Actuó de Secretario subrogante el señor José Luis Alliende Leiva. El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.



Esto, porque la Comisión especializada ya efectuó la discusión particular de cada una de las normas. Pero ahora -repito-, salvo que en el intertanto cambiara la opinión de la Sala, vamos a ir artículo por artículo. En definitiva, se persigue que, tratándose de personas condenadas por los delitos de robo con violencia o intimidación agravado, conforme al artículo 433 aprobado ayer; robo con violencia o intimidación como figura general, y robo con fuerza en las cosas efectuado en lugar habitado o destinado a la habitación o en sus dependencias, siempre se aplique en forma efectiva una pena privativa de libertad de al menos un año, independientemente de que en la sentencia condenatoria se haya reconocido la circunstancia atenuante de haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos. --Se aprueba el inciso primero del artículo 449 despachado por la Comisión de Constitución. Tal es el objetivo de la indicación que hemos presentado, que introduce una norma mucho menos exigente que la establecida en la iniciativa contra la colusión, mucho menos exigente que las contenidas en la Ley de Control de Armas aprobada por este Senado, y menos exigente, desde el punto de vista de la gravedad de los delitos, que las contempladas en la "Ley Emilia". He dicho. Y vuelvo a repetir: la gente nos está pidiendo a gritos que por lo menos se tome alguna medida para no tener que estar, día a día, luchando contra la delincuencia. Insisto: me gusta este proyecto de ley, lo estoy votando a favor, y me agrada la agravante que se contempla para los reincidentes. No obstante, en el caso del primerizo, me surge una duda, y si alguien pudiera aclararla se lo agradecería mucho. En consecuencia, el Senado debe adoptar una definición legítima, en cualquier caso, respecto del efecto que produce. He dicho. Eso tenemos que aplicar como política pública con el objeto de asegurar que, efectivamente, las medidas preventivas resulten y que la rehabilitación evite la reincidencia. El señor ESPINA.-... el artículo, y dejar pendiente lo otro. No tratemos de convencernos ahora de lo que no nos convencimos antes. Es una cuestión de buena fe en la tramitación de esta iniciativa de ley. Entiendo -el señor Secretario ratificará si estoy en lo correcto- que, si no hay unanimidad de la Sala para acceder a lo requerido, procede continuar la discusión de la indicación renovada. Los efectos buscados por la indicación renovada están comprendidos en el artículo 449, propuesto por el Ejecutivo y aprobado por la Comisión, por cuanto los delitos incorporados en aquella parten su cómputo en cinco años y un día, con lo cual no es posible optar a penas sustitutivas. Por lo tanto, sugiero pedirle al Senador Espina que retire la indicación porque su contenido se encuentra efectivamente subsumido en el artículo mencionado. Sería ilógico que esta Sala prosiguiera el debate y sometiera a votación una indicación que, como se dijo, está incluida en una norma ya aprobada. El objetivo perseguido es similar, pero el instrumento es distinto. Me parece relevante consignar esta diferencia en el debate. Retiro la indicación, en la lógica de que ha quedado establecido que su contenido ya está incorporado en la norma que aprobamos ayer. Dicha enmienda fue aprobada por mayoría de votos. Nuestra sugerencia, obviamente, es aprobar la modificación propuesta por la Comisión. Esa fue la razón por la cual votamos en contra en el órgano técnico. Insisto: la enmienda en debate únicamente permite facultar al juez para detener a un confeso y ponerlo a disposición del juzgado, donde sí va a llegar el defensor a resguardar todos sus derechos. En consecuencia, la enmienda en análisis dispone un control efectivo y judicial para la determinación de medidas preventivas, lo que ayuda a que la ciudadanía esté más tranquila. Entiendo que esto depende de la calificación de la conducta que se confiesa. Y por eso es tan razonable esta norma. Entonces, es mejor dar certeza al Ministerio Público y a los tribunales de justicia. En consecuencia, esta disposición ayuda mucho a resolver los problemas de impunidad delictual.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Corresponde tratar el número 9) del artículo 2º. Este propone sustituir el artículo 132 bis del Código Procesal Penal. Fue aprobado por tres votos a favor (Senadores señores Araya, Espina y Larraín) y una abstención (Senador señor De Urresti). En consecuencia, es importante que el Gobierno precise los alcances adicionales que pueda tener esta norma. Pero, en definitiva, se faculta a que frente a una declaración de ilegalidad de la detención, el fiscal o su abogado asistente puedan apelar ante la corte a los efectos de reclamar de la legalidad de esa detención. Ese es el cambio que introduce la norma, y esperamos que se apruebe. Gracias, señor Presidente. Eso es todo lo que hace: extender el número de casos en que se puede apelar la resolución que declara ilegal una detención. Dicho eso, voto a favor.

Se trata de otra enmienda al Código Procesal Penal, contenida en el artículo 2°, número 12), del proyecto, y que fue aprobada por 3 votos a favor (Senadores señores Araya, Espina y Larraín) y una abstención (Senador señor De Urresti).

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Se aprobó por mayoría: tres votos afirmativos y una abstención. Votaron a favor los Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, y se abstuvo el Senador señor De Urresti. Esa es la razón de la norma propuesta, señor Presidente. Con relación a aquellos casos de lesiones que no puedan contemplarse en esa norma, necesariamente podrían encuadrarse en los distintos tipos de atentados contra la autoridad que regulan los artículos 261 y siguientes del Código Penal. Pero la letra c) -reitero que el Senador Araya aclaró esto muy bien- la estimo innecesaria, e incluso, peligrosa. He dicho. He dicho. Jefe de la Redacción