REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 362ª
Sesión 76ª, en miércoles 17 de diciembre de 2014
Ordinaria
(De 16:16 a 23:21)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ISABEL ALLENDE BUSSI, PRESIDENTA,
Y SEÑOR EUGENIO TUMA ZEDAN, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de la Secretaría General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González; el Secretario General de Gobierno, señor Álvaro Elizalde Soto, y de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:16, en presencia de 15 señores Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 72ª y 73ª, ordinarias, en 9 y 10 de diciembre del presente año, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Veintidós de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los seis primeros retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las iniciativas que se señalan a continuación:

1.- Proyecto que modifica diversas leyes con el objeto de evitar y sancionar los hechos de violencia ocurridos con ocasión de campañas electorales (boletín Nº 8.980-06).

2.- Proyecto que establece ley interpretativa que adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de derechos humanos (boletín N° 6.422-07).

3.- Proyecto de ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (boletín N° 7.130-07).

4.- Proyecto de ley respecto de comunicación de órdenes de apremio en juicios de alimentos (boletín N° 7.765-07).

5.- Proyecto que modifica la ley N° 20.551, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, y el decreto ley N° 3.525, de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería (boletín Nº 9.624-08).

6.- Proyecto de ley que establece excepción para la pesca artesanal con línea de mano de la especie jurel y modifica regulación para establecimiento de ampliación de régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (boletín Nº 9.097-21).
Con los otros dieciséis retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", respecto de los asuntos que se especifican a continuación:

1.- Proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas (boletín Nº 8.132-26).

2.- Proyecto que modifica la ley N° 18.046 para exigir que en las sociedades anónimas abiertas los aportes de capital no consistentes en dinero sean aprobados por la mayoría de los accionistas minoritarios (boletín N° 8.480-03).

3.- Proyecto de ley que autoriza erigir un monumento a la ex Diputada señora Gladys Marín Millie (boletín Nº 7.523-24).

4.- Proyecto de ley que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público (boletín N° 8.335-24).

5.- Proyecto de ley que reconoce como deporte nacional a los juegos deportivos ancestrales de los pueblos originarios (boletín Nº 9.057-04).

6.- Proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en memoria del ex Ministro, abogado y defensor de los Derechos Humanos señor Jaime Castillo Velasco en la comuna de Santiago (boletín Nº 9.099-24).

7.- Proyecto de ley que modifica el régimen de probidad aplicable al Consejo Nacional de Televisión (boletín N° 9.398-04).

8.- Proyecto que declara la nulidad del decreto ley N° 2.191, de 1978 (boletín N° 4.162-07).

9.- Proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el fin de reforzar la protección de las víctimas, mejorar la función que desempeña el Ministerio Público y fortalecer la acción policial y la operatividad del sistema de justicia penal (boletín N° 8.810-07).

10.- Proyecto de ley que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales (boletín N° 9.514-07).

11.- Proyecto de acuerdo que aprueba la Enmienda al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 10 de junio de 2010, y las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión, de 11 de junio de 2010, ambas adoptadas en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, celebrada en Kampala, Uganda (boletín N° 8.182-10).

12.- Proyecto de ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía (boletín N° 6.499-11).

13.- Proyecto que adecua la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (boletín N° 8.886-11).

14.- Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (boletín N° 9.404-12).

15.- Proyecto de ley que incorpora en el Código del Trabajo el contrato de teleoperadores (boletín N° 8.263-13).

16.- Proyecto de ley que regula el alzamiento de hipotecas que caucionen créditos hipotecarios (boletín Nº 8.069-14).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el que solicita el acuerdo del Senado para nombrar Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental a la señora Ximena Insunza Corvalán (boletín Nº S 1.785-05), respecto de lo cual hace presente la urgencia en los términos del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que aprobó el proyecto de reforma constitucional que otorga reconocimiento constitucional al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública, con las dos enmiendas que señala (boletín N° 8.805-07).
--Queda para tabla.
Con el segundo informa que aprobó las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto que modifica la ley N°17.798, de Control de Armas, y el Código Procesal Penal (boletín Nº 6.201-02), con excepción de aquella que sustituye el número 4) del artículo 1°, que ha pasado a ser 12) en el texto del Senado, en lo que respecta al artículo 10 A, y comunica la nómina de la señora y los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que ha de formarse conforme lo dispone el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
--Se toma conocimiento y de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 47 del Reglamento de la Corporación, pasa a los Comités.
Con el último expone que aprobó el proyecto de ley que autoriza el uso de camionetas, jeeps y vehículos todo terreno como taxis de pasajeros en caminos de tierra y ripio (boletín N° 8.307-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
De la señora Ministra de Salud:
Responde acuerdo del Senado, adoptado a proposición de los Senadores señores Navarro, Araya, De Urresti, Girardi, Guillier, Lagos, Matta, Pizarro y Zaldívar, relativo al envío de un proyecto de ley que cree un fondo nacional de medicamentos de alto costo; aumente los recursos del Fondo de Auxilio Extraordinario de la Salud para el presente año, y se promueva una acción en nuestro país y en organismos internacionales para remplazar la expresión "enfermedades raras" por "enfermedades poco frecuentes" (boletín N° S 1.678-12).
--Queda a disposición de Sus Señorías.
Informea
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para imponerles a los concesionarios la entrega de información a Carabineros de Chile y otros servicios de emergencia, en los casos que indica, y sancionar el uso indebido de llamadas a ellos (boletín N° 9.597-07).
--Queda para tabla.
Mociones
Diez del Senador señor Navarro, con las que da inicio a las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto que modifica la Ley de Bosques para establecer la obligación de elaborar planes de prevención y combate de incendios forestales a los dueños de predios con aptitud forestal (boletín N° 9.810-01).
--Pasa a la Comisión de Agricultura.

2.- Proyecto que modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el fin de sancionar el uso en la publicidad comercial de mensajes o contenidos denigratorios de la dignidad de la mujer (boletín N° 9.803-03).

3.- Proyecto que enmienda la ley N° 19.496 con el objetivo de prohibir y sancionar el uso de contenidos racistas o discriminatorios en la publicidad comercial (boletín N° 9.804-03).

4.- Proyecto que introduce modificaciones a la ley que fija normas sobre protección de los derechos de los consumidores para establecer la presunción de daño moral respecto de las infracciones que causen muerte o lesiones, que impliquen engaño masivo o interrupción o mal funcionamiento en servicios básicos (boletín N° 9.811-03).

5.- Proyecto que modifica la ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para incorporar en el procedimiento especial para protección del interés colectivo o difuso el resarcimiento del daño moral de los afectados (boletín N° 9.812-03).
--Pasan a la Comisión de Economía.

6.- Proyecto que enmienda la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios con el fin de prohibir y sancionar el uso de mensajes o contenidos sexistas en la publicidad y la propaganda electorales (boletín N° 9.806-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

7.- Proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para incorporar entre los querellantes a cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia respecto de los delitos tributarios (boletín N° 9.813-07).

8.- Proyecto que incorpora en la ley N° 20.416 una sanción penal para castigar la conducta de las grandes empresas que no paguen, dentro del plazo legal, las facturas que adeudan a empresas de menor tamaño (boletín N° 9.807-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

9.- Proyecto que modifica la Ley de Tránsito en relación con los criterios de determinación de las indemnizaciones por daños (boletín N° 9.817-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

10.- Proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al ciudadano estadounidense señor Douglas Tompkins (boletín N° 9.809-17).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos Nacionalidad y Ciudadanía.
Dos de los Senadores señores Ossandón, García-Huidobro y Guillier, con las que inician los asuntos que se enuncian a continuación:

1.- Proyecto que modifica la ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad con el fin de considerar sus criterios de funcionalidad en materia habitacional (boletín N° 9.814-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.

2.- Proyecto que introduce modificaciones a la Ley de Tránsito en materia de clasificación de las escuelas para conductores (boletín N° 9.815-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Del Senador señor Chahuán, con la que inicia un proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en memoria del sacerdote señor Hernán Alessandri Morandé, en la comuna de La Florida, Región Metropolitana (boletín N° 9.805-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
De los Senadores señores Bianchi, Chahuán y Prokurica, con la que inician un proyecto que modifica el Código Civil con la finalidad de privar del derecho de demandar alimentos mayores a aquellas personas que hayan incumplido sus propias obligaciones como alimentante respecto de sus descendientes (boletín N° 9.808-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del Senador señor Letelier, con la que inicia un proyecto de ley que suspende por el plazo de cinco años la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros (boletín N° 9.816-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señores Ossandón, García-Huidobro y Guillier, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que instruya a los Ministros del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda, de Agricultura y del Medio Ambiente para que de modo coordinado adopten las medidas conducentes a la creación de un plan de contingencia nacional de incendios forestales (boletín Nº S 1.786-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la Cuenta.
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El señor QUINTEROS.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, quiero formularle dos peticiones.
En primer lugar, en la sesión de ayer, martes 16 de diciembre, se resolvió remitir a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el proyecto sobre violencia en los estadios (boletín 9.566-29), que contiene una serie de modificaciones a la ley N° 20.502 y establece nuevas atribuciones a los intendentes.
Por las materias que trata la referida iniciativa y en mi calidad de Presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización solicito que se rectifique lo obrado ayer y se envíe a nuestra Comisión.

El señor TUMA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para remitir dicha iniciativa desde la Comisión de Constitución, que fue lo que se determinó originalmente, a la de Gobierno, Descentralización y Regionalización?
--Así se acuerda.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, en segundo lugar, solicito que se autorice a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para tratar en general y en particular el proyecto que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín 7.550-06).
Ello, con el objeto de permitir la discusión y votación de la indicación sustitutiva que presentará el Ejecutivo a esta iniciativa.

El señor TUMA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a la petición de Su Señoría?
--Así se acuerda.
V. FÁCIL DESPACHO



FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS REGIONALES


El señor TUMA (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, para fortalecer los consejos regionales, con informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.691-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 64ª, en 18 de noviembre de 2014.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 74ª, en 16 de diciembre de 2014.
Hacienda: sesión 74ª, en 16 de diciembre de 2014.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es modificar el régimen bajo el cual los consejeros regionales ejercen sus cargos de acuerdo a las mayores y más complejas funciones que deberán asumir al aprobarse las modificaciones en trámite de la ley orgánica constitucional respectiva.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió este proyecto en general y en particular, por ser de artículo único, y lo aprobó en general y en particular, con las modificaciones que consigna en su informe, por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca del artículo único y del artículo segundo transitorio despachados por la Comisión de Gobierno, y los aprobó en los mismos términos por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.
Cabe hacer presente que el artículo único permanente del proyecto debe ser aprobado con 22 votos favorables, por tener el carácter de norma orgánica constitucional.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 15 a 17 del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En discusión general y particular el proyecto.

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, Senador señor Quinteros, luego de lo cual podríamos proceder a votar.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el proyecto de ley que hoy conoce la Sala tiene por objeto modificar el régimen bajo el cual los consejeros regionales ejercen sus cargos de acuerdo a las mayores y más complejas funciones que deberán asumir al despacharse las iniciativas en trámite de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.
Se originó en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, e ingresó a la Honorable Cámara de Diputados, que lo aprobó por 91 votos a favor.
El Senado inició su estudio el 18 de noviembre de 2014, en que pasó a la Comisión de Gobierno Descentralización y Regionalización, la cual, dada su urgencia, lo debatió en general y en particular en sesión de 25 de noviembre del año en curso y lo aprobó con el voto unánime de los Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Zaldívar y el que habla.
Hago presente que a dicha sesión asistieron la Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Ximena Rincón; el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes; el asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Medina; el Presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, señor Marcelo Carrasco, y consejeros de las Regiones Metropolitana, de Valparaíso y de La Araucanía.
La iniciativa se halla dentro del marco de las reformas aprobadas recientemente en materia de Gobiernos Regionales, y regula para los consejeros regionales las siguientes materias:

1.- Permisos laborales.

2.- Justificación de inasistencias.

3.- Afiliación al sistema de pensiones y a la ley de accidentes del trabajo.

4.- Establecer viático en remplazo de los rembolsos.

5.- Incrementar la dieta, la que puede llegar a cien por ciento para los consejeros regionales.
Durante el debate, se observó que había que introducir algunas modificaciones para que la iniciativa resultara armónica respecto de sus objetivos, que son del siguiente tenor:
1) Corregir un error de hecho en el inciso segundo, nuevo, del artículo 39, que incorpora la letra b), pues de mantenerse la frase "de conformidad a lo señalado en el inciso anterior," se produciría un efecto contrario al esperado, y el Presidente del Consejo Regional recibiría una dieta inferior a la de los demás consejeros regionales.
En consecuencia, se propone eliminar la referida frase.
La norma, entonces, entrega al Presidente del Consejo Regional la misma dieta que perciben los consejeros regionales, incrementada en 20 por ciento.
2) En el inciso sexto del artículo 39, que ha pasado a ser noveno, eliminar la expresión "por concepto de alimentación y alojamiento". Así, el Consejo Regional podrá encomendar el cumplimiento de tareas a sus miembros con derecho a pasajes y rembolso de gastos en la medida que exista disponibilidad presupuestaria.
Ambas modificaciones fueron aprobadas por la misma unanimidad señalada en un párrafo precedente, y se encuentran explicadas en el informe y expresadas en el comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Con esta norma, señor Presidente, se hace justicia respecto de los centenares de consejeros regionales, quienes asumen su tarea con todas las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos, como legítimos representantes de sus territorios que son, pero que solo reciben una compensación parcial y al final deben realizar su función con sacrificio de sus actividades particulares.
Pero también con la ley en proyecto se reconoce la relevancia del Consejo Regional dentro de la institucionalidad actual, pues es el órgano de representación que se da la comunidad llamado a ejercer el gobierno, junto con el intendente, en cada una de las quince Regiones de nuestro país, y por lo tanto, a velar por su desarrollo económico, social y cultural.
Esa misión del Consejo Regional, además, deberá ser aún más importante con las nuevas funciones y atribuciones incluidas en futuros proyectos de ley que recojan las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional.
Es este, por lo tanto, un paso más en el objetivo impostergable de Chile de descentralizar su gobierno y administración.
Por las razones anotadas y por la premura que requiere el despacho de esta iniciativa, en consideración a las nuevas funciones que tendrán que cumplir los consejeros regionales, quienes han sido elegidos democráticamente, propongo a la Sala la aprobación en general y en particular del proyecto en debate.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Le daré la palabra al Senador señor Espina para fundamentar el voto.
Además, informo que una vez terminada la votación llamaré a reunión de Comités. Lo señalo a los efectos de que los jefes de bancadas estén atentos.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Para fundar el voto, tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, ¿podría darle la palabra a otro Senador, pues estoy revisando un asunto que vimos en la Comisión? Después me la ofrece a mí, si es tan gentil.

La señora ALLENDE (Presidenta).- No habría problema, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, nosotros vamos a aprobar este proyecto, que ha generado una larga discusión en el Parlamento (no es solo de ahora, sino que viene de atrás).
Desde mi perspectiva, ello tiene que ver con el sentido y la naturaleza de las autoridades que uno quiere para Chile.
Yo estoy convencido de que el gobierno y la administración regionales requieren las mejores personas de que se pueda disponer. Y, obviamente, eso está vinculado, para el ejercicio adecuado, intenso, preocupado de sus cargos, con la existencia de una dieta lo más parecida a lo que pudiera generar alguien que tuviese dedicación importante a una función tan significativa como aquella.
Solo en la Región que represento estamos hablando de personas que administran directamente cerca de 55 mil millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y que son relevantes para muchas otras decisiones que espero se vayan entregando en forma creciente a las regiones.
Entonces, parecía del todo insuficiente la forma como se habían abordado originalmente aquel concepto y la remuneración. Esta última se duplica: sube de 10 a 20 unidades tributarias, más una serie de regularizaciones en materia de dieta; viáticos; certificación por inasistencia; acceso más fácil a las reglas del decreto ley N° 3.500 en lo relativo a pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivencia (es un mejoramiento, no la creación de un régimen especial).
Sé que lo que se plantea puede ser insuficiente para algunos. Pero por algo surgió la denominación "`Ley Corta' de los consejeros regionales". Y se debe insistir, por tanto, en que el fin es acotado: esencialmente, lo necesario en materia remuneracional.
Yo siempre he dicho que no porque la ley sea corta resulta innecesaria. Importa mucho tener remuneraciones adecuadas.
Después viene la discusión respecto de las facultades. Y esto se cruza con otro tema, que será un tanto complejo: si se elige al intendente regional -creo que así será-, cómo van a jugar las funciones entre el poder central versus el poder regional y cuál será el rol de los consejos regionales.
Sin embargo, esa es una materia que no se pretende abordar a través de la ley en proyecto. Lo que hace esta es básicamente, tras oír a los consejeros regionales -quiero dejar superclaro eso desde la perspectiva tanto de la Comisión de Gobierno cuanto de la Comisión de Hacienda-, dar un paso transversal que permite, con una mirada de largo plazo, determinar una retribución más justa, considerando especialmente la dedicación que requiere el ejercicio serio de la tarea de los cores, que reviste tanta importancia para las regiones.
Adicionalmente, recogiendo varios elementos que podrían parecer poco importantes pero que sí tienen significación, se procedió al establecimiento de normas más razonables en materia de viáticos vinculados con la alimentación y otros aspectos.
Queda pendiente la "Ley Larga", la que será objeto de otro tipo de discusión. Pero insisto en que este es un avance necesario, que espero sea bien recibido por las regiones de nuestro país.
Por eso, votaremos a favor.

La señora ALLENDE (Presidenta).- A los señores Senadores que están en la Sala y no han votado les pido que lo hagan.
Para fundar su pronunciamiento, tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Por supuesto, señora Presidenta, voy a votar a favor de este proyecto. Empero, quiero dejar constancia, para la historia fidedigna de la ley, de que en ninguna de las legislaciones dictadas se ha valorado en su real dimensión la enorme responsabilidad de los cores en todas las regiones de nuestro país (por supuesto, cuando hablo de regiones incluyo a la Metropolitana).
Los cores administran una cantidad enorme de recursos. Y, si quieren hacer bien su labor, prácticamente deben dedicarse en jornada completa a determinar, a base de los mensajes que les envía el intendente, qué proyectos son convenientes para el desarrollo de su región; si esos proyectos están bien hechos, para posteriormente fiscalizar su adecuado cumplimiento. Y ello, en extensiones territoriales enormes.
Al menos en La Araucanía, el rol de los consejeros regionales (y he conversado con los dirigentes de los cores de prácticamente todo el país) es muy relevante.
Ahora, si queremos cores dedicados en una función de gran importancia (la resolución sobre proyectos en que se hallan involucrados cientos de miles de millones de pesos), debemos preguntarnos si dichas autoridades están remuneradas en condiciones que les permitan ocuparse cien por ciento en sus tareas.
En mi concepto, estamos muy distantes de eso.
Desde luego, en muchas provincias no existen oficinas para que los consejeros atiendan a los vecinos.
Me contaba una core de la Región Metropolitana que, salvo una oficina ubicada en Santiago, en la Intendencia, debe reunirse con la gente (ello implica viajes permanentes) en estaciones de servicio o en restoranes de su sector, pues no tiene dónde atenderla.
Señora Presidenta, nosotros elaboramos leyes, pero, por falta de voluntad política, no las hacemos bien de una vez por todas.
Si queremos que los cores realicen bien su trabajo, primero hay que remunerarlos adecuadamente, para que puedan dedicarse a él en jornada completa.
En seguida, los consejeros regionales deben tener condiciones mínimas razonables para ir a terreno y fiscalizar el estado de los proyectos que aprueban.
Luego, hay que darles posibilidades para que se entrevisten con la ciudadanía. Recordemos que los cores son elegidos democráticamente; por lo tanto, la gente tiene pleno derecho a hablar con ellos.
Yo aspiro a que el próximo año, sobre todo cuando entremos a ver las cuestiones de fondo en materia de regionalización, hagamos una reflexión y lleguemos a una conclusión.
Esta iniciativa, por supuesto, mejora la actual situación de los consejeros regionales. Pero falta mucho terreno por recorrer.
Votaremos a favor. No obstante, debo puntualizar que, si queremos que los recursos públicos regionales se administren bien, en forma responsable; que se fiscalice en terreno lo que se está haciendo; que exista contacto permanente entre los alcaldes y los cores, entre los cores y las autoridades del Gobierno Regional, entre estas y los concejales y los parlamentarios para determinar si se saca adelante un proyecto o no y qué se prioriza, no tengo la menor duda de que hay que mejorar las condiciones laborales en que se desempeñan los cores.
Vamos a votar a favor. Pero debo reiterar que seguimos haciendo las cosas a media marcha. Y a media marcha es imposible lograr el objetivo de que las regiones inviertan bien sus recursos, como corresponde.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sin duda, esta iniciativa es muy importante. Pero, recordando que hemos de abocarnos al proyecto de reforma educacional hasta su total despacho, debo señalar que, como ya intervino el número de oradores permitido en Fácil Despacho, se proclamará el resultado de la votación.

El señor BIANCHI.- ¿Y los que estamos inscritos, señora Presidenta?

El señor PIZARRO.- ¡Votan el 28 de diciembre¿!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Le pedí al señor Secretario dar el resultado de la votación porque la inscripción de al menos ocho Senadores imposibilita partir con el debate general del proyecto de reforma educacional.
Respecto de la iniciativa que nos ocupa convinimos -entiendo que lo señaló el señor Vicepresidente; yo estaba en una reunión particular- en que era suficiente que interviniera el número de oradores previsto por el Reglamento.
Entonces, Sus Señorías, les pido comprensión.
La votación está cerrada. Por lo tanto, se dará a conocer el resultado.

El señor PÉREZ VARELA.- El Senador García-Huidobro está pidiendo la palabra.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Es que no puedo permitir que hable solo uno de los oradores inscritos.

El señor MOREIRA.- El colega García-Huidobro quiere inhabilitarse.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Perdón! Esa es otra cosa.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, me inhabilito en este proyecto porque un hermano mío es consejero regional.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dejará constancia de ello, señor Senador. Y le reitero mis disculpas.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor); por no haberse formulado indicaciones, se aprueba también en particular, y su discusión queda terminada en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldíva

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La señora ALLENDE (Presidenta).- Convoco a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 16:39.
--Se reanudó a las 17:4.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Continúa la sesión.
Los Comités acordaron solicitarle al Ejecutivo que retire la "discusión inmediata" del proyecto vinculado con el reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel. La idea es tratar de discutirlo en la primera semana de enero próximo.
Está pendiente la respuesta del Ejecutivo. Si fuera negativa, deberíamos tratar la iniciativa el lunes 22 de diciembre.
VI.ORDEN DEL DÍA



ADMISIÓN DE ESTUDIANTES, ELIMINACIÓN DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y FIN A LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS CON APORTES ESTATALES


La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde proseguir la discusión general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la admisión de estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.366-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 57ª, en 21 de octubre de 2014.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 74ª, en 16 de diciembre de 2014.
Discusión:
Sesión 75ª, en 17 de diciembre de 2014 (queda pendiente su discusión en general).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Les ruego a los oradores inscritos que se atengan a los 10 minutos que les corresponden.
En la continuación de la discusión general, tiene la palabra en primer lugar el Senador señor Tuma.


El señor TUMA.- Señora Presidenta, anuncio mi respaldo a este proyecto, que pone fin al lucro en la educación cuando se usan recursos públicos; termina con la selección -nos referimos a la selección arbitraria-, y pone fin al copago, porque, en definitiva, el modelo existente ha instalado la idea de que el futuro de los estudiantes está determinado por los ingresos de sus padres.
Esta iniciativa restablece la posición del Estado para que garantice la educación como un derecho y no como un bien de mercado.
Cuando el Estado ejercía la educación -por ejemplo, en la época de Pedro Aguirre Cerda- pudimos tener una Gabriela Mistral, un Pablo Neruda, quienes, habiéndose formado en escuelas públicas, llegaron al sitial que conocemos. Y lo propio sucedió con presidentes de la república durante el antiguo sistema educacional.
Entonces, estamos recuperando la educación como un derecho. Y eso es lo que contiene el inicio de la reforma.
Ahora, este proyecto no lo es todo.
Queremos que el derecho que se consagra garantice que la educación sea para todos los que quieran estudiar y que no exista una barrera que frustre las expectativas, las esperanzas, los sueños de padres que anhelan que sus hijos también puedan recibir una educación buena, de calidad. Y esto no tiene que ver con si el establecimiento es particular, particular subvencionado o público, sino con un modelo de enseñanza que debemos reformar en el contexto de 8, 9 o 10 proyectos, de los cuales este es el primero.
Algunos pensábamos que habría sido bueno partir por el fortalecimiento de la educación pública (el Ejecutivo ya ha planteado iniciativas para ese efecto). Pero, en definitiva, creo que este es un paso que hemos de dar para hacer de Chile una nación más justa.
Porque Chile -reconozcámoslo- es un país clasista. También, racista. Es un país que territorialmente no permite el desarrollo con igualdad de oportunidades.
Por tanto, tenemos mucho que hacer en materia de educación.
Pero no se trata solo de este proyecto. Él no va a resolver la enorme segregación existente. Es el primero de muchos otros.
Esta iniciativa indica por dónde hay que comenzar. Pero también es un testimonio de cuán delicado resulta abordar reformas en la educación sin participación de los ciudadanos, sin la mayor parte de la gente.
Yo siento que hemos puesto el dedo en la llaga de un modelo que es necesario transformar. Pero siento también que no hemos escuchado suficientemente a la diversidad de nuestro país.
En mi concepto, hay que darle una vuelta a la idea de aplicar un sistema uniforme a todas las realidades.
En la Novena Región, por ejemplo, de los 1.225 establecimientos existentes, 60 por ciento son rurales; y de estos últimos, la mayoría son particulares subvencionados. Hay allí, pues, un aporte del sector particular subvencionado.
Pero, por otro lado, debemos reconocer que los establecimientos públicos y los particulares no están dando el ancho para la calidad de educación que Chile necesita.
Este proyecto no va a resolver el problema de la calidad. Su propósito es controlar que los recursos del Estado se empleen efectivamente en la enseñanza y eliminar el lucro, para impedir que quienes se dedican a esta actividad como un negocio sigan extrayéndole recursos al Fisco y no los dejen en la educación. Pero existen realidades diversas. No veo lucro en más del setenta por ciento de las escuelas, que son rurales, o en el setenta por ciento de esos establecimientos en el país, que cuentan con menos de trescientos alumnos. Si analizamos el lucro desde el punto de vista de los excedentes, constataremos que la mayoría de ellas apenas se desenvuelve con la subvención escolar.
Falta fiscalización, así como dedicación de parte del Estado para mirar qué está ocurriendo con la insatisfacción de muchos padres y apoderados respecto del modo en que se entrega educación, tanto pública como privada.
Por tanto, es necesario iniciar un debate muy a fondo acerca de qué quiere Chile.
Con la misma fuerza que defiendo el proyecto de fin al copago, elemento discriminador; de fin al lucro, en función del cual se llevan recursos para cosas distintas de la educación, y de fin a la selección, que se traduce en un trato desigual, quiero manifestar que defenderé el derecho a que la Nueva Mayoría y el Congreso puedan plantear la diversidad. No me asusta que dentro de nuestra coalición se registren diferentes opiniones.
Nosotros aprobaremos en general la iniciativa, y en la discusión particular vamos a revisar qué haremos específicamente con los docentes, cuyo parecer es muy importante; con los padres y apoderados; con las escuelas rurales, con las especiales.
En la Región de La Araucanía, más del setenta por ciento de estas últimas se encuentran en el sector particular subvencionado.
Me he contactado con padres y apoderados de niños en una situación de discapacidad, y no se sienten satisfechos. Estamos haciendo un gasto, claro, pero no valen solo su calidad o su cantidad, sino también la satisfacción de los menores y el aprendizaje que puedan alcanzar, factor que no medimos. No estamos entregando recursos vinculados al resultado en materia de aprendizaje o del afecto que debe experimentar el pequeño. Ello dice relación con cualquiera de ellos, pero muy especialmente con los más vulnerables, quienes se encuentran en una situación de desigualdad frente a los demás.
Por consiguiente, hay mucho por hacer en particular respecto del proyecto, sin perjuicio de los otros. Hay mucho por debatir. Hay mucho por escuchar. Hay mucho por llevar a cabo para hacer participar a los padres y apoderados, a la comunidad escolar, a los docentes, y ver de qué manera vamos dando cuenta de las particularidades de nuestro país. Chile no es Santiago, sino que comprende todo su territorio, donde existen realidades diferentes.
Estoy seguro de que el señor Ministro ha comprendido la señal de algunos parlamentarios que estamos preocupados de lo que pasa en cada una de nuestras zonas. Por ejemplo, en la Novena Región hay 66 escuelas especiales, y de diez, siete son particulares subvencionadas. Deseo saber cuál será el tratamiento que les daremos. ¿O dejaremos abandonados a su suerte a los niños que se encuentran en desigualdad para enfrentar la vida?
Mas también quiero decir, con mucha fuerza, que no deberíamos dar excusas para defender a las escuelas pequeñas, especiales o rurales, sin regular a los grandes sostenedores. Porque varios de ellos también hacen un negocio con la educación, pero no se encuentran en los establecimientos del mundo rural, especiales o con menos de 300 alumnos, sino en las grandes inmobiliarias.
Por eso, la ley no puede significar lo mismo para todos. Tenemos que hacer una diferenciación respecto de aquello que ha de atenderse desde el punto de vista de la diversidad y la especificidad. En el debate en general no se nos presenta la oportunidad de avanzar al respecto, pero esperamos presentar en la discusión particular las indicaciones suficientes para hacer sentir que este es un proyecto que cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, que exhibe sentido común y que persigue el objetivo de lograr un Chile distinto.
Anuncio mi voto a favor.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de seguir con la lista de oradores, solicito el asentimiento para que pueda sesionar brevemente en paralelo con la Sala la Comisión Mixta que debe ver el proyecto que modifica la ley Nº 17.798, de Control de Armas, y el Código Procesal Penal.
Mi propuesta es que asistan tanto miembros de la Comisión de Defensa como de la de Constitución. Desde luego, ojalá ambos Presidentes. Y, como deben concurrir cinco señores Senadores, se tendrían que coordinar para designar a los otros tres integrantes.
Por supuesto, hay que citar a los señores Diputados.
¿Habría acuerdo para otorgar la autorización?
--Se accede a lo solicitado.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, abrigo la convicción de que lo más urgente es terminar con la improvisación en educación. Y el proyecto de ley es -lo digo con respeto- improvisación pura.
La historia educacional de nuestro país permite comprobar que las reformas -unas más, otras menos-, salvo la llevada a cabo en la década de los sesenta, que efectivamente significó un salto importantísimo en materia de cobertura, han ignorado al gran protagonista de una educación de calidad: los profesores. Y la que nos ocupa adolece del mismo error.
Digo lo anterior porque la iniciativa en debate representa, en régimen, un mayor costo fiscal de mil millones de dólares. Y la pregunta es a cambio de qué.
El aumento de la subvención general, la creación de la subvención por gratuidad, no significarán, por ejemplo, en el caso de las municipalidades, un mayor aporte financiero para mejorar la calidad de la enseñanza. Lo que harán es terminar con los aportes que ellas hacen a su sistema de educación. Por lo tanto, será un mayor gasto fiscal a cambio de nada en materia de calidad.
En los colegios con copago solo se reemplazarán los recursos que aportan hoy los papás, sin que ello importe fondos nuevos. Serán nuevos desde el punto de vista fiscal, pero en el financiamiento de la educación de uno de esos establecimientos implicará simplemente dicho reemplazo por el mayor aporte de este otro origen.
Todo lo anterior, sin ninguna obligación de mejorar las rentas y las condiciones laborales de los profesores, quienes, como he dicho, son el alma de una educación de calidad.
Señora Presidenta, estimados colegas, nosotros concurrimos al acuerdo para una reforma tributaria estructural tendiente a recaudar, en régimen, tres por ciento del producto interno bruto: 8 mil 200 millones de dólares, y lo hicimos en el convencimiento de que los objetivos planteados se cumplirían. Estos eran claros y precisos: financiar una reforma educacional que pusiera en el centro la calidad y lograr un mayor ahorro fiscal para compensar el menor ahorro de las empresas fruto de la reforma tributaria.
Hace solo un par de semanas despachamos el proyecto de Ley de Presupuestos para 2015. En Educación no se encuentran los recursos que tendrían que estar. Al menos faltan mil 200 millones de dólares. Y, en materia de ahorro fiscal, todos sabemos que no existe un avance para converger en un balance estructural cero en 2018, como es el compromiso, sino que, por el contrario, el déficit estructural de nuestra economía y el déficit efectivo van en aumento.
Lo que quiero decir es que, como estamos frente a uno de los proyectos de la reforma educacional, una mirada parcial probablemente no nos permitirá asignar los recursos de la manera integral que corresponde.
Se anuncia para los próximos meses un mejoramiento de las condiciones laborales de los profesores. Leí hoy en la prensa que ha trascendido que su sueldo inicial es del orden de los seiscientos cincuenta mil pesos y que pasarían a ochocientos mil. Si eso es así, por supuesto será un progreso, pero total y absolutamente insuficiente.
Y peor aún: mucho temo que, fruto del bajo crecimiento de nuestra economía, la reforma tributaria no permita recaudar lo que se ha dicho y, por lo tanto, no se cuente con los recursos necesarios para financiar en su integridad lo que se ha llamado "reforma educacional".
Por eso, una mirada parcial termina perjudicando el proceso mismo de la reforma y lo que debe ser más importante dentro de ella: el mejoramiento de las condiciones laborales y remuneracionales de nuestros profesores y de los funcionarios de la educación.
A quienes nos hemos expresado en contra del proyecto se nos ha acusado de llevar adelante una campaña del terror. Quiero leer parte de la intervención de la señora Mariana Aylwin, ex Ministra de la Cartera, en la Comisión de Educación del Senado:
"Me preocupan los efectos no previstos de este proyecto. Era previsible la reacción de sostenedores por un cambio que les perjudica. También era previsible la incertidumbre de los padres. Hay tensión, paralización tanto del sector privado como el estatal; hay un riesgo de polarización; hay también incertidumbre de los docentes. Pero además, se ha caricaturizado al sector privado. "Aquí vamos a ver quién tiene más vocación y quien le interesa el negocio". O las caricaturas de los padres, manipulados, arribistas, ignorantes.
"Cierre de colegios es una amenaza real.
"Colegios que pueden pasar a particular pagado es una amenaza real".
Y termina señalando:
"Mi pregunta final es si vale la pena tensionar así al sistema educativo por una reforma que ha sido improvisada, que no ha previsto sus efectos, que prescinde de la realidad. La política requiere un diálogo con la realidad y con todos los actores. La reforma a la educación requiere un acuerdo que la haga posible y sustentable.
"No se trata de mantener el statu quo, se trata de reformar con eficacia. No estamos fundando un sistema sobre un papel en blanco. Estamos escribiendo sobre la historia, sobre una realidad donde hay comunidades y personas que requieren ser consideradas, si no queremos que, en vez de seguir mejorando y dar el salto que anhelamos, nuestra educación tenga un retroceso.".
Tengo que expresar que me interpretan las palabras de la ex Ministra de Educación. Creo que el proyecto no está bien diseñado, no está bien pensado, no apunta a los problemas reales de la educación chilena.
Cuando hago referencia a una improvisación, no persigo el propósito de menoscabar el proyecto. Pero, en el caso de los colegios cuyos sostenedores son profesores mapuches y se sitúan en tierras de ese pueblo en la Región de La Araucanía, por ejemplo, ¿cómo se van a traspasar estas a las nuevas fundaciones o corporaciones sin fines de lucro si la ley justamente las protege para que permanezcan en propiedad de indígenas? Eso es improvisación. Eso es no percatarse de los efectos de la legislación que hoy día se nos está proponiendo.
En la Región de La Araucanía se enfrenta una realidad: registramos los peores indicadores en materia de educación. Sin embargo, las escuelas están diseminadas por toda su ruralidad precisamente en virtud del sistema de escuelas particulares subvencionadas.
Antes, los niños tenían que caminar cinco o seis kilómetros para llegar al colegio. En la actualidad, los sostenedores se encargan de irlos a buscar a sus casas en furgones confortables y seguros.
Lo que pido es no matar esas acciones, que conducen realmente a la igualdad de oportunidades. Estoy seguro de que hoy día, a pesar de todas nuestras carencias, de todas nuestras deficiencias, los niños reciben una atención mucho mayor. ¡Sigamos mejorando!
Mi convicción es que tenemos que reforzar la educación pública, y mucho. Y también tenemos que apoyar a los sostenedores particulares, muy especialmente en aquellos casos en que atienden a menores más vulnerables.
Los pequeños no tienen por qué ser diferenciados, en cuanto a la ayuda que entrega el Estado, en función de si asisten a un colegio municipal¿

El señor TUMA (Vicepresidente).- Se agotó su tiempo.
Puede concluir, Su Señoría.

El señor GARCÍA.- ¿ o a uno particular subvencionado. Los niños son niños. Son hijos de nuestra patria. ¡Apoyémoslos a todos con idéntica fuerza para que puedan salir adelante!
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Puede intervenir el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, el debate reviste una inmensa importancia.
A los chilenos nos ha costado siempre, en la historia, ponernos de acuerdo respecto de la educación. En el siglo XIX estuvimos cuarenta años debatiendo si el mercado entraba o no al sector. El Mercurio fue acusado de socialista, porque quería que el Estado sí lo hiciera.
A comienzos del siglo XX, estuvimos veinticinco años discutiendo sobre la obligatoriedad.
Y sería bien interesante leer las actas del Congreso, porque su contenido es casi igual a lo que se le escuchó decir a algún Senador hoy día en la mañana.
Con Pedro Aguirre Cerda y Frei Montalva hubo una cierta continuidad, una expansión y bastante unidad.
Y después vino la dictadura, que no le preguntó nada a nadie: impuso el modelo actual. Ello no se discutió con nadie.
Alguien se ha atrevido a afirmar que todo el asunto es ideológico. ¡Por supuesto! ¡Todas las veces anteriores fue ideológico y ahora también!
Insisto en que este es un debate de gran trascendencia. Valoro mucho que la Presidenta haya tenido el valor de plantearlo y de jugarse por materializar la reforma.
Asimismo valoro que el Ministro Eyzaguirre esté a la cabeza tratando de llevar adelante el proceso. Sé que es algo muy complejo.
Con la Derecha cuesta discutir, porque sostiene: "No quiero ningún cambio, ya que todo está bien". Es muy difícil tratar algo con ese marco. O sea, es imposible. El análisis básicamente se verifica al interior de la Centro Izquierda o con los distintos actores.
Deseo aclarar qué queremos hacer. Digamos las cosas como son: ¡Queremos un cambio estructural, modificar el paradigma! Eso no tiene que ver con la retroexcavadora, sino con que la organización del sistema presenta problemas.
¿Cuál ha sido el efecto de todo este modelo de mercado, de desmunicipalizar para que los colegios compitieran con los demás? ¡Una escandalosa desigualdad, que ninguno de nosotros puede aceptar! ¡Una calidad estancada! ¡Y el deterioro de la educación pública, que es la base de un sistema republicano!
¿Y qué esperamos ahora? Volver al curso histórico del que nos sacó la dictadura, reponer la cultura del derecho a la educación y la vigencia de un modelo de colaboración, de cooperación y de proyecto nacional.
Ello no es fácil. Y sé que puede o no resultar. Las reformas estructurales en educación no prosperan si mucha gente no las siente propias y no se juega por ellas desde dentro de las escuelas y desde fuera de ellas. Para un cambio de este tipo no basta con el Ministro ni con el Congreso: es preciso que la sociedad se involucre con mucha fuerza. Y está claro que hemos enfrentado dificultades y que tenemos que perfeccionarnos.
¿Qué imagina el Senador que habla, al menos, para el efecto de la reforma? Tres ejes. ¡Y son simultáneos, no una cosa antes y otra después! ¡Se trata de un gran proceso transformador, de un gran bloque por los cambios! Se requiere, primero, discutir mucho qué entendemos por educación y calidad; segundo, echar las bases de una nueva educación pública, y tercero, terminar con este modelo de mercado.
Sobre educación y calidad se podría hablar mucho. No dispongo de todo el tiempo necesario. Cuando los finlandeses emprendieron su reforma, partieron por preguntarse qué es más importante: los niños o los conocimientos. Un gran debate nacional respondió que los niños, por lo que cabía ordenar todo el proceso a partir del diagnóstico formulado y de los procesos de crecimiento y desarrollo de los menores.
¿Qué dicen otras personas que han reflexionado sobre el particular? Que en el mundo actual los niños están muy escindidos y que la educación debe permitirles integrar conocimientos, sentimientos, emociones, tecnologías. El eje debe ser el desarrollo de los niños.
Por ello, la libertad de enseñanza tiene que ver con que la familia pueda elegir el proyecto educativo, la comunidad de valores donde se va a desenvolver. Pueden existir muchos proyectos educativos, pero quien debe elegir es la familia. Y eso no existe en nuestro actual sistema.
Me gustaría referirme a muchas cosas que se han planteado.
Aquí el núcleo pedagógico, la relación entre los docentes, los niños y los contenidos son el nudo central. Todo debe estar en función de enriquecer eso, pero nuestro sistema no ayuda en tal sentido.
Creo que todos estamos claros de que el SIMCE es una camisa de fuerza con efectos perversos. Hoy es el eje articulador de la política educativa; no es calidad.
Queremos que los niños tengan mayor capacidad para reflexionar y pensar; que la educación despierte más solidaridad, confianza, respeto; que fortalezca la dignidad de los educandos y también la de los profesores.
El SIMCE no nos sirve; nos hace daño y tenemos que replantearlo, tal como lo discutimos en todos los debates relacionados con el sistema de aseguramiento de la calidad.
El segundo eje es construir una nueva educación pública. Este tema deberíamos discutirlo muy luego y ojalá que el Senado y cada parlamentario se pusieran a la cabeza de este objetivo, ya.
Esto es lo central, por lo que se va a evaluar al Gobierno, y tiene que ver con el futuro. Yo no voté a favor de la LGE, porque no tenía en el corazón la educación pública.
Debemos jugarnos por salir de la crisis de la educación municipal y crear una nueva.
Ello supone un nuevo marco institucional -no me detendré en esto porque no tengo tiempo-, pero también requiere que, desde ya, se movilicen todas las potencialidades que existen. Porque en los colegios públicos hay mucha riqueza, hay mucha potencialidad.
Tenemos que trabajar con los docentes y no contra estos; apoyarlos, escucharlos, confiar en ellos, proyectar lo mejor que hacen, y evitar esa creencia que tienen algunos en el sentido de que por miedo al despido van a trabajar bien.
Creo que debemos implementar un programa de desarrollo de los colegios, desde adentro y desde afuera. Esa debiera ser la tarea principal para la Nueva Mayoría durante el 2015 y el 2016: jugarnos por cambios desde adentro y desde afuera, además de los cambios institucionales.
He dicho que el 2014 no estuvo bien, pero lo hice pensando especialmente en que el 2015 y el 2016 deben ser un efectivo punto de inflexión.
El tercer eje es el proyecto de ley en debate.
Tenemos que redefinir el rol de los colegios particulares subvencionados en nuestro sistema educacional. Estos siempre han existido. Nadie quiere terminar con ellos. Solo queremos redefinir su rol en el sistema para que vuelvan a ser un factor, un cooperador de un proyecto nacional, pues el mercado los pone en una lógica de competencia. Se instalaron tres mil colegios particulares subvencionados al ladito de varios establecimientos públicos. Una parte de ello tuvo que ver con una expansión demográfica, pero otra no.
El lucro, el copago y la selección son el núcleo central de la lógica de mercado. Y creo que el SIMCE es el cuarto pilar de esa lógica, por lo que espero que pronto subsanemos este aspecto.
Que nadie se equivoque. Lo que queremos es terminar con este modelo.
¿Y el lucro? ¡Nunca existió en Chile! ¿En qué país de América Latina existe? ¿Qué pensaban Jorge Alessandri o Sergio Díez sobre el lucro? Se opusieron, en tiempos de la dictadura, a que se entregaran recursos públicos a colegios con fines de lucro.
¿Qué tenemos que hacer hoy día? Que los recursos públicos se destinen a fines educativos. Quien los saca para otro fin comete un delito y debe recibir sanciones.
Nosotros queremos que esto se regule bien para evitar lo que ocurrió con la educación superior. Y por eso deseamos incorporar algo que no está en el proyecto que llegó de la Cámara Baja: contabilidad completa del sistema, y además que entre el Servicio de Impuestos Internos y se implemente un programa de apoyo a determinado tipo de colegios.
No me queda mucho tiempo, pero quiero manifestar que los colegios más pequeños -los de menos de 400, 300 alumnos- deben ser objeto de una transición singular, pero caminar en la misma dirección, porque nadie ha planteado aquí que mantengan el lucro. Se trata de que pasen por un proceso de transición específico, dado que ellos no persiguen, en general, el lucro.
Sobre el fin del copago, solo quiero decir que vamos a aumentar mucho los recursos de todo el sistema. Y, dentro de eso, hay que considerar un aumento especial para los colegios públicos.
Si queremos salir de la crisis, necesitamos -como lo hemos discutido a propósito de las últimas tres Leyes de Presupuestos- incorporar los recursos en la ley.
Respecto a los temas de la inclusión, de la no segregación, del fin de la selección, creo que debemos pensar muy bien la etapa de transición, porque el objetivo está clarísimo: queremos un sistema en que no haya selección, en que no haya ninguna forma que separe o divida a los niños, de modo que entren en la mayor diversidad posible.
Por ello, la transición debe ser clara.
En primer año básico, ahí hay que seleccionar, e ir gradualmente, año a año, hasta completar el ciclo, mientras que en la educación media hay que empezar desde el primer año, si se trata de un colegio que solo imparta ese nivel de enseñanza, y seguir, también, gradualmente.
Pero queremos aplicar un sistema que permita la diversidad.
En el caso de los colegios emblemáticos y los especializados, igualmente debe haber una transición hacia la no selección.
Hay que aclarar esto. No lo confundamos con la existencia de proyectos educativos diversos. ¡Por supuesto que debe haberlos! Pero el sistema debe operar sobre la base del mecanismo de inscripción que proponemos. La familia verá en qué colegio matricula a sus hijos: si en uno más cargado a la música, o al arte. Y si el niño no tiene los talentos, que igual esté ahí, como lo plantean los propios directores de las escuelas artísticas, porque de repente en un niño se despiertan cosas que no estaban consideradas.
Pienso que la integración existió, en un grado importante, hasta el financiamiento compartido. El daño del financiamiento compartido fue que separó, que sacó a los niños de algunos colegios y rompió la integración.
Como me queda poco tiempo, quiero concluir diciéndole a la Derecha que entienda que vamos a hacer el cambio...

El señor MOREIRA.- ¡Háganlo!

El señor MONTES.- ... y nos gustaría que nos ayudaran a enfrentar los problemas que ellos señalan, para analizarlos y buscarles soluciones.
A los apoderados que nos acompañan en las tribunas, quiero recordarles que esta es una reforma para los niños y para Chile. Otra cosa es defender a las cadenas y a otro tipo de establecimientos.
Me parece muy importante conocer los problemas. En el caso de los colegios particulares subvencionados, que pasarán a ser particulares pagados y que hoy tienen niños que reciben enseñanza gratuita, hay que mantener las becas hasta que ellos terminen su educación.
Por eso, debemos analizar cada uno de los distintos problemas.
Por último, a quienes quieren el cambio, tengo que decirles que este debate es muy serio y que debemos mirarlo muy en perspectiva; no sacar pequeñas ventajas y empezar a jugar entre unos y otros, sino que tener la seriedad que se requiere.
Debemos perfeccionar el proyecto; ser intransables en los objetivos, pero pensar muy bien la transición. Más que nada, tenemos que ver cómo volcarnos el próximo año, ¡todos!, al gran desafío político de mejorar la educación pública.
Ojalá todos los integrantes de la Nueva Mayoría hiciéramos clases, o por lo menos aportáramos a un determinado colegio público; que diéramos una señal clara al país en el sentido de que la educación pública debe cambiar, generar un nuevo marco como un ejemplo ético de apoyo concreto y encontrar distintas maneras de hacerlo.
Finalmente, pienso que esta reforma es fundamental para Chile y para que el país vuelva a creer en la política, porque estamos construyendo un país con otras bases.
Muchísimas gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, antes de iniciar mi intervención, quiero hacer una aclaración a petición del Director del Instituto Libertad, Antonio Horvath Gutiérrez, quien me manifestó que ha sido tergiversado en la exposición de algunos señores Senadores, toda vez que él nunca ha dicho que es partidario de este proyecto de ley; sí reconoce que existen problemas en la educación chilena, pero que, por el contrario, esta iniciativa no los soluciona, razón por la cual está por impulsar una modificación.
Por lo tanto, cumplo con la tarea que me ha encargado el Director del Instituto Libertad.
Señora Presidenta, según los datos del Ministerio de Educación, el 2013 había 3 millones 538 mil escolares en nuestro país, de los cuales el 53 por ciento (más de la mitad) pertenecía a colegios particulares subvencionados; el 37 por ciento, a colegios municipales, y solo el 7 por ciento, a establecimientos particulares pagados. El 1,4 por ciento restante corresponde a corporaciones de administración delegada (industriales, técnicos, agrícolas y comerciales).
Por otra parte, de un total de 12.114 establecimientos, el 50 por ciento eran colegios particulares subvencionados; el 45 por ciento, municipales, y el 5 por ciento, particulares pagados.
Con respecto a los docentes, de un total de 207.761, el 46 por ciento trabajaba en establecimientos particulares subvencionados; el 43 por ciento, en municipales, y el 9 por ciento, en particulares pagados.
Según datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación, desde el 2003 al 2013 la matrícula en establecimientos municipales disminuyó un 27,6 por ciento, lo que implica una pérdida de más de 500 mil alumnos en diez años.
¿Qué significa eso? Que los apoderados quieren que sus hijos estudien en mejores condiciones -un gráfico que quería mostrar claramente así lo indica-, por lo que se han ido cambiando desde la educación pública a la educación particular subvencionada.
Creo, señora Presidenta, que uno puede compartir los objetivos de este proyecto, porque en los análisis de la realidad de la educación chilena hay ciertas coincidencias.
Por supuesto, todos debemos promover cambios para mejorar la calidad de la educación. Pero incluso el propio Presidente de uno de los partidos de la coalición de Gobierno fue muy claro en su discurso en cuanto a decir que, si bien coincide en la determinación del problema, no le da todo su apoyo a este proyecto de ley, pues tengo claro que tanto él como varios Senadores oficialistas no comparten los mecanismos que establece esta iniciativa para lograr el objetivo que se busca.
El proyecto de ley persigue avanzar en terminar con las desigualdades estructurales del sistema educativo, con el propósito de que el Estado de Chile garantice a toda su población el derecho a una educación de calidad. Para ello, la iniciativa se sustenta en tres ejes, que consisten en el fin al lucro en establecimientos que reciben recursos públicos, el término de la selección escolar y la derogación del sistema de financiamiento compartido, aspectos que apuntan a dar un marco sustentable que permita avanzar en asegurar el derecho a una educación de calidad, reducir las desigualdades y garantizar, de manera efectiva, la libertad de los padres y apoderados para elegir la educación de sus hijos e hijas, impidiendo la existencia de barreras económicas o de otro tipo para su educación.
En definitiva, el mensaje puntualiza que se busca avanzar a un cambio en el paradigma de la educación, a fin de reconocerla como un derecho social fundamental, poseedora de un valor público y republicano innegable.
Aquí, señora Presidenta, he escuchado a algunos señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, especialmente de las bancas del frente, hablar pestes sobre el copago, sobre la educación. Sin embargo, ¡estuvieron veinte años en el Gobierno, y fueron los inventores de algunos de estos elementos! Y no veo que hagan una crítica a sus gobiernos; tampoco una autocrítica a lo que fue su gestión en la educación. Porque estos cambios los pudieron haber hecho ellos durante esas dos décadas.
En aquella época -puedo dar los nombres- los Ministros y los Presidentes que propusieron estos mecanismos fueron de sus coaliciones. Y, especialmente, se busca tratar de poner la etiqueta de que todos los problemas que padece nuestra educación se habrían generado durante la gestión de la Alianza.
Eso es un error. Creo que los cambios se debieran hacer entre todos. Y coincido con el Senador Montes en el sentido de que pareciera que ustedes tienen la determinación de efectuar esta discusión entre la centroizquierda y la coalición de Gobierno, pero no con el resto de los partidos.
Eso es lamentable. Pienso que no se deben perder las esperanzas de encontrar acuerdos, sobre todo con quienes van a sufrir la problemática de este proyecto de ley si en definitiva se aprueba.
La libertad de enseñanza, señora Presidenta, que en Chile se encuentra asegurada desde 1874, no reconoce en la Constitución otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Además, a los padres se les reconoce el derecho de elegir el establecimiento de sus hijos. Sin embargo, la iniciativa que hoy discutimos incorpora elementos que restringen claramente la libertad de enseñanza, tanto a los sostenedores, que ven limitadas sus opciones de abrir, organizar y mantener establecimientos, como a las familias, principalmente de clase media, que se ven restringidas en su posibilidad de elegir, pese a que la tendencia va justamente en esa línea.
En tal sentido, los propios chilenos se han mostrado contrarios a esta reforma educacional. Según datos de la encuesta Adimark, que tanto nos gusta citar, el 56 por ciento de nuestros compatriotas se halla en desacuerdo con esta reforma, mientras que solo el 36 por ciento está de acuerdo con ella. Esto explica por qué el Gobierno está tan apurado en aprobarla.
Todos saben que nosotros pensamos que hay que hacer cambios y hacerlos a fondo, pero quiero pasar a leerles algunas declaraciones de personas que pertenecen a su coalición.
Hace pocos días, la propia Presidenta Bachelet manifestó, sobre la reforma educacional, que "Mi primer sentido fue partamos por la educación pública mientras hacemos otros avances". Algo así como, a mi juicio, un parche antes de la herida, como cuando se puso en marcha el Transantiago durante su primer Gobierno y la Presidenta señaló que había un sexto sentido que le decía que no iba a caminar. Pero pareciera que hoy se está repitiendo el mismo ejercicio.
Además, hay otras voces al interior de la misma coalición.
Mariana Aylwin, para nombrar solo a uno de los ex Ministros de Educación, expresó: "hay que tener en mente el Transantiago, porque (éste) se hizo con una construcción intelectual, pero cuando se implementó las cosas funcionaron de una manera distinta a lo que pensaron los expertos".
Gutenberg Martínez, que no pertenece a nuestro sector, manifestó: "En la reforma hay poca discusión de contenido, no hay una visión sistemática respecto de lo que se quiere hacer. Lo básico es calidad y equidad; no hay una sin la otra. Sabemos que las diferencias se dan en los niveles preescolares".
Termino citando las palabras de don Edmundo Pérez Yoma, ex Ministro del Interior del Gobierno de la Presidenta Bachelet, quien indicó: "El ministro de Educación no ha sido capaz de explicar bien al país qué es lo que quiere, cómo quiere llegar y en qué plazo".
Y así, podría seguir repitiendo declaraciones de personas pertenecientes a la coalición de Gobierno, donde, al parecer, existen opiniones muy dispares respecto de este proyecto.
Coincido con el diagnóstico de la Presidenta Bachelet en cuanto a que a Chile no lo aqueja un problema de cobertura, sino de calidad. Sin embargo, tengo la convicción de que este proyecto va en el sentido contrario. No se dice una palabra sobre la calidad. Aquí hay un atentado contra la libertad de elección de las familias, fundamentalmente de clase media, que aspiran a que sus hijos estén en un mejor colegio que aquel en que se educaron sus padres.
Por último, señora Presidenta, si con esta reforma estamos haciendo un nuevo Transantiago, como lo ha señalado la ex Ministra Aylwin, hasta ahora no les hemos preguntado a los "choferes", a los miles de profesores, que son quienes tendrán que implementar después los cambios, los que hoy, movilizados a lo largo de todo el país, molestos por el acuerdo alcanzado, entre cuatro paredes, entre el Ministerio y el Colegio de Profesores, se hallan marginados de la discusión de esta reforma.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, cuando la Presidenta Bachelet señaló durante la campaña que iba a emprender una reforma a la educación municipal, uno -sobre todo yo, que vengo del mundo comunal- pensaba: "Sí, efectivamente, hay consenso en cuanto a que es necesario mejorar la calidad de la educación, la cual, sin duda, es una herramienta que le permite a la gente salir adelante".
Lo que no se entiende es que, en este afán de optimizar la educación, principalmente de aquellas personas para las cuales la educación es el instrumento más importante para surgir y abrirse paso en la vida, no estemos hablando hoy de calidad.
En esta reforma la palabra que falta es "calidad", que constituye la esencia para poder entregarles una herramienta adecuada a nuestros niños, de modo que puedan salir adelante.
Existía consenso en torno a que, especialmente en la educación municipal, había que mejorar la calidad de la educación. ¿Y por qué en la educación municipal? Porque es aquella a la que asisten los niños más vulnerables, quienes, lo que no logren aprender dentro del aula, no van a aprenderlo en sus casas, debido a que sus madres trabajan afuera o bien no cuentan con el nivel de enseñanza necesario para dar los apoyos pedagógicos suficientes, más aún ahora, cuando los grados de conocimiento han aumentado las exigencias.
Sin embargo, de todo ello no se ve ni una palabra.
También se habló mucho -fue motivo de discusión, de manifestaciones callejeras y de múltiples debates- sobre el costo de la educación, básicamente de la educación superior.
A quién le puede caber duda de que a una familia de clase media que no es beneficiaria de ningún subsidio y que muy probablemente tiene tres hijos en la universidad le va a ser muy difícil pagar esas tres colegiaturas, si es que ha tenido la "suerte" de que los tres estudien en la educación superior de manera concomitante.
Sin embargo, hoy día tampoco se dice ni una sola palabra al respecto, a pesar de que se hizo una reforma tributaria para solucionar los problemas de los que se habló durante la campaña. En cambio, lo único que se menciona es algo que no se había tocado: los colegios particulares subvencionados.
Hicimos una reforma tributaria -se podrá decir que es más o menos; pero, sin duda, ha afectado el crecimiento y la inversión en el país- para abordar estas dos materias que no se tocan. Entonces, cuando escuché la discusión que se dio en la Comisión, cuando oí las declaraciones del Ministro, dije: "Aquí pusieron la carreta delante de los bueyes".
Lo que sucede es que partimos cercenando, mutilando, terminando con la educación particular subvencionada y no hemos hecho ni un solo esfuerzo para darles una alternativa real de educación de calidad a los padres en el sistema público.
Nos vamos a gastar la plata de la reforma tributaria en esto. Porque de acuerdo a distintos economistas, las proyecciones que hizo el Ministro de Hacienda, en cuanto a la recaudación que se iba a lograr gracias a la reforma tributaria, están bastante lejos de lo que será en realidad. Y cuando uno les pregunta a los miembros de la Comisión cuánto cuesta esta reforma para terminar con la educación particular subvencionada, tampoco hay respuesta.
¿Cuánto de lo que vamos a recaudar se va a gastar en esto? ¿Cuánto quedará para atacar el tema de fondo: la calidad de la educación? No se sabe.
Y creo que eso da cuenta de una improvisación y una irresponsabilidad feroces.
Por otra parte, me parece de una soberbia intelectual igualmente feroz el hecho de que sistemáticamente en distintas encuestas no solo el mundo político, el mundo académico, el mundo de los sostenedores, sino también la opinión pública digan que no concuerdan con esta reforma. Y qué escuchamos de parte de la Nueva Mayoría: "Lo que pasa es que no la conocen". Les tengo malas noticias, porque mientras más la conoce la gente, más la rechaza. Y qué señalan entonces: "Lo que pasa es que esto implica un cambio cultural. Es un cambio que genera dolor y por eso se da esta aversión o no hay una opinión favorable". A mi juicio, una justificación de ese tipo descalifica a la gente, a las personas, a los papás. Y también es feroz.
Yo tengo derecho a manifestar mi opinión sin que el mundo político, ni los parlamentarios, ni los dirigentes de distintas instituciones me digan: "Sabe, lo que pasa es que usted no entiende. Por eso, opina distinto de cómo lo hago yo"; "es que usted tiene que darse cuenta de que en realidad esto no le gusta ahora, pero después le va a gustar: ¡Créame, créame!".
En mi concepto, las explicaciones que se dan son de una soberbia intelectual feroz.
De otro lado, creo que meternos en la educación privada no tiene ningún sentido. Eso es de un ideologismo increíble. Si hay un colegio particular, de orientación católica, evangélica, de idiomas o, por último, de hombres o de niñitas, por qué, si no hay un solo peso público en su funcionamiento, el Estado va a determinar si yo, en mi calidad de papá, puedo o no definir el proyecto educativo en el cual quiero poner a mi hijo.
Es muy probable que los Senadores que están acá discriminen, pues ellos sí pueden seleccionar los colegios donde van a estudiar sus hijos. Y esos establecimientos tienen selección académica, porque a lo mejor no todos pueden pagar el mismo costo. Hay algunos que son muy caros y otros que cuestan menos. Por tanto, ahí se da una selección natural, de acuerdo al costo de cada colegio.
¿Por qué no puede haber una selección si yo quiero elegir el proyecto educativo del colegio en el cual deseo matricular a mi hijo?
De verdad, creo que esta reforma es muy mala.
Para terminar, quiero decir que en mi vida política me he caracterizado por decir las cosas que pienso y no quiero que esta sea una excepción. Y lo voy a decir de frente aquí y con todas sus letras: me parece que la actitud de la Democracia Cristiana es incomprensible. La actitud de la Democracia Cristiana, que ha dicho por los medios de prensa que no concuerda con este proyecto y vota a favor de la idea de legislar, me resulta incomprensible. Porque cuando uno dice que después va a presentar indicaciones, la experiencia enseña que ellas no son más que cambios de notas en una misma sinfonía. Y, por tanto, la esencia de la iniciativa no va a cambiar. Lo que vamos a aprobar es lo que está acá, con modificaciones menores. Pero lo que se va a aprobar es lo que hoy votamos.
Lamento profundamente que hoy sostengamos esta discusión. Creo que se hace un daño enorme. En lo personal, me hubiera gustado que se mejorara la educación pública. Les aseguro que cualquier papá que tenga a su hijo en un colegio de excelencia, de calidad, que sea público, no va a estar dispuesto a pagar ni cinco, ni diez, ni ochenta mil pesos, porque naturalmente va a mantener a su hijo en ese colegio público que entrega calidad. Pero no les estamos dando esa oportunidad. Les estamos cercenando, amarrando las manos, quitando la libertad y, más encima, hoy los descalificamos, diciéndoles que no son capaces de entender esta reforma y que por eso no concuerdan.
Voto en contra y lamento profundamente que hoy nos encontremos realizando este debate.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, aquí estamos llenos de paradojas.
El contexto en el cual se desarrolla la discusión de este proyecto tiene que ver con que alguien, en las elecciones presidenciales del 17 de noviembre del año pasado, obtuvo una gran mayoría de votos porque iba a reformar la educación. Pero estamos discutiendo una iniciativa que la gente, la ciudadanía, no apoya. Y como bien se ha dicho aquí, esta reforma educacional no cuenta con el respaldo de la gente. No hay nadie, ni en los establecimientos educacionales, ni en las calles, ni en la academia, ni en ningún lado que la apoye y sostenga que es lo que el país requiere.
¡Qué gran paradoja tener una mayoría para impulsar una iniciativa que la gente rechaza, que no apoya, que no visualiza como la solución para mejorar la educación que sus hijos necesitan!
Y no solo estamos frente a esa paradoja, sino también frente a otra cuando escuchamos a los Senadores oficialistas que nos plantean todo lo que se debe hacer, cuáles son los desafíos para el 2015, qué debemos hacer el 2015 y el 2016. Y nos dicen que perdimos el 2014 en materia educacional. No obstante, lo hemos perdido pues estamos discutiendo proyectos que no van en la línea de lo que el país, las familias o nuestros niños demandan.
Otra gran paradoja de este proyecto dice relación con lo que escuchamos y leímos profusamente en la prensa respecto del viaje realizado por el señor Ministro y una gran delegación a Finlandia. Ella radica en que cuando regresaron se produjo el silencio. Nadie sabe qué aprendieron en ese país; pero no hay duda de que estando allá se dieron cuenta de que una iniciativa como esta no se les hubiera ocurrido ni en sus peores pesadillas a los finlandeses.
La gran paradoja es que se nos dice: "Vamos a fortalecer la educación pública". Sin embargo, a mi juicio, claramente tienen una visión distinta de lo que el país comprende, de lo que la mayoría de las personas entiende sobre fortalecimiento de la educación pública. Pareciera que hubiera una injerencia excesiva del Estado en la educación, pues se confunde lo público con lo estatal (lo público va mucho más allá de lo que hace el Estado). Entonces, se genera una situación desventajosa para la actual educación pública, que requiere, sin duda, un esfuerzo especialísimo, un esfuerzo para mejorarla (recursos, capacidad, profesores, apoyo). Porque les dicen a todos -y ahí están los discursos- que van a desmunicipalizar.
¿Qué ha provocado esa frase? ¡Incertidumbre! Incertidumbre que no solo viven hoy miles de padres y apoderados en los colegios particulares subvencionados, sino también miles de funcionarios (profesores y alumnos) en la educación municipal, e incluso alcaldes. Porque cuando hablan de desmunicipalización no explican -creo que no lo saben- qué va a remplazar a la municipalidad. ¿Qué órgano? ¡Nadie sabe! Nunca lo han podido expresar.
Por lo tanto, lo que hacen es debilitar la educación pública. Por eso hemos tenido a los profesores en huelga. Por eso ha habido tomas de establecimientos educacionales. De ahí que la educación municipal se ha ido deteriorando cada vez más. Y los padres se han visto obligados, debido a que el Estado no les entrega una educación pública de calidad, a llevarlos a colegios particulares subvencionados.
Estamos llenos de paradojas que demuestran que, raya para la suma, el año 2014 ha sido un año perdido para la educación pública. Y cuando se pierde un año para la educación pública, señor Presidente, sin duda les causamos un daño profundo a millones de jóvenes, a millones de niños y niñas que quieren tener ese instrumento: la educación pública, para fortalecerse.
Pero, además, no solamente tenemos las paradojas mencionadas, sino las que aparecen cuando uno empieza a ver a quienes se aplican las normas de este proyecto. ¿Cómo bajamos de la teoría a lo que viven hoy día miles de establecimientos educacionales a lo largo y ancho del país en cada una de nuestras regiones?
El Vicepresidente, el Senador Tuma, decía que en su región había cientos de escuelas rurales, particulares subvencionadas, y a esas escuelas particulares subvencionadas se les van a aplicar esas disposiciones.
¿Y qué dicen estas normas? Que a quien ha montado, a quien ha estructurado un proyecto educativo en una escuela rural en sectores indígenas le vamos a decir: "¿Sabe? Usted tiene que entregar su propiedad. Usted tiene que instituir una fundación y desprenderse de lo que tanto le ha costado generar, de lo que tanto le ha costado estructurar". A esa persona, que tiene 200 o 300 alumnos, le vamos a aplicar estas disposiciones, porque le decimos "que hay que quitarles los patines"; que claramente están abusando y, por lo tanto, les pedimos que dejen de hacerlo. Ya en 2009 les señalaron a esos pequeños, cientos de miles de establecimientos educacionales que tenían que transformarse en sociedades educacionales, y ahora les señalan que deben eliminarlas.
¿Y qué significa dejar de lado las sociedades educacionales? Usted lo sabe, señor Presidente, todos lo sabemos: que la propiedad, que con gran esfuerzo levantaron muchas veces familias de profesores para atender a jóvenes vulnerables en el mundo rural y en la ciudad, la tienen que entregar. ¡A esos se les va a aplicar!
¿Y quiénes son esas personas? Se trata de 4 mil 263 establecimientos educacionales pequeños, de administradores que no tienen más de 3 establecimientos educacionales, cuyos ingresos no superan los 12 a 15 millones de pesos mensuales.
¡A ellos se les quiere decir que no pueden seguir entregando ese desafío educacional!
Por eso nosotros planteamos que tenemos un muy mal proyecto. Y cuando la gente lo conozca más lo va a rechazar en mayor medida, porque es de una profunda injusticia.
Cuando el país requiere que su educación pública mejore, esta iniciativa no solamente no hace nada para ello, sino que busca liquidar a esos sostenedores que perciben ingresos mensuales de entre 12 y 15 millones de pesos, que son la mayoría: más de 4 mil 200 pequeños sostenedores.
¡A esos se les aplicará esta ley!
¿Ese es el problema de la educación chilena?
¿Ese es el drama de la mala calidad de nuestra educación chilena: esos 4 mil 234 sostenedores a los cuales les vamos a aplicar estas normas?
No hay duda, señor Presidente, de que ese no es el problema de la educación chilena, sino otro, y todos lo sabemos: la calidad. Y en eso yo habría esperado que el 2014 se hubieran impartido programas de preparación de profesores; enseñándoles más inglés a nuestros alumnos; incorporando tecnología en cada una de nuestras salas de clases; buscando las fórmulas para que en vez de 45 alumnos tuviéramos 30.
¡A eso debiéramos estar dedicados! A que ese joven de nuestras poblaciones, de nuestros barrios, de nuestros sectores rurales hubiera estado recibiendo una mejor educación para ser un hombre útil y solidario el día de mañana.
Lo que hacemos es condenar a generaciones a una educación de mediocridad, inutilizando, defraudando y frustrando a miles de sostenedores que realizan un aporte a la educación, porque tenemos un prejuicio, una sospecha respecto de ellos, que carece de fundamento.
Este es un mal proyecto para Chile, y lo vamos a pagar en los próximos 15 a 20 años.
Espero que se cumpla lo planteado por el Senador Montes: que el 2015 y el 2016 sean verdaderamente los años de la educación, porque el 2014 fue perdido para la enseñanza pública de nuestro país.
He dicho.
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor NAVARRO.- Cuestión de Reglamento, señor Presidente.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, le pido que solicite a las tribunas guardar respeto a los parlamentarios que hacen uso de la palabra, porque cada vez que termina una intervención realizan manifestaciones.
Este es un debate serio.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Advierto al público asistente a las tribunas que mi obligación como Vicepresidente es hacer desocupar la Sala si se produce una manifestación que pueda reprochar. Así que les ruego que colaboren.
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El señor TUMA.- Pido la anuencia de la Sala para autorizar a la Comisión Bicameral encargada de ver cómo se estructura la consulta que se debe realizar a los pueblos originarios, para sesionar paralelamente con la Sala, a las 18:30, a fin de escuchar a la señora Ministra de Desarrollo Social.
¿Habría acuerdo?

El señor ESPINA.- No.

El señor TUMA.- Le insisto, Senador señor Espina, ¿no daría la unanimidad para que esa Comisión pudiera sesionar? Está citada la señora Ministra.

El señor ESPINA.- No tengo problemas en intervenir más adelante.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Vamos a citar a una reunión de Comités para efectos de¿

El señor ESPINA.- Señor Presidente, le quiero explicar: siendo, al igual que usted, representante de la Región de La Araucanía, no quiero, por supuesto, entorpecer que se dicte el reglamento pertinente y, además, soy miembro de esa Comisión, pero deseo intervenir con respecto al proyecto en discusión.
Entonces, no tengo inconveniente en que nos reunamos al término de esta sesión, pero ¿cómo podríamos escuchar estas intervenciones y simultáneamente constituir ese órgano técnico? Además, me corresponde hacer uso de la palabra en unos minutos más.
Le pido comprensión, señor Presidente.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Está en su derecho, Su Señoría.
La Honorable señora Von Baer también es miembro de esa Comisión y tiene el mismo problema.
Vamos a dejar sin efecto la citación.
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El señor TUMA.- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, preparando la intervención para este proyecto encontré una frase que me interpreta y creo que es donde hay que centrar la discusión de este enorme proyecto de ley de transformación que se ha propuesto: "Si la educación se hace gratuita, deja de ser una mercancía y vuelve a ser sencillamente educación". Manuel Riesco, Ingeniero Civil de la Universidad de Chile.
Hemos escuchado innumerables planteamientos, debates, argumentaciones respecto a la reforma de la educación.
Yo lo que veo -no siendo parte de la Comisión de Educación- es que carecemos de una educación a la altura de lo que merece este país, esta sociedad.
Hoy tenemos una enseñanza que segrega, que selecciona y que persigue fines de lucro, que no solo no forma a nuestros niños, sino que genera guetos: colegios para ricos, colegios para pobres.
Y no me hablen de la libertad de educación, porque hoy no existe la capacidad de los ciudadanos, de los apoderados que, legítimamente, defienden el derecho de que sus niños o niñas reciban mejor enseñanza, para elegir su educación. No existe tal libertad, como se ha planteado.
Nuestra sociedad se halla segmentada en colegios para A, B o C, en función del ingreso de los padres. Y esa selección en el ingreso se hace con fondos públicos.
Ahí radica el problema de fondo.
¿Qué es la educación?
¿Es una mercancía, un bien de consumo, como señaló una alta autoridad de nuestro país -imagino que representa a muchos de las bancas de enfrente-, que considera a la educación parte del mercado, con lo cual es admisible bajo ese criterio asignar, seleccionar y distribuir a los niños en los colegios?
¿O es un bien social garantizado, como ha manifestado la Presidenta Bachelet?
Más adelante discutiremos otros aspectos de la reforma.
La iniciativa que nos ocupa atiende la definición básica: dónde nos situamos, con qué perspectiva queremos formar una sociedad que rompa las desigualdades y asegure una base de ingreso igualitaria a los niños y las niñas de nuestro país.
¿O vamos a seguir con un sistema que permite a algunos colegios seleccionar a sus estudiantes y que segrega a la educación pública a los alumnos que no son aceptados en ninguna otra parte?
¡Eso no lo quiero, ni como Senador ni como padre!
No deseo que en Chile continúe dándose esa segregación, esa discriminación, ese divorcio en la sociedad, que impide que la educación sea un lugar común de encuentro, de formación, de entrega de valores a nuestros niños y nuestras niñas.
Eso hoy se halla segregado.
Digámoslo con claridad: ¡No al lucro!
Por eso, señor Ministro -por su intermedio señora Presidenta-, siga adelante con la reforma.
Aquí hay sectores que se resisten al cambio, porque se trata de un negocio de más de 400 millones de dólares, que llegan a manos privadas. Y no tenemos las facultades para saber cómo se administran esos recursos.
Por lo mismo, estamos pidiendo contabilidad completa, como indicó el Senador Montes. Esperamos que el Servicio de Impuestos Internos ponga el foco en esos establecimientos educacionales, para que desaparezcan estos verdaderos "patrones del lucro", quienes se han enriquecido gracias a la subvención escolar, que son fondos públicos.
Todavía recuerdo cuando en la Cámara de Diputados se señaló que, una vez entregada la subvención al sostenedor, esta se convertía en un bien absolutamente privado. Hubo algunos que expresaron que esas platas podían destinarse a lo que quisiera el sostenedor, incluso a jugarlas en los casinos.
Si partimos de la concepción de que la subvención estatal pasa a formar parte del patrimonio del sostenedor, motivo por el cual este la puede destinar al objetivo que le plazca, estamos claramente equivocados.
Que existan proyectos alternativos de educación, ningún problema. ¡Pero ni un peso desde el Estado para enriquecer a los sostenedores! ¡Ni un peso para el lucro! ¡Ni un peso para otra cosa que no sea la formación de los estudiantes!
Ese es el tema de fondo.
No nos dejemos convencer con algunos discursos sobre la libertad y la igualdad. En definitiva, aquí queremos terminar con el negocio de la educación.
Los sostenedores que opten por transformarse en fundaciones sin fines de lucro y crean en su proyecto educativo no van a tener problemas. Sin embargo, a los que buscan lucrar -parece que hay algunos presentes en las tribunas- se les presentarán inconvenientes con esta futura ley. ¡Y, obviamente, se van a resistir! Es obvio que algunos van a escuchar ese canto de sirenas, por cuanto va a terminar un lucrativo negocio para muchos sostenedores.
Es cierto que varios otros, legítimamente, han desarrollado un proyecto educativo porque creen en el modelo y quieren hacer un aporte. Pero también -digámoslo claramente- hay bastantes sostenedores que se han vuelto millonarios a costa de los fondos públicos que se les han entregado. No se trata de platas privadas ni provenientes del emprendimiento. No falseemos la realidad. ¡Son recursos públicos!
Para eso no estoy disponible.
Sí lo estoy, señor Ministro, para poner fin a la selección.
Para concretar la transformación que requiere la educación en nuestro país, como cambio cultural, como cambio de paradigma, con la finalidad de lograr una sociedad más igualitaria y que no segregue, tendrá el apoyo de este Senador, señor Ministro.
¡Adelante con el programa de la Presidenta de la República!
A los que lucran se les va a acabar la fiesta. Y, aunque no aplaudan o hagan gestos las personas de las tribunas, continuaremos la reforma con tal objeto.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, efectivamente este proyecto no resuelve todos los problemas de la educación en Chile. Lo relativo a la calidad, por ejemplo, obviamente no queda ciento por ciento solucionado.
También nos preocupa que la matrícula en la educación pública siga bajando. Hoy es del orden de 38 por ciento.
Pero la iniciativa en debate sí se encarga de algunos inconvenientes que se presentan en educación.
Hubiese sido deseable partir con el tema de la educación pública. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, y la misma Presidenta Bachelet manifestó que esa era su intuición.
Nadie sabe si la matrícula en la educación pública va a disminuir, aumentar o mantenerse en los próximos años. Se nos ha comunicado que el proyecto sobre esa materia ingresará a trámite una vez aprobado el que ahora nos ocupa. Tenemos bastante ilusión, muchas esperanzas, en que dicha propuesta legislativa sea contundente para detener esa baja en la matrícula de los establecimientos públicos.
Queremos discutir acerca de carrera docente, de profesores, de desmunicipalización, de mallas curriculares, de horas lectivas y no lectivas, del refuerzo que requieren los estudiantes con mayores problemas de aprendizaje, etcétera.
Reitero: esta iniciativa no resuelve todos los problemas, solo algunos.
Respecto del asunto que nos convoca, hago presente que los Senadores de la Democracia Cristiana, con el apoyo de la Nueva Mayoría, en la Comisión de Educación vamos a formular indicaciones para hacernos cargo de algunas materias que no se han solucionado adecuadamente, especialmente lo relativo a evitar el cierre de colegios buenos.
Aclaro que, a diferencia de lo que sostiene la Senadora Jacqueline van Rysselberghe, en la Democracia Cristiana no hay dos opiniones respecto de este proyecto. Nosotros respaldamos sus objetivos: terminar con el lucro en los establecimientos de educación que reciben fondos públicos, con el copago y, también, con la selección escolar, en tanto discriminación arbitraria, no como concepto en sí mismo.
¿Cuáles son los principios que compartimos y que buscaremos profundizar, precisar y aclarar mediante indicaciones?
En primer lugar, entendemos la educación como un bien público. En efecto, asumimos que se trata de un derecho social que debemos garantizar.
Para ello, concordamos en poner fin al lucro en educación con fondos públicos; aspiramos a la gratuidad, para eliminar una barrera de entrada fundamental que impide la inclusión desde la matrícula, y promovemos la libertad de enseñanza.
Por esta última razón, mantenemos un sistema mixto de educación pública y privada, que preserve el derecho de las familias a elegir distintos proyectos educativos, que asegure la calidad y equidad en la educación y que estimule la integración e inclusión de los estudiantes.
Entendemos que tales objetivos se cumplen sobre la base de los siguientes criterios.
Los fondos públicos destinados a educación deben gastarse en el proyecto educativo, y el sostenedor privado debe poder recuperar su inversión y remunerarse de manera justa y legítima por su gestión en cuanto cooperador educacional.
Para asegurar la continuidad del servicio educativo, respaldamos -y este es un acuerdo de los Senadores y Diputados de la Democracia Cristiana con los jefes de bancada, quienes participaron en la Comisión de Educación- tres condiciones generales: no exigir al sostenedor ser propietario de la infraestructura donde funcione el establecimiento educacional -ahí se observan algunas diferencias-; permitir el arriendo a un canon debidamente regulado, y admitir la mantención de gravámenes, producto de inversiones o de endeudamiento, para impulsar el proyecto educativo.
Sobre el aumento de la subvención y el fin del copago, aspiramos a la gratuidad, para eliminar así una barrera de entrada fundamental que impide la inclusión en la educación.
En la medida en que se incremente la subvención, deberá ir disminuyendo el copago en forma inversamente proporcional hasta su virtual extinción, peso por peso, como lo ha dicho el Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.
Mientras el Estado no logre ese objetivo, se deben autorizar los aportes del financiamiento compartido, manteniendo su valor presente y asegurando su disminución progresiva hasta que sea sustituida por la subvención fiscal.
En cuanto a inclusión, postulación y admisión, aspiramos a un sistema mixto de educación -reitero-, que preserve el derecho a elegir de las familias en una diversidad de proyectos educativos, que asegure la calidad y equidad de la educación y que promueva la integración e inclusión de los estudiantes.
Deben ser las familias las que escojan el colegio y no el colegio el que elija a las familias. Y la ley en proyecto tiene que definir esos criterios expresamente.
Señor Presidente, quiero reiterar -es muy importante que quede absolutamente claro- que nosotros compartimos dichos principios.
Cómo no va a ser lógico legislar para que el nivel socioeconómico no determine la educación de calidad que merecen los niños. Se requiere calidad y equidad.
Cómo no va a ser lógico conciliar el derecho a la educación -como un derecho social, no como un bien de mercado- con la libertad de enseñanza, respetando la autonomía de los padres a elegir entre diversos proyectos educativos.
Tal derecho no puede estar limitado por criterios socioeconómicos. Eso es discriminar arbitrariamente a los estudiantes.
Cómo no va a ser lógico asegurar la provisión mixta del sistema. Pues bien, esta iniciativa la garantiza. En todo caso, mediante indicaciones que presentaremos en su momento, nos preocuparemos de que ciertos instrumentos no impidan el cumplimiento cabal de este objetivo.
Somos el único país en el mundo que permite el lucro con fondos públicos y que autoriza el copago.
Prohibir lucrar en educación implica que los sostenedores privados pasan a ser fundaciones sin fines de lucro; que los fondos públicos se destinan solo a aspectos educacionales; que el sostenedor puede recuperar la inversión realizada, y que este va a recibir una remuneración por su gestión. Lo reitero porque a veces, a pesar de que esto se ha dicho mucho, algunos creen que estamos en otra cosa.
Insisto: el fin del copago resulta esencial para terminar con la segregación.
Se asignan 1.200 millones de dólares extra -lo precisó el Senador Ignacio Walker- para el primer año; 400 millones de dólares se utilizarán para sustituir el copago. En régimen, estamos hablando de 6 mil millones de dólares para el 92 por ciento de la matrícula en Chile. O sea, se aumentarán sustantivamente los recursos del Estado para la educación de los niños.
¡Cómo no va a ser importante eso, además de acabar con la segregación!
¡Cómo no va a ser importante lograr la gratuidad para ayudar al bolsillo de los padres, a quienes muchas veces les cuesta pagar!
Con este proyecto se hace un sacrificio para reducir el financiamiento compartido.
En la actualidad, no se permite seleccionar alumnos entre primero y sexto básico. Bueno, fortalecer esa línea, profundizarla, también nos parece positivo.
Señora Presidenta, no queremos que los colegios buenos cierren. En su oportunidad formularemos indicaciones para evitar que ciertos procedimientos o mecanismos impidan que buenos establecimientos particulares subvencionados sigan funcionando.
Con todo, queremos hacer esta reforma por una convicción muy profunda: la cuna, el lugar donde uno nace, no puede determinar la tumba, el lugar donde uno muere. La cuna, el capital sociocultural que uno recibe en la casa, no debe condicionar el futuro de los niños. El colegio, la escuela, el liceo juegan un rol fundamental para producir movilidad social.
Acá estamos hablando de democracia, estamos hablando de inclusión.
Por ello, señora Presidenta, nosotros compartimos ciento por ciento los principios que animan este proyecto de ley.
Solo hemos manifestado reservas y aprensiones con relación a ciertos instrumentos. Al respecto -repito-, presentaremos indicaciones durante la discusión en particular. Que se queden tranquilos quienes tengan dudas, ansiedad, intranquilidad -en especial, miles de padres en Chile-, pues podrán seguir llevando a sus hijos a los colegios buenos, sean privados o públicos.
Nosotros no tenemos ningún problema ideológico ni dogmático.
En cuanto a los establecimientos particulares subvencionados, cabe indicar que muchos profesores han desarrollado proyectos educativos. Ellos merecen respeto, y los padres también, además de la posibilidad de elegir la educación para sus hijos.
Nos vamos a preocupar de que los objetivos y anhelos referidos sean cumplidos a cabalidad, mediante la formulación de indicaciones en el siguiente trámite legislativo.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, luego de analizar las encuestas de opinión, me doy cuenta de que una inmensa mayoría de nuestros compatriotas está en contra de esta reforma educacional.
Ante ello, uno se pregunta: cuando el 54 por ciento de la población está en desacuerdo con este proyecto y solo el 36 por ciento lo apoya, ¿por qué será? ¿Porque nosotros tenemos una gran capacidad para influir en la opinión pública o porque los apoderados se han dado cuenta de que el núcleo central de esta reforma es profundamente equivocado?
Es curioso que los parlamentarios de la Nueva Mayoría sostengan que esta iniciativa ayuda a los apoderados, en circunstancias de que un gran porcentaje de estos estima que los perjudica.
Considerando esto último, yo solo pido que los escuchen un poco, porque alguna razón tendrán para oponerse. Muchos de ellos incluso han votado por la propia Presidenta Bachellet, y señalan sentirse decepcionados por cómo se ha enfrentado esta reforma educacional.
Todos pensábamos que esta iba a iniciarse con un proyecto para mejorar la condición de los profesores o para fortalecer la educación pública. Pero nada de eso ha ocurrido.
Veamos quiénes son estos tan vilipendiados dueños de colegios particulares subvencionados con fines de lucro. Ellos administran, en total, 508 establecimientos, donde estudian un millón 245 mil alumnos, lo que representa casi el 34 por ciento de la matricula nacional.
El 83 por ciento de los sostenedores (más de 4 mil) tiene un solo colegio; el 10 por ciento, dos colegios, y solo el 3 por ciento, cinco o más.
El 70 por ciento de ellos son profesores que están realizando su emprendimiento individual.
La mayoría de esos establecimientos educacionales cuenta con una matrícula promedio de 324 alumnos. Son laicos y ofrecen diversos proyectos educativos.
El 40 por ciento de los alumnos más pobres estudian en colegios particulares subvencionados en forma gratuita. Y el 70 por ciento de tales estudiantes se forman, también en forma gratuita, en establecimientos que persiguen fines de lucro.
Los chilenos han resuelto apoyar la educación particular subvencionada. Como prueba de ello, basta saber que, entre los años 1992 y 2009, de 529 mil alumnos se ha pasado a una matrícula de un millón 200 mil. Gran cantidad de niños se ha traspasado de los colegios públicos municipales, a los colegios particulares subvencionados.
¿Estarán todos los chilenos equivocados en esta materia? Sinceramente, yo creo que no.
La primera cuestión que plantea este proyecto es impedir la legítima ganancia de un emprendimiento, que en la inmensa mayoría de los casos ha sido hecho por profesores.
Y aquí se observa una diferencia de fondo: nosotros sí creemos en el derecho a la legítima ganancia.
Ahora bien, si alguien abusa de tal derecho y ofrece un mal proyecto educativo, como puede ocurrir también en un colegio municipal, entonces opera la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación. Estos dos motores deben velar por asegurar la calidad y por garantizar el uso adecuado de los recursos.
Sin embargo, impedirles a los padres poner a sus hijos en un colegio que fue levantado por un emprendedor que busca obtener legítima ganancia constituye una equivocación.
Lo segundo: terminar con la selección.
¡Otro error!
Hoy no se puede seleccionar desde sexto básico hacia abajo.
¿Por qué se le va a impedir a un buen alumno, uno que se esfuerza, que tiene ganas -yo lo he visto en la Región de La Araucanía- y que suele ser de origen humilde, cambiarse a un mejor establecimiento educacional en virtud de sus méritos? ¡Solo de sus méritos, de su esfuerzo! Por el contrario, se le castiga diciéndole: "Usted va a entrar a una tómbola". O sea, "Si estudia, se sacrifica y hay un mejor colegio, no puede cambiarse".
¡Es una enorme injusticia!
En cuanto al copago, por supuesto que lo ideal en una sociedad es que no exista.
Pero qué problema hay para que, mientras nosotros no seamos capaces de otorgar los recursos necesarios a la educación, los padres puedan contribuir a la enseñanza de sus hijos.
Por lo tanto, me parece que la columna vertebral de este proyecto está profundamente equivocada.
Ahora voy a los aspectos constitucionales, señora Presidenta. Y quiero hacer expresa reserva, porque esta iniciativa tiene graves vicios de inconstitucionalidad.
De acuerdo al artículo 19, número 11°, de nuestra Constitución, "La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.".
El artículo 1° de la Carta Fundamental señala que "El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.".
Los colegios son precisamente organizaciones intermedias.
Adicionalmente, Chile suscribió el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se señala expresamente que "Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe...".
La pregunta es si las regulaciones que se han hecho son mínimas, como también lo exige nuestra propia Constitución al señalar que "una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los distintos niveles de la enseñanza".
Yo debo señalar que, objetivamente, las regulaciones que se han establecido exceden con creces los requisitos mínimos exigidos para regular un establecimiento educacional.
Son 27 exigencias. Muchas de ellas, incluso, no dependen del sostenedor.
Pongo un ejemplo: el de un sostenedor que arrienda un colegio y el día de mañana le dicen, uno, que no puede seguir arrendándolo, y dos, que debe comprarlo. ¿Qué ocurre si el dueño no quiere vender, porque no tiene interés o por otra causa? A ese sostenedor se le estará impidiendo ejercer el derecho constitucional a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.
Y no solo eso: además, hay sometimiento a numerosas otras normas, algunas de las cuales son francamente irrisorias.
Por ejemplo:
No se puede delegar la administración del colegio en personas jurídicas (nadie sabe por qué).
Se requiere contar con autorización, actual y expresa, del Consejo Escolar para contratar créditos que superen las 1.000 UTM.
No se pueden realizar determinadas operaciones con personas relacionadas con los sostenedores. Uno podría pensar que se trata de crear un ambiente de mayor transparencia. Pero luego se dice que las que se ejecuten deberán hacerse de acuerdo a las condiciones del mercado y que, si son a título oneroso, el precio de la transferencia no podrá ser superior al prevaleciente en el mercado.
En seguida se dice que solo se puede solicitar por primera vez la subvención, si es que existe demanda insatisfecha.
Ahí no hay un problema de regulación, señora Presidenta: la idea es, simplemente, terminar con un proyecto educativo e impedirle al sostenedor, por razones ajenas a su voluntad, continuar con el emprendimiento.
Lisa y llanamente, yo pido que me contesten qué hace uno con un sostenedor -lo he visto en la Región de La Araucanía, y también en otras regiones que he recorrido- que dice con angustia: "Efectivamente, tengo legítima ganancia. Me he endeudado durante todos estos años para dar una educación de la mejor calidad posible. Me he esforzado mucho. Si lo hago mal, que la Superintendencia me vigile y me sancione, porque lo que importa es la calidad de la educación. Si los padres quieren reclamar, que lo hagan a través de la Superintendencia. Si mi modelo educativo no es de calidad, entonces que la Agencia Acreditadora de la Calidad de la Educación me ayude, me respalde; y si no logro modificar, que simplemente me cierre. Pero hoy se me dice que no puedo seguir con mi modelo educativo, en circunstancias de que, por ejemplo, no depende de mí comprar el local donde funciona mi colegio, pues el dueño no me lo puede vender".
Eso, literalmente, constituye una violación flagrante a la libertad de enseñanza que consagra nuestra Constitución.
Señora Presidenta, cuando ganó la elección doña Michelle Bachelet, yo, habiendo sido adversario de ella, dije: "Quizás esta es la gran oportunidad de la educación en Chile. Y es posible que comencemos con los profesores; con la educación pública, que tiene miles de falencias".
Sin embargo, nos encontramos con un proyecto que tiene como su peor adversario a la propia Nueva Mayoría.
En todo caso, esa iniciativa ha tenido una virtud increíble: hizo (esto no ocurría desde hacía muchos años) que cien mil apoderados, de todos los colores políticos, en distintas ciudades de nuestro país, se levantaran para decir: "No nos impidan elegir, con todas las exigencias que se quieran, establecimientos educacionales en que la inmensa mayoría de sus emprendedores, de quienes los llevan adelante, son personas que están haciendo un esfuerzo por llegar con la educación adonde muchas veces otros no llegan".

La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón, señor Senador: le restan treinta segundos.

El señor ESPINA.- Muchas gracias.
Creo entonces, señora Presidenta, que han perdido la tremenda oportunidad -y lo lamento mucho- de avanzar de verdad en proyectos que ayuden a lo único que importa en un país que quiere transformar sus posibilidades de desarrollo: mejorar la calidad de la educación.
Este proyecto no va a mejorar en nada la calidad de la educación. De aprobarse, provocará un daño irreversible, cuyas consecuencias las van a pagar en el futuro generaciones de jóvenes. Y ello, simplemente por la obstinación de no creer que la educación puede ser objeto de un proyecto donde existan distintas alternativas y que considere que la legítima ganancia es válida y que la calidad de la enseñanza se relaciona con factores distintos de los contenidos en esta iniciativa.
Por tales consideraciones, voto que no.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, nos enfrentamos hoy al momento crítico de hacer un cambio profundo. Y los cambios siempre inquietan, aunque sean necesarios y traigan consigo un mayor bienestar.
La inquietud puede, en parte al menos, explicar la dura oposición que algunos sectores han montado durante meses para desalentar el proyecto que termina con el lucro, el copago y la selección en la educación chilena.
Sí: digo "en la educación chilena". No la de los ricos, ni la de los pobres, los creyentes, los ateos, los exclusivos o los excluidos.
Es la educación de todos los chilenos la que estamos interviniendo con el propósito de cambiar el paradigma que se ha instalado en nuestro país y bajo el cual se asume que la enseñanza es un bien de consumo.
Por más de treinta años el modelo educacional no ha hecho más que profundizar la brecha que divide a nuestra sociedad. Esa realidad exige una intervención profunda, porque no se soluciona solo aumentando la subvención o abriendo más colegios, y menos aún permitiendo que el sistema perpetúe la discriminación -oculta bajo la forma de la selección- cofinanciada por el Estado y por las propias familias.
Contrariamente a lo que señala el discurso estandarizado que con incansable insistencia reproducen los detractores del proyecto, esta no es una reforma contra la educación particular subvencionada, ni contra el derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos.
Esta es una reforma que se hace cargo de la compleja tarea de restituir la educación como un derecho cuyo principal responsable es el Estado y no como un servicio de costo variable que puede servir de base a una actividad lucrativa en que importa más el balance financiero que la evaluación académica.
El mercado no contribuye a la equidad de la educación. Muy por el contrario, junto con las utilidades para los administradores, genera inequidad, profundiza las brechas sociales y provoca frustración y resentimiento.
No podemos perder de vista que este es uno de los varios proyectos que buscan mejorar las condiciones y la calidad de la educación en nuestro país, la misma que hoy adolece de serios problemas, aunque haya quienes se niegan a reconocerlo y prefieren maquillar la realidad con mediciones cuestionadas, como el SIMCE, para demostrar calidad, o justifican la discriminación bajo la figura de los procesos de selección por razones no académicas.
El propósito de la reforma educacional es cambiar las cosas. Para eso nos eligieron, no para administrar el modelo vigente, ni para proteger intereses particulares, ni para patrocinar la inequidad.
Queremos un sistema educacional que cumpla una función social; que ofrezca una formación de calidad al que tiene aptitudes y capacidades y también a aquel que no las tiene, de manera independiente al barrio en que viva y a sus condiciones económicas o al estatus social de sus familias.
Hace ya casi un siglo, y tras un debate que duró años, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que garantizó la igualdad de acceso a la educación pública para los niños y niñas de nuestro país sin importar la clase social, condición económica o credo religioso. Curiosamente, parte del argumento de quienes se oponían a tal reforma a principios del siglo pasado se sustentaba, igual que hoy, en la defensa de la libertad de enseñanza.
A partir de entonces, la educación pública fue aumentando progresivamente su cobertura tanto en la cantidad de niños y jóvenes que accedían a ella cuanto en lo referido a los niveles de enseñanza ofrecidos.
Todo ello se logró sobre la base de profesores formados en las escuelas normales, y luego, en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, lo que aseguró pertinencia, calidad y compromiso al trabajo educativo.
Buena parte de quienes nos hallamos aquí somos hijos de la educación pública. Ahí llegábamos todos: los hijos de los médicos, de los profesores, de los obreros y campesinos. En mi caso particular, la escuela pública no solo fue mi formadora, sino también mi hogar y mi familia, pues mis padres eran profesores de una escuela internado, y allí compartí con hijos de pescadores y mineros.
Podía faltar infraestructura; había deserción por la temprana incorporación de los niños al trabajo. Pero de alguna manera el Estado aseguraba que en Taltal, en Santiago, en Puerto Montt, en el campo o en una isla de Chiloé había una escuela con profesores de calidad, con el objetivo de formar ciudadanos.
Los intelectuales estaban en las escuelas. Masones y católicos centraban su atención preferente en el ámbito de la educación. El magisterio era un sector relevante de la sociedad y la cantera de la dirigencia política de muchos partidos. De aulas públicas surgieron premios nobel, artistas, científicos, profesionales que pusieron a Chile en el mapa del mundo.
Incluso en tiempos convulsionados como el de la Unidad Popular, líderes de la Derecha -hoy forman parte del Senado- optaban por la educación estatal, pues entendían que ahí se jugaba lo importante.
En un punto de nuestra historia, en medio de lo que se llamó "el apagón cultural", sin debate y bajo la amenaza de la represión, la educación dejó de ser lo que era; el Estado dejó de construir nuevos colegios y entregó su administración a municipios desfinanciados; la pedagogía dejó de ser una profesión universitaria; los profesores incluso perdieron su calidad de funcionarios públicos, y el objetivo ya no era formar ciudadanos sino mano de obra barata.
¿Alguien puede sostener que detrás de esos cambios no había un objetivo ideológico? ¿Acaso fue el sentido común de profesores o de apoderados el que impulsó esas reformas? El objetivo era, en verdad, refundar nuestro país y destruir todas las estructuras que habían servido de base al avance social que siguió Chile en buena parte del siglo XX.
Detractores del proyecto que ahora nos ocupa han utilizado acá la palabra "cómplice".
Pues bien, yo no quiero ser cómplice de la destrucción de la educación pública en nuestra nación y la mantención de un sistema que reproduce la división social de los chilenos. No quiero ser cómplice de la perpetuación del lucro, el copago y la selección en la educación en Chile.
Bajo el liderazgo de la Presidenta Bachelet, nuestro país se reencuentra con una parte relevante de su historia, que lo ha hecho grande y lo destacó en nuestro continente y en el resto del mundo. Chile se reencuentra con su gente, su educación y su cultura.
Porque estoy seguro de que esta reforma es necesaria para nuestra nación, mi voto es a favor de este proyecto.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Les parece a Sus Señorías abrir la votación, respetando los tiempos?

La señora PÉREZ (doña Lily).- No todavía, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Conforme.
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, me parece relevantísimo lo que estamos discutiendo hoy en el Senado. Y al escuchar algunas de las posiciones las veo muy en blanco y negro, muy poco encontradas.
Me llama la atención. Porque -y lo quiero destacar- no es mérito del Senado el que ahora estemos discutiendo una reforma a la educación. Ello comenzó hace muchos años con la llamada "revolución pingüina"; luego vinieron los movimientos sociales; siguió en la calle, con los padres de los estudiantes pertenecientes a la educación particular subvencionada; con alumnos -pocos hablan de ellos- que nos han mostrado (con algunos nos hemos reunido en sus colegios) cómo ven la reforma educacional.
Yo, por mi formación, soy siempre muy prorreformas.
Creo que Chile necesita una reforma en educación. No tengo duda de ello. No me inhibe la realización de una reforma educacional.
En la práctica, hace dos años con los Senadores Cantero, Horvath y Bianchi votamos en contra del lucro con fondos públicos. Y recibí durísimas críticas de mi sector político, el de la Centroderecha; lo pasé muy mal
La verdad es que fue bastante injusto. Porque hoy nadie se atreve a defender el negociado en materia de educación; nadie se atreve a decir que el lucro con fondos del Estado es ético.
Sin embargo, yo hago una gran distinción al momento de estudiar un proyecto de ley: me dedico a ello con seriedad, y no desde el ámbito de la trinchera o solo con la óptica de la ideología.
Por eso, creo que esta materia amerita un debate muy de fondo.
Comparto el objetivo que propone el Gobierno en este proyecto: terminar con la discriminación; promover la inclusión; eliminar poco a poco el copago, y no entregar al tamaño de la billetera de los padres la posibilidad de que sus hijos estudien.
Yo no dudo de las buenas intenciones del equipo de Educación, ni del Ministro, ni de la Presidenta. Pero no comparto ni con el Gobierno, ni con el Ministro, ni con aquel equipo la forma (tampoco el fondo) como se ha tramitado este proyecto de ley.
Para avanzar en la educación -así pensamos quienes defendemos las ideas de libertad desde nuestro movimiento, Amplitud- hay que decir con todas sus letras que ella es un derecho social.
Yo creo en un Estado social, no en uno socialista.
Pero no comparto la forma en que se ha llevado adelante esta discusión; tampoco, la prisa y los acentos a mi juicio equivocados que se le han puesto.
En cuanto a la segregación, es ciertamente una manifestación más de un problema que nos aqueja como sociedad. Es verdad también que en parte ella ha sido creada por el sistema de financiamiento compartido. No obstante, este proyecto de reforma educacional no garantiza recursos suficientes para entregarles educación de calidad a todos nuestros niños y niñas, y la subvención de gratuidad se encuentra lejos de los estándares aconsejados internacionalmente.
La selección escolar también ha colaborado con esta lógica perversa que inunda a nuestros colegios. De allí que me parece coherente que hasta antes de sexto básico no exista la posibilidad de selección. Pero creo a la vez que a partir de este momento la ley debería permitir la existencia de proyectos educativos enfocados en los talentos, el mérito, el esfuerzo y el trabajo deportivo y académico de sus alumnos, y en posibilitarles a los establecimientos la selección de sus estudiantes sobre la base de tales parámetros. Ello es parte de la libertad de las personas: de los alumnos, de los padres.
Como último punto en torno a esta materia, debo decir que estoy absolutamente convencida de que el proyecto impulsado por el Gobierno no fomenta en el grado necesario las herramientas para terminar con la segregación, pues introduce discriminaciones entre los propios niños, realizando diferenciaciones en cuanto a los beneficios entregados por el Estado según los colegios a los que ellos asistan.
Además, desde ninguna perspectiva colabora en disminuir la diferenciación con negativas consecuencias motivada en el binomio científico-humanista/técnico-profesional existente hoy en nuestra educación secundaria.
Tocante a la libertad, valor especialmente significativo para Amplitud, me alegra que la ley en proyecto elimine el copago, ya que con esta enmienda aumenta la libertad de elección de los padres.
Sin embargo, me preocupa el hecho de que la libertad de enseñanza va a disminuir ante los incentivos y desincentivos creados por este proyecto, pues ellos tendrán como efecto necesario restricciones en la creación de nuevos colegios subvencionados y, en general, en la oferta educacional privada.
En torno a la posibilidad del lucro, que es algo que ha estado muy presente durante toda la discusión, obviamente yo soy de aquellos que consideran que una cosa son quienes tienen grandes empresas, holdings, y hacen de la educación un negocio, y otra muy distinta los emprendedores que transpiran enseñanza, aman su proyecto educativo, invierten y reinvierten la totalidad de la subvención escolar en lo que corresponde: la educación.
Y, como hago esa gran diferencia, tengo el compromiso de defender a estos últimos emprendedores. Porque esta es la base de la gente que tiene primeras generaciones en la educación superior, primeras generaciones en la universidad (muchos de ellos, provenientes de colegios particulares subvencionados), primeras generaciones de profesionales o técnicos (muchísimos de ellos, emanados asimismo de establecimientos particulares subvencionados). En consecuencia, ¡es el sustento total de nuestra clase media!
Por eso, creo que hay un acento absolutamente equivocado, pues la pretensión de terminar reglamentaria y administrativamente con el lucro, sostenida en la totalidad de este proyecto, sin que se efectúe ninguna diferencia, en la práctica termina también con la diversidad de proyectos educativos.
Finalmente, quisiera expresar que, para la gente que tiene ideas centradas en la libertad, los colegios son un lugar donde la segregación, sin lugar a dudas, debe combatirse y donde todos debemos jugarnos por los valores de una sociedad democrática y más justa.
La educación, por cierto, es el ámbito en que nacen los rasgos del espacio público justo, abierto y pluralista, caracterizado por las tres libertades en las que yo creo: libertad política, libertad económica y libertad valórica.
Por todas las razones anteriores, he resuelto votar en contra de esta iniciativa, sin perjuicio de que las propuestas educacionales de Amplitud, mediante indicaciones alineadas con lo que he expresado esta tarde en la Sala, las voy a ingresar durante la discusión particular de esta reforma educacional.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Testimonio personal: yo soy hijo del rigor. Lo he dicho muchas veces, y no solo aquí: ¡hijo del rigor!
Estudié en un colegio público; me las arreglé, y acá estoy, con el sudor de mi frente.
Tengo cuarto año medio: ¡me lo gané! Y me costó llegar aquí.
¿Qué quiero decir con eso? Que no me vengan con cuentos: las oportunidades se las hace uno; uno no puede esperar que el Estado lo haga todo.
Es verdad lo que expresó el Senador Montes; en eso estoy de acuerdo: esta es una discusión ideológica. Pero por lo menos lo reconoce: es una discusión ideológica.
Y no me vengan con esto de los ricos, de los pobres; de los malos, de los buenos; de la Derecha, de la Izquierda; de la desigualdad; del lucro. ¡Eso solo es manipulación política, solo cuento! Porque detrás de ello no hay un sustento real.
Aquí existe una mirada ideológica. Y ustedes están en su derecho: son la Nueva Mayoría.
Debo reconocer que soy parte de la "Nueva Minoría", lamentablemente. Y tenemos que esforzarnos para ganar las futuras elecciones.
Ahora, créanme cuando señalo que yo aquí podría decir "Sí a la reforma", pero no de la manera como se está haciendo. ¿Y por qué no? Porque si bien todos queremos mejorar la educación chilena, esta necesidad social que reclama nuestro país ha sido aprovechada por el ala más izquierdista del Gobierno para introducir el cambio ideológico del que he hablado hoy y que el Senador Montes ha asumido con bastante franqueza: aquí, en forma simulada, se está tratando de reducir el marco de acción de los padres para la educación de sus hijos y de ampliar la injerencia del Estado en la enseñanza a las futuras generaciones, de modo de construir una sociedad igualitaria pero que desconoce el derecho preferencial de los progenitores para educar a los hijos del modo como estimen necesario, según las convicciones y los valores de su familia, mientras no atenten contra la moral, el orden público y la seguridad de las personas.
Esta guerra ideológica nace del hecho de que al parecer se desea imponer una sociedad solo de los derechos y no de los deberes. ¿Por qué? ¡Porque el Estado lo soluciona todo! ¡El Estado es omnipotente! ¡Al Estado hay que hacerle reverencia!
Eso lo piensa la Izquierda. Y, como tienen los votos requeridos, van a aprobar el proyecto.
Así que mucha de esta discusión es un poquito estéril. Porque al final se va a aprobar esta reforma con una mirada de Izquierda, y también con una mirada de aquellos sectores que en un momento dado fueron de Centroderecha y hoy son de Centro, lo que parece más elegante.
Sin embargo, el Gobierno no ha querido aceptar que la ciudadanía se resiste a esta reforma educacional, a la que percibe como amenaza contra lo que se ha alcanzado para las familias a través del actual sistema. Porque hay logros, y muchos. Si no se quiere reconocerlo, es otra cosa.
¡Y todos le echan la culpa al pasado!
Yo pregunto: ¿Recién se dieron cuenta del tema del lucro?
¡Si estuvieron veinte años en el sistema! ¡Abrazaron la ideología del Gobierno militar! ¡Porque durante las últimas dos décadas aplicaron con rigor, en forma dogmática, lo que hoy es malo y antes era bueno!
¿Por qué no hicieron esta reforma educacional durante esos veinte años?
¡Encontraron estupendo todo, y ahora cambian de idea!
Entonces, ¡por favor!, no engañemos a la ciudadanía y digamos las cosas como son.
Yo no soy un gran experto como otros Senadores que han intervenido y hablo en un lenguaje más práctico.
A propósito del lucro, aquí se han dado miles de ejemplos. Pero los de ustedes son válidos; los nuestros, no. Y se cuestiona a los sostenedores de colegios particulares subvencionados que lucran, es decir, que obtienen una legítima ganancia con recursos del Estado.
Bueno: yo puedo dar otro ejemplo.
En efecto, lo mismo sucede con las empresas dedicadas a las viviendas sociales: no las construyen gratis, sino que retiran de los montos del subsidio su legítima ganancia.
Si el Estado no hubiese externalizado la construcción de viviendas sociales, hoy estaríamos con una demanda habitacional insostenible, aumentando la desigualdad y perjudicando las condiciones de vida de los más vulnerables, con todo lo que ello conlleva.
Si el Estado no hubiese externalizado la educación por la vía de los establecimientos particulares subvencionados, los índices de acceso e igualdad en la enseñanza serían insostenibles y no nos habrían llevado en los últimos veinte años a construir el país en vías de desarrollo que somos hoy.
¿Por qué se buscaron esas soluciones? Porque el Estado no es capaz, y nunca lo ha sido, de atender la enorme cantidad de demandas y requerimientos de la sociedad.
Parece que hoy se quiere volver atrás.
Por último, como no es factible tocar todos los temas, voy a referirme a uno que para mí es muy significativo.
En mi calidad de Senador evangélico, no puedo permitir -y lo digo con convicción- que una reforma como esta perjudique a muchos establecimientos educacionales particulares subvencionados que promueven entre sus estudiantes los principios y valores cristianos.
Con este proyecto de ley el Gobierno deja a muchos de esos colegios en una posición muy difícil para seguir funcionando. De esa forma se vulnera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 13, número 3, establece: "Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.".
Lo que está tratando de hacer la Nueva Mayoría con esta reforma es, de manera solapada, uniformar la formación valórica de los niños y jóvenes de la clase media, de los más pobres de nuestro país, con la visión de la moral laica que brindan los establecimientos públicos.
Al ser difícil para el sostenedor particular seguir con sus proyectos educativos, el Gobierno pretende que el Estado asuma la formación de la gran mayoría de las nuevas generaciones, que no podrán continuar sus estudios en los establecimientos que deban cerrar producto de los efectos de esta reforma.
En una sociedad libre, señora Presidenta, se debe garantizar la posibilidad de establecer y mantener establecimientos educacionales de distintas visiones de la sociedad y de la moral.
En tal sentido, la opción de la educación pública debe ser una alternativa más, no la única. De lo contrario el Gobierno estará generando una situación profundamente injusta al promover un sistema en que solo las familias de poder adquisitivo alto podrán elegir de entre diversos proyectos educativos para sus hijos, mientras que a las de niveles socioeconómicos más bajos se les dificultará el derecho a optar a colegios de formación cristiana, dirigiéndose forzosamente a los alumnos a los proyectos ofrecidos por el Estado.
En el minuto que me queda formularé algunas preguntas, señora Presidenta.
Si hay un proyecto educativo de una iglesia evangélica, ¿cómo no va a ser posible darles prioridad a las familias que profesan esa fe? Y lo propio en el caso de otra religión, o de un colegio agnóstico. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Por qué deben ir a una tómbola?
Eso significa faltarle el respeto a la sociedad; es una actitud de atropello a los derechos humanos que ustedes tanto defienden.
Lo que se está haciendo aquí es vulnerar el derecho a la libertad.
Con este cambio ideológico nosotros no estamos de acuerdo. Y, aunque seamos minoría, hasta el último minuto vamos a luchar contra lo que consideramos malo para la sociedad que nuestro país merece.
Están equivocados. Tienen la mayoría: la van a imponer. Pero no van a imponer jamás la vulneración de nuestras convicciones.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa la comunicación mediante la cual el Ejecutivo retira la urgencia, haciéndola presente de nuevo, en el carácter de "simple", al proyecto que renueva la aplicación del mecanismo de reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte y carga, y otorga beneficios tributarios (boletín N° 9.791-05).
--Se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.

La señora ALLENDE (Presidenta).- De esa forma el Gobierno ha dado respuesta a nuestra solicitud en el sentido de que retirara la "discusión inmediata".
Por lo tanto, el proyecto se discutirá en enero, tal como lo pidió la unanimidad de los Comités.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señora Presidenta, después de escuchar la apocalíptica intervención del Senador Espina y la sobreideologizada intervención del Senador Moreira, quiero recordar la valentía de los movimientos estudiantiles de los años 2006 y 2011, que pusieron en el primer lugar de la agenda pública la necesidad de una profunda reforma a nuestro sistema educacional.
Fueron los jóvenes quienes reclamaron con fuerza y denunciaron que la educación chilena era profundamente segregadora y de mala calidad.
Se denunciaron como una de las causas de tal situación el lucro, el desvío de importantes recursos públicos.
Entre paréntesis, debo puntualizar que aquí nadie ha manifestado -al parecer, sí lo ha hecho el Senador Espina- que estaríamos en contra de la legítima ganancia que tienen los emprendedores: legítima ganancia, por cierto, pero no con recursos públicos. Ese es el gran debate instalado hoy en este Hemiciclo.
Pues bien, la demanda por una educación gratuita y de calidad obtuvo el respaldo de la gran mayoría de la sociedad chilena. Y fueron dichas movilizaciones las que abrieron un nuevo ciclo político en nuestro país.
Ese es el origen de este proyecto. Ese es el origen de la profunda reforma al sistema educacional que está llevando a cabo la Presidenta Bachelet.
La Nueva Mayoría nació con el propósito de hacerse cargo de tal reclamo: un reclamo ciudadano, no ideológico, que nos ha interpelado a hacer grandes cambios para combatir los abusos y las desigualdades que agobian la vida de millones de compatriotas.
Este es solo uno de los ámbitos de los abusos que vive la sociedad chilena: a nivel laboral, enormes abusos; a nivel de los recursos hídricos, inmensos abusos; y a nivel de la salud y de la previsión social, el gran negociado de las isapres y de las AFP, respectivamente.
¡Por Dios que hay que cambiar y hacer profundas reformas en nuestro país!
¡Pero cuánto va a costar desmontar todo este sistema, instalado desde la dictadura militar!
Ahora bien, el amplio respaldo que obtuvo la Presidenta Bachelet, y también la representación parlamentaria, exige avanzar hacia las grandes reformas que comprometimos.
El proyecto de ley en discusión constituye uno de los ejes centrales del proceso transformador que estamos impulsando.
Por cierto, ha causado impacto y fuertes críticas, pues busca terminar con la lógica de mercado impuesta por la dictadura y establecer que la educación es un derecho social, universal, que debe ser garantizado por el Estado.
Aquello implica enfrentar una ideología que la Derecha, a través de su representación parlamentaria, se resiste fuertemente a cambiar.
Una sociedad en que todos tengan similares posibilidades de desarrollo ciertamente no se aviene con la idea de la segmentación de los establecimientos educacionales.
No es posible construir una sociedad más justa, que derribe desigualdades, con el sistema existente, que permite que cada grupo social, de acuerdo al dinero que tenga en los bolsillos, acceda a educación de calidad.
Yo respaldo este proyecto porque está siendo liderado con fuerza y valentía por la Presidenta Bachelet. Mediante él estamos sentando las bases de una nueva educación, consistente con una visión de sociedad con más derechos e igualdad de oportunidades.
Dicho lo anterior, y valorando muy positivamente la propuesta que estamos debatiendo esta tarde, espero que en las próximas etapas ella sea perfeccionada, en forma de favorecer el cumplimiento de los objetivos planteados, pero asumiendo a la vez la legítima preocupación de las familias.
Se trata de terminar con el lucro, la selección y el copago, estableciendo plazos y condiciones de transición que posibiliten una transformación fluida y exitosa.
En aquel sentido debe comprenderse la profundidad de esta transformación, lo que implica, evidentemente, que nos hagamos responsables de un período adecuado de implementación y transición.
No quiero terminar mis palabras sin recordar que este es solo uno de los proyectos que componen la reforma educacional que comprometimos ante nuestro país.
Restan otras importantes iniciativas.
Entre ellas quiero destacar especialmente la urgencia de iniciar también cambios en dos ejes sustantivos.
Por una parte, hay que revitalizar la educación pública, que debe dejar de ser el pariente pobre del sistema educacional.
Cuando Chile era un país con aún menos recursos tuvo una educación pública de calidad que nos prestigió y que contribuyó a formar generaciones de líderes y profesionales.
Hemos de retomar esa senda. Para ello es fundamental el inicio de un plan de recuperación y fortalecimiento de escuelas y liceos que incluya más recursos y que, por cierto, se ocupe también de superar la municipalización, que, con muy pocas excepciones, ha fracasado absolutamente, lo que explica en parte la situación actual de nuestras escuelas y liceos.
Asimismo, quiero destacar la necesidad de incorporar en esta reforma a los maestros y a las maestras. Un cambio en la educación se inicia en el aula, donde tiene su centro.
Sabemos que en los próximos meses se discutirá la nueva carrera docente, con la inclusión de iniciativas tendientes al perfeccionamiento de los actuales maestros, quienes tendrán una labor sustantiva en los cambios, y de otras que procuran avanzar en mejorar la formación de los nuevos educadores.
Señora Presidenta, qué duda cabe de que Chile requiere terminar con la lógica de mercado imperante en el ámbito educacional, ideología que ha sido defendida con fuerza en este Hemiciclo y que ha hecho mucho daño a la educación y generado profundas desigualdades.
Chile necesita un sistema educacional basado en la cooperación y la inclusión, con un sector público fuerte, que garantice los derechos de todos.
Nuestro país -y especialmente regiones como la que represento, con un alto índice de pobreza y ruralidad- merece una educación de calidad y gratuita que brinde oportunidades a todos nuestros niños y jóvenes, en especial, por cierto, a los más vulnerables.
Voto a favor.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, después de escuchar tantos discursos, quiero intervenir un poco -porque se han dicho muchas cosas- sobre la base de haberme desempeñado como alcalde.
Primero, siempre he estado de acuerdo, como lo expresé en campaña -y creo que fue una de las grandes diferencias que mantuvimos con motivo de la llevada a cabo en la última elección presidencial-, con que Chile necesita una reforma educacional urgente.
Y siempre he manifestado también que, por mi experiencia, no me gusta ni me ha gustado nunca el lucro en la educación, pero no lo demonizo. Mi conclusión es que no todos los sostenedores, pero sí algunos, mataron la gallina de los huevos de oro.
Pero eso no significa que, en la práctica -fuera de la teoría, que muchas veces se aleja de lo que pasa-, no se puedan lograr cosas distintas.
Aquí se le ha echado la culpa de la segregación a los colegios particulares subvencionados, por ejemplo. Eso no es cierto. Chile entero está segregado. En la Región Metropolitana, los barrios son conocidos: no es lo mismo ser de Macul, ni de Pedro Aguirre Cerda, ni de Barnechea. En consecuencia, atribuirle ese efecto al copago y al carácter de particular subvencionado no es solo una teoría, sino también una tremenda mentira.
Lo segundo dice relación con no reconocer que estos establecimientos son públicos y han efectuado una gran labor.
En el año 2003 me tocó, como alcalde, trabajar con la Asociación Nacional de Colegios Particulares Subvencionados. Se construyeron veinticinco de ellos en un año y cubrieron más de cuarenta mil vacantes que hacían falta. Por lo tanto, han cumplido un tremendo rol.
Y, paradójicamente, me tocó negociar con dirigentes de la actual Nueva Mayoría y antes Concertación, los que por lo menos en la comuna de Puente Alto son dueños de casi el 80 por ciento de dichos establecimientos. Muchos de ellos son partícipes activos en la política nacional.
Esto último no tiene nada de malo. Si el problema es que la reforma partió al revés. Necesitábamos potenciar la educación pública gratuita.
La reforma del Presidente Lagos era la gran panacea y fue un fracaso por la jornada escolar completa. Pero no ocurrió lo mismo en cuanto a la infraestructura, porque el Presidente Frei dejó una de primerísima calidad.
Los profesores, que están absolutamente fuera de este debate, se hallan totalmente reventados. Nadie ha querido decir aquí que los municipios administran pobreza, porque la subvención no alcanza para pagar las remuneraciones. El que decide es el Estatuto Docente, el que las negocia es el Gobierno y las municipalidades solo pagan.
Tampoco se ha hecho referencia, en algún minuto, a la responsabilidad del Ministerio de Educación, que ha pasado "soplado". ¿Quién no fiscalizó? ¡La única fiscalización verdadera que enfrentábamos por parte de esa Secretaría de Estado decía relación con los días de lluvia, a fin de ver si fallaban los niños para la subvención!
--(Aplausos y manifestaciones en tribunas).
Es más, cuando había paro -a veces tienen lugar paralizaciones internas en las distintas zonas-, nos descontaban los días y ellos negociaban las remuneraciones, y el déficit aumentaba.
Entonces, muchos alcaldes quieren desmunicipalizar -están cometiendo un error inmenso-, ya que se sacarían un cacho de encima. Pero si hubieran contado con financiamiento, la situación habría sido distinta. ¿Por qué? Porque numerosos municipios tienen que cubrir un déficit que no les corresponde con sus pocas platas para inversión.
Creo que el copago fue inventado por el Ministro Arrate. Se afirmó que era la solución de la clase media. El Senador que habla sueña con una educación gratuita -ojalá sea así-, pero ese desembolso es una inversión en los niños. Y deseo consignar que la gente la efectúa porque quiere algo mejor para sus hijos.
--(Aplausos y manifestaciones en tribunas).
Pero a mí me gustaría¿

La señora ALLENDE (Presidenta).- Excúseme, Su Señoría.
La Mesa le ha hecho tres advertencias al público en las tribunas, de modo que esta es la última vez que ha permitido manifestaciones. Ruego prestar atención al debate. Si no, se dispondrá el desalojo.
Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- ¡Me debe un minuto, señora Presidenta¿!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Así es.

El señor OSSANDÓN.- Las personas pagan por un problema que se fue dando en el tiempo. Y quiero ejemplarizarlo.
El Senador señor Quinteros hizo referencia a los hijos de la educación pública y tiene toda la razón. Hace 50 años, el 90 por ciento de los alumnos del Liceo de Puente Alto entraban a la Universidad de Chile, y hoy día, ninguno. ¡Al que lo logre le levantarán una estatua en la plaza¿! Si el Gobierno trabajara con la educación pública gratuita -me representa el que dicho establecimiento recuperase la calidad de antaño-, no existirían el copago, que se acabaría solo, ni colegios malos, porque se contaría con alternativas buenas.
A pesar de que no comparto el sistema y no me gusta la segregación de los liceos de excelencia, pudimos impulsar en Puente Alto uno de ellos: el San Pedro, con un 70 por ciento de niños vulnerables y que el año pasado sacó el segundo SIMCE nacional en segundo medio, mediando la participación de todos los colegios particulares. Les ganó al Verbo Divino, al Tabancura, al San Ignacio, a todos. O sea, los niños más modestos sí exhiben rendimientos, con la misma subvención.
Este no es un problema ni del lucro, ni del copago, ni de la selección. Eso, para mí, es algo secundario, que podría arreglarse.
Si a lo mejor existe gratuidad en el futuro, maravilloso.
En la selección de niños pequeños no puede mediar la ley. A mí no me gusta. Pero en séptimo y octavo básicos es un premio al sacrificio, a la superación.
Si no, la situación se va a tensionar. La gente quiere lo que dijo un chino: "No importa que el gato sea blanco o negro, pues lo importante es que cace ratones".
Cuando se analizan la PSU y los puntajes, se observa que, de cada cien alumnos, solo diez sacan 700 puntos y el resto carece de herramientas. Sobre todo en las regiones, los resultados son vergonzosos. Nos hemos llenado de universidades chantas, que bajan sus promedios y el nivel de sus carreras para poder recibir a los otros.
Reitero que el problema, entonces, no radica en el lucro, ni en el copago, ni en la selección, sino en la calidad, en los profesores.
Los docentes están reventados. ¿Alguien ha dicho que en los colegios públicos son contratados por un máximo de cuarenta horas, que tienen que cumplir en el aula, y que en un colegio particular pagado son solo veintisiete, en cambio, dedicándose el resto del tiempo a la preparación de clases y al estudio y a crear vínculos con los alumnos? ¡Si las relaciones son muy importantes! Los niños no son números.
Ahí se advierte por qué nosotros estamos tan desprestigiados: ¡el mundo político claramente lleva a sus niños -y me incluyo- a colegios privados! ¿Por qué no los ponemos en establecimientos públicos?
--(Manifestaciones en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se le reconocerá el tiempo perdido, señor Senador.
Continúa con el uso de la palabra.

El señor OSSANDÓN.- No era mi intención generar un conflicto en la Sala, señora Presidenta.
Para ir terminando, ¿por qué no tenemos la valentía, la humildad, de reconocer que se partió por un camino equivocado?
No es cuestión de que no se requiera enfrentar en el futuro lo relativo al lucro, al copago, a la selección, pero es algo que va a disminuir cuando la calidad mejore. He escuchado a muchos parlamentarios de la Nueva Mayoría manifestar en los pasillos que coinciden con ello; pero, por lealtad a la Presidenta, votarán a favor.
El Senador que habla les hace un llamado a la lealtad con Chile. En mi lado hay muchos arrepentidos de haberse pronunciado por algunas cosas con las que no estaban de acuerdo. La primera lealtad es con el país.
Y no es que no queramos una reforma educacional. Sí la queremos y el país sí la necesita. Pero tiene que partir por los niños, los profesores y los apoderados. Después vienen las otras partes.
Deseo destacar lo siguiente para terminar: no debemos farrearnos la oportunidad. Este va a ser un talón de Aquiles de la política. No es un asunto de la Derecha ni de la Izquierda: es un problema de Chile.
Lo único que quieren los papás son herramientas.
La Concertación, que fue muy criticada durante mucho tiempo, demostró en veinte años que podía hacerlo bastante bien. Y es verdad. Hoy tenemos un país donde la extrema pobreza ya no es el problema, sino la desigualdad. Es preciso emparejar la cancha. Y sabemos que la forma de hacerlo no es quitarles a los que tienen más, sino darles herramientas a los que tienen menos.
No perdamos la oportunidad por una lealtad malentendida. Esta no es una derrota. Será una victoria si en diez años más estamos contentos porque el promedio de la PSU -o el examen que sea- es de 600 puntos y nuestros alumnos cuentan con herramientas al egresar. Porque cuando están en el colegio no son ni de la Nueva Mayoría ni de la Nueva Minoría: quieren herramientas.
Seamos responsables.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, creo que no está en duda que se puede no querer una reforma en algo tan trascendental, tan fundamental, como el logro de una nueva sociedad, mucho más justa, equitativa, más igualitaria.
En esa línea, soy uno de los más entusiastas ante la posibilidad de alcanzar una gran reforma en educación, pero no puedo dejar de señalar lo dicho por una gran mayoría de los chilenos.
Hemos visto que se partió al revés. Y en algún momento expuse que, de repente, en política se ven las cosas en esa forma: se hunden los corchos y flotan las piedras. Queriendo una reforma educacional, hubiera deseado que partiésemos por donde debimos: por una que apuntara a una educación pública de calidad y levantara el nivel, con los profesores, los asistentes de la educación, los apoderados, los alumnos.
El Estado, cuando traspasó la educación a los municipios, se desentendió absolutamente de la educación pública. Tanto es así, que ni siquiera la financió en el cien por ciento. Y el resultado son las corporaciones colapsadas en el orden económico.
Me di la tarea, señora Presidenta, de recorrer una buena parte del sur, desde la Región de Los Lagos hasta Magallanes, pasando por Aisén, para conocer la realidad del Chile de regiones, donde se imparte educación de calidad, donde hay grandes emprendimientos, grandes esfuerzos, para saber de qué se trataba al hacer referencia al lucro y si se entendía igual. Ello, pensando más en el criterio de los colegios que efectivamente lo obtienen y que se da, fundamentalmente, en áreas más concentradas, como en Santiago y en Regiones de una mayor población.
Me encontré con la sorpresa de que había sostenedores de un único establecimiento, de 500, 300, 600 alumnos, que me demostraban que si hay algo allá es pasión, trabajo, iniciativa, éxito, y no lucro. De hecho, en su gran mayoría son profesores que tomaron la decisión de llevar adelante su proyecto.
Por lo tanto, me declaro un defensor, del mismo modo que la Senadora señora Lily Pérez lo expuso hace un rato en su intervención, de todos esos emprendimientos, que son honestos y cuyos impulsores se han dedicado a entregar una educación de calidad, con grandes esfuerzos, con enormes inversiones, y que no están dispuestos a transar ni a perder.
¿Cuánto se ha mencionado acá la educación especial? ¡Nada!
¿Alguien puede señalarme que hay lucro cuando en este último ámbito se atiende a 200, 150, 300 alumnos? Obviamente que no.
Sí estoy dispuesto a que el Estado fiscalice, como tuvo que haberlo hecho, instituciones donde efectivamente se ha registrado un lucro inmoral en materia de educación. ¡Eso es lo que tenemos que atacar! ¡Eso es lo que tenemos que abordar! ¡Cabe excluir a quien se ha enriquecido a costa de la educación! Pero para ello hace falta que el Estado cumpla su labor.
Una pregunta: ¿alguno de los que estamos acá tiene a una hija o un hijo o algún familiar en la educación pública? Les garantizo que ninguno.
Quiero valerme de esta instancia para reflexionar que, estando de acuerdo con una reforma educacional, siendo conscientes de que necesitamos una nueva sociedad, mucho más justa, donde efectivamente el lucro y la selección desaparezcan, y el copago lo asuma el Estado, tal cual lo contempla la propuesta en estudio, esos no son aspectos por debatir.
Lo que sí cabe discutir es que nos estamos farreando una enorme oportunidad, que dice relación con habernos hecho cargo de lo que era de toda lógica, tal cual lo decía la Presidenta hace un par de días, en el sentido de traer al Congreso un proyecto que revierta la situación, tan empeorada, de la educación pública: la desmunicipalización.
¿Hay alguna iniciativa que permita saber en qué condición va a quedar un maestro, un asistente de la educación, funcionarios de la educación, una vez que cambien de empleador? No conocemos absolutamente nada sobre el particular.
No soy partidario de un bien de mercado en la educación. Comparto lo del carácter de bien social. Y vamos a defenderlo. Porque, al igual que otros Honorables colegas que han hecho uso de la palabra, también me formé en la educación pública.

El señor MOREIRA.- ¡Fuimos compañeros¿!

El señor BIANCHI.- ¡Usted era mayor, Su Señoría, así que iba antes¿!
La cuestión es la siguiente. Tenemos que avanzar hoy día en una reforma. Quiero decirle al Ministro de Educación que estamos dispuestos a acompañarla, pero en la medida en que se nos haga ver a la brevedad posible hacia dónde va a apuntar la educación pública. No se trata solo de abordar la educación privada subvencionada.
Hace tres o cuatro años, con dos o tres señores Senadores presentamos un proyecto de ley que disponía que todo aporte -nos anticipamos- que el Estado le entregara a un colegio privado subvencionado debía ser invertido, cien por ciento, en educación: en mejoramiento de salarios, en infraestructura, en optimización de la enseñanza. Esa iniciativa está ahí, perdida. Y apunta precisamente a lo que hoy estamos discutiendo.
Quiero reiterar, señora Presidenta, la necesidad de abordar una política de Estado en materia de educación pública. Pero tampoco se ha hablado nada acerca de la educación rural. Me he juntado con muchos alcaldes que sustentan a siete, diez, quince, treinta niños en colegios rurales, que deben transitar en el día 150 o 200 kilómetros para lograr tener educación.
¡Educación rural! Nada se señala sobre ella.
¿Qué pasa con la educación especial, señora Presidenta? Y sé que también puede ser parte de su sensibilidad personal y profesional. La educación especial es fundamental. Y la estamos abordando como si fuera un sector que está lucrando. Efectivamente, el Estado le entrega un mayor aporte. Pero no se menciona que una sala debe tener la mitad de alumnos. No se dice que esos colegios, con suerte -por lo menos los que yo he conocido-, llegan a una utilidad final de cerca de un millón de pesos, o menos, y que sufren un enorme endeudamiento.
Entonces, como señalé anteriormente, quiero asumir un compromiso aquí.
Estoy por una educación de calidad. Estoy por que el Gobierno envíe lo antes posible un proyecto de educación pública para darle cuenta al país de nuestra preocupación por mejorar lo que tenemos que mejorar, que es la educación pública.
Estoy por eliminar el lucro. Pagué un costo personal hace un tiempo por una situación particular con un Ministro. Y ese costo ha sido muy alto. Con mayor razón defiendo el fin al lucro, el fin a la selección y el fin al copago. Pero reclamo la necesidad de contar con un proyecto de ley serio, de cara al país, que dé cuenta de una educación pública de calidad, del mejoramiento de la situación de los profesores, del mejoramiento del sistema educacional completo.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, acá se ha hablado de ideologismo. Y en algunos casos ni siquiera son ideas, porque ideología supone un conjunto estructurado de pensamientos. Creo que hay más desesperación, prejuicio. Nos hemos atribuido de todo entre nosotros. Y la verdad es más evidente.
Revisando información de expertos, no solo chilenos sino también extranjeros, vemos que la prueba PISA de 2012 situó a Chile en el lugar 47 en comprensión lectora, 51 en matemáticas y 46 en ciencias, entre 65 países. Yo pregunto si alguien se siente orgulloso de esto. En materia de integración social nos encontramos en el penúltimo lugar. ¿Alguien está orgulloso y quiere defender esto?
En consecuencia, la reforma a la educación constituye una necesidad imperativa.
Pero pongamos el contexto de lo que ha pasado.
Durante los siglos XIX y XX Chile tuvo un permanente debate, que siempre terminó con descalificaciones, muy superiores incluso a las de ahora.
En los años 20, cuando se discutió la educación primaria obligatoria, un historiador, el profesor Fredy Soto, consignaba en su libro Historia de la Educación Chilena: "Con datos estadísticos se pretendió probar que los delitos aumentaban en la medida que la educación progresaba. Otros señalaban que se establecería un completo desequilibrio entre las aspiraciones de los que reciben educación y sus ingresos, por lo cual nadie querría dedicarse a las ocupaciones más bajas". Era como una especie de sanción moral a ese hecho.
Toda esa lucha por lograr una asociación entre democracia, educación e industrialización se quiebra tras el golpe de Estado, cuando se pretende, por razones ideológicas, que el mercado sea el regulador de las relaciones sociales y traiga calidad y movilidad, no solo en educación, sino también en la previsión, en la salud, en la vivienda, en los servicios básicos. Y ahí están los resultados que todos conocemos.
Pero vamos a la educación.
¿Por qué este es un tema aún más sensible que los anteriores?
Porque una educación oportuna, desde el nacimiento en adelante, iguala las oportunidades. Y eso -tenemos que asumirlo- no ha sido así en nuestro país. Más aún, la educación pública fue expresamente abandonada. Recordemos que en el diseño del Régimen militar la educación pública estaba destinada a desaparecer. En la medida que mejoraran los niveles de ingreso de las familias chilenas, iban a pasar a la educación privada. Igual cosa ocurriría en la salud. La calidad de la salud subiría en la medida que hubiera mejores planes de salud en el mercado, por supuesto a otro precio. Lo mismo se planteaba para la vivienda y para la previsión.
En este contexto, los resultados no han sido los prometidos y es así como tenemos una educación claramente deficitaria. Por consiguiente, se ha demostrado que el mercado simplemente reproduce las estructuras de la desigualdad o de la segmentación en una sociedad, pero no mejora ni empeora la situación: la mantiene.
¿Qué haremos frente a esta realidad?
Además de los datos ya mencionados, quiero compartir una conversación a la que varios colegas aquí presentes asistieron, cuando el Presidente Ejecutivo de CODELCO, don Nelson Pizarro, concurrió a la Comisión de Minería y Energía y manifestó que una de las causas de la pérdida de productividad de la Corporación se encontraba en la apuesta por el cambio generacional, porque los jóvenes que habían reemplazado a los viejos -entre comillas-, técnicos y profesionales que fueron incorporados en programas de retiro anticipado de alto costo, habían descapitalizado a la empresa, al no poseer las competencias básicas para desempeñarse en una industria de clase mundial.
Las cifras que he mencionado tienen que ver también con el desempeño de nuestros egresados de las aulas universitarias. Jóvenes que estudiaron en los mejores colegios, en las mejores universidades, con posgrados en el extranjero, son incapaces de estar siete, diez, veinte días en las minas en el norte de Chile y, por consiguiente, se desmoronan, porque no poseen ni el carácter ni las competencias básicas para enfrentar la adversidad.
No nos engañemos: tenemos una profunda crisis que no nos está llevando a un salto hacia el desarrollo.
Podemos sumar otros elementos que son evidentes. No es la única causa. Tiene razón mi amigo Manuel José Ossandón. Pero es una contribución.
La educación fue siempre el principal canal de movilidad e integración social del país, y hoy ya no cumple ese rol.
Por otro lado, hemos presenciado un creciente quiebre en la sociabilidad chilena.
La falta de calidad también se hace cada vez más evidente. Eso está afectando la vida. No es la única causa, pero es una de ellas.
Si analizamos los movimientos estudiantiles, los más radicales están en los colegios de privados. Porque cuando se selecciona y se dice "Tú sí", hay muchos otros a los que se les dice "Tú no". Y eso, cuando ocurre desde que se nace hasta que se avanza, en la vida cotidiana de la experiencia, lleva, inevitablemente, al quiebre de la solidaridad social.
Se suma la crisis del patrón de crecimiento de nuestro país, basado en las rentas, y la necesidad de dar un salto a la sociedad del conocimiento, a las cadenas de valor, a las industrias innovadoras. Nuestra población no tiene competencia para trabajar en ese mundo. Ahí está la experiencia de la gran industria, de clase mundial, del cobre. Nos están reemplazando estudiantes que vienen de otros países. Basta subirse a los aviones para ver que llegan asiáticos, latinoamericanos, desplazando a los chilenos, que no reúnen las capacidades para competir en ese escenario internacional.
También hay que reconocer el cambio de época. La ciudadanía está descontenta, con una crisis general en las instituciones. La crisis de la escuela es también parte de la crisis de las instituciones. ¿Cómo va a ser posible que en una sociedad del conocimiento las formas de enseñar, de aprender sean exactamente las mismas de antes? No ha habido una real modificación en el factor de movilidad e integración social; en los métodos de enseñanza y aprendizaje; en la formación de los profesores; en los planes y programas. Es decir, nuestra educación, en sí misma, está añeja para las condiciones que Chile necesita hoy para dar un salto al desarrollo.
Dicho todo aquello, quiero señalar que necesitamos abordar una reforma profunda a la educación. No podemos estar contentos con las cifras entregadas.
Pero, si vamos a recuperar el concepto del derecho a la educación y a la no discriminación, debemos abordarlo en un diálogo nacional, con amplio consenso. Y ahí aceptaré muchas de las intervenciones que hemos escuchado hoy, que nos señalan que quizás nos ha faltado más inteligencia emocional en el camino.
Tenemos que diseñar mecanismos que promuevan la integración social, pero también la meritocracia y la excelencia.
Tenemos que buscar la igualdad de derechos, con reconocimiento del mérito y el esfuerzo, a partir de realidades socioculturales muy distintas.
En esta línea, debemos avanzar, gradualmente, hacia criterios de selección, pero acotados a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes y dentro de cada establecimiento, como lo hacen países desarrollados. La vocación y el talento emergen durante el proceso formativo.
Es difícil -y esto va para la Senadora Von Baer- cuando una madre tiene un hijo genio en primero y se cree que él posee todas las competencias para lograr una educación especial. En realidad, la educación permite que aflore precisamente aquello. Por lo tanto, un proceso de selección es razonable en etapas más avanzadas, cuando todos los niños han tenido la oportunidad de desplegarse. Vamos a descubrir que contamos con una mina de oro en Chile cuando los niños reciban, desde el primer día, una educación que integra, que no discrimina y que les permite a todos progresar.
Respecto al lucro, creo que hemos tomado una decisión valiente. No se puede lucrar con recursos públicos. Va a seguir habiendo educación privada. Lo que se le pide a la educación subvencionada es un cambio en su dinámica, no que desaparezca.
También hemos usado un lenguaje impropio.
El profesor subvencionado que creó una escuela, que corresponde a la mayoría de las experiencias, es una persona que hizo un aporte a la educación en Chile, mejorando la cobertura. Hubo mejores proyectos, mayor innovación. En la medida en que el Estado abandonaba la educación pública, muchos se aferraron a la educación subvencionada y ahora les queremos decir que se las cerramos, sin ofrecerles, como alternativa, una educación pública de calidad. Además, no se trata de cerrar la educación subvencionada, sino, simplemente, de integrarla a una nueva lógica de no lucro y de no selección, de manera que los establecimientos cumplan, igualmente, una función pública.
De eso se trata esta reforma.
Si vamos a cambiar el diseño educacional, debemos asegurar una transición justa y racional. Para ello, proponemos una transición gradual que ponga término al copago, de modo de ir asignando los recursos públicos según las disponibilidades y urgencias de la estrategia de mejoramiento de la calidad y diversidad de la educación en general, pero teniendo como prioridades el fortalecimiento de la educación pública y la nueva carrera docente.
Asimismo, debemos atender a la diversidad financiera de los colegios subvencionados para asegurarles una transición sin quiebres. Esto supone ponderar las condiciones financieras de los establecimientos para construir o arrendar inmuebles; dar una solución justa al tema del patrimonio comprometido de los sostenedores, que era la herencia a sus hijos, cuando no han lucrado con la educación o mantienen deudas con el sistema financiero implementado en políticas del propio Estado chileno.
De la misma forma, tenemos que asegurarnos de que instituciones como las ATE eviten negocios cruzados entre empresas relacionadas como una forma indirecta y abusiva de lograr lucro.
Capítulo aparte merece la educación pública, donde requerimos un plan de fortalecimiento especial permanente -por lo menos de unos cuatro o cinco años- cuyas prioridades sean: dignificación del profesorado, con una carrera docente motivante; planes y programas atractivos, provocadores y vinculados al entorno; formas de enseñanza y aprendizaje centradas en el alumno; colegios y liceos dotados de una infraestructura adecuada, para el desarrollo de un aprendizaje activo e integral.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Dispone de medio minuto más para redondear.

El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, se hace imperativo extender el fondo especial de financiamiento para un período de al menos cuatros años, para poder poner en orden y recuperar a la educación pública, vapuleada ex profeso por las autoridades de turno, que fueron indiferentes ante la caída de este tipo de educación, que ha retrocedido por el abandono del Estado y los sucesivos gobiernos.
Al mismo tiempo, hay que asumir que esta es una tarea larga y compleja donde será necesario construir consensos, porque reformas tan profundas como la de la educación deben ser un compromiso de todos. De lo contrario, llevan a una creciente inestabilidad de gobierno en gobierno, echándose para atrás lo que trató de hacer el anterior.
Voto a favor, confiando en que vamos a ordenarnos en el camino. Quizás se podría haber partido de otra manera, pero las cartas están sobre la mesa y efectuar hoy rectificaciones sobre la marcha solo aumentaría la confusión.
Por supuesto, señora Presidenta, apruebo esta reforma.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, quiero valorar la discusión que se está dando hoy en esta Sala, porque si algo importante hay en nuestro país es justamente la educación de nuestros niños y de las futuras generaciones.
No puedo dejar de manifestar mi comprensión respecto a las palabras de la Presidenta de la República en cuanto a su intuición. Creo que todo el país ha tenido esa intuición: que debiéramos haber partido al revés. Había que partir por la educación pública, por cómo mejorarla.
Y se partió justamente con lo que el país no conocía, porque en la campaña presidencial se ofreció educación de calidad y gratuita. Nosotros dijimos: "De acuerdo, de calidad; y gratuita, para los que no puedan pagar". Esa era la diferencia que había entre las dos candidaturas presidenciales.
En ningún momento se dijo que se iban a acabar los colegios particulares subvencionados. Eso no lo sabía nadie. En ningún momento se sospechó que se iba a llegar a una tómbola para ingresar a un colegio, o al cachipún, pues originalmente se vieron varias alternativas.
Nadie pensó que se iba a restringir a quienes mayoritariamente son profesores, varios de ellos grandes profesores normalistas. Porque hay muchos. Por eso valoro el trabajo histórico que hicieron los profesores normalistas, que todavía quedan en algunas regiones. Ellos tomaron la decisión cuando el Estado dijo: "Ayúdenme para que la educación llegue a todos los chilenos". Se invirtió en infraestructura y se le pidió al sector privado que se incorporara. Y la mayoría de ellos fueron profesores. Son personas o comunidades escolares que hoy se hallan en la total incertidumbre.
He participado en muchos seminarios en mi Región; he conversado con sostenedores, con padres, con alumnos, y lo que hay es una preocupación total. Los bancos les cerraron los créditos a los sostenedores. ¿Quién le va a estar entregando recursos a una actividad que se acaba o respecto de la cual al menos no se sabe qué ocurrirá hasta que esté terminado el proyecto?
¡Es una desesperación total!
Entonces, unos padres formaron una agrupación y dijeron: "Nosotros hicimos una movilización años atrás, durante el Gobierno pasado, solicitando que la educación fuera de calidad. Y también que los costos de la educación fueran menores, especialmente la universitaria". Hubo algunas respuestas. Pero en ningún instante el chileno común y corriente tuvo conocimiento de que este proyecto iba a presentarse.
Si se hubiera dicho todo esto, creo que los resultados de la elección presidencial habrían sido muy distintos, tal como están demostrando las encuestas el día de hoy.
¿Qué quieren los padres y apoderados? Una educación más justa, inclusiva y de calidad. Eso queremos todos. Pero, en vez de ser más inclusiva, vamos a tener un sistema que segregará más. Ojalá no ocurra, por cuanto aún tengo esperanzas de que haya alguna solución en este proceso que estamos iniciando.
¿Qué va a ocurrir? Habrá más segregación, porque los padres van a tener que optar, ante el cierre de los establecimientos subvencionados, entre irse a colegios pagados o irse a liceos del Estado o municipales. Esa va a ser la realidad. Eso es lo que sienten hoy día las personas que no tienen recursos y que están aportando un porcentaje de copago para la mejor educación de sus hijos. Esos padres se sienten amenazados, están inseguros, y con toda razón, porque lo más maravilloso, lo más precioso que tienen una madre y un padre son sus hijos. Y cuando se toca su futuro y hay incertidumbre respecto de su educación, se afecta a esa familia y se afecta a una comunidad, que es lo que está ocurriendo en el país hoy día.
A la larga, con este proyecto vamos a segregar más. Los ricos van a estar en los colegios particulares y los pobres se van a ir a la educación municipal. Y lo que necesitamos es, justamente, tener más inclusión. Y si hay un sector en el que ha habido inclusión social ha sido, precisamente, el de los colegios particulares subvencionados.
Yo, señora Presidenta, quisiera reiterar algo importante, que ya planteó un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra y que se refiere a la situación que existe en el mundo rural, al abandono de la educación en ese sector, fundamentalmente en los colegios municipales, que no han contado con recursos suficientes. Necesitamos una subvención diferenciada para los colegios rurales y para los colegios urbanos. Hay que apoyar a los primeros; si no, el mundo rural va a seguir discriminado.
Por otro lado, creo que también debemos pensar en las escuelas especiales. La semana pasada fui a la graduación de una -comillas- "escuela especial ejemplar". Ojalá la conocieran todos los chilenos. Es un colegio especial de la Fundación Ave Fénix, un establecimiento particular que no cobra copago. A él asisten 150 niños, autistas en su mayoría, aunque igualmente hay otros con capacidades diferentes. Esa familia pidió un crédito e invirtió, levantó un colegio extraordinario -incluso se cambiaron este año-, pero ahora se halla tremendamente preocupada por la incertidumbre. Primero que todo, le cerraron la posibilidad de acceder a mayores créditos para completar en forma eficiente lo que el recinto necesita, a pesar de que los padres colaboran fuertemente en la educación de esos niños.
Por ello, los colegios especiales se encuentran hoy día en una situación gris. Ignoran lo que va a pasar, porque imparten un tipo de educación que necesita más recursos -¡muchos más recursos!-, y no me parece aceptable que se termine de apoyar a esos niños a los 24 años, toda vez que, en su gran mayoría, permanecerán durante toda su vida en esas condiciones y, por tanto, necesitamos una subvención permanente a las escuelas especiales que atienden niños con capacidades diferentes, sobre todo mentales.
De otro lado, me parece fundamental que hagamos una reflexión acerca de lo que ocurre en la actualidad en la educación, especialmente en lo que concierne a la responsabilidad de los padres y apoderados.
Hoy se ha perdido la disciplina. No hay respeto a los profesores y muchas veces los padres resuelven sacar a sus hijos de determinado colegio para llevárselo a otro, pues ven que los niños ni siquiera los respetan a ellos.
Y esto también es una responsabilidad del hogar. Los padres somos los primeros responsables por la educación de nuestros hijos. No se trata de derivar esta obligación solo al colegio, que puede colaborar mucho, sino de entender que la educación debe darse en forma integrada entre el hogar y la escuela.
Por eso, cuando uno ve la falta de respeto a los profesores, cuando uno ve los ataques que protagonizan algunos niños sin que, a la larga, exista una respuesta, lo que se hace es flexibilizar y dar cancha libre a este tipo de actos que afectan la educación de esos menores, pues ese ejemplo después lo llevan a la sociedad, a la calle.
Por lo tanto, necesitamos recuperar el respeto al profesorado; necesitamos entregarles las herramientas necesarias a los docentes para que puedan formar a sus alumnos y, si no somos capaces de hacerlo a través de este proyecto, la verdad es que, por muy buenas intenciones que tengamos, no obtendremos resultados.
De otro lado, señora Presidenta, me parece fundamental la implementación de una carrera profesional para los profesores y mayores recursos para los directores.
Debemos entender que las huelgas que han ocurrido obedecen a la desesperación de muchos padres que carecen de los recursos suficientes para educar a sus hijos y se endeudaron hipotecando sus casas, adquiriendo tarjetas.
Ese es el gran anhelo de los padres y el reclamo que hemos visto en el último tiempo. Por ello, no podemos destruir lo que ha costado tanto construir...

La señora ALLENDE (Presidenta).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Puede redondear la idea.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Gracias, señora Presidenta.
Por tal razón, quiero rendirles un homenaje a las personas que defienden la educación particular subvencionada, a la mayoría de los profesores que tomaron esa determinación y a los padres que hoy día creen que esta reforma educacional no va en el camino correcto.
Chile está perdiendo la oportunidad de ser un país desarrollado y tal vez, en virtud de esta iniciativa, vamos a postergar durante muchos años la posibilidad de que lleguemos a lo que todos aspiramos: un país más justo, un país más desarrollado.
Por las razones expuestas, voto en contra de esta reforma educacional.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señora Presidenta, a mí me gustaría, sobre todo pensando en quienes siguen este debate, volver a aclarar que nos hallamos en la votación general de este proyecto, que es uno de varios que nos permitirán abordar lo que llamamos "la reforma educacional".
Por lo tanto, la decisión que debemos tomar quienes formamos parte de esta Sala es si estamos de acuerdo con el sentido, con el objetivo del proyecto; si compartimos lo que indicó el Senador Ignacio Walker, al comienzo de la sesión, en el sentido de avanzar hacia una educación de calidad, con equidad para que no sea el bolsillo la llave de acceso a ella -como se puntualizó en varias intervenciones-, y si estamos dispuestos a abordar esta problemática para poner término al lucro, a la selección y al copago.
Se recordaba que Chile es el único país del mundo con un sistema educacional que mantiene dicha tríada -lucro, copago y selección-, y que ha quedado claro su fracaso, pues ha ido profundizando la desigualdad y la segmentación social.
Este modelo, más bien, enfatiza el "cuánto tienes igual a cuánto puedes". Y de acuerdo a "cuánto tienes" serán tus posibilidades de hoy y de las que gozarán tus hijos.
Esa es la discusión de fondo que debemos llevar a cabo en la votación de la idea de legislar.
La iniciativa que esperamos aprobar también es fruto de la resonancia social. Lo digo con todas sus letras: la resonancia social. Porque sin duda no estaríamos efectuando este debate si no hubiese sido por las movilizaciones estudiantiles, por los "pingüinos" del 2006 y del 2011 que, en forma bien valiente, salieron a la calle y fueron capaces de poner este tema en la agenda con la prioridad que se requiere.
Yo recuerdo cómo muchos estudiantes fueron perseguidos por organizarse, por formar parte de los centros de alumnos. Tuvimos, incluso, que presentar en ese momento un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para establecer el fuero estudiantil, porque se castigaba a los alumnos por organizarse, por llevar adelante una práctica absolutamente democrática.
Y el proyecto que nos ocupa es fruto de esas discusiones.
Asimismo, esta iniciativa significa un reconocimiento a los profesores, al resto de la comunidad educativa, a los directores, a los asistentes de la educación, a las manipuladoras de alimentos y, también, a los padres.
Y respecto a lo último, señora Presidenta, quiero hacer un reconocimiento con mucha claridad a los padres de esos niños y esas niñas que no marcharon ayer, no marchan hoy ni tampoco lo harán mañana, pues son padres que han visto frustrada su esperanza, su sueño de dar a sus hijos una mejor realidad, un mejor futuro y que, lamentablemente, conviven con la frustración de no contar con los recursos para ello.
Hemos llamado a esta iniciativa de ley "el proyecto de la inclusión", "el proyecto para todos y todas", pues su propósito es promover un sistema educacional en el cual los estudiantes no sean discriminados por su situación socioeconómica y se garantice su derecho a la educación como un bien social -tal cual se ha indicado- y no como un bien de consumo.
El debate no ha sido fácil -¡cómo no!; es evidente- y ha estado lleno de mitos, de informaciones y de discusiones públicas que buscan confundir, por decirlo en forma suave.
Este no es un proyecto -y nunca lo ha sido-, desde los primeros planteamientos, que vaya en contra de la educación particular subvencionada.
Me llama la atención -y casi me sonrío- cuando vuelvo a escuchar declaraciones como la del Senador que me antecedió en el uso de la palabra, toda vez que nadie pensó en cerrar los colegios particulares subvencionados.
¡Cuántas veces lo dijimos durante la campaña! ¡Cuántas veces tenemos que repetirlo hoy!
Por el contrario. La ley en proyecto parte reconociendo la provisión mixta, pero termina con el copago, nivela hacia arriba la subvención y remplaza los montos que hoy ponen las familias -constituyen una barrera para acceder a la educación particular subvencionada- por aportes estatales, recaudados sobre la base de los impuestos que pagamos todos los chilenos y las chilenas.
Por otra parte, este proyecto tampoco atenta contra los diversos proyectos educativos. Al contrario, su propósito es poner al centro el proyecto educativo para que las familias puedan escoger de acuerdo a ello y no al copago.
En uno de los tantos foros en que nos ha tocado participar y que se realizó en un colegio salesiano sosteníamos ¡qué más cercano a las aspiraciones de la Iglesia que eliminar el aporte de 60 mil pesos que una familia debe hacer, el cual es bastante privativo, para poder formar a sus chicos en la enseñanza católica!
Eso forma parte de la esencia de lo que quiere la educación en el caso de proyectos educativos de congregaciones de iglesia. Eso busca esta iniciativa.
¿Podríamos haber partido distinto?
Sí, es cierto.
Sin embargo, quiero decir con bastante franqueza que, aunque así hubiera sido, esta discusión sería la misma, este proyecto tendría el mismo rechazo, se construirían los mismos mitos, se habrían dicho las mismas falsedades que escuchamos.
Porque, en el fondo, estamos afectando las bases de un modelo muy instalado en nuestra sociedad. Y eso no será fácil de cambiar.
Yo recordaba cuando a mi padre le tocó estar a cargo de la Reforma Agraria en Magallanes. Allí había un cambio profundo, que tenía que ver con la convicción de la propiedad de la tierra. Uno podría decir que se trataba de cambios esenciales respecto a los cuales podíamos estar de acuerdo o no, pero eran reformas profundas. Y en su época, se llevaron adelante con convicción.
Recuerdo, en forma más cercana, cuando discutimos la extensión del postnatal. Al principio muchos decían que no se iba a contratar a más mujeres si extendíamos el postnatal a seis meses. Cuánto costó algo que hoy día se considera tan lógico: que no se pueda discriminar a una mujer porque es madre, ni decir: "No la contrato porque sale más cara". Eso ahora parece una ofensa, y todos reaccionamos ante ello. Pero es producto de entender que es un derecho del niño, no algo asociado al mercado del trabajo o a la lógica económica con que se medía ese tema.
Lo mismo sucede acá.
Se trata de cómo reconocemos que a la capacidad de un niño que nace no le podemos establecer un techo cuando tiene cuatro o cinco años, conformado por una prueba de selección que indique cómo le va a ir después en alguna de las pruebas estandarizadas con las que medimos los rendimientos en nuestro sistema educacional. Esa convicción de derecho queremos instalar.
Además, lo hacemos, a sabiendas de que este proyecto conlleva riesgos políticos, porque los resultados no se van a notar en lo inmediato, en cuatro años. No obstante, vale la pena buscarlos con el modelo de sociedad que deseamos construir.
Hoy, cuando votamos en general, pongo el acento en el tema de fondo; en lo que hay detrás de la reforma educacional y de este proyecto, sin perdernos en lo relativo a los mecanismos.
Se han dado muestras, en lo que llevamos de debate, de cómo podemos buscar fórmulas de gradualidad, distintas alternativas que respeten la inversión realizada y la retribución legítima de un sostenedor que ha invertido en infraestructura o el cómo se paga la gestión educacional. En eso el debate en particular dará muestras de cómo se va armando un menú de opciones que respondan a las distintas realidades.
Sin embargo, no podemos renunciar al objetivo principal de esta iniciativa, que tiene que ver, efectivamente, con cómo hacer de la educación un derecho para todos, cómo terminamos con la selección y con el copago como límites relacionados con la situación o con la historia socioeconómica de una familia.
Aquí hay una tremenda oportunidad -lo hemos dicho, lo hemos escuchado y lo quiero repetir- en una reforma que no va a ser fácil, pero que sí podemos realizar a fondo: pasar de un sistema reproductor de desigualdad a uno que efectivamente busque promover oportunidades para todos.
Por último, se hablaba de la segregación espacial en nuestras ciudades. Lo decía el Senador Ossandón.
Eso no es casual. No es algo que se dio porque sí. Ocurrió porque en algún momento se tomó la decisión de dejar a quienes eran más pobres en la periferia, fuera de la ciudad. Eso se impuso en dictadura, y revertirlo será bastante difícil.
Hoy lo que buscamos es cambiar esa lógica por la de la integración, en cuanto a que dentro de la sala no importe qué hace o cuánto gana el papá de un niño, sino lo que este vale como persona y desarrollar como sociedad y como Estado todo su potencial.
Ojalá esa discusión la hagamos abierta, con mucho diálogo, en cada uno de los territorios, en cada una de las comunas, en cada una de las regiones.
Con entusiasmo, apruebo en general este proyecto.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, quiero plantear algo que ya dije en su oportunidad el año 2007 con respecto a la Ley General de Educación. Y también el año 2012.
En primer lugar, nosotros vivimos en un país muy centralista y tremendamente concentrador. Eso ha llevado en lo territorial a zonas de sacrificio y a ciudadanos que se sienten abusados por el sistema. El dato más evidente es la inequidad, la desigualdad social existente en nuestro país. Obviamente, no podemos permitir que esta se siga reproduciendo en la educación en Chile.
La fórmula para solucionar lo anterior es empoderar a las regiones, a las personas, y hacer que la educación releve este tema, pero en profundidad. Su eje más importante son los alumnos, los niños y nuestra sociedad.
En segundo término, quiero ponerme en un escenario práctico.
Si el Senado rechaza este proyecto, se deberá formar una Comisión Mixta y, por lo tanto, estaremos renunciando a la posibilidad de modificar y de perfeccionar este proyecto. Esto es algo simple, que se entiende con peras y manzanas: si hay posibilidades de mejorarlo, validarlo, transversalizarlo, en buena hora. Y estamos llamados a eso.
En tal sentido, me reuní y trabajé con el Ministerio de Educación, con su titular, y obtuve de parte de este compromisos claros y también el anuncio de indicaciones del Ejecutivo, que serán plasmadas en el siguiente proceso legislativo, en la discusión en particular.
Hay temas sensibles. Se han planteado en esta Sala.
Los profesores.
Desde luego, ellos requieren más tiempo para planificar, para evaluar, para tener una correlación con las horas de clase.
También, tener un aumento significativo y gradual de sus rentas, como pasa en todo el mundo.
Que existan menos alumnos en las aulas.
Ayer aprobamos la iniciativa relativa a la titularidad, que avanza en la misma dirección.
La actividad de los profesores también tiene que ser evaluada. Porque, efectivamente, deben ser líderes de los alumnos y entre sus colegas, los apoderados y la comunidad.
Es un área importante de comprometer.
Después, se ha hablado del proceso de desmunicipalización. Hay enormes desigualdades entre los colegios municipales en nuestro país. Les damos más facultades, les damos más atribuciones, pero no les damos los medios. Hay una serie de enclaves que se necesita arreglar, y aquí se ha planteado un compromiso de desmunicipalizar en forma gradual.
Vincular a las comunidades con la evaluación de los establecimientos.
Mejorar los currículums de estudio. Lo más importante, la calidad.
Asimismo, lo que significa hacer aplicables los programas a las identidades y diversidades regionales que tenemos. Educar en Santiago o en las zonas extremas: en Arica, en la Patagonia, en Palena, en Aysén, en Magallanes o en Rapa Nui es totalmente distinto.
Debemos mejorar numerosos aspectos vinculados con la educación digital, con la educación física y, particularmente, con la educación ciudadana de verdad: preparar personas responsables que se hagan cargo de sus derechos, de sus responsabilidades. La educación ambiental se ha obviado, porque pone en jaque al modelo.
Se trata de temas que no podemos soslayar.
Después, hay un punto no menor, referido al mundo rural.
Voté en contra del acuerdo de la Ley General de Educación, pues, al reducir los ciclos de ocho años de enseñanza básica a seis, dejaba de lado a 1.044 escuelas rurales en nuestro país y, de ese modo, jóvenes de 12 y 13 años se verían obligados a migrar de sus localidades a ciudades mayores y, con ello, se despoblarían más nuestros campos y quedarían sin ser producidos. Hay un compromiso del Ministro en el sentido de regularizar esta situación y no volver a aplicar tal reducción dentro de plazos legales.
El año 2012, con la Senadora Lily Pérez y el entonces Senador Carlos Cantero, apoyamos la prohibición de que los aportes estatales fueran utilizados en fines distintos de los educacionales. La intervención que hice en dicha oportunidad sigue plenamente vigente: estamos muy bien en cobertura, pero muy mal en calidad.
Si uno revisa los resultados de las pruebas internacionales TIMSS y PISA, nota que Chile se ubica en los últimos lugares en comparación a los países que pretendemos igualar.
Andreas Schleicher, creador y director de la prueba PISA, señala que nuestro país es el más desigual de todos los que rinden la prueba y que en los resultados no se observan mayores diferencias entre lo que hace la educación pública y lo que realiza la privada si trabajan con niños del mismo nivel social. Agrega que las escuelas de elite, que tienen condiciones sociales comparables con las del mundo desarrollado, están muy por debajo del promedio de otras naciones.
Corea del Sur y Alemania lo entendieron, y llevaron a cabo un esfuerzo nacional en tal sentido.
Lo dije en esa época: el lucro, de acuerdo a la definición de la Real Academia Española, significa ganancia, beneficio, provecho que se consigue en un asunto o negocio.
¿Es la educación un "asunto" o "negocio"?
Ahí está el tema.
Se trata de que haya una justa proporción y compensación por el esfuerzo del proyecto educativo, pero no que sea una actividad comercial de preferencia. Ese es el objetivo al que apuntamos.
Dentro de los compromisos asumidos, se presenta una situación muy sensible. Me refiero a las personas que han iniciado un proyecto educativo bajo la legislación vigente y que han debido arrendar un establecimiento. Obviamente, a estos sostenedores hay que ofrecerles una salida: que tales arriendos se sigan pagando con cargo a la subvención escolar o que se facilite un proceso gradual de traspaso a una entidad sin fines de lucro, dando a cada uno de sus componentes una justa compensación.
En esa línea debemos transitar. Vamos a revisar, desde luego, las disposiciones sobre ese asunto mediante indicaciones.
También es factible que alguien que haya invertido en un proyecto educacional se arriende a sí mismo. ¿Por qué no? Es posible.
En estas materias tenemos que ser claros.
En cuanto a la selección, obviamente hay que impedir la inequidad socioeconómica.
También se presentan aspectos de otro tipo: de lenguaje, de discapacidad o de preferencia a ciertos idiomas. Y los proyectos educativos de alguna manera deben hacerse cargo de ellos.
Francamente, estimo que podemos avanzar en ese sentido e, incluso, crear nuevos establecimientos educacionales, de manera tal que coexistan perfectamente bien los tres sistemas: las escuelas privadas, las organizaciones sin fines de lucro (particulares subvencionadas) y los establecimientos públicos, que serán desmunicipalizados en forma gradual pero potente.
A mi juicio, el eje de la reforma son los alumnos, los niños, la sociedad. No podemos salirnos de ese gran objetivo. Y si en el debate en particular logramos hacer eso sin lucro y resolviendo el problema de la inequidad -de eso se trata-, estaremos en la dirección correcta.
Por ello, votaré a favor de la idea de legislar.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Educación).- Señor Presidente, me han dicho que esta es la última oportunidad de que dispongo para hablar. Por tanto, me disculpo por anticiparme a las intervenciones de los Senadores y las Senadoras que aún no exponen.
Sin duda, como señaló el Senador Montes, esta es una discusión muy de fondo, que busca determinar cómo garantizar un Chile próspero y cómo construir una sociedad en la que todos tengan oportunidades.
Esta iniciativa no trata sobre el sector particular subvencionado, sino sobre las bases de todos los establecimientos que reciben financiamiento público, sean municipales o particulares subvencionados.
En el fondo, este es un debate acerca de las reglas de lo público. En nuestra opinión, estas no pueden aceptar ninguna forma de discriminación, lo que sí se produce por la acción del lucro, de la selección y del copago.
Si un extraterrestre, proveniente de una civilización inteligente, mirara lo que sucede en la Tierra, vería 2,01 tipos de configuraciones de sistemas educativos. También notaría que, en la enorme mayoría de los países -en realidad, casi en su totalidad-, la educación es provista directamente por el Estado. Un pequeño sector, en cada una de esas naciones, es atendido por la educación particular pagada. Lo que varía en la educación pública, que atiende a un gran porcentaje de la población, es su distinto nivel de calidad: los países más ricos cuentan con una educación pública tan buena como la particular pagada; aquellos relativamente más pobres, en cambio, están un poco más atrás.
Si ustedes leen los últimos estudios sobre este modelo dominante en el mundo (educación pública para el 95 por ciento de los ciudadanos y particular pagada para el 5 por ciento restante), que se aplica de forma georreferenciada, o sea, los niños van al colegio del barrio -sugiero el informe más reciente que una comisión bipartita, compuesta por los mejores educadores de los Estados Unidos de América, entregó al Presidente Obama, que se llama Equidad para la Excelencia (Equity for Excellence) y que está disponible por Internet-, verán que en dicho país, muy preocupados por cómo se ha quedado atrás la educación respecto de los países asiáticos, que son sus más directos competidores -particularmente China-, se señala que no hay modo alguno de mejorar la calidad media de la educación si no se rompe la segregación, que en ese caso es territorial.
Y se plantean distintas fórmulas. Una de ellas es que los Estados y el Gobierno Federal compensen las vecindades más pobres. Se está produciendo una segregación, no porque haya exclusión, no porque haya lucro, no porque haya copago, sino simplemente porque, al darse un financiamiento territorial, se genera desigualdad.
Pero dicen claramente: "La única forma de mejorar la calidad de la educación es a través de la inclusión y la equidad".
Dicho extraterrestre de un planeta inteligente verá un segundo tipo de configuración, que no opera más que en un puñado de países. Me refiero a la educación financiada, principalmente, por el Estado, pero provista tanto por este como por el sector particular subvencionado. Este modelo ustedes lo pueden encontrar en Bélgica, en Holanda, en la provincia de Ontario en Canadá y en pocas naciones más.
En todos esos lugares, señora Presidenta, para la educación entregada directamente por el Estado y para la financiada por este pero provista por sostenedores privados, las reglas de provisión son sin lucro, sin discriminación, sin copago.
Estoy hablando de los países más desarrollados del mundo: por ejemplo, Inglaterra y Estados Unidos, que en distintos siglos fueron la cuna y los impulsores del capitalismo.
Yo fui Ministro de Hacienda, como todos ustedes saben, y creo fervientemente en la ganancia como motivación muy importante para la innovación y el progreso económico de los pueblos.
No obstante, por alguna razón, todos esos países, que no solo apoyan el lucro, sino que, además, lo han usado como impulso central de los agentes económicos, no lo aplican en la educación. Esto no lo inventamos nosotros; no es un problema de académicos de Izquierda, sino conocimiento universal, como el que se puede encontrar en todos los textos de economía en educación, de economía de contrato, etcétera, etcétera.
Del 2,01 nosotros somos el 0,01: el componente raro.
Lo que pasa aquí es algo extremadamente simple: queremos continuar creyendo que hemos descubierto la piedra filosofal con un sistema que fue copiado del libro Capitalismo y libertad, de Milton Friedman (1962). En la única parte del mundo donde se logró implantar fue acá. ¡La única parte del mundo!
O reconocemos que nos equivocamos, Concertación incluida con el tema del copago -y algunos lo dijeron: "Nos equivocamos"-, porque eso segregó más el sistema, o recurrimos a nuestra tradición histórica y a lo que ha sido la experiencia comparada de todo el mundo acerca de cómo se organiza la educación provista con fondos del Estado.
¿Significa eso terminar con la educación particular subvencionada? Muy por el contrario. Si ustedes revisan el proyecto de ley, notarán que se propone aumentar los recursos de dicho sector educacional, no disminuirlos.
¿Significa eso que nosotros buscamos confeccionar un traje en el que todos calcen? Por supuesto que no.
Aquí se han hecho aclaraciones importantes. Yo mismo he reiterado en la discusión de esta iniciativa de ley que estamos en contra de la selección discriminatoria.
Un colegio que atiende a niños con necesidades educativas especiales no puede operar con las mismas reglas de admisión que un colegio regular. ¡Eso es evidente!
En la historia fidedigna de la ley consta que hemos dicho que no vamos a cambiar, en absoluto, la forma de ingreso por programas PIE en los establecimientos educacionales regulares, en las escuelas de lenguaje o en las escuelas diferenciales. Obviamente, tales situaciones requieren un tratamiento especial.
¿Vamos a cambiar el sistema de educación para adultos? No. Nunca se ha propuesto un mismo modelo para la formación de adultos y para la educación regular.
Por otra parte, se ha dicho que los padres votan con los pies. El que hayan trasladado a sus hijos de la educación pública a la particular subvencionada sería una prueba fehaciente de que esta última es mejor. Sin embargo, ningún indicador de los vastos trabajos que se han hecho para evaluar calidad llega a la misma conclusión.
El Senador señor García-Huidobro ha expresado su preocupación -y con justicia- por la situación por la que atraviesa la educación rural. Ante ello, pregunto: si dicho sector está con problemas, ¿es porque son peores los maestros y los directores que ahí laboran? No, señora Presidenta.
¿Por qué, entonces, sucede aquello? La razón es extremadamente simple: porque en las propiedades desconcentradas, donde hay poca cantidad de alumnos, los colegios de menor escala enfrentan muchas más dificultades para sobrevivir que los de gran escala, dado el esquema de financiamiento que aplicamos, que se llama "voucher por asistencia".
Y eso lo reconoce el propio Senador, a quien agradezco su persistencia en el tema referido.
Otra cosa que tendremos que revisar, para no discriminar contra los emprendimientos pequeños, para no discriminar contra la educación en el campo, para no discriminar contra las regiones distantes, es el modelo de financiamiento, a fin de establecer uno con total independencia de que los colegios sean particulares subvencionados o públicos. Se trata, simplemente, de una asignación eficiente de recursos.
¿Dónde está, por tanto, la cantidad de intenciones que se nos ha presumido?
¿Se puede o no concebir, señora Presidenta, la existencia de colegios que apunten a desarrollar cualidades especiales, como los que forman el talento artístico o musical de los niños, para cuyo ingreso se requieren exámenes particulares? ¡Por supuesto que sí!
Todo lo que hemos argumentado es que no queremos discriminación: rechazamos el hecho de que un criterio socioeconómico determine si un niño entra o no a un colegio.
¿Es factible que haya establecimientos educacionales enfocados a un mayor nivel de profundidad en los conocimientos? ¡Claro que sí!
A través de indicaciones, propondremos una institucionalidad como corresponde -no por historia- para sancionar ese tipo de escuelas particulares, en un sentido o en otro.
En definitiva, este no es un proyecto más, sino el que funda las bases sobre las cuales levantar nuestra educación. ¿Significa esto que las bases constituyen el edificio? Obviamente, no; constituyen los cimientos.
¿Necesitamos o no fijar una nueva institucionalidad para la educación pública, como lo señaló el Senador Bianchi? Desde luego que sí, porque está archicomprobado que los problemas que se observan a nivel general están reproducidos, con mayor intensidad todavía, en el ámbito público, donde algunos colegios son tributarios de municipios pequeños, con pocas capacidades y poco financiamiento, y otros son manejados por municipalidades amplias que poseen más recursos.
Por lo tanto, ahí se genera una diferencia obvia en la gestión.
¿Arreglada la institucionalidad del sector público, tendremos educación de calidad? Obviamente que no. Habrá que revisar la situación de los profesores.
Ustedes han conocido algunos trascendidos por la prensa. Hemos trabajado con el Colegio de Profesores, mediante el Plan Maestro, que reúne las mejores propuestas para reestructurar completamente la profesión docente, en cuanto a formación inicial, a inducción para que el profesor entre al magisterio -se aplicarán los mejores estándares internacionales- y, finalmente, a carrera docente, que será por mérito.
¿Con eso habremos concluido la tarea? No.
Gracias a ustedes, está aprobada la nueva institucionalidad parvularia. Porque, en materia de equidad, cuanto antes se parta mejor, ojalá desde la cuna.
En fin, no hemos cubierto el enorme ámbito de la vida estudiantil.
Además, considerando las formas muy parciales de financiamiento a la clase media para estudios superiores, desgraciadamente, todavía muchos jóvenes no pueden entrar a la universidad o quedan con deudas imposibles de solventar.
Es completamente imposible, señora Presidenta, discutir al mismo tiempo la tremenda gama de materias que abarca la educación. Lo hemos señalado en incontables ocasiones.
Hoy estamos debatiendo acerca de los cimientos.
A mí me habría gustado -hay legítimo derecho a discrepar- que la discusión se hubiera centrado en lo que nos convoca: ¿es bueno o no es bueno que entre los incentivos de las organizaciones sostenedoras de establecimientos que reciben financiamiento público esté el lucro, la selección y el copago?
Nuestra absoluta convicción, no basada en teorías de académicos de Izquierda, sino en la realidad absolutamente universal, es que esos tres aditamentos son incentivos incorrectos -¡incorrectos!-, y hay que cambiarlos de forma gradual y con respeto por la diversidad de proyectos educativos que existen.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de seguir ofreciendo la palabra, deseo señalar dos cosas.
En primer lugar, pido autorización a la Sala para abrir la votación, respetando evidentemente el tiempo de intervención de los inscritos, y sin perjuicio del fundamento del voto.
¿Habría acuerdo?

El señor MOREIRA.- Sí, señora Presidenta.

El señor BIANCHI.- De acuerdo.

El señor ORPIS.- Me opongo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- No hay acuerdo.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa una moción de los Senadores señores Espina, Chahuán, García, Hernán Larraín y Prokurica, con la que dan inicio a un proyecto de ley para aumentar la protección de la ciudadanía frente a la delincuencia (boletín Nº 9.823-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
)------------(

El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, pida de nuevo la autorización.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Solicito de nuevo la anuencia de la Sala para abrir la votación.

El señor ORPIS.- De acuerdo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Veo que los Senadores y las Senadoras han convencido al Honorable señor Orpis.
Reitero que se respetará el tiempo de diez minutos para la intervención de los inscritos. Y si alguien desea fundamentar, dispondrá de los cinco minutos que fija el Reglamento.
Acordado.
Además, como luego de votar varios se van a retirar, necesito quórum para fijar desde ya el plazo de indicaciones. Sugiero el 2 de enero de 2015.
¿Hay acuerdo?
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, al ver que en esta sesión se iba a llegar con muchos recursos para plantear una reforma que busca mejorar la calidad de la educación, uno supondría que debiera ser un día de júbilo, de entendimiento, de unidad. Lo raro, lo paradojal, es que este ha sido un día triste, severo, con muchas más preguntas que respuestas.
Hay tantas interrogantes que en el pasillo se dice que en la discusión particular se podría cocinar una solución diferente de la que se propone en general. Es una triste forma de enfrentar la reforma, quizás, más emblemática que debemos asumir como país.
Sin duda, es una mala manera de iniciar lo que debería estar destinado a establecer cimientos sólidos.
Quiero usar el mismo ejemplo que empleó el Ministro de Educación recién. Él se preguntaba qué ocurriría si un extraterrestre llegara al planeta y mirara esta reforma. Yo tiendo a pensar que estaría un ratito y se volvería a su casa, porque vería que varios están locos.
Objetivamente, ese extraterrestre notaría que nuestro país está evaluando cómo mejorar la calidad de la educación. También constataría que esta se halla dividida en tres segmentos: la educación particular, que funciona bien; la particular subvencionada, a la cual cada vez acuden más personas, pues va mejorando su calidad, y la municipal -es lo más parecido a lo estatal-, que, lamentablemente, ha ido perdiendo su fuerza y de la cual la gente se va saliendo.
Sin embargo, la respuesta que da la autoridad es eliminar la educación particular subvencionada para traspasarla al sector municipal.
Yo no sé si habrá capacidad de entendimiento en otros mundos para comprender ese tipo de reflexión. Pero, por lo menos, a muchos aquí nos parece sorprendente.
La calidad de la educación es precisamente el punto en que ha faltado la reflexión del Gobierno.
Pues bien, más allá de que el Senador Pizarro nos vuelve a su antigua manía de interrumpir ante todo lo que no le gusta, yo quiero decir que el debate que lamentablemente aún no se instala entre quienes gobiernan hoy es el relativo a la calidad de la educación.
A mi juicio, mientras no se instale ese debate, obviamente siempre va a haber un error en la solución si el diagnóstico no se entiende.
Esto tiene que ver no solo con un aspecto intelectual, sino también con cuestiones de los ámbitos emocional, físico, espiritual. No tiene que ver únicamente con preparación para una prueba, sino además con instrumentos, con el deporte, con la disciplina, con la resiliencia, con el trabajo en equipo, con el autocuidado, con la concentración, con la responsabilidad, con la capacidad de aprender y no vivir en paros.
Mientras no exista esa reflexión, siempre va a haber un diagnóstico y una solución equivocados.
Esto es lo que, lamentablemente, hoy el Gobierno le ofrece a nuestro país: con un envoltorio que debería contener el mejor regalo de Navidad para los niños de Chile, nos dice que la solución es terminar con el modelo de educación existente y traspasar un millón 200 mil niños a un sistema que ha fallado por falta de reflexión sobre cómo se mejora la calidad.
Eso es lo sorprendente. Y no puede entusiasmar.
Ante ello, uno reclama. Y reclaman en las calles cientos de miles de chilenos.
Porque admitamos que 2014 no ha sido el año de los que gritaban en las calles, con buenas o malas razones, por una educación universitaria gratuita y de calidad: ha sido el año de aquellos que dicen "Yo quiero tener libertad de elegir". Porque son miles los particulares subvencionados que con esfuerzo han generado los elementos necesarios para que sus hijos, que son lo que realmente importa, se desarrollen de mejor manera.
¿Cuál es el diagnóstico del Gobierno?
Al final, una consigna: el lucro, el copago y la selección son la base de un esquema que impide estructuralmente la calidad de la educación.
Yo quiero decir, señora Presidenta, que la visión apocalíptica que presentan hoy es muy contraria a la que ha existido durante muchas décadas en este mismo Parlamento, con mandatarios que, como los Presidentes Aylwin, Lagos y Frei, creyeron en el modelo al que ahora se quiere execrar.
No voy a olvidar cómo, con entusiasmo genuino, explicaban a presidentes extranjeros, en las cumbres a las que asistían, de qué manera Chile había logrado mejorar el acceso y la calidad, y cómo decían que de siete padres de igual número de jóvenes que estaban cursando estudios superiores uno había ido a la universidad.
Y llamaban a generar el copago. Llamaban también al mejoramiento del esquema, para con la calidad, que era lo que les faltaba, cerrar el círculo.
Sin embargo, ahora se nos está ofreciendo terminar con ese esquema. Con ello se nos dice que todo lo que se hizo en los últimos 30 años hay que tirarlo al tarro de la basura y que hay que volver a un nuevo esquema: el esquema del Estado, el de la falta de diversidad, el que aborrece las diferencias; esa educación única, gris, plana.
Al menos así lo visualizo yo desde mi perspectiva.
Esa es su solución.
Entonces, la calidad no es el problema que impide hacer una sociedad inclusiva, generar los incentivos correctos para que los jóvenes puedan aprender.
No: es mucho más importante la ideología basada en un modelo que permita traspasar crecientemente y que ojalá el 90 por ciento de las personas estén en la educación estatal. Porque se quiere desmunicipalizar la educación municipalizada, lo que es un eufemismo, pues se desea estatizar.
De ahí se llega al paradigma perfecto del Chile que a algunos les encanta: el Chile antiguo, que, desde mi perspectiva, siempre ahogó a la libertad.
Entonces, señora Presidenta, creo que vamos por mal camino. Lo digo con harta convicción. Y me siento responsable, pues fui uno de los que instaron a generar una reforma tributaria que en teoría iba a allegar recursos para mejorar la calidad de la educación.
Yo, ingenuamente -porque ¡era extraterrestre...!-, creí que lo primero que iba a hacer este Gobierno era afrontar el problema de la educación municipal; mejorar la subvención; preocuparse de los profesores, de las horas lectivas; hincar el diente donde está realmente el problema; hacer colgajos suficientes para permitir espacios novedosos que posibilitaran generar la educación de calidad a la que todos aspiramos. Pero nada de eso ha ocurrido.
Ahora, lo que me preocupa más es que el Ministro de Educación dijo que no es casual que hayamos partido con este proyecto.
Porque alguien de las bancas del frente -estoy mirándolo; pero quizás ¡ahora no lo va a recordar...!- preguntó, con buen criterio, por qué no se partió de otra manera.
Pues bien, el Ministro sostuvo que eso es lo angular. O sea, lo angular no está en la calidad, sino en la estatización.
Me parece que esa es una muy mala manera de afrontar una reforma que, por naturaleza, tenía todas las condiciones para generar amplios espacios de acuerdo. Porque nadie de estas bancas se habría opuesto si se hubiera señalado que era necesario aumentar la subvención educacional, particularmente en el mundo municipal, y hacer un esfuerzo extremo para modernizar en cuanto a cómo los profesores abordan esos temas; cómo se preparan las clases; cuál es el número de alumnos, valorando también el trabajo bien hecho, la responsabilidad, para al final llegar a la formación que todos queremos para nuestros hijos.
Aquello no es tan complejo: es lo que uno quiere para sus hijos y lo que debe tratar de difundir.
Nada de eso ha ocurrido, y hoy estamos ante algo incierto, donde -insisto- aparecen los candidatos a cocinero, los candidatos a chef, los candidatos a todo tipo de cosas, para después arreglar el problema "en la medida de lo posible". Y vamos a ver arreglos por acá, parches por allá; que los arriendos; podrían ser factibles un lucrito, un copaguito; pero por otro lado no dejemos esto afuera; dependamos un poquito de la orientación religiosa; metámosle por acá.
Esa no es la reforma que nuestro país requiere.
Entonces, señora Presidenta, yo también quiero dejar instalado un tema. No me gustaría, pero al menos voy a realizar un gran esfuerzo (será en los próximos años) por deshacer lo que se está haciendo; por devolverles a los profesores y a los apoderados la dignidad y la capacidad de elegir; por permitir que la libertad vuelva a imperar; por tratar de impedir que el Estado ahogue toda opción.
Algunos estarán contentos con el esquema que se ofrece. Yo no puedo estarlo, pues no creo que en temas como la educación uno deba estar en la lógica del péndulo permanente.
Íbamos en un sentido, íbamos en plural. Porque aquí ha aparecido el neocrítico, quien hoy execra lo mismo que hasta hace poco tiempo adoraba.
¡Pero cómo es eso!
Existía un esquema con un grado de funcionamiento importante. Era mejorable. Había cambiado mucho en el acceso, tenía baches en materia de calidad. Y todos somos responsables.
¡Pero cómo errar el diagnóstico en términos de generar un problema gigantesco en vez de una solución gigantesca!
Es el mundo al revés.
Eso es lo que a partir de ahora uno querrá cambiar. Y la consigna será deshacer lo que se está haciendo hoy.
Me parece muy mala la fórmula usada por el Gobierno para plantear el problema. Y lo lamento por la educación de nuestro país.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.

El señor ARAYA.- Señora Presidenta, sin duda, hoy el Senado fue convocado a uno de los debates más importantes de los últimos 25 años de nuestro país. En efecto, comenzamos a analizar una serie de proyectos de ley que pretenden reformar completamente nuestro sistema educacional y entrar por fin en la discusión de fondo sobre qué modelo de sociedad queremos construir a partir del modelo educacional.
La herencia de la dictadura, que en democracia no ha podido modificarse, en parte por falta de acuerdos y en otro tanto por falta de voluntad, ha conducido a la educación para transformarla desde un modelo de integración y movilidad social a un bien de consumo, como lo dijera tan desafortunadamente el Presidente Sebastián Piñera.
El modelo educacional que se nos impuso durante la dictadura se sustenta en los principios del neoliberalismo y no se hace cargo del fondo del problema: para qué la sociedad chilena educa a sus hijos, cómo lo hace y quién y cómo financia la educación.
Y este no es un tema menor. Si revisamos a lo largo de nuestra historia patria nos encontramos con que los patriotas de 1810 ya se planteaban estas interrogantes al señalar que "La educación es la base cardinal de las sociedades humanas. Sin ella no hay opinión, espíritu público, ni hombres que constituyan el estado".
Por esa razón, Chile necesita formar ciudadanos y no consumidores. Por ello, es indispensable fortalecer el sistema educacional, para abrir plenas oportunidades a los millones de niños, niñas y jóvenes que necesitan formarse de manera íntegra y desarrollar al máximo todas sus potencialidades.
La demanda ciudadana por una educación de calidad, gratuita, sin fines de lucro se manifiesta, entre otras cuestiones, con el término del lucro y la selección; desmunicipalizar la educación escolar; fortalecer la educación pública; un nuevo trato a las universidades públicas; darles una mano a las universidades regionales; terminar con los abusos y la desregulación de las universidades privadas que, junto a tantas zonas difusas, permiten que unos pocos privilegiados lucren hoy a costa de un derecho ciudadano esencial.
Vivimos una coyuntura histórica que posibilitará que el sistema educativo rescate su identidad ética de formación humana y se constituya en un aporte de humanización a la sociedad, dejando de ser un negocio que lo único que busca es generar consumidores y una sociedad cada vez más disgregada.
Así, hoy la educación chilena se debate en un paradigma que no nos permite avanzar como sociedad: por una parte, la libertad de enseñanza; y por la otra, el derecho a la educación.
Este paradigma que ha acompañado a nuestro modelo educacional durante muchos años encontró su máxima contradicción con el régimen militar, y durante los gobiernos venideros se consagró con mucha fuerza: de un lado, todos los niños y niñas tienen derecho a la educación; y del otro, quienes pueden pagar la educación reciben una de mejor calidad, con muchas más oportunidades.
Adicionalmente, dicho paradigma consagra fuertemente la segregación social. Y no reiteraré los argumentos que muchos de los Honorables colegas han esgrimido durante el transcurso de este debate.
Las posibilidades de integración, de compartir, de conocer otras realidades sociales que confluyan en el aula son las mínimas, y más bien -por qué no decirlo- constituyen situaciones excepcionales.
La riqueza de la educación chilena hasta antes de la dictadura, con gobiernos como los de Pedro Aguirre Cerda, Eduardo Frei Montalva y otros, radicaba en reconocer que, existiendo un sistema mixto de provisión de la educación, el sistema público era mayoritario, entregaba una educación de calidad, integrada, que reconocía la diversidad de nuestra sociedad.
En los años ochenta, el sector público tenía cerca del 85 por ciento de la matrícula escolar. Hoy el sistema de educación privado, entendido como particular propiamente tal y particular subvencionado, se halla alrededor del 70 por ciento de la matrícula.
Pero la paradoja en materia educacional continúa. Porque la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos se limita fuertemente por la capacidad económica que ellos tengan: solo les es factible acceder a un mejor sistema educacional en la medida en que lo puedan pagar.
Pero ocurre también que el resultado del proceso educativo no es el mejor.
Se ha dicho, a lo largo de este debate, que la educación particular subvencionada tampoco ha garantizado la calidad ofrecida a los padres y apoderados.
Por las razones expuestas, el proyecto que hoy discutimos es de suma importancia. Porque vuelve a centrar la discusión al sostener que la educación ha de ser un derecho social garantizado y no un bien de consumo como lo ha sido en los últimos años.
La ley en proyecto vuelve a establecer que el sistema educacional debe ser el punto de encuentro de la sociedad chilena, donde el Estado tiene un rol preponderante, ya que le interesa promover la equidad, la inclusión, la integración, el valor de la democracia, el respeto a los derechos y la tolerancia, entre otros aspectos.
Soy consciente de que, para muchos, esta reforma resulta absolutamente impopular, por diversas razones que no viene al caso detallar. Pero tengo la convicción personal de que es una reforma absolutamente necesaria, que nos permitirá avanzar, de una vez por todas, en un Chile más inclusivo e integrado, en que las generaciones venideras tendrán las oportunidades de surgir en la vida con independencia del lugar en que nacieron.
Señora Presidenta, permítame una consideración personal para señalar por qué voy a votar a favor de esta reforma.
Mi padre, Pedro Araya Ortiz, quien fue Alcalde de Antofagasta y Diputado, era obrero de la construcción. Él logró llegar hasta sexto básico, pero era un hombre de una inteligencia privilegiada.
Siempre nos inculcó, toda la vida escuché en mi casa que la única herencia que un padre les puede dejar a sus hijos es la educación.
Lo aprendí también de mi madre, Juana Guerrero Yáñez, profesora de Estado, quien trabajó toda su vida en un liceo técnico en Antofagasta (liceo A-14, de alta vulnerabilidad social).
Siempre escuché de ambos decir que la única forma de que este país progresara y se integrara era a través de la educación.
Por ello, señalo firmemente que hoy, más allá de lo que digan las encuestas -es cierto, quizás han efectuado una mala valoración de lo que está haciendo este Gobierno-, no vamos a claudicar en avanzar en lo que consideramos que hay que hacer, esto es, terminar de una vez por todas con un sistema educacional que solo ha desintegrado a la sociedad chilena.
Por todas las razones expuestas, con convicción e independientemente de lo que estén diciendo las encuestas, votaremos a favor de este proyecto, entendiendo que es el punto de partida de una gran reforma a un sistema educacional que permita efectivamente tener un Chile más integrado en los próximos años.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, lamentablemente, como siempre, tenemos a un sector conservador en nuestro país que quiere mantener las cosas tal como están.
Yo aceptaría ese desafío si viera que tenemos una educación de calidad, que habilita a jóvenes nuestros para desenvolverse en la sociedad en que viven y que colabora a lo que podríamos llamar "proyecto de país".
Pero la paradoja es que la Derecha nos invita a preservar uno de los sistemas educacionales más aberrantes del planeta, que no solo es segregador, sino también un proyecto de educación que no le sirve a Chile; que no habilita a nuestros jóvenes para desenvolverse en el siglo XXI; que no los prepara para ser ciudadanos con valores, solidarios, con empatía y respeto por la naturaleza y la vida. ¡Una educación totalmente fragmentada!
Cuando uno visita países exitosos en sus políticas de desarrollo, lo que ve tal vez como elemento más central, además de que la educación es un bien público, es la existencia de una vinculación entre el proyecto de país y lo que la educación realiza. Si uno va a los centros de excelencia, a los centros científicos, a los centros de innovación y luego recorre los colegios, se da cuenta -y nos sorprende a los chilenos- de que hay un vínculo total entre lo que los niños a los doce o trece años quieren hacer en su vida y el proyecto de desarrollo de naciones como Corea, Japón, Finlandia, que exportan, no recursos naturales, sino valor agregado.
¿Qué tenemos hoy en Chile? Una multiplicidad de proyectos educativos -aquí se defienden con tanta fuerza-, y ninguno de ellos dice relación siquiera con un proyecto de país. O sea, desde la compartimentalización, la fragmentación, solo existe una atomización de proyectos de país, de intereses que no son colectivos, que finalmente no van a ninguna parte.
Por lo tanto, nuestro país requiere tratar de unir la educación a sus territorios, a sus ecosistemas y que exista vocación de uso de ellos, para que tengamos una educación con un foco, una mirada común y que sea el espacio desde donde se construye, cimienta el proyecto de país.
Pero, claro, acá hay problema de fondo: existe una Derecha, un sector conservador, que no cree en el bien público sino solo en el bien individual, aquel que mira la educación como un bien de consumo: se consume educación como quien va al mall y compra zapatillas.
Eso es lo que nos proponen.
Además, nos plantean un modelo educacional centrado en el estatus. Hay determinados colegios que dan más estatus que otros. Ello, por cierto, en función de políticas publicitarias, de consumo.
Pero qué pasa cuando no hay bienes públicos en una sociedad sino solo bienes privados: no existe lo colectivo ni lo solidario, y cada cual se rasca con sus propias uñas; ni tampoco, lo democrático, ni la política.
Porque en una sociedad donde solo se promueven bienes individuales, el elemento rector es el poder del dinero, quien tiene el capital.
Eso defiende la Derecha: una aristocracia, una oligarquía que no quiere que se dispute su cuota de poder económico, social, cultural, en fin.
Por ello protegen tan a ultranza ese modelo.
Cuando se habla de concepción ideológica, ¡aquí sí que la hay!
El sistema educacional, junto con la Constitución de Pinochet, son la manera de defender un modelo de sociedad.
Los amarres, los candados para proteger ese modelo individualista, neoliberal tienen dos grandes ejércitos: una Constitución ilegítima, anacrónica, neoliberal, y un sistema educacional impuestos a sangre y fuego.
Es evidente que van a defender ese sistema.
¡Y, por favor, no hablen de ideologismo!
¿Por qué no pueden hablar de ideologismo? Porque estamos proponiendo un sentido común universal, un sentido común civilizatorio. Son sentidos mínimos. No existe ninguna sociedad avanzada, democrática, humanista que tenga un sistema educacional centrado en los bienes individuales y en la privatización de la enseñanza como el de nuestro país.
¡Si el único ideologismo que hay acá es este: el que mantiene la posibilidad de perpetuar el sistema educacional anclado en un modelo neoliberal!
No hay ningún modelo educacional exitoso sustentado como bien de consumo, como bien privado, y no como bien social, como bien colaborativo, comunitario, público. No existe en el mundo un sistema así.
Entonces, vienen acá, hacen grandes discursos, pero sustentados en la nada. No tienen ningún sostén. En el mundo no existe experiencia alguna que demuestre que países con sistemas individualistas; con proyectos educativos que no tienen el foco puesto en los territorios, en las regiones; totalmente atomizados, pueden congregar y transformarse en el espacio de debate adecuado para generar cierta cohesión en función de un proyecto común, compartido.
Chile no va a tener desarrollo con el modelo educacional imperante.
El modelo actual es arcaico, pero no solo porque excluye, no solo porque construye guetos.
¡Cómo las familias van a querer irse a los guetos!
Aquí se violan normas básicas de sentido humano, de convivencia; se permite la discriminación; se posibilita no atender justamente a aquellos que debieran ser el objeto fundamental de la sociedad: los más pobres; los niños con mayores complejidades, los niños con dificultades familiares, los niños con problemas de drogas, a quienes tanto ha defendido el Senador Orpis.
¡Esos niños debieran ser el objeto esencial de la sociedad! ¡Pero aquí se los estigmatiza: son leprosos; con fondos públicos, se permite recluirlos en verdaderos guetos, aislarlos!
Finalmente, muchas familias quieren que sus hijos vayan a los establecimientos particulares subvencionados, pero no por la calidad de la educación, sino porque no desean que convivan con niños con problemas, con niños guetos.
Eso se está favoreciendo acá: el apartheid. Es lo mismo que la Sudáfrica de blancos y negros: pero aquí es de ricos y pobres.
Eso es lo que ha construido el modelo vigente: un apartheid.
Basta salir a las comunas populares para darse cuenta de la existencia de apartheid, de guetos. Y algunas personas, legítimamente, intentan no vivir en esas condiciones.
¿Cuál es, entonces, el desafío de una sociedad democrática? La articulación de la diversidad, de la convivencia, de la inclusión. Y eso hace este proyecto: genera convivencia, inclusión.
La transformación, por la vía de los hechos, de la educación municipal en guetos de niños problema fue una suerte de destrucción encubierta, invisible, de la enseñanza pública, pero totalmente pensada para convertir la educación en bien de consumo.
¿Qué debemos hacer, en mi concepto? Transformar la educación privada subvencionada en educación pública.
¿Y qué quiere decir eso?
Justamente, que podrá haber una educación con un prestador privado o con un prestador público, pero que será educación pública, pues cumple con cánones universales que forman parte de la convivencia civilizada y democrática del planeta. Por ejemplo, si el Estado pone recursos, que vayan a los estudiantes, a los niños, mas no a los bolsillos de muchos que antes tenían botillerías y luego vieron que en la enseñanza había un mejor negocio. O que esos recursos públicos vayan a un proyecto de país común, compartido, que enlace la educación con la vocación de los territorios; porque la educación para la gente del desierto de Atacama no es la misma que hay que hacer para la Patagonia, ya que ambas zonas tienen proyectos de sociedad y de inserción en el siglo XXI distintos.
Aquello quiere decir asimismo que, para que una educación sea pública, no puede aceptarse algo que violenta, algo indecente: la selección, la discriminación. Selección es discriminación.
Acá algunos creen que estamos bien, que hay que mantener las cosas como están. Y no permiten que la sociedad abra un debate que gira no solo en torno al lucro; al fin de la selección; a la gratuidad; a la educación como instrumento de igualdad de oportunidades, de construcción de país, de vocación de país con deseos de insertarse en el siglo XXI, sino también alrededor del cambio de un modelo educacional totalmente anacrónico, que no le permite a Chile desarrollarse y que lo ancla casi al siglo XIX.
¡Eso es lo que debemos cambiar!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, sin duda, este no va a ser un proyecto más que se discutirá en el Parlamento. Tengo la convicción de que lo que hemos visto hoy acá será el comienzo de una discusión larga y difícil.
Nos hallamos ante el primero de muchos proyectos que están por debatirse en el Congreso Nacional. Él es parte de una reforma más grande y sustantiva. Y, a su vez, esta es parte del Programa de un Gobierno profundamente transformador. No es revolucionario, sino transformador, pues quiere reformar sistemas cruciales no solo para nuestro país sino también para las familias chilenas, para sus hijos y para el desarrollo nacional.
Aquí, mediante este proyecto concreto, estamos planteando tener un sistema menos segregador, menos excluyente, más integrador. Y se identifican tres aspectos fundamentalísimos (se ha hablado ad nauseam al respecto, así que no voy a hacer mayores consideraciones).
Primero, ciertamente, respaldo el fin al lucro con dineros públicos. Creo que los recursos fiscales destinados a educación deben ser para educación y no para engrosar el patrimonio de un sostenedor que tiene un proyecto educativo.
Segundo, estimo que la selección debe concluir. Hay espacio para discutir la herramienta; hay espacio para determinar la gradualidad de esta. Sin embargo, me parece que la selección como tal no va a ayudar.
Tercero, en cuanto al copago -acá se ha hablado harto sobre él-, sí: hay que hacer un mea culpa, la crítica que ustedes quieran; pero es un elemento segregador.
Ahora, entre todas las presentaciones hechas en la Comisión de Educación del Senado hubo pocos -tal vez ninguno- estudios de gente dedicada a la actividad que dijera que el lucro o el copago mejoran la educación.
Ahora, por lo menos admitamos acá -lo dijo el Ministro; lo hago mío- que lo que tenemos en Chile es harto sui géneris; no existe en otros países. Podemos discutir si es bueno o malo. Pero al menos convengamos en que es único. Y no podemos ser tan arrogantes como para creer que clavamos la rueda de la fortuna en el sentido de que somos la única nación del mundo que tiene lucro, selección y copago (y, además, la evidencia indica que parece que no funcionan bien).
Quiero decirles que las propuestas que hay sobre la mesa, ciertamente, serán modificadas.
En este lado de la Sala, en la Nueva Mayoría, deberemos ponernos de acuerdo. Estamos trabajando en ello. Y apuesto doble contra sencillo que nos vamos a poner de acuerdo y tendremos una propuesta e indicaciones consensuadas entre nosotros.
Sin embargo, ellas no nos van a hacer perder el norte, que es terminar con el lucro.
Quien desee proseguir un proyecto educacional podrá seguir acometiéndolo, pero sin obtener ganancia por ello; quien quiera desarrollar un proyecto educativo especial va a poder hacerlo. Otra cosa es si tendrán derecho a la selección y al descreme, que son cosas distintas.
O sea, "Puede tener un proyecto educativo especial, puede tener un proyecto educativo artístico, puede tener un proyecto educativo científico humanista; lo que quiera. Otra cosa es cómo usted va a determinar quiénes ingresan a los establecimientos y con qué recursos se pagará".
Se dice -no es un eslogan, pero suena bonito, y a mí me gusta-: "Que los padres elijan el colegio y no que el sostenedor elija a los apoderados". O sea, que eso es lo que está en juego.
A este respecto, me permitiré leer un documento.
Porque, escuchando atentamente buena parte de las intervenciones -algunas, en esta Sala; otras, en el Comité PPD, a través del parlante (a veces me concentro mejor allí)-, me he enterado de que mis colegas de la Oposición hacen un esfuerzo por relevar qué queda: que el Estado quiere comerse la educación privada, que se desea privar de la libertad de enseñanza.
Puedo estar equivocado, pero eso es lo que he percibido.
Y todavía no estoy hablando de todas las otras cosas y maledicencias: que queremos cerrar los colegios, en fin.
Me quedo con el argumento ideológico.
Efectivamente, este es un debate ideológico.
Veo que me asienten con la cabeza. Y qué bueno que lo reconozcamos.
Entonces, digámoslo todos. Pero no usemos como crítica la afirmación de que hay ideologismo.
Tenemos ideas distintas, y la única parte para procesarlas que conozco en un sistema democrático es esta.
Digámoslo así.
Entonces, luego de escuchar los discursos de algunos de ustedes, me fui a la maravilla de Internet y Google.
Ley de Instrucción Primaria Obligatoria en Chile.
¿Saben cuándo se promulgó? En 1920.
¿Cuándo se presentó el primer proyecto de ley para hacer obligatoria la instrucción primaria en Chile? En 1900, por el Senador Bannen. ¡Veinte años antes!
¿Y cuál era el diagnóstico?
Esto se encuentra en el Archivo Nacional; no lo inventó Lagos Weber.
Al respecto, se publicó lo siguiente: "Todos los niños chilenos entre los 6 y 16 años, que estudiaran en escuelas administradas por el Estado y las municipalidades del país, estaban obligados a cursar cuatro años de enseñanza básica" (artículo 1°).
La discusión, que duró veinte años en el Senado de la República, era para que en Chile los niños, obligatoriamente, tuvieran que ir cuatro años a la escuela.
¿Y por qué el debate demoró veinte años? Porque los diversos sectores adujeron sus argumentos (están todos acá). Uno de ellos era el de los sectores conservadores; o sea, de la Derecha chilena. Y se llamaban "conservadores" porque querían conservar lo que había, el statu quo; al revés de los progresistas, que quieren progresar.
"Estos sectores" -se dijo- "concentraron sus críticas principalmente en el excesivo poder que tendría el Estado central, en la orientación de la educación de los niños, en que no se limitara la libertad de la familia de elegir la educación de sus hijos e incorporar (o mantener) la presencia de la enseñanza católica, en todas las escuelas públicas. Por su parte, liberales y radicales defendieron la no injerencia de la Iglesia en la educación pública y laica, la centralización de la política educacional, pero no cerrando, la oferta privada en educación.".
Entonces, este mismo debate ocurrió durante el centenario de la república.
El resultado, entre otras cosas, fue la obligatoriedad, so pena de multa y presidio.
¿Pero qué herramientas se aprobaron?
¡Esto es lo más notable!
Yo no sé si estaríamos en condiciones de aprobar aquello en el Chile del siglo XXI.
¿Dónde vivía la mayoría de los chilenos el año 1920? En el campo. ¿Y qué dijo la Ley de Instrucción Primaria, a la que se opuso la Derecha chilena? Les impuso a los latifundistas la obligación de crear y financiar con recursos propios las escuelas, así como la vivienda donde debería vivir el profesor.
Yo no sé si hoy, en el Chile del siglo XXI, estaríamos en condiciones de aprobar esa imposición a un privado. Y me pregunto si algún sector sería capaz de negar la instrucción primaria obligatoria.
Entonces, la discusión que estamos teniendo ahora es lo más sano que hay.
Y me faltó entregar uno de los argumentos aducidos en aquella época: "¡Para qué se van a educar los hijos de los peones si tienen que seguir trabajando la tierra!"
Esa fue la discusión durante veinte años.
Ahora, con relación a la iniciativa de ley del Gobierno no he escuchado nada en el sentido de que quiere cerrar los colegios particulares subvencionados: les dice que no quiere que ganen lucas; que quiere que sigan con su proyecto educativo; que quiere que no discriminen.
Porque hoy se discrimina en Chile. Y hay gente que me señala que se desea seguir discriminando; que no se quiere terminar con el copago, que se segrega.
Entonces, en vez de escuchar a alguien que me diga "Voy a aprobar la idea de legislar; pondré toda mi fuerza para combatir en las indicaciones y en la discusión en el Metro, y vamos a la trinchera para ver cómo mejoramos", observo un "no".
¡Los papás chilenos quieren buena educación!
En consecuencia, me parece inconcebible que si alguien propone modificar la educación pública le digan que no van a aprobar la idea de legislar. Ello, a menos que crean que Chile clavó la rueda de la fortuna o le pegó el palo al gato por ser el único país del mundo que tiene un sistema con aquella tríada perversa.
Podría ser que le hubiéramos apuntado. Pero los resultados no nos acompañan.
Entonces, miro para atrás: en 1900 y 1920 un sector dijo que no quería que los hijos de los chilenos fueran obligatoriamente a la escuela.
Hoy lo encuentro inconcebible.
En 1900 existía una sociedad mucho más concentrada que la actual en materia de poder y elite.
Entonces, no sé por qué todavía hay quienes creen que una reforma educacional es para terminar con la libertad de enseñanza, para perseguir a los establecimientos particulares subvencionados o para privar de la posibilidad de elegir.
Lo que estamos haciendo acá es algo razonable después de lo que hemos vivido. Y desde que recuperamos la democracia, hace 25 años, tenemos la oportunidad de discutirlo sanamente. Pero en la argumentación que subyace veo nuevamente una suerte de desalojo; no hay un solo argumento bueno, salvo cuestiones marginales.
Les aseguro que seremos capaces de ponernos de acuerdo. Pero no insistan en que dicha tríada, que no existe en ningún país del mundo, hay que defenderla de la forma como se está haciendo: con un no a la idea de legislar.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, soy de los que creen que el problema de la educación existente en nuestro país no es pedagógico, sino esencialmente ideológico: se trata de definir el tipo de sociedad en que queremos vivir los chilenos y el tipo de ciudadano que deseamos formar.
Ahora, ¿cuál es el temor de la Derecha?
Porque uno podría decir "Hay problemas. Es necesario superarlos".
Pero la Derecha no teme a partir, sino adónde se quiere llegar: a una sociedad más igualitaria.
Cuando se cuestiona la partida es porque se teme al destino. Y la negativa a aprobar la idea de legislar obedece a que no quieren partir.
Yo debo recordar que cuando en 1980 la dictadura traspasó la educación pública a los municipios lo hizo consciente de que estaba destrozando ese modelo. Fue un diseño sistemático de destrucción de la educación pública.
A propósito de las remembranzas, quiero acotar que Pinochet podría haber leído -era asiduo lector, pero esta parte la omitió- a Darío Salas o a Enrique Mac-Iver.
¿Qué decía en 1917, durante un debate habido en la Cámara Alta, Enrique Mac-Iver, Senador de la República? "En presencia de las conductas de esas corporaciones (las municipalidades), es imposible abrigar ni por un momento la idea de confiarles nada, que se relacione con los intereses públicos. ¿Las municipalidades administrando el ramo de la instrucción primaria? Ellas, que no han sabido cuidar ni del pavimento de las calles ni del alumbrado público ¿cuidarán señor Presidente, de ese otro delicadísimo servicio? Si ahora no es bueno,¿ en poder de las municipalidades el servicio, caso de no desaparecer sería peor, i los dineros públicos se malbaratarían." ¡Un visionario! Y agregaba: "No se puede hablar seriamente, por ahora a lo menos de esas corporaciones. Si el país recibiría airado la proposición de poner bajo la autoridad del cura la escuela, recibiría con risa la de ponerla bajo la autoridad de las municipalidades.".
El argumento que expuso hace casi cien años Enrique Mac-Iver fue a propósito de "la relación entre la educación del pueblo y democracia, en la necesidad de contar con un pueblo instruido para garantizar el orden de las instituciones y en la sociedad".
Ahí estaba Mac-Iver, reconocido educador.
¿Y qué pasó en 1980?
Lo recuerdo al Senador Moreira, quien estuvo al frente de la Secretaría Nacional de la Juventud. Porque habrá estudiado en la educación pública, pero estuvo de la mano de la dictadura desde el inicio.
Se hizo un daño profundo no solo a la educación, sino también a los profesores: la deuda histórica.
Del 68 por ciento de la educación pública, hemos llegado al 30 por ciento.
Se violaron los derechos y la dignidad de nuestros profesores.
Y se discriminó: a la educación municipal se le pagaba por asistencia; a la particular subvencionada, por matrícula.
En la educación municipal, los directores eran ¡inamovibles! Aunque estuvieran viejos, gastados, y aunque fueran malos directores, pésimos líderes, ¡ahí estaban! ¡Porque los había puesto la dictadura...! Y duraban en sus cargos diez, quince y más años. Ello, hasta que logramos una reducción a cinco años. Pero en la Cámara de Diputados la UDI defendió el mantenimiento de los directores.
Empobrecieron las escuelas. Y se creó un gran negocio: el gran negocio de la educación.
Yo solo quiero señalar que ilustres chilenos han estado preocupados de la educación pública.
Ojalá que dentro de cien años tengan lugar referencias como las que aún se hacen a Manuel Montt (año 1860) o a Domingo Faustino Sarmiento y Gregorio Víctor y Miguel Luis Amunátegui (principios del siglo XX); o como las hechas a la generación que llegaba de Europa en 1888: Valentín Letelier, Claudio Matte, José Abelardo Núñez, quienes establecieron las bases de la sociedad.
¿Y -a propósito de lo que señalaba el Senador Lagos Weber- qué decían los conservadores de la época?
"Los Senadores conservadores reaccionaron ante este proyecto," -frente a la discusión sobre la educación pública- "destacando en el debate las intervenciones de los señores Blanco Viel, Walker Martínez, Errázuriz Urmeneta y Matte Pérez.
"Uno de los aspectos que impugnaron con mayor fuerza fue la intromisión del Estado en un ámbito privativo de los padres, lo que llevaba a conculcar la libertad de los individuos. Al obligar a que éstos educaran a sus hijos se estaba atentando contra la libertad individual, que constituía el principio fundamental de la sociedad. El senador Blanco argumentaba:
"Esto es entrar en el terreno del socialismo, que no reconoce límites. Hacer que el niño concurra a la escuela porque la sociedad cree que va a sacar provecho de ella, es sustituir el derecho del padre de familia por el derecho de la sociedad, es hacer del hijo de familia el hijo de la sociedad, un esclavo de la sociedad, que no otra cosa importa el sistema en que para todo haya que contar con el permiso de la sociedad".
Añadía: "Es socialista, señor Presidente, la doctrina que sustituye el derecho, el dominio i la autoridad del Estado al derecho, el dominio i autoridad de la familia.
Más adelante agregaba:
"El hecho mismo de que la lei entre a decidir sobre la suerte futura de los hijos, imponiendo la obligación de mandarlos a una escuela i de adquirir cierto minimun de conocimientos, importa forzosamente la creación de un derecho injustificado e irracional en favor del Estado i una supeditación del derecho de la familia por la intervención del funcionario público.".
¡Cuando llevamos a cabo hoy día el debate con respecto al papel del Estado, ahí están los conservadores de siempre, quienes no quieren reformar la educación a sabiendas de que la destruyeron, de que la de carácter público ha sido maltratada!
Y, por cierto, el Senador señor Allamand ha sido generoso en calificativos: "irresponsable", "impopular", "inconstitucional", "equivocada", "inviable", "castigo a la clase media", "el fin del lucro es un eslogan".
Tales descalificaciones se oponen a un debate político de fondo sobre la clase de sociedad que queremos construir. Porque la actual, con la educación pública existente, es discriminatoria, de elite. Y si los que quieren mantener el sistema de elite desean conservar este tipo de educación, allá ellos. ¡Vamos a cambiarla!
No hay una marea de desconfianza: veo una marea por una batalla comunicacional que perdimos por errores de mi Gobierno. Porque la propiedad de los medios de comunicación se encuentra mayoritariamente en manos de personas afines a la Derecha: los conservadores.
Y esta no es una reforma triste, plana, como dijo el Senador señor Coloma.
No se pretende eliminar la educación particular subvencionada. ¡Esa es una mentira, una falacia, una calumnia! ¡Desmentimos tajantemente que el proyecto de ley tienda a suprimirla, que vaya en contra de los sostenedores! ¡Esa es una falsedad de la Derecha, un invento comunicacional, que lamentablemente ha calado por desconocimiento, por desinformación!
¡Al respecto, la Nueva Mayoría no ha movido ni uno solo de sus dirigentes sociales! ¡Ninguno de los que marcharon por el fin del lucro, de la selección y del copago salió a la calle para una defensa! Estuvimos desorganizados. ¡Fallamos! Pero vamos a recuperarnos en los próximos once proyectos. ¡No volverá a ocurrir!
La libertad mencionada por el Senador señor Allamand y la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza las viví en carne propia. ¡Ese era el cuerpo legal que teníamos, el cual privilegiaba la libertad de enseñar, no la de educar! Por lo tanto, se podían crear todos los establecimientos que se quisieran. ¡Y la Derecha lo hizo!
Tengamos algo claro: el lucro en la enseñanza media está permitido. La ley no lo prohíbe. En la enseñanza superior estaba prohibido y era un delito.
¿Y quiénes crearon las universidades privadas? ¿Quiénes se hicieron ricos por esa vía? Entre ellos hay exministros. ¡Ahí está Larroulet! ¡Ahí está Lavín! Cuando lucraban en circunstancias de que la ley lo prohibía, cometían un delito. ¿Y quiénes son los que cometen delitos? ¡Los delincuentes, pues! ¡Claramente, el que comete un delito es un delincuente!
No fueron sino los que crearon el sistema los que se aprovecharon y se enriquecieron con ello.
Considero que el financiamiento compartido fue un error nuestro. Está claro. El lucro, la selección y el copago van a ser debatidos, y vamos a apoyar una medida inclusiva.
Pienso que la calidad, que está en juego, vamos a mejorarla.
Espero que la Derecha se sume a los once proyectos de ley venideros y a discutir realmente sobre el financiamiento global de la educación; la gratuidad en la educación superior, para sacarles la "mochila" de encima a los jóvenes endeudados; el término de verdad de la municipalización; un plan nacional docente, con inducción, con carrera, y, por cierto, proyectos de titularidad y el ingreso mínimo docente. Llegará todo por debatir.
Solo deseo que la Derecha conservadora de hace un siglo no permanezca vigente y que abra paso al futuro; mire visionariamente hacia adelante, en pos de Chile, de la patria, de nuestros jóvenes, y no mantenga la defensa de sus privilegios.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, creo que hemos sostenido una discusión bastante prolongada, pero muy conveniente y útil.
Quisiera manifestarles a quienes votan en contra de la idea de legislar que realmente no comprendo su posición, porque a todo el mundo le he escuchado expresar, en conversaciones y públicamente, que se necesita, en general, una reforma educacional y que es preciso afrontarla en su integridad. No se trata solo del objetivo que persigue el proyecto en debate, sino que la totalidad de la educación requiere una reformulación. Ello, ¿para lograr qué? Una educación de calidad para nuestros hijos.
Me pareció muy bien que en la Oposición se abrieran espacios para poder votar la reforma tributaria, uno de cuyos fundamentos fue llevar a cabo una reforma educacional. Parte importante de los recursos que se recauden -el cuarenta y tantos por ciento- se destinarán a esta última. Mas insisto en que no se trata solo de la iniciativa que nos ocupa, sino de una serie de proyectos que tendremos que abordar en el Congreso.
No comprendo la votación contra la aprobación en general. Esperaba que los Senadores de Oposición hubieran concurrido a ella.
Incluso escuché argumentos bastante contradictorios de parte de una Honorable colega, quien se pronunció por el rechazo y después anunció que presentaría indicaciones en la discusión particular.
Desde luego, se fijará un plazo para tal efecto, pero me parece que es preciso invitar a esos colegas a que las formulen, a fin de tratar de que logremos el mejor proyecto posible para partir con la reforma educacional.
En realidad, de ser exitoso el rechazo en general -el Senador señor Horvath dijo algo al respecto-, daría lugar a un contrasentido: se requeriría una Comisión Mixta y se trataría la iniciativa en ella y no acá.

El señor ALLAMAND.- La reformularían.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Por supuesto. Ese sería el resultado.
También es preciso ser leales. A mí me ha tocado participar desde hace bastante tiempo en formular la exigencia de la mejoría de la educación pública. Recuerdo que con mi Honorable colega Montes planteamos hace unos cuatro Presupuestos -el Ministro Bulnes se hallaba a cargo de la Cartera de Educación- la necesidad de crear un fondo para potenciarla. Después de un largo debate, se logró el año pasado, en el último Presupuesto del Gobierno anterior, aprobar 170 millones de dólares para dicho efecto. ¿Y saben Sus Señorías que no se ocupó un solo peso para su mejoramiento?
No quiero excusar a mi propio Gobierno, porque ello asimismo ha regido durante el presente año.
Con esos recursos podríamos haber hecho mucho más para empezar por lo menos a tomar algunas medidas en la materia.
Me parece que, para lograr realmente un sistema educacional como el que queremos, con una provisión mixta desde lo público y lo privado, y con una real libertad de enseñanza, se necesita una buena educación pública, al igual que una buena educación privada, como espero. De ese modo, los padres, como sucede en todas partes del mundo, si existe un colegio público -sus características se analizarán cuando veamos la institucionalidad-, podrán mandar a su hijo a ese establecimiento en forma gratuita, en igualdad de oportunidades con los otros. Es algo en que tenemos que trabajar para lograrlo.
Ahora bien, no he estado de acuerdo, muchas veces, cuando he escuchado menospreciar el aporte de los sostenedores privados. Incluso se parte casi de la presunción de que son potenciales abusadores.

El señor PROKURICA.- ¡Ese es el discurso de ustedes!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Estoy consignando que no me gusta ese vocabulario. Prefiero -y lo he dicho- partir de lo positivo.
Creo que la educación subvencionada ha significado un aporte. Es un esquema que no fue creado por nosotros, pero al cual contribuimos.
Y es efectivo que aceptamos el copago. A lo mejor ahora es visto como un error, pero ello obedeció, en su momento, a que el Estado no se encontraba en condiciones de entregar más fondos al sector.
Mas hoy día nos hallamos en otras condiciones y hemos hecho una reforma tributaria a fin de obtener recursos, reemplazar el copago y lograr una educación gratuita para todos a nivel público y privado.
No me gusta haber escuchado en varias oportunidades que queremos eliminar la educación privada subvencionada. No es cierto. Al contrario, la iniciativa le entrega más recursos. Aumentará la subvención y se establecerá una subvención de gratuidad. Y ese es el sentido de ir suprimiendo progresivamente el copago.
Una señora Senadora dijo que ello iba a hacerse en 30 años. No sé si serán 30, 10 o 15, pero la idea es contar con un patrón común de no pago para toda la educación de nuestros hijos.

La señora VON BAER.- Lo declaró el señor Ministro.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Después, parto sobre otra base. Estimo que en el proyecto tenemos que resguardar que el proveedor de educación reciba una justa retribución por su gestión, por resultar lógico. Cabe procurar que se apunte a ello cuando trabajemos en las indicaciones.

El señor ALLAMAND.- ¡Eso es lucro¿!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Precisemos el concepto. Si se define que constituye una justa rentabilidad, es un tipo de ganancia.
El otro lucro, al cual me parece que se refiere la iniciativa, se vincula al abuso con los recursos públicos destinados a la educación, que se utilizan para aumentar en forma indebida el patrimonio de quien ejerce su actividad en ese ámbito.
Juzgo que quien gestiona un colegio tiene derecho -y corresponderá estudiar el punto con motivo de la discusión particular- a una justa retribución por la inversión. Habrá que determinar en el texto cómo concretarla.
Con el Senador señor Montes y otros colegas hemos planteado que a lo mejor se puede hacer una diferenciación entre los pequeños emprendedores y los que han formado redes de establecimientos.
De acuerdo con las estadísticas, el 72 por ciento de los colegios son de menos de cuatrocientos alumnos y de un sostenedor o una familia de sostenedores. Estos pueden encontrarse en una condición distinta de una persona con cuatro, cinco, diez o una red de recintos.
Es un criterio que hemos aplicado al tratar la situación de los pequeños o microempresarios en materias tributarias. Y otro tanto ha sucedido con frecuencia al contemplarse beneficios para la pequeña minería, en relación con la mediana o la grande.
Sostenedores con quienes he conversado no estiman conveniente transferir el dominio de su bien a una corporación o fundación sin fines de lucro. Pero es posible darles una explicación y buscar fórmulas para disipar desde ya la eventual afectación de patrimonio en que la gente cree.
En todo caso, le he escuchado al señor Ministro expresar -y me parece muy bien- que cualquier medida que se tome será al justo valor de mercado, sin que medie la expropiación o expoliación de nadie. Y eso hay que cuidarlo cuando discutamos en particular el proyecto.
Estoy de acuerdo con que no debe verificarse una selección, pero también conviene saber que en un momento dado puede presentarse algún caso de exclusión. Y es preciso crear una institucionalidad al respecto, porque toda norma legal requiere los elementos necesarios para ver cuándo procede una excepción. Considero que por la vía de la indicación y del perfeccionamiento del proyecto podemos establecer en qué momento será necesario algún tipo de selección por un proyecto educativo.
En cuanto al copago, juzgo que es algo en lo que generalmente estamos de acuerdo. Por lo menos, se lo he escuchado a varios señores Senadores de Oposición. Si se va reemplazando por el aporte del Estado, la solución es perfectamente lógica. No provocará ningún problema.
Por eso, creo que el proyecto es necesario. Tenemos que sacarlo adelante. Y, al discutirlo en particular, estoy seguro de que podremos lograr un buen texto si le agregamos un aporte con inteligencia y buena fe. En esa forma se terminará con el lucro indebido y el abuso -no con la justa retribución por la inversión-, como también con la selección y la segregación por causas socioeconómicas, para que realmente la educación que les entreguemos a todas las familias sea de calidad y gratuita.
Por esas razones, voto que sí.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Puede intervenir el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Corporación, no quiero remitirme a otro planeta ni a 1917, sino al país de hoy día, sobre la base de una reforma educacional que es necesario realizar.
Desde mi punto de vista, el gran desafío de Chile, tal como en una etapa fue la cobertura, es lograr una enseñanza de calidad con integración social.
A mi juicio, se han cometido dos errores, desde un punto de vista formal, de la tramitación. El primero es que el proyecto, a mi juicio -porque es necesario pronunciarse sobre contenidos muy concretos-, debió haberse discutido en general y en particular en el primer informe. Es la única manera en que podemos pronunciarnos sobre contenidos precisos, sin apostar a una idea de legislar en que no se sabe en qué se va a terminar.
Y el segundo es que la reforma en examen debió por lo menos haberse tramitado en un solo proyecto de ley, referente a las materias de aquel que nos ocupa, a la educación pública y a la calidad. Para mí, es un todo indisoluble que nos habría dado muchas más luces de cómo abordar nuestro gran desafío en materia educacional.
Dicho esto, tengo que pronunciarme sobre los contenidos de la iniciativa en debate al momento de aprobar la idea de legislar.
En lo personal, me hizo mucha fuerza la exposición que la señora Silvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos, efectuó en el seno de la Comisión de Educación, en la que se refirió a las distintas temáticas.
Quiero referirme a la primera de ellas. Cuando abordó el lucro, hizo presente que tanto la evidencia internacional como la nacional permiten concluir que no tiene impacto en la calidad. La evidencia nacional indica que los colegios con lucro presentan un leve peor desempeño que los particulares subvencionados sin fines de lucro, pero un leve mejor desempeño que los municipales, y son considerablemente más integradores, en lo social, que los colegios particulares sin fines de lucro, de modo que su eliminación probablemente no causará una mejora en la calidad.
A mi juicio, la investigadora tiene toda la razón, porque todos sabemos que este último elemento se juega en el aula.
¿Y cuál es el problema de la reforma? Que es prácticamente un salto al vacío, porque los padres y apoderados prácticamente no disponen de opción.
La señora Eyzaguirre expresa que, en materia de financiamiento, tal como está el proyecto, desfinancia al sector privado por cuanto dificulta en extremo a los colegios particulares subvencionados crecer o mejorar sustancialmente su infraestructura, pues en régimen restringe fuertemente las fuentes de financiamiento que no sean la subvención, sin asegurar acceso a recursos estatales para estos fines.
"Así las cosas, sostuvo que estas medidas no sólo afectan la sustentabilidad de estos proyectos educativos, sino que además, desincentivan el compromiso y vinculación de las familias y la comunidad con la educación".
Esto no lo digo yo, sino la investigadora del CEP.
Posteriormente, ahondando en la materia, señala que "Los recursos comprometidos en el proyecto no garantizan una educación de calidad". Y se explaya en el tema, según consta en el informe, expresando: "la subvención de gratuidad no es suficiente para asegurarla (...) si nos comparamos con el gasto promedio de la OCDE, considerando el PIB percápita, Chile debiera aumentar en $32.000 la subvención de Básica y en $63.000 la de Enseñanza Media. Al respecto agregó que existen propuestas para aumentar en $70.000, en circunstancias que el Gobierno sólo compromete $9.500. Un financiamiento adecuado en la educación parvularia y escolar es fundamental para avanzar en equidad, según explicó".
¿Cuál es el problema? Que el Gobierno se comprometió a la gratuidad universal de la enseñanza universitaria en seis años, lo cual resulta completamente regresivo. Al paso que vamos, si se considera la subvención que se va a otorgar a la educación básica y, en particular, a la educación media, demorará treinta años alcanzar la gratuidad obligatoria en esos niveles, mientras que en la educación superior serán seis.
Todos los investigadores señalan que lo más rentable desde el punto de vista social es, precisamente, financiar a los niños más vulnerables al inicio del ciclo escolar.
Adicionalmente, se indica que "otro punto crítico a este respecto consiste en que no promueve suficientemente la integración social ya que la restricción de la subvención de clase media a colegios gratuitos no promueve la integración social y demora la gratuidad. En este sentido, dijo que si se entregara esta subvención a todos los niños de clase media con la condición de que los colegios no puedan cobrarles copago, se expandiría la gratuidad escolar a cerca del 80%".
Eso lo manifestó la misma investigadora.
Uno de los puntos que más me preocuparon dice relación a que existe una seria limitación a la libertad de enseñanza cuando se restringe la creación de colegios particulares subvencionados, pues solo podrán recibir subvención cuando la oferta sea inferior a la demanda.
Esto, a mi juicio, podría disminuir seriamente la calidad requerida al crearse colegios en determinados territorios. En efecto, si la oferta es superior a la demanda -así ocurre, por ejemplo, en comunas como Alto Hospicio, Padre Las Casas, Padre Hurtado, La Cisterna, La Florida, Puente Alto, La Pintana, El Bosque, Maipú o Chiguayante, donde la oferta está casi copada-, no podrá instalarse ningún colegio particular subvencionado nuevo.
A mi parecer, lo anterior limita seriamente la libertad de enseñanza, porque, en definitiva, prima un análisis cuantitativo por sobre uno cualitativo. Y, desde mi punto de vista, la calidad de la enseñanza tiene que ver con aspectos cualitativos y no necesariamente cuantitativos.
Señora Presidenta, considero que la reforma debió ser abordada de manera más integral. Y esa es la incertidumbre que hoy existe entre padres y apoderados.
Estoy seguro de que si este proyecto se hubiese discutido en general y en particular; de que si hubieran estado claros los contenidos, así como la estructura educacional definitiva; de que si en la misma iniciativa se hubieran incluido los temas de la educación pública y la educación de calidad, habría habido una mirada muy distinta respecto de la reforma.
Sin embargo, en estas circunstancias no cabe otra alternativa que rechazar la idea de legislar, ya que debemos pronunciarnos sobre contenidos muy concretos que escapan largamente, al menos en esta votación en general, a una enseñanza de calidad con integración social.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, desde hace mucho tiempo que algunos parlamentarios tenemos una visión crítica del actual modelo de educación. Quizás soy de los pocos en esta Sala que votaron contra el financiamiento compartido, porque desde los años noventa tengo una discrepancia profunda con el modelo educacional de nuestro país.
En Chile ha habido, a lo largo de su historia, al menos cuatro reformas educacionales. El Senador Lagos mencionó quizás la primera: la de la instrucción primaria.
En el Gobierno de Frei Montalva se hizo otra tremenda reforma: la ampliación de la cobertura de la educación, que fue tal vez uno de los saltos que más contribuyeron a un cambio político y social en nuestra sociedad durante el siglo pasado en materia de educación.
En la dictadura se implementó un tercer modelo, inspirado en ciertos principios, que pretendió no solo cambiar al administrador (la municipalización de la educación), sino también, como mencionaron varios, introducir parámetros de mercado en el sector, pensando -muy honestamente, creo yo- que si se introducían esas variables el sistema sería más competitivo y que a través de la competencia mejoraría la calidad.
Hoy enfrentamos un cuarto momento de reforma.
Lo primero que quiero decir, señora Presidenta, es que esta cuarta reforma ("socialista", "estatista" y otros conceptos bastante peculiares que hemos escuchado desde las bancas del frente) simplemente pretende llevar nuestro modelo educacional a lo que existe en la mayor parte del mundo, con mejores resultados que los obtenidos por nosotros hasta ahora.
Tenemos un modelo que no garantiza ni calidad, ni integración social, ni resultados educativos mejores que los de otros países del orbe.
Se observa una crisis y se requiere una reforma.
Sin duda, nuestras diferencias radican en que nosotros consideramos que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar, en nuestra sociedad, la provisión mixta de educación: privada y pública. Para mí, esas son las dos categorías de educación que existen.
La educación pública requiere que todos los actores tengan las mismas reglas del juego. Los que reciben aportes públicos deben actuar de la misma forma y bajo ciertos parámetros comunes.
El primero es que los recursos destinados a ese fin sean solo para ese fin, que no se extraigan los excedentes. Aquí tenemos una diferencia ideológica y política profunda. Y está bien que así sea.
Pero yo no hablo de lucro, porque es un concepto mal usado por muchos y que algunos quieren distorsionar. Incluso un colega de la Nueva Mayoría lo definió de una forma a mi juicio inexacta.
El lucro son los excedentes que quedan después de los ingresos y los gastos. Y la discusión que existe es si esos excedentes pueden destinarse a un fin que no sea educativo.
Entre los gastos se encuentran los sueldos de quienes participan en el proceso educativo, por cierto. Por tanto, en cuanto a ese concepto medio raro de "retribución justa", quiero destacar que desde hace mucho tiempo el Servicio de Impuestos Internos ha definido cuánto se le puede pagar a una persona que trabaja en una empresa o emprendimiento, con o sin fines de lucro.
Ese no es el tema que está en discusión.
El primer criterio dice relación a que, en la educación pública, todos los que reciben recursos del Estado deben tener un mismo parámetro. Y lo que queremos es que no se extraigan los excedentes, que se establezca una naturaleza jurídica que garantice eso en todas las sociedades, porque se trata de recursos públicos.
Hay un segundo criterio que, aunque no me gusta necesariamente cómo se ha planteado en la discusión, yo pondría como segundo gran concepto: que no haya discriminación arbitraria.
Hoy la discriminación arbitraria se produce por las condiciones socioeconómicas, porque se cobra. Por eso voté contra el copago hace más de 20 años, pues percibía o tenía la convicción de que era malo, que iba a generar segregación, que iba a generar problemas de integración.
Pero tampoco debe haber selección arbitraria; que la intencionalidad no sea que el colegio elija a la familia versus que esta deba escoger el proyecto educativo para sus hijos.
Este es, señora Presidenta, el problema de fondo entre nosotros: algunos estiman que debe haber parámetros de mercado y otros que no.
Por destinos de la vida, he tenido que experimentar diferentes modelos educativos. Y, al avanzar en el fortalecimiento de la educación pública, vamos a quedar a años luz del modelo de educación del país más capitalista del planeta, como es Estados Unidos, donde uno estudia en el lugar que vive. Pero, como se ha demostrado, ahí también existen problemas de segregación, por la segregación territorial, como mencionó el señor Ministro.
Por eso, necesitamos buscar otros parámetros. El parámetro territorial no ha sido parte de nuestro debate; por tanto, esa movilidad se mantiene.
Asimismo, tenemos una discrepancia ideológica en cuanto a si el mercado debe ser un factor. Yo tengo la convicción de que no debe serlo, que no es posible que, con platas de todos los chilenos, se discrimine.
La educación no es solo para instruir, como algunos creen, sino también para cumplir un rol social como el de la integración social.
¿Cuál es uno de los grandes problemas que enfrentamos? Lo quiero decir: que las bancas del frente, la Derecha, nunca ha querido fortalecer la educación pública y discriminar en su favor. Se ha opuesto sistemáticamente. Si no fuera así, hace años que habría aceptado que la unidad de subvención escolar fuera mayor para los colegios públicos. Su posición -reitero- ha sido sistemática. Varios colegas del frente lo han dicho una y otra vez: debe haber igualdad de condiciones.
Algunos creemos que hay que discriminar en favor de la educación pública, poner más donde hay más necesidades. Por tanto, se ha tenido que recurrir a otros mecanismos, como las subvenciones escolares preferenciales, y a toda una estructuración del sistema. Si hubiese estado en mis manos, señora Presidenta, yo lo habría hecho de otra manera.
Hoy tenemos la posibilidad de impulsar una reforma que, como primer eslabón, propone que todas las instituciones que reciban recursos públicos estén en igualdad de condiciones.
No sé si hay otro país tan clasista como el nuestro, tan segregador como el nuestro, tan discriminador como el nuestro, tan abusador como el nuestro. Lamento que ya no estén las personas que se encontraban en las tribunas, para señalárselo. Yo he escuchado decir: "¡Cómo quieren que mis hijos estudien con los hijos de aquellos!". Porque tienen una profunda concepción de que los suyos son mejores que los de otros.
Eso es algo horrible en una sociedad, señora Presidenta.
La educación debe ser un instrumento integrador, valórico, social, cultural, de modo que quienes cuenten con más bienes culturales apalanquen a favor de los que tienen menos fortuna en el acceso a los bienes culturales.
Sí, tenemos diferencias ideológicas, no solo en el rol del Estado como proveedor de educación, sino también en cuál es el rol que debe cumplir la educación en la integración social.
A mi juicio, estos son los debates de fondo de este primer proyecto de la reforma. Los veremos mañana -lo digo figurativamente- cuando discutamos sus otros elementos.
Sí quiero declarar -en el último minuto que me queda- que estoy absolutamente de acuerdo con lo que señaló el Senador Orpis. Deseo manifestarlo hoy, en la discusión en general, y no después, en la discusión particular.
Yo no soy partidario -y estoy dispuesto a ser minoría, aunque voy a votar con mi Gobierno, pero deseo dejar esta constancia- de compensar el ciento por ciento del copago. ¡No soy partidario! Creo que se debería llegar hasta lo que se pudiera en estos primeros tres años, a cubrir el 90 por ciento. Pero, respecto de quienes abusan del copago, yo no soy partidario de fijarles la garantía del "peso por peso". Porque yo nunca he apoyado el copago. Quiero decirlo.
Ahora bien, no tengo problemas en cuanto a que quienes invirtieron recuperen su inversión, pero no estoy por comprarles el negocio. Son dos conceptos muy distintos. Y lo digo porque he escuchado que algunos quieren que les compremos el negocio que han hecho con la educación y no recibir el pago de la inversión original.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, el día en que estemos hablando aquí de mejorar la calidad de la educación, en especial de la educación pública, va a ser el día en que estemos tratando en serio el tema de la educación, en que estemos discutiendo en serio sobre cómo resolver los problemas que tiene Chile en este ámbito, que, al final, es el mejor camino para reducir las desigualdades sociales.
Pero este proyecto no tiene nada que ver con esa realidad. Porque en nada -¡en nada!- mejorará la calidad de la educación si se aprueba como lo quiere el Gobierno. Todo seguirá exactamente igual, si no peor, porque un sector quedará amagado.
La educación pública no se verá beneficiada, para nada, con esta iniciativa, porque no la toca. En ese sentido, probablemente sea más bien perjudicada que beneficiada.
Otra cosa que se ha señalado en la Sala es que estamos avanzando en materia de inclusión. Y la verdad -digámoslo con todas sus letras- aquí no hay inclusión, sino exclusión. Por las razones ideológicas que acá se han mencionado -algunos han sido muy honestos en decir que solo quieren educación pública-, lo que se está haciendo es perseguir, jibarizar y excluir la acción del sector privado en el ámbito de la educación.
Eso es lo que se está haciendo. Ese es el resultado.
Es curioso: en un país que está frenado económicamente, en que se corretea a los emprendedores de la educación, hoy -mañana será a los de la salud; después, a los de la previsión; luego se quitarán los derechos de agua, en fin-, se pretende que haya confianza en autoridades que lo que hacen es sospechar y mantener una permanente desconfianza en aquellos, que son unos poderosos que lucran y solo se aprovechan del Estado para lograr oscuros propósitos.
Eso, ciertamente, no tiene ningún destino y únicamente perjudicará en forma grave la unidad que debería existir en una materia de esta índole y de esta envergadura.
Pero el Gobierno ha seguido exactamente el camino contrario. Y es lo que ha hecho imposible lograr convencerlo de que lo que está haciendo produce daño. Ni su constante reprobación por parte de la ciudadanía, ni el rechazo creciente a la reforma educacional lo han hecho cambiar. A mí me sorprende la perseverancia en mantener el repudio ciudadano con tanto entusiasmo.
Lamentablemente, por razones de tiempo, no voy a poder centrarme en los aspectos más políticos y educativos del proyecto.
Quiero complementar las exposiciones entregadas desde estas bancadas -que comparto-, refiriéndome a un tema que constituye otra demostración de lo mal que se han estado haciendo las cosas. Se trata de los principales vicios de inconstitucionalidad que presenta esta iniciativa. Son diez, y los he recogido de las distintas exposiciones que se hicieron en la Comisión, entre otros organismos.
El primero dice relación con la lesión del derecho a la educación y a la libertad de elección de los padres.
Tal como lo establecen la doctrina y la jurisprudencia, una legislación que contempla un cúmulo de requisitos -que cada vez aumentan más- para acceder al financiamiento directo o indirecto que aporta el Estado, configura una afectación inconstitucional del derecho a la educación de los niños y del derecho de los padres a elegir el establecimiento para sus hijos, pues adquiere la potencialidad cierta de provocar la salida del sistema de proyectos educativos, de inducir a que se abandone el carácter subvencionado, de forzarlos a mutar su estructura interna y, con ello, el proyecto educativo; y, tanto más grave, de impedir o coartar seriamente el ingreso de nuevos actores.
En segundo lugar, se lesiona la autonomía de los establecimientos.
Todos sabemos que el artículo 19, número 11°, establece la libertad de enseñanza, y la define como aquella que garantiza tres derechos sustantivos: abrir, organizar y mantener las instituciones, y eso se hace en los términos definidos tanto por el Tribunal Constitucional como por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, en un fallo de 2004, establece:
"(¿) el núcleo esencial de tal libertad lo configura el Poder Constituyente, en primer término, al sostener, en cuanto a los titulares del derecho, que éstos son todos los establecimientos de enseñanza, públicos o privados; se hallen reconocidos por el Estado o no lo hayan sido; en fin, trátese o no de establecimientos subvencionados.
"En seguida, este mismo núcleo esencial incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. (...) Así y en primer lugar, se reconoce el derecho de abrir, crear o formar establecimientos educacionales de cualquier nivel, de acuerdo con el ideario del proyecto educativo de los fundadores respectivos . ".
Luego, enumera una serie de derechos de los fundadores: definir las características del establecimiento, sus métodos de enseñanza, la forma con quienes lo van a trabajar, las reglas al orden y la disciplina, etcétera. ¿Para qué? Para terminar afirmando:
"En síntesis, en este primer aspecto, la libertad de enseñanza supone el respeto y protección de la plena autonomía, garantizada por la Constitución en favor del fundador o sostenedor del establecimiento respectivo, para la consecución de su proyecto educativo, en los ámbitos docente, administrativo y económico, porque sin gozar de certeza jurídica en el cumplimiento de tales supuestos esenciales tampoco es realmente posible afirmar que existe aquella libertad".
Lo que decimos es que la autonomía universitaria, por la que se luchó desde comienzos del siglo XX -la reforma de Córdoba, de 1917 en adelante-, también se extiende a estos establecimientos. Y por esta vía se les niega.
En tercer lugar, se lesiona también la seguridad jurídica en relación al artículo 1º, inciso cuarto.
En las Bases de la Institucionalidad se establece el principio según el cual se debe contribuir al bien común, pero esto debe hacerse con pleno respeto a los derechos y garantías constitucionales.
Aquí se alteran las reglas del juego en el sentido de vulnerar la certeza jurídica.
Conforme al artículo 19, número 26°, hay un límite a la potestad para establecer nuevos y mayores requisitos para ejercer los derechos constitucionales, pues no se puede afectar la esencia de los derechos e impedir su libre ejercicio, o para sustraer al Estado de sus obligaciones consistentes en financiar la educación básica y media y otorgar especial protección al derecho/deber de los padres de educar a sus hijos.
No se sobrepasa ese límite solo en el extremo, cuando se impide el libre ejercicio del derecho, sino también cuando se afecta la esencia de esos derechos. Por ello, no basta que estos establecimientos continúen bajo las nuevas condiciones legislativamente impuestas , ya que no se trata, en definitiva, de una cuestión cuantitativa ni de hecho, sino cualitativa y relativa a la manera como se comprenden los derechos amagados.
En cuarto lugar, hay también dudas de constitucionalidad serias respecto de la prohibición de contratar con partes relacionadas. Porrazones de tiempo, no podré desarrollar esta materia en su totalidad.
Quinto punto, excepción a la prohibición de seleccionar.
Sin lugar a dudas, carece de justificación que en el nuevo artículo 7° quinquies que se propone agregar al DFL N° 2, de 1998, se excepcione de la prohibición de seleccionar, a partir de séptimo año básico, solo a los liceos emblemáticos y a aquellos con modalidad artística.
La discriminación no consiste en que se les permita seleccionar solo a esos establecimientos, sino en que se les prohíbe a todo el resto.
¿Por qué los liceos emblemáticos pueden seleccionar? ¿Por qué los otros no? ¿Por qué los con modalidades artísticas y los otros no? Y digámoslo también: ¿por qué los particulares pagados pueden hacerlo y los otros no? Porque en el caso de estos últimos se favorece la posibilidad de hacer ese tipo de selección.
No cabe la menor duda de que aquí hay un tremendo abuso y un atentado contra la igualdad, pues no hay una discriminación fundada en razones objetivas, sino una discriminación arbitraria.
Una sexta limitación tiene que ver con lo señalado ya por otros Senadores: prohibición discrecional de abrir nuevos establecimientos particulares subvencionados, que se restringe " sólo en caso de que exista una demanda insatisfecha ".
Esa cuestión es inaceptable.
La duda surge porque, de acuerdo a la Constitución, en su artículo 19, número 11°, inciso segundo, la libertad de enseñanza solo puede ser limitada por las causales que allí se determinan, entre las que no se encuentra la insatisfacción de la demanda.
Esta situación afecta, de modo impropio, ciertamente el derecho a abrir establecimientos educacionales.
También, señora Presidenta, hay aquí un ataque a los proyectos educativos religiosos. Porque el concepto de laicidad que se introduce¿

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede continuar, señor Senador.

El señor LARRAÍN.- Decía que el concepto de laicidad que se introduce es diverso del que hoy existe y, por cierto, quebranta la libertad de conciencia y la libertad religiosa, garantizada en nuestra Constitución y también en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece:
"Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
También se condiciona la libertad de enseñanza al acto administrativo afinado del reconocimiento oficial. Es decir, no se entrega el reconocimiento final sino hasta que esté cumplido plenamente el proceso administrativo.
Se presenta también una inconstitucionalidad al dar efecto retroactivo a la exigencia de ciertos requisitos que de ahora en adelante se establecen¿

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, el colega cuenta con los cinco minutos para fundar su voto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede continuar, Senador señor Larraín, empleando su tiempo de fundamento de voto.

El señor LARRAÍN.- Gracias, señora Presidenta. Espero usar menos.
Hay también una falta de cuidado en la manera como se regulan ciertas materias. La idea matriz del proyecto señala que está constreñido a los establecimientos que reciben aporte estatal. Por lo tanto, no se incluye ni a los municipalizados ni a los particulares pagados.
Sin embargo, se incluyen normas en donde la expresión "subvencionados" se reemplaza por "reconocidos oficialmente por el Estado", con lo cual se puede afectar a todos los establecimientos, rompiendo las ideas matrices de la iniciativa.
Señora Presidenta, por razones de tiempo, me he debido detener muy rápidamente en los principales vicios de inconstitucionalidad que a nuestro juicio tiene este proyecto.
Quiero manifestar que, no obstante, no haré en esta oportunidad reserva de constitucionalidad, porque no pierdo la esperanza de que en la discusión en particular, por las indicaciones nuestras y por el sentido común que espero tengan los Senadores -al final de todo juramos respeto a la Constitución-, podamos corregir y modificar estas inconstitucionalidades.
Señora Presidenta, tenemos la oportunidad no solo de llevar adelante una buena reforma, sino que fundamentalmente de hacer algo en lo posible concordado. Hasta ahora, no ha habido ese esfuerzo ni ese propósito. Hemos sentido más bien la mano fuerte de un Gobierno que quiere imponer un modelo de educación fundamentalmente de carácter público terminando con la educación particular subvencionada, o amenazándola seriamente. Eso, por cierto, no es aceptable.
Por lo expuesto, por las materias de inconstitucionalidad mencionadas, voto que no.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, en primer término, felicito a los miembros de la Comisión de Educación y a todos los colegas que de una u otra forma han participado del estudio de este proyecto, tan importante para Chile.
Creo que el Senado ha hecho un esfuerzo serio por escuchar, dialogar, pedir su parecer a los distintos actores de la opinión pública y de la sociedad, sin prejuicios, y, sobre todo, buscando puntos de vista que permitan tener un diagnóstico que pueda ser compartido, más allá de las visiones ideológicas que algunos sostengan respecto de cómo se puede desarrollar la educación en un país.
Lamentablemente, en el debate en la Sala no ha sido esa la tónica, y uno se ha dado cuenta de que los niveles de tergiversación, o derechamente, de falsedad en las afirmaciones no han sido lo más adecuado.
Me parece fundamental insistir, frente a la opinión pública, en los objetivos de la reforma. Porque cuando uno se plantea sus objetivos, curiosamente todos los discursos llegan acá a la misma conclusión. Pero, lamentablemente, unos votan de una manera y otros de otra.
Aquí todos hemos dicho que es primordial generar condiciones para tener una reforma que permita garantizar calidad en la educación pública.
¿Y por qué garantizar calidad en la educación pública, señora Presidenta? Por una razón muy sencilla: porque el diagnóstico de la sociedad chilena y de todos nosotros -por lo menos en las campañas presidenciales-, es que Chile es un país tremendamente desigual, injusto, discriminador, segregador. Y si queremos que sea un país que avance hacia el desarrollo de verdad, de manera equilibrada, con justicia social, con respeto a los derechos de las personas, tenemos que ser capaces de generar igualdad de oportunidades. Y el instrumento esencial para avanzar en eso es la educación. No hay otro.
Algunos dirán, con una visión más economicista: "Bueno, es el empleo". ¡Sí, claro! Pero el empleo depende del nivel de educación de las personas: a mayor calidad de educación, a mayor conocimiento, a mayor educación, a mayor formación, siempre existen más oportunidades laborales y, de ser así, trabajos más estables, más dignos, mejor remunerados y, por lo tanto, mayores ingresos y calidad de vida.
Ese es el problema.
Francamente, reitero que para nosotros la educación pública financia al Estado. Y no puedo entender que haya Senadores acá que pretendan hacernos creer que la educación pública solo gestiona a la municipalidad.
¿Acaso los sostenedores particulares entregan educación gratuita con recursos propios? ¿Son los sostenedores, a quienes se defiende aquí con tanta pasión, los que les garantizan gratuidad a los jóvenes que van a esos establecimientos? ¡No!
Los que garantizan gratuidad y que esos colegios funcionen somos todos los chilenos, a través del Estado y de nuestros recursos.
Incluso, un colega llegó a categorizar los tres tipos de colegios: los privados, fantásticos, muy buenos; los subvencionados, de buenos para arriba; y los municipales, muy malos.
Ello es una caricatura grotesca. He escuchado con atención a varios que aquí han intervenido con datos duros. Y hay educación privada muy bien pagada, de mala calidad. Y hay educación privada, menos pagada, de muy buena calidad. Y lo mismo sucede entre los particulares subvencionados: hay buenos, medianos y malos. Y para qué decir en los municipales.
Entonces, derribemos aquí los mitos. Discutamos este tema con seriedad y altura de miras.
El Senador Orpis hizo una tremenda intervención, acudiendo a datos que también hemos leído, pues tenemos el informe a nuestra disposición. Pero llega a una conclusión distinta. Toda su argumentación sostiene que debemos avanzar en una reforma que permita encarar el tema de la falta de calidad en la educación y en la educación pública, porque usted más que nadie sabe -representó a zonas populares y a una zona también extrema- que debemos ser cuidadosos y prioritarios en llegar a entregar calidad a los sectores más vulnerables; porque si no, no avanzamos.
Sin embargo, Su Señoría concluye que hay que votar en contra, en circunstancias de que su argumentación lleva a que es fundamental producir un cambio de fondo en el sistema educacional chileno.
Siendo objetivos, la reforma implementada durante la dictadura de Pinochet significó un cambio profundo y se hizo una apuesta. Esta permitió aumentar la cobertura, sin duda. Pero ese incremento -al caricaturizarla solamente en la educación, en cuanto a bien de consumo que lleva como incentivo fundamental la ganancia-, no garantizó la calidad. Y ese es el drama que tenemos hoy.
Aquí, no es que uno esté en contra de los emprendedores, como defendía recién, desde el punto de vista constitucional, un distinguido Senador que me antecedió en el uso de la palabra. El problema aquí es que de verdad tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad en cómo garantizamos calidad, sabiendo que no lo hacen ni los particulares subvencionados ni los municipales.
He escuchado con atención y con estupor a algunos distinguidos colegas que fueron alcaldes y tuvieron la responsabilidad de gestionar. Y ahí radica el problema más grande. Hay un problema de gestión y de competencia de trabajo en las aulas, y de gestión en el nivel municipal, porque ¿cómo se explica entonces que haya municipios en los cuales algunos colegios andan bien y otros muy mal?
Existen municipios donde los resultados son buenos, en general, y en la comuna de al lado hay pésima gestión. Y dependemos entonces de que el alcalde tenga mayor interés y mayor capacidad, o que coloque como prioridad a la educación, o de que la transforme en algo que le sirva para captar empleo con beneficios electorales.
En el caso de la gestión particular subvencionada es lo mismo. Tenemos de todo y hay que reconocerlo. No hay que actuar con prejuicios. Hay buenos, medianos y malos.
Aquí se ha dicho que se quiere eliminar la educación particular subvencionada o estatizarla. Es falso, de falsedad absoluta. No hay una sola palabra en todo el proyecto que plantee una brutalidad de ese tipo.
De lo que sí nos damos cuenta es de que es necesario que a esos sostenedores, que producto del fracaso de un modelo que no es de su responsabilidad se verán enfrentados a un cambio en las reglas del juego, se les garantice una justa retribución -como hemos dicho reiteradamente-, conforme a la gestión que desarrollan y también a su inversión. Porque es natural, es de la esencia, es lógico. Cualquiera de nosotros que se encontrara en esa situación estaría planteándose las mismas incertidumbres.
¿Se ha exagerado? Hasta el infinito. ¿Se han puesto casos increíbles o inverosímiles? Sí. Está comprobado que la mayoría de los establecimientos particulares subvencionados buscan tener continuidad y, ojalá, los elementos y los instrumentos que les permitan mejorar su calidad de gestión.
Y, por eso, es fundamental este proyecto, que tiene que ver con la educación pública, pues el Estado financia a los sostenedores particulares subvencionados.
Entonces, no se puede argumentar aquí que este proyecto no tiene nada que ver con el mejoramiento de la calidad de la educación pública. Es de la esencia, porque hoy día hay más niños que estudian en los establecimientos particulares subvencionados que en la educación municipalizada. Y ahí debemos encarar el debate en particular.
Señora Presidenta, hay una cantidad enorme de temas a los cuales uno podría referirse. Pero, sin duda, lo más importante es que podamos realizar un debate más riguroso en un asunto muy sensible para la comunidad nacional, donde debemos evitar las descalificaciones y los juicios a priori. Hay que reconocer que nadie en el Senado no entiende que hay que realizar cambios fundamentales para garantizar calidad en la educación pública. Y para realizarlos, señora Presidenta, hay que votar a favor y no hacer la caricatura de argumentar por los cambios y luego votar en contra para impedirlos.
Voto a favor.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Senado, ¿es o no es necesaria y oportuna la reforma?
Por supuesto que sí. La duda es cuál reforma.
Y quiero poner sobre el debate los temas que han estado ausentes, por lo menos en este proyecto de ley.
Se trata de los concernientes a la calidad de la educación; a lo que ocurre en las aulas; a la relación profesor-alumno; a la dignificación del profesorado; a la pensión mínima docente; a la posibilidad cierta de tener efectivamente una carrera docente, con evaluación incorporada, por supuesto; a la educación de adultos, cuyas matrículas han ido disminuyendo sustantivamente, y en el último año tuvimos 135 mil adultos que, de alguna manera, nivelaron sus estudios, considerando que hoy tenemos cinco millones doscientos mil chilenos sin estudios formales. Y eso involucra peores puestos de trabajo, peor calidad de vida.
Estos son los temas, entre otros, que debieran formar parte del debate. El fortalecimiento de la educación pública, por de pronto, debió ser el primero en estudiarse.
Sin embargo, nos hemos enfrentado a un tsunami ideológico.
Me habría gustado que una reforma de esta envergadura hubiera partido con una evaluación de las modificaciones estructurales que ya hemos hecho en educación.
¡Ni una palabra para evaluar la jornada escolar completa!
¡Ni una palabra para estimar los impactos que dicha jornada generará en este proyecto de ley!
Por lo tanto, nuevamente estamos improvisando, y se trata de una reforma estructural, que producirá efectos en los próximos diez años.
Por lo tanto, hay que ser responsables.
Quiero poner algunos números en el debate.
¿Cuántos colegios hay en Chile? 12.198.
¿A cuánto asciende el total de alumnos? A 3.698.806.
¿Cuántos son los establecimientos particulares subvencionados? 5.641. Y podemos evaluar cómo ha crecido su matrícula: en 1990 era de 31 por ciento; en la actualidad alcanza al 58 por ciento.
¿Cuál es la razón para que los padres hoy opten por un colegio particular subvencionado?
Otro aspecto importante que ha estado ajeno al debate es que el 70 por ciento de los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados son profesores que realizan emprendimientos individuales. Este es un dato duro que debiera ser considerado para los efectos de iniciar un debate serio.
Otro dato: el 40 por ciento de los alumnos más pobres estudian en colegios particulares subvencionados en forma gratuita y el 70 por ciento de ellos lo hacen en colegios con fines de lucro. Pero, ¡ojo!, la matrícula en estos últimos ha aumentado en forma sistemática y, además, cobran 14 por ciento menos que aquellos que se definen sin fines de lucro.
Reitero: esas son las materias que están ajenas a la discusión.
A mi juicio, cuando se enfrenta una reforma de esta envergadura, sin saber, por ejemplo, cuántos colegios particulares subvencionados arriendan sus recintos, estamos frente a una reforma ciega.
Más aún, a propósito de esta iniciativa, a la que se le han formulado aproximadamente 297 indicaciones, algunos parlamentarios de las veredas de enfrente, especialmente democratacristianos, dicen: "Quédense tranquilos. Vendrá el tercer proyecto, pues seguiremos insistiendo en las reformas sustantivas contempladas en el programa original".
Entonces, no se entiende. Hay bancadas, como la Democracia Cristiana, que argumentan a favor del derecho de los padres a elegir la educación de los hijos, pero, a renglón seguido, señalan: "Igual el proyecto lo vamos a modificar completo".

El señor MONTES.- ¿Quién dijo eso?

El señor CHAHUÁN.- ¡Y no son capaces de defender públicamente lo que dicen en privado o en las asambleas de padres y apoderados!
Quiero contarles cuál ha sido mi experiencia.
He recogido la opinión de miles y miles de padres y apoderados, pues recorro un colegio particular subvencionado cada dos días, junto con las asociaciones de padres, en toda la Región de Valparaíso (Quinta Cordillera y Quinta Costa).
¿Cuál es el sentir de los padres y apoderados?
Lo primero que cabe señalar es que el derecho a decidir la mejor educación de los niños corresponde claramente a los padres.
En este transcurso de tiempo hemos sostenido algunos debates.
El Diputado Rodrigo González, a quien le tengo gran aprecio, intercambiando opiniones conmigo en un programa radial, defendió lo que llamaba "la Ley de la Viroca": ¡Al que le toca, le toca!
Entonces, nos hallamos frente a una reforma en la que la relación entre los apoderados y el colegio se puede desdibujar y a través de la cual vamos a obligar a los padres a entrar a un sistema informático para determinar las opciones de ingreso.
En ese sentido, me parece que estamos alterando profundamente el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, garantía que, por lo demás, se encuentra consagrada constitucionalmente.
El artículo 19, número 10º, inciso segundo, de la Constitución Política establece: "Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.".
Este principio constitucional se ve seriamente amagado por el presente proyecto de ley y, en virtud de ello, formularé reserva de constitucionalidad.
Por otra parte, se nos indica que esta reforma no afectará la modalidad de educación que ha elegido la mayor cantidad de padres y apoderados en Chile: ¡el 58 por ciento! Pero, a renglón seguido, el artículo octavo transitorio del proyecto propone limitar la posibilidad de que algún emprendedor instale un colegio particular subvencionado, por cuanto le corresponderá al Estado estimar si hay capacidad o no en ese territorio para ello.
Sin lugar a dudas, ello afecta otra garantía constitucional.
Claramente, hay una intervención potente del Estado a los efectos de restringir la libertad educacional.
Asimismo, el Senador Pizarro nos dice que este proyecto no va a afectar la educación particular subvencionada. ¡Si lo que se propone acá es comprar establecimientos! El propio Senador Ignacio Walker advierte: "No queremos un Ministerio de Educación que sea un gestor inmobiliario".
¿Qué ocurrirá si muchos sostenedores decidieran no continuar con sus emprendimientos? Necesitaríamos no una, sino varias reformas tributarias para que el Estado termine siendo un gestor educacional.
¡Y nadie ha podido acreditar que la propiedad de los colegios es determinante para asegurar calidad en educación!
Finalmente, ¿quién tasará esos colegios? Un equipo del MINEDUC. ¿Y qué va a tasar? Solo los elementos indispensables para producir educación.
Les cuento que, en los recorridos que hemos hecho, visitamos Reñaca Alto, un sector populoso de Viña del Mar, donde se ubican cinco colegios particulares subvencionados. Ellos tienen piscinas temperadas, canchas de tenis, gimnasios, y ofrecen la alternativa de brindar una educación que jamás soñaron los padres y apoderados tanto de Reñaca Alto como de Glorias Navales.
¡Y hoy esa posibilidad se está amagando!
¿Qué institución en la actualidad da crédito a un emprendedor en educación? ¡Nadie!
Entonces, les pido que seamos sumamente responsables.
Nosotros estamos defendiendo no a los colegios particulares subvencionados, sino a los padres y apoderados y a su derecho a elegir la educación para sus hijos.
Por lo tanto, habría preferido que el debate fuera otro.
A mí me gustaría que analizáramos cómo volver a la educación pública, cómo fortalecemos este sector, cómo hacemos para inyectarle calidad, cómo...

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Le doy un minuto más para que redondee su idea.

El señor CHAHUÁN.- Gracias, señora Presidenta.
Decía que debemos ver cómo logramos entregar educación de calidad en el ámbito público. Lamentablemente, por ahora no están dadas las condiciones para ello.
Creo que la Presidenta de la República -a través del Ministro de Educación- todavía está a tiempo de ingresar una iniciativa para fortalecer la educación pública en Chile. Ahí no habría argumentos para no legislar en términos de dotar de un régimen jurídico adecuado a los establecimientos municipalizados.
Me habría encantado que se avanzara en el proyecto de ley que presentó -¡miren, paradójicamente!- el Gobierno del Presidente Piñera, mediante el cual se impulsaba la desmunicipalización.

El señor QUINTANA.- ¡El GANE de Lavín...!

El señor CHAHUÁN.- Pero a esa iniciativa no se le ha puesto urgencia. ¡Ninguna urgencia!
Entonces, hay que avanzar.
Creo que conviene establecer un proceso¿

La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Senador, concluyó su tiempo adicional, que era para redondear, no para alargar su intervención.
Le doy unos segundos para que termine.

El señor CHAHUÁN.- Por lo tanto, se requiere fortalecimiento para la educación pública.
Hago el llamado a la Presidenta de la República: todavía está a tiempo para cambiar el rumbo y no seguir golpeando a la clase media. Sin lugar a dudas, en la próxima elección la ciudadanía le dará la espalda a su coalición, que no ha sabido entender y leer las necesidades de la clase media de este país.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer, para fundamentar su voto.

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, pienso que no hay nada más autoritario que plantear que la única forma de mejorar la calidad en educación es mediante este proyecto de ley, y que estar en contra de él equivale a rechazar tal objetivo. ¡No hay nada más autoritario que eso!
Nosotros estamos a favor de lograr una educación de calidad y, también, de que el acceso a un colegio no dependa del ingreso familiar. Pero no apoyamos esta iniciativa, porque creemos que no garantiza tales propósitos.
Señalar que la única manera de estar de acuerdo con una educación de calidad con acceso justo es a través del proyecto que nos ocupa sería como comprarse la verdad. ¡Y nadie puede arrogarse la verdad respecto a la educación en nuestro país!
Nada más autoritario que decir que lo correcto es lo que yo creo.
No olvidemos que estamos en el Senado de la República.
Votaremos en contra de esta propuesta legislativa porque la consideramos mala: no va a generar mejor calidad de educación y tampoco terminará con la segregación.
Nosotros no queremos ser responsables de ello. La Nueva Mayoría es la responsable por haberles dado la espalda a los padres y apoderados que han optado por la educación particular subvencionada para educar a sus hijos.
Adicionalmente, aquí se ha dicho que necesitamos realizar un debate más riguroso y, con majadería, se ha sostenido que nuestro sistema educacional lo heredamos de la dictadura. ¡Se ha dicho un montón de veces! Los invito a revisar la historia de la educación chilena: resulta que el sistema mixto, en el cual el Estado financia establecimientos particulares, viene de la mitad del siglo XIX, ¡de la mitad del siglo XIX!
Entonces, lo poco riguroso es dicho planteamiento, que fue planteado con majadería.
Si queremos ser precisos, seámoslo: el sistema educacional mixto nace en Chile a mediados del siglo XIX. Y tenía fines de lucro mucho antes de los años 80.
Por lo tanto, debemos ser rigurosos siempre y, en democracia, nunca creer que nos compramos la verdad.
Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad -aunque es tarde y, probablemente, pocos lo van a escuchar- de hacer una mención especial a personas que han sido ninguneadas hoy por parte de algunos Senadores -no por todos- de las bancadas de enfrente. Me refiero a aquellos que han dedicado su vida a la educación.
Esto puede ser poco popular, pero es profundamente justo.
Miles de sostenedores, directores y profesores del sector particular subvencionado han entregado su vida a educar con calidad a los niños. Y hoy se sienten señalados, se sienten maltratados y se sienten tachados de ladrones.
Les quiero agradecer el esfuerzo que han efectuado en todos los lugares de nuestro país (en sectores rurales, especialmente en provincia), al levantar proyectos educativos alternativos, muy diversos y de profunda calidad.
Asimismo, hago una mención especial para los padres y apoderados que han elegido los colegios particulares subvencionados para formar a sus niños. Ellos hoy también se han sentido maltratados por algunas palabras que se han expresado en la Sala: se les ha tratado de arribistas o de que no se informan para escoger el establecimiento más adecuado.
Creo que ustedes, mamás y papás, al igual que yo, se preocupan profundamente por sus hijos y por elegir el mejor colegio para estos, según los valores que cada cual posee.
Creo que ustedes, mamás y papás, al igual que yo, tienen el derecho de escoger la educación para sus niños.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, no iba a intervenir porque, de alguna manera, ya todo está dicho en la discusión general. Sin embargo, también quiero hacerme cargo en estos minutos de la majadería de algunos sectores.
Se insiste en argumentar sobre mitos que, tal vez, caracterizaron la parte inicial del debate público, lo cual no guarda relación con el análisis real, con la interacción, con el diálogo que se produjo con investigadores de la educación, con institutos, con ex Ministros de Estado, con personas ligadas al sector, todos quienes realizaron una tremenda contribución.
Se ha reiterado la idea de que con esta iniciativa se cerrarán colegios; de que va a existir una tómbola; de que los padres no van a poder elegir, como si hoy pudieran hacerlo (al 90 por ciento le resulta imposible).
Algunos hablan del "derecho a pagar". Me gustaría saber cuál es ese derecho o si algún ordenamiento jurídico en el mundo lo consagra.
Lo último lo manifestó una Senadora, quien imputó a parlamentarios de estas bancas -no sé a quién- el haber tratado de "ladrones" a los representantes legales de las sociedades comerciales o a los sostenedores. La verdad es que no he escuchado a alguien usar esa expresión. Y aquí cada uno debe responsabilizarse de lo que dice.
Eso es lo serio.
También decidí intervenir porque aquí se ha hecho gárgaras con la educación pública.
Se plantea que este proyecto no impactaría en la educación pública, como si el Ministerio de Educación estuviese cruzado de brazos, como si no existiese hoy el Programa PACE, que permite acompañar a jóvenes vulnerables en el ingreso a las universidades. Dicho sistema, naturalmente, no es segregado, como sí lo es el de la PSU.
La Presidenta Bachelet ha anunciado la creación de centros de formación técnica estatales gratuitos para todo el país. ¿Eso no es educación pública? Y también la instalación de universidades en dos regiones donde no existen. ¿Eso no es educación pública?
Asimismo, se destinarán recursos para el fortalecimiento de la educación pública.
Bueno, ¿de qué estamos hablando?
Un señor Senador recién indicó lo que intentó hacer el Presidente anterior. "Lo que intentó hacer" porque, si hay un área donde casi nada se logró (salvo el GANE, el FE y otras cosas para la tele, que se plantearon en algún momento como intentos de responder a las críticas), fue en educación.
Nada sustantivo se concretó, con excepción -debo reconocerlo- de la rebaja en los créditos del CAE del 6 al 2 por ciento. Esa fue una acción del Gobierno anterior.
Entonces, ¿de qué reforma estamos hablando?
Aquí se hacen gárgaras con la educación pública. A un Senador que recién intervino le dije: "Le voy a cobrar la palabra cuando llegue el proyecto sobre esa materia". Porque recuerdo que en la discusión presupuestaria pasada una bancada de enfrente muy numerosa, la UDI, en la Cámara de Diputados rechazó completamente el Programa Educación Pública.
Es refácil pronunciar un discurso para la galería y decir que la iniciativa en estudio no impactará en la calidad -¡por favor!-, en circunstancias de que se establecen fines educativos específicos.
Al respecto, todos los miembros de la Comisión de Educación les preguntamos hasta la saciedad a nuestros invitados, entre los cuales también había sostenedores, qué otros objetivos podrían imaginar para enumerarlos taxativamente en el proyecto. No se indicaron más de diez o doce, que son los que contempla el articulado. No hay más fines educativos. Por lo tanto, los recursos deberán destinarse a estos propósitos y no, como pasa muchas veces, al bolsillo de algunos sostenedores.
En todo caso, esa no es la regla general. En esto hay que ser claro: nunca se ha afirmado que los sostenedores de manera genérica son inescrupulosos.
Eso sí, hoy los incentivos no están puestos para orientar todos los recursos a la educación; en especial, a mejorar la calidad, los procesos de aprendizaje. Como señalaron varios investigadores en la Comisión, se requiere ocupar esos fondos en los insumos educativos, en el equipamiento, en la tecnología, en los materiales educativos, en los profesores.
El 90 por ciento de los establecimientos particulares con fines de lucro en nuestro país no tiene talleres extraprogramáticos.
Entonces, estamos obligados a mirar la globalidad, el contexto, el interés general. Eso es lo que nos motiva a apoyar esta importante reforma.
Señora Presidenta, no cabe duda de que el lucro ha impactado negativamente en los procesos de aprendizaje.
Financiamiento compartido: hoy el bolsillo del papá es lo que determina dónde estudia su hijo; si aprende o no, y muchas veces, su futuro.
Aquí no existe la posibilidad de que la escuela cumpla su rol, el mismo que le cabe en todas partes. A tal efecto fue creada: para corregir las inequidades que vienen de la cuna.
Ese es el debate frente al cual, lamentablemente, la Derecha se ha tapado los ojos.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, quiero hacer una precisión.
Fui aludido por el Senador Pizarro, quien señaló que, habiendo yo entregado un conjunto de análisis, llegaba a una conclusión distinta.
Deseo hacerme cargo de lo planteado por Su Señoría.
Efectivamente, hice un esfuerzo por tratar de sacarme un sesgo ideológico y abordar esta materia desde el punto de vista de los investigadores. Y de entre las exposiciones que se efectuaron en el seno de la Comisión de Educación, me pareció que una de las de más peso fue precisamente la realizada por la investigadora del Centro de Estudios Públicos, quien llegó a varias conclusiones, tal como lo manifesté durante mi intervención. Y las quiero resumir en el breve tiempo de que dispongo.
Sostiene que el lucro al final no causa impacto en la calidad. Lo señala en su presentación.
Aquí debemos centrar el proyecto en la calidad. Pero una investigadora sin ningún sesgo ideológico dice que el lucro no tiene impacto en ella.
Respecto del financiamiento, indica que tampoco causará impacto en la calidad. Porque es muy insuficiente y el día de mañana se concentrará en las universidades, de tal modo que nos demoraremos treinta años en eliminar el copago.
Lo dice una investigadora, no yo.
En materia de libertad de enseñanza, manifiesta que hay dos restricciones importantes.
Se limita la creación de colegios particulares subvencionados, pues solo podrán recibir subvención cuando la oferta sea inferior a la demanda. Ello, además, restringe lo relativo a la calidad, particularmente en los sectores más vulnerables.
Por último, en materia de financiamiento expresa que, tal como está, el proyecto desfinancia al sector privado por cuanto dificulta en extremo a los colegios particulares subvencionados. Así las cosas, sostuvo que estas medidas no solo afectan la sustentabilidad de los proyectos educativos.
Entonces, señora Presidenta, obviamente no puedo llegar a una conclusión distinta de la señalada por la propia investigadora, más allá de la visión ideológica que a este respecto tenga cada cual.
Eso se halla en las actas de la Comisión. Y a mí me ha hecho mucha fuerza para votar en contra de la idea de legislar, sin perjuicio de estar abierto a que, si hay las debidas correcciones durante la discusión particular, votaremos en consecuencia.
Pero lo lógico en materia de reforma educacional -y con esto termino- habría sido abordar los temas de calidad con integración; lo tocante a la calidad de la enseñanza, y la enseñanza en los colegios públicos, para darles a los padres y apoderados alternativas reales, que se sustenten en un proyecto global.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señora Presidenta, suena repetido, pero tampoco tenía intención de intervenir.
Uno entiende que esta es una Cámara política y que ninguno de nosotros es investigador en la materia que nos ocupa. Pero yo esperaría que los comentarios en el Senado se hicieran con algún apego a la evidencia empírica existente.
Basta leer las intervenciones de quienes participaron en el debate durante las 17 sesiones que realizamos en la Comisión de Educación para darse cuenta de que los distintos sectores, los diversos centros de estudios, las diferentes universidades fueron tremendamente categóricos para decir que este proyecto está bien inspirado y que los objetivos planteados son necesarios de alcanzar para avanzar hacia una educación de calidad.

El señor DE URRESTI.- ¡Lavín dijo algo distinto¿!

El señor ROSSI.- Claro, Joaquín Lavín dijo algo distinto, como me señala un señor Senador. ¡Pero la excepción confirma la regla...!

La señora VON BAER.- ¡Mariana Aylwin también!

El señor ROSSI.- Ahora, señora Presidenta, quisiera aprovechar estos pocos minutos de que dispongo -la primera intervención la destiné a señalar qué hacía esta reforma- para refutar los mitos que se han ido construyendo en intervenciones que, francamente, caen en la majadería.
En primer lugar, se dijo que este proyecto asfixia e intenta exterminar la educación particular subvencionada; y además, que atenta contra la libertad de enseñanza.
Eso es realmente grosero. Porque esta iniciativa no solo no pretende aquello, sino que, por el contrario, le inyecta más recursos a la educación particular subvencionada.
No he escuchado a muchos de los parlamentarios del frente señalar que hay una subvención nueva, de clase media, para los llamados "alumnos preferentes", esto es, aquellos cuyas familias pertenezcan al 80 por ciento más vulnerable.
Fíjense, señores Senadores, que esa subvención de clase media significa recursos frescos que llegarán a los establecimientos particulares subvencionados. Así que, contrariamente a querer terminar con la educación particular subvencionada, aquí se le entregan más recursos. ¡No se termina la libertad de enseñanza!
En segundo lugar, se afirma que la intención es eliminar la libertad de los padres para elegir el colegio. Y, mediante una caricatura grosera -pediría que no se siguiera insistiendo en ello-, hablan de la "tómbola". Como si los padres no pudiesen elegir el colegio y simplemente el Ministerio metiera a todos los niños en una tómbola y los repartiera en el colegio que saliera, en cualquier lugar de Chile.
¡Eso es faltar a la verdad! ¿Por qué? Porque lo que estamos planteando es un sistema de admisión transparente y aleatorio.
Yo les pregunto a los parlamentarios de enfrente qué harían si en un establecimiento existiera cierta cantidad de vacantes y la demanda fuera mayor que esa oferta.

El señor LARRAÍN.- ¡Usaríamos la tómbola¿!

El señor ROSSI.- ¿Elegiríamos al más alto? ¿Al más bajo? ¿Cómo lo determinamos?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡Al cachipún¿!

El señor ROSSI.- Al cachipún.
¡Miren qué excelente forma de hacerlo¿!
Señora Presidenta, justamente lo que pretende este proyecto es que ello se lleve a cabo como lo hacen los países civilizados: sin sesgo, de manera transparente, aleatoria.

El señor ESPINA.- ¡Como Cuba...!

El señor ROSSI.- Así ocurre en Holanda, en Estados Unidos (a Sus Señorías les gusta mucho su sistema económico).
Así que no termina la libertad de elegir.
¡Hoy los padres no pueden elegir porque enfrentan dos barreras muchas veces infranqueables: de un lado, la selección, y del otro, la capacidad de pago!
Por ejemplo, si quiero que mi hijo vaya a un colegio donde debo pagar 80 lucas de copago y no tengo la plata, ¿dónde queda mi libertad para escoger? ¡No la tengo!
En tercer lugar, se señala que prácticamente se pretende eliminar las remuneraciones de todos quienes trabajan en un establecimiento educacional.
¡Falso, de falsedad absoluta!
Se establece con claridad -hay que leer el proyecto- la existencia de una remuneración para quien desarrolla funciones de administración superior en el establecimiento educacional. O sea, un sostenedor que realice labores de gestión allí será correctamente remunerado.
En cuarto lugar, se sostiene que esta iniciativa estatiza la educación.
Aquí desde el principio se ha reconocido la provisión mixta del sistema educacional, y se entiende como legítimo que el Estado pueda financiar proyectos particulares que ofrezcan algún aspecto relevante para los padres.
Eso no está en ninguna discusión.
En quinto lugar, se dijo que queremos prohibir la creación de nuevos colegios.
Señora Presidenta, si alguien quiere crear un colegio particular pagado, lo puede hacer. Pero, evidentemente, el Estado tiene todo el derecho, si coloca recursos, a establecer ciertos requisitos. Ello, porque se trata de dineros de todos los chilenos.
Eso ocurre en cualquier lugar del mundo.
Por lo tanto, pediría que fuéramos más francos, más transparentes, y no torciéramos lo que hay detrás de la ley en proyecto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, evitando toda discusión ideológica, me parece que acá corresponde plantearse la sociedad del futuro en nuestro país, esa sociedad en la que, tal como lo señalé en mi primera intervención, debe haber más igualdad, mayor equidad, mejores oportunidades. Y eso pasa por una educación que apunte precisamente en tal sentido.
Ahora, me cuesta mucho entender los distintos criterios cuando hay sesgos, posiciones intransables.
En esto uno debe mirar al futuro, a las generaciones que vienen, en cuanto a la forma en que se va a impartir la educación, sobre la base de que habrá mucha más equidad y una sociedad bastante más igualitaria.
A mí me preocupa esa mirada, señora Presidenta. Porque quise recorrer, para conocer las realidades: existen colegios privados subvencionados ¡tremendamente exitosos!; emprendimientos de profesores que ni siquiera tienen copago; colegios con inclusión total.
Por lo tanto, yo no veo por qué esos establecimientos -me cuesta entenderlo- tendrían que en algún momento desaparecer pese a ser tan exitosos.
Tocante a la educación especial -ya lo hemos mencionado-, ¡cómo va a haber lucro en establecimientos que tienen 200, 300 alumnos!
Señora Presidenta, el propio Ministro se ha comprometido en esta Sala a traer en los meses próximos -y ojalá sea en enero- el proyecto con lo que primero debimos haber tenido como la gran discusión en este Congreso: la educación pública, la educación inclusiva, la educación de calidad. Si eso no viniera en fecha próxima, sin ese compromiso, yo no estaría asumiendo la decisión que estoy tomando.
Lo otro es que debe haber un resguardo; y más que un resguardo, un fortalecimiento para aquellos emprendedores, para aquellos educadores que no tienen lucro, que apenas logran financiarse y que, a pesar de eso, han mantenido grandes proyectos educacionales.
Por eso es que, además, asumo que el Ministro ha señalado el compromiso de buscar mecanismos que permitan el fortalecimiento de la educación especial, el mantenimiento de los colegios que han sido exitosos.
Y otro elemento importante, señora Presidenta: no puede mirarse a todos con la misma óptica; no se puede hoy hacer alusión a que el sostenedor que tiene un colegio privado subvencionado poco menos que es un delincuente, alguien que ha llevado adelante un enriquecimiento absolutamente ilícito.
¿Los hay? ¡Los hay! ¡Y ahí debemos apuntar!
Es necesario exigir que exista una fiscalización como corresponde para que nunca más con los fondos públicos haya lucro a través de la educación.
Yo no creo que nadie pueda en esta Sala defender el enriquecimiento indebido de personas que tienen tres, cuatro, diez, quince, veinte establecimientos educacionales. Pero en el caso del que posee uno o dos, ¡cuál es su pecado por ser tremendamente exitoso!
Entonces, en materia educacional tiene que haber una mirada que discrimine entre el que se enriquece de manera ilícita y quien lleva adelante un emprendimiento exitoso.
Es por eso que, ¡en general!, voy a votar favorablemente, entendiendo que es la forma de mejorar la educación, la inclusión, la igualdad en nuestro país.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, considero importante a esta altura formular algunas clarificaciones, siempre en el ánimo de realizar un debate riguroso y elevado.
Hace algunos minutos Senadores de Gobierno planteaban por qué la Oposición iba a votar en contra.
Vamos a votar en contra porque tenemos una convicción: la orientación y la arquitectura de este proyecto son equivocadas. Por eso votaremos en contra.
La pregunta es por qué votan a favor algunos señores Senadores que consideran que la arquitectura de este proyecto es muy deficiente y que, como hemos visto, consideran que también la orientación es equivocada.
Y lo señalo por algo muy simple.
El Honorable señor Zaldívar, por quien tengo el mayor afecto y respeto, lo ha clarificado fantásticamente bien: se puede votar al mismo tiempo por eliminar el lucro y por mantenerlo. ¡Al mismo tiempo!
Y se dice, entonces: "El lucro es legítima retribución. Estamos por eliminar el lucro, pero, al mismo tiempo, por mantener la legítima retribución".
Hagamos un poquito de transparencia, señora Presidenta.
Yo he participado en muchos debates con un conjunto de Senadores que les plantean directamente a los sostenedores lo siguiente: "Aquí nada va a cambiar. Si usted está obteniendo la legítima retribución como sostenedor, no se preocupe: en el futuro podrá autocontratarse como director del establecimiento, y la legítima retribución que logra como sostenedor ahora la tendrá a título de remuneración".
Señora Presidenta, una discusión tan seria como la que nos ocupa no debiera admitir esos niveles de gatopardismo.
En segundo lugar, mi amigo el Senador Pizarro dice: "No existe ninguna palabra en este proyecto que afecte la educación particular subvencionada".
Pero, señora Presidenta, ¡si está lleno!
Ya se mencionó la creación de los colegios, la vulneración de la autonomía. Pero hay una norma que les impone a los colegios particulares subvencionados una condición imposible de cumplir: la que los obliga a ser dueños de los inmuebles, en circunstancias de que el 70 por ciento de ellos pertenece a terceras personas.
Y cuando uno plantea aquello, ¿cuál es la respuesta?: "¡Ah, no! No se preocupe: esa norma la vamos a eliminar. A nadie se le exigirá ser dueño del inmueble. No se preocupen: vamos a permitir los arriendos. Y si no lo logramos, no hay problema: entonces el Tribunal Constitucional dejará sin efecto la norma".
Si vamos, pues, a hablar de rigor y de transparencia, digamos las cosas como son: el proyecto que estamos votando hoy tiene una condición casual; es decir, una condición que se le impone a un sujeto pasivo, pero que responde a la voluntad de un tercero.
Eso es absurdo, inconstitucional, y en los hechos impide continuar a los colegios particulares subvencionados que no puedan cumplir esa condición.
En consecuencia, ¿existe o no una norma que, con ese requisito, elimina hacia el futuro la educación particular subvencionada? Obviamente que sí, señora Presidenta.
Por último, alguien mencionó hace un momento lo de la majadería. Y la verdad es que en este último rato la majadería ha llegado aquí hasta al extremo. Porque algunos Honorables colegas sostienen lo siguiente: que este proyecto ¡beneficia a los sostenedores y a la educación particular subvencionada!
¡Pero son tan poco inteligentes la FIDE, la CONACEP, todas las organizaciones que en Chile agrupan a los sostenedores, que piensan exactamente lo contrario...!
Es decir, el Gobierno considera que este proyecto favorece a la educación particular subvencionada y los sostenedores de la educación particular subvencionada estiman lo contrario, al igual que los apoderados. Pero, curiosamente, quien tiene razón es el Gobierno y los que están equivocados son los sostenedores y los padres y apoderados, quienes no han tenido la lucidez para darse cuenta de que ¡lo que ellos estiman que los perjudica en verdad los beneficia¿!
Señora Presidenta, ¿tiene esa forma de argumentación alguna cabida en una institución que se supone seria?, ¿se les puede imputar a las personas tal falta de discernimiento?
Francamente, creo que eso refleja que quienes reclaman por rigor en el debate de esta normativa no son rigurosos.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Montes

El señor MONTES.- Señora Presidenta, después de oír a Senadores de enfrente, de la UDI y de Renovación Nacional, me queda claro que no quieren esta reforma estructural -ello es legítimo- y que consideran que el modelo que tenemos está bien. Hay que hacer ciertas correcciones en el margen, pero este modelo, que lleva 34 años, a juicio de ustedes es bueno.
Los argumentos que dan son de distinto tipo.
Dicen que en esta reforma estructural no les parecen los objetivos.
Eso también lo estimo legítimo. Porque nosotros tenemos una visión de la sociedad, de los seres humanos conforme a la cual la educación es un derecho social. Nuestra visión es distinta: ustedes tienen una visión mucho más de mercado; nosotros queremos volver al curso histórico, a lo que Chile ha hecho a lo largo de su historia.
Aquí se ha dicho también que el proyecto afectaría a la libertad de enseñanza. Pero, curiosamente, a la libertad de enseñanza reducida bastante a la libertad de empresa, más que a la libertad de los padres para seleccionar proyectos educativos o la comunidad de valores dentro de la cual desean poner a sus hijos.
Es una visión bastante sesgada y restrictiva tanto del derecho a la educación cuanto de la libertad de enseñanza.
Otros señalan que hay un problema de arquitectura, o más bien, que la ley en proyecto será caótica en lo práctico.
Nosotros también estamos analizando los distintos elementos que podrían llegar a provocar problemas, para tratar de corregir. Porque eso se da en todo cambio.
Por ejemplo, después de aprobar la JEC, que no era una reforma estructural, debimos sancionar tres leyes para modificar distintos aspectos que provocaban dificultades.
Eso es propio de las transformaciones.
Por cierto, tratamos de que aquello no ocurra, de mejorar la arquitectura del proyecto. Y se lo digo al Senador Allamand, quien ¡ahora parece estar dedicado a la arquitectura...!
Otros sostienen que el proyecto lleva a la estatización y al fin de los colegios particulares subvencionados.
Los establecimientos particulares subvencionados partieron antes que los públicos. Y en el siglo XIX el Estado les pagaba a los profesores de los colegios parroquiales. Así operaba el sistema.
Todos sabemos que aquello va a seguir existiendo: es propio de la historia de Chile.
Sin embargo, se trata de redefinir el rol de los colegios, para que no sean un actor del mercado que compite con otros establecimientos sino un cooperador o colaborador de un gran proyecto de país.
Aquí también se señala que se ataca a los sostenedores.
En el distrito al que representaba como Diputado tuve varias peleas con los sostenedores. Yo siempre he estado contra el financiamiento compartido, pero en todo momento he reconocido que el problema no está en los sostenedores -hay sostenedores buenos, regulares y malos- sino en el sistema, que genera efectos inadecuados que afectan al conjunto del régimen educacional.
Hoy son pocos los que radican el problema en los sostenedores en sí mismos.
Ahora, existen sostenedores de todos los sectores políticos. En estos días me encontré hasta con algunos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
En todo caso, me reuní con varios sostenedores que estaban muy preocupados por lo del lucro.

El señor ALLAMAND.- ¡No saben que les conviene! ¡Porque a veces les va mal con el cuoteo¿!

El señor MONTES.- Asimismo, se afirma que el término del copago, del lucro y de la selección impactará en la calidad de la educación.
¡Por supuesto que tendrá un impacto, pero no directo ni mecánico! Así lo dijo en la Comisión una académica (colegas de ella sostienen todo lo contrario). Sin embargo, el impacto tiene que ver con la forma como afecta el conjunto.
Vamos a hacer la reforma estructural. Nos parece que hay que superar el modelo. Nosotros tenemos otro concepto de educación y de calidad.
Por ejemplo, creemos que el SIMCE es lo más pobre que existe hoy. Reducir calidad a pruebas psicométricas referidas a normas es paupérrimo.
Queremos construir una nueva educación pública, de calidad. Nos demoraremos, pero vamos a sentar las bases en el actual Gobierno, redefiniendo -como decía- el rol de los colegios particulares subvencionados y terminando con el lucro, el copago y la selección.
Yo llamaría a la Derecha (a la UDI y a Renovación Nacional) a hacer aportes. Porque durante todo este debate no le he escuchado ninguna propuesta para mejorar el sistema educacional.
No podemos seguir igual.
Hubo una movilización grande. Diversos sectores dijeron "No nos gusta el sistema educacional. Queremos cambios".
Algunos -yo me sentí minoría durante mucho tiempo- consideramos que se deben hacer cambios.
Ojalá escuchara opiniones concretas que ayudaran.
Cuando concurrió a la Comisión, Sylvia Eyzaguirre reconoció que la situación iba a cambiar. Formuló siete propuestas muy interesantes, pero a partir de su reconocimiento. Muchas de ellas nos hicieron pensar. Por ejemplo, la vinculada con la relación entre lo técnico y lo profesional.
El Senador Chahuán sostuvo aquí que está por desmunicipalizar la educación. Quizás es lo más concreto que ha salido del frente.
Necesitamos construir un nuevo sistema. Asuman que en nuestro país y en el Parlamento hay una mayoría que desea el cambio. Y esperamos salir a la sociedad para derrumbar los mitos y distorsiones que se han creado y corregir los errores que hemos cometido.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, no iba a intervenir, pero lo manifestado por el Senador Rossi me obliga a hacerlo.
Leo textual:
"0. Me propongo argumentar lo siguiente: (i) que el proyecto sobre el cual se nos invita a opinar parte de un diagnóstico equivocado. En vez de aprovechar el dinamismo del sistema, busca cambiar --sin destino cierto-- su rumbo de mejoramiento. (ii) Consecuentemente, no identifica adecuadamente los problemas y desafíos que enfrenta el sistema escolar. Y propone cambios al régimen mixto de provisión que la experiencia internacional y el análisis comparado llevan a pensar tendrán escaso o nulo impacto sobre la calidad y la distribución de los aprendizajes. Lo que sí puede constatarse desde ya es que su actual formulación causa inestabilidad e incertidumbres en el sistema y genera una gran cantidad de dudas, críticas y descontentos, pudiendo anticiparse que, de ser aprobado, provocará una serie de efectos negativos y otros no-previstos.".
José Joaquín Brunner, Ministro Secretario General de Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y experto en educación.
Nadie de las bancadas de Derecha, a las que ustedes demonizan a cada rato, sino una persona de sus filas es la que señala con claridad los errores de diagnóstico y de contenido de este proyecto de ley.
Por eso votamos en contra: porque nos interesa que nuestros niños y jóvenes progresen, y queremos garantizar para ellos una educación de la mayor calidad posible.
Tanto es así que concurrimos con nuestros votos a aprobar la reforma tributaria, a fin de asegurar los recursos. Pero para el año 2015 ellos no se están invirtiendo en educación. Y ustedes silencian este hecho, lo callan: en la Partida del Ministerio de Educación no figuran todas las platas que debieran estar.
Entonces, saquémonos la careta. Porque la verdadera majadería está en que no quieren escuchar, pero no solo a la Derecha, sino tampoco a gente de su propio sector que señala los peligros, los riesgos de esta iniciativa.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, en realidad, yo no iba a intervenir. Sin embargo, el Senador Allamand me mencionó directamente.

El señor ALLAMAND.- Así es.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Entonces, me parece adecuado que rectifique sus dichos en el sentido de que yo por un lado sostuve que no debía haber lucro y por otro que aceptaba el lucro.
Su Señoría es miembro de la Comisión de Educación. Pero no sé si leyó el numeral 3) del artículo 2° del proyecto que votó allí, mediante el cual se sugiere agregar un artículo 3° que en la parte inicial del inciso primero expresa lo siguiente:
"El sostenedor, como cooperador del Estado en la prestación del servicio educacional, gestionará las subvenciones y aportes que establece la presente ley para el desarrollo de su proyecto educativo.".
En el inciso segundo, el referido precepto dice:
"Para estos efectos se entenderá que el financiamiento recibido se destina a fines educativos en el caso de las siguientes operaciones:
"i) Pago de una adecuada remuneración a las personas naturales que ejerzan, de forma permanente y efectiva, funciones de administración superior que sean necesarias para la adecuada gestión de la entidad sostenedora¿".
En un inciso posterior, la mencionada norma expresa:
"Tratándose de las remuneraciones señaladas en el numeral i) del inciso segundo, éstas deberán ser pagadas en virtud de un contrato de trabajo que establezca la dedicación temporal y especifique las actividades a desarrollar, y ser razonablemente proporcionadas en consideración a la jornada de trabajo, el tamaño y complejidad¿".
En mi intervención hablé de justa retribución a la gestión.
¡Esta es la justa retribución a la gestión!
No se trata del lucro, sino (reitero) de la justa retribución a la gestión.

El señor ALLAMAND.- ¡Eso es el lucro!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Así lo establece la ley en proyecto. Y ustedes estuvieron de acuerdo.
Por tales razones, insisto en mi votación. Y nuevamente hago un llamado a los Senadores de la Oposición, a quienes les pido por favor que al menos se abran a proponer algo concreto. Porque durante toda esta discusión no les he escuchado decir cómo desean tratar la materia. Solo les he observado una postura negativa, sin propuestas, y anuncios en el sentido de que recurrirán al órgano constitucional pertinente.
Están en su derecho.
Pero seamos claros: no han propuesto nada concreto, y eso no corresponde.
Como creo que ahora se aprobará la idea de legislar, espero que en la discusión particular del proyecto veamos las propuestas que harán para lograr una buena ley.
La señora VON BAER.- ¡Vamos a mejorar la iniciativa!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, quiero hacer algunos comentarios sobre lo manifestado por algunos de nuestros distinguidos colegas.
En el mundo de los abogados se usa mucho la palabra "leguleyo". Y los leguleyos son aquellos que cuando no tienen la razón desvían la conversación hacia aspectos distintos de los que se están discutiendo.
Pues bien: en el debate de este proyecto he visto algo insólito y notable.
Algunos colegas nos acusan de que no queremos avanzar en la educación pública, particularmente en la municipalizada. Y nosotros lo único que hacemos es pedirles el favor de que envíen el proyecto comprometido por la Presidenta de la República -así lo entendimos- precisamente para avanzar en el cambio de la educación municipalizada, que está muy debilitada.
Hemos pedido incansablemente avanzar en el mejoramiento de las condiciones de los profesores. Pero llevamos ocho meses con declaraciones de los propios parlamentarios de la Nueva Mayoría. Y el Presidente del Partido Demócrata Cristiano termina por decir que en este proyecto el Ministerio de Educación no tiene que ser una inmobiliaria.
Yo busqué en la lista de militantes de Renovación Nacional, ¡y no encontré a Ignacio Walker¿!
Busqué en la lista de militantes de la UDI: ¡tampoco¿!
Y después recordé que mi estimado amigo es Presidente de la Democracia Cristiana.
Entonces -¡perdónenme!-, no hemos sido nosotros quienes han querido retardar, dejar de proponer, dejar de avanzar en el mejoramiento de la educación municipalizada.
Ahora, lo que no podemos hacer es votar a favor de un proyecto cuyos tres conceptos básicos no compartimos.
El primero, impedir que sobre sexto básico exista la posibilidad de que en determinadas condiciones los colegios seleccionen adecuadamente a los alumnos premiando su mérito.
Una sociedad no selecciona por la vía de la discriminación arbitraria, porque eso constituye un abuso y está prohibido. Sin embargo, es absolutamente legítimo y válido seleccionar de acuerdo al mérito de una persona, sobre la base de su capacidad, de sus estudios, de sus talentos, con aplicación de todas las normas de la pedagogía moderna.
En Angol -no ha sido factible desarrollar un debate sobre el punto con el Senador Quintana; me habría encantado, pero, lamentablemente, no hemos podido coincidir-, un joven de octavo básico me dijo: "Me quiero cambiar al Liceo Enrique Ballacey". Pero no podrá hacerlo por sus méritos. Nada saca con estudiar, con esforzarse -ese liceo es muy exitoso, y él quiere terminar sus estudios en un establecimiento de esa índole-, simplemente porque aquí se estimó que el mérito, la meritocracia, el derecho a surgir no existe.
Se habla del lucro. Pero no nos engañemos: la doctrina de que con dineros públicos no se puede obtener legítima ganancia es una falacia.
Desde luego, quiero señalarles lo siguiente: el Ministerio de Vivienda destina 970 mil millones de pesos a subsidios habitacionales (estamos hablando de una de las necesidades básicas de las personas), y las viviendas las construyen empresas particulares.
Entonces, se podrá decir: "Pero en la educación es distinto. Yo no quiero que en la educación exista lucro con platas públicas, aunque ello ocurra en otras actividades".
Nuestra respuesta es que cuando se trata de emprendimientos bien realizados y debidamente fiscalizados es absolutamente lícito que una persona pueda tener la legítima retribución a su esfuerzo y empeño si con ellos está contribuyendo a mejorar la calidad de la educación.
No entendemos qué hay de malo en eso.
Entonces, evidentemente, tenemos diferencias en los nudos centrales del proyecto.
Creemos que es posible seleccionar mientras no exista discriminación arbitraria. Creemos que no hay ninguna razón para que no tenga lugar la legítima ganancia. Y, en definitiva, creemos que la educación particular subvencionada es un aporte tremendo y al cual no se le pueden poner cortapisas tan brutales como la de simplemente decir que una persona a la que no le quieren vender el inmueble donde funciona su establecimiento educacional no podrá seguir enseñando.
Tenemos diferencias -reitero-, y la opinión pública las va a juzgar con toda claridad cuando vea los efectos que provoca este proyecto.
Por esas razones, nosotros vamos a votar en contra, pues tenemos la seguridad de que esta iniciativa va en la dirección equivocada.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Dicen, señora Presidenta, que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Pero parece que algunos son peores que los sordos, pues gustan de tergiversar.
Yo fui riguroso al expresar que en este proyecto no hay una sola palabra que diga que se va a estatizar la educación particular subvencionada. Eso es distinto de lo que se afirma en el sentido de afectarla.
Ha quedado claro también que la única preocupación de la Derecha, por toda la argumentación que se ha hecho, incluida la última que oímos, es por el negocio de la educación. Y eso es lo que han defendido sistemáticamente: desde la constitucionalidad que arguyen algunos hasta lo que hemos escuchado en esta Sala.
A mí me parece bueno sincerar las cosas, porque, por último, es la manera de entender dónde están realmente las diferencias.
Yo quiero decir con mucha claridad que nosotros afirmamos que este proyecto busca favorecer a los colegios particulares subvencionados porque efectivamente es así. No queremos favorecer el negocio del sostenedor, sino que se garantice educación de calidad a aquellos a quienes el Estado financia en los referidos colegios. Y ahí existe una diferencia fundamental con nuestros amigos de la Derecha.
Se hablaba recién de la selección por mérito.
Al respecto, debo puntualizar que está más que comprobado (y supongo que los expertos que expusieron en la Comisión lo habrán corroborado) que la selección por mérito se halla en directa relación con la condición socioeconómica de los estudiantes y supeditada a ella.
Entonces, en la práctica no existe igualdad o libertad para elegir dónde quiere entrar un alumno.
¿Qué padre tiene libertad para decidir colocar a su hijo en el Instituto Nacional? ¡Ninguno! Hay que someterse a los rigurosos exámenes mediante los cuales dicho establecimiento segrega por la vía de seleccionar. ¿A quiénes? A los alumnos a los que les toma exámenes, quienes ya van condicionados, pues se han preparado para rendirlos. Entonces, ¿quiénes tienen mayor preparación? Desde todo punto de vista, los jóvenes con mejores condiciones socioeconómicas.
Ahí existe una diferencia conceptual. Y es una diferencia de fondo.
Por consiguiente, con mucha claridad, quiero decirles a los amigos de la Derecha, para que no se confundan, que emitir opiniones sobre una cuestión tan sensible como la manera en que se implementa una reforma educacional es muy distinto de que las mismas personas a las que se ha hecho referencia en esta Sala no estén plenamente convencidas de que hay que hacer cambios estructurales para garantizar calidad en toda la educación que financia el Estado: la educación pública gestionada por particulares subvencionados y por los municipios.
En eso no hay que confundirse.
Lo que ocurre es que aquí ha quedado claro que la Derecha no tiene voluntad ni convicción de cambio.
En la Democracia Cristiana y en la Nueva Mayoría sí tenemos compromiso y convencimiento en el sentido de que para garantizar calidad y generar igualdad de oportunidades es fundamental terminar con la selección, con el lucro y con el copago.
Eso es lo único que puede ayudarnos a avanzar en igualdad y a hacer de Chile un país un poquito más justo y solidario.
Tal es la diferencia central con quienes hoy día están votando que no.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, aquí ha habido una discusión con altura de miras. Pero a veces algunos señores Senadores descalifican, y me parece que eso no contribuye al debate.
No creo que a nuestro sector le interese solo el aspecto comercial de los colegios en comento. Pienso que somos de los sectores en que menos vinculación existe con ellos.
Y voy a demostrar que hemos formulado con claridad nuestros planteamientos sobre estas materias.
¿Qué han establecido los Senadores que nos representan en la Comisión de Educación?
A quienes no han leído el informe de dicho órgano técnico debo señalarles que en la página 340 el colega Allamand aparece planteando con precisión qué deseamos nosotros.
Su Señoría asegura que nuestro país requiere "aumentar la efectividad global de nuestro sistema educacional, seguir acortando la brecha entre alumnos aventajados y rezagados, generar colegios socialmente más integrados y asumir el desafío de la calidad, lo que significa redefinir de cara al futuro qué, cómo y para qué enseñar.".
Y, al efecto, propone medidas concretas: priorizar la atención en el rol de los profesores; asegurar un financiamiento adecuado para todo el sistema educacional; otorgar autonomía a los colegios y fortalecer el rol de los directores; involucrar al máximo a las familias en el proceso educativo de sus hijos y lograr que sean parte vital de la comunidad escolar; compatibilizar contenidos curriculares adecuados con efectiva libertad para que los profesores resuelvan en forma aterrizada; promover un ambiente escolar pro aprendizaje en que valores tales como la disciplina, el respeto y el orden sean factores fundamentales y no accesorios, y utilizar todas las energías de la sociedad para mejorar la educación, es decir, fortalecer la provisión mixta e impulsar por igual la educación pública y la particular subvencionada.
¿Hay o no propuestas?
También se pueden consultar muchas partes más en el informe.

La señora VON BAER.- ¡Es preciso saber buscar...!

El señor PROKURICA.- Lo que pasa es que lo mismo que estamos exponiendo ha sido señalado por correligionarios de los Senadores de Gobierno. No se trata solo del señor Brunner, sino también de la señora Aylwin y de otros exministros de sus Administraciones.
Y dejémonos de cuentos. No solo hemos presentado fórmulas claras y concretas, sino que también hay un oficialismo que no desea escuchar, que quiere acoger un planteamiento de un Gobierno determinado y que ha fijado como ruta aprobar lo que tenemos ante nosotros y no otra cosa.
Eso es lo que nos lleva, en definitiva, a un debate difícil de seguir. Imagino que a la gente que lo presencia le cuesta comprender que unos acusen a otros y que se afirme que no hay propuestas cuando claramente ocurre lo contrario y estamos diciendo que queremos cambios. Pero el proyecto de Sus Señorías no logra que estos se materialicen.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, quiero contradecir al Senador señor Rossi, quien sostuvo que no se recurriría a una tómbola.
Voy a leer el artículo 7° ter:
"Todos los estudiantes que postulen a un establecimiento educacional deberán ser admitidos, en caso de que los cupos disponibles sean suficientes en relación al número de postulaciones.
"Sólo en los casos de que los cupos disponibles sean menores al número de postulantes, los establecimientos educacionales deberán aplicar un procedimiento de admisión aleatorio" -¿no hay tómbola...?- "definido por éstos".

El señor MONTES.- ¡Eso no lo es!

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡Por tal motivo manifesté que también puede aplicarse el cachipún, igualmente aleatorio: dos personas compiten y sale una de ellas¿!
¿Cuáles son los criterios de preferencia? Ser hermano de un alumno; tratarse de un caso correspondiente al 15 por ciento de estudiantes prioritarios; ser hijo de profesor o de cualquier otro trabajador del colegio, y, además, "haber estado matriculado" -fíjense Sus Señorías que será alguien que asimismo se encontrará antes del joven que puede quedar fuera por el cachipún o la tómbola- "en el establecimiento educacional al que se postula". Podría tratarse de una persona que a lo mejor tuvo que irse del lugar, pero también que puede haber sido suspendida o expulsada. ¡Y se le asignará prioridad¿!
Considero que es preciso abordar estos aspectos y comprender cómo se seleccionará a los alumnos.
No puedo dejar de puntualizar que los Diputados de la Unión Demócrata Independiente que integran el órgano técnico de la otra rama del Congreso y nuestros Senadores presentaron una alternativa absolutamente clara, que es pública, respecto a cómo vemos la educación y cómo entendemos que debiera haber sido el proyecto respectivo.
Por último, si todos creemos en la libertad, cabe entregarles las subvenciones a los padres y que opten, pues. ¿Por qué se teme a que padres o apoderados, con la subvención del Estado, puedan escoger la educación que quieren para sus hijos? ¿Por qué imponerles lo que el Estado quiere? ¡Demos la posibilidad de que decidan! Si les damos recursos a los que carecen de ellos, se puede confiar en que van a querer lo mejor para sus hijos y no lo que el proyecto quiera determinarles.
Muchas gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Ha finalizado la lista de inscritos para fundamentar un pronunciamiento.

El señor MONTES.- ¡Hagamos una repasada...!

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (23 votos a favor y 15 en contra), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica.

--(Aplausos en la Sala).

El señor PIZARRO.- Pido la palabra.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir, Su Señoría.

El señor PIZARRO.- Entiendo que se fijó el martes 30 de diciembre como plazo para formular indicaciones.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Así es.

El señor PIZARRO.- Iba a pedir que se cambiara al miércoles 31, pero les encuentro la razón a algunos colegas que estiman más conveniente el viernes 2 de enero.
Asimismo, solicito que la discusión particular se lleve a cabo en las Comisiones de Hacienda y de Educación, unidas.

La señora VON BAER.- No.
El señor PIZARRO.- Si es necesario, pido que ello sea sometido a la decisión de la Sala.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si no hay objeción, se determinará el viernes 2 de enero como plazo para formular indicaciones.
Acordado.
En votación la solicitud de que el proyecto pase a las Comisiones de Educación y de Hacienda, unidas, para el efecto del segundo informe.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los señores Senadores que estén de acuerdo con la petición votan que sí, y los que la rechacen, que no.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, me parece que lo que se plantea es completamente impropio, porque la Comisión de Hacienda carece de competencia en materias técnicas de educación, y creo que cometeremos un grave error si disponemos que intervenga. Es el órgano especializado para conocer los asuntos de su especialidad, no los de educación. Ello es contrario al Reglamento.
Muchas veces se envían materias técnicas a Comisiones unidas por dar lugar a una competencia compartida: Agricultura y Medio Ambiente o Economía y Hacienda, en fin. Pero esta última se ocupa en aspectos relacionados con el financiamiento, lo que hará de todas maneras. No le corresponden las materias propias de educación.
A mi juicio, se sentaría un mal precedente, por lo que la solicitud no debe ser aceptada.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, me extraña mucho el planteamiento de mi Honorable colega Larraín. No en una, sino en varias oportunidades ha funcionado la Comisión de Hacienda unida con otra que reviste carácter técnico, como una manera de imprimirle mayor celeridad a la discusión y de hacerla más completa.
En consecuencia, la medida no atenta contra el Reglamento. Deseo dejar claro que no constituye una excepción.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba el envío del proyecto a las Comisiones de Educación y de Hacienda, unidas, para el segundo informe (11 votos contra 6 y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, Horvath, Montes, Pizarro, Quintana, Rossi, Tuma y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Allamand, Espina, García-Huidobro, Hernán Larraín y Prokurica.
No votó, por estar pareado, el señor Chahuán .
)------------------(

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa un mensaje, con el cual la Presidenta de la República retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles.
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Asimismo, se ha recibido una moción, de la Honorable señora Allende, con la que inicia un proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al señor Roberto Jesús Kozak.
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Les deseo a todos una Feliz Navidad.
Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta, sin perjuicio de que se les dé curso a los oficios que han llegado a la Secretaría.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor GARCÍA:
Al señor Subdirector de CONADI Zona Sur, para que informe sobre REGULARIZACIÓN DE COMITÉ DE ADELANTO VILLA LA SERENA, TEMUCO.
Del señor MATTA:
A los señores Ministros de Agricultura y del Medio Ambiente, para pedirles, respectivamente, DISEÑO DE PLAN DE ADAPTACIÓN DE SECTOR SILVOAGROPECUARIO A CAMBIO CLIMÁTICO e INCORPORACIÓN DE ADAPTACIÓN DE SECTOR SILVOAGROPECUARIO A CAMBIO CLIMÁTICO EN PLAN NACIONAL.
Del señor OSSANDÓN:
Al señor Ministro de Hacienda, a fin de solicitar RESPUESTA OFICIAL A PROYECTO DE ACUERDO SOBRE ELIMINACIÓN DE COBROS EN BANCO DEL ESTADO; al señor Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor, con el objeto de pedir RESPUESTA OFICIAL A OFICIO PARA INFORME DE RECLAMOS ANTE COBROS DE BANCO DEL ESTADO POR USO DE CUENTA RUT, y al señor Presidente del Consejo Directivo del Banco del Estado, para que se formule RESPUESTA OFICIAL A OFICIO PARA INFORME SOBRE MATERIAS DE CUENTA RUT.
Del señor QUINTEROS:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, a fin de solicitar DESTINACIÓN DERECURSOS PARA REDUCCIÓN DE ABIGEATO EN REGIÓN DE LOS LAGOS, y al señor Ministro de Educación, transmitiendo SOLICITUD DE SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN DE CHILE PARA CONSIDERACIÓN DE SUS PLANTEAMIENTOS EN REFORMA EDUCACIONAL Y OTROS PROYECTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS.
Del señor TUMA:
Al señor Ministro de Educación, para que se informe acerca de FISCALIZACIÓN DE SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL.
De la señora VAN RYSSELBERGHE y del señor PÉREZ VARELA:
Al señor Ministro de Hacienda, consultando por COSTO EN DÓLARES DE MENOR CRECIMIENTO DE PRODUCTO INTERNO BRUTO DURANTE 2014 YMENOR RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR REDUCCIÓN DE ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO PARA 2015.
)---------------(
--Se levantó la sesión a las 23:21.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción