REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 362ª
Sesión 67ª, en martes 25 de noviembre de 2014
Especial
(De 15:58 a 20:00)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ISABEL ALLENDE BUSSI, PRESIDENTA,
Y SEÑOR EUGENIO TUMA ZEDAN, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Alberto Arenas de Mesa; de la Secretaría General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González, y de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 15:58, en presencia de 15 señores Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. CUENTA

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 17.798, de Control de Armas, y el Código Procesal Penal (boletín N° 6.201-02).
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto del proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Intendencia de Educación Parvularia y modifica diversos cuerpos legales (boletín N° 9.365-04).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que aprobó la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que autoriza el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavado de activos (boletín N° 4.426-07).
--Queda para tabla.
Con el segundo informa que aprobó las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que protege la libre elección en los servicios de cable, internet o telefonía (boletín N° 9.007-03).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la Cuenta.

ACUERDO DE COMITÉS

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión del día de hoy, acordaron lo siguiente:
Dejar sin efecto el acuerdo de los Comités de fecha 4 de noviembre tendiente a colocar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy, martes 25, aunque no estuviere informado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el proyecto de reforma constitucional que establece que el Estado debe eliminar los obstáculos que de hecho impidan el pleno desarrollo de las personas (boletín Nº 8.871-07).
IV. ORDEN DEL DÍA



PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2015


La señora ALLENDE (Presidenta).- Vamos a continuar la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015, con informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.600-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
Se da cuenta del mensaje en sesión 51ª, en 1 de octubre de 2014.
En segundo trámite, sesión 66ª, en 25 de noviembre de 2014.
Informe de Comisión:
Especial Mixta de Presupuestos: sesión 66ª, en 25 de noviembre de 2014.
Discusión:
Sesión 66ª, en 25 de noviembre de 2014 (queda pendiente la discusión).


La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, corresponde tratar la Partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que ha sido objeto de indicaciones y de peticiones de votación separada.
La primera indicación es la Nº 108, del Senador señor De Urresti, y recae sobre una glosa común para todos los Programas 01 de los Gobiernos Regionales.
Su propósito es agregar, en el primer párrafo de la Glosa 2.1, a continuación del actual punto aparte, que pasa a ser coma, la siguiente frase: "pudiendo inclusive destinar y/o transferir recursos al Consejo de la Cultura para financiar actividades de interés regional cuando este organismo comprometa aportes adicionales al FNDR, no contabilizando estos recursos para efectos del 6%.".
En opinión de la Secretaría, la indicación sería inadmisible, atendido lo dispuesto en el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución, ya que la administración financiera o presupuestaria del Estado es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa acepta el criterio de la Secretaría.
--Se declara inadmisible la indicación N° 108.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 109 ha sido formulada al tercer párrafo de la Glosa 2.1 (página 10 de la Partida) y propone agregar, a continuación del actual punto aparte, que pasa a ser coma, la siguiente frase: "y actividades culturales de interés regional debidamente calificadas por el gobierno regional, cuyos criterios podrán establecerse en el reglamento regional señalado precedentemente.".
En opinión de la Secretaría, esta indicación también es inadmisible de conformidad con el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, se declara inadmisible.

El señor DE URRESTI.- Pido la palabra.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, estas dos indicaciones se presentaron para reforzar a nivel de regiones la capacidad de focalizar recursos.
Hoy en día en los gobiernos regionales hay una serie de instrumentos -principalmente, el 2 por ciento de cultura- que no son del todo eficientes para realizar inversión en materias culturales.
Entonces, más que pedir que se vote la inadmisibilidad que ha señalado el señor Secretario, solicito que se fundamente por qué es inconstitucional la indicación, en circunstancias de que no significa mayor aporte de presupuesto y tampoco otorga facultades a algún órgano de la Administración.
Me gustaría que se explicara la razón de la decisión de la Mesa, para no pedir derechamente la votación de la inadmisibilidad.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Glosa propone agregar otras actividades a financiar con recursos públicos, lo cual, naturalmente, aumenta el gasto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, la Glosa 2.1 es común para todos los Programas 01 de los Gobiernos Regionales y establece: "Los gobiernos regionales podrán destinar hasta un 6% del total de sus recursos consultados en la presente Ley aprobada por el Congreso Nacional a subvencionar las actividades culturales, deportivas y del Programa Elige Vivir Sano, de seguridad ciudadana, de carácter social y de rehabilitación de drogas".
Es decir, lo primero que dispone la Glosa es la iniciativa en sí. Por tanto, el Ejecutivo ya decidió la norma base.
La indicación busca agregar una frase final. La oración completa quedaría de la siguiente manera: "Asimismo, con estos recursos podrán entregar subsidios para el funcionamiento de los teatros municipales o regionales que operan en la región y actividades culturales de interés regional debidamente calificadas por el gobierno regional, cuyos criterios podrán establecerse en el reglamento regional...".
Esto -con todo respeto- es redundante con el texto anterior.
La forma como funciona esto es que cada gobierno regional fija su reglamento y las bases para utilizar esos recursos por parte del CORE.
Por ende, la indicación en comento no es inadmisible. Otra cosa es considerarla redundante.
A mi juicio, en nada quita la siguiente precisión: el 6 por ciento de que se trata -hasta ahora era el 2 por ciento- "puede financiar actividades culturales de interés regional". ¡Puede!
Las fiestas costumbristas de la gran mayoría de nuestras regiones son financiadas con cargo a estos fondos. ¡Casi todas!
En consecuencia, algunos podrán considerar que la indicación es redundante, pero en ningún caso inadmisible.
Pido a la Mesa que revise su pronunciamiento al respecto y, si se estima necesario, procedamos a votar la indicación en su mérito.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, yo tiendo a compartir, lamentablemente, el criterio de la Mesa respecto de las dos indicaciones que presentó el Senador De Urresti, aunque pienso que dan cuenta del extraordinario centralismo que caracteriza el presupuesto en el ámbito de la cultura.
Cuando revisemos los recursos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, nos daremos cuenta de que gran parte de los dineros de dicho organismo se destinan a distintas entidades de la Región Metropolitana. Por ejemplo: 60 millones de dólares al Centro Cultural Gabriela Mistral y otro tanto a la Fundación Teatro a Mil. Todas estas instituciones son muy respetables, pero todas pertenecen a la Capital.
El Senador De Urresti tiene razón en lo que propone con estas dos indicaciones, que son absolutamente necesarias. Lamentablemente, ambas presentan problemas de admisibilidad. Sería bueno que se aprovechara la presencia del Ministro de Hacienda aquí para que exprese si habrá recursos disponibles para la actividad cultural en regiones.
Estoy seguro de que el colega De Urresti formuló sus indicaciones sobre la base de esa realidad: de que la actividad cultural en regiones se verá extraordinariamente mermada -por lo menos, en comparación con la situación de la Región Metropolitana-, tanto en construcción de lugares donde se desarrolla la cultura como en traspaso de recursos a organizaciones que realizan actividades culturales.
Por lo tanto, sería positivo que el Ministro de Hacienda tuviera participación en este debate, al menos sobre las indicaciones que ha presentado el Senador De Urresti.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, muy buenas tardes.
Con relación a la indicación del Senador De Urresti, el Ejecutivo concuerda con la decisión de la Mesa de declararla inadmisible, pues claramente define nuevos destinos de gastos, lo que afecta la administración financiera del Estado.
Sin embargo, es bueno decir que en el texto vigente de la Glosa 2.1 ya se contempla la posibilidad de que el gobierno regional excluya de los concursos a las actividades culturales de carácter regional que decida ejecutar directamente. Eso aparece explícito en la Glosa.
En atención a la inquietud manifestada por los Senadores De Urresti y Pérez Varela, cabe señalar que en el ámbito de la cultura el Ejecutivo, por una parte, ha asignado recursos y ha definido actividades en el Protocolo de Acuerdo que acompañará esta futura Ley de Presupuestos y, por otra, ha puesto fondos tanto en la Partida del Ministerio del Interior como en la del MINEDUC, donde está el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Por tanto, existe una total disposición de nuestra parte a proveer dineros para actividades culturales en las regiones.
Esa es una de nuestras prioridades: se entregan recursos para dichos fines en la Partida 05 y, en forma directa, también en la Partida de Educación.
Es cuanto puedo informar.

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, entiendo que el Senador Letelier pidió votar la inadmisibilidad.

La señora ALLENDE (Presidenta).- No.
El Senador De Urresti, que es el autor de la indicación Nº 109, pidió que se diera el argumento por el cual se declaró la inadmisibilidad.

El señor PIZARRO.- Sí. Pero al colega Letelier luego le escuché plantear que se revisara la decisión de la Mesa sobre la inadmisibilidad.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa entendió que el argumento del Senador De Urresti apuntaba, fundamentalmente, a oír el pronunciamiento del Ministro de Hacienda en esta materia.
Por lo tanto, no se votará. Nos quedamos con el criterio de la Mesa: la indicación es inadmisible.
--Se declara inadmisible la indicación Nº 109.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente indicación, la Nº 137, es del Senador señor Navarro. Es para agregar una Glosa nueva a la Partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública-Gobiernos Regionales, del siguiente tenor:
"Transferencias de los Gobiernos Regionales a los Servicios de Salud de las Regiones y/o Universidades con capacidades formadoras en la Región, que lo estimen conveniente, para la formación de especialistas del Área de la Salud.
"Objetivo: Fortalecer LAS CAPACIDADES FORMADORAS, en las regiones, mejorando sus recursos de infraestructura, tecnológicos, de investigación y de RECURSOS HUMANOS altamente calificados para el desarrollo de programas de formación de especialistas y sub especialistas que la Región solicite a través de sus Servicios de Salud respectivos y de acuerdo a su demanda insatisfecha.
"Con este objetivo los Gobiernos Regionales podrán transferir recursos financieros a los Servicios de Salud y/o Universidades con Facultades de Medicina acreditadas y con probada experiencia formadora de especialistas y sub especialistas en los diferentes campos de salud, de acuerdo a CONVENIOS DE DESEMPEÑO ESPECÍFICOS y de largo alcance, entre los Gobiernos Regionales, los Servicios de Salud correspondientes y las Universidades formadoras.
"Se podrá financiar habilitación de infraestructura, compra de equipos y equipamiento, formación especializada, contratación de programas, misiones de formación al extranjero y participación en seminarios específicos que estén dentro del programa de formación".
También es inadmisible, por incidir en la administración presupuestaria del Estado.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí, es inadmisible.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, aquí debemos actuar de acuerdo a la Constitución y a la ley. Y, claramente, la indicación en comento aborda una materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Sin embargo, me parece que su contenido plantea -y quiero manifestárselo al señor Ministro de Hacienda- una necesidad de las regiones, que no ha sido resuelta por ninguno de los Gobiernos anteriores.
Por esa vía podría empezar a verse la luz de una solución para que la gente de las regiones tenga, por lo menos, una calidad similar de vida y de atención de salud que la que hay en la Región Metropolitana.
Siento que esta es una buena indicación. El Ejecutivo debiera patrocinarla en algún minuto, con la finalidad de formar a los médicos en las universidades regionales. Así, estos no abandonarían la región. Las personas en todo Chile contarían con especialistas.
En otro ámbito, aprovecho de hacerle una consulta al Ministro de Hacienda. Más adelante viene una indicación que se refiere a la posibilidad de establecer una bonificación de asignación de zona estratégica para la Región de Atacama.
Ahí los funcionarios públicos viven una realidad compleja. La Presidenta del Senado y parlamentarios de todos los sectores políticos hemos pedido una solución: que a los funcionarios que no les ha tocado el beneficio de la gran minería -aunque ha favorecido a la mayoría de las personas- y que siguen percibiendo los mismos recursos, pero pagando arriendos más caros y una calidad de vida más cara, se les pueda entregar ese beneficio.
Entiendo que en esta materia la Presidenta del Senado ha solicitado una mesa de trabajo. Pero para que esas instancias produzcan efecto deben existir los recursos suficientes para respaldar esas decisiones.
Por ello, me gustaría preguntar si existe en la Ley de Presupuestos un ítem para financiar la entrega de una asignación de zona estratégica a los funcionarios públicos de la Región de Atacama.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Separemos las cosas.
Estoy completamente de acuerdo, como Senadora de la Región de Atacama, con la segunda observación que hizo el Honorable señor Prokurica. Ello les consta al Ministro y al Gobierno. Hemos venido planteando insistentemente la necesidad de otorgar algún tipo de mitigación o reparación debido al costo de la vida que implica para los habitantes de esa zona, sobre todo para los funcionarios públicos, que no trabajan en la minería y que sufren todos los efectos negativos de lo que se ha producido.
Sin embargo, para que no nos confundamos, yo separaría las cosas.
Nos encontramos en la primera parte: la indicación Nº 137, del Senador señor Navarro.
Comparto el criterio del Senador señor Prokurica en el sentido de que esta es una muy buena indicación en cuanto a su intencionalidad. Sería extraordinariamente importante, a partir de transferencias a los gobiernos regionales y a las universidades, ayudar en la formación de los recursos humanos que requerimos crecientemente, dada la falta de especialistas, que tiene una tremenda incidencia en nuestra Región.
Lamentablemente, a pesar de una muy buena intención, según el criterio de la Mesa la indicación es inadmisible y, por lo tanto, la declararé así.
Espero que sea recogida la intención y que se entienda el buen propósito de ella.
--Se declara inadmisible la indicación Nº 137.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, corresponde tratar la indicación Nº 123, que dice:
"MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Partida: 05
"SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO Capítulo: 05
"PROGRAMA GOBIERNOS REGIONALES (Programas 02 y 03)
"Incorpórese en el cuarto párrafo del numeral 2.1, de la glosa 02, común para todos los programas 01 de los Gobiernos Regionales, la siguiente frase final:
"Tratándose de nuevos proyectos de cámaras de televigilancia ubicadas en espacios públicos, éstos deberán contemplar la coordinación de su operación con otros proyectos existentes en las cercanías.".".
La indicación es de autoría del Senador señor Montes.

La señora ALLENDE (Presidenta).- A juicio de la Mesa, la indicación es inadmisible.
No obstante, le daremos la palabra a su autor, el Honorable señor Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, simplemente quiero recordar que las ciudades están llenas de cámaras de televigilancia, pero ellas están descoordinadas entre sí, salvo las de las autopistas urbanas, que son objeto de un tratamiento y un procesamiento mayores.
El Metro y, al menos en Santiago, toda la red del sistema de transporte público cuentan con ellas. Y se suman las de los municipios y las de Carabineros.
Sin embargo, el sistema no está coordinado.
Entonces, de lo que se trata es de que, si se invierte, de aquí en adelante se coordinen estos elementos con el objeto de que se produzca información que sirva para el control y para saber con mayor claridad qué está ocurriendo. Se ha vuelto un vicio poner y poner cámaras, pero no tiene ninguna productividad real.
Ese es el sentido de la indicación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa ha consultado nuevamente -incluso lo ha hecho el Vicepresidente de la Corporación-, y en opinión del Secretario de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la indicación es admisible.
Siendo así, estamos en condiciones de asumir su admisibilidad.
Discúlpenme, Sus Señorías, pero una primera lectura rápida de la expresión "deberán contemplar la coordinación de su operación con otros proyectos existentes en las cercanías" nos llamó a dudas.
Sin embargo, el Secretario de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y el Secretario General indican que la indicación es admisible. Por lo tanto, someteremos a votación la indicación Nº 123.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, me alegro de que la Mesa haya rectificado su opinión respecto de la admisibilidad, toda vez que esta indicación es absolutamente admisible y, además, del todo recomendable.
Sin duda, la mayor necesidad que nos plantea la gente en el día a día es la seguridad ciudadana. Y las cámaras de vigilancia se han transformado en una solución, siempre y cuando funcionen.
El Senador Montes da cuenta de una situación absolutamente real. Lo vemos en nuestras ciudades, donde se instalan, con un esfuerzo importante de los municipios, de las policías, de los programas especiales que confecciona el Gobierno en materia de seguridad ciudadana, numerosas cámaras de vigilancia. Pero resulta que muchas veces terminan convirtiéndose o en sistemas que no funcionan en forma global, de manera de que se coordinen, o en cámaras que, si bien están instaladas, no operan ni hacen su trabajo.
Por lo tanto, me parece que esta indicación es totalmente admisible y, además, práctica y necesaria.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, a mí me parece que la indicación es admisible pero enredosa. Eso fue lo que se planteó en su momento en la Comisión Especial Mixta, y por ese motivo se rechazó, a pesar de que aparece bien en el sentido de que todo deba estar coordinado.
Sin embargo, quiero hacer referencia a cómo funcionaría el sistema.
Si un gobierno regional pretende generar un proyecto de televigilancia, hoy día puede hacerlo y se coordina con Carabineros.
No obstante, de aprobarse la indicación, si la instalación se realiza en un espacio público, tendrá que contemplar una coordinación con cualquier proyecto existente en las cercanías -esto se discutió en la Comisión Especial Mixta-, se trate de lugares públicos, privados, particulares, bancos, televías.
Entonces, la indicación implica una restricción a la capacidad de funcionamiento de los gobiernos regionales.
En la Comisión en su momento se planteó una idea distinta que a mí me parecía más razonable: que Carabineros o alguna institución de similar naturaleza tenga una suerte de tuición sobre lo que podría ir ocurriendo.
Sin embargo, a pesar de tener claro que es un buen concepto, el funcionamiento práctico, ¿qué significa al final una norma de este tipo? Es una restricción a cualquier proyecto existente en las cercanías, toda vez que no se dice qué tipo de proyecto es: puede ser público, privado o de cualquier naturaleza.
Entonces, la opinión en la Subcomisión -no fui el único que rechazó la indicación- apuntaba a que subyace un buen concepto que puede trabajarse por la vía de la coordinación, pero que la manera como se desarrolla al final termina restringiendo las operaciones que los gobiernos regionales pueden realizar.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, para el Ejecutivo la indicación Nº 123 -lo digo con el objeto de que quede la opinión en la Versión Oficial- es inadmisible.
El argumento que entregamos -y se corroboró en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos- es que, tal como está redactada, la indicación obliga a ejecutar una función que irrogaría un gasto que hoy día no está diseñado como tal en la glosa.
Se entiende del debate que se ha desarrollado en la Sala la coordinación que deben tener los proyectos.
Solamente quise hacer presente la opinión del Ejecutivo con el objeto de dejarla estipulada en la Versión Oficial del Senado.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador señor Montes, quien ya intervino, pero es el autor de la indicación.
Tengo varios Senadores inscritos y les daré la palabra en estricto orden.
Tiene la palabra el Honorable señor Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, solo deseo señalar que la indicación no define la forma de coordinación.
Hay lugares donde Carabineros, de hecho, está a cargo de la coordinación. Pero hay otros proyectos que se van colgando por separado.
Simplemente, el propósito de la indicación no es incentivar determinada forma, sino preocuparse de que los equipos no se instalen aparte unos de otros, sin la producción necesaria que debe existir.
Entre otras cosas, quiero dejar constancia de que me parece fundamental un sistema de control, de manera que le sirva al Ministerio Público. La hora en que ocurren los sucesos es muy importante. De hecho, en las autopistas urbanas gran parte de los casos se resuelven por las cámaras de televigilancia, dado que cuentan con un sistema de control, de seguimiento. En el resto, no.
Entonces, hay que coordinar el sistema, y la indicación no dice más que eso; no habla de cómo se coordina ni quién lo hace. Pero debemos preocuparnos de que exista coordinación.
En resumen, pienso que la indicación es admisible, porque no se define ninguna operación específica, sino que solo plantea la preocupación de hacerlo.
Sé que en muchos casos esa labor queda a cargo de Carabineros, pero en otros casos no, y por eso se plantea en términos abiertos.
Gracias, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor PIZARRO.- Pido votación, señora Presidenta.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, pienso que esta indicación es absolutamente admisible, porque no irroga ningún tipo de gasto. Y, al contrario, yo creo que a la Dirección de Presupuestos debiera gustarle una norma de esta naturaleza, toda vez que va en la lógica del uso eficiente de los recursos públicos.
Lo que ha ocurrido en el último tiempo es que ha proliferado la instalación de sistemas de televigilancia, que son de vasta utilidad, no solo para la seguridad ciudadana, sino también para las emergencias, para la coordinación de instituciones.
El problema radica en que las municipalidades, los gobiernos regionales o incluso algunas instituciones han ido instalando sistemas de televigilancia, pero que no conversan entre sí. Lo que se está planteando acá justamente es que conversen unos con otros. La idea es evitar que en determinada región, por ejemplo, se invierta a través del Gobierno regional, a través de la municipalidad o a través de Carabineros y ninguno de esos sistemas converse entre ellos.
Contrariamente a lo que plantea el Ejecutivo, creo que una indicación como esta aumenta la eficiencia del uso de recursos públicos, porque le exige al Gobierno que cualquier proyecto que implemente con fondos públicos para sistemas de televigilancia esté coordinado con otro.
Y eso es muy importante porque, por ejemplo, en el caso del ataque perpetrado ayer contra el cuartel de la Policía de Investigaciones, se ha logrado identificar a lo menos el modus operandi a través de un sistema de televigilancia. Y uno de los puntos que se incluirán en la agenda corta antidelincuencia es la incorporación, por ejemplo, de los elementos de televigilancia, los videos, para constatar la flagrancia en el ámbito delictual.
En consecuencia, creo que sería una buena oportunidad aprobar esta indicación.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, creo que la indicación es inadmisible, porque obliga a una acción de coordinación, a una manera de ejecutar los proyectos que, desde mi punto de vista, solo es materia del Ejecutivo.
Dicho eso, la indicación es de toda lógica. Por lo tanto, pienso que el Gobierno podría comprometerse a lo que mencionaré a continuación.
El numeral 2.1, donde se pretende incorporar el texto que nos ocupa, señala precisamente en su inciso cuarto: "En el caso de las actividades relacionadas con seguridad ciudadana los instructivos deberán considerar las orientaciones que al efecto imparta la Subsecretaría de Prevención del Delito.".
Si el Ministro de Hacienda se comprometiera a que esto será incorporado en esos instructivos, perfectamente bien podríamos cumplir con el objetivo de la indicación, que es algo superobvio: coordinación en los proyectos de cámaras de televigilancia.
Me parece absurdo que funcionen pero que no exista ninguna coordinación con las que están un par de metros más adelante. Eso no tiene sentido y, como bien lo mencionó el Senador Harboe, no es coherente con una política de mejor aprovechamiento de los escasos recursos públicos.
Me parece que si el señor Ministro de Hacienda se compromete a incorporarlo en los instructivos de los que habla el inciso cuarto, perfectamente bien podríamos dar por satisfecha la inquietud que muy bien ha planteado el Senador Montes.

El señor TUMA (Vicepresidente).- En el tratamiento de esta indicación en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, esta fue retirada porque aparentemente hubo un asentimiento del Ejecutivo en orden a incorporar alguna norma que permitiera coordinar.
Entonces, lo que plantea el Senador señor García es coherente con la solicitud que se le hace al Ministro.

El señor MONTES.- El Ejecutivo iba a presentar la indicación.

El señor PROKURICA.- Así es.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda esto responde a una buena intención.
Es absolutamente saludable que cuando se instalan este tipo de sistemas las diversas instituciones se coordinen, no solo para el mejor uso de los recursos públicos, sino también para la efectividad de las cámaras de seguridad.
Pero, tal como está redactada, existe una ambigüedad. Porque, si es admisible, es poco práctica. Y si es práctica, debe ser declarada inadmisible. Porque, tal como está redactada, ¿quién va a coordinar?, ¿quién va a permitir que otros proyectos entren de verdad en un trabajo común con lo que establezcan los proyectos del Gobierno regional?
A veces estos recursos van hacia las municipalidades, hacia Carabineros u otras instituciones. Por lo tanto, esta redacción no resuelve absolutamente nada.
Hay que establecer quién es el órgano obligado y mandatado a coordinar, hay que considerar un mandato legal para realizar una función. Y si lo dijera de esa manera, la indicación sería claramente inadmisible. En consecuencia, resulta absolutamente indispensable que se presente una indicación de parte del Ejecutivo. Creo que esa fue la discusión que se tuvo en la Comisión Especial Mixta, en el sentido de que se retiraba en la medida que el Gobierno presentara una indicación. Como el Ejecutivo no ha presentado indicación, se ha restablecido su discusión.
Pero -reitero- si la declaramos admisible, es poco práctica. Y si la declaramos práctica, será, sin duda, inadmisible.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, efectivamente, fue materia de debate -como se ha mencionado en esta Sala- en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la misma indicación que expuso el Senador señor Montes.
Sobre el particular, la respuesta del Ejecutivo fue bastante similar a la que está en comento hoy en la Sala y que planteó el Senador García, relacionada con el cuarto inciso del 2.1 de la Glosa 02, que dice: "En el caso de las actividades relacionadas con seguridad ciudadana los instructivos deberán considerar las orientaciones que al efecto imparta la Subsecretaria de Prevención del Delito".
El Gobierno considerará este debate en términos de que se desarrolle la debida coordinación en la materia en comento.
Es cuanto tengo que informar, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, quiero hacer un pequeño comentario.
El Senador García decía que esto es de toda lógica. Yo creo que no es de lógica, sino de absoluta teoría.
En mi opinión, poner cámaras de televigilancia como se está trabajando hoy día, en operación coordinada, lo único que hará será amarrar presupuestos locales. Y la gracia es que estén en coordinación con la fiscalía.
En la comuna que dirigía nosotros instalamos un sistema de cámaras. Y una de las cosas que aprendimos es que en el caso de las que estaban manejadas por Carabineros, por falta de personal, se generaban complicaciones. Y para un partido de Colo Colo con la Universidad de Chile, por ejemplo, se acababa todo tipo de coordinación.
Lo importante es que estos proyectos tengan una coordinación interna. Por ejemplo, que si una comuna como La Florida tiene un sistema de televigilancia, que el trabajo esté coordinado con la fiscalía que le corresponde. Pero que esté coordinado con uno u otro sistema. Hoy día, si no hay fiscalización, se transforma en un sistema absolutamente inoperativo.
Yo quiero destacar que la experiencia práctica, sobre todo con Carabineros, de muchos municipios que han implementado estos programas -conseguidos por el Gobierno regional- dentro de las comisarías, es que normalmente han sido un fracaso.
Los que han funcionado bien son los administrados por los municipios, con la coordinación interna de Carabineros.
Y lo más importante es que esa información sea validada por la fiscalía de turno.
En la teoría parece muy importante. Pero hoy Carabineros no posee la capacidad operativa para hacer funcionar estas cámaras de televigilancia en forma coordinada. Y hay información práctica de las fiscalías -puedo dar el ejemplo, para que lo investiguen, de la Fiscalía Sur, Puente Alto- que da cuenta de que el sistema no funciona cuando se obliga a ser coordinado.
En consecuencia, la indicación hará que queden fuera proyectos comunales y que pueden ser muy eficientes para la prevención de la delincuencia.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Finalmente, tiene la palabra el Senador señor Lagos. Y luego pasamos a la votación. Ya se declaró admisible. Por lo tanto, corresponde votar la indicación del Senador señor Montes.
Puede intervenir el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, mi opinión es que puede ser perfectamente inadmisible esta indicación.
Dicho aquello, quiero señalar que en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se abordó la indicación del Senador Montes. Todas las intervenciones fueron del mismo tenor. Y se concluyó en un compromiso de parte del Ejecutivo, del Subsecretario Aleuy, a quien cito de manera textual: "Nosotros no tenemos dificultad en redactar la indicación de manera adecuada para despejar algunas de las dudas planteadas aquí". Y agrega que "efectivamente, la única manera de transformar datos en información es que exista coordinación".
Entonces, se entendió que el Ejecutivo presentaría una indicación. Eso no ocurrió. Entonces, yo preferiría que se retirara la indicación que nos ocupa, para no estar sometiendo a votación su admisibilidad, y que se acogiera la propuesta del Ministro de Hacienda.

El señor PIZARRO.- Votemos.

El señor PROKURICA.- ¡Pero si la Mesa dijo que era admisible!

La señora ALLENDE (Presidenta).- En honor a la verdad, debo decir que la Mesa declaró admisible la indicación.
Por tanto, ahora corresponde someterla a votación, salvo que en este momento el Ministro de Hacienda me diga que recoge lo que determinó el Subsecretario.
Pero si no es así, debemos pronunciarnos.
Yo votaría sin más trámite, para avanzar en el despacho de las partidas.

El señor NAVARRO.- Votamos o se pide el término del debate.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Creo que corresponde votar.
En votación.

El señor LAGOS.- ¿Se vota la admisibilidad?

El señor COLOMA.- La indicación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La indicación N° 123.
En primera instancia la Mesa la había declarado inadmisible. Sin embargo, después reconsideró los argumentos y la declaró admisible.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba la indicación N° 123 (20 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, García, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Montes, Navarro, Pizarro, Prokurica, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Coloma, Moreira, Orpis, Ossandón y Pérez Varela.
Se abstuvieron la señora Van Rysselberghe y los señores García-Huidobro y Matta.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde ocuparse en la indicación N° 95, de la Senadora señora Lily Pérez. Su propósito es agregar en la Partida 05, Capítulo 05, Programa 01, una nueva Glosa, del siguiente tenor: "El Ministerio del Interior y Seguridad Pública a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, deberá informar durante el primer semestre del año 2015 a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Gobierno y Descentralización del Senado, la factibilidad político-administrativa para la creación de la nueva Región de Aconcagua.".

La señora PÉREZ (doña Lily).- Es de información.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En opinión de la Mesa, esta indicación es inadmisible.
Si se hubiese limitado a la obligación de informar, sería distinto. Pero se habla de informar sobre "la factibilidad político-administrativa", para lo cual incluso se fija un plazo.
Por tanto, a juicio de la Mesa, es inadmisible la indicación de Su Señoría, a quien le ofrezco la palabra.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, quiero pedirle al Gobierno, a través del Ministro de Hacienda, coherencia.
La Presidenta Bachelet, en campaña -y tengo todos los recortes de prensa-, prometió la creación de la Región de Aconcagua durante el primer semestre.
No se comprometió: lo prometió.
Aquí se está pidiendo información sobre lo político-administrativo que esté disponible, para ver la factibilidad de la creación de dicha Región, que además responde a una aspiración ciudadana.
Entonces, señora Presidenta, solo pido coherencia en ese punto.
Si es necesario sacar lo concerniente a la factibilidad administrativa por considerar el Ministro de Hacienda que ello no es posible, conforme. Pero esto tiene que quedar expresado en la Glosa propuesta, porque responde a una promesa y, además, es algo absolutamente necesario.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Secretaría solo puede decir que no se está pidiendo solo una información, sino también efectuar determinado estudio. Eso es parte de funciones de un órgano público, sin perjuicio de que el estudio provoca gastos.
Vale decir, de acuerdo con la Constitución, la materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En tales condiciones, la Mesa considera inadmisible la indicación, pese a que comparte la idea de crear la Región de Aconcagua.
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, entendiendo absolutamente lo que dijo la autora de esta indicación; asumiendo el compromiso presidencial, y considerando que todos compartimos la idea planteada, yo no sé si la Senadora Lily Pérez está dispuesta a que se quite lo que el Secretario acaba de señalar, o sea la obligación de hacer el estudio, y que el próximo año se aplique únicamente lo de la información.
En tal sentido, si está en el ánimo del Ejecutivo, es necesario llevar adelante el proceso pertinente.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Eso es inadmisible igual.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa opina que ello es inadmisible, independiente de la legitimidad del planteamiento.
Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, considero que la indicación no es inadmisible.
Esta es una materia que normalmente debe resolver la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo con los recursos de que dispone, con los profesionales que tiene. No es necesario que incurra en ningún nuevo gasto.
Aquí no se dice que debe hacerse un estudio para informar sobre "la factibilidad político-administrativa". Simplemente, se está pidiendo que se informe, en el fondo, en cuanto a la voluntad político-administrativa para la creación de la Región de Aconcagua. Y creo que ello se puede hacer con los recursos existentes, sin incurrir en ningún nuevo gasto.
Por lo tanto, señora Presidenta, no comparto el criterio de la Mesa y pido que se vote la admisibilidad.

El señor ORPIS.- No hay ningún estudio.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro, y luego votamos.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, se pidió votar si la indicación es admisible, y yo comparto la solicitud.
Solo quiero decir que la factibilidad sobre la que se requiere informar es político-administrativa. Son antecedentes que la Subdere tiene. No se trata de la factibilidad económica, que involucra la ejecución de un estudio, sino de los elementos político-administrativos básicos, los cuales están en manos del Subsecretario. No hay necesidad de hacer estudio alguno.
Eso abre, claro, la posibilidad de un estudio económico que aconseje o no la creación de la Región en comento.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Exacto.

El señor NAVARRO.- Creo por tanto que la indicación es absolutamente admisible.
Ahora, debo señalar que la Comisión Presidencial de Descentralización va a establecer criterios formales sobre la materia. Mientras ello no ocurra, esta es la única oportunidad que tenemos los parlamentarios para obtener este tipo de información. Ello, en la línea descentralizadora, que es la que la Presidenta de la República marcó en su Programa de Gobierno: pedir información político-administrativa.
No se trata de información económica, la que involucra estudios, profesionales, en fin.
Aquí estamos ante información disponible y cuya entrega no significa mayor esfuerzo para la Subdere.

El señor BIANCHI.- Votemos, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación la admisibilidad de la indicación número 95.

El señor NAVARRO.- ¡Los regionalistas votamos que sí!

El señor BIANCHI.- ¡Obvio!

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se declara inadmisible la indicación N° 95 (12 votos negativos, 9 afirmativos y una abstención).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Coloma, Espina, Guillier, Pérez Varela, Pizarro, Quinteros, Tuma y Andrés Zaldívar.
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz y Lily Pérez y los señores Bianchi, García, García-Huidobro, Horvath, Montes, Navarro y Prokurica.
Se abstuvo el señor Orpis.


El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente indicación está signada con el número 121. Es del Senador señor Montes, y dice:
"MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Partida: 05
"SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO Capítulo: 05
"PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL Programa: 03
"Incorpórese, en el párrafo primero de la glosa 05, correspondiente a Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 005), entre las palabras "permitan" y "mejorar" la expresión "fortalecer la educación pública administrada por los municipios o corporaciones municipales y" y la siguiente frase final al mismo párrafo primero "Tratándose de proyectos destinados al fortalecimiento de la educación pública éstos podrán ser postulados por el Ministerio de Educación.".".

La señora ALLENDE (Presidenta).- Pido el parecer del señor Secretario General.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En opinión de la Secretaría, esta indicación es inadmisible, conforme al artículo 65, inciso tercero, de la Carta Fundamental: administración financiera o presupuestaria del Estado.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Convengo en que la indicación es inadmisible, señora Presidenta.
Simplemente, quiero señalar que el PMU es un fondo para pequeños proyectos.
Tenemos muchos problemas en los colegios. Por ejemplo, en 71 hay letrinas; 1.164 -o sea, 21,8 por ciento de los establecimientos municipales- cuentan con sistemas precarios de agua potable.
Entonces, uno pregunta: habiendo estos fondos, ¿por qué no se genera un vínculo y se le da cierta facultad al propio Ministerio de Educación para presentar los proyectos pertinentes?
Se lo hicimos ver al Ejecutivo; también al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. Están de acuerdo; quedaron de mandar una indicación, pero no llegó.
En todo caso, es una manera de articular mejor los distintos esfuerzos públicos para superar problemas de arrastre, como las mencionadas 71 letrinas, que me parecen una vergüenza.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Concordamos en que la indicación es inadmisible, pero también en que su fundamento es legítimo. Y ojalá la hubiesen recogido las autoridades correspondientes.
--Se declara inadmisible la indicación N° 121.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente indicación es la número 122, también del Senador señor Montes.
Dice:
"TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Programa: 05
"Incorpórese, en el párrafo final de la glosa 08, correspondiente a Provisión Programa Residuos Sólidos (Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 190), entre la palabra "ejecutados" y la conjunción "y" que le sucede, la frase ", la valorización de los residuos que ellos contemplen.".".

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, yo solo quiero decir lo siguiente.
Este es un tema de todos los años: hay un fondo de 5 mil 700 millones para tratamiento de residuos, y se reparte en pequeños proyectos; sin embargo, no se ha hecho nada para tratar industrialmente los residuos.
Hemos buscado caminos por todos lados para inducir una acción del Estado en tal dirección.
Algunas localidades tienen listos los proyectos; están en condiciones de producir energía. Empero, el fondo se reparte por inercia en pequeños proyectos y no se hace nada serio en materia de industrialización de los residuos.
Varias ciudades de Bolivia y de diversos otros países de América Latina ya tienen resuelto el problema. Nosotros estamos atrasadísimos.
Entonces, después de muchos años, debo repetir que el fondo en comento también puede destinarse a la valorización de los residuos y su industrialización.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa opina que esta indicación es inadmisible, pues se pone un condicionamiento.
No obstante, entendemos la argumentación del Senador señor Montes.
--Se declara inadmisible la indicación N° 122.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde ocuparse en la indicación N° 75, del Senador señor Harboe.
Dice:
"En la Partida 05 correspondiente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Capítulo 05 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Programa 06 Programas de Convergencia, subtítulo 33, ítem 02, asignación 008 programa de inversión regional Región VIII, reemplázase el guarismo "4.388.943" por "10.000.000".".

La señora ALLENDE (Presidenta).- Es inadmisible.
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, no cabe duda de que la indicación es inadmisible.
Sin embargo, considero fundamental hacer presente que, en el caso del Fondo de Convergencia que rige para la provincia de Arauco, los recursos asignados en el presupuesto regional 2015, que ascienden a 4.388 millones, son insuficientes para cubrir las enormes necesidades que tenemos en la cuenca del carbón.
Por eso presenté esta indicación, consciente de que es inadmisible: para dejar sentada la discusión y para que el Ministerio de Hacienda, en el transcurso del próximo año, a lo menos tenga disposición para reasignar recursos a dicha provincia.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, convengo en que esta indicación es inadmisible.
Empero, no hay duda de que los fondos aportados para la provincia de Arauco, como zona de rezago, son absolutamente insuficientes: 4.300 millones. Es una suma prácticamente igual a la establecida por el Gobierno del Presidente Piñera en el Presupuesto 2014.
Por lo tanto, reviste importancia que el Ministro de Hacienda considere las indicaciones de quienes representamos a la Región del Biobío y aumente los recursos de la zona en comento.
Yo no voy a proceder como los parlamentarios del oficialismo, señor Ministro, quienes le ofrecieron a la comunidad ¡20 mil millones!, cifra con la que usted seguramente va a enojarse más. Me parece, sí, que los 4.300 millones debieran aumentarse, atendidos el contexto de la provincia de Arauco y las dificultades que se viven en ella.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, cada vez que intentamos incrementar los recursos para las regiones se declara la inadmisibilidad de las indicaciones.
Ello denota la monarquía presidencial, el presidencialismo excesivo; o sea, la imposibilidad absoluta de al menos debatir el aumento de fondos para fines deseables.
Hoy Arauco es un polvorín social: en la pesca; en el conflicto mapuche, en el de los pirquineros del carbón, en el de los trabajadores forestales.
Aumentar los recursos era una vía.
La pregunta, entonces, es dónde discutimos acerca de las necesidades reales de la Región del Biobío.
La Comisión Mixta de Presupuestos es un espacio. Pero en esa instancia tampoco se puede debatir al respecto, porque también allí se declara la inadmisibilidad de las proposiciones.
Ahí surge un poco la tiranía de los presidentes. Porque si hay uno con vocación, se permite discutir las indicaciones. Pero luego viene otro y las declara inadmisibles.
Yo solo quiero señalar que en el caso de Arauco la indicación del Senador Harboe refleja la necesidad urgente de mayores recursos. Independiente de la inadmisibilidad, la demanda existe, hay conflictos.
Se trata, pues, de un mensaje para el Gobierno. Porque debemos preocuparnos si no queremos reaccionar una vez que haya explotado la crisis social.
Hay que anticiparse. Y, sin perjuicio de que la indicación se declare inadmisible, hay que revisar la materia, por el bien de Arauco, de la Región del Biobío y de todo el país.
--Se declara inadmisible la indicación N° 75.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Continuemos, señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En esta Partida hay en seguida una solicitud de votación separada, que se formuló oportunamente, dentro de plazo.
La enunciación es la siguiente:
"Partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad Pública
"Capítulo 10 Subsecretaría del Interior
"Programa 01 Subsecretaría del Interior
"Subtítulo 33
"Ítem 03
"Asignación 001 "Para Atender Situaciones de Emergencia"
"Glosa 07".
Se trata de las indicaciones números 4 y 42, ambas exactamente iguales.
Los Honorables señores Coloma y García-Huidobro han pedido votar separadamente la glosa.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La solicitud fue formulada a tiempo por el primero de ellos.
Tiene la palabra Su Señoría.

El señor COLOMA.- Lo hice en subsidio de la anterior que presenté: la número 3, que debiera verse primero, a mi juicio, y que apuntaba justamente a modificar la glosa mencionada.
Si la Mesa lo estima conveniente, puedo explicarla.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir para tal efecto, señor Senador.
Si ello tuviera sentido, nos ocuparíamos en esta última.

El señor COLOMA.- Básicamente, el asunto es el siguiente, señora Presidenta: se establece un fondo para "financiar situaciones de emergencia o gastos no previstos".
Desde el punto de vista de la eficiencia y del buen uso de los recursos públicos, lo razonable es que ello se canalice a través de la Oficina Nacional de Emergencia, organismo que baja en 18,6 por ciento con relación a fondos de este tipo.
¿Y para qué existe la ONEMI? Es una entidad destinada a planificar, impulsar, articular y ejecutar acciones de prevención, respuesta y rehabilitación frente a situaciones de riesgo colectivo, emergencias, desastres y catástrofes de origen natural.
Entonces, ¿qué es lo que estoy sosteniendo con mi Honorable colega García-Huidobro? Que, al ocuparse la ONEMI en tales casos, lo razonable es que los recursos se canalicen por dicha vía.
Por eso hemos propuesto eliminar las palabras "o gastos no previstos", ya que estos son discrecionales. Y a lo que uno debería apuntar es a fortalecer la institución.
Ese es el sentido del planteamiento, que espero que sea bien comprendido por mis colegas.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se empezará, entonces, por la indicación número 3.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Ella dice lo siguiente:
"Para eliminar, en el Inciso Primero de la Glosa 07, asociada a la Asignación 001 "Para Atender Situaciones de Emergencia", la expresión "o gastos no previstos", que se entre la palabra "emergencia" y la coma".
El texto incidiría en la administración presupuestaria, de modo que sería inadmisible.

El señor LAGOS.- Así es.

El señor COLOMA.- ¿No podemos suprimir gastos?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se eliminarían las palabras "o gastos no previstos". Estos no se estarían aumentando ni se agregaría una función.
Pareciera, a simple vista, que ello es admisible.
Tiene la palabra el Honorable señor Harboe, Presidente de la Comisión de Constitución.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, solo deseo manifestar que la indicación efectivamente es inadmisible, porque apunta a eliminar una parte del inciso primero de la glosa, asociada a la asignación relativa a la atención de situaciones de emergencia.
No se trata de dejar un monto de mil pesos: se suprime una función pública asignada hoy día por ley a la Subsecretaría del Interior.
He dicho.

El señor COLOMA.- ¿Ello se vincula con una función o con un gasto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- No se hace desaparecer la glosa, sino los vocablos "o gastos no previstos".
Puede intervenir el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, en la Sala hay suficientes parlamentarios representantes de Regiones que han tenido que enfrentar catástrofes de todo tipo.
Claramente, la Oficina Nacional de Emergencia es un desastre en sí misma y tiene que ser cambiada. Hemos sido partidarios de un Ministerio de Desastres Nacionales y de Emergencias Naturales, o viceversa, y sería preciso proporcionarle condiciones de funcionamiento y facultades.
Se apunta a eliminar las palabras "o gastos no previstos". ¿Qué se puede prever en relación con un desastre? ¡Poco o nada!
Ello implica tirarle la Contraloría a la ONEMI y crearle al director problemas de administración y atarle las manos.
Entonces, la Oposición no contribuye en nada -la indicación es del Senador señor Coloma- a darle facultades al organismo. La restricción se impone en relación con un momento en que se requiere unidad nacional y toda la fuerza disponible del Estado para enfrentar una emergencia. Por su naturaleza, esta implica desembolsos impredecibles. En consecuencia, el concepto es absolutamente legítimo, necesario.
Si no, se obliga a incurrir en una falta administrativa.
Lo que se precisa es fiscalizar que los gastos no previstos se hallen plenamente justificados, fiscalizados, supervisados, mas no quitar una facultad a la ya debilitada y, como ya sabemos, en muchos sentidos fracasada ONEMI -ello incluye su actual edificación e infraestructura en Santiago-, a lo que se agrega la incapacidad que hemos exhibido, desde 2010 a la fecha, para modernizar y actualizar de verdad un sistema tendiente a enfrentar emergencias nacionales.
Estimo que la medida en examen va en contra de una mayor eficiencia y eficacia para luchar contra estas últimas.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa ha consultado a quienes corresponde y está por concluir que la proposición es inadmisible.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín, quien no había hecho uso de ella.
Después, si es necesario, podrá intervenir nuevamente el Senador señor Coloma.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, a mí me parece que la indicación para nada es inadmisible.
A lo único que la disposición quedaría haciendo referencia es al financiamiento de situaciones de emergencia y no a la de "gastos no previstos, los que deberán ser definidos por el Ministro o Subsecretario del Interior". Es decir, se estaría eliminando un "bolsón de payaso" para cualquier otro desembolso. Al emplearse las palabras "Para financiar situaciones de emergencia", ello dice relación con todos los fondos requeridos por ese concepto. ¿Qué gastos no previstos que no sean de emergencia tendría que financiar la ONEMI?
Entonces, lo que se está haciendo es reducir una cláusula de disposición discrecional para una autoridad. Y ello, a mi juicio, no es inadmisible. Simplemente estamos evitando acciones sin presupuestos asignados.
Ya son suficientes, para todos los efectos que mencionaba el Honorable señor Navarro, las palabras "para financiar situaciones de emergencia". No se está amarrando de manos. Se dispone de todos los recursos necesarios, dentro de este fondo, para lograr dicho objetivo.
Lo que estamos planteando apunta a otros gastos no previstos. Porque, de repente, se puede descubrir que faltan automóviles o que es necesario pintar las dependencias de la ONEMI, lo que reviste dicho carácter. Cualquier cosa cabe en tal concepto.
Esta es una asignación que demanda prudencia en el gasto público y que juzgo necesario atender, la que en absoluto resulta inadmisible. Y no le quita ni un centavo a la ONEMI para atender su función: los gastos de emergencia.
Gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, se trata de entender bien la indicación, que podrá gustar o no, pero es completamente admisible.
La idea es omitir recursos para algo que nunca ha estado contemplado en el presupuesto del Ministerio del Interior -y varios de los presentes han ocupado cargos en esa Cartera- en ningún Gobierno, en cuanto a considerar gastos no previstos, pero fuera, ¡ojo!, de la ONEMI.
En consecuencia, el Honorable señor Navarro, en su pasión, no tuvo espacio para leer bien lo que se expone.
Es al revés: ¡el propósito es fortalecer la entidad y que los recursos se canalicen a través de ella, sin establecerse algún organismo o un programa especial con la misma función, pero distinto y que carezca de una estructura!
Claro, uno puede tener votos más, votos menos, pero quiero explicar dónde se halla la esencia: se apunta a una buena administración de los recursos del Estado. Es una situación que nunca se había presentado antes, porque siempre se había entendido que la ONEMI era la que tenía que resolver en momentos de emergencia.
Y comparto que es necesario fortalecer el servicio y darle más estructura. La forma de hacerlo es canalizar los recursos por esa vía y no por otra que carece de una institucionalidad.
Este es el sentido de la indicación, que me parece perfectamente admisible. Pero, además, tiendo a pensar que es sana, desde una perspectiva de administración financiera, y obviamente vigorizadora de la ONEMI, que es lo que entiendo que estamos todos buscando.
Gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sus Señorías tienen todo el derecho a intervenir, por supuesto, pero hay al menos diez inscritos.

El señor LAGOS.- Se puede votar la clausura del debate.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Estimo que deberíamos cerrarlo luego y pronunciarnos sobre la admisibilidad o la inadmisibilidad.
Puede intervenir el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Le presento mis disculpas, señora Presidenta. Pedí la palabra varias veces antes y ahora me atreví a hacerlo de nuevo, porque, en este caso, tiendo a estar de acuerdo con el Honorable señor Coloma. Lo que Su Señoría en realidad está planteando con la indicación es dejar lo que sí importa, que es el financiamiento de las situaciones de emergencia.
¿Quién determina los gastos no previstos? La autoridad. Y lo delicado es que los recursos efectivamente se pueden usar para cualquier cosa. Porque eso es lo que importa un desembolso de dicha naturaleza.
La emergencia es distinta. Y, sobre la base de la declaración del propio Gobierno, se puede invertir lo que se necesite de acuerdo con la magnitud del problema.
Juzgo que aquí no se está afectando nada ni cambiando una facultad, ni mucho menos. Creo que es una medida de buena administración. Y, desde ese punto de vista, la indicación es perfectamente admisible.
Gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- No se excuse, Su Señoría, porque está en su derecho. Solo quise darle una oportunidad al autor de la indicación, a quien cabe escuchar para conocer sus fundamentos.
La Mesa siempre trabaja para estos efectos con un equipo, que concluyó la inadmisibilidad, lo que ella comparte. Se trata de casos que dan lugar a opiniones, como ya lo hemos visto en la sesión.
En votación la admisibilidad.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación del Senador señor Coloma es la número 3 y su tenor es el mismo que la número 43, del Honorable señor García Huidobro, de manera que el pronunciamiento dice relación con ambas.
Quienes se inclinen por la admisibilidad votarán que sí y quienes lo hagan por la inadmisibilidad votarán que no.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
-Por 18 votos contra 8 y una abstención, se declaran admisibles las indicaciones números 3 y 43.
Votaron por la afirmativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Lagos, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, Harboe, Matta, Navarro y Tuma.
Se abstuvo el señor Guillier.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta era una parte de la Glosa 07.
Se pidió votación separada para las indicaciones números 4 y 42.

El señor COLOMA.- Lo razonable es votar la número 3 y eventualmente se retiraría la número 4.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación las indicaciones números 3 y 43.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Por 16 votos contra 9 y 2 abstenciones, se aprueban las indicaciones números 3 y 43.
Votaron por la afirmativa las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Allende y Goic y los señores Araya, Guillier, Lagos, Matta, Navarro, Tuma y Patricio Walker.
Se abstuvieron la señora Muñoz y el señor Harboe.
--Quedan retiradas las indicaciones números 4 y 42. El señor LABBÉ (Secretario General).- Las indicaciones números 5 y 41 son iguales. Fueron presentadas por los Honorables señores Coloma y García Huidobro, respectivamente. Apuntan a disminuir a mil pesos los recursos de la Asignación 045 Delegaciones Presidenciales, con relación a la Glosa 11.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Son admisibles, por supuesto.
En votación.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Honorable señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, creo que es importante dar una explicación.
En la Comisión sostuvimos una discusión bastante extensa respecto de los delegados presidenciales. Nosotros planteamos -y lo señalamos, de hecho, cuando fueron nombrados- que se estaba armando, especialmente en el caso de catástrofes, una organización absolutamente paralela a los Gobiernos regionales. En efecto, hay una estructura en ese nivel para hacerse cargo de dichas situaciones, y si es preciso suplementar la cantidad de personal para tal efecto, entonces ello se debiera hacer bajo la figura del Intendente.
Tratándose de una Administración que está empujando hacia la descentralización, que quiere entregarles más poder a los Gobiernos regionales, que pretende que la autoridad mencionada sea elegida, no se comprende que la Primera Mandataria, en el momento de presentarse una contingencia en la que lo mejor es estar lo más cerca posible de las necesidades de las personas y en la que se debiera potenciar, por lo tanto, la figura del Intendente y del Gobierno regional, lo que haga sea pasar por encima del primero y nombrar delegados presidenciales.
Nos parece que ello implica no solo poca confianza en las autoridades en ese ámbito, sino, adicionalmente, armar una estructura de poder paralela al Gobierno regional y generar una dualidad de funciones que puede llevar a que, de hecho, no se pueda cumplir bien las tareas encomendadas.
Además, cuando uno revisa la contratación de personal en el caso de las delegaciones presidenciales, le merece bastantes dudas que las personas contratadas estén ayudando a la finalidad para la cual fueron nombradas en sus cargos.
Voy a mencionar algunos ejemplos.
Para el cumplimiento de labores de delegados presidenciales para situaciones de catástrofe, aparecen contratados un realizador de cine o televisión con mención en dirección de fotografía, por 2 millones 500 mil pesos; un estudiante de Ingeniería Civil Industrial -ni siquiera tiene el título-, por 2 millones 600 mil pesos; un licenciando en enseñanza media, por 2 millones 400 mil pesos; un egresado de la carrera de Trabajo Social, por casi un millón de pesos; un experto en gestión territorial, por 2 millones 700 mil pesos; luego figura un administrador público, pero encargado de asesoría en coordinación de redes sociales en torno a la emergencia, por 1 millón 900 mil pesos.
Y así, suma y sigue.
Uno se pregunta cómo se contrata a personas para hacerse cargo de funciones paralelas a las de los gobiernos regionales.
Aparecen contratados, además, un licenciado en Ciencias Religiosas, por 1 millón 300 mil pesos; otro administrador público, a cargo del buen funcionamiento de la información territorial (o sea, da la sensación de que se hace mucho trabajo territorial), por 2 millones 400 mil pesos; una persona que solo tiene licencia de educación media, por 2 millones 200 mil pesos, y muchos periodistas, encargados de prensa, por la misma cantidad.
En verdad, cuando uno revisa la lista, se pregunta qué labor cumplen los delegados presidenciales, pues aparecen contratadas personas con muy altos sueldos. ¿Y cuál es la función que finalmente deben realizar?
Nosotros creemos que dicha labor la tienen que desarrollar las intendencias, y que no es necesario duplicar funciones y contratar gente ajena a los gobiernos regionales, la cual le sale bastante cara al erario.
Por lo tanto, señora Presidenta, consideramos que las delegaciones presidenciales no son indispensables -la lista de contrataciones nos merece muchísimas dudas-, y por eso hemos presentado la indicación en debate.
Gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero informarles que tengo a doce señores Senadores inscritos. Se los comento para que vean el ritmo de avance que estamos teniendo en la discusión, la cual no quiero inhibir en absoluto, ya que me doy cuenta de su importancia. Pero se los informo para que tomen conciencia del número de inscritos.
Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Muy breve, señora Presidenta.
Solo quiero decir que la Cuarta Subcomisión discutió el punto y hubo acuerdo para que se realizara una evaluación. Por eso por ahí se incorpora la idea de evaluar la gestión y de informar periódicamente al Parlamento, en fin.
Pero las misiones asignadas tienen que terminar.
Felipe Kast fue delegado presidencial para los campamentos. Pero de repente como que se perdió; o sea, no se supo nada; no siguió.
Aquí lo importante es que cada delegado presidencial, designado para cumplir una meta que forma parte de las facultades de la Presidenta de la República, cumpla sus funciones y los objetivos que se le asignan, y que se justifiquen los distintos gastos.
Eso es lo que pedimos: que haya información periódica y una evaluación.
Por eso, esta asignación hay que aprobarla, porque se trata de operaciones que están en marcha. Otra cosa es definir el marco más permanente para este tipo de tareas especiales.
A varios nos gusta más la idea de una task force, una fuerza de tarea, un equipo para un objetivo mucho más preciso aún. Pero la modalidad del delegado presidencial ya está en marcha y es bueno que sea evaluada a medida que se vaya avanzando.
Entiendo que dos de los delegados terminan ahora sus tareas, así que habrá que ver después.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, esta indicación nos permite hacer un debate acerca de cómo el Estado de Chile hace frente a situaciones de catástrofe o de emergencia que obligan a que su Administración permanente busque fórmulas de flexibilización para poder enfrentar realidades como las descritas.
Yo le quiero recordar a la colega que me antecedió en el uso de la palabra que los delegados presidenciales no son una novedad de ahora. Los han empleado distintos gobiernos. De hecho, la Administración del Presidente Piñera designó delegados presidenciales con determinados tipos de gasto y con personal para apoyar la labor que desarrollaban.
Por razones evidentes, al que más conocí fue al Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, quien era el delegado plenipotenciario especial para enfrentar la sequía en la Cuarta Región. Y después entiendo que le ampliaron su radio de acción hasta la Provincia de Petorca.

El señor MONTES.- ¡Y la sequía sigue...!

El señor PIZARRO.- Él actuó sobre la base de un mecanismo exactamente igual al que se utiliza en la actualidad.
Entonces, lo primero que quiero decir es que no se trata de ninguna novedad.
¿Por qué se plantean los delegados presidenciales? Se plantean como una forma de apoyar y respaldar el trabajo que se debe hacer en terreno frente a una emergencia, en paralelo con la estructura normal y tradicional del Estado, en este caso intendencias, gobernaciones y algunos servicios a los que normalmente les toca participar en este tipo de eventos, como los vinculados con vivienda, obras públicas, salud, etcétera, si la emergencia ha sido un terremoto. Se trata de personas encargadas de apoyar, respaldar y coordinar de mejor manera el aparato estatal que acude en apoyo de quienes sufren esta clase de catástrofe. Muchas veces deben coordinarse, incluso, con el sector privado, cuando ello se requiere.
Nosotros tenemos hoy un delegado presidencial para recursos hídricos.
El Senador Montes hizo referencia al encargado del terremoto del norte y al del incendio en Valparaíso, que son cargos transitorios. Por esa razón, muchas veces se tiene que gastar e invertir en recursos humanos con sueldos o ingresos que pueden aparecer exagerados. Sin embargo, cuando a una persona uno la saca de otra tarea y la dedica con exclusividad a una labor de manera temporal, por 3 o 4 meses, normalmente tiene que pagarle un poco más. Yo no sé si los sueldos que mencionó la señora Senadora están dentro de esa lógica, pero siempre se opera así.
Nosotros tenemos un delegado presidencial para la sequía, ya permanente en varias regiones del país, quien es un experto de alto nivel internacional que ha sido capaz de ir coordinando toda la acción a desarrollar para enfrentar la escasez del recurso hídrico, desde las carencias legislativas que se advierten.
Hay una Comisión Especial creada por este Senado para abocarse al tema del agua, donde estamos analizando desde las modificaciones necesarias de introducir en la Constitución para garantizar que el agua sea realmente un bien nacional de uso público y que sus prioridades se hallen establecidas en la ley, hasta cómo trabajamos para mejorar el uso del poco recurso hídrico en la parte productiva, en la parte servicios, y para establecer el acceso de cada persona a él como un derecho elemental.
Un delegado especial de esa naturaleza debe coordinar una tarea casi a nivel país. Hoy día hablamos de todas las regiones del norte; de la Quinta; de sectores de la Séptima, particularmente el secano. En la actualidad hay sequía hasta en la Región de Aisén.
Entonces, no puede tratarse de una sola persona o de un intendente que deba coordinarse con otros que tienen prioridades distintas. Necesitamos entes que coordinen de mejor manera estas tareas. Pero no hay ninguna estructura paralela ni mucho menos. Sí me parece sano y natural que se vaya haciendo una evaluación del trabajo de los delegados presidenciales, de los frutos que van obteniendo y del efecto positivo que produzcan en cada una de las zonas donde les toque intervenir.
Por lo tanto, considero absurdo dejar sin recursos a funciones que hoy están desarrollándose, buscando ayudar y mejorar la gestión del sector público y también del sector privado, en apoyo de quienes han sufrido catástrofes de distinto tipo.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Muy breve, señora Presidenta.
Nada más quiero hacer un recuerdo. Esto de la designación de delegados presidenciales es algo históricamente aceptado por todos nuestros presidentes.
No nos olvidemos de Raúl Sáez, a quien don Jorge Alessandri puso a cargo, como representante presidencial, de toda la emergencia del sur.
Luego, no podemos negar que cuando ocurrió el famoso terremoto del cobre, se nombró a don Juan de Dios Carmona como delegado del Primer Mandatario.
Y así, podríamos seguir.
Cada Presidente ha nombrado delegados suyos.
Por lo tanto, esta indicación solamente provoca un debate innecesario. Los delegados presidenciales siempre han existido para casos de emergencia o de catástrofe. Y se justifican, por cuanto se radica en ellos toda una responsabilidad para afrontar situaciones en las que el país requiere una solución.
Por ese motivo, creo que la indicación no tiene sentido ni consistencia.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, a diferencia de lo que se pudiera pensar y en relación con los argumentos del Senador Zaldívar, creo que los delegados presidenciales han sido un gran aporte y, en consecuencia, voy a votar en contra de la indicación.
Efectivamente, si no hubiésemos tenido un delegado presidencial que se hubiera hecho cargo de la emergencia en Valparaíso para los efectos de resolver rápidamente, en terreno, cerca de las personas, la situación compleja que ella significó; si no tuviéramos un delegado especial presidencial para el problema de la sequía, que le dé la importancia que requiere, particularmente en la provincia de Petorca, en lo que dice relación con la primera y la segunda secciones del río Aconcagua; si no tuviésemos un delegado presidencial para la reconstrucción en Iquique y Arica, estas situaciones serían muy complejas.
Todos quisiéramos avanzar en materia de descentralización y entregar mayor autoridad a los intendentes, pero, mientras eso no ocurra, mientras los jefes regionales no posean todas y cada una de las facultades y deban seguir mirando a Santiago para resolver, finalmente, alguna política pública o la inversión de algún recurso, los delegados presidenciales se justifican.
Al revés de lo que piensa mi sector, voy a votar en contra de la indicación, pues considero que ellos han realizado una buena labor, o al menos han estado cerca de las necesidades de las personas, en particular en materias y temáticas importantes.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, la verdad es que los delegados presidenciales son una figura más antigua que Felipe Kast, nombrado por el Presidente Piñera como encargado de aldeas y campamentos en la Región del Biobío.
Parten por allá por el año 60. Por eso que no lográbamos recordar con cercanía, como lo hizo el Senador Zaldívar, esos tiempos. Y son una figura institucional que a mí no me gusta, porque, en definitiva, se superpone a los intendentes y denota carencias en materia de descentralización. O sea, el "rey" manda un delegado a la zona sur; del "virreinato" se envía un agente a las regiones, a la intendencia.
Son una figura que no debiera existir, pero que es necesaria. Yo comparto con el Senador Chahuán lo positivo que han sido los delegados presidenciales.
Por eso que la indicación en debate tiene algo de irracionalidad. Esta proposición, presentada por el Senador Coloma, plantea eliminar el delegado presidencial de Valparaíso -para que la gente de aquí lo sepa-, el cual tiene asignado un monto de 331 millones; eliminar el delegado presidencial de Arica; también el de recursos hídricos, que tan bien lo ha hecho en la Octava Región, donde existe una sequía tremenda en más de 41 comunas; suprimir, asimismo, el delegado de la reconstrucción de Tarapacá y el de la reconstrucción del 27-F en la Región del Biobío.
Claramente, siendo un personaje complejo, su eliminación -la reducción de su presupuesto a mil pesos-, tiene un objetivo político; mezquino, en mi opinión; absolutamente irracional.
Si en verdad se quiere combatir la figura de los delegados presidenciales, hay que apresurar la ley que permite elegir directamente a los intendentes, sacar la ley de los cores y dotarlos de verdadera capacidad, en vez de dejarlos en la invalidez en que hoy se encuentran.
Hay distintas formas de fortalecer los gobiernos regionales, pero no eliminando abruptamente los recursos para los delegados presidenciales.
Yo lamentaría mucho que, producto de una mayoría circunstancial, por la ausencia de Senadores de la Nueva Mayoría, esta indicación fuera aprobada, señora Presidenta, porque sería, francamente, un despropósito.
Pienso que la Oposición tiene que hacer su trabajo. Y su trabajo es hacer oposición. Esa es su pega; para eso les pagan. Ese es el objetivo político, y también, el de cada uno de sus partidos, la UDI y RN.
Sin embargo, me parece inconsistente, incoherente, que la Unión Demócrata Independiente pretenda eliminar los delegados presidenciales cuando los usó intensamente durante el Gobierno del Presidente Piñera. Muchos de ellos, incluso, usaron ese espacio para ingresar al Parlamento. Ahí está Felipe Kast, quien ayudó en los campamentos. Porque algo hizo; no fue un mal Ministro, en mi opinión; tenía bastante capacidad. Pero hoy lo tenemos en la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, se trata de funciones necesarias que, si se las desea terminar, hay que hacerlo con una verdadera ley de descentralización, un verdadero regionalismo. Ojalá tengamos a la brevedad intendentes electos y cores con facultades y fortalezas reales, entre ellas, asignaciones y remuneraciones adecuadas para que puedan cumplir sus funciones a cabalidad.
Voy a votar en contra de la indicación.
En cuanto a lo señalado por la Senadora Von Baer, que hizo un recuento de las características de cada uno de los equipos de apoyo de los delegados presidenciales, deseo recordar que ha habido algunos que eran bailarines de cueca. Esa era su función. Eso ocurrió en Talcahuano. Y en el SERVIU de la Región llegó a haber siete periodistas, ¡siete periodistas!, los cuales tuvieron que salir porque, francamente, eran un exceso.
Ojalá no haya más excesos en este ámbito y ojalá que la indicación del Senador Coloma y de la UDI sea derrotada en esta Sala.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, a mí me llama profundamente la atención cuando se dice una cosa y se actúa de una manera absolutamente distinta.
Acá se hacen grandes gárgaras en discursos donde se habla de la descentralización, de la regionalización, pero, cuando se trata de creer y de empoderar a los gobiernos y autoridades regionales, resulta que no existe esa voluntad.
Yo le quiero decir al Senador Navarro -por su intermedio, señora Presidenta- que la autoridad no se da: se ejerce. Y, por lo tanto, los intendentes tienen toda la capacidad para ejercer sus facultades y ser la máxima autoridad de la región si cuentan con el respaldo de la Presidencia de la República.
La inconsistencia y la incoherencia está en eso: en decir que se cree en las regiones, en pedir que se abogue por la descentralización, pero luego, cuando hay que empoderar a las autoridades regionales, no entregarles ni el piso ni el respaldo necesarios para que puedan representar al Presidente o Presidenta de la República.
En este caso en particular, los intendentes son representantes del Primer Mandatario. No pueden pertenecer a una colectividad distinta de las que apoyan al gobierno de turno. Por lo tanto, lo lógico es que en cada región el representante que ha puesto el Presidente, la máxima autoridad regional, tenga las atribuciones, los recursos y todas las herramientas necesarias para poder sacar adelante a su territorio y llevar a cabo la tarea que el Presidente o Presidenta le ha encomendado.
Por consiguiente, crear figuras centralizadas que dependan de Santiago, cuando estamos hablando de creer en las regiones, me parece que no corresponde.
En materia de recursos hídricos, la función de la delegada presidencial ha sido cercana a cero, por lo menos en el Biobío, donde no se ha notado absolutamente nada. Yo hubiese preferido, infinitamente más, que esos recursos se los hubiesen entregado al Ministerio de Obras Públicas, para que desde allí, con una visión cercana y de la mano con los alcaldes, se hubiesen comenzado a realizar las obras y los estudios necesarios para resolver la situación que afecta a muchísima gente de nuestro país.
Por lo tanto, pienso que los delegados presidenciales son una muy mala figura.
Y quiero recordarle al Senador Navarro que Felipe Kast no es parlamentario gracias a haber ejercido esa función. ¡Él quería ser parlamentario por la Región del Biobío, pero ahí estaba yo¿!

El señor MONTES.- ¡Usted lo echó para afuera¿!

El señor PIZARRO.- ¡Estaba ocupado el puesto¿!

La señora VAN RYSSELBERGHE.- He terminado, señora Presidenta.
Gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, en la actualidad existen dos delegados presidenciales a raíz del terremoto en el norte. Y el año 2005 ocurrió exactamente lo mismo.
El mérito de estas indicaciones es colocar en debate esa figura, más allá de que históricamente la hayan ocupado distintos Presidentes de la República.
Tengo las mejores relaciones con los delegados presidenciales. Y soy plenamente consciente del esfuerzo de cada uno de ellos por sacar adelante los planes de reconstrucción. Pero considero que se trata de figuras seriamente cuestionables desde el punto de vista institucional.
¿Por qué lo señalo, señora Presidenta? Porque los delegados presidenciales no tienen poder en las regiones, y, además, porque se genera un paralelismo con las autoridades regionales que solo provoca fricciones al interior de aquellas.
Desde mi perspectiva, más que un delegado presidencial debería existir una figura subordinada a la máxima autoridad regional.
Evidentemente, frente a una emergencia y a una reconstrucción se requieren normas excepcionales para que los distintos poderes públicos se subordinen a esa autoridad, la cual debe actuar en forma rápida ante la catástrofe, pero también frente a la reconstrucción, que precisa un plazo bastante más largo.
Sin embargo, tal como se concibe hoy esta figura en términos institucionales: sin facultades extraordinarias y sin tener que reportar a la región, provoca -repito- fricciones de liderazgo al interior de ella que van retrasando los planes de reconstrucción.
Me atrevería a decir que muchos planes de reconstrucción fracasaron, aun con la existencia de delegados presidenciales, al carecer estos de facultades extraordinarias para poder imponerse a determinados servicios con la agilidad requerida.
De ahí que la virtud de estas indicaciones sea poner en debate ese tema.
En consecuencia, en primer lugar hay que hacer un cambio institucional para enfrentar las emergencias a nivel territorial. No puede existir paralelismo entre las autoridades.
Y, en segundo término, dentro de la estructura regional debe haber una autoridad -con otro nombre quizás, no con el de "delegado presidencial"- subordinada al intendente y con facultades extraordinarias.
No obstante, estamos hablando de otro escenario.
Por lo tanto, más allá de que en el terremoto de Valdivia, en la década del 60, hayan existido estas figuras, uno no las cuestiona, sobre todo viendo la aplicación práctica en las distintas emergencias.
Y aun cuando se haya avanzado en una serie de materias referidas a las emergencias, ello no ha ocurrido desde el punto de vista institucional a fin de posibilitar que se actúe con eficacia frente a la emergencia y, sobre todo, a la reconstrucción.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, siguiendo lo planteado por el Senador señor Orpis, pienso que el mérito de estas indicaciones es poner en discusión el tema de fondo: la existencia de la figura de los delegados presidenciales.
Pero sería una tremenda falta de coherencia de mi parte estar en contra cuando fui yo quien le pidió al Presidente Piñera que se designara un delegado presidencial en nuestra Región de Valparaíso, por los problemas de escasez hídrica. Y, por lo tanto, no puedo pronunciarme a favor de su texto, sino en contra, por un asunto de coherencia.
Creo firmemente que los delegados presidenciales son un aporte cuando suceden situaciones catastróficas, como el incendio ocurrido aquí, en la provincia, comuna y ciudad de Valparaíso, que fue devastador, al igual que la falta de recursos hídricos en nuestra provincia de Petorca y en el resto de la Región: provincias de Marga Marga y de Quillota y valle del Aconcagua.
Por tal razón, voto en contra de estas indicaciones, pues me parece que dejar esta Glosa en mil pesos no tiene ninguna justificación en un país como el nuestro, habitualmente sacudido por catástrofes de este tipo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, es importante colocar en perspectiva estas indicaciones.
Aquí discutimos un tema muy de fondo.
Y quiero hacer una reflexión que, ojalá, sea compartida: ¿Cuánto se valoran los gobiernos regionales? ¿Cuánto se valora, en definitiva, la regionalización?
¿Estamos preparados física y psicológicamente como país para que los problemas regionales se resuelvan en las regiones?
Ese es el punto de fondo.
Entiendo que algunos puedan responder que no. Yo considero que sí.
Ahora bien, estimo que el uso de esta institución, que -como relató otro Senador- tiene fundamento en situaciones de emergencia histórica, ha generado su debilitamiento y, además, que sea una mala influencia local.
Hoy existen cinco delegados presidenciales en distintas zonas o lugares, y hay más de 150 personas trabajando solo en Tarapacá para efectos de la sequía sin contar lo relativo a la reconstrucción.
Y la pregunta es: ¿Acaso las Regiones de Tarapacá o del Maule, donde se centra el grueso de la reconstrucción, junto con la del Biobío, no podrían resolver los problemas en los cuales están enfrascadas si se les dieran capacidades locales suficientes?
Eso es lo relevante de las indicaciones: decir primero que la región debe tener las capacidades y establecer después -me parece bien la sugerencia del Senador Orpis- una institucionalidad que lo permita. Pero no creamos que porque se nombra centralizadamente a alguien que le hace caso al Gobierno nacional, y no al regional, se tendrán más condiciones o capacidades para resolver los conflictos.
En seguida, señora Presidenta, quiero hacer un breve relato.
Se gastan 209 millones de pesos solo en pago de honorarios a estas delegaciones.
Hace unos cinco meses, a raíz de la sequía en el Maule, tuve que hablar con la Seremía de Agricultura para plantear una alternativa que me parecía razonable. Y me dijeron que yo tenía toda la razón, pero que eso no lo podía conversar con el gobierno regional, sino con el delegado o la delegada presidencial.
En consecuencia, resulta muy absurdo que a través de esta vía se cercene a las regiones, no solo en lo que respecta a recursos físicos, sino también desde una perspectiva conceptual, la capacidad de respuesta que localmente deben tener, por ejemplo, en una emergencia.
Ese es el problema.
Uno puede decir que se trata de recursos más o de recursos menos. Sin embargo, -¡ojo!-, son más de 200 millones de pesos y están involucradas 150 personas. No estamos hablando de algo simple. Pero lo más complejo es la naturaleza de aquello: instalar en un debate que hay regiones que no están en condiciones de resolver sus problemas.
A mi juicio, hay mucha más capacidad instalada y conocimiento directo de los problemas en la gente cercana a estos que en una persona que llega de repente -como pude observarlo-, que no conoce la región y que se instala. Obviamente, ella primero tiene que averiguar de qué se trata: cuáles ríos existen, dónde llueve más, qué pasa en determinadas circunstancias. De esa forma se pierde un tiempo que en otras circunstancias no se habría perdido.
Ese es el tema de fondo, y corresponde al siglo XXI.
Yo entiendo que en el siglo XX o en el XIX había una incapacidad física de instalación o comunicación que ameritaba una intervención. ¡Pero estamos en el siglo XXI, en el 2014!
Eso ya es parte del pasado. Hoy deberíamos fortalecer la institucionalidad regional, local, para superar esos problemas y no creer en los delegados "mágicos", que -insisto- arrastran el poder del centralismo e inhiben a quien desde la región trata de resolverlos.
Señora Presidenta, ese es el sentido de las indicaciones, que a mí me parece superrazonable y fue objeto de un amplio y muy interesante debate en la Subcomisión, porque aborda materias de fondo.
No se trata de una caricatura, sino de qué pensamos que enfrentarán a futuro los gobiernos regionales.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se rechazan las indicaciones N°s 5 y 41 (25 votos contra 10).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la afirmativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Pérez Varela y Prokurica.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La última indicación a esta Partida es la N° 74, del Senador señor Harboe, al Programa 02 Inversión Regional Región VIII, para remplazar en la denominación "Ingresos" el guarismo "93.213.992" por "115.000.000".
--Se declara inadmisible la indicación N° 74.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Hemos terminado con las indicaciones.
Corresponde dar por aprobada la Partida.

El señor LETELIER.- ¿Hay que votarla o no?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si se pidiera votación expresamente. De lo contrario, habría que dar por aprobado el resto de la Partida, pues ya decidimos sobre las indicaciones.

El señor LETELIER.- Reglamento, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, algunas de las Partidas sufrieron modificaciones en la Cámara de Diputados producto de indicaciones que no hemos discutido.
Por eso, entiendo que hay que votar cada Partida.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Pondremos en votación el resto de la Partida, si esa es la voluntad de la Sala.

El señor COLOMA.- Un momento, ¿y si alguien quiere fundamentar el voto?

El señor ORPIS.- Pido la palabra.

El señor LAGOS.- No existe inconveniente. Es un derecho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Está bien.
Ya estamos citados hasta las 4 de la mañana, así que no hay problema.
Todavía nos quedan 19 Partidas, Honorable señor Coloma.
En votación.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Lo lamento, señora Presidenta, pero la verdad es que esta Partida es muy importante para mí, porque se refiere al presupuesto del Gobierno Regional del Biobío, Región a la cual tengo el honor de representar.
Si bien dicho presupuesto sufrió una modificación, al aumentarse sus recursos -por esa razón se debe votar la Partida-, no lo es menos que la Octava Región tiene un alto índice de pobreza, un alto índice de cesantía, un alto índice de vulnerabilidad, y, sin embargo, este incremento ni siquiera llega al promedio del aumento en el resto de las regiones.
Creo que la Región del Biobío fue castigada por la naturaleza: hubo un terremoto, un tsunami y una serie de avatares. Y no merece, de ninguna manera, que además sea castigada por la falta de recursos públicos.
Ello me parece que no corresponde, señora Presidenta.
Por consiguiente, si bien voy a votar a favor del incremento de recursos, este es francamente insuficiente, por los problemas que presenta la Región que tengo el honor de representar.

El señor ESPINA.- Varios Senadores pidieron fundar el voto.

El señor LETELIER.- Yo también.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Ahora nos encontramos solo en la fundamentación del voto del resto de la Partida, pues ya se aprobó lo que no fue objeto de indicaciones, y las que se presentaron ya fueron aprobadas o rechazadas.

El señor BIANCHI.- Eso ya pasó. Ahora estamos en otra cosa.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba el resto de la Partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad Pública (34 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Despachada la Partida Ministerio del Interior.

El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, señores Senadores, corresponde tratar la Partida 07 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
En primer lugar, se halla la indicación N° 1, del Senador señor Navarro, para incorporar a esta Partida lo siguiente:

"Para aquellos Ex Trabajadores de la Flota Industrial Exonerados durante la vigencia de la Ley N° 19.713 o sus Viudas que a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley, no cuenten con los medios adecuados para resolver los mencionados problemas y precariedades, se `asignarán $1.800.000.000.- durante el año 2015 y $1.800.000.000 durante el año 2016 a través del Estado en instrumentos Sociales de apoyo' para resolver los mencionados problemas y precariedades poniendo fin a dicha problemática social".
La opinión de la Secretaría es que esta indicación es inadmisible, por incidir en materias de administración financiera e incorporar gastos.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en todos los Gobiernos siempre hemos intentado anticiparnos a los conflictos sociales y no gestionar, en medio de su ebullición, el desembolso de recursos del Estado.
No obstante, parece que todos los Gobiernos son de la misma naturaleza. Nos pasó con la Concertación; nos pasó en la Administración de Piñera, y nuevamente vamos a repetir el esquema.
En cuanto a los tripulantes pesqueros que salieron producto de la Ley de Pesca, que yo voté en contra precisamente porque no había pacto social, dijimos que era necesario anticipar la situación, pues iban a quedar absolutamente desprotegidos. De hecho, a los seis meses de aprobada dicha legislación, la mitad de la flota fue despedida, sin ningún tipo de apoyo social. Sin embargo, dos años después se dictó una normativa para ir en ayuda de trabajadores del sector privado, afectados por la aplicación de la mencionada ley.
Desde esa época, señor Presidente, hace doce o trece años, se viene arrastrando este problema. A los extrabajadores de la flota industrial, exonerados por la vigencia de la Ley de Pesca (la N° 19.713), se les fijó un monto de recursos por recibir.
Pero han transcurrido doce años y esos dineros no se han utilizado. Allí están. Fueron fijados en una ley, que aprobamos, y no se han ocupado.
Ellos reclaman que esos recursos no gastados sean empleados íntegramente, porque debido a malas administraciones diversas se ha venido dilatando la entrega de beneficios en capacitación, en formación, a pesar de encontrarse aprobados.
Por tanto, más allá de su admisibilidad, pido al señor Ministro de Hacienda, al Gobierno de la Presidenta Bachelet, considerar que esta indicación, firmada por los Senadores señor Ricardo Lagos Weber, las señoras Adriana Muñoz y Jacqueline van Rysselberghe y los señores Jorge Pizarro y Patricio Walker, hay un elemento de contenido social.
No merecen los trabajadores industriales pesqueros, que salieron con motivo de la Ley de Pesca, el trato que les estamos dando, y requieren asistencia social.
En consecuencia, solicito realizar esto antes de que se produzcan movilizaciones. Lamentablemente, ya se han registrado a través del bloqueo al puente Juan Pablo II y a otros, lo cual generó caos y congestión vehicular. Si vamos a esperar que nuevamente ocurra una movilización social intensa para dar respuesta a sus peticiones, creo que habremos equivocado el camino.
Lo mejor es una mesa de diálogo, señor Presidente, terminada la discusión de este proyecto de Ley de Presupuestos, que permita avanzar en la solución de esta justa demanda de los trabajadores industriales pesqueros, que solo reclaman lo que ya aprobamos en este mismo Senado.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Señor Senador, la Mesa comparte la legitimidad de su aspiración, sin embargo, su indicación continúa siendo del todo inadmisible.
Le voy a ofrecer la palabra al señor Ministro, por cuanto Su Señoría planteó la conformación de una instancia de trabajo, más que insistir en su indicación.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- ¿Me permite, señor Presidente, para referirme a lo mismo?

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBE (Secretario General).- Solamente deseo aclarar que la indicación es de los Senadores señor Navarro, señoras Muñoz y Van Rysselberghe y señores Patricio Walker y Pizarro.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Señor Ministro, respecto de la mesa de trabajo que se ha planteado, ¿desea hacer algún pronunciamiento?

El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- No, por ahora.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, sabemos que la indicación es inadmisible.
¡Probablemente, lo más increíble es que esté firmada por el Senador Navarro y también por mí¿! ¡En fin, nadie es perfecto¿!
Sin embargo, es efectivo lo que se señala: existen en las regiones 300 extripulantes industriales que no han podido ser beneficiados por la ley, luego de haber sido desvinculados, producto de innumerables razones. Y ninguna de estas es culpa de ellos.
Incluso, hay dictámenes de la Contraloría que indican que esa situación debiera regularizarse.
Con todo lo increíble que parezca, suscribí la indicación del Senador Navarro para que se genere una instancia que permita resolver este asunto y, así, avanzar en la solución de tales problemas.
Esos trabajadores, de verdad, no lo han pasado bien. Tienen familia y han sacrificado su vida entera en el trabajo; por tanto, merecen una respuesta.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, en la misma línea de las intervenciones de los colegas que me han antecedido, hago presente que estamos frente a un drama social muy grande, al cual los Gobiernos no le han dado solución.
Estos trabajadores llevan más de catorce años luchando por una reivindicación que se les prometió en el marco de la ley Nº 19.713.
Aunque este Parlamento carece de facultades constitucionales para plantear los montos que la indicación sugiere, sí tenemos atribuciones para pedir al Gobierno que nos escuche.
Aquellas personas se han movilizado. Son trabajadores de Talcahuano y Coquimbo.
Además, en esa realidad están involucradas también las viudas. En efecto, muchas familias han ido perdiendo a sus jefes de hogar.
Se ha manifestado una situación de silencio al no poner las cartas sobre la mesa y no armar la instancia de trabajo respectiva. Aquellos ex tripulantes industriales exonerados -ya van quedando 300 en total- tienen derecho a ser invitados a una mesa de trabajo y a obtener una respuesta a sus demandas.
Lo peor es la incertidumbre permanente, el desvío de la atención.
Aprovechando la presencia del Ministro de Hacienda, pido que se consagre en esta Sala un compromiso tendiente a estudiar esta materia y a buscar una solución.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, hemos seguido con atención el debate sobre este asunto.
Por cierto, coincidimos con la Mesa respecto de la inadmisibilidad de la indicación número 1.
Pese a ello, deseo referirme a dos aspectos.
El primero dice relación con el proyecto de ley, hoy en trámite en la Cámara de Diputados, que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA), lo que llamábamos "el INDAP pesquero", que constituye, de una u otra manera, un avance respecto de los compromisos que se hicieron en esta área.
Y el segundo es que lo que se está solicitando ya se encuentra en operación. En efecto, en el Ministerio de Economía hay un grupo de trabajo que se halla estudiando esta materia.
Hemos adoptado el compromiso no solo de analizar la situación descrita, sino también de generar una propuesta con relación a lo que aquí se ha manifestado. La promesa del Ejecutivo es caminar en esa dirección e informar al Senado y al Congreso Nacional acerca del avance del asunto.
Eso es todo, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La indicación es inadmisible.
--Se declara inadmisible la indicación número 1.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Las siguientes indicaciones son las números 33 y 39, de los Senadores señores Coloma y García-Huidobro, respectivamente.
Es para remplazar, en el último inciso de la Glosa 05, asociada al Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, Capítulo 03, Programa 01 (página 16 de la Partida), la oración: "Los estudios y proyectos que se realicen con cargo a este ítem deberán asignarse de acuerdo a la normativa vigente en la materia" por "Los estudios y proyectos que se realicen con cargo a este ítem deberán asignarse por Licitación Pública".
En opinión de la Secretaría, las indicaciones son inadmisibles, pues inciden en la administración financiera y presupuestaria del Estado. La legislación vigente en este ámbito es la normativa sobre el sistema de compras públicas, que no se refiere exclusivamente a licitación pública.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa las declara inadmisibles.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, asumo que el contenido de las indicaciones es de dudosa admisibilidad. No voy a discutir la declaración que usted ha hecho al respecto.
Sí quiero llamar la atención sobre el cambio de criterio que se está planteando a través de un léxico que no es tan neutral.
Hasta antes de este Gobierno, y durante varias Administraciones, este tipo de estudios y proyectos se asignaban vía licitación pública, que es un sistema transparente, potente, y que da garantías a todos los involucrados de que no habrá ningún tipo de arbitrariedad o beneficio de unos sobre otros.
Pero la regla general se está remplazando por la aplicación de la Ley sobre Compras Públicas. El detalle es que en esta normativa se permite, en determinadas circunstancias -y ahí radica el punto de fondo-, la negociación directa. Y eso va matando la institución de que se trate.
Además, esta variación no solo se da en esta Partida.
El Ejecutivo está impulsando una política de cambio de criterio en este ámbito, distinta de la aplicada por el Gobierno pasado y por los anteriores a él. En efecto, la pauta mediante la cual un conjunto de actividades se realizaban por licitación pública -con este instrumento se buscaba un máximo de transparencia- se va debilitando, y en su lugar se instala el parámetro de la Ley sobre Compras Públicas, que sí admite grados de discrecionalidad mediante negociaciones directas. Le planteamos este asunto al Director de Presupuestos en su momento, y él reconoció el punto.
Nos habría gustado que se votaran las indicaciones en comento, porque su objetivo era recuperar una transparencia que se había logrado. Sin embargo, lo dispuesto en el proyecto la va debilitando y deteriorando.
Entiendo el punto de vista de la Mesa, señora Presidenta. No voy a insistir en ello.
Pero quiero dejar claro que le planteé al Gobierno mi inquietud. Incluso, le pedimos el patrocinio. No lo quiso dar. Creo que no es una buena señal el que se debiliten las licitaciones públicas por la vía de permitir las negociaciones directas. Eso no es avanzar en transparencia.
He dicho.
--Se declaran inadmisibles las indicaciones números 33 y 39.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Continúe, señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, corresponde tratar las indicaciones números 34 y 40, de los Senadores señores Coloma y García-Huidobro, respectivamente.
En el Capítulo 04, Programa 01, Subtítulo 33, Ítem 01, Asignación 008, Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal, se propone remplazar el inciso segundo de la Glosa 07 por el mismo texto de las indicaciones anteriores, tendiente a que los proyectos sean siempre asignados por licitación pública.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Les damos el mismo tratamiento.
Son inadmisibles las indicaciones, aunque entendemos los argumentos que las animan.
--Se declaran inadmisibles las indicaciones números 34 y 40.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente indicación es la número 140, que recae sobre el Capítulo 06, Programa 01, Subtítulo 05, Ítem 02, Asignación 002, De la Subsecretaría de Agricultura (Fomento).
Es para rebajar el monto de la asignación a 10 mil pesos.
La indicación es del Senador señor Araya.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Esta indicación es admisible.
¿Quiere argumentar, Senador señor Araya?

El señor ARAYA.- Señora Presidenta, retiro la indicación.
--Queda retirada la indicación N° 140.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, las indicaciones números 32 y 38, de los Senadores señores Coloma y García-Huidobro, respectivamente, son iguales y corresponden a solicitudes de votación separada del Capítulo 06, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 117, Compensación Intereses Créditos, Glosa 12.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, cuando discutimos este asunto en la Primera Subcomisión acordamos plantearlo en la Sala a fin de fijar el criterio del Ejecutivo.
Pero noto que el señor Ministro de Hacienda ya no está en la Sala¿

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Llame al Director de Presupuestos¿!
¡Le habría podido contestar¿!

La señora MUÑOZ.- Está la Ministra Rincón.

El señor COLOMA.- Me dirigiré a la Ministra, aunque ella no conoce bien este asunto, que fue objeto de una larga discusión en la Subcomisión.
En la Glosa 12 se está estableciendo un beneficio muy importante para deudores educacionales, sean de la banca o de CORFO. La inquietud, compartida en dicho órgano, apuntaba a cómo el Ejecutivo garantizará -ese es el compromiso que queremos escuchar en la Sala- que tales créditos -hay una rebaja muy fuerte de la tasa de interés: de 9 por ciento en algunos créditos CORFO o bancarios se pasa a 2 por ciento- fueron utilizados para fines educacionales.
Ese es el asunto de fondo.
Existe un conjunto de créditos muy fáciles de determinar. Se trata de gente que se endeudó bajo ese concepto para que su hijo estudiara.
Pero de ahí surgen dos problemas: primero, los recursos derivados de esta especie de beneficio especial no se destinaron a la educación de los hijos, sino a otra cosa -por ejemplo, a hacer negocios, lo cual es legítimo-, y segundo, los créditos comunes (bancarios o de la CORFO) al final se terminaron utilizando para educación.
Entonces, el Ejecutivo y el Parlamento, mediante el Presupuesto de la nación, están realizando un esfuerzo importante para bajar la tasa de interés de esos créditos.
Nosotros pedimos -no nos quedó suficientemente claro de las explicaciones dadas en su momento- el compromiso del Gobierno para establecer en una glosa -ello no se concretó, pero puede hacerse de otra manera- que todo aquel que reciba este beneficio del Estado -en el fondo, son recursos para reducir el interés de los créditos, sean bancario o de CORFO- lo destinará efectivamente al pago de estudios y no a algún tipo de negocios.
No sería sano que, indirectamente, las personas aprovecharan una muy importante rebaja de la tasa de interés para utilizar los recursos en fines distintos a los educacionales.
Señora Presidenta, solicité votación separada de la Asignación 117 y de su Glosa asociada para escuchar un pronunciamiento del Ejecutivo. La única forma de generar discusión sobre esta materia era mediante esta petición.
En todo caso, esta manera de actuar fue acordada en su minuto en la Subcomisión respectiva.
Además, si el Gobierno emitiera una opinión al respecto, podríamos retirar la indicación. Considerábamos complicado votar este asunto sin escuchar la explicación que había quedado pendiente por parte del Ejecutivo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, esta discusión efectivamente se realizó en la Primera Subcomisión. Allí se informó en forma concreta y clara que tales recursos se destinan a subsidiar la baja de la tasa de interés de los créditos entregados por la CORFO para cursar estudios de pregrado y, además, para cubrir los gastos de administración del sistema. Ese es el compromiso.
En la Glosa 12 se hace una relación completa del beneficio.
Ahora, ¿se ocupan esos dineros para financiar estudios? Así debería ser. En caso contrario, tendrá que aclararse el asunto o presentarse la denuncia respectiva.
Pero en la Subcomisión los representantes de la CORFO señalaron que esos fondos son asignados directamente para financiar la rebaja de la tasa de interés de los créditos otorgados con el fin de estudiar y para pagar los gastos de administración, tal como se expresa en la Glosa. De hecho, ahí se incluyen las cantidades precisas.
Por lo tanto, me parece que a esa consulta se le dio respuesta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, ratificando lo manifestado en la Sala por los Senadores Coloma y Zaldívar, el Ejecutivo, a través del representante de la CORFO y del Director de Presupuestos, dejó establecido en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos que estos beneficios a deudores educacionales, bancario o de CORFO, estaban radicados en la dimensión que ha sido expuesta.
Además, la Glosa, como señaló el Honorable señor Zaldívar, dispone el financiamiento de los gastos administrativos.
Esa es la finalidad de los recursos en comento.
Confirmo lo que el Gobierno expresó en la Comisión Especial.

La señora ALLENDE (Presidenta).- El Senador señor Coloma dijo que, si la explicación del Ministro lo satisfacía, no sería necesaria la votación.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, aquí no estamos en una pelea.
A diferencia de lo que se manifestó en la Subcomisión -a lo mejor no se pudo incluir; no estoy haciendo un juicio de valor-, la Glosa indica que la CORFO dictará una normativa para fijar los requisitos que deben reunir los postulantes al beneficio.
Lo que buscábamos, en forma transversal, era que quedaran claros tales requisitos en la Glosa.
Ahí está el punto de fondo.
Todos queremos que este sistema funcione y que no se otorguen créditos para otra cosa que no sea cursar estudios de pregrado con este beneficio de una tasa de interés de 2 por ciento real anual.
Si bien es cierto que la Glosa no quedó como nosotros pretendíamos, entiendo que la CORFO se compromete a solucionar el problema.
Queremos dejar despejado el punto, que es muy relevante, y establecer en la historia de la ley el concepto de que este tipo de beneficios -ellos se entregan vía CORFO y bancos, que es importante, y terminan favoreciendo a los deudores- debe tener por requisito excluyente el que se ocupe para realizar estudios de pregrado.
Esperábamos que esto quedara en la Glosa. No fue así. Sí se dispuso en ella que la CORFO va a dictar una normativa para fijar los requisitos y las condiciones.
Está bien.
Entendemos el espíritu que motiva al señor Ministro. Por eso, retiramos la solicitud de votación separada.
Reitero: lo ideal habría sido incluir dicho asunto en el texto de la Glosa. Creímos que así se haría en la Cámara de Diputados. Pero ello no sucedió.
Confío en que esta forma de escriturar sea la que esperaba la Comisión.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Su Señoría ha dejado bastante explicitada su postura.
Asumo que ha retirado su petición de votación separada.

El señor COLOMA.- Sí.
--Quedan retiradas las indicaciones números 32 y 38.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, quiero formular una consulta al Ministro de Hacienda, por su intermedio.
Sucede que el Gobierno anterior vendió en mil millones de dólares lo que nos quedaba de participación en las empresas sanitarias. Esos fondos en algún momento estuvieron en el presupuesto de la CORFO. Con posterioridad, no aparecieron allí.
El año pasado se le preguntó al entonces Ministro Larraín dónde se hallaban esos dineros. Él señaló que se habían trasladado al Fondo para la Educación de la Partida del Tesoro Público. Pero allí no están.
Entonces, quiero consultarle al Ministro qué pasó con los mil millones de dólares de la venta del diferencial de las empresas sanitarias y dónde están.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Es una consulta que hace el Senador señor Montes. Pero quiero dejar en claro que se retiró la solicitud de votación separada, por lo que esa materia ya se dio por superada.
No sé si en este momento el Ejecutivo tiene una respuesta o contestará con posterioridad.
Queda pendiente la consulta de Su Señoría para cuando el señor Ministro tenga la información requerida.

El señor PROKURICA.- ¿Me permite, señora Presidenta?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra, señor Senador.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, quiero agregar una cosa en la misma línea del Senador Montes.
Nosotros hicimos la misma consulta en su oportunidad y propusimos que los recursos provenientes del sector sanitario se invirtieran en resolver, especialmente, los problemas de las regiones del norte, para financiar las plantas desalinizadoras y a fin de disminuir la tarifa del agua potable, que se va a ir a las nubes producto de la situación que generó el propio Estado.
Por lo tanto, queríamos evitar que los recursos provenientes de la venta de empresas sanitarias se fueran a fondos comunes y a otros destinos, porque, la verdad, ese es un hoyo negro y nadie sabe dónde van a ir a dar.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La respuesta a esa inquietud quedará para más adelante, en la medida en que el señor Ministro disponga de la información requerida.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Habiéndose retirado las indicaciones números 32 y 38, de petición de votación separada, solo queda pendiente dar por aprobado el resto de la Partida que no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se aprobará el resto de la Partida que no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones.
--Se aprueba la Partida 07 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Pasamos a la Partida 08 Ministerio de Hacienda.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En esta Partida, a través de las indicaciones números 30 y 36, presentadas por los Senadores señores Coloma y García-Huidobro, respectivamente, se ha solicitado votación separada del Capítulo 15 Dirección Nacional del Servicio Civil, Programa 01 Dirección Nacional del Servicio Civil.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, solicito que mi indicación, que fue aprobada en la Primera Subcomisión de Presupuestos y, después, rechazada por estrecho margen en la Comisión Especial Mixta, sea sometida a consideración de la Sala.
Desde mi perspectiva -y lo digo con lamento, no con alegría, porque fui parte del intento de que funcionara-, la Dirección Nacional del Servicio Civil es un proyecto fallido del Estado de Chile, lo cual -repito- lamento. Hicimos todos los esfuerzos para que funcionara, pero he constatado que no opera y que estamos malgastando importantes recursos fiscales.
¿Qué quiere que le diga, señora Presidenta? Esto es lo que siento.
No tiene ningún sentido seguir financiando una institución orientada a buscar personal del mejor nivel de excelencia a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Ese fue el origen.
La idea era que para ocupar cargos en los niveles jerárquicos I y II, particularmente -ahora último se ha ido extendiendo-, cualquiera fuera el Gobierno de turno, la calidad de las personas nombradas, a través de búsqueda, de concursos, de ternas, de quinas, mediante expertos en el tema, les permitiera al final, de acuerdo a la función que debían desarrollar -reitero, independiente de la Administración que existiera-, mantenerse en el tiempo en sus cargos.
Sin embargo, las cifras que nos dio el propio Director Nacional del Servicio Civil en la Subcomisión, a mi juicio, son estremecedoras.
Del nivel jerárquico I, en los primeros seis meses, este Gobierno desvinculó -esa es la palabra exacta- al 70 por ciento de las personas nombradas por medio del Sistema de Alta Dirección Pública. ¡Al 70 por ciento! Quiero aclarar que la Administración pasada lo hizo mejor, pero no tanto -para que quede bien claro-, porque desvinculó del orden del 50 por ciento de dichos funcionarios. Pero este Gobierno despidió al 70 por ciento, y en la inmensa mayoría de los casos lo hizo al mes siguiente de llegar al poder.
¿Qué capacidad de evaluación pudo haber tenido un Gobierno que despide al 70 por ciento de las personas del nivel I sin ninguna otra determinación que no sea política?
Me preocupa también que, según lo señalado por el Director Nacional, del nivel II se haya desvinculado en los primeros seis meses al 44 por ciento de las personas nombradas. El Gobierno anterior lo hizo mejor, pero tampoco estuvo tan bien, porque desafectó a cerca del 22 por ciento. ¡Pero aquí estamos hablando del 44 por ciento!
Entonces, señora Presidenta, se trata de un organismo que gasta miles de millones de pesos, porque no estamos hablando de magnitudes menores de recursos. Se deben realizar concursos. Quienes postulan, muchas veces, tienen que renunciar a trabajos, viajar para presentar sus datos al organismo adecuado, pasar por filtros, headhunters, calificaciones, reuniones. Y aquí se consigna un presupuesto de 4 a 5 mil millones de pesos que se gastan solo en la búsqueda de personas. Y en seis meses se desvincula al 70 por ciento de un nivel y al 44 por ciento del otro.
Lo lamento, señora Presidenta.
Yo le entrego una responsabilidad muy alta a este Gobierno, por hacer explotar el Sistema de Alta Dirección Pública. Pero también, por honestidad, he de decir que la Administración pasada, habiendo hecho menos mal las cosas, tampoco fue un ejemplo de cómo se debería proceder. Porque hubo espacio para haber actuado en forma rigurosa.
Entonces, ¿qué sentido tiene que coloquemos una partida en la que se mantenga un sistema que con la actual estructura hace que las personas nombradas, simplemente, duren poco tiempo en los cargos? Porque vendrá otra Administración -y coloquémonos en la situación hipotética de que no es de la misma coalición que hoy gobierna- que, con los antecedentes previos, actuará de igual forma como lo hizo este. Entonces, ¿para qué?
Considero que este Gobierno le dio una puñalada de muerte al Sistema de Alta Dirección Pública, que ya estaba herido ¡Estaba herido de gravedad, pero ahora se encuentra moribundo!
Siendo así las cosas, ¿quién va a querer optar a los cargos de la Alta Dirección Pública hoy día? Cada vez menos gente. Hay que ser muy demente -entre comillas-, porque la persona sabe que la van a sacar o a subrogar y, después de un tiempo, a cambiar.
¿Me concede un minuto, señora Presidenta? Prometo no extenderme más.

La señora ALLENDE (Presidenta).- No hay problema. Puede continuar, Su Señoría.

El señor COLOMA.- Entonces, esta es una reflexión bien bien de fondo. Y lo hago sin ningún entusiasmo ni alegría, porque no me nace. Me encantaría que hubiera funcionado el Sistema de Alta Dirección Pública.
Esto lo estableció, en su momento, el Presidente Lagos, en un acuerdo transversal en este Parlamento. El Gobierno anterior se comprometió a hacer una modificación. La presentó. Pero la Oposición de la época, desgraciadamente, rechazó en la Cámara de Diputados la idea de legislar. Habrá razones para ello. Pero, a mi juicio, eso frustró un espacio de modernización.
Y este Gobierno ha anunciado que va a mejorar y arreglar el Sistema. Sin embargo, en los nueve meses que lleva, básicamente, se ha dedicado a desvincular a personas. No hay ningún proyecto, nada nuevo.
Entonces, en esas condiciones, señora Presidenta, no le encuentro sentido a mantener recursos que se podrían utilizar en muchas otras cosas y no malgastándolos en un mecanismo que pudo haber sido muy bueno para Chile, pero que, lamentablemente, a mi entender, se frustró.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, comparto el sentimiento de que el Sistema de Alta Dirección Pública o el Servicio Civil requieren un debate político profundo.
No creo que la solución sea el camino que propone el Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Pero es evidente que el pacto político que le dio nacimiento a un proceder está quebrado, está cuestionado. Podrá haber diferentes opiniones acerca de quién fue responsable del quiebre, pero tampoco lo considero muy conducente.
Tenemos un problema real sobre las definiciones relativas a cómo se contratan personas para ciertos cargos en el aparato público. Hasta qué punto son de confianza, hasta qué punto no lo son. Yo creo que no ha habido un sinceramiento en el debate.
En la Región que represento hubo una persona a la que se le hizo un concurso; después asumió como Seremi; se aburrió de esa labor y volvió al servicio; le hicieron otro concurso. Era todo legal, pero el caso no hace más que demostrar la precariedad del sistema.
Yo soy de aquellos que cuestionan el sistema en tanto no valora ni incentiva el capital humano propio de cada región, al que se hace competir en desigualdad de condiciones. Porque hay ciertas habilidades tremendamente relevantes -por ejemplo, el conocimiento del territorio frente al cual se va a actuar, con su propia idiosincrasia-, pero que no se toman en cuenta en los procesos de selección.
Y podría continuar, señora Presidenta.
Yo pienso que tenemos un debate pendiente. Y, por su intermedio, se lo planteo al jefe de estos servicios, que es el señor Ministro de Hacienda. No creo que la forma de resolver el punto sea dejar sin fondos el Programa. No es ese el mejor camino: votar a favor o en contra del presupuesto. Porque eso tampoco es de responsabilidad pública. Pero sí invitaría al señor Ministro a generar las condiciones para que reabramos el debate sobre un Servicio que está absolutamente fuera de un consenso político institucional que resulta indispensable para su desarrollo.
Hoy en día no hay consenso sobre qué debe ser de designación, quién no debe serlo, cómo debe serlo. Frente a ello, me parece que la revisión debemos realizarla cuanto antes, porque de esa manera no solo nos ahorraremos recursos públicos, sino que vamos a generar un Servicio Civil de mejor calidad para el futuro.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, efectivamente, este tema se planteó en la Primera Subcomisión, donde participamos con el Senador Coloma. Y escuchamos al Director del Servicio, quien nos dio una explicación sobre cómo estaba funcionando.
Yo no quiero hacer una comparación estadística aquí para destacar quién ha puesto menos o más cargos fuera de la designación que haya hecho este Servicio cada vez que hay cambio de gobierno.
Por mi parte, pienso que el acuerdo a que se llegó en su tiempo para crear el sistema de Alta Dirección Pública fue demasiado optimista. Porque establece que los cargos de primer nivel jerárquico -principalmente, directores regionales de servicios importantes, como los de salud, FOSIS, INDAP y otros- deben participar en un concurso exigente, para luego ser nombrados por la autoridad que corresponda. Pero después viene un nuevo gobierno y, como no son de confianza, proceden a retirarlos y a hacer otras designaciones.
También es cierto que se ha abusado en uno y otro gobierno con los nombramientos interinos cuando no sale dentro de la terna alguien que sea de la confianza del Ejecutivo.
Entonces, hay que revisar este tema con mucho más realismo. Es necesario establecer una carrera funcionaria. Pero cuando se llega a determinar que la inamovilidad se va a producir en el primer nivel jerárquico, se genera un choque con el problema de la confianza. Y surge este ánimo de buscar un subterfugio, una forma de evitar que un funcionario de un signo distinto del gobierno que es elegido esté a cargo de tal o cual servicio.
Ahora, la discusión aquí es positiva en el sentido de que se necesita una revisión del sistema. Pero no podemos llegar a tomar la decisión que ha planteado el Senador Coloma de eliminar los recursos, porque dejaría de funcionar este Servicio. Y este organismo no se preocupa solo de cargos de primer y segundo nivel. No olvidemos a los directores de escuelas, quienes también se encuentran sometidos al sistema de Alta Dirección Pública. Son cientos los nombramientos que se realizan y que no están en esta discusión.
Por tanto, lo que se debe hacer -se discutió en el Gobierno anterior y creo que el Ministerio de Hacienda actual tiene que asumir esta tarea- es ver de qué manera se introducen correcciones, como han dicho los propios miembros del Consejo de Alta Dirección Pública. Porque es preciso evitar el subterfugio que se busca para impedir que se haga un reemplazo o para conseguir que se mantenga determinada persona nombrada en un cargo después de haberse realizado el concurso.
Por mi parte, pienso que tiene que venir un proyecto de ley que modifique este sistema. Pero no creo que suprimir los recursos sea una solución. Al contrario, eso puede provocar un daño. Porque vamos a dejar de cumplir la función, lo que afectará a muchos otros cargos que se resuelven a través de este sistema y que no han tenido esta discusión que tenemos ahora respecto de los puestos de segundo y tercer nivel.
Entonces, personalmente, no soy partidario de la indicación del Senador Coloma, pero sí soy partidario de que se haga una revisión de la legislación pertinente para asegurar una carrera funcionaria con estabilidad para los funcionarios públicos en los niveles que correspondan, lo que no necesariamente debe llegar hasta los cargos de confianza, porque siempre va a producirse el choque a que la realidad de los hechos nos ha llevado. Cada gobierno que asume cambia los funcionarios. Recuerdo uno -para qué nombrarlo- que cambió todos los directores regionales del FOSIS, de todo el país; todos los directores regionales del INDAP; todos los directores de servicios de salud regionales. Y eso no es bueno.
Es cierto: en este Gobierno también se han producido cambios. ¿Por qué? Porque quien administra la gestión del Estado en la región no tiene confianza en la persona que está ahí designada. Porque ha sido nombrada por el mismo sistema anterior: con una connotación de orden político. O se le mantiene en el cargo por una razón de esa naturaleza.
En suma, yo no soy partidario de la indicación del Senador Coloma, aunque la encuentro positiva en la medida en que permite este debate.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, la Dirección Nacional del Servicio Civil nace hace unos diez años, fruto de un acuerdo transversal en torno a la modernización del Estado. Es un servicio del Ministerio de Hacienda cuyas dos principales funciones son ver materias de recursos humanos en el sector público y, por cierto, administrar el Servicio Civil. Y, básicamente, en la administración del Servicio Civil ha hecho un avance muy sustantivo en lo que dice relación con los procesos de selección de altos directivos públicos del primer y segundo nivel jerárquico.
Y cuando hablo de "selección" me refiero a un proceso público, abierto, transparente, donde el mérito está en el centro.
Ahora, cuando se diseñó, hace más de diez años, este Servicio buscaba ese objetivo conjuntamente con el de no perder, como expresó el Senador Zaldívar, la exclusiva confianza de la Presidenta o del Presidente de la República. De manera que los directivos que llegan a esos servicios son de exclusiva confianza.
En tal sentido, nosotros hemos colocado en el Protocolo que acompaña el despacho de la Ley de Presupuestos, que hemos firmado con algunos Senadores y Diputados de la Comisión Especial Mixta, un compromiso del Gobierno para que con anterioridad al 31 de marzo de 2015 exista en el Congreso Nacional un proyecto de ley -y esto viene a confirmar algo que está en nuestro Programa de Gobierno- que nos permita avanzar en la modernización de la Dirección Nacional del Servicio Civil, y en especial, del Servicio Civil propiamente tal.
Cabe destacar, señora Presidenta, que el Servicio Civil ha sido evaluado por organismos internacionales, los que han colocado a Chile en un sitial al más alto nivel respecto de los procesos de selección de los primeros y segundos niveles de responsabilidad.
Esto no significa desconocer lo que ha señalado el Senador Coloma -por su intermedio, señora Presidenta- y otros planteamientos que se contienen en diversos informes respecto de cobertura, del mismo proceso de selección, de las transiciones cuando no existen los concursos, aspectos en los que, después de diez años de implementado el sistema, podemos dar un salto, para que no se pierda la exclusiva confianza -llamémosla así- de los directivos públicos, pero preservando la total transparencia que debe existir en los procesos de selección, en que el mérito debe ser lo central.
Votar en contra, señora Presidenta, no solo significa dejar sin recursos al Servicio Civil en el área señalada. Porque existen en el Estado otras áreas: de capacitación, de recursos humanos.
Además, hay que reiterar que la Dirección Nacional del Servicio Civil tiene una alta demanda, lo que obliga a generar procesos de selección en otras reparticiones y no únicamente en las del Gobierno Central.
Es cuanto debo informar, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Como hay siete Senadores inscritos, propongo, para avanzar, abrir la votación y que se fundamente el voto.
Parece que no existe acuerdo.
Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, yo soy un firme partidario de la Alta Dirección Pública.
No obstante, considero necesario efectuar una reforma más estructural en dicho ente, que ha hecho un aporte para seleccionar al personal del Estado.
Pero no se trata de cualquier cambio (y fue el problema que hubo con la propuesta del Gobierno anterior), sino de una reforma más estructural. Porque la Alta Dirección Pública, tal como está, se presta para muchas distorsiones. Además, el sistema es muy caro, no permite que las personas concursen de manera más abreviada, en fin.
Originalmente, el sistema contemplaba dos cosas: la selección y el seguimiento. Posteriormente quedó solo la selección; no hay un sistema de seguimiento sólido y que posibilite adoptar decisiones acerca de ciertos funcionarios.
Ahora, ¡termina el gobierno y la gente cesa en sus funciones!
Hay que dejar atrás esa discusión.
Todo indica, pues, que es necesario crear un nuevo nivel, vinculado con los funcionarios que serán seleccionados por el sistema pero que van a estar durante el gobierno correspondiente; un segundo nivel, en el que probablemente tiene que existir evaluación, y un tercer nivel, el que no debiera ser tocado por el gobierno de turno.
En mi concepto, es menester repensar la situación.
El Gobierno actual está trabajando el asunto. Y lo está haciendo en serio. Hace más o menos un mes realizó un seminario internacional, con gente de distintos países que se ha metido en la cuestión y ha reflexionado sobre ella. De los parlamentarios, nos tocó con Ernesto Silva opinar en algunas mesas.
Hay, entonces, un proceso para tratar de llevar a cabo una reforma más profunda.
Yo -reitero- soy firme partidario de la Alta Dirección Pública. Y creo que la indicación no ayuda a avanzar en la modernización del Estado.
Ojalá que todos nos sumemos para dar el paso adelante que se requiere a los fines de tener un mejor Estado.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, era fundamental traer esta materia a la discusión del Presupuesto. Porque muchos profesionales tuvieron fe y vocación para ingresar al servicio público, pero vieron -en distintos gobiernos, como señaló el Senador Coloma- que se les truncó la posibilidad de seguir en él. Y ello, por las razones que explicitaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra.
Con eso se les provoca un daño muy grande a las personas interesadas en concursar.
Yo pregunto qué profesional desea postular hoy a la Alta Dirección Pública, sobre todo a los niveles uno y dos.
¡Difícil! ¡Difícil!
Los interesados buscarán otro tipo de trabajo. Porque, pese a su vocación de servicio público, sabrán que su dependencia en los puestos respectivos va a quedar sujeta al plazo del gobierno durante el cual los asuman.
Por eso, estimo que se le ha hecho un tremendo daño a un esfuerzo que, al contrario, debe valorarse.
En ese contexto, entiendo perfectamente lo que se plantea mediante la indicación en comento: qué sentido tiene seguir gastando miles de millones de pesos en un proceso de selección, al menos para las categorías uno y dos, si a la larga habrá fecha de vencimiento, que es la del término del gobierno durante el cual se ingresa al empleo respectivo.
Creo, pues, que debemos pensar seriamente sobre el particular. Y recojo lo que planteó el Ministro de Hacienda en cuanto a de que ha de haber una legislación que perfeccione lo que existe hoy, para no perder la posibilidad de que numerosos profesionales de alta calidad ingresen a la Administración Pública.
Me parece fundamental que las personas que se interesan en el mundo público estén al servicio de todos los chilenos y no solo de una empresa privada.
Lamento profundamente lo ocurrido en los dos gobiernos antes individualizados, pues con ello se ha hecho un daño a la Administración Pública y a miles de profesionales que decidieron incorporarse al mundo público y fueron desvinculados por razones ajenas a su voluntad.
Se ha creado un desincentivo absoluto a la participación en actividades fundamentales para el desarrollo de nuestro país, y especialmente de la gente que más necesita.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, lo dijimos desde el momento de dictación de la ley: la Alta Dirección Pública, dada su conformación, no perseguía buscar solo a los mejores, sino a los mejores pero "de los nuestros".
Eso se ha dado en los Gobiernos de la Concertación y en el Gobierno de la Derecha: "Están los mejores. De ahí, ¡yo elijo!".
Se garantiza la excelencia, pero hay un trato discrecional a la hora de elegir de entre quienes llegan a la última selección.
En la Alta Dirección Pública hay actualmente 130 funcionarios: 40 de planta y ¡90 a contrata!
A decir verdad, uno se pregunta si es factible tener un servicio de tal naturaleza manteniendo la incertidumbre, el engaño. Porque, al final, implica un engaño mantener a contrata a 90 trabajadores y no estructurar un servicio integral, donde haya carrera funcionaria. Ello, por cierto, significa inestabilidad.
Si queremos fortalecer la Alta Dirección Pública o la Dirección Nacional del Servicio Civil, debemos procurar la existencia de una planta que permita la carrera funcionaria y la excelencia.
Esa es una tarea pendiente del Ministro de Hacienda.
La Presidenta de la República comprometió el 21 de mayo último una ley de perfeccionamiento.
Esa ley debe considerar la participación de los trabajadores.
Me dicen que está en Hacienda. El señor Ministro puede aclararlo.
Dicho cuerpo normativo, comprometido en el Programa de Gobierno y considerado entre los anuncios para los primeros años, va en la dirección de fortalecer a quienes integran la Alta Dirección Pública.
De otro lado, cabe puntualizar que los referidos servidores están fuera del bono de excelencia. Es decir, como son juez y parte, no existen incentivos para ellos.
Debe haber algún estímulo para dichos trabajadores. Si hacen bien su trabajo, han de tener, como cualquier funcionario público, acceso al bono por excelencia, que existe en la Administración Pública, ¡salvo en la Dirección Nacional del Servicio Civil...!
El cometido del mencionado ente se ha cumplido, yo diría, con mediano éxito: no más del 20 por ciento de los concursos se declaran desiertos, al contrario de lo que pudiera parecer; 80 por ciento tiene resultado. El promedio para los cargos del primer nivel es de 95 días; hay variaciones en el caso de los empleos del segundo nivel.
Pero -esto es lo más importante- hay una cifra que hemos manejado desde hace bastante tiempo y que vale la pena rescatar: en promedio, la calificación de un servicio para los altos cargos es de 150 millones. Y allí hay una gran inversión del Estado para los efectos de la selección de las personas que van a dirigir los servicios.
Sin embargo, en todos los gobiernos a veces esos cargos, que siguen siendo de confianza (corresponden a la Alta Dirección Pública, pero se puede pedir la renuncia), varían. Y ello, porque la naturaleza del Estado no es solo administrativa, no es solo técnica: se trata también de capacidades técnico-políticas; se requieren asimismo habilidades blandas. O sea, pueden ser muy buenos ingenieros, pero si van a manejar servicios complejos, donde no solo hay manejo técnico cuantitativo, cualitativo, ingenieril, sino que además se ha de lidiar con recursos humanos, con conflictos con la comunidad, muchos de ellos, como ejecutivos de la Alta Dirección Pública, no logran sortear la barrera de la praxis; superan la barrera de la selección, pero en la práctica no responden, pues ese tipo de cargos -querámoslo o no- no pasan a ser de la noche a la mañana exclusivamente técnicos.
Tales cargos, señora Presidenta, corresponden a un servicio público. Y habiendo un Jefe del Estado, quien es político, para su ejercicio se requiere capacidad política.
La reflexión, entonces -se lo hemos dicho al Ministro Eyzaguirre-, es Educación Cívica en los colegios. Pero no hemos podido impulsarla.
Hemos sostenido que hay que valorar la política también en las carreras universitarias.
Aquellos que se declaran apolíticos, asépticos o no políticos se equivocan.
En las oportunidades en que he hecho clases en la Universidad del Bío-Bío les he dicho a mis alumnos: "Los que lleguen a ser gerentes, cuadros ejecutivos, cuando ejerzan en la vida real no solo tendrán que lidiar con las matemáticas, con la ingeniería, con las decisiones de carácter económico, sino también con personas, especialmente con conflictividad social, civil".
Siento, entonces, que en la Alta Dirección Pública debe existir una exigencia -no sé en qué cuantía- conforme a la cual, por ejemplo, un buen ingeniero elegido para dirigir un servicio de ingeniería posea también cualidades blandas, las que, por cierto, no se miden teóricamente.
Algunos cambios se deben al fracaso en el ejercicio del cargo, y otros, a decisiones políticas.
Por eso, restarle recursos a la Alta Dirección Pública parece injusto. Es indispensable fortalecer a dicho ente a través de una ley que lo perfeccione. Y el proyecto pertinente tiene que estudiarse con participación de sus funcionarios, a quienes hay que otorgarles el bono de excelencia, pues no parece apropiado que carezcan de tal beneficio.
Señora Presidenta, voy a rechazar cualquier indicación que menoscabe al referido servicio, que es muy útil y necesario para la fortaleza del Estado.
He dicho.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, la verdad es que suena muy duro -y muchas reacciones que hemos oído plantean legítimas inquietudes-: qué pasa con el Servicio Civil si se queda sin los recursos en comento.
Sin embargo, la pregunta es otra.
Esos recursos se utilizan para nombrar a personas, pero luego estas son retiradas de sus cargos,...

El señor COLOMA.- Desvinculadas.

El señor LARRAÍN.- ... desvinculadas, como se dice ahora.
Entonces, la plata se pierde.
La pregunta es si seguiremos botando el dinero o vamos a respetar un sistema que creamos todos.
Tengo la impresión de que esa es la disyuntiva.
No sé exactamente qué impacto tiene la indicación. Porque se trata de limitar los gastos variables; por tanto, el Servicio seguirá funcionando y va a disponer de recursos para desarrollar su labor.
No obstante, me parece que vale la pena adoptar de una vez por todas una definición sobre la materia.
Personalmente, creo que los cargos nombrados mediante la Alta Dirección Pública -y ojalá no solo los de los niveles 1 y 2, sino también los del nivel 3- no deberían modificarse posteriormente por autoridad alguna.
Si queremos tener una carrera funcionaria profesional, debemos mantener en forma indefinida a quienes ejercen dichos empleos.
Incluso más: salvo los del nivel 1, el resto no debería ser resuelto por el funcionario político -el ministro o quien sea-, sino por la propia Alta Dirección Pública, pues así aseguramos la existencia de profesionales objetivos que trabajen por el país, cualquiera que sea el gobierno.
Es lo que ocurre en las naciones más desarrolladas.
En Australia, por ejemplo, cuando cambia el gobierno no se remplaza a más de 300 funcionarios. El resto debe trabajar por el gobierno que eligió el pueblo. Y eso funciona razonablemente bien.
¿Por qué cada vez que cambia el gobierno en Chile entran miles de personas para remplazar a otras tantas que fueron seleccionadas a través de la Alta Dirección Pública?
¡Eso no tiene justificación!
Lo que hemos hecho es un chiste.
Quizás el único efecto positivo que ha tenido el sistema vigente es que evita los cuoteos: antes se les pedía a los partidos integrantes de las coaliciones mandar nombres, se buscaba y "vamos arreglando"; ahora por lo menos tenemos un mecanismo objetivo que permite elegir a personas más calificadas -lo más calificadas posible-, lo cual evita que por razones políticas gente inepta llegue a hacerse cargo de las funciones pertinentes.
Sin embargo, como resultado, el sistema en vigor no es muy significativo. Y en todo caso, es muy caro.
Por eso valoro esta indicación: porque nos obliga a tomar decisiones.
Espero que el Gobierno, si ella se rechaza -pareciera que así va a ocurrir-, asuma el compromiso de presentar un proyecto de ley para implementar un Sistema de Alta Dirección Pública que nos posibilite tener en todos los niveles funcionarios que no sean susceptibles de desvinculación cada vez que cambia el gobierno.
Seamos coherentes con lo que decidimos. Si no, ¿para qué existe el sistema vigente? No se justifica solo para evitar los cuoteos.
En consecuencia, apoyaré la indicación, para transmitir la convicción de que necesitamos una Alta Dirección que nos dé una estructura de funcionarios públicos "profesionales", quienes serán desvinculados por haber cometido desfalco, por haber incurrido en conductas funcionarias irresponsables, pero no por pensar distinto del gobierno que viene.
Ahora, muchas veces los despidos no obedecen al hecho de pensar distinto del gobierno entrante, sino a la circunstancia de haber estado en el cargo durante el anterior.
Por ahí se estableció una doctrina que decía que por haber trabajado en el gobierno anterior los funcionarios iban a ser desvinculados de todas maneras, ¡aunque hubiesen sido de la Concertación...!
Ese es el extremo.
Señora Presidenta, el abuso que se ha cometido en la materia es lo que nos hace pensar que indicaciones como la que nos ocupa son necesarias, a menos que el Gobierno traiga un proyecto de ley y hagamos de la Alta Dirección Pública una realidad que nos posibilite contar con profesionales serios que respondan al Estado de Chile y no al gobierno de turno.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, tras escuchar las intervenciones, creo que hay un amplio consenso para discutir en torno al Sistema de Alta Dirección Pública.
Tal como durante la Administración anterior, en el actual Gobierno y en el que vendrá, si no establecemos una fórmula destinada a modificar situaciones como las expuestas, seguirán produciéndose los hechos descritos.
Por eso es importante que el Ministro de Hacienda haya escuchado nuestros planteamientos. Porque, además del desprestigio del sistema, de la pérdida de confianza que se registra en los cuadros técnicos que, tras ganar los concursos respectivos, son destinados a diferentes regiones para instalarse y ejercer sus cargos en ellas, hay un costo enorme para la Administración del Estado por cada uno de los procesos de selección.
No me cabe duda de que el Ministro de Hacienda tiene los datos sobre el costo de cada proceso: entrevistas; psicólogos; desplazamiento de equipos técnicos a regiones para entrevistar a cada postulante; publicaciones, en fin.
Claramente, el sistema no está dando resultados; no genera una Alta Dirección Pública en la Administración del Estado, y -esto es peor aún- provoca pérdida de confianza.
De manera clara y precisa, si la Oposición está dispuesta, hagamos un gran acuerdo; sinceremos cuáles serán los cargos de Alta Dirección Pública que van a permanecer en sus funciones durante los tres años del nombramiento, y no sembremos en quienes los ejercen la incertidumbre sobre una eventual desvinculación en el próximo gobierno.
Hagamos un acuerdo en tal sentido. Me parece que hay disponibilidad. Pero veamos cuántos cargos son; sinceremos los grados abordables, y establezcamos la señal de que se utilizarán adecuadamente los recursos en los procesos de selección y no se procederá a desvinculaciones cada dos o cuatro años al asumir un nuevo gobierno.
Yo he sido partidario del Sistema de Alta Dirección Pública. Creo que su composición original ha sido absolutamente adecuada: permite movilidad de funcionarios a lo largo de Chile; posibilita captar y radicar buenos talentos, nuevas competencias, nuevos directivos en distintas partes de nuestro país.
Sobre esa base, apoyaré la mantención del sistema, pero con las mejoras planteadas y con el compromiso político, de Gobierno y Oposición, si hay acuerdo en la materia, de transparentarlo y darle absoluta certeza en cuanto a lo que viene.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, no quiero redundar en lo manifestado aquí, sino hacer un pequeño comentario antes de dar mi opinión sobre la materia que nos ocupa.
Creo que ha quedado demostrado lo que dije: había demasiada exageración en cuanto a la presencia o no del Director de Presupuestos y de los asesores. No pasó nada. He observado que el titular de la Cartera no ha enfrentado ningún problema. No ha necesitado ni de uno ni de otros. Por lo tanto, tuvo lugar una sobrerreacción. Algunos de nuestros colegas subestimaron a su propio Ministro.
Para entrar de lleno al tema, solo quiero expresar que lo más importante es que debiera existir una política pública, por decirlo así, en lo que dice relación con la Administración del Estado, con los empleados fiscales. Porque hoy día el sector constituye un botín electoral del Gobierno que asuma.
Eso es lo primero. Ahí radica la esencia de lo que tenemos que solucionar.
Y yendo al grano de lo que se encuentra en discusión: la Alta Dirección Pública, juzgo que lo más relevante es que las modificaciones se hagan en serio. Porque si todos dicen que están en desacuerdo, tanto en relación con las Administraciones de la Nueva Mayoría y de la Concertación como respecto del gran Gobierno que nosotros llevamos adelante, quisiera consignar que a mí me parece que en el sistema se tienen que considerar la carrera, la estabilidad, la capacidad. Y, lamentablemente, cuando comienza un nuevo Gobierno, no se respetan los derechos adquiridos en un concurso público.
Primero hay que demostrar aquí nuestro compromiso de legislar en serio al respecto. Si no, ello verdaderamente se transforma en un engaño. Y nosotros vamos a estar siempre dispuestos a valorar la aptitud. Si a través de un concurso público efectivamente se elige al mejor, obviamente esa persona va a ser un aporte para el Estado.
Gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En las indicaciones números 30 y 36 se pide la votación separada del Programa 01 Dirección Nacional del Servicio Civil.
El señor Secretario explicará de qué se trata.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Quienes estén de acuerdo con las indicaciones -entiendo que apuntan a no contemplar la materia- tienen que votar que sí y quienes estén en desacuerdo han de hacerlo en contra.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, el pronunciamiento básicamente dice relación con los gastos variables, de manera que mediará la aprobación o rechazo de esos recursos. Así se entiende una determinación separada: el que vote que sí los aceptará.

El señor COLOMA.- Para estos efectos, da lo mismo.

El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Depende de lo que se ponga en votación: si las indicaciones o los fondos.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se entiende que se trata de los recursos. Porque, en realidad, con eso dicen relación las primeras. Entonces, según lo explicado por el señor Secretario, los que voten que sí estarían de acuerdo con eliminarlos.

El señor LARRAÍN.- No.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que se hace referencia a los gastos variables. Porque el programa completo considera, naturalmente, recursos fijos, permanentes, como las remuneraciones del personal.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Con la votación separada, la bancada de enfrente va a votar en contra, y nosotros, a favor. Eso es lo que corresponde, conforme a la lógica de las indicaciones, que son distintas de una que viene después.

El señor COLOMA.- Da exactamente lo mismo.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Como se trata de la supresión de recursos variables en el Programa,¿

El señor LETELIER.- La que señalé es la consecuencia.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿ quienes estén en contra de la medida tienen que votar que no, y los que estén por conservarlos, que sí. Es indiferente.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Para que no nos demos más vueltas, es exactamente lo que se señaló antes. Votar que sí significa mantener los recursos, y pronunciarse en contra, suprimirlos.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Quisiera solo aclarar que aquello que se pone en votación corresponde a la manera de plantearlo la Mesa. Cualquiera de las dos posibilidades producirá el resultado equis.
De consiguiente, si se decide que la aprobación significa mantener los recursos variables del Servicio, se tiene que votar que sí, y si se es partidario de suprimirlos, se ha de votar que no.

El señor LETELIER.- Nosotros votaremos que sí.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Por 20 votos contra 8 y 2 pareos, se aprueba la mantención de los recursos variables en el Programa 01 Dirección Nacional del Servicio Civil.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, De Urresti, Espina, García, Guillier, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Lily Pérez y Von Baer y los señores Coloma, García-Huidobro, Larraín, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
No votaron, por estar pareados, los señores Moreira e Ignacio Walker.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En relación con el mismo Programa 01 Dirección Nacional del Servicio Civil, las indicaciones números 31 y 37 son para agregar, asociada a ese nivel, una nueva Glosa, del siguiente tenor:
"Durante el Primer Trimestre de 2015, se enviará un Proyecto de Ley al Congreso Nacional, con el fin de perfeccionar el Sistema de Alta Dirección Pública".

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Ello se encuentra en el protocolo.
--Se declaran inadmisibles.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Partida no ha sido objeto de más peticiones de votación separada ni de indicaciones.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, lo que resta de ella se dará por aprobado.
--Se aprueba.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde ocuparse en la Partida 11 Ministerio de Defensa Nacional.
La Honorable señora Von Baer ha pedido expresamente, con el objeto de que la Comisión de Educación pueda funcionar simultáneamente con la Sala, que la Partida respectiva sea vista mañana.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Partida Ministerio de Defensa presenta solo la indicación número 115, del Senador señor De Urresti, la cual dice relación con el Capítulo 07 Dirección General del Territorio Marítimo, Programa 01 Dirección General del Territorio Marítimo, y expresa lo siguiente:
"En la Glosa 05, intercálase, a continuación de la palabra `Presupuestos', seguida de una coma, la expresión `y las Comisiones de Pesca y Medio Ambiente del Senado,'.".
La glosa expresa que "Deberá informarse trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos" -aquí se agregaría "y a las Comisiones de Pesca y Medio Ambiente del Senado"- "de la efectiva vigilancia marítima y aérea de la pesca ilegal por parte de naves y embarcaciones extranjeras en la zona marítima aledaña a la Provincia de Isla de Pascua y sobre el monto de los recursos destinados a dicho objeto".

La señora ALLENDE (Presidenta).- Es solo información.
Puede intervenir el Honorable señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, el objetivo de la indicación es lograr un resguardo ante la pesca ilegal que se está registrando en el entorno de Isla de Pascua. Se trabaja hoy día a nivel internacional para poder constituir en ese sector el santuario marino más grande de Sudamérica y se ha detectado una serie de perforaciones llevadas a cabo por naves dedicadas a dicha actividad.
Queremos que a las Comisiones mencionadas se les entreguen los antecedentes necesarios para realizar un correcto seguimiento de tales acciones. Se trata simplemente de información. Pido para la proposición, por ello, el apoyo de la Sala.
Solicito que se abra la votación, ya que algunos colegas tienen que acudir a la Comisión de Salud.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa tiene solo la observación de que se considere también a la Cámara de Diputados, ya que únicamente se hace referencia al Senado. La idea es no generar un perjuicio.
Si no hay objeciones, la indicación número 115 se aprobará en esos términos.
--Se aprueba.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, deseo consultar al señor Ministro de Hacienda por el compromiso adquirido en el Gobierno pasado de compensar -la normativa correspondiente se encuentra en trámite- a las víctimas de minas terrestres y de uxos. No observo en el proyecto de Ley de Presupuestos los recursos para tal efecto.
En la materia existe una obligación para Chile, por haberse firmado los tratados internacionales de Ottawa y de Oslo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el señor Ministro.

El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, toda iniciativa en trámite en el Congreso Nacional comprende el mensaje -si ese es el caso- y el articulado, el informe financiero y los respaldos conforme a las normas de administración financiera del Estado. Eso quiere decir que en el Tesoro Público se incluye una estimación de gastos en términos de la tramitación en el año.
El proyecto mencionado cumple su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Por tanto, al igual que todos, ha sido objeto, con relación a la Ley de Presupuestos para 2015, de las estimaciones pertinentes en función del criterio expuesto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el resto de la Partida.
--Se aprueba.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Partida 12 Ministerio de Obras Públicas.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La primera indicación, de la Senadora señora Lily Pérez, es la número 101, para agregar una nueva glosa del siguiente tenor:
"El Ministerio de Obras Públicas, deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Obras Públicas del Senado y de la Cámara de Diputados, los proyectos, informes y estudios técnicos realizados sobre los nuevos embalses y obras hidráulicas en la Quinta Región de Valparaíso".

La señora VON BAER.- ¿Y por qué ello no se hace respecto de todas?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, la disposición planteada es fundamental, porque en la Región que represento, a pesar de que existe un delegado presidencial para paliar los efectos de la sequía, al igual que en la de Coquimbo, y de que el embalse Chacrillas ha llegado casi a su término, todavía hay pendientes otras obras similares tremendamente relevantes y se registra mucha incertidumbre al respecto.
Por eso, es muy necesario contar con la información constante del Ministerio.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tratándose del envío de antecedentes, no habría ningún problema.
Puede intervenir el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, la colega Lily Pérez hace referencia a la Quinta Región. La información sobre obras hidráulicas es de importancia local. Me gustaría disponer también de ella respecto de la Región del Biobío, dado que ahí se está avanzando en el embalse Punilla y en otros en áreas donde hay una gran sequía, así como ocurre en el resto del país.
Podría darse una cuenta más bien en general y encargarse la Comisión de repartir una información regionalizada.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La sugerencia me parece aceptable.
Entonces, se solicitarían antecedentes respecto de cada una de las regiones en donde se ejecuten obras de embalse.
Si le parece a la Sala, así se aprobará.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Votemos, por favor.

El señor PIZARRO.- Con el agregado de que sea para todas las regiones.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En los casos en que sea necesario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Entiendo que se ha pedido establecer que no solo se trata de la Región de Valparaíso, sino también de todas las demás en que ello corresponda.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Así es.
En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los que voten que sí son los que están de acuerdo con la indicación; los que votan que no, los que la rechazan.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba la indicación N° 101 con las enmiendas descritas (26 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.


El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente indicación es la N° 106, también de la Senadora señora Lily Pérez, para agregar una nueva Glosa, del siguiente tenor:
"El Ministerio de Obras Públicas deberá contemplar una glosa especial dentro de la Partida Presupuestaria de su cartera para el año 2015, para evaluar la destinación de recursos que permitan financiar la construcción de APR (Agua Potable Rural) en las comunas de la Quinta Región afectadas por la sequía".

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Es inadmisible.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Estaría agregando una función al Ministerio de Obras Públicas.
En conformidad al artículo 65,¿

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sería inadmisible.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Exactamente.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se declara inadmisible, entonces.
--Se declara inadmisible la indicación N° 106. El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, vienen dos indicaciones iguales (la 29, del Senador Coloma, y la 44, del Senador García-Huidobro) con las que se pide votar separadamente el Programa 04 Dirección de Vialidad.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Senador Coloma?

El señor COLOMA.- Diez segundos, señora Presidenta. Nada más.

El señor MONTES.- ¡Que explique!

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡No querrá eliminar Vialidad¿!
Explique, por favor, Senador Coloma.

El señor COLOMA.- Pedir votación separada no significa que uno vaya a votar en contra, señora Presidenta, sino que se quiere instalar un tema.
Yo le quiero preguntar al señor Ministro -por su intermedio- respecto de los presupuestos de Vialidad y, en particular, solicitarle información en cuanto al aumento de la inversión de esta Dirección en regiones; en el fondo, el presupuesto del MOP, básicamente en inversión y transferencia de capital, pero sin el Metro y sin el puente Chacao.
La impresión que nosotros tenemos es que, si se sacan esos dos elementos, la inversión es muy pobre en Vialidad, en circunstancias de que el aumento total es de 13 por ciento en relación con otros años, pero, fundamentalmente, dirigido al Metro y al puente Chacao.
Nosotros hemos tratado de obtener un pronunciamiento del Ministerio acerca de la variación de la inversión por regiones. Creo que es el punto que hay que instalar en la discusión final del Presupuesto, para ver cuál es la lógica, pues en la Subcomisión respectiva, aunque la pedimos, no pudimos conseguir esa información.
Y lo que yo quiero hacer, en esta Partida, es solicitarle al Ministro -por su intermedio, señora Presidenta-, dicho antecedente, sobre todo por -insisto- la ubicación del grueso del aumento de Vialidad. Lo interesante es ver qué pasa sin el Metro y el puente Chacao. ¿Dónde queda la inversión regional?
Tal es el sentido de la votación separada que hemos solicitado con el Senador García-Huidobro, en un tema muy importante para las regiones.
El señor Ministro nos podría ilustrar para evaluar, consiguientemente, cómo votamos.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, respondiendo la consulta del Senador Coloma, debo señalar que el presupuesto de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas presenta, para el 2015, con respecto a la ley del año 2014, un significativo crecimiento: 14,1 por ciento, equivalente, aproximadamente, a 129 mil millones de pesos. Su principal orientación son inversiones en conectividad y desarrollo territorial. En ese mayor presupuesto se incorporan iniciativas de inversión para aquellas dos áreas por un valor de 126 mil millones de pesos, con un crecimiento de 15,2 por ciento. Allí hay conservación de red vial, obras de vialidad urbana, mejoramientos, ampliaciones, etcétera.
Nosotros podemos hacer llegar la información que nos está solicitando el Senador Coloma. La entregamos en la Comisión Especial Mixta, pero, claramente, los recursos para Vialidad, a lo largo del país, aumentan sustantivamente en el Presupuesto del 2015.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, a raíz de la indicación que presentó la Senadora Lily Pérez, a través de la cual se pedía agregar una glosa para que el Ministerio de Obras Públicas informara los recursos que permitieran financiar la construcción de proyectos de Agua Potable Rural en las comunas de la Quinta Región, y también a raíz de la solicitud de votación separada que ha efectuado el Senador Coloma, quiero reiterar una petición que formulamos en la Comisión Especial Mixta.
En el presupuesto del Ministerio figuran distintos servicios: la Dirección Nacional de Vialidad, la Dirección Nacional de Aeropuertos, la Dirección de Arquitectura, etcétera. Y también, dentro de él, aparecen los APR, es decir, los proyectos de Agua Potable Rural.
Hace unos años -tres o cuatro-, nos entregaban una distribución de esta inversión por regiones. Y eso, además, se incorporaba dentro del texto de la Ley de Presupuestos. De hecho, yo recuerdo haberla revisado en los libros que nos pasaban junto con esta legislación.
Entonces, lo que quiero pedir es que esa buena práctica la podamos reiniciar este año. En algún minuto se perdió.

El señor MONTES.- ¡En el Gobierno de Piñera!
El señor GARCÍA.- Y para nosotros es superimportante contar con tal información, para poder hacer el seguimiento de cómo la inversión comprometida se va ejecutando durante el año.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, quiero señalar que en los documentos que nos han entregado de Obras Públicas están desglosados, precisamente por regiones, los aportes para APR. Como nunca, hoy se está invirtiendo una enorme cantidad en Agua Potable Rural. Y ahí lo importante -se lo digo, por su intermedio, a la Senadora Lily Pérez, que me imagino que está preocupada por los APR de su zona- es que el estudio, diseño y ejecución de gran parte de ellos se halla radicado en los gobiernos regionales, principalmente en la Dirección de Obras Hidráulicas.
Pero -repito- los fondos destinados en Obras Públicas para Agua Potable Rural son inéditos. Son una gran cantidad, y esto se encuentra definido como una política del Ministerio.
Al menos en lo que dice relación con la Región de Los Ríos, la información viene desglosada por etapas respecto de cada uno de los APR, especialmente de los que están en diseño o en ejecución. Y le quiero decir, señora Presidenta, que los recursos son enormes. Nunca habíamos tenido tantos para este propósito.
Sí haría la siguiente reflexión.
Particularmente en la zona de Aconcagua, en regiones más al norte y, por qué no decirlo, también en las del centro, lo que hoy tenemos es un problema de disponibilidad de recursos hídricos, pero no de disponibilidad de recursos en materia de construcción de APR: perforación, cañerías, arranques, estanques, en fin, cada uno de los factores.
Reitero: el Ministerio de Obras Públicas ha entregado esa información, desglosada, por regiones. Ello, porque incluso se lo planteamos al Ministro en nuestra Comisión del ramo.
Lo señalo porque -insisto nuevamente- en esta área hemos recibido cuantiosos aportes.
Creo importante, ante la preocupación de la Senadora que presentó la indicación, apuntar a ese aspecto. La información está desglosada, y su detalle se puede obtener, principalmente, a través de las direcciones de obras hidráulicas regionales.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, en función de la consulta que hizo el Senador García y de la información entregada por el Senador De Urresti, debo señalar que efectivamente durante el Presupuesto del 2010 -me tocó tramitarlo acá como Director de Presupuestos en los meses de octubre y noviembre de 2009- entregamos información detallada de las inversiones en obras públicas por regiones.
En cuanto al Presupuesto del 2014, nosotros hicimos llegar la información a la Comisión Especial Mixta, y la Subcomisión correspondiente entregó el detalle en el desarrollo de la discusión del Presupuesto para el 2015.
Lo que nosotros hicimos habitualmente, en el sentido de colocar en el folleto propiamente tal, después de aprobado el proyecto, la información relativa a inversión del Ministerio de Obras Públicas en cada una de las regiones de nuestro país, es algo que vamos a mantener. Ello, para dar cumplimiento al principio de transparencia.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, con la respuesta del Ministro quedo mucho más tranquila y satisfecha, a pesar de que mi indicación fue declarada inadmisible.
Tengo claro que existen recursos disponibles. Yo me reuní con el Ministro de Obras Públicas para verificar que así fuese.
El problema es que en la actualidad en nuestra Región no hay una evaluación con respecto a qué APR son posibles de llevar a cabo.
Ese es el punto. Por eso presenté la indicación, para tener una evaluación. Ahora, entiendo -lo dijo el Senador Zaldívar- que al hablar justamente de evaluación se le estaría entregando una acción al Ministerio, y que por ello fue declarada inadmisible.
Sí es sumamente importante para nosotros tener la información disponible para así poder presionar al objeto de que haya una evaluación en aquellos lugares donde sea necesario construir nuevos APR.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, el grueso de la indicación está destinado justamente a lo que el Ministro planteó en cuanto a incorporar lo relativo a las iniciativas de inversión regional en obras públicas.
Ese era el sentido último que teníamos, tal como lo planteó el Senador García.
Si va a ser así, no habría problema en retirar la solicitud de votación separada.
Nosotros queríamos eso.
En todo caso, deseo aclarar -porque el Senador Moreira me planteó una duda al respecto- lo que dije sobre el puente Chacao y el Metro, cuestiones que considero muy importantes. Valoro esas inversiones. Y se destinaron los recursos. Yo quería conocer la información desagregada, sacando esos dos elementos. Y el Ministro señaló que va a incorporar aquello, cosa que efectivamente hizo en su momento.
Simplemente deseaba aclarar esta materia por si alguien pudiera haber entendido una cosa distinta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- El punto quedó perfectamente aclarado con la explicación del señor Ministro, lo cual ha reconocido el propio Senador Coloma.

El señor BIANCHI.- Votemos la Partida.

La señora ALLENDE (Presidenta).- No hemos terminado aún con el Ministerio de Obras Públicas. Estamos viendo las indicaciones presentadas.
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Quedan otras indicaciones, señora Presidenta? Lo pregunto porque quiero formular un planteamiento en materia de concesiones de obras públicas.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Le doy la palabra al señor Secretario para que responda esa consulta.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, no habría más indicaciones, pues las últimas que quedaban fueron retiradas.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, en la Quinta Subcomisión de Presupuestos analizamos justamente lo tocante al Ministerio de Obras Públicas. Y una de las preocupaciones fundamentales que tenemos y tiene todo nuestro país es la reactivación económica.
Si hay un instrumento para ella son las concesiones en obras públicas. Y en este Presupuesto, señor Ministro, tenemos una rebaja de 7 por ciento en materia de iniciativas de inversión. Eso tendría que revertirse, ver de qué manera obtenemos más recursos con tales fines.
En el Presupuesto del 2014 había 273 mil millones; en el del 2015 tenemos 254 mil millones.
De otro lado, es importante señalar que no figuran recursos para la realización de estudios.
El año pasado había un arrastre de 5 mil 200 millones de pesos. Y en este Presupuesto no tenemos recursos para estudios de inversión.
No le pido, señor Ministro, que me dé una respuesta inmediata. Pero considero fundamental disponer de los recursos necesarios para efectuar los estudios que tengan que ver con la reactivación en obras públicas.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, el 20 de noviembre el Ministerio de Obras Públicas anunció haber llegado a un acuerdo con las empresas sanitarias de la Región Metropolitana (Aguas Andinas, Aguas Cordillera) para congelar las tarifas durante el período 2015-2020.
Al respecto, quiero preguntarle al Ministro de Hacienda -lamento que no esté presente el titular de Obras Públicas, porque el problema no es con los Ministros, quienes pueden ingresar a la Sala cuando quieran- por qué ello no puede hacerse también con Atacama.
Fíjense que en esa Región se paga 300 por ciento más cara el agua que en la Metropolitana. Y resulta que el Gobierno ha llegado a acuerdo con las empresas sanitarias de una zona donde los pagos por concepto de agua son los más bajos de Chile.
Entonces, yo me pregunto: ¿Hay aquí una fórmula de arreglo que hayan propuesto dichas empresas, o se trata de algo planteado por el Ministerio de Obras Públicas?
¿No hay igualdad ante la ley en esta materia?
Señora Presidenta, en la Región de Atacama somos castigados en el tema del agua. Y lo somos porque uno de los problemas que se generaron dice relación con el hecho de que los distintos Gobiernos entregaron, en forma discriminada, derechos de aguas a partir de 1993, a pesar de que ya había informes que indicaban que existían más derechos de aguas concedidos. Solo en el valle de Copiapó se entregaron, entre 1993 y 2010, 14 mil litros por segundo.
El Estado le generó ese problema a la gente. Y ahora que está llegando a la puerta de la casa, al consumidor de agua potable, el Estado no puede mirar para el lado.
Es cierto que se ha anunciado que se invertirá, con platas públicas, en plantas desaladoras.
Pero eso no es todo, señora Presidenta. Y se lo quiero preguntar al Ministro aquí.
Ahora está lo relativo al funcionamiento de la planta desaladora.
Yo por lo menos no estoy disponible para que el Estado, que generó este problema a toda la población de Atacama, mire hoy para el lado y llegue a acuerdo en la Región Metropolitana, donde el agua es mucho más barata.
¿Por qué no llega a un acuerdo con la empresa de servicios sanitarios de la Tercera Región?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, quiero dejar constancia, para la historia de la ley, del lamentable incumplimiento de un compromiso que se adoptó en la Sala y que tiene que ver con una cuestión de interés nacional.
Las Presidentas Bachelet y Fernández firmaron hace cinco años un acuerdo histórico, el Tratado de Maipú, el cual significó que a principios de este año, en abril, en una visita de Estado se fijaran trece puntos en donde se quiere construir túneles o pasos fronterizos.
Pero, para que eso se pueda cumplir, es necesario cambiar la metodología a fin de viabilizar los estudios de ingeniería y ejecución de obras de los caminos binacionales. Porque, con la actual, hay que obtener la RS para un estudio de ingeniería o para realizar obras donde no hay o hay poco tráfico, en que el interés es político y de integración.
Por lo mismo, resulta indispensable establecer una excepción para que el Estado pueda hacer esta inversión sin requerir RS.
Esto se planteó en la Comisión Especial Mixta, en la Quinta Subcomisión Especial Mixta, en la Sala de la Cámara de Diputados y acá. Se dijo que iba a estar la indicación. Y lamento constatar que no es así, porque solo perjudica el cumplimiento de los acuerdos internacionales.
Es más, hay pasos fronterizos que fueron aprobados cuando era embajador Adolfo Zaldívar, gracias a un acuerdo con la Dirección Nacional de Fronteras y Límites, que se encuentran establecidos legalmente, pero en los cuales no se puede avanzar por la falta de esta norma.
Entonces, por su intermedio, señora Presidenta, deseo pedirle al Ministro de Hacienda que, en su momento, vea qué sucedió, por cuanto -repito- ello genera una dificultad para el cumplimiento de los acuerdos internacionales.
Me preocupa, pues en los pasos Las Damas, Las Leñas y en otros once tenemos dificultades, aunque no tanto para el de Agua Negra, porque ya está en licitación.
También quiero dejar constancia, señora Presidenta -lo hago todos los años-, de que en el presupuesto relativo a concesiones estamos gastando gran cantidad de plata. Y me encantaría que el señor Ministro lo revisara para el próximo año.
El embalse Convento Viejo es una tremenda inversión, con más de 80 por ciento de subsidio estatal, donde se siguen construyendo las redes de distribución. Y es el mejor ejemplo para demostrar que no se deben concesionar los proyectos de riego en nuestro país.
Hay múltiples razones para afirmarlo. Es un mal camino. Hoy perjudica a la Región de O'Higgins en forma dramática. Lleva a una subinversión en ella, pues tenemos que cargar con el costo de esa obra, que hasta ahora no ha regado ninguna hectárea. Y el espejo de agua fue construido hace más de cinco, seis, siete años.
Lo pido para que se revise esa situación poco feliz.
De otro lado, creo que la Partida Ministerio de Obras Públicas es tremendamente importante, es uno de los instrumentos de mayor dinamismo para la economía que viene y tiene un crecimiento extraordinario.
Y en el área de agua potable rural se aprobaron algunas indicaciones que van a garantizar que el proyecto de Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que se debatió en el país, y es responsable de la distribución de más del 35 por ciento del agua, tenga un buen resultado.
Es lo que quería hacer presente.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señora Presidenta, solo quiero intervenir en general, porque presenté indicaciones en la Subcomisión, que fueron declaradas inadmisibles, por cierto, y no las repuse.
Antes de aprobar la Partida, deseo llamar la atención acerca de la forma cómo se construye el Presupuesto. Y, particularmente -se ha hablado de educación-, quiero referirme a materias de los Ministerios que tienen que ver con el sistema hídrico en nuestro país.
He presentado insistentemente a la Partida Ministerio de Obras Públicas -cuando era Diputada y también ahora- un conjunto de indicaciones inadmisibles, a fin de poder cambiar la mirada acerca de la inversión en esta área.
No es posible que sigamos enfrentando una sequía tan severa, que lleva más de diez años en la Región de Coquimbo, con los mismos instrumentos, con los mismos servicios, con los mismos objetivos.
Por cierto, nuestras comunidades necesitan mangueras, bidones, fardos de pasto, canastas familiares, pero no hay ninguna señal de avance hacia propuestas distintas, que recojan la gravedad de la situación.
Alrededor de 97 por ciento de la Región de Coquimbo es de secano. Y no hay ninguna obra, ni un recurso, destinado a intervenir fuertemente en este sector.
Yo presenté indicaciones para que la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas se hiciera cargo de desarrollar un sistema masivo de cosecha y de captación de aguas lluvias.
Porque cuando llueve en la Región, dado el cambio climático, lo hace en gran intensidad, y el agua se pierde. Después no precipita y no hay ninguna obra destinada a contener, a captar esas aguas lluvias y a guardarlas en embalses subterráneos.
Una vez más, no fue acogida mi indicación. Y ojalá que el Ministro de Obras Públicas recoja, en algunos de los programas, una propuesta de este tipo.
Por otro lado, en una zona, en una Región, donde hemos escuchado a nuestro Ministro de Agricultura señalar que en el Norte Chico la sequía es lo más grave -y de ahí al norte para qué hablar-, no es posible seguir insistiendo en propuestas que no permiten avanzar. Requerimos investigación.
Hay universidades dispuestas, con capital, con inteligencia. Pero necesitamos recursos para investigar en políticas técnicas, sociales, productivas, a fin de desarrollar inversiones en diversas áreas innovadoras, con relación a los recursos hídricos.
Ojalá pudiéramos ir apuntando en esa línea, señora Presidenta. Para terminar, entonces, con la chatura y la disociación entre una realidad absolutamente distinta, que exige soluciones bastante más estructurales y de fondo (la sequía en nuestra Región llegó para quedarse, y es la normalidad). No sigamos enfrentando esto con los mismos instrumentos, aprobando en el Parlamento los mismos recursos para los mismos propósitos. Esto sirve como paliativo, pero no como respuesta de fondo a este problema estructural.
Dejo planteados estos temas, y ojalá que podamos recoger de los Ministros un cambio de mirada para intervenir en esta situación.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, coincido con la Senadora Adriana Muñoz en cuanto a los instrumentos para combatir el flagelo de la sequía, que, sin duda, en la Región que ella representa, es de mucho mayor intensidad que en la mía y requiere una institucionalidad y un plan de inversiones bastante más agresivos y urgentes, de lo que hoy refleja la Ley de Presupuestos.
Indudablemente, los proyectos de agua potable rural son una buena respuesta a esta sequía, pero no la única.
Además, todo el proceso de los APR, por lo menos hasta ahora, demora dos o tres años hasta su ejecución. Y uno no ve, incluso en las explicaciones dadas por el propio Ministro de Obras Públicas, que exista un cronograma distinto.
Por lo tanto, cuando uno aprueba mayores recursos para, en este caso, la Dirección de Obras Hidráulicas, ve que el procedimiento es exactamente igual al que se viene utilizando en los últimos diez, quince o veinte años.
Es decir, que para la realización de cada proyecto, desde que se establece su necesidad, se realiza su estudio de prefactibilidad, se diseña, pasan dos o tres años, en circunstancias de que esta situación, particularmente en los sectores precordilleranos de la Región del Biobío, requiere un sentido de urgencia no expresado en la política del Ministerio de Obras Públicas.
Asimismo el Gobierno dispone de un diagnóstico de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, donde esto se estableció con absoluta claridad. Por lo tanto, la respuesta del Estado a ese proceso de inversiones no se condice con las necesidades de las comunidades. E imagino que en la Región de Coquimbo ellas son mucho más urgentes.
En el caso de los pasos fronterizos -como planteaba el Senador Letelier-, hará algunos meses los Gobiernos de Chile y Argentina firmaron un compromiso con respecto a trece.
En la Región del Biobío existe un solo paso, el Pichachén. Y, según la información que se nos entregó en la Subcomisión de Presupuestos, se le asignó un monto bastante menor para su estudio de prefactibilidad. Y capaz que este, de que son objeto todos los proyectos, indique que no es factible construir un camino, pues se encuentra abierto entre noviembre y, con suerte, abril, pues el resto del año permanece cerrado.
En consecuencia, no hay duda de que estos pasos tienen que medirse de manera distinta. Y conforme a la información entregada por el Ministerio de Obras Públicas y dada a conocer a propósito de este proyecto de Ley de Presupuestos, no existe una forma distinta para la pavimentación de caminos que la manera tradicional. Y eso, claramente, debe ser modificado.
Lo anterior queda extraordinariamente bien graficado con el paso Pichachén.
Por último, el 21 de mayo recién pasado la Presidenta de la República anunció la construcción de quince pequeños embalses.
El proyecto de Ley de Presupuestos no da cuenta ni de su ubicación, ni de estudios de inversión o de prefactibilidad para ellos.
La proposición presidencial entregada el 21 de mayo fue producto de la urgencia que provocaba el problema de la sequía. Por lo tanto, uno colige que durante el año 2014 no hemos tenido avances en la materia y capaz que tampoco el 2015.
Sería bueno poder dilucidar en qué lugar está pensando construir el Ministerio de Obras Públicas, a lo mejor no los quince pequeños embalses, sino los primeros cinco o seis. A ello hay que colocarle un sentido de urgencia, porque por lo menos en la zona centro sur son absolutamente indispensables.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, aprovechando la presencia del señor Ministro de Hacienda, quiero decir que considero fundamental insistir en algo que se ha repetido ya en al menos tres intervenciones: la necesidad de operativizar la priorización de pasos internacionales.
Lo explicó muy bien el colega Letelier, y también lo mencionó recién el Senador Pérez Varela: los pasos priorizados por la Dirección de Fronteras y Límites, por las cancillerías de Chile y Argentina, no siempre reciben en materia de inversión el tratamiento que se requiere. Y volvemos a la vieja situación de la rentabilidad social: en la medida que no pasan vehículos se hace prácticamente imposible dotar al país de otros pasos internacionales.
Valoro mucho lo que se hace hoy en materia de inversiones en el paso Los Libertadores y también el trabajo que se realiza en el de Agua Negra, en la Región de Coquimbo; no obstante, claramente debemos seguir fortaleciendo los pasos internacionales. Y creo que Obras Públicas, particularmente Vialidad, debiera trabajar con un plan especial encaminado al efecto.
Dentro de los trece pasos internacionales priorizados con Argentina, hay dos en la Región de Los Ríos: Carirriñe y Hua Hum, ambos en la comuna de Panguipulli, que claramente requieren inversión, que claramente se encuentran desmejorados.
El paso Carirriñe funciona solo en la temporada de verano, en precarias condiciones. En el paso Hua Hum se han hecho importantes inversiones en materia de infraestructura, como el mejoramiento de las instalaciones de la aduana y de las oficinas del personal; pero si no se termina el asfaltado del camino, si no se dispone de una doble barcaza en el lago Pirihueico, difícilmente aumentará el flujo vehicular.
En concreto, creo imprescindible que el Ministerio de Obras Públicas establezca una política acorde con los pasos internacionales priorizados; que exista coordinación, también, con Cancillería para poder generar las inversiones en cada uno de sus extremos.
Me gustaría, por su intermedio, que el Ministro de Hacienda pudiera comprometerse a generar las instancias necesarias con la Cartera de Obras Públicas para priorizar los trece pasos internacionales ya consignados, focalizando las inversiones. No podemos desaprovechar oportunidades, no podemos perder tiempo en este tipo de inversiones y, principalmente, no podemos condenar a determinadas regiones a quedar sin pasos internacionales con Argentina.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, a propósito de que se abrió la discusión de esta Partida, quiero destacar cuando las cosas se hacen bien.
Considero justo hacerlo respecto no solo de la ejecución, sino también de cómo en el caso del Ministerio de Obras Públicas se asignan los recursos en la Región de Magallanes.
Y, a propósito de cambiar la lógica, siempre había existido la queja de que la inversión en regiones del Ministerio mencionado más bien apuntaba a una lógica centralista: los planes de inversiones se definían en la Capital y las regiones obedecían a ello y no necesariamente a la prioridad establecida por el territorio, por las áreas que se querían incentivar: el turismo, la apertura de localidades en Magallanes, por ejemplo.
Creo que este Presupuesto refleja un cambio que demuestra cómo se pueden hacer las cosas de manera distinta e impactar sustantivamente en territorios aislados y en zonas extremas. Y eso corresponde a la lógica del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, que también considera la inversión de otros sectores, pero, sin duda, el fuerte se focaliza en el Ministerio de Obras Públicas.
El viernes pasado tuve oportunidad de estar en Puerto Williams, comuna de Cabo de Hornos, y los mismos habitantes señalaban: "Al fin sentimos que nos toman en cuenta, que no somos solo un pequeño número de pobladores, que, por ser pocos, no pesamos al momento de decidir inversión regional".
Eso responde a que en el plan de obras se considera el hermoseamiento de la costanera de Puerto Williams, la ampliación de la pista del aeródromo, el mejoramiento de la caleta de pescadores. Y, sumado a eso, la edificación de viviendas, la construcción del hospital, la pavimentación de calles. Todo eso ha cambiado el rostro de una localidad donde era muy difícil superar la barrera de la recomendación técnico-económica, que por la vía de la definición del Plan de Zonas Extremas se salvaba.
Aquí el criterio se centra más bien en cómo el Estado ha de invertir en determinados territorios, por su situación geográfica e importancia geopolítica, independiente de la cantidad de pobladores que existan o de la rentabilidad económica de las obras.
La decisión, por lo tanto, se orienta en otro sentido.
Lo destaco, pues la lógica con que se han tomado las decisiones en el Ministerio de Obras Públicas ha favorecido a la Región. Se ha realizado, además, un procedimiento de consulta en cada una de las provincias y los proyectos han obedecido a la priorización de la ciudadanía. Y asimismo relevo la disposición de apoyar, en la cosa más operativa, a los equipos técnicos y al liderazgo de los equipos regionales.
A mi juicio, al momento de discutir el Presupuesto, es justo consignar en el debate que en esta Región aquello ha funcionado.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señora Presidenta, solo quiero destacar dos cosas.
En primer lugar, la conectividad austral.
Por primera vez se ve un Presupuesto sólido para toda la zona de la Patagonia chilena, en el sentido de la integración entre nosotros: Palena, Aisén y Magallanes, y con el resto del país.
Por una parte, la optimización del estándar de los caminos existentes -vía mejoramiento, pavimentación- y, por otra, la conectividad en los tramos en que hoy existen trasbordos, como es el caso de la construcción por el Cuerpo Militar del Trabajo instalado en Vodudahue de una obra esperada desde 1986.
En segundo término, en el Presupuesto concurren el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el fondo sectorial que estamos viendo y el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas.
Por primera vez vemos un progreso significativo en cuanto a fondos. Y, además, dos decisiones administrativas en paralelo.
Una, el hecho de que en la evaluación de los proyectos se cambia el criterio de rentabilidad social, el VAN y el TIR, por una recomendación en costo-eficiencia que permite sacar adelante obras que no se pueden evaluar normalmente, lo cual no significa dejar de ser eficiente en el gasto y no hacer las obras de acuerdo al estándar requerido.
Dos, hacer mención a un instrumento que echamos de menos en forma permanente: el manejo integrado de cuencas.
Ese instrumento de planificación estratégica, participativo y vinculante permite acometer zonas de secano, donde se notan los efectos del cambio climático. Ahí se pretende aplicar distintos tipos de uso para los recursos, en particular el agua.
Aquí se ha avanzado en los Ministerios de Energía, de Obras Públicas en lo que se refiere a las áreas de conservación. Y también se ha conseguido que la Cartera de Agricultura informe trimestralmente al Congreso Nacional con respecto a los adelantos de los distintos programas que ya cuentan con manejo integrado de cuencas en el proyecto de Ley de Presupuestos del año 2015.
Sin embargo, necesitamos una normativa que avance y que, al igual como ocurre con la zonificación del borde costero, que es vinculante, haga lo mismo con el ordenamiento territorial y el manejo integrado de cuencas. Con ello, no solo nos antepondremos a resolver posibles conflictos, sino que además recuperaremos el agua en cantidad y en calidad.
En tal sentido, se hizo un esfuerzo en la presente iniciativa, al ajustar el presupuesto de la Dirección General de Aguas, a efectos de aumentar el número de fiscalizadores en cada una de las regiones de Chile, sujeto a que los proyectos considerados tengan una corta dilación, en semestres, para poder mantener el equilibrio presupuestario.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, en momentos de contracción económica un presupuesto elevado para el MOP constituye un aporte importante para reactivar la economía.
Por eso valoro el incremento presupuestario en obras públicas planteado en diversos ámbitos y regiones. Ello será una contribución para la creación de empleo, para dinamizar la economía local a través de la utilización de insumos y para definir de forma estratégica las infraestructuras que se están comprometiendo.
Cuando uno observa el plan diseñado por el Ministerio en esta materia, nota que se trata de infraestructura para la competitividad, es decir, aquella que permita, de una u otra forma, la entrada y salida de mercancías y de personas, lo que va a generar otras actividades productivas.
En ese escenario, en el caso de la Región del Biobío -tal como fue señalado con anterioridad- uno de los puntos más importantes como elemento de desarrollo guarda relación con la decisión estratégica del paso Pichachén, ubicado en la comuna de Antuco.
Si este acceso fronterizo es aprovechado de buena manera, con una mirada estratégica de mediano y largo plazo, puede convertirse en una fuente de desarrollo muy importante para la provincia del Biobío.
Pero el paso Pichachén no debe estar marcado solo por la construcción del complejo fronterizo: si es de cabecera única (simple, doble), si habrá paso o no, etcétera. También ha de pensarse en la globalidad del proyecto. En ese sentido, sugiero al Ministro de Hacienda que, cuando se piense en el financiamiento o en la habilitación de estos pasos, se tengan en consideración las obras adicionales, como las rutas que conectan esos puntos fronterizos.
Podemos contar con un paso fronterizo muy importante, que implique un gran auge económico para Antuco, pero, si no se construye una ruta de doble vía que conecte dicha comuna con el resto de la Región y, particularmente, con el puerto de Talcahuano, no lograremos que esa infraestructura sea útil para la competitividad.
¿Dónde está el problema? En que, cuando se diseña la ruta desde el paso hacia el interior o hacia el puerto, el proyecto no califica, técnicamente, para obtener la rentabilidad social (RS).
En mi opinión, la autoridad debe reservarse para estos casos estratégicos, eximiéndolos del referido requisito como elemento para la construcción.
Fortalecer por ese lado las obras sería un buen uso de los recursos públicos.
Lo mismo planteo para el caso del puente Polcura, que es un anhelo antiguo de la comunidad y una obra muy relevante para la provincia del Biobío.
La posibilidad de adelantar la concesión para construir la famosa ruta de Nahuelbuta, que une Los Ángeles con Angol, es un proyecto fundamental, que ha sido trabajado de buena forma entre el MOP y los alcaldes.
También se requiere fortalecer -algo se contempla en el Presupuesto, aunque es muy escaso- los caminos cordilleranos. Resulta necesario disminuir los niveles de accidentabilidad y aumentar la infraestructura que genera competitividad, a fin de sacar los productos de las zonas interiores: los de tipo agrícola y forestal, y también los de la industria apícola, que es muy importante en el área cordillerana.
Es fundamental hacer entender a la autoridad sectorial del Ministerio de Obras Públicas la necesidad de instalar, en las regiones cordilleranas, particularmente en Alto Biobío, maquinaria permanente para enfrentar las inclemencias climáticas, lo que muchas veces provoca un corte de camino y, con ello, la pérdida de conectividad y el aislamiento de las comunidades.
En especial, se debe mejorar la ruta en el sector de Ralco Lepoy.
Asimismo, es relevante señalar que, dada la condición de sequía que enfrenta la Región del Biobío, va a ser muy bien recibida la concesión del embalse Punilla, que permitirá duplicar la superficie de hectáreas de riego.
No obstante, resulta esencial comenzar a mirar nuevos embalses de menor tamaño para cubrir las necesidades de otros sectores de la provincia de Ñuble. De lo contrario, veremos en riesgo nuestra agricultura campesina, incluidas la mediana y la grande.
Por último, señora Presidenta, creo que debemos crear un programa especial para que, una vez embalsada el agua, seamos capaces de conducirla aumentando su eficiencia a través de un programa especial de riego tecnificado, que la Comisión Nacional de Riego ya está implementando, aunque con recursos insuficientes. Ahí debiéramos poner el énfasis para aprovechar el escaso recurso hídrico de que disponemos.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Por haberse cumplido el término del horario previsto, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:00.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción