REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 362ª
Sesión 74ª, en martes 16 de diciembre de 2014
Ordinaria
(De 16:19 a 20:52)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ISABEL ALLENDE BUSSI, PRESIDENTA,
Y SEÑOR EUGENIO TUMA ZEDAN, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de la Secretaría General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González; de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, y de Minería, señora Aurora Williams Baussa.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 17 señores Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

La señora ALLENDE (Presidenta).- Las actas de las sesiones 72ª y 73ª, ordinarias, en 9 y 10 de diciembredel presente año, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Diez de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los cinco primeros retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de las iniciativas que se señalan a continuación:

1.- Proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia, y modifica diversos cuerpos legales (boletín N° 9.365-04).

2.- Proyecto de ley que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles (boletín Nº 8.859-04).

3.- Proyecto que renueva la vigencia de la ley N° 19.648, de 1999, sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata en los establecimientos públicos subvencionados (boletín Nº 8.784-04).

4.- Proyecto de ley que regula la admisión de estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado (boletín N° 9.366-04).

5.- Proyecto de ley que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional (boletín Nº 9.326-07).
Con los cuatro siguientes retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica normas legales que indica (boletín N° 9.287-06).

2.- Proyecto que modifica la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, fortaleciendo los consejos regionales (boletín Nº 9.691-06).

3.- Proyecto que modifica la ley N° 19.327 en lo tocante a su ámbito de aplicación y al establecimiento de un régimen sancionatorio efectivo, y la ley N° 20.502, en materia de funciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito (boletín Nº 9.566-29).

4.- Proyecto de reforma constitucional que crea el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio Público (boletín N° 9.608-07).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", respecto del proyecto que modifica la ley N° 18.483, que establece un nuevo régimen legal para la industria automotriz, en materia de importación de trolebuses usados (boletín Nº 9.484-15).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que aprobó, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, el proyecto que modifica la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, y amplía su plazo de vigencia (boletín N° 9.407-14).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República para el efecto de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental.
Con los otros dos informa que dio su aprobación a los asuntos que se especifican a continuación:

1.- Proyecto de ley que modifica el Código Civil para crear el estado civil de soltero y su medio de prueba (boletín Nº 8.239-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

2.- Proyecto que modifica la ley N° 19.327 en lo tocante a su ámbito de aplicación y al establecimiento de un régimen sancionatorio efectivo, y la ley N° 20.502, en materia de funciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito (boletín Nº 9.566-29) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y a la de Hacienda, en su caso.
Dos de la Excelentísima Corte Suprema:
Emite su parecer, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política, respecto de los siguientes asuntos:

1.- Proyecto que modifica las leyes números 19.968 y 20.066 para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal, en casos calificados, para controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático (boletín N° 9.715-07).

2.- Incorporación de un numeral 22, nuevo, en el artículo 1° del proyecto que modifica la ley N° 17.798, de Control de Armas, y el Código Procesal Penal (boletín N° 6.201-02).
--Se toma conocimiento y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada en el ejercicio del control de constitucionalidad respecto del proyecto que aumenta las plantas de personal de Carabineros de Chile y modifica la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros (boletín Nº 9.336-25).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Envía copia de resoluciones dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los siguientes preceptos:

1.- Artículos 231 del Código Penal y 277, inciso segundo, del Código Procesal Penal.

2.- Artículo 22° del decreto con fuerza de ley N° 707, sobre cuentas corrientes bancarias y cheques.
--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los señores Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional:
Rinden informe correspondiente al primer semestre del año en curso sobre operaciones de paz en las cuales participan tropas nacionales, con arreglo al artículo 13 de la ley N° 20.297.
--Se toma conocimiento y se remiten copias del documento a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.
Del señor Ministro de Defensa Nacional:
Amplía respuesta a solicitud de información, cursada en nombre de la Senadora señora Allende, acerca de asistencia a un equipo de científicos y expertos extranjeros que requieren visitar el territorio antártico en el mes de enero de 2015.
Responde solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor De Urresti, en cuanto a los alcances y objetivos del ejercicio conjunto chileno-argentino "Solidaridad" 2014.
De la señora Ministra de Desarrollo Social:
Contesta acuerdo de la Cámara Alta, adoptado a proposición de la Senadora señora Allende, sobre envío de un proyecto de ley que establezca direcciones regionales del Servicio Nacional del Adulto Mayor en todo el país dotándolas de los recursos y atribuciones para impulsar y coordinar las políticas institucionales (boletín N° S 1.699-12).
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Da respuesta a solicitudes de información, expedidas en nombre del Senador señor De Urresti, sobre las materias que se indican a continuación:

1.- Calidad de la obra ejecutada en la ruta Antilhue-Valdivia y ejecución de estudios para determinar eventuales problemas estructurales debido a fallas detectadas durante el presente año como consecuencia de un sistema frontal.

2.- Denuncia formulada por el alcalde y los concejales de Lago Ranco respecto al terreno en que se emplaza el paseo a La Pisada del Diablo, en la mencionada comuna.
Contesta solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Espina, relativa a la reparación y pavimentación del camino vecinal que une la Escuela Los Derrames con la vía principal, en la comuna de Purén.
Atiende solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor García, sobre proyectos de inversión de las entidades que señala, dependientes de esa Secretaría de Estado, que se financiarán con cargo a recursos de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015.
Informa, en respuesta a reiteración de solicitud de información sobre planes de pavimentación o asfaltado del camino que comunica la comuna de San Javier y la localidad de Putagán, hecha en nombre del Senador señor Matta, que ella fue contestada mediante oficio N° 2.785 de esa Secretaría de Estado.
Atiende solicitudes de antecedentes, remitidas en nombre del Senador señor Navarro, acerca de los asuntos que se señalan a continuación:

1.- Informe sobre la Reserva Nacional Nonguén, emplazada mayormente en la comuna de Chiguayante.

2.- Informe en cuanto a obras viales y de agua potable rural en la comuna de Hualqui, Región del Biobío.
De la señora Ministra de Salud:
Responde solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Bianchi, con respecto a resultados de la presentación que la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales dirigió a la Subsecretaría de Redes Asistenciales en materia de financiamiento del Programa Postrados.
Atiende solicitud de información, formulada en nombre del Senador señor García, acerca de la fecha definitiva en que se comenzará a construir el centro hospitalario de Ancud.
Contesta solicitud de información, enviada en nombre de la Senadora señora Goic, tocante a la dotación de médicos del Hospital Marcos Chamorro y de las atenciones que esos profesionales prestan durante su jornada, ante denuncias planteadas por la comunidad de Porvenir.
Responde solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Harboe, en cuanto al número de ataques cerebrovasculares ocurridos en la Región del Biobío, cantidad de personas atendidas por esta causa y tasa de sobrevida, así como de las acciones de esa Secretaría de Estado para asegurar atención a aquellas, montos de recursos asignados y resultados obtenidos.
Del señor Presidente del Consejo Directivo de Banco del Estado de Chile:
Contesta petición de antecedentes, enviada en nombre de la Senadora señora Von Baer, relativa a la factibilidad de establecer una sucursal de esa entidad bancaria en la comuna de Máfil.
Del señor Director Nacional (T y P) del Servicio Nacional de la Discapacidad:
Remite informe sobre proposiciones de enmiendas a la ley N° 20.422, planteadas por la Unión de Discapacitados de Parral (Unidispa), para que se establezcan normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, materia consultada en nombre del Senador señor Matta.
De la señora Vicepresidenta Ejecutiva (T y P) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
Da respuesta a solicitud de información, remitida en nombre de la Senadora señora Van Rysselberghe, respecto al financiamiento y distribución del libro infantil Nicolás tiene dos papás.
De la señora Jefa de la División Jurídica de la Superintendencia de Educación:
Da respuesta a una solicitud de información, expedida en nombre del Senador señor Navarro, acerca del estado actual de la denuncia sobre irregularidades en el cobro de subvenciones por parte del colegio Piaget, de Talcahuano, e informa en cuanto a las sanciones aplicadas.
De la señora Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores:
Responde solicitud de antecedentes, formulada en nombre del Senador señor Harboe, sobre las condiciones de licitación para prestar labores de apoyo a programas de dicho Servicio y sobre otros aspectos relacionados con la ejecución de sanciones y medidas en el medio libre de los menores infractores de ley en la provincia de Ñuble.
De la señora Superintendenta de Obras Sanitarias:
Atiende solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor De Urresti, respecto a la investigación solicitada por señores concejales de la Región de Los Ríos acerca de la presencia de asbesto en la red de agua potable de varias comunas.
De la señora Superintendenta (S) de Pensiones:
Da respuesta a solicitud de información, formulada en nombre del Senador señor Ossandón, con relación a los recursos presupuestarios anuales destinados a perfeccionar el Programa Bono Por Hijo Nacido Vivo.
Del señor Intendente de la Región de Magallanes y Antártica Chilena:
Contesta solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Bianchi, acerca de la posibilidad de implementar en el año 2015 un programa que disminuya el costo de los pasajes para el traslado en barcaza entre las ciudades de Punta Arenas y Porvenir.
Del señor Director de Obras de la Ilustre Municipalidad de Casablanca:
Atiende solicitud de información, planteada en nombre del Senador señor Chahuán, respecto a ventas de predios agrícolas de superficie igual o inferior a mil metros cuadrados en los loteos Altos de Tapihue y Hacienda Lo Orozco, de esa comuna, y a otorgamiento de permisos de construcción para esos inmuebles.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Minería y Energía recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos perfeccionando el sistema de licitaciones de suministro eléctrico para clientes sometidos a regulaciones de precios (boletín Nº 9.515-08) (con urgencia calificada de "suma").
De las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite, que modifica la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, fortaleciendo los consejos regionales (boletín Nº 9.691-06) (con urgencia calificada de "suma").
De las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, con el objeto de crear cargos para la defensa penal especializada en adolescentes (boletín N° 9.529-07) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la Enmienda al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 10 de junio de 2010, y las Enmiendas al referido Estatuto relativas al crimen de agresión, de 11 de junio de 2010, ambas adoptadas en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, celebrada en Kampala, Uganda (boletín N° 8.182-10) (con urgencia calificada de "simple").
Dos de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos, respectivamente, en los proyectos de ley, en primer trámite constitucional, que se especifican a continuación:

1.- El iniciado en moción de los Senadores señores Espina, Allamand, Chahuán, García y Prokurica que sustituye el texto de la ley N° 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, a fin de dar mayor protección a la ciudadanía y fortalecer la paz social (boletín N° 9.669-07).

2.- El iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (boletín N° 9.692-07).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo estableciendo la prohibición de contabilizar el día feriado irrenunciable dentro de la planificación horaria mensual que determina el sistema de turnos de los trabajadores del comercio (boletín N° 9.402-13).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señores Harboe, Araya, De Urresti, Larraín y Patricio Walker, con la que dan inicio a un proyecto que incorpora en el Código Penal un precepto que supedita el inicio de la aplicación de las penas sustitutivas contempladas en la ley N° 18.216 al cumplimiento de un año de presidio efectivo tratándose de delitos contra la libertad sexual cuyas víctimas sean menores de edad (boletín N° 9.780-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Diez del Senador señor Navarro, con las que da inicio a la tramitación de los asuntos que se mencionan a continuación:

1.- Proyecto que modifica la ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para fijar criterios en la determinación de las indemnizaciones (boletín N° 9.792-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.

2.- Proyecto que modifica la Ley General de Bancos con el fin de establecer que las entidades bancarias privadas tienen la obligación de instalar y mantener un número mínimo de cajeros automáticos por comuna (boletín N° 9.793-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.

3.- Proyecto que incorpora un inciso final en el artículo 6° de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos al efecto de que los notarios asignen, con cargo al requirente, personal exclusivamente destinado a recibir las declaraciones de afiliación y atender las demás gestiones en días y horarios durante el lapso legal para proceder a la constitución de una colectividad política en formación (boletín N° 9.794-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

4.- Proyecto que modifica el artículo 18 del Código Penal con el fin de presumir la responsabilidad por el daño moral respecto de los condenados por los crímenes que el autor señala o por la ley N° 20.357 (boletín N° 9.795-07).

5.- Proyecto que modifica el numeral 2° del artículo 16 de la Constitución Política de la República en materia de suspensión del derecho de sufragio (boletín N° 9.796-07).

6.- Proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo relativo al maltrato animal y aumenta la sanción penal si el delito comprende acciones de connotación sexual o de bestialismo (boletín N° 9.797-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

7.- Proyecto que modifica la ley Nº 20.606 y extiende la prohibición de su artículo 6°, relativo al expendio de alimentos prohibidos en establecimientos escolares, a los kioscos y negocios ubicados en su entorno (boletín N° 9.798-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.

8.- Proyecto que modifica la ley N° 19.300 con el objeto de incorporar una presunción de daño moral en el caso de actos perjudiciales al medio ambiente con resultados graves para la vida y salud humanas, actividades productivas, asentamientos poblacionales, poblaciones vulnerables, o a la sanidad animal y vegetal (boletín N° 9.799-12).

9.- Proyecto que modifica el artículo 52 de la ley Nº 19.300, que aprueba Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en relación con los criterios de determinación de las indemnizaciones por daños (boletín N° 9.800-12).
--Pasan a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.

10.- Proyecto que establece en la Ley de Tránsito una presunción de daño moral respecto a las infracciones con resultado de lesiones o de muerte (boletín N° 9.801-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señores Navarro, Araya y Bianchi, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República el establecimiento de una política de salud integral para el hombre, que comprenda perspectivas de género, etnia y generacional, en el marco de la estrategia de atención primaria (boletín Nº S 1.777-12).
Del Senador señor Ossandón, con el que solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República que disponga medidas de igualdad de oportunidades que posibiliten la movilidad habitacional dando preferencia a las personas con discapacidad y a los adultos mayores (boletín Nº S 1.778-12).
Del Senador señor Quinteros, con el que solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República la remisión de una iniciativa legal que establezca un examen único nacional para el ejercicio de la odontología (boletín Nº S 1.779-12).
Del Senador señor Bianchi, con el que pide a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley para el restablecimiento del servicio de trenes desde Santiago hasta Puerto Montt y la modernización del sistema ferroviario nacional (boletín Nº S 1.780-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento ha llegado a la Mesa el informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado (boletín N° 9.366-04) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").

La señora ALLENDE (Presidenta).- Queda para tabla.
Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Tratar en la presente sesión ordinaria, como si fueran de Fácil Despacho, los siguientes proyectos:
a) El que introduce modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos perfeccionando el sistema de licitaciones de suministro eléctrico para clientes sometidos a regulaciones de precios (boletín Nº 9.515-08), y
b) El que modifica la ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, con el objeto de crear cargos para la defensa penal especializada en adolescentes (boletín N° 9.529-07).

2.- Tratar en la sesión extraordinaria de mañana, miércoles 16, como si fueran de Fácil Despacho, los siguientes proyectos:
a) El que otorga una bonificación adicional por retiro al personal no académico que indica de las universidades del Estado y faculta a estas para conceder otros beneficios transitorios (boletín Nº 9.557-04), y
b) Proyecto de ley sobre asignaciones y modificaciones a la planta del Servicio Agrícola y Ganadero (boletín Nº 9.690-01).

3.- Votar luego de la Cuenta de la sesión ordinaria de hoy el proyecto de acuerdo relativo a la situación de conmoción pública causada en la Segunda Región por la desaparición del menor Mateo Riquelme y del guía turístico señor Kurt Martinson, mediante el cual se solicita al Fiscal Nacional la designación de un fiscal con dedicación exclusiva a la investigación.

4.- Fijar el siguiente próximo calendario de semanas regionales para el año 2015 y enero de 2016.
-Marzo: desde el lunes 23 hasta el viernes 27.
-Abril: desde el lunes 27 hasta el jueves 30.
-Mayo: desde el lunes 25 hasta el viernes 29.
-Junio: desde el lunes 22 hasta el viernes 26.
-Julio: desde el lunes 27 hasta el viernes 31.
-Agosto: desde el lunes 24 hasta el viernes 28.
-Septiembre: desde el lunes 21 hasta el viernes 25.
-Octubre: desde el lunes 26 hasta el viernes 30.
-Noviembre: desde el lunes 30 hasta el viernes 4 de diciembre.
-Diciembre: desde el lunes 28 hasta el jueves 31.
-Enero de 2016: desde el lunes 25 hasta el viernes 29.
Nada más, señora Presidenta.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Voy a llamar a reunión de Comités.

El señor LAGOS.- Pido la palabra.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La tiene, Su Señoría.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, le solicito recabar la autorización necesaria para que la Comisión de Hacienda discuta en general y particular el proyecto de ley que otorga una bonificación adicional por retiro a personal no académico de las universidades del Estado y faculta a estas para conceder otros beneficios transitorios.
Está llegando una indicación del Ejecutivo. La idea es despachar la iniciativa y tratarla mañana en la Sala.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En efecto, habíamos previsto la llegada a la Comisión de Hacienda de la indicación del Gobierno y el tratamiento del proyecto mañana en la tabla de Fácil Despacho.

El señor LAGOS.- Autorizándonos para sesionar en paralelo con la Sala durante la tarde.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Les parece a Sus Señorías?
Así se acuerda.
Llamo a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 16:33.
--Se reanudó a las 16:40.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor Secretario para dar a conocer lo determinado recién por los Comités.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Se ha acordado que el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la admisión de estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado se incluya en el primer lugar de la sesión extraordinaria citada para el día de mañana, con el objeto de iniciar su discusión, y que esta continúe en la sesión de la tarde, hasta su total despacho con la votación en general.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Saludo al señor Ministro de Minería, lo que no había tenido la oportunidad de hacer.
Sea usted muy bienvenido.
V. TIEMPO DE VOTACIONES



INVESTIGACIÓN DE DESAPARICIONES EN SEGUNDA REGIÓN. PROYECTO DE ACUERDO

La señora ALLENDE (Presidenta).- Conforme a las resoluciones de los Comités dadas a conocer después de la Cuenta, corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, firmado por señores Senadores de cada uno de ellos, relativo a la desaparición de dos personas en la Región de Antofagasta.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.781-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 74ª, en 16 de diciembre de 2014.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El documento expresa lo siguiente:
"Considerando:
"1° La conmoción pública causada en la Segunda Región de Antofagasta y en todo el país por la desaparición, en circunstancias aún indeterminadas, del menor Mateo Riquelme y del guía turístico Kurt Martinson García;
"2° La ocurrencia hace ya más de dos semanas de ambas desapariciones sin que, hasta la fecha, las investigaciones ofrezcan antecedentes certeros sobre su paradero y condición;
"3° La necesidad de destinar mayores recursos humanos e investigativos para dar a la brevedad con el destino de ambas personas, como una forma de contribuir a la tranquilidad pública y de sus familias;
"El Senado de la República acuerda:
"Solicitar al Fiscal Nacional, Sr. Sabas Chahuán, la designación de un fiscal con dedicación exclusiva a la investigación de ambas desapariciones.".

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Por unanimidad, se aprueba el proyecto de acuerdo.
VI. ORDEN DEL DÍA



PERFECCIONAMIENTO DE LICITACIONES DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN CASO DE REGULACIÓN DE PRECIO


La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos a fin de perfeccionar el sistema de licitaciones de suministro eléctrico para clientes sometidos a regulaciones de precios, con segundo informe de la Comisión de Minería y Energía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.515-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 60ª, en 4 de noviembre de 2014.
Informes de Comisión:
Minería y Energía: sesión 64ª, en 18 de noviembre de 2014.
Minería y Energía (segundo): sesión 74ª, en 16 de diciembre de 2014.
Discusión:
Sesión 65ª, en 19 de noviembre de 2014 (se aprueba en general).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los numerales 1) y 9) del artículo único y los artículos segundo y tercero transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que deben darse por aprobados, salvo que algún señor Senador, con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su votación o discusión.
--Conforme al Reglamento, se dan por aprobados.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El órgano técnico realizó diversas enmiendas al proyecto de ley sancionado en general, todas ellas acordadas por unanimidad, por lo que deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar una proposición.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado en el que se transcriben los cambios introducidos por la Comisión y el texto que quedaría en caso de ser acogidos.

El señor TUMA (Vicepresidente).- En discusión particular.
Los Comités, conscientes de la urgencia de la iniciativa, determinaron que esta se tratara como si fuera de Fácil Despacho.

Tiene la palabra el señor Ministro de Energía para exponer el contenido.

El señor PIZARRO.- Que se abra la votación.

El señor COLOMA.- No. Vamos por orden.

El señor PACHECO (Ministro de Energía).- Señor Presidente, quisiera partir por manifestar que el trabajo realizado en la Comisión, con el acuerdo unánime de sus integrantes, ha sido extraordinariamente provechoso para el Ministerio a mi cargo y permitió perfeccionar un proyecto que es el corazón del sistema eléctrico.
Tal vez, la semana pasada fue una de las mejores del sector en muchos años. Después de una sequía de ofertas en licitaciones, que en el año 2013 se tradujo en que no hubo ninguna en cuatro de dichos procesos, uno de ellos registró diecisiete, las cuales expresan el interés por invertir.
Las ofertas van a significar recursos por más de seis mil millones de dólares y el ingreso de otros actores al sector eléctrico: dos grandes empresas francesas. EDF llega por primera vez y GDF Suez, que solo participaba en el sistema interconectado del Norte Grande, va a estar ahora en el sistema interconectado central.
Y lo más importante es la entrada, extraordinariamente exitosa, de las energías renovables no convencionales, con propuestas de precio sumamente atractivas. Abiertos los sobres, se observa una reducción de 16 por ciento en relación con las ofertas de diciembre del año anterior.
Creo que eso es una muy buena señal para lo que viene. Los asuntos de energía obviamente no se resuelven de un día para otro, pero ya comienzan a darse demostraciones claras de nuevos competidores, tecnologías y oferta.
La iniciativa que se somete a la consideración del Senado permitirá que en marzo próximo expongamos las bases de licitación para las propuestas que recibiremos en marzo de 2016 por energía que se va a contratar a contar del año 2021.
Espero que la entrada de nuevos actores, tecnologías y oferta que el proyecto justamente facilita ayude a detener el alza en las cuentas de electricidad, de 20 por ciento en los últimos cuatro años, y que podamos empezar a pensar, a partir de 2021, en precios razonables que se traduzcan en una vida más fácil de los hogares, pero también en la recuperación del sector industrial y demás productivos.
Muchas gracias.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Se me ha pedido abrir la votación¿

El señor COLOMA.- No.

El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Es un asunto de Fácil Despacho¿!

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Guillier, Presidente de la Comisión de Minería y Energía.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, deseo destacar no solo que la iniciativa traduce la voluntad de los cinco integrantes del órgano técnico, quienes llegamos a un acuerdo unánime para remover los obstáculos que impiden el pleno y sano desarrollo de nuestro sistema eléctrico, sino también que ello se logró después de escuchar a los distintos actores, tanto de las tecnologías tradicionales como de las nuevas. Ello nos ha permitido alcanzar un gran consenso entre los actores interesados, al objeto de encontrar caminos compartidos y visiones convergentes acerca de cómo destrabar los inconvenientes que han impedido que los procesos de licitación de bloques de energía respondan a condiciones de competitividad, seguridad y sustentabilidad.
Recordemos que uno de los objetivos principales de la llamada "Ley Corta II" fue crear incentivos para que las generadoras pudieran ofertar bloques de suministro de energía a precios estables y de largo plazo a los clientes regulados. Sin embargo, dicho cuerpo legal, en circunstancias de que estos últimos representan el 50 por ciento de la demanda eléctrica, no logró generar condiciones para fortalecer el mecanismo de contratos de largo plazo y darle mayor estabilidad al sistema.
En opinión de la Comisión, múltiples causas explican este estado de cosas. Las resumo, para beneficio del debate: un proceso poco flexible en plazos, periodicidad y estructura de precios; un término muy corto de los llamados a licitación; segmentación poco flexible de la demanda, sin que sea posible ofertar sobre la base de la de corto y la de largo plazo; amplio espacio para la interpretación de las bases de licitación, por no ser lo suficientemente precisas en sus requerimientos, e incertidumbre en la construcción de nuevas plantas, producto de la oposición social, el mayor cuestionamiento ambiental y la judicialización de los proyectos.
Por lo tanto, las modificaciones propuestas unánimemente por la Comisión buscan acometer los problemas identificados a partir de ese diagnóstico.
En lo concerniente a los principales aspectos contenidos en las enmiendas, puedo condensarlos de la siguiente manera:

1.- Se modifica de dos mil a cinco mil kilovatios por empalme el límite de los clientes regulados. Por ende, son clientes libres solo aquellos con consumos iguales o superiores a esa última cantidad. La idea de aumentar el límite de consumo que define a los clientes regulados obedece a la circunstancia de que aquellos entre dos mil y cinco mil kilovatios poseen hoy muy poca capacidad de negociación. Eso beneficia claramente a las nuevas tecnologías.

2.- Para independizar el valor agregado de distribución, se establece un proceso de carácter anual, pero al mismo tiempo se permite que el reglamento contemple uno o más períodos en el año para efectuar licitaciones.

3.- Se le entregan a la Comisión Nacional de Energía mayores atribuciones para diseñar, coordinar y dirigir estas últimas en concordancia con los objetivos de eficiencia económica, competencia, seguridad y diversificación de la legislación eléctrica. A la entidad le corresponderá elaborar y aprobar las bases, las que deberá remitir previamente a las distribuidoras participantes para sus observaciones.

4.- Las distribuidoras serán responsables de los aspectos administrativos y de gestión de los procesos de licitación, como también de 1os gastos en que se incurra. Asimismo, deberán monitorear y calcular su demanda futura para luego informar a la Comisión Nacional, en forma justificada, detallada y documentada, acerca de las proyecciones obtenidas y las necesidades de suministro.

5.- El proceso se va iniciar con un informe preliminar de la Comisión, que contendrá los aspectos técnicos, y si existieran, "las condiciones especiales de la licitación". Pero el estudio puede ser observado por los interesados, quienes incluso tienen la posibilidad de apelar ante el panel de expertos para que se emita una nueva opinión. El plazo máximo del contrato se aumenta de quince a veinte años.

6.- Las bases establecerán las condiciones, los criterios y las metodologías que serán empleados para realizar la evaluación económica de las ofertas, en lo que se podrán considerar fórmulas de indexación.

7.- Se anexa a las bases un contrato tipo para el "servicio público de distribución".

8.- Los contratos podrán contemplar mecanismos de revisión de precios que se justificarán en relación con un cambio cualitativo en el escenario.

9.- En cada licitación, el precio será fijado por la Comisión en un acto administrativo de carácter reservado, que permanecerá oculto hasta la apertura de las ofertas.

10.- En casos justificados podrán implementarse licitaciones de corto plazo.

11.- Los oferentes que se adjudiquen licitaciones con proyectos nuevos de generación podrán solicitar, fundadamente, la postergación del plazo de inicio del suministro o ponerle término anticipado al contrato por causas no imputables al adjudicatario.

12.- Cuando la Comisión prevea que el consumo efectivo de energía a clientes regulados sea superior al suministro contratado, podrá implementar una licitación de corto plazo, hasta por tres años.
Finalmente, los consumos asociados al suministro sin contrato serán pagados por las distribuidoras a las generadoras que corresponda a un precio equivalente al máximo valor entre el precio de nudo de corto plazo, vigente en la subestación más cercana a la barra de inyección de cada generadora, y el costo variable de operación real del sistema.
Deseo consignar que el conjunto de las enmiendas que la Comisión propone introducir al proyecto de ley no solo son unánimes, sino que también coinciden con los principales actores involucrados, por lo que se pide su aprobación.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, Honorable Sala, el señor Ministro de Energía destacaba, al inicio de su intervención, lo exitosa que fue la última licitación, adjudicada la semana pasada. Pues bien, esta se llevó a cabo de acuerdo con la legislación vigente, es decir, sin las modificaciones que se plantean hoy.
Me gustaría resaltar que se trata de enmiendas verificadas fruto de una coincidencia política completamente transversal. Es lo que ha sido la tónica, en general, en un asunto tan de Estado como el energético, que de manera recurrente ha propiciado la Comisión de Minería y Energía.
No es el primer acuerdo en la materia. También lo obtuvimos con el proyecto 20/25, con la Ley de Concesiones y actualmente con la iniciativa de licitaciones, en que la ex Senadora señora Rincón, actual Ministra, aquí presente, también fue protagonista muy central.
Me gustaría consignar de manera categórica que se va a provocar un punto de inflexión importante. Y lo señalo por lo siguiente: las modificaciones introducidas profundizan el respaldo que se debe dar a los clientes regulados, la parte más débil en el sistema eléctrico. Son los que carecen de capacidad de negociación y representan el 50 por ciento del consumo de energía.
Tal como lo decía mi Honorable colega Guillier, la protección se aumenta de dos mil a cinco mil kilovatios, porque se estima que en ese rango no hay capacidad de negociación.
Mas quisiera centrarme aquí en cambios que, a mi juicio, son la piedra angular, desde un punto de vista técnico, para el éxito de las licitaciones.
¿Cómo se protege al cliente regulado? Al establecerse contratos a largo plazo. Estos deben hacerse a través de licitaciones eléctricas, que venían resultando desiertas en el último tiempo, y en las que el cliente regulado tenía que "pagar el spot", en definitiva. En ellas sistemáticamente había un aumento de precio.
¿Qué se hace en la iniciativa en cuanto a tres enmiendas fundamentales?
Primero, se amplían las facultades de la Comisión Nacional de Energía. La entidad, a partir de ahora, va a ser la que coordine, dirija y realice el proceso de licitación. En la legislación vigente, son las distribuidoras las que lo hacen, y solo bajo un criterio: el del precio más bajo. En cambio, en este caso se incorporan criterios adicionales, como la eficiencia económica, la competencia, la seguridad y la diversificación al menor precio posible.
En seguida, el proyecto de ley parte por un documento que no existe en la legislación vigente e incorpora, para mí, un elemento fundamental, que es el informe técnico preliminar, el que tiene que proyectar la demanda para los efectos del proceso de licitación,
La modificación fundamental entre la Cámara y el Senado dice relación con que dicho texto, que elabora la Comisión Nacional de Energía, únicamente podía ser observado por los suministradores. Ahora no solo se otorga la facultad de observar, sino que adicionalmente se puede ir al Comité de Expertos, ya que si no se determina bien la demanda, las licitaciones pueden fracasar, en la medida en que se considera aquella que se ha proyectado.
Pero, desde mi punto de vista, la iniciativa también se hace cargo de todas las debilidades que presentaba el actual proceso de licitación. ¿Cuáles? La principal: era poco flexible. Por lo tanto, se aumenta la flexibilidad. De hecho, se incrementa el plazo máximo de las licitaciones, es decir, el plazo de suministro, de 15 a 20 años.
A mi juicio, se agrega un elemento muy importante en materia de flexibilidad, ya que las licitaciones serán exitosas y los precios bajarán en la medida en que haya mayor capacidad de generación.
Por eso precisamente este proyecto de ley establece un sistema más flexible para quienes postulan con nueva generación. Da plazos adicionales y posibilidades de retirarse si surgen imprevistos en el proceso intermedio por causas que no sean imputables al adjudicatario. O sea, existe una clara señal para los nuevos proyectos de generación.
En segundo lugar, tal como manifestaba en mi intervención, la clave es proyectar la demanda, pero a largo plazo. Porque muchas veces ocurre que los suministros contratados no corresponden a la demanda efectiva. Para evitar ese problema o para cuando se declaran desiertas las licitaciones, se fija un mecanismo de licitaciones de corto plazo.
Además, la iniciativa incorpora un tercer elemento tremendamente relevante.
Como en 20 años pueden suceder muchas cosas, se establece un mecanismo de revisión de precios para cuando se produzcan situaciones imprevisibles debido a que la actual legislación no contempla este tipo de instrumentos.
Lo importante es que dicho mecanismo se gatilla entre las distribuidoras y las generadoras, pero además participan las asociaciones de consumidores ante el panel de expertos.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, Su Señoría.
Cuenta con un minuto más para redondear la idea.

El señor ORPIS.- En resumen, señora Presidenta, si ya eran exitosos los sistemas de licitación con la actual legislación, al agregar estas modificaciones legales (el mecanismo de revisión de precios, las licitaciones de corto plazo y las mayores flexibilidades para la nueva capacidad de generación), las licitaciones futuras serán tremendamente exitosas, protegeremos al cliente regulado y generaremos más competencia y diversificación.
Y termino con un elemento muy trascendente, en particular para el norte.
Este proyecto resuelve un problema eléctrico en la zona que represento, porque, con la actual legislación, las tarifas se incrementarían por sobre el 40 por ciento, mientras que con las modificaciones introducidas por esta normativa en el Sistema Interconectado del Norte Grande esa alza no llegará más allá del 18 por ciento.
Por esa razón, la Comisión de Minería y Energía y el Gobierno llegamos de nuevo a un acuerdo político importante en un asunto de Estado como lo es el tema energético.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Según lo resuelto por los Comités, este proyecto sería tratado como si fuera de Fácil Despacho y ya han intervenido dos señores Senadores a favor. Solo podría usar de la palabra alguien que quisiera impugnarlo, conforme al artículo 87 del Reglamento.
Por tanto, correspondería votar.
Me está pidiendo la palabra el Honorable señor Prokurica para un asunto de reglamento.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, gracias por darme la palabra.
En virtud del artículo 8° del Reglamento del Senado, me inhabilito para esta votación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Muy bien.
En votación las modificaciones introducidas por la Comisión de Minería y Energía.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba en particular el proyecto con las enmiendas propuestas por la Comisión de Minería y Energía (31 votos favorables), y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.




CREACIÓN DE CARGOS PARA DEFENSA PENAL ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES


La señora ALLENDE (Presidenta).- Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde tratar a continuación, también como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.718, que creó la Defensoría Penal Pública, con el objeto de crear cargos para la defensa penal especializada en adolescentes, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.529-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 55ª, en 14 de octubre de 2014.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 74ª, en 16 de diciembre de 2014.
Hacienda: sesión 74ª, en 16 de diciembre de 2014.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es incorporar 83 nuevos cargos a contrata a la dotación máxima de personal de la Defensoría Penal Pública, de los cuales 50 serán para defensores locales que se dedicarán a la defensa penal de adolescentes, mientras que los 33 restantes se destinarán a otros profesionales y personal administrativo de la misma área.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió la iniciativa en general y en particular a la vez, por considerarla de artículo único, y la aprobó en los mismos términos en que la despachó la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, Espina, Harboe y Hernán Larraín.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció sobre las normas de su competencia -el número 1) del artículo único y los artículos primero y segundo transitorios- las cuales aprobó en iguales términos que la Comisión de Constitución, por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar) respecto del artículo único, y por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Coloma, Lagos, Montes y Zaldívar), en relación con las disposiciones transitorias.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 12 del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador señor Felipe Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, este proyecto de ley se encuentra en segundo trámite constitucional y se originó en un mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República dirigido a la Cámara de Diputados.
La idea matriz o fundamental apunta a regularizar la situación laboral del personal que presta servicios en el Programa de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Penal Pública.
Según señala el mensaje, es necesario proponer una vía de solución para alcanzar una institucionalización de la defensa penal especializada en adolescentes en el país, de manera de contar con una dotación de defensores públicos que presten sus servicios en el contexto de las exigencias de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
Recuerda que la señalada ley impone el principio de especialización del sistema penal de adolescentes y contempla condiciones particulares para el juzgamiento penal de estos, diferenciándolo del aplicable a los adultos. Las justificaciones para ello son diversas. Por una parte, está la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 40.3 establece la obligación de los estados parte de establecer procedimientos, autoridades e instituciones específicos para niños infractores de la ley penal, dando lugar así al deber de constituir sistemas penales diferenciados para adolescentes y para adultos. Por otra parte, se hallan las características de la realidad psicológica, social y cultural de los adolescentes. También hay razones de orden político-criminal que obligan a revisar los fines especiales de este sistema penal, que busca también la responsabilización y la integración social del joven infractor.
En definitiva, se busca el quiebre de las carreras criminales.
Por ello, el mensaje recuerda que el artículo 29 de dicha ley exige que los jueces de garantía, los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, así como los fiscales adjuntos y los defensores penales públicos que intervengan en las causas de adolescentes deban estar capacitados en los estudios e información criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en las características y especificidades de la etapa adolescente y en el sistema de ejecución de sanciones establecido en la misma ley.
De lo anterior -dice el mensaje- derivan mayores exigencias para la defensa penal juvenil que se traducen en una mayor carga e intensidad de trabajo para los defensores.
El Ejecutivo hace presente que el modelo de provisión de defensa contemplado en la ley N° 19.718, que creó la Defensoría Penal Pública, prevé una dotación fija de defensores institucionales, que constituye la base del sistema, más una dotación de defensores cuyos servicios son licitados, no considerándose en la dotación a los defensores penales juveniles que hoy se requieren.
Informa el Ejecutivo que, hasta la fecha, la institución ha asumido la provisión del servicio de defensa penal juvenil implementando un programa piloto que ha permitido contratar profesionales vía honorarios. Dicho plan se inició con el propósito de contar con datos empíricos de los primeros años de funcionamiento del sistema de defensa penal juvenil, especialmente en cuanto a la demanda y el impacto en la defensa a partir de las nuevas obligaciones provenientes del sistema de ejecución de sanciones. Esto ha sido financiado, desde el año 2006, mediante reasignaciones presupuestarias, desde el subtítulo de transferencias corrientes al ítem honorarios. Señala que al haber transcurrido más de 5 años desde el inicio del plan piloto, es posible y necesario definir el modelo de servicio definitivo respecto de la defensa penal de los adolescentes, situación que justamente aborda el proyecto.
En cuanto al contenido de la iniciativa, debo destacar que su artículo único permanente modifica el artículo 31 de la ley N° 19.718, de manera de aumentar de 145 a 195 los defensores locales, estableciéndose que al menos 50 de ellos cumplirán funciones para la defensa penal de adolescentes.
En seguida, se agregan dos disposiciones transitorias.La primera, para incrementar en 83 cupos la dotación máxima de personal vigente de la Defensoría Penal Pública. Y la segunda, para proveer los recursos que cubrirán el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la ley para el año de su entrada en vigencia.
Cabe hacer presente que el informe financiero del proyecto, que debía ser analizado por la Comisión de Hacienda, señala que actualmente los 83 cargos que se estarían aumentando están siendo provistos en calidad de honorarios y que se trata de 50 defensores y 33 asistentes sociales y asistentes administrativos que conforman el equipo de apoyo de los defensores que cumplen funciones en la Defensoría Penal de Adolescentes.
La fórmula de financiamiento consiste en que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la ley para el año de su entrada en vigencia se financiará con los recursos contemplados en el presupuesto de la Defensoría Penal Pública y que, no obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, suplementaría dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos.
Señora Presidenta, la Comisión de Constitución coincidió con los objetivos del proyecto, los que analizó con autoridades del Ministerio de Justicia y de la Defensoría Penal Pública, así como con representantes de las asociaciones de funcionarios de esta última institución. Por tal razón, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Araya, Espina, Larraín y quien habla), lo aprobó tanto en general como en particular, por lo cual propone a la Sala proceder de la misma manera.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de ofrecer la palabra, consulto a la Sala si habría consenso para abrir la votación, dejando 5 minutos para fundamentar el voto, ya que el acuerdo de los Comités fue tratar ambas iniciativas como si fueran de Fácil Despacho, es decir, en un tiempo máximo de 30 minutos.
¿Habría acuerdo para proceder en tal sentido?
Acordado.
Por lo tanto, en votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, por supuesto, voy a concurrir con mi voto favorable a la aprobación de la iniciativa.
Dicho eso, y a propósito de que ha existido un intenso debate público en el ámbito de la seguridad ciudadana, estimo que hay pendiente una deuda tremenda en materia de adolescentes, la cual ha sido abordada en Comisiones especiales por este Senado, como son las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Las cifras indican que la aplicación de la citada ley muestra los más altos niveles de reincidencia, así como serias falencias.
Por lo tanto, sin perjuicio de aprobar el proyecto, creo que lo adecuado, después de las sesiones especiales que celebró la Sala del Senado, habría sido considerar el trabajo de la Comisión de Constitución, que elaboró un documento completo con las modificaciones que habría que introducir a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente a partir de las jornadas temáticas que se realizaron.
Por ello, estimo tremendamente pobre que la primera modificación a dicha ley solo implique aumentar de 145 a 195 los cargos de defensores, en circunstancias de que el Senado habría esperado una enmienda para mejorar la serie de debilidades que exhibe desde su implementación (las cuales, entre paréntesis, fueron advertidas previamente a su puesta en vigencia por las comisiones de expertos que se establecieron en aquella oportunidad, las que les señalaron a las autoridades de Gobierno y al Parlamento que no era prudente ponerla en ejecución sin antes solucionar ciertos aspectos fundamentales).
Voy a concurrir con mi voto a la aprobación del proyecto, pero dejando constancia de la necesidad de que, ojalá a la brevedad posible -en mi opinión, en forma urgente-, se ingrese a tramitación legislativa una modificación más sustantiva a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que tiene incidencia muy directa en los niveles de seguridad ciudadana.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, pedí la palabra para hacer dos comentarios.
En primer lugar, comparto lo planteado por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra. El aumento de 145 a 195 defensores locales, así como el hecho de que, de los 83 nuevos cargos de la dotación máxima de personal, 50 se destinen al desempeño de funciones de defensa penal de adolescentes, tienen un sentido especial -así al menos fue explicado en la Comisión de Hacienda-, como es que, precisamente por la naturaleza de la adolescencia, el cumplimiento de penas vaya asociado al seguimiento que realice la Defensoría.
Por lo tanto, hay elementos que, desde mi perspectiva, justifican tal aumento. No se trata simplemente de decir que hay un incremento porque la delincuencia juvenil es un problema muy severo en nuestro país, aunque no cabe duda de que quizás ahí estén instalados los desafíos más complejos, mirando el Chile que se viene hacia el futuro. Se requieren más defensores locales, es cierto, pero, si ello no va acompañado de una preocupación específica o de una opción real por que exista el seguimiento que la ley plantea, los resultados serán bastante insatisfactorios.
Por eso, las asociaciones vinculadas a la Defensoría Penal Pública hicieron presente esta argumentación especial. Insisto: no es un simple aumento -insuficiente, por cierto-; el objetivo obedece al cumplimiento de una obligación que nace de la ley como es el seguimiento, que es lo único que tiene sentido si realmente se quiere que una persona que ha cometido un delito en su juventud no persista. La opción de persistir es muy alta y, por tanto, se está haciendo un esfuerzo para que exista un seguimiento, el cual es difícil de lograr si no se cuenta con un número de funcionarios adecuado.
El segundo comentario -que también planteé- es que toda esta situación es algo bien raro en la Defensoría Penal Pública, pues los defensores son, por naturaleza, funcionarios a contrata. Sin embargo, se explicó cuál fue la razón para haber procedido como se hizo. En todo caso, quedó bien claro -y así se entendió- que quienes se encuentran trabajando hoy en la práctica van a tener que concursar en su momento, porque la norma pertinente agrega que "El acceso a los empleos correspondientes se efectuará por concurso público".
Eso se encuentra asumido por todas las asociaciones. Fue parte del entendimiento para generar este apoyo unánime. Yo simplemente cumplo con señalar que no por el hecho de que se nombren en forma especial tendrán que excluirse del sentido del concurso, cosa en la que, para ser franco, estaban todos muy de acuerdo.
En resumen, señora Presidenta, creo que este proyecto va más allá de un simple número. Significa mejorar un poquito en una materia en la cual el país está muy deficitario: la forma de enfrentar la delincuencia juvenil y particularmente lograr reencausar la acción de adolescentes que incurren en determinadas conductas y respecto de lo cual la sociedad como tal se hace cargo.
Por lo expuesto, me parece positiva la iniciativa y la votaré a favor.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, nos vamos a pronunciar a favor del proyecto. Pero no podemos dejar de mencionar que esta solución resulta claramente parcial.
Desde que se analizó en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el establecimiento de un sistema de responsabilidad de adolescentes por infracción a la ley penal, expresamos que no funcionaría, como ocurre hasta hoy.
Y no solo opera inadecuadamente por la inexistencia de defensores penales de adolescentes, que a lo mejor resultan extraordinariamente necesarios, sino porque la estructura del Estado impide contar con un sistema adecuado para enfrentar al adolescente que ha infringido la ley, que ha cometido un delito. ¿A dónde se le manda? ¿A dónde se dirige? ¿A qué centro cerrado? ¿Qué características tienen estos centros establecidos por la ley para que cumplan determinada sanción y puedan llevar adelante un proceso de rehabilitación? ¿Dónde se encuentran los centros abiertos a los que puedan concurrir para que también les sea posible, de acuerdo a su penalidad, trabajar con especialistas para su rehabilitación? No existen. Por ejemplo, en la Región del Biobío, si un joven que vive en la comuna de Santa Bárbara comete un delito y debe ingresar a un recinto cerrado, tiene que ir a Coronel.
Por lo tanto, no están dadas las condiciones para hacer operativo un sistema que permita, por un lado, sancionar al joven que perpetra un delito, y por otro, rehabilitarlo para cortar su carrera delictual, como era la finalidad de la ley en su origen.
En tal sentido, basta ver lo que sucede en nuestras ciudades, basta escuchar o ver los medios de comunicación para constatar cómo no hay ninguna acción de disuasión hacia los menores de edad que cometen delitos. Por el contrario, existe un incentivo para ello, puesto que la institucionalidad que se dio el Estado a partir de la ley Nº 20.084 no ha funcionado en ninguno de sus aspectos.
Sin duda, colocar defensores penales especializados en el tema penal adolescente puede ayudar. No obstante, no tapemos el sol con un dedo: el sistema en general no ha operado adecuadamente.
Como manifestaba el Senador Orpis, aquí ha habido debates importantes, en los que se ha recomendado a la autoridad, al Ministerio de Justicia qué medidas hay que adoptar, qué instituciones se deben crear, cómo se ha de fortalecer el Servicio Nacional de Menores (SENAME), para contar verdaderamente con una institucionalidad que proteja al joven, que lo sancione, pero que permita rehabilitarlo para la sociedad. Y eso, claramente, no existe.
Con esta iniciativa habrá algo más de 40 defensores penales que, como decía el Senador Coloma, estarán capacitados para hacer un seguimiento a las sanciones. ¿A qué sanciones? A las que se cumplen en los centros abiertos del SENAME, que no reúnen las condiciones adecuadas para un sistema represivo dirigido a los jóvenes. Ello tampoco ocurre con los centros cerrados.
Por lo tanto, señora Presidenta, no hay duda de que este proyecto, que votaremos a favor, es claramente parcial y no resuelve el problema dramático que enfrentamos en materia de seguridad ciudadana.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, seré muy breve, pues el Senador que me antecedió en el uso de la palabra representa mi opinión sobre este tema.
Quiero ser como los fenicios en esta oportunidad, porque esta debe de ser como la séptima vez durante el presente año en que a través de la Mesa le pido al Gobierno que le ponga urgencia a la tramitación del proyecto de ley llamado "Reforma de la Reforma", que se encuentra paralizado desde marzo en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Lo hemos conversado en diversas ocasiones con el Ministro del Interior, con el Ministro de Justicia. Sin embargo, por altos que sean los índices delictuales, por evidente que resulte que la delincuencia se encuentra en muchos aspectos desbordada, no ha habido caso de que tomen conciencia acerca de la urgencia de enviar una iniciativa o de activar ese proyecto -lo cual correspondería-, que contiene medidas concretas y específicas para lograr disminuir los altísimos índices de delincuencia.
Solo quiero recordarles a Sus Señorías que la Corte Suprema nos informó en el Senado que en nuestro país hay más de 66 mil órdenes de detención pendientes por delitos graves. No estamos considerando aquí delitos menores u órdenes emanadas de tribunales de familia, como podrían ser las relativas a pensiones de alimentos. Nos referimos a 66 mil delitos en donde se incluyen robos con violencia o intimidación en las personas, robos con fuerza en las cosas, homicidios, tráfico de drogas, etcétera.
Este año hubo 255 mil casos de robos que se archivaron -¡un cuarto de millón!-, en que no se supo quién los cometió ni se logró encontrar alguna especie robada. ¡Eso no es normal en un país! Escapa a toda lógica. No obstante, hasta ahora no hay ninguna reacción de la autoridad de Gobierno.
Sería injusto sostener que la situación de la delincuencia es responsabilidad de lo que ha ocurrido en los últimos ocho meses. Sin embargo, también lo sería no mencionar que al Gobierno durante ocho meses le hemos pedido incansablemente que dicte una norma para mejorar las facultades investigativas de la policía; lograr mejores medios probatorios; obtener una coordinación adecuada entre fiscales, jueces y policías; establecer disposiciones que permitan compartir información. No se ha hecho nada.
Quiero advertir de ello, porque me imagino cuándo vendrá la reacción: cuando se produzca un asesinato, una violación, como ocurrió con el caso de ese delincuente -ya fallecido- conocido como "El Tila". Ahí se dictó la "ley corta". ¿Por qué? Porque se produjo una gran conmoción.
Sabemos que se requiere mucha prevención, que hay que hacer bastante en materia de rehabilitación. Pero no podemos decirles a los chilenos que seguimos esperando que aumente el 43 por ciento de victimización que existe en nuestro país.
En lo concreto del proyecto que nos ocupa, quiero señalar que también hay una enorme deuda con la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que ha funcionado muy mal, en el más amplio sentido de la palabra. Los centros de detención, que supuestamente son de rehabilitación, no lo son. Los centros de internación semicerrados son una burla, porque existe a lo más uno por región; por lo tanto, en el caso de un niño que vive a 100, 150 kilómetros del lugar donde se encuentra este centro, explíquenme cómo se va a internar en la noche, para qué y cómo vuelve al día siguiente a su ciudad. Las medidas de la llamada "libertad asistida especial", que consiste en nombrar un delegado que se supone está a cargo de rehabilitar, de sacar al niño de las drogas, no existen. Entonces, tenemos un semillero de jóvenes que en vez de estudiar, de salir adelante con su propio esfuerzo, entran al mundo del delito, y nadie hace nada para sacarlos.
Votaré a favor del proyecto, pues es bueno tener defensores de los niños, es positivo que se especialicen, que consideren sus características. Y, además, porque pensamos que en un Estado de Derecho democrático es necesario que el Estado defienda a las víctimas por sobre todas las cosas, como manifestó el Presidente de la Corte Suprema en uno de sus últimos discursos, pero también que quienes son imputados tengan derecho a la defensa.
Nos parece adecuado regularizar la situación de los defensores públicos que están a contrata, a honorarios, o que no cuentan con todas las garantías.
Por eso nosotros apoyamos este proyecto, pero con la prevención señalada en cuanto a las materias pendientes antes indicadas.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, por supuesto que voy a votar a favor de este proyecto, el cual incorpora 83 plazas para la defensa penal de adolescentes: 50 para defensores penales propiamente tales y 33 para funcionarios profesionales, técnicos y administrativos de apoyo.
Quiero destacar, una vez más, cómo hemos ido creando una verdadera Administración Pública paralela mediante el sistema del pago de honorarios. Aquí regularizamos esta situación en un servicio clave como la Defensoría Penal Pública, y en un área tan sensible, como la dirigida a los adolescentes.
Esta mañana estuvimos trabajando en la Comisión de Hacienda y despachamos un proyecto que establece asignaciones y estímulos especiales para los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero que cumplen labores de fiscalización. Y el Director de este Servicio nos decía que, de sus 4.000 funcionarios, 1.700 se encuentran a honorarios; y de estos, 1.000 -en cifras redondas- cumplen tareas permanentes.
Tengo la convicción de que, si analizamos servicio por servicio y, más aún, municipalidad por municipalidad, nos encontraremos -tal como lo señalé- con una verdadera Administración Pública paralela.
Por eso, con motivo de esta iniciativa, llamo al Gobierno a que regularicemos tal situación. No es justo que el Estado sea incapaz de entregar seguridad social a miles y miles de funcionarios que desempeñan labores fundamentales en las diversas áreas del quehacer del Estado; que no tengan derecho a enfermarse ni a tomar vacaciones, y que, en muchos casos, como ocurre con el INDAP y con los profesionales de los PDTI, vean descontados de sus honorarios el uso de vehículos, incluidos el combustible y la depreciación. ¡Esta situación es francamente insostenible!
Por lo tanto, llamo al Gobierno, concretamente al Ministro de Hacienda, a que regularicemos la situación de los miles de trabajadores del Estado que hoy cumplen sus tareas mediante el pago a honorarios.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, quiero hacer tres comentarios.
En primer término, aquí estamos regularizando una situación de la Defensoría Penal Pública y, en particular, para la especializada en adolescentes. Eso se somete a nuestra consideración hoy y, sin duda, debe contar con todo nuestro respaldo.
La Defensoría Penal Pública es una institución tremendamente importante para el debido proceso en nuestro país. Y resulta fundamental que tenga todas las atribuciones necesarias para el cumplimiento de convenios internacionales y obligaciones del Estado y, también, para la existencia de un Estado de Derecho que se valore como tal.
En segundo lugar, el Senador Espina, que me antecedió en el uso de la palabra, planteó la necesidad de adoptar acciones y medidas. Este Gobierno, encabezado por el Ministro Peñailillo, ha tomado la determinación de cambiar no solamente la Ley de Control de Armas (esto va a significar, en términos prácticos, el ingreso a la cárcel de 6.000 a 9.000 personas dentro de los próximos años), sino también la Ley Emilia o Ley Tolerancia Cero, lo cual va a significar darles a los tribunales de justicia normas y facultades extraordinarias para que las personas que cometen delitos no vuelvan a la calle.
Lo mismo va a ocurrir con otro tipo de ilícitos contra la propiedad, como mencionaba el Senador Espina. Y espero que cuando esa discusión se dé acá -ha sido anunciado- efectivamente quienes fueron Gobierno hasta ocho meses atrás tengan la voluntad de acotarles el campo de interpretación a los jueces en ciertas materias, y que asuman que no fueron capaces de hacerlo cuando estuvieron en el poder -a pesar de que fue la principal promesa de campaña del Presidente Piñera-, y que en este debate entendamos que, más que tratar de sacar ventajas políticas pequeñas, debemos unirnos en políticas públicas, de Estado, que nos interesan a todos.
Por último, señora Presidenta, es evidente que esta iniciativa hay que situarla en el contexto mencionado por el Senador García, quien me precedió: la regularización de la situación de muchos funcionarios públicos que están a honorarios requiere un gran acuerdo político.
Agradezco que se halle presente el Senador García para poder decirlo, porque es fácil afirmar: "Le pido al Ejecutivo". Pero cabe preguntar: "Bueno, si era tan importante, ¿por qué no lo hizo cuando fue Gobierno?".
Entiendo la razón de que en la Administración anterior no se regularizara la situación de las personas a honorarios, cuyo número incluso creció a una tasa muy superior a la existente en otro momento, en particular en PRODESAL (donde se nota). Pero, más que recriminaciones, se requiere construir un acuerdo político transversal para resolver el tema de la estabilidad laboral de muchos trabajadores del sector público.
Y, junto con manifestar que vamos aprobar este proyecto, que es un tema puntual, formulo un llamado para que con la Oposición logremos proponer una fórmula concreta, tal como está en el Protocolo que se firmó con el Ejecutivo en el marco de la Ley de Presupuestos, para reducir drásticamente el número de personas que se encuentren a honorarios, aunque ello signifique, en una primera fase, más que pasarlos a las plantas o a la contrata, a lo menos dejarlos sujetos al Código del Trabajo. Ello, a fin de que tengan derechos garantizados, de que hoy carecen al tener que recibir su remuneración mediante la modalidad de la boleta de honorarios, lo cual, en verdad, solamente precariza el empleo, y todos queremos terminarlo.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (27 votos a favor) y, por no haberse presentado indicaciones, se aprueba en particular y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma y Patricio Walker.

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El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Informe
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, recaído en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República con el que solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, por el plazo de un año, la permanencia de tropas y medios militares fuera del territorio de la República en Bosnia y Herzegovina (boletín N° S 1.767-05), respecto del cual se ha hecho presente la urgencia en los términos del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Conforme a lo acordado por los Comités, este proyecto será visto sobre tabla.



PRÓRROGA DE PERMANENCIA DE TROPAS MILITARES EN BOSNIA Y HERZEGOVINA


La señora ALLENDE (Presidenta).- Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, por el plazo de un año, la permanencia de tropas y medios militares fuera del territorio de la República en Bosnia y Herzegovina.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1.767-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 72ª, en 9 de diciembre de 2014.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, unidas: sesión 74ª, en 16 de diciembre de 2014.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Se ha hecho presente la urgencia en los términos del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión la solicitud.

Tiene la palabra el Senador señor Prokurica, Presidente de las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, cada vez que por disposición constitucional discutimos estos asuntos aquí, en el Senado, se hacen ver las distintas razones por las cuales Chile participa en las misiones de paz.
Yo siempre he sostenido, y así se ha determinado en las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, que la presencia de nuestro país en las distintas operaciones de paz es, en primer lugar, una forma de que nuestro país se inserte en el concierto internacional.
Al haber adoptado un sistema de comercio en un mundo global, sobre el cual se basa el desarrollo de nuestro país, Chile no puede hacerse a un lado en aquellos esfuerzos que se realizan en el orbe -especialmente por las Naciones Unidas- para establecer la paz -imponerla en algunos casos- y la estabilidad.
Donde no hay estabilidad no existe comercio, no existe desarrollo, no existe disminución de la pobreza. Por lo mismo, la participación de Chile en el orden internacional, al amparo de las disposiciones de Naciones Unidas, es necesaria e indispensable para consolidar todo el esfuerzo realizado como país en esta materia durante varias décadas.
En este caso específico, se trata de una fuerza pequeña, que ha interactuado con los ejércitos británico y holandés, y que hoy participa como único miembro de América bajo bandera nacional en esta fuerza multinacional europea y en el Sistema Nacional Europeo de Manejo de Crisis, lo cual constituye un reconocimiento a la gestión de nuestros hombres de armas en esta misión.
En términos generales, debe considerarse que las operaciones de gestión de crisis incluyen un espectro amplio de tareas, que van más allá de lo que en Chile se entiende por "operaciones de paz": mantenimiento e imposición de la paz, operaciones multidimensionales y humanitarias ante catástrofes naturales -acaba de haber una que afectó a toda Europa, especialmente a Bosnia y Herzegovina, en la cual colaboraron fuerzas armadas-, reconstrucción posconflicto, operaciones de interdicción, combate a la piratería y misiones civiles en procesos de reforma a la política y al sistema judicial, policial y de aduanas, entre otros.
A partir de nuevos debates acerca de las relaciones internacionales, se puede afirmar, como norma general, que la capacidad de influencia de los Estados ya no depende exclusivamente de su poderío económico y militar, sino -y cada vez más- de cómo su imagen y credibilidad se proyecta de forma directa en el ámbito internacional.
En la actualidad, Chile participa con un contingente de quince oficiales -una presencia bastante pequeña-, quienes desempeñan funciones en el Estado Mayor en dos ciudades distintas de Bosnia.
Es importante tener presente que dicha fuerza de paz se encuentra constituida por seiscientos efectivos, la cual se amplió durante este año en cien oficiales, debido a las necesidades de seguridad e institucionales que se observan en el referido país.
Si bien se han visto mejoras en materia de sistema democrático, estas todavía son frágiles e incipientes, y persisten tensiones y cierto clima de conflicto entre las trece etnias que existen en esa nación.
Ahora bien, durante la discusión que llevamos a cabo en las Comisiones unidas junto con el Subsecretario de Defensa, don Marcos Robledo, y los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, varios señores Senadores plantearon diversas inquietudes.
Una de esas consultas fue sobre la evaluación que la Unión Europea ha hecho acerca de la evolución de la operación de paz en Bosnia, el desarrollo económico y el avance del sistema democrático.
También se ha preguntado cuál ha sido el desarrollo de la estabilidad política y de seguridad ante el crimen organizado y el terrorismo en la zona.
Asimismo, se ha inquirido por el orden práctico de los roles que están ejecutando los oficiales chilenos.
Y también se ha efectuado una revisión prospectiva sobre el futuro institucional de los distintos grupos que integran el acuerdo de paz en Bosnia.
Por lo tanto, considero un error pensar que la presencia de Chile en este tipo de misiones solo implica un beneficio para los países que se hallan en conflicto. La verdad, señora Presidenta, es que también se ven favorecidas nuestras Fuerzas Armadas, que generan vínculos con contingentes militares extranjeros.
Quienes hemos visitado esos lugares siempre recibimos -de parte de otros ejércitos y de las autoridades de los países afectados (Haití, Bosnia, entre otros)- las felicitaciones por el profesionalismo y la capacidad de nuestras instituciones castrenses y por la excelente participación de nuestros soldados en estas misiones de paz.

El señor ORPIS.- Abra la votación, señora Presidenta.

El señor LETELIER.- De acuerdo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, procederemos a votar.
Acordado.
En votación la solicitud de Su Excelencia la Presidenta de la República.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro, para fundamentar su voto.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, además de anunciar que votaremos a favor de la petición, deseo señalar que se requiere, aparte de los informes económico y social, uno de índole política. Lo mismo planteamos cuando discutimos lo relativo a la mantención de tropas en Haití.
Como se trata de una relación política y se busca la estabilidad y gobernabilidad del país en conflicto, uno esperaría conocer un informe de dicha naturaleza para saber cuál es la situación interna y cómo podemos contribuir a mejorarla.
Es importante la presencia militar chilena en naciones como Haití y Bosnia -cuesta caro, por cierto,- que confían en nuestro país. Pero uno esperaría que el Senado -si es necesario, en sesión secreta- dispusiera de un informe más detallado al respecto.
¿Qué viene? ¿Cuál es la influencia de los bloques políticos que existen en Bosnia y Herzegovina? ¿Cómo se ha tensionado la relación con los Estados Unidos? ¿Cuál es el problema político de fondo que impide la estabilidad?
La gestión diplomática debe complementar la acción parlamentaria: "la diplomacia parlamentaria". En definitiva, no basta con financiar la presencia de tropas o agregados militares; también se precisa una política más activa en materia de gobernanza y estabilidad, tanto en Bosnia como en Haití.
Espero que cuando se someta a nuestra consideración una nueva solicitud para la permanencia de tropas en Haití podamos contar -no sé si ya se ha elaborado- con un informe político. Y si alguien estima que esa información debe entregarse en una sesión secreta, entonces así ha de ser. Con tal antecedente en las manos, podremos dar nuestro apoyo a la solicitud de la Primera Mandataria no solo para aprobar la presencia de militares chilenos en los países referidos, sino también para posibilitar una gestión diplomática, política y parlamentaria en esos lugares.
Voto a favor porque estimo que Chile está en condiciones de brindar esa colaboración y, además, porque la gestión de nuestro contingente ha sido objeto de una muy buena evaluación.
Con todo, quienes asumimos la responsabilidad de aprobar estos recursos necesitamos información política a fin de no votar a ciegas sobre el objetivo final, el cual no es solo permitir la presencia de militares chilenos en esas naciones, sino también contribuir a su gobernabilidad y a la solución de sus problemas internos.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, coincido con algunos de los términos planteados por el Senador Navarro, a quien le proporcionaré la información que nos entregaron el Ministerio de Defensa Nacional y el de Relaciones Exteriores en las Comisiones unidas, antecedentes que, por supuesto, no es posible dar a conocer en este trámite tan rápido.
En todo caso, lo que Su Señoría ha manifestado habla bien de la contribución que nuestras Fuerzas Armadas están haciendo en esos países.
Asimismo, hay un informe anterior en las Comisiones unidas con relación a Haití. El Senador puede acceder a él o, en su defecto, yo se lo puedo facilitar.
El señor NAVARRO.- Gracias, colega.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, nosotros concurriremos con nuestros votos favorables para prorrogar la presencia de tropas chilenas en Bosnia y Herzegovina.
Este asunto lo tratamos hoy en las Comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, unidas.
Cabe señalar que nosotros también planteamos que la permanencia de efectivos chilenos en dichas misiones de paz no debe transformarse en un escollo para la prosecución de los procesos democráticos en los respectivos países.
Tiene toda la razón el Senador Navarro cuando sostiene que no es aceptable que ocurra lo que nos manifestó el Vicepresidente del Senado haitiano, en el sentido de que la mantención de nuestras tropas en Haití representa en algún grado un impedimento para concretar el proceso democrático.
De hecho, se suspendieron las elecciones de un tercio del Senado haitiano. Es el segundo tercio de Senadores que no ha sido posible elegir, debido a la referida postergación de comicios.
Por esa razón, hemos pedido tanto a la Cancillería como al Ministerio de Defensa Nacional un informe para conocer la situación política en las naciones donde el Estado chileno contribuye a las fuerzas de paz.
Cabe añadir que, respecto de la permanencia de nuestras tropas en Bosnia y Herzegovina, el General Heidecker planteó la necesidad de contar con mayor cantidad de fuerzas. Ante ello, nuestro país tomó la decisión de mantener el número de efectivos en operación.
Con todo, es muy relevante que haya claridad respecto de los procesos democráticos que se están desarrollando en las naciones donde participan tropas chilenas.
En consecuencia, vamos a votar favorablemente la solicitud de la Presidenta de la República, reconociendo la contribución que realizan nuestras Fuerzas Armadas en las misiones de paz en distintos países, particularmente en Bosnia y Herzegovina y en Haití.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, el Gobierno ha solicitado al Senado la autorización para mantener tropas chilenas en Bosnia y Herzegovina.
Chile lleva más de diez años en ese lugar y ha ido reduciendo paulatinamente el número de su contingente. Hoy solo hay quince soldados chilenos en esa nación balcánica y se ha decidido mantener esa cantidad, a pesar de que las autoridades militares de la OTAN y de las fuerzas internacionales, como lo indicó el Senador Chahuán, han pedido aumentar la dotación de tropas, en atención a que en el último año ha habido diversos sucesos (crimen organizado, tensiones étnicas) que hicieron necesario un mayor despliegue de las fuerzas armadas en Bosnia y Herzegovina.
El Ejecutivo resolvió mantener el número de quince efectivos, de los cuales a lo menos seis son del Estado Mayor y el resto está en tareas operacionales.
En dicha nación, a diferencia de Haití, a pesar de los conflictos étnicos, de los problemas de delincuencia y de las tensiones sociales y de carácter económico, se ha ido consolidando un proceso democrático de manera razonable.
Por lo tanto, es necesario que concurramos con nuestro voto favorable para mantener nuestras tropas en Bosnia y Herzegovina.
Este Senado, que ha discutido parcialmente lo relativo a las misiones de paz (a propósito de Haití y Bosnia), debe asumir un debate más amplio, por cuanto este asunto llegó para quedarse. De hecho, la Unión Europea está solicitando que Chile participe en misiones de paz en África. Ante ello, como país tenemos que realizar un análisis riguroso para determinar en qué misiones vamos a participar, bajo qué condiciones y tomando qué responsabilidades.
Sin duda, la presencia de fuerzas nacionales en Bosnia -su permanencia es lo que estamos votando ahora- es la misión que mejor ha funcionado para nuestro país. Es la única nación latinoamericana que se encuentra presente en Bosnia y Herzegovina. Las tropas chilenas que han estado operando ahí desde hace diez años han actuado con un nivel óptimo, y así lo han reconocido las distintas autoridades de Naciones Unidas y de la Unión Europea y, también, las fuerzas de paz que ahí funcionan.
Indudablemente, lo relativo a Haití y otras definiciones futuras requieren un debate como país más amplio para precisar cómo asumir tales compromisos internacionales.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba la solicitud de Su Excelencia la Presidenta de la República para prorrogar, por el plazo de un año, la permanencia de tropas y medios militares en Bosnia y Herzegovina (27 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quinteros, Rossi y Tuma.




CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA Y DE INTENDENCIA DE EDUCACIÓN PARVULARIA


La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Intendencia de Educación Parvularia y modifica diversos cuerpos legales, con segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.365-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 20ª, en 3 de junio de 2014.
Informes de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 34ª, en 23 de julio de 2014.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (segundo): sesión 73ª, en 10 de diciembre de 2014.
Hacienda: sesión 73ª, en 10 de diciembre de 2014.
Discusión:
Sesión 35ª, en 5 de agosto de 2014 (se aprueba en general).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 5 de agosto del 2014.
La Comisión de Educación deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° y 10 permanentes y los artículos transitorios no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones. No obstante, cabe consignar que los artículos 2°, 6° y 9° permanentes sufrieron adecuaciones de carácter meramente formal, aprobadas unánimemente en el órgano técnico.
Las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones, con excepción del artículo 1° permanente y los artículos transitorios que fueron modificados posteriormente por la Comisión de Hacienda, deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Además, la Comisión de Educación efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general. Algunas de estas son de carácter meramente formal, y todas fueron acordadas por unanimidad.
A su vez, la Comisión de Hacienda introdujo una modificación unánime al artículo primero transitorio, norma que no había sido enmendada previamente en la Comisión de Educación y que, de consiguiente, corresponde votar sin debate.
Por otra parte, la Comisión de Hacienda -algunas veces por unanimidad y otras por mayoría- realizó cambios en los artículos 1° y 7° permanentes y en los artículos primero a cuarto transitorios.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas. De estas modificaciones, las recaídas en el artículo 3° permanente del proyecto requieren, para su aprobación, el voto conforme de 22 señores Senadores, por incidir en una norma de rango orgánico constitucional.
Por último, es del caso señalar que las enmiendas unánimes de la Comisión de Hacienda a los artículos 1° y 7° permanentes; una recaída en el número 4) del artículo segundo transitorio, y la que modificó el artículo cuarto transitorio inciden en normas que la Comisión de Educación despachó con un texto distinto. Se revisará cada una de esas enmiendas en su oportunidad en el orden del proyecto.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las modificaciones realizadas por la Comisión de Educación, las enmiendas introducidas por la de Hacienda y el texto final que resultaría de aprobarse estas últimas.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión particular.

Tiene la palabra el Senador señor Rossi, Presidente de la Comisión de Educación.

El señor ROSSI.- Señora Presidenta, este es un proyecto tremendamente importante. Por lo mismo, llama la atención que la opinión pública le haya dado poca relevancia. Todas las miradas se han concentrado más bien en la iniciativa sobre inclusión que se votará mañana.
Pero, sin duda alguna -y en esto existe consenso en la Comisión; de hecho, no hubo dos visiones al respecto-, es necesario modernizar la institucionalidad de la educación parvularia por diversas razones.
En primer lugar, porque ella es fundamental a la hora de poder potenciar el pleno despliegue de las capacidades y talentos de nuestros niños y niñas.
En seguida, porque cada vez es mayor la legitimidad social de la educación parvularia. Y es evidente su rentabilidad social. Por cada peso -como se dijo en la Comisión- que uno invierte en educación parvularia (en cobertura, en calidad, en fin) se recupera ocho veces esa inversión desde el punto de vista del aprendizaje y de las oportunidades que se generan para nuestros menores.
Sin embargo, señora Presidenta, los desafíos son tantos que esta institucionalidad no se encuentra a la altura de ellos. Sin ir más lejos, prácticamente duplicaremos la cobertura en salas cuna en estos cuatro años. Se van a crear 90 mil cupos para niños de menos de dos años.
Pero el problema es que hay una tremenda duplicidad de funciones que esta iniciativa pretende abordar.
Recordemos que hoy la JUNJI empadrona jardines infantiles, cumple funciones de supervigilancia, elabora políticas y, además, provee el servicio de educación parvularia.
Eso genera ineficiencia, problemas de coordinación.
Por lo tanto, la ley en proyecto busca hacerse cargo de esas deficiencias mediante el establecimiento de una nueva institucionalidad de la educación parvularia.
Para ello crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, que será el organismo a cargo de diseñar, elaborar y ejecutar políticas públicas vinculadas a la educación parvularia. De otro lado, tendrá que definir también un Plan Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Educación Parvularia. Ello es tremendamente importante para fijar líneas de acción a la Agencia de Calidad de la Educación en materia de educación parvularia.
Para fiscalizar y establecer las directrices de fiscalización, se crea, dentro de la Superintendencia de Educación, una Intendencia de Educación Parvularia solo referida a la educación parvularia, lo cual permitirá que se ejerza de mejor manera esta función.
Posteriormente veremos un proyecto que, a diferencia del que ahora nos ocupa, se halla en segundo trámite constitucional y que dice relación con la autorización de funcionamiento de jardines infantiles. Estamos aumentando las exigencias para que se creen y puedan funcionar establecimientos que impartan educación parvularia, al objeto de garantizar la calidad de los servicios que estos prestan.
La iniciativa en debate contó con amplio respaldo, salvo en algunos artículos, en particular el referido a la posibilidad de lucrar con los recursos públicos en dichos establecimientos.
En todo caso, lo que hay hoy son aportes basales que se les entregan a los jardines infantiles. No existe el mismo sistema que conocemos en la educación general. En la educación parvularia la mayor provisión la hacen la JUNJI, Integra u otro tipo de instituciones que reciben el traspaso de fondos por parte de las primeras.
Así que este es un proyecto muy relevante, que ojalá cuente con el apoyo unánime de la Sala. Se trata de una de las iniciativas que forman parte de la reforma educacional. Quizás la más significativa. Y ha pasado de manera bastante silenciosa por nuestro Hemiciclo.
Pero espero que veamos los resultados a muy corto andar.
Eso es cuanto quería mencionar, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tengo a diversos Senadores inscritos, a quienes, por cierto, les daré la palabra.
Pero nos hallamos en la discusión particular. Y lo que debiéramos hacer en primer lugar es aprobar todos aquellos artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Habría que partir por ahí, sin perjuicio de que después, en los que sí hubo enmiendas (en particular, de la Comisión de Hacienda, que introdujo modificaciones al texto despachado por la de Educación), Sus Señorías claramente podrán intervenir.
Entonces, procederíamos en tal sentido.

La señora VON BAER.- ¿Me permite, señora Presidenta?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, si abre la votación se nos reduce el tiempo de 10 minutos para intervenir.

El señor LETELIER.- ¡Es discusión particular!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se trata de la discusión particular, señora Senadora. Pero, evidentemente, la idea es darles la palabra cuando sea atingente intervenir. Para ello Sus Señorías disponen de cinco minutos.

La señora VON BAER.- De acuerdo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Tal como se señaló en la relación, los artículos 1°, 4°, 5°, 8° y 10 permanentes y los artículos transitorios no modificados por la Comisión de Hacienda en cuanto al 1° permanente y en los artículos transitorios, se tienen que dar por aprobados.
Ninguno de esos artículos requiere quórum especial. De consiguiente, no necesitan expresamente una votación, sino solo deben darse por aprobados.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, daremos por aprobados los artículos mencionados por el señor Secretario, que no fueron objeto de ninguna modificación.
--Se aprueban reglamentariamente.


El señor LABBÉ (Secretario General).- En segundo lugar, tal como se señaló en la relación, la Comisión de Educación realizó una serie de enmiendas, las cuales fueron aprobadas en forma unánime. A su vez, la Comisión de Hacienda efectuó una enmienda al artículo primero transitorio, que también se aprobó unánimemente y que no había sido modificado en la Comisión de Educación.
Las enmiendas unánimes deben votarse sin debate (después se entrará al debate de las aprobadas por mayoría), salvo que se pida votación separada respecto de alguna de ellas.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, como explicó el señor Secretario, se votarán sin debate las enmiendas unánimes, salvo que algún señor Senador pida votación separada.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La situación es la siguiente: todas las enmiendas que hizo la Comisión de Educación y que la de Hacienda no controvirtió se aprobaron por unanimidad. Y la enmienda de la Comisión de Hacienda recaída en el artículo primero transitorio, que no fue modificado previamente por la de Educación, también se aprobó en forma unánime. Se incluye el artículo 3°, norma orgánica constitucional que viene con enmiendas aprobadas unánimemente por la Comisión de Educación.
Si Sus Señorías lo desean, puede realizarse una sola votación, dejando constancia del quórum de la norma de rango orgánico constitucional.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Creo que eso es lo más correcto.
En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueban las modificaciones unánimes efectuadas por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; la enmienda aprobada por la Comisión de Hacienda al artículo primero transitorio, norma que no fue modificada previamente por la Comisión de Educación, y las modificaciones recaídas en el artículo 3° del proyecto (30 votos a favor), dejándose constancia de que respecto del último precepto se cumplió con el quórum constitucional exigido.

Votaron las señoras Allende, Goic, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En primer lugar, les ruego a Sus Señorías dirigirse a la página 1 del boletín comparado.
La Comisión de Educación propone sustituir la expresión "el desarrollo integral" por "la formación integral".
Por su parte, la Comisión de Hacienda hizo lo inverso, vale decir, sustituyó la expresión "la formación integral" aprobada por la Comisión de Educación por "el desarrollo integral". En el fondo, vuelve al texto que despachó en general el Senado.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, primero quiero consultar el sentido de la modificación introducida por la Comisión de Hacienda. Porque más allá de su mérito, hasta donde yo entiendo, a ella le corresponde velar por los aspectos financieros de los proyectos.
Si se trata de "la formación integral" o "el desarrollo integral", también hasta mi limitado conocimiento, ello no forma parte de los aspectos financieros de esta iniciativa.
Me parece impropio que la referida Comisión se extralimite en el ejercicio de sus funciones.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Debo reconocer que tuve la misma observación. Le consulté al señor Secretario por cuanto me llamó la atención este asunto.

El señor MONTES.- Es indicación del Gobierno.

La señora ALLENDE (Presidenta).- No sé si algún miembro de la Comisión de Hacienda desee aclarar este punto.
Nadie puede reprimir a dicha Comisión. Pero llama la atención esta modificación. Porque no se trata de una materia que diga relación con plantas u otros aspectos en que obviamente sí debe intervenir.
Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, tal como acaba de señalar el colega Montes (están presentes también los Senadores Zaldívar y Coloma), se trata de una indicación que presentó el Ejecutivo a la Comisión de Hacienda. No es invento nuestro.

El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Aprobémosla, entonces!

El señor GARCÍA.- A mayor abundamiento, el Ejecutivo manifestó -ello se puede comprobar- que el proyecto aprobado en general por el Senado hablaba de "desarrollo integral de niños y niñas", y que por alguna razón, que no se logró explicar bien, en la Comisión de Educación en lugar de referirse a "el desarrollo integral" se estableció "la formación integral".
En tal sentido, estimó¿

El señor ESPINA.- Por su preocupación respecto del desarrollo.

El señor GARCÍA.- ¿ que la expresión correcta debía ser "el desarrollo integral".
Por esa razón aprobamos la indicación del Gobierno.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Ahora está más claro.
Sin embargo, el Secretario de la Comisión de Educación me acaba de señalar que se trata en verdad de un problema casi estrictamente de redacción, para que no quedara dos veces la palabra "desarrollo" en el texto de la norma aprobada. Por eso se sustituyó por el término "formación".
Creo que no debiéramos debatir excesivamente este punto.

El señor LETELIER.- En nada cambia.
El señor COLOMA.- Tiene toda la razón.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Así que si les parece a Sus Señorías, aprobaremos¿

El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Educación).- ¿Me permite?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Educación).- Señora Presidenta, es efectivo lo que usted señaló.
En la Comisión de Educación, en vista de que en el texto del artículo 1° aparecía dos veces la palabra "desarrollo", se cambió donde se repetía por el término "formación".
En la Comisión de Hacienda hubo quienes opinaron que la palabra "formación" era un poco más restrictiva que "desarrollo".
La verdad de las cosas es que podemos vivir con cualquiera de las dos expresiones.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Parece casi absurdo ponerlo en votación.

El señor WALKER (don Ignacio).- "Si le parece".

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, la explicación de que es una indicación del Ejecutivo, tratándose del Ministro de Educación, quien fue Ministro de Hacienda, agrava la falta.
Porque el Ministro de Hacienda cree que esas materias se resuelven en la Comisión de Hacienda. Y nosotros pensamos que los asuntos vinculados con educación se resuelven en la Comisión de Educación.

El señor LETELIER.- ¿Y en la de Constitución?

El señor LARRAÍN.- Los temas constitucionales, señor Senador.
Pero, adicionalmente, si se deja la expresión "el desarrollo integral", la frase queda mal redactada. Porque, como bien lo señaló la señora Presidenta, el texto dispone "que será el órgano de colaboración directa del Ministro de Educación en la promoción, desarrollo y coordinación de la educación parvularia de calidad para el desarrollo integral de niños y niñas", etcétera.
Además, la proposición de la Comisión de Hacienda presenta problemas de redacción.
Yo pido que votemos conforme a lo planteado por la Comisión de Educación, que es lo que corresponde.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Les parece a Sus Señorías aprobar la proposición de la Comisión de Educación?

El señor WALKER (don Ignacio).- Sí.

--Por unanimidad, se aprueba la modificación propuesta por la Comisión de Educación al artículo 1° del proyecto.


La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, yo estoy de acuerdo con lo resuelto.
Lo único que quería preguntarle al Ministro, a pesar de que esté aprobado, es por qué en el artículo primero transitorio se señala: "podrá ser provisto, transitoria y provisionalmente" para el nombramiento del Intendente de Educación Parvularia.
Porque cuando se publican las leyes, algo ha de relacionarse con nosotros.
Entonces, no sé si tiene algún sentido legal que se exijan ambos términos, o si cualquiera de ellos puede ser aceptable (provisionalmente o transitoriamente). Pero no los dos.
Excúseme, señora Presidenta, pero me llamó la atención el punto ahora.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Es cierto que incluso tenemos aprobado lo que señaló el señor Senador.
No sé si el señor Ministro quiere hacer algún comentario sobre el particular.

El señor COLOMA.- ¡No se dio cuenta¿!
La señora ALLENDE (Presidenta).- La norma se aprobó porque no tuvo modificaciones.

El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Educación).- Señora Presidenta, dado que he sido aludido, debo decirles a Sus Señorías que el mundo de la educación inicial es particularmente sensible con los conceptos. Y de allí que se prefirió -sin ánimo de ofender a nadie- repetir la palabra "desarrollo", porque se podía considerar un tanto restrictivo el término "formación".
Yo creo que lo que abunda no daña.
Pero ustedes son soberanos, y nosotros podemos vivir con cualquiera de las dos expresiones.
En el caso que indica el Senador Zaldívar, entiendo que ello procede justamente de la característica que tienen los directivos de Alta Dirección Pública, quienes cuando no han sido nombrados son provisorios y transitorios. De allí viene la nomenclatura.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡Es redundante!
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Educación).- Redundancia que es muy habitual, señor Senador. Porque, según la propia ley, quienes no han sido nombrados en propiedad se llaman "directores provisorios y transitorios". La señora ALLENDE (Presidenta).- En todo caso, ello ya fue aprobado. Así que la observación del Senador señor Zaldívar es tardía.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, les ruego dirigirse a la página 10 del boletín comparado.
Allí hay una diferencia entre lo aprobado por ambas Comisiones.
Porque la Comisión de Educación solo efectuó una modificación de carácter formal (aparece en la tercera columna), para agregar en el encabezamiento del artículo 7° a continuación del vocablo "Sistema" la voz "Nacional". Pero la de Hacienda, vía indicación del Ejecutivo (se consigna en la cuarta columna), remplazó el artículo 7° por el siguiente:

"Artículo 7°.- Agréganse, en el artículo 99 de la ley N° 20.529, que crea un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos:
"La organización interna de la Superintendencia considerará una Intendencia de Educación Parvularia, cuya función será fijar los criterios técnicos que permitan orientar el ejercicio de las atribuciones de aquella respecto de establecimientos educacionales que impartan educación parvularia y que cuenten con reconocimiento oficial del Estado o la autorización, en su caso.
"Sin perjuicio de las atribuciones de la Superintendencia, señaladas en el artículo 49 de esta ley, corresponderá especialmente a la Intendencia:
"1) Fijar los criterios técnicos que orienten la función fiscalizadora de la Superintendencia respecto de los establecimientos que imparten educación parvularia.
"2) Proponer al Superintendente la interpretación administrativa de la normativa educacional aplicable a los establecimientos que imparten educación parvularia.
"3) Proponer al Superintendente instrucciones de general aplicación al sector sujeto a su competencia.
"4) Elaborar índices, estadísticas y estudios relativos al sistema de educación parvularia.
"5) Las demás que le encomienden las leyes o reglamentos.
"La Intendencia estará a cargo de un Intendente de Educación Parvularia, directivo afecto al segundo nivel jerárquico de la Superintendencia, para los efectos del artículo trigésimo séptimo de la ley N° 19.882".
Esa modificación completa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Hacienda.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión la enmienda.
Tiene la palabra la Honorable señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, entiendo que esta es una de las indicaciones del Ejecutivo que -al respecto, coincido con el Senador Larraín- debiéramos haber visto en la Comisión de Educación. Pero, ya que las analizó la Comisión de Hacienda, sería bueno que el Ministro y los integrantes de este último órgano técnico nos explicaran por qué se introducen las enmiendas pertinentes.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Está inscrito el Senador señor Coloma, quien nos puede iluminar.

El señor COLOMA.- No quiero iluminar a nadie, señora Presidenta. Solo voy a hacer dos comentarios.
Primero, a mi estimado amigo el Senador Larraín, quien subrepticiamente menospreció a la Comisión de Hacienda, quiero decirle que cuando estábamos discutiendo este proyecto se pidió unanimidad para presentar indicaciones en el referido órgano técnico. De haberse reprobado ese acto y creído necesaria la participación de Educación, bastaba la oposición de un Senador. Pero nadie se opuso. Y el consenso se dio porque la Sala estimó que la Comisión de Hacienda podía hacerse cargo, entre otras, de la indicación del Ejecutivo a que nos estamos refiriendo.
Dicho sea de paso, ese tipo de situaciones se da mucho más en la Comisión de Constitución que en la de Hacienda.
Señora Presidenta, el objetivo básico que se persigue es dejar en claro cuáles son las funciones del intendente, las que no estaban descritas en el texto original.
En la Comisión de Hacienda hubo dos posiciones: una, votar en contra, por no ser teóricamente un asunto de competencia de este órgano, según los rigurosos conceptos planteados aquí; y la otra, tratar de resolver los problemas en beneficio de nuestro país.
Ahora, la idea es precisamente dar un sentido en cuanto a qué es la organización interna y qué es la Intendencia de Educación Parvularia, lo que nos pareció necesario, razonable, y que el mismo Ejecutivo estaba planteando.
Así que la norma se explica en la organización interna de la Intendencia, la cual tiene que ver con la Superintendencia.
Creo que la Comisión de Hacienda cumplió con un deber irrenunciable.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra al señor Ministro.

El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Educación).- Señora Presidenta, en efecto, los Senadores de la Comisión de Hacienda plantearon que la función del Intendente era poco clara y pidieron que se especificara.
Como tal materia es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, este presentó la indicación, recogiendo una sugerencia de Sus Señorías que nos pareció apropiada.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Nos queda claro, entonces, que el Gobierno formuló la indicación porque se abordaba una materia de su iniciativa exclusiva.
Si a Sus Señoría les parece razonable que queden explicitadas las funciones, podemos dar por aprobada la norma sustitutiva que sugirió la Comisión de Hacienda.
¿Le parece a la Sala?
--Se aprueba el artículo 7° de remplazo propuesto por la Comisión de Hacienda.


El señor LABBÉ (Secretario General).- Les ruego a los señores Senadores dirigirse a la página 28 del comparado, a partir de la cual figuran diversas sugerencias de la Comisión de Hacienda recaídas en el artículo segundo transitorio, que comienza en la página 27.
En primer lugar, con respecto al texto aprobado en general, que aparece en la segunda columna del comparado, la Comisión de Hacienda, por dos votos a favor (Senadores señores Lagos y Montes) y una abstención (Senador señor García), propone eliminar, en el número 3) del artículo segundo transitorio, la frase "y desde la Junta Nacional de Jardines Infantiles a la Superintendencia de Educación", referida a las plantas de personal y a los encasillamientos dentro de los organismos que se crean mediante el proyecto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señora Presidenta, esta eliminación, según el señor Ministro, se justifica por cuanto la iniciativa original contemplaba el traslado de personal de planta de la JUNJI a la Superintendencia. Pero luego, durante el debate habido en la Comisión de Hacienda, se dieron cuenta de que todas las personas involucradas eran profesores, docentes, y de que en la Superintendencia se necesitaban fiscalizadores.
Por esa razón se presentó la indicación pertinente: para mantener a los docentes en la JUNJI y permitirle a la Superintendencia contratar personas con condiciones para fiscalizar.
Esa fue la explicación que dio el señor Ministro de Educación hace algunos minutos.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión la propuestas de la Comisión de Hacienda explicitada por el señor Secretario.
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, esto me llama muchísimo la atención, tanto más cuanto que una de las razones de este proyecto de ley es cambiar parte del trabajo que realiza hoy la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Porque la JUNJI actualmente fiscaliza, y la idea -por eso se juntaron los dos proyectos de ley: este y el que vamos a ver en seguida- es que dicha función se radique en la Superintendencia.
En último término, se procura ordenar nuestro sistema de educación preescolar, para que el Ministro y la Subsecretaría hagan los lineamientos de la política pública en educación preescolar; la JUNJI otorgue de parte del Estado el servicio de educación preescolar, y, separadamente, la Superintendencia fiscalice tanto a la JUNJI cuanto a los jardines infantiles privados, y también a los de Integra.
Por lo tanto, es natural que, si se separan tales funciones, durante la transición -por eso la existencia del artículo segundo transitorio-realicen la de fiscalización los funcionarios de la JUNJI que tienen experiencia en la materia por haber realizado labores de tal índole en los últimos años.
No se trata, señora Presidenta, de las funcionarias de la JUNJI que realizan el trabajo en aula, sino de quienes efectúan hoy la fiscalización de todo el sistema de educación parvularia.
La idea de este proyecto de ley -también la del otro; y por eso se trataron en forma conjunta- es que la JUNJI no sea juez y parte; es decir, que no sea un ente público que por un lado entrega el servicio de educación preescolar y por otro fiscaliza a los establecimientos.
Por consiguiente, lo lógico es que parte de los funcionarios de la JUNJI que hoy realizan labores de fiscalización -y las realizan; de hecho, lo conversamos largamente en la Comisión- sean traspasados a la Superintendencia, para que a través de la Intendencia se especialicen en fiscalizar a todos los jardines infantiles, incluidos los de la JUNJI.
Acá -insisto- no estamos hablando de educadores que cumplen su labor en aula, sino de los funcionarios que actualmente realizan la fiscalización. La idea es que desde ahora -y ese es el enredo institucional existente y que vamos a buscar resolver con este proyecto de ley- la JUNJI no efectúe labores de fiscalización, sino que concentre su accionar en la entrega del servicio de educación preescolar.
No se comprende, pues, el cambio registrado en la materia.
Había también una preocupación en los funcionarios de la JUNJI, quienes estaban de acuerdo en que se produjera el traslado de aquellos que llevan a cabo las labores de fiscalización, las que ya no serán acometidas por dicho ente.
Señora Presidenta, no se comprende qué se quiere hacer con la indicación formulada en la Comisión de Hacienda.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, todo indica que, finalmente, trabajamos con información distinta. Porque los funcionarios de la JUNJI estuvieron en la Comisión de Hacienda y señalaron entre sus inquietudes el hecho de que un grupo de ellos -entiendo que algo más de 70- deberían dejar la institución. Les preocupaba mucho que tuvieran que terminar con la función de supervigilancia.
Finalmente, se optó por mantener esa función en la JUNJI, pues se entiende que es distinta de la de fiscalización. Se trata más bien de una supervigilancia pedagógica -no de fiscalización-, que comprende todos los otros aspectos del funcionamiento de un jardín infantil.
Por eso se acordó eliminar la frase, lo que en el fondo implica mantener en la JUNJI a esos 70 y tantos funcionarios -es factible que me equivoque, pero recuerdo que la cantidad giraba en torno a la mencionada- para que lleven adelante la labor de supervigilancia.
Ello, además, es coherente con un artículo transitorio -espero encontrarlo- que señala que la JUNJI mantendrá la función de supervigilancia hasta que entre en funcionamiento la Intendencia de Educación Parvularia.
Quiero insistir, señora Presidenta, en que se trata de funciones distintas. Porque, básicamente, la idea es asimilar la labor de supervigilancia de la Junta Nacional de Jardines Infantiles sobre los establecimientos a lo que hacen hoy las direcciones provinciales de educación respecto de la enseñanza básica.
Esa es la razón por la que se elimina la frase "y desde la Junta Nacional de Jardines Infantiles a la Superintendencia de Educación".
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Educación).- Señora Presidenta, lamento el equívoco que se ha producido, porque tanto la Senadora Von Baer cuanto el Senador García tienen razón.
Lo que ocurre es más o menos lo siguiente.
En la superposición de roles que tenía la JUNJI, un conjunto de educadoras de párvulos, inicialmente de aula y con conocimientos pedagógicos, comenzaron a tomar crecientemente labores de supervisión. Porque dicha Junta determinaba políticas, supervisaba contenidos pedagógicos y, a la vez, fiscalizaba.
Con la ley en proyecto, el aseguramiento de la calidad -como dijo el Senador Rossi- está en la Agencia de Calidad; la fiscalización de las condiciones tanto para el reconocimiento oficial como para la autorización de funcionamiento se halla en la Intendencia, y la supervisión, que es una labor pedagógica, continúa en la JUNJI.
De suerte que las 77 funcionarias de la JUNJI que inicialmente pensamos que podían pasar a la labor de fiscalización eran en efecto personas que desarrollaban labores de supervisión, que no tenían necesariamente vocación ni especialización como fiscalizadores, sino que eran educadoras de párvulos.
Por eso -desgraciadamente, no se conoció en la Comisión de Educación la opinión de la Asociación de Funcionarios de la JUNJI-, el Gobierno, en la Comisión de Hacienda, decidió no reducir la planta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, para que las referidas 77 funcionarias continuaran en las tareas de supervisión. Tanto en la labor de fiscalización, que es del todo distinta, iba a residir por completo en la Intendencia y en la Superintendencia de Educación, con nuevos funcionarios.
Obviamente, Senadora señora Von Baer, esto se refiere a funciones y no a personas.
Si hay funcionarias que estuvieron haciendo labor de supervisión en la JUNJI y desean traspasarse a fiscalizadoras a la Superintendencia, pueden hacerlo. Pero la planta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles no se ve afectada y la labor de supervisión se continúa haciendo en esta institución.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, aquí tenemos un punto que considero importante aclarar, por el proyecto en sí, más allá de si las personas son o no traspasadas.
Desde el punto de vista institucional, la Subsecretaría de Educación Parvularia tiene que dar los lineamientos, tal como lo hace la Subsecretaría de Educación Escolar en su ámbito. En tal sentido, aquella no debe fiscalizar, sino supervigilar.
Ahora, no estamos pensando que la JUNJI es un órgano que está por encima de los otros jardines infantiles. La idea de toda esta discusión gira en torno a que la JUNJI es prestadora de un servicio público.
Es como si pensáramos -por poner un ejemplo; no sé si se trata del mejor, pero es el primero que se me viene a la mente- que los municipios entregan hoy el servicio de educación escolar. En este caso es la JUNJI, y en el otro, el municipio; y este tendría una labor de supervigilancia sobre los demás.
Eso no corresponde. Quien tiene que hacer la referida labor -y por algo se está creando el ente respectivo- es la Subsecretaría. Y la JUNJI entrega el servicio estatal.
De hecho, debiéramos tener a la JUNJI e Integra juntas. Esa es otra discusión. Pero también es parte del debate.
Por eso me llevan un poco a equívoco las palabras del Ministro y las del Senador García, pues lo conversamos en forma distinta en la Comisión.
Con el proyecto que viene en la segunda parte de la discusión esta tarde, la idea es que, institucionalmente, la JUNJI no tenga un rol de supervigilancia sobre los demás jardines infantiles como sucede hasta el día de hoy, sino que sea un prestador de servicios supervigilado por la Superintendencia, al igual que todos los jardines infantiles privados y que Integra, que es en parte estatal, y que la Intendencia ejerza supervigilancia desde el punto de vista de la fiscalización.
Por consiguiente, la JUNJI debe ser supervigilada tanto por la Subsecretaría cuanto por la Superintendencia.
En tal sentido, la mencionada Junta no puede seguir cumpliendo la labor de supervigilancia que tiene hoy. De otra manera, quedaríamos con un enredo institucional, que es lo que buscamos despejar en la Comisión de Educación, más allá del traspaso de las personas.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro de Educación.

El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Educación).- Señora Presidenta, vuelvo a insistir en que, desgraciadamente, la similitud de las palabras nos puede llevar a equívocos.
La supervisión y la fiscalización son actividades completamente distintas.
Por ejemplo, si Sus Señorías observan cómo se organiza la Sociedad de Instrucción Primaria o de qué manera se organizan las direcciones provinciales de educación, percibirán que hay supervisores. Los supervisores son pedagógicos; sirven para los trabajos en red de distintos proveedores: miran cómo se están haciendo las clases, en fin. Son la parte pedagógica; típicamente, proveedores de servicios. Y pueden verlo en el funcionamiento de la Sociedad de Instrucción Primaria; también, en el de las direcciones provinciales de educación. Hay personal más sénior que supervisa las prácticas pedagógicas.
Lo que estaba ocurriendo en el hecho era que las personas que supervisaban las prácticas pedagógicas se habían asimilado a algo así como fiscalizadores. Pero no estaban haciendo esa labor.
En el proyecto de ley se suben los requisitos de funcionamiento tanto para la autorización de funcionamiento cuanto para el reconocimiento oficial. Y lo que hace la Superintendencia es fiscalizar estándares de seguridad de los niños y un conjunto de otras cuestiones.
Por ejemplo, en la educación media la Superintendencia fiscaliza el cumplimiento de la norma, etcétera, y en las direcciones provinciales los supervisores supervisan pedagógicamente.
Esto debimos conversarlo en la Comisión de Educación, señora Presidenta. Empero, no se hizo, y se produjo un equívoco, que -insisto- arranca del hecho de que nosotros supusimos que los 77 funcionarios en comento fiscalizaban en la JUNJI. El equívoco parte de allí, ya que no fiscalizan, sino que supervisan. Y la supervisión, sea por estas o por otras personas, se requiere dentro de la JUNJI. La fiscalización es algo distinto.
Entonces, tratándose del proyecto de ley, lo que hace la Subsecretaría, es fijar políticas, estándares, objetivos. Lo que hace la Agencia de Calidad es medir si los estándares y políticas están llegando o no a puerto. Lo que hace la Intendencia es fiscalizar la legalidad y el cumplimiento. Y lo que hace el proveedor es ejecutar. Este último, en el caso de cada jardín infantil, trabaja en red, no como compartimento estanco, y, para ello, se requiere personal supervisor de las prácticas pedagógicas.
Gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, efectivamente, en la Comisión de Hacienda no mantuvimos la discusión planteada ahora entre la Senadora señora Von Baer y el señor Ministro.
Nosotros tuvimos en vista lo expresado por el Honorable señor García. Escuchamos a la organización de funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles manifestar su creencia de que sacar de la entidad a setenta personas que efectúan una doble labor: la docente y la de supervigilancia, y pasarlas a la Superintendencia daría lugar a una debilidad en el caso de una iniciativa que pretende generar una mayor fortaleza en ese primer organismo para el cumplimiento de su cometido.
Sobre la base de esa información y de común acuerdo con el Ministerio, decidimos la modificación propuesta, porque estimamos que serían la Intendencia o la Superintendencia las que tendrían que reforzar su dotación con personal técnico profesional destinado precisamente a llevar a cabo la fiscalización.
No quiero echarle más pelos a la sopa, pero al primer inciso del artículo 1° de la ley que rige la Junta Nacional de Jardines Infantiles se le cambia la redacción en la parte relativa a que esta "tendrá a su cargo crear y planificar, coordinar, promover, estimular y supervigilar la organización y funcionamiento de jardines infantiles". Eso es lo que se entendía en el sentido de que era posible fiscalizar no solo a los establecimientos de la JUNJI. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se eliminó la palabra "supervigilar" y se dejaron los vocablos "promover y estimular". O sea, se hizo una precisión.
Cuando el señor Ministro hace referencia a la supervigilancia, entiendo que más que nada se refiere a lo otro, a lo que nos señalaban los funcionarios, que dice relación con el aspecto pedagógico.
Entonces, se está confundiendo. Y me parece que es un error, a lo mejor, en la forma como se ha discutido el proyecto.
Pero ¿por qué la Comisión de Hacienda acogió la idea que nos ocupa? Porque estimamos inconveniente sacar a setenta funcionarios especializados precisamente en la parte docente, la promoción y la visualización de cómo se manejan los jardines infantiles, en general, y pasarlos a la Intendencia o la Superintendencia.
Si se quiere fortalecer la fiscalización y regularla, o emplear el término "supervigilancia", se tiene que contratar personal diferente.
Ese fue el motivo por el cual la Comisión se inclinó por no hacer el traspaso de esas personas, pero no discutió lo que estamos tratando ahora, en cuanto al alcance de la palabra "supervigilar" o de fiscalizar. Ese es un punto que tal vez no quedó bien preciso. Mas he escuchado la explicación del señor Ministro y creo que es un asunto diferente del que estamos abordando: si somos partidarios o no de sacar a setenta funcionarios que se hallan en la parte docente y de programación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y pasarlos a la Intendencia. Con eso estaríamos debilitando la estructura de los establecimientos.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tengo inscritos a los Senadores señores Montes e Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Quiero hacer una pregunta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿No tiene inconveniente en que sea formulada, Honorable señor Montes?

El señor MONTES.- No, siempre que Su Señoría no se la responda él mismo...

El señor WALKER (don Ignacio).- Es una consulta al señor Ministro de Educación, para comprender bien el asunto.
Juzgo que todos estamos de acuerdo -pido que se me corrija si estoy equivocado- en dos cosas. Una de ellas es que la fiscalización difiere de la supervisión o la supervigilancia. Creo que todos entendemos eso. La otra es que la JUNJI -y esto es de la esencia del proyecto- deja de fiscalizar. Es algo muy importante.
La pregunta, entonces, en relación con la frase que propone eliminar la Comisión de Hacienda, es si no media ningún traspaso de funcionarios de planta o a contrata -¡ninguno!- desde la JUNJI a la Superintendencia.
Porque si no hay ni uno solo de ellos en esa situación, la eliminación se justifica. Pero si algunos a lo mejor se encuentran en ese caso, por cualquier concepto, la cuestión resulta más compleja.

El señor LARRAÍN.- ¡La interrogante fue harto larga...!
El señor ALLAMAND.- ¡La pregunta no es esa¿!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador señor Montes.
El señor Ministro podrá aclarar después.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, parto por valorar, como muchos, la importancia de la creación de una Subsecretaría de Educación Parvularia. Pienso que ello lleva a otra etapa en el desarrollo y las posibilidades del sector. Se requiere una institucionalidad que coordine, que elabore nuevos programas, que genere intercambio, en fin. Considero que será un organismo muy necesario. Es parte, en definitiva, de un plan de progreso de la educación pública y del proceso educativo, en general.
En relación con ello, quiero especialmente llamar la atención sobre el vínculo entre los niveles parvulario y escolar. Porque una de las principales debilidades del primero es que el nexo no existe, y, por lo tanto, los niños pasan a una etapa que es otro mundo, con otras condiciones. Ahí se requiere una transición mucho mejor pensada.
Respecto a lo que se encuentra en debate, solo quiero hacer referencia a la situación en la educación escolar. En esta última sucede lo mismo: hay una Superintendencia, que se llevó a los fiscalizadores, y un programa del Ministerio que se denomina "supervisión". ¿Qué se entiende por tal función, en este caso? Fundamentalmente, apoyo. De hecho, en la discusión presupuestaria se puso "apoyo y supervisión", porque ese es el rol.
Entonces, ¿qué tienen que hacer estos funcionarios? Ir a los jardines y apoyarlos para que cuenten con mejores programas educativos, para que se genere intercambio, así como respaldar la función docente y a los técnicos. O sea, son muy necesarios.
Otra cosa es que dentro de la JUNJI ha habido algunos personajes que han sido básicamente fiscalizadores. A mí me tocó conocer a los arquitectos, que resultaban bastante difíciles y no dejaban pasar ni un jardín infantil. Algunos de ellos eran muy odiosos para filtrar y todo lo demás. No sé si se van a traspasar o no. En el proyecto no está concebido que lo hagan. Imagino que se van a reciclar en función, también, de todas las obras que está llevando a cabo la JUNJI, que creó un Departamento de Infraestructura producto de la expansión de los jardines infantiles.
Es bueno que existan las dos cosas. Resultan positivos tanto el apoyo como la supervisión de la entidad a sus propios establecimientos, incluidos aquellos vía transferencia de fondos (VTF), porque conviene no olvidar que son supervisados y apoyados por la propia entidad.
La fiscalización de la Intendencia es algo distinto, y el rol de la Subsecretaría es más bien el de generar espacios de coordinación, de elaboración de planes y programas, en fin.
A mi juicio, el sistema se encuentra bien planteado, en definitiva.
Imagino que hasta ha mediado una cuestión gremial en el sentido de que "no se lleven a todas estas personas para allá". Porque siempre que se crean estos organismos se redefinen algunos funcionarios.
Finalmente se llegó a este acuerdo, y me parece que es preciso apoyarlo, porque es lo que los propios funcionarios han considerado más adecuado.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Allamand, miembro de la Comisión de Educación.

El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, estimo muy relevante la conversación que sostenemos, porque de alguna manera apunta al corazón del proyecto, y es muy importante que a través del señor Ministro podamos despejar la situación que ha surgido.
Es necesario separar absolutamente lo relativo a los actuales funcionarios. Como aquí se ha señalado, no es cuestión de qué va a ocurrir o no con estas cincuenta o setenta personas, no obstante lo significativa que resulta. El aspecto que se podría llamar "del destino" o de los derechos del personal cabe dejarlo aparte de la discusión de fondo,
En toda la inteligencia de la iniciativa, la lógica era que, de todas las tareas de la JUNJI -digamos que han estado mezcladas: prestación del servicio, fiscalización, supervisión pedagógica-, las de fiscalización van a la Intendencia y las de supervisión pedagógica, como lo han explicado el Senador señor Montes y otros, a la Subsecretaría. Tengo la impresión de que eso fue lo que entendimos durante toda la tramitación en la Comisión de Educación.
Entonces, si ahora de alguna manera se dice: "No, en la JUNJI subsisten las tareas de supervisión pedagógica", uno inmediatamente puede suponer un eventual conflicto de competencias evidente entre lo que tienen que hacer dicho organismo y la Subsecretaría de Educación.
Porque, ¿cuál fue el concepto esencial o la inspiración del proyecto? La de ordenar la JUNJI y concentrarla en la prestación, y pasar la fiscalización a la Intendencia y la supervisión pedagógica a la Subsecretaría. Eso fue lo que siempre se entendió y expresó.
No estoy diciendo que esté bien o esté mal la idea de que en la entidad subsistan las tareas de supervisión pedagógica, sino que ello fue exactamente lo que no se planteó en la Comisión de Educación. La lógica del órgano técnico -repito- fue clarísima: ordenemos y terminemos con la mezcla, y la fiscalización le corresponde a la Intendencia, y la supervisión, a la Subsecretaría de Educación. Mas ahora aparece, a partir del aspecto funcionario, como una nueva competencia. Y, al revisar el texto, no la encuentro en la nueva definición de la JUNJI.
El punto no dice relación, por lo tanto, con los setenta funcionarios, quienes pueden pedir, sin duda, que se les respeten sus derechos y no se les someta a una situación de incertidumbre. El problema radica en qué competencia de supervisión pedagógica le dejamos a la entidad y respecto de quién.
Por mi parte, no creo que el criterio de la iniciativa haya sido el de que la subsistencia general de la supervisión, como lo expresó el Senador señor Montes, haya quedado en la JUNJI. Mi impresión fue siempre que se radicaba en la Subsecretaría de Educación Parvularia.
Quizás por lo mismo es buena la aclaración. No enfrentamos un conflicto ni una controversia: simplemente media una cuestión importante de definición institucional.
Gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Honorable señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, escuché atentamente al señor Ministro y quisiera decirle que sí somos capaces de comprender la diferencia entre fiscalización y supervisión. Lo que sucede es que no soy capaz de advertir con claridad por qué sostenemos el presente debate en el momento de aprobar el proyecto. En verdad, pareciera constituir una discusión propia de una Comisión, desde donde este tipo de aspectos debieran llegar claros a la Sala, sin plantearse a esta hora las interrogantes en examen.
La Senadora que habla tuvo la posibilidad de ser sostenedora de colegios a través de la municipalidad de Concepción. Efectivamente, las instituciones pueden supervisarse solas, pero no es lo que vale. La que garantiza la calidad de la educación, que es lo que se supone que estamos tratando de resguardar, es la supervisión externa. En el caso del municipio, que es un prestador de servicios, ella es verificada por las direcciones provinciales y el Ministerio de Educación. Y la fiscalización también se entrega a un órgano externo. Porque las mismas instituciones, cuando se supervisan o se fiscalizan a sí mismas, intentan justificar las ineficiencias que eventualmente puedan encontrarse.
Llevamos dos aprobaciones de indicaciones y en ambas se ha registrado discusión por mediar errores o malas interpretaciones o diferencias de opinión. De verdad es algo que me llama la atención.
Veo en las tribunas a los representantes del Colegio de Profesores. Imagino que esperan el tratamiento de la iniciativa atinente al paso a la planta de los docentes a contrata. Si seguimos a este ritmo, no vamos a llegar a ninguna parte.
Muchas gracias.
--(Aplausos en tribunas)

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sé que el público en las tribunas ha tenido paciencia. Espero el acuerdo de la Sala con relación al asunto que nos ocupa, para abocarnos en seguida al proyecto de los profesores y los que se encuentran a continuación. Ruego, sí, abstenerse de hacer manifestaciones, lo que se encuentra estrictamente prohibido.
Le daré la palabra al señor Ministro¿

La señora VON BAER.- Deseo exponer una cuestión de Reglamento, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Pero el titular de la Cartera tiene derecho a hablar, por supuesto.

La señora VON BAER.- Es algo previo.

El señor QUINTANA.- Soy miembro de la Comisión de Educación y no he intervenido.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Así es. Ha sido el único, Su Señoría. Le daré la palabra después de la intervención del señor Ministro.

El señor LETELIER.- De acuerdo con el Reglamento, pido la clausura del debate, señora Presidenta. Tiene que hacer uso de la palabra un Senador más después del señor Ministro para que se vote o se proceda a disponer dicha medida.

El señor ORPIS.- No. ¿Por qué?
El señor LARRAÍN.- Se puede intervenir antes.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Educación).- Seré muy breve, señora Presidenta.
Tal como lo expresó el Honorable señor Zaldívar, estamos haciendo referencia a setenta y siete funcionarios. La JUNJI nos hizo ver que cumplen labores de supervisión pedagógica y, contrariamente a lo que inicialmente habíamos pensado, no son fiscalizadores.
Siguiendo lo que decía la Senadora señora Van Rysselberghe -de ninguna de mis palabras puede deducirse que he dudado de la capacidad para distinguir las dos funciones que mencionó-, hago presente que, muchas veces, una corporación municipal, por ejemplo, cuenta con supervisores dentro de las escuelas en red, pero, además, están los del Ministerio, los de las direcciones provinciales, sin perjuicio de la fiscalización de la Superintendencia.
Por lo tanto, se trata de algo habitual en el trabajo en red. Nos estamos refiriendo a setenta y siete funcionarios para una labor de ese tipo, la cual no es la que le compete a la Subsecretaría, que dice relación con algo mucho más masivo y con el conjunto de los prestadores. Creo que realmente no es una discusión de una dimensión tan grande.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La Honorable señora Von Baer quería exponer una cuestión de Reglamento.
Puede intervenir.

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, quizás todo se habría solucionado si se hubiera respondido la pregunta que hicimos desde el principio: si la supervisión pedagógica es solo respecto de la JUNJI o del sistema completo. Porque esa es una diferenciación superimportante en el proyecto. De ese modo, nos habríamos ahorrado todo el debate.

El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Educación).- Dice relación solo con los establecimientos en red.

La señora VON BAER.- El trabajo de esa índole no se entiende solo respecto de la JUNJI.
Es sumamente relevante que en la historia de la ley quede claro que la supervisión pedagógica está alojada en el Ministerio de Educación, tal como en la educación escolar. Y pido que el señor Ministro lo diga con nitidez, porque, de otra manera, toda la discusión...

El señor LETELIER.- Su Señoría puede votar en contra.

La señora VON BAER.- Para mí, el punto es central. Si no queda claro, no estamos en disposición de pronunciarnos, porque¿

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Su Señoría puede solicitar el aplazamiento de la votación.
La señora VON BAER.- Entonces, eso es lo que pido, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana, a ver si logramos dilucidar el punto, y después habría que ver si corresponde o no la clausura del debate, que requiere votación.

El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, en verdad, me parece que nos estamos ahogando en un vaso de agua. El señor Ministro despejó la controversia al hacer la distinción entre supervisión y fiscalización.
Y seamos claros. Creo que nos ahorraremos muchos problemas si todos usamos los términos que corresponden. Si la preocupación de algunos señores Senadores es que los setenta y siete funcionarios van a supervisar a instituciones privadas, no es el caso. Esta labor dice relación con el organismo que presta el servicio -en este caso, la JUNJI-, que cuenta con dos mil quinientos establecimientos, mil setecientos de ellos vía transferencia municipal. Probablemente, esa cantidad de personas no será suficiente.
Una cosa distinta es lo que ocurrirá con INTEGRA, que dispondrá de sus propios supervisores, pero en el sentido del apoyo pedagógico que se tiene que ofrecer. Eso es muy diferente de las facultades de supervigilancia y fiscalización, que se hallan radicadas exclusivamente -porque la cuestión ha dado lugar a una larga discusión en el proyecto- en la Superintendencia.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Creo que ya llegó la hora de tomar decisiones. No podemos seguir debatiendo, porque ello ya se ha hecho hasta la saciedad. Se les ha dado la palabra a todos los miembros de las Comisiones de Educación y de Hacienda.

El señor COLOMA.- Se pidió el aplazamiento de la votación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Ello significa que el asunto tiene que tratarse en la sesión siguiente.
¿Se hace referencia solo a la norma que nos ocupa, Honorable señora Von Baer?

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, debo decirle que nosotros hemos tenido una superbuena disposición respecto de este proyecto. De hecho estábamos de acuerdo en todo. Sin embargo, hay un tema que es muy central para nosotros: la separación completa en materia de supervigilancia y supervisión pedagógica de parte de la JUNJI hacia los jardines infantiles y que esta entidad sea fiscalizada y supervigilada pedagógicamente al igual que los jardines infantiles.
El hecho de que eso no esté claro es tremendamente relevante para los Senadores de estas bancas.
Por lo tanto, tratándose de un proyecto en el cual no hemos pretendido trabar ni frenar nada, sino ayudar en todo, necesitamos aclarar ese punto.
Por eso estoy pidiendo aplazamiento de la votación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Eso significa que la norma quedaría pendiente hasta la sesión siguiente porque, según usted, su contenido no estaría claro.

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, para nosotros este punto es tan central, que pedimos aplazamiento para todo lo que queda.

El señor LARRAÍN.- ¡Ya está pedido el aplazamiento de la votación, señora Presidenta, así que hay que concederlo!
El señor LETELIER.- Suspenda la sesión, señora Presidenta, y llame a reunión de Comités.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Voy a suspender la sesión para realizar una reunión de Comités.
En todo caso, Senadora Von Baer, el aplazamiento de la votación que usted pide es para esta norma. No lo puede pedir para todo el resto. Podrá hacerlo cuando se vayan poniendo en discusión cada una de las disposiciones, pero no de antemano.
Quiero dejar aclarado eso.
Por lo tanto, voy a suspender la sesión para convocar a una reunión de Comités, a ver si logramos destrabar este asunto.

El señor ROSSI.- ¡Los niños de todo Chile están esperando este proyecto!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 19:2.
--Se reanudó a las 19:21.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Continúa la sesión.
Los Comités presentes han alcanzado un acuerdo unánime, que me parece bastante razonable, en el sentido de que se elabore una indicación que dé plenas garantías y claridad en cuanto a las funciones, de modo que no haya ninguna confusión.
Por lo tanto, vamos a suspender la tramitación del proyecto que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia para dar paso al siguiente, relacionado con los profesores, quienes han estado esperando pacientemente en las tribunas.
--(Aplausos en tribunas).
Una vez que esté lista la indicación, retomaremos esta otra iniciativa, en la que faltan alrededor de cuatro puntos.
Por lo tanto, pasamos al asunto que figura en el tercer lugar de la tabla.
--Queda pendiente la discusión particular del proyecto que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Intendencia de Educación Parvularia y modifica diversos cuerpos legales.




RENOVACIÓN DE LEY SOBRE ACCESO A TITULARIDAD DE DOCENTES A CONTRATA EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SUBVENCIONADOS


La señora ALLENDE (Presidenta).- Según lo que acabo de señalar, corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que renueva la vigencia de la ley N° 19.648, de 1999, sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata de los establecimientos públicos subvencionados, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.784-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 32ª, en 18 de junio de 2013.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 48ª, en 27 de agosto de 2013.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 73ª, en 10 de diciembre de 2014.
Discusión:
Sesión 51ª, en 3 de septiembre de 2013 (se rechaza el informe de la Comisión y, por ende, se declara la admisibilidad del proyecto).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto es prolongar los efectos de la ley N° 19.648, de 1999, de manera de extender la calidad de titular a los profesionales de la educación parvularia, básica y media dependiente de un mismo municipio o corporación de educación municipal que al 31 de julio de 2014 hayan tenido la calidad de contratados y se hayan desempeñado como docentes de aula durante al menos tres años continuos o cuatro años discontinuos, por un mínimo de 20 horas cronológicas de trabajo semanal, y precisar que la titularidad de las horas a contrata operará solo respecto de aquellas contratadas en aula.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología discutió este proyecto en general y en particular por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó en ambas modalidades con las modificaciones que consigna en su informe, con los votos favorables de los Senadores señores Quintana, Rossi e Ignacio Walker y las abstenciones de los Senadores señora Von Baer y señor Allamand.
--(Manifestaciones en tribunas).
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 27 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Además, debo hacer presente que el Ejecutivo ha hecho llegar una indicación -que se verá en su oportunidad- para intercalar, en la letra c) del artículo único, entre la palabra "aula" y el punto final, la frase: "y sus correspondientes horas no lectivas".

La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de ofrecer la palabra, voy a pedir a las personas apostadas en tribunas que me ayuden a respetar el Reglamento manteniendo el silencio que hasta ahora han observado. Así que les ruego abstenerse de realizar cualquier manifestación.
En discusión general y particular el proyecto.

Tiene la palabra el Senador señor Rossi, Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

El señor ROSSI.- Señora Presidenta, este es un proyecto muy breve -consta de un artículo único-, tiene origen en una moción, se encuentra en segundo trámite constitucional, es muy simple en el papel y a su respecto el Ejecutivo ha presentado una indicación.
Es muy importante, porque tiene que ver no solo con una reivindicación laboral, muy legítima, de los profesores y profesoras de Chile -y aprovecho de saludar a los que nos acompañan en las tribunas-, sino también con los procesos pedagógicos.
Efectivamente, hoy existe una situación de extrema precariedad en los contratos de trabajo de miles de profesores en todo Chile. Es impresionante. Cuando uno analiza la realidad de ciertas comunas de nuestro país, se encuentra con que en algunos lugares más del 80 por ciento de los profesores se hallan "a contrata"; por tanto, en una condición laboral extraordinariamente vulnerable, con un contrato muy precario, que, además de generarles incertidumbre -lo que, evidentemente, afecta su calidad de vida-, afecta el nivel de vinculación de los docentes con su escuela. Ello es bastante evidente, pues cada fin de año no saben lo que va a pasar con su futuro.
Por consiguiente, era absolutamente necesario hacerse cargo de este problema, que forma parte de una agenda de distintos temas que han estado conversándose, relativos a los profesores y a la docencia, en el cual se incluyen no solo el de la titularidad docente, sino también el del agobio laboral, que es un proyecto muy importante para los profesores y que necesariamente debe ocupar un lugar central en la discusión del Plan Nacional Docente, que ojalá cuente con una fase prelegislativa en donde todos los maestros puedan hacer aportes y dar a conocer sus puntos de vista.
Lo mismo ocurre con el incentivo al retiro, el daño previsional, la deuda histórica y tantos otros asuntos que son fundamentales para los profesores de nuestro país.
En cuanto al proyecto en debate, que beneficia a alrededor de 33 mil de ellos -y acabo de ver la indicación que envió el Ejecutivo, la cual resuelve varios de los problemas que presentaba el texto-, debo señalar que establece que los docentes de aula que hayan estado contratados al 31 de julio del 2014 van a adquirir la titularidad de sus cargos y pasar a la planta si han trabajado durante cuatro años de manera discontinua o tres años de forma continua, en un municipio o corporación municipal, y han desempeñado una labor por 20 horas cronológicas. Y veo que la indicación que acaba de llegar también se hace cargo de sus correspondientes horas no lectivas.
Es una buena noticia para los profesores, porque todos sabemos que la labor docente se ejerce dentro y fuera de la sala de clases. Y de hecho ojalá hubiese más horas fuera de ella, para poder no solo resolver el problema del agobio y el estrés laboral de los maestros, sino también para que se desarrollara más trabajo de planificación y otras tareas propias de la función docente.
Así que, como digo, señora Presidenta, esta es una muy buena noticia para los profesores de nuestro país. Alrededor de 33 mil van a pasar a la planta, por lo que el porcentaje de aquellos que se encuentran en esta condición -hoy, alrededor de la mitad- sube a casi el 85 por ciento.
Para ser bien exacto, el porcentaje de profesores titulares, antes del proyecto, era de 50,1 por ciento; ahora, con la aprobación de esta iniciativa, se llega al 84,5 por ciento.
Por lo tanto, señora Presidenta, es una muy buena noticia para 32.263 profesores de todo Chile.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Gracias, Senador Rossi.
Tengo una lista de 11 oradores, razón por la cual propongo abrir la votación para que se vaya fundamentando el voto. De otra manera se nos va terminar el tiempo del Orden del Día y no vamos a alcanzar a ver todos los asuntos que nos quedan.
¿Habría acuerdo?

El señor LARRAÍN.- ¿Me permite?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí, señor Senador.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, no tengo inconveniente. Pero antes quiero plantearle una pregunta al Ministro; porque, si se iniciara la votación, él no tendría ocasión de hablar.
Así es que estoy de acuerdo, pero en la medida que pueda hacer la consulta oportunamente.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Formule su interrogante si lo considera necesario, Su Señoría.
Después, de existir acuerdo, abriré la votación y quien lo desee fundamentará su voto.
Lo señalo para efectos de economía procesal, pues están inscritos 12 señores Senadores.
Le daré la palabra al Honorable señor Larraín para que el Ministro despeje sus dudas. Si alguien quiere hacer otra consulta, este es el momento.

El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Y después votamos?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Así es.
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, mi inquietud es la siguiente.
Cuando este proyecto se debatió el año pasado se discutió sobre su constitucionalidad. Y aunque el informe de la Comisión de Constitución fue rechazado, por mayoría de votos se determinó la admisibilidad de la iniciativa.
No obstante, el sentido común y la prudencia recomendaron no seguir el trámite porque efectivamente adolecía de vicios de constitucionalidad.
Nuestra inquietud no apuntaba al fondo del proyecto. Porque -lo manifesté- estábamos de acuerdo en la necesidad de regularizar la situación de los profesores que estaban a contrata indefinidamente o por muchos años, sin estabilidad laboral, etcétera.
Por fortuna, ese error se corrigió con una indicación del Ejecutivo. Y el problema, por lo tanto, se solucionó.
Sin embargo, fue resuelto solo en parte, porque debemos enfrentar una dificultad: aunque se trate de los mismos recursos, esta iniciativa irroga gastos adicionales a los municipios.
En consecuencia, quiero preguntarle al Ministro acerca de si en el escenario de que los municipios -lo plantean en forma reiterada- hagan presente que este proyecto les significará un costo -por la acumulación de pasivos, por las indemnizaciones, por una serie de exigencias nuevas que contiene- ¿vamos a suplementar con recursos a los municipios que necesiten cumplir tales compromisos? Porque el problema no es solo de sueldo, sino de otros efectos económicos que inciden en esta determinación.
Apoyaré esta iniciativa, pero me parecería irresponsable -aquí hay personas que fueron alcaldes y saben de qué estoy hablando- que lo aprobáramos sin más y les dijéramos a los municipios: "Háganse cargo de la diferencia". El problema en esta materia no lo tienen los profesores, sino las municipalidades con el Ministerio de Hacienda.
Deseo consultar al señor Ministro si acaso existe tal voluntad. Porque quienes se abstuvieron de votar en la Comisión de Educación lo hicieron precisamente por la inquietud que genera este mayor costo, del cual nadie se hace cargo, que le seguiremos endosando a los municipios, que están endeudados desde hace mucho rato.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Educación).- Señora Presidenta, esta discusión ya se generó en la Comisión.
Desde nuestro punto de vista¿

El señor LARRAÍN.- ¡Pero no en la Sala!

El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Educación).- Tiene razón.
Como decía, desde nuestro punto de vista, esta normativa no irroga mayor gasto por cuanto no se produce un cambio de salario, sino del estatus del contrato de trabajo: de "a contrata" a "titular".
Existiría una eventualidad en el caso de que se acumulara un derecho a indemnización, que solo ocurre en el flujo y forma parte de las provisiones que hace normalmente un municipio por su planta.
Por tanto, estamos suponiendo posibles dificultades financieras que puedan sufrir los municipios frente a un proyecto que no irroga mayor gasto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Vamos a abrir la votación para que Sus Señorías funden el voto. De lo contrario, sobrepasaremos la hora de término de la sesión.

El señor BIANCHI.- ¿Votaremos en general y en particular?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Primero en general y después en particular. Aunque podríamos incluir la indicación del Ejecutivo y realizar una sola votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación general y particular, a la vez.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, sobre la constitucionalidad de la iniciativa, me parece muy bien la explicación del Senador Larraín. Además, como se ha dicho, la indicación del Ejecutivo le ha dado, en el fondo, patrocinio, de acuerdo con la norma constitucional.
En cuanto al asunto de la generación de gastos, estos no pueden determinarse porque el traspaso a profesor titular no debería irrogarlos.
El problema se producirá si acaso en algún momento se debe pagar indemnización.
Cualquier cosa que diga el Ministro hoy sobre el particular no tiene ningún sentido. Porque debería tramitarse una disposición legal o considerarse alguna manera de suplementar los recursos municipales si eso llegara a ocurrir.
Creo que, en bien de lo que persigue, se debe aprobar el proyecto y luego ver si el problema se produce o no.
Voto que sí.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, este proyecto constituye un gesto de justicia en materia laboral con una importante cantidad de profesores que, a pesar de llevar tres o más años dedicados a la labor de educar en las salas de clases de las escuelas públicas a lo largo de todo el país, se encuentran en una situación contractual de desmedro respecto de sus colegas adscritos a la planta docente en los municipios o corporaciones municipales de educación en las que cumplen sus funciones.
En cifras generales, en la actualidad solo la mitad de los profesores de la educación pública a nivel nacional gozan de la titularidad de sus cargos. De la otra mitad, la gran mayoría cumplen labores a contrata y un porcentaje menor a honorarios.
El sistema de contrata, en los hechos, se encuentra extendido y aceptado por prácticamente todos los municipios del país.
Solo en la Región de Los Lagos, de los 6 mil 650 profesores que se desempeñan en la educación pública, más del 50 por ciento lo hace a contrata, a pesar de que el Estatuto Docente solo autoriza a los municipios o corporaciones municipales a cubrir como máximo un 20 por ciento de la dotación bajo esta modalidad.
La sobreutilización de la contrata para cubrir las necesidades de recursos humanos es un problema que, lamentablemente, afecta no solo al ámbito de la educación, sino también a buena parte de la Administración Pública.
Si bien se trata de una fórmula que otorga mayor flexibilidad a la administración educacional, posee varios inconvenientes evidentes: entre otros, la inestabilidad laboral -por tratarse de contratos anuales-, la imposibilidad de desarrollar una carrera funcionaria y la limitación del crecimiento profesional de los docentes.
En todo caso, me parece injusto culpar de esta realidad solo a los sostenedores municipales, quienes, desde el traspaso de la educación pública a los municipios, han destinado cuantiosos recursos de sus presupuestos para complementar los ingresos por subvención educacional, que no alcanzan a financiar el sistema.
En los últimos treinta años el aporte municipal a la educación ha ido en aumento, en consonancia con el incremento de las exigencias a las que están sometidos los municipios, las cuales no siempre son financiadas por el Estado a nivel central.
Un solo ejemplo sirve para ilustrar lo anterior: cada vez que se acuerdan planes de egreso de los profesores, estos se financian con créditos que se descuentan de las subvenciones.
Los sostenedores municipales han debido asumir esos mayores costos, en una competencia desigual con el sector particular subvencionado, que no se rige por las normas del Estatuto Docente.
La práctica de la contrata es, entonces, una expresión más de la crisis de la educación pública, que en este caso han debido soportar los docentes, con perjuicio de sus condiciones laborales.
Con la renovación de la vigencia de la ley N° 19.648, de 1999, sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata en los establecimientos públicos subvencionados, se hace justicia con el gremio de los profesores y se avanza en el reconocimiento a su importante labor, que profundizará, con toda seguridad, el proyecto de carrera docente que próximamente enviará a trámite el Gobierno.
En consecuencia, esta medida adquirirá pleno sentido cuando esté inserta en el contexto de la reforma educacional, por lo cual debería comenzar a emparejarse la cancha entre la educación pública y la particular subvencionada.
Con esta iniciativa, los profesores que cumplan los requisitos establecidos podrán acceder a la titularidad de sus cargos; mejorarán su estabilidad y condiciones laborales, y podrán aspirar a una verdadera carrera docente.
Así, en mi región cambiarán su condición jurídica 2 mil 993 docentes, alcanzando la titularidad al 84 por ciento del total de la dotación.
Voto a favor de este proyecto, convencido de que este tipo de iniciativas son indispensables para enfrentar con seriedad y compromiso los importantes desafíos existentes para el mejoramiento de la equidad y la calidad de la educación en Chile.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, hoy día asistimos a uno de los grandes triunfos y logros de las maestras y los maestros de nuestro país.
Su situación era de absoluta injusticia, y los sobrepasaba con creces. Veíamos cómo profesoras o profesores, por largos años -10, 15, 20 o más años-, vivían en una completa inestabilidad laboral, sin poder acceder a créditos, ni a postular a una vivienda, ni a tener la certeza, a fin de año, de si continuaban o no trabajando.
Aquí también se daba algo lógico: el abuso de quienes administraban los colegios, situación que, por supuesto, cambia absolutamente con esta iniciativa en comento.
Lo hemos dicho siempre: el Estado de Chile es el peor empleador, ¡es el peor empleador! Y, al respecto, las corporaciones, los municipios no hacen nada distinto.
Por eso, concurrir con nuestros votos favorables es entregar justicia a miles de profesoras y profesores que por largos años vienen buscando que se les haga justicia y así alcanzar la tan deseada estabilidad laboral.
Asimismo, deseo hacer presente una preocupación, que seguramente será parte del debate de mañana cuando discutamos durante todo el día la reforma educacional, pero quiero dejar establecido el punto ahora.
Tengo el temor que, así como en la década del 80 se originó la deuda con los profesores -a estas alturas ya prehistórica, pues hace rato dejó de ser histórica-, ahora se cree una segunda. Mi preocupación pasa porque es probable que cambie el empleador de los profesores, cuando se traspasen de la Corporación al Estado. ¡Ahí habrá un cambio! Pero no se ha dicho absolutamente nada sobre cuál será la situación laboral de los docentes: si se les respetarán sus años de servicio; si el nuevo empleador mantendrá su continuidad laboral en el contrato o si se les va a finiquitar y, de esa forma, se les generará un perjuicio económico por los años ya trabajados; o si al momento del traspaso de una corporación al Estado recibirán remuneraciones iguales, distintas o mejores.
Eso es del todo preocupante.
Quiero valerme de la presencia de los Ministros de Estado en la Sala para dejar planteado este tema. Porque dentro de la reforma educacional que debatiremos mañana, yo por lo menos no he visto absolutamente nada referido a la condición en que podrían llegar a quedar las profesoras y los profesores de nuestro país en la eventualidad de que exista una desmunicipalización de la educación y esta pase a un empleador distinto, en este caso, el Estado. Y nada se ha discutido respecto a la estabilidad laboral de los profesores.
Me pronunciaré entusiastamente a favor del proyecto de ley, felicitando a cada uno de los profesores y las profesoras de nuestro país por este logro que les entrega estabilidad laboral.
Voto que sí.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, en primer lugar, felicito al Regional del Colegio de Profesores, pues fue justamente ahí donde se nos convocó, al Diputado González y al que habla, para efectos de trabajar el tema de la titularidad de los profesores.
Por eso, iniciamos esa labor con dos proyectos de ley: uno presentado en el Senado y otro en la Cámara de Diputados.
Agradezco que los señores Senadores hayan cambiado de opinión. Porque la iniciativa legal presentada en esta Sala fue declarada inadmisible por la mayoría de ustedes. Y hoy afortunadamente hay un criterio distinto, y doy gracias de que procedamos a dignificar a los profesores de Chile.
Pues bien, la Cámara de Diputados logró finalmente declarar su admisibilidad, tras lo cual el proyecto llegó a este Hemiciclo. Entonces, se produjo un problema en la Comisión de Constitución, porque lo declaró inadmisible, situación que se revirtió con la posterior votación favorable en la Sala.
Digo esto pues hay que hacer un poco de historia respecto a este proyecto de ley en que tanto ha costado avanzar.
Y, finalmente, se logró aprobar su admisibilidad en virtud de una votación en esta Sala.
El proyecto pasó, pero hubo un arduo debate en la Comisión de Constitución sobre si irrogaba o no irrogaba gastos. Nosotros afirmamos que no, porque se mantenían los mismos beneficios para los profesores. Hasta que por fin se consiguió que la iniciativa fuese a la Comisión de Educación.
Luego, hubo dificultades para ponerlo en tabla, pues los alcaldes ejercieron, muchas veces, un veto, a efectos de evitar que los profesores a honorarios pasaran a las plantas, debido a que -según ellos- les irrogaban un mayor gasto. ¡Pero no era así! Aquellos se resistían al cambio, fundamentalmente, porque no querían rigidizar sus plantas.
¡Hay que decir las cosas por su nombre!
Cabe señalar que lo que planteamos en relación con el objetivo de la iniciativa no es nuevo, sino que busca rescatar lo que hubo en otra similar, presentada por el entonces Diputado Prokurica, el año 1999, la cual permitió pasar a las plantas a un grupo importante de docentes: 15 mil profesores.
Por tanto -también digo las cosas por su nombre-, lamento que el proyecto que presentamos con los Senadores Prokurica y Bianchi fuera declarado inadmisible por esta Sala, y deseo destacar algunos temas cuya interpretación puede ser motivo de debate, para que queden en la historia fidedigna de la ley.
En primer término, lamento la limitación de los plazos que se fijan en virtud de este proyecto de ley. ¿Y por qué lo digo? Porque, por la precariedad de su labor, los profesores deben trasladarse de un DAEM a una corporación o a otra. Y acá hay docentes que trabajan en la Educación Pública que no podrán hacer uso del beneficio que se establece, debido a que cambió el empleador, pero tenían la calidad de profesores del sector público.
El segundo dice relación con que, cuando hay profesores trabajando en un DAEM o en una corporación, efectivamente se les asignan otras labores.
Se habría resuelto y no sería motivo de interpretación -espero que no lo sea- si se hiciera referencia a las horas de contrato, como ocurrió en la ley anterior.
Efectivamente, hoy se pueden producir algunas dificultades.
Agradecemos al Ejecutivo, pues el Senador Allamand y la Senadora Von Baer -a quienes doy las gracias- le habían pedido que reestudiara la situación con el propósito de incorporar a un mayor número de profesores. Y el día de hoy aquel presentó una indicación considerando las correspondientes horas no lectivas. Sin embargo, esto todavía será materia de interpretación.
Me habría gustado que la referencia hubiese sido a las horas de contrato, como sucedió en la legislación anterior, a fin de evitar que esto fuera a la Contraloría o las Direcciones del Trabajo a solicitud de los empleadores, porque los municipios se van a resistir a pagar ciertos beneficios a los profesores.
Sin lugar a dudas, esta iniciativa dignifica el trabajo del profesorado. Por supuesto que la vamos a apoyar y esperamos que sea aprobada por la unanimidad de los señores Senadores.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, a mi juicio, nadie podría discutir que es un mínimo de justicia laboral ir avanzando en el término del trabajo precario en Chile, que afecta a los distintos sectores de los mercados laborales, incluyendo al profesorado. Esto, por lo demás, se transformó en una práctica no solo del sector privado, sino también del Estado para abaratar la fuerza de trabajo calificada y no calificada.
Por lo tanto, obviamente, esta iniciativa legal es un avance.
No obstante, se han dado ciertas cifras que ameritan que se hagan algunas consultas -habría querido preguntarle al Ministro, pero como aquí se dispuso otra cosa, no puedo hacerlo-, que tienen que ver con lo siguiente.
Se habla que, de aprobarse esta indicación, se permitiría que el 84,5 por ciento de los docentes de las corporaciones municipales adquirieran la calidad de contratados. Sin embargo, en el mismo proyecto se establecen una serie de condiciones para ello. Por ejemplo, que tuviesen al menos tres años continuos o cuatro discontinuos de desempeño docente, por un mínimo de veinte horas cronológicas de trabajo semanal. No sé si tales requisitos reducen el mencionado porcentaje o lo mantienen.
Inicialmente, el proyecto hacía referencia a los "profesores de aula" solamente. Entiendo que, con la indicación que acaba de llegar, ese concepto se amplía también a las "correspondientes horas no lectivas".
Además, la calidad de titulares se concede por única vez.
Sería interesante saber si contaremos por fin con una normativa que establezca una situación permanente para los profesores cuando se incorporen a la educación municipal o a aquella que derive de su reforma, que está pendiente. ¿Resolveremos el problema en forma definitiva o nuevamente se hará una ley que entregue un beneficio "por única vez"? Si sucediera esto último, estaríamos dando un paliativo, en lugar de una solución de fondo, negando el trato que los profesores merecen en nuestro país.
Estos requieren condiciones estables permanentes, pues ejercen una función social de primera significación.
Esas son mis dudas. Pero, de todas maneras, apoyaré la iniciativa.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, en octubre de 1996, junto a los Diputados Homero Gutiérrez, Carlos Montes -hoy Senador-, Jaime Rocha, María Antonieta Saa, Jorge Ulloa, Felipe Valenzuela y José Antonio Viera-Gallo, presentamos un proyecto similar a este, que se tradujo en la ley Nº 19.648, la cual permitió la incorporación a la planta docente de más de 15 mil profesores a contrata.
Hicimos ya este ejercicio legislativo, que es un acto de justicia hacia los maestros.
En todo caso, la tramitación de aquella iniciativa no estuvo exenta de dificultades. Incluso, como recordó el Senador Chahuán, el Presidente de la República de la época ejerció su derecho a veto para impedir que se aplicara este beneficio a miles de docentes que a lo largo de nuestro país se encontraban -digámoslo claramente- en una situación de precariedad laboral. Ello es inaceptable y demuestra la veracidad de la afirmación, manifestada una y otra vez por el Senador Bianchi, de que el Estado es el peor empleador.
En los últimos meses, el Gobierno ha desplegado una campaña comunicacional y legislativa tendiente a modificar "parte" de nuestro actual sistema educativo. Sin embargo, en todo ese tiempo, en ningún momento se ha escuchado o visto que se implemente una idea para mejorar el estado del principal motor de la educación chilena: el profesor. Parecen no tener claro que sin cambios en la sala de clases no habrá cambios en la calidad de la educación.
Muchas veces me he reunido con los docentes de mi Región -en las tribunas está Francisco Martínez, Presidente regional-, colegiados o no, y todos ellos me manifiestan un solo y gran descontento: el Gobierno y parte del Parlamento están impulsando una reforma hecha entre cuatro paredes, sin consultar y sin escuchar a los que después deben implementarla.
El proyecto en análisis aporta un granito de arena en reconocimiento a la abnegada labor que cada uno de los miles de profesores realiza a lo largo y ancho de nuestro país.
El objetivo de esta iniciativa debiera ser el mismo que se tuvo en vista en 1996 -así me lo han planteado reiteradamente los dirigentes del Colegio de Profesores-: beneficiar a todos los docentes a contrata, sin las condiciones que se están estableciendo aquí.
Quiero decirlo derechamente: con la indicación propuesta se aumenta el número de maestros favorecidos. Son alrededor de 33 mil.
Los profesores, como seres humanos -lo mencionó un Senador-, no requieren solo estabilidad laboral, tan necesaria para aportar al proceso educativo. También precisan otras cosas.
En la actualidad, ni siquiera pueden contraer ciertos compromisos: habitualmente son segregados del sistema bancario por no ser considerados sujetos de crédito -acceder a préstamos financieros les permitiría adquirir una vivienda u otros bienes-; no tienen derecho a indemnización; no se les asegura regularidad en el pago de las cotizaciones, etcétera.
Ahora quiero abordar algunas inquietudes presentadas por el Senador Chahuán.
En primer lugar, señora Presidenta, hago presente que el proyecto que nos ocupa tiene letra chica, por cuanto se propone que el beneficio se entregue a los dependientes de un mismo empleador, en circunstancias de que todos sabemos que, debido a las bajas remuneraciones, muchos profesores trabajan en dos o tres corporaciones municipales. Entonces, si estos no cumplen con el número mínimo de años exigido o con los otros requisitos, no podrán recibir el beneficio, aunque se hallen dentro del sistema público.
En segundo término -se ha hecho una sugerencia al respecto-, la iniciativa habla de horas aula, y no de horas de contrato, como se planteó en 1996. Obviamente, hay que corregir este asunto. Como seguramente habrá Comisión Mixta, ahí se podrá hacer la enmienda pertinente.
Estamos dando un paso importante en una materia respecto de la cual siempre hay discursos, pero pocas veces se concreta un cambio.
¡No es posible que en la Administración Pública el 80 por ciento esté a contrata! Y no lo digo por un tema solo de justicia, sino también de legalidad. ¡Si es la ley la que establece que eso no puede ocurrir!
Sin embargo, por los montos involucrados, en todos los Gobiernos, no solo en el actual -sería injusto plantearlo así-, se ha mirado para el lado a fin de no ver la realidad del profesor, que es, sin duda, el eje fundamental de cualquier reforma en este ámbito.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, siempre me quedo con la sensación de que estos problemas pudimos haberlos resuelto mucho antes de que se produjera un paro del sector.
Estamos contestes en que lo propuesto no implica mayor costo fiscal, no altera el plano administrativo y no encierra un vicio de constitucionalidad. En realidad, lo ilegal era mantener más del 20 por ciento de la planta a contrata. Es decir, la ilegalidad proviene del propio Estado.
El inciso final del artículo 25 del Estatuto Docente señala: "Tendrán calidad de contratados aquellos que desempeñan labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares.". Pero esa definición no se ha considerado. Los profesores llamados "a contrata" hasta ahora desempeñan las mismas funciones, e incluso más, que los de planta. Por tanto, la ilegalidad de incumplir el referido artículo -reitero- está dada por los sostenedores públicos.
Lo mismo sucede con relación al artículo 26, que dispone: "El número de horas correspondientes a docentes en calidad de contratados en una misma Municipalidad o Corporación Educacional, no podrá exceder del 20% del total de horas de la dotación de las mismas". ¡Nueva ilegalidad!
En el fondo, hemos asistido a una permanente violación flagrante de la ley. Eso es lo ilegal, no la presentación de un proyecto que busca pasar a la planta a los profesores a contrata.
Uno permanentemente se pregunta por qué tardamos tanto en legislar sobre el particular. ¿Era necesario un paro, un sacrificio de parte de los afectados para recién impulsar esta iniciativa?
Aprovecho la presencia del Ministro de Educación para manifestarle que esta propuesta legislativa dejará en el borderline a varios docentes. Por ejemplo, existen profesores en Coronel con 17 años de servicio, contratados por el municipio por 19 horas: ¡no podrán optar al beneficio! Y habrá muchos otros casos. Los docentes con 15 horas en una municipalidad y 15 horas en otra tampoco cumplen el requisito de las 20 horas. En fin, se darán distintas situaciones a las que la ley en proyecto no se podrá ajustar.
Ante ello, ¿qué tenemos que hacer? Votar a favor de proyecto en estudio, porque igual se avanza sustancialmente: más de 32 mil profesores a contrata pasarán de manera automática a ser titulares de planta.
Y lo que quede pendiente lo veremos en marzo. En ese momento analizaremos el fortalecimiento de la educación pública, que cambiará al empleador.
¡Ojo!, esa será una oportunidad histórica. Ni los docentes ni el Estado de Chile podrían soportar un cambio de empleador sin que se resuelvan las deudas de arrastre. Pasar a una nueva modalidad institucional con una mochila sobre los profesores sería un error histórico. Y tengo la convicción de que ellos no lo van a permitir. Entonces, la pregunta es si hacemos esa reforma en contra de los actores involucrados o de la mano de ellos. Ese es el gran debate que se nos viene en marzo.
Reitero la inquietud: lo que quede por hacer en materia educacional, ¿lo abordaremos en conjunto con los docentes, el Colegio de Profesores y los demás sectores que se han manifestado -porque, en definitiva, todos son profesores-, o en contra de ellos?
Ello supone mayor diálogo -incluso prelegislativo- al interior del Parlamento.
Siento que hoy estamos dando un paso muy importante. Pero aún quedan muchos problemas por resolver.
Como lo he mencionado en otras ocasiones, el 4 por ciento de los profesores le tiene fobia al aula. Están enfermos. Registran más de 180 días de licencia al año. ¡No pueden trabajar!
¿Y por qué no se van del sistema? ¡Porque no les es posible! ¡Recibirían pensiones miserables si jubilan! ¡Se mantienen en el sistema porque no pueden dejarlo!
En ese sentido, la próxima discusión será sobre la jubilación. ¿Cómo hacemos para que quienes continúan trabajando tengan a futuro una pensión digna, decente, que les permita sobrevivir y vivir de mejor forma?
Votaré a favor de este proyecto, para que todos los docentes pasen a la titularidad.
La pelea que se dio a propósito de la llamada "agenda corta" -más allá de cualquier otro nombre con que se le denomine- nos entregó una gran lección: si podemos avanzar, hay que hacerlo y no esperar a que nos lo pidan.
No es necesario que los profesores y otros movimientos sociales salgan a la calle para exigir al Estado, al Gobierno de la Presidenta Bachelet, mi Gobierno, las cosas que dijimos que íbamos a realizar. Las debiéramos abordar sin presión social, ojalá con participación de los ciudadanos.
Voto a favor, señora Presidenta.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señora Presidenta, el contexto en que se está dando este debate guarda relación con un compromiso que la Presidenta Bachelet adquirió con el país: la reforma de la educación.
Para fortalecer la calidad de la enseñanza, primero debemos mejorar las condiciones laborales de quienes imparten clases, del magisterio.
El reconocimiento de la precarización de que ha sido objeto la labor docente desde hace 30 años, debido a su mercantilización, es precisamente lo que motiva esta profunda reforma. Terminar con la educación como bien de mercado implica fijar normas para que el magisterio no sea tratado como un producto del mercado.
Valorar su condición de maestros dedicados a la enseñanza significa preocuparse por su estabilidad laboral. Los profesores a contrata todos los años se mantienen en ascuas hasta el 25 o 31 de diciembre. No saben hasta entonces si van a recibir al Viejo Pascuero o un sobre azul.
A mi juicio, a partir de esta modificación, muchos profesores -a pesar de que quedarán pendientes algunos en situación de precariedad- sentirán una mayor tranquilidad. Ello se transmitirá a los alumnos, quienes sabrán que el profesor seguirá en marzo; a los padres y apoderados, que interactuarán con un profesor de continuidad, y al país, que contará con docentes bastante mejor tratados.
Todavía no empezamos a discutir la reforma de la educación. Este proyecto puede ser el inicio; tal vez una primera señal de cuán profunda debe ser. Constituye solo un gesto hacia los profesores. Aún no hemos comenzado el debate a fondo acerca de las condiciones laborales en que estos tienen que desempeñarse y aportar a la educación de los niños y las niñas en Chile.
Se plantea beneficiar solo a los docentes con contrato de al menos 20 horas semanales. Pero ¡qué tiene si son menos horas! ¿Acaso eso justifica la precarización del trabajo y la inseguridad laboral?
Sin perjuicio de ello, esta iniciativa constituye un avance importante.
También tenemos que revisar lo relativo a la previsión. El país debe abordar una reforma previsional.
¡No es posible que los profesores y, en general, los trabajadores de Chile sigan tolerando un sistema de pensiones que los condena a la pobreza al momento de jubilarse!
Sería bueno tomar decisiones ahora que contamos con la mayoría de los votos, durante este Gobierno de la Presidenta Bachelet. En todo caso, me gustaría avanzar también con el apoyo de todos los parlamentarios, con el objeto de crear una situación más justa para los trabajadores en materias laborales, de equidad y de previsión.
Señora Presidenta, anuncio que votaré gustoso a favor de este proyecto, aunque sé que los municipios van a decir: "Esto implica un costo". Sí, claro. Pero eso es parte de la reforma.
Ya pronto analizaremos cómo resolver el endeudamiento municipal. Va a venir también la iniciativa sobre desmunicipalización de la educación, y entonces se destinarán los recursos respectivos. Que ello no sea una excusa para no respaldar este proyecto, que otorga un beneficio muy merecido a buena parte de los profesores de Chile.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, más de 30 mil profesores y profesoras que hoy están a contrata en la educación pública, tan pronto sea aprobada esta iniciativa de ley, pasarán a formar parte de la planta.
Por cierto, no solo en términos personales y como Senador por la Región de Valparaíso cordillera -he sostenido muchas conversaciones con los docentes de mi circunscripción-, sino también como Presidente del Partido Demócrata Cristiano, me es muy grato sumarme a la aprobación de este proyecto.
Seamos claros: lo que mantiene en pie hoy a la educación pública chilena, que representa solo el 37 por ciento de la matrícula total escolar, principalmente es la acción de los 90 mil profesores que laboran en el sistema municipal. Por supuesto, también hay que considerar a los asistentes de la educación, a las manipuladoras de alimentos, etcétera.
Ahora bien, de esos 90 mil docentes -y hay que agregar los aportes de los 350 municipios, porque sin ellos sería imposible sostener financieramente la acción de la educación pública-, más del 40 por ciento está a contrata.
Tal situación, por un lado, obviamente establece una condición de precariedad e inestabilidad, con todas las consecuencias que ello acarrea para los profesores y sus familias. Y, por otro, rompe con la regla del 80/20, que impide que más del 20 por ciento del personal sea a contrata.
En consecuencia, se está haciendo justicia con los profesores y las profesoras que se encuentran en dicha situación, en particular al disponer que los beneficiarios serán los contratados como "docentes de aula y sus correspondientes horas no lectivas", como ha precisado el Ejecutivo mediante indicación.
Ahora, para entender esta modificación es preciso recoger el debate que se dio en la Comisión de Educación. Al respecto, quiero ser muy honesto: se plantearon tres dudas, todas legítimas, tanto en la Cámara de Diputados en su momento -lo mismo se manifestó el año 99- como en el Senado.
Primero, se habló de un problema de constitucionalidad.
Tiene razón el Senador Hernán Larraín en cuanto a que hubo una discusión respecto de la admisibilidad de la moción original. Esto se zanjó en el Senado gracias a una indicación sustitutiva que presentó el Ejecutivo. Por tanto, desaparece, por este último motivo, cualquier duda acerca de la constitucionalidad de la iniciativa.
Segundo, se generó todo un debate sobre cómo se ingresa a una planta docente.
Todos sabemos que en la legislación chilena eso se logra a través de concurso público. Luego de ganarlo, se llega a ser profesor o profesora. Pero aquí estamos estableciendo una vía excepcional: mediante una ley. Así se hizo en 1999 (ley N° 19.648) y así se pretende fijar ahora. Sin embargo, cabe consignar que la norma general, no solo en el caso de los docentes, sino en el de cualquier empleo público, es el concurso.
Y tercero -también planteé este punto en la Comisión de Educación-, se manifestó la preocupación por el gasto que esta propuesta originará a futuro.
Los alcaldes, quienes hacen sus mejores esfuerzos, tienen razón en preguntarle al Ejecutivo quién financiará las eventuales indemnizaciones, por ejemplo, respecto de eventuales desvinculaciones. Digámoslo claramente: es cierto que esto va a ser de cargo de los municipios. Y todos sabemos que estos han sido recargados excesivamente desde el punto de vista financiero.
Dejando constancia de esas tres dudas legítimas, las que se analizaron en la Comisión, manifiesto que estamos muy contentos de aprobar el proyecto que nos ocupa.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, cada vez que el Gobierno de turno presenta una iniciativa para entregar beneficios a los profesores uno termina aprobándola como el mal menor.
Cuando asumió la actual Administración, yo me imaginé que el primer proyecto que se presentaría iba a ser para mejorar las condiciones de los profesores.
Aquí, francamente, no estoy pensando que un Gobierno lo hace más bien que otro. Cuando se habla de mejorar el modelo educativo y la calidad de la educación lo razonable es comenzar por los docentes.
Es muy simple.
Podemos tener lindos laboratorios, extraordinarios complejos deportivos, infraestructura de funcionamiento del colegio de primera calidad. Pero -como me dice mi propia señora, quien es profesora- todo eso vale bastante poco si no nos preocupamos de quienes enseñan a nuestros niños.
Entonces, imaginé que lo relativo a los profesores constituiría la prioridad de este Gobierno, y que estaríamos discutiendo durante todo este año, sobre todo si se había aprobado una reforma tributaria, cómo mejorar las condiciones laborales, la capacitación, la preparación de los docentes a lo menos en cuatro aspectos.
Primero, los incentivos para que se estudie más pedagogía.
Ya se efectuó un avance importante durante la Administración anterior. Pero falta mucho por hacer.
Segundo, las remuneraciones.
Resulta absolutamente injustificado que en nuestro país haya docentes que no tengan una remuneración a la altura de sus responsabilidades.
Tercero, la posibilidad de capacitación.
Ello tampoco existe en la forma como debería ser.
Cuarto, la factibilidad de que los docentes preparen adecuadamente sus clases.
Yo me reuní con Jaime Quilaqueo y Luis Almendra, quienes pertenecen a la Región de La Araucanía. Y una de las cuestiones que me señalaron dice relación con la cantidad de tiempo que pierden en burocracia, horas que no pueden destinar para preparar adecuadamente sus clases.
Por lo tanto, mi primera reflexión apunta a que mientras no abordemos lo tocante a los profesores en forma integral, global, completa y ello lo hagamos siempre mediante parcialidades, las soluciones en educación serán de parche.
Yo recuerdo que años atrás me tocó conformar una Comisión Mixta que debía resolver sobre el aumento de una asignación a los profesores. Y todas las asignaciones que se establecían no incluían el aspecto previsional.
Hoy en mi Región hay profesores que jubilan -y me lo mostraron- con 120 a 130 mil pesos, quienes al término de su carrera, después de treinta años de trabajo, ganaban 750 mil a 800 mil pesos.
Entonces, el profesor se encuentra ante una disyuntiva obvia: "Cómo me voy a mi casa con 130 mil pesos en circunstancias de que llevo 30 o 40 años trabajando". Por lo tanto, ese docente no querrá jubilar.
Señora Presidenta, yo siento que todos estos proyectos de ley son siempre medidas de parche. Tomamos las cosas a medias; no lo hacemos en forma integral. Y lo razonable es abordar el problema de los profesores de modo global.
En cuanto a los docentes a contrata, tampoco ha existido aquí la capacidad ni la voluntad política para resolver esta materia íntegramente.
Lo sensato es que existan profesores de planta, y que se modifique la forma como funciona dicha planta.
¿Cuál es el problema de un docente a contrata? No tanto que lo echen al término del año por ser mal profesor, sino porque no le simpatiza a la autoridad de turno, más allá de si es bueno o malo en su función.
No creo que los buenos profesores se opongan a que, sometidos a un buen sistema de calificación, quienes no hagan bien su trabajo y sean responsables del cumplimiento negligente de su labor corran el riesgo de la exoneración.
El problema estriba en cuáles son los criterios que se utilizan para medir aquello.
Por ejemplo, ¿cómo se evalúa a un profesor cuando tiene a un niño con déficit atencional y le dedica muchas horas?
Señor Presidente, he querido realizar estas reflexiones, porque a mi juicio el proyecto que nos ocupa avanza en materias como las que mencioné. Mas lo considero insuficiente en muchos aspectos.
Podemos legislar sobre los colegios particulares subvencionados o todo lo que queramos. Pero mientras no se tome el toro por las astas y se legisle a fondo con respecto al profesorado en nuestro país, será poco lo que avanzaremos en calidad de la educación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, cualquier persona que por alguna razón (por equivocación, en fin) hoy se haya quedado pegada al canal de televisión del Senado habrá visto la discusión del proyecto que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, el cual probablemente será aprobado. La iniciativa que debiera tratarse a continuación dice relación con el permiso de funcionamiento de establecimientos que ofrecen educación parvularia. Y el proyecto que ahora nos ocupa tiene como propósito claramente regularizar la situación de decenas de miles de profesores en todo Chile, quienes se hallan en condiciones muy precarias.
Todo ello tiene que ver con la educación pública.
Algunos sectores políticos durante todos estos meses en que ha durado la tramitación de una iniciativa, de ocho o nueve que se presentaron, majaderamente han venido insistiendo en que aquí no está la educación pública.
Bueno, eso es educación pública.
Estamos hablando de profesores que se hallan en el sistema público, quienes -como bien señaló el Senador Tuma- se incorporarán posteriormente a la nueva institucionalidad que se creará a nivel local, territorial, muy cerca de la gente, y no municipal.
Esa es la reforma educacional.
Quien no quiere verlo y se queda pegado en la discusión del lucro; quienes son contrarios al proyecto que pone fin al lucro y a los sistemas de discriminación -hay que decirlo también- han hostigado permanentemente a todos los profesores del sistema público en Chile. Durante estos meses ha habido un acoso constante a los docentes que se desempeñan en el sistema municipal, y no solo por la paralización.
La iniciativa en debate, originada en moción del Diputado Rodrigo González, entre otros parlamentarios -por cierto, la valoramos-, recibió el patrocinio del Ejecutivo. Con ello -tal cual señalaron varios señores Senadores- se despejan cuestiones no menores. Porque se pensaba que sería muy fácil aprobarla acá el año pasado, con un Gobierno en contra; con los Ministros de Hacienda y de Educación en contra; con la Asociación Chilena de Municipalidades, a la que -como saben Sus Señorías- no le gusta su texto.
La verdad es que no era posible aprobarla. Se iba a estrellar en el Tribunal Constitucional.
Eso no lo podíamos permitir para los profesores.
Por lo tanto, valoro el que hoy, después de muchos años, se esté aprobando este proyecto. Porque ello no ocurría desde los Gobiernos de los Presidentes Frei y Lagos (este último lo implementó), en que el Congreso Nacional dio vida a una ley para corregir, por una vez, la situación de un número muy importante de docentes con los que traspasaba el límite legal del 20 por ciento de personal a contrata.
Entonces, claramente, eso les da seguridad a los profesores.
Hay, sí -como se ha dicho aquí-, algunos docentes que probablemente quedarán fuera de este beneficio (profesores SEP y PIE, y de otro tipo de programas).
Eso habrá que verlo más adelante. Aquí no estamos diciendo que no respecto de esos casos. Deben revisarse en el marco de una legislación posterior, que llegará con la nueva institución pública.
Entiendo que el Gobierno también acogió el planteamiento del Colegio de Profesores -aprovecho de saludar a su directorio, encabezado por el Presidente Nacional-, en el sentido de realizar esa discusión en marzo y no en el verano como se hizo durante el Gobierno anterior, en que se llevó a cabo un debate muy importante.
Considero relevante mirar a la cara a los profesores cuando uno va a legislar sobre materias que les pueden afectar o beneficiar.
Señora Presidenta, a mi juicio este proyecto ciertamente constituye un avance. Es más de lo que se hallaba originalmente contenido en la propuesta de los Diputados. La indicación que presentó el Gobierno (el Ministro, la Subsecretaria de Educación) es un elemento positivo.
Por eso el diálogo que hemos efectuado -en nuestro caso, en La Araucanía- con los presidentes regionales.
Me parece bueno incorporarlos, y en general, al Colegio de Profesores, en los establecimientos, en las salas de clases. Porque ahí es donde uno puede recibir de manera muy directa aspectos que forman parte, entre otras cosas, de la agenda corta, como el agobio laboral (qué vamos a entender por ello; es parte de la discusión que vendrá); lo relativo a la remuneración mínima; lo tocante a las pensiones (hoy ya no se sostienen jubilaciones tan bajas como las que tenemos), y, por supuesto, materias de más largo plazo que se consignan en la nueva carrera docente.
Así que -reitero- nos parece muy importante este paso. Por eso, el Partido Por la Democracia, que presido, votará entusiastamente a favor de este proyecto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señora Presidenta, quiero justificar mi votación a favor de esta iniciativa y reiterar algo que hablamos en reunión de 28 de mayo del año en curso los Senadores por Magallanes con la Presidenta regional del Colegio de Profesores, señora Flor Oyarzo. En dicha ocasión nos pidió el compromiso para tratar de agilizar la tramitación de este proyecto, el cual -tal como se ha planteado durante esta discusión-, pone al día, regulariza la situación de precariedad de los profesores. Ello, sin duda, afecta su desempeño -se han entregado aquí los argumentos-; y también se incumple lo que la ley establece.
Asimismo, deseo destacar el logro también de los dirigentes del Colegio de Profesores, en particular de la Región que represento, que nos permitirá pasar del actual 48,9 por ciento de docentes contratados en calidad de titulares a 82 por ciento. Lo anterior significa que 457 hombres y mujeres cambiarán su realidad.
Así damos paso a una discusión más de fondo, que no se halla contenida en la ley en proyecto y que dice relación con el principal compromiso de la Nueva Mayoría para estos cuatro años: la reforma educacional.
De igual manera, deseo transmitir tranquilidad con respecto a las dudas que había en materia de horas no lectivas. Aquí quiero agradecer la indicación enviada por el Ejecutivo. Lo conversamos directamente con el Ministro. A mi juicio, ella zanja varias de las inquietudes expuestas en su momento no solo por los profesores, sino también por los Diputados.
Eso nos permite avanzar con calma en la aprobación de esta iniciativa.
Lo último que resta plantear se refiere a la necesidad de que en todas las materias de fondo señaladas acá se contemplen instancias de diálogo -tal como se hizo con la creación de mesas desde el Ministerio-, sobre todo para lo que tiene que ver con la carrera docente y los próximos proyectos que discutiremos. Cómo se refuerza aquello en la etapa prelegislativa, contemplando fundamentalmente la realidad regional, de las distintas comunas, para que la discusión que llevemos a cabo responda no solo a las expectativas, sino también a los requerimientos en una materia tan relevante como esta.
Espero, pues, que termine pronto la tramitación completa de esta iniciativa.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, el Estatuto Docente, normativa por la cual se rigen las relaciones laborales entre los profesores y las municipalidades, señala en su artículo 25 que: "Tendrán calidad de contratados aquellos que desempeñan labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares".
Como si eso fuera poco, el artículo 26 del referido cuerpo legal expresa que: "El número de horas correspondientes a docentes en calidad de contratados en una misma Municipalidad o Corporación Educacional, no podrá exceder del 20% del total de horas de la dotación de las mismas", etcétera.
Entonces, uno se pregunta cómo es posible que el propio Estado no cumpla las normas, las leyes. Porque, claramente, un profesor que lleva más de tres años trabajando para un municipio o una corporación municipal no realiza una labor de carácter transitoria, sino que está cumpliendo tareas permanentes.
Si los municipios se hallan impedidos en cuanto al número de horas correspondientes a docentes en calidad de contratados, que no podrá ir más allá del 20 por ciento del total de horas de la dotación, ¿por qué se les permiten cifras que sobrepasan con creces ese límite?
La verdad es que resulta incomprensible. Porque cuando se trata del sector privado, somos tremendamente exigentes. Y rápidamente se recurre a los organismos creados para garantizar el cumplimiento de la ley.
Pero no ocurre lo mismo con el Estado.
Por eso, señora Presidenta, yo me alegro de este proyecto, pues hace plena justicia respecto de los profesores.
Adhiero a quienes han señalado que no se puede concebir un mejoramiento de la calidad de la educación sin contar con la estabilidad de los docentes, sin la participación entusiasta de ellos.
Creo que una iniciativa de esta naturaleza va en la dirección correcta.
Voto a favor.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, solo quiero reiterar que desde hace mucho tiempo hemos manifestado la necesidad de resolver lo relativo a las contratas, no solo en el ámbito de la educación municipal.
Es un problema que se repite en muchas agencias del Estado, en muchos ministerios. Si el Ejecutivo ha dado el paso para avalar esta propuesta, como se lo solicitamos, pensamos que resulta importante que se estudie lo mismo para otras dependencias de la administración pública.
Por distintas razones, aquí ha habido mal uso del trabajo bajo el régimen de contrata, que ha venido afectando la estabilidad laboral de muchas personas.
En el caso de los municipios, la cuestión de fondo radica en que el artículo 121 de la Constitución establece la forma de resolver las plantas de los municipios. Pero se requiere la dictación de una ley orgánica, la cual, desde la reforma de 1997, no ha sido dictada.
Eso es lo que tiene a los municipios estrangulados. Porque no pueden desarrollar sus plantas con libertad; en principio no es factible dictar leyes. Y, por lo tanto, recurren al camino, al expediente de incorporar personas a contrata o a honorarios, que es una situación de mucha mayor fragilidad todavía.
Eso es lo que debe resolverse. Y pienso que ello es responsabilidad del Gobierno. Insisto en la necesidad de hacerlo.
En tal sentido -tal cual lo señalé, y así fue recogido-, la Comisión de Educación, al escuchar la opinión de distintos constitucionalistas, llegó a la conclusión de que esta iniciativa era inconstitucional. En forma unánime le pedimos al Ejecutivo que avalara una normativa de carácter sustitutiva que permitiera resolver este problema.
Finalmente lo hizo el actual Gobierno, de lo cual me alegro.
Por tal motivo, apoyaré este proyecto, pues me parece que es lo que en justicia corresponde. Solo pienso que ha de agregarse a otros trabajadores que se hallan en la misma situación.
De otro lado, debo manifestar mis dudas con respecto a los gastos adicionales que representa esta iniciativa.
El Ministro de Educación señaló que son flujos y que, por lo tanto, no afectan.
En esta materia yo por lo menos quiero dejar constancia de que si hay mayores gastos no debemos endosárselos a los municipios. Esta es responsabilidad del Estado. No podemos pensar que ello se resuelve simplemente aumentando las tareas municipales.
Claro, se van a ganar los mismos sueldos; se mantendrán los ingresos de los profesores, aunque no sean los mejores. Y eso no irroga mayor gasto.
Pero hay una serie de otras responsabilidades que asumen los municipios al pasar esta cantidad de personas a la planta municipal.
Eso es lo que queremos evitar. Porque -reitero- resulta muy fácil resolver los problemas pasándole la cuenta a otro. En justicia los profesores merecen este mejoramiento. Y el problema que menciono no es de su responsabilidad.
Por eso apoyamos la norma. Pero dejamos constancia de que aquí hay recursos involucrados, y que si los municipios lo reclaman, el Gobierno deberá hacerse cargo de ello.
Anticipo desde ya nuestra decisión de apoyar la iniciativa de otorgarles mayores recursos a los municipios para financiar esta medida, la cual, en mi concepto, requerirá un fondo adicional.
Teniendo en consideración todo lo expuesto, manifiesto mi voto favorable a la ley en proyecto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, con todo respeto quiero hablar esta noche. Porque en las zonas rurales, en las regiones la iniciativa que nos ocupa es muy importante para los profesores, sobre todo para aquellos que lo han pasado muy mal en Cochamó, en Hualaihué, en Palena, en Futaleufú, en Chaitén, dentro de las treinta comunas que componen la Región que yo represento, la de Los Lagos.
Yo diría que este es un proyecto justo. Pero las cosas siempre hay que aclararlas.
La Nueva Mayoría, o Concertación, gobernó por veinte años. Nosotros hoy no somos la Nueva Mayoría, sino la "Nueva Minoría"; y en tal virtud, podemos aportar mucho.
Ahora, este no es un proyecto del Gobierno: nació de una moción de Diputados (también hubo una de Senadores). Lo que hizo el Ejecutivo, y muy bien, fue presentar indicaciones sustitutivas que permitieron votarlo esta tarde.
Ahora, esta iniciativa es justa. Por ejemplo, en la Región que represento hay 5 mil 900 a 6 mil profesores, y, en la práctica, la solución va a consistir en que de 49,8 por ciento de maestros con titularidad se subirá a 84 por ciento.
Señora Presidenta, más allá de lo que se hable acerca de la reforma tributaria, de la ley del lucro y de todo lo concerniente a la educación, debo puntualizar que este proyecto es relevante sobre todo porque da tranquilidad -esto no lo conseguían las otras iniciativas-, especialmente a profesores de sectores rurales, quienes van a tener un grado significativo de estabilidad. Porque la inestabilidad es un elemento que ha perseguido durante todos estos años a numerosos maestros.
En la Cámara de Diputados yo veía que sobre la materia se presentaban proyectos de acuerdo que -me disculpo por lo que voy a decir- muy poco valían, pues envolvían sentimientos, mas no soluciones. Y con ello se dejaba tranquilos a los maestros. Tal sucedía, por ejemplo, con la deuda histórica, respecto de la cual en privado se decía que ningún gobierno iba a poder pagarla, debido a la falta de recursos.
¡Este es un proyecto real!
Sí, hay que entender a los municipios. Ellos no son contrarios a la iniciativa en debate, pero están preocupados por cómo la financiarán.
Hoy, afortunadamente, nos congrega un punto importante en la educación chilena: este proyecto les va a llevar tranquilidad a todos los profesores, sobre todo a los de mi Región, quienes me hacían presente su inquietud.
Por eso, voto que sí.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, este es un proyecto justo para los profesores, respecto de los cuales en muchos casos existe una situación tremendamente precaria desde el punto de vista laboral. Y, sin duda, ese no es el mejor ambiente para que los maestros puedan aportar a la buena educación de los niños en los colegios dependientes del Estado.
¡Es realmente lamentable que, en tal sentido, el Estado sea tan mal empleador!
Al comparar aquella situación con la del sector particular, donde no hay estatuto docente, uno ve que en este último los profesores tienen una mejor situación que la de contrata en el ámbito público, en la cual a fin de año surge la inquietud por la renovación de los contratos y los derechos laborales no están bien cuidados.
Cuando discutimos este proyecto de ley en la Comisión de Educación, yo me abstuve básicamente por dos razones.
En primer lugar, tengo una preocupación con respecto a los municipios. Porque este proyecto de ley, si bien fue apoyado por una indicación sustitutiva del Ejecutivo -y por eso estamos en condiciones de votarlo-, no viene acompañado de recursos. Y, obviamente, el paso de los profesores al Estatuto Docente tendrá un costo para las municipalidades, al menos en el momento de poner término a los contratos de los profesores.
Por lo tanto, es preocupante que estemos legislando para sacarnos una buena foto, pues en ella se pone de manifiesto que apoyamos a los profesores, pero estamos dejando pasar la falta de provisión de dineros adicionales para los municipios.
Eso constituye una preocupación. Porque el mandato está en la ley, y se ha de cumplir. No debiéramos hallarnos en la situación de tener que tramitar un proyecto de ley en el Congreso Nacional para permitir que la mitad o más de los profesores tengan un contrato como corresponde.
Entonces, la pregunta es por qué no se cumple dicho mandato, ¡por qué debemos hacer una ley para que la ley se cumpla...!
¡Es una cosa muy rara!
De ahí que, responsablemente, yo deba poner la preocupación sobre la mesa.
Por desgracia, en la Comisión de Educación no pudimos escuchar a los representantes de los municipios, por un problema de agenda.
Espero que el punto se trate en la Cámara.
Y, en segundo lugar, me abstuve en aquel órgano técnico porque los propios profesores presentes hicieron el punto de que no quedaba claro si quienes cumplían con todos los demás requisitos pero no realizaban su labor en aula estaban incluidos dentro del beneficio.
Yo pedí en ese minuto que se aclarara la situación entre el debate de la Comisión y el de la Sala. Y hoy el Ejecutivo formuló una indicación que recoge tal inquietud. En efecto, plantea que se trata no solo de los docentes que se encuentran en aula, sino también de los incluidos en las horas no lectivas.
Yo espero que de aquella manera se salve la preocupación expuesta por profesores que, por ejemplo, desarrollan sus labores en proyectos de integración, en proyectos de apoyo a niños con necesidades educativas especiales, sean transitorias o permanentes.
Ojalá que con esa indicación del Ejecutivo estén todos incluidos, sobre la base de los tres años. Se lo pregunté en privado al Ministro de Educación, quien dijo que sí.
En tal sentido, señora Presidenta, creo que este proyecto hace justicia. Pienso, sí, que podríamos haber empezado con una iniciativa¿

La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón, señora Senadora, pero terminó su tiempo.
Su Señoría dispone de 30 segundos adicionales para concluir.

La señora VON BAER.- ¿ de tales características mucho antes. Pero bienvenido sea el texto que recibimos. Y ojalá que los municipios no tengan problemas con los fondos.
Voto que sí.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra en seguida la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Quiero plantear un par de cosas sobre la materia, señora Presidenta.
En primer lugar ¿cuento con experiencia como sostenedora de colegios a través de la Municipalidad de Concepción-, la diferencia en el aprendizaje de los niños tiene mucho que ver con lo que sucede dentro del aula. Y dentro del aula tienen relevancia el interés y el amor de los profesores al trabajo bien hecho, a la pedagogía, a la enseñanza.
Por lo tanto, es muy importante disponer de maestros bien remunerados, con estabilidad financiera, para que puedan desarrollar de buena manera su labor.
Ahora, hay una pregunta que cae de cajón: si la ley permite solo 20 por ciento de personal a contrata, ¿por qué los municipios no llaman a concurso?
A lo mejor Sus Señorías no conocen la respuesta. Pero yo puedo darla.
Lo que sucede es que muchas veces los profesores a contrata, a pesar de que hacen una estupenda labor dentro del aula, de que ponen su conocimiento y su alma para enseñarles a los alumnos, no pueden ganar los concursos cuando compiten con otros de más años o con mejor currículum, pero no necesariamente con mayores posibilidades de enseñar en la sala de clases. De modo que muchas veces -y a mí me pasó- se llama a concurso y los buenos maestros de contrata no necesariamente quedan en los cargos como quiere el sostenedor. Así, en reiteradas oportunidades los municipios optan por aceptar tal situación pese a no ser lo que corresponde en estricto rigor.
Por lo tanto, me parece buena cosa regularizar tal situación, ayudar a los municipios para que les den titularidad y seguridad a los docentes.
Por otro lado, hay que respaldar con recursos a las municipalidades donde existen profesores que, no obstante haber cumplido la edad requerida, no pueden jubilar.
Tal como se ha dicho acá, debemos entregarles más dineros a las corporaciones edilicias para permitirles ayudar a la educación municipal mientras se mantenga en ellas.
Hoy los municipios no están ayudando a la educación pública. Necesitamos que el trabajo que se realiza en los colegios municipales se respalde con fondos públicos que posibiliten aumentar la labor que se está llevando a cabo.
Este proyecto me alegra profundamente. Conozco a muchos profesores que han laborado a contrata durante hartos años sin poder regularizar su situación. Por esta vía podrán hacerlo.
En todo caso, hay que sanear la situación existente, pues no se puede hacer esto cada cierto tiempo.
La permanencia de un profesor en un cargo de contrata debiera considerarse fuertemente en los llamados a concurso.
Hay que volver a revisar la forma como se procede a la titularidad de los cargos. Porque la situación que se da con los profesores a contrata (y lo conversábamos con los colegios y con maestros de la zona que represento) es bastante perversa, producto justamente de la manera en que se generan los concursos.
Así que, de verdad, esta iniciativa me alegra sobremanera. Espero que con ella se dé tranquilidad a los miles de profesores que están en la situación descrita pese a que dejan su alma y su vida tratando no solo de enseñar sino también de formar a numerosos niños.
Es lo que en justicia corresponde. Y espero que se entreguen mayores recursos a los municipios para que hagan cada vez mejor la labor que tienen encomendada.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, quiero partir valorando el tremendo esfuerzo que realizan todos los profesores de nuestro país.
Creo entonces, señor Ministro, que por ellos debiéramos haber partido nuestra reforma educacional.
En tal sentido, esta iniciativa viene justamente a poner en su lugar la dignidad del profesorado, la seguridad que necesitan los docentes para vivir como personas que se entregan por entero a nuestros jóvenes y a nuestros niños.
Los maestros necesitan estabilidad. Quienes ejercitan su vocación todos los días en zonas urbanas y en zonas rurales requieren estabilidad mínima en su empleo.
Eso no ha ocurrido. Y los Senadores que me antecedieron fueron bastante claros para referirse a la inestabilidad histórica que ha tenido el profesorado.
Es posible que esta iniciativa no les signifique más recursos, pero los maestros podrán decir con tranquilidad "Yo continúo mi trabajo en la Corporación o en el DAEM". Eso es fundamental, pues evita que los profesores a contrata tengan cada fin de año incertidumbre sobre la renovación de sus contratos, lo que no es bueno para personas que dedican su vida a formar a nuestras generaciones, ni tampoco para sus familias.
Por eso, en primer lugar, valoro el trabajo del profesorado. Y creo que esta es una manera mínima de colaborar con él y apoyarlo frente a una reivindicación histórica que el Estado no ha satisfecho.
En nuestro país, cualquier empresa privada ha tenido muchos más derechos que el profesorado.
Por eso, debemos nivelar a las personas más importantes de nuestra sociedad: los maestros.
De otro lado, señora Presidenta, debo hacer presente que los profesores sin titularidad son -y lo manifestó otro Senador- sujetos de crédito complejos, a los que se les cobra más por los préstamos. Entonces, deben acudir a las casas comerciales, donde las tasas de los créditos se los comen. ¿Y qué queda al final de mes? Pagar intereses y seguir con la incertidumbre de si el año siguiente van a tener trabajo.
Yo quiero valorar esta iniciativa.
Actualmente, en la Sexta Región, según la información que nos entregó el Ministerio de Educación, tenemos 2 mil 597 docentes de aula a contrata y vamos a aumentar en 1.976. En definitiva, señor Ministro, con este proyecto llegaremos prácticamente a 87 por ciento de profesores con titularidad.
Ahora, no puedo dejar pasar esta oportunidad sin referirme a lo que planteamos y conversamos con el señor Ministro durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos en el sentido de que los profesores y los niños rurales necesitan un apoyo distinto y de que, por problemas económicos de los municipios, estamos perdiendo la posibilidad de mantener muchos colegios en ese sector.
Al respecto, pienso que debiera existir -y estoy convencido de que el señor Ministro va a trabajarlo en la reforma educacional- una subvención adicional para el sector rural, de modo que sea pujante y no se desplace hacia el sector urbano, pues ello a la larga significa separar a la gente de su familia y del mundo en que ha vivido históricamente.
Por eso, señora Presidenta y estimado Ministro, me parece que este proyecto es de mínima justicia para el profesorado de nuestro país. Y estoy convencido de que vamos a aprobarlo unánimemente, pues los maestros de Chile lo merecen.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, no iba a intervenir, pues voté a favor de este proyecto cuando lo vimos acá, en esta Sala, hace algún tiempo.
Mi único comentario es que hago míos muchos de los aspectos planteados acá respecto a la justicia de lo que estamos haciendo; a la deuda pendiente; a que los municipios no cumplen la ley, como dijo el Senador José García; a que resulta inconcebible que el Estado haga la vista gorda ante el hecho notorio de que no se cumple el estatuto docente en cuanto al máximo de 20 por ciento de cargos de contrata.
Todo eso lo hago mío.
Sin embargo, voy a referirme a un punto específico, para que quede en acta y para que cuando discutamos los muy complejos proyectos que vienen, que serán largamente debatidos, no lo olvidemos.
Algunas Senadoras y algunos Senadores (entre estos el colega García-Huidobro) han dicho estar por la estabilidad, para evitar la incertidumbre de fin de año, cuando el personal a contrata no sabe si tendrá continuidad por la vía de la renovación de los contratos.
Yo comparto cien por ciento dicho planteamiento.
Pero también he escuchado otros argumentos, que no se dicen en esta Sala, sino fuera de ella, en privado, en el sentido de que la estabilidad no es buena amiga de la productividad o de la eficiencia del sistema de educación pública.
--(Manifestaciones en tribunas).
Entonces, como no comparto eso, quiero relevarlo acá. Y a todos aquellos que han hablado de la importancia de la estabilidad les pido que nos acordemos de eso al discutir el estatuto docente, cuando lo revisemos. Ello, para asegurarnos de que vamos a velar por la estabilidad y no nos desviaremos.
Tal es el punto que quería hacer.
Eso, ciertamente, en una sociedad con discusiones importantes: evaluación y capacitación docente; currículum de las universidades; duración de las carreras.
Yo soy de los que creen que no es necesaria la posibilidad de cercenar la estabilidad laboral para obtener mejores beneficios.
El sector público de planta funciona relativamente bien; y son funcionarios que tienen ciertos beneficios. Pero esto no es único y prioritario de Chile: ocurre en otros países del mundo.
Yo no veo por qué, existiendo un sistema de evaluación razonable, exigente, periódico, no puede haber estabilidad laboral y, además, buenas remuneraciones, con espacio adecuado para que los profesores preparen sus materias, hagan las clases, se capaciten.
Todo eso implica una decisión mayor. Y la vamos a ver, ciertamente, a partir del año 2015.
Me alegro de que señores Senadores hayan hecho referencia a la importancia de la estabilidad. Si mencionamos hoy este elemento para justificar el traspaso de contrata a la planta, convendrá recordarlo cuando discutamos sobre el régimen de largo plazo que requerirán los profesores y no echarlo en saco roto dando vuelta el argumento.
--(Aplausos en tribunas).

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Por 37 votos a favor, se aprueba en general el proyecto, como también la indicación del Ejecutivo, quedando el primero asimismo aprobado en particular.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
--(Aplausos en tribunas).


La señora ALLENDE (Presidenta).- Saludamos y agradecemos la presencia de quienes nos han acompañado en las tribunas.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Felicitaciones!
Se ha obtenido una altísima votación, de prácticamente la totalidad de los señores Senadores.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levantará la sesión, sin perjuicio de enviarse los oficios llegados a la Secretaría.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Alcalde de Punta Arenas, a fin de solicitarle ESPACIOS PARA PLANTACIÓN DE CALAFATE EN PLAZAS DE PUNTA ARENAS, y al señor Director Nacional del Trabajo, con el objeto de pedirle NORMATIVA DE EXCEPCIÓN PARA LABOR DE TRANSPORTISTAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE MAGALLANES.
Del señor NAVARRO:
A la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, para que se informe SUELDO PROMEDIO DE TRABAJADORES FORESTALES; al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de pedir COPIA DE CONVENIO DE TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL; al señor Ministro de Energía, con el objeto de solicitar antecedentes sobre IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES; al señor Subsecretario de Pesca, para que remita información relacionada con INSTALACIÓN OBLIGATORIA DE GPS EN NAVES DE MÁS DE 12 METROS DE ESLORA; a los señores alcaldes de las comunas de la Región del Biobío, para consultarles POSTURA ANTE DECLARACIÓN DE CONCEPCIÓN COMO REGIÓN METROPOLITANA; al señor Alcalde de Concepción, a fin de preguntar MOTIVOS DE NO OTORGAMIENTO DE PERMISO A COMERCIANTES AMBULANTES CON OCASIÓN DE FIESTAS DE FIN DE AÑO y por CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS EN CERRO CARACOL; al señor Superintendente de Educación, pidiendo antecedentes de CRITERIOS DE UNIVERSIDADES PARA FIJACIÓN ANUAL DE ARANCELES Y MATRÍCULA; a la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios y al señor Superintendente del Medio Ambiente, para que se informe respecto de CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS POR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SECTOR DE ALTO RARI, COMUNA DE TOMÉ; a los señores Director Nacional de CONADI y Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, para pedir antecedentes de CONSULTA INDÍGENA A RAÍZ DE AMPLIACIÓN DE PLANTA HORCONES, DE ARAUCO; al señor Director del Servicio de Salud de Concepción y, por su intermedio, al Hospital Regional de Concepción, para que se informe sobre IMPACTO DE MOVILIZACIONES DE PERSONAL DE HOSPITAL REGIONAL EN ATENCIÓN A PÚBLICO, y al señor Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, a fin de que entregue antecedentes relativos a CREACIÓN DE REGIONES METROPOLITANAS EN CONCEPCIÓN Y EN VALPARAÍSO.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:52.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción