REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 362ª
Sesión 93ª, en miércoles 28 de enero de 2015
Ordinaria
(De 10:16 a 14:11)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ISABEL ALLENDE BUSSI, PRESIDENTA,
Y SEÑOR EUGENIO TUMA ZEDAN, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretaria General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González; Secretario General de Gobierno, señor Álvaro Elizalde Soto, y de Minería, señora Aurora Williams Baussa. Asimismo se encontraban presentes los Subsecretarios de Prevención del Delito, señor Antonio Frey Valdés; de Educación, señora Valentina Quiroga Canahuate; el Jefe de División de Gobierno Interior, señor Mario Ossandón Cañas y el Asesor legislativo del Ministerio de Educación, señor Patricio Espinoza.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 10:16, en presencia de 13 señores Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 86ª, especial, y 87ª, ordinaria, de 20 de enero; 88ª, especial, y 89ª, ordinaria, de 21 de enero, y 90ª, especial, de 22 de enero, todas del año en curso, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Vicepresidente de la República, con el que retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", respecto del proyecto de ley que otorga una bonificación especial para funcionarios públicos de la Región de Atacama que cumplan condiciones que se indican (boletín N° 9.868-05).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados, con los que informa que dio su aprobación a las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto de ley que elimina prohibición de participación de estudiantes y funcionarios en el gobierno de las instituciones de educación superior y que autoriza dictar nuevos estatutos para la Universidad de Santiago y la Universidad de Valparaíso (boletín Nº 9.481-04) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y a la de Hacienda, en su caso.

2.- Proyecto de ley que concede nacionalidad por gracia al rabino Eduardo Waingortin (boletín N° 9.430-06).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
De la señora Ministra de Minería:
Responde solicitud de información, hecha en nombre del Senador señor Navarro, sobre utilización del carbón extraído en Arauco en el marco del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Atiende solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Lagos, concerniente a la factibilidad de destinar material ferroviario a la comunidad de Cartagena, con el fin de complementar el proyecto Estación Cartagena.
Del señor Ministro de Energía:
Contesta solicitud de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a la rentabilidad de las generadoras energéticas a nivel nacional en los últimos diez años y su proyección para la próxima década.
Del señor Subsecretario para las Fuerzas Armadas (S):
Complementa respuesta respecto de las medidas para agilizar la tramitación y concreción del proyecto Electricidad, Iluminación y Ayudas a la Navegación (ILS CAT III); materia consultada en nombre de la Senadora señora Van Rysselberghe.
De la señora Directora Nacional (S) de Gendarmería de Chile:
Contesta consulta, remitida en nombre del Senador señor Ossandón, acerca de diversos aspectos del sistema penitenciario, entre ellos, la magnitud de la población penitenciaria del país, su distribución en los subsistemas abierto, semiabierto y cerrado, y niveles de hacinamiento y sobrepoblación de las cárceles.
De la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios:
Atiende solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, respecto al cumplimiento de la normativa sanitaria vigente por la planta de tratamiento de aguas servidas del sector Alto Rari, en la localidad de Coliumo, y a su impacto en la comunidad.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informe
De la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja (boletines Nos. 7.873-07 y 7.011-07, refundidos) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para tabla.
Certificado
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga una bonificación especial para funcionarios públicos de la Región de Atacama que cumplan condiciones que se indican (boletín N° 9.868-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para tabla.
Mociones
De los Senadores señores Bianchi, Chahuán y Girardi, con la que inician un proyecto de ley que establece regulaciones sobre los parques zoológicos (boletín N° 9.882-01).
--Pasa a la Comisión de Agricultura.
De los Senadores señores Ossandón, García-Huidobro, Girardi y Guillier, para iniciar un proyecto de ley que regula la publicidad de las tarifas en las autopistas (boletín N° 9.884-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Del Senador señor Ossandón, con la que inicia un proyecto que modifica el artículo 136 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de las leyes N° 18.918 y N° 18.469, en lo referente a los beneficios del que está por nacer (boletín N° 9.883-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
De los Senadores señores Bianchi, Chahuán y Tuma, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que establece el deber del Estado de garantizar un régimen previsional de capitalización solidario y tripartito, con una aportación inicial del Estado que deberá materializarse al momento del nacimiento de la persona o de su ingreso a la actividad laboral (boletín N° 9.880-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Bianchi, Chahuán y Prokurica, con la que proponen un proyecto que modifica la ley sobre donaciones con fines culturales, contenida en el artículo 8° de la ley Nº 18.985, mediante el establecimiento de exigencias de calidad mínimas para ser sujeto beneficiario.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, conforme lo dispone el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la Cuenta.
Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, en primer lugar, la Mesa ha declarado inadmisible un proyecto que presentamos con los Senadores Bianchi y Chahuán, y solicito que se oficie al Ejecutivo para requerir su patrocinio.
Además, pido que recabe el asentimiento de la Sala para que el proyecto que establece ciertos beneficios para funcionarios públicos de Atacama se discuta sobre tabla o en el primer lugar del Orden del Día, en general y en particular, porque, si no, su discusión tendrá que esperar todo el período de receso.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Primero, respecto al patrocinio, el Ejecutivo está presente. En efecto, aquí se encuentran la Ministra Secretaria General de la Presidencia y el Ministro Secretario General de Gobierno (aprovecho de saludarlos), quienes creo que lo han escuchado atentamente, y ojalá obtenga su patrocinio.
En cuanto a lo segundo, trataremos en el primer lugar del Orden del Día el proyecto que entrega bonos a los funcionarios públicos de la Región de Atacama.
Tiene discusión inmediata, así que lo vamos a ver hoy. Y, además, quedó para tabla en la Cuenta de esta sesión.
Pero, si le pareciera a la Sala, se podría tratar como si fuera de Fácil Despacho, en el sentido de que no hubiera más de dos intervenciones, como dice propiamente el Reglamento.
¿Habría acuerdo?
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Concuerdo con darle un despacho rápido. Pero no con dos intervenciones, porque no tenemos la misma posición. Tres o cuatro sería lo adecuado.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Me parece muy bien y atinado lo que plantea. Y se hará una discusión rápida.
--Así se acuerda.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Asimismo, también veremos el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja, que quedó para tabla en la Cuenta de hoy.
--Así se acuerda.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Solicito que se pida la autorización de la Sala para que la iniciativa que norma el servicio de recolección y disposición de aguas grises, que hoy está en la Comisión de Obras Públicas, pueda pasar a la de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía (boletín N° 9.452-09).

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
--Así se acuerda.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, como en cada Legislatura todas las Comisiones proceden a archivar -a veces, de manera indiscriminada- los proyectos de ley originados en mociones parlamentarias, quiero solicitarle a la Sala el desarchivo de las siguientes iniciativas de mi autoría, signadas con los boletines que se señalan:
-N° 7.926-03, sobre fortalecimiento de la pesca artesanal y la regulación de la importación pesquera.
-N° 7.917-04, referente a un monumento en memoria del General Ramón Freire Serrano, en la ciudad de Concepción.
-N° 7.918-04, que modifica la ley N° 20.349, respecto de un monumento en homenaje a los ex mineros del carbón.
-N° 7.798-04, relativo a la protección del patrimonio histórico indígena y los bienes culturales del país.
-N° 7.788-04, de reforma constitucional en materia de derecho a la educación y libertad de enseñanza.
-N° 7.725-07, sobre causales para la revisión de sentencias a firme.
-N° 7.707-04, relativo a un monumento en memoria de don Clotario Blest Riffo.
-N° 7.639-07, sobre adopción de menores por personas solteras, divorciadas o viudas.
-N° 7.638-02, referido a la prohibición de la discriminación arbitraria respecto al ingreso y permanencia en las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
-N° 7.453-12, acerca del libre acceso a playas y riberas de mar, lagos y ríos.
--Se acuerda el desarchivo de los proyectos reseñados.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Conforme a lo resuelto hace instantes, procederemos a tratar, no como si fuera de Fácil Despacho pero sí en forma acotada, el proyecto sobre bonificación especial para funcionarios públicos de Atacama.
Como pretendo intervenir -imagino que también lo hará el Honorable señor Prokurica-, ruego al Senador Tuma que me reemplace en la testera.
V. ORDEN DEL DÍA



BONIFICACIÓN ESPECIAL PARA EMPLEADOS PÚBLICOS DE REGIÓN DE ATACAMA


El señor TUMA (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga una bonificación especial para funcionarios públicos de la Región de Atacama que cumplan condiciones que se indican, con certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.868-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 89ª, en 21 de enero de 2015.
Informe de Comisión:
Hacienda (certificado): sesión 93ª, en 28 de enero de 2015.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es otorgar durante 2015, de manera extraordinaria, una bonificación especial por un monto trimestral de 240 mil pesos a los funcionarios públicos que indica.
La Comisión de Hacienda discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar con los votos favorables de los Senadores señores García, Lagos, Montes y Zaldívar y la abstención del Honorable señor Coloma.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el certificado de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En la discusión general, tiene la palabra el Senador señor Prokurica.


El señor PROKURICA.- Señor Presidente, les pido especial atención a las señoras Senadoras y a los señores Senadores respecto a la discusión de este proyecto de ley, que tiene su inicio en la realidad de las regiones mineras, que fueron superadas de alguna manera por las distintas fórmulas diseñadas por el Estado de Chile.
En ellas se produce el siguiente efecto: cuando se realizan grandes inversiones -así ocurrió, primero, en la Región de Antofagasta, y después, en la de Atacama- la mayoría de las personas con buen desempeño postulan a los trabajos que genera la minería por los buenos sueldos y las favorables condiciones laborales.
Lo anterior provoca un alza en el costo de la vida, en los arriendos y en todo el entorno de esa gente.
Y, claro, quienes trabajan en la minería o en sus actividades relacionadas pueden asumir estos cambios porque se hallan en mejores condiciones salariales.
Sin embargo, los funcionarios públicos, por razones obvias, siguen recibiendo los sueldos de su respectiva escala y se ven enfrentados a un empobrecimiento pues sube el precio de los arriendos, de los alimentos, del transporte, de todo, y ellos continúan con la misma remuneración.
Junto con la Senadora Allende y los parlamentarios de la Región de Atacama venimos pidiendo ya durante dos períodos -esta solicitud fue respaldada por el actual jefe del gobierno regional, Miguel Vargas; por los ex intendentes Rafael Prohens y Ximena Matas, y por otras autoridades y parlamentarios de todos los sectores políticos- que se actúe en esta situación al igual como se hizo en Antofagasta: que se dicte una norma especial para entregar un bono trimestral similar al que se propone dar a través de esta normativa.
Planteamos el otorgamiento de este beneficio porque esa falta de equilibrio daña no solo a los funcionarios públicos, sino también a la Administración Pública en general y a los privados, pues muchos de estos funcionarios emigran al sector privado y no existe interés alguno en postular a los cargos que se concursan.
Todo eso indica el poco interés demostrado a fin de realizar otras labores indispensables para una región como la de Atacama.
Eso sí, nos habría gustado que en este caso la solución hubiera sido igual o similar a la que se dio en la Región de Antofagasta (una legislación permanente) y no una normativa como esta, que solo regirá para 2015 mientras se lleva a cabo un estudio -se le va a encargar al INE- a fin de determinar el costo de la vida. La continuación del beneficio en análisis dependerá de lo que señale ese documento.
En segundo lugar, muchos funcionarios públicos quedaron sin este bono. Al respecto, todos le hemos pedido al Ejecutivo que resuelva esa situación por alguna vía.
No se incluyó en esta iniciativa ni a los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, ni a los del Ministerio Público, ni a los profesores, ni a Carabineros, ni a una serie de otros servicios. El 30 por ciento de los funcionarios públicos de la región quedaron excluidos. Y, en verdad, frente a la misma razón debiera haber la misma disposición.
Por último, manifiesto una preocupación, que ojalá se considere: este proyecto -a diferencia del que favoreció a Antofagasta, que recibió recursos del Fisco nuevos y frescos- es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Se trata de 7 mil 500 millones de pesos, que constituyen una cantidad importante del FNDR.
Somos partidarios de esta iniciativa. Agradecemos al Gobierno que escuchara el llamado que le hicimos tantas veces. Favorece a los funcionarios públicos de la Región de Atacama.
Pero hacemos sí un par de prevenciones: nos gustaría que el beneficio se ampliara además al 30 por ciento de funcionarios públicos que quedaron fuera y que se destinaran recursos frescos porque, de lo contrario, financiaremos el bono con fondos de nuestra región que se deberán reorientar del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Por eso, les pido a los señores Senadores apoyar este proyecto de ley, que hace justicia a un sector que quedó fuera de los beneficios entregados por las inversiones y el adelanto vividos en la Región de Atacama.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, por supuesto, coincido con mi colega el Senador señor Prokurica: este tema se ha venido trabajando largamente en la Región de Atacama.
Primero se habló -hace ya numerosos años- de una eventual zona extrema, pero nos dimos cuenta de que no correspondía geográficamente. Aunque existe un grado de aislamiento importante, poco a poco ha ido mejorando la conexión.
Se ha considerado a la región como zona estratégica en el sentido de que entrega recursos mineros. En ella conviven la mediana minería, algunos proyectos de la gran minería y bastantes de la pequeña minería, que muchas veces es muy vulnerable, en particular ahora último por el bajo precio del cobre.
Por lo tanto -reitero-, se consideró zona estratégica en función de los recursos que entrega.
Debemos tomar conciencia de que en este país no siempre somos capaces de mirar las regiones en sus especificidades.
En tal sentido, espero que la Ficha de Protección Social, que ha incorporado una serie de metodologías nuevas, sea fina a la hora de evaluar la pobreza, las condiciones de vida o las vulnerabilidades.
En concreto, se trata de una región que entrega recursos no renovables y que se halla afectada no solo por pasivos ambientales, que han generado grandes y graves problemas -hay una tremenda contaminación en Tierra Amarilla; incluso, Huasco fue declarada zona de latencia-, sino también por enormes dificultades hídricas.
Por lo tanto, la presión de la minería sobre la población, en general, es muy fuerte y, obviamente, la relación es muy desigual. Solo un porcentaje minoritario trabaja en la minería; el resto, incluidos los funcionarios públicos, no perciben los mismos sueldos, aunque sí deben asumir todas las alzas del costo de vida.
Existe especulación de terrenos, ya que se cuenta con poco suelo disponible. Incluso no ha sido posible acompañar con un proyecto a más de 12 mil subsidios. Por muchos años se dejó de construir, lo cual provoca una presión sobre los servicios públicos.
Además, ha empezado a llegar a la zona una cantidad de gente de otras nacionalidades que instalan campamentos en los cerros en condiciones muy precarias. Ellos, evidentemente, ejercen presión sobre los servicios de salud, de educación.
Estamos hablando en lo principal de una situación tremendamente preocupante y desigual por la cual funcionarios públicos se ven en condiciones muy muy desmejoradas, ya que no es posible comparar sus ingresos con los de un porcentaje minoritario que labora en la minería.
Todo eso llevó a la constitución de la denominada "mesa del sector público", que fracasó en el Gobierno pasado y que la actual Administración retomó con las nuevas autoridades tanto regionales como nacionales.
Después de bastante discusión, reflexión, etcétera, se logró este acuerdo, el cual tiene dos connotaciones.
En primer lugar, sé que muchos Senadores en esta Sala se han resentido con esta propuesta. Algunos dicen: "Pero La Araucanía es una de las regiones más pobres". Y es cierto. Sin embargo, la idea es establecer planes especiales y que estos se vayan concretando.
Entiendo que la Región de Los Ríos también sufre una situación especial, por su ruralidad. Los problemas no se ven precisamente en Valdivia, sino en las comunas de carácter más campesino. Habrá que ver el caso en su momento.
Decía que se plantean dos condiciones para entregar el beneficio: la que ya hemos descrito y el compromiso de que esto rija por un año.
Durante el 2015 se desarrollará un estudio riguroso, acabado, cuyo fin es medir el costo de la vida. Y dependiendo de sus resultados, se resolverá si se extiende o no la bonificación en comento.
El proyecto propone otorgar el beneficio -ya se ha explicado el asunto, el cual fue motivo de un largo debate- a los funcionarios públicos "que se encuentren en calidad de planta o a contrata y a los contratados acorde a la normativa del Código del Trabajo", y también al personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de la Atención Primaria de Salud Municipal, entre otras instituciones.
Sabemos que quedaron fuera algunos funcionarios, como los del Ministerio Público. Sobre el particular, conversé con el Ministro del ramo. La idea es que reciban beneficios a través del proyecto de ley que fortalece al referido organismo.
Tampoco se incluyó un número muy pequeño pero importante de trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial. Su situación se debe resolver reglamentariamente, porque les afecta una condición especial con relación a la forma en que son remunerados. O sea, se les debe dar solución por otra vía.
Me parece de entera legitimidad que haya una mirada más rigurosa a la hora de evaluar lo que ocurre en regiones como la nuestra, a la que por años se han entregado recursos.
En definitiva, se vive en Atacama una situación dramática por el costo de la vida, el cual no guarda relación alguna con el nivel de las remuneraciones que se pagan en la Administración Pública.
Los servicios son caros y complejos. El precio de los alimentos es alto por la distancia que implica su traslado.
Las cuentas del agua, que es un recurso escaso y de mala calidad, están entre las más caras del país. Además, hay que invertir el doble, porque es necesario comprarla envasada, dado que la que llega a los hogares es absolutamente intomable. Esta materia, evidentemente, ya está siendo analizada.
Por lo tanto, les pedimos a nuestros colegas que comprendan que estamos ante una situación un poco especial.
Finalmente, deseo referirme al financiamiento, aspecto muy importante.
Quiero decirle al Gobierno, con claridad, que legalmente no se pueden pagar con recursos del FNDR bonificaciones a empleados. Esos fondos son para inversiones del gobierno regional, las que no deben verse afectadas. Es muy relevante considerar ese punto.
Por lo tanto, en su momento hay que evaluar con mucho cuidado las reasignaciones. Si es necesario, se debe suplementar.
Nosotros no pretendemos, como dice el refrán, "desvestir un santo para vestir otro". Nunca se pensó en financiar la iniciativa con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Si así fuera, estaríamos cayendo en lo más absurdo de lo absurdo. Con la tremenda carestía y las dificultades existentes en la Región, no podemos imponerle al gobierno regional el financiamiento de este proyecto por 7 mil 500 millones de pesos, monto que equivale a cerca del 20 por ciento de su presupuesto.
Al respecto, el Ejecutivo adquirió un compromiso.
El diálogo que motivó esta propuesta legislativa fue encabezado por el Ministerio del Interior, a través de los delegados que mandó a Atacama. También participaron el Intendente y el conjunto de la mesa del sector público. Allí, con mucha generosidad, aunque con dificultades iniciales, se logró llegar a un acuerdo, en el que algunos sectores no quedaron incluidos. Pero, como aquí se ha mencionado, ellos tienen otras vías de solución.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señora Senadora.
Le doy segundos adicionales para que termine.

La señora ALLENDE.- Gracias, señor Presidente.
Repito que nunca se dijo que esto sería financiado directamente con dineros del gobierno regional. En consecuencia, esperamos que el Ministerio del Interior asuma sus responsabilidades y cumpla su compromiso.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Solicito la autorización de la Sala para que ingresen al Hemiciclo el Subsecretario del Interior subrogante, señor Mario Ossandón, y su asesor Rodrigo González.
--Se accede.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Si hubiera consenso, podríamos abrir la votación, sin perjuicio de continuar con la lista de los inscritos.
Acordado.
En votación la iniciativa.
--(Durante la votación).

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, efectivamente en la Comisión de Hacienda analizamos y aprobamos este proyecto. La mayoría de sus miembros coincidimos en que no podíamos negarnos a respaldar el otorgamiento de un beneficio a determinado número de funcionarios públicos.
Sin embargo, cabe tomar nota de que esta forma de tratar de paliar una situación real, como aquí se ha señalado, no es la más adecuada. Se debe buscar una fórmula más global.
Siempre he hecho presente que, para enfrentar el alto costo de la vida, el aislamiento, etcétera, ya existe una política nacional: la asignación de zona. Cada cierto tiempo, debiéramos considerar en la Ley de Presupuestos de qué manera compensar a quienes viven en los lugares donde se produce ese tipo de situaciones.
Pero, a mi juicio, lo más delicado es sentar un precedente. Porque la argumentación que hemos escuchado aquí para justificar esta propuesta es que en Atacama existe un elevado costo de vida, el precio de las viviendas es alto, etcétera, en circunstancias de que eso ocurre en muchas otras zonas del país, por distintas causas.
En relación con el proyecto mismo, si bien se otorga una bonificación especial a un importante número de funcionarios públicos, observamos que algunos quedan excluidos. Por tanto, se produce una discriminación. Por ejemplo, no se beneficia al personal de la Corporación de Asistencia Judicial ni al del Ministerio Público, a cuyos representantes escuchamos en la Comisión.
No entiendo por qué se dejó fuera a los profesores, cuando la propia iniciativa concede el beneficio a los asistentes de la educación y a los funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos de la Universidad de Atacama. Está muy bien que se incluya a estos. Pero ¿por qué no se consideró a los profesores?
Todos esos aspectos dan pie a una discusión sobre discriminación, tanto al interior de la Región donde se otorga el beneficio, como en comparación con otras regiones.
Ya he escuchado a varios Senadores anunciar que también van a levantar su bandera para pedir que se vea lo que está pasando en su zona y se solucionen los problemas que allí suceden.
Otro tema más delicado aún -lo planteó la propia Senadora Allende- es el financiamiento de esta futura ley, el cual se hace con cargo a los recursos del presupuesto de inversiones del gobierno regional.
Primero se dijo que se usarían fondos sectoriales. Pedimos que se aclarara el punto.
Lo propuesto es contradictorio con la política del Gobierno, cual es ejecutar el cien por ciento de los proyecto de inversión regional. De hecho, a través de la Ley de Presupuestos, estamos pidiendo utilizar la totalidad de lo asignado a nivel nacional para provocar un efecto positivo en la economía.
Si un gobierno regional no ha invertido 7 mil 500 millones de pesos, ¿hay que ver por qué?
A veces se destina dinero a cosas muy precisas, en circunstancias de que las regiones necesitan y reclaman mayores recursos para solucionar sus problemas. Por lo mismo, no tiene sentido ocupar fondos de inversión regional para el fin que aquí se propone, aunque sea muy loable. No debiera ser así.
Con todo, voy a apoyar este proyecto, pues no me opondré al otorgamiento de beneficios para funcionarios públicos afectados por la situación que se vive en la Región de Atacama.
Sin embargo, llamo la atención sobre el hecho de que este planteamiento abrirá un espacio de discusión general con muchas otras regiones, que reclamarán el mismo derecho por razones similares a las que hoy se esgrimen para favorecer a estos funcionarios.
Quiero dejar esa constancia.
En resumen, se produce discriminación tanto al interior de Atacama, al no beneficiar a todos los empleados públicos, como en comparación con otras regiones. Y resulta contradictorio el hecho de que los fondos regionales de inversión se destinen a un gasto corriente como el que se propone.
Voto que sí.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, el Senador que me antecedió en el uso de la palabra -si bien al final vota a favor, lo que respeto- me ahorra comentarios, porque sus argumentos son los mismos que yo sustento para pronunciarme en forma distinta.
Aquí no se trata de los que están a favor o en contra de la Región de Atacama. De partida, descarto esa lógica, que considero muy perturbadora respecto de lo que uno pueda reflexionar libremente.
He estado muchas veces allá y he hablado con la gente de nuestro Partido en ese lugar; así que mi posición no tiene que ver con aquello, sino con cómo se soluciona este tipo de problemas en el orden de las políticas públicas.
Con harta franqueza, quiero decir que el caso que nos ocupa está mal resuelto. La política pública que plantea esta iniciativa es profundamente equivocada. Y llamo a pensar en lo que significa como precedente para el futuro.
¿Cuál es la dificultad?
El costo de la canasta familiar en Atacama, según nos dice el informe -y no lo pongo en duda-, es muy alto. Por esa razón, a pesar de que no existe un estudio comparativo con otras regiones, mientras tanto, se decide entregar un bono de un millón de pesos a algunos funcionarios públicos de la Región.
Esa reflexión no me parece consistente.
Yo represento a la Región del Maule, que exhibe indicadores mucho peores que los de Atacama. Aquella tiene más necesidades y presenta grados de pobreza mayores. En días pasados, salió un informe que señala que las Regiones del Maule, de La Araucanía y del Biobío son las tres con menos ingresos en Chile y, por tanto, con más dificultades económicas.
Sin embargo, en vez de abordar esta materia globalmente y elaborar un estudio en serio sobre cómo funcionan las capacidades económicas de las regiones, a fin de establecer políticas públicas en esa línea, aquí se dice algo muy curioso: "Mire, mientras esperamos que se haga el informe pertinente, igual pasemos un bono a los funcionario de Atacama".
¿Entendemos que esa es la forma correcta de impulsar políticas públicas en los países?
En segundo lugar, creo que la resolución del proyecto es perjudicial para la propia Región de Atacama.
¿Por qué? Porque, si bien el costo de la canasta de alimentos es alto, la solución llega a algunos, no a todos: a los profesores no les llega; a la gente que está a honorarios no le llega; al Ministerio Público no le llega; a la Corporación de Asistencia Judicial no le llega; a los carabineros no les llega; a Gendarmería no le llega.
Si el costo de la vida es elevado en ese lugar, imagino que lo es para todos sus habitantes, incluidos los que mencioné. ¿O a los carabineros, a los profesores, a los funcionarios del Ministerio Público o de la Corporación de Asistencia Judicial no se les aplica lo mismo que al resto?
Entonces, conceptualmente, se genera un error muy grueso al proponer una solución muy desigual. Instalada esa política pública, la línea de respuesta me parece muy perturbadora.
A mayor abundamiento, esto se financia gracias a proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional -lo dijo el Gobierno- que no se van a llevar a cabo.
El Senador Lagos en eso fue muy coherente en la Comisión de Hacienda. Dijo: "Es bien raro que queden proyectos sin hacer, porque habíamos resuelto con el Gobierno establecer en el mes de diciembre todos los proyectos. Y si no se ejecutaba el cien por ciento de ellos, se perdía la plata". Bueno, resulta que ahora ya se está admitiendo que el 20 por ciento no se va a concretar, y de ahí van a salir los 7 mil 500 millones de pesos para financiar esta iniciativa.
Señora Presidenta, yo sé que uno trata de solucionar problemas, y siento un profundo respeto por la gente de Atacama, pero varias personas de esa Región me han mandado mails reclamando por esta propuesta legislativa. Estoy tapado de correos de profesores, de la gente del Ministerio Público que fue a la Comisión, de funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial. No me han mandado mails ni los carabineros ni los gendarmes, pero les aseguro que los interpreto plenamente con lo que estoy planteando.
En verdad, tengo la mejor voluntad de colaborar. El Senador Prokurica ha sido uno de los defensores del proyecto y quiero ayudarlo. Sin embargo, hay que pensar en el país y en el precedente que se genera.
De seguro, los cuatro Senadores del Maule nos demoraríamos 30 segundos, transversalmente, en proponer una iniciativa similar que favorezca a nuestra Región. Pero no puede ser esa la fórmula para resolver los problemas.
Si queremos impulsar políticas públicas en ese sentido, debemos elaborar primero un índice regionalizado de canasta familiar -algunos sostienen que es muy difícil, cosa que comparto- o establecer algún instrumento que permita, objetivamente, saber qué está pasando en Chile. Y compensar, a partir de esos resultados, me parece una buena idea.
Hagámoslo de esa forma, no en el sentido inverso, donde de alguna manera los hechos son más fuertes que las razones.
Señora Presidenta, no puedo apoyar una propuesta que deja fuera a los profesores, a los carabineros, a los gendarmes, a la gente del Ministerio Público, a los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, a los trabajadores a honorarios. ¡No puedo, por un sentido de justicia!
Y tampoco es aceptable que los recursos salgan de la inversión regional.
En suma, me parece que el proyecto no está bien realizado.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero explicarles a Sus Señorías la situación que se nos presenta.
Primero, habíamos acordado que en lo posible no intervendrían más de cuatro Senadores en este debate. Como yo no puedo impedirles que funden el voto, hago un llamado a la conciencia de cada cual para que sean más breves.
¿Por qué? Porque después debemos abordar la iniciativa sobre acuerdo de unión civil. La Cámara de Diputados está esperando que la despachemos para poder verla.

El señor WALKER (don Patricio).- ¡No fundamentemos entonces!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tengo diez Senadores inscritos para intervenir en el proyecto que nos ocupa y dos iniciativas más con "discusión inmediata", aparte de la que mencioné.
Por lo tanto, a este paso, me voy a ver obligada a realizar la sesión de la tarde, a pesar de que informalmente se había previsto -lo conversé con varios Senadores y Senadoras que se me han acercado- despachar todo antes de las 14 horas.
A este ritmo, no nos quedará otra que seguir trabajando en la tarde.

El señor LAGOS.- Muy bien.

El señor MONTES.- De acuerdo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se los señalo para que tomen las medidas del caso, sobre todo a quienes han comprado pasajes, a quienes tienen que volver a sus regiones.
Ojalá se cumpliera lo que habíamos dicho: que no intervengan más de cuatro oradores en esta iniciativa. Así daríamos curso al siguiente proyecto. Reitero que la Cámara Baja, que se halla citada hasta las 14, está esperando el despacho de este.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, quiero plantearle a la Mesa un tema reglamentario respecto del artículo 3°.
El Fondo Nacional de Desarrollo Regional está consagrado en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y sus recursos solo pueden ocuparse en inversión. Pero el artículo 3° los está destinando a gasto corriente.
Por lo tanto, desde mi punto de vista, dicha norma debería votarse con quórum de ley orgánica constitucional, porque ese es el rango que tiene el FNDR.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Estamos en votación. Pero el señor Subsecretario, si lo desea, puede clarificar el punto.
En todo caso, la Comisión de Hacienda no consideró que esta disposición sea de quórum especial. Y el criterio de la Mesa, en general, es acoger lo que establece el órgano técnico.
Antes de continuar dando la palabra, insisto en que traten de acoger lo que les estoy pidiendo y, sobre todo, cumplir lo que dijimos al inicio de la sesión. La idea era hacer un despacho rápido para este proyecto y se habló de que intervendrían cuatro Senadores.
Les insisto: tengo diez oradores inscritos. Así no vamos a lograr lo que nosotros mismos nos propusimos.
Ruego a los Senadores que están inscritos que desistan de hacer uso de la palabra o que intervengan menos de cinco minutos. De lo contrario, deberé citar a sesión a partir de las 3 de la tarde.
Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, uno no puede estar en desacuerdo con propuestas que mejoren la calidad de vida de personas que habitan en zonas extremas y de condiciones muy duras.
Sin embargo, comparto con quienes han hablado antes la idea de que lo planteado en esta iniciativa es absolutamente discriminador. No hay ninguna razón para que algunos funcionarios reciban el bono y otros no. No existe ningún motivo para que gendarmes, carabineros, profesores, etcétera, queden fuera de este beneficio. Y creo que, desde el punto de vista de ellos, debe ser tremendamente irritante.
Yo pertenezco a la Región del Biobío, donde hay zonas de rezago, como Arauco, Lota, Coronel, con pobrezas enormes, con problemas sociales. Y de verdad uno pregunta: "¿Por qué a la Región de Atacama y no a la del Biobío?".
En mi concepto, esta política pública es extremadamente discriminadora, no solo a nivel interno, sino también respecto de otras regiones.
Y la solución que se está dando, de pagar esto con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, me parece que significa vestir un santo desvistiendo otro.
Dicho Fondo está orientado a desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunas, justamente buscan atacar la pobreza.
Si el Gobierno hubiese tenido la voluntad de resolver esto, que a lo menos no hubiese puesto recursos de la región.
Para el Presupuesto de la nación 7 mil millones de pesos es poco. ¡Pero 7 mil millones de pesos equivalen al 20 por ciento del Fondo de Desarrollo Regional de Atacama! ¿A quiénes van a perjudicar?
Y se entrega como explicación que "son platas que no se van a gastar". Si ahora, en enero, nosotros sabemos que el intendente de esa región no será capaz de gastar esos fondos, yo sinceramente, con toda humildad, le recomendaría al Gobierno que lo cambie. Porque tener un intendente que no puede gastar el 20 por ciento de los recursos me parece que habla muy mal de su capacidad.
Ya me parece mal que el beneficio se dé solo a algunos. Y encuentro peor que se otorgue únicamente a una región. Pero que además esto se haga con platas del Fondo de Desarrollo Regional de la misma región, que apunta justamente a promover el desarrollo regional, creo que es una pésima solución.
Yo no puedo votar en contra de esto, pues beneficia a algunas personas. Pero pienso que de verdad como política pública es muy mala. Y, por lo mismo, tampoco me es posible pronunciarme a favor.
Por esa razón, me abstengo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, votaré a favor del proyecto porque el Senador Prokurica me ha explicado en muchas oportunidades la difícil situación que viven los funcionarios públicos de la Región de Atacama por el enorme aumento en el costo de la vida. Y también la señora Presidenta, en su calidad de representante de la Tercera Región, me lo ha hecho saber.
Sin embargo, debo dejar manifiestamente claro que esto es profundamente injusto con los funcionarios públicos de las otras regiones.
Este beneficio lo reciben los empleados públicos de las Regiones de Tarapacá, de Antofagasta, de Aysén, de Magallanes. Ahora accederán a él los de la Región de Atacama. Y con justa razón nosotros, que somos la Región con los peores indicadores sociales del país, la más pobre de Chile, nos preguntamos por qué no están aquí los funcionarios públicos de la Región de La Araucanía.
Como bien lo decía el Senador Coloma, es cosa de que nos juntemos los parlamentarios de la zona, nos pongamos de acuerdo, hagamos la presión suficiente, lleguemos a un acuerdo con el intendente y esto se financie con cargo a la inversión regional, dejando sin financiamiento proyectos de inversión que son muy sentidos y muy necesarios para el desarrollo de la zona.
Esa no es la forma de legislar.
En el caso concreto de la Región de Atacama y de este proyecto, ayer el señor Mario Ossandón, en su calidad de Subsecretario del Interior subrogante, manifestó que esto no se financiaba con recursos de inversión del Gobierno regional, sino con fondos de inversión sectorial.
Es muy importante que se aclare cómo se costea la iniciativa, porque el único antecedente válido que tenemos -el informe financiero- indica que se hace con recursos de inversión del Gobierno regional.
También me hago eco de que no están todos los que deben estar de la Región de Atacama. Aquí hay una discriminación absolutamente arbitraria con los profesores, con los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, con los empleados del Ministerio Público y, además -esto es muy importante-, con los funcionarios a honorarios que cumplen tareas permanentes en los servicios públicos. Ellos son los más débiles: no se les efectúan cotizaciones previsionales ni de salud; muchas veces el uso de sus vehículos y el gasto en combustible está incorporado a sus contratos de trabajo. Y a ellos se los está dejando fuera de este apoyo económico.
¡Eso es absurdo! ¡Es incomprensible!
Ahora bien, no por todas las deficiencias de que adolece el proyecto privaremos a los funcionarios pertinentes del beneficio y dejaremos sin cumplir además un compromiso que ya han construido el Gobierno regional y los parlamentarios de la zona.
Voto a favor. Pero, insisto, esto es un muy mal precedente. Y creo que a los funcionarios públicos de La Araucanía les asiste el legítimo derecho de contar con una asignación como esta, por las circunstancias difíciles en las que deben trabajar.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, comparto absolutamente las críticas que se han formulado a este proyecto por los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
Votaré a favor por las siguientes razones.
En primer lugar, porque no por el hecho de que un proyecto de ley no beneficie a todos los trabajadores que debiera alcanzar y establezca una discriminación arbitraria respecto de los funcionarios de otra región, voy a perjudicar a aquellos que son beneficiados.
Pero quiero precisar que esta iniciativa sienta un precedente pésimo. Entonces, asumamos la responsabilidad hacia el futuro.
Yo estoy en esta Corporación porque soy Senador de la Región de La Araucanía. Ese es el motivo por el cual el Senado representa territorios. Y uno ha de defender los intereses de su Región.
La de La Araucanía no solo es la más pobre, sino que por lejos es la que tiene la mayor conflictividad de Chile. ¡Pero absolutamente por lejos!
La Región de La Araucanía se encuentra hoy en llamas con un conflicto que se arrastra por cien años, con pequeños parceleros y agricultores que viven en condiciones francamente inhumanas -y cuando hablo de parceleros y agricultores, hablo de mapuches y no mapuches-, a quienes les están quemando sus campos, sus tierras, sus animales.
Además, esto aumenta la pobreza, porque hoy invertir en la Región de La Araucanía es muy complejo, muy difícil.
En agosto pasado, le presentamos una propuesta a la Presidenta Bachelet con todo un planteamiento en torno a cómo enfrentar la pobreza rural, a través de la "CORFO rural", con recursos especiales, a fin de que no solo los funcionarios públicos, sino también el resto de la ciudadanía acceda a mayores ingresos.
Yo respaldo este proyecto. Conozco los esfuerzos que han hecho los Senadores de la zona. A Sus Señorías no les cabe ninguna culpa y nosotros no tenemos por qué perjudicar esta decisión. Pero es de un grado de injusticia que se margine a algunas regiones de esta materia. ¡Es increíble!
Vuelvo a insistir: aquí no hay responsabilidad de los Senadores de Atacama. Tienen razón, los apoyo y me parece bien, porque esto podríamos hacerlo para todas las regiones. Pero digamos cómo lo estamos llevando adelante.
Entonces, después sentamos estos precedentes. Por lo tanto, lo que uno debe hacer -y yo lo haré- es juntarse con los funcionarios públicos de su región, pedirles que se movilicen, pero no por la carretera, para que no los acusen por la Ley de Seguridad del Estado. Como me conozco de memoria la ley, sé que si van en filita calladitos por la berma no les va a pasar nada.
Insisto nuevamente, para que no haya malas interpretaciones, porque entiendo que aquí alguien puede creer que hay que rechazar este proyecto. Yo pienso que hay que aprobarlo. No tenemos por qué perjudicar a trabajadores a los que además ya se les formó la ilusión y la idea de los beneficios. Encuentro que sería el colmo que les hubiéremos ofrecido estos beneficios y después se los rechazaran. ¡Ya ahí sería increíble!
Yo los llamo a votar a favor. Pero estamos escogiendo un camino muy tortuoso.
Señalo lo anterior porque a nosotros no nos costaría nada movilizar a algunas personas que son entusiastas en La Araucanía. Tenemos muchos dirigentes mapuches y de los agricultores muy apasionados en estos temas. Y ni hablar de los funcionarios públicos, porque ellos viven el verdadero infierno.
Apoyo esta iniciativa, porque hay un compromiso y porque creo que defraudar a las personas beneficiadas sería un desastre.
Sin embargo, pienso que el camino que estamos siguiendo, o lo aplicamos para todos o terminamos generando una situación irresistible para el resto de las regiones.
Apoyo el proyecto, con todas las prevenciones y aprensiones que he señalado.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, en primer lugar, reclamo por el hecho de que este proyecto se esté tramitando a última hora, pues involucra temas delicados que afectan a los empleados públicos de todo el país, ya que Atacama no es una zona extrema.
Bien lo dijo el Senador Zaldívar: tenemos que reestudiar la situación.
Sin embargo, actualmente hay instrumentos legales que permiten una mayor justicia para los empleados públicos, sobre todo en lugares que igualmente son aislados.
Yo represento a la Región de O´Higgins, donde también existen sectores aislados que se ven afectados por un costo de la vida mucho más alto que el de las ciudades más importantes. Y a esas personas les cuesta mucho más el arriendo, deben asumir mayores costos de vida y no reciben asignación de zona.
Por eso, tenemos que buscar un sistema equitativo y justo para todo el país, pero no este tipo de legislaciones.
Yo felicito al Senador Prokurica y a la Senadora Allende por el esfuerzo que hacen por su gente.
Desgraciadamente, la mayoría de los empleados públicos quedaron fuera, pues se hallan bajo el régimen de honorarios y no recibirán este beneficio, que, por lo demás, es solo por el 2015. Me señalan que mientras se hace un estudio.
Me parece muy relevante que ese estudio se haga a nivel nacional, no solo en la Región de Atacama.
Por otro lado, nosotros también tenemos minería en la Región de O´Higgins, lo cual sube el poder adquisitivo de un sector muy importante. Pero eso produce una discriminación tremenda con otros sectores de la economía, incluidos los empleados públicos.
El profesor, al que le cuesta lo mismo que a un empleado público el arriendo de una casa, queda fuera de este proyecto, al igual que los carabineros -como bien dijeron-, los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial y del Ministerio Público, ¡y también aquellos que están a honorarios, pues!
Cabe aclarar que mediante la presente iniciativa, que se ha considerado como ley simple, el Senado, el Parlamento y el Gobierno le están quitando recursos de inversión a una región. Por tanto, el planteamiento del Senador Orpis es muy claro: este proyecto debe aprobarse con el quórum especial correspondiente o, de lo contrario, estaremos afectando directamente lo que queremos para las regiones: la autonomía máxima, sobre todo en materia financiera.
Entonces, creo que aquí se está trabajando al revés.
Por ello, quiero pedirle al Ejecutivo, que se halla presente en la Sala, que nos explique qué solución está pensando a futuro, toda vez que este proyecto es únicamente para el presente año, solo para algunos funcionarios públicos de una región determinada, en circunstancias de que este problema afecta a todos los trabajadores de la Administración Pública del país.
En consecuencia, estos datos no solo debieran ir en el estudio socioeconómico y de vida, sino también en el trato definitivo que les vamos a dar a las personas que se hallan a honorarios, que no tienen cobertura de salud, que no gozan de vacaciones, que no disponen de previsión y que, aunque dependen del Estado, permanentemente siguen postergadas.
Yo reclamo por eso, señora Presidenta.
Votaré a favor del proyecto, porque no queremos afectar la ilusión y las necesidades de los funcionarios públicos de la Región de Atacama. Pero me parece que su contenido es tremendamente injusto para el resto de las regiones.
Y protesto porque con esto se abre una brecha y la posibilidad de una negociación región por región, disminuyendo a lo mejor los recursos de que cada una dispone para sus inversiones.
Lamento profundamente que esta iniciativa se haya tratado tan rápido. La información la tuvimos solo ayer en la tarde. El informe es bastante escuálido y no tenemos más antecedentes que los que figuran en el documento del que disponemos en este instante.
En todo caso, voto afirmativamente, esperando que no se presente nunca más un proyecto de esta naturaleza.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, seré muy breve, pues solo deseo formular dos comentarios.
En primer lugar, quiero reforzar el planteamiento del Senador Orpis. Efectivamente, la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional establece, en su artículo 74, que "El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un programa de inversiones públicas, con finalidades de desarrollo regional y compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de desarrollo social, económico y cultural de la región, con el objeto de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo.".
Vale decir, los recursos que se están utilizando para financiar esta asignación no pueden provenir del Fondo de Desarrollo Regional, porque su objetivo es el desarrollo de la región o la compensación territorial, y nada de eso se logra con esta iniciativa.
Por lo tanto, para aprobar este proyecto en lo que dice relación con su financiamiento -por lo demás, viene acompañado del informe financiero respectivo-, se requiere el quórum correspondiente a ley orgánica constitucional.
En segundo término, quiero hacerme cargo y eco de las afirmaciones que se han formulado en esta Sala en cuanto a la necesidad de otorgar asignaciones similares a otras regiones.
Al respecto, solicito a la Mesa que oficie al Ejecutivo en mi nombre y en el de los colegas que quieran sumarse para que en las Regiones de La Araucanía, de Los Ríos, del Maule y del Biobío, que de acuerdo a la última encuesta CASEN son las más castigadas por la pobreza, pueda asignárseles a los funcionarios públicos una bonificación especial igual a la que se les está entregando a los de Atacama, porque, de lo contrario, estamos cometiendo una injusticia y discriminando entre regiones.
Aquí hay un antecedente objetivo.
Si ustedes estudian la última encuesta CASEN, las cuatro regiones que acabo de mencionar -de La Araucanía, de Los Ríos, del Maule y del Biobío- son las que viven dificultades mayores.
Por lo tanto, solicito que se oficie en mi nombre para que también a los funcionarios públicos de las regiones señaladas se les pueda asignar este mismo beneficio.
Con esas consideraciones, voto que sí.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, seré muy breve.
Una vez más constatamos cómo el Estado de Chile es lejos el peor empleador.
Nosotros en la Región de Magallanes, en virtud de nuestra particular ubicación, geografía, condiciones de vida, clima, etcétera, sabemos lo importante que es contar con algunas compensaciones. Tanto es así que cada vez que un funcionario público es trasladado a una región extrema, el Estado ha entendido, desde siempre, que debe entregarle bonos compensatorios.
Por eso hemos solicitado insistentemente el establecimiento de macrozonas en nuestro país, para determinar los costos de vida en una macrozona patagónica, sur, centro, norte, extremo norte, etcétera, porque las condiciones y los costos de la vida en ellas son distintos.
Y aquí estamos asistiendo a una realidad.
En efecto, la actividad minera otorga plusvalía a las propiedades y provoca un encarecimiento en el costo de la vida. En esos lugares todo cuesta al menos un 20 por ciento más que en el centro del país. Por lo tanto, los salarios, los sueldos y las jubilaciones no rinden lo mismo.
Los entiendo tanto a usted, señora Presidenta, como al Senador Prokurica, que permanentemente han estado llevando adelante la defensa del territorio que representan. Y por eso votaré favorablemente este proyecto.
Sin embargo, debemos comprender que aquí nos encontramos ante algo que todos los años repetimos y repetimos y repetimos: la situación en que se encuentran los funcionarios públicos. Aquellos de planta y a contrata recibirán este beneficio, pero la gran mayoría de los trabajadores de la Administración Pública a honorarios verán pasar esto sin compensación alguna. O sea, aparte de no tener cobertura previsional ni protección de salud, ellos tampoco recibirán este beneficio que trimestralmente entregará un aporte de 240 mil pesos como bono compensatorio. Es decir, no podrán gozar de este beneficio precisamente los trabajadores que se hallan en las peores condiciones laborales, de inestabilidad, de vulnerabilidad, de desprotección.
Entonces, entendiendo el propósito del proyecto, por supuesto que votaré a favor, pues comprendo la defensa que usted, señora Presidenta, y mi amigo Baldo Prokurica hacen en su calidad de Senadores de la Región de Atacama, así como nosotros lo hacemos con relación a nuestros territorios, a nuestras regiones.
Pero no podemos dejar de decirle al Gobierno que hay una deuda enorme y que cuanto sucede con posterioridad es producto precisamente del grave daño que se les inflige a servidores del sector público al dejarlos en una precariedad laboral que termina en pensiones de hambre, con las que no pueden vivir. Y ahí reaparecen los bonos, las compensaciones, los incentivos al retiro, con los que se procura tapar el inmenso perjuicio que el Estado les provoca a sus propios trabajadores.
Voy a votar favorablemente, porque entiendo la necesidad existente y la petición que se nos formula. Y las entiendo desde la perspectiva de una región extrema, sufrida, que conoce del rigor, que sabe de la importancia de estos bonos. Pero insisto en que debiera haber una política pública para transparentar la situación laboral de un sector que hoy trabaja en condiciones muy desventajosas, muchas veces con pago a base de honorarios que se prolongan por diez, quince o más años, lo que lleva a una situación absolutamente insostenible.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, creo que en este caso la intención, como siempre positiva y buena, tiene un problema serio y real: las platas salen del FNDR.
Nadie podría dudar de la necesidad de los funcionarios públicos involucrados, con las exclusiones que se indican: no están las Fuerzas Armadas, ni la PDI, ni Carabineros.
Y yo quiero comprometer a la Sala, porque vamos a votar a favor o nos vamos a abstener -no lo sé- ante un proyecto bien intencionado, que busca resolver un problema de fondo que afecta a una Región que históricamente ha generado muchísima riqueza.
Todos los indicadores económicos revelan que la minería es el 90 por ciento de la actividad económica de dicha Región, que además tiene una historia emblemática. Ahí estuvo la revolución, desde Copiapó, en el Gobierno conservador de Manuel Montt; derrotado el ejército de Pedro León Gallo, surge el Partido Radical. Hay allí una tradición de lucha. Es una de las regiones con las cuales a ningún político le gustaría pelearse, porque a lo largo de la historia, desde hace más de ciento cincuenta años, ha demostrado que es capaz de levantarse contra el gobierno central.
Sin embargo, quiero señalar, señora Presidenta -y Su Señoría representa también a la circunscripción respectiva-, que utilizar los recursos del FNDR en esta situación no es lo más adecuado.
Yo habría esperado que el Ejecutivo hubiera generado un fondo especial y que hubiéramos dicho: "¿Hay necesidad de compensar?". "Sí: hay necesidad de compensar, por el aislamiento, por el alza del costo de la vida". "¿Hay necesidad de crear una política especial para Atacama, en una alianza estratégica público-privada con la minería privada?". "También". Porque el problema no estriba en que sea una Región pobre: es una Región rica, pero en ella está mal distribuida la riqueza.
No tengo los indicadores a la vista. Si pudiéramos tenerlos veríamos con claridad que las utilidades de las empresas privadas de la minería son extraordinarias.
Uno constata, entonces, que de la enorme riqueza que se genera en Atacama muy poco o nada queda en la Región. Y, además, el FNDR pareciera ser insuficiente.
Yo quiero llamar la atención sobre el incentivo perverso a que, si sobra plata en el FNDR, la distribuyamos entre los funcionarios públicos.
¡Es lo peor!
El incentivo del Gobierno debe ser a que se gaste la plata, a que no sobre, a que haya desarrollo.
Yo quiero en el FNDR más recursos para las regiones destinado al desarrollo local y no a inversiones sectoriales. Porque hoy el FNDR en su conjunto resuelve inversiones sectoriales; no está para el desarrollo regional.
Ese es el grave problema que tenemos en la Región del Biobío, donde aquello supera los 100 mil millones. Se destinan a un conjunto de elementos que nada tienen que ver con el desarrollo, con lo que leyó el Senador Larraín. Más bien se suple la ausencia de financiamiento sectorial.
Por tanto, yo le haría un llamado al Gobierno. Y el Senado tiene la posibilidad, en la Ley de Presupuestos para 2016, de hacer un debate profundo sobre las necesidades reales de las regiones y el origen de los fondos.
Hay una Comisión de Zonas Extremas; y tenemos Senadores que representan a estas. Entiendo que la diferencia entre Atacama y Arica, entre la Segunda y la Primera o la Decimoquinta Regiones es que estas sí tienen "zona". Porque nada explicaría que hubiera un bono para la Segunda Región y no para Arica y Parinacota.
A mí me habría gustado -la Comisión emitió un certificado- saber exactamente cuál es el elemento comparativo con el resto de las regiones extremas del norte, no para rechazar el proyecto, sino para decir que en la Ley de Presupuestos de este año nos vamos a preocupar de tener una visión más general sobre la situación de aquella zona, para generar condiciones que no discriminen.
Voy a votar a favor de esta iniciativa. Y anuncio que en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos plantearé la necesidad de revisar esta fórmula de financiamiento.
Lo anterior, porque el artículo 3° podría permitirles a quienes concurren de manera permanente al Tribunal Constitucional recurrir a esta instancia para plantear que los dineros en cuestión no pueden utilizarse como se pretende. Y ello implicaría declarar inconstitucional la norma del financiamiento.
Para que aquello no ocurra, debiéramos tener una resolución de fondo. Porque el bono en comento será exigido por Atacama en 2016, tanto más cuanto que los problemas no se van a resolver en 2015. Por lo tanto, los recursos se transformarán en permanentes.
Yo estaría de acuerdo en discutir aportes permanentes con fuentes de financiamiento permanentes. Y eso significa el debate que vamos a dar en la Ley de Presupuestos.
Tal es mi compromiso con la Senadora Allende, con el Senador Prokurica y con la Región de Atacama, para resolver el problema de fondo en debida forma.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El

señor ORPIS.- Señora Presidenta, no me gustaría aparecer en este debate como alguien mezquino, sobre todo considerando que nuestra Región tiene también el beneficio de que se trata. Pero quisiera que el Senado tomara conciencia de lo delicado que es el artículo 3°, donde se prevé el financiamiento de la ley en proyecto.
Aquí no estamos frente a una norma excepcional: el artículo 3° es permanente.
Tal es el primer alcance.
Ahora bien, yo no había visto en el Congreso Nacional, desde que soy parlamentario -primero, Diputado; luego, Senador-, que con cargo a recursos de inversión se financiara gasto corriente.
Ese es el punto central.
Yo creo que aquello -¡por favor, tomemos conciencia!- va a ser un atentado contra la descentralización. Porque la señal que estaremos dando al aprobar el artículo 3° tal como viene concebido será la de que en todas las regiones, sin excepción, incluida la de Atacama, donde existen muchas aspiraciones legítimas de harta gente, a partir de ahora distintos sectores se van a dirigir al Gobierno regional para decirle: "Como en este proyecto de ley específico se estableció el precedente del artículo 3°, hoy, con cargo a recursos de inversión, se puede financiar gasto corriente".
Considero que aquello es lo peor que les puede ocurrir a las regiones. Es nefasto, porque estas requieren que el gasto corriente se financie con recursos corrientes, y los gastos de inversión, con recursos de inversión. Ello, sin perjuicio de que esta materia es propia de ley orgánica constitucional -lo señaló el Senador Larraín-, pues el FNDR tiene ese rango; por ende, el artículo 3° debería aprobarse con el quórum pertinente.
Ahora, más allá de que el artículo 3° sea aprobado con rango orgánico constitucional, aquí se está estableciendo en una norma permanente el precedente de que con cargo a recursos de inversión se puede financiar gasto corriente.
Eso es lo más delicado que puede ocurrir en materia de descentralización.
Distinto habría sido que se hubiese planteado -ello aminora, pero igual es grave- el artículo 3° con carácter transitorio y que en la Ley de Presupuestos se hubiera aprobado el financiamiento con cargo al Gobierno central.
Aquí no estamos frente a una norma transitoria: el artículo 3° es permanente.
En consecuencia, reconociendo la aspiración legítima existente en el caso de Atacama, creo que se escogió la peor forma de financiamiento, porque ataca directamente la descentralización, los niveles de autonomía de los gobiernos regionales. Y el peor precedente para mí es que en la práctica se estarán restando recursos de inversión, porque con ellos se terminará financiando gasto corriente.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, sin duda, los funcionarios de Atacama sufren las condiciones en que vive esta Región. Como se decía aquí, es una Región rica, esencialmente minera. Por tanto, todos los costos cotidianos de la vida son acordes a la realidad que impone la minería y esos servidores públicos sufren la diferencia de estar en un rango de remuneraciones como el de la Escala Única de Sueldos y tienen una existencia extraordinariamente difícil.
La intención de resolver aquello me parece adecuada.
Sí, me llaman la atención -y lo considero del todo negativo- no solo la fórmula consistente en sacar financiamiento de la inversión de la Región, echar mano al FNDR, formado con recursos previstos para resolver cuestiones de desarrollo regional, derrotar la pobreza, afrontar problemas de salud e innumerables otros fines, sino también las exclusiones que se hacen en esta iniciativa.
¿Cuál es la diferencia que tiene un profesor con un funcionario de Impuestos Internos de Atacama, por ejemplo? Ambos sufren las mismas circunstancias adversas de esa Región que se han reseñado, pero a uno se le dará un bono y al otro no.
Yo estoy seguro de que Atacama y las demás regiones de nuestro país necesitan mayor dotación de carabineros y de efectivos de la Policía de Investigaciones para labores de seguridad pública y, por ende, permanentemente hacen requerimientos en tal sentido. Y sucede que ni a los funcionarios de ambas policías ni a los de Gendarmería se les entrega el bono en comento: se los discrimina, pese a que tienen las mismas dificultades que los otros servidores.
En la Comisión de Defensa Nacional los mandos de las instituciones armadas han expuesto las dificultades que tienen para destacar personal en zonas como esa, por las remuneraciones insuficientes que se reciben para llevar allí una vida digna, situación que se agrava por la imposibilidad de usar una casa fiscal.
La Corporación de Asistencia Judicial y un sinnúmero de servicios quedan fuera del proyecto. En este hay una discriminación que no se condice con la necesidad de llevar adelante el propósito que se persigue.
El Gobierno debe resolver el problema de manera permanente. Tiene que igualar el sistema de beneficios de la Decimoquinta y la Primera Regiones al de Atacama. No hay duda de que esa es la solución definitiva que se ha de dar. Pero esta normativa únicamente genera una discriminación al interior de Atacama y le inflige un daño a esta Región al sacarle recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Es como si el Gobierno dijera: "Voy a entregar un beneficio, pero con platas de esta región y no con recursos míos".
Además, en nuestras regiones va a haber dificultades. En efecto, la Presidenta de la República estableció zonas de rezago y dispuso prioridad para ellas. Así, va a venir un proyecto sobre territorios con dificultades sociales, económicas, de desarrollo.
En la Región que yo represento está Arauco. Los funcionarios públicos de esta provincia no tienen ninguna posibilidad de conseguir un beneficio como el que se está aprobando hoy. Por consiguiente, se van a sentir con legítimo derecho a pedirlo. Y para Arauco sería extraordinariamente negativo -lo digo desde ya- que se otorgara con fondos de inversión de esa provincia.
Creo, señor Presidente, que estamos ante un muy mal proyecto, que es una buena intención pésimamente realizada.
Yo reclamo del Ejecutivo la solución del problema central con una política de fondo. Y cuenta con todos los instrumentos para ello.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, en primer término, quiero destacar la perseverancia y la capacidad de trabajo de los Senadores que representan a la zona a la que se pretende beneficiar con este proyecto.
En pedir no hay engaño. Y creo que hay que representar las necesidades. Pero el problema no está en los Senadores que motivan esta normativa, sino en el Gobierno.
¡Esta es la peor forma de legislar! ¡Esta es una muy mala forma de legislar! Y lo digo con mucha responsabilidad, siendo probablemente más gobiernista que muchos de los que están instalados en mi sector.
Si se establece un bono para determinados funcionarios de una región y los recursos para financiarlo se extraen de fondos de inversión del Gobierno regional, la fórmula no me parece apropiada.
Yo entiendo que la Senadora Allende y el Senador Prokurica hicieron un planteamiento en su legítimo derecho a representar las inquietudes de servidores públicos. Pero la solución es mala.
En este caso se debió armar una mesa de diálogo, hacer una evaluación y decir. "Un momentito. Veamos cuáles son las necesidades reales, cuál la capacidad económica, cuál el costo de vida; quiénes son los más perjudicados, quiénes los más beneficiados".
Solo para dar un ejemplo: aquí quedan fuera todos los funcionarios a honorarios, quienes son los de mayor precariedad laboral, aquellos a los que se puede despedir en cualquier minuto. Y se beneficia a trabajadores de planta, quienes ciertamente enfrentan necesidades, pero tienen asegurado el trabajo. Se beneficia también a funcionarios a contrata, quienes, de acuerdo a las últimas normativas, cuentan con estabilidad por a lo menos un año.
Entonces, primer punto: se discrimina a aquellos que requieren un apoyo efectivo.
Las personas a honorarios no solo no tienen estabilidad laboral: dentro de sus remuneraciones no están contemplados los gastos previsionales; entonces, salvo que medie el proyecto anunciado para postergar el descuento automático de las imposiciones a través de la Tesorería General de la República, esa gente, que hoy recibe una remuneración fija, en la práctica verá disminuidos sus ingresos en el 20 por ciento que se le descontará por planilla para AFP y salud.
Creo, pues, que se eligió una mala fórmula.
Ahora, yo me pregunto por qué se beneficia a los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil y no, por ejemplo, a Carabineros, a Gendarmería, a la PDI, al Ministerio Público, cuyos funcionarios ¡arriesgan su vida todos los días!
¿Cuál es la explicación racional para favorecer a los funcionarios de la DGAC?
A mí esto no me parece adecuado.
Tampoco considero adecuado -insisto- que el origen de los recursos sea el FNDR.
La Ley Orgánica Constitucional N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional, establece cuál es la finalidad del FNDR. Y en ninguna parte se dispone que es para pagar bonos o para incrementar remuneraciones. Eso es gasto corriente: debería estar en una glosa especial en la Ley de Presupuestos.
Por último, señora Presidenta -lo digo con absoluto respeto por la Región de Atacama-, debo señalar que yo represento a la Región del Biobío cordillera. En la provincia de Arauco están tres de las diez comunas más pobres de Chile. No tenemos la posibilidad de contar con la ENAMI, que sí existe en la Tercera Región, para comprar cobre a los pequeños mineros. El Gobierno pasado cerró ENACAR: no hay poder comprador de carbón en Curanilahue; no existe poder comprador en la provincia de Arauco.
¡Esa gente sí está pasando hambre!
En consecuencia, debiéramos pensar más bien en lo de fondo que estamos trabajando con Senadores y Diputados de la Oposición y el Ministerio del Interior: una ley de rezago, una solución integral; no un bono para determinados funcionarios.
Creo, señora Presidenta, que en estas materias se requiere un tratamiento más serio, más responsable, más permanente y más estructural.
No es adecuado el camino que se eligió en esta oportunidad.
Insisto: la responsabilidad no es de quienes hicieron la petición; ella radica en la solución que se está dando.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Senador Lagos, ¿usted debe volver a la Comisión de Hacienda?

El señor LAGOS.- Sí, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, tiene la palabra.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, de todas las intervenciones que he escuchado, han sido pocas las dirigidas a aplaudir la iniciativa, para ser bien franco.
Media un buen motivo para tramitar el proyecto: en la Región de Atacama se registra un alza real en el costo de la vida y los funcionarios públicos enfrentan una necesidad evidente, y el objetivo que se persigue es otorgar un beneficio. Desde ese punto de vista, creo que en la Sala no hay nadie que no quiera apoyarlo, incluido el Senador que habla.
El "pero", el "sin embargo", el reparo dicen relación con aspectos de fondo y de forma que cuesta digerir.
Para comenzar, se expresa que la razón es compartida por todos. Estamos de acuerdo.
Se plantea que el apoyo es transversal. Mi reflexión ha sido: "¡Era que no!". En diez minutos, junto al Honorable señor Chahuán, consigo un acuerdo de esa índole con los Senadores señor Ignacio Walker y señora Lily Pérez y todos los Diputados para aumentarles un beneficio a los funcionarios públicos. Me parece que el argumento es aplicable a las regiones de todos los parlamentarios. Lo del apoyo transversal no me sirve.
La cuestión radica en si hay o no alza en el costo de la vida, y si la hay, en qué hacer al respecto.
¿Y cómo hemos procedido? Las Regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aisén y Magallanes han sido objeto de proyectos de ley que disponen recursos ad hoc para los fines de que se trata, una cobertura adecuada y una duración permanente.
¿Y qué pasa con la iniciativa en debate? Se enfrentan problemas con el origen de los recursos, la cobertura y la duración.
Parto con esta última: es solo por 2015. Eso dice el texto.
Me hubiera gustado que fuera permanente para los funcionarios. No es así.
En cuanto a la cobertura, se ha dicho hasta el cansancio que hay personal excluido. Y ello no solo se refiere al que se encuentra a honorarios, que ya tiene que dar lugar a un tratamiento más holístico. Cabe considerar a los profesores, a los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, a los del Ministerio Público, a Carabineros, a Gendarmería, y suma y sigue.
Y el último aspecto -a mi juicio, es el más delicado- dice relación con el origen de las platas. De acuerdo con el artículo 3° del proyecto de ley -no me cabe ninguna duda de que vamos a aprobarlo-, el mayor gasto "será financiado con reasignaciones de recursos provenientes del presupuesto de inversión del Gobierno Regional de la región de Atacama.".
Para tal efecto, la pregunta es si se incluye o no lo que constituye el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
La percepción es que el mecanismo resulta improcedente, porque el costo alternativo es muy alto: 7 mil 500 millones de pesos, de un total de 35 mil millones o 40 mil millones, se van a destinar a beneficios para los funcionarios públicos. Es difícil que ello lo digiera la ciudadanía: "Amigo mío, usted no va a tener una sede social, ni usted un camino, ni usted una obra de infraestructura, porque se están `aumentando' las remuneraciones". Eso es grave hacia fuera, pero también desde el punto de vista de la asignación de los recursos.
Una segunda cuestión, que sí me preocupa, es que el Presupuesto que aprobamos -y el Senador que habla lo hizo con entusiasmo- fue reactivador.
El Gobierno dio dos reglas sobre el particular. Respecto del año recién pasado, dijo: "Hay que ejecutar cien por ciento durante 2014, y al Ministerio que no lo haga se le van a quitar los recursos y se le traspasarán a otro que sí pueda hacerlo".
Y con relación a 2015, a diciembre último tenía que estar el listado de los proyectos de inversión, para empezar a ejecutar en febrero, y no en abril, como generalmente ocurre por nuestro ciclo en el gasto del Presupuesto. Para eso, se precisaba que todos estuvieran identificados.
En consecuencia, la pregunta que uno se hace es cuál de ellos, que entiendo que el Gobierno identificó -porque la idea ha sido estimular la economía-, no se va a materializar para financiar los 7 mil 500 millones, o bien, cuáles se van a identificar a priori.
Por eso, era relevante que pudiéramos contar -y eso se le pidió al Subsecretario subrogante, señor Mario Ossandón- con información respecto del origen de los recursos. Porque es cierto que el texto no expresa que sean del FNDR, en estricto rigor, pero no señala que no lo sean. Es el mismo argumento. Ello es muy importante para el precedente.
Esta es la tercera vez, en tres días, que estamos viendo el proyecto -fue tratado el lunes, el martes y ahora, miércoles, y dos veces en la Comisión de Hacienda-, y habría esperado del Gobierno que los Ministros de las áreas respectivas hubieran venido a explicar el asunto. Como Presidente del órgano técnico, no mantuve ningún contacto que no fuera el de la Comisión para poder haber entendido el sentido del texto.
Por último -me quedan 10 segundos-, me hubiera gustado abordar de manera más integral una iniciativa de esta naturaleza y considerar el aporte en relación con todas las Regiones. Porque en la de Valparaíso han subido los precios de los arriendos producto del siniestro y, de hecho, los vecinos de las casas incendiadas han tenido que irse a Quilpué o Villa Alemana. También hay un problema de...

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se agotó su tiempo, Su Señoría.
Puede intervenir el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, me parece que una de las maneras como se puede abordar el proyecto es decir: "Está bien, que cada Región decida qué hace con sus platas". Por ende, se respaldaría la descentralización, la regionalización, la determinación de las autoridades democráticamente elegidas, en sus diferentes estamentos, en cuanto a cómo quieren usar los recursos públicos.
Si ese es el eje central, lo apoyo plenamente.
Si el mecanismo es para establecer una discriminación entre las Regiones, lo rechazo.
Respecto del argumento del alza en el costo de la vida, sí, ello ocurre en algunas regiones; pero cuando sucede en las zonas mineras, sabemos que algunos ganan -y eso es bueno para ellas- y después pierden, como en el nuevo ciclo que va a comenzar, con otro tipo de debate.
Lo único que quiero hacer presente es que, en tanto, el artículo 3° expresa de dónde van a provenir los fondos y que el mayor gasto será financiado con reasignaciones de recursos provenientes del presupuesto de inversión de la Región de Atacama.
Entiendo que no tendrá lugar una medida análoga para aumentar este último,…

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Nosotros tampoco.

El señor LETELIER.- … ya que, si eso ocurriera, se registraría un debate bastante incendiario aquí, en el Congreso Nacional. En efecto, la Región que represento ha sido perjudicada estructuralmente por el presupuesto de inversión que se aprueba año a año. Con más de un millón de habitantes, nos dan 20 por ciento menos que el del Maule y lo mismo o menos que el de Coquimbo. ¡Es incomprensible!
La Región del Libertador vive el drama de los mexicanos: muy cerca del diablo y muy lejos de Dios. Nuestra proximidad a la Región Metropolitana ¡nos ahoga! en cuanto a la inversión. Tendremos que ver cómo peleamos más recursos para este efecto.
Si en Atacama deciden la utilización de parte del presupuesto de inversión del Gobierno regional para enfrentar el asunto de que se trata, me parece que ese es un criterio de descentralización y constituye una discusión en dicho nivel. Con recursos propios, se pueden impulsar iniciativas proempleo u otras dirigidas a microempresas o de promoción, y lo que aquí estamos señalando, en el fondo, es que también será posible financiar una medida que se considera de suma importancia.
Concluyo que media un acuerdo y una promoción unánimes, transversal, de todos los parlamentarios de la Región de Atacama.
Los representantes de la soberanía popular, junto con las autoridades designadas por el Gobierno central, tendrán que ver cómo resuelven el asunto con recursos propios. Y a mí me parece que esta es la única razón para votar a favor.
Confío en que el Ejecutivo nos da garantías, en caso de un financiamiento con recursos centrales que se trasladen a la Región Atacama, de que tiene que darse un fenómeno equivalente para todas las otras: ¡peso por peso en cada una! De otra forma, sería una burla para ellas.
Por ende, como la disposición hace referencia al "presupuesto de inversión del Gobierno Regional" y entiendo que ahí se encuentra el financiamiento, me pronunciaré por la aprobación, porque creo que este es un gesto de descentralización, de confianza en las Regiones, y me parece muy bien que cada una de ellas pueda decidir, cada vez más, qué hacer con sus recursos propios.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señora Presidenta, para contribuir a que el acuerdo de unión civil sea tratado lo antes posible, no voy a hacer uso de ella.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Gracias, Su Señoría.
Los Senadores señores Montes y Guillier, quienes se encuentran en la Sala del lado, pidieron que se les avisara, lo que se mandó hacer. No sé si van a llegar.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, creo que la objeción planteada por mi Honorable colega Orpis, que comparto, obliga a que el proyecto se apruebe con quórum especial. Este se reúne, de modo que no se presenta un problema en tal sentido, pero quisiera que quedase registrado por una razón de precedente.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sé que el número de pronunciamientos es suficiente para ese efecto. Así que, desde el punto de vista formal, no existe una dificultad.
Expliqué que ni en la Cámara de Diputados ni en la Comisión se expuso el punto, por lo que la Mesa no consideró un criterio diferente. El registro no nos parece adecuado, porque la iniciativa nunca se señaló con rango orgánico constitucional.
Ruego no abrir un debate sobre el particular.

El señor ORPIS.- Quiero dejar una constancia, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Deseo agregar algo más: mantengo un compromiso con la Cámara de Diputados en el sentido de que el proyecto tiene que entrar a cierta hora. La idea es ser realmente consecuentes en sacar adelante el pacto de unión civil. Entonces, pido no seguir con otros planteamientos.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis, por un minuto.

El señor ORPIS.- Hago reserva de constitucionalidad.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Muy bien.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Por 23 votos a favor y 6 abstenciones, se aprueba en general y en particular el proyecto.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Patricio Walker y Andrés Zaldívar
Se abstuvieron la señora Van Rysselberghe y los señores Coloma, Harboe, Orpis, Pérez Varela y Quintana.




REGULACIÓN DE ACUERDO DE VIDA EN PAREJA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


La señora ALLENDE (Presidenta).- Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7.873-07 y 7.011-07, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
1) Del primer proyecto (7.873-07), se da cuenta en sesión 45ª, en 17 de agosto de 2011.
2) Del segundo proyecto (7.011-07), se da cuenta en sesión 30ª, en 29 de junio de 2010.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 80ª, en 17 de diciembre de 2013.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 48ª, en 23 de septiembre de 2014.
Hacienda: sesión 48ª, en 23 de septiembre de 2014.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (certificado): sesión 91ª, en martes 27 de enero de 2015.
Mixta: sesión 93ª, en miércoles 28 de enero de 2015.
Discusión:
Sesiones 81ª, en 18 de diciembre de 2013 (queda para segunda discusión); 83ª, en 7 de enero de 2013 (se aprueba en general); 50ª, en 30 de septiembre de 2014 (discusión en particular pendiente); 52ª, en 7 de octubre de 2014 (se aprueba en particular); 91ª, en 27 de enero de 2015 (rechaza modificaciones de la Cámara de Diputados, pasa a Comisión Mixta).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por el Senado, en tercer trámite constitucional, de la totalidad de las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados.
La Comisión Mixta, como forma de resolver la diferencia, formula una proposición que recoge, en lo fundamental, el texto despachado en su oportunidad por esta Corporación y que fue acogida por unanimidad, con excepción de los artículos 1°; 3°; 7°; 8°; 11; 12; 16; 26, letra e); 45 y 48 que contiene, sancionados por las mayorías de votos que consigna en su informe.
Cabe hacer presente que los artículos 22 y 35 del texto propuesto revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 22 votos para su aprobación. Asimismo, los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 41 y letra ii) del artículo 42 son de quórum calificado, por lo que necesitan 20 votos para el mismo efecto.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figuran, en la penúltima y última columnas, la proposición de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de aprobarse el informe.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión.

Tiene la palabra el Honorable señor Harboe, Presidente de la Comisión de Constitución.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, me correspondió encabezar la Comisión Mixta configurada, de acuerdo con el artículo 71 de la Carta, para solucionar las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso durante la tramitación del proyecto de ley originalmente tendiente a crear el denominado "acuerdo de vida en pareja", que después pasó a ser el pacto de unión civil en la Cámara de Diputados.
La formación de la Comisión Mixta emana del hecho de que el Senado, en sesión de 27 del mes en curso y en el tercer trámite constitucional, rechazó la totalidad de las enmiendas que en su oportunidad acordó la Cámara. Estuvo integrada por los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de esta Corporación, Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Larraín y quien habla, en tanto que la otra rama del Congreso designó a los miembros de su Comisión de Constitución.
Fue posible contar con la participación de los profesores de Derecho Civil señores Eduardo Court y Pablo Urquízar.
También concurrieron representantes de la Fundación Iguales, del Movimiento Chileno de la Diversidad Sexual y de un conjunto de otras organizaciones que intervinieron activamente en el debate del proyecto.
En atención a que la iniciativa ya fue discutida en general y en particular y se trató el fondo de cada una de las normas, voy a centrar mi informe en los resultados de la Comisión Mixta, que es lo que corresponde aprobar o rechazar a la Sala.
Antes de comenzar -y tal como lo hizo usted, señora Presidenta-, quisiera advertir, para el efecto de la aprobación, que nuestro compromiso con la Cámara de Diputados es que el texto ingrese a ella, para poder ser despachado por el Congreso, antes de las 12:45.
Se contemplan 48 artículos permanentes y 2 transitorios. Del 1° al 28 regulan el estatuto aplicable y del 29 al 48 contienen solo normas adecuatorias.
En cuanto al contenido de las divergencias, lo primero que deseo consignar es que la Comisión Mixta acordó, por unanimidad, el cambio de nombre de la institución.
Mucho se ha especulado respecto de por qué se realiza la enmienda. Cabe recordar que el Senado aprobó la iniciativa con la denominación "acuerdo de vida en pareja". Luego, la otra rama del Congreso decidió reemplazarla por "pacto de unión civil".
La Comisión Mixta, más allá de haberse impuesto, por la vía de una carta, de los argumentos que la Pontificia Universidad Católica le manifestó formalmente, escuchó a los profesores de Derecho Civil.
Sobre el particular, se expuso que la Cámara de Diputados tomó como referente, cuando recurrió a la nueva denominación, el pacto civil del Derecho francés. Lo que no consideró es que este reviste un carácter eminentemente patrimonial, sin regular relaciones afectivas.
El Código Civil chileno utiliza la palabra "pacto" en 34 ocasiones, todas ellas relativas a aspectos de la misma índole.
Considerando que la institución que se crea no solo es de naturaleza patrimonial, sino que también regula relaciones afectivas, a la Comisión Mixta no le pareció adecuado mantener la denominación "pacto", sino mutarla por "acuerdo de unión civil", con lo cual se contemplan ambos elementos.
Por lo tanto, esta es una de las modificaciones.
En segundo término, el Senado había aprobado, como régimen legal patrimonial, el de comunidad de bienes, sin que los convivientes civiles pudieran hacer un cambio.
La Cámara de Diputados rechazó la norma y modificó tal criterio contemplando una flexibilidad, es decir, que los convivientes civiles, quienes son los contrayentes, puedan acceder al régimen legal de comunidad de bienes, mas con la opción de sustituirlo, por única vez, por el régimen de separación de bienes, con la tercera alternativa de dejar ello sin efecto.
La Comisión Mixta estimó apropiada la flexibilidad, o sea, permitir que los convivientes civiles muten el régimen patrimonial, pero no que vuelvan a la situación anterior, porque podría generar inestabilidad jurídica. Por eso, le propone a la Sala la posibilidad efectiva de que el régimen legal sea el de comunidad de bienes y de que los convivientes civiles puedan cambiarlo, por una vez, a separación de bienes.
En tercer lugar, se acogieron las recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia y de los profesores de Derecho Civil señores Court, Urquízar y Mery, quienes apoyaron a la Comisión Mixta, en el sentido de aclarar normas en materia de competencia de los tribunales. Así, se determinó, por ejemplo, que todos los asuntos derivados de los convivientes civiles se tramitarán ante el juzgado de familia y la liquidación de bienes comunes podrá hacerse de común acuerdo o por la vía de nombrar juez partidor.
En cuarto lugar, se establecieron normas de reconocimiento del matrimonio entre personas de igual sexo celebrado en países extranjeros. A este respecto, había una diferencia entre el texto aprobado por el Senado y el despachado por la Cámara de Diputados.
La Comisión Mixta acordó, por amplia mayoría, una tercera redacción en virtud de la cual se dispone que los matrimonios de personas del mismo sexo celebrados en país extranjero serán reconocidos en Chile como acuerdos de unión civil, con los mismos efectos que estos.
En consecuencia, se termina con la discusión de si en nuestro país iba a haber un reconocimiento tácito de los matrimonios celebrados en país extranjero. En definitiva, quedan circunscritos al acuerdo de unión civil. Esto aparece en el artículo 12.
Luego, la Comisión Mixta decidió reponer el artículo 11, que había sido suprimido por la Cámara de Diputados, relativo a la certeza de paternidad, en virtud del cual se prohibía a la mujer embarazada, contrayente de un acuerdo de unión civil, contraer matrimonio dentro de determinado plazo.
A la Comisión le pareció conveniente, por unanimidad, mantener dicha prohibición, que hoy rige para los efectos del matrimonio.
También se repuso el artículo 26, referido a las causales de término del acuerdo de unión civil, el cual había sido eliminado por error en la Cámara de Diputados, transformando a la nueva institución en una de carácter indisoluble. Por tanto, se restablecen todas las causales de término del acuerdo de unión civil.
Finalmente, en materia de cuidado de los niños, hubo una divergencia entre el Senado y la Cámara de Diputados sobre quién debía quedarse con el cuidado de ellos cuando sus padres y madres poseyeran incapacidad física o moral.
La Comisión Mixta mantuvo el criterio de que el juez debe velar siempre por el interés superior del niño. Lo que se hizo fue incorporar al conviviente civil, que es el contrayente del acuerdo de unión civil, dentro de las personas a quienes el juez podrá otorgar el cuidado personal de los niños cuando se verifiquen las condiciones establecidas en el artículo 225-2 del Código Civil. Y ello, sin alterar las preferencias.
Señora Presidenta, gran parte de los artículos fueron aprobados en forma unánime por la Comisión Mixta constituida para estos efectos, en tanto que otros lo fueron por amplia mayoría y escasos votos en contra.
Creemos que dicha instancia bicameral ha evacuado un estatuto coherente, moderno y práctico, que significará un avance cultural para nuestro país al terminar con una discriminación jurídica que afecta a miles de chilenas y chilenos.
Por eso, señora Presidenta, como Presidente de la Comisión Mixta, recomiendo a la Sala aprobar el informe emitido por ella.
Para terminar, advierto a la Sala que los artículos 22 y 35 son de quórum especial.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Hago presente a las tribunas que de acuerdo a nuestro Reglamento se encuentra estrictamente prohibido efectuar cualquier manifestación, sea a favor o en contra.
Les ruego que me ayuden. Hasta ahora han sido extremadamente respetuosos y les pido que continuemos en la misma forma.
Voy a abrir la votación y, por supuesto, los señores Senadores que deseen fundamentar el voto podrán hacerlo. Los que son miembros de la Comisión de Constitución, que han estado trabajando largamente en el tema, tendrán, razonablemente, minutos adicionales en caso de ser necesario.
Lo importante -quiero reiterarlo una vez más- es que el proyecto llegue a una hora específica a la Cámara de Diputados para que finalmente, después de una extensa tramitación, pueda ser despachado por el Congreso.
En votación el informe de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, escuché con mucha atención el completo informe del Presidente de la Comisión de Constitución, por lo que no me voy a referir a aquellos aspectos que él ya mencionó.
Solo quiero señalar que hoy estamos aprobando un proyecto de ley que tiene un fundamento central que resulta muy importante comprender, cual es el de establecer que "El acuerdo de unión civil es un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente".
En el Parlamento se pueden regular contratos de dos tipos. Unos son aquellos que tienen carácter exclusivamente patrimonial, cuyo origen dice relación con una relación patrimonial. Pero hay otros que regulan relaciones de afecto: las consecuencias jurídicas y las normas que establece la sociedad para proteger las relaciones que surgen del afecto, el amor y el cariño. Desde este punto de vista, creo que el avance que hace la sociedad chilena hoy día es enorme.
Hay una frase que resulta extraordinariamente dolorosa, a mi juicio, para todos los chilenos. La hemos escuchado durante muchos años y es aquella que hace referencia a que un homosexual debe "salir del clóset". Esto da cuenta de que una persona tuvo que estar escondida durante una etapa importante de su vida simplemente por tener una orientación sexual distinta.
Y lo que hoy hace el Parlamento es decirle que resulta posible tener una orientación sexual distinta y que el Estado chileno la ampara mediante normas que buscan regular las consecuencias legales de un acto celebrado libremente por quienes han resuelto construir una relación basada en el amor y en el cariño.
No es justo que quienes somos heterosexuales y tenemos una relación regulada por la ley a través del matrimonio nos opongamos a que aquellos que tienen una relación distinta puedan tener cubiertos, a través de normas dictadas por el Estado, todos los aspectos vinculados con los efectos y consecuencias de dicha relación.
Por lo tanto, creo que hoy estamos construyendo una sociedad más justa, más integrada, más participativa, más inclusiva, donde nadie sobra y donde existe tolerancia y se acepta la diversidad en el marco del respeto y de las diferencias, pero en la que todos se sienten parte de ella.
Señora Presidenta, me voy a referir a algunos aspectos del proyecto que me parece relevante señalar.
Él establece y regula un contrato que se denomina "acuerdo de unión civil". Considero que es el mejor nombre, por las razones que dio el Presidente de la Comisión.
Es conveniente recordar además que crea el estado civil de "conviviente civil", a lo cual algunos se oponían. Sin embargo, resultaba increíble que un conviviente civil, en una relación regulada por la ley, figurara en su carnet de identidad como soltero o con otra condición que no tiene.
No hay que temerles a estos cambios. Aquellos que tenemos una visión de centroderecha debemos estar abiertos a que la sociedad permita la inclusión y a que las personas puedan establecer sus relaciones con tranquilidad, sin persecución, sin odiosidades, y desenvolverse por sus méritos, por sus cariños, por sus afectos, por sus creencias, en un plano de convivencia y paz social.
Se ha regulado adecuadamente, también, todo lo relativo a las formas como terminarán las relaciones creadas por el acuerdo de unión civil; los tribunales competentes, que en este caso serán los tribunales de familia; las relaciones hereditarias y testamentarias, que son importantes (qué ocurre cuando uno de los convivientes fallece), y el cuidado de los hijos, estableciéndose una disposición que, a mi juicio, respeta plenamente lo que el Senado decidió cuando dispuso que, en caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, el juez tendrá que resolver prioritariamente según aquello que beneficie al hijo, cumpliendo con todas las exigencias del Código, que constituyen un catálogo de normas que le permiten tomar la mejor decisión cuando padre y madre se hallen en tal condición. Y se agrega que, en dicho escenario, el juez "preferirá a los consanguíneos más próximos y, en especial, a los ascendientes, al cónyuge o al conviviente civil del padre o madre, según corresponda".
Creo que hemos elaborado un gran proyecto de ley. Como toda obra humana, será perfeccionada en el tiempo, pero dignifica a los ciudadanos de este país. Y los que creemos en la libertad, los que creemos en la dignidad de los hombres, hoy día sentimos que estamos construyendo una nación más digna.
Para concluir, entrego mi reconocimiento al ex Presidente Piñera, porque él presentó la iniciativa. Sé que no le fue fácil hacerlo, porque estuve ahí, y había sectores que legítimamente pensaban distinto. Y al Senador Andrés Allamand, autor de una de las mociones que dieron origen al proyecto.
Solo espero que con el texto legal en debate vayamos, entre todos, dando pasos para tener una sociedad en donde sintamos de verdad que las diferencias legítimas que podemos abrigar no nos pueden impedir la construcción de relaciones de afecto, cariño y de paz social, que es finalmente la razón por la cual existen autoridades en un Estado democrático.
Por eso, voto a favor.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Araya.

El señor ARAYA.- Señora Presidenta, en primer término, quiero expresar que en la Comisión Mixta logramos varios consensos.
Y parto por algo que ha causado algo de polémica y que dice relación con el nombre de la institución, fundamentalmente por reclamos muy legítimos de parte de una universidad. En lo personal, optamos por eliminar el concepto "pacto" que se había planteado originalmente -pacto de unión civil-, porque, como muy bien lo señaló el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador Harboe, en nuestra legislación civil denota una relación con características de tipo comercial. Si uno revisa el Código Civil, verá que la palabra "pacto" se menciona 34 veces, pero siempre haciendo alusión a un concepto económico. Así, se habla, por ejemplo, del pacto comisorio, del pacto de retroventa y del pacto de retrocompra.
Tal como lo manifestamos en la discusión general y durante el posterior trámite que se verificó en la Sala del Senado, en lo personal pensamos que el acuerdo de unión civil, como hoy se denomina, no es un acuerdo de carácter mercantil, sino un acuerdo que regula relaciones afectivas que tienen o pueden tener alguna consecuencia económica.
Hemos dicho que el acuerdo de unión civil viene a ser un reconocimiento de los derechos de las personas. Y en esto, obviamente, la sociedad chilena está experimentando un tremendo avance, porque ahora reconocemos y les damos solución a parejas del mismo sexo a las que durante años la legislación nacional no les permitía contraer ningún tipo de vínculo ni tampoco regular eventuales arreglos económicos que pudieran tener.
Producto de lo anterior, muchas veces debían recurrir a subterfugios legales, como las sociedades de hecho, o al expediente de armar otro tipo de sociedades, situaciones que no reflejaban lo que estaba pasando.
El acuerdo de unión civil propuesto, que esperamos que sea aprobado por el Congreso Nacional, otorga más derechos a las personas y reconoce cuál ha sido su relación. Y con esto, como sociedad y como país, estamos abriendo los ojos a una realidad que deriva del afecto y el amor que se puedan profesar parejas del mismo sexo.
En esa misma línea, considero que se resolvieron adecuadamente dos temas que habían sido motivo de una suerte de conflicto.
Uno dice relación con las formas de término del acuerdo de unión civil, que la Cámara, al parecer por una omisión, no especificó, lo que en la práctica dejaba el AUC con carácter indisoluble. Eso se corrige mediante una fórmula bastante mejorada si se la compara con la propuesta inicial del Senado, obligando a que haya a lo menos ciertas formalidades en el término.
Por otra parte, debo manifestar que se resuelve, a mi juicio adecuadamente, lo relacionado con el cuidado de los hijos, que era un asunto que también había causado bastante polémica.
Yo sostuve, durante la discusión en la Comisión de Constitución, que, si bien el Código Civil establece ciertas normas de prelación respecto de quién debe quedar con el cuidado de los hijos en caso de fallecimiento de uno de los padres (artículo 225 y siguientes), obviamente, siendo el Código Civil de antigua data, no contempla la posibilidad de que el padre o la madre tenga una pareja del mismo sexo y que, producto de ello, los hijos queden viviendo con dicha pareja. En consecuencia, todas las normas sobre cuidado personal de los hijos están construidas bajo una lógica que no responde a la realidad actual del país.
La disposición que se propone ahora sigue estableciendo que el cuidado personal de los hijos lo va a otorgar el juez, quien deberá fijarse en ciertos criterios, que apuntan, fundamentalmente, al bienestar superior del menor. Pero tuvimos la precaución de disponer que el cuidado puede pedirlo cualquier persona y que, en el caso de las preferencias, no va a existir una prelación expresa hacia los abuelos, como era hasta hoy. Lo que se va a permitir con la norma aprobada es que el juez, valorando las situaciones de hecho, decida entre los ascendientes, eventualmente los colaterales y el conviviente civil, atendiendo a la naturaleza de la relación que el menor haya mantenido con este último.
Con esto avanzamos en entender que los tipos de familia en Chile han cambiado y que no siguen siendo los mismos.
Termino, señora Presidenta -en honor al tiempo-, haciendo un reconocimiento, en primer lugar, al MOVILH y a la Fundación Iguales, porque, sin duda, han sido años de lucha los que han dado por lograr la reivindicación de sus derechos y el reconocimiento de la sociedad chilena.
Con el proyecto en análisis se da un gran paso. Y siento que con iniciativas de esta naturaleza se construye un Chile más inclusivo, en el cual todos queremos vivir.
Esperamos que este sea el camino para la discusión de las otras cuestiones de fondo que, a mi juicio, quedan por debatir, como son el matrimonio igualitario y la adopción.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero señalar que estamos dando un paso histórico. Algunos discutían acerca de si era necesario regular la situación de las convivencias, por los temas patrimoniales involucrados. Yo era un convencido de que sí debía hacerse.
Pero el asunto va mucho más allá de lo meramente patrimonial. Acá no estamos hablando de bienes, sino de personas: de personas que conviven, que merecen dignidad, que merecen respeto y, sobre todo, reconocimiento. Reitero: esta no es una regulación de cosas; se trata de regular la convivencia de personas que se quieren y que desean desarrollar una vida en común.
Señora Presidenta, el 2013 me correspondió, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Constitución, poner en tabla este proyecto de ley, aunque no tenía urgencia. El Presidente Piñera lo había enviado, es cierto, pero sin calificación en ese sentido, por las razones que todos sabemos.
Y ese año sesionamos varias semanas para aprobarlo, no solo en general, sino también en particular. Hubo dos votaciones particulares: una el 2013 y otra el 2014.
Quiero hacer presente que se mejoró mucho el texto presentado respecto al régimen patrimonial de los convivientes, incorporándose los bienes inmuebles, etcétera.
Y además se establecieron dos elementos que no venían en el proyecto original.
Uno es que el acuerdo de unión civil va a constituir estado civil. ¿Cómo íbamos a llamar "solteros" a las personas que mantenían una relación de convivencia (antes AVP, hoy AUC)? Ahora recibirán reconocimiento en materia de estado civil.
Y el otro es que las causas que se susciten van a ser conocidas por tribunales de familia, no por juzgados civiles, porque acá hay una forma de familia que queremos reconocer.
Por supuesto, incorporamos los derechos de los ascendientes, de los abuelos, para que puedan tener una relación normal con sus nietos.
Asimismo, se incorporaron algunos elementos de deferencia para cuando se ponga término a la relación de convivencia.
Señora Presidenta, se dice que algunos de los presentes en esta Sala somos conservadores. Yo por lo menos me siento profundamente progresista. En mi calidad de cristiano, me siento progresista. Por eso voté a favor de la ley de divorcio, de la píldora del día después. Pero también hay que ser progresista en temas sociales y en este tipo de temas.
En el período anterior, en la Comisión de Constitución voté a favor de la Ley Antidiscriminación. Y algunos manifestaron mucho rechazo a incorporar la protección de las personas discriminadas por orientación sexual y por identidad de género. Pero la incorporamos, porque todos, especialmente aquellos que son más discriminados, merecen respeto, reconocimiento y dignidad.
Además, debo hacer un reconocimiento.
Desde hace muchos años -creo que unos 23- venimos viendo cómo el MOVILH ha luchado por la aprobación de este acuerdo de vida en pareja. Quiero destacar a esa institución, encabezada por Rolando Jiménez. Y también a la Fundación Iguales, liderada hoy por Luis Larraín y antes por Pablo Simonetti.
Con ellos tuvimos muchas audiencias, muchas reuniones, muchas conversaciones. Y también mantuve conversaciones, como dije antes, cuando se votó en particular el proyecto, con la Pastoral de la Diversidad Sexual, entidad a cargo de los jesuitas y que dirige el sacerdote Pedro Labrín.
¡Qué bueno que haya cristianos que no discriminan; que bueno que haya cristianos que no segregan, porque, para mí, eso es absolutamente lo contrario a lo que debe hacer una persona cristiana, una persona que reconoce la dignidad de quienes tienen una opción sexual probablemente minoritaria, pero que merecen absoluto respeto!
Por eso, con mucho gusto, votaré a favor de lo que resolvió la Comisión Mixta, que se refirió al tema de la comunidad de bienes, del nombre, de la posibilidad de cambiarse a régimen, de cómo se consolida el término, del cuidado de los niños, etcétera. Porque creo que esto es, simplemente, pagar una deuda que el Estado de Chile tenía con miles de personas.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, objetivamente, estamos en un momento histórico de nuestra política. Chile, a través de sus instituciones democráticas, hoy reconoce jurídicamente las relaciones afectivas de personas del mismo sexo que hasta ahora no eran reconocidas y, por tanto, eran marginadas por el Derecho.
Con esta ley en proyecto no se impone nada; no se obliga a nadie. Aquí se crea una institución de Derecho para aquellos que, libremente, en ejercicio soberano de su derecho básico a la libertad, quieran suscribirla. No hay debilitamiento del concepto de familia, sino una evolución social y cultural de ella que, tardía pero justamente, el Derecho reconoce.
Reivindico el rol del legislador: legislar es plasmar en una ley, no un conjunto de palabras, de frases, sino una visión de la sociedad.
Y, hoy, este Congreso Nacional -espero- plasmará en una norma jurídica un avance cultural en inclusión, un avance en igualdad, un avance en dignidad, un avance en libertad que, más allá del Gobierno de turno, permitirá a miles de chilenas, de chilenos y también a extranjeras o extranjeros que lleguen a nuestro país regular sus relaciones de afecto y de cariño. Y, obviamente, también les daremos la oportunidad de regular las consecuencias patrimoniales de tales relaciones.
Por eso, señora Presidenta, sin más y evitando una dilación que nos impida sacar prontamente esta iniciativa, anuncio orgullosamente mi voto a favor de esta nueva ley.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, en verdad, este ha sido un proceso muy largo; pero, finalmente, está llegando a su término.
Como se apreció durante la discusión de esta iniciativa, a lo largo de ella manifestamos la necesidad de legislar, precisamente, para darle respeto y dignidad a relaciones afectivas existentes, que, más allá de cualquier otra consideración, producen efectos. Y nuestra legislación no puede sino incorporarlas para darles la estabilidad que corresponde, junto con reconocer jurídicamente las consecuencias que de esas relaciones se sigan.
Personalmente, he apoyado esta iniciativa y he colaborado para que sus regulaciones queden bien expresadas y, dentro del ámbito jurídico, técnicamente bien hechas, porque en un momento dado se produjeron errores que podrían incorporar una contradicción en nuestro ordenamiento jurídico.
Tuve una diferencia con el proyecto, pues considero -como todos lo saben- que la necesidad de la regulación del acuerdo de vida en pareja, o acuerdo de unión civil -como se llama ahora- tiene justificación para personas del mismo sexo. Porque las de distinto sexo cuentan con una solución institucional que regula este tipo de relación: el matrimonio. Sé que muchos han señalado que esto podría estimarse como una especie de apartheid o una discriminación, en circunstancias de que lo único que hemos planteado es que existan instituciones jurídicas adecuadas para realidades similares, y al mismo tiempo distintas.
En fin, ese capítulo no prosperó y no concitó apoyo en ninguna de las Cámaras, por lo cual esa batalla terminó.
Sin embargo, de lo que quedaba pendiente, de las diferencias entre ambas Cámaras, creo que la Comisión Mixta logró resolver lo fundamental: el cambio del nombre del contrato -como lo explicó el Presidente de la Comisión, el Senador Harboe-. Ello obedeció a distintos motivos, no solamente a la solicitud de una institución muy respetable, sino además al significado de la palabra "pacto" en nuestra legislación.
Asimismo, se modificó la definición del rol del Oficial del Registro Civil, al cual la Cámara de Diputados le daba atribuciones para intervenir en caso de haber errores manifiestos. Ello, a mi juicio, cambiaba la naturaleza de su rol: ser un testigo, un ministro de fe, y le daba iniciativa, lo cual podría generar situaciones muy complejas.
También me parece que se resolvió bien el término del acuerdo de unión civil. Al respecto -según entiendo-, en la Cámara Baja, por un error de la Mesa, al momento de votar se había eliminado las posibilidades de concluir con ese acuerdo, lo cual lo convertía en indisoluble, contrariamente a la voluntad legislativa de que estas materias tuvieran solución.
Pienso que el punto relativo al cuidado personal de los hijos quedó razonablemente adecuado. A mí me gustaba una idea que había consignado el Senado, en el sentido de que, adicionalmente al cumplimiento de los requisitos y criterios establecidos en el artículo 225-2 respecto de a quienes se les puede dar el cuidado personal de los hijos, hubiera de parte del cónyuge no padre y del conviviente civil no padre o madre del hijo un testimonio de que existía un compromiso de su parte. Porque siempre se produce conflicto entre los familiares y los convivientes o cónyuges civiles no padres. En fin, la solución que se dio en la Comisión Mixta fue razonable, aunque no la que yo más quería.
No obstante, siento que hay una mala solución en el reconocimiento jurídico del matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el extranjero.
Nosotros habíamos establecido que todos los acuerdos de uniones civiles o contratos equivalentes que regularan la vida afectiva de las personas pudieran ser considerados como acuerdo de vida en pareja -en el lenguaje original- en la medida que no fueran constitutivos de matrimonio.
Sin embargo, la Cámara dispuso algo distinto: el reconocimiento de los matrimonios como tales, y que estos pudieran producir los efectos del pacto de unión civil.
Eso, que tenía consecuencias muy complejas, terminó zanjado de la siguiente forma por la Comisión Mixta: "los matrimonios celebrados por personas del mismo sexo en el extranjero serán reconocidos en Chile como acuerdo de unión civil si cumplen con las reglas establecidas en esta ley y sus efectos serán los mismos de este acuerdo".
Creo, primero, que hay una suerte de contradicción en el mismo artículo 12, en el sentido de que en su inciso primero se habla de "los acuerdos no constitutivos de matrimonio" y en su inciso final de "matrimonios celebrados por personas del mismo sexo".
Y, segundo, en la legislación chilena, la expresión "matrimonio" está vinculada con los acuerdos o contratos celebrados entre un hombre y una mujer, no incluye la frase "personas del mismo sexo". Y eso, a mi juicio, puede interpretarse como un reconocimiento a los matrimonios del mismo sexo en nuestra legislación…

La señora ALLENDE (Presidenta).- Termine, nomás, Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Gracias, señora Presidenta, por el tiempo agregado.
Como decía, ello podría interpretarse en el sentido de que los matrimonios de personas del mismo sexo tienen validez en nuestro país.
Entiendo que esta es una legítima discusión y opción, pero este proyecto no busca legitimar los matrimonios igualitarios. Ese, seguramente, será un debate que vendrá. Entiendo que hay iniciativas en esa dirección. Sin embargo, no es el objetivo de esta. Por eso, me parece que no debió incorporarse de la forma como se hizo.
Comprendo que se trata de un contrato equivalente a un acuerdo de unión civil y que, por lo tanto, debería tener reconocimiento en nuestra legislación. Pero la forma como se recogió puede inducir a error.
Por lo tanto, quiero dejar clara constancia de que la interpretación correcta no incluye ni permite entender que se ha legalizado el matrimonio de personas del mismo sexo en nuestra legislación…

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede concluir, señor Senador, la Mesa le concede 30 segundos más.

El señor LARRAÍN.- Gracias, señora Presidenta.
Como decía, no se puede interpretar que, respecto de las personas del mismo sexo que han contraído matrimonio en el extranjero, esta disposición incorpora un reconocimiento en nuestra legislación. Si así se quisiera, tendría que haber un cambio legal propiamente tal, abierto y derecho.
Reitero: por esta vía no se puede interpretar eso de una manera distinta.
Dejo esa constancia solo para efectos de la historia fidedigna de la ley y la interpretación posterior de la norma.
Por tales consideraciones, señora Presidenta, teniendo presente que la Comisión Mixta cumplió un rol positivo al zanjar los conflictos que se observaban, voto a favor del informe.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señora Presidenta, sinceramente, creo que Chile -lo dije cuando votamos hace algunos meses por primera vez este proyecto- tiene una deuda con respecto a generar una estructura jurídica que regularice las uniones o las relaciones afectivas de las parejas homosexuales.
En efecto, allí existe una deuda, y yo estaba absolutamente dispuesta, disponible, a avanzar en ese terreno. Sin embargo, esta iniciativa va mucho más allá: no solo regula la convivencia efectiva de parejas homosexuales, sino también la de parejas heterosexuales.
Se dice que sería un universo de más de 2 millones de personas el que podría verse beneficiado con esto, porque ese es el número de individuos que estaría en convivencia. De esos 2 millones, más del 99,7 por ciento corresponde a parejas heterosexuales que, por alguna razón, no han querido regularizar su relación a través de la figura del matrimonio.
La gente es libre de hacer o no aquello. Pero, claramente, la experiencia indica que cuando una pareja heterosexual quiere regularizar su relación lo hace pues desea constituir una familia y darles estabilidad a sus hijos.
Ahora bien, me parece que al hacer extensivo este acuerdo de unión civil a las parejas heterosexuales, se debilita la figura del matrimonio entre personas de distinto sexo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando una pareja heterosexual formaliza su relación, la posibilidad de que tengan hijos es cierta. Además, la figura jurídica del matrimonio es bastante más estable que la figura del acuerdo de unión civil y protege de mucho mejor forma a esos niños.
Por lo tanto, en estas condiciones, considero un error hacer extensiva dicha unión a las parejas heterosexuales.
A este respecto, deseo señalar que a través de los medios de prensa se trata de caricaturizar, sobre todo por quienes son dirigentes de los movimientos de lobby gay, a los que no estamos de acuerdo con esto, diciendo que quienes disentimos tenemos algún prejuicio, somos homofóbicos o algo de esa naturaleza.
Sin embargo, quiero manifestar que ello es falso, ¡de falsedad absoluta! Porque, por ejemplo, nadie puede decir que Alemania, donde existen figuras jurídicas distintas para las parejas heterosexuales y las homosexuales, es un país que discrimina, que es homofóbico.
En consecuencia, estimo que lo que se propone atenta contra la estabilidad del matrimonio.
Tampoco me gusta -y comparto lo que dijo el Senador Larraín- que haya reconocimiento respecto del matrimonio homosexual, aunque sea a través del concepto legal de acuerdo de unión civil, pues eso implica comenzar a avanzar en el tema del matrimonio de personas del mismo sexo.
También me molesta -y profundamente- que no se realicen discusiones de una vez por todas y cara a cara. Porque si lo que se busca es hablar del matrimonio homosexual, entonces hablemos del matrimonio homosexual; pero no disfracemos las cosas, no tratemos de hacer este tipo de avance de a poquito, por cuanto al final se llega a situaciones que no corresponden y que a mí por lo menos me parecen no beneficiosas para el buen y sano desarrollo de la sociedad.
Así que, en realidad, lamento votar en contra de lo que se propone.
Me hubiese encantado pronunciarme a favor de un acuerdo de unión civil para parejas homosexuales. Con todo, no voy a votar favorablemente un acuerdo que se hace extensivo a parejas heterosexuales, porque, desde el fondo de mi corazón, creo que eso perjudica al matrimonio y, particularmente, a los niños de nuestro país.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, Honorable Sala, creo que con esta votación comienzan a caer las barreras de la intolerancia en nuestro país; empieza a hacerse justicia en una sociedad que reconoce a todos los ciudadanos y las ciudadanas su igualdad de derechos y no establece discriminaciones o estigmas.
Pienso que la votación que llevamos adelante va a romper esas barreras y una larga postración de miles y miles de personas de nuestro país que, independiente de su orientación sexual, no podían consagrar un acuerdo de vida en común, o un acuerdo de unión civil, o un "pacto de unión civil", como en algún momento se llamó.
Gracias a esta legislación podremos tener en Chile libertad, igualdad y no discriminación, para que cualquier pareja, sin perjuicio de su orientación sexual, sea de igual o distinto sexo, pueda alcanzar un "acuerdo", respecto del cual precisamente en la Comisión hemos avanzado en lo que significa esa denominación, a fin de que no se establezca simplemente lo que se llama "pacto" conforme a una idea patrimonialista, sino un acuerdo de unión civil que regule todos los aspectos relacionados con este tipo de vínculo en materia afectiva, en materia patrimonial, en materia sucesoria, en materia de convivencia, en materia hereditaria.
Eso se debe contemplar en nuestro país: un principio de igualdad y de respeto, en el cual no estén la carga ideológica, las visiones conservadoras de algunas personas tendientes a establecer estatutos jurídicos de cierta naturaleza para ciudadanos de primera o segunda clase, o estatutos especiales solo para determinada orientación sexual.
Por ello, difiero absolutamente de quienes votan en contra y señalan que esto implica un debilitamiento de la "familia". Porque nuestra sociedad ha avanzado hacia conceptos distintos: monoparentales, homosexuales y de diferente naturaleza. ¿Para qué vamos a imponer una visión sesgada, discriminatoria, nuestro punto de vista de la sociedad al conjunto de ciudadanos del país que desean suscribir acuerdos de unión civil?
Considero necesario valorar la fuerza de las organizaciones que han estado detrás de esta cruzada, de las entidades que han luchado, que han combatido la discriminación y que también han hecho conciencia en la prensa, toda vez que la sociedad hoy mira las cosas no con más tolerancia, sino sin aceptar la intolerancia que en gran medida cruzó nuestra sociedad.
¡Avancemos!
Que este sea un paso adelante; que sea motivo de reflexión para romper aquellas barreras que siguen impidiendo en Chile la plena igualdad, que sea un paso para avanzar de manera efectiva en el matrimonio igualitario. ¿Por qué vamos a escabullir eso? ¿Por qué va a haber discriminación en ese sentido cuando en el mundo, en los países vecinos, en las sociedades se busca romper esas barreras?
Por todo lo anterior, voto a favor de la proposición de la Comisión Mixta, señora Presidenta.
Además, quiero valorar el amplio debate que se dio en la Comisión de Constitución -cabe reconocer la labor de sus cinco integrantes, particularmente la de su Presidente, el Senador Felipe Harboe- y, asimismo, la discusión efectuada en la Comisión Mixta, junto a los Diputados que la integraron.
En esta última instancia la mayoría de las normas fueron aprobadas por unanimidad.
Solo quedan pequeños resabios de intolerancia, los que, sin duda, podremos superar con otros proyectos, con planes de educación y con el ejercicio de la conciencia y de la persuasión en nuestra sociedad.
Ello nos permitirá vivir en un país donde no habrá personas de primera y segunda clase ni ciudadanos discriminados por su orientación sexual o por cómo quieren unirse con quien aman.
Reitero que me pronuncio favorablemente y espero que avancemos hacia el matrimonio igualitario en nuestro país.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Seré breve, señora Presidenta.
A diferencia de los proyectos discutidos esta última semana en el Congreso, el debate de la presente iniciativa, denominada "acuerdo de unión civil", no se concentra en las diferencias ideológicas entre Derecha, Centro e Izquierda. La discusión aquí es contra el conservadurismo y a favor del respeto, la dignidad y la tolerancia.
Hoy estamos haciendo justicia.
Hoy el Parlamento se ha puesto en la vereda del progresismo y de las personas, independiente de su condición, de su orientación, de su visión y de su deseo.
Este proyecto, como se ha dicho, regula las relaciones entre personas de un mismo sexo, y también permite ir más allá, sin duda.
Hoy la mayoría del Congreso se ha colocado a la altura de las circunstancias respecto de una materia que ha estado en el debate público por mucho tiempo.
Se han recibido valiosos aportes de las organizaciones de la sociedad civil, como el MOVILH y la Fundación Iguales, cuyos dirigentes y adherentes se encuentran aquí esta tarde.
Hay que reconocerlo: sin la perseverancia de tales agrupaciones y la decisión política del Gobierno de la Presidenta Bachelet de agilizar la tramitación legislativa, no habría sido posible aprobar esta iniciativa durante el verano del 2015, período en el que también se han bajado otras barreras y se ha terminado con otro tipo de discriminaciones, especialmente en el ámbito educacional.
Asimismo, es necesario destacar el tremendo aporte que hizo la Comisión de Constitución del Senado, liderada por el Senador Felipe Harboe, al sacar adelante esta normativa durante el presente año legislativo.
Una vez más el Gobierno de la Presidenta Bachelet cumple con su programa.
En consecuencia, el Partido Por la Democracia apoya íntegramente este proyecto. Los que deseen celebrar lo harán; el PPD ya está festejando.
Voto a favor de la proposición de la Comisión Mixta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, seré muy breve, pues la iniciativa debe pasar pronto a la Cámara de Diputados.
En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a la sociedad chilena, que nos ha dado una muestra de progreso, de evolución, de avance.
Recuerdo que el año 95, cuando planteé que los homosexuales debían tener derecho al matrimonio y a adoptar hijos, sufrí en carne propia un verdadero bullying social. Hoy, en cambio, veo que esta materia ha sido reflexionada por la sociedad, que experimentó un giro copernicano: ahora les da estatus de dignidad a todos los chilenos por igual.
Sin embargo, lamentablemente, todavía en nuestro país hay personas que consideran a los homosexuales como infrahumanos, como gente que no tendría derechos plenos, como el derecho al matrimonio. Me parece que ese planteamiento encierra un problema conceptual muy de fondo.
Por ello, quiero rendir un homenaje a quienes hace quince años manifestaron con fuerza esta idea, que hoy se convierte en realidad, particularmente a los miembros del MOVILH, encabezado por Rolando Jiménez. Después se sumaron otros, como ACCIONGAY y la Fundación Iguales. Todos ellos dieron una lucha cuando muchos mantuvieron silencio.
A esas personas, a esas víctimas, a los que no se quedaron callados, hago hoy un reconocimiento.
Por último, advierto que la aprobación de este proyecto -a pesar del gran paso que representa- no puede servir de excusa para no avanzar hacia la plena igualdad de derechos.
Eso significa que, si todos los chilenos somos iguales y estamos sujetos a la misma dignidad, a todos les asiste el derecho al matrimonio, sean heterosexuales u homosexuales. Y este Parlamento no debe claudicar hasta que se termine esa dramática y brutal discriminación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.

El señor ROSSI.- Seré muy breve, señora Presidenta, porque entiendo que este proyecto debe enviarse hoy a la Cámara de Diputados.
En primer término, debo reconocer la importancia de este momento.
Como bien señaló el Senador Girardi, la sociedad chilena efectivamente ha ido evolucionando en materia de derechos humanos, de ejercicio de libertades, de no discriminación, de igualdad. Tenemos que sentirnos contentos de que así haya ocurrido.
Es cierto que aún quedan resabios de un totalitarismo moral, que pretende imponer a los demás su mirada de la vida, del mundo, de las relaciones humanas. Siempre he sostenido que esa es una tendencia homogeneizante para hacer que la sociedad tenga prácticamente un pensamiento único, una mirada única de las cosas, una interpretación única de los fenómenos.
Pero la verdad es que somos distintos, y esa diversidad es rica y hay que valorarla.
Una expresión de esta es lo relativo a la identidad de género y a la orientación sexual. A propósito, tenemos que avanzar en el proyecto sobre identidad de género. Estas personas son víctimas de muchos atropellos de derechos todos los días, a toda hora, en diferentes circunstancias. Así que no podemos seguir esperando.
El paso que estamos dando hoy es importante, por cuanto se establece una regulación que proporciona un marco de estabilidad jurídica, patrimonial, previsional y, por cierto, emocional a las parejas del mismo sexo que construyen familia.
Sin embargo, debemos avanzar en otros aspectos relevantes, como en el relativo al matrimonio igualitario. El Código Civil dice que el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer. En mi opinión, debiera señalar que es entre dos personas que se quieren y que libremente eligen formar un hogar. Hay que hacerse cargo de que hoy existen muchas formas de construir familia.
Las uniones no matrimoniales, las de hecho, son muchas más que las matrimoniales. Eso no significa que se pretenda debilitar la institución del matrimonio. Las personas que quieran casarse y consideren tal alternativa para construir familia pueden tomar la decisión. Ahí está disponible. Pero también debe existir otra modalidad para los que deseen una opción diferente.
Señora Presidenta, valoro mucho lo que hoy día estamos haciendo. Creo que representa un avance importante en materia de derechos humanos, de igualdad.
Sinceramente, aspiro a que haya en Chile prontamente matrimonio igualitario y, también, adopción de niños por parte de parejas homosexuales.
El bien superior del niño -hay que mencionarlo siempre; por eso es bueno que se haya incorporado lo relativo a la tuición del menor en caso de muerte de uno de los convivientes- guarda relación con el afecto, con el cuidado, con la responsabilidad con que se le trata y cuida. Me cuesta trabajo entender -al menos en mi ADN no cabe- que dos hombres o dos mujeres no puedan entregar eso. El amor y el afecto no tienen que ver con la orientación sexual.
Se han hecho demasiadas caricaturas. Hemos visto a un pastor que anda payaseando todo el día, y a más de algunos nos ha acosado. Esta aprobación representa un golpe fuerte para él, para los intolerantes, para los que discriminan, para los que no respetan los derechos de los demás, para los que no ven valor en la diversidad.
¡Bienvenida la democracia!
Estoy muy contento de contribuir con mi voto a aprobar este importante proyecto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Seré muy breve, señora Presidenta.
Primero, quiero manifestar que estoy muy orgulloso de pertenecer a un partido político que ha puesto su impronta en esta materia, en la que se ha buscado sincerar la legislación con la realidad.
Ello tiene que ver con el reconocimiento a la diversidad y a la libertad de las personas para elegir con quién viven y de qué manera.
Por lo tanto, se trata de un paso muy relevante para sintonizar la realidad con la ley.
Desde ese punto de vista, el acuerdo de unión civil va a permitir que muchas chilenas y muchos chilenos, sean de condición homosexual o heterosexual, cuenten con un respaldo legal, del Estado.
Por esa razón, debemos celebrar esta aprobación.
Reitero que me siento muy orgulloso de pertenecer a mi partido, a la Nueva Mayoría y al Gobierno, que ha impulsado esta iniciativa, la cual, sin duda, nos colocará en la delantera de las sociedades más modernas.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, he apoyado este proyecto y respaldo el matrimonio igualitario. En el fondo, estaré a favor de todo lo que signifique terminar con la discriminación en Chile.
Lo que interesa hoy es aprobar las proposiciones de la Comisión Mixta.
Entiendo que hay una restricción de tiempo para que la Cámara de Diputados vea este asunto, así que simplemente reitero que apoyo de modo entusiasta esta iniciativa. Y declino seguir usando la palabra.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se lo agradezco, señor Senador, porque tenemos un compromiso con la Cámara Baja para enviar pronto esta iniciativa.
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, usaré dos minutos no más.
¡Qué mayor intolerancia que la de aquellos que pretenden en este mismo Hemiciclo imponer conductas y una visión de la vida!
Nosotros tenemos una mirada distinta.
Les pregunto a los Senadores de la Nueva Mayoría: ¿quién, en la última elección o en la anterior, promovió el matrimonio igualitario?

El señor LAGOS.- ¡Yo lo hice!

El señor MOREIRA.- ¡Sería el único!
Me gustaría que alguno de ustedes me mostrara un solo folleto de campaña en donde digan estar de acuerdo con una iniciativa como la que nos ocupa.
Pero aclaro que aquí nadie odia a nadie. El clima de intolerancia lo imponen ustedes (la Nueva Mayoría), porque incluso cuentan con todos los votos para despachar esto.
Es una cuestión de conciencia para nosotros oponernos a lo que se propone, pues creemos que el AVP -o como se llame- no es bueno para el país ni para nuestra sociedad.
Ustedes tienen los votos y pueden aprobar lo que quieran, pero no pretendan que no defendamos nuestra visión.
Termino, en aras del tiempo, señalando que la Constitución garantiza la libertad de conciencia y de opinión. Por tanto, nadie que piense distinto es antidemócrata.
Nosotros rechazamos que se pretenda silenciar o inhibir a quienes pensamos que se debe promover la familia mediante una adecuada protección del matrimonio, entendido este como una institución concebida entre un hombre y una mujer, y abierta a la posibilidad de procrear.
Así lo estima mi conciencia, y en ese sentido voto en el Senado.
Me opongo al que considero un mal proyecto.
Por último, deseo decir que nadie de nosotros tiene superioridad moral sobre nadie. Es nuestra conciencia la que se manifiesta, y ustedes deben respetarla.
Cuando se habla de "totalitarismo moral", cabe hacer notar que este no se halla en esta bancada precisamente, sino en las de enfrente. Y cuando se habla de "progresismo", conviene advertir que ello no puede pasar a llevar las ideas de quienes pensamos distinto.
Voto que no.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de seguir ofreciendo la palabra, solicito autorización de la Sala para ampliar el plazo de indicaciones en 30 minutos para el proyecto sobre etiquetado, que se encuentra en las Comisiones de Salud y Agricultura, unidas.
La petición la ha formulado el Senador señor Quinteros. ¿Habría acuerdo?
--Se autoriza.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, como Presidente del Partido Demócrata Cristiano, deseo expresar, con mucha alegría y orgullo, que todos nuestros Senadores, todos nuestros Diputados y toda nuestra colectividad han respaldado esta iniciativa no solo a través de la votación, sino también mediante la elaboración y el mejoramiento de su contenido.
Quiero felicitar al Senador Pedro Araya, miembro de nuestra bancada, y a los Senadores Soledad Alvear y Patricio Walker, quienes cumplieron una función muy destacada en esta materia.
Así fue en el proyecto sobre filiación -hijos legítimos e ilegítimos- a comienzos de los 90. Así fue en la iniciativa sobre matrimonio civil o divorcio a fines de los 90. Así fue en el proyecto contra la discriminación arbitraria. Y así es en esta propuesta sobre acuerdo de unión civil.
Asimismo, felicito a la comisión político-técnica sobre minorías sexuales de la Democracia Cristiana, la única de su tipo perteneciente a un partido político.
Por lo tanto, estamos muy contentos de concurrir con nuestro voto favorable a este proyecto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Ossandón.

El señor LETELIER.- ¡Punto de Reglamento, señora Presidenta!
¡Tenemos un acuerdo para despachar a cierta hora esta iniciativa!

La señora ALLENDE (Presidenta).- El Senador Ossandón se ha comprometido a usar solo 30 segundos.
Además, estamos en el plazo exacto para mandar el proyecto a la Cámara de Diputados.
La Mesa está velando por el cumplimiento de lo acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, argumentaré brevemente por qué voy a votar que no.
Siempre he estado de acuerdo en un proyecto como este en beneficio de los homosexuales. Pero la incorporación de los heterosexuales destruye o afecta una institución que para mí es muy importante: el matrimonio.
Lo otro es dejar claro que no es aceptable que, por tener pensamientos distintos, uno reciba una tremenda discriminación de parte de personas que se autodenominan "progresistas".
Gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?


La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueban las proposiciones de la Comisión Mixta, dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido (25 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones) y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Espina, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Van Rysselberghe y los señores Coloma, García, García-Huidobro, Moreira y Ossandón.
Se abstuvieron los señores Chahuán, Orpis y Pérez Varela.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).


La señora ALLENDE (Presidenta).- De acuerdo al compromiso que adquirimos, se remitirá la iniciativa inmediatamente a la Cámara de Diputados, que está esperando para verla. Esperamos que puedan despacharla.
El Senado acaba de aprobar el informe de la Comisión Mixta.
Felicitamos el trabajo que realizaron sus integrantes.
¡Muchas gracias!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor TUMA (Vicepresidente).- Vamos a continuar con el siguiente proyecto de la tabla.
Solicito autorización de la Sala para que ingresen al Hemiciclo la Subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga, y su asesor señor Patricio Espinoza.
¿Hay acuerdo?
--Se accede.



CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA Y DE INTENDENCIA DE EDUCACIÓN PARVULARIA


El señor TUMA (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Intendencia de Educación Parvularia y modifica diversos cuerpos legales, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.365-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 20ª, en 3 de junio de 2014.
En tercer trámite, sesión 92ª, en 27 de enero de 2015.
Informes de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 34ª, en 23 de julio de 2014.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (segundo): sesión 73ª, en 10 de diciembre de 2014.
Hacienda: sesión 73ª, en 10 de diciembre de 2014.
Discusión:
Sesiones 35ª, en 5 de agosto de 2014 (se aprueba en general); 74ª, en 16 de diciembre de 2014 (queda pendiente su discusión particular); 75ª, en 17 de diciembre de 2014 (se aprueba en particular).

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El proyecto inició su tramitación en el Senado y a su respecto la Cámara de Diputados efectuó diversas enmiendas, las que recayeron en los artículos 1°, 2°, 3° y 7° de la iniciativa despachada por nuestra Corporación.
La Sala debe pronunciarse respecto de las referidas modificaciones.
Para ello Sus Señorías tienen en su escritorio un boletín comparado en que se transcriben el texto legal vigente, el articulado aprobado por el Senado y las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En discusión dichas modificaciones.

Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Educación, quiero resaltar el importante paso que estamos dando con este proyecto, que crea la Intendencia y la Subsecretaría de Educación Parvularia.
Con ello estamos perfeccionando la institucionalidad que rige la educación temprana, que ya no corresponde a las guarderías donde se cuidaba a los niños, sino que es un aspecto del proceso educativo.
El informe comparado recién ha llegado a nuestras manos, pero ya revisamos con el Secretario las enmiendas que propone la Cámara Baja.
En principio, tras un primer vistazo sin mayor profundidad, noto que lo que se plantea no modifica aspectos sustantivos del texto que despachamos en el primer trámite.
Se precisan algunas de las funciones de la Subsecretaría, incluyendo lo relativo a la organización general.
Se añade al ámbito de las familias el concepto de "comunidad", refiriéndose al inicio temprano del proceso de aprendizaje y desarrollo pleno de niños y niñas, a través de la incorporación a la educación parvularia.
Reemplaza, en la letra g) del artículo 3°, la expresión "el nivel parvulario" por "la educación parvularia". Eso nos parece bien.
Aclara que los actos y contratos que se celebren con instituciones públicas o privadas deben hacerse "conforme a las normas que rigen a la Administración del Estado".
Insisto en que son en realidad cuestiones -no quiero decir menores, porque puede sonar peyorativo- que no afectan al fondo del proyecto.
Llama a garantizar, por ejemplo, el pluralismo en el Consejo a que se refiere el artículo 7° del proyecto, lo que, en principio, por lo menos a mí, me parece adecuado.
Tal vez el cambio más sustantivo es la supresión de una norma.
En la página 3 del comparado se señala que se eliminó la letra c) del artículo 3° del proyecto, que dice relación con las funciones y atribuciones de la Subsecretaría.
La referida disposición dice: "Elaborar y proponer al Ministro de Educación las bases curriculares, programas de estudio, adecuaciones curriculares y modalidades educativas aplicables al nivel parvulario,", etcétera.
No sé quién ha venido en representación del Ministerio.

El señor LETELIER.- La Subsecretaria.

El señor WALKER (don Ignacio).- ¿La Subsecretaria? No la había visto.
Junto con darle la bienvenida, me gustaría que nos explicara, ella o su asesor jurídico, por qué se eliminó la letra c) del artículo 3°.
En principio, nos parecía bien esta disposición, motivo por el cual la habíamos acogido.
Aparte de lo señalado, no veo inconvenientes para aprobar las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.
No obstante, solicito a la Subsecretaria o a su asesor jurídico una explicación de por qué se suprimió la letra c) del artículo 3° del proyecto. A mi juicio, se trata del único cambio relativamente sustantivo.
Reitero: aparte de eso, no considero que haya problemas para acoger los cambios realizados en la Cámara Baja, previa aclaración de la señora Subsecretaria.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Subsecretaria de Educación.

La señora QUIROGA (Subsecretaria de Educación).- Señor Presidente, muchas gracias por la posibilidad de estar junto a ustedes en un momento para nosotros tan relevante dentro de la reforma educacional.
Deseo responder brevemente la consulta del Senador Ignacio Walker.
La razón por la cual la letra c) fue eliminada en la Cámara de Diputados no obedeció a ninguna discusión de fondo, en el sentido de que haya habido desavenencia o discrepancia con ese literal. En cierto momento, y producto de que se quería incorporar un texto, se pidió votación separada. Pero, lamentablemente, no se alcanzó el quórum para su aprobación, por lo tanto, quedó rechazada la norma.
Como dije, no se debió a alguna discrepancia en particular con el contenido de esta letra.
En todo caso, señora Presidenta, del análisis hecho por el Ejecutivo se concluyó que esta supresión no genera problemas al proyecto de ley, toda vez que sus artículos 1° y 2° delegan en la Subsecretaría que se está creando las facultades generales para colaborar con el Ministro de Educación "en la promoción, desarrollo y coordinación de la educación parvularia" y "en la elaboración, coordinación, aplicación y evaluación de políticas y programas" -ya se mencionan los programas- "en materias destinadas al desarrollo y promoción de la educación parvularia".
El artículo 3°, por lo tanto, tenía por objetivo relevar y especificar aquellas facultades generales, que siguen quedando radicadas en la Subsecretaría. Por consiguiente, la eliminación de la letra c) sigue dejando a ese organismo nuevo con aquella función. De hecho, se puede observar que en la letra a) del artículo 3°, nuevamente de manera genérica, se señala como funciones y atribuciones "Proponer al Ministro de Educación las políticas, planes y programas en las materias relativas a la educación parvularia".
Por lo tanto, en opinión del Ejecutivo, la supresión de la norma en comento no afecta el propósito de la iniciativa y, además, no genera ninguna disonancia o ambigüedad respecto de dónde queda finalmente radicada la función.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Ya que no había tenido oportunidad de hacerlo, le doy la bienvenida, señora Subsecretaria.
Si les parece, realizaremos una sola votación y quienes deseen fundamentar su posición podrán hacerlo.
En votación.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, está hecha la aclaración -por lo menos a mí me satisface- en el sentido de que las bases curriculares, programas de estudio, adecuaciones curriculares y modalidades educativas contenidas en la letra c) -como me señala el asesor jurídico- podrían considerarse comprendidas en la letra a) del mismo artículo, que justamente establece la función de "Proponer al Ministro de Educación las políticas, planes y programas en las materias relativas a la educación parvularia".
Por lo tanto, no sería un problema mayor.
En consecuencia, propongo sencillamente aprobar las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.
Pero quiero agregar un par de ideas, señora Presidenta.
Quienes integramos la Comisión de Educación desde hace cinco años hemos ido constatando que en ciertas áreas existe mucho acuerdo, gran consenso. Lo digo porque venimos saliendo de una discusión bastante crispada y polarizada sobre la inclusión, el lucro, el copago y la selección.
Lo cierto es que en materia de educación parvularia, hasta donde recuerdo, ha habido prácticamente unanimidad en lo más sustantivo de este proyecto.
Solo deseo resaltar que todos los estudios, el consenso de los expertos de la comunidad académica, indican que lo que se hace o no, lo que se aprende o no entre los cero y los cuatro años -excluyo el prekínder y el kínder, que no forman parte de la educación parvularia- acompaña a la persona toda la vida, la define para siempre.
Por consiguiente, considero muy importante entender y valorar lo que estamos haciendo como Parlamento: crear una Subsecretaría de Educación Parvularia; una Intendencia de Educación Parvularia; la autorización para funcionar, perfeccionando la norma; el reconocimiento oficial de las salas cuna y los jardines infantiles, ya no como guarderías, sino como parte de la educación parvularia.
Se construirán 5 mil 700 salas cuna y jardines infantiles en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, con una inversión de 450 millones de dólares anuales, lo cual permitirá incorporar alrededor de 124 mil niños y niñas a la educación parvularia.
Por eso, veamos también el vaso medio lleno en temas donde hay gran acuerdo, mucho consenso.
En suma, sin más, soy partidario de aprobar las enmiendas de la otra rama del Congreso y despachar esta iniciativa, que será una de las tres que estamos aprobando: la de la inclusión; la del administrador provisional, que ya fue promulgada como ley de la república, y ahora la de la educación parvularia. O sea, estaría concluida, antes del 31 de enero de este año, la tramitación de 3 de los 8 proyectos de ley que conforman la reforma educacional del Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Los cinco restantes, en el fondo, contienen dos materias: una, educación pública, que está contemplada en el proyecto de nueva educación pública y carrera docente, y otra, de educación superior, que serán los proyectos de financiamiento, acreditación y fiscalización de instituciones de educación superior.
Por lo tanto, nos podemos ir tranquilos al receso parlamentario, luego de haber concluido y despachado para promulgar como ley de la república tres de los ocho proyectos que conforman la reforma educacional.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, se ha dicho hasta la saciedad -y todos los estudios que se conocen así lo señalan- que, sin duda, la educación en este período de la vida del ser humano es indispensable y que, además, marca para toda la vida.
Por eso, cuando hace pocos días se discutieron los proyectos que ha enviado el Gobierno respecto de la educación -nada tienen que ver con el período de la vida que ahora vemos-, uno se pregunta por qué no nos preocupamos justamente de esto.
Anuncio que votaré a favor de la iniciativa de ley que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia como un órgano de colaboración directa del Ministro de Educación para la promoción, desarrollo y coordinación de la educación básica de calidad para la formación integral de niños y niñas, desde su nacimiento hasta el ingreso a la educación básica.
A mi juicio, señora Presidenta, muchos de los problemas que se presentan en la educación, ya sea municipalizada, particular subvencionada o particular pagada, se deben a que, por largo tiempo, el Estado de Chile, en su afán de promover el aumento de la cantidad de personas que se educaba, realizó una fiscalización muy baja, de muy poco calibre, de muy poca intensidad a quienes se desempeñaban en este sector, especialmente a aquellos a los que se les entregaban recursos fiscales. Por esa razón ha subido la crítica respecto de este tipo de educación.
Sin embargo, hemos dado pasos muy importantes, como los que se iniciaron durante el Gobierno del Presidente Piñera y los que se han dado en esta Administración desde el punto de vista de la fiscalización.
La Superintendencia de Educación, a mi juicio, ha generado un cambio muy importante, especialmente en las regiones, en donde los recursos en el sector municipalizado se gastaban de forma francamente increíble.
Hay comunas de mi Región que tienen miles de millones de pesos que, o no fueron gastados en educación, o se ocuparon mal, porque se destinaron a otro tipo de objetivos. Por lo tanto, con ello se perjudicaron tanto los recursos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial como otros que se usaron en cualquier cosa, menos para mejorar la calidad de la educación.
Pero con la supervigilancia, la fiscalización y la creación de entidades como esta, la educación tiende a que, de alguna manera, esos recursos y esos esfuerzos se inviertan directamente en la calidad de la educación.
Por eso, voy a votar a favor del proyecto, porque en conjunto, con lo que se hizo en el Gobierno pasado y con lo que se está haciendo ahora -pese a que no comparto la iniciativa despachada hace unos días-, se va a mejorar, sin duda, la calidad de la educación, especialmente la del sector público.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, a diferencia de mi colega Prokurica, yo creo que todo esto es calidad; todo incide directamente en la calidad.
El proyecto que se aprobó la semana anterior elimina la discriminación. Y cuando uno termina con la discriminación y los recursos van al proceso educativo, es evidente que el impacto es directo en la calidad, en los procesos de aprendizaje de los niños.
Efectivamente, como señaló recién el Senador Ignacio Walker, se cierra un año legislativo muy exitoso para este Congreso, para el mundo de la educación. Por eso, saludo a la Subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga, y a su asesor jurídico, señor Patricio Espinoza.
Han sido tres proyectos muy importantes, largamente discutidos, respecto de los cuales se escuchó a distintas instituciones, organismos y a personas incluso con intereses en el sector. Me refiero a la iniciativa que pone fin al lucro, al copago y a la selección, permitiendo la inclusión; a la relativa al administrador provisional, y a la que hoy despacharemos, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia.
Asimismo, se aprobaron otros dos proyectos no menos importantes y que también impactan en la calidad, como es el caso -en concordancia con esta iniciativa- del que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles. Efectivamente, se trata de un proyecto que venía del Gobierno anterior, pero esta Administración le presentó indicaciones muy profundas y, finalmente, el texto fue mejorado en el Senado. Y, también, un tema no menor, que tiene que ver con algo muy anhelado por los profesores, como es la titularidad de los docentes a contrata, lo cual fue aprobado por este Parlamento.
Entonces, el balance de este año legislativo no puede ser mejor en materia educacional.
En el caso de este proyecto en particular, que viene con algunas modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, mi recomendación, como integrante de la Comisión de Educación, es respaldarlo. En verdad, los cambios efectuados por la Cámara Baja son absolutamente menores, no alteran la esencia de la iniciativa en análisis, que crea esta nueva institucionalidad -la Subsecretaría de Educación Parvularia-, porque mantiene la separación de los roles.
¿Qué significa eso?
Que la Subsecretaría de Educación Parvularia seguirá siendo la entidad que fije las normas, los planes y programas educativos, y la Superintendencia va a fiscalizar, con su Intendencia, que es la que determinará los aspectos que serán objeto de fiscalización y, eventualmente, de sanción. Y, por supuesto, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que muchas veces es la cara visible, el ente ejecutor -por así decirlo-, o más bien el proveedor del servicio educativo.
Por lo tanto, aquí no se está alterando la esencia del proyecto, que es la separación de funciones para que esta nueva institucionalidad cumpla mejor su propósito de llevar educación de calidad a los niños y niñas en Chile.
Sí hay un cambio, más allá de los aspectos formales, de letras y numerales. Se incorpora -lo considero un aporte valioso- al Consejo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad un representante -no existía antes- del mundo de la educación preescolar.
Creo que esa mirada, sin lugar a dudas, aportará un efecto importante en la lógica de la calidad, como sostuve al comienzo. Porque tendremos un representante del mundo preescolar, que conoce la educación parvularia, instalado en la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.
Insisto en que todos estos proyectos inciden en la calidad de la educación.
Mi invitación es a votar favorablemente esta última modificación, que no altera esencialmente lo que aprobó el Senado, porque esta iniciativa constituye una gran noticia para la educación chilena, para la educación pública y para cientos de miles de niños de nuestro país.
He dicho.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, intervengo con un solo objetivo.
Quiero que quede constancia en la historia fidedigna de la ley de que la eliminación de la letra c) no debilita los temas que ya están reforzados en los artículos 1°, 2° y 3°, letra a).
Como lo explicó la señora Subsecretaria, la eliminación de la letra c) no afecta las tareas que debe efectuar la Subsecretaría en las materias ahí determinadas.
Por esas razones, voto que sí.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, voto a favor de la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia, porque estimo importante reforzar la institucionalidad pública en relación con la atención parvularia y con la educación parvularia en su conjunto.
Sin embargo, creo que es preciso señalar lo siguiente.
La Presidenta de la República anunció, al poco tiempo de asumir su mandato, una fuerte inversión en salas cuna. Y se destinó para ello poco más de 20 mil millones de pesos.
Yo he revisado la ejecución presupuestaria de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la sorpresa es grande, porque los recursos no fueron invertidos, sino traspasados a la Fundación Integra.
Entonces, sorprende que, siendo esto una prioridad de la Presidenta de la República, la JUNJI no haya tenido la capacidad de ejecutar el presupuesto y los recursos se traspasaran a una fundación de carácter privado que escapa del control y fiscalización de la Cámara de Diputados.
Entonces, a mi juicio, uno tiene que ser consecuente.
Me parece superbién que fortalezcamos la institucionalidad pública en materia de educación parvularia, para que los organismos públicos encargados de materializar los programas del Estado en favor de nuestros niños y, particularmente, de nuestros párvulos tengan capacidad para materializar las inversiones y hacer efectivos los mejoramientos que anunciamos. De lo contrario, todo esto pasa a ser letra muerta.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, voy a votar a favor de la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia.
Hay un desafío pendiente: llegar a todos los niños de Chile. Y un paso institucional es el establecimiento de dicho ente, que debe tener disponibilidad de recursos y de profesionales. Espero que en él haya una gran planta, con muy pocos funcionarios a contrata y ninguno a honorarios. Si no, estaremos provocando más inseguridad.
Yo confío -y se lo digo especialmente a la Subsecretaria de Educación- en que toda creación de organismos públicos disponga plantas reales, no ideales o imaginarias. De lo contrario generamos institucionalidad con pies de barro.
O sea, si hay una Subsecretaría y una Intendencia de Educación Parvularia, deben tener plantas funcionarias adecuadas.
Voy a votar a favor, pero -lo he dicho- en el Presupuesto del 2016, que se discute en 2015, avanzaremos sustantivamente en aquella línea. Y anuncio desde ya que no tengo disponibilidad para seguir apoyando la permanencia de contratos a honorarios o a contrata en instituciones que reciben recursos del Estado.
La Subsecretaria de Educación y el Ministerio deben garantizarnos que quienes se desempeñen en los nuevos organismos tendrán seguridad en el empleo. Habrá participación de la Alta Dirección Pública, de manera que podremos generar la mejor institucionalidad, con certeza laboral. Si no, como lo ha dicho el Senador Bianchi reiteradamente, el Estado se convierte en el peor empleador, en el que provoca más incertidumbre. Y no hay un buen desempeño laboral cuando la incertidumbre está presente.
Señora Presidenta, voto a favor de la Subsecretaría y de la Intendencia de Educación Parvularia, con esa observación. Y si la necesidad obliga a que haya personas a honorarios o a contrata durante 2015, esperamos resolver el problema eliminando ese tipo de contratación por la vía de dotar de plantas reales a instituciones tan importantes para los niños de Chile.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, por cierto, quiero sumarme a la creación de la Subsecretaría y de la Intendencia de Educación Parvularia, así como a la modificación de diversos cuerpos legales.
Este es un paso institucional tremendo. Y espero que la señora Subsecretaria de Educación, quien está hablando apasionadamente con el Senador Quintana, pueda tomar nota de un aspecto vinculado con la institucionalidad necesaria para sacar adelante el tremendo esfuerzo que significa la construcción de miles y miles de jardines infantiles.
El Senador García manifestó una inquietud legítima, como parlamentario de Oposición: el traspaso de cerca de 20 mil millones de pesos a Integra. Pero hizo una afirmación errada. Y voy a decir por qué.
Integra es una institución con recursos públicos que son objeto de fiscalización por la Cámara de Diputados. No se trata de dineros que no se fiscalicen.
Se recurre a Integra, imagino -pero sería muy interesante escuchar en su momento un informe aquí-, porque, siendo una corporación de derecho privado que cumple funciones y persigue fines públicos, eso facilita el proceso de compra de terrenos, de contratación del diseño y ejecución de las obras; es decir, permite acortar, comprimir procesos burocráticos que en el Estado a veces son muy poco felices.
Mi impresión es la de que todos queremos que se haga aquel esfuerzo con prontitud. Sí, sería bueno, más allá de este proyecto, conocer la institucionalidad futura necesaria para sacar adelante la tarea. Y es importante saber, más allá de dicha institucionalidad, cómo se van a localizar los diferentes jardines y salas cunas; quién definirá la localización de la infraestructura; de qué modo se generará una distribución geográfica coherente para asegurar el buen uso de aquella, y cómo lograremos a futuro una institucionalidad que permita -sé que esto es poco atractivo para algunos, pero me parece una necesidad de la política pública- llegar a una convergencia entre la JUNJI e Integra.
En mi concepto, debe existir una sola institucionalidad y no los modelos que tenemos hoy, en que el Estado aporta recursos y los jardines de la JUNJI son traspasados a la administración municipal, donde la precariedad laboral es total. No es razonable que sigamos teniendo simultáneamente una JUNJI con gran estabilidad para sus trabajadores -la mayoría mujeres- y una Fundación Integra. Necesitamos una convergencia.
Yo espero que el proceso de traspaso de fondos -y vuelvo al punto inicial que mencionaba el Senador García, cuya inquietud comprendo- sea también el antecedente para un trabajo conjunto, con información al Congreso Nacional.
Pienso que nadie, incluidos los integrantes de las bancadas de enfrente, está en contra de que aceleremos el proceso de inversión de los recursos en salas cunas y jardines infantiles. Pero, sí, es preciso tener la certeza de que ello se va a hacer razonablemente.
En el Estado ha habido debilidad para sacar adelante este tipo de esfuerzos. No contamos con un Estado ágil para tal efecto. Y estoy seguro de que el Senador García, cuando plantea sus juicios -me arriesgo a interpretarlo-, no se opone en lo más mínimo a esa inversión, sino que, al contrario, quiere que ella se haga, porque es una política pública que todos hemos respaldado. Pero debemos asegurar que se realice bien y que no se invierta (disculpen la frase) donde se puede, sino donde se debe.
Entiendo que esa es una de las razones por las cuales los recursos se pasaron a Integra: para que no invirtamos en los terrenos que los municipios nos consiguen o en los retazos que quedan en una vía o población, sino que podamos comprar y construir en los lugares del territorio nacional donde hay una demanda efectiva, demográfica y desconcentrada.
Si hubiésemos tenido hoy esa institucionalidad, ello habría facilitado mucho los planes de inversión que deberemos efectuar en los próximos tres años.
Voto a favor.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señora Presidenta, el 20 de abril de 1970, durante el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, se promulgó la ley que creó la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).
Han transcurrido casi 45 años. Hemos tenido avances sustantivos en esta materia. Empero, como se ha dicho aquí, aquella no ha constituido una prioridad nacional. Hemos hecho las cosas en la medida de lo posible, en función de lo que han planteado distintas organizaciones, como los municipios, pero siempre gatillados por la presión de la demanda, en vez de crear una política nacional de direccionamiento para satisfacer la necesidad de nuestro país de construir una sociedad con más oportunidades.
Sabemos que esas mayores oportunidades están dadas cuando se atiende a la primera infancia.
Por tanto, considero sustantivo este proyecto de ley, que crea una Subsecretaría especial de Educación Parvularia.
Eso, que ni en sueños se pensó cuando recién se creó la JUNJI, hoy constituye una de nuestras primeras prioridades como sociedad. Y el Gobierno de la Presidenta Bachelet lo está materializando precisamente en estas acciones. Y no es solo discurso; no es únicamente compromiso de campaña: la voluntad política se cristaliza con obras y presupuestos concretos.
Por eso, apoyo con entusiasmo esta iniciativa, que crea la Subsecretaría y la Intendencia de Educación Parvularia para fiscalizar de mejor manera los recursos del Estado destinados a la educación parvularia. Y señalo que comparto la necesidad de que una sola institución concentre los esfuerzos de un Estado que quiere avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa.
Voto a favor.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Seré muy breve, señora Presidenta.
Voy a votar favorablemente. Creo que dar institucionalidad en esta materia es muy importante. Solo quiero agregar que comparto lo que dijo mi "compañero" Letelier, pues me tocó trabajar durante muchos años en terreno: JUNJI e Integra eran como el pariente rico y el pariente pobre en competencia. Y la verdad es que hay que buscar la fórmula para que exista una institución que lo haga bien.
Deseo, igualmente, destacar la labor de las municipalidades en nuestro país.
En el Gobierno anterior de la Presidenta Bachelet la JUNJI creció enormemente gracias a los acuerdos de los jardines infantiles y salas cunas con los municipios.
Ese proceso de municipalización fue combinado: como se les entregaban a las municipalidades recursos que necesitaban para operar -al revés de lo que se ha hecho en educación-, el resultado fue extraordinario. Al final, los municipios terminaban apadrinando a los institucionales.
Espero que la nueva Subsecretaría recoja las experiencias de muchas municipalidades de nuestro país, porque esa cercanía no solo permite comprar terrenos sino asimismo, sin necesidad de adquirirlos, acceder a un montón de espacios legalmente municipales y a los que se puede dar uso para obras en beneficio de la comunidad, como la construcción de jardines infantiles y salas cunas. Y eso es mucho mucho dinero.
Tenemos, de otro lado, la capacidad para administrar los municipios con realidades distintas. No es lo mismo tener un jardín infantil o una sala cuna en un sector ultravulnerable que tenerlo en un sector medio. Son formas de trabajar totalmente distintas.
Así que apruebo la idea, pero espero que se valore al menos una vez el accionar de los municipios de Chile.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas acordadas por la Cámara de Diputados (34 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido, y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz y Van Rysselberghe y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.


La señora ALLENDE (Presidenta).- Nos alegramos mucho de haber aprobado este proyecto.
--(Aplausos en la Sala).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Expresamos nuestro agradecimiento a la señora Subsecretaria de Educación y a sus asesores.


ENMIENDAS A NORMATIVAS ATINENTES A REGULACIÓN DE CIERRE DE FAENAS E INSTALACIONES MINERAS Y A CREACIÓN DE SERNAGEOMIN


La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde discutir en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.551, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, y el decreto ley N° 3.525, de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería, con segundo informe de la Comisión de Energía y Minería e informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.624-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 72ª, en 9 de diciembre de 2014.
Informe de Comisión:
Minería y Energía: sesión 77ª, en 6 de enero de 2015.
Minería y Energía (segundo): sesión 92ª, en 27 de enero de 2015.
Hacienda: sesión 92ª, en 27 de enero de 2015.
Discusión:
Sesión 78ª, en 7 de enero de 2015 (se aprueba en general).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 7 de enero de 2015.
La Comisión de Minería y Energía deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los numerales 2), 4), 5) y 6) del artículo 1° y el numeral 2) del artículo 2° no fueron objeto de indicaciones ni de enmiendas. Estas disposiciones, salvo el numeral 2) del artículo 2°, que fue modificado posteriormente por la Comisión de Hacienda, deben darse por aprobadas, a menos que alguna Senadora o algún Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
La Comisión de Minería y Energía efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales acogió por unanimidad.
Por su parte, la Comisión de Hacienda introdujo una modificación al numeral 2) del artículo 2° del texto despachado por la Comisión de Minería y Energía, enmienda que aprobó por la unanimidad de sus miembros.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben votarse sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general; las enmiendas realizadas por la Comisión de Minería y Energía; la modificación que introdujo la Comisión de Hacienda, y el texto como quedaría en caso de aprobarse dichas enmiendas.
Por lo tanto, en primer lugar, se sugiere dar por aprobadas las normas que no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión particular.

Antes de proceder a las votaciones, tiene la palabra el Senador señor Guillier, Presidente de la Comisión de Minería y Energía.

El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, quiero destacar que este proyecto de ley, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, fue objeto de un amplio debate en la Comisión, donde el apoyo fue unánime.
Dicho órgano recibió a personeros de Gobierno, y también, a representantes de las diversas asociaciones mineras, entre ellos el Presidente de la SONAMI; los Presidentes de las Asociaciones Mineras de Taltal, Chañaral, Copiapó, Illapel, Andacollo, San Felipe, Cabildo y Catemu, e incluso, los pirquineros de Tierra Amarilla.
Lo que hace esta iniciativa es muy simple: permite calcular la vida útil de un proyecto minero en función de los recursos y no solo de las reservas, lo cual posibilita hacer una proyección más objetiva de la vida útil de los yacimientos. Y ello tiene mucho que ver con la necesidad de acopiar recursos para asegurar un adecuado plan de cierre.
El Ejecutivo, además, se esmeró por acercar posiciones y se comprometió a incorporar en el reglamento de la ley observaciones críticas que hicieron representantes mineros y a estudiar en particular, más adelante, materias no relacionadas directamente con la iniciativa.
Debo destacar que este proyecto le otorga mayores facilidades a la pequeña minería, que era la que estaba más inquieta, en materia de cierre de faenas e instalaciones mineras.
En consecuencia, nuestra legislación queda en mejor sintonía con la realidad minera nacional y entrega un importante auxilio a ese sector extractivo.
Por lo expuesto, le pido a la Sala aprobar en particular la iniciativa.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero saludar a la Ministra de Minería, señora Aurora Williams, quien nos acompaña en esta ocasión.
Entrando al pronunciamiento de la Sala, vamos a comenzar con los numerales que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones y que el señor Secretario ya individualizó.
--Se aprueban reglamentariamente.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Sala debe votar las enmiendas introducidas unánimemente por la Comisión de Minería y Energía, más la única modificación que hizo la Comisión de Hacienda, que también es de consenso.
Podría efectuarse una sola votación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí: haremos una sola votación.
Pero cometí un error: hay tres inscritos: los Senadores señores Orpis, Prokurica y Coloma.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señora Presidenta, la legislación que regula el cierre de faenas mineras constituyó en nuestro país un importante avance para hacer sustentable la minería, a los fines de encargarse de los pasivos mineros desde que se inicia el proyecto.
Desde ese punto de vista, la ley N° 20.551 fue un paso cualitativo muy relevante en materia minera.
Como bien sabemos, luego de comenzar a aplicarse, toda legislación es susceptible de perfeccionamiento. Y tal es el sentido de la modificación que debate en este minuto la Sala del Senado.
Básicamente, esta iniciativa hace dos cosas.
En primer lugar, permite establecer con mayor exactitud, para efectos de constituir la garantía, la vida útil de los yacimientos.
La ley vigente considera solo las reservas. En cambio, la iniciativa en debate dispone que son determinantes para calcular la vida útil de los yacimientos, además de las reservas, los recursos certificados del proyecto minero.
En segundo término, se hace cargo -desde mi punto de vista, es lo fundamental- de lo que pasa con el cierre de las pequeñas faenas en que se extraen menos de cinco mil toneladas de mineral.
Esta iniciativa precisa que en tal caso para el cierre bastará declarar los antecedentes relativos a la individualización de la faena y especificar las medidas de cierre referidas solo al desmantelamiento, cierre de accesos, señalizaciones y medidas de estabilidad física de depósitos de estériles o botaderos. Esto, cuando no haya plantas de tratamiento.
Por consiguiente, se simplifica el cierre de las faenas para quienes extraen menos de cinco mil toneladas.
Ahora, yo estoy de acuerdo con la modificación que hizo la Comisión de Hacienda al numeral 2), la cual se consigna en la página 26 del comparado. ¿Y por qué? Porque este proyecto, paralelamente, otorga facultades al SERNAGEOMIN para requerir "a toda persona que realice o haya realizado, por sí o a través de terceros, trabajos de exploración geológica básica, la entrega de la información de carácter general que al respecto obtenga.".
¿En qué consistía el problema de lo que aprobó la Comisión de Minería? En que el concepto "de carácter general que al respecto obtenga" era vago. Lo que hace la Comisión de Hacienda es precisarlo e incorporar al numeral 16, en el número 2) del artículo 2º del proyecto, el siguiente párrafo segundo, nuevo:
"Se entenderá por información de carácter general, al conjunto de antecedentes tales como muestras, mapas, levantamientos, tablas o estudios, obtenidos de los trabajos de exploración geológica básica.".
En consecuencia, entiendo que ello es un complemento a un concepto vago -repito- aprobado en la Comisión de Minería, para precisar qué se considera "información de carácter general" en la nueva facultad que el proyecto le otorga al SERNAGEOMIN.
Por estas razones, votaré a favor, pues creo que se efectúa un perfeccionamiento en la ley que regula el cierre de faenas mineras.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, seré muy breve, porque sé que también es importante aprobar otras iniciativas.
Cuando Chile dictó la ley Nº 20.551, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, dio un paso muy relevante en orden a evitar lo que sucede en nuestras Regiones -la que representamos con usted, señora Presidenta; la de los Honorables señores Guillier y Araya, y la del Senador señor Orpis-, donde las ciudades están rodeadas de relaves, desechos y otros efectos de la actividad minera, los que a veces también presentan en su interior.
El cierre de faenas de alguna manera permite evitar que, al término de la actividad, la autoridad desconozca cuáles serán los efectos futuros. Al inicio del proceso se les impone a las empresas, para el caso de incumplimiento, un plan que debe estar garantizado con una boleta de garantía.
Lo que estamos haciendo hoy día es introducir un cambio para que las faenas y la determinación del pago de quienes deben otorgar la garantía y presentar el plan de cierre se midan en una forma distinta, porque los plazos vencen en febrero próximo. De ahí la importancia de aprobar ahora el proyecto.
Para ser muy breve, leeré el inciso tercero que se agrega al artículo 16 de la ley, ya que despeja ciertos fantasmas o temores con relación a que el trámite también tienen que hacerlo los mineros más pequeños:
"Sin perjuicio de lo anterior, respecto a los planes de cierre de este tipo de empresas mineras, cuya capacidad de extracción de mineral no sea superior a cinco mil toneladas brutas (5.000 t) mensuales por faena minera y que carezcan de planta de producción, depósito de relaves o de ripios de lixiviación, darán cumplimiento a la presente obligación presentando una declaración que contenga los antecedentes relativos a la individualización de la faena minera y de la empresa minera, y especificar las medidas de cierre referidas sólo al desmantelamiento, cierre de accesos, señalizaciones y medidas de estabilidad física de depósitos de estériles o botaderos.".
Es decir, se trata de un trámite administrativo, sin la firma de un profesional ni todo lo que implica el plan de cierre, propiamente tal. Por lo tanto, las asociaciones mineras no deben experimentar aprensiones, como muy bien lo explicó el Honorable señor Guillier, Presidente de la Comisión de Minería, cuando vinieron sus representantes. Las faenas mencionadas no están obligadas al pago de la garantía y a lo demás.
Me parece que estamos dando un paso significativo en materia medioambiental y en la seguridad de las personas en cuanto a que al cerrarse una faena minera no quede abierto un pique o falte un letrero. El propósito es evitar accidentes y mantener, dentro de lo posible, todo el medioambiente que circunscribe a la actividad.
Gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, solo deseo dar una breve explicación, porque la indicación que introdujo el Gobierno, a petición de la Comisión de Hacienda, presenta alguna relevancia.
Advertimos una vaguedad en la forma como se establecía la facultad del Servicio en el sentido de requerir, conforme al Código de Minería, "a toda persona que realice o haya realizado, por sí o a través de terceros, trabajos de exploración geológica básica, la entrega de la información de carácter general que al respecto obtenga.". Nos pareció que esta redacción podía ser una fuente de conflicto, lo que siempre es preciso evitar.
Entonces, buscamos una precisión, y creo que ello se logró de buena manera al intercalarse el siguiente párrafo segundo, nuevo, en el número 16:
"Se entenderá por información de carácter general, al conjunto de antecedentes tales como muestras, mapas, levantamientos, tablas o estudios, obtenidos de los trabajos de exploración geológica básica.".
O sea, se trata de información que es posible entregar. Nadie está obligado a ver cuáles son las reservas o la ley del mineral, ya que eso se vincula con la capacidad de hacer negocios o con seguir produciendo. No ha sido esa la idea, según nos dijo el SERNAGEOMIN. Ellos desean contar con más datos para una especie de patrimonio de país, especialmente en materia geológica, pero eso no se relaciona con información que pueda utilizarse internamente para tomar una decisión económica.
Nos parece que la definición perfecciona la redacción original y da más certeza jurídica. Entendemos que se trata de datos de exploración geológica básica y se determina el conjunto de antecedentes. Estimamos que de esa manera queda mejor la iniciativa que vamos a aprobar.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Como lo manifesté anteriormente, se realizará una sola votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Quienes estén de acuerdo con las enmiendas planteadas por las Comisiones tienen que votar que sí.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?


La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Por 24 votos a favor, se aprueban las proposiciones de las Comisiones de Minería y de Hacienda.
Votaron las señoras Allende y Goic y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Moreira, Ossandón, Prokurica, Quintana, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- El Honorable señor Quinteros deja constancia de su intención de voto a favor.




MODIFICACIONES DE LEY SOBRE VIOLENCIA EN ESTADIOS Y DE FUNCIONES DE SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO


La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.327, en lo tocante a su ámbito de aplicación y al establecimiento de un régimen sancionatorio efectivo, y la ley Nº 20.502, en materia de funciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.566-29) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 74ª, en 16 de diciembre de 2014.
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 88ª, en 21 de enero de 2015.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los principales objetivos de la iniciativa son:
-Extender el ámbito de aplicación de la ley Nº 19.327, conocida como "sobre violencia en los estadios", a todos los hechos conexos al fútbol profesional, tales como entrenamientos, desplazamientos y venta de entradas.
-Crear un registro, a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que contendrá una base de datos de las organizaciones deportivas de fútbol profesional, de los organizadores de espectáculos de este tipo, etcétera, y establecer un régimen sancionatorio efectivo en contra de las entidades mencionadas en caso de incumplimiento de las obligaciones que señala la ley.
La Comisión discutió el proyecto solamente en general y, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Bianchi, Espina y Quinteros, aprobó la idea de legislar.
Cabe tener presente que los artículos 26 y 27, incorporados por el número 20) del artículo 1º del proyecto, revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 22 votos para su aprobación.
El texto que se propone aprobar se transcribe en el primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Solicito la autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Prevención del Delito.
Acordado.
En discusión la idea de legislar.

Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, para emitir su informe, la Comisión recibió las opiniones del Subsecretario de Prevención del Delito, señor Antonio Frey; del Jefe del Plan Estadio Seguro, señor José Roa; del General de Carabineros de Chile señor Hugo Inzulza; del Presidente del Instituto de Jueces de Policía Local, señor Miguel Aguirre; del Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, señor Óscar Fuentes; del ex Director del Plan Estadio Seguro señor Cristián Barra, y de representantes de los clubes de deportes Malleco, Universidad de Chile y Colo-Colo.
Los objetivos de la iniciativa son, en primer lugar, extender el ámbito de aplicación de la ley N° 19.327, conocida como "sobre Violencia en los Estadios", a todos los hechos conexos al fútbol profesional, tales como entrenamientos, desplazamientos y venta de entradas; en seguida, crear un registro, a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que ha de contener una base de datos de las organizaciones deportivas del fútbol profesional y de los organizadores de espectáculos de este tipo, y, por último, establecer un régimen sancionatorio efectivo en contra de las entidades antes mencionadas, en caso de incumplimiento de las obligaciones que señala la ley, para lo cual se les encomienda a los intendentes la aplicación de las sanciones, susceptibles de reclamación ante la Corte de Apelaciones respectiva. Por otra parte, se les entrega a los juzgados de policía local el conocimiento de las infracciones al ordenamiento que cometan los asistentes a espectáculos de fútbol profesional.
El proyecto debe ser aprobado con rango orgánico constitucional, en atención a que los artículos 26 y 27 que incorpora el número 20) de su artículo se refieren a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.
Después de escuchar a los invitados, la Comisión concordó con los objetivos generales en orden a contar con más y mejores herramientas para avanzar, en forma eficiente, en garantizar condiciones de seguridad, bienestar y convivencia a todos quienes quieren disfrutar del fútbol como una oportunidad de sano esparcimiento y recreación.
La iniciativa se basa en la experiencia en la aplicación de la ley N° 19.327, que ahora no estará restringida a la prevención de la violencia en los estadios, sino que ampliará su foco a los derechos y deberes de quienes concurren a las competencias deportivas. Se perfecciona el régimen sancionatorio que afecta a los asistentes que cometan infracciones o delitos y a los organizadores de espectáculos que no cumplan sus obligaciones, al tiempo que se otorgan nuevas facultades a los intendentes.
Sin perjuicio de lo anterior, teniendo presentes las observaciones recibidas en especial de parte del Instituto de Jueces de Policía Local, que no habían sido recogidas en la discusión de la Cámara de Diputados, la Comisión le solicitó al Ejecutivo modificar la urgencia y fijar un plazo prudencial para presentar indicaciones. Sugirió, además, la conformación de una mesa de trabajo a fin de concordar los cambios necesarios. Propongo que la fecha límite para formularlas sea el 2 de marzo de 2015.
En virtud del acuerdo alcanzado sobre estos puntos, la unanimidad de los miembros presentes del órgano técnico, Senadores señores Bianchi, Espina y el que habla, acogió la idea de legislar y propone a la Sala la aprobación en general.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se va a abrir la votación, sin que haya problemas en darles a los interesados un margen con el objeto de concluir.
Conviene determinar el plazo para las indicaciones, eso sí, a fin de contar con el quorum necesario para tomar acuerdos.
Sugiero el 2 de marzo próximo. ¿No?
Tiene la palabra el Senador señor Espina para hacer una proposición.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, no puede ser antes del 20 o 25 de marzo, porque las indicaciones tienen que ser trabajadas. El proyecto sí tiene que ser despachado ese mes, como lo sostuve ayer.
Creo que no va a haber ninguna diferencia y que se concordará con ellas. Vamos a estar volviendo de vacaciones. Prefiero la semana siguiente al 16 y terminaremos de inmediato. Eso es lo que estimo apropiado para poder prepararlas bien. Si no, será preciso abrir un nuevo plazo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se fijará el lunes 23 de marzo.
Acordado.

El señor ESPINA.- Nosotros hemos dado todas las facilidades para apurar la iniciativa. Pido simplemente pronunciarse a favor.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, en votación.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, deseo simplemente hacer dos o tres comentarios.
En primer lugar, este es un asunto de un impacto social enorme. Los cientos de miles de chilenos que asisten a los espectáculos de fútbol profesional en todo el país son francamente muchos más, tal vez, de lo que a veces algunos señores Senadores pueden imaginar.
Y una de las cuestiones más delicadas que se han planteado durante muchos años es cómo lograr que el fútbol finalmente pueda ser una fiesta en familia a la que asistan los padres con sus hijos, sin tener que vivir los hechos de violencia que se registran en muchas oportunidades.
A mí me tocó ser uno de los autores, con el Senador señor Pizarro, del primero de estos proyectos.
La ley ha sufrido varias modificaciones, una de ellas durante el Gobierno del Presidente Piñera, muy relevante y exitosa, porque permitió disminuir los hechos de violencia.
Deseo brindar un justo reconocimiento al Subsecretario de Prevención del Delito, porque mantuvo las políticas públicas que se han aplicado durante la tramitación de la iniciativa y ha presentado un nuevo texto, que tiene por objeto perfeccionar la legislación actual, básicamente, en dos o tres ámbitos.
El primero de ellos dice relación con las responsabilidades de los dirigentes de los clubes, obviamente con la limitación de que no pueden asumirlas respecto de aquello que no pueden controlar. A veces es necesario modificar algunas normas, como cuando se pretende que respondan, en el caso del fútbol, por la conducta de los hinchas del equipo visitante o que lo hagan siempre por la de los simpatizantes de su equipo. Muchas veces nos hemos visto con casos de personas que cometen desmanes en forma a veces intencional, con el propósito precisamente de oponerse a quienes conducen el club o aplican sanciones, situación que tenemos que regular adecuadamente, por lo tanto.
En seguida, se hace referencia a materias importantes que dicen relación con los controles de acceso y del ingreso a los estadios; con la existencia de cámaras que permitan realmente registrar y constituir una prueba legal respecto de quienes incurren en tropelías, y con que los excesos no solo se sancionen cuando se registren en el estadio y sus inmediaciones, sino también en lugares de entrenamiento u otros que digan relación con celebraciones del espectáculo de fútbol profesional, pero que se encuentren vinculadas al partido mismo, las que hoy día se encuentran desligadas.
También se consideran normas que apuntan a cambiar el sistema de sanciones, de tal manera que sea posible aplicar con más flexibilidad y fuerza la más importante de ellas, que significa que la persona no puede ir al estadio.
Hay cosas por perfeccionar, pero es una buena iniciativa. Nosotros vamos a votarla a favor.
No quiero extenderme, porque la sesión está al borde de terminar. Durante el plazo de indicaciones, vamos a poder trabajar bien el proyecto -repito- para que exista un aporte del Congreso con el propósito de disminuir la violencia en los estadios, de que se ejerza más control y de que el espectáculo del fútbol no pertenezca a los delincuentes, sino a los ciudadanos que quieren ir con sus familias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, solo deseo consignar que fui coautor del proyecto anterior sobre violencia en los estadios, el cual ciertamente importó un avance sustantivo en términos de poder lograr que las familias volvieran a los recintos deportivos, pero claramente presentaba vacíos.
La iniciativa planteada por el Ejecutivo y en cuya tramitación el Honorable señor Espina ha tenido una participación activa dice relación también con ampliar la legislación a todas las actividades conexas. Creemos que va a permitir que la familia vuelva a los estadios y, en definitiva, que dará la certeza de la seguridad para todos los asistentes a espectáculos deportivos.
Por eso, votaremos a favor de esta iniciativa y hacemos un llamado para que los Honorables colegas hagan lo mismo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, tal como dije al comienzo, por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo con este proyecto, pero quiero hacer notar que al revisarlo encontramos que no ataca algunos aspectos de fondo del problema.
Así, por ejemplo, me parece que al regular el derecho de admisión y limitarse el ingreso al estadio a quienes tienen medidas cautelares o condenas relacionadas con la ley, también podría explorarse la restricción a otras personas y no solo a los que se encuentren sancionados por la Ley de Violencia en los Estadios.
La reforma pone su foco en las responsabilidades de los organizadores de los espectáculos deportivos, pero no en el verdadero problema que existe en relación con la violencia en los estadios, que son determinados hinchas, de algunas instituciones o clubes, que provocan estos desmanes.
No hay que confundir lo que ocurre en Santiago cuando se enfrentan Colo-Colo con la Chile, Colo-Colo con la Católica, la Chile con la Católica y otros, con lo que pasa en regiones. No tiene nada que ver. Los organizadores en regiones no pueden tener la responsabilidad de los delitos que cometen los hinchas del equipo visitante.
Por eso, llamo la atención para que en las indicaciones se tome en consideración lo que estoy relatando.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, la verdad es que el debate sobre la efectividad de las leyes va a estar vigente siempre respecto a cuándo se debe evaluar una ley, cada cuánto tiempo después de haber sido dictada, sobre todo en materia de prevención del delito y particularmente en el ámbito sancionatorio.
Lo he dicho y lo he reiterado: cada vez que hacemos una ley que busca aumentar las penas e ignoramos, básicamente, cómo se gesta, cuál es el origen, cuál es la génesis de lo que se quiere remediar, lo que estamos haciendo, finalmente, es una normativa que puede no funcionar.
Por lo tanto, es muy importante no solo la penalidad, sino también las acciones preventivas. Y siento que tanto en la lucha contra el delito como en el resguardo de la integridad física cuando se asiste a un espectáculo deportivo lo que se requiere es mucho trabajo preventivo.
He sido contrario siempre a que se califique solo al fútbol como una actividad de riesgo y que, por ende, los deberes y derechos en esta materia se apliquen solo a los asistentes a espectáculos de esa disciplina. Hemos visto partidos de tenis, de básquetbol y otras modalidades deportivas donde también se observan elementos de violencia muy similares a los que se aprecian en el fútbol.
Lo que pedimos es que se les otorguen más facultades a diversas autoridades para establecer mayores mecanismos de control. Se modifica el artículo 2° B y se agrega que "El personal de seguridad estará facultado para registrar vestimentas, bolsos, vehículos y todo elemento con que ingresen los espectadores al recinto deportivo".
Esto debe hacerse con eficiencia, pero también con resguardo de la intimidad y respeto a la dignidad. E igualmente tiene que haber un control de quienes realicen todo este tipo de inspecciones.
En materia de sanciones -lo hemos dicho hasta el cansancio-, los dirigentes tienen que asumir una responsabilidad enorme. Y si la sanción que establecemos aquí es la inhabilitación para ser dirigente de un club deportivo del fútbol profesional, uno se pregunta por cuánto tiempo. Está claro que los dirigentes son claves, desde la década del noventa y del dos mil. Todo esto va a ser posible solo si se cuenta con dirigentes responsables, que conozcan el fenómeno de las barras y tengan claro que la familia va a volver al estadio siempre y cuando haya condiciones de seguridad para ir a disfrutar de un espectáculo.
En tal sentido, las conductas sancionatorias que implican multas, prohibiciones o inhabilitación absoluta, van a tener que llevar aparejado un seguimiento para ir evaluando el comportamiento de las personas, una especie de "DICOM de las infracciones", de tal manera de evaluar los resultados, porque, si no, después se empiezan a distribuir las responsabilidades: que los fiscales no hacen su tarea, que los dirigentes no cumplen las suyas. En cada segmento de la ley, en cada uno de sus elementos, uno debiera tener claridad sobre dónde está la responsabilidad, para después no cargar todo en Carabineros, que, cuando no interviene, es criticado por no hacerlo, y cuando lo hace, y lo hace usando la fuerza, es criticado por utilizarla. Carabineros es siempre el jamón del sándwich en este tema. ¡Palos porque bogas, palos porque no bogas! A veces, bastantes palos, para decirlo francamente.
Por lo tanto, lo que se requiere es una relación muy estrecha.
Las facultades de la autoridad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en los planes de medidas de prevención de hechos ilícitos requieren que haya una autoridad que esté muy cercana a la realidad, que estos planes se elaboren de acuerdo a elementos en que tenga participación la ciudadanía, particularmente la que vive en el entorno de los centros deportivos, que es la mayormente afectada por las situaciones de violencia que se producen. Porque después nadie paga. Hay un verdadero tormento, una verdadera maldición en algunos casos, como lo han dicho repetidamente muchos vecinos a los que les toca vivir cerca de los recintos deportivos y deben afrontar cada semana circunstancias muy complejas.
Por último, entiendo que en esta materia también ha tenido un rol el Ministerio del Deporte, porque, para lograr eficacia y que los centros deportivos brinden el servicio que se requiere, no solo debe tener participación el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Yo diría, señora Presidenta, que, principalmente para el seguimiento de la ley, a pesar de que el problema radica en el fútbol profesional, también se dan dificultades con la seguridad en el fútbol amateur…

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Puede redondear su idea.

El señor NAVARRO.- Como digo, hay igualmente problemas en el fútbol amateur.
Yo digo que el apoyo del Estado no solo tiene que ir por la vía sancionatoria, sino también por la vía preventiva.
Me gustaría que el señor Subsecretario y a quienes les toque la responsabilidad de aplicar esta ley tuvieran a la vista que las penalidades y las sanciones no cumplen por sí mismas ningún objetivo. Tiene que haber mucha prevención, mucha rehabilitación, mucha reinserción con los infractores de la normativa, con el objeto de que siempre haya una salida para quienes quieran rehabilitarse y, asimismo, para que quienes delincan o cometan actos sancionados por la ley se atemoricen. Es decir, que esta también sea disuasiva.
Voto a favor, señora Presidenta.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, Honorable Sala, sin duda este es un proyecto de enorme relevancia, pero me preocupa que, por su misma relevancia y las consecuencias que tiene, lo estemos discutiendo hacia el final de la legislatura.
En nombre de quienes nos gusta el deporte, de quienes nos gusta particularmente el fútbol y hemos visto cómo se ha ido deteriorando la convocatoria, la posibilidad de concurrir a un espectáculo deportivo profesional con la familia para pasar un buen momento, le requeriría al señor Subsecretario -por su intermedio, señora Presidenta- que se abordara con mayor profundidad esta iniciativa.
Le hacía la consulta directa porque esta normativa se circunscribe solo al fútbol profesional.
Hoy día tenemos fútbol (están la primera A y la primera B) y hay una serie de eventos que para los efectos de la violencia generan un enorme impacto, una enorme agresividad, una gran cantidad de consecuencias no deseadas para el entorno de las ciudades. Y, permítame decirlo también con mucha fuerza, señor Subsecretario: esta es una ley que tiene una visión bastante centralista, porque los grandes espectáculos se dan en la Capital. Le puedo señalar que en las capitales regionales, como la que me toca representar (Valdivia), no tenemos ni siquiera un estadio digno. El Estado todavía no ha construido un estadio que reúna las características para tener competencias deportivas donde se podrían dar estas situaciones.
Voy a votar a favor la idea de legislar, pero voy a permanecer vigilante respecto a que las modificaciones que se efectúen comprendan a todo el país.
Yo no quiero una ley para arreglarle el problema a Colo-Colo, a la Chile o a la Católica, a los grandes encuentros que se efectúan en Santiago, que además recaudan una gran cantidad de dinero y que obligan a destinar personal de Carabineros para cubrir un espectáculo que es privado. Así, las utilidades se privatizan, se las llevan las sociedades anónimas, pero las consecuencias del orden público las termina pagando el Estado, que -reitero- debe destinar gran cantidad de fuerza pública para la realización de tales eventos.
A mi juicio, debiera darse una discusión mayor sobre esta situación y ver qué pasa con el fútbol no profesional, con el fútbol amateur, con el fútbol rural, y qué sanciones efectivas hay para los organizadores. Porque entendamos que también hay verdaderos delincuentes en las directivas de los clubes, delincuentes con cuello y corbata, con vida social y que, claramente, aportan poco a la erradicación de la violencia.
Mientras no existan sanciones graves, ejemplares para los convocantes de los espectáculos; mientras no exista la obligación de establecer medidas de anticipación, de control; mientras no haya procedimientos estandarizados; mientras no se sancionen, además, delitos conexos como la reventa de entradas, todo el comercio ilegal, todas las situaciones que se verifican absolutamente al margen de la ley, no vamos a poder abordar adecuadamente este problema.
Mire, Subsecretario, aquí no hay que inventar la rueda; hay que mirar lo que ocurrió especialmente en países con alta convocatoria en materia de espectáculos deportivos -de fútbol en particular-, como es el caso de España, de Inglaterra, donde hubo enormes problemas de violencia que finalmente fueron erradicados. Allí, los que iban a hacer destrozos, los que iban a hacer violencia en los estadios, están, o detenidos, o con prohibición de ingreso a esos recintos. Y, quienes ahora asisten a los eventos, disfrutan, apoyan a sus equipos y, obviamente, muestran un comportamiento adecuado, lo cual ha redundado en calidad del espectáculo y también en éxitos económicos y deportivos para las propias instituciones.
Además, pido hacer una reflexión en torno al centralismo. Esta no es una ley para Santiago; esta tiene que ser una ley para todo Chile, que establezca un tratamiento adecuado. También se deben buscar sanciones más efectivas para los organizadores de los eventos, especialmente para los directivos de los clubes, que deben recibir castigos ejemplares, de manera tal de inhibir y anticiparse a la ocurrencia de estos hechos.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, coincido en una parte de su reflexión con el Senador De Urresti, en cuanto a que a veces únicamente se ve la mirada de la Capital y no hay una mirada regional.
Por otro lado, creo que este es un tema que hay que enfrentar no solo con leyes de este tipo. Pienso que además debe generarse una cultura y hábitos distintos, de modo que cuando se envíen proyectos de ley estos tengan una mirada descentralizada, de nivel nacional y regional.
Aquí lo más importante es ir avanzando de a poco.
En la lucha contra la delincuencia, lamentablemente, muchas veces todos caemos en darle una connotación y un uso político, sacando en cara al Gobierno -al anterior, a este, al otro- los índices existentes sobre la materia, en circunstancias de que el tema de la delincuencia, en Chile y en el resto del mundo, debe ser abordado con una perspectiva de Estado, en la cual todos tienen una cuota de responsabilidad. El problema de la delincuencia y la violencia en los estadios cruza transversalmente a toda la sociedad y es, independiente de que muchas veces cae dentro de la discusión política, responsabilidad de todos.
En mi opinión, el origen de la violencia en los estadios va mucho más allá de los recintos deportivos propiamente tales. Se trata de conductas que tenemos que erradicar de la sociedad. Sin embargo, siempre utilizamos el mismo lenguaje (que hay que prevenir, que hay que rehabilitar, que hay que educar para que no se repitan los mismos hechos), pero, en la práctica, no hay ningún Gobierno -incluido el mío- que pueda mostrar cifras y logros sustantivos en esta materia.
Por eso, valoro esta legislación.
Estamos un poco cansados de escuchar esto de "Recuperemos los estadios para la familia", porque queda en un gran eslogan.
Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, este proyecto es un instrumento legal que tiende a buscar un camino.
Finalmente, antes de emitir mi voto favorable, quiero señalar que el Congreso y la ciudadanía -pero sobre todo quienes somos parlamentarios- debemos legislar siempre en esta materia con una permanente actitud de construcción de paz social. Y esta iniciativa tiene que contribuir a ella, porque es nuestra responsabilidad.
En ese contexto, me parece que estamos ante una buena iniciativa. Obviamente, las cosas son perfectibles. Tendrán que venir otras leyes, tendrá que haber mayores recursos. Hay muchas necesidades, muchas prioridades. Nosotros también las tenemos en nuestras regiones. Pero eso no implica que nos vayamos a abstener en una decisión de esta naturaleza.
Por eso, como a mí me gusta hacerlo, voto que sí.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?


La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos a favor) dejándose constancia de que se cumple el cuórum constitucional requerido y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 23 de marzo.
Votaron las señoras Allende y Goic y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

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La señora ALLENDE (Presidenta).- Junto con saludar al señor Subsecretario, quien estuvo presente durante la discusión del proyecto recién aprobado, quiero agradecer a los señores Senadores y, sobre todo, a los funcionarios de la Corporación, que nos acompañaron en este largo, exhaustivo e intenso año legislativo.
A todos y a cada uno de ustedes, mi reconocimiento por el trabajo que realizan. Por supuesto, a quienes colaboran desde la testera: el señor Secretario General, Soledad Aravena y Monserrat Bassa.
Y a todos les deseo unas excelentes vacaciones.
Muchas gracias.
Nos vemos nuevamente en marzo.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor MATTA:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública y al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, pidiéndoles que prioricen la ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE LEY PARA DESARROLLO DE ZONAS REZAGADAS Y MECANISMO ESTANDARIZADO PARA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE PLANES CORRESPONDIENTES A PERÍODO 2015. Al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de que disponga los recursos necesarios para REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE BALSAS QUE OPERAN EN RÍO LONCOMILLA Y OPERATIVIDAD SEMANAL PARA LA DEL SECTOR CALIBORO. Y al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándole informar a la Corporación acerca de NORMAS VIGENTES SOBRE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERURBANOS, PÚBLICOS Y/O PRIVADOS REFERIDAS A BUSES DE DOS PISOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN QUE ESTOS HAN PARTICIPADO EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
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--Se levantó la sesión a las 14:11.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción