indican? En la ley.
¿Cómo? A través de la legislación.
Y se le da un mandato al legislador: "Mire, como usted hace las leyes, le debo decir qué tienen que decir estas".
Primero, "promover la educación de los consumidores". ¿Alguien podría oponerse a esto?
En segundo término, "para que haya un consumo responsable", materia que en nuestro país es bastante relevante.
Luego, señala que deberá incentivar también que la información, para que exista libre elección, sea clara. Y por eso se agrega la frase "y la elección libre e informada de los bienes y servicios". O sea, que la gente sepa a qué bienes quiere acceder y exista transparencia en la información que se entregue.
Después agrega que se debe "facilitar el acceso a procedimientos eficaces para el ejercicio de los derechos que en ella se consagren".
En castellano, señor Presidente, se trata de una reforma constitucional que apunta a que exista un equilibrio entre la libre iniciativa y la protección de los consumidores, y que obliga tanto a los particulares como al Estado a que en cada legislación que se dicte en nuestro país se considere algo muy elemental: el resguardo de los derechos de los consumidores que fija el legislador.
¿Alguien podría oponerse en una sociedad moderna a que la ley siempre tuviera que mirar la perspectiva de resguardar los derechos de los consumidores, de educarlos en cómo deben estar preparados para efectos de realizar un consumo responsable?
Educar significa dar información, entregar antecedentes y que los procedimientos de reclamación sean eficaces.
A mí me parece -de verdad- que este es un derecho esencial en una democracia moderna.
Y, especialmente, respecto a las acciones legales, se excluyó el recurso de protección, pero se mantuvo el amparo económico. ¿Por qué se deja fuera a la protección? Porque sería muy demagógico incluirla, ya que los tribunales se llenarían de veinte mil recursos de protección presentados por personas que desean resguardar estos derechos.
Pero sí se mantiene, en cambio, el recurso denominado "de amparo económico", establecido -como todos saben- en la ley N° 18.971, que dispone que "Cualquier persona podrá denunciar las infracciones al artículo 19, número 21" -este es el caso-. "El actor no necesitará tener interés actual en los hechos denunciados".
Y se agrega que la acción podrá presentarse "producida la infracción sin más formalidad ni procedimiento que el establecido para el recurso de amparo".
Es decir, se da la posibilidad de que en casos graves, excepcionales, de vulneración permanente de los derechos y en situaciones muy excepcionales, las personas puedan recurrir a esta norma.
Quiero destacar la labor de los miembros de la Comisión respectiva. Aquí están presentes el Senador Orpis, la Senadora Lily Pérez, el Senador Pizarro, y no recuerdo al resto de los miembros de la Comisión.
De verdad, creo que se hizo un trabajo serio, responsable, bien hecho, acucioso, en donde hubo un debate a fondo; se fusionaron dos iniciativas.
En consecuencia, estamos haciendo un avance en la modernización de la protección que la Constitución tiene que dar a los derechos de las personas y de quienes integran una sociedad democrática.
Por tal razón, voto afirmativamente esta iniciativa, que me correspondió presentar junto con los Senadores García, Tuma, Zaldívar y el entonces Senador Chadwick, y que se fusionó con la de la Senadora Allende y los Honorables señores Araya, De Urresti, Larraín y Montes, transformándose en un solo proyecto, lo que me parece un muy buen procedimiento.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Muchas gracias, Su Señoría, por su explicación acerca del origen de estas dos iniciativas parlamentarias de reforma a la Constitución en materia de defensa de los derechos de los consumidores, que se discutieron en la Comisión de Economía.
No puedo dejar de manifestar que estoy en desacuerdo con lo expresado por el Senador señor Harboe, porque las Comisiones del Senado son todas iguales. Es cierto que tratan los proyectos conforme a su especialidad, pero no porque en determinado momento alguna deba conocer una iniciativa las otras pierden calidad.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, cuando discutimos la primera Ley del SERNAC, lo referido a la defensa de los derechos de los consumidores, llamados "derechos emergentes", tuvo un debate muy muy distinto.
Hubo voces alarmistas que señalaron que con esto íbamos a paralizar el comercio, a generar una catástrofe en materia de proveedores de servicios y que el sistema sería abusivo.
Recuerdo que muchos le tenían pánico y terror a la existencia de una Ley del Consumidor. Se nos citaban los ejemplos de Europa, de Estados Unidos, donde se decía que había "abogados especializados en demandar a los proveedores de servicios que habían hecho hasta un negocio". Que aquí habían mecanismos regulatorios más que suficientes en la Bolsa de Comercio, en la Cámara de Comercio.
Me alegra que ahora tengamos amplia coincidencia sobre el particular. Porque cuando en la década de los noventa planteábamos los derechos de los consumidores estos eran vistos como bichos raros, al igual que el tema de los pueblos originarios.
Algunos lo calificaban de "moda". Cuando decíamos: "Los pueblos originarios tienen derechos", afirmaban que "se trata de una moda indigenista que viene de Europa".
Y, cuando hablábamos de los derechos de los consumidores, decían: "Esa es otra moda californiana, de Estados Unidos, donde están los liberales".
Yo me alegro de que hoy día los derechos de los consumidores se asuman como de rango constitucional. Y que, en definitiva, haya consenso en que se debe resguardar al viejito pascuero en Navidad y en que hay que orientar a los consumidores para que compren bien: de manera inteligente, protegida, organizada, a fin de evitar los abusos.
Es claro que las facultades del SERNAC siguen siendo blandas: no puede promover causas; casi no hay asociaciones de defensa de los consumidores, salvo CONADECUS. Y felicito y saludo a esta Corporación, que ha liderado esto a nivel nacional (en la Región del Biobío existen dos).
Pero resulta muy muy complejo defender a los consumidores: se requieren más recursos para ello.
Hace algunos años, cuando discutimos la iniciativa que dio lugar a la Ley del Consumidor, el artículo 51 hablaba de la "demanda temeraria". Y recuerdo que decíamos que si alguien quería demandar a Falabella porque una plancha que le había costado quince mil pesos salió mala, ello le saldría muy caro. Por lo tanto, existían mecanismos disuasivos.
Señor Presidente, quiero señalar que, en el transcurso de mi estadía aquí, en el Senado, he presentado once proyectos de ley en materia de fortalecimiento de los derechos de los consumidores, que se encuentran en la Comisión de Economía (yo la integro a partir de este año).
Hay una iniciativa de creación de un nuevo SERNAC.
Pero parece que en las Comisiones existen "regalones". ¡Y a algunas les encantan¿! A estos les ponen los proyectos en tabla, se los aprueban y se los promueven.
Está claro que yo no soy "regalón", porque ahí están detenidas mis once iniciativas, todas ellas muy interesantes. ¡Ninguna ha sido puesta en tabla!
Espero que ahora que el Ministro Luis Felipe Céspedes está en la Sala y que yo integro la Comisión de Economía, podamos comprometernos a incorporar el contenido de mis mociones por la vía de indicaciones en la propuesta legislativa que va a enviar el Gobierno sobre la materia, con el objeto de defender, de verdad, los derechos de los consumidores.
¿Cuáles derechos?
Por cierto, el cumplimiento de los requisitos estipulados en los contratos regulados; el establecimiento de plazo y condiciones para dar respuesta a los reclamos de los consumidores conforme a la ley -¡porque algunas empresas contestan cuando se les da la gana!-; la regulación de las condiciones para contratar personas que sufren discapacidad visual o auditiva, quienes también se ven afectadas.
En general, todo lo relacionado con la promoción de los derechos de los consumidores.
El peso de la prueba, por ejemplo.
Hoy quien tiene que demostrar que una plancha está mala es el consumidor. El peso de la prueba recae en el denunciante, lo que constituye un desequilibrio. ¡Vayan a pelear con el gran retail...! ¡A ver si una dueña de casa o un modesto trabajador puede enfrentarse al gigante para intentar demostrar que tal producto venía malo! El peso de la prueba debe hallarse en manos del que vende, cuando el aparato que ofrece no funciona.
Y así, suma y sigue, señor Presidente.
Otra de mis mociones para proteger a los consumidores dice relación con la determinación de aranceles en la educación superior y técnica.
Incluso, planteé una propuesta legislativa que buscaba evitar que los centros comerciales -afortunadamente, esto ya no sucede- cobraran por los estacionamientos y por el uso de los baños. Tales prácticas nos parecían un exceso.
Ahora, abocándonos al proyecto que nos ocupa, que incorpora un inciso segundo, nuevo, en el numeral 21° del artículo 19 de la Carta Fundamental, hay algo que me llama la atención, por lo cual voy a hacer reserva de constitucionalidad. Porque el cielo está lleno de gente bienintencionada, señor Presidente, y el infierno también.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- "Malintencionada", querrá decir.

El señor NAVARRO.- Cierto. Malintencionada: los malos.
El inciso propuesto señala: "Es deber del Estado resguardar los derechos de los consumidores que indique la ley".
¿Cuál es la novedad, entonces, si se protegerán solo los derechos "que indique la ley"?
Y agrega: "Dicha ley" -no hay otra interpretación: se trata de la ley, no de la Constitución; así que dejémonos de eufemismos- "deberá promover la educación de los consumidores" -eso está dicho y redicho- "para un consumo responsable y la elección libre e informada de los bienes y servicios, así como facilitar el acceso a procedimientos eficaces para el ejercicio de los derechos que en ella se consagren.".
¡Se hace una recomendación a la ley!
A mí me hubiera gustado que los derechos de los consumidores estuvieran resguardados de manera general. Porque cabe la posibilidad de que el comercio cambie en el futuro, dado que el consumo es creciente, abundante, dinámico.
Por ejemplo, estamos a punto de entrar en un proceso de finalización del actual sistema de internet, como lo ha informado el Ministro de Economía. De hecho, en Chile se realizará un evento muy importante a fin de mes sobre la materia, en atención a que los servidores internacionales ya se están agotando.
Por eso no me gusta la expresión "que indique la ley". Podría haberse usado una mejor redacción.
Y la oración "deberá promover la educación de los consumidores para un consumo responsable" constituye un elemento que ya está incorporado en la legislación.
Además, en esta materia se exceptúa lo relacionado con el recurso de protección. En efecto, en el artículo 20 de la Constitución se agrega, a continuación de la expresión "21°", la frase "con excepción de lo dispuesto en el inciso segundo".
Y el inciso segundo del artículo 20 dispone: "Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº 8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.".
Mi pregunta es: ¿hay recurso de protección para los consumidores? El derecho que nos ocupa ¿se puede defender con dicho recurso, por ejemplo, cuando una embotelladora saca un producto que causa daño a las personas? ¿No es posible acaso recurrir de protección a los tribunales si alguna entidad abusa de los consumidores?
Espero que esta reforma pueda generar debate. La Senadora Van Rysselberghe me replica: "¿Y toda la discusión que ya hubo?". Pero esta se efectuó solamente en la Comisión de Constitución, donde se encuentran los "iluminados", por decirlo de algún modo. Ese es el órgano técnico privilegiado, donde están los gurús del Senado. Todo se discute ahí. No es difícil...

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Le doy un minuto adicional para que concluya.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, voto a favor de esta iniciativa, porque la consagración constitucional es un avance.
No sé si habrá ocasión para cambiar la redacción en la referida Comisión. Al parecer, hay demasiados abogados ahí. No sé si el Senador Larraín es agricultor, abogado o ingeniero. Como sea, ojalá mejoren la redacción de la norma propuesta.
A mí me gusta más la frase "establecida en la ley" y no "que indique la ley". Cabe preguntar: todo aquello que no indique la ley ¿no estará garantizado ni protegido por el Texto Fundamental?
En cuestiones de esta naturaleza radica el debate de los constitucionalistas.
Yo quiero una nueva Constitución. La actual -¡maloliente, agotada, absolutamente putrefacta!- debe ser cambiada. Se requiere una nueva Carta, una de verdad, elaborada con participación ciudadana...

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- ¿Necesita otro minuto, señor Senador?

El señor NAVARRO.- Por favor, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Continúe.

El señor NAVARRO.- ¡Cuesta mucho ganarse este sillón aquí, para poder decir lo que uno piensa y representar los intereses de los ciudadanos!
Espero que la presente reforma constitucional dé la señal que quieren manifestar los autores de las mociones que la originaron: que los derechos de los consumidores quedarán consagrados en la Constitución de la mejor forma posible y que las leyes que harán respetar esos derechos serán las que los consumidores necesitan.
Ojala pronto iniciemos el debate sobre el proyecto que modificará la Ley del Consumidor, la cual debe proteger mucho más a los consumidores que a las empresas. Ya existen muchas normas que cautelan los intereses de estas últimas.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor PIZARRO.- (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, ¡qué pena que me toque intervenir después del Senador Navarro! He tenido que aludirlo, a través de la Mesa, en varias oportunidades en las últimas semanas con relación al mismo asunto.
Con harto cariño se lo vuelvo a decir, por su intermedio, señor Presidente: esta es la Constitución que todos juramos o prometimos aquí respetar...

El señor NAVARRO.- Yo prometí cambiarla.

La señora PÉREZ (doña Lily).- ... cuando asumimos nuestros cargos.
Entonces, para ser respetado, hay que respetar.
La Carta que nos rige es un pacto social y ha sido objeto de muchas modificaciones. Ahora, precisamente, estamos votando una reforma constitucional proconsumidor.
Al respecto, comparto los análisis de los Senadores Felipe Harboe e Iván Moreira, en cuanto a que resulta complejo formular enmiendas a la Constitución, como las que hoy nos ocupan, si ellas no se complementan con leyes orgánicas que regulen su funcionamiento; en este caso, la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
Cuando nos llegó el proyecto a la Comisión de Economía, convocamos a varios expertos y profesores en Derecho Constitucional y en Derecho Económico, como el señor Richard Tepper, de la Universidad de Valparaíso. Ellos nos hicieron ver algo que varios miembros del órgano especializado ya compartíamos: cierta preocupación respecto a cómo operar para que la norma no fuese letra muerta. Porque lo más importante al dictar una reforma constitucional es que la gente no se quede con la impresión de que se hicieron cambios que finalmente no incidirán en su día a día.
Es más o menos lo que pasó años atrás con la igualdad de salario para hombres y mujeres. Al final, es una ley que no se respeta, a pesar de ser un derecho constitucional.
Entonces, aquí la idea es que, en el marco de la defensa de los derechos de los consumidores, este reconocimiento constitucional no sea letra muerta y sí se cumpla, a fin de que no se judicialicen al máximo las disputas.
Por esa razón, en primer lugar, decidimos refundir ambos proyectos, originados en mociones.
En segundo término, después de escuchar la opinión de varios profesores de Derecho y de evaluar distintas alternativas, se resolvió sacar adelante esta materia y convertirla en una reforma constitucional.
Más que una declaración de intenciones, se busca hacer las modificaciones que realmente se requieren para transformar esto en una norma que fortalezca la defensa de los consumidores desde la Constitución.
Las adecuaciones que se podrán introducir durante la discusión en particular, que se iniciará inmediatamente después de darle luz verde a la idea de legislar, tendrán relación con los numerales y la técnica legislativa más apropiada para ubicar las disposiciones del proyecto en el lugar óptimo de la Carta Fundamental, a fin de no convertir esta propuesta en una mera declaración de buenas intenciones.
Dicho eso, señor Presidente -y usted conoce la materia, pues estuvo en la Comisión de Economía y contribuyó a la discusión de la iniciativa-, y salvando todas las dudas -más que diferencias- que manifestaron en su momento varios de los integrantes del órgano técnico, hago presente que me parece buena idea aprobar este proyecto en general.
Después y aplicando una adecuada técnica legislativa, se dará una buena ubicación dentro de la Constitución a las normas propuestas, con el propósito de que estas funcionen y de que no se genere frustración en la gente que va a utilizar tales disposiciones en defensa de sus derechos como consumidores.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, seré breve. Ya se ha discutido bastante sobre esta materia. Simplemente deseo subrayar la importancia de esta reforma, a la cual he contribuido como autor de uno de los dos proyectos que hoy estamos analizando y que se ha fusionado con el otro.
A mi juicio, efectuar esta discusión ha sido una buena decisión. Al mismo tiempo, destaco el trabajo que ha realizado la Comisión de Economía.
Con todo, respaldo el planteamiento que ha formulado el Presidente de la Comisión de Constitución, por una cuestión de ordenamiento, por la competencia específica de este órgano y por el hecho de que así se logra más unidad en el trabajo que se realiza en este aspecto. En ningún sentido eso menoscaba a otra Comisión. Así lo demuestra, por lo demás, la labor que se ha llevado a cabo. Dicha opinión obedece simplemente a un principio de orden institucional en nuestro Senado.
Sin embargo, pienso que lo central de esta reforma es abrir espacio en nuestra Constitución para una nueva generación de derechos económicos y sociales, que se van desarrollando en la medida que evoluciona nuestra sociedad.
En ese sentido, plantearse una mirada desde los consumidores es asumir una visión distinta del funcionamiento de la economía. Quizás, precisamente por la masificación de los procesos comerciales, hoy urge buscar cierto equilibrio entre las partes involucradas.
Por ello, regular estas materias se hace enteramente necesario.
En la actualidad, el ámbito de las actividades comerciales ya no es reducido, sino extraordinariamente amplio y masivo. Son miles, tal vez millones, las transacciones que se hacen permanentemente. Y la forma como esto se va desarrollando genera un espacio de resguardo jurídico que se debe precisar.
Probablemente, en el mismo concepto de "consumidores" deberíamos incorporar una serie de otras figuras o grupos de nuestra sociedad, como los afiliados a las isapres o los cotizantes de las AFP, por mencionar algunos ejemplos.
Ahora bien, la necesidad de darle rango constitucional a la protección de los derechos de los consumidores tiene una justificación: se trata de un principio que ya ha sido recogido por nuestro ordenamiento legal. Esto no es un invento, sino una realidad que cuenta con cierto desarrollo. El propósito de su consagración a nivel constitucional es definir con precisión el contenido de ese derecho, delimitarlo, señalar el ámbito de su funcionamiento, establecer cómo debe desarrollarse su ejercicio.
Me parece que ello es fruto de una maduración, que va en línea correlativa con un proceso similar que están teniendo otras legislaciones en todo el mundo. De hecho, en América Latina solo dos países no han dado grado constitucional a los derechos de los consumidores: Uruguay y Chile.
Por otra parte, es importante tal reconocimiento en la Carta Fundamental porque de alguna manera este proceso refleja valores que tienden a ordenar el ámbito normativo. Por lo mismo, sirve para su mejor resolución, incluso, a nivel jurisdiccional.
Tal derecho, finalmente, se estableció en el artículo 19, N° 21, inciso segundo, de la Constitución. En mi opinión, la solución adoptada, de las varias alternativas que se barajaron en la Comisión, es la correcta, aunque siempre será discutible determinar dónde quedará mejor consagrado un precepto de esta índole.
El inciso primero de la norma referida dispone el derecho de toda persona a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a ciertos elementos básicos (la moral, las buenas costumbres, el orden público, la seguridad nacional), y siempre respetando las normas legales que la regulen.
Pero esa garantía constitucional tiene una contraparte.
El derecho a desarrollar actividades económicas, sobre todo cuando se generan negocios de mucha cuantía o volumen -por ejemplo, los retails-, implica una contraparte: los consumidores, quienes están en el lado pasivo de la actividad, pero que también son sujetos de derecho. Me parece que ello justifica consagrar en la Carta algo que corresponde a un deber del Estado: la protección de los derechos de los consumidores.
Respecto a la observación que recién planteó el Senador Navarro, quiero decir que, entendiendo sus inquietudes, desde un punto de vista de la técnica legislativa el proyecto está bien resuelto: "Es deber del Estado resguardar los derechos de los consumidores que indique la ley.". Por cierto, la normativa vigente ha de recogerlos. De lo contrario, no hay cómo saber cuáles son esos derechos.
El colega preguntó ¿por qué no dice "que se establezcan en la ley"? Bueno, no hay mucha diferencia entre una y otra opción.
Lo que necesitamos es que, consagrado el principio, la ley lo precise. Como esto es evolutivo, la norma legal irá variando a través del tiempo, pero el principio constitucional se mantendrá igual.
Por último, la exclusión del recurso de protección se justifica, precisamente por la masividad que puede tener la aplicación de este derecho. Creemos que con los recursos ordinarios, más el amparo económico, se encuentra un camino de solución propicio y equilibrado.
A mi juicio, el texto que propone la Comisión, después de fusionar los dos proyectos originales, es adecuado, razón por la cual merece nuestro respaldo.
Por todas esas consideraciones, voto favorablemente la idea de legislar.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


El señor TUMA (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (31 votos) y, por no haberse presentado indicaciones, queda también aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

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El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Mensaje
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto del proyecto que extiende la cobertura del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles creado por la ley N° 20.765 (boletín N° 9.668-05).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Hago presente a la Sala que sobre este asunto se adoptó un acuerdo: el Gobierno accedió a mi petición de quitar la calificación de urgencia de "discusión inmediata", siempre que nos comprometiéramos a tratar la referida iniciativa en la primera semana de noviembre. La Comisión de Hacienda la analizaría el martes siguiente a la semana regional, y ese mismo día o el miércoles, a más tardar, sería votado por la Sala.
Debía reiterar a la Sala este acuerdo.
Por eso pedí al Ejecutivo que quitara la "discusión inmediata". Se puso "suma urgencia". Pero el compromiso es el que señalé.
El referido proyecto lo verá la Comisión de Hacienda, la cual, según entiendo, quiere realizar una sesión prolongada. Y el Ministro de Hacienda confirmó su asistencia.
Si se logra despachar el informe durante la mañana de ese martes, lo pondremos en la tabla de la sesión ordinaria de la tarde. De lo contrario, lo discutiremos al día siguiente.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa también dos solicitudes de permiso constitucional:
De la Senadora señora Van Rysselberghe, para ausentarse del territorio de la república a contar del 26 del presente, y del Senador señor Araya, a partir del 29 del mismo mes.
--Se accede.



REGLAMENTO DE REGISTROS DE AGENDA PÚBLICA Y DE LOBBISTAS Y DE GESTORES DE INTERESES PARTICULARES DEL SENADO


La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde continuar la discusión general del proyecto de acuerdo que aprueba el Reglamento de los Registros de Agenda Pública y de Lobbistas y de Gestores de Intereses Particulares del Senado, con informe de la Comisión de Ética y Transparencia.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.742-09) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 56ª, en 15 de octubre de 2014.
Informe de Comisión:
Ética y Transparencia: sesión 56ª, en 15 de octubre de 2014.
Discusión:
Sesión 57ª, en martes 21 de octubre de 2014 (pendiente discusión en general).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero recordar que ayer la Sala acordó votar en general este proyecto de acuerdo durante la sesión de hoy.
Por lo tanto, en su momento llamaremos a los señores Senadores que están en las Subcomisiones de Presupuestos para que emitan su pronunciamiento.

Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, por el mismo motivo que usted acaba de dar, sugiero que no adoptemos ningún acuerdo; que iniciemos el homenaje a don Emilio Filippi, mientras concluye el trabajo de las Subcomisiones de Presupuestos, y que recién en ese momento cumplamos la resolución adoptada en el sentido de votar en general el proyecto de acuerdo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa no tiene ningún inconveniente. Sin embargo, debo reiterar que el acuerdo de votar en esta sesión se fundamenta en el hecho de que debemos cumplir un plazo reglamentario.

El señor PIZARRO.- Yo no estoy diciendo que no votemos, sino que si Su Señoría pide el acuerdo de la Sala en este instante no va a conseguirlo, caso en el cual tendría que suspender la sesión.
No es eso lo que buscamos: la idea es disponer de tiempo suficiente para que los colegas que no están voten en el momento oportuno y cumplamos el compromiso contraído.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, me gustaría saber si las Subcomisiones de Presupuestos están trabajando en este minuto. Porque si es así, lo procedente es suspender la sesión y abrir la votación del proyecto de acuerdo sobre reglamento del lobby cuando ella se reanude, tras llamar durante algunos minutos a los Senadores que se hallan en dicha instancia.
Insisto en que el problema que nos aflige es la limitación de tiempo para sacar nuestro reglamento. Porque falta todavía el pronunciamiento de la Cámara de Diputados sobre el suyo, lo que, según entiendo, ocurrirá mañana.
Las indicaciones deberían estar disponibles los primeros días de noviembre -entiendo que se fijará plazo hasta el lunes 3-, para que luego la Comisión de Ética y Transparencia trabaje en la discusión particular, durante la cual habrá que corregir algunas normas.
No sé cuántos Senadores se encuentran en las Subcomisiones, pero lo cierto es que necesitamos su presencia en la Sala.
En tal sentido, señora Presidenta, le pido suspender la sesión; que en seguida convoque a dichos colegas para que vengan a votar, y que luego se rinda el homenaje a que se refirió el Senador Pizarro.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Ello es factible, pero aclaro que no estoy propiciando un nuevo acuerdo, sino procurando que se cumpla el que se tomó en la sesión de ayer, durante la cual se explicaron las razones por las que importa tanto votar el proyecto de acuerdo sobre reglamento del lobby.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
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--Se suspendió a las 18:29.
--Se reanudó a las 18:35.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Continúa la sesión.
Vamos a abrir la votación. Ciertamente, quien lo desee podrá fundamentar su pronunciamiento.
En votación general el proyecto de acuerdo.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, intervendré muy brevemente, quizás más con un fin informativo.
El proyecto de acuerdo sobre reglamento del lobby se inscribe dentro de la obligación que tiene el Senado, y el Congreso en general, de adaptar las normas necesarias para la aplicación de una ley vigente. Y el plazo para que entre en vigencia nuestro reglamento es el 29 de noviembre.
El trabajo efectuado por la Comisión de Ética y Transparencia fue lo más prolijo que se pudo. Hicimos una consulta ciudadana. Y, probablemente, el reglamento propuesto todavía tiene muchos elementos que deben corregirse. Es más: el texto que aprobemos también será objeto de muchas modificaciones posteriormente, una vez que tengamos la experiencia de la aplicación de la normativa que contiene, la cual, como todos sabemos, es muy compleja y difícil de llevar adelante.
Pero debemos hacer el esfuerzo.
Por eso, invito a Sus Señorías a que aprobemos en general el reglamento que elaboró la Comisión de Ética y a que se abra plazo para la presentación de las indicaciones correspondientes, el cual, para que el articulado entre en vigor el 29 de noviembre, no debe pasar del lunes 3 de ese mes.
Sobre la base de dichas indicaciones, queremos concordar con la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, en una suerte de comisión mixta, las normas del reglamento que debe entrar a regir en cada Corporación. Ello, para tener un texto similar en las cuestiones centrales. Porque, como ya lo señalé, hay otras propias de cada Cámara.
Ese trabajo lo traeríamos de vuelta a la Sala para la aprobación definitiva. Para ese momento esperamos haber avanzado también en toda la implementación administrativa que ya están trabajando las Secretarías Generales de la Cámara de Diputados y del Senado.
Por todas esas razones, y creyendo que se ha hecho un trabajo razonable, que esperamos sea mejorado con las indicaciones de Sus Señorías, voto a favor de este proyecto de acuerdo, que ojalá sea despachado unánimemente.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, las normas que contribuyen a la transparencia de la cosa pública son importantísimas.
El regular la relación entre intereses y tomadores de decisiones públicas es muy significativo.
Han sido parte del debate político nacional las relaciones entre la plata y la política, entre los intereses económicos y la política.
Una parte de la discusión es lo que se ha visto en la prensa hasta el día de hoy, que dice relación con el financiamiento de las campañas. La otra tiene que ver con el tráfico de influencias.
Nadie está en contra de que haya personas e instituciones con intereses.
Eso no es perverso.
Es natural que un sindicato tenga sus intereses. Es natural que también tenga intereses una empresa que impulsa la energía solar. Es natural que diferentes actores de nuestra sociedad promuevan sus intereses, en particular hacia los diferentes actores del Estado, y entre ellos, aquellos a quienes, por mandato constitucional, debemos regular mediante las leyes de la república.
El reglamento que nos ocupa contribuye a lo que nos interesa a todos: a mejorar la transparencia de nuestras conversaciones, de nuestros contactos.
El Senador Larraín indicó que la Comisión de Ética y Transparencia trabajó para proponernos un texto. Estamos en la discusión general. De modo que tendremos que ver cómo perfeccionarlo.
Probablemente, con la práctica -tal como lo han hecho otros países- iremos perfeccionando los registros que generaremos, entendiendo cuándo se trata de conversaciones que deben ser de conocimiento público y por tanto el Senador tiene la responsabilidad de dar cuenta de ellas, y cuándo son de pasillo o fortuitas y no han de registrarse.
Sin embargo, lo importante aquí es que iniciaremos un cambio cultural.
Tendremos algunos desaciertos; también, aciertos. Pero considero muy relevante que avancemos en la generación de este nuevo instrumento, que permitirá más transparencia en la política.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, ya lo planteamos ayer: está claro que tanto la ley que regula el lobby cuanto su reglamentación tienen aspectos que seguirán perfeccionándose en el tiempo.
Necesitábamos una ley de lobby: la creamos.
Necesitábamos un reglamento concordado entre ambas ramas del Parlamento.
Otros Poderes del Estado también deberán tener uno. Por ejemplo, el Poder Judicial.
Sin embargo, subsiste una contradicción que creo que puede alcanzar ribetes constitucionales.
La Ley de Lobby consigna que han de declararse los pasajes, las invitaciones, los regalos.
Si a uno le regalan una lapicera de cierto valor, el que será determinado por el reglamento (1, 2 unidades tributarias mensuales; 80 mil pesos), tendrá que declararlo.
Empero, subsiste mientras tanto la ley de financiamiento de campañas electorales, que permite donar a un candidato a parlamentario cientos de millones de pesos, o sea, centenares de miles de dólares: ¡un millón!
No me cuadra, señora Presidenta.
Porque al final la Ley de Lobby quiere transparentar la relación entre la política y el dinero, los conflictos de interés, las relaciones comerciales. Es decir, quiere que la política esté alejada del dinero. Sin embargo, mantenemos una ley sobre financiamiento de gastos electorales que establece que es legal que 300 empresas -lo señaló el SERVEL, y fue publicado por el diario La Tercera el domingo pasado- hayan estado entre los donantes a campañas.
¡No hay filantropía en esas donaciones!
No veo por qué Celulosa Arauco, ENDESA, las pesqueras industriales de mi Región vayan a donar plata a las campañas.
¡No es filantropía! ¡Ahí hay interés y hay secreto!
La Ley de Lobby no me cuadra.
Por ejemplo, cuando revisemos la Ley de Pesca y vengan las pesqueras al Senado tendremos que declarar con quiénes nos reunimos.
¿Eso elimina el conflicto de interés? ¡No lo elimina! El conflicto de interés reaparece cuando una pesquera vuelve a donarle en secreto al parlamentario que haya votado a favor de sus intereses. Porque, legítimamente, la ciudadanía puede hacer la relación en el sentido de que en la reunión de lobby no le regalaron ni un reloj, ni una lapicera, ni un viaje al exterior, pero sí, secretamente, le pondrán cientos de millones de pesos para su campaña electoral.
Entonces, yo no sé si existe contradicción entre la ley sobre financiamiento de las campañas y la que regula el lobby, ¡que exige transparencia para todo, menos para las platas de las campañas¿!
No me cuadra, señora Presidenta.
Ayer me convencí de que tenemos una contradicción que debemos aclarar. Mientras exista una normativa que ponga secretismo, que oculte el origen de los dineros para las campañas, la Ley de Lobby no significará nada, y su reglamento, menos aún. Porque, en definitiva, lo mayor, lo más pernicioso, esto es, el financiamiento de las campañas, que permite la llegada de parlamentarios a este Hemiciclo, permanece en secreto, mientras todo lo demás debe ser público.
¡Ello significa reírse, burlarse de la ciudadanía! ¡Es atentar contra el razonamiento mínimo de la gente!
Voy a votar en contra solo para dejar testimonio de que se trata de una contradicción insalvable. No puede haber Ley de Lobby ni reglamento que regule esta actividad mientras persistan las donaciones secretas a las campañas. Son absolutamente contradictorias. Se inhabilitan. O existe una o existe la otra: o hay donaciones secretas y por lo tanto dejamos fuera la Ley de Lobby, o hay Ley de Lobby e incluimos la transparencia de las donaciones a las campañas.
Yo soy partidario de eliminar las donaciones de las empresas, e incluso, las donaciones de los privados.
Porque ¿qué diferencia hay entre que done 50 o 100 millones el dueño de una pesquera y que la donación sea hecha por la empresa? ¿Se diluye el conflicto de intereses si aquella es realizada por uno u otra? No: permanece.
Por tanto, como estamos sometidos al escrutinio público permanente y como sé que en todos existe la voluntad positiva de intentar aclarar, yo solo espero la llegada de la indicación sobre las penas de cárcel para el lucro en la educación, y asimismo, el arribo del proyecto que prepara la Ministra Ximena Rincón. Con el entonces Senador José Antonio Gómez, hoy Ministro de Justicia, presentamos en 2012 una iniciativa de ley; yo lo hice el 2008, y también el 2003. No hemos tenido éxito.
Reitero, pues, que la contradicción explicitada es insalvable y que constituye una incoherencia -así lo he asumido- votar a favor de este reglamento de transparencia cuando el elemento central del financiamiento a las campañas permanece en secreto.
Por tanto, voto en contra.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?


La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto de acuerdo (15 votos a favor y uno en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Lily Pérez y los señores Araya, Chahuán, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Pizarro, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votó por la negativa el señor Navarro.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Allamand.
Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones.

El señor LARRAÍN.- No hay quórum, señora Presidenta.

El señor PIZARRO.- Esperemos un rato.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si llegaran pronto más Senadores podríamos tomar el acuerdo respectivo ahora.
Debo subrayar que no tenemos quórum para adoptar acuerdos porque varios parlamentarios están trabajando en las Subcomisiones de Presupuestos. Y es bueno aclararlo -sobre todos para los ciudadanos que siguen fielmente el desarrollo de nuestras sesiones por el Canal del Senado-, pues quienes ven la Sala vacía pueden no entender lo que ocurre realmente.
En este momento, Sus Señorías, tenemos quórum para adoptar acuerdos.
¿Le parece bien, Senador señor Larraín, el lunes 3 de noviembre, a las 12?

El señor LARRAÍN.- Conforme.
--Se fija el lunes 3 de noviembre, a las 12, como plazo para presentar indicaciones.

VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
Del señor BIANCHI:
Al señor Tesorero General de la República, para solicitar NUEVO PRONUNCIAMIENTO SOBRE OTORGAMIENTO DE BONO POSLABORAL ESTABLECIDO EN LEY N° 20.305 A DOÑA MARÍA AGUILAR BRAVO.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro del Medio Ambiente, pidiéndole información en cuanto a PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
Del señor PROKURICA:
Al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería, requiriéndole COMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN RESPUESTA A OFICIO DEL SENADO N° 834/SEC/14.

HOMENAJE EN MEMORIA DE DON EMILIO FILIPPI MURATTO

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se rendirá homenaje a don Emilio Filippi Muratto, quien fue destacado periodista, fundador y director del diario La Época.
Saludo, en nombre del Senado, a la señora Jeanette Fontaine de Filippi, quien se encuentra en las tribunas.
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- En primer lugar, señora Presidenta, quiero saludar a la señora Jeanette y a don Fernando, quien la acompaña.
Estimados colegas:
Don Emilio Filippi Muratto -"Don Emilio": así le decíamos quienes tuvimos la suerte de conocerlo- nació en Valparaíso, en el barrio Almendral, el 8 de noviembre de 1928.
Inició su carrera profesional en el periódico La Voz, de la comuna de Villa Alemana, del que llegó a ser Subdirector.
También dirigió los diarios Crónica y El Sur, de Concepción. Y, como dijo nuestra Presidenta, fue fundador del diario La Época: a través de este medio, su testimonio de libertad y de democracia resultó crucial en los años 1985 a 1990.
Pero tal vez fue más fuerte su impronta como Director de la revista Ercilla, a la que convirtió en referente del periodismo político nacional, y de la revista Hoy, cuya fundación gestó en 1976 y donde dio testimonio de defensa de la libertad de expresión en los años más duros de la dictadura.
De Emilio Filippi hoy se recordarán su trayectoria y los reconocimientos que se le hicieron -nacionales e internacionales-, partiendo por el Premio Nacional de Periodismo, en 1972, en pleno Gobierno de la Unidad Popular, y pasando por el Premio Rey de España, en 1983; por el World Press Review, de Nueva York, en 1984, y por tantos otros premios y homenajes que recibió a lo largo de su dilatada trayectoria profesional.
Don Emilio fue el redactor de la Carta Ética Periodística, aprobada por el Congreso Nacional de la Orden efectuado en Arica en 1968.
Sin duda, lo importante es hablar del legado de don Emilio Filippi.
En tal sentido, siguiendo el homenaje que le rindió Abraham Santibáñez, otro de los grandes periodistas de Chile, podemos decir que, de las muchas lecciones que deja la vida profesional de Emilio Filippi, resulta adecuado destacar su inmenso amor a la libertad, el que no es algo exclusivo de él: en nuestro país, desde los tiempos de fray Camilo Henríquez, los profesionales de las comunicaciones han sido incansables defensores de la libertad, y en especial de la libertad de expresión.
En esa materia, don Emilio no hizo concesiones. En sus comentarios y en sus editoriales denunció de manera implacable los abusos, tanto de Izquierda cuanto de Derecha, en todo el orbe.
Lo mismo hizo ante los atentados contra la libertad de expresión cometidos bajo el Régimen militar.
Ello, sin duda, le valió duras críticas y no pocas amenazas. Los medios de comunicación que dirigía fueron castigados con una sequía publicitaria, independiente de si eran de calidad y de si tenían grandes niveles de circulación.
Pero don Emilio no claudicó. Por el contrario, no vaciló en salir al escenario mundial para defender el derecho de los periodistas a entregar "la verdad sin compromiso".
En ese campo fue un predicador incansable. Y se convirtió en un maestro para generaciones de colegas y de estudiantes de periodismo.
Su vasta obra, resumida en una docena de libros y en horas de clases, sigue plenamente vigente.
En sus textos apuntó siempre a la búsqueda del equilibrio entre la libertad y la responsabilidad. Lo veía como un desafío constante en el periodismo.
¡Por Dios que hace falta hoy ese sentido en nuestro país!
Así lo resumió hace algunos años, en una charla titulada Problemas éticos en el periodismo del Chile actual:
"Quienes me conocen saben que jamás pediría que se restrinja la libertad de expresión ni se disminuyan los fueros del periodismo. Pero, con la misma convicción, debo insistir en la necesidad de que los periodistas sepamos asumir la responsabilidad por nuestros actos y que fortalezcamos los órganos reguladores de las conductas éticas de quienes tienen la hermosa y significativa misión de informar, orientar y defender los derechos de las personas en una sociedad democrática. Es el aporte que le debemos a Chile, y que el país espera de nosotros, en momentos en que a nuestros difíciles problemas económicos emergentes se agrega un serio deterioro moral en nuestras costumbres".
Emilio Filippi era democratacristiano de corazón. Por eso su amistad con el ex Presidente Eduardo Frei Montalva, que se alimentaba en el respeto mutuo.
Lo mismo ocurría con otros próceres de los años más difíciles de la democracia en nuestro país y del propio Partido Demócrata Cristiano.
Pero su militancia nunca le impidió abrirse al diálogo con otros credos políticos. Jamás impuso sus ideas a quienes trabajaban con él, a los que instaba a compartir sus ideales con su ejemplo, su generosidad y su tolerancia.
Quiero destacar otra faceta de su persona.
Emilio Filippi era un demócrata, amante de la libertad de expresión, buscador incansable de la justicia; un humanista integral, de trato y relación respetuosos. Los profesionales que llegaron a trabajar con él y que hoy destacan en distintos ámbitos pueden dar testimonio de aquello.
Fue formador de periodistas ceñidos a una ética profesional estricta. En los medios de comunicación que dirigió no permitía que se publicara ninguna información que no tuviera respaldo en una fuente o en un hecho verificable.
Era respetuoso de la persona humana, aun en el caso de quienes fueron sus más duros adversarios.
Su testimonio y su vocación humanista cristiana los plasmó en cada medio que dirigió o fundó.
Emilio Filippi era un hombre correcto; de profunda formación intelectual; ponderado en sus juicios, pero enérgico e intransable si de defender la libertad de expresión se trataba.
La Democracia Cristiana, nuestro partido, tiene en Emilio Filippi un ejemplo de vida, de ejercicio profesional honesto, de periodista valiente y audaz, de defensor de la libertad. Pero, sobre todo, tiene el testimonio de vida de un hombre integral, como diría Jacques Maritain.
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, Honorables colegas, estimada familia de don Emilio:
Conocí a don Emilio Filippi a principios de los años 80, cuando empezaba a despuntar la apertura hacia la democracia, en medio de protestas ciudadanas y de un Régimen militar que, paralogizado, bruscamente advertía que los acontecimientos se estaban empezando a desarrollar fuera de control.
Me invitó a participar en unos inéditos desayunos organizados por la revista Hoy. Inéditos -luego tuvo varias imitaciones-, porque a don Emilio se le ocurrió juntar a un grupo, en ese entonces, de jóvenes -o no tan jóvenes- políticos, bajo una premisa: la vuelta a la democracia requería recuperar, o mejor dicho, generar confianza.
"¡Qué mejor" -me dijo en cierta ocasión- "que reunir una vez a la semana a un grupo de personas a intercambiar opiniones, a realizar análisis, a debatir, a argumentar, a contrargumentar!".
¿Y quiénes éramos? De los que me acuerdo: Ricardo Núñez, Eduardo Loyola y Osvaldo Puccio, todos de un Partido Socialista entonces muy fragmentado; Gutenberg Martínez, siempre tejiendo algo desde la testera o desde la trastienda; Mario Papi e Isidro Solís, cuando a la Social Democracia y al Partido Radical aún los separaba el pasado; José Tomás Sáenz, de un Partido Humanista que dio que hablar y aportó mucho; Hernán Larraín, cuando todavía no era de la UDI, en fin. O sea, un lote grande y, como dicen algunos, variopinto.
Nunca fue necesario señalar que cuanto allí se conversaba quedaba en la intimidad de las cuatro paredes. Cualquier filtración se habría considerado lo que era: una traición más o menos solapada. En este caso habría sido, además, una ofensa inaceptable a don Emilio, una forma de traicionar su respeto y, por supuesto, su confianza.
Alguna vez le pregunté por esos desayunos. Y recuerdo muy bien lo que me dijo: "Esta revista -escúcheme, Andrés- va a hacer todo lo que esté en su mano porque Chile vuelva a la democracia. Es un esfuerzo que va más allá del periodismo". Y después me confesó: "Además, me entretengo mucho con ustedes, cabros".
Mi antecesor en el uso de la palabra recordó muy bien los grandes méritos de don Emilio; sus merecidos premios y sus galardones; su trayectoria en múltiples medios, y, según se expresó, su destacado rol como impulsor, director, gestor, financista y cuanto fuera necesario para que prevalecieran la revista Hoy y el diario La Época.
Ambos medios fueron abriendo espacios, entregando información, señalando rumbos en un período muy complejo de la vida de nuestro país.
Señora Presidenta: informaban cuando era difícil hacerlo, opinaban cuando era temerario hacerlo.
¿Era el de don Emilio un periodismo de trinchera? No en el sentido tradicional. Era, por supuesto, un periodismo comprometido, con valores, pero que sabía diferenciar: una cosa es la información y otra la opinión; cuando ambas se mezclan, como el engrudo, es el periodismo el que retrocede.
Durante muchos años -a veces, en sordina; a veces, a voz en cuello-, don Emilio fue criticado por algunos de los más fervorosos lectores de los medios que dirigía. ¿Qué provocaba tal paradoja? No le perdonaban un libro particularmente crítico de la Unidad Popular y cuyo nombre lo decía todo: Anatomía de un fracaso, que escribió a cuatro manos con el propio Hernán Millas.
Tal como lo expresa, en una columna reciente, Ascanio Cavallo, quien se forjó como periodista a su alero, don Emilio, "habiendo apoyado el golpe de Estado, se convirtió rápidamente" -y la cita es textual- "en el mayor acorazado de la libertad de prensa y será recordado como un gran luchador de la democracia, uno de los tótems del periodismo chileno del siglo XX".
Consigno el episodio simplemente para que al menos en el Senado no prevalezcan las visiones simplistas y superficiales de la historia y del pasado de Chile, en que se entrelazan siempre la profunda complejidad y el hondo dramatismo.
Y cierro esas palabras repitiendo, de nuevo, las de Ascanio Cavallo, quien me autorizó para tomarlas prestadas. Cito: "El día en que los periodistas seamos perfectos se habrá acabado el periodismo. Si los defectos de Filippi pudiesen ocupar algunas páginas, ni una de ellas tendría más peso moral, más coraje público y más densidad profesional que las que ya registran su paso por la inteligencia pública de Chile".
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señora Presidenta; estimados colegas; familiares, amigos y colaboradores de don Emilio:
Intervengo en representación de los independientes de la Nueva Mayoría, del Movimiento Amplio Social, del Partido por la Democracia y del Partido Socialista.
Todos los que fuimos lectores de la ya desaparecida revista Hoy o trabajamos en ella recordamos una frase: "Estoy en completo desacuerdo con tus ideas, pero daría gustoso la vida por defender tu derecho a expresarlas". La declaración de Voltaire, iluminador de la Revolución Francesa, precedía cada edición de la publicación, liderada por Emilio Filippi Muratto, durante los trágicos años de la dictadura militar.
Los momentos de mayor trascendencia pública de Emilio Filippi como periodista los vivió probablemente tras el golpe de Estado, cuando se alteró profundamente el ejercicio del periodismo, al igual que muchas otras actividades de la vida nacional. Fueron tiempos en que la verdad no superaba la exigencia de adhesión, en que la libertad de expresión se entendía como subversión, en que la crítica se castigaba con censura, prisión, muerte o exilio. Es preciso entender la época para valorar a Emilio Filippi, quien jamás se resignó a un rol sumiso y se erigió, junto con un grupo de profesionales y trabajadores de la prensa, en defensor de la libertad de expresión y de un periodismo independiente y serio.
Como director de la revista Ercilla y siendo un activo militante de la Democracia Cristiana, les dejó espacio a periodistas destacados de las más diversas corrientes de opinión, pero que coincidían en ese último objetivo. Fue una impronta que mantuvo en todos los medios de comunicación que dirigió, antes y después de tan trágico episodio en nuestra historia republicana.
Sin embargo, cuando se comenzaron a hacer visibles las sistemáticas violaciones de los derechos humanos, Filippi y su gente endurecieron la línea de defenderlos, una decisión que les valió caer en desgracia ante el poder de facto.
Esta independencia tuvo, además, altos costos personales. Corría el año 1977 y la DINA campeaba en Chile y tejía su red de terror por Sudamérica. La represión y el miedo se acrecentaban con impudicia y hasta la complacencia de muchos. En ese clima de aberración se digitó la operación para sacar a Emilio Filippi de los espacios periodísticos, para lo cual las autoridades de la época obligaron a un grupo de empresarios afines a comprar la revista Ercilla y forzar la renuncia del director o al menos obtener su rendición. Este renunció y fue seguido por sus colaboradores.
Pocos días después, un grupo de 500 personas se reunían en el ya desaparecido restaurante El Parrón, en Providencia, un mítico lugar de encuentro de periodistas y políticos. Ello se transformó en uno de los primeros actos de disenso público tras el golpe de Estado. Esa noche, Filippi aseguró que el grupo de periodistas, tan plural, no se iba a doblegar.
Así fue que el 1º de junio de 1977 anunció la creación de la revista Hoy, bajo el lema "La verdad sin compromisos". Definió, entonces, los dos principios que regirían al nuevo semanario: la verdad y la adhesión a la Carta Ética de los Periodistas -la redactó el propio Emilio Filippi, siendo Presidente del Colegio de la Orden en 1968-, y la voluntad de conservar la independencia y no someter la verdad a la tiranía de los intereses creados.
Prometió un trabajo sereno, ponderado y serio. Dejó claro que la revista Hoy no buscaría enfrentar al régimen militar. Nunca aceptó los periodismos de trinchera. Su propósito era hacer lo que sabía: una labor independiente, de calidad. Pero, en medio de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y de la pérdida de la racionalidad política, el semanario se convirtió inevitablemente en un vocero de la disidencia, en un espacio de encuentro de quienes no lo tenían en el ámbito de la representación, mas también de muchos chilenos de otras ideas políticas que comprendían el drama del país y estaban dispuestos a dialogar, a buscar consenso, a generar amistad cívica para preparar el camino a la democracia.
La reacción de la dictadura fue casi inmediata. El 22 de junio de 1979 llegó la primera censura. Dos meses de castigo. Cuando reapareció la revista Hoy, con más fuerza que nunca, Filippi expresó en su editorial: "es inconcebible que la libertad de prensa quede sometida al arbitrio de la autoridad administrativa, a sus criterios personales acerca de lo que conviene o no saberse u opinarse".
Trabajaba ya, en reserva, con un grupo de periodistas jóvenes, en un nuevo proyecto: dotar a Chile de una prensa diaria. La Época sería un periódico que saldría a buscar las noticias que otros ocultaban. Sin embargo, bajo una dictadura que no cedía, el camino fue difícil. Comenzó una larga y tediosa batalla en los tribunales de justicia, que solo concluyó cuando el plebiscito de 1988 estaba ad portas.
Con el retorno a la democracia pareció que se acabarían todas las limitaciones de la libertad de expresión. El Presidente Aylwin anunció la pronta promulgación de su primera ley: aquella que la consagraría. Fue optimista. Finalmente fue el Presidente Lagos quien pudo poner la firma al proyecto.
Todos o casi todos los medios de comunicación creados para defender la democracia durante la dictadura militar desaparecieron en pocos años. En 1998 llegaron a su fin La Época, que venía extenuada, y algo después la revista Hoy. Los gobiernos democráticos estimaron que la mejor política de comunicación era no tener política de comunicación y que el mercado iba a decidir qué medios sobrevivirían. En un mercado oligopólico, muchos altos funcionarios de las sucesivas Administraciones negociaron los avisos de publicidad esperando un buen trato personal
En el clima promercadista, los medios de comunicación pasaron a ser, en muchos casos, instrumentos puestos al servicio de grupos de poder empresarial. El periodismo de interpretación involucionó a un periodismo de operación política. Muchos colegas pasaron a ser unos alfiles más en la tabla del juego del poder. La farándula también hizo lo suyo para erradicar el periodismo serio e independiente que profesaba Filippi.
Quiero compartir con ustedes mi gratitud personal a don Emilio, quien me permitió hacer la práctica profesional en la revista Hoy, uno de mis primeros empleos, y donde incluso debuté como redactor político.
Porteño de nacimiento, italiano de sangre y temperamento, Emilio Filippi dio al periodismo chileno dignidad e independencia. Su carácter autónomo, orgulloso y digno maduró al calor de una vida difícil, precaria y desafortunada, y que explica su grandeza. Cuando tenía poco más de un año, murió su padre, Enrique Filippi, genovés de origen. Fue su madre, Elisa Muratto Morán, quien tuvo que hacerse cargo de los seis hijos, de los cuales Emilio era el menor. Esta situación precaria y su talento innato le permitieron acceder a una beca de estudios en los Padres Franceses, de calle Independencia, en Valparaíso. Allí emergió su vocación de periodista.
Filippi se forjó en los talleres de prensa y en la calle. Su pasada por la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del puerto fue distinguida, pero fugaz. Su vocación de periodista pudo más. En abril de 1948 debutó en La Unión, donde fue reportero policial, de tribunales, cubrió frentes y aterrizó en la sección política. Se jactaba, sin embargo, de no haber caído en el periodismo de deportes.
En 1954 partió a El Sur, de Concepción. La consolidación como una figura nacional se forjó allá, en provincias, tras el terremoto de 1960, cuando el periódico, pese a la destrucción casi total del edificio y de los talleres, no dejó de circular ni un día.
Su llegada a Santiago se hizo notar de inmediato. Bajo su liderazgo, la revista Ercilla adquirió el formato Time y marcó el debut, en Chile, del periodismo interpretativo, del que ponía la noticia en su contexto, del que perseguía un propósito explicativo.
Con ese temple, con esa serenidad, con esa calidad, enfrentó todos los desafíos de su tiempo. Cuando ya a fines de los años sesenta se desataba la polarización, se apagaba el intercambio de opiniones y se exacerbaban los ánimos, nunca perdió la fe y llamó siempre a recuperar el diálogo. Ello lo promovió junto con Luis Hernández Parker y el equipo de Ercilla; Abraham Santibáñez, también un maestro; Andrés Sabella, nortino; Hernán Millas; Guillermo Blanco; Enrique Cid; Erica Vexler; Heliodoro Torrente, reportero gráfico. No fue escuchado. Pero en 1972 se le otorgó el Premio Nacional de Periodismo. Era ya un referente moral de la vida nacional.
Recordar a estos viejos maestros del periodismo chileno debería servir a las nuevas generaciones de hombres y mujeres de prensa y para rescatar los más profundos valores éticos de una profesión que solo puede entenderse como un eterno malestar de los poderosos. El periodismo surge con el Estado liberal, fundado en las libertades y los derechos de los ciudadanos. Filippi, Millas, Hernández Parker, Lenka Franulic, Mario Gómez López, eran periodistas que, lejos de querer ser protagonistas de sus crónicas, en particular buscaron ser los ojos aguzados y la voz fuerte de una sociedad en la cual los asuntos de todos pasan a ser materia de crítica y cuestionamientos, de control ciudadano, en definitiva.
Al maestro, mi reconocimiento.
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- De esta forma, el Senado ha querido rendir un homenaje en memoria de quien fue un destacado periodista y gran defensor de la libertad de prensa y de opinión, como se ha recordado.
Saludamos nuevamente a la señora Jeannette Fontaine por acompañarnos.
Muchísimas gracias a quienes han estado con nosotros.

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La señora ALLENDE (Presidenta).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.


FALTA DE PERSONAL DE SALUD EN REGIÓN DE LOS LAGOS. OFICIO

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, durante las últimas semanas, los funcionarios del hospital de Castro han realizado varias manifestaciones, protestas y paros, como una forma de poner en evidencia la seria falta de personal y recursos que afecta a ese centro asistencial.
Pocos días atrás, primero las matronas y luego las enfermeras del hospital de Puerto Montt también hicieron ver su malestar por la dotación insuficiente, la disparidad de salarios para una misma función y la precariedad de los contratos.
Una dificultad adicional que igualmente se vive en esta última ciudad radica en la urgente necesidad de una importante cantidad de funcionarios para garantizar el correcto funcionamiento del nuevo centro asistencial de la Región, inaugurado en febrero recién pasado por el Presidente Piñera, pero que aún no logra satisfacer los requerimientos mínimos de personal para operar en su totalidad.
Las situaciones recién descritas son solo el ejemplo, lamentablemente, de un problema que se está presentando en los distintos centros de salud del país, así como en el sistema de atención primaria: no se dispone de médicos, profesionales no médicos y técnicos suficientes para asumir la demanda por atención.
Se entiende que la carencia se origina en la limitación de recursos que afecta al ámbito de la salud pública. No es menos cierto que nuestro sistema universitario no ha sido capaz de proveer de bastantes profesionales para satisfacer el importantísimo crecimiento en materia de infraestructura y, por tanto, de cobertura que ha tenido y tendrá el sector. Pero ya es hora de hacer frente a la situación.
El Gobierno comprende perfectamente la necesidad de mejorar la calidad en la atención de salud pública y, sobre esa base, ha planteado un ambicioso plan de inversión en infraestructura.
Sin embargo, la única forma de que esta última impacte positivamente en la salud de la comunidad es contando con los equipos humanos necesarios y debidamente capacitados para hacerse cargo de la tarea.
Por desgracia, el mercado parece ser hasta hoy el único regulador de la oferta profesional y técnica en salud. Por ello, la reforma educacional debe enfrentar el desafío de cambiar el paradigma vigente y entregar al país profesionales con vocación de servicio, sin que por ello olviden sus legítimas aspiraciones de bienestar personal.
Abundan las críticas respecto de la calidad de las remuneraciones ofrecidas, pero también las dirigidas, con bastante fuerza, contra la inestabilidad laboral, provocada por fórmulas de contratación precaria, como los honorarios o las jornadas parcializadas, que poco incentivan a los profesionales y técnicos a optar por trabajar en los centros de salud pública, especialmente en Regiones.
El caso de los médicos becados también ha resultado complejo. Las becas de especialidad han sido, durante mucho tiempo -al decir de los propios profesionales-, un subsidio estatal a la formación de especialistas para el sistema privado y no han contribuido a crear una política de fortalecimiento del sistema público.
Las manifestaciones de molestia colectiva de parte del personal de la salud, expresadas -repito- en paros, tomas y otras manifestaciones, presentan un fundamento legítimo al que no podemos dejar de poner atención. Cabe reconocer en esta preocupación una actitud que va mucho más allá de reivindicaciones gremiales particulares.
El asunto no resiste dilaciones. Cada día que un centro asistencial se detiene, son cientos, si no miles, las personas que esperan recibir atención y que perciben que el sistema público les niega el derecho a resolver sus problemas de salud. Es lógico que se molesten y decepcionen. Por lo mismo, es imprescindible avanzar en una solución definitiva de la insuficiencia de la dotación.
Solicito que se oficie a la señora Ministra de Salud a fin de que informe acerca de los planes y programas del Ministerio dirigidos a resolver la falta de personal calificado en la red pública, especialmente en los establecimientos de la Región de Los Lagos.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


El señor TUMA (Vicepresidente).- Los demás Comités no harán uso de su tiempo.
Se levanta la sesión.
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--Se levantó a las 19:23.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe
de la Redacción