REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 362ª
Sesión 94ª, en martes 3 de marzo de 2015
Ordinaria
(De 16:22 a 19:29)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ISABEL ALLENDE BUSSI, PRESIDENTA,
Y SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 15 señores Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

La señora ALLENDE (Presidenta).- Las actas de las sesiones 91ª y 92ª, extraordinarias, en 27 de enero, y 93ª, en 28 de enero, extraordinaria, todasdel presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
Mensajes
Nueve de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los dos primeros retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", para la tramitación de las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (boletín N° 9.404-12).

2.- Proyecto de ley que amplía el plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones de acuicultura (boletín N° 9.864-21).
Con el tercero y el cuarto hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto de los proyectos de ley que se enuncian a continuación:

1.- El que establece una disposición interpretativa del inciso primero del artículo 10 de la ley N° 19.537 en materia de espacios que sean bienes nacionales de uso público y de aquellos de dominio comunitario en el régimen de copropiedad inmobiliaria (boletín N° 9.845-14).

2.- El que modifica el Código Aeronáutico en materia de transporte de pasajeros y sus derechos (boletines Nos 4.595-15 y 4.764-15, refundidos).
Con los tres siguientes retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales (boletín N° 9.514-07).

2.- Proyecto que modifica la ley N° 19.327 en lo tocante a su ámbito de aplicación y al establecimiento de un régimen sancionatorio efectivo, y la ley N° 20.502 en materia de funciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito (boletín N° 9.566-29).

3.- Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio 189, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011 (boletín N° 9.560-10).
Con los dos últimos retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de acuerdo:

1.- El que aprueba el "Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y sus dos Anexos", adoptado por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el 3 de noviembre de 2001 (boletín N° 6.556-10).

2.- El que aprueba la Enmienda al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 10 de junio de 2010, y las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión, de 11 de junio de 2010, ambas adoptadas en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, celebrada en Kampala, Uganda (boletín N° 8.182-10).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los dos primeros comunica que no hará uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto de las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja (boletines Nos 7.873-07 y 7.011-07, refundidos).

2.- Proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia y que modifica diversos cuerpos legales (boletín N° 9.365-04).
--Se remitieron los referidos proyectos al Excelentísimo Tribunal Constitucional.
Con el último informó, en su oportunidad, que se ausentaría del territorio nacional los días 28 de febrero y 1 del mes en curso, en visita a la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, para asistir a la ceremonia de cambio de mando de la Presidencia de esa Nación.
Hizo presente, además, que durante su ausencia la subrogaría el señor Ministro titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública, don Rodrigo Peñailillo Briceño, con el título de Vicepresidente de la República.
--Se toma conocimiento.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que tomó conocimiento del rechazo parcial de las enmiendas propuestas por esa Corporación al proyecto de ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía (boletín N° 6.499-11) e informa la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe conformarse según lo dispone el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
--Se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo expone que aprobó las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y modifica normas legales que indica (boletín N° 9.287-06).
--Se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copia autorizada de las sentencias definitivas pronunciadas en el ejercicio del control de constitucionalidad respecto de los proyectos de ley que se enuncian a continuación:

1.- El que modifica la ley N° 17.798, de Control de Armas, y el Código Procesal Penal (boletín N° 6.201-02).

2.- El que modifica la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, fortaleciendo los consejos regionales (boletín N° 9.691-06).

3.- El que autoriza el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavado de activos (boletín N° 4.426-07).
--Se manda archivar los documentos junto con sus respectivos antecedentes.
Remite copia autorizada de las sentencias definitivas pronunciadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:

1.- Artículos 277 y 279 del Código Penal.

2.- Artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal.

3.- Artículos 62, inciso segundo, y 160 del decreto con fuerza de ley N° 458, que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

4.- Artículo 5°, inciso tercero, de la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria.

5.- Disposición tercera transitoria de la ley N° 20.500 y artículo 1° de la ley N° 20.564.
--Se manda archivar los documentos.
Envía copia de resolución dictada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 19, incisos primero y segundo, de la ley N° 7.200, que otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para dictar disposiciones de carácter administrativo, económico y financiero.
--Se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro (S) de Relaciones Exteriores:
Contesta acuerdo de la Corporación, adoptado a proposición de los Senadores señor Navarro, señoras Allende, Goic, Muñoz, Pérez San Martín y Van Rysselberghe y señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Zaldívar, relativo a la situación del ciudadano chileno don Ricardo Landeros, quien permanece detenido en la República Bolivariana de Venezuela (boletín N° S 1.787-12).
Del señor Ministro (S) de Defensa Nacional:
Atiende solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a la profundidad de las bahías de San Vicente y de Concepción.
De la señora Ministra de Desarrollo Social:
Responde acuerdo de la Corporación, adoptado a proposición de los Senadores señor Navarro, señora Muñoz y señor Quintana, concerniente al fortalecimiento legislativo, presupuestario e institucional de los derechos del adulto mayor, mediante la creación de un ministerio (boletín N° S 1.697-12).
Del señor Ministro de Justicia:
Contesta acuerdo de la Corporación, adoptado a proposición de la Senadora señora Goic, relativo a la modificación de la ley orgánica constitucional del Ministerio Público con el objeto de permitir que los fiscales se organicen con arreglo a la normativa de la ley N° 19.296, sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado (boletín N° S 1.706-12).
Responde solicitud de información, expedida en nombre del Senador señor Navarro, acerca de los planes de capacitación y reinserción laboral de la población penitenciaria y, en especial, sobre su efectividad.
De la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social:
Contesta acuerdo de la Corporación, adoptado a proposición del Senador señor Chahuán, para que se modifique la ley N° 15.177, que creó la Confederación Mutualista de Chile, adecuándola a la realidad institucional del país (boletín N° S 1.696-12).
Responde peticiones de información, cursadas en nombre del Senador señor Navarro, referidas a las siguientes materias:

1.- Aportaciones mediante subsidios estatales a los fondos de pensiones y porcentaje de las solicitudes de pensiones por discapacidad e incapacidad que son rechazadas.

2.- Monto del sueldo promedio de los trabajadores del sector forestal en Chile.
Informa sobre las acciones y medidas para dar cumplimiento al artículo 39 de la ley sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, en lo que se refiere a la formación de una comisión interministerial encargada de implementar y fomentar programas de prevención del abuso en su consumo, consulta hecha en nombre de los Senadores señor Orpis, señora Pérez San Martín y señores García-Huidobro, Harboe, Letelier y Prokurica.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Informa sobre el estado del proceso de adjudicación del terminal pesquero de Bahía Chilota, comuna de Porvenir, materia consultada en nombre del Senador señor Bianchi.
Absuelve consultas, formuladas en nombre del Senador señor De Urresti, sobre las materias que se enuncian a continuación:

1.- Establecimiento de responsabilidades por el atraso en la entrega del puente basculante Caucau de Valdivia.

2.- Medidas adoptadas para evitar el anegamiento sufrido por veintidós familias del sector Beneficencia, en la ciudad de Valdivia, debido al rebase de colectores de lluvia y aguas servidas.

3.- Efectos de la extracción de material del cauce del río Bueno, hecho que afecta el curso de sus aguas y los rápidos.
Atiende presentación, cursada en nombre del Senador señor Espina, relativa a la necesidad de adoptar medidas para la reparación urgente del puente que conecta la comunidad Juan de Dios Catrilao con la ciudad de Lautaro.
Contesta consulta, efectuada en nombre del Senador señor García, referente a la reposición de los puentes Carimán y Mulpún, de Lican Ray, ubicados en el área urbana de esta localidad.
Da respuesta a solicitud de información, requerida en nombre de la Senadora señora Muñoz, acerca de diversas medidas para hacer frente a las dificultades derivadas de la sequía que continúa afectando a la Región de Coquimbo.
Responde petición de información, planteada en nombre del Senador señor Horvath, sobre la utilidad y aplicación de las proposiciones y conclusiones de un estudio de ingeniería para evitar el transbordo entre Puerto Yungay y la desembocadura del río Bravo y mejorar así el acceso a la zona sur de Aisén.
Atiende solicitud de antecedentes, recabada en nombre del Senador señor Harboe, sobre la posibilidad de considerar en el trazado de la autopista Nahuelbuta, próxima a construirse, algún paso o acceso que mejore la conectividad con el parque industrial La Suerte, de Los Ángeles.
Da respuesta a solicitud de información remitida en nombre del Senador señor Matta, respecto de la inclusión en el plan de obras de esa Secretaría de Estado del proyecto de baipás oriente a Cauquenes, en la Ruta Los Conquistadores.
Responde peticiones de información, enviadas en nombre del Senador señor Navarro, acerca de los asuntos que se especifican a continuación:

1.- Comportamiento de la alianza público-privada en lo que concierne a la administración de las cárceles concesionadas y a su incidencia en la reinserción y rehabilitación social.

2.- Monto de los subsidios de agua potable rural y medidas adoptadas para proveer de agua potable a las 41 comunas de la Región del Biobío que enfrentan dificultades para su abastecimiento.
Contesta solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Prokurica, relativa a la ejecución de las obras necesarias de iluminación en los accesos del baipás Toledo Travesía, de la ciudad de Copiapó.
Atiende petición de información, expedida en nombre de la Senadora señora Von Baer, relativa al Hito Bicentenario de la ciudad de Valdivia, en especial, a los plazos de ejecución del contrato de construcción de las obras complementarias e instalaciones, Conmemoración Bicentenario Zona Sur.
De la señora Ministra de Salud:
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a resultados de las fiscalizaciones realizadas por las secretarías ministeriales de esa Cartera en las diversas regiones en lo tocante a los aspectos que regula la Ley del Tabaco, desde su entrada en vigencia hasta esta fecha.
Contesta petición de información, formulada en nombre del Senador señor Prokurica, acerca del estudio sobre emplazamiento del nuevo hospital de Huasco realizado por la señora Ingrid Heyer, funcionaria de esa Secretaría de Estado, y del informe elaborado por el Área de Recursos Físicos del Servicio de Salud de Atacama.
Atiende solicitud de antecedentes, cursada en nombre de la Senadora señora Van Rysselberghe, relativa a protocolos de atención, estado de avance en la implementación de planes y monto del presupuesto asignado para adquirir el equipamiento ante eventuales casos de ébola.
Del señor Ministro (S) de Salud:
Responde consulta, realizada en nombre del Senador señor Chahuán, sobre la factibilidad de instalar un centro de hemodiálisis en el hospital de Isla de Pascua.
Contesta solicitud de información, expedida en nombre del Senador señor De Urresti, acerca de presentaciones hechas a la autoridad sanitaria de la Región de Los Ríos durante los últimos cinco años para el tratamiento o disposición final de residuos industriales tóxicos o peligrosos.
Da respuesta a petición de información, expedida en nombre del Senador señor Harboe, relativa a la posibilidad de incluir a establecimientos de la Región del Biobío en la lista de hospitales que recibirían a los eventuales contagiados por el virus ébola.
Atiende consulta, cursada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a diversos aspectos del financiamiento de los hospitales del país, y en especial a los montos que se destinan, respectivamente, a prestaciones de pacientes de las instituciones de salud previsional y del Fondo Nacional de Salud.
Informa, en relación con el funcionamiento de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, el número de licencias médicas presentadas ante cada una de ellas, el promedio regional de demora en su tramitación, la cantidad de licencias rechazadas por región y la dotación de médicos contralores en aquellas, materias consultadas en nombre del Senador señor Prokurica.
Del señor Ministro de Agricultura:
Responde solicitudes de información, remitidas en nombre del Senador señor Matta, relativas a los asuntos que se indican a continuación:

1.- Focalización de los programas de fomento de la Comisión Nacional de Riego y transferencia al Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario de recursos para la pequeña agricultura en función de la sequía.

2.- Diseño de un nuevo plan de adaptación al cambio climático del sector silvoagropecuario que considere medidas especiales de investigación, innovación y fomento productivo.

3.- Incorporación por la Corporación Nacional Forestal de un enfoque territorial en los programas de apoyo al bosque nativo y priorización de proyectos que consulten tecnologías aplicadas con un alto componente de transferencia a pequeños productores.
Del señor Ministro (S) de Agricultura:
Da respuesta a solicitud de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor Letelier, sobre la modernización del Servicio Agrícola y Ganadero en lo que se refiere a sus atribuciones en los procedimientos de autorización de descarga de residuos industriales líquidos.
Atiende peticiones de antecedentes, efectuadas en nombre del Senador señor Matta, respecto de las materias que se enuncian a continuación:

1.- Estado de formulación de las estrategias para fortalecer la asesoría técnica que el Instituto de Desarrollo Agropecuario otorga a los pequeños agricultores usuarios del Programa de Desarrollo Local.

2.- Diseño de un plan de adaptación al cambio climático del sector silvoagropecuario que coordine a los servicios dependientes de esa Secretaría de Estado en el desarrollo de las acciones de adaptación a los posibles ajustes que requiera el sector.

3.- Situación de los productores vitícolas de la Región del Maule, en particular de los pequeños productores de las variedades País y Cinsault de la provincia de Cauquenes.
Contesta solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Navarro, acerca de las acciones que impulsa esa Secretaría de Estado para fortalecer el desarrollo de cooperativas agrícolas en la Región del Biobío.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Atiende petición de información, dirigida en nombre del Senador señor Bianchi, referente a la posibilidad de implementar durante el curso del año un programa que subsidie el valor de los pasajes que pagan las personas que deben trasladarse en barcaza entre las ciudades de Punta Arenas y Porvenir.
Responde solicitud de información, cursada en nombre de la Senadora señora Goic, relativa al planteamiento del Concejo de la Municipalidad de Porvenir de contar con un beneficio del Estado que permita a los residentes de Tierra del Fuego pagar un menor precio por el transporte marítimo.
Da respuesta a tres peticiones de antecedentes, cursadas en nombre del Senador señor Navarro, sobre los asuntos que se exponen a continuación:

1.- Incumplimientos en materia de protección de los derechos de los conductores del Transantiago.

2.- Estado de las investigaciones que esa Secretaría de Estado realiza respecto de las quemas de camiones y maquinarias en las Regiones del Biobío, de La Araucanía y de Los Lagos.

3.- Contenido del convenio celebrado entre el Gobierno y las empresas de transporte urbano en relación con la tarjeta nacional estudiantil.
Del señor Ministro de Energía:
Adjunta respuesta del señor Gerente General de la Empresa Nacional del Petróleo respecto de la posibilidad de otorgar pensiones de gracia a los trabajadores exonerados en los años 1973 y 2010, materia consultada en nombre del Senador señor Bianchi.
De la señora Ministra (S) del Deporte:
Responde solicitudes de información, expedidas en nombre del Senador señor De Urresti, sobre los siguientes asuntos:

1.- Elaboración de un preinforme de diseño de un estadio municipal para Valdivia, en el marco del anuncio hecho por Su Excelencia la Presidenta de la República en orden a construir un recinto con estándares internacionales.

2.- Habilitación del Estadio de la Liga Deportiva Costera de Niebla, en Valdivia, e instalación en él de una cancha sintética.
De la señora Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes:
Informa estado de avance del compromiso presidencial de crear en la Región de Los Ríos un centro artístico juvenil en la estación ferroviaria de Valdivia, materia consultada en nombre del Senador señor De Urresti.
Del señor Subsecretario para las Fuerzas Armadas:
Responde consulta, enviada en nombre de la Senadora señora Allende, relativa a la tramitación de la solicitud de concesión marítima en el sector denominado "Flamenco", Región de Atacama, presentada por la empresa Barreaux Puertos S.A.
Atiende solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Bianchi, acerca de la posibilidad de que el "Reglamento sobre formación, titulación y carrera profesional del personal embarcado" autorice que los exámenes para obtener títulos puedan rendirse en las Gobernaciones Marítimas correspondientes a la zona a que pertenezca el funcionario.
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Horvath, sobre el borde costero poniente del área Viña del Mar-Concón, en la que se desarrolla el proyecto "Hotel Punta Piqueros", y de los impactos que generarán los trabajos correspondientes.
Del señor Subsecretario de Hacienda:
Responde los siguientes acuerdos de la Corporación:

1.- El adoptado a proposición de los Senadores señores De Urresti, Girardi, Navarro, Quinteros, Rossi, Tuma y Patricio Walker, relativo a la evaluación de estudios científicos de diversos países sobre los masivos deshielos y el aumento del nivel del mar en la Antártica, para incorporarlos en las políticas sectoriales (boletines Nos S 1.714-12 y S 1.722-12).

2.- El propuesto por los Senadores señora Goic y señores Araya, Guillier y Quinteros, referente a la adopción de medidas que tengan por objeto resarcir el daño previsional ocasionado a los funcionarios públicos, por medio de permitirles su desafiliación del sistema de capitalización individual y otorgarles un bono de reconocimiento complementario (boletín N° S 1.692-12).

3.- El presentado por los Senadores señor Bianchi, señora Pérez San Martín y señores Chahuán, De Urresti, García, Horvath, Matta, Navarro, Ossandón, Prokurica y Quinteros, con el objetivo de que los señores Ministro de Hacienda y Director Nacional de Gendarmería de Chile, en uso de sus facultades, adopten las medidas necesarias para la contratación de un seguro de vida para los funcionarios de Gendarmería (boletín N° S 1.740-12).

4.- El planteado por los Senadores señores Quinteros, Bianchi y De Urresti, respecto del envío de una iniciativa que modifique el decreto ley N° 249, de 1973, con el objeto de que la asignación de zona que perciben los trabajadores de Hualaihué afectos a la escala única de remuneraciones se aumente a 90 por ciento, equiparándola a la que rige en las otras comunas de la provincia de Palena (boletín N° S 1.711-12).

5.- El formulado por los Senadores señores Bianchi, Chahuán, García, García-Huidobro, Guillier, Ossandón, Prokurica, Quinteros y Tuma, para el envío de una iniciativa que modifique la ley N° 20.765, que creó un sistema de estabilización de precios de los combustibles, con el fin de incluir en su mecanismo de precio de referencia a las gasolinas de 95 y 97 octanos (boletín N° S 1.705-12).
Responde solicitud de información, remitida en nombre de los Senadores señores Patricio Walker y Matta, acerca de la posibilidad de enviar un proyecto de ley que establezca franquicias tributarias para donaciones con fines de conservación de la biodiversidad.
De la señora Subsecretaria de Educación:
Da respuesta a solicitud de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor Navarro, sobre el financiamiento de cada universidad del país durante el último lustro y acerca de la estratificación socioeconómica de sus alumnos.
Del señor Presidente Ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre de Chile:
Atiende solicitud de información, expedida en nombre del Senador señor Guillier, sobre los miembros del directorio y ejecutivos hasta los niveles de gerencia y subgerencia que sean dueños o participen en la propiedad de empresas de cualquier clase que presten servicios a CODELCO o a sus filiales.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos (T y P):
Contesta consulta, enviada en nombre del Senador señor Araya, sobre la posibilidad de que el Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales (IDIEM), dependiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, haga uso de la exención del IVA cuando postula para realizar trabajos a empresas privadas compitiendo con otros laboratorios afectos a ese tributo.
Del señor Superintendente de Educación (T y P):
Atiende solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Tuma, respecto de acciones de fiscalización efectuadas en el marco del decreto N° 170, de esa Secretaría de Estado, que determina los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de la subvención correspondiente.
Del señor Superintendente de Educación (S):
Responde petición de información, despachada en nombre del Senador señor Prokurica, acerca de los procesos de fiscalización y auditoría de gestión que se han llevado a cabo en los últimos años en el Liceo José Antonio Carvajal, de Copiapó.
Del señor Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano:
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a los antecedentes que fundamentan la propuesta de crear dos nuevas regiones metropolitanas.
De la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios:
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, sobre cobros erróneos de la Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío (ESSBIO) en los últimos cinco años en esa Región por concepto de prorrateo.
Del señor Director Nacional (S) del Servicio Agrícola y Ganadero:
Atiende solicitud de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor De Urresti, sobre uso de biocontroladores en la agricultura nacional, políticas públicas impulsadas en esa materia y nómina de empresas registradas.
Del señor Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria:
Contesta petición de información, cursada en nombre del Senador señor De Urresti, relativa a proyectos de bioplaguicidas o biocontroladores en actual ejecución.
Del señor Director Ejecutivo del Instituto Forestal:
Responde solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor De Urresti, sobre estadísticas de diversos aspectos referidos a la construcción con madera en Chile.
Del señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental:
Atiende solicitud de antecedentes, enviada en nombre del Senador señor De Urresti, acerca del protocolo suscrito en el marco del proceso de evaluación ambiental del proyecto Línea de Alta Tensión S/E Neltume-Pullinque, en la Región de Los Ríos.
Contesta petición de información, cursada en nombre del Senador señor Horvath, sobre el borde costero poniente del área Viña del Mar-Concón, en la que se desarrolla el proyecto "Hotel Punta Piqueros", y de los impactos que generarán los trabajos correspondientes.
Responde solicitudes de información, remitidas en nombre del Senador señor Navarro, sobre los siguientes asuntos:

1.- Identificación de los ejecutores, metodología utilizada y resultados de la consulta indígena realizada con ocasión de la ampliación de la planta Horcones, de Arauco.

2.- Volumen de importaciones de petcoke, lugares en que se utiliza, ficha técnica del material y eventual competencia desleal respecto del carbón extraído por los pirquineros de la Región del Biobío.
Del señor Intendente de la Región de Los Ríos:
Atiende solicitud de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor De Urresti, acerca del proyecto "Desarrollo de nuevos productos pesqueros procesados, transferencia tecnológica y promoción de su potencial gastronómico".
Del señor Intendente de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena:
Da respuesta a petición de información, enviada en nombre del Senador señor Bianchi, respecto de la fecha estimada para culminar las obras de la iniciativa "Energización Rural Laguna de Los Cisnes-Porvenir".
De la señora Alcaldesa de Viña del Mar:
Responde consulta, remitida en nombre del Senador señor Chahuán, sobre factibilidad de establecer en los contratos de transmisión por televisión del Festival Internacional de la Canción la obligación de utilizar lenguaje de señas para las interpretaciones musicales.
De la señora Alcaldesa de Porvenir:
Atiende petición de antecedentes, expedida en nombre del Senador señor Bianchi, sobre la fecha estimada de conclusión de las obras de la iniciativa "Energización Rural Laguna de Los Cisnes-Porvenir".
Del señor Director (S) del Servicio de Vivienda y Urbanización de Atacama:
Responde solicitud de información, efectuada en nombre del Senador señor Prokurica, relativa al estado actual de las causas contenciosas a que se refiere el oficio ordinario N° 3.232, de ese servicio, de 18 de noviembre de 2014.
De la señora Directora General de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso:
Contesta petición de información estadística, cursada en nombre del Senador señor De Urresti, acerca del número y resultado de las causas por tuición en las que la acción fue ejercida por una persona de sexo masculino.
De la señora Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso:
Responde solicitud de antecedentes, remitida en nombre del Senador señor Chahuán, acerca de adopción de medidas respecto de la falta de aseo observada en la mantención del Hospital Gustavo Fricke, denunciada por el Consejo Consultivo de Usuarios de dicho establecimiento.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso:
Contesta solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Chahuán, acerca del estado de construcción y habitabilidad de las viviendas emplazadas en la población Andorra, cerro San Roque.
Del señor Director General de la Corporación de Asistencia Judicial Región Metropolitana:
Atiende petición de información estadística, cursada en nombre del Senador señor De Urresti, sobre el número y resultado de los juicios de tuición en los que el demandante es una persona de sexo masculino.
De la señora Secretaria Regional Ministerial de Salud, Región Metropolitana:
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Ossandón, respecto de los riesgos de salud para los vecinos del condominio Villa Las Margaritas, del complejo habitacional La Perla, comuna de San Bernardo, debido a la construcción en las cercanías de sus viviendas de cuatro plantas de cemento y un vertedero de residuos químicos.
Del señor Director Regional del Trabajo del Biobío:
Contesta solicitud de información, expedida en nombre del Senador señor Navarro, relativa al despido de más de cincuenta trabajadores de las obras que se ejecutan en el Estadio Ester Roa.
Del señor Director (T y P) del Servicio de Vivienda y Urbanización de La Araucanía:
Da respuesta a consulta, enviada en nombre del Senador señor García, acerca del estado de tramitación de la expropiación del pasaje Línea, de la ciudad de Villarrica.
De la señora Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente de Los Ríos:
Atiende petición de antecedentes, cursada en nombre del Senador señor De Urresti, sobre situación en que se encuentra el humedal ubicado en la avenida Carlos Krahmer, entre la calle Muñoz Hermosilla y la avenida Francia, en la comuna de Valdivia.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Mociones
Del Senador señor Ossandón, con la que inicia un proyecto que modifica la Ley de Tránsito para establecer una zona de detención de bicicletas en los cruces regulados (boletín N° 9.893-15).
De los Senadores señores Ossandón, García-Huidobro, Girardi y Letelier, con la que se da inicio a un proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones en materia de individualización y recolección de datos de usuarios de servicios telefónicos de prepago (boletín N° 9.894-15).
--Pasan a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la Cuenta.
Aprovecho de darles la bienvenida a las señoras Senadoras y a los señores Senadores. Espero que, en la medida de lo posible, hayan descansado y tenido buenas vacaciones.


ACUERDOS DE COMITÉS

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Tratar, como si fuera de Fácil Despacho, en la sesión ordinaria de hoy, el proyecto de ley que modifica el Código Aeronáutico en materia de transporte de pasajeros y sus derechos (boletines N° 4.595-15 y 4.764-15, refundidos), que cuenta con informe de Comisión Mixta.

2.- Colocar en primer, segundo y cuarto lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy, respectivamente, los siguientes asuntos de la tabla:
a) El signado con el número 5, esto es, el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales (boletín N° 9.514-07).
b) El que figura con el número 6, es decir, el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio 189, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011 (boletín N° 9.560-10).
c) El signado con el número 15, esto es, el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), suscrito en Beijing, República Popular China, el 24 de junio de 2012 (boletín N° 9.464-10).
De consiguiente, el proyecto que se encontraba en el primer lugar de la tabla queda en el tercero.

3.- Retirar de la tabla de las sesiones ordinarias de esta semana el proyecto de acuerdo signado con el número 3, es decir, el que aprueba la Enmienda al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 10 de junio de 2010, y las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión, de 11 de junio de 2010, ambas adoptadas en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, celebrada en Kampala, Uganda (boletín N° 8.182-10).

4.- Colocar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana el proyecto de ley ubicado en el número 4 de la tabla, esto es, el que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (boletín N° 9.404-12).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Solamente quiero especificar que el proyecto de acuerdo relativo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se retira de la tabla de hoy y habrá una conversación con el Gobierno para concordar en qué momento lo vamos a analizar y bajo qué condiciones. Eso fue lo que se resolvió unánimemente en la reunión de Comités.
)---------(

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, primero, deseo manifestar mi molestia por la alteración de la tabla de esta sesión, pues estaba el proyecto concerniente a la protección de datos personales, lo cual habíamos acordado con el Gobierno.
Así que deseo notificar al Ejecutivo que se rompió un acuerdo. Lo lamento, y debo decir que mi jefe de Comité, que nunca nos informa nada, aprobó algo que a mí por lo menos no me representa.
En segundo lugar, señora Presidenta, quiero pedir que se fije plazo para presentar indicaciones, hasta este viernes, a la iniciativa relativa a las entrevistas videograbadas de menores.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Habría acuerdo a fin de fijar como plazo para formular indicaciones al proyecto antes mencionado el viernes 6 de marzo, a las 12?
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA



ENMIENDA A CÓDIGO AERONÁUTICO EN MATERIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SUS DERECHOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


La señora ALLENDE (Presidenta).- Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que modifica el Código Aeronáutico en materia de transporte de pasajeros y sus derechos, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (4.595-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los entonces Senadores señores Muñoz Aburto, Escalona y del Senador Letelier).
En primer trámite, sesión 59ª, en 10 de octubre de 2006.
Informes de Comisión:
Transportes, sesión 63ª, en 7 de noviembre de 2007.
Transportes (segundo), sesión 24ª, en 9 de junio de 2009.
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (4.764-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los entonces Senadores señores Vásquez, Ávila, Gómez, Naranjo y Zaldívar, don Adolfo).
En primer trámite, sesión 81ª, en 3 de enero de 2007.
En tercer trámite, sesión 90ª, en 28 de enero de 2014.
Informes de Comisión:
Transportes (segundo), sesión 24ª, en 9 de junio de 2009.
Transportes (tercer trámite): sesión 2ª, en 18 de marzo de 2014.
Mixta: sesión 92ª, en 27 de enero de 2015.
Discusión:
Sesiones 64ª, en 13 de noviembre de 2007 (se aprueba en general); 31ª, en 7 de julio de 2009 (se aprueba en particular); 7ª, en 9 de abril de 2014 (queda para segunda discusión); 16ª, en 13 de mayo de 2014 (se rechaza y pasa a Comisión Mixta).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La divergencia suscitada entre ambas Cámaras deriva del rechazo por el Senado, en tercer trámite constitucional, de la modificación introducida por la Honorable Cámara de Diputados, en su segundo trámite constitucional, que consistió en la sustitución total del proyecto de ley.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las discrepancias entre ambas ramas legislativas, efectúa una proposición que recoge en lo fundamental el texto despachado por la Cámara de Diputados, que plantea cambios en lo referente a los casos fortuitos, fuerza mayor, fijación de plazos para el otorgamiento de prestaciones asistenciales, además de efectuar un reordenamiento de las normas del proyecto.
El órgano técnico aprobó esta proposición por unanimidad, con excepción de los artículos 133 B, contenido en el artículo 1°, y del artículo segundo transitorio, que fueron aprobados por las mayorías de votos que se consignan en su informe.
Cabe hacer presente que en el artículo 133 F, contenido en el numeral 2 del artículo 1° de la proposición que efectúa la Comisión Mixta, es de carácter orgánico constitucional, por lo que requiere para su aprobación 21 votos favorables.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figura, en la última columna, la proposición de la Comisión Mixta, que equivale al texto que quedaría de aprobarse su informe.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión el informe.

Tiene la palabra el Honorable señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, como Presidente de la Comisión Mixta, quiero informar acerca de lo que se propone.
El proyecto tiene por finalidad reformar el Código Aeronáutico en algunas materias del contrato de transporte aéreo: menciones del pasaje, el overbooking, la denegación de embarque, las prestaciones asistenciales, entre otras.
La historia de esta iniciativa se remonta al año 2006, cuando dos grupos de Senadores, de manera separada, presentaron mociones que apuntaban en la misma dirección.
Debido a la similitud de contenidos de ambos proyectos, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones decidió en 2009 refundirlos en uno solo, el que finalmente fue aprobado por la Sala el 7 de julio de ese año.
Pero una vez que la Cámara de Diputados recibió esta iniciativa comenzaron los desencuentros. Los Diputados decidieron sustituirla totalmente y aprobaron una nueva versión el 23 de enero de 2014.
Frente a eso, durante el tercer trámite constitucional el Senado decidió rechazar la sustitución efectuada por la Cámara Baja, lo cual dio origen a la formación de la Comisión Mixta en la que trabajamos.
En ella, el Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones propuso una nueva sistematización del proyecto.
En lo formal, el nuevo régimen contiene una redacción más amable, apta para ser comprendida por cualquier persona que la lea.
En los aspectos de fondo, la iniciativa se articula sobre la base de dos escenarios centrales: la denegación del embarque por sobreventa de pasajes y el régimen de retrasos y cancelaciones de vuelos.
En cuanto a la denegación del embarque por sobreventa de pasajes, la Comisión Mixta acogió plenamente la propuesta del Ejecutivo en esta materia. Esta establece derechos para los pasajeros en caso de denegación de embarque, que incluyen el embarque en el siguiente vuelo disponible o el reembolso del pasaje a todo evento, las prestaciones asistenciales necesarias y las indemnizaciones que correspondan.
En el caso de la sobreventa, el transportador deberá solicitar a los pasajeros que renuncien voluntariamente a sus reservas, a cambio de determinadas prestaciones y reparaciones que se acuerden entre ambas partes.
Si el número de voluntarios es insuficiente, el transportador podrá denegar el embarque a uno o más pasajeros contra su voluntad, siempre y cuando no se trate de un pasajero sujeto a un nuevo régimen de embarque prioritario. Este incluye, entre otros, a los niños no acompañados, a las personas con discapacidad y a las embarazadas que en razón de su condición requieran ser embarcadas prioritariamente.
El pasajero cuyo viaje haya sido denegado tendrá los siguientes derechos:
a) Si el viaje no se ha iniciado, el pasajero podrá optar entre:
i. Persistir en el contrato y embarcar en el siguiente vuelo disponible o en un transporte alternativo.
ii. Desistir del contrato y requerir el reembolso del monto total pagado por el billete.
b) Si ya se hubiera iniciado el viaje con escala o conexión, el pasajero podrá optar entre:
i. Persistir en el contrato y embarcar en el siguiente vuelo disponible o en un transporte alternativo.
ii. Desistir del contrato y elegir entre el reembolso de la porción no utilizada o el retorno al punto de partida con reembolso del precio total del pasaje.
En síntesis, la Comisión Mixta aprobó todos los artículos del proyecto unánimemente, salvo uno en que se registró una abstención.
Creemos que gracias al trabajo llevado adelante en la Comisión en conjunto con el Ejecutivo hemos llegado a un muy buen texto, con el que esperamos resolver las diferencias entre ambas Cámaras y salvar el proyecto en favor de los usuarios del transporte que hoy lo necesitan.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, tal como lo expresé en la sesión del mes de abril, en la que se rechazaron las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, los servicios de transportes aéreos son particularmente relevantes para las comunidades de regiones, como la que yo represento.
Para ellas la conectividad aérea es de utilidad en la actividad económica y turística, y también una condición a fin de acceder a servicios vitales, como la salud.
Puede ser sutil la diferencia: normalmente un pasajero proveniente de Santiago puede cambiar la fecha de su viaje a Puerto Montt, a Osorno o a Chiloé, pero para el pasajero que vive en la región, la necesidad de estar en un día y una hora determinada en la Capital es menos flexible, porque los motivos de su viaje son diferentes.
Por ello, me manifiesto contrario a la idea de aceptar la sobreventa de pasajes.
Como señalé en aquella oportunidad, no es conveniente otorgar consagración legal a una práctica comercial que se fundamenta en la estructura de costos y el modelo de negocios de las compañías aéreas, a costa de los derechos de los usuarios.
En consecuencia, sin perjuicio de valorar que se regulen los mecanismos de compensación en caso de denegación de embarque por sobreventa, preferiría que derechamente se prohibiera esta práctica, que en sí misma es nociva para el servicio.
La masividad que ha alcanzado el transporte aéreo no justifica que se mantenga ese mecanismo.
Por otra parte, no se han entregado antecedentes sobre el efecto que este tiene en el modelo de negocios o en la estructura de costos de las empresas aéreas.
Además, nadie ha explicado por qué está prohibida la venta de sobrecupos en los servicios de transporte terrestre de pasajeros y no en los de transporte aéreo, como lo establece la Ley de Defensa de los Derechos de los Consumidores.
Las compensaciones pueden no ser mecanismos idóneos para desincentivar la sobreventa, porque la situación virtualmente monopólica que existe en el país posibilitará al principal proveedor recargar estos mayores costos en el valor de los pasajes.
Al menos, debiera fijarse un margen máximo permitido para esta práctica, sujeta a sanciones de la autoridad regulatoria.
Muy distinta es la situación de las líneas aéreas regionales, que prestan servicios esenciales para localidades aisladas.
Tales diferencias fueron recogidas solo parcialmente en lo que plantea la Comisión Mixta.
Señora Presidenta, voy a concurrir con mi voto favorable a la propuesta formulada por el mencionado órgano, pues de todos modos constituye un avance respecto de la situación actual. Pero hago presente que seguirá manteniéndose el desequilibrio entre las posiciones de la empresa aérea y de los usuarios, asunto que resulta cada vez más enojoso e intolerable para los millones de pasajeros, especialmente para los que utilizan vuelos nacionales.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Señores Senadores, corresponde votar -por supuesto, podrán fundamentar el voto-, ya que en Fácil Despacho, por Reglamento, solo proceden dos intervenciones: la de alguien a favor de lo que se plantea y la de alguien en contra.
Si bien nadie se ha opuesto, ya se han realizado las dos intervenciones, razón por la cual voy a someter a votación el informe de la Comisión Mixta.
Les recuerdo que las proposiciones se votan en conjunto y que estas requieren quórum de ley orgánica constitucional para ser aprobadas.
En votación.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, antes de referirme al fondo del proyecto, haré una breve descripción del panorama del transporte aéreo de Chile, que es muy curioso.
El tráfico aéreo nacional se triplicó en los últimos diez años, como planteó el colega que me antecedió en el uso de la palabra, Senador señor Quinteros: hemos pasado de 2,8 millones de pasajeros a 8,3 millones, según cifras de la Junta de Aeronáutica Civil.
Las mayores rutas operadas desde y hacia Santiago se concentraron en 2012 en el norte del país, con un 62,5 por ciento del movimiento de usuarios (4,6 millones de personas). En cambio, en las rutas entre Santiago y las ciudades del sur se trasladaron 2,7 millones de pasajeros (37,5 por ciento del total).
El "epicentro", por cierto, sigue siendo Santiago. Tan así es que, para viajar entre ciudades del norte de Chile -por ejemplo, de Copiapó a Antofagasta-, la persona debe venir a la Capital para poder ir después a su destino final.
Hay muy pocos vuelos directos en el norte.
Es curioso, pero es así.
En el año 2012, en el Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez viajaron 14,1 millones de pasajeros, dejando casi colapsado un terminal aéreo diseñado para una capacidad de 9 millones de personas al año.
La revolución aérea no es solo local, sino también internacional, pero a una velocidad inferior que en las rutas regionales.
Muestra de esa transformación en el tráfico aéreo es que, si bien hace diez años volaba más gente hacia el extranjero que dentro de Chile, hoy esa relación se invirtió. La ruta más frecuente es Santiago-Antofagasta, con 1,2 millones de pasajeros en 2012, desplazando la de Santiago-Concepción, que era la más utilizada una década atrás.
El explosivo aumento de viajes en el país se debe principalmente al desarrollo que ha tenido la actividad minera. Considerando esta situación, el proyecto en análisis permite dar pasos adelante en defensa de los derechos de los pasajeros.
Las buenas condiciones de la industria minera han posibilitado el transporte por avión de trabajadores desde regiones del centro y del sur hacia el norte.
Si uno compara lo relativo a los precios de los pasajes aeronáuticos -a mi juicio, esto es algo pendiente-, nota que el fenómeno es similar al tema de las isapres: nunca se sabe cómo se calcula. De hecho, una misma ruta posee como diez tarifas distintas. Ello se traduce en poca transparencia por parte de las empresas en un asunto tan sensible como el precio de los pasajes. Por cierto, es imposible, para una persona común y corriente o para los miles de usuarios que viajan a diario dentro y fuera del país, entender el tarifado de los tickets aéreos.
Además, cuando se reclama un derecho frente a un incumplimiento, la línea aérea siempre tendrá una respuesta, pues son tantas las propuestas que al final alguna calzará en favor de la empresa y no del usuario.
Señora Presidenta, estimo que esta iniciativa de ley constituye un paso adelante para proteger al consumidor en varios aspectos. Sin embargo, todavía quedan muchas cosas pendientes en esta materia.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señora Presidenta, el proyecto en estudio apunta en la línea correcta en caso de sobreventa.Al respecto, si esta se prohíbe, dado que nunca calza la cantidad verdadera de cupos con la de usuarios, el resultado será el encarecimiento de las tarifas.
Evidentemente, se debe considerar ese argumento.
En segundo lugar, si se producen cancelaciones o modificaciones de los contratos, tendrá que haber compensaciones justas y defenderse adecuadamente el derecho de los pasajeros.
La iniciativa cautela tales situaciones.
Ahora bien, en la Comisión Mixta planteamos otras dificultades, de las cuales sus miembros no se hicieron cargo, por lo que quedarán pendientes para un próximo proyecto. Ellas nacen también de los altísimos costos de las tarifas aéreas hoy en día.
Contamos con seguridad y calidad en el servicio, pero no con fácil acceso.
Además, existen en el país carencias respecto de otros medios de transporte: no hay trenes rápidos y seguros, por ejemplo. De haberlos, evidentemente se generarían más oportunidades para viajar.
Por otra parte, en términos de regionalización, cabe señalar que no todos los vuelos necesariamente debieran partir de Santiago o pasar por ahí. Es del caso mencionar que existen algunas iniciativas regionales sobre la materia -como la que se dio en Concón, con éxito en su minuto-, aunque no son capaces de soportar las duras condiciones de competencia que se les impone.
Asimismo, ante los altísimos costos de las tarifas aéreas, la gran mayoría de los usuarios se inclina por buscar ofertas (aquellas que se toman en fechas fijas, con ida y vuelta, etcétera). ¡Ahí sí que se da una gran cantidad de abusos! Un ejemplo didáctico: si una persona compra un pasaje de ida y vuelta y por alguna razón no puede viajar en el avión indicado al ir, pierde el ticket de regreso, y no recibe ninguna compensación económica por ello.
¡A mi juicio, se debe terminar con esos abusos!
En su oportunidad planteamos este asunto al representante del Ministerio de Transportes y a los integrantes de la Comisión Mixta. Sin embargo, ello no fue acogido. Por tanto, más adelante lo abordaremos a través de una moción complementaria.

La señora ALLENDE (Presidenta).- A continuación, está inscrito el Senador señor García-Huidobro, quien en este momento no se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, hoy nos estamos pronunciando sobre un proyecto de ley que, sin lugar a dudas, pretende entregar una mayor protección a quienes viajan en líneas aéreas.
Hago presente que, desde que el Senado discutió esta materia en el tercer trámite constitucional -eso ocurrió en abril de 2014-, ha pasado casi un año para que la Comisión Mixta resuelva un texto y lo someta a la consideración de ambas Cámaras.
Ciertamente, creemos que esta iniciativa apunta en la dirección correcta, aunque es perfectible.
Uno de los temas abordados dice relación, fundamentalmente, con la sobreventa, práctica habitual en el caso de vuelos de aerolíneas comerciales.
Asimismo, quedaron otros asuntos sin resolver, como lo concerniente a los pasajes nominativos de personas que pierden el vuelo de vuelta cuando no se embarcan en el de ida. Este es uno de los aspectos pendientes.
Insisto en que un año nos parece un tiempo excesivo para que la Comisión Mixta determinara cuál es la mejor proposición.
Creemos que hay que aprobar lo planteado por la Comisión Mixta, y, sin lugar a dudas, esperamos que los vacíos legales que aún persisten se resuelvan finalmente mediante un proyecto de ley complementario.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, sin perjuicio de votar a favor, deseo hacer un breve llamado de atención.
Años atrás yo presenté, junto con otros colegas (entre ellos, los Senadores Horvath y Cantero), una iniciativa para sancionar la falsa alarma en el transporte aéreo de pasajeros.
Se han dado pocos casos de aviso de bomba en un avión. Sin embargo, cuando ocurre, los pasajeros del vuelo respectivo se ven afectados tanto físicamente, por la imposibilidad de viajar, como emocionalmente.
Hace tres o cuatro años sucedió una situación de ese tipo en el aeropuerto de Santiago, ocasión en la que mucha gente perdió su vuelo. El responsable de esa falsa alarma dijo haberlo hecho por despecho: quería causarle preocupación a su pareja. Al final, esa persona quedó libre de toda culpa.
El proyecto referido dejaba claro que habría consecuencias para quienes se arriesgaran a cometer actos de esa magnitud: por ejemplo, indemnización a cada pasajero que se vio afectado por el aviso falso de bomba.
Formulé la moción pertinente hace cuatro años. Deseo que se rescate para poder incorporar en la iniciativa que nos ocupa una indicación en el sentido señalado. Ese es mi planteamiento.
A mi juicio, siempre son insuficientes estas propuestas legislativas si no logramos afinar bien la idea central.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Más allá de la legitimidad de lo que ha propuesto, señora Senadora, ya no se pueden introducir indicaciones, pues estamos votando el informe de la Comisión Mixta.
En todo caso, siempre es posible abordar tales asuntos en una iniciativa de carácter complementario. Se lo sugiero, por cuanto en este momento no es factible incluir una indicación.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Lo entiendo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, el incremento masivo del uso de la aviación comercial es claro y evidente, pero ello no se debe solo al desarrollo económico. En la Región del Biobío miles de trabajadores vuelan hacia Santiago y luego hacia el norte del país, para ir a laborar en las mineras.
Por cierto, ha crecido este mercado.
Según los libremercadistas, esta situación debiera ser regulada por el propio mercado. O sea, la competencia entre aerolíneas debiera generar mejores condiciones para un buen servicio al usuario.
Sin embargo, en el sector en comento hay muy poca competencia. En realidad, existe una situación casi monopólica de parte de LAN. La otra línea aérea es Sky, que tiene una presencia secundaria, pues abarca un segmento muy precario del mercado.
En tal escenario las condiciones para abusar de los derechos de los pasajeros están dadas, ya que el mercado no logra resolver los problemas que se originan en una actividad concentrada y prácticamente monopólica.
Por lo tanto, debemos regular ese sector.
Tomen nota los libremercadistas y neoliberales: ¡el mercado no soluciona todas las dificultades!
En efecto, en el ámbito de los pasajes del transporte aéreo la concentración en una sola empresa genera lo que he señalado.
La situación de LAN ha ido empeorando. Quienes hemos hecho uso de sus servicios durante un par de décadas lo hemos comprobado. Ha mejorado la calidad de los aviones, pero no necesariamente la del servicio. Si bien hay más eficiencia en los vuelos, se observa que no se cautelan los derechos de los usuarios.
Sobre esto último, cabe señalar que se nota precaria información en los aeropuertos. ¿Dónde los pasajeros pueden conocer sus derechos? En el boleto de avión, que cada día es más pequeño y difuso.
Señora Presidenta, aunque no es un asunto propio del proyecto de ley en estudio, hago presente que la Junta de Aeronáutica Civil debiera poner a la vista en los aeropuertos los derechos de los usuarios del transporte aéreo. Cuando ocurren hechos como los que se han descrito, todo el mundo se preocupa, pero nadie sabe muy bien qué se debe hacer ni a quién recurrir.
Claramente, informar sobre tales derechos debiera ser una tarea de la empresa aérea, pero también de los aeropuertos y de la Junta de Aeronáutica Civil.
Por otra parte, algo propio del mercado son los procesos de licitación para modernizar los aeropuertos, ámbito en el cual también se han vulnerado derechos.
Aprovecho de decir que quisiera que el aeropuerto de Santiago se llamara "Pablo Neruda". He presentado una moción para que nuestro aeropuerto internacional tenga un nombre conocido en el mundo. Asimismo, espero que se haga un gran monumento en memoria del Comodoro Arturo Merino Benítez.
Pero para nadie es una novedad que en dicho aeropuerto no hay dónde estacionar para dejar o tomar pasajeros. La gente que va a eso es parteada por carabineros, porque no hay espacio disponible. Las personas se ven obligadas a entrar al estacionamiento concesionado.
En los aeropuertos del mundo -muchos de los señores Senadores conocen varios casos- se habilita un lugar para ese efecto. En nuestro aeropuerto internacional no existe tal alternativa.
Se generan conflictos a diario por este motivo, no solo con los taxis concesionados, sino también con los vehículos que van a dejar o tomar pasajeros. Como muchas personas viajan en avión, es preciso que alguien las lleve al aeropuerto o las vaya a buscar y no todos están en condiciones de pagar estacionamiento. Ahí tenemos un lío abierto.
Yo he cursado varios oficios solicitando antecedentes al respecto. La respuesta no ha sido muy satisfactoria, pero insistiré porque creo que se trata de un tema preocupante.
Hoy se ha masificado el viaje en transporte aéreo. Ya no es algo propio de una elite, pues muchos vuelan por necesidad laboral.
Las empresas debieran defender los derechos de sus usuarios, especialmente si son trabajadores. Pero esto no se realiza.
Por lo tanto, espero que con esta futura normativa no solo se dé la señal de que estamos protegiendo los derechos de todos los pasajeros, sino que se mejore el acceso a la información sobre tales derechos, a fin de que estos sean efectivos.
Señora Presidenta, ojalá el Senado o el Congreso pueda difundir esa información una vez despachada la iniciativa de ley, para que las personas a quienes queremos proteger sepan cómo defender sus derechos.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
Voto a favor de lo propuesto por la Comisión Mixta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, en primer lugar, cabe consignar que se producen dificultades cada vez que uno quiere hacer modificaciones en el Código Aeronáutico. Para nadie es un misterio que ello se debe a la presencia de la principal empresa área de Chile, dada la magnitud de su orden económico y a lo trascendente, importante y poderosa que es.
Si bien existen dos aerolíneas en el país, en el fondo opera un monopolio, pues es una la que mueve mayor cantidad de pasajeros: realiza más de 9 millones de vuelos al año. Esta cifra corresponde al 2013.
Hago presente que fui autor de una moción para abordar una materia vinculada con el proyecto que nos ocupa.
Si yo adquiero un celular a mi nombre -con crédito o al contado-, después lo puedo vender. Cuesta entender por qué no es posible hacer lo mismo con un pasaje de avión: no puedo venderlo a otra persona en la eventualidad de que no pueda viajar, pese a dar aviso -por los temas de seguridad- con la debida antelación. En tal caso, ¡pierdo el pasaje!, como se dijo acá.
También hicimos una iniciativa para resolver el siguiente problema: si yo compro un pasaje con dos tramos (ida y vuelta) y no uso uno de ellos, pierdo el otro. ¡No sé por qué no puedo utilizar el ticket de regreso, habiendo sido cancelado!
Esos son dos de los abusos que cometen las empresas aéreas en nuestro país. ¡Hay que decirlo!, más allá de las promociones que han permitido que hoy mucha gente acceda al servicio aéreo.
Otra pregunta que cabe formularse es por qué viajar de una región a otra resulta infinitamente más caro que ir, por ejemplo, a Buenos Aires. ¡Claro! De aquí a la capital de Argentina existe verdadera competencia, pero dentro del país una línea aérea tiene casi todo el poderío, el monopolio, el poder para controlar.
Señora Presidenta, es bueno vivir las cosas en carne propia. Cuando enfrento dificultades, doy gracias, porque entonces se aprende y se adquiere un conocimiento sobre la base de las situaciones que uno vivencia.
Hace pocas semanas en un vuelo de LAN, que sobrevende los cupos -ese día todo el mundo lo señalaba-, simplemente hubo gente que quedó fuera habiendo llegado casi una hora antes para embarcarse. Y, entonces, pude escuchar a una funcionaria de dicha empresa decirle a su jefa: "¿Sabe qué? Una persona de la fila está alegando mucho; dejémosla entrar, y de ahí para adelante cortemos y que nadie más viaje".
Haciendo indagaciones -debí consultar, pues era uno de los afectados-, se nos indicó que podíamos ir acompañados hasta la puerta de acceso del avión a ver quién estaba dispuesto a vender su pasaje. Se le pagaba entre 100 y 200 dólares (no en dinero, sino en billete de pasaje).
Tuvimos que recurrir a eso para embarcar, porque habían sobrevendido el vuelo.
Señora Presidenta, la sobreventa es un brutal abuso de estas poderosas empresas aéreas, las cuales hacen y deshacen a su antojo.
Por eso es tan difícil cambiar el Código Aeronáutico.
Acá estamos dando gracias porque en algo lo hemos podido mejorar. Pero claramente ello es bastante complejo de realizar.
Lo mismo nos pasó cuando debimos establecer un estatuto laboral especial para los funcionarios de vuelo, quienes se regían por el Código Aeronáutico y no por el Código del Trabajo, por lo que trabajaban muchas más horas.
Se logró rebajar la cantidad de horas de vuelo del referido personal. Eso fue positivo. Era tal el abuso que incluso les estaban computando como horas laborales el tiempo que ocupaban en el traslado desde sus casas al aeropuerto, por lo cual no tenían derecho a más horas extraordinarias.
Entonces, ¿vamos a votar a favor porque este es un mejor proyecto? Sí. Pero hay muchas materias pendientes. Existe enorme abuso de estas empresas, las cuales tienen todo el poder en nuestro país: hacen y deshacen a su antojo, y realizan sobreventa de sus vuelos. Todo ello afecta a quienes usamos este servicio.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de continuar con las intervenciones, quisiera saludar al señor Ministro de Economía, a quien le doy excusas por no haberlo hecho antes.
Sea usted bienvenido al Senado.
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, en primer lugar, valoro el esfuerzo de los Senadores que hace varios años presentaron estos proyectos, los cuales se refundieron en la iniciativa cuyo informe de Comisión Mixta ahora nos ocupa. Algunos de ellos aún se encuentran en esta Sala.
Se trata de un proyecto bastante complejo, por cuanto imponerles más obligaciones a las líneas aéreas podía significar que a la larga el precio del pasaje iba a subir y que las ofertas desaparecieran.
En tal sentido, independientemente de lo que sucede con las compañías aéreas existentes en Chile (hay una grande y otra un poquito más pequeña), en la Comisión Mixta tuvimos que preocuparnos de la situación de las pequeñas empresas de transporte aéreo, sobre todo de las que operan en la zona austral, pues no podíamos dejarlas con las mismas obligaciones de las grandes.
Aquí quiero destacar el trabajo que se realizó con el Ejecutivo; la labor llevada a cabo por los miembros de la Comisión Mixta; lo obrado por la Comisión de Transportes del Senado, en cuanto a dejar que las mayores obligaciones recaigan en empresas con aviones para más de 30 pasajeros; y aquellas con aeronaves con una capacidad de hasta 29 asientos (se estableció la norma estadounidense) tendrán una condición distinta a lo que se dispone en la normativa actual.
Por otro lado, algunos Senadores planteamos una indicación para resolver un problema que se presenta siempre: a cuál juzgado de policía local va a recurrir el usuario.
Nosotros establecimos que debe ser el tribunal que determine el pasajero. Ello, por cuanto muchas veces este se halla en una ciudad distinta, y lo más probable es que una persona de Iquique, de Rancagua o de La Ligua habría tenido que concurrir al juzgado de policía local de Santiago que señalara la empresa.
Por lo tanto, resolvimos que el usuario fuera el que eligiera el juzgado de policía local al que deba irse ante una virtual controversia.
Señora Presidenta, este ha sido el trabajo de muchos años de Senadores y Diputados. El esfuerzo que hicieron ambas Cámaras me parece positivo. Estamos avanzando. Y, sobre todo, nos hallamos preocupados de que las ofertas que muchas veces vemos -por ejemplo, para viajar por 30 o 40 mil pesos a Arica, a Puerto Montt o Punta Arenas, precios inclusive mucho más baratos que los de los buses- no fueran afectadas por un proyecto que a la larga les podía traspasar todos los costos a los usuarios. Porque de hacerlo, a la gente más humilde no le sería factible viajar en líneas aéreas.
Por último, deseo resaltar el trabajo realizado por el Presidente de la Comisión Mixta, Senador Ossandón, con el fin de sacar adelante esta iniciativa. Esperamos que el informe de la Comisión Mixta que nos ocupa sea aprobado unánimemente por esta Sala.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señora Presidenta, efectivamente esta es una materia muy sensible para la gente de la Región de Aisén. No tenemos otro medio de transporte. Dependemos de la carretera argentina; de la barcaza, o de contar con recursos para viajar en avión.
No se trata, por tanto, de un asunto que atañe solo a una elite. También preocupa a toda la gente que precisa del avión como medio de transporte, para la cual este es una necesidad básica.
De otro lado, quiero señalar que en verdad hay mucho abuso en lo que se conoce como overbooking o "sobreventa". Hay muchas personas que se ven afectadas por ello, las cuales no son indemnizadas; no les pagan el hotel; no les devuelven los pasajes, y no siempre encuentran espacio en el vuelo siguiente.
Se trata, pues, de un tema complicado.
La ley en proyecto, en mi opinión, aborda bien esa situación. Si el viaje no se ha iniciado, el pasajero podrá optar entre persistir en el contrato y embarcarse en el vuelo siguiente o desistir de él y requerir el rembolso del monto total pagado.
También se establecen compensaciones económicas, las cuales son muy relevantes: comidas y refrigerios; alojamiento cuando corresponda; movilización; los arreglos y prestaciones que sean necesarias para continuar el viaje, etcétera.
Quiero valorar el hecho de que la Comisión Mixta haya solucionado algunos problemas complicados. Lo dijo el Senador García-Huidobro: hay empresas aéreas regionales que trasladan menos de 30 pasajeros.
Se buscó ahí una regulación específica en función de la situación particular.
Así que deseo destacar esta iniciativa. Será una muy buena noticia para mucha gente de nuestro país, especialmente en las regiones que no tenemos conectividad con el resto de nuestro territorio, como las de Aisén y de Magallanes.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, habiéndole consultado al Ministro de Economía, la verdad es que aún me surgen algunas dudas respecto de esta iniciativa.
Si hay algo que irrita a los ciudadanos que vuelan habitualmente es la condición abusiva que ejercen las aerolíneas cuando están a punto de embarcarse o al momento de comprar los pasajes.
Hoy el vuelo nacional principalmente no es un lujo ni turismo, sino una necesidad -varios parlamentarios lo señalaron- para decenas de trabajadores de Chile, de nuestra zona, quienes deben viajar a otros lugares al objeto de desempeñar sus funciones, especialmente en las zonas mineras, en la zona central. Son familias las que deben desplazarse.
Entonces, resulta realmente irritante la actitud monopólica de la empresa LAN Chile, que se pasea a nivel internacional como gran señora y que, sin embargo, no solo efectúa prácticas antisindicales en nuestro país, sino que también abusa de sus trabajadores, quienes se hallan en condiciones laborales absolutamente anormales.
Aquí se han contado anécdotas.
Me tocó ver un 18 de septiembre la realización de alcoholemia y alcotest a pilotos antes del vuelo. Ello originó horas de retraso, y no se dio explicación alguna a los pasajeros.
Por eso lo digo con todas sus letras: ¡LAN Chile tiene la condición de empresa abusadora dentro de nuestro país!
Desgraciadamente, nuestra legislación se queda corta. La única forma de someter a estas empresas a parámetros de control es a través de presentaciones en foros internacionales laborales, acusándolas de dumping, de vulneración de los derechos de sus trabajadores; señalando claramente que las condiciones que establecen para el pasajero son cada vez menores.
En tal sentido, le pediría a la Dirección General de Aeronáutica Civil que revisara cómo se hallan dispuestos hoy los asientos dentro de las distintas aeronaves. Porque me parece que se está incumpliendo la normativa vigente en materia de espacios mínimos.
Entonces, estamos ante empresas que lo único que persiguen es maximizar sus utilidades sin prestar un buen servicio y, simplemente, tener una posición dominante en el mercado.
Me señalan algunos integrantes de la Comisión Mixta -no formé parte de ella- que el proyecto representa un avance.
Pero irrita también a los ciudadanos que no lo consideran así; que piensan que aquí debe haber una sanción, que tiene que terminar el abuso de las empresas aéreas.
Reitero: ya no se trata de un par de miles de privilegiados que viajan en avión para ahorrarse tiempo, sino de trabajadores y trabajadoras; de gente de la zona sur que debe viajar y hacer dos combinaciones para llegar a las faenas mineras en el norte, donde hoy existe bastante trabajo, o de personas que viajan al sur cuando hay bonanza económica.
Seamos claros, señora Presidenta.
Se halla presente el Ministro de Economía. Ojalá se siga avanzando en más políticas.
Hay que reforzar al SERNAC, para que tenga más presencia y no se le diga al pasajero que trasladan de un vuelo a otro que debe más encima recurrir a un tribunal de policía local, que ha de contratar un abogado e incoar una causa. Eso es francamente irrisorio.
Ojalá que este proyecto al menos signifique una señal.
Señora Presidenta, con muchas prevenciones voy a votar a favor el informe de la Comisión Mixta, pero dejando sentado que este tipo de empresas, con un mercado monopólico, dominado hegemónicamente por una compañía no le hace bien a nuestro país.
Ojalá la capacidad de las empresas aéreas sea adecuarse y prestar un buen servicio, y así no tengamos que realizar presentaciones internacionales acusándolas de dumping, de prácticas antisindicales o de situaciones anómalas relativas a posiciones dominantes dentro del mercado para lograr aquello.
Debe haber competencia. En cualquier otro país hay más aerolíneas, especialmente en el mercado interno, y no se da esta política de reventar a las empresas que compiten con la que tiene el monopolio.
Esperamos, pues, que haya mayores regulaciones desde el punto de vista de los propios aeropuertos, a fin de brindar un mejor servicio para todos los usuarios de nuestro país.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 32 señores Senadores se pronuncian a favor.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.




ESTABLECIMIENTO DE TRAMITACIÓN DIGITAL DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES


La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín, en primer trámite constitucional, que modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.514-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín):
En primer trámite, sesión 40ª, en 19 de agosto de 2014.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 84ª, en 13 de enero de 2015.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es modificar el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico de Tribunales con el fin de establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales. Y, al efecto, enmienda, deroga y crea preceptos.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, De Urresti, Espina y Harboe.
Cabe tener presente que los incisos primero y tercero del número 1) y el numeral 8) del artículo 1°, así como el número 2) del artículo 2° y la disposición transitoria del proyecto son normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 21 votos favorables.
Por otra parte, el inciso tercero del número 1) del artículo 1° debe ser aprobado con 19 votos favorables, por tener el carácter de norma de quórum calificado.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 24 a 32 del primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión general el proyecto.

)---------------(

La señora VAN RYSSELBERGHE.- ¿Me permite, señora Presidenta?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra, señora Senadora.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Solicito autorización del Senado para que la Comisión de Pesca pueda sesionar simultáneamente con la Sala a partir de las 18:30.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
--Se autoriza.
)---------------(

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, este proyecto -como lo indicó el señor Secretario-, originado en moción de algunos de los miembros de la Comisión de Constitución motivados por el Senador Araya, busca actualizar el procedimiento civil y establecer la validez legal, en el marco del procedimiento, de la tramitación digital.
La idea central es la creación de un expediente digital -tal cual señala su articulado-, que estará disponible en el portal de Internet del Poder Judicial, salvo que haya disposición legal en contrario o que habilite al tribunal para restringir determinado tipo de publicidad.
El objetivo, pues, es aumentar los niveles de transparencia, de celeridad de los juicios; resguardar la información que se proporcione al tribunal, pero, a su vez, permitir también una tramitación más expedita.
Con relación a la protección de datos, se establece el derecho de las partes a pedir reserva de ciertos antecedentes que han de ser publicados.
En cuanto a la formación del proceso, su custodia y su comunicación, se contempla un conjunto de principios generales: el principio de la equivalencia funcional o de soporte; el principio de economía procesal; el principio de eficacia y de eficiencia; el principio de lealtad, buena fe y no repudio, y el principio de universalidad y máxima divulgación. Ello, con la finalidad justamente de aumentar los niveles de transparencia.
Luego se establece que: "Los escritos y documentos podrán presentarse al tribunal por conducto del secretario respectivo, o bien por vía digital a través del portal de Internet del Poder Judicial. En ambos casos se encabezarán con una suma que indique su contenido o el trámite de que se trata.".
Para efectos prácticos, se pidió la opinión de la Corte Suprema, quien informó favorablemente la ley en proyecto, razón por la cual la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sugiere a esta Honorable Sala proceder a su aprobación, toda vez que constituirá un aporte a la modernización, transparencia de la tramitación de los procesos judiciales en el ámbito civil.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, quiero fundamentar brevemente mi voto.
Creo que esta iniciativa -ya lo señaló el Presidente de la Comisión de Constitución-, inspirada por el Senador Araya, busca desarrollar algo que sin lugar a dudas es muy importante y que refleja una práctica que ya se encuentra incorporada en los procedimientos judiciales de nuestros tribunales: la digitalización de todos los procesos, es decir, la incorporación de los mecanismos informáticos con el fin de agilizar el funcionamiento de nuestros tribunales; hacer los procedimientos más breves y expeditos, y lograr así una justicia más oportuna.
Pensamos que significará de todas maneras un esfuerzo adicional. Porque no todos los tribunales practican aquello hoy y tampoco lo hacen en todos los procedimientos que están llevando adelante.
Sin embargo, estimamos que se trata de un paso absolutamente necesario, que va en beneficio tanto de la judicatura cuanto de las partes principalmente. Porque así los abogados que representan a las personas involucradas en los distintos juicios podrán actuar con mucha mayor agilidad y efectividad, evitando una serie de trámites muy engorrosos, que hacen muy difícil llevarlos con la rapidez que se requiere.
La clave aquí está precisamente en la firma legal del patrocinio del abogado. Al reconocerse la firma electrónica, el proceso se hará más expedito. Eso que hoy requiere trámites muy avanzados y complicados, se ve rápidamente superado y subsanado.
Por todo lo expuesto, consideramos que esta iniciativa -tal como lo describió el Presidente de la Comisión de Constitución- ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestros tribunales. Contó con el respaldo de la Corte Suprema cuando se le consultó. Y, por lo tanto, posibilita que los principios ya mencionados -de economía procesal, de mayor efectividad, de eficiencia, de buena fe, de rápida y máxima divulgación y de equivalencia funcional o soporte- se hagan realidad con más fuerza en nuestro procedimiento judicial.
Por esos motivos, voto que sí.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, de la sola visita a cualquier tribunal (Corte de Apelaciones, en fin) queda en evidencia la necesidad de modernización, particularmente en la tramitación de las causas.
La iniciativa en debate establece el "expediente digital", que, según la moción, "asegura fidelidad, preservación y reproducción de sus distintas piezas y que deja a salvo la posibilidad de las partes y otros intervinientes de hacer presentaciones escritas, las que originarían un "expediente físico", que, más que un expediente, es un cúmulo de piezas. Sin embargo, de acuerdo al proyecto, el expediente que refleja la integridad del proceso es el digital, que es donde estarán registradas todas las piezas y actuaciones de quienes intervienen en el juicio.".
En seguida, la moción alude al Sistema Integrado de Información Judicial, que ya está en curso, mediante el cual se busca la interoperatividad de los servicios públicos y privados.
Esto va a provocar un impacto tremendo en el propósito de aliviar la carga a los funcionarios del Poder Judicial y a los propios jueces.
No obstante, quiero hacer un llamado de atención.
Antes los expedientes desaparecían porque se los robaban o porque se quemaban.
Pues bien, señora Presidenta, debo reiterar -ya lo he advertido en el Congreso Nacional- que la seguridad de nuestra información digital es extremadamente vulnerable.
En consecuencia, si un Poder del Estado va a depositar en expedientes digitales el destino del ejercicio de la justicia, el sistema de seguridad debe evitar el hackeo y que los expedientes ya no se quemen sino que se contaminen con virus; y ello, controlando el acceso mediante códigos secretos, a través de los programas de vigilancia activa que todos conocemos.
El programa Echelon, que vigila los e-mails de las siete grandes corporaciones que soportan toda la informática digital mundial, así lo señala. Ha habido espionaje entre los países. Y la propia Canciller alemana ha formulado denuncias contra Estados Unidos.
O sea, el espionaje digital es una realidad: no es Hollywood, no es ciencia ficción.
Siento, entonces, que el sistema de seguridad del expediente digital y de la integralidad del sistema debiera tener importancia principal.
Debo contarles a Sus Señorías que hemos denunciado diez veces la vulnerabilidad de nuestro sistema en el Parlamento. Lo hicimos en la Cámara de Diputados. Hace diez años trajimos al campeón mundial de hackeo. ¡Demoró menos de tres minutos en intervenir todo el sistema del Congreso...! ¡Y el de la PDI, un poco menos...!
Porque hay vulnerabilidad. No hemos avanzado en seguridad.
Gran desarrollo, grandes programas, pero no seguridad, la que es esencial.
Yo voy a votar a favor. Estamos en el primer trámite constitucional. Sin embargo, hay que garantizar -porque esto parece atractivo- que no estemos entrando en un terreno donde, lejos de fortalecer al Poder Judicial y de robustecer la justicia en la materia esencial que son los expedientes, se dé un paso que traiga más problemas que beneficios.
Espero estudiar el proyecto de manera más completa, porque lo planteado va de la mano con la interoperatividad de los servicios.
En el mundo, son muchas las voces que se alzan contra quien maneja la información digital.
El intercambio de información no se produce por servidores de Chile, sino por servidores que están en siete grandes corporaciones internacionales.
¿O vamos a tener un operador nacional? ¿Acaso crearemos un sistema integrado interno? No lo sé. Forma parte del debate que debemos dar en la constante modernización de nuestros sistemas digitales.
Hay muchísimo que aprender de las señales que están llegando de todo el mundo -existe una denuncia de China contra Estados Unidos por la intervención de sus programas-; y aquello, para que la innovación tecnológica vaya de la mano con el debido proceso, con la garantía de acceso y con la protección de todos los datos.
Voto a favor, con tales prevenciones. Y espero que durante la tramitación del proyecto podamos interiorizarnos mayormente sobre la materia, tanto más cuanto que habrá una parte judicial, pero también una parte tecnológica muy relevante.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.

El señor ARAYA.- Señora Presidenta, este proyecto de ley surgió de una conversación que tuvo la Comisión de Constitución con la Corte Suprema, especialmente con su Presidente, sobre la necesidad de adecuar la forma de tramitar los procesos civiles.
Debemos recordar que hoy, después de las reformas hechas últimamente, en las judicaturas procesal penal, laboral y de familia todo se tramita con expediente digital y en forma electrónica. En la práctica, el papel desapareció de los nuevos juzgados penales, laborales y de familia.
Quedó rezagada la judicatura civil, básicamente porque el nuevo Código de Procedimiento Civil, que se está debatiendo en el Senado, no ha tenido una tramitación rápida, por diversos motivos. Y, como consecuencia de ello, se conversó con la Corte Suprema sobre la posibilidad de establecer en el tiempo intermedio la tramitación digital, que es la que se va a consagrar en el nuevo Código Procesal.
Esta iniciativa se elaboró recogiendo la experiencia de la tramitación en materias penal, laboral y de familia. Muchas de las dudas que plantea el Senador Navarro ya están resueltas, pues -reitero- se tuvo a la vista la experiencia recogida durante la implementación digital en esas otras áreas del Derecho.
La iniciativa que nos ocupa busca actualizar el procedimiento civil y, de esta forma, eliminar una significativa carga de trabajo que pesa en la actualidad sobre los funcionarios de los juzgados civiles a raíz de la confección del expediente en papel.
Asimismo, procura la existencia de un período de transición, pues quizás lo más complejo es qué va a ocurrir con todos los expedientes que hoy se están elaborando de la manera explicitada.
En tal línea, la Comisión concordó con la Corte Suprema la generación, mediante un auto acordado, de una suerte de espacio intermedio que permita regular si los expedientes en comento se van a traspasar al mecanismo digital o concluirán su tramitación en papel. Ello, al objeto de no sobrecargar innecesariamente el sistema.
Yo espero que la Sala apruebe este proyecto, que intenta precisamente modernizar la justicia procesal civil.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Seré muy breve, señora Presidenta, porque lo expresado por Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra me representa plenamente.
Simplemente, quiero señalar que, de acuerdo a la cuenta pública rendida este año por el Presidente de la Corte Suprema, en 2014, de un total de 3.731.570 causas ingresadas, 1.801.912 correspondieron a materia civil.
La pregunta es cómo los tribunales de justicia pueden llevar adelante esa cantidad de juicios cumpliendo a lo menos tres principios relevantes.
Uno de ellos es que el proceso se lleve en forma rápida y expedita, para que la decisión acerca del asunto sometido al conocimiento de los tribunales llegue a tiempo.
Una de las características del Estado de Derecho es la resolución de los conflictos que la ciudadanía eleva a la consideración del Poder Judicial. Pero, adicionalmente, ellos deben zanjarse a tiempo. Porque es factible que un fallo dictado 5, 10, 15 o 20 años después de planteada la cuestión no tenga repercusión ni relevancia para la parte favorecida por él.
Por lo tanto, es muy importante la existencia de mecanismos que posibiliten agilizar la tramitación de los juicios.
No cabe la menor duda de que el sistema digital permitirá acelerar la tramitación de las causas.
En primer lugar, porque va a redundar en economía procesal.
¡Cuántas diligencias demoran hoy mucho más por no hacerse digitalmente!
En segundo término, porque las notificaciones serán bastante más expeditas si se realizan en forma digital, mediante el sistema de firma electrónica simple o avanzada, que se contempla expresamente en el proyecto y que, a mi entender, es uno de los puntos más relevantes. En efecto, el artículo 30 expresa: "Las piezas que se presenten por vía digital, así como las resoluciones que se dicten en el proceso, serán suscritas mediante firma electrónica simple o avanzada, por las partes, el juez o el auxiliar de la administración de justicia,". Este es un avance enorme, pues la firma digital tiene exactamente el mismo valor que la estampada de cuerpo presente.
Y en tercer lugar, porque además hay un problema físico. Hoy existen espacios que se ocupan con cientos de miles de expedientes. Y lo razonable y lo lógico es que, con el paso del tiempo, todo ello se vaya incorporando al sistema digital.
Para tales efectos, como dijo el Senador Araya, hay un período de transición.
Señora Presidenta, al votar proyectos como este no captamos la dimensión de lo que estamos haciendo.
Hoy estamos cambiando -en el hecho, el sistema ya se está implementando en los tribunales en otras áreas- la forma como se tramitan los juicios civiles, pasando a una época distinta, nueva, avanzada, moderna. Y se remplaza el mecanismo existente por otro que, aunque a algunos les provoca suspicacias en el sentido de que aún hay lugares donde no podrá funcionar, en la práctica al poco tiempo será masivo.
Yo recuerdo cuando en el sistema judicial se empezó a utilizar el computador, Internet, en fin: todos tenían cierto grado de desconfianza; sin embargo, hoy a nadie se le ocurriría desconfiar.
Entonces, creo que nos hallamos ante un avance enorme en beneficio de la ciudadanía, que es lo más relevante.
Siempre los cambios de esta índole deben mirarse desde el punto de vista de quienes reciben la acción de la justicia. En este caso, a los ciudadanos les será más expedita la tramitación de sus juicios; a los ciudadanos se los va a notificar en forma más clara y ágil; a los ciudadanos se les darán mayores garantías para la protección de sus derechos, porque el juez podrá leer con rapidez los documentos y enterarse adecuadamente de lo que se somete a su estudio y resolución.
Así que me parece que nos encontramos frente a una estupenda iniciativa. La idea, como se dijo (nobleza obliga), surgió de una conversación con el Presidente de la Corte Suprema y fue recogida en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Este es -repito- un muy buen proyecto de ley. Por eso, lo votamos a favor.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (30 votos favorables).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo del Senador señor Letelier
Propongo como plazo para formular indicaciones el 16 de marzo.
--Así se acuerda.




CONVENIO DE OIT SOBRE TRABAJO DECENTE PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DOMÉSTICOS


La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio N° 189, sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.560-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 54ª, en 8 de octubre de 2014.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 92ª, en 27 de enero de 2015.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal del Convenio antes individualizado es asegurar mejores condiciones laborales para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió el proyecto de acuerdo en general y en particular, por ser de artículo único, y lo aprobó en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Chahuán, García-Huidobro, Lagos, Letelier y Pizarro.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión general y particular.

Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, el Convenio N° 189, sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, adoptado por la OIT en 2011, es probablemente uno de los instrumentos que más avanzan en tratar de generar un reconocimiento internacional a una labor respecto de la cual se establecen mínimos para una gran cantidad de personas.
Durante los últimos 25 años nuestro país ha avanzado muchísimo en su legislación y, por cierto, está muy por sobre los mínimos consignados en el instrumento que hoy se discute.
Yo solo quiero recordar que recientemente aprobamos la modificación de nuestro marco legal interno, que incluso fija para marzo en curso la obligación de registrar en la Dirección del Trabajo los contratos: horarios máximos; regulación de descansos dominicales (sábado y domingo para quienes laboran puertas adentro, después de cierto plazo); horas máximas de trabajo semanal.
El instrumento en discusión establece un marco mínimo concertado y acordado en el ámbito de la OIT.
La Presidenta de la República planteó este Convenio entre los proyectos a ser consultados en cierto momento. Y fue sometido al proceso pertinente en la primera mitad del año pasado.
Conforman el Tratado un preámbulo y 27 artículos.
En dicho instrumento se define lo que es el trabajo doméstico, estableciéndose un criterio muy global.
Nuestra intención al aprobarlo, luego de discutir en general y en particular el proyecto de acuerdo, es poner de manifiesto que nuestro aporte como país al mencionado marco es relevante, por diversas razones.
Uno, el concepto de trabajo decente fue creado por un chileno, cuando se negoció este Convenio: el entonces Director General de la OIT, Juan Somavía.
Dos, se trata de una señal. Chile y Uruguay, probablemente, son en América del Sur los dos países con la mejor regulación en lo que a trabajadoras y trabajadores de casa particular se refiere.
Y tres, se ratifica nuestro compromiso permanente con el Derecho Internacional.
Por tales motivos, señora Presidenta, invitamos a aprobar el Convenio en comento.
Como mencioné, la discusión de nuestro marco regulatorio interno partió el año 90, con la Diputada Laura Rodríguez, quien fue una de las primeras que promovieron en la Cámara Baja una legislación sobre la materia, en la cual hemos avanzado harto hasta la fecha.
A diferencia de lo que establece este Convenio, nosotros no permitimos que a ningún trabajador o trabajadora de casa particular se le pague menos que el sueldo mínimo, al revés de lo que ocurre en otras naciones.
Invito, pues, a aprobar el proyecto de acuerdo que nos ocupa y a que esto sea uno de los gestos del Congreso Nacional frente a la próxima celebración del Día Internacional de la Mujer. Porque no hay que olvidar que la gran mayoría de quienes trabajan en casas particulares son mujeres, no solo en nuestro país, sino a lo largo de todo el mundo.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Honorable señora Goic.

La señora GOIC.- Señora Presidenta, me sumo a la aprobación de este proyecto de acuerdo.
Tal como señaló el Senador Letelier, en corto tiempo hemos ido avanzando en esta materia -es importante destacarlo- mediante varias leyes que dignifican el trabajo de numerosas mujeres que, a lo largo de nuestro país, laboran en casas particulares.
Siempre recuerdo la tramitación en la Cámara de Diputados de un proyecto que reconocía para las trabajadoras puertas adentro el derecho a descanso en día festivo: muchos colegas no podían creer que en nuestro Código Laboral existiera una discriminación similar, que no tenía justificación. Por supuesto, aprobamos unánimemente dicha iniciativa, con bastante celeridad.
Fue un poco más difícil igualar el salario mínimo. El de las mujeres equivalía a 75 por ciento del pagado al resto de los trabajadores. De manera progresiva, en el plazo de 3 años, finalmente logramos la nivelación, pues nada podía justificar que aquellas percibieran menos que el piso fijado para los demás trabajadores de nuestra nación.
Hace poco tiempo dimos una gran señal al adecuar la jornada de las trabajadoras de casa particular a la del resto de los trabajadores. La ley pertinente empezó a regir este año. Mediante ella se obliga a registrar los contratos y a establecer con claridad las funciones y el lugar donde se desarrollan; se generan mejores condiciones para el control y la fiscalización; se determina que no es obligatorio el uso de delantal (a este respecto, vimos muchas situaciones increíbles, pero que se dan en casos concretos en pleno siglo XXI), y se dispone que a partir del 21 de noviembre de 2015, consistente con el Día de la Trabajadora de Casa Particular, se reducirá la jornada, que no podrá exceder de 45 horas semanales, con la posibilidad de horas extraordinarias.
Creo que, mediante nuestra legislación, en Chile hemos dado muestras del compromiso con las trabajadoras de casa particular.
Por lo tanto, no hay problemas respecto a los contenidos del Convenio N° 189 de la OIT, que sin duda hemos compartido transversalmente en el Congreso Nacional. Más bien, dicho instrumento viene a ratificar el compromiso de nuestro país en esta materia.
Así que solo deseo consignar nuestro respaldo entusiasta al Convenio.
Comparto que su aprobación es una buena señal cuando estamos ad portas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
Muchas gracias.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señora Presidenta, voy a intervenir en la discusión del proyecto de acuerdo, porque tuve la oportunidad de estudiarlo y creo que marca una huella bien importante en la protección de los derechos humanos que debe existir en nuestro país respecto de todos los ciudadanos, sin ninguna distinción. Sobre ello, no solo es preciso hablar, sino también hacer las cosas.
En Chile existen 370 mil trabajadores en el ámbito de la labor doméstica, de los cuales 350 mil son mujeres, y ya se han mencionado los avances de nuestra legislación en la materia. Desde luego, se ha verificado un incremento gradual en el ingreso mínimo mensual de estas personas, el que se igualó, a partir de 2011, al de los demás sectores. Hace pocos meses se resguardaron los derechos de estos trabajadores y se combatió la discriminación a través de la ley N° 20.786, regulándose asimismo, en forma más adecuada y justa, la jornada, descanso y composición de su remuneración, y contemplándose la prohibición de una serie de medidas que resultaban a todas luces abusivas.
Deseo destacar un párrafo especial del Convenio, en virtud del cual los Estados se obligan a eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, a la abolición efectiva del trabajo infantil y a la supresión de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Asimismo, se expresa que todo Miembro "deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad.".
Estos tratados son muy importantes para los países. Y lo son porque la idea de que todos los chilenos tengan la misma oportunidad de salir adelante con su propio esfuerzo, de ser tratados en igualdad de condiciones, de que se vaya eliminando todo vestigio de abuso o discriminación, de que nos vayamos poniendo a la altura de los lugares donde se aplica una legislación con los más altos estándares de exigencia, son parte de los principios que una sociedad inclusiva moderna debe considerar siempre.
Por lo tanto, el texto en examen también marca un hito. Del mismo modo que señalé otro tanto en relación con el proyecto anterior, en materia judicial, el instrumento que nos ocupa lo hace en un ámbito diferente. Ello dice relación con que el Convenio N° 189, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, es finalmente el paso en virtud del cual las sociedades van permitiendo que todos se sientan parte de su desarrollo, que no se sientan discriminados, y que va elevando nuestros estándares culturales para tratar a personas de distintas condiciones, raza, origen y situación económica, que deben ser todas tratadas en Chile con la misma dignidad y respeto por sus derechos humanos.
Por estas razones, votaremos a favor.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Seré muy breve, señora Presidenta.
Como ya se recordaba, en la Comisión de Trabajo, encabezada por la Honorable señora Muñoz y con la participación de varios señores Senadores, estudiamos una normativa que ya entró en vigencia y que se ha traducido, a mi juicio, en un cambio muy significativo en el régimen de que se trata.
Mucha gente hizo un esfuerzo por actualizar nuestra legislación, en términos de que, dadas las características particulares de este tipo de trabajadora, ella contara con los mismos derechos y la misma situación de dignidad, en la forma como cumple su jornada laboral, que el resto. Y eso se logró.
Cuando leo el Convenio, estimo que nuestra legislación se le anticipó. Sin haberlo acogido todavía, hemos ya dado cumplimiento, en lo sustantivo, al espíritu que lo anima.
Por estos motivos, y simplemente para recordar y ratificar el compromiso que el Congreso ya había tomado en la materia, voto que sí.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Honorable señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señora Presidenta, aprobaré la iniciativa que nos ocupa, dado que, como lo expresó el Senador señor Larraín, en nuestra Comisión de Trabajo despachamos hace algún tiempo el proyecto en materia de normas que benefician a los trabajadores de casa particular, el cual ya es ley de la República. En consecuencia, nos adelantamos, por cierto, a poner en sintonía nuestra legislación con los mandatos internacionales, en este caso específico el Convenio de la OIT.
Por eso, creo que nuestro país ha ido avanzando muchísimo en derechos de sectores laborales determinados, como el de las mujeres -más de 370 mil- que se desempeñan en casas particulares, que han representado un sector muy marginado de la fuerza de trabajo. Desde el año 2008 en adelante hemos ido al menos mejorando, por cierto, las disposiciones en materia del ingreso mínimo en este ámbito, que era inferior al nacional. En 2011 se logró homologarlo.
Consideramos que el marco normativo internacional de que se trata se adecua con la ley que, como país y como Congreso, despachamos hace ya algún tiempo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, tal como lo manifestó la Senadora señora Muñoz, es muy importante la aprobación del proyecto de acuerdo. La ratificación del Convenio obviamente coloca a nuestro país entre los que cumplen con instrumentos internacionales de protección de trabajadores, en especial los de casa particular.
Se ha recordado la normativa que despachamos el año pasado, que constituye un estatuto específico para el sector en comento, al que sin duda lo mejora, lo nivela, lo iguala con otros. Pero claramente estábamos en una situación de déficit, anormal, que durante muchos años ha afectado a miles de mujeres. Ello, además, va a incidir en materia previsional, y tendremos jubiladas, en su momento, con distintas pensiones, más bajas que las de otros trabajadores.
Por eso, es importante apurar el tranco y seguir avanzando en cuanto al perfeccionamiento, a la profundización y al reconocimiento de la labor en una casa particular.
Es imprescindible que la Dirección del Trabajo disponga de las facultades que se le otorgaron para poder fiscalizar, pero también que existan organismos técnicos de capacitación para todas y cada una de estas personas. Solo de esa manera van a poder lograr mejores condiciones laborales y de jubilación en el futuro.
Me pronunciaré a favor, entonces, y felicito al Gobierno de la Presidenta Bachelet por dar cumplimiento al Convenio.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, la verdad es que la percepción de este sector laboral a veces es un tanto distorsionada, sin que sea valorado en su importancia cuantitativa.
O sea, se alude al aspecto de la cualidad. La función de remplazo en el papel materno resulta esencial. Ello se ha dicho muchas veces. En definitiva, se pone a disposición de los trabajadores domésticos lo más valioso en la vida de las personas, que son sus hijos, y se les entrega formalmente su educación. Y si se hiciera un recuento de tiempo, resulta claro que estas personas -más mujeres que hombres- pasan con los niños de las familias más horas que los propios padres. Por tanto, forman parte de un elemento cualitativo muy importante, pero también cuantitativo. Son más de 370 mil los trabajadores en funciones en esta categoría y efectivamente conforman un segmento con relación al cual ya el Congreso había aprobado una ley anticipatoria del Convenio N° 189.
Quisiera consignar que la ratificación de este último por parte de Chile, precisamente sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, que entró en vigencia el 5 de septiembre de 2013, resulta decisiva para asegurarle mejores condiciones al sector. El instrumento internacional debiera ser objeto de mucha difusión. A veces, la vorágine laboral y la naturaleza misma del trabajo doméstico impiden a los empleadores un cabal conocimiento del nivel de exigencia en la materia. El texto debería ser divulgado por el Ministerio del Trabajo, mecanismo que entiendo que existe.
Al suscribir Chile el Convenio, ello nos obliga, por ejemplo, a una regularización efectiva en el trato a los inmigrantes. Significa que el tratado pasa a formar parte de la legislación nacional. Y, como dictamos una ley que contiene muchos de sus elementos, creo que hemos avanzado de manera relevante.
Espero que la Dirección del Trabajo continúe en una tarea informativa, educacional, respecto del tipo de contrato de que se trata, que muchas veces no se ciñe a los rigores y las formalidades necesarias.
Voto a favor.
El Congreso no solo tendría que aprobar el Convenio, sino que Chile también debería respetar y fiscalizar fielmente su cumplimiento.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (30 votos a favor), quedando despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.




CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL DE DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES


La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde ocuparse en el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Harboe, Araya, Lagos, Hernán Larraín y Tuma, en primer trámite, que consagra el derecho a la protección de los datos personales, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.384-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional:
En primer trámite (moción de los Senadores señores Harboe, Araya, Lagos, Larraín y Tuma): sesión 24ª, en 11 de junio de 2014.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 44ª, en 3 de septiembre de 2014.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 73ª, en 10 de diciembre de 2014.
Discusión:
Sesión 45ª, en 9 de septiembre de 2014 (se aprueba en general).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
El órgano técnico efectuó una enmienda al proyecto, consistente en sustituir el texto del artículo único acogido en general, la cual fue acordada por unanimidad. Requiere 25 votos para su aprobación, esto es, las dos terceras partes de los Senadores en ejercicio, ya que se modifica el artículo 19 de la Constitución Política de la República, disposición que forma parte de su Capítulo III.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado, en cuya tercera columna se transcribe el cambio introducido; en la cuarta, la redacción que quedaría de ser sancionado, y en la quinta, la disposición tentativa de la Carta Fundamental.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En la discusión particular, puede intervenir el Honorable señor Harboe.


El señor HARBOE.- Señora Presidenta, la iniciativa tiene por objeto, como se ha dicho, consagrar constitucionalmente el derecho a la protección de los datos personales y a la autodeterminación informativa, esto es, la facultad para controlar los antecedentes de esa índole.
Para alcanzar este propósito se propuso modificar el número 4º del artículo 19 de la Carta Fundamental, con el fin de asegurar dicha protección y de obtener una rectificación, complementación y cancelación si fueran erróneos o afectaren derechos.
Durante el debate en particular, se presentaron ocho indicaciones, cinco de ellas aprobadas unánimemente por la Comisión, pues se estimó que perfeccionaban el texto en estudio.
Básicamente, se incorporó la idea de establecer el derecho de cada individuo de acceder a la información de carácter personal contenida en bases de datos. Constituye un elemento esencial del sistema, pues no se podría solicitar la corrección o eliminación de un antecedente incompleto o erróneo o que afectara un derecho si se desconociese su contenido.
Igualmente, se acordó precisar que la petición para rectificar o eliminar un dato personal no solo se justifica cuando es erróneo, sino también cuando afecta el ejercicio de derechos garantizados en la Ley Fundamental. Como es sabido, hay múltiples ejemplos de que un antecedente erróneo o falso puede terminar provocando ese efecto.
También nos pareció razonable establecer que el tratamiento, la circulación y el traspaso de datos deberán realizarse en la forma y las condiciones que fije la ley. En consecuencia, será tarea del legislador, no del constituyente ni de la potestad reglamentaria, regular ello en detalle. El Congreso Nacional se reserva tal atribución.
Por otra parte, hago presente que consideramos adecuado proteger la nueva facultad mediante el recurso de protección. La regla general en nuestro sistema es que los derechos consagrados en el artículo 19 de la Carta estén resguardados por la acción constitucional establecida en su artículo 20.
No sería lógico que, ante la negativa de una entidad que dispone de un antecedente de carácter personal claramente erróneo, cuya corrección o eliminación se ha solicitado sin obtener respuesta, los ciudadanos quedaran en la indefensión y no pudiesen pedir a la Corte de Apelaciones el restablecimiento del imperio del derecho.
Por todas estas consideraciones, la Comisión de Constitución propone agregar dos párrafos nuevos al número 4º del artículo 19 de la Ley Fundamental, con el fin de asegurar a todos la protección de sus datos personales y el derecho de acceder a ellos y de obtener, en la forma que determine la ley, su rectificación, complementación y cancelación si fueran erróneos o afectasen sus derechos.
Igualmente, el tratamiento, la circulación y el traspaso de los datos deberán realizarse en la forma y condiciones que fije un cuerpo legal.
Se trata de una iniciativa que pone a nuestro país al día con la legislación comparada y que otorgará mayor seguridad a los ciudadanos con relación a un patrimonio intangible como los datos personales.
Finalmente, la reforma constitucional es plenamente coherente con el anteproyecto de ley que se encuentra elaborando el Ejecutivo y que recientemente se ha sometido a consulta pública.
Por las razones expuestas, el órgano técnico propone a la Honorable Sala proceder a la aprobación en particular.
He dicho.

El señor LETELIER.- Que se abra la votación.

La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación la proposición de la Comisión.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, tal como explicó el Presidente de nuestra Comisión, el proyecto reviste una considerable importancia, sobre todo por el desarrollo de los sistemas de información que hoy, gracias a la tecnología, existen no solo en nuestro país, sino también en el resto del mundo.
Ello ha generado que antecedentes que tradicional o históricamente han sido considerados cuestiones estrictamente personales no solo pasen a ser de dominio público, sino hasta del comercio público. Es decir, datos de quienes presentan determinadas características se transan en el mercado con el objeto de hacer publicidad o con fines de marketing, sea de carácter económico o también político. Incluso se reciben, a través de correos abiertos, muchos ofrecimientos provenientes de bancos de datos que pueden ser útiles para las distintas actividades que cada uno lleva adelante.
Lo anterior, que parece ser, en cierto sentido, una señal de modernidad, de apertura, de dinamismo, pasa por encima de una barrera muy importante: la intimidad de los datos personales, la honra de las personas, que por ser puestas a disposición pública y traficadas de distinta manera, generan una situación de vulnerabilidad personal bastante significativa.
Hemos ido avanzando en hacer transparentes todos los antecedentes que corresponden a información pública, incluyendo dentro de ella algunos aspectos que se hallan en manos de particulares o privados pero que tienen connotación pública, como son los relativos a los servicios de salud o de previsión, que pueden ser objeto de administración por parte de sectores privados, como ocurre en nuestro sistema previsional. Pues bien, parte de esa información -no la específica e individual de cada persona- puede ser objeto de transparencia y conocimiento público.
Pero ahí es donde surge la necesidad de fijar un límite: hasta dónde lo público permite el conocimiento y el acceso a todo y dónde empieza lo privado. Incluso, muchos estiman que tienen derecho a conocer absolutamente todo de las autoridades públicas, que tienen asimismo vida privada, yendo incluso más allá de la privacidad que también en derecho les corresponde.
Hay aquí, por lo tanto, un tema no debidamente resuelto, frente al cual la ley vigente es claramente insuficiente. Y eso se debe a que no existe un reconocimiento de los datos personales como un derecho garantizado y protegido constitucionalmente.
Ese es el sentido de esta reforma, en la que he participado, la cual, luego de las indicaciones acogidas en la discusión particular, nos permite presentar un texto que evita los problemas que planteaba el primero que se propuso.
Desde luego, es fundamental garantizar el acceso a las fuentes de información que contienen los datos personales, que era algo que no estaba asegurado en la primera versión de la iniciativa.
Y después viene el contenido más específico de en qué consiste la protección: la posibilidad de obtener, en la forma que determine la ley, la rectificación, complementación y cancelación de los datos personales cuando estos fueren erróneos o afectaren los derechos de las personas.
Otro cambio importante es que el tratamiento de los datos se realice en la forma y condiciones que fije la ley. El anterior concepto incluía el consentimiento expreso del titular, que no siempre es lo recomendable como criterio último. Por eso, la ley tendrá que definir cuándo procede el consentimiento expreso del titular y cuándo no, de manera que efectivamente exista la necesidad de apertura cuando ello corresponda.
Creemos que la ley va a plantear nuevas discusiones, nuevos debates, como si el Consejo para la Transparencia o un organismo de la misma naturaleza es el que debe regular y aplicar estos conceptos. Pero lo importante es garantizar la protección de los datos personales como un derecho, porque de alguna forma es también el correlato, el contrapeso del acceso a la información pública.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, estamos en un momento muy importante en materia de consagración de derechos de tercera generación.
En tiempos en que se discute una nueva Carta Fundamental resulta relevante que el Congreso Nacional consagre un nuevo derecho para los ciudadanos, así como la posibilidad de ejercer una acción constitucional de protección para lograr su real eficacia.
Desde hace mucho tiempo, la institucionalidad de la protección de datos en el país se ha visto severamente cuestionada, en especial por la falta de certezas en cuanto al tratamiento del flujo de la información. En rigor, nuestros datos personales, más allá de que sean sensibles o no, hoy están siendo objeto de comercio, lo que podría ser legítimo en la medida en que, en primer lugar, se reconozca que cada ciudadano es dueño de sus datos y que estos no pertenecen a las empresas que los administran, los almacenan o los tratan, y en segundo lugar, que dicho comercio tenga la autorización de parte de los ciudadanos, toda vez que se trata de un bien patrimonial intangible: los datos personales de cada persona.
Las regulaciones en materias de datos personales son profusas y de larga data. La OCDE, con sus "Recomendaciones", en 1980, y el Consejo de Europa, en 1981, ya establecieron una regulación. Por su parte, la Ley del Censo en Alemania, del año 1983, consagró el principio de la autodeterminación informativa.
La evolución que se ha dado a través de la directiva europea en este ámbito nos señala que la protección de datos personales es una derivación del derecho a la intimidad. Originariamente, era considerado parte de ese derecho a la intimidad, pero la evolución del concepto internacional ha ido dando paso a un derecho autónomo.
Tal como señala el profesor Enrique Rajevic, este derecho no debe ser valorado solo en su fase negativa -es decir, el derecho a prohibir-, sino también en su fase positiva: el derecho a controlar nuestros datos, qué se hace con ellos.
De igual forma, el profesor constitucionalista Humberto Nogueira Alcalá ha señalado que el habeas data es un derecho que asiste a toda persona para solicitar, administrativa o judicialmente, la cancelación, rectificación o enmienda de la mala administración de ciertos datos, sea en instituciones públicas o privadas.
Nuestra Constitución Política, en su artículo 19, numeral 4°, establece "El respeto y protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia". Esta norma constitucional tuvo aplicación práctica el año 1999 con la dictación de la ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, y luego, con la ley N° 19.423, que modificó el Código Penal en lo que dice relación con los delitos contra el respeto y la protección de la vida privada y la honra.
En el Tribunal Constitucional chileno ha habido una evolución jurisprudencial en el sentido de reconocer que los datos personales constituyen un derecho de los ciudadanos, y más aún, que son un derecho de tercera generación, autónomo e independiente del grado de intimidad.
Es así, entonces, como este proyecto de reforma constitucional busca consagrar el derecho de todos los ciudadanos a la protección de sus datos personales, otorgándoles el derecho de acceso, cancelación y rectificación de aquellos datos erróneos o cuya difusión o almacenamiento genere una afectación de otros derechos.
De igual modo, al quedar incorporado en el numeral 4° del artículo 19, se hace aplicable el recurso de protección, como una medida para restablecer el imperio del derecho, a fin de que frente a las vulneraciones de parte del mundo privado exista una herramienta constitucional para proteger este nuevo derecho.
Señora Presidenta, este es un momento muy importante. La consagración constitucional del derecho a la protección de datos personales va a ubicar a nuestro país dentro de las legislaciones modernas; va a dar cumplimiento a un requerimiento de la OCDE, y, eventualmente, si el Gobierno envía pronto el proyecto de ley sobre datos personales, vamos a poder ser considerados finalmente como un país seguro por la comunidad internacional, condición que hoy no poseemos, a raíz de un conjunto de afectaciones económicas y prácticas de política pública.
Por último, señora Presidenta, creo que este Congreso Nacional está aportando a la consagración de un nuevo derecho ciudadano, un derecho de tercera generación, un derecho básico que hoy se requiere proteger, como es el derecho a la protección de los datos personales.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, desde un punto de vista conceptual, para cambiar la Constitución debe haber una razón muy potente. Y, en este caso, me parece que la hay, pues este proyecto se visualiza como el justo balance frente a una serie de modificaciones que ha habido en el último tiempo en función de la transparencia.
Obviamente, la transparencia ha sido objeto de una multiplicidad de normas constitucionales, analizadas incluso en esta misma Sala, que han ayudado a llevar adelante un proceso que nunca termina y en el cual probablemente siempre habrá que estar innovando, en razón de que se tiende a ver más unilateralmente los temas de la vida de las personas.
Lo que la transparencia busca, de alguna forma simulada, es desnudar esa vida, tratando, particularmente, de que el ámbito de las autoridades o de los procesos sea de conocimiento público.
Yo señalé claramente en su momento -y por eso me alegro de esta moción que presentaron los miembros de la Comisión de Constitución- que era indispensable entender que el respeto y protección de la vida privada y la honra de las personas y sus familias necesitaba de un correlato respecto de las innovaciones que se habían hecho en materia de transparencia.
Desde mi perspectiva, esta nueva triple garantía o mejoramiento de la garantía en materia de respeto y protección de los datos personales, el derecho a acceder a ellos y lograr -esto puede ser lo más complejo desde el punto de vista práctico-, en la forma que determine la ley, su rectificación, complementación y cancelación si fueran erróneos o afectaren los derechos de las personas, es parte fundamental de la verdadera verificación del respeto constitucional establecido en el artículo 19, número 4°, de la Carta Fundamental.
Considero que esta enmienda es muy necesaria. Lo dije durante la discusión general y me parece que las planteadas al articulado mejoran la redacción y el mandato constitucional que se impone. Pero hice especial énfasis en el tercer aspecto del desarrollo de esta garantía, el cual tiene que ver con un mandato legal para rectificar, complementar o cancelar un dato privado, un dato personal, que se halle instalado en la sociedad.
Advierto que esto no va a ser fácil, porque implica un esfuerzo gigantesco.
Creo que todos hemos sido víctimas en alguna oportunidad de datos erróneos que, al darse a conocer a través de un medio de prensa, quedan establecidos como una verdad permanente. Muchas veces hay que luchar contra datos de ese tipo, incluso de hecho -porque cada cual puede tener sus propias interpretaciones-, y que no tienen nada que ver con lo que uno es y que en no pocas ocasiones corresponden a una cierta caricatura de lo que uno es o ha hecho.
Por eso, me parece que instalar este principio, más allá de las dificultades que se presenten, es sabio.
Sin embargo, igual que en materia de transparencia, donde en algún momento se pudieron dar pasos que fueron más allá de lo que se había pensado, en esta materia también es bueno fijar una doctrina, una lógica. Y tengo esperanzas de que ello haga posible tener una sociedad que al final consiga ese justo equilibrio: no jugar al oscurantismo o al secretismo, pero tampoco permitir, en función de tal principio, que se deje a la intemperie el legítimo respeto y protección de la vida privada, de la honra de las personas y de sus familias, y de la verdad. Porque esta es la innovación que propone el último de los elementos. Lo que en él se plantea es la verdad: la verdad de los datos. Y eso, a mi juicio, es lo más novedoso. Obviamente, será objeto de discusión, pero me parece esencial.
Por último, quiero hacer una breve reflexión respecto del recurso de protección.
Creo que la Comisión hizo bien en insistir en dicho criterio. Tiene que haber una acción expedita, rápida, y el recurso de protección ha demostrado ser una innovación constitucional sabia. Por lo tanto, si uno quiere defender realmente el principio, debe hacerlo por esta vía.
En suma, pienso que este proyecto va en la línea correcta y es innovador, y espero que ojalá se resuelva bien el tema de los derechos.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, no voy a repetir lo que han dicho diversos señores Senadores, pero me parece muy bien que la Comisión de Constitución haya tomado este tema y lo haya elevado a rango constitucional.
Esta es una materia que el Senado, durante el Gobierno pasado y en la legislatura anterior, asumió a través de su Comisión de Economía, instancia en la que me tocó participar. Ahí se trabajó en un proyecto de ley -por supuesto, era iniciativa del Ejecutivo y no del Parlamento- que nos permitió realizar un aporte. Y fue así que concurrimos al Ministerio de Economía a entregar el texto de una iniciativa que corresponde a la reglamentación de una norma constitucional que al alcanzar este rango pasa a ser de primer nivel.
Con relación a la OCDE, tenemos un asunto pendiente. Efectivamente, debemos legislar sobre esta materia.
Los datos personales han adquirido gran relevancia. Antes de que existiera todo este sistema digital, de internet, de creación de bases de datos, los datos personales eran importantes, pero no había mayor interés en hacer uso de ellos. Hoy día ocurre todo lo contrario. Hay discusión sobre quiénes pueden utilizar o acceder a determinadas bases de datos.
¿Y quién es el dueño de los datos personales? La persona. Ella puede autorizar a otra para que haga uso de estos. Por eso, creo que elevar este aspecto a rango constitucional y brindar protección a las personas a través del recurso de protección -disculpando la redundancia- me parece esencial. Por lo mismo, felicito a los autores del proyecto, el que incluso podría permitirnos retomar el estudio que hizo en su tiempo la Comisión de Economía del Senado y que fue entregado, como ya señalé, al Ministerio del ramo durante el Gobierno anterior, de tal manera de no solo establecer el derecho como norma constitucional, sino también elaborar una reglamentación a través de la ley, tal cual indicó aquí el Senador Harboe, única vía posible para reglamentar y garantizar realmente un derecho establecido en la Carta Fundamental.
Por esta razón, voto que sí.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señora Presidenta, quiero destacar esta reforma constitucional.
Hablaba justamente con uno de sus patrocinantes, quien es además coautor del libro Reflexiones sobre el uso y abuso de los datos personales en Chile. Y la verdad es que nosotros, en su minuto, formulamos indicaciones para garantizar también el acceso a los datos personales. Si uno abre Google y se busca a sí mismo, se encuentra con una nota que lo deja en las peores condiciones. Hay gente que administra los datos de cada uno, y eso no es un uso, sino un claro abuso.
Otro tanto ocurre con el DICOM. Si una persona -y esto es normal, dado el grado de endeudamiento existente en Chile- cae en DICOM, pero después sigue todo el proceso para ponerse al día y limpia sus antecedentes en las respectivas cámaras de comercio, las entidades financieras igual manejan la otra información.
Entonces, ¿hasta dónde llega el uso y abuso de los datos personales?
En tal sentido, creo que con este proyecto se logra un avance muy importante.
Se acogieron algunas de las indicaciones que presentamos y, desde luego, queremos solicitar -por su intermedio, señora Presidenta- que se presente cuanto antes el proyecto de ley a que alude esta reforma constitucional, porque sabemos que algunos están interesados en seguir manejando y abusando de los datos de carácter personal.
Voto a favor.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba en particular el proyecto (28 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.


La señora ALLENDE (Presidenta).- Felicitaciones a los autores de la moción.



TRATADO DE BEIJING SOBRE INTERPRETACIONES Y EJECUCIONES AUDIOVISUALES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL


La señora ALLENDE (Presidenta).- A continuación, corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), suscrito en Beijing, República Popular China, el 24 de junio de 2012, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.464-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 55ª, en 14 de octubre de 2014.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 77ª, en 6 de enero de 2015.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es regular, a nivel internacional, los derechos de propiedad intelectual de los artistas, intérpretes y ejecutantes de obras audiovisuales.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán, García-Huidobro, Letelier y Pizarro.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión general y particular.

Tiene la palabra el miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, se somete a consideración de la Sala el Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), suscrito en Beijing, República Popular China, en junio de 2012.
Este proyecto de acuerdo fue iniciado en mensaje de la Presidenta de la República en junio de 2014. Y en octubre de ese año la Comisión de Relaciones Exteriores inició su estudio, al cual invitó a participar a la asesora legal del Departamento de Propiedad Intelectual de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería señora Tatiana Larredonda.
Asimismo, vale la pena destacar que en esta discusión, previamente, varios señores Senadores escuchamos a representantes de los intérpretes y artistas interesados en que el reconocimiento de la propiedad intelectual también sea guiado por normas del Derecho Internacional.
Un antecedente para el adecuado estudio de este proyecto de acuerdo es que tuvimos presente el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, promulgado en 2003. Igualmente, la Convención Internacional sobre Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, que fue promulgada en 1974.
El mensaje señala que se iniciaron las negociaciones para adoptar un instrumento internacional que regulara los derechos de propiedad intelectual de los artistas, intérpretes y ejecutantes de obras audiovisuales. Y añade que este esfuerzo se realizó al alero de la OMPI y concluyó en 2012.
Con la presencia de más de 156 Estados miembros se realizó la conferencia en que se aprobó el Tratado (sus últimas rondas se celebraron en Beijing), cuyo principal objetivo es crear un instrumento multilateral que reconozca, entre otras cosas, el desarrollo de nuevas tecnologías a través de las cuales se reproducen y transmiten creaciones.
Su fin último es crear un marco regulatorio internacional que contemple actores globales, es decir, que reconozca no solo lo que pasa al interior de nuestro país, sino también más allá de nuestra región.
Este Instrumento tiene un preámbulo y consta de treinta artículos. En él se define algo respecto a lo cual en otros tratados no se había profundizado lo suficiente: cómo se regulan los derechos morales. Y -probablemente lo destacarán varios colegas-, más allá de señalar cuáles son sus alcances, es importante relevar que en nada altera lo que ya existe en nuestro marco nacional, lo que hemos avanzado en el reconocimiento de la protección de los derechos de intérpretes y creadores.
En tal sentido, nuestra concurrencia como país a la aprobación de este proyecto de acuerdo significará hacernos parte de instrumentos del Derecho Internacional que contemplan derechos multilaterales, para ayudar a elevar el estándar en otros territorios.
La mayor importancia de la aprobación de este proyecto de acuerdo para nuestra nación radica en que existirá un instrumento a nivel internacional que proteja también a intérpretes de otras latitudes y que permita una defensa de los intereses de los nuestros cuando la reproducción se haga a través de nuevas tecnologías.
Señora Presidenta, invitamos a los Senadores a aprobar este proyecto de acuerdo.
¿Puede abrir la votación, señora Presidenta?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Sí, por favor.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Así lo haremos.
En votación.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Tal como lo informó el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo indicó que la adopción del Tratado refleja el espíritu de colaboración de los miembros del proceso multilateral.
Asimismo, expresó que constituye un avance fundamental, pues permite incorporar a los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales al sistema internacional de propiedad intelectual.
En el fondo, señora Presidenta, este Instrumento otorga un marco jurídico internacional más claro, que permitirá a los artistas, intérpretes o ejecutantes consolidar su posición en la industria audiovisual, al concederles protección en el entorno digital, y contribuye a salvaguardar los derechos de los beneficiarios contra la utilización no autorizada de sus interpretaciones y ejecuciones en medios audiovisuales como el cine o la televisión.
Es importante señalar que Chile va a ser el segundo país en consolidar y ratificar su adhesión si el Senado aprueba este proyecto de acuerdo -como esperamos- unánimemente. Pero el problema es que se necesita a lo menos la ratificación de treinta países para que empiece a operar el Tratado, que se firmó en Beijing, República de China, el 24 de junio del año 2012, y hasta el momento solo la República Árabe Siria ha depositado, con fecha 18 de marzo de 2013, el instrumento de ratificación.
Por lo tanto, señora Presidenta, creo que el hecho de que Chile sea la segunda nación en hacerlo será una señal bastante clara para que muchas otras también lo hagan. Pensemos que a la conferencia diplomática pertinente asistieron 156 Estados miembros, 6 organizaciones intergubernamentales y 45 organizaciones no gubernamentales. De estos, 122 países firmaron el Acta, y 48 el Tratado en ese mismo acto.
Insisto en que ha habido lentitud en el proceso de ratificación. Y ojalá que las 28 naciones que faltan puedan avanzar rápidamente en esto con el fin de apoyar fundamentalmente a todos nuestros artistas que trabajan en el ámbito audiovisual.
Nosotros vamos a acoger este proyecto de acuerdo, y espero que sea aprobado por unanimidad.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo (21 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, Coloma, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Ossandón, Prokurica, Quinteros, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.




FIJACIÓN DE COMPETENCIA ANTE PLURALIDAD DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO EN UN MISMO DÍA POR NO USO DE DISPOSITIVO DE COBRO EN VÍAS CONCESIONADAS


La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Lagos y Tuma, y del ex Senador señor Novoa, en primer trámite constitucional, que fija regla de competencia en caso de pluralidad de infracciones de tránsito en un mismo día, por no usar el dispositivo de cobro de vías concesionadas, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.072-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Girardi, Lagos y Tuma y del ex Senador señor Novoa):
En primer trámite, sesión 77ª, en 30 de noviembre de 2011.
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 62ª, en 11 de noviembre de 2014.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es establecer que solo será competente el juez de policía local donde hubiere cometido la primera infracción un conductor que transite por caminos públicos en que opere un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes sin contar con un dispositivo electrónico habilitado u otro sistema complementario que permita su cobro. En caso de que se iniciaran otros procedimientos judiciales derivados de esta misma infracción, se procederá a la acumulación de las causas.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió el proyecto en general y en particular, por ser de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Girardi, García-Huidobro y Ossandón).
La referida Comisión deja constancia de que esta iniciativa se debatió simultáneamente con la moción de los entonces Senadores señora Alvear y señor Muñoz Aburto, que tenía similar objetivo, y de que, como consecuencia del debate, acordó proponer a la Sala el archivo de ese proyecto de ley.
El texto que se propone aprobar se consigna en la página pertinente del informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
De consiguiente, de aprobarse esta iniciativa, habría que acordar, además, el archivo del otro proyecto al que hice mención.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión general y particular.

Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Reglamento, señora Presidenta.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Solicito que repartan el informe, pues no lo tenemos en nuestras manos.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Vamos a facilitarle uno. Aparentemente, los demás señores Senadores sí cuentan con él.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, en realidad, tenemos el comparado. Pero perfectamente podemos ver el informe en la pantalla de los computadores.
El proyecto de ley que nos ocupa es muy simple y sencillo, y tiene mucha lógica.
Con el sistema de concesiones, de cobro de peajes, a una persona que se incorpora a una autopista y no lleva un dispositivo o está infringiendo la norma de peaje hoy se le cursan tantas infracciones como comunas por las cuales pase el vehículo a lo largo de la carretera. Por lo tanto, puede que un automovilista ingrese y cometa cinco, seis infracciones al mismo tiempo. Y los tribunales se las aplican, sin perjuicio de que la persona haga el pago en la municipalidad donde la requieran. Y actualmente la multa creo que es del orden de los 30 mil pesos. A una persona se le cursan seis infracciones y en el fondo es una infracción.
Entonces, lo que se propone es de toda lógica: que se trate como una infracción y se fije como tribunal competente el de la primera infracción. Ello va a solucionar la situación de numerosos usuarios, que reclaman porque consideran que esto es un exceso y un abuso.
Por tal razón, es bueno darle trámite a este proyecto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, el Senador Zaldívar ha explicado muy bien lo que sucede hoy fundamentalmente con relación a los vehículos que por alguna razón no cuentan con tag.
Lo que ocurre en la actualidad reviste una tremenda injusticia, dado que siendo una sola infracción esa persona puede recibir seis, siete multas, de siete juzgados de policía local.
Y lo que establecimos es que se considere como una sola infracción que debe ser revisada por el juzgado de policía local donde se aplicó la primera.
El proyecto se aprobó por unanimidad en la Comisión. Así que pido a la Sala que lo respaldemos, porque hace justicia a mucha gente afectada injustamente.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Vamos a abrir la votación. Podrán fundamentar el voto.
En votación.
--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, tal como lo señalaron los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, valoramos esta propuesta, pues resulta absolutamente injusto que por una misma infracción se pague en distintas comunas.
Pero también quiero traer a la memoria en esta Sala lo que planteamos algunos Senadores de regiones en la Comisión. Porque en ellas no hay facilidades para obtener el tag. Y eso afecta bastante a quienes deben ir desde regiones a la Región Metropolitana y usar las vías concesionadas. Por lo tanto, lo importante -se lo planteamos al Presidente de COPSA en la Comisión- es que se otorguen facilidades para que en todas las regiones quienes lo deseen puedan adquirir el tag. De esa forma, será posible normalizar y formalizar la situación. Y, por otro lado, no tendrán que pagar el pase diario, porque este, además de ser caro, resulta complejo. Muchas veces cuesta entrar a Internet o está cerrado el lugar donde se paga.
Entonces, tenemos que trabajar a nivel nacional a fin de que todos quienes deseen adquirir un tag lo puedan hacer y les sea posible transitar por las áreas concesionadas que exigen este instrumento.
Por eso, señora Presidenta, valoro la presentación de este proyecto. Creo que resolverá una injusticia que existe hoy, cuando personas incurren en estas infracciones con frecuencia de manera involuntaria.
Y espero que lo antes posible el sistema de tag se implemente también en las otras concesiones del país. No es factible seguir pagando los costos que implican las colas que ustedes ven en Angostura o en las concesiones de las rutas a Valparaíso, a San Antonio, en aquellos días en que es imposible transitar en forma normal. Necesitamos que el sistema de tag se implemente en todo Chile.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, recuerdo la discusión que dimos cuando se estableció este sistema de concesiones, así como un particular y profundo debate respecto de la cuantía de la multa. Discutimos mucho y se dispuso que quien no cancelaba debía pagar después el equivalente a 40 veces.
Está claro que para el que se olvida o no tiene la posibilidad, por diversos motivos, de efectuar el pago inmediato la acumulación es extrema, absolutamente desproporcionada. Según la información de que dispongo, en algunos casos hay gente que prefiere deshacerse del vehículo, porque en un mercado dinámico, de autos usados, la acumulación puede ser tal que, en definitiva, el vehículo no pueda sacar la patente. Y si bien la deuda permanece, creo que a las concesionarias les debe interesar que se cancele efectivamente la multa, la multa real, conforme al servicio realizado y no pagado, y no un exceso de multas sucesivas e intereses acumulativos.
Por tanto, este proyecto enfrenta particularmente la posibilidad de cancelar en un mismo día, de facilitar el pago.
Sin embargo, claramente tenemos un tema bastante más de fondo, que es el de la justicia del monto aplicado y de la multiplicación de las multas que generan montos inaccesibles. El sistema de alerta no parece ser el más adecuado, es decir, la advertencia respecto de que se usó la vía y sin adquirir el pase diario.
Creo que es un avance fijar competencia para pluralidad de infracciones. Pero hay un tema de fondo: la acumulación de ellas con las multas sucesivas.
No sé si ha habido un debate al interior del Ministerio de Obras Públicas respecto del funcionamiento del sistema de concesiones.
Si me preguntan por las multas, diré que estas deben pagarse. Pero cabe advertir que tenemos un sistema complejo, en el cual es más caro transitar en la hora peak. Es decir, cuando el servicio se hace menos viable, se paga más. Tal mecanismo hoy no actúa como desincentivo al uso de vías concesionadas, porque no hay otra alternativa.
Por lo tanto, estamos hablando de un muy buen negocio.
Se requiere una evaluación del sistema de concesiones, como la que he pedido en el ámbito de las cárceles, donde la información es siempre restringida.
¿Se cubrieron ya las inversiones en las carreteras concesionadas? ¿En qué año quedaron pagadas? ¿Cuál es la utilidad que obtiene Costanera Norte, por ejemplo, o Ruta 5 Sur?
Ese es un muy buen negocio, pero no por ello debe ser abusivo.
Si se paga por el uso de las rutas concesionadas, el Ministerio de Obras Públicas debiera actuar cuando las empresas no cumplen. ¡Y ya no están cumpliendo, señora Presidenta!
El parque automotriz en la Región Metropolitana hoy es de cuatro millones de vehículos. ¿Cuál es la carga de tránsito que soportan esas autopistas para seguir brindando un servicio de mayor rapidez y seguridad? Porque, en definitiva, cuando se contrata el tag, se busca acceso expedito, libre tránsito y un conjunto de otros beneficios.
Con todo, voy a votar a favor del proyecto, porque hay que facilitar al usuario el pago de las multas, al fijar una regla de competencia en caso de pluralidad de infracciones, un mismo día, por no usar el dispositivo de cobro en vías concesionadas.
Sin embargo, quedará pendiente el tema de fondo, que debiéramos abordar, a lo menos, en el plano de la información.
Les pediré a las Comisiones de Transportes y de Obras Públicas del Senado que requieran informes al MOP -en particular, a la Coordinación de Concesiones-, para determinar si las concesionarias están efectivamente cumpliendo con lo que les exige la ley.
Algunas, como la que administra la Autopista del Itata, no provee áreas de descanso para camioneros y automovilistas. O sea, se observan graves incumplimientos.
Para que la ley sea pareja, esta tiene que preocuparse de que los usuarios cumplan con su deber, pero también las empresas concesionarias. Así se protegen los derechos de ambos actores.
Voto a favor de esta iniciativa, que facilita el pago de las infracciones. Sin embargo, dejo planteada una crítica de fondo. Hay que revisar lo relativo a los montos e intereses de tales multas.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, seré muy breve.
Deseo señalar que votaré favorablemente la idea de legislar, como lo hice en la Comisión.
Este proyecto, que parece muy simple, es tremendamente importante en términos prácticos, por cuanto le evitará problemas a la gente cuando vaya a renovar su permiso de circulación.
La forma en que los juzgados de policía local se contactan con los infractores es demasiado lenta y muchas veces muy muy complicada.
Reitero: esta propuesta legislativa, aparentemente sencilla, reviste gran relevancia práctica para los ciudadanos, pues establece que la primera infracción del día es la que será castigada -eso es lo lógico- y corresponderá al municipio de ese lugar resolver el asunto. Esto ya no se transformará en una cacería de brujas tras una persona que, a lo mejor, se equivocó al transitar por vías concesionadas sin dispositivo de cobro o se le olvidó pagar el pase diario.
Por último, quiero resaltar lo que dijo el Senador señor García-Huidobro, en cuanto a la necesidad de generar una forma más fácil de obtener el tag para las personas de regiones. Mucha gente de Rancagua y Valparaíso va por el día a Santiago, y después se encuentra con cinco o seis multas por valores sobre 300 mil pesos. No contar con dicho dispositivo genera un tremendo problema.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, a mi juicio, no cabe duda de que el sistema de concesiones constituyó un aporte importante para el desarrollo de la infraestructura vial de nuestro país, en particular de la interurbana. De no existir dicho instrumento, probablemente la carencia de recursos públicos habría implicado un retraso en la construcción de infraestructura.
Sin embargo, a veinte años de la implementación del sistema, que ha significado una disminución considerable de la tasa de accidentabilidad y ha provisto infraestructura para la competitividad, creo que hay que hacer ciertas revisiones.
Pese a que este proyecto no aborda todo el sistema de concesiones, en su minuto -como lo hice en el marco de la discusión presupuestaria en la Subcomisión Especial que discutió la Partida del Ministerio de Obras Públicas- les manifesté a los señores Ministro y Coordinador de Concesiones la necesidad de revisar algunos aspectos.
En primer lugar, cabe evaluar los estándares asociados a los cobros.
Bien lo señaló el Senador Navarro: una de las primeras concesiones del país fue la Autopista del Itata, entre Concepción y la Ruta 5, que usan tradicionalmente los habitantes de Chillán y Los Ángeles para llegar a la ciudad penquista. Muchos la ocupan a diario para ir a trabajar o para tomar el avión u otro medio de transporte que los lleve a otros lugares de Chile.
En verdad, se observa -soy un habitual usuario de dicha carretera- que los niveles de seguridad hoy son muy lejanos al costo que los usuarios pagan por transitar por esa vía. El peaje ahí vale más de 3 mil 700 pesos y ni siquiera hay separación de vías. ¡No hay barrera entre las dos calzadas!
En consecuencia, se requiere una actualización vial.
Además, no existen zonas de descanso y en varios tramos la carretera queda completamente a oscuras.
Por ello, se precisa que el MOP -en particular, la Coordinación de Concesiones- realice una revisión del estándar.
Porque lo que se buscaba con la creación del sistema de concesiones fue justamente mejorar la infraestructura vial, con el objeto de disminuir la tasa de accidentabilidad. Y esto no se está cumpliendo en algunas rutas. De ahí la urgencia de tal revisión.
En segundo lugar, se debe abordar algo de común ocurrencia: la publicidad que las empresas concesionarias dejan de realizar respecto del estado de congestión de sus vías.
Cuando un ciudadano utiliza una ruta concesionada, en especial una urbana, entiende que ella le evitará un conjunto de dilaciones, en virtud de una disminución de flujos.
Sin embargo, es habitual observar altos niveles de congestión, sea por acumulación excesiva de vehículos, sea por algún tipo de accidente o sea por una reparación vial. ¡Y las concesionarias nada advierten de ello a los conductores antes de que estos ingresen a la ruta!
En consecuencia, los automovilistas, que están disponibles a pagar por un servicio mejorado, se encuentran con una vía en peores condiciones que las rutas abiertas, que son bienes nacionales de uso público. A lo mucho, la empresa avisa solo cuando ya es imposible salir de la carretera.
Creo que esta materia debiera revisarse, considerando incluso sanciones para las concesionarias que incurran en tales prácticas. De hecho, se genera un incentivo perverso: "No les aviso anticipadamente a los usuarios o no efectúo un desvío en la salida anterior para que todos queden atochados y estén obligados a pagar el costo mayor de transitar en hora punta".
En tercer lugar, coincido con lo último que planteó el Senador señor Ossandón.
Muchas personas vienen a Santiago desde regiones, para lo cual debieran comprar pases diarios. Pero algunos se ven imposibilitados de hacerlo. En efecto, varios me han dicho que no se atreven a ir a la Capital porque mantienen deudas con las concesionarias, que los persiguen con multas extremadamente onerosas. Pues bien, estas personas no tienen facilidades para adquirir un pase diario.
En esa materia también debemos buscar una alternativa de solución.
Respecto del proyecto que nos ocupa, cabe señalar que su contenido me parece adecuado.
Es impresentable que el sistema público (el MOP, el Servicio de Registro Civil, la Coordinación de Concesiones) no se haya puesto de acuerdo antes para solucionar este problema. ¡No es posible que un conductor tenga que recorrer diez, quince, veinte juzgados de policía local en búsqueda de información para pagar eventuales infracciones!
Aquí se requiere fijar una competencia única. Ese es el aporte de esta iniciativa.
Finalmente, señora Presidenta, tratándose de rutas concesionadas, no puedo dejar de mencionar la discriminación arbitraria que se produce en algunos casos. En comparación, por ejemplo, con la Costanera Norte, que atiende a los residentes del sector oriente de Santiago, es inaceptable la construcción que se está haciendo en la Ruta 160, en la provincia de Arauco, que es utilizada por los habitantes más pobres de este país.
En esa vía hemos pasado -al Senador Navarro le consta- dos y tres horas en un taco, porque la empresa que está construyendo la obra, lisa y llanamente, decide suspender el tránsito. ¡Y qué pasa con los cientos de estudiantes y trabajadores que deben trasladarse entre la provincia de Arauco y la ciudad de Concepción!
En invierno recorrimos con el Diputado Monsalve dicha ruta y pudimos comprobar que los teléfonos de emergencia no funcionaban y que -a diferencia de las vías concesionadas de Santiago, en particular de la Costanera Norte- los sistemas de drenes de agua son bastante precarios. De hecho, se generan pozas. Se trata de una obra que todavía no se entrega, y ya se está cobrando el peaje.
Si bien el proyecto va en el sentido adecuado, porque facilita el pago de las referidas multas, se precisa abrir una discusión respecto del sistema de concesiones, a más de veinte años de su implementación, para mejorarlo y permitir que cumpla su principal objetivo: facilitarles la vida a los ciudadanos y no generar diferencias arbitrarias ni discriminaciones sociales por el lugar donde se ubica la ruta concesionada.
He dicho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, simplemente quiero ratificar que este tema, que para algunos podrá ser banal o sin importancia, es relevante, en particular desde la perspectiva regional.
Lo que dijo el colega que me antecedió, en orden a que hay personas que no se atreven a permanecer en la Región Metropolitana en función de lo que se gatilla por el hecho de transitar por sus carreteras, es absolutamente cierto. De hecho, en muchos casos yo lo he podido comprobar con lo que acontece en la Región del Maule.
En Santiago uno entra en una especie de tobogán que cuenta con un montón de eslalon, los que van acumulándose y desde donde es extraordinariamente complicado salir. Y el sistema legal no le da una opción razonable a la persona para librarse de un tipo de acción que nadie podría calificar de "delictual".
A veces alguien que viene por la Ruta 5 Sur, por emergencia, se ve obligado a entrar a la Capital y pasar por distintas vías: por Américo Vespucio, por la Costanera Norte, por la Autopista Central. Al final, se arma un enredo del cual cuesta mucho salir.
En días pasados se conoció un informe periodístico vinculado a esta materia, en el que se habla de cientos de miles de infracciones que se han acumulado por el motivo que nos ocupa.
Además de darle una solución a este problema, se requiere hacer un llamado a la autoridad para tratar de armonizar los distintos sistemas en torno a una fórmula que le haga la vida fácil a la gente.
No sé si esta misma situación se repite en todos los lugares del mundo donde existen distintos sistemas concesionados. Y hay muchos.
Por cierto, encuentro positivo que haya competencia. Creo que las rutas concesionadas han ayudado a mejorar los estándares de infraestructura vial. Al respecto -aprovecho de señalarlo, pues cada colega ha pasado su aviso-, viene todo un proceso de renovación en algunas vías. Espero que ello se enfoque en una lógica pública.
Hay mucha discusión acerca de si ahora se deben beneficiar los ingresos del Estado o el servicio a las personas, quienes ya han pagado -hemos pagado- esas rutas en plazos útiles y de forma adecuada.
Este proyecto busca establecer, desde una perspectiva legal, que no es justo complicarle la vida a la gente cuando es posible aplicar sistemas mucho más razonables, que exigen unidad de criterio para cumplir con determinadas obligaciones. La idea es evitar entrar, como dije, en un tobogán que uno no conoce bien, con salidas múltiples y sucesivas, lo cual se transforma en una cuestión extraordinariamente compleja para la vida de las personas.
La Región Metropolitana -le guste o no le guste al grueso del país- tiene una incidencia muy significativa en el resto del territorio en materia hospitalaria, comercial, cultural y en muchos otros aspectos. A veces se hace indispensable ir hasta allá por un motivo programado. Pero también se va por razones no planificadas.
En tal caso suelen producirse complicaciones en las rutas concesionadas, lo que habla mal de un sistema que en otros aspectos es muy positivo. Con todo, no ha sido factible terminar con el embrollo que significa la actual forma de fijar las reglas de competencia en caso de pluralidad de infracciones de tránsito cometidas un mismo día por no usar un dispositivo de cobro, instrumento que, por lo además, es difícil de obtener. No se consigue de modo automático.
En consecuencia, señora Presidenta, me parece que el proyecto apunta en el sentido correcto. Ojalá se transforme en obligación lo antes posible para, por lo menos en la perspectiva regional, hacerle más fácil la vida a la gente.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba el proyecto en general (22 votos a favor) y, por no haberse presentado indicaciones, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic y Lily Pérez y los señores Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.




PROHIBICIÓN Y SUSTITUCIÓN PROGRESIVA DE BOLSAS NO BIODEGRADABLES EN PATAGONIA CHILENA


La señora ALLENDE (Presidenta).- En seguida, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece la prohibición y sustitución progresiva de las bolsas de polietileno, polipropileno y otros polímeros artificiales no biodegradables en la Patagonia chilena, con informe de la Comisión Especial de Zonas Extremas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.133-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 23ª, en 10 de junio de 2014.
Informe de Comisión:
Especial de Zonas Extremas: sesión 62ª, en 11 de noviembre de 2014.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, el objetivo principal de la iniciativa es prohibir en la Patagonia chilena la utilización de bolsas plásticas por los clientes para la contención y transporte de mercaderías en supermercados, almacenes, tiendas, quioscos y demás establecimientos de comercio.
Cabe hacer presente que, cuando se dio cuenta del proyecto en el Senado, se dispuso su estudio por parte de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Posteriormente, se acordó que fuera considerado por la Comisión Especial de Zonas Extremas y no por la instancia señalada en primer término.
La Comisión Especial ya referida discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar con los votos favorables de los Senadores señora Goic y señores Chahuán, Horvath, Lagos y Quinteros. Se abstuvo el Honorable señor Orpis.
El texto que se propone aprobar solo en general se transcribe en la parte correspondiente del primer informe de la Comisión.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión general el proyecto.

Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señora Presidenta, la Patagonia chilena corresponde, más o menos, al 34 por ciento de la superficie del país y está considerada a nivel internacional como una de las zonas ecológicamente más prístinas del mundo.
Recientemente, con motivo del anuncio de la creación de la Universidad de Aysén, más los trabajos que han hecho distintos centros de investigación y el nacimiento del Instituto Internacional de Innovación, se ha ido demostrando que la mayor biodiversidad del mundo, no solamente en lo terrestre sino también en lo marino, se encuentra precisamente en esa zona.
Como un ejemplo didáctico, baste señalar que, si uno sigue el perímetro de los fiordos, canales y millares de islas que existen al sur de Chiloé, observará que hay del orden de 60 mil kilómetros de costa. Pues bien, a lo largo de esa extensión se hallan distintos ecosistemas: glaciares (Campos de Hielo Patagónico Norte y Sur), microclimas, un atravieso longitudinal de la Cordillera de los Andes.
Ello permite que en muy poca distancia se acceda a ecosistemas naturales muy variados, los que presentan un gran potencial desde el punto de vista de la ciencia, de los medicamentos, de los alimentos, de la cosmética, de las tinturas; en fin.
Todo ese patrimonio, que en su mitad está resguardado por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, al que se han sumado algunas iniciativas privadas, debe tener cierta consistencia en cuanto a su valoración y protección.
Una alternativa en esa dirección es procurar que en esa parte del país exista un ordenamiento territorial distinto. Tal medida es un compromiso presidencial, respecto del cual hay que avanzar para que haya una vinculación como la que se aprecia en la zonificación del borde costero.
Otra opción es establecer que el desarrollo de cualquiera actividad humana cuente con los resguardos correspondientes para reciclar residuos, para guardar los productos en lugares adecuados y para evitar la contaminación.
En esa línea, incluso antes de que en la Cámara de Diputados se presentara la moción que dio origen al proyecto que nos ocupa, algunos municipios de las Regiones de Magallanes y de Aisén resolvieron, por la vía de las ordenanzas, la prohibición del uso de bolsas plásticas no biodegradables, con el objeto de impedir el problema que genera su utilización, considerando que este de alguna manera deteriora la condición de privilegio ecológico de la Patagonia chilena.
La Comisión de Zonas Extremas, porque esta situación atañe a varios lugares (comuna de Cochamó, provincia de Palena, Regiones de Aisén y Magallanes), analizó este proyecto en forma integral, pues sabemos que otras regiones del país piensan avanzar en la misma dirección.
Pero reitero que tal prohibición ya ha sido puesta en práctica por la vía de las facultades municipales.
Asimismo, entendemos que, mediante el camino legal, también se debe establecer un respaldo, porque simultáneamente hay que buscar por la vía política la existencia de acciones tendientes a que las personas puedan usar bolsos o cajas alternativos a las típicas bolsas plásticas y que permitan resolver lo relativo a la disposición final de los residuos.
Debe haber una ley que promueva el reciclaje.
En términos didácticos, tiene que dejarse de lado el concepto "basura", pues no hay nada desperdiciable si uno asume esta materia en su conjunto.
Por tales razones, en términos generales se escuchó a las distintas autoridades comunales, regionales y, también, a empresas que promueven la utilización de bolsas reciclables. Ello, al objeto de que esta iniciativa tenga avances durante su tramitación legislativa.
Entendemos que la Patagonia es un territorio especial. Sin embargo, también lo es Chile en su conjunto.
Hay que pensar, por ejemplo, en Isla de Pascua, en el Archipiélago de Juan Fernández. La Antártica ya tiene implementado este tipo de iniciativas: no se puede dejar ningún tipo de residuos allí, sino que hay que traerlos de vuelta al continente.
Creemos, pues, que la ley en proyecto apunta en la dirección correcta, mediante el mecanismo de la educación, de la prohibición y, también, como ejemplo para el resto de nuestro país.
Por todas esas razones, la respaldamos unánimemente en la Comisión Especial de Zonas Extremas, y solicitamos a la Sala que la apruebe en general.
He dicho.
)------------(

La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de ofrecerle la palabra al Senador señor Patricio Walker, solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Zaldívar asuma como Presidente accidental por unos minutos.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Zaldívar, en calidad de Presidente accidental.
)-----------(

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker, para fundar el voto.

El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, este es un proyecto bien importante.
Pensemos que a nivel nacional se utilizan al mes 250 millones de bolsas plásticas, y el 90 por ciento termina en vertederos.
En lo que respecta a la Región de Aisén, quiero quedarme con las palabras del Alcalde de Coihaique (concurrió a la Comisión Especial de Zonas Extremas), quien señaló que "se ha estimado que cada persona usa 200 bolsas plásticas al año, acumulándose más de 50 toneladas en el relleno sanitario local". Tal contaminación, por cierto, afecta la flora y la fauna de nuestra Región.
Eso significa, por ejemplo, que el referido municipio destina 1.326 millones de pesos anuales para afrontar las tareas de aseo, cifra que, obviamente, no permite la adecuada limpieza de la ciudad.
Ahora, ese problema afecta no solo a la capital regional, sino también a toda la Región.
En la Región de Aisén, que tiene más ríos que la de Los Ríos, más lagos que la de Los Lagos; que posee paisajes maravillosos, uno ve cómo los turistas y, por supuesto, nuestra gente se molestan porque a la orilla del lago General Carrera u otros lagos o ríos extraordinarios, como el Baker, se encuentran con bolsas plásticas tiradas.
Entonces, se trata de un asunto relevante para nuestra Región, para la Patagonia chilena.
Se planteó la existencia de fondos públicos a fin de ayudar a que la gente compre bolsas biodegradables.
Naturalmente, hay que hacer algunas distinciones, pues esas bolsas más delgaditas y transparentes que la gente usa cuando compra mortadela, jamón, queso, en fin, deben permitirse. Eso se halla contemplado en esta iniciativa.
Por consiguiente, se establece, dentro del territorio de la Patagonia de Chile (provincia de Palena y Regiones de Aisén y de Magallanes), a partir de un año desde la entrada en vigencia de esta ley, la prohibición de entrega de bolsas plásticas no biodegradables y biodegradables que utilizan los clientes para la contención y transporte de mercaderías en supermercados, almacenes, tiendas, kioscos y demás establecimientos de comercio.
También se dispone que la infracción de esta prohibición será sancionada con una multa de una a cinco unidades tributarias mensuales, según determine el reglamento que se dicte al efecto.
Reitero: este es un proyecto trascendente.
Cuenta con amplio apoyo. Algunas comunas de nuestra Región están implementando determinados planes pilotos, y con ello suscribo también las palabras del Alcalde de Coihaique, Alejandro Huala. Así es que esperamos que la Sala lo apruebe en general.
Voto a favor.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que existen diversos proyectos que buscan limitar, no solo en la Patagonia, el uso de bolsas plásticas.
El propio informe dice que de un total de 250 millones de bolsas plásticas que se utilizan mensualmente en nuestro país, el 90 por ciento termina en un vertedero, según cifras entregadas por el Ministerio del Medio Ambiente. Además, se estima que cada persona usa en promedio 1,5 bolsas diarias.
Eso es algo brutal.
Los Alcaldes Emilio Boccazzi, de Punta Arenas, y Fernando Paredes, de Puerto Natales, señalaron la implementación de diversos programas que buscan limitar el uso de ellas.
Está claro -ya lo estamos viendo en los supermercados de mi Región-, existe un paulatino decrecimiento, se ha ido limitando la entrega de bolsas plásticas. Antes era ilimitado; ahora se dan 2, 3 o 4, y se utilizan cajas de cartón.
Ello ha sido bien recibido; ha habido una adaptabilidad ciudadana importante.
Sin embargo, quiero fijar dos criterios.
Primero, voy a apoyar este proyecto, pero voy a hacer un alcance: no solo debiera regularse la entrega de bolsas plásticas para los habitantes de la Patagonia chilena, sino que tendría que normarse también el ingreso de ellas por los turistas. Porque quienes llegan a los denominados "lugares turísticos" no son los habitantes de esa zona.
Chile tuvo este año una cifra récord de turistas: 1,5 millones.
Entonces, si respecto de las Torres del Paine establecimos la prohibición de hacer fuego (se sancionó a turistas norteamericanos por ello), debiéramos prohibir también el ingreso de bolsas plásticas a los turistas, y no limitar esta acción solo a los habitantes. Porque, entonces, la presencia de bolsas plásticas tendrá un origen externo.
Señor Presidente, hemos compartido mucho con los recolectores de basura en torno a su tarea.
La Asociación de Industriales del Plástico -por cierto, su interés es producir plástico- dio a conocer cifras que debieran llamarnos a la reflexión, por los efectos colaterales que pudiera tener en el uso generalizado (también en la Patagonia).
Se refiere a un estudio que encargó a Adimark.
Señaló que la preocupación de un 37 por ciento de los encuestados radica en que, de aprobarse un proyecto como este a nivel nacional, tendría que gastar en bolsas de basura; en tanto un 34 por ciento afirma que no comprará bolsas de basura y que no tendrá dónde depositar la basura domiciliaria. Aseveró, asimismo, que el primer quintil de la población, tanto en Magallanes como en Aisén, considerando todos los ingresos autónomos, alcanza una remuneración de 220 mil pesos, y la adquisición de bolsas de basura le significaría un gasto mensual de 7 mil; vale decir, para este primer quintil dicho gasto puede llegar a representar un 4 por ciento de su ingreso autónomo, y para el segundo quintil, entre 2 y 3 por ciento de su ingreso mensual.
Lo anterior, precisó, coincide con el estudio de Adimark, que arroja que el 34 por ciento de la población no comprará bolsas de basura, toda vez que sus ingresos no se lo permiten.
Estamos, pues, ante una situación concreta. Porque hoy se ha hecho un hábito generalizado que la bolsa plástica del supermercado se utilice para el depósito final de los residuos que van a los vertederos. Entonces, ahí tendremos un problema práctico que ha de ser abordado desde el Estado.
Los industriales del plástico señalan que el 77 por ciento de la población encuestada no sabe que las bolsas plásticas son 100 por ciento reciclables; que el 81 por ciento se declara culpable de botar las bolsas. Se preguntan si la prohibición será realmente una solución. En su opinión, con la vigencia de esta iniciativa legal se cambiarán bolsas blancas y de colores por bolsas negras, ya que el 34 por ciento de la población no comprará bolsas.
O sea, igual habrá bolsas, que debieran ser negras, para el destino final de la basura. Porque ese es el mecanismo: traslado del domicilio al lugar de recolección por el camión, para luego llegar al relleno sanitario.
Lo señalo porque ello equivaldrá a una política pública de educación. Si queremos minimizar el uso de bolsas plásticas, se requerirá educar, tener pedagogía.
Si deseamos que el primer quintil siga teniendo la factibilidad de acumular sus residuos de manera adecuada y no desparramados en las calles, deberemos establecer una política pública que subsane aquello. Porque si no hay bolsas, no imagino cómo lo van a hacer.
Necesariamente debe haber intervención del municipio, que, asociado al mayor trabajo por la dispersión de los residuos, tendrá mayores costos. De manera que todo indica que lo mejor sería poner a disposición bolsas de cargo municipal, al objeto de mantener el ciclo de resguardo de la basura.
Ciertamente es una muy buena iniciativa despejar de bolsas plásticas a la Patagonia; parece necesario limitar su uso a nivel nacional. Pero espero que durante la tramitación de este proyecto incorporemos una dosis importante de realismo, restrictivo siempre, alternativo, en materia de cuidado del medio ambiente.
No considero justo -se los señalo a los parlamentarios de la zona- que la limitación propuesta se establezca solo para los habitantes de la Patagonia chilena, de Aisén y de Magallanes. Los turistas tendrán que cumplir con esta normativa, no en cuanto recomendación, sino como una exigencia.
Si entran a la zona más prístina del planeta; si van a los lugares turísticos de mayor afluencia y hay una restricción a la que están sometidos sus habitantes, no es justo que ella no rija respecto de los visitantes. Debiera haber un criterio equilibrado: ¡no pueden ingresar bolsas plásticas, pues quienes viven ahí tienen la prohibición de hacerlo!
En tal sentido, pienso que es posible mejorar la ley en proyecto e incorporar un conjunto de elementos que la hagan viable. Ello, para no quedarnos en una declaración de principios ante la imposibilidad de su realización.
Los alcaldes van a demandar mayores recursos; más apoyo del Estado; mayor aporte del sector privado, el cual hasta ahora se limita a dar menos bolsas y a conseguir cajas de cartón.
La solución práctica en esta materia, para que no tenga efecto alternativo, debe ser una política público-privada que garantice ambas cosas. De lo contrario, estaremos resolviendo un problema, pero creando otro.
Voto a favor, señor Presidente. Y espero que durante las distintas etapas de la tramitación podamos mejorar este buen proyecto, de tal manera de hacer factible el objetivo que persigue, el cual comparto plenamente.
¡Patagonia sin represas!
¡Patagonia sin bolsas plásticas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
Voto a favor.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Su Señoría agregó algo nuevo¿! ¡Nos terminará convenciendo por cansancio¿!
El señor DE URRESTI.- ¡Sin bolsas plásticas a contar de ahora¿!

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, a mi juicio, la propia intervención que acabamos de oír y, en general, los antecedentes que se han vertido sobre esta materia dan cuenta de que una cosa son los ideales, y otra, las realidades prácticas y concretas. Y, quizás, en nombre de un ideal, de una buena idea, de un objetivo compartido podemos estar apresurando el tranco de esta iniciativa generando más problemas que soluciones.
Ojalá que en Chile no existiera el plástico. Pero eso me parecería una irrealidad gigantesca. Porque ello no solo envuelve un problema de encarecimiento, sino también produce una cantidad de dificultades adicionales muy significativa.
A mi juicio, la ley en proyecto, teniendo un noble objetivo, no contempla una transición adecuada, no resuelve los problemas inmediatos que provoca.
La verdad es que a mí me habría gustado -fue un descuido- no haberlo votado ahora. Porque no quiero -ni nadie- aparecer rechazando una buena idea. Pero, al mismo tiempo, cuando legislamos debemos cuidar que las iniciativas que proponemos sean viables, que las normas tengan aterrizaje y, por lo tanto, capacidad real para darle una solución a la gente y no crearle nuevos problemas en nombre de una buena causa.
Pienso que aquí estamos avanzando demasiado rápido. Porque si lo propuesto fuera posible de implementar, deberíamos establecerlo no solo en la Patagonia. Porque no únicamente el lugar más limpio tendría que seguir siéndolo. Deberíamos preocuparnos también por el que está más sucio.

El señor DE URRESTI.- ¡Como Linares¿!

El señor LARRAÍN.- No, señor Senador, Linares no es de los lugares más sucios. Pero hay otras ciudades que sí tienen altos índices de contaminación y que deberían ser las primeras en trabajarse.
Hay objetivos públicos que se están logrando de distintas maneras. Y, en tal sentido, creo que vale la pena tomar un camino más paulatino y gradual para conseguir este propósito que imponerlo por ley en determinada región.
Por eso, me cuesta rechazar un proyecto de esta naturaleza. Nadie quiere hacerlo. Pero, al mismo tiempo, aprobarlo me parece que es asumir una responsabilidad que no podremos sostener, pues vamos a generarles a los habitantes de la Patagonia -ya se señalaron cifras económicas-, en particular al sector más vulnerable, dificultades reales, concretas. Porque por muy beneficioso que sea en su conjunto producirá problemas que no se resolverán bien.
Habría querido mayor discusión; a lo mejor, darle una segunda vuelta. Porque se trata de una manera de entender el respeto al medio ambiente que necesitamos asumir con mucha responsabilidad y fuerza, sacrificando lo que haya que sacrificar, pero sin generar problemas que hoy no tienen solución.
Por eso, me abstengo.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señora Presidenta, me hallaba en la Comisión de Pesca (fue autorizada para sesionar paralelamente con la Sala) viendo una iniciativa que también involucra a la Patagonia (Regiones de Aisén y de Magallanes), con la relocalización de las concesiones acuícolas.
Por eso no estuve al inicio del debate de este proyecto.
Sin embargo, me parece importante entregarles a Sus Señorías, quienes deben pronunciarse sobre esta iniciativa, algunos antecedentes de la discusión habida en el seno de la Comisión Especial de Zonas Extremas y que no se ven reflejados en el informe.
Se trata de un proyecto que en su momento presentamos en la Cámara de Diputados, en donde fue aprobado. Y luego llegó al Senado para su discusión.
Inicialmente fue planteado circunscrito a la Patagonia, pero entendiendo también los avances que se han registrado sobre todo en materia de ordenanzas municipales en las distintas comunas del territorio que señalamos. De hecho, en la Comisión recibimos a buena parte de los alcaldes de las comunas con mayor población: de Punta Arenas, de Puerto Natales, de Coihaique, entre otras.
También recibimos la opinión de las Alcaldesas de Torres del Paine y de Cabo de Hornos, comunas donde ya tienen implementadas normativas o acuerdos con los vecinos y el comercio para eliminar las bolsas plásticas.
En materia de ordenanzas, yo diría que la más compleja fue la dictada por el municipio de Punta Arenas, la cual fue cuestionada por la Contraloría -en parte, es lo que busca resolver este proyecto-, porque el municipio (el alcalde y el consejo) no tiene las atribuciones para establecer la prohibición del uso de bolsas plásticas y, consecuentemente, aplicar una multa por ello.
Lo anterior ha llevado a que hoy en Punta Arenas tengamos en vigor una ordenanza, pero sin que se pueda aplicar la multa que ella contempla. En la práctica, su acatamiento es voluntario. Pero tampoco se ha cambiado la ordenanza.
La misma Contraloría en su dictamen hizo referencia a la necesidad de avanzar en una iniciativa legal -y específicamente menciona el proyecto que ahora nos ocupa- tendiente a que los municipios cuenten con las facultades para dictar ordenanzas y puedan avanzar con mucha más fuerza en el objetivo de eliminar las bolsas plásticas.
Hemos discutido esta iniciativa. Y créanme que si los parlamentarios que representamos a esas circunscripciones la respaldamos es porque vemos que en la práctica refuerza lo que se ha estado realizando en las distintas comunas.
Se toma en cuenta también la experiencia de nuestros vecinos argentinos, quienes desde hace tiempo han implementado normativas de este tipo en muchas localidades que han funcionado en forma exitosa, generando un cambio de hábito en la gente en lo que respecta al uso de bolsas plásticas, sobre todo para las compras en el supermercado.
Hoy, al aprobar en general este proyecto somos conscientes de que se necesita una serie de indicaciones.
Al respecto, debo señalar que el último día de enero tuvimos un seminario en la comuna de Pucón, cuyo municipio dictó la primera ordenanza para la eliminación progresiva de bolsas plásticas, llevando a cabo una experiencia que ha sido muy exitosa.
Ese evento fue convocado en conjunto por la Municipalidad de Pucón y el Ministerio del Medio Ambiente, y participaron además la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación Gremial de Industriales del Plástico de Chile (Asipla), el Instituto Nacional de Normas. Durante su desarrollo se entregaron las distintas visiones existentes sobre la materia, las que servirán precisamente para alimentar la discusión particular de la iniciativa de ley que nos ocupa esta tarde. Y ya comprometimos la acción pertinente con el Ministro Pablo Badenier a contar de esta semana, al retomar el trabajo legislativo.
En esta materia, señora Presidenta, quiero entregar los antecedentes con harta franqueza, partiendo por la forma como se define el concepto de "bolsa plástica". Porque estamos hablando de la bolsa de disposición final.
Sobre el particular, reconocemos que en la normativa debemos establecer distintos tipos de plástico, tanto más cuanto que hoy la bolsa reutilizable que usamos habitualmente muchas veces también es de dicho material.
Eso es parte de lo que hemos comprometido para el debate particular, en una actuación conjunta -insisto- de la Asociación de Municipalidades, especialmente con quienes ya han trabajado ordenanzas, y del Ministerio del ramo, en la idea de resolver un problema sobre el cual la Contraloría ha hecho observaciones específicas.
Por eso, les pido a Sus Señorías respaldarnos aprobando la idea de legislar.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Finalmente, tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, quizás por la hora un tanto surrealista en que nos toca analizar esta materia, después de habernos ocupado en siete proyectos, uno, a pesar de que la iniciativa viene de la Comisión con votación dividida, tiende a resolver de forma más o menos rápida.
Creo que este proyecto es bien complejo, interesante (no todas las cosas complejas son malas y carentes de interés). Por ende, desde mi perspectiva, hemos de ser exigentes en el análisis del resultado que se procura.
La primera reflexión, entonces, es qué busca la iniciativa que nos ocupa.
Cuando uno lee su texto por primera vez, da la impresión de que, de alguna manera, el propósito es que el plástico como tal quede prohibido en la Patagonia chilena.
Consecuente con eso, uno debe reflexionar desde el punto de vista jurídico: si algo es malo para una zona, ¿por qué va a ser bueno para otra? Porque si uno cree que hay un problema estructural, debe decir: "Aquí tenemos que establecer una prohibición global".
Empero, entiendo que algo hay de sentido común para darse cuenta de que ahora no estamos ante ese tipo de situaciones. Y quiero hacer una pregunta a los autores del proyecto, con la mejor disposición.
Yo comparto la idea de que la Patagonia -he ido a la zona- ojalá sea prístina y nunca muestre nada vinculado con el plástico. Pero el argumento es por qué no se hizo una política pública a nivel de país. ¿En términos de qué? De considerar los malos efectos de ese material, que presenta problemas de precio, de higiene, en fin; pero también, que en los hospitales, en los campos y en otros lugares él es fundamental para el desarrollo de la sociedad (ello, a menos que uno diga: "Quiero una sociedad sin plástico", una especie de sociedad regresiva, anclada en otra época).
Entonces, desde mi perspectiva, teniendo la mejor buena voluntad, hay un problema de enfoque consustancial a este proyecto, pues se trata de generar en un espacio físico de nuestro país algo que no se exige a otros sectores del territorio nacional.
Pienso, en consecuencia, que en esta materia debemos procurar establecer una política general respecto, por ejemplo, del reciclaje, de los usos debidos o indebidos.
Quiero dejar en claro que esta iniciativa de ley se refiere solo a algunas actividades. Porque si alguien cree que va a desaparecer el plástico, debo decirle que ello no ocurre tratándose de las obras de riego, de los procesos industriales, de los procesos aeronáuticos (era parte de la discusión).
Entonces, comparto el deseo, la voluntad de avanzar hacia una sociedad más limpia. Entiendo que tal es la idea. En todo caso, estimo que la forma de lograrlo no pasa porque en un sector del país se haga una restricción en cuanto a determinado tipo de bolsas, pero sin abordar otra realidad y sin asumir los efectos que ello genera.
¿Se remplaza por qué? Por otro tipo de bolsa. ¿Es más limpio ese tipo de bolsa? ¿Qué pasa con el lavado? ¿Qué sucede con el grado de contaminación? ¿Hay un estudio serio al respecto?
Convengo con un Senador que me antecedió en el uso de la palabra en que es menester reflexionar más a fondo sobre esta materia. No se trata de oponerse. Empero, no me parece que la idea quede completa si en nuestro país la temática del plástico se aborda sobre la base de que algunos sectores quedan excepcionados de la regla general; no asumen las obligaciones vinculadas con el uso y el reciclaje, y no soportan los efectos de la medida adoptada.
Prefiero, por tanto, abstenerme. Quiero colaborar. Y ojalá que en la discusión particular -mi impresión es que ella tendrá lugar- se entienda de buena manera cuanto he planteado.
Estuve mirando el informe. Países que generaron una situación como la que se nos plantea vienen de vuelta: debieron deshacer leyes equivalentes -lo dice la Comisión; no tengo más conocimiento- por los efectos que provocaron.
No me gustaría, señora Presidenta, dar una sensación equivocada. Tampoco, que por una maduración insuficiente al final tuviéramos que revertir el proceso.
Valoro el esfuerzo de los parlamentarios que están impulsando esta idea. Leí con detalle lo dicho por los alcaldes. Algunos han buscado voluntariamente una ordenanza que considero más adecuada.
¿Me da un minuto adicional para concluir, Su Señoría?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Termine, señor Senador.

El señor COLOMA.- Muchas gracias.
En mi concepto, señora Presidenta, se requiere un análisis de tal índole.
Esta materia es súper relevante: tiene que ver con los desechos; con los productos derivados del petróleo; con la limpieza; con el futuro de los hospitales, donde el plástico se utiliza mucho; con el futuro de la agricultura; con el futuro del comercio; con la modernidad y con la forma como ella se armoniza con el turismo, con el mantenimiento de territorios con protección social especial.
Eso es lo que hemos de abordar, más allá de decir "Hay un lugar del país que se va a decepcionar". ¡Abordémoslo! La invitación es a estudiar este asunto en su globalidad y a no creer -quiero subrayarlo- que simplemente con lo que se plantea vamos a resolver el conflicto.
Por eso, me abstengo.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
Un momento, señor Secretario, pues viene entrando a la Sala el Senador señor Navarro.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Su Señoría ya votó.

La señora ALLENDE (Presidenta).- ¡Ah!

El señor NAVARRO.- Pero quiero rectificar mi voto.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Hay un problema: el resultado de la votación en general es 16 votos a favor, 1 en contra...

La señora ALLENDE (Presidenta).- Perdón, señor Secretario: el Senador señor Navarro desea rectificar su voto.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Figura en el resultado el voto en contra del Senador señor Navarro, quien se equivocó.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Sí: se equivocó.
La Sala escuchó toda la argumentación de Su Señoría. Por tanto, creo que podemos considerar su rectificación.
Muy bien: rectificado el voto del Senador señor Navarro.
--Se aprueba en general el proyecto (17 votos a favor y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Lily Pérez y los señores Chahuán, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Montes, Navarro, Ossandón, Prokurica, Quintana, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Coloma y Hernán Larraín.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Hay que fijar plazo para presentar indicaciones.
Como me parece que debe haber amplitud a este respecto, propongo el 23 de marzo.
--Así se acuerda.

)---------(

La señora ALLENDE (Presidenta).- Habiéndose cumplido su objetivo, voy a levantar la sesión. Pero antes de hacerlo daré curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor DE URRESTI:
Al señor Ministro de Justicia, requiriéndole información atinente a CREACIÓN DE UNIDADES REGIONALES DE DERECHOS HUMANOS EN GENDARMERÍA.
Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole antecedentes con relación a ESTADO DE AVANCE DE ESTUDIO "PLAN DE DESARROLLO, COMO ESTRATEGIA REGIONAL, PARA PUESTA EN VALOR DEL PASO FRONTERIZO HUA-HUM" y a FECHA DE INSCRIPCIÓN DE EMPRESA ESPAÑOLA AZVI EN REGISTRO DE CONTRATISTAS Y CONSULTORES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.
A la señora Ministra de Salud, solicitándole REMISIÓN DE ANTECEDENTES SOBRE CASOS DE HANTA VIRUS DETECTADOS Y TRATADOS EN REGIÓN DE LOS RÍOS ENTRE DICIEMBRE DE 2014 Y FEBRERO DE 2015.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, para que, por su intermedio, Gendarmería remita información sobre DENUNCIAS POR PROBLEMAS DE INGRESO A PLAYA MÁS IMPORTANTE DE COMUNA DE LAGO RANCO.
Al señor Ministro del Medio Ambiente, a fin de que señale ACCIONES CONTRA ESPECIES DE PLANTAS E INSECTOS AJENOS AL CONTINENTE ANTÁRTICO INTRODUCIDAS POR PRESENCIA HUMANA; envíe copia del CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO CON SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE MÉXICO; remita antecedentes respecto a ESTRATEGIA DE GESTIÓN TERRITORIAL DENOMINADA "BOSQUE MODELO" Y QUE SE IMPLEMENTA EN PROVINCIA DE CACHAPOAL; envíe copia de CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO CON JUNJI PARA INTRODUCCIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE EDUCACIÓN PREESCOLAR, y mande información vinculada con INICIO DE RECAMBIO DE CALEFACTORES DENTRO DE FUTURO PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN COMUNA DE VALDIVIA.
A la señora Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, pidiéndole antecedentes referidos a ALCANCES DE REUNIÓN SOSTENIDA PARA DEFINICIÓN DE PLAN NACIONAL DE ECONOMÍA CREATIVA.
Al señor Subsecretario de Pesca, solicitándole información en cuanto a AVANCE DE SOLICITUD DE COMITÉ DE PESCADORES EN DEFENSA DEL RÍO CHAIHUÍN PARA OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN ACUÍCOLA.
Al señor Rector de la Universidad Austral de Chile, a los fines de que entregue antecedentes sobre PROCESO DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS PARA RECICLAJE.
Al señor Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica, solicitándole informar respecto a DESARROLLO DE PROCESO DE CULTIVO Y EXPORTACIÓN DE CEREZAS EN LOCALIDAD DE TRALCAO.
Al señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, pidiéndole información comparativa concerniente a INCENDIOS FORESTALES DURANTE FEBRERO EN REGIÓN DE LOS RÍOS;solicitándole antecedentes y evaluación sobre PLAN DE MANEJO Y RECICLAJE DE RESIDUOS Y DESECHOS EN PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE, y requiriéndole información atinente a INSTRUCTIVO GUBERNAMENTAL PARA REGULACIÓN DE VISITAS EXTRANJERAS A PARQUES NACIONALES.
Del señor GARCÍA:
A los señores Directores de los Servicios de Salud Araucanía Sur y Araucanía Norte, requiriéndoles información detallada sobre RECURSOS USADOS DURANTE 2014 EN SUBTÍTULO ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, formulándole planteamiento en torno a COBRO POR ARGENTINA A VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN VIAJES ENTRE AMBOS PAÍSES.
Del señor QUINTEROS:
A la señora Ministra de Salud, solicitándole ENTREGA EN COMODATO A DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT DE DEPENDENCIA DE URGENCIA DE HOSPITAL BASE.
De la señora VON BAER:
Al señor Ministro de Agricultura, pidiéndole DECLARACIÓN DE EMERGENCIA AGRÍCOLA EN REGIÓN DE LOS RÍOS POR DÉFICIT HÍDRICO.
Al señor Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, para que envíe antecedentes técnicos tocantes a CRISIS HÍDRICA Y SUS CONSECUENCIAS EN REGIÓN DE LOS RÍOS.
Al señor Secretario Ministerial de Obras Públicas de la Decimocuarta Región, pidiéndole información en cuanto a PRIORIZACIÓN PARA PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS EN REGIÓN DE LOS RÍOS.
)-----------------(

La señora ALLENDE (Presidenta).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:29.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción