REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 362ª
Sesión 88ª, en miércoles 21 de enero de 2015
Especial
(De 9:48 a 13:58)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ISABEL ALLENDE BUSSI, PRESIDENTA,
Y SEÑOR EUGENIO TUMA ZEDAN, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de Gobierno, señor Álvaro Elizalde Soto; de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán y de Salud (s) señor Jaime Burrows Oyarzún. Asimismo, se encontraban presentes, el asesor legislativo del Ministro de Educación, señor Patricio Espinoza; la asesora del Ministerio de Educación, señora Misleya Vergara; el abogado de la Fundación Jaime Guzmán, señor Jorge Barrera; el abogado del Instituto Libertad y Desarrollo, señor Jorge Avilés y la asesora del Comité Demócrata Cristiano, señora Constanza González.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 9:48, en presencia de 20 señores Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. CUENTA

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que aprobó las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional (boletín N° 9.326-07).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto a sus antecedentes.
Con el segundo informa que dio su aprobación al proyecto de ley que prorroga la entrada en vigencia de la obligación de instalar dispositivos de posicionamiento automático en el mar, respecto de embarcaciones pesqueras artesanales (boletín N° 9.772-21) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Remite antecedentes relativos a propuesta regional de habilitación de doble vía para la ruta Mariquina-Valdivia-Paillaco, información solicitada en nombre de la Honorable señora Von Baer.
Atiende solicitud de información, remitida en nombre del Honorable señor Chahuán, referente al estado del proyecto de ferrocarril rápido entre las ciudades de Valparaíso y Santiago y de las alternativas para su trazado.
Responde sendas solicitudes de información, cursadas en nombre del Honorable señor Navarro, respecto de las materias que se indican a continuación:

1.- Factibilidad de dotar de agua potable rural a la localidad de Coliumo, comuna de Tomé.

2.- Estudios efectuados por esa Secretaría de Estado sobre la factibilidad de las obras de mejoramiento de la ruta Concepción-Cabrero y estado actual del proyecto, en particular de la situación habitacional y económica de cinco familias que quedaron sin posibilidades de acceso a sus predios.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informe
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.327, en lo tocante a su ámbito de aplicación y al establecimiento de un régimen sancionatorio efectivo, y la ley N° 20.502, en materia de funciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito (boletín N° 9.566-29) (con urgencia calificada de "suma").
--Queda para tabla.
Proyecto de acuerdo
De los Honorables señor Prokurica, señora Muñoz y señores Araya, Chahuán, Guillier, Horvath y Orpis, con el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República la modificación del decreto supremo N° 76, del Ministerio de Minería, que aprueba la política de fomento de la pequeña minería, con el fin de aplicar mecanismos de sustentación que permitan enfrentar los actuales precios del cobre (boletín N° S 1.794-12).
--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
Comunicación
De los Honorables señores Navarro y Bianchi, con la que informan que a contar de ayer representan al Comité Movimiento Amplio Social e Independiente.
--Se toma conocimiento.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la Cuenta.

La señora VON BAER.- ¿Me permite, señora Presidenta?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí, Su Señoría.

La señora VON BAER.- Le solicito a la Mesa recabar el acuerdo de la Sala para que ingresen los asesores en relación con el proyecto que nos ocupará.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si no hay objeciones, se accederá a la petición y quedarán autorizados para hacerlo en todas las sesiones en que sea tratado.
Así se acuerda.
Saludo a los señores Ministro de Educación y Ministro Secretario General de Gobierno, a quienes les doy la bienvenida.
IV. ORDEN DEL DÍA



ADMISIÓN DE ESTUDIANTES, ELIMINACIÓN DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y FIN A LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS CON APORTES ESTATALES


La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde continuar la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la admisión de estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, con segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.366-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 57ª, en 21 de octubre de 2014.
Informes de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 74ª, en 16 de diciembre de 2014.
Hacienda y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas (segundo): sesión 86ª, en 20 de enero de 2015.
Discusión:
Sesiones 75ª, en 17 de diciembre de 2014 (queda pendiente su discusión en general); 76ª, en 17 de diciembre de 2014 (se aprueba en general); 87ª, en 20 de enero de 2015 (queda pendiente su discusión en particular).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Ayer terminó el tratamiento del número 6) del artículo 1°, por lo que es preciso seguir con el número 7), el que, al igual que los números 8) y 9), es orgánico constitucional.
Las Comisiones unidas efectuaron en este número una modificación de la letra a) aprobada en general y se renovaron las indicaciones números 60 y 61, ambas del Senador señor Ossandón.


El señor ROSSI.- Ambas fueron retiradas.

El señor OSSANDÓN.- Así es.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La enmienda de la letra a) fue acordada por unanimidad y plantea la supresión, en el inciso primero propuesto para el artículo 13) de la ley, de la frase "sobre la base de las características socioeconómicas, religiosas, situación de discapacidad, de nacionalidad, étnicas o culturales".

El señor WALKER (don Ignacio).- Ya acordamos en la Sala ayer que, cada vez que se hiciera referencia a una discriminación arbitraria,¿

La señora ALLENDE (Presidenta).- Así es.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba la proposición de las Comisiones unidas, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que se pronuncian a favor 27 señores Senadores.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Las Comisiones unidas recomiendan, por 7 votos a favor y 2 abstenciones, suprimir la letra c) del número 7), sobre la base de las indicaciones números 63 y 64.
Se trata de los tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La supresión no requiere un quorum especial.
Quienes estén de acuerdo votarán que sí y quienes estén en desacuerdo la rechazarán.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Por 30 votos a favor, se aprueba la proposición de las Comisiones unidas.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Coloma De Urresti, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Con relación a la letra d), que pasó a ser c), la indicación número 66, renovada, apunta a sustituir, en el inciso tercero propuesto¿

El señor ALLAMAND.- ¿Y la número 65?

El señor LABBÉ (Secretario General).- No fue renovada.
Repito que la indicación tiende a reemplazar la frase "Con todo, para estos efectos no se considerarán razonables las distinciones, exclusiones y restricciones fundadas en el numeral 11 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, salvo aquellas derivadas del pago de los derechos de escolaridad y matrícula, cuando proceda, de la circunstancia de que el establecimiento educacional respectivo admita a estudiantes solo del sexo femenino o masculino o de la aceptación expresa del padre, madre o apoderado de lo dispuesto en el proyecto educativo del establecimiento.".
Por su parte, las Comisiones unidas sugieren sustituir, en el inciso tercero propuesto, la frase "a que se refiere la ley N° 20.609" y la segunda oración -esta última es aquella a la cual hace referencia la indicación renovada- por lo siguiente: "establecida en la ley N° 20.609. Para estos efectos no se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones fundadas en el numeral 11 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de lo establecido en la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza."
.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si se mantiene la indicación, es preciso votarla.
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, ciertamente la mantenemos. Y, en los hechos, vamos a estar discutiendo tanto sus términos como el texto del artículo.
Para tal efecto, les sugiero a los señores Senadores simplemente que nos remitamos a lo que dice hoy día la indicación "aprobada", por así decirlo, para darse cuenta de la incongruencia que contiene.
Hago presente que el punto no se incluía en el proyecto original y que fue una innovación jurídica de gran importancia introducida por la Cámara de Diputados.
Fíjense Sus Señorías lo que dice la norma aprobada en general: "Los directamente afectados por una acción u omisión que importe discriminación arbitraria en el ámbito educacional podrán interponer la acción de no discriminación arbitraria a que se refiere la ley N° 20.609", esto es, la ley Zamudio. Y llamo la atención de los Honorables colegas sobre lo que se expresa a continuación: "para estos efectos no se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones fundadas en el numeral 11 del artículo 19 de la Constitución Política de la República".
Con la simple lectura de esta frase, el Senado debiera rechazar la disposición. ¿Cómo va a ser lógico que en el texto expreso de la ley se diga que una disposición constitucional no es razonable? Esta es, verdaderamente, y con todo respeto, una payasada jurídica, porque en la ley Zamudio se dice exactamente lo contrario. Me explico. Cuando se estudió ese cuerpo legal, que tomó diez años, se pensó, con razón, que su normativa podía generar una suerte de conflicto entre la lógica que aplicaba y la acción que se originaba en él. Y por eso, como podía haber una colisión o un conflicto con ciertos derechos, se dijo exactamente lo contrario a lo que se está sosteniendo acá. La Ley Zamudio expresa textualmente que, para los efectos de su aplicación, se considerarán razonables las exclusiones o restricciones que indica.
Entonces, Honorables colegas, lo que estamos haciendo aquí es decir que, respecto de una ley sobre discriminación, la Constitución se estima razonable, y que, respecto de otra, no resulta razonable.
Por lo tanto, más allá de la convicción con que expreso mis ideas, Sus Señorías convendrán en que, de una simple lectura, la norma propuesta no tiene sentido ni congruencia.
¿Cómo se puede sostener, con relación a una misma materia, que en un caso sí hay discriminación y en el otro no? Y sobre todo, con el tenor literal de la disposición, cualquiera que la lea concluirá que lo que se está señalando es que se deja sin efecto la Constitución.
Para concluir mi argumento -el cual, francamente, considero contundente por sí mismo-, debo destacar que a este respecto había una indicación de la Democracia Cristiana que resolvía el problema, precisamente sobre la base de eliminar lo que viene después del punto seguido que sucede a la expresión "20.609". Pero, por alguna razón, se hace una excepción y, en seguida, una contraexcepción.
En síntesis, aquí hay un texto expreso conforme al cual una ley deja sin efecto la Constitución, por lo que debiéramos rechazarlo sin más.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El

señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, quiero alegar por qué hay que rechazar la indicación renovada y aprobar la enmienda que se propone.
Efectivamente, nosotros presentamos una indicación muy similar, pero voy a explicar por qué la retiramos y por qué es enteramente aceptable el texto que acordaron las Comisiones unidas y que se está proponiendo a la Sala.
La norma planteada -que aparece en la cuarta columna del comparado- consagra la acción de no discriminación. Es decir, cualquier estudiante que sea discriminado arbitrariamente va a poder impetrar la acción que se encuentra contenida en la ley N° 20.609, sobre discriminación arbitraria, que aprobó este Parlamento en su oportunidad.
Ahora bien, esa ley distinguió entre discriminación arbitraria, que siempre es reprobable, y distinción razonable, que no es reprobable. Y efectivamente, dentro de las excepciones a la discriminación arbitraria, contempló el artículo 19, número 11°, de la Constitución, donde se consagra la libertad de enseñanza. O sea, esta sería una distinción razonable y no constituiría discriminación arbitraria.
Sin embargo, ¿qué señala el precepto que se plantea? Que no es posible impetrar la libertad de enseñanza para discriminar arbitrariamente a un estudiante, por ejemplo, en relación con su orientación sexual. En tal caso, no se podría estimar como una distinción razonable por estar la libertad de enseñanza excluida de la discriminación arbitraria. Sería atentar contra derechos básicos de los estudiantes.
En definitiva, la norma propuesta establece que la excepción contemplada en la Ley Zamudio, en lo atinente a la libertad de enseñanza, no puede ser impetrada para discriminar arbitrariamente a un estudiante.
Y fíjense lo que agrega: "sin perjuicio de lo establecido en la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza".
¿Y qué dice esta Convención, que tengo aquí? Que no es constitutivo de discriminación:
Uno, la creación de establecimientos educacionales para hombres y para mujeres. Algunos han sostenido, legítimamente -aunque, a mi juicio, en forma equivocada- que eso sería discriminación arbitraria. ¡No es discriminación arbitraria! La Convención, suscrita por Chile, determina que puede hacer colegios para hombres y colegios para mujeres.
Dos, la creación o el mantenimiento de establecimientos educacionales por motivos de orden religioso. O sea, no es discriminar arbitrariamente generar un proyecto educativo de carácter religioso.
Tres, la creación o el mantenimiento de establecimientos de enseñanza privados.
Por lo tanto, primero, hemos concordado un texto que protege a los estudiantes contra cualquier conducta de discriminación arbitraria, en conformidad a la ley del mismo nombre.
Segundo, estamos diciendo que, si bien la libertad de enseñanza, en la ley de discriminación arbitraria, no es considerada como discriminación sino como distinción razonable, no puede ser invocada para discriminar arbitrariamente a un estudiante, en cualquier sentido. Doy el ejemplo de la orientación sexual, a propósito de la Ley Zamudio, para destacar lo importante que es defender la dignidad y los derechos de los estudiantes frente a cualquier forma de discriminación.
Por lo anterior, proponemos rechazar la indicación y aprobar la proposición de las Comisiones unidas para la letra c) del número 7).
He dicho.

El señor ROSSI.- ¡Muy bien y bastante claro!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Hay varios inscritos, por lo que la Mesa sugiere poner en votación la indicación, a fin de que los señores Senadores vayan fundamentado el voto y no repitan el mismo discurso dos veces, que es lo que habíamos dicho que queríamos evitar.

El señor ROSSI.- Me parece bien, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Obviamente, se respetaría la lista de inscritos, de los cuales ya han hecho uso de la palabra los Honorables señores Allamand e Ignacio Walker, ambos miembros de las Comisiones unidas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Por lo tanto, en votación la indicación renovada N° 66.


El señor LABBÉ (Secretario General).- Su objetivo es suprimir, en la letra d), que pasó a ser c), del número 7), la parte final que se extiende desde la expresión "Con todo" hasta la frase "proyecto educativo del establecimiento".
Quienes estén de acuerdo con la indicación deben votar que sí, y quienes se encuentren en desacuerdo, que no.

--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, la contradicción señalada por el Senador Allamand es sin duda observable y constituye una interpretación de un artículo de la Constitución. Y si bien la observación resulta adecuada, la lógica que la acompaña no la comparto.
Está claro que el problema no se halla en la norma propuesta, sino en el artículo 19, número 11°, de la Constitución, que hace una estricta, abusiva y excesiva definición de la libertad de enseñanza. Tanto es así que se ha tenido que establecer una interpretación que, respecto de la Ley Zamudio, se considera razonable, y aquí, como no razonable. ¿Por qué? Porque, en definitiva, durante muchos años no ha habido un contrapeso entre la libertad de enseñanza, custodiada por dicha disposición constitucional, y el derecho a la educación, que resulta inexistente.
Para el derecho a la educación la actual Constitución no contempla el instrumento del recurso de protección. Es decir, en Chile se puede recurrir en contra de una medida que afecte la libertad de enseñanza, pero no se puede recurrir de protección por una medida que afecte el derecho a la educación.
Por lo tanto, como aquí hay un empeño por mantener la Carta Fundamental vigente, lo que se está haciendo ahora es interpretar, en un sentido u otro, uno de sus artículos base -el 19, número 11°-, que durante 30 años (desde 1980) ha mantenido la sacrosanta libertad de enseñanza.
Quiero recordar que la LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza) fue la que rigió en Chile por casi tres décadas, hasta que se cambió a la LGE (Ley General de Educación), que estableció lo principal: ¡educación! Pero, cuando se definió la Constitución, el énfasis estuvo en la libertad de enseñanza, con los resultados que todos conocemos.
Y conviene tener presente que el derecho a la educación es una necesidad.
La UNICEF, en un estudio de hace dos años, producto de la "revolución pingüina" del 2007 y el 2008, elaboró un informe en donde indicaba que más del 55 por ciento de los reglamentos que derivaron del movimiento estudiantil eran inconstitucionales. Es decir, los establecimientos educacionales, para resguardarse de ciertas acciones, generaron reglamentos con claras contradicciones que afectaban los derechos constitucionales.
En ese sentido, quiero resaltar que en esta materia es lícito preguntarse quiénes van a ejercer este derecho si efectivamente se viera perturbado. Y, bueno, lo harán los directamente afectados, esto es, los estudiantes.
Le he dicho al señor Ministro -y lo lamento, porque así ha sido la dinámica de la discusión- que deberíamos fortalecer los centros de alumnos; que deberíamos fortalecer la institucionalidad de los centros de padres y apoderados; que deberíamos reglamentar una participación reglada, para que no dependiera del estado de ánimo del director de turno, como ocurre siempre. Si hay un director "buena onda", hay buena relación con el centro de alumnos, y, por lo tanto, "no hay gran demanda o agitación en su contra".
Como no lo hemos tocado y es un tema al cual se ha aludido, claramente vamos a tener problemas. Yo auguro que cuando se trate de establecer quiénes son los "directamente afectados por una acción u omisión que importe discriminación arbitraria" en materia educacional, nos vamos a encontrar con una asimetría muy fuerte, porque los que demanden aquello tendrán que recurrir a esta interpretación, un tanto oblicua.
Yo la voy a votar a favor. Pero, digámoslo claramente, se trata de una interpretación un tanto rebuscada, pues no se ha querido entrar al fondo del artículo 19, número 11°, de la Carta Fundamental, es decir, a la definición de la libertad de enseñanza.
Aquí pedimos una "Nueva Constitución". Hay que rediseñar aquello; cambiar este concepto absoluto de libertad de enseñanza; fortalecer el derecho a la educación. Sin embargo, mientras tanto, "es lo que hay", como se dice; "es lo que ahora se puede hacer al no existir consenso".
Por último, señora Presidenta, quiero señalar que resulta necesario fortalecer los mecanismos de participación. Sobre la base de este artículo, se presentarán innumerables acciones, porque muchos estudiantes se sienten afectados diariamente en materia de educación.
La norma tendrá restricciones, por cuanto en su definición se remite a la Ley Zamudio, no solo en materia de género o de orientación sexual. Estamos hablando de derechos que los estudiantes tienen y que deben ser respetados.
Aquí, en la Sala, hay muchos Senadores que fueron dirigentes de centros de alumnos y que se tomaban los liceos -estoy mirando las bancadas de enfrente-, lo cual parecía "normal". Yo no creo que sea normal tomarse un liceo. Pero, si no hay mecanismos para que los estudiantes manifiesten su voluntad a la autoridad¿

La señora ALLENDE (Presidenta).- Lo siento, señor Senador. Se cumplieron sus cinco minutos.
El señor NAVARRO.- ¡Allamand se tomaba el Liceo N° 7!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señora Presidenta, me referiré más al texto propuesto que a la indicación, que ya rechazamos en las Comisiones unidas.
La norma sugerida es totalmente coherente con la Constitución, y con posterioridad explicaré por qué. No obstante, primero debo señalar cuál es el alcance de la medida contenida en ella.
Tal como indicó el Senador Ignacio Walker, resulta muy importante establecer que la libertad de enseñanza no puede ser utilizada como argumento para discriminar arbitrariamente, de forma tal que no se puede invocar en su favor la Ley Antidiscriminación.
Ese es el punto central.
Nos encontramos en presencia de una disposición clave, porque consagra el principio de la no discriminación arbitraria a nivel de la educación, perfeccionando el alcance de la Ley Zamudio.
Dicha normativa -y esto lo hemos conversado con la Fundación Iguales y el Movilh- era interpretada de manera restrictiva respecto de los derechos que protege y de las acciones posibles de interponer cuando se discrimina a alguien en el ámbito de la enseñanza.
Ahora, para salvar el problema que presenta, se recurre a la Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, que señala que la libertad de enseñanza no sirve como argumento para discriminar, pero que existen tres casos en que no se considera que existe discriminación arbitraria y que, por tanto, no vulneran la norma, los cuales dicen relación con el proyecto educativo confesional, en el que nadie podría plantear que se discrimina a alguien; con los colegios privados o particulares pagados, que los hay en todos lados, y, por último, con la existencia de establecimientos educacionales para niños y para niñas.
Respecto de este último punto, algunos planteamos el debate de que ahí había una posible discriminación de género, pero la verdad es que dicha Convención establece claramente que es factible, sin que necesariamente se incurra en una discriminación arbitraria, tener colegios para niñitas y también para niñitos.
Esas son las excepciones al mayor alcance que le hemos dado a lo norma, las cuales serían razonables, como me acota el Senador Lagos.
Ahora, en cuanto a la Carta Fundamental, debo expresar, en primer lugar, que el Tribunal Constitucional señaló expresamente, en una de sus sentencias, que la ley N° 20.609, que ahora discutimos, es de rango exclusivamente legal y no constitucional, por lo que no tiene carácter de ley interpretativa de la Constitución.
Únicamente las leyes interpretativas de la Constitución comparten rango constitucional y, por tanto, si el legislador las modifica mediante una norma de rango legal (ya sea ley simple, orgánica o de quórum calificado), incurre en un vicio de inconstitucionalidad. Así lo ha dictaminado la doctrina más autorizada.
En consecuencia, la indicación aprobada solo modifica una ley ya vigente para una hipótesis específica: el ámbito educacional al cual me he referido. De manera que se constituye en una norma que preferirá a la ley N° 20.609 en razón de su especialidad.
Por lo tanto, creo que el texto de la norma está perfectamente bien elaborado y es coherente, de modo que, en nuestra opinión, habría que aprobarlo y, consiguientemente, rechazar la indicación renovada del Senador Allamand y otros colegas...

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, en verdad me sorprende un poco esta discusión, porque de alguna forma echa por tierra todo el esfuerzo que se hizo para contar con una Ley Antidiscriminación consensuada por todos y que recogiera las inquietudes que se planteaban en su minuto.
Dicha legislación, en su artículo 2°, describe cuándo hay discriminación arbitraria o cuándo hay razonables argumentos para su aplicación. Para tal efecto, establece que no son razonables todas aquellas discriminaciones fundadas en la orientación sexual, en el género y las estipuladas en una enorme lista, que no es exhaustiva sino solo establecida por vía ejemplar.
Sin embargo -y este fue un planteamiento particularmente destacado por todas las iglesias, en concreto-, se contempló una disposición que dice que se entenderán razonables, o no discriminatorias, aquellas excepciones, formas de diferenciar, que estén justificadas en el ejercicio legítimo de ciertos derechos constitucionales, que enumera, como la libertad de conciencia, la libertad de opinión, la libertad de culto, la libertad de enseñanza, entre otros.
Por lo tanto, cuando alguien construye una escuela que dé especial importancia a la religión, el hecho de determinar ciertos criterios diferenciadores para poder acceder a ella no constituiría discriminación.
Eso es lo que dice la Ley Zamudio.
Lo que ahora se señala en el texto propuesto es algo bastante contradictorio con ese principio, a pesar del esfuerzo que se hizo para lograr la unanimidad y el consenso de todos, después de muchos años de trabajo en la Comisión de Constitución. Aquí se sostiene que se considerará discriminatorio si un establecimiento educacional, apelando a la libertad de enseñanza, le impone alguna restricción a un alumno. Es decir, exactamente lo contrario de lo que dispone la Ley Zamudio.
Pero, además, se establece algo bastante absurdo: que "no se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones fundadas en el numeral 11 del artículo 19 de la Constitución". O sea, una ley está diciendo: "Mire, no es razonable que usted se defienda o aplique algún criterio fundado en la libertad de enseñanza".
Con esa redacción, se entiende que los establecimientos educacionales no podrán fundarse en la libertad de enseñanza para realizar ciertas cosas. En definitiva, se está restringiendo la libertad de enseñanza. Y eso, sin lugar a dudas, es inconstitucional. ¡Cómo una ley va a restringir algo que se encuentra garantizado por la Constitución!
De otro lado, quiero manifestarle al Senador Navarro que el referido principio no es de la Constitución del 80; forma parte de la historia constitucional de Chile. La doctrina de la libertad de enseñanza, aquí y en la quebrada del ají, siempre ha redactado sus términos en la forma en que figuran en nuestra Carta Fundamental.
Se incluyeron muchas disposiciones innovadoras en la Constitución del 80, que seguramente no le gustan a Su Señoría, pero la del numeral 11° del artículo 19 nada tiene que ver con el Gobierno militar, sino con una doctrina: la de la libertad de enseñanza.
Por lo tanto, no podemos aceptar que se restrinja la libertad de enseñanza y que se considere discriminatorio apelar a ella para establecer ciertas condiciones, ciertas restricciones.
La Convención que la norma invoca establece algunas restricciones, lo cual demuestra que la libertad de enseñanza tiene ciertas proyecciones que permiten, por ejemplo, la existencia de colegios para hombres y para mujeres. Pero de ello no se desprende que no se pueda recurrir a la libertad de enseñanza para aquellas cosas que un establecimiento, dentro de su proyecto educativo y apegado realmente al concepto de libertad de enseñanza, pueda desarrollar.
La libertad de enseñanza no es para hacer cualquier cosa: en esencia, es para abrir, para mantener, para organizar planteles educacionales. Y, obviamente, con la autonomía que les permita desarrollar sus actividades.
Por lo tanto, a mi juicio, lo que hace la indicación es poner las cosas en su lugar. Y lo que hace el texto que proponen las Comisiones unidas es contradecir la Ley Zamudio.
A mí me sorprendió, en lo poco que estuve en las Comisiones, que cada vez que se pretendía decir que la no discriminación se debería entender como lo dispuesto en la Ley Zamudio, la mayoría de los miembros no quisiera aplicar esa legislación, que todos consideramos una enorme conquista.
Por lo anterior, voto que sí.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, para ser bien franco, creo que el texto en discusión está plagado de inconstitucionalidades. Y como será objeto de control obligatorio, así se va a plantear.
Pero aquí estamos viendo algo que es la madre de todas las inconstitucionalidades. Es ya de su esencia pura. Es lo que, en materia de Educación Cívica o de Teoría Constitucional, alguien calificaría como "el error perfecto".
Les guste o no les guste, hay una Constitución. Sé que a algunos que siempre quieren derogar todo les carga que exista, pero así es, ¡gracias a Dios!
Y lo que dice la norma en comento, que es legal, es que queda sin efecto una norma constitucional.
Eso no es siquiera interpretar una disposición de la Carta Fundamental. Es contradecir su efecto por una ley.
Entonces, señora Presidenta, quiero que usted analice bien este punto.
Ya pierdo la fe de que se pueda cambiar la votación, pero siempre tengo el ánimo de que el sentido común pueda imponerse.
Por ello, les pregunto a ustedes -aquí hay muchos abogados al frente y al lado-: ¿cómo puede una norma legal dejar sin efecto una norma constitucional? Es imposible.
Y, adicionalmente, se produce una segunda consecuencia que corresponde a una contradicción vital. Aquí coexistirán dos normas legales exactamente contradictorias: la Ley Zamudio, que generó un amplio debate en esta misma disposición, y la legislación que regulará la admisión de los y las estudiantes, eliminará el financiamiento compartido y prohibirá el lucro en los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, que contendrá una disposición absolutamente contradictoria con aquella ley.
Cuando uno usa expresiones como que esta es una "tormenta perfecta", se reclama del otro lado. Pero al analizar el texto del precepto en cuestión, cabe reflexionar cómo es posible que en un mismo artículo se genere una disposición legal que derogue los efectos de una norma constitucional y otra contradictoria con un precepto ya aprobado.
Eso significa, obviamente, una erosión muy importante a la Ley Zamudio, que motivó acá un largo debate; que sacó muchos aplausos en las bancadas; que generó un hito: un antes y un después, y todavía no estamos en el después y ya se cercena parte esencial de su sentido respecto de su ámbito de aplicación.
Si quieren hacer las cosas al estilo de la Nueva Mayoría, que no sé en qué se traduce exactamente, traten por lo menos de hacerlo bien. Si hay una norma constitucional que desean cambiar, modifíquenla como tal. Si no les gusta la Ley Zamudio, cámbienla. Pero no hagan lo que, desde un punto de vista conceptual y legal no se puede hacer: sentarse en la Constitución y en esa ley, diciendo: "Sabe qué más, es verdad que dice esto y esto otro, pero igual lo vamos a aprobar". "Es verdad que la Ley Zamudio dice esto y esto otro, pero igual vamos a cambiar sus efectos".
Ello es completamente contrario a cualquier disposición, idea o normativa de un orden legal razonable.
Quisimos explicitar esto presentando una indicación, para que quedara claro que efectivamente hay una naturaleza de lo que es razonable o no respecto de los mecanismos de discriminación arbitraria, pero esto siempre debe estar amparado por la ley vigente en la materia, la Ley Zamudio, y, por cierto, por la norma constitucional, el artículo 19 número 11°.
Esa disposición -como bien se ha dicho- no nació en 1980. Les tengo una mala noticia: venía de antes, del fundamento de la República. Ahí se encuentran las primeras disposiciones vinculadas con la Ley de Enseñanza.
En consecuencia, señora Presidenta, voto a favor de la indicación, y absolutamente en contra del artículo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, esta discusión la tuvimos largamente cuando se discutió la Ley Zamudio.
Una de las razones por las cuales esta ley hace la diferencia respecto a la libertad de enseñanza es porque toda la discusión que tuvimos en ese minuto apuntaba a que la discriminación arbitraria no significa que no se pueda hacer -como decía el Senador Ignacio Walker- una distinción razonable. Y esta se encontraría dentro del artículo 19 número 11° de la Constitución, o sea, de la libertad de enseñanza y de los proyectos educativos, que son muy diversos.
Por lo tanto, sí se puede hacer una distinción razonable dentro de un proyecto educativo, sin que constituya una discriminación arbitraria.
Por eso la Ley Zamudio contiene esta diferencia: la alusión a la Constitución.
Acá hacemos una cosa muy rara: afirmamos que se tiene que cumplir con esa ley, y decimos algo que esta ley dice específicamente que existe, que una de las distinciones no arbitrarias se basa en la libertad de enseñanza, pero acto seguido la iniciativa actual señala: "No, pero lo que dice la Ley Zamudio, eso no".
Justamente lo que dice dicha ley es que la distinción basada en la libertad de enseñanza amparada por nuestra Constitución es razonable y no arbitraria.
Es como si se dijera: "Mire, no queremos que se produzca una discriminación arbitraria, que es todo lo que no es una distinción razonable respecto a la libertad de educación", y en la Ley de Educación afirmáramos que en la libertad de enseñanza tampoco vale esa distinción, que es razonable para la Ley Zamudio.
Por consiguiente, lo que se hizo en esa ley, en cuanto a exceptuar la libertad de enseñanza, se borra con este proyecto.
No es una interpretación correcta, creo yo, decir que se sigue amparando la libertad de enseñanza en la forma en que está redactada la presente iniciativa.
Creo que este artículo va directamente en contra de lo que establece nuestra Constitución, y también de lo que dispone la Ley Zamudio.
En consecuencia, acá borramos con una ley lo que se estableció en otra respecto a la discriminación, y también vamos directamente en contra de la Carta Fundamental y, por ende, de la libertad de enseñanza.
En tal sentido, señora Presidenta, hago reserva de constitucionalidad en este proyecto. Y, de hecho, pienso que este artículo se halla redactado de manera tremendamente confusa, porque dice: "Para estos efectos no se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones fundadas en el numeral 11 del artículo 19 de la Constitución Política de la República".
Por lo tanto, va en contra de la Ley Zamudio que señala que la libertad de enseñanza constituye una distinción razonable y no una discriminación arbitraria.
En consecuencia, los distintos sectores de la Nueva Mayoría, por tratar de cuadrar el círculo -a mi juicio, ellos creen, porque lo han dicho, que la libertad de enseñanza es una distinción razonable y no una discriminación arbitraria, mientras otros sectores consideran que es derechamente esto último-, redactaron un artículo tremendamente contradictorio con la Ley Zamudio y con la Constitución.
Por consiguiente, cuando se quiera saber qué significa esta norma nadie comprenderá mucho.
El problema es que se cuadra el círculo desde un punto de vista político, pero se genera una tremenda complicación para el funcionamiento habitual de los colegios.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Lo siento, señora Senadora, pero terminó su tiempo.
Tiene la palabra el señor Ministro para aclarar algo relativo a la votación.

El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Educación).- Señora Presidenta, la legislación siempre califica cómo se entienden las garantías. De hecho, la Ley Zamudio interpretó que en el caso de las acciones de no discriminación arbitraria el numeral 11° del artículo 19, o la libertad de enseñanza, siempre prevalecía en relación con otros derechos, entre ellos, los de nuestros niños y niñas.
Lo que hacemos, en virtud de una ley simple, es cambiar la interpretación de la Ley Zamudio, no la Constitución, al señalar que -el Senador Ignacio Walker manifestó que la complejidad de la redacción obedece a que se trata de una contraexcepción a una excepción- no se puede invocar la libertad de enseñanza de modo genérico, pero que esta no importa una discriminación arbitraria, como señala la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, cuando se trate de colegios para hombres, para mujeres, religiosos o particulares pagados.
En tal sentido, se hace una interpretación más restrictiva de la discriminación arbitraria que la contenida en la Ley Zamudio, cuestión muy importante para proteger los derechos de nuestros niños y niñas a no ser sometidos a discriminaciones arbitrarias por orientación sexual u otras diferencias que, sin duda alguna, no queremos que ocurran.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, no iba a intervenir, pero la exposición del Senador Navarro me obliga a hacerlo.
Su Señoría señaló, como forma de justificar su voto, que la garantía constitucional del artículo 19, número 11°, de la Carta Fundamental -es decir, la libertad de enseñanza- no es objeto de recurso de protección.
Leo el artículo 20 de la Constitución: "El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º," -donde está expresamente señalado qué es la libertad de enseñanza- "(¿) podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho".
Me parece superbién argumentar, y entiendo que el Senador Navarro tenga problemas con la garantía constitucional de la libertad de enseñanza. Sin embargo, no se debe desinformar a la Sala.
Todos nos podemos equivocar. Por eso, estimé conveniente precisar que la vulneración de la garantía constitucional de la libertad de enseñanza es susceptible de recurso de protección.
Se trata de una garantía constitucional que nada ni nadie puede afectar. Y en esta norma ni más ni menos que se deja sin aplicación.
Desde el punto de vista de la forma, estamos ante una muy mala determinación y una pésima manera de pretender una modificación de la Carta.
Desde la perspectiva del fondo -bien lo expresó el Senador Hernán Larraín- se echa por la borda un principio constitucional muy muy antiguo y de gran importancia en toda sociedad democrática y libre.
Voto a favor de la indicación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?


La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se rechaza la indicación renovada número 66 (21 votos en contra, 13 a favor y 3 abstenciones).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, De Urresti, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la afirmativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Ossandón y Prokurica.
Se abstuvieron la señora Lily Pérez y los señores Bianchi y Harboe.


La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde pronunciarse sobre el texto propuesto por las Comisiones unidas.
Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor LABBÉ (Secretario General).- Correspondería votar la letra d), que ha pasado a ser c), del numeral 7) del artículo 1° del proyecto, que señala:
"Sustituir, en el inciso que se propone, la frase `a que se refiere la ley N° 20.609' y la segunda oración, por lo siguiente: `establecida en la ley N° 20.609. Para estos efectos no se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones fundadas en el numeral 11 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de lo establecido en la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza'.".
Dicha norma se aprobó por mayoría en las Comisiones unidas.
Quienes estén de acuerdo con ella votan que sí y quienes se hallen en desacuerdo que no.
Se requiere quórum de norma orgánica constitucional.


La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, en forma muy breve, quiero subrayar el impacto de esta votación y su significado.
Estamos votando un texto en virtud del cual no se puede esgrimir la libertad de enseñanza en el ejercicio de los derechos en los establecimientos educacionales. Porque aplicarla se considerará una acción de discriminación arbitraria, no de discriminación razonable. Es decir, no será razonable justificar una acción fundada en la libertad de enseñanza.
A mi entender, se trata de una de las afirmaciones más graves que se pueden hacer. Y yo invito a reflexionar sobre el particular, pues no solo estamos contradiciendo la Ley Zamudio, sino también yendo en contra de la doctrina esencial que en ámbito constitucional Chile siempre ha sostenido. Es la misma que ha seguido la iglesia y gran cantidad de otras instituciones. Pero aquí se le está dando un golpe inexplicable. ¡Inexplicable!
Por lo tanto, hago un llamado especial a la conciencia de mis estimados amigos que integran esta Corporación para enmendar esta situación.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, deseo escuchar la opinión sobre esta materia de algún miembro de la Comisión de Constitución. Lo pido, no por armar una controversia artificial, sino por un problema bastante de fondo.
Voy a explicar por qué.
Cuando se discutió la llamada "Ley Zamudio", a algunos nos tocó participar directamente en la redacción del artículo 2°, que fija los casos que constituyen discriminación arbitraria.
Pero, además, este concepto se encuentra en una norma de la Carta Fundamental, y ninguna ley puede pasar a llevar esta disposición, que consigna que no se puede discriminar arbitrariamente, por ninguna razón.
En la Ley Zamudio, establecimos que la aplicación de ciertas garantías constitucionales, en atención al valor que ellas representan, no puede considerarse una discriminación arbitraria. Ello se entiende, particularmente, en el caso de la libertad de enseñanza.
Dispusimos que el ejercicio de este derecho no constituye discriminación arbitraria cuando, por ejemplo, un proyecto educativo especial -más adelante se van a aprobar normas al respecto-, en virtud de su especificidad, aplica una modalidad especial a sus alumnos.
Sin embargo, la enmienda que nos proponen las Comisiones unidas señala -a mi juicio, muy equivocadamente- que siempre se va a entender que la aplicación de la garantía constitucional de la libertad de enseñanza importará una discriminación arbitraria.
Yo entiendo el sentido de tal modificación: que nadie pueda discriminar bajo el pretexto de la libertad de enseñanza. Pero, si tal discriminación es arbitraria, se pasará a llevar el Texto Fundamental. O sea, aunque no esté lo propuesto, un colegio no puede violar el principio de la no discriminación arbitraria, porque tal garantía está consagrada en la Constitución y, también, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Considerando esto último, incluso si no existiera dicha norma constitucional, cualquier persona podría recurrir a esa instancia internacional.
En todo caso, la disposición en comento está muy mal redactada. En el fondo -y es lo que me preocupa-, plantea que, cuando una persona toma una decisión en el ejercicio del derecho de la libertad de enseñanza, nunca la podrá llevar adelante, porque siempre se estimará que implica una discriminación arbitraria.
Con todo respeto y sin ánimo de ofender, eso me parece un disparate jurídico.
No hay coherencia entre el texto redactado y el propósito que se persigue. Si se quiere decir que nadie puede abusar de la libertad de enseñanza, yo colaboro plenamente en una nueva redacción. Pero aquí no se establece eso, sino una cosa mucho más grave y mal expresada. Estoy seguro de que cualquier miembro de la Comisión de Constitución, y no de mi color político, entiende mi reclamo.
Reitero: la norma plantea que cualquier decisión que alguien tome en virtud de la libertad de enseñanza siempre será considerada una discriminación arbitraria. Y, por tanto, supuestamente no va a poder desarrollarla.
Por ejemplo, para ponerlo bien en castellano: se acogió una disposición que determina que un colegio como el Instituto Nacional podrá seleccionar solo el 30 por ciento de sus alumnos; pues bien, en virtud de la enmienda en debate, esa decisión constituirá una discriminación arbitraria y, por ende, no tendrá aplicación.
¡Entonces, están borrando con el codo lo que escribieron con la mano! Se los digo respetuosamente.
Podemos tener diferencias, pero no escribamos disparates jurídicos. De ese modo, nos vamos a desprestigiar más.
Cualquier miembro de la Comisión de Constitución estará de acuerdo con el principio, pero sabe que aquí se establece algo distinto.
Y repito, por segunda vez, lo que indiqué más arriba, para que quede absolutamente claro: lo acordado respecto de establecimientos como el Instituto Nacional -quiero que lo sepan los Senadores que están defendiendo este proyecto- ¡se terminó! Ni siquiera se podrá seleccionar al 30 por ciento de los alumnos, pues, en virtud de la presente norma, tal acción va a ser considerada discriminación arbitraria.
Por lo tanto, el Instituto Nacional, que ya ha sido notificado respecto de la disposición que fija el tope del 30 por ciento, ahora se enterará de lo contrario. Ningún colegio o liceo en Chile con un proyecto educativo va a poder, bajo ninguna circunstancia, aunque se trate de niños con problemas de aprendizaje¿

La señora ALLENDE (Presidenta).- Concluyó su tiempo, señor Senador.

El señor ESPINA.- ¿Me permite un minuto para terminar?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Discúlpeme, señor Senador, pero a nadie le he dado tiempo adicional; de modo que debo ser justa y equitativa.
Lo siento.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, pienso que todos somos partidarios de respetar los convenios internacionales que Chile ha suscrito. De la misma forma, todos respetamos la Ley Zamudio.
En el ámbito escolar, algunos establecimientos, más allá de aquellos que desarrollan un proyecto educativo especial, reciben solo a hombres y otros, solo a mujeres. Estamos disponibles para aceptar este tipo de discriminación, pese a que la Ley Zamudio prohíbe la diferenciación por sexo.
Admito, señora Presidenta, que tengo dudas respecto a la redacción del texto propuesto. Vamos a terminar dándoles mucho trabajo de interpretación a los jueces, pero no con relación a lo que queremos lograr.
Todos entendemos que en ningún colegio se debe discriminar -lo digo para que quede constancia en la historia de la ley- por orientación sexual, por origen económico, por condición familiar.
Eso sí, la iniciativa dispone que en algunos colegios (los de hombres o de mujeres, o los que desarrollan proyectos educativos especiales) se admite seleccionar. Este criterio afecta también a los establecimientos privados. En los particulares subvencionados tenemos una forma de impedir que eso ocurra, de modo que una persona pueda elegir un proyecto educativo, sin que sea calificado por el sostenedor.
Señora Presidenta, es evidente que la pasión que genera el debate de esta enmienda obedece a la duda respecto de cómo está redactada.
Porque la Constitución establece un criterio; la Ley Zamudio expresa un segundo principio, y aquí se propone una redacción muy curiosa de plantear lo que ya figura en la Carta y en los convenios internacionales que hemos suscrito.
Con todo, pareciera que todos tenemos un propósito similar.
Ahora bien, no soy de aquellos a quienes les gusta la norma constitucional de la libertad de enseñanza, porque la encuentro muy ambigua. No sé si se trata de la libertad del negocio o de la libertad del proyecto educativo. ¿Qué libertad es la que se defiende más?
En esta ocasión, el debate ha estado centrado en el proyecto educativo.
Por eso, señora Presidenta, si bien voy a votar a favor de la enmienda -porque estimo que es mejor que exista un texto sobre el particular a que no haya nada-, es muy importante que quede consignado el alcance de lo que estamos aprobando para la historia fidedigna de la ley.
En ese sentido, la norma propuesta debe entenderse acorde a lo que preceptúan los convenios internacionales: no se permite la discriminación en los colegios, por orientación sexual, por nivel socioeconómico de los padres ni por las condiciones de la familia.
Excepcionalmente, se excluye de este principio a los establecimientos privados pagados y a los que son de hombres o de mujeres.
La situación que suscitará más debate en los tribunales se dará cuando una familia no adhiera abiertamente al proyecto educativo del colegio donde matriculó a su hijo.
A mi juicio, es mejor que exista una norma en este ámbito a que no haya nada. Lamento que no se haya podido llegar a una redacción más feliz.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, decidí intervenir porque sectores de la Alianza han dicho, entre otras cosas, que aquí se está modificando la Constitución.
La verdad es que no se toca la Carta Fundamental. Simplemente se busca dar aplicabilidad -ese fue el espíritu de la conversación que sostuvimos los diez Senadores de las Comisiones unidas- a la acción contra la discriminación, como lo establece la Ley Zamudio.
No se puede, en nombre de la libertad de enseñanza, afectar la aplicación de esa normativa, que es importante y que tiene que ver con la no discriminación.
Me reservo mi opinión respecto del sitial donde algunos señores Senadores de la Derecha quisieran poner la libertad de enseñanza: casi en un altar. Este derecho ha sido señalado en muchas ocasiones por quienes nos visitaron en la Comisión como libertad de emprendimiento, libertad de negocio.
Aquí está asegurado todo aquello: no se toca la libertad de enseñanza ni la Constitución.
Finalmente, se deja en manos del juez la decisión. Él podrá interpretar las normas y determinar si las distintas garantías fueron resguardadas o no.
No se impide que se lleve adelante un proyecto educativo basado en aspectos religiosos, ni se tocan aquellos que permiten la formación de colegios no mixtos, de un sexo, en circunstancias de que esto en el mundo ya no existe.
Ni siquiera fuimos en esa línea.
En consecuencia, francamente, creo que el alegato que se ha hecho respecto de que aquí se afecta la constitucionalidad o la Ley General de Educación carece de sentido. Nunca fue ese el espíritu de la discusión y nada de eso está reflejado en la indicación en comento, la cual, desde luego, respaldaremos como Nueva Mayoría.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, solicito que se divida la votación del inciso hasta donde se alude a la ley N° 20.609.
¿Por qué lo planteo, señor Presidente? Porque esa primera oración reafirma una norma de carácter más bien general.
Efectivamente, la persona que sufre una discriminación arbitraria nunca va a quedar en la indefensión, debido a que existe una garantía constitucional que lo resguarda, la que puede ejercer a través del recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Carta.
Cosa distinta es lo que señala la enmienda que se nos propone a continuación de la expresión "ley N° 20.609": "Para estos efectos no se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones fundadas en el numeral 11 del artículo 19 de la Constitución Política de la República". O sea, se está tratando de dejar sin efecto una norma constitucional mediante una ley de menor rango.
Por eso propongo separar la votación. Así podremos resguardar -aunque sea una repetición- la posibilidad de iniciar acciones en virtud de la ley N° 20.609.
Lo que no corresponde es intentar modificar el texto constitucional, que es absolutamente claro.
Por lo tanto, señor Presidente, le ruego que tenga a bien acoger mi solicitud de votar separadamente el párrafo.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Señor Senador, no es posible separar la votación, porque esta ya se abrió. Usted incluso ya tomó una opción: votar negativamente.
El señor CHAHUÁN.- Entonces, ante la imposibilidad de votar separadamente, solo me queda decir que, por lo ya explicado, justifico mi pronunciamiento negativo.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, esta discusión ha sido apasionada y tiende a repetir materias que fueron abordadas en las Comisiones unidas y, también, en el análisis del proyecto que originó la Ley Zamudio. Me refiero a cuál es el ámbito de aplicación de las garantías constitucionales y, dentro de eso, a cómo hacer frente a las discriminaciones arbitrarias.
Ahora bien, comparto cien por ciento el fondo de la enmienda en debate. Se reconoce nuevamente que no caben discriminaciones arbitrarias, pero se señala que, en el ejercicio de la garantía del número 11° del artículo 19 de la Carta, se aceptan diferencias "razonables", como lo establece la Ley Zamudio al determinar una serie de -comillas- excepciones.
Lo que se persigue con el texto propuesto por las Comisiones unidas, en el fondo, es decir: "Atención, no por el hecho de invocar el numeral 11° del artículo 19, relativo a la libertad de enseñanza, quedo a cubierto de la posibilidad de incurrir en discriminación arbitraria". Plantear eso podría incluso ser innecesario, pero lo entiendo.
Y, a renglón seguido, se agrega lo que es dable llamar la "contraexcepción", con el fin de especificar, respecto de la convención señalada, situaciones que están permitidas.
Por mi parte, entendiendo el fondo del asunto y anunciando que igual voy a votar a favor de la enmienda, por muchas circunstancias, hago presente que la redacción planteada no es la más feliz. Tal vez habría sido razonable darse un espacio para haberla mejorado, sin perjuicio de recoger el espíritu de lo que se busca, que comparto, al igual que varios colegas. De hecho, el Senador señor Espina dijo: "Si el objetivo es ese, cuenten conmigo para buscar una mejor solución".
Yo calificaría esta redacción de "abigarrada" -es el término más sano que se me ocurre-, porque, para ser bien franco, no se entiende.
Y algunos han interpretado la norma de otra manera. Por eso pedí la palabra: para precisar que lo que yo entiendo es lo que expresé y no otra cosa; de manera que quede constancia de ello en la historia fidedigna de la ley.
Además, cuando aquí se nos señala que hay que aprobar el texto como está, porque enfrentamos problemas de tiempos, de comisiones mixtas, de política, yo manifiesto que entiendo la situación, porque soy Senador y me eligieron también por razones políticas. Pero creo que todo tiene un cierto límite, y ahora algunos estamos llegando a él.
Lo digo responsablemente.
Votaré a favor y seré muy leal con lo que estamos proponiendo. No obstante, la forma en que estamos operando a ratos excede lo razonable.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba la proposición de las Comisiones unidas para la letra d) del número 7) (23 votos a favor y 14 en contra), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Ossandón y Prokurica.


La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde pasar al número 8), que propone agregar dos incisos al artículo 45 de la ley (página 23 del boletín comparado).
En este punto las Comisiones unidas efectúan una adecuación formal.
Además, se ha renovado la indicación Nº 72, que reemplaza el numeral 8) para agregar, en el artículo 45 de la ley, un inciso quinto, del siguiente tenor:
"Los establecimientos educacionales sólo podrán certificar válida y autónomamente la aprobación de cada uno de los ciclos y niveles que conforman la educación regular una vez concluido plenamente el acto administrativo de reconocimiento oficial referido en el inciso primero del presente artículo. Sin perjuicio de lo anterior, podrán impartir siempre actividades educacionales, aún sin contar con dicho reconocimiento.".".


La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Un punto de Reglamento, señora Presidenta.
Quisiera recordar, fraternalmente, que ayer llegamos a un cierto acuerdo en el ánimo de que el proyecto esté despachado mañana a las 12.
Así como vamos, la verdad es que después tendremos que empezar a votar a mata caballo.
Yo pediría, entonces, que se hiciera una discusión racional, pues en cada inciso se está hablando treinta a cuarenta minutos. De lo contrario, llegará la noche y nos daremos cuenta de que no avanzamos nada.

El señor COLOMA.- ¡Siempre lo dije!

El señor ROSSI.- Estamos en la página 21 del comparado, y son cerca de 260.
Entonces, insto a Sus Señorías a que realicemos el esfuerzo conforme al compromiso que asumimos ayer.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa tiene la misma inquietud.
Yo estoy otorgando rigurosamente los cinco minutos a que tienen derecho los señores Senadores para que fundamenten el voto.
Sin embargo, en ciertas indicaciones, que, por supuesto son importantes, se está produciendo la doble intervención que habíamos conversado. Por un lado, se argumenta en general sobre el asunto específico, y por el otro, se fundamenta después el voto.
Entonces, debiéramos ser claros en si se va a utilizar el tiempo para una u otra finalidad. O sea, quien pide la palabra para dar cierta opinión que después no fundamente el voto. Porque en la práctica se interviene dos veces, lo cual está prolongando demasiado el despacho de esta iniciativa.
La Mesa comparte lo señalado en el sentido de que no sería adecuado que mañana termináramos votando apresuradamente todo aquello que quede pendiente.
De lo contrario, tendremos que evaluar sesionar hoy hasta más tarde. A mi juicio, las 10 de la noche es muy temprano. Y a este paso no lograremos nuestro objetivo.
Se los planteo al objeto de que busquemos la mejor manera de salir adelante con este proyecto.
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, nosotros retiramos muchas indicaciones para facilitar el acuerdo que se mencionó. Hay materias que a nosotros nos hubiese gustado que se trataran en la Sala, pero no lo vamos pedir porque se discutieron en las Comisiones unidas.
Estamos de verdad tratando de centrarnos en debatir aquellos puntos que nos parecen más relevantes.
En tal sentido, así como respecto de la indicación anterior se planteó que se estaba llegando a un límite, nosotros creemos que aquí también está ocurriendo lo mismo y estamos alcanzando el límite de lo práctico.
Quizás Sus Señorías podrían detenerse un segundo para escuchar lo que pensamos que puede producirse, por la forma en que se halla redactada la norma que se nos propone.
Acá no hay una mirada ideológica, sino práctica.
¿Qué señala el proyecto de ley en esta parte? Que un colegio solo podrá comenzar a funcionar si cuenta con el reconocimiento oficial del Estado.
¿Qué sucede hoy en la práctica? El colegio empieza a funcionar (tiene infraestructura; están contratados los profesores; el casino está funcionando; cuenta con todos los permisos), y luego se procede a tramitar el reconocimiento oficial, el cual generalmente se demora cierto tiempo.
¿Qué se está diciendo ahora? ¿Cómo se cambia la norma que estamos discutiendo? Se señala: "Un establecimiento educacional que haya comenzado el proceso de reconocimiento oficial sólo podrá iniciar actividades una vez concluido plenamente el acto administrativo".
¿Qué significa eso? Que el colegio no puede empezar a funcionar hasta que no tenga el reconocimiento oficial.
Y aquí se produce un problema real.
¿Qué ocurre? Que para acceder al reconocimiento oficial el establecimiento debe contar con cuestiones como las siguientes: personal docente y administrativo contratado; certificados de permiso de obras y sanitario, que a veces tardan muchos meses en conseguirse, pues ello no depende del Ministerio de Educación, ni tampoco del municipio o el sostenedor que está postulando al reconocimiento oficial; mobiliario; material didáctico; infraestructura, en fin.
¿Qué va a suceder? Aquí se producirá un problema, pues el sostenedor, el municipio que quiera abrir un nuevo colegio, deberá tener todo lo que señalé antes de empezar a funcionar, ya que precisa el reconocimiento oficial.
Luego, se trata de un problema real y práctico.
Acá se pide que todo eso exista para acceder al reconocimiento oficial. Por lo tanto, ese colegio no podrá funcionar.
Entonces, antes de saber si es factible iniciar sus actividades, el establecimiento deberá contar con las personas contratadas, con los certificados de obras. ¡Deberá tener hasta las sillas y bancos en que se sentarán los alumnos!
Hay, pues, un problema real.
Pero a ello se agrega otro elemento.
Si hay un colegio que tiene reconocidos ciertos niveles, por ejemplo, imaginemos una escuela que imparte desde primero a séptimo básico, y quiere implementar prekínder y kínder, no podrá funcionar si no cuenta con el reconocimiento oficial. Y este no lo va a obtener si no tiene contratado el personal docente ni compradas las sillas para que se sienten los alumnos.
Por lo tanto, va a ser supercomplejo para ese establecimiento, que ya cuenta con reconocimiento oficial en otros niveles, partir con el nivel preescolar.
Eso en el ámbito preescolar, en el cual sabemos que hoy existe una cobertura muy pequeña.
Acá se dará origen a un problema real para que los colegios se instalen, pues no podrán funcionar. Pero, además, el reconocimiento oficial se hará sobre un papel, sin mirar cómo está funcionando el establecimiento en verdad. Porque no podrá iniciar sus actividades.
¿Qué se revisará para obtener el reconocimiento oficial? Un colegio que todavía no ha empezado a funcionar.
Reitero: la norma propuesta presenta un problema práctico. Y tampoco se podrá revisar la calidad de lo que ahí se entrega, pues todavía¿

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, señora Senadora.
En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La señora Presidenta pone en votación la indicación renovada N° 72, que remplaza los incisos quinto y sexto aprobados en general y que vienen solo con una adecuación formal de las Comisiones unidas, por el inciso quinto que indica.
Tratándose de un remplazo, la norma es de quórum orgánico constitucional.
Quienes estén de acuerdo con la indicación renovada votan que sí, y aquellos que deseen rechazarla, que no, sin perjuicio de que Sus Señorías se pueden abstener.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?


La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se rechaza la indicación renovada N° 72 (24 votos contra 13).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la afirmativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Ossandón y Prokurica.


El señor LABBÉ (Secretario General).- Tratándose de una norma de quórum especial, procede ahora votar el texto aprobado en general.

El señor PIZARRO.- ¡Con la misma votación, pero al revés!

El señor LARRAÍN.- ¡No!

La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación los incisos quinto y sexto aprobados en general.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Quienes estén de acuerdo con los incisos votan que sí, y aquellos que los rechazan, que no.
Son normas de quórum orgánico constitucional.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueban los incisos quinto y sexto aprobados en general, con la adecuación formal introducida por las Comisiones unidas (23 votos a favor, 12 en contra y una abstención), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Ossandón y Prokurica.
Se abstuvo el señor Espina.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde pasar al número 9), que comienza en la página 23 del comparado.
En las Comisiones unidas se incorporó por unanimidad una letra a), nueva.
En seguida, por mayoría de votos, se aprobó una letra b), nueva.
La letra c) -antes, a)- también se aprobó por mayoría (página 24, tercera columna).
La letra d) -página 25, indicación 81- también se aprobó unánimemente.
Por último, la letra e) -antes, b)- fue objeto de una adecuación formal.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La letra e) queda aprobada.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Respecto de las letras a) y d), que se aprobaron por unanimidad, hay que dejar constancia del quórum.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Le parece a la Sala aprobarlas?
--Por 33 votos favorables, se aprueban las letras a) y d), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Ahora hay que ocuparse en las letras b y c), que en las Comisiones unidas se aprobaron por mayoría (páginas 23 y 24).
Vamos a discutirlas y después las votaremos.

El señor COLOMA.- Debatamos todo el tema.

El señor ALLAMAND.- ¿Me permite una proposición, señora Presidenta?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ALLAMAND.- Si la Sala está de acuerdo, podemos hacer una sola discusión respecto del lucro, en la línea que Su Señoría expresó, en el sentido de que cada Senador exponga durante cinco minutos. O sea, hacemos la vuelta y posteriormente votamos todas las indicaciones que tengan que ver con esa materia.

El señor COLOMA.- Son muchas.

El señor ROSSI.- En una sola votación.

El señor ALLAMAND.- No en una sola votación, por problemas prácticos.
Entonces, hacemos la discusión completa sobre el lucro; todos exponemos por cinco minutos, y después, con ayuda de la Secretaría vamos votando una a una las indicaciones.

El señor LAGOS.- Pero sin fundamento.

El señor ALLAMAND.- Sin fundamento.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa entiende de lo que propone el Honorable señor Allamand -y parece razonable- que se haría una discusión, otorgando cinco minutos a cada Senador, sobre todo lo que abarque el lucro y después se procedería a votar, pero sin fundamento, porque ya se habría hecho el debate.
Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Yo no tengo problemas en que, si así lo quieren los miembros de las Comisiones unidas, se haga una discusión sobre todo el articulado.
Tampoco tengo problemas en que durante la votación cada parlamentario fundamente sobre el conjunto, porque son dos cosas distintas.
Lo que quiero es que se mantenga el derecho a fundamentar el voto, si bien no en cada disposición, al menos en forma global.
Yo no voy a renunciar a mi derecho a fundamentar el voto, ¡salvo que me torturen...!
O sea, se efectúa el debate general y se fundamenta el voto una vez respecto de todas las indicaciones.
Eso acorta la discusión en dos horas.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si hay acuerdo en la Sala en esas condiciones.
¿Existe acuerdo al respecto?
Repito: se discute en general sobre el tema del lucro y después se fundamenta con relación al conjunto. De lo contrario, la votación sería interminable.

El señor ORPIS.- Son 50 indicaciones.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Habría acuerdo?

El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, limitemos el tiempo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Podemos probar y ver si el mecanismo funciona.
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, de todas maneras tenemos que limitar el tiempo. Porque esta es parte del corazón del proyecto.
Perfectamente podemos discutir hasta las 12:30 y de ahí empezar a votar todas las indicaciones. Ello toma una hora y diez minutos.

El señor ALLAMAND.- Eso es mucho más lento.

El señor ORPIS.- Son 50 indicaciones.

El señor COLOMA.- No alcanzaríamos a intervenir.

El señor PIZARRO.- ¡Pero si igual vamos a hablar todos!
Entonces, es mejor hacer la votación de una vez, renunciando al derecho a fundamentar el voto.

El señor ALLAMAND.- Eso es muy lento.

El señor PIZARRO.- Okay.
Sigamos nomás, señora Presidenta. Votemos indicación por indicación. Es más fácil.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señora Presidenta, solo quiero decir que deberemos revisar el término de esta sesión, que está fijado para las diez de la noche.
Habría que fijar al menos hasta las 2 de la mañana. Porque, como vamos, será imposible avanzar.

La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa, que tiene atribuciones al respecto, puede determinar si sesionamos hasta más tarde.
Ahora intentaremos poner en práctica el planteamiento que se formuló, para ver si somos más ágiles.
Pero seamos claros: primero haremos la discusión sobre todo el tema del lucro y después votaremos en forma global.
Ahora retomaremos la materia en que estábamos antes del planteamiento del Senador señor Allamand.
Señor Secretario, vamos a las votaciones pendientes.

La señora VON BAER.- ¿Me permite, señora Presidenta?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra Su Señoría.

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, lo que viene ahora tiene que ver con el lucro.
Entonces, hay dos posibilidades: o hacemos la discusión del lucro ahora o la realizamos al entrar a las disposiciones vinculadas con la Ley de Subvenciones.
Eso es todo.
Lo que sugiero es que votemos lo que está pendiente y después hagamos toda la discusión del lucro a propósito de la Ley de Subvenciones.

El señor CHAHUÁN.- Conforme.

El señor WALKER (don Ignacio).- Está bien.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Hagamos la votación, entonces.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde votar las normas que se aprobaron por mayoría en las Comisiones unidas.
Está primero la letra b), que remplaza por otro el párrafo segundo de la letra a).
Eso se halla en las páginas 23 y 24.
Y en la página 24 figura la letra c) -antes, a)-, que también se aprobó por mayoría de votos.

La señora VON BAER.- Votémoslas juntas.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Me parece razonable.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Ambas normas fueron aprobadas por mayoría en las Comisiones unidas.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación las letras b) y c).

El señor LABBÉ (Secretario General).- Quienes están de acuerdo con las modificaciones que propusieron las Comisiones unidas votan que sí, y aquellos que las rechazan, que no.

El señor COLOMA.- ¿Se puede argumentar?

La señora ALLENDE (Presidenta).- No lo puedo impedir, señor Senador. Pero yo preferiría que no se hiciera.

El señor COLOMA.- Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ambas normas son orgánicas constitucionales y se aprobaron por mayoría en las Comisiones unidas.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Estamos votando las letras b), nueva, y c). Porque la a), nueva, y la d), que fueron objeto de acuerdos unánimes, ya se encuentran aprobadas. Y también lo está la letra e), que tuvo una adecuación formal.
Continúa la votación.
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Quiero ayudar a la tranquilidad de la Sala, señora Presidenta: después vamos a discutir lo concerniente al fin del lucro; por eso no estamos argumentando en esta parte; lo vamos a hacer luego, al inicio de lo relativo a la Ley de Subvenciones.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Así es.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?


La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueban las letras b), nueva, y c) propuestas por las Comisiones unidas (24 votos a favor, 11 en contra y una abstención), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Moreira, Orpis y Prokurica.
Se abstuvo el señor Ossandón.


El señor LABBÉ (Secretario General).- En la pagina 25, la letra e) -antes, b)- solo tiene una adecuación formal.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Siga, señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Entramos, entonces, al artículo 2° del proyecto (página 31).
Desde ya, debo decir que el artículo 2°, en su número 5, letras a) y f), y en su número 6 completo, salvo el último artículo propuesto dentro de él, contiene normas de quórum especial. Eso se repetirá en cada votación.
A este artículo se le formularon las indicaciones números 90 y 91.
En la página 31 del boletín comparado aparece primero, en la tercera columna, una adecuación formal.
Las indicaciones números 88 y 89 fueron retiradas.
Queda, pues, en primer término la indicación número 90, cuyo propósito es remplazar la frase "y sin fines de lucro", que figura en la segunda columna, por "y de calidad".

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sigamos, señor Secretario, porque, supuestamente, vamos a votar después todo lo relacionado con el lucro.

El señor COLOMA.- No "a votar", sino "a debatir", señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón, Su Señoría: "a debatir" todo lo relacionado con el lucro.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Por eso: aquí parte.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Muy bien.
Empezamos, entonces.
Hasta el momento están inscritos los Senadores señores Navarro, Ignacio Walker, Harboe y Coloma y señora Von Baer.
¿Senador señor Ignacio Walker?
No va a intervenir.
¿Senador señor Harboe?
Tampoco.
¿Senador señor Coloma?

El señor COLOMA.- Por favor, señora Presidenta, después de la colega Von Baer.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Conforme.
Tiene la palabra primero la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, este es el centro del proyecto de ley en debate, que pone fin al lucro.
Nosotros presentamos una indicación que, a nuestro juicio, recoge mucho mejor lo que la ciudadanía espera de la educación.
Los chilenos quieren que todos, sin distinción de donde nacieron, accedan a una educación de calidad que les permita movilidad social y les posibilite cumplir sus sueños.
Esta iniciativa no mira la calidad. Y por eso consideramos que no está bien enfocada, pues no se hace cargo del mejoramiento de la calidad de la enseñanza. Creemos que, por el contrario, puede terminar afectando a nuestra educación. Y voy a decir por qué.
Ayer lo vimos a propósito de los liceos emblemáticos. En efecto, proyectos de educación de excelencia, como el del Instituto Nacional o los de liceos bicentenarios en regiones, no podrán otorgar una educación de excelencia -ni, por ende, permitir el acceso a la universidad- a jóvenes de clase media o de familias vulnerables, quienes terminarán siendo iguales que el promedio de todos los colegios.
Adicionalmente, esta iniciativa puede afectar la calidad de la educación porque es factible que colegios particulares subvencionados con fines de lucro que hoy atienden con calidad a familias de clase media y a familias vulnerables, o cierren sus puertas, o se transformen derechamente en establecimientos particulares pagados.
Estoy pensando en colegios tales como el Camilo Henríquez, de Temuco, que ya dijo que es altamente probable que se transforme en particular pagado, o el Domus Mater, de Valdivia, establecimientos que en algunas mediciones logran resultados mejores que los de colegios particulares pagados de esas ciudades. Son establecimientos particulares subvencionados que atienden a familias vulnerables y a familias de clase media.
¿Qué va a pasar con las personas de tales segmentos si dichos colegios se transforman en particulares pagados? Sencillamente, no podrán pagar. Así, los establecimientos cerrarán.
¿Quiénes deberán dar explicaciones si tal sucede? ¡El Gobierno de la Nueva Mayoría!
¿Y aquello va a ocurrir por qué? Porque este proyecto parte de una hipótesis que no ha sido demostrada. Porque dice: "fin de lucro=mala calidad de la educación". Y eso no es así. De hecho, cuando uno observa la correlación entre colegios particulares pagados con fines de lucro y calidad de la educación entregada en ellos ve que aparece una nube. ¿Por qué? Porque algunos colegios particulares subvencionados con fines de lucro son malos, y otros, muy buenos, tal como existen buenos y malos establecimientos municipales y particulares subvencionados sin fines de lucro.
Por lo tanto, este proyecto pone el acento en el lucro, pero no mira la calidad. Así, termina provocando duda e inseguridad en miles de familias cuyos hijos van hoy a colegios particulares subvencionados de buena calidad que atienden a familias de clase media y a familias vulnerables.
Pero hay otra cosa todavía más grave: en este afán de prohibir el lucro, se obliga a invertir en arriendo o en compra de inmuebles, en vez de destinar los recursos a aumentar la subvención escolar y, por ende, a mejorar los procesos educativos.
Señora Presidenta, nosotros creemos que este proyecto de ley está mal enfocado. No se hace cargo de la calidad, sino que, finalmente, pone en duda la continuidad de colegios que hoy atienden a familias de clase media y a familias vulnerables cuyos hijos van a colegios de buena calidad que, especialmente en regiones, son el camino para acceder a una enseñanza que, incluso, en muchos casos es mejor que la particular pagada.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, obviamente, este es también uno de los ejes de la discusión. Y en estos cinco minutos quiero abordar desde una perspectiva global lo que está haciendo el Gobierno en esta materia.
En primer lugar, con las indicaciones que vamos a discutir aspiramos a incorporar alguna vez la palabra "calidad" dentro de la ley en proyecto. Esa expresión no existe aquí.
Hubo campaña, se hicieron gárgaras, se diseñó un eslogan, se planteó que este era un antes y un después con relación a la calidad de la educación.
Incluso, cuando se propone el término "calidad" se cambia y se usa la expresión "fin al lucro".
La primera pregunta que uno debe hacerse es la siguiente: si la calidad es lo que importa, ¿dónde está comprobado que tener fin de lucro es antónimo de lograr enseñanza de calidad?
Se trata de un principio o de un eslogan que se instala sin ninguna argumentación y que, obviamente, cercena, dificulta, impide el funcionamiento práctico de cientos de colegios particulares subvencionados a los que el Estado invitó sostenidamente a ser parte del proceso educativo. Y aquellos que lo hicieron bien pueden decir hoy con orgullo que alcanzaron mucho más éxito que establecimientos educacionales municipalizados o de otra índole.
Entonces, aquí se instala, se instituye un concepto que a mi juicio no tiene ninguna coherencia lógica. Y al satanizarse el lucro se está abriendo espacio para que la legítima ganancia deje de ser un instrumento válido no solo para la educación sino para cualquier cosa: ¿por qué ello va a poder plantearse en esto y no en la construcción de viviendas o en otro tipo de acciones?
Aquí el principio rector de toda la articulación está profundamente equivocado.
En segundo lugar, la forma de aplicar dicho principio es especialmente grave, porque se parte cercenando algo esencial: la autonomía de los establecimientos educacionales.
Hay acá un artículo sobremanera delicado: el que dice en qué se puede gastar la subvención. ¡Es prácticamente una lista de supermercado...! Ello está definido por la ley y, como veremos después, es garantizado o modificable por el Ministerio de Educación.
Yo digo, entonces, ¡dónde está la autonomía!
Supongo que es una palabra que todavía importa.
Cuando a un colegio particular subvencionado o a cualquier otro se le señala "Usted solo puede gastar en esto, esto y esto, y en algunos casos, en determinados porcentajes", ¿dónde se encuentra el proyecto educativo, dónde está el proyecto propio?
¿O queremos que todos sean colegios grises, iguales; que no haya ninguna diferencia entre uno y otro?
¿Dónde está la creatividad del ser humano? ¿Dónde la inventiva? ¿Dónde las ganas? ¿Dónde el mérito?
¡Nada!
Aquí se está generando una especie de hombre igual, de hombre igualitario, lo que a mi entender es profundamente contrario al sentimiento humano, al esfuerzo por instalar algo distinto.
Tercero: no solo se sataniza el lucro, sino que además se establece cárcel, no ya para quien lucra, sino para aquel que gasta y ¡se sale de la lista del supermercado...!
O sea, no solamente se establece una lógica que vulnera la autonomía, sino que al final se dice: "¡Después se va a la cárcel!".
Aquello fue objeto de una profunda discusión, que se difundió por todos los medios de comunicación.
La Democracia Cristiana señaló en su momento que eso no iba a llegar en el texto definitivo. Recuerdo una discusión que sobre la materia tuvo el Senador Ignacio Walker con el Senador Quintana, en medio de la cual el primero garantizó que al final aquello no iba a quedar. Pero lo estoy leyendo físicamente en este artículo: en armonía el 2° con el 3°.
Entonces, aquí la Izquierda ganó el debate. Y no solo se penalizó el lucro, sino que además se diseñó la "lista de supermercado", donde se señala lo único en que pueden gastar quienes a esta altura tienen la mala suerte de estar en el ámbito de la educación.
Y hay una restricción última -ello fue motivo de discusión en las Comisiones unidas-: el reglamento del Ministerio de Educación. O sea, ¡el centralismo total!
Ya se acabó cualquier posibilidad regional de definir algún tipo de especialización: un reglamento que está en el eje del edificio del Ministro de Educación dirá exactamente cómo se regulan las materias del artículo en comento.
Señora Presidenta, esta es una pésima señal: ¡se sataniza y se encarcela!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, quiero agradecer el hecho de que, gracias a la contribución de todos, en este tema, que es quizás el central del proyecto que nos ocupa, estemos abriéndonos a un debate reflexivo, sin caricaturas, en el que tenemos disposición a escucharnos.
Parto por señalar que la existencia de colegios con lucro en el ámbito público es, de alguna forma, una característica y un rasgo propio del sistema chileno.
Y también es un rasgo propio de nuestro sistema, por ejemplo, la cantidad de profesores dueños de colegios.
Pero, asumiendo el hecho de que se trata de un rasgo singular, eso no significa que haya que rechazarlo desde ya.
En segundo lugar, hago presente que me tomé el trabajo de revisar todos los programas de gobierno de la Concertación, excepto el de la Nueva Mayoría. Y debo decir, respetuosamente, que en ninguno de ellos, salvo en el último, encontré el concepto que hoy estamos votando en este proyecto.
Lo que estoy señalando es que no resulta correcto decir que el sistema educacional vigente es una imposición forzada, a machote, a rajatabla, de la dictadura, porque no es así.
Nunca los programas de gobierno de la Concertación -ni el del Presidente Aylwin, ni el del Presidente Frei, ni el del Presidente Lagos, ni el primero de la Presidenta Bachelet- establecieron aquel concepto.
Y lo hago presente porque tal es la evidencia.
En consecuencia, resulta perfectamente razonable que se sostenga que dicho sistema no funciona.
Pero no es correcto afirmar que aquel ha sido un sistema impuesto a la fuerza. Y ello, simplemente porque la evidencia señala que no fue así.
En tercer lugar, creo que el sistema en vigor ha tenido muy buenos resultados.
Por de pronto, nadie discute que en materia de cobertura constituyó un tremendo avance.
Yo sostengo que ese sistema también ha tenido buenos resultados en la calidad de muchos establecimientos. Y si hay un rasgo de nuestro sistema educacional es la heterogeneidad de resultados.
Existen colegios con fines de lucro gratuitos, que nunca han tenido financiamiento compartido, que han cumplido a la pata la ley, que han hecho una tremenda contribución a nuestro sistema educacional, pero hoy se encuentran absolutamente estigmatizados, sin ninguna razón (podría estar una tarde entera dando ejemplos sobre ellos).
¡No es cierto que esos colegios no hayan sido un tremendo aporte a la educación chilena!
En cuarto lugar, quiero señalar que esto del lucro es un dilema falso.
El propio Senador Carlos Montes manifestó al principio del debate, este año, que la gran mayoría de los colegios de los que se decía que lucraban no lo hacían, simplemente porque no había espacio para excedentes.
Cuando le solicitamos al Gobierno que señalara a cuánto ascendía el lucro en el sistema educacional, ¿saben cuál fue la respuesta? ¡Que no existía la cifra! Y hasta hoy no existe.
¿Y cuál fue la enumeración de los colegios? ¡Colegios con posible fin de lucro!
Ustedes mismos confirman que todos los colegios chicos (300, 400 alumnos) no tienen lucro.
Es decir, en muchos casos, lisa y llanamente, estamos combatiendo con un fantasma.
Y una última reflexión, señora Presidenta.
Es perfectamente razonable que Sus Señorías deseen que tales colegios se terminen. Pero es importante que asuman que para ello deben modificar la Carta Fundamental.
El fallo del Tribunal Constitucional que señaló específicamente la exigencia del cambio de giro único dejó claramente establecido que en nuestro ordenamiento jurídico era perfectamente legítimo organizarse como persona jurídica con o sin fines de lucro.
Y yo sostengo que eso deriva concretamente de la forma como nuestro Texto Fundamental consagra la libertad de enseñanza, que incluye el derecho a organizar y mantener establecimientos educacionales.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, considero que, después de escuchar durante la campaña de las últimas elecciones la discusión sobre la reforma educacional, nadie podía discrepar de que un país que estaba pronto a alcanzar el desarrollo debía generar competencia y mejorar todo lo relacionado con educación, que sin duda es la mayor herramienta para la movilidad social.
Yo creo que, en general, tanto en la opinión ciudadana como en los partidos políticos y en quienes participamos en la actividad pública había consenso en el sentido de que los problemas en la educación eran relativamente claros: la calidad, en la correspondiente al ámbito municipal, y, sin duda, el financiamiento, en la educación superior.
A alguien de clase media, con un ingreso familiar de dos millones de pesos, lo que es muy superior al promedio, se le hace prácticamente imposible tener tres hijos en la universidad. En ello también había consenso.
Sin embargo, las dos dificultades mencionadas, reales, no están siendo enfrentadas en el proyecto de ley. Estamos atacando justamente aquello que no genera una mejoría en la calidad y que tampoco alivia a las familias de clase media para que sus hijos puedan acceder a la enseñanza superior.
Entonces, uno se pregunta: "Pero ¿por qué pusieron la carreta delante de los bueyes? ¿Por qué no partieron arreglando la educación municipal?". Porque si contáramos con colegios de calidad en ese ámbito -recordemos que son gratuitos-, nadie va a pagar para poner a sus hijos en un establecimiento de calidad inferior y que, además, tiene que generar un copago adicional.
Creo que la razón radica en que el proyecto prescinde de dicho factor. No obedece a la preocupación de qué piensan los niños o los papás, quienes libremente han decidido aportar en lo económico para la educación de sus hijos, ni a que la mayoría se encuentre en desacuerdo con el cambio que nos ocupa. Lo que interesa es avanzar en una reforma ideológica. ¿Y por qué? Porque, de alguna manera, en algún minuto de la historia del país "se escuchó a la calle". Así lo dijeron en la última campaña electoral.
A mí me hubiera gustado mucho que en el proceso no solo se hubiera oído, sino también escuchado de verdad a los papás de los niños que van a estos colegios, personas que están en absoluto y franco desacuerdo con la forma en que se está avanzando, pues no les entregamos una alternativa real para poder suplir lo que les negamos.
La pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué? Porque se satanizó el lucro. ¿Qué es el lucro? La ganancia legítima por un trabajo realizado. Y si una pareja de profesores se instalan con un colegio e imparten educación de calidad, quiero decir, sin ningún tipo de pudor, que no tengo ninguna dificultad, en lo personal, en que lucren con esa actividad. Estimo que ello es correcto y que están ganando su ingreso -ese lucro que aquí, de alguna manera, se está tratando de satanizar- con el trabajo que le entregan a la comunidad.
En consecuencia, a mí me parece que el sistema en análisis es malo y no apunta a solucionar los problemas de calidad de la educación. Creo que nuestros niños vulnerables y gente de clase media están siendo abandonados.
Se aprobó una modificación tributaria que se va a gastar casi completamente en una reforma ideológica, sin apuntar al fondo del problema: la calidad de la educación de los niños vulnerables y una solución razonable de financiamiento de la educación superior en el caso de las familias de clase media, que se siguen sintiendo dejadas atrás.
Deploro profundamente, en verdad, que la discusión se esté dando en estos términos. Me hubiera gustado que dijese relación con la búsqueda de calidad y de excelencia en la educación. Sin embargo, una vez más, lamentablemente, observamos un proyecto impulsado por ideologismos que no apuntan al bien común, sino a imponer estas ideas en nuestra sociedad.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, en mi opinión, el debate actual es solo para satisfacer el eslogan de la calle: "¡Fin al lucro!". Y lo digo por las indicaciones que reconocen al menos que los colegios con hasta 400 alumnos no persiguen esa finalidad. Ello se hace de manera expresa, puesto que se están entregando normas especiales para el período de transición, admitiéndose que los dineros de la subvención, e incluso, los aportes de los apoderados solo alcanzan para poder cubrir los gastos propios de los servicios educacionales.
Además, dentro de los fines educativos, es decir, de aquellos en los cuales se podrán invertir los recursos de la subvención, están las remuneraciones de los administradores. Es decir, el ingreso de los sostenedores al frente de un proyecto será por concepto del trabajo, no del capital.
Respecto de los inmuebles, se establece que pasarán a ser de propiedad de corporaciones sin fines de lucro, y se faculta para comprarlos a sus actuales propietarios, en lo que se puede usar hasta un 25 por ciento de la subvención.
En buen castellano, lo que estamos haciendo, entonces, es pasar de la legítima ganancia de un sostenedor -un profesor que, con su esfuerzo y trabajo, ha creado un proyecto educativo y lo sostiene a través del tiempo- al lucro de los bancos, de las instituciones financieras.
Es muy curioso. Cuando se trata de que un docente pueda obtener una legítima ganancia, con respeto por la subvención educacional, al haber efectuado toda la labor y asumido todos los riesgos propios del proyecto educativo, a ese hombre de trabajo, modesto, sencillo, le decimos "¡No! Por ningún motivo. A los bancos, sí".
Destacamos lo de desplegar siempre el mayor afán para evitar la concentración económica. Aquí la estamos favoreciendo. Aquí estamos privilegiando a bancos y a instituciones financieras, por sobre los profesores de esfuerzo que han sido por años sostenedores de establecimientos educacionales.
Había una solución sencilla, que era simplemente la de establecer, para los actuales sostenedores, un arriendo regulado sobre la base de la infraestructura educacional. Pero los eslóganes son más fuertes. Por lo tanto, a pesar de que en las conversaciones privadas que sostenemos muchos señores Senadores de la Nueva Mayoría dicen: "¡Pero si eso es lo que debimos haber hecho!", una fuerza lo ha impedido. Y nos negamos a legislar como corresponde. Lo que debimos haber hecho -repito- es simplemente regular los arriendos. Nos habríamos evitado la nueva fórmula de corporaciones o fundaciones sin fines de lucro y de obligar a los sostenedores a renunciar a la propiedad legítima de su infraestructura educacional.
Esta no es la forma como vamos a lograr una mejor educación. Esto la perjudica, así como también a la familia chilena.
Y es muy lamentable que, por presiones de determinados sectores, se termine, en el fondo, negando lo que somos: parlamentarios que tienen que legislar en favor de todos nuestros compatriotas.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, ¡qué frágil es la memoria cuando se trata de interpretar hechos que conllevan intereses! La revolución pingüina de 2006 adelantó por la izquierda a todos los partidos -a la Concertación; a la Derecha, por supuesto- e instaló las cuestiones del lucro, de la calidad, de la deprimente, deteriorada y fracasada educación en Chile. Ello, salvo la particular pagada, en la que el 98 por ciento de los estudiantes quedan en la universidad. Y nos sorprendió a todos.
Digámoslo francamente: una reforma educacional no estaba en el programa de la Concertación. Tampoco en el de la Derecha. ¡La educación no era un problema, porque no escuchábamos a los estudiantes!
¡Aún ahora no tenemos una política para los centros de alumnos!
La cuestión fue planteada, no desde la calle, sino desde el corazón mismo de los establecimientos educacionales, con los profesores, con los estudiantes. Hombres, mujeres, niños, ancianos marcharon en las más grandes movilizaciones en toda la historia política del país. Y se expuso lo relativo a la educación y el lucro.
Hay quienes dicen que este último no importa. Aquí tengo lo expresado por Arturo Fontaine, ex Director del Centro de Estudios Públicos, quien no es de izquierda, hasta donde sé -para que este sector no sea estigmatizado respecto al lucro-: "A mi juicio, el lucro importa y mucho. No debiera estar permitido en instituciones educacionales que reciben subsidios del Estado. Entre hacer un laboratorio de física o hacerse una casa en el lago, ¿qué escogerá nuestro empresario, dueño de universidad?".
De todo el debate -escuchamos a más de noventa instituciones y personas-, no recuerdo ninguna intervención, salvo de sectores interesados, en la cual se relacionara el lucro con la calidad. En absoluto. Este factor no ha significado una mejora en ese aspecto.
El informe de la OCDE sobre nuestra educación expresa que el experimento chileno no garantiza calidad, porque ha utilizado instrumentos de mercado fracasados. Les hago presente a los parlamentarios de Derecha que lo anterior no proviene de la Izquierda: los países neoliberales, capitalistas, a los que algunos rinden pleitesía y creen que son modelos mundiales, nos dicen que nuestro sistema educacional ha fallado con tales mecanismos. Además, nos advierten -lo repito hasta el cansancio- que la educación en Chile se halla estructurada en clases sociales. No lo expone la Izquierda, sino la OCDE.
Y esa estructuración clasista efectivamente dice relación con la ideología. A la señora Senadora que afirmaba que el proyecto en examen es ideológico se lo subrayo: ¡qué más ideológico que la educación! ¡Por cierto que lo es aquello que se encuentra en debate! Este no es un problema pedagógico, en efecto, sino ideológico.
¡Lo que estamos discutiendo es el tipo de ciudadano que queremos formar y el tipo de sociedad que deseamos construir: si se basa en la meritocracia o en el bolsillo de los padres; en la herencia de quienes lo reciben todo o en el esfuerzo!
Queremos que la gente se esfuerce. Y, para eso, el acceso a la educación tiene que ser igualitario. Y, para eso, tiene que haber calidad.
¡Y queremos que platas públicas se inviertan en educación pública!
Hay quienes dictan aquí sermones sobre esta última, pero lo único que hicieron fue deteriorarla cuando estuvieron a la cabeza de una comuna. Y ahí están tirados los liceos municipales. ¡Es fácil venir a decir que es preciso fortalecerla, pero cuando se tuvo la oportunidad de hacerlo y se salió elegido para ello no se hizo absolutamente nada, y la educación pública en las comunas que se administraron es un franco fracaso: se han perdido estudiantes y se han deteriorado los establecimientos! Si no, pregúntenles los señores Senadores a esos profesores o alumnos.
No existe el derecho a que los padres paguen por la educación de sus hijos. Este es un país un tanto paradójico: los hijos marchan para obtener educación gratuita y, de repente, algunos padres marchan por su derecho a pagarla. Esto último no está en la Constitución. ¡Hay que ser carepalo para poder afirmar que debe existir un derecho a pagar por la educación de los hijos!
Hemos dicho: "No al lucro con plata del Estado". No hay ningún lugar en el mundo donde ello sea posible con recursos públicos. Si alguien desea educación pagada, no cuestionamos el lucro en ese sector. Lo hacemos en el caso de la educación pública, es decir, donde hay platas estatales.
Por último, el lucro va a terminar si somos capaces de fiscalizar.
Cuando se plantea el arriendo por el dividendo, significa que el mismo dinero con que hoy se arrienda se destinará al pago de un dividendo y que en veinticinco años se llegará a ser propietario. Eso es lo que hemos hecho: considerar la propiedad para la institución sin fines de lucro. No estamos estableciendo un lucro a través del arriendo, a diferencia de lo que existe hoy.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, parto por aclarar que cualquier grupo o persona pueden crear un colegio con fin de lucro. Así ha sido hasta ahora y lo seguirá siendo. Lo que no continuará es la posibilidad de hacerlo con recursos públicos.
En este marco, quiero responder a distintas afirmaciones de parlamentarios de Derecha, quienes ponen ejemplos, lo que siempre me parece muy legítimo. Pero no olvidemos nuestra responsabilidad política. El Congreso, el Senado, tiene que considerar los tres millones y medio de estudiantes, los doce mil establecimientos educacionales, la forma como se organiza mejor un sistema en su conjunto, y no solo un caso específico muy interesante. Este último es preciso no olvidarlo, incorporarlo, pero repito que es necesario abarcar el conjunto. La responsabilidad política implica tener presente el bien común. Los ejemplos parciales muchas veces distorsionan el debate.
¿Qué ha pensado históricamente la Derecha sobre el lucro?
Solo leeré lo que se sostuvo con motivo del estudio de la Constitución de 1980, durante la dictadura. Sergio Díez, en su nombre y en el de Jorge Alessandri, expresó: "Lo que se necesita, para recibir la subvención del Estado, es que la finalidad sea educar y nada más que educar, y no transformar la educación en una empresa comercial". Ambos se opusieron siempre a que, con recursos públicos, hubiera lucro en la educación. Eso sucedió hasta el final de la etapa de análisis. Y ello lo dio vuelta después el Consejo de Estado, del cual Juan Antonio Coloma formaba parte, como representante de la juventud.
O sea, la Derecha históricamente ha estado en contra del mecanismo. La novedad se encuentra en que desde hace algunos años considera que la educación es parecida a una empresa comercial, a diferencia de lo que advertía Sergio Díez.
¿Qué ocurrió en la dictadura? Esta declaró: "Dispongo de la fuerza y no tengo que discutir con nadie, de modo que puedo imponerle a Chile un sistema". Le diría a la Senadora señora Van Rysselberghe que este es el modelo "ideológico". Consiste en echar a competir a los colegios en el mercado, y, a partir de eso, habría más calidad, menos segregación. La vida ha demostrado que eso no resultó y que, por el contrario, ha destruido la educación pública.
¿Qué sucede en la mayoría de los países? No hay lucro con recursos públicos. Lo contrario no es la norma ni siquiera en el caso que se ha mencionado, de Holanda, o en el de Suecia, que tuvo un ocho por ciento de la matrícula en una modalidad parecida a la chilena.
¿Cuál es el problema del lucro? No lo constituye una ideología en la materia. Sabemos que, entendido como la diferencia entre el ingreso y el gasto, es parte de la actividad económica. La cuestión no radica ahí, sino en la lógica del negocio, cual es maximizar los ingresos y minimizar los costos: contratar profesores que cuesten un poco menos, porque se gana más; buscar alumnos cuya formación sea menos onerosa, porque se gana más. Puede haber colegios que no generen un lucro efectivo, pero funcionan con ese criterio.
Estimamos que es preciso superar esa situación, y muchos estudios y análisis así lo demuestran. Una entidad comercial con fines de lucro no es compatible con una institución educacional cuyo objetivo fundamental tiene que ser la formación de los alumnos, el que se desarrollen integralmente y lograr que puedan desplegarse con todas sus capacidades.
Se argumenta que la matrícula se expandió gracias al lucro. Perdónenme, Sus Señorías, pero eso no resiste ningún análisis. La expansión ocurrió en toda América Latina y ningún otro país aplicaba este modelo. Y, en gran parte, la creación de tres mil establecimientos fue en desmedro de los colegios públicos.
Pienso que es necesario votar en contra del lucro, y más adelante discutiremos el modelo para fiscalizarlo.
El lucro no ayuda: ha perjudicado. ¡Han tenido 34 años para probar el sistema! Después de ese lapso, creemos que se requiere volver al curso histórico de Chile y de gran parte del mundo en el sentido de que el lucro con recursos públicos no corresponde.
Ricardo Lagos Escobar ya planteó el punto en 1990, para quienes no lo saben. No es verdad lo expuesto por el Senador señor Allamand. Ricardo Lagos Escobar posteriormente llegó con un proyecto de ley al Congreso y le dijimos: "No hay votos para ello", y por eso no se aprobó.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Ignacio Walker.
El

señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, el asunto que nos ocupa es, por cierto, uno de los tres pilares del proyecto.
Recordemos la afirmación inicial que justifica la iniciativa, en sus tres pilares, de lucro, copago y selección: "Chile es el único país del planeta Tierra que registra lucro con fondos públicos en educación, copago y selección".
Somos una anomalía mundial. Por lo tanto, un mínimo de humildad -siempre se puede inventar la rueda- nos lleva a constatar un fenómeno que estamos tratando de corregir.
Alguien podrá preguntar: "¿Cuál es el problema de lucrar con fondos públicos? Miren las concesiones: kilómetros pavimentados; miren las viviendas: metros cuadrados construidos".
No estamos haciendo referencia ni a kilómetros pavimentados ni a metros cuadrados construidos: estamos hablando de educación. Y la educación es un bien público, que se presta a través de un sistema de provisión mixta (público y privado), que trata de conciliar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.
Esa es la razón de ser de este proyecto y de la reforma educacional.
Segundo, algunos amigos de la Oposición han dicho: "Ganó la Izquierda", "La Democracia Cristiana fue derrotada". Quiero hacer presente, señora Presidenta, que en Chile el primer partido político que acordó poner fin al lucro con fondos públicos en educación fue el nuestro. Y lo hizo hace ocho años, el 2007, en el quinto congreso partidario, en forma unánime.
Después, el 2011, Carolina Tohá, como presidenta del PPD -fue la antecesora del Senador Quintana-, y yo redactamos un documento que sirvió de base a los cuatro presidentes de partido de la Concertación. Y luego, al año siguiente, incluido ahora el Partido Comunista, dijimos "fin al lucro con fondos públicos en educación". O sea, dos años antes de que se elaborara el programa de la Presidenta Bachelet.
Por lo tanto, este proyecto tiene una historia a la que la DC no es ajena.
¿Quién fue en las Comisiones el que con mayor elocuencia alegó contra el lucro con fondos públicos en educación? Arturo Fontaine. Lo digo con conocimiento de causa. Lejos, a mi juicio, la opinión más versada, más categórica, más clara, más fundamentada en contra del lucro con fondos públicos en educación fue la de él.
Tercer punto: ¿En qué consiste el fin al lucro con fondos públicos en educación?
En cuatro cosas.
Primero: todos los sostenedores privados, sin excepción, van a tener que ser personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro a más tardar el 31 de diciembre del 2017. Hay casi tres años por delante. Eran dos, ahora son tres.
Segundo: todos los recursos públicos destinados a educación (artículo 3°) deben ir al proyecto educativo. No se trata de recursos privatizados; no entran al peculio del sostenedor. Siguen siendo recursos públicos.
Tercero: el sostenedor puede recuperar la inversión. Y fíjense lo que estamos haciendo en la transición. A la mayoría de los 5.500 colegios particulares que existen en Chile, que son los que persiguen fines de lucro, les estamos permitiendo -fíjense- autocomprarse.
"Usted, que es inmobiliaria (porque tuvo que crear una inmobiliaria, una sociedad comercial -los sostenedores no tienen giro único; así lo exigieron los bancos-) podrá autocomprarse su inmueble a precio comercial, con cien por ciento de garantía estatal, a 25 años plazo, pagadero contra subvenciones futuras".
¡Por favor! ¡De qué estamos hablando! Les estamos diciendo, por razones lógicas, porque respetamos el Estado democrático de Derecho: "Usted se va a autocomprar, a valor comercial¿

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo.
Tiene la palabra el Senador Eugenio Tuma.

El señor QUINTANA.- ¡Yo le completo después la oración, Senador Walker¿!

El señor TUMA.- Señora Presidenta, solamente me voy a referir, en estos cinco minutos, a dos temas.
El primero tiene que ver con la participación de las cooperativas como sujetos administradores del sistema educacional. Yo presenté una indicación para incorporarlas como otras de las personas jurídicas sin fines de lucro que podrían participar como sostenedores.
Las cooperativas son instituciones de ayuda mutua y tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios. Pero en nuestra indicación propusimos limitar la distribución de los excedentes en atención a que se trata de aportes públicos, del Estado. Lamentablemente, no tuvimos el respaldo ni de nuestras bancadas ni del Ejecutivo.
Sin embargo, quiero expresar que la indicación presentada por este último acogió nuestra sugerencia en orden a considerar a las cooperativas. En efecto, el texto señala: "Tratándose de sostenedores particulares, éstos deberán estar constituidos como corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro de acuerdo al Título XXXIII del Libro I del Código Civil, como personas jurídicas de derecho público, como corporación o entidad educacional en los términos de esta ley o como otras personas jurídicas sin fines de lucro establecidas por leyes especiales". Se refiere a las cooperativas.
Una de las típicas formas especiales para el establecimiento de una personalidad jurídica sin fines de lucro es la cooperativa.
Además, señora Presidenta, quiero confirmar una resolución del propio Servicio de Impuestos Internos -la tengo acá-, que señala cuáles son las organizaciones sin fines de lucro. Y enumera: las fundaciones, las corporaciones, las asociaciones gremiales, los sindicatos, las juntas de vecinos, las organizaciones comunitarias, las cooperativas.
¿Cómo define el SII a estas últimas? Como "organizaciones que no tienen como objetivo el lucro económico; esto es que, a diferencia de las empresas, las utilidades que generan no son repartidas entre sus socios, sino que se destinan a su objeto social".
No obstante, para mayor seguridad y mayor cautela, se establece que, cuando se trate de cooperativas que se desempeñen en el ámbito de la educación, existirá la limitante de que no se podrán distribuir los excedentes.
Con eso cumplimos ambos fines.
Pero ¿por qué una cooperativa y no una corporación? Porque una corporación es administrada por las personas que tienen el control mayoritario. En una cooperativa, en cambio, un hombre es un voto. Por tanto, ¡qué mejor, para colaborar con la educación, que una institución que no persigue fines de lucro, que no permite retirar excedentes, que no se va a beneficiar, que mira el objetivo esencial de elevar la calidad de la educación, que atiende en buena forma la labor que se realiza en este ámbito, que colabora colectivamente a un propósito definido!
Esas son las características esenciales de las cooperativas. Y la idea de mi indicación era regular la permanencia de entidades que, existiendo hoy como tales, administran establecimientos educacionales.
Con esta ley podríamos haberlo hecho y, sin embargo, no lo hicimos. Dejamos una norma abierta, sin restricción para que las cooperativas retiren excedentes.
Entonces, no comprendo. Aquello que precisamente queríamos cautelar no quedó contemplado en la legislación. Y por eso me gustaría saber de qué manera lo vamos a corregir en el proceso que viene.
Me encantó que el Ejecutivo haya presentado esta indicación, para establecer que las cooperativas también son instituciones que, sin perseguir fines de lucro, podrán administrar establecimientos educacionales.
Por último, en dos palabras quiero señalar que el tema indígena no queda resuelto en esta legislación, puesto que solamente dejamos un reconocimiento para aquellos que la Ley Indígena defina. Sin embargo, hay entidades tradicionales del mundo indígena que no se hallan reconocidas por dicho cuerpo legal y que, en consecuencia, permanecen sin reconocimiento y sin poder administrar establecimientos educacionales.
Creo que ahí se vislumbra un vacío. Lo tiene la Ley Indígena y también lo tendrá esta normativa, por lo que en algún momento deberemos hacernos cargo de ello.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, me alegro del tono que ha tenido este debate.
La verdad es que en la Comisión de Educación, en general, y por supuesto también en las Comisiones unidas, se levantó, en el ámbito público, hace seis, siete meses, este discurso reiterado -no fue debate- de que se iban a cerrar colegios.
Yo me alegro de que hoy nadie, hasta el momento, haya hablado de eso. Creo que este es un proyecto que cumple con el objetivo de terminar con el lucro y con cualquier sistema de discriminación que perjudique a los estudiantes. Y lo hace de manera responsable, a través -lo mencionaba recién el Senador Ignacio Walker- de una transición adecuada que permite cambiarse a un régimen distinto. Y aquellos que efectivamente tengan vocación por la educación van a poder seguir desarrollando sus iniciativas. No creo que algún establecimiento vaya a cerrar si tras ese plantel hay un auténtico proyecto educativo, sobre todo cuando se dispondrá de muchos más recursos económicos.
Tal como señalaban los Senadores Rossi y Montes, aquí habrá contabilidad completa, bajo la lógica de la transparencia activa. Y cómo no, si hablamos de recursos públicos.
Entonces, aquí tenemos un modelo que se termina, claramente, que ha funcionado durante 33 años y que no ha traído calidad. No existe ningún estudio que demuestre que esta provisión educativa, organizada, estructurada en torno al mercado, en torno al negocio, haya provisto calidad al sistema educativo. No se cuenta con evidencia alguna.
Cualquiera de los últimos indicadores, chileno o extranjero, a los cuales Chile está asociado muestran todo lo contrario. El modelo ha traído segregación, ha traído exclusión a cientos de miles de jóvenes. No ha significado calidad.
Por eso que en ninguna parte del mundo, ni siquiera en las sociedades capitalistas, es aceptado. Porque más allá de lo que fue el sueño de Milton Friedman -quien por encargo de algunos llegó al país hace más de 33 años a imponer este modelo económico de laboratorio-, él decía que la responsabilidad social de los negocios -¡la responsabilidad social!- es aumentar sus utilidades.
Sin embargo, acá tenemos un mercado, seguidor de la economía neoliberal, completamente imperfecto por las asimetrías de información existentes y por los contratos incompletos, es decir, acá sucede que si un proveedor incumple, no hay manera de resarcir el daño provocado con el servicio no prestado.
Entonces, es un mercado imperfecto, para los seguidores del mercado.
De ahí que hablamos, finalmente, de la discusión de fondo, la cual, de alguna manera, la planteó con mucha claridad el ex Presidente Piñera cuando califica a la educación como un bien de consumo. Aquí nos hallamos en las antípodas de aquello. Aquí estamos catalogando a la educación como un bien social, universal, que debe ser garantizada por el Estado, como sucedía hasta hace más de 33 años, e históricamente, en Chile.
Y no es efectivo, contrariamente a lo que sostenía el Senador Allamand, que en los gobiernos de la Concertación nunca se haya planteado el tema. El Presidente Lagos lo hizo; la Presidenta Bachelet lo levantó en el marco de las reuniones del año 2006: la llamada "discusión pingüina". Porque algunos pareciera que tuviesen memoria solo de lo ocurrido en Chile desde 2011 hacia delante. Pero el debate lleva larga data. Porque, efectivamente, el modelo educativo no ha traído mayores beneficios.
¿Qué ocurre cuando existe el lucro? Bueno, se deja de invertir en insumos educativos; se dejan de realizar talleres artísticos, actividades extraprogramáticas; o sea, el complemento de la formación del estudiante se ve perjudicado porque se recortan recursos. Si esto es de la esencia del modelo de negocio, donde se busca maximizar las utilidades. Y para conseguirlo -lo sabe cualquier empresario que escuche la sesión- debe reducir los costos. Solo que aquí el capital lo pone, íntegramente, el Estado.
Por lo tanto, señora Presidenta, a nosotros nos parece que el proyecto de ley en examen significa un tremendo avance y nos encontramos en uno de los aspectos más importantes de la discusión.
Acá no se trata de que haya ganado la Izquierda o el Centro. Dentro de la Nueva Mayoría hay total convicción -reitero: ¡total convicción!- de que la iniciativa es necesaria para otorgarles mayores oportunidades a cientos de miles de jóvenes que hoy día no están accediendo a una educación de buena calidad.
Aquí gana el país.
No interesa si lo consiguió un partido político, porque la lógica democrática también implica ceder. Lo relevante es que el país consiga una mejor educación, donde no es el mercado el que articula el modelo educativo, sino la calidad, que empezará a impactar precisamente a partir del presente proyecto, porque trae más recursos mediante el incremento de subvenciones existentes y otras nuevas que agrega.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señora Presidenta, la primera cosa que hay que señalar es que se ha argumentado que aquellos colegios chicos que se estructuran como sociedad comercial con fines de lucro no tienen excedentes. Acá hay una gráfica que demuestra que todos los establecimientos acumulan ganancias, indistintamente de si cuentan con menos o más alumnos. Me refiero obviamente a los que persiguen fines de lucro.
Ahora, si lo importante es la calidad, como ha manifestado permanentemente la Oposición, el lucro no ha ayudado a que la educación chilena alcance un grado mayor de ella. Eso está totalmente demostrado. No quiero insistir ni ser majadero. Asistieron investigadores a las sesiones de las Comisiones unidas; vimos estudios. Y, en verdad, cuando se comparan establecimientos con y sin fines de lucro, a estos últimos les va mejor. Puede que haya alguna excepción, pero, en general, es así.
Y como bien mencionaba el Senador Ignacio Walker, no existen experiencias en el mundo, ni siquiera en Estados Unidos, en donde, habiendo recursos públicos comprometidos, se persigan fines de lucro.
Ahora, el lucro no tiene que ver con la existencia de excedentes, con su magnitud, ni con el hecho de que se retiren en determinado momento, sino que se relaciona más bien con cuál es el motor, qué moviliza a algún proyecto educativo y a una comunidad escolar respecto del cumplimiento de ciertos objetivos.
Claramente, cuando un establecimiento persigue fines de lucro hace cosas de manera distinta, desde la perspectiva del aprendizaje, a como las realizaría uno sin fines de lucro.
Y eso es lo que preocupa.
Como bien se ha dicho acá, los colegios con fines de lucro gastan mucho más en ítems irrelevantes para la calidad de la educación y dejan de invertir en aspectos relevantes para el aprendizaje y la calidad. Desembolsan menos en talleres artísticos, en actividades extraprogramáticas, en infraestructura deportiva, en laboratorios de inglés, y el doble que un plantel sin fines de lucro en el ítem inmuebles.
¿Y por qué? Porque el motor es distinto: contando con los mismos ingresos, para optimizar las ganancias debo controlar los costos.
Y ahí paso al otro punto relevante y preocupante.
¿Cómo controlo los costos para que, con los mismos ingresos, obtenga más excedentes que pueda retirar y no reinvertir en el proyecto educativo para mejorar la calidad de la educación, sobre todo en un país donde los recursos no sobran?: a través de la selección y el descreme.
Porque si quiero disminuir los costos para optimizar las ganancias -porque el lucro es el objetivo de mi proyecto educativo- voy a seleccionar alumnos que sean más fáciles y más baratos de educar. Por eso que se selecciona más en los colegios con fines de lucro, y se descrema más, y se segrega más.
Tanto es así, que dichos establecimientos reúnen menos niños con necesidades educativas especiales, porque ellos requieren un apoyo pedagógico mayor, más ayuda profesional y, por tanto, más recursos.
Por todas las razones expuestas, el lucro no es bueno para la educación: no aporta en calidad, no aporta en inversiones relevantes para el aprendizaje, contribuye a la segregación.
Entonces, si la presente iniciativa busca la inclusión -y por esa vía mejorar la calidad- era totalmente coherente que termináramos con el lucro, porque queremos transformar la educación en un derecho social y sacar al mercado como asignador de recursos porque, al menos en educación, ni para Estados Unidos ni para Chile funciona el modelo.
Y respecto de aquellos que han señalado que el Estado no tendría derecho a intervenir, quiero leerles una sentencia del Tribunal Constitucional.
Materia: Control de la Ley de Jornada Escolar Completa.
Tema: El Estado puede establecer requisitos a los establecimientos subvencionados.
Y leo literal: "...el Estado, al otorgar subvenciones, tiene el derecho de dictar las normas legales adecuadas para que, los establecimientos de enseñanza que las reciban, sirvan, con transparencia y eficacia, su misión de contribuir así al bien común".
Por lo tanto, si hablamos del bien común, ¿cuál sería en este caso? Contar con una educación de calidad, inclusiva, sin segregación. El lucro claramente apunta en la dirección contraria, y por eso estamos decididos a terminar con él.
El Partido Socialista, desde 1933, año de su fundación, siempre ha estado por la educación como un derecho social, no un negocio, sin fines de lucro.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, siento una enorme decepción por como ha sido el debate sobre la reforma educacional durante los últimos días. Porque advierto mucha pasión en resolver ciertos temas que, en verdad, no tienen que ver con la situación de fondo que afecta a la educación chilena.
Aquí no hay preocupación por la calidad de la educación, ni por lo que pasa en la sala de clases. Uno puede apreciar, a la luz de los discursos, que no se conoce el fenómeno desde las aulas. No pareciera que hayan impartido clases alguna vez, ni en colegios ni en universidades.
Por lo tanto, ese desconocimiento los hace pensar que la educación se puede mirar simplemente desde una perspectiva economicista, como se da este debate: "que si quitamos el lucro, que si ponemos el lucro, resolvemos la calidad de la educación".
No se entiende qué es la educación.
También me produce decepción ver que ciertos temas relacionados con un eje doctrinario, de fondo, no suscitan discrepancias en la Nueva Mayoría. Yo pensaba que existían diferencias internas, que se había desarrollado un debate previo, pero, al final, todos piensan lo mismo.
Y la Nueva Mayoría, que es una nueva ideología en donde lo público vuelve a revalorizarse por sobre lo privado, está siendo hegemonizada por este concepto: el Estado tiene el gran rol de defensor en esta materia. Lamento ver que personas que pensaba que se hallaban en una línea más equilibrada se encuentren cooptadas por esta nueva ideología que domina el pensamiento de la Nueva Mayoría.
Finalmente, debo mencionar que esta decepción dice relación con no poder entender que estas materias deben ser producto de acuerdos. No basta tener una mayoría para imponer, porque eso gatilla que en las próximas elecciones tengamos que decirles a los chilenos: para poder recuperar el camino andado, para poder recuperar el sentido común, tenemos que deshacer lo que aquí se ha hecho en perjuicio de la educación y de otras áreas de desarrollo del país.
A mi juicio, el perseguir fines de lucro, o la justa retribución por un trabajo, no necesariamente es incompatible con el uso de recursos fiscales. Hay muchas áreas donde esto se da, no solo en la educación. Por ejemplo, en salud hay diversas clínicas que prestan servicios públicos y son remuneradas con fondos fiscales; en vivienda; en obras públicas.
El problema no es el uso o no uso de los recursos públicos, sino la calidad del servicio que brindan. Si dan uno de calidad, ¿por qué impedir que puedan percibir recursos, excedentes o utilidades? Si acaso hay mala calidad o abuso, es posible cortar el servicio o impedir que se desarrolle esta actividad.
Pero no es lo mismo que suprimir la posibilidad de que el sector privado pueda prestarle servicios públicos al Estado con fondos de todos los chilenos.
Me parece que ahí existe una profunda confusión. Y, si se aplica el principio hasta las últimas consecuencias, el Estado tendrá que generar la capacidad para proveer todo tipo de servicios y se evitará que el sector privado pueda ayudar en esa tarea, como ha sido normal en la historia del país.
Eso es, francamente, difícil de entender y de aceptar. A mí me preocupa porque el 70 por ciento de los presentes en el ámbito de la educación particular subvencionada son profesores, sociedades de profesores o de personas que han construido una escuela (el 90 por ciento de los proveedores tienen una sola). Conozco a un buen amigo de la Democracia Cristiana que tiene una escuela, y ha realizado un esfuerzo notable. Es una sociedad que persigue fines de lucro, pero que no se ha enriquecido, ni ha abusado, sino que, al contrario, ha prestado un gran servicio. Y me ha señalado que no puede entender por qué su gente, su partido no es capaz de reconocer ese esfuerzo de los privados.
¿Hay abuso?
Sí. Existe 10 por ciento de cadenas en este rubro, y probablemente eso se presta para los abusos, para masificar la educación sin calidad. Quizás ello se puede controlar.
Por tales razones, creo que lo único que sabemos decir es que aquí la calidad no importa y los pobres seguirán esperando por una buena educación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, ante la pregunta de si la reforma educacional es urgente y necesaria, yo contestaría que sí.
Sin embargo, no esta reforma, tal como lo ha planteado con fuerza la Confederación Nacional de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados.
La presente es una mala reforma, porque no aborda los verdaderos problemas de la educación chilena. No hay ni una referencia a la calidad; no están priorizados los temas que dicen relación con el fortalecimiento a la educación pública, que es urgente; los temas que dicen relación con la carrera docente: el ejercicio en las aulas, la generación de un equilibrio entre las horas lectivas y no lectivas a los profesores, su dignificación mediante la creación de una pensión mínima docente; los temas que dicen relación con el financiamiento de la educación superior, que fue lo que originó la movilización estudiantil, del cual no hemos tenido noticia alguna.
¿Esta reforma tiene un enfoque ideologizado? Claramente. Lo han reconocido incluso los propios Senadores de la Nueva Mayoría. Se halla completamente alejada de la realidad, tiene prioridades equivocadas y está marcada por la improvisación.
Esto último lo quiero señalar con fuerza. ¿Alguien ha hecho durante este trámite legislativo, desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Educación, un análisis detallado respecto de cuál es la radiografía de la educación en Chile?
Pues bien, ¿cuántos colegios tenemos?: 12 mil 198, con un total de 3 millones 698 mil 806 alumnos. De estos, 5 mil 641 son colegios particulares subvencionados, de los cuales, 1.133 no persiguen fines de lucro, y 4 mil 508, sí.
Es evidente que los alumnos de los colegios particulares subvencionados, con y sin fines de lucro, han aumentado su matrícula sustantivamente desde 31 por ciento, en los años 90, hasta cerca de 58 por ciento, en la actualidad.
Además, señor Presidente, el 70 por ciento de los sostenedores son profesores que realizan emprendimientos individuales.
Y hay otros datos cuantitativos: 40 por ciento de los alumnos más pobres estudian en colegios particulares subvencionados en forma gratuita, y 70 por ciento lo hacen en colegios con fines de lucro, que, además, cobran 14 por ciento menos que los sin fines de lucro.
Esos temas no han estado en el debate, pues aparentemente -tal como lo ha mostrado el Ministro- ha sido marcado por la improvisación.
Formulo un llamado a la Democracia Cristiana a que cumpla el rol a que está llamada: a defender el derecho de los padres y apoderados a elegir la educación de los hijos. Y a que hagan en público, en una votación en el Parlamento, lo que dicen en privado en las asambleas de padres y apoderados.
Ese es el tema de fondo. Acá la Democracia Cristiana no asume su rol. Se contenta con que tengamos un proyecto de ley que primero fue objeto de 297 indicaciones y respecto al cual luego se dijo: "Miren, tenemos un nuevo proyecto de ley", y ahora: "No, vamos a tener una nueva iniciativa, porque vienen más indicaciones".
Deseo señalar claramente que, sin lugar a dudas, acá no se ha hecho el esfuerzo necesario. Y quiero citar las palabras recogidas por medios nacionales, como la de Carlos Montes, Senador del Partido Socialista, en El Mercurio: "estoy convencido de que la mayoría de los colegios que aparecen legalmente con fines de lucro, no lo tienen,
Además, hay normas que afectan la libertad de enseñanza. En cuanto a lo referido a la creación de nuevos colegios particulares subvencionados, que es una norma compleja, el Estado va a tener que resolver finalmente si, efectivamente, se cumple o no con aquello.
Pero, de los que aportan -con esto termino-, el 44 por ciento entrega entre cero y 10 mil 25 pesos, y entre 20 mil y 40 mil¿

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, en este tema hay preocupación en el país y, sobre todo, en los padres. Estos educan a sus hijos primero en su hogar y, posteriormente, le entregan tal responsabilidad al colegio que ellos escogen, cuando pueden.
Ese el meollo del asunto.
¿Por qué los padres tienen hoy en forma mayoritaria a sus hijos en colegios particulares subvencionados? Porque creen que en ellos la educación es mejor que en los colegios públicos. De lo contrario, los habrían ingresado a estos últimos.
Además, pienso que todos quieren lo mejor para sus hijos. Y lo mejor que les pueden dejar un padre y una madre es una muy buena formación y, sobre todo, una adecuada preparación para la vida.
Eso es lo más importante.
Por tanto, cuando por mayorías circunstanciales se imponen políticas sobre algo respecto a lo cual en el fondo no hay acuerdo, significa ponerles una camisa de fuerza a esos padres en cuanto a lo que quieren para sus hijos a futuro.
Y también eso se les impone a los profesores, pues si observamos lo que se plantea, concluiremos que, de aprobarse, los docentes ya no podrán optar mucho, sino solo entre un colegio particular pagado y uno público.
Esa será la realidad.
En consecuencia, esta norma atenta también contra la libertad de los profesores para optar a distintos proyectos educacionales.
Por otro lado, se habla de las evidencias internacionales. Y quiero consultar a los Senadores que lo mencionaron ¡qué evidencia hay de que esta reforma traerá mejor calidad a la educación! ¡A mi juicio, lo que traerá será mayor incertidumbre!
Ya se perdió un año cuando se habló de educación gratuita y de calidad. ¿Quién no querría que eso fuera posible? El punto es que no se dijo nunca que se iba a tratar de acabar con los colegios particulares subvencionados.
Estimo que eso conllevará un problema serio a la educación en nuestro país. No va a ser una incertidumbre para el año que se perdió, sino para un tiempo más -es decir, hasta fines del año 2017-, pues cada día se va postergando el tema de la educación.
Ahora bien, debo decir que no conozco ningún grupo económico que haya surgido de los sostenedores particulares subvencionados. Sin embargo, he visto grupos económicos que incluso han surgido de las subvenciones que entrega el Estado, por ejemplo, para la construcción de viviendas. ¡Pero ahí no se objeta, es legítimo el lucro, el Estado puede financiar eso!
También hay empresas sanitarias que reciben subvenciones, como en el caso del agua potable. ¡Pero ahí es legítimo el lucro!
En consecuencia, estamos viendo una discriminación absurda.
En tal sentido, quiero señalar que no es posible impedirle a alguien la posibilidad de seguir desarrollando sus labores y obtener una legítima retribución. Lo digo pues la inmensa mayoría son profesores o personas que han dejado en garantía sus viviendas, todo lo que tienen para llevar a cabo la tarea de enseñar, e incluso han contraído créditos de consumo a fin de seguir avanzando y entregando un apoyo a la educación que imparten a los niños.
De otro lado, se ha dicho que Arturo Fontaine señaló tal cosa. ¡Pero escuchen también, pues, lo que expresaron Mariana Aylwin y los exministros de la Concertación acerca de este proyecto! Ahí no dicen nada, ¿Por qué? Porque plantearon una situación real.
Sin duda, el acuerdo a que ha llegado la Nueva Mayoría le ha dado el poder definitivo a la Izquierda.
La Democracia Cristiana planteó cosas superrazonables. Por ejemplo, que había que entender lo que significaban el esfuerzo de los sostenedores y la decisión de los padres respecto a la educación de sus hijos. Sin embargo, lo que observamos aquí en virtud de esta votación es que la Izquierda impuso definitivamente su visión y las normas que se van a aprobar en este proyecto de ley.
A lo mejor no se van a cerrar colegios, pero sí se transformarán en establecimientos particulares pagados.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, se ha dicho que este debate es ideologizado. Creo que es así, y, a mi juicio, ello es bueno. Porque es evidente que nosotros tenemos cierta visión de la sociedad y, cuando somos Gobierno, tratamos de que las leyes que elaboramos representen esa mirada.
No tenemos duda de que en esta materia, comparados con la Izquierda y el socialismo, tenemos una visión distinta de la sociedad.
La Izquierda y el socialismo, que lideran esta iniciativa, quieren que -¡ojalá!- la mayor cantidad de estudiantes y de establecimientos educacionales pertenezcan al Estado y que la participación de la educación privada o particular sea la menor posible -así se ha expresado-. Porque este proyecto finalmente busca jibarizar la educación particular subvencionada y, en lo posible, tratar de que se termine -esa es una visión legítima-, pero nosotros pensamos exactamente lo opuesto.
Por lo tanto, el debate radica en que tenemos dos visiones diferentes de la sociedad, y me parece muy positivo que no nos engañemos y que las expresemos abierta y resueltamente.
¿Cuántos son los colegios particulares subvencionados? ¿De cuáles hablamos cuando decimos que persiguen fines de lucro? De aproximadamente 4 mil -la verdad es que no he logrado determinar la cifra con exactitud, a pesar de que revisé distintos estudios-, a los que asisten cerca de un millón 200 mil alumnos. El 83 por ciento corresponde a sostenedores que tienen un colegio; el 70 por ciento a profesores que realizan un emprendimiento individual; en su mayoría, atienden, en promedio, a 324 alumnos; son laicos y cuentan con diversos proyectos educativos, a diferencia de los particulares subvencionados sin fines de lucro, que en gran parte no lo son. Y, finalmente, debo decir que el 40 por ciento de los alumnos más pobres estudia en los colegios particulares subvencionados en forma gratuita.
Esa información la pude obtener de los antecedentes del Ministerio de Educación y está contenida en el documento de la Comisión Política de Renovación Nacional que dimos a conocer hace un tiempo.
En consecuencia, aquí en el fondo estamos hablando de un alto porcentaje de profesores que dejaron la educación pública y tomaron definitivamente la decisión de querer participar en la educación.
¿Y de qué se les acusa? De ser culpables por la mala calidad de la educación; de afectar a los colegios públicos, y de contribuir a la segregación.
En verdad, la mala calidad de la educación afecta por igual a los colegios municipalizados. Y, por lo tanto, culpar a los particulares subvencionados no solo es una injusticia sino también un tremendo error.
Ahora bien, resulta insólito que, si el problema es la mala calidad de la educación pública, todavía el Gobierno no haya podido explicar por qué no ha enviado un proyecto de ley que la mejore, como también la situación de los colegios municipalizados, que llevan un año esperando, como tampoco por qué no se preocupa de los profesores, numerosos de los cuales, una vez más -a esta alturas, con una ingenuidad infinita- votaron por ustedes, creyeron en sus eslóganes, y sin embargo siguen absolutamente abandonados, pues respecto de ellos no se ha hecho ¡nada! y, probablemente, no se hará mucho en el futuro. De ahí que vemos huelgas y acuerdos debido a que los docentes se sienten del todo abandonados.
¿Qué piensa la gente? Creo importante saberlo.
Tengo nuevamente en mis manos la encuesta del CEP, que cité ayer. Y se las mencionaré de nuevo porque a lo mejor se podría concluir que lo que pensamos nosotros, la Centroderecha, es lo equivocado; que ustedes tienen razón, y que la mayoría de los chilenos piensan como ustedes.
La última encuesta del Centro de Estudios Públicos, de julio del 2014, señala que a 49 por ciento de los chilenos les parece bien que los colegios particulares subvencionados, además de entregar educación, generen ganancias para sus dueños. O sea, son más las personas que lo estiman así, pues aquellas a las que les parece mal solo llegan al 42 por ciento.
Repito: ¡el 49 por ciento de los ciudadanos dice que no le importa si hay legítima ganancia, y el 42 dice que sí!
La mayoría de los chilenos piensa eso.
¿Qué piensan los compatriotas respecto de la Administración de ustedes con motivo de este proyecto educacional? Les pido, en verdad, que no se pongan sordos frente a eso, porque yo fui parte de un Gobierno que de repente tampoco escuchaba muchas de las cosas que decía la gente. Ojalá no cometan ese error.
Fíjense que las encuestas sostienen sistemáticamente que el 54 por ciento de los chilenos rechaza la reforma educacional y que el 37 por ciento la apoya.
Señora Presidenta, para terminar, en los pocos segundos que me quedan deseo expresar que me parece absolutamente lícito y legítimo que exista una ganancia para los profesores que realizan emprendimiento y, si aquello constituye un delito pues se distraen platas de los fines propios de la educación, la legislación chilena -lo he dicho siempre- establece sanciones penales y civiles para quienes hoy incurren en esa conducta.
Por lo anterior, rechazo el proyecto en lo que se refiere a impedir la legítima ganancia de los colegios particulares subvencionados.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, con motivo de este proyecto de ley, uno debería plantearse si estamos o no cumpliendo el gran desafío que enfrenta Chile en materia educacional de la cobertura a la calidad.
Sin embargo, en función de este proyecto, desde mi punto de vista la respuesta es categóricamente negativa.
Y quiero hacerme cargo del tema relativo al lucro.
En el curso de este debate se ha planteado, con mucha validez, si es legítimo y ético obtener ganancia en este ámbito con recursos públicos, y si todos los fondos entregados por el Estado deberían destinarse a fines educacionales.
Tan válido como abordar dichas materias, es preguntarse si se asegurará o no calidad en la educación colocando el eje en las estructuras societarias.
¿Qué mejora la calidad? A mi juicio, no es la estructura societaria.
Recordemos que en nuestro país existe una provisión mixta. Hay establecimientos privados, públicos y particulares subvencionados, sin y con fines de lucro.
En definitiva, lo único que garantiza una educación de calidad es poner los recursos públicos en el eje de los resultados académicos, independiente de la estructura societaria.
¡Qué le va a importar a un apoderado la naturaleza del colegio -si es particular, con fines de lucro o gratuito- si genera buenos resultados!
Desde mi punto de vista, el Estado debería velar por la buena utilización de los fondos que otorga, independiente del establecimiento educacional de que se trate, sea con o sin fines de lucro. Para garantizar que esos recursos se inviertan bien, su entrega debe estar condicionada a logros académicos.
Desde una mirada ética, es válido preguntarse si el Estado debe financiar a colegios, independiente de su naturaleza, que exhiben resultados deficientes. En tal caso, la inversión es pésima.
Por lo tanto, si queremos pasar de la cobertura a la calidad, el eje ha de estar puesto necesariamente en los logros académicos. Sin embargo, este proyecto, lamentablemente, no da ese paso.
Lo que se propone es la expresión de lo que acabo de señalar. Aquí se ha creado una expectativa falsa: creer que, al terminar con el afán de lucro, va a mejorar la calidad de la educación.
Por el contrario, todos los estudios indican que los resultados no son categóricos ni auspiciosos bajo ningún esquema. ¡Para qué hablar de lo que sucede en la educación pública o en el resto del sistema educativo!
¿Qué deberíamos haber establecido para pasar de la cobertura a la calidad? Que la entrega de subvención quedara sujeta a la consecución de resultados y no al cambio de la estructura societaria. Pero acá se establece lo contrario.
Me parece que ese no es un buen camino, señora Presidenta.
En mi opinión, el desafío de mejorar la calidad que el país está llamado a consolidar no se cumplirá con esta reforma educacional.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, no iba a intervenir, pero el Senador Hernán Larraín me motivó con su actitud, que por momentos pareciera algo hipócrita.
Él dijo: "Es que la ideología estatista¿".
Me gustaría comenzar mi argumentación recordando, simplemente, que este debate -ideológico, por cierto- obedece a que las bancas de enfrente instauraron durante la dictadura un modelo neoliberal exacerbado -¡por eso tenemos la Constitución que tenemos!-, en el cual el Estado debe jugar un rol subsidiario y no rector en la provisión de bienes públicos.
Entonces, la raíz de esta discusión -el Senador defendió dicho modelo, y otros como él todavía más-, sin duda, radica en la ausencia de consenso constitucional, pues no compartimos visiones sobre el rol del Estado.
Es cierto que esta reforma refleja nuestra visión de la sociedad, del hombre y la mujer en la sociedad, del rol del Estado en la sociedad, tal como las bancas de enfrente lo hicieron en su momento. Pero otra cosa es que traten de esconder lo que realmente piensan y defienden.
Ellos creen que el mercado es un buen proveedor de bienes públicos. Nosotros, no. Y no es un problema de la Izquierda ni de los socialistas. No me van a decir que Obama es socialista o izquierdista, o que la Canciller alemana es una mujer de Izquierda. En el mundo desarrollado hace tiempo se definió que el Estado juega un rol rector y determinante como proveedor de bienes públicos.
¡Sí, ese es el debate de hoy!
En él se plantea que los establecimientos educacionales que reciben fondos públicos deben ser administrados por personas o entes de cierta naturaleza. La restricción para ser administrador del servicio es no hacer negocios con platas fiscales.
El argumento de que se afectará a los pobres profesores que emprenden con pequeñas escuelas no se sostiene. A los panaderos el Estado no les da un subsidio para sus negocios; a los dueños de una vulcanización tampoco.
Está claro que aquí se enfrentan visiones absolutamente distintas.
Por otra parte, hemos dicho: "Los privados pueden cooperar en la provisión de este bien público, pero con restricciones". Hoy discutimos esta materia. La principal limitación es que los sostenedores no pueden retirar los excedentes, pues están obligados a reinvertirlos en el proceso educativo.
¡Gran diferencia ideológica, y en buena hora!
Tenemos visiones distintas también respecto de lo que se puede o no hacer con los dineros públicos.
Tercer tema, señora Presidenta.
Mis colegas de enfrente pretenden valerse de una martingala: sé que lesos no son; sé que cuentan con una capacidad y un nivel de abstracción al menos superior a la media del país, y sé que entienden que aquí hay una agenda de reforma educacional que involucra varias materias y que en este proyecto no se abordan ciertos temas centrales, como lo relativo al currículum escolar, a la carrera docente o a la administración de colegios públicos.
Esos son otros debates.
Y cuando a la presente iniciativa le agregan la exigencia del mejoramiento de la calidad de la educación, saben que están faltando a la verdad, porque están claros que ese asunto no corresponde a esta discusión.
En el fondo, se están escondiendo en el debate de fondo.
Ellos creen que la educación puede ser un objeto de mercado. Es lo que han defendido todos estos años, señora Presidenta.
A algunos nos asiste la convicción de que el Estado tiene una responsabilidad central en la producción de esos bienes públicos, garantizando una diversidad de proyectos educativos, a cargo de distintos proveedores (privados, públicos).
A los Senadores de las bancas de enfrente les digo que no argumenten como si no tuvieran ideología. Recuerden que, gracias a una sobreideologización del neoliberalismo, instauraron el modelo educacional actual, el cual fracasó en nuestro país.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, no soy el defensor del Senador Larraín, pero creo que las expresiones del colega que me antecedió en el uso de la palabra al final se revierten hacia él mismo.
Me parece una hipocresía decirles a estas bancadas que la realidad de la educación chilena es responsabilidad nuestra. ¡Ustedes estuvieron 20 años en el gobierno,¿

La señora MUÑOZ.- ¡Pero sin las mayorías necesarias!

El señor PROKURICA.- ¿ e instauraron el copago y todos esos mecanismos que ahora satanizan!

El señor LETELIER.- ¡No inventamos el lucro!

El señor PROKURICA.- Es más, todos los ex Ministros de Educación de la Concertación han presentado reparos a esta reforma.
A mi juicio, este proyecto no va por el camino correcto, sobre todo, por ejemplo, en materia de calidad de la educación.
Se les olvida a algunos de los presentes que la llamada "revolución pingüina" planteaba precisamente eso: educación gratuita y de calidad.
Con esta reforma, yo por lo menos -lo digo humildemente- no veo cómo va a mejorar la calidad. ¡No lo veo! Al leer la iniciativa, uno nota que la palabra "calidad" aparece en pocas disposiciones. En el mensaje, muchas veces; pero en el articulado, muy pocas.
Coincido con el diagnóstico que en algún minuto hizo la Presidenta de la República en materia educacional, en el sentido de que Chile tiene un problema no de cobertura, sino de calidad. Pero ello no solo afecta a la educación pública, sino también a la particular subvencionada e, incluso, a la particular pagada.
Además, con convicción debo sostener que aquí se atenta contra la libertad de elección de las familias, fundamentalmente de clase media, que pusieron a sus hijos en colegios particulares subvencionados, arrancando de la educación pública, porque creen que aquella es mejor. En el fondo, optaron por dicha alternativa como una fórmula para mejorar sus vidas.
¡Es lo que todos los padres quieren para sus hijos!
Por otra parte, estimo que este proyecto va a producir mayor segregación, porque no uno, sino varios establecimientos particulares subvencionados -por lo menos de los que me ha tocado conocer-, con las condiciones que se están imponiendo, o van a cerrar o se transformarán en colegios privados.
Eso significa que la gente de clase media se verá obligada a llevar a sus hijos a la educación pública, que es mala y que, además, no mejorará con los cambios propuestos.
Cualquier persona que analizara la realidad del sistema educativo de Chile se daría cuenta de que debió haberse partido por perfeccionar la educación pública.
Hace pocos días salió un reportaje que mostraba que la infraestructura de la educación municipalizada es realmente fatal. Las condiciones en que se entregan tales establecimientos son buenas, en casos excepcionales, y malas, en el resto.
Por último, señora Presidenta, puede que con esta reforma estemos haciendo un nuevo Transantiago, como lo señaló la ex Ministra Mariana Aylwin -y ella no fue de nuestro Gobierno, sino de los de ustedes-, y hasta ahora no les hemos preguntado la opinión a los "choferes", a los miles de profesores que deberán implementar esta normativa. De hecho, muchos de ellos hoy están movilizados y molestos precisamente porque el Ministerio de Educación nada les ha consultado sobre la materia.
En conclusión, el proyecto que hoy se somete a la consideración de la Sala fue construido, a mi juicio, sobre un diagnóstico incorrecto y falto de sustento y, además, carece de estudios rigurosos para anticipar el impacto que causará cada una de las modificaciones propuestas.
El propio Ministro ha dicho que no puede cuantificar cuántos colegios van a cerrar cuando se implemente la reforma, aunque en el corto plazo ya hay anuncios en ese sentido de parte de algunos establecimientos.
Y aclaro que esta no es una política del miedo, ni nada de eso.
He visitado colegios particulares subvencionados que se han hecho con mucho esfuerzo. A algunos de ellos los seremis de educación de vuestros propios Gobiernos les pidieron que recibieran a alumnos que no tenían adónde ir. En contraste, hoy tratan a esos sostenedores como verdaderos delincuentes por percibir un ingreso a cambio de entregar una educación de calidad.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, al hablar de educación -y aquí hay opiniones muy diversas al respecto- uno debiera preguntarse si la que se imparte hoy en Chile es buena o mala. Y también debiera observarse si existe una relación entre el actual sistema educativo y el proyecto país que queremos construir.
Cuando uno empieza a desglosar y a analizar los datos disponibles, se da cuenta de que vivimos una situación dramática. En efecto, si nos comparamos con los países de la OCDE -acaban de salir varios informes-, notaremos que somos una de las naciones con peor educación. En general, a nivel internacional Chile se ubica en una posición bastante rezagada en materia de calidad de educación.
Es necesario mirar indicadores comparativos que muestren el impacto de la educación en función de lo que el país quiere. ¿Qué se espera lograr con la educación? Generar una mejor sociedad y, también, alcanzar el desarrollo.
En ese sentido, cabe hacer notar, por ejemplo, que Chile produce al año 140 patentes, mientras que Estados Unidos, 54 mil, y Corea, 15 mil.
Del análisis de este tipo de datos, se concluye que nuestro sistema educativo no está involucrado ni ligado con los desafíos que tenemos por delante. La educación chilena no innova; por el contrario, reproduce anacrónicamente un mundo que ya no existe.
Un solo ejemplo para dar cuenta de cuál es el mundo que viene: el 70 por ciento de las ventas de iPad guarda relación con productos que se generaron en los últimos cinco años. Es decir, estamos sometidos a un proceso inmenso de innovación, de cambio.
Nuestro sistema educativo de eso no dice nada.
Por otra parte, hay consenso en cuanto a que Chile vive una de las principales desigualdades del planeta. A propósito -aunque sé que a algunas personas les gusta y a otras no-, les cuento que acabamos de tener a Thomas Piketty en el IV Congreso del Futuro.
En mi opinión, la desigualdad estructural no es solamente un problema de política tributaria. Yo diría que esta constituye la menor parte de la dificultad. Lo principal guarda relación, sobre todo, con el sistema educacional y con el modelo de desarrollo.
Nuestra educación reproduce un modelo económico, el cual evidentemente está centrado en los recursos naturales, y, asimismo, un modelo neoliberal individualista.
Tomo las palabras del Senador Larraín, quien señaló que aquí se estaba dando el debate de si la educación es un bien público o un bien privado. Y ello es efectivo.
El bien privado es el que promueve el individualismo y no la comunidad, la solidaridad. Es vertical y asume la dimensión de un pensamiento un tanto anacrónico y jerarquizado.
Sin embargo, lo que se propone es una economía no centrada en el Estado ni en las empresas, sino en la sociedad; o sea, en el tercer sector. Es en los wikipedia, en los google, en los facebook del futuro en los que tenemos que invertir. Ellos no constituyen capitales o iniciativas que surgen del mundo privado, de las empresas o del ámbito estatal. Surgen, más bien, de la capacidad de poder involucrar a la sociedad en la educación.
¿Qué pienso? Que el proceso que estamos impulsando hoy es inevitable y urgente.
La educación es el único camino para enfrentar estos desafíos.
Lamentablemente, con el modelo educacional actual estamos repitiendo la experiencia del salitre que sufrimos en el pasado: fuimos un país rico y terminamos siendo un país pobre. Chile es el principal exportador de cobre en el mundo, pero importa sus cañerías desde México y China.
Ese tipo de cosas tiene que ver con una concepción y un modelo educacional determinados.
Por otro lado, cabe reconocer que el sistema educativo se sustenta en una lógica bastante demencial.
Primero, se tolera el lucro. Es decir, los fondos públicos que se entregan no se destinan a fines educacionales, sino que se quedan en los bolsillos de los prestadores. Tal situación tergiversa la idea de un proyecto educativo.
Los sostenedores buscan desarrollar un proyecto cuyo propósito no es el bien del país, sino atraer más niños. Un particular subvencionado es un gran capturador de capital cultural. No pretende educar a los niños para generar capital cultural, capital social o capital de confianza en beneficio de la sociedad. No. Tiene sus intereses y sus incentivos totalmente tergiversados, porque existe el lucro y porque cuenta con un instrumento brutal y despiadado: la capacidad de seleccionar. De esta forma se segrega a los más pobres, a los niños problema, etcétera.
Este es el primer paso: poner fin al lucro y a la selección en educación, y establecer la gratuidad.
Luego vendrá la verdadera y profunda reforma, que pondrá a la educación en el lugar que le corresponde.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, la primera pregunta que uno debiera hacerse es: ¿qué actividad no lucra? Ninguna. Todas lo hacen.
El cuestionamiento, entonces, es respecto del lucro indebido en una actividad tan particularmente especial, que constituye un derecho, como es la educación.
Por eso, con presentaciones e indicaciones, intentamos mostrarle al Gobierno las realidades existentes en nuestro país, donde por un lado tenemos en Santiago u otros lugares más poblados, con mayor cantidad de habitantes, probablemente los peores ejemplos de educadores o de sociedades que lucraron indebidamente con la educación.
Allí al Estado le faltó haber fiscalizado de mejor manera lo que a todas luces nunca debió ocurrir: el uso indebido, exacerbado del lucro en una materia tan sensible como la educación.
Pero existen otras realidades, señora Presidenta: las de colegios (nos tocó conocerlas) en las Regiones de Aisén, de Los Lagos, de Magallanes y las del norte de nuestro país, donde se han llevado a cabo muchísimos emprendimientos en que el sostenedor o sostenedora por lo general era un maestro o una maestra que en algún momento alguien invitó a formar parte de un desafío de vida distinto.
Fueron muy exitosos; tuvieron buenos emprendimientos. Y lograron el objetivo de entregar educación de calidad.
Tanto así que incluso en ciertos establecimientos ni siquiera existe el copago, ni reciben la subvención del Estado.
Pero debemos apuntar a lo general, a lograr que el lucro exacerbado desaparezca.
Hace cinco o seis años presenté un proyecto de ley que establecía que todo lo que recibiera el sostenedor del Estado debía reinvertirlo en educación, más allá del destino que le diera al copago entregado por los apoderados.
Hemos avanzado en lo menos.
El Gobierno no acogió nuestra propuesta para hacer una diferenciación entre sostenedores con 5, 6, 7 o 10 establecimientos y aquellos que poseen uno solo.
Se logró un acuerdo, que es algo más que nada, en virtud del cual se fija una línea de corte de 400 alumnos por establecimiento.
Los sostenedores igual tendrán que constituirse en corporaciones sin fines de lucro. Pero, en definitiva, al menos pudimos colocar el tema de la necesidad de que exista una diferenciación.
Aquí si alguien está al debe es el propio Estado, que no tuvo jamás la capacidad de fiscalizar a quienes, por lejos, burlaban la ley o el concepto de lucro.
Reitero: no existe ninguna actividad que no lucre. El problema estriba en que hubo muchísimos abusos.
Pero no se puede tratar a todos por igual. Hoy se ha satanizado la figura de los sostenedores como si todos fueran delincuentes, lucraran indebidamente, en fin.
La gran mayoría de ellos, por lejos, llevaron a cabo emprendimientos exitosos y elevaron la educación en nuestro país.
¿Qué falta? Que el Gobierno envíe un proyecto de ley sobre la calidad de la educación, que no es la discusión que estamos llevando a cabo hoy, pero que tendremos que realizar, pues probablemente muchos de esos emprendimientos desaparezcan. Ojalá que no; pero es factible que suceda.
Por lo tanto, quiero dejar claro que presentamos indicaciones; que hicimos ver la realidad de muchos establecimientos en regiones, y que quedó¿

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, no pensaba intervenir. Pero, por lo que se ha señalado durante el transcurso de esta sesión, me he dado cuenta de que al parecer no hemos entendido por qué se puso en el tapete el debate del lucro y cuáles han sido sus consecuencias.
Para la Oposición el lucro es el centro de este proyecto.
Si bien la crítica se hace en nombre de la calidad de la educación o de la libertad de enseñanza, la verdad es que en la discusión queda al desnudo un único argumento: la libertad económica, es decir, la libertad de crear una empresa con fines de lucro y con giro comercial.
Se ha abundado en argumentaciones con respecto a los efectos negativos del lucro en la educación -casi todos lo han manifestado-, pues se destinan los recursos públicos a fines distintos, se maximizan los beneficios y se minimizan los costos.
Quiero apuntar a otro fundamento: para mí, el fin del lucro tiene que ver con recuperar confianzas.
Recordemos que la demanda para acabar con esta práctica surgió en gran medida a partir del abuso del lucro en la educación superior, donde está prohibido desde los tiempos de la dictadura militar, si bien todos sabemos que ello se ha burlado de manera escandalosa.
Durante años fuimos testigos de cómo las universidades privadas lucraban mediante todo tipo de mecanismos, no solo a través del arriendo.
Hace pocos días, conocimos los antecedentes de una sociedad creada para explotar el merchandising de una universidad privada, que además se prestaba para el fraude tributario. No había escrúpulos. Todo valía para acreditar una casa de estudios privada, incluso el soborno. Es decir, la ambición rompió el saco.
¿Qué ha pasado entonces? La sociedad se ha empoderado y ya no acepta pasivamente los abusos, especialmente en educación.
La imaginación y la innovación de los empresarios, tan beneficiosa en otros ámbitos, no son aceptables en la educación, porque se ha demostrado que se reduce, en la generalidad de los casos, a inventar mecanismos para retirar utilidades o reducir los costos, con perjuicio de las condiciones laborales de los profesores y del equipamiento que requieren los estudiantes.
Todo eso, señora Presidenta, ha provocado un daño enorme en el tejido social. Nos hemos transformado en un pueblo desconfiado. Todas las instituciones se hallan cuestionadas, y es difícil hacer una reforma a la educación sin tocar este punto.
Es cierto que hay colegios con lucro que han hecho bien su pega. Pero cuentan con todos los incentivos para seguir cumpliendo su labor, si de verdad tienen vocación de servicio.
Poner fin al lucro se halla relacionado con despejar todas las sombras del sistema; eliminar las aprensiones que se encuentran fuertemente incorporadas en la gente; cerrar todas las posibilidades a que se desvíen recursos públicos destinados a la educación. De esta manera, los colegios solo estarán preocupados por la calidad del servicio que prestan y no por la última línea del balance comercial.
Con el fin del lucro, la selección y el copago los estudiantes recuperarán la confianza en que la escuela estará efectivamente concentrada en proveer la mejor educación, y los padres podrán elegir realmente el colegio en que estudiarán sus hijos sin temor a ser excluidos por los ingresos que perciben o su nivel educacional.
Por cierto, existen otras tareas y para eso están anunciados proyectos de ley. Pero con esta iniciativa habremos dado un gran paso para recuperar la confianza de la gente en la educación, es decir, en la posibilidad de surgir a partir de sus propias capacidades.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, utilizaré menos de los cinco minutos que me corresponden.
Como les ha pasado a muchos señores Senadores, nuestra idea, ya que este debate se ha prolongado por largo rato, era no intervenir. Pero algunas de las distintas opiniones que hemos escuchado -así lo hice yo al menos- han resultado bastante provocativas, para ser bien franco.
Primero se dice que esta discusión es ideológica. Y se nos carga la mano como si quienes pensamos que se debe terminar con el lucro en la educación tuviéramos razones ideológicas, y los que quieren mantenerlo, no.
Por qué no sinceramos las cartas y decimos que sí existe una diferencia ideológica respecto a cómo queremos utilizar los recursos de todos los chilenos, provenientes de sus impuestos, para financiar tanto la educación pública cuanto la particular subvencionada.
Es una manera distinta. La ideología no es pecaminosa. Se convirtió en eso después de 17 años de dictadura. Pero no es pecaminoso tener ideas, defenderlas con fuerza y pasión y pensar distinto. Eso es lo que mueve, al final, a los países en democracia. De eso se trata el debate.
Escuché ayer extractos del discurso del Presidente Obama sobre el Estado de la Unión. ¿Qué señala? Visiones distintas de la sociedad americana.
¿Y es pecado referirse a ello?
Él piensa que lo relativo a los inmigrantes debe tratarse de cierta forma y otros estiman que ha de hacerse de otra; él cree que tiene que haber relaciones con Cuba y otros que no. Se habla de que hay que subirles el impuesto al 1 por ciento más rico, en fin.
Son las mismas discusiones que tenemos acá. Y es sano que existan diferencias.
Entonces, no me gusta el tono que va tomando este debate, donde si yo pienso distinto estoy planteando algo ideológico. Como si la ideología fuera perversa.
Encuentro que están en su legítimo derecho -y lo voy a defender- quienes piensan distinto en esta Sala, y así lo expresan. Pero permítanme también tener una visión diferente. Eso no me hace ni pecaminoso ni incorrecto.
Entonces, como yo pienso de una forma y los de enfrente de otra, ¿cómo dirimimos la discusión?
Este debate no lleva 2 meses, ni 6, sino más de 2 años.
Las campañas presidencial y parlamentaria pasadas fueron sobre esta materia. Y se habló de cara a los chilenos: se les dijo que íbamos a terminar con el lucro en la educación pública; que se terminaría con el lucro en la Educación Superior.
Eso se les señaló derechamente, sin letra chica.
Ahora se dice que se impone la Izquierda, que la Democracia Cristiana ha sido derrotada.
Acá no estamos haciendo sino más que cumplir con el Programa de Gobierno, expresado durante la última campaña.
Un dato más: fue este mundo el que puso el tema en el tapete. Porque otros no ofrecieron nada a cambio, salvo un "No" y establecer una actitud contestataria. Pero no fueron capaces de defender lo que había con argumentos, ni de cautivar a los chilenos y chilenas en ese entorno.
Señora Presidenta, más allá de los estudios que demuestran que Chile es el único país en el mundo -lo señaló el Senador Ignacio Walker- que tiene esta tríada: lucro, copago y selección; o de que -como lo expresó el Senador Montes- ni siquiera durante la dictadura militar insignes personajes de la Derecha chilena como Sergio Díez y Jorge Alessandri estuvieron a favor de ello, el lucro tampoco ha demostrado ser sinónimo de calidad.
Yo admito que nos falta mucho todavía que discutir en materia de educación. Tenemos por delante una serie de proyectos de ley. Pero aquí no han defendido que el lucro sea sinónimo de calidad.
Entonces, al final del día, sí se trata de una discusión ideológica.
Y si para las próximas elecciones alguien quiere hacer su campaña presidencial o parlamentaria sobre esta materia -lo escuché plantear a algunos Senadores-, está en todo su derecho. Seguramente así será.
Cuando aprobemos en el Parlamento la gratuidad en la Educación Superior, va a ser el punto de inflexión en Chile.
Porque hoy los papás todavía entienden esta discusión.
Pero cuando sepan que estudiar en la universidad, si se está entre el 70 por ciento más vulnerable al comienzo del proceso, va a ser gratis, les costará comprenderlo. Porque cuando uno trata de explicarlo hoy no lo creen, pues está tan enraizado en Chile, entre nosotros mismos, que todo debe pagarse, a todo evento, y que no existe ningún derecho, que les es difícil creerlo.
Quienes votaron por nosotros -lo he hablado con ellos- nos dicen: "Pero, Senador, ¡cómo va a ser gratis!" No lo creen; piensan que habrá letra chica.
Pues bien, ¡va a ser gratis!
Espero que cuando aprobemos ese proyecto de ley y entre en vigencia durante este mandato, al menos para el porcentaje inicial de los más vulnerables, habrá un punto de inflexión para pensar en una forma distinta de asignar los recursos.
Yo creo que las platas que se pagan en educación deben reinvertirse en educación. Eso es compatible con la justa retribución que puedan tener los proyectos educativos. Si el proyecto educativo es para ganar lucas, no lo comparto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, acá de uno y otro lado se han dicho muchas cosas
Yo no le tengo miedo a la palabra "ideológica".
Aquí ciertamente hay una visión ideológica frente a una reforma educacional. Obviamente lo es, pues aquí hay una Nueva Mayoría, en que están tratando de convivir distintos sectores de Centro Izquierda y de Izquierda más extrema u otra, que quieren imponer su visión.
Lo que me preocupa es que cuando se tiene una visión ideológica sobre las cosas, existe el convencimiento de que se están haciendo bien las cosas. Ello, porque, lamentablemente, en el proyecto que ahora estamos discutiendo no vemos los mecanismos que demuestren que habrá una mejor calidad de educación.
Acá se hacen grandes y elocuentes discursos, de uno y otro sector.
Se piden argumentos serios. Pero no es serio cuando se caricaturiza diciendo que en materia de educación la Alianza tiene que ver con el mercado, que cuando habla de ella lo hace como si se tratara de un bien de consumo. Nuestro Presidente Piñera se equivocó en el pasado al señalar una frase. Pero eso lo han caricaturizado y proyectado durante toda esta discusión.
Señora Presidenta, puede haber distintos argumentos. Pero me parece que la Nueva Mayoría no ha demostrado que se mejorará la calidad de la educación, pues de lo único que se preocupa es del lucro.
Al Senador Montes le dije, con mucho respecto: "Ustedes estuvieron 20 años con este sistema. ¿Qué pasó? ¿Cambiaron?". Porque las personas pueden hacerlo.
El me señaló: "Lo que pasa es que en los años 90 había oposición sobre el tema educacional. No teníamos los votos. Por lo tanto, nos fuimos por el lado para tratar de cambiar las cosas, y no lo hicimos".
Pero durante 20 años se dejaron seducir por el modelo que hoy critican.
De otro lado, también me parece muy pequeño seguir echándole la culpa al gobierno militar. Y que se hable de los "enclaves de la dictadura", de los "enclaves del gobierno militar".
Eso ya es pasado. Aquí ya han gobernado varios Presidentes de la Nueva Mayoría y no dijeron absolutamente nada en esta materia.
Ahora tienen los votos suficientes -porque debemos reconocer que somos la "nueva minoría"; esperamos que en el futuro eso cambie-, pero estamos frente a lo que yo he denominado "un peligro inminente para nuestra sociedad". Porque en materia educacional habrá una generación perdida.
Esta es la gran reforma, sí, del Gobierno de la Nueva Mayoría. Pero también es la gran reforma de nuestro país, pues aquí podemos hipotecar a muchas generaciones.
Reitero: esta discusión es ideológica; y no tiene nada de malo en que sea así. Ustedes están convencidos de que lo están haciendo muy bien. Pero no pueden asegurarle al país que esta reforma educacional tenga los efectos positivos que señalan.
La cuestión no es el lucro. El emprendimiento es importante. Aquí ha habido un aporte de los colegios subvencionados particulares: han ayudado a la educación chilena.
Ciertamente, hay casos de abusos. Pero el grueso de la educación subvencionada ha hecho un aporte.
Quienes hoy están marchando en la calle -y con esto termino- en contra de muchas de estas reformas es gente que votó por este Gobierno. Ustedes ganaron esa nueva mayoría en la calle. Pero créanme que la van a perder si siguen por este camino, que considero equivocado.
Los mismos que lograron el apoyo de la calle para construir una Nueva Mayoría, lo van perder en la misma calle donde lo ganaron.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- El Senador señor Larraín solicitó hacer uso del derecho a réplica.
Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, lamentablemente, no se encuentra en la Sala el Senador Letelier.
Quiero hacer un comentario sobre sus expresiones, que me parecen abusivas y profundamente injustas.
Yo no hablo desde la verdad o la sabiduría, sino desde mi punto de vista. No pretendo una situación de superioridad moral, ni pontificar. Por lo tanto, me puedo equivocar. Pero no tengo un doble discurso.
Las expresiones del Senador Letelier respecto a lo que señaló como "mi actitud" me parecen profundamente reñidas con nuestro trato y con la realidad de un planteamiento en que he dicho lo que pienso con el mayor rigor posible.
Y agrava el planteamiento porque al final, cuando explica, se basa en supuestos: aquí se está fundamentando una mirada neoliberal; aquí se está fundamentando el lucro, el negocio oscuro de los poderosos.
La verdad es muy distinta, señora Presidenta. Yo no creo que la distinción sea entre Estado y mercado. Esa es una mirada. No convengo en que ese sea el esquema. Nosotros planteamos una diferenciación entre el rol del Estado y el de la persona como eje. El mercado no es nuestro norte. Nuestro norte son la persona y los organismos intermedios. Y, por cierto, el Estado tiene un rol muy importante, que jamás hemos cuestionado.
En esa línea, me parece que las expresiones que oímos no corresponden a lo que yo planteé.
Tampoco corresponde el argumento de que esta es una mirada ideológica, como si hubiera solamente una ideología.
No. Lo que he dicho es que la Nueva Mayoría tiene componentes que han estado a la vista pública con diferentes concepciones, pero que al final se ha ido imponiendo una, y que yo lo lamento, pues eso significa que se ha perdido el rol que ha jugado o podría jugar la Democracia Cristiana -para ponerle nombre y apellido- en particular: el de equilibrar la mirada en esa coalición.
En tal sentido hablaba yo de la "nueva ideología", en lugar de la "Nueva Mayoría". Ello, no porque haya una mirada ideológica y otra que no lo sea. No: hay miradas ideológicas distintas, y sé que están en juego. Pero lo que yo dije -reitero- fue que en este caso una se había impuesto sobre la otra y que yo lamentaba que el equilibrio que podía plantear la Democracia Cristiana no se hubiera dado en este debate.
Por lo tanto, creo que las palabras del Senador Letelier no han sido justas. Incluso, me atrevería a decir que fueron ofensivas a la luz del trato que hemos tenido normalmente en el Senado.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Debo aclarar que el Senador señor Larraín no estaba fundamentando el voto ni nada por el estilo, sino ejerciendo el legítimo derecho a réplica.
En votación la indicación renovada número 90.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación tiene como propósito remplazar la frase "y sin fines de lucro", que aparece en el texto aprobado en general (página 31 del boletín comparado), por "y de calidad".
Quienes están de acuerdo con la indicación votan que sí, y aquellos que la rechazan, que no, sin perjuicio de las abstenciones.
La norma no es de quórum especial.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se rechaza la indicación renovada número 90 (23 votos contra 14).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la afirmativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica.


La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación se debe votar la letra a) del texto aprobado en general.

La señora VON BAER.- Así es.

El señor LABBÉ (Secretario General).- No se requiere quórum especial.
Si Sus Señorías quieren, se puede aprobar con la votación inversa.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Les parece proceder de esa manera?
No hay acuerdo.
Por favor, señor Secretario, explique qué se va a votar.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La letra a) del número 1), que dice: "Intercálase," (en el artículo 1° de la ley vigente) "entre el adjetivo "gratuita" y el verbo "recibirá", la frase "y sin fines de lucro"." (página 21 del boletín comparado).
Quienes están de acuerdo con el texto aprobado en general votan que sí, y aquellos que lo rechazan, que no.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, en este artículo nosotros hacemos reserva de constitucionalidad. Lo planteamos durante el debate y ahora lo reiteramos en la votación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Queda constancia de ello.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba el texto aprobado en general por el Senado para la letra a) del número 1) del artículo 2° (23 votos contra 14).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se deja constancia de la intención de voto negativo de la Senadora señora Lily Pérez.
Sigamos, señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En la letra b) del mismo número 1), la Comisión solo hace una adecuación formal. Sin embargo, a su respecto se renovó la indicación 91, que propone remplazar la frase "de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la República y", por "de conformidad a la ley y".
La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación la indicación renovada número 91.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, solo deseo explicar por qué presenté esta indicación.
Si uno lee el artículo respectivo de la Carta en ninguna parte ve la calidad. Por lo tanto, estimo que la mención no debe hacerse al Texto Fundamental, sino a la ley de educación. Si no, se está ofreciendo algo que en este minuto no existe a nivel constitucional.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se rechaza la indicación renovada número 91 (21 votos contra 17).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la afirmativa las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica.


La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En la página 33 del boletín comparado, tercera columna, la letra a) solo tiene una adecuación formal.

El señor MONTES.- Es unánime.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Sin embargo, se renovó la indicación número 94, mediante la cual se sustituye el número 3) por el que aparece en las páginas 19 y 20 del boletín de indicaciones.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación la indicación renovada N° 94.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, acá hay dos visiones respecto a cómo se debe regular el gasto de la subvención en el funcionamiento de los colegios particulares subvencionados y de los municipales.
La Nueva Mayoría -y eso está en el texto- cree que hay que gastar solo según una lista que establece los llamados "fines educativos". O sea, para todos los colegios exactamente la misma lista de cosas que se pueden y no se pueden hacer.
Nosotros pensamos -y es lo que se consigna en nuestra indicación- que debe posibilitarse que los proyectos educativos se desarrollen de manera diversa. Y por eso presentamos la indicación número 94, donde se dispone que "Los sostenedores, en la prestación del servicio educacional, podrán hacer uso de la subvención en toda actividad tendiente a mantener, organizar y ampliar un establecimiento educacional".
Eso, por supuesto, debe ser supervigilado por la Superintendencia. Pero ello no significa que tenga que establecerse una lista taxativa, específica, de lo que se puede y no se puede hacer con la subvención. Porque finalmente la pregunta será: "¿Está todo en la lista o no?".
Con la lista los colegios se verán limitados en la creatividad para hacer o abstenerse de hacer. Porque, en último término, quien definirá si el gasto realizado está dentro de la lista fijada en Valparaíso para todos los colegios de Chile de la misma manera será la Superintendencia. Entonces los colegios, por miedo a que esta los sancione, van a restringir la posibilidad de desarrollar libremente sus proyectos educativos.
La lista es la misma para todos; son los mismos puntos. ¿Pero son iguales todos los colegios de nuestro país? ¿Es uno de Arica igual que uno de Puerto Montt o de Valdivia? ¿Es igual uno de Santiago que uno de regiones?
Como dije, quien va a definir si el gasto efectuado está dentro de los fines educativos o fuera de ellos será la Superintendencia.
Por lo tanto -insisto-, se restringirá la creatividad en cuanto a lo que los directores y sostenedores pueden hacer.
¿Por qué la lista de fines educativos, señora Presidenta? Porque detrás de este proyecto de ley hay una mirada de sospecha, de desconfianza con respecto a lo que hacen los sostenedores. Entonces, se termina en algo bastante absurdo: una lista de lo que los colegios pueden y no pueden hacer. ¿Y dónde se define esa lista? En Valparaíso.
Yo creo que esto de hacer una lista específica sobre lo que se podrá y lo que no se podrá hacer terminará en problemas. ¿Por qué? Porque es imposible prever toda la diversidad de cosas que suceden en un colegio. Entonces, siempre va a haber algo que no esté dentro de los fines educativos.
Ahora, como la Superintendencia sancionará al colegio que se salga de la lista, cuando alguno plantee una cosa distinta, como tener un violín por cada niño, por ejemplo, el sostenedor va a decir: "No estoy seguro de si eso se halla dentro de los fines educativos. Como puede venir la Superintendencia y sancionarme, prefiero restringirme y hacer exactamente lo que ella señala".
¿Qué significa eso? Igualar: que en todo Chile la educación sea igual; que todos los proyectos educativos sean iguales, para que nadie se salga del marco específico de la lista establecida desde Valparaíso y que la Superintendencia hará cumplir.
Por consiguiente, se agrega una lista específica a la mirada de sospecha permanente sobre los sostenedores de los colegios particulares subvencionados, quienes, desde mi punto de vista, han hecho un tremendo aporte a la educación en nuestro país.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Debo hacer una aclaración a Sus Señorías.
Aquí adoptamos un acuerdo en el sentido de fundamentar una sola vez para todos los temas vinculados con el lucro.
Esa fue la condición que pusimos para tomar el acuerdo, que nació de un planteamiento del Senador señor Allamand. Y la Sala fue consultada al respecto a lo menos dos veces.
Sus Señorías ya tuvieron oportunidad para hablar sobre el lucro. Y cada uno dispuso de cinco minutos.
Queda claro, entonces: quien hable ahora sobre el lucro no podrá hacerlo de nuevo.
Ese fue el acuerdo.
Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, ahora no estamos discutiendo solo lo del lucro, sino también lo de los fines educativos. Y la intervención de la Senadora Von Baer y su indicación van en la línea de flexibilizar a este último respecto.
En todo caso, procuraré ser lo más breve posible en mi argumentación.
Primero: el cambio más sustantivo de la ley en proyecto es que los recursos públicos ya no serán patrimonio del sostenedor. Hasta ahora se había interpretado que eran de él. Ahora los dineros fiscales en manos del sostenedor seguirán siendo públicos, pero su uso quedará sujeto a reglas determinadas. Y la norma que nos ocupa va fundamentalmente en esa dirección.
Aquí se están estableciendo ciertos principios, ciertas reglas generales, ciertos conceptos para fiscalizar. Y no ha sido fácil generarlos.
Si vamos al modelo chileno, veremos que, supuestamente, todo esto se regula solo por regla de mercado.
¿Qué ocurrió antes? ¿Por qué tenemos Superintendencia ahora? No lo olvidemos: la Derecha siempre se opuso a que hubiera Superintendencia. ¿Y por qué esta existe hoy? Porque el Banco Mundial, que hizo un estudio sobre Chile, dijo que nuestro país era el extremo del modelo de mercado, pues cualquiera hacía lo que quería. Y al otro lado, como estatismo extremo a nivel mundial, estaba Corea del Sur. Entonces, nos recomendó movernos hacia un sistema de contratos por calidad de instrucción diferenciada con un sistema de regulaciones tanto en el contenido y la calidad cuanto en la administración y la gestión.
En eso estamos.
No es verdad lo que se dice en el sentido de que se busca que todas las decisiones estén en manos del Ministerio, pues no se trata de eso. Aquí hay un conjunto de marcos de holgura mucho mayores que los de Holanda, que los de Bélgica. Y para qué hablar de Corea del Sur, que, como dije, es lo más estatista que hay.
Acá estamos planteando un conjunto de principios ordenadores. Y la Superintendencia deberá fiscalizar, porque se quiere evitar que haya elementos que permitan aumentar los costos y por esa vía efectuar retiros de excedentes.
¿Queda todo regulado con tales principios? No. Para ir aclarando, la Superintendencia tendrá que emitir pronunciamientos en muchos momentos.
Pero yo quiero asentar lo siguiente: aquí el criterio es que en la administración existe un margen muy importante definible por los colegios. Y probablemente va a haber una frontera en la que a lo mejor la Superintendencia se pasa o se queda un poco. Pero lo que buscamos es la existencia de reglas que impidan el desvío de recursos, para evitar el lucro disfrazado y para que todo se oriente hacia los objetivos fundamentales.
Es cuanto puedo decir, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Aquí es, señora Presidenta, donde uno no logra entender a la Derecha, pues en la discusión de las Comisiones unidas, que fue bastante extensa en general, se detallaron todos y cada uno de los ítems que inciden en el proceso educativo.
Estamos hablando de recursos que quedarán afectos al cumplimiento de los fines educativos (por tanto, solo podrán destinarse a ellos): "Pago de remuneraciones" a personales docentes y no docentes; gastos totales de administración; costos de servicios asociados a funcionamiento y administración; "Adquisición de toda clase de servicios, materiales e insumos para el buen desarrollo de la gestión educativa"; "Inversión en activos no financieros necesarios para la prestación del servicio educativo"; "Gastos asociados a la mantención y reparación de los inmuebles y muebles a que se refieren los numerales anteriores"; "Pago de obligaciones garantizadas con hipotecas, contraídas con el solo propósito de adquirir el o los inmuebles en el que funciona el establecimiento educacional", tal como se señaló en la discusión anterior; "Pago de créditos bancarios" para mejorar infraestructura, etcétera; "Gastos que guarden directa relación con la mejora de la calidad del servicio educativo", en fin.
Simplemente, señora Presidenta, quiero decir que ahí está todo.
En las Comisiones unidas escuchamos a varios expertos y otras personas: ¡no hubo nadie que imaginara ítems distintos de los enumerados taxativamente en el artículo 3°!
Por supuesto, la transformación en corporaciones sin fines de lucro es esencial, siendo indispensable para evitar este último factor, que fundamentalmente se presenta hoy por la subvención general, no regulada, a la cual se refirió el Honorable señor Montes, y que requiere una contabilidad completa. Lo importante es que los recursos se orienten al proceso educativo.
Francamente, no entiendo -lo reitero, y termino- la mirada y el pensamiento de la Derecha. El asunto es lo menos ideológico que hay: significa pensar en los estudiantes, en lo que necesitan.
Sectores de la Derecha majaderamente aseveran que el proyecto no logra conectar con la calidad. ¡Qué más calidad que invertir en aquello que los niños necesitan para su formación y en un exitoso proyecto educativo!
Por eso, rechazamos la indicación renovada.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, de alguna forma tiendo a lamentar que, por una tramitación a matacaballo, uno de los aspectos más importantes de la reforma se esté analizando de esta manera. El artículo en examen es, en verdad, una parte del corazón del nuevo sistema.
Deseo hacer, básicamente, las siguientes reflexiones.
Aquí permanentemente se hace referencia a la OCDE, a estudios internacionales, etcétera. Sin embargo, la disposición que nos ocupa va totalmente a contramano de cualquiera de las disposiciones señaladas por esa organización respecto de cómo los colegios deben organizarse y funcionar.
Si hay una tendencia en los últimos veinte o veinticinco años, ella apunta precisamente en el sentido opuesto -no de la indicación, que va en la línea correcta- de lo que se pretende hacer con la iniciativa.
¿Qué observamos en todos los países del mundo? Un aumento de autonomía de los colegios. La lógica del proyecto es exactamente la contraria, como se ha señalado: contemplar una nómina taxativa, imperativa, de lo que pueden hacer.
Desde el punto de vista de una comparación, ello simplemente no tiene parangón.
En seguida, sé que puede haber poca preocupación por los aspectos constitucionales, mas deseo hacer presente que la libertad de enseñanza, en nuestro ordenamiento jurídico, se fundamenta en una trilogía, uno de cuyos elementos es organizar. La garantía tiene que ver con la autonomía y la facultad para conformar los establecimientos.
"Organizar" significa "Planificar o estructurar la realización de algo, distribuyendo convenientemente los medios materiales y personales con los que se cuenta y asignándole funciones determinadas".
El Tribunal Constitucional ha dicho claramente que la autonomía de organización es uno de los conceptos definitorios e inafectables de la libertad de enseñanza. Ello implica que sostenedores públicos y privados, establecimientos municipales y particulares subvencionados, deben gozar de un rango de autonomía para poder cumplir con sus funciones.
Señora Presidenta, en una apelación a la racionalidad, ¿cómo vamos a conciliar que el mandato de la Constitución sea imperativo, en términos de que debe garantizarse siempre la autonomía para organizar un colegio, precisamente con la norma en examen, la cual, tal como lo han expresado mis Honorables colegas de Gobierno que me antecedieron en el uso de la palabra, determina un catálogo taxativo de aquello que los establecimientos pueden realizar?
La verdad es que ello no es conciliable. Esta forma de reglamentar la actividad implica, por definición, vaciar absolutamente de contenido la libertad de enseñanza en cuanto al concepto de autonomía para la organización de los colegios. ¿Cómo el Tribunal Constitucional podría admitir, contemplando el mandato de la Carta una autonomía para organizar, que el legislador ahora la invada y establezca, perentoria y taxativamente, qué se puede hacer? Se trata de un error jurídico de bulto, como también de una gruesa equivocación en la línea de cómo deben organizarse los colegios.
La norma que hemos planteado es la correcta, conceptualmente, y la única que, desde nuestro punto de vista, sintoniza con la exigencia constitucional de que exista autonomía para organizar.
Con el cúmulo de regulaciones que se contemplan en el proyecto, la actividad educacional pasa a ser la que presenta el mayor número de ellas. ¿Cómo alguien puede sostener que eso es conciliable con la obligación constitucional de garantizar la autonomía?
Vamos a apoyar la indicación renovada y rechazaremos el otro texto, además de hacer reserva de constitucionalidad.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se rechaza la indicación renovada número 94 (22 votos contra 14).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la afirmativa las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica.
La señora ALLENDE (Presidenta).- El Honorable señor Espina deja constancia de su intención de voto a favor.


El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida hay un conjunto de modificaciones aprobadas solo por mayoría de votos en las Comisiones unidas.
Además, se ha renovado la indicación número 103.
Si Sus Señorías lo desean, las enmiendas pueden votarse en un solo acto, pero la indicación tiene que ser objeto de un pronunciamiento aparte. Esta última dice relación con el ordinal ii), en el inciso segundo del artículo 3° aprobado en general, y es para reemplazar la palabra "del" por la expresión "honorarios y beneficios al", precedida de coma, con lo cual el texto quedaría de la siguiente manera:
"ii) Pago de remuneraciones, honorarios y beneficios al personal docente que cumpla funciones directivas, técnico pedagógicas o de aula, y de los asistentes de la educación, que se desempeñen en el o los establecimientos respectivos.".

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sugiero votar primero la indicación y después, en un solo pronunciamiento, el conjunto de proposiciones acordadas por mayoría en las Comisiones unidas.
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, seré muy breve, porque la indicación obedece a una aclaración surgida en las Comisiones unidas...

El señor MONTES.- A una precisión.
El señor WALKER (don Ignacio).- Es una precisión, porque las remuneraciones no comprenden beneficios como bonos u otros. Por lo tanto, se favorecerá al personal de la educación en el sentido de que los fondos públicos destinados a fines educativos se podrán utilizar en el pago de remuneraciones, honorarios y beneficios, lo que comprende bonos, asignaciones, etcétera.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación la indicación renovada.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Quienes estén de acuerdo votan que sí y quienes estén en desacuerdo se pronuncian por el rechazo.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Por 24 votos contra 14, se aprueba la indicación renovada número 103.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica.


La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación las proposiciones de las Comisiones unidas acordadas por mayoría de votos relativas al artículo 3° contemplado en el número 3) del artículo 2° del proyecto.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Votarán que sí quienes estén de acuerdo con las enmiendas y rechazarán quienes se encuentren en desacuerdo.
Las normas no requieren quórum especial.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Por 23 votos contra 14, se aprueban las proposiciones de las Comisiones de Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, relativas al artículo 3° contemplado en el número 3) del artículo 2° del proyecto.
Votaron por la afirmativa las señorasAllende, Goic y Muñoz y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.
--Se levantó a las 13:58.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción