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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 6ª, en martes 5 de abril de 2016
Especial
(De 12:17 a 14:4)
PRESIDENCIA DE SEÑOR RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE,
Y SEÑOR JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Jorge Burgos Varela; de Justicia y Derechos Humanos, señora Javiera Blanco Suárez; del Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón González; y de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga Vicuña.
Asimismo, se encontraban presentes diversos asesores de Gobierno y de Senadores.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 12:17, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor LAGOS (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 106ª, extraordinaria, en 10 de marzo del año en curso, que no ha sido observada.
IV. CUENTA

El señor LAGOS (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que tomó conocimiento del rechazo del Senado a algunas de las enmiendas propuestas al proyecto de ley que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (boletín N° 10.057-06), e informa la nómina de señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que ha de formarse, según lo dispone el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.

El señor LAGOS (Presidente).- Al mismo tiempo, la Comisión Mixta solicita autorización para citar a sesión el día de hoy, de 15 a 16 horas.

El señor COLOMA.- ¿A cuál Comisión Mixta se refiere, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).- A la que se abocará a la iniciativa sobre funcionarios municipales, Senador señor Coloma.
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
Acordado.
Terminada la Cuenta.
Suspenderé la sesión por quince minutos para citar a reunión de Comités, a efectos de ver cómo vamos a seguir tramitando el proyecto sobre Agenda corta antidelincuencia.
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--Se suspendió a las 12:18.
--Se reanudó a las 12:47.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
Se suspende la sesión por diez minutos.
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--Se suspendió a las 12:47.
--Se reanudó a las 13:10.
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El señor LAGOS (Presidente).- Continúa la sesión.

El señor LAGOS (Presidente).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor Secretario para informar lo acordado por los Comités.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras Senadoras y señores Senadores, por unanimidad, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
-Reabrir el debate sobre la letra a) del numeral 4 del artículo 6º del proyecto que se verá a continuación, norma que fue aprobada en la sesión anterior. Cabe recordar que las letras b), c) y d) quedaron pendientes.
-Reabrir la discusión respecto de la letra b) del número 16 del artículo 2º de la iniciativa, que modifica el artículo 182 del Código Procesal Penal. Dicho literal se aprobó cuando se votaron las enmiendas que la Comisión acordó por unanimidad. En este caso, se autoriza la presentación de una propuesta de parte de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Nada más, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Gracias, señor Secretario.
V. ORDEN DEL DÍA



APLICACIÓN EFECTIVA DE PENAS ESTABLECIDAS PARA DELITOS DE ROBO, HURTO Y RECEPTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SU PERSECUCIÓN PENAL


El señor LAGOS (Presidente).- Esta sesión especial ha sido citada para seguir considerando el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.885-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 52ª, en 15 de septiembre de 2015 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 76ª, en 24 de noviembre de 2015.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.
Hacienda: sesión 104ª, en 9 de marzo de 2016.
Discusión:
Sesiones 76ª, en 24 de noviembre de 2015 (se aprueba en general); 3ª, en 22 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión en particular); 4ª, en 23 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión en particular); 5ª, en 23 de marzo de 2016 (queda pendiente la discusión en particular).

El señor LAGOS (Presidente).- Continuamos la discusión particular de la iniciativa de ley denominada "Agenda corta antidelincuencia".
Según lo recién informado por el señor Secretario, se reabre la discusión sobre la letra a) del numeral 4 del artículo 6º del proyecto.
En primer lugar, daré la palabra al Presidente de la Comisión de Constitución para que haga una introducción a este tema.


La señora ALLENDE.- ¿En qué página estamos?

El señor LAGOS (Presidente).- En la 139 del boletín comparado.

El señor ESPINA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, pido que se permita el ingreso de los asesores de los parlamentarios, igual como se hizo en las sesiones anteriores.

El señor LAGOS (Presidente).- Si hay acuerdo, se autorizará la entrada a la Sala de los asesores tanto del Gobierno como de los señores Senadores.
--Se autoriza.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Araya.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, la última sesión en que se analizó la llamada "Agenda corta" terminó con el debate sobre el numeral 4 del artículo 6º, que consagra lo que en doctrina se conoce como "la razón humanitaria".
Como en Chile no contamos con una norma de este tipo, se estableció una disposición para permitir que una persona que está cumpliendo una pena de cárcel y sufre una enfermedad terminal o grave salga y viva sus últimos días con su familia, siempre y cuando obtenga un indulto particular del Ministerio de Justicia.
Se discutió la posibilidad de fijar un criterio general a ese efecto. Para ello, la Comisión analizó en su minuto una propuesta que venía de la Cámara de Diputados, originada en indicación parlamentaria, la cual expresaba que los mayores de 75 años automáticamente, si cumplían ciertas condiciones (la aprobación del tribunal, entre otras cosas), podían dejar de cumplir la pena privativa de libertad.
Ello llevó a que en la última sesión se aprobara la primera parte de esta norma, que establece que a los 75 años de edad una persona puede solicitar al tribunal, previo informe favorable de Gendarmería, la suspensión de la pena de cárcel y cumplir el saldo de la condena en la casa. No se distinguió entonces si ello se haría a través de libertad vigilada o asistida u otro mecanismo que consagra la ley.
Quedó pendiente la discusión respecto de si esta norma se hará aplicable a todos los adultos mayores de 75 años o si se incorporarán exclusiones.
La Comisión ratificó el criterio propuesto por la Cámara de Diputados, en el sentido de excluir a personas condenadas por ciertos delitos; en particular, los más violentos (homicidio y las figuras de robo agravado, como el robo con violación). Sin duda, el tema más complejo y sensible era el relativo a los reos condenados por delitos de lesa humanidad.
Esa sería la discusión que debiéramos tener el día de hoy.
En paralelo, la Secretaría de la Comisión de Constitución, el Ministerio de Justicia y algunos señores Senadores plantearon que la disposición en comento presentaba algunos vacíos, pues contenía elementos que no estaban suficientemente resueltos. Por ejemplo, se preguntó qué ocurre si una persona comete un delito a los 70 años y, producto del proceso judicial, es condenada recién a los 74 a una pena privativa de libertad: ¿automáticamente ese delincuente quedaría con una pena de solo un año?
Ante ello, la Comisión determinó, luego de discutir el punto con el Ministerio de Justicia hoy en la mañana, que lo más prudente es abordar esta materia -no es parte de la denominada "Agenda corta", pues fue incluida en la Cámara Baja por algunos señores Diputados, siguiendo un propósito muy loable- en un proyecto de ley distinto, donde efectivamente se analice de forma mucho más amplia lo relacionado con la razón humanitaria en el cumplimiento de las penas de cárcel.
Además, cabe tener presente que varias iniciativas han propuesto normas distintas para la aplicación de sanciones penales. De hecho, hemos establecido penas de cárcel efectiva para ciertos delitos.
Incluso, podemos entrar en un contrasentido respecto de si a una persona de 75 años se le aplican o no penas de cárcel.
Por esa razón, la Comisión de Constitución, por unanimidad, propuso a la Sala la reapertura del debate en esta materia. Asimismo, insisto en que esta norma no era parte del proyecto original.
La idea es rechazar todo este numeral, atendido el compromiso que asumimos hoy en la mañana con el Ministerio de Justicia en orden a abordar este tema de una forma mucho más global en otro proyecto de ley, el cual puede ser impulsado por los señores Diputados y Senadores dado que no se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Ministro del Interior.

El señor BURGOS (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Señor Presidente, muy brevemente quiero ratificar la argumentación que expuso el señor Presidente de la Comisión de Constitución del Senado para explicar por qué los Comités resolvieron reabrir la discusión de la norma en estudio, luego de haber sido discutida y votada.
Sin duda, hay dos grandes motivos que justifican la buena decisión tomada por la Presidencia del Senado, a juicio del Gobierno.
Primero, es una propuesta bastante exógena -diría yo- respecto de los objetivos de la llamada "Agenda corta". Si uno revisa su contenido, más allá de la opinión legítima de cada uno, observará que su principal finalidad es introducir enmiendas al Código Penal en diversas materias.
Por ejemplo, se reforma lo concerniente a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, particularmente a las atenuantes, cuya concurrencia los jueces deben determinar.
También se establece un plus de penas para quienes sean reincidentes de ciertos delitos; normas relativas a instrumentos procesales para los fiscales que adelantan investigaciones; disposiciones para apoyar el actuar de Carabineros; regulación sobre el control preventivo de identidad, por señalar algunas medidas solamente.
Pero todas van en la misma línea.
Como dijo el Presidente de la Comisión, la norma que nos ocupa, más allá de la buena intención de quienes presentaron la indicación respectiva, choca con el espíritu original del proyecto.
Segundo, nos parece que la redacción que viene aprobada de la otra Cámara presenta algunos problemas, que harán compleja su interpretación desde el punto de vista de la aplicación práctica.
El primer caso lo señaló el señor Presidente de la Comisión. Yo agregaría otro: se excepciona de la disposición propuesta a las personas condenadas por ciertos delitos, pero resulta que buena parte de estos ya están excepcionados en el artículo 1º de la ley Nº 18.216, a la que es atingente la proposición.
Entonces, ahí se va a generar un problema interpretativo.
Además, podrían producirse algunas situaciones prácticas, aunque a veces son solo teóricas.
Voy a plantear un solo caso: una persona que comete un delito no excepcionado a los 74 años -por ejemplo, una estafa- y que es reincidente debe cumplir una pena privativa de libertad, pero esta se ejecuta ya cuando tiene 74 años y 11 meses. ¡Casi automáticamente quedaría en libertad!
Como apuntó algún Senador -el señor Espina, me parece- en la reunión de Comités, también podría interpretarse que quien comete un delito pasados los 75 años quedaría en una verdadera causal de justificación del ilícito. Es decir, si se aprobara la letra en debate, sería factible asumir que una persona que delinque a esa edad no cumpliría penas.
Entonces, hay que corregir eso.
Normalmente estas normas, cuando existe una disposición más favorable -como ocurre en otros países respecto de las edades-, suelen plantear el cumplimiento de parte de la condena.
Y aquí no se sugiere ese criterio.
Por las razones expuestas, parece muy atendible lo acordado por los Comités, en orden a volver a pronunciarse sobre la referida letra a), para luego continuar con las demás normas que faltan por votar.
Muchas gracias.

El señor LAGOS (Presidente).- A usted, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, oída la explicación dada por el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador señor Araya, y la intervención del Ministro del Interior, me sumo como Comité MAS e Independiente a lo que nos propone el Ejecutivo.
Nos parece una buena instancia.
Se agradece el aporte de la letra a), pero su redacción no es la más feliz. El propio señor Presidente preguntaba qué ocurre con aquella persona que comete un ilícito pasados los 76 años. ¿En qué condición queda?
Se presentan demasiadas dudas sobre el particular.
Lo correcto sería votar en contra dicha norma -es el llamado que le hago a la Sala-, a efectos de analizar su contenido en otra iniciativa.
Eso sí, el Ministro no se comprometió a traer un nuevo proyecto de ley. ¡Hay que decirlo! La primera información que se entregó para alcanzar el acuerdo unánime que adoptaron los Comités fue que el Ejecutivo asumiría un compromiso en tal sentido. Pero consulté al Ministro al respecto y me señaló que no está en condiciones de enviar ninguna iniciativa en esta materia.
Es bueno plantear que aquí se necesita aquello.
Nos parece pertinente sacar lo relativo a la edad de la discusión de la llamada "Agenda corta antidelincuencia". Nada tiene que ver eso con lo que estamos tratando.
En consecuencia, vamos a despachar rápidamente el proyecto de ley que nos convoca, pero debemos dejar de manifiesto que se precisa del Gobierno -aparte del Ministro del Interior, en la Sala se encuentra la Ministra de Justicia, quien, según entiendo, sí esbozó un ánimo de avanzar en dicha línea- una opinión con relación al asunto en análisis, para saber si están o no dispuestos a regular esta materia.

El señor LAGOS (Presidente).- En todo caso, les recuerdo que el tema que aborda la letra a) puede ser tratado también mediante una moción.
El problema de fondo radica en que la redacción de dicha disposición presenta graves deficiencias y dudas.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, reitero la disposición de la bancada del Partido Socialista a colaborar para que se clarifique todo aquello que sea necesario.
Nos parece importante sacar del debate este número 4), que no está muy relacionado con la idea matriz de la iniciativa, que aborda la denominada "Agenda corta antidelincuencia", para mejorar la persecución penal de los delitos de robo, hurto y receptación.
En todo caso, no puedo dejar de mencionar algo extremadamente importante para el Partido Socialista: manifestamos toda nuestra disposición para conceder el beneficio respectivo, por razones humanitarias, a los reos mayores de 75 años en condiciones excepcionales; pero no estamos disponibles para romper tratados internacionales y no estamos disponibles para que alguien mayor de 75 años que haya sido acusado, condenado y esté cumpliendo una pena por delitos de lesa humanidad pueda acogerse a una norma de este tipo.
Quiero dejarlo claramente establecido, señor Presidente. Es la posición de nuestra bancada.
Se trata de un tema extremamente sensible y relevante para nosotros, pensando en las más graves y atroces violaciones que este país conoció, como todos sabemos, en el período de la dictadura.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, respaldo el acuerdo al que se ha llegado en la reunión de Comités.
Hoy en la mañana abrí el diario El Mercurio y leí en la página A2, abajo, la sección referida a lo que ocurrió hace cien años. Ahí se señala que el Presidente de la República de la época recorrió las cárceles y quedó impresionado de las condiciones inhumanas en que viven los reos.
Y eso mismo se repite en la actualidad.
Yo entiendo el acuerdo de sacar del proyecto lo dispuesto en la letra a), que se aprobó en la sesión anterior; pero no me parece correcto dejar de lado un problema grave en Chile.
La situación de nuestros penales no la señalo solo yo, sino también el informe de la ex Ministra de la Corte Suprema Mónica Maldonado y el del Instituto de Derechos Humanos. Ahí se habla del hacinamiento de 300 por ciento en la cárcel de Copiapó y de que no hay reinserción social ni una serie de otros elementos, todo lo cual, sin duda, hará fracasar cualquier política que el Estado diseñe o lleve a cabo a este respecto.
Muy bien, señor Presidente, dejemos el tema de la edad fuera de la iniciativa de ley. Pero, ¡por favor!, no nos olvidemos de la situación que están viviendo muchas personas en nuestras cárceles. Independiente del delito que hayan cometido, son seres humanos que necesitan el respeto de todos nosotros y una política de Estado que haga cumplir las normas pertinentes.
Como explicó muy bien la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, Chile ha firmado tratados internacionales sobre derechos humanos y convenios con organizaciones como la OCDE, entre muchos otros instrumentos. Y en todos esos países no existen personas dementes o con Alzheimer que estén presas.
¡En Chile hay gente que padece Alzheimer que se halla privada de libertad, independiente del delito cometido!
¡Eso es inhumano!
Dejemos de lado lo establecido en el número 4), pero no el tema de fondo, porque la situación se repite en todas las cárceles de Chile.
En verdad, no podemos esconder el asunto debajo de la alfombra. Como país, estamos transgrediendo las normas que nosotros mismos hemos firmado mediante tratados internacionales sobre derechos humanos.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, acá hay dos cuestiones que debiéramos evaluar.
La primera de ellas dice relación con la reducción de la edad, de 80 a 75 años, para poder obtener algún beneficio por razones humanitarias. Por tanto, cabe definir cuál será la edad establecida finalmente.
¿Por qué lo planteo? Porque Chile suscribió el 15 de junio de 2015 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, restando solamente la ratificación por parte del Congreso Nacional. En dicho Tratado se considera persona mayor a quien haya cumplido 60 años de edad.
Me voy a permitir leer su artículo 10:
"La persona mayor tiene derecho a no ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
"Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo tipo de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hacia la persona mayor.".
Y su artículo 13 dice:
"La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva.
"Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad.
"Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención.
"Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.".
Al tenor de estas claras disposiciones, es indudable que la norma que se pretende incorporar al artículo 33 de la ley Nº 18.216 no cumple en absoluto con lo establecido en la Convención.
En resumen, el primer tema se refiere a la edad: la Comisión planteó reducirla de 80 a 75 años, pero el Tratado referido, suscrito por Chile pero aún no ratificado, habla de 60 años.
Habrá que abrir la discusión sobre ese asunto. En todo caso, me parece bien que se haga en una iniciativa distinta.
Un segundo elemento dice relación con las excepciones que se proponen en el número 4).
Me parece que las excepciones introducidas para algunos tipos de delitos -por ejemplo, los de lesa humanidad- claramente pretenden dar patente de legalidad a una arbitrariedad en que se incurrió con la dictación del decreto supremo Nº 924, del Ministerio de Justicia, publicado el 22 de febrero de este año, que modifica el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y que hace imposible que dichos sentenciados puedan acceder a beneficios intracarcelarios.
Tal como señalé en mi intervención del 23 de marzo pasado, aquí se vulnera abiertamente el principio de no discriminación, que se encuentra consagrado en la Carta Fundamental.
Pese a la gravedad de los delitos que hayan cometido esas personas, que han motivado sus condenas, en ningún caso dicha situación los transforma en sujetos a los cuales no se les pueda aplicar los derechos que nuestra Constitución contempla, como, asimismo, los que consagran los tratados internacionales.
Los sentenciados por estos delitos son adultos mayores, en caso de que así ocurra, y tienen derecho a los mismos beneficios que cualquier otro ciudadano chileno.
Por lo mismo, un tercer elemento que se debe plantear tiene que ver con el tema de fondo, que por primera vez se comenzó a discutir en este Senado, y que dice relación con la posibilidad de que las personas condenadas y que se encuentran en una condición de salud compleja puedan acceder a beneficios, como cualquier otro chileno.
Tanto el padre Fernando Montes, de destacada trayectoria pública y académica en nuestro país, como el abogado defensor de derechos humanos Héctor Salazar han expresado su preocupación por la situación que afecta a los condenados por delitos contra los derechos humanos, que -vuelvo a insistir- son condenables, nadie los justifica, por el contrario. Pero cuando existen razones humanitarias o la posibilidad de acceder a beneficios, creo que debe ser factible discutir con altura de miras este tema.
Esperamos que el Ejecutivo ingrese un nuevo proyecto sobre el particular, para que esta materia sea analizada por todos en este Parlamento.

El señor LAGOS (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto para concluir su intervención.

El señor CHAHUÁN.- Gracias, señor Presidente.
Simplemente, quiero señalar que este tema ha de debatirse en su oportunidad. Por eso, destaco el escenario que se está dando con la invitación que ha hecho la Senadora Lily Pérez, como Presidenta accidental de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, para empezar a analizar este asunto y poder determinar cómo iremos cerrando las heridas. Pero no para que haya impunidad.
¡Nadie pide impunidad!
Por el contrario, tiene que haber justicia y verdad.
¡Justicia y verdad siempre!
El punto es cómo somos capaces de generar las posibilidades para que el acceso a beneficios no sea solo para algunos y que para otros les esté vedado para siempre.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Señores Senadores, hay tres inscritos más.
¿Existe unanimidad para abrir la votación?

El señor MONTES.- Sí, señor Presidente.

El señor PROKURICA.- Sí.

El señor LAGOS (Presidente).- Acordado.
Tiene la palabra el señor Secretario para explicar qué puntos someteremos a votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Correspondería votar el conjunto de las modificaciones que la Comisión de Constitución ha propuesto para este número 4), que son las referidas a las letras a), b), c) y d), en una sola votación.
Quienes estén de acuerdo con la propuesta de la Comisión votan que sí y quienes estén en contra de lo planteado votan que no, porque hay que pronunciarse por las modificaciones.
El señor LAGOS (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, para comprender bien lo que dijo el señor Secretario, entiendo que lo que estamos discutiendo es que se saquen del proyecto todas aquellas normas relacionadas con la disposición que ya aprobamos, que dispone que una persona sobre 75 años no cumpla su pena en la cárcel, en virtud de los fundamentos expresados por el señor Ministro del Interior y de lo que se debatió en la Comisión de Constitución.
Quisiera saber cómo se procede en ese caso.
¿Se vota a favor o en contra?
Eso es lo que no entiendo de lo señalado por la Secretaría. Quienes quieren que se saque esta disposición de la iniciativa ¿cómo deben votar?

El señor LABBÉ (Secretario General).- Procederé a explicar.
Sucede lo siguiente.
Existe una norma que aprobó la Cámara de Diputados, con sus respectivas letras.
La Comisión de Constitución propuso modificaciones a los preceptos aprobados por dicha Cámara.
Ahora bien, si lo que se quiere es rechazar, en un solo acto derechamente se puede votar todo, vale decir, entendiendo que se rechazan tanto las modificaciones como el texto propuesto por la Cámara de Diputados.
En ese caso se votaría en bloque y se puede determinar que se está por el rechazo de todo votando que no. Y quienes están de acuerdo con las normas votarían que sí.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, existe un problema adicional. Hay una disposición que ya se aprobó.
Entonces, entendemos que cuando se vota que no también se está eliminando dicha norma.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Efectivamente, ya que por acuerdo de Comités se reabrió el debate sobre la letra a).

El señor ESPINA.- Lo planteaba para que no hubiera dudas sobre cómo se va votar. Entonces, los que queremos que esa norma salga votamos que no.
¿Me concede un minuto, señor Presidente? No necesito más tiempo.

El señor LAGOS (Presidente).- Puede continuar, señor Senador.

El señor ESPINA.- En primer lugar, tal como señalé en el debate anterior, las normas sobre razones humanitarias dicen relación con disposiciones particulares en cada caso.
A mí no me parece coherente ni lógico que cuando existan razones humanitarias se establezcan dos tipos de situaciones. La primera, que se diga que las razones humanitarias se aplican para todos aquellos que tienen una edad determinada, porque no son humanitarias, sino de otra índole. Se podrá decir que por política criminal se quiere que sobre cierta edad una persona no cumpla su pena en la cárcel. Sin embargo, si son razones humanitarias, como se ha invocado, estas no son parejas para todos. En segundo término, si se aplican razones humanitarias, entonces, tendrá que analizarse caso a caso.
Creo que ninguna de esas dos hipótesis se está dando en este proyecto. Y considero lógico que un tema de esa envergadura, de ese impacto se tramite en una iniciativa separada, distinta, en la cual realmente podamos ver cómo avanzar en esa idea.
Por lo tanto, a lo menos, nosotros vamos a votar para que este punto, como lo ha pedido el Gobierno y como lo discutimos en la Comisión de Constitución, se separe y revise en otra iniciativa de ley.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, yo no soy partidario de que ningún responsable por un delito de lesa humanidad sea tratado, como se ha propuesto, con normas que le permitan salir de la cárcel por edad.
Ayer fue un día bien especial en nuestro país; por desgracia, los medios de comunicación no recogen la información. La Presidenta de la República y la señora Ministra de Justicia estuvieron en la comuna de La Reina, junto con representantes de las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Familiares de Ejecutados Políticos, inaugurando un memorial en recuerdo de las víctimas de detención en el denominado "Cuartel Lautaro", un lugar horrible en la calle Simón Bolívar. Allí se rememoran situaciones espantosas vividas en nuestro país, en uno de los cuarteles de exterminio más brutales que existieron.
Hay muchas de esas personas que han sido procesadas, si bien no todas las que deberían.
Lo único que quiero decir es que en estas materias, en delitos de lesa humanidad, creo mucho en ciertas tradiciones más judías que católicas, porque en otras culturas el perdón se aborda de otra forma cuando se trata de instituciones públicas.
Personalmente, considero que frente a los crímenes de lesa humanidad este tipo de normas tienen que ser diferenciadas, sin duda. Más aún cuando la historia de nuestro país -me van a disculpar si ofendo a alguien- recuerda a un caballero que se bajó de un avión, que venía en una silla de ruedas y que después se burló de la comunidad internacional y también de nuestro país. Y, como decían por ahí, "y andó". Se paró de la silla de ruedas y logró burlarse de someterse a los tribunales de justicia.
Creo que es mejor sacar esta materia del proyecto. Según la experiencia de nuestro país, necesitamos diferenciar las políticas de derecho humanitario. Están muy bien. Pero no hay que establecerlo, como se propone en la iniciativa, por un tema de edad: los 75 años, en forma pareja, es un criterio malsano.
Con un colega que me antecedió en el uso de la palabra, que es de la de Región de Valparaíso, tenemos una discrepancia más de fondo en esta materia, en cuanto a cómo uno debe ser sancionado cuando comete cierto tipo de delitos. Existen delitos que son más graves y que no deben ser merecedores de beneficios, como aquí algunos han querido.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, no me voy a referir a la calidad o al tipo de delitos que podemos discutir, porque no es el caso.
Pero sí creo que hubo un debate bastante interesante el 23 de marzo en la Sala, con distintas posiciones respecto del tema de los 75 años.
Sobre el particular, a mí me nace decir lo siguiente.
Aquí no he visto a nadie que pretenda ni exculpar, ni indultar, ni justificar, ni hacer como que los delitos no existieron en ningún caso.
Yo siempre he pensado que un país se mide también por la calidad del tratamiento que da a sus reos.
Chile gasta por cada reo más de trescientos mil pesos mensuales.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Quinientos mil pesos.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Me corrigen: quinientos mil pesos.
Eso es mucho más que lo que se invierte por niño en etapa escolar.
Se habla de humanismo, de piedad, de consideración. Cada uno puede usar el término que quiera o que se ajuste a sus propias creencias o bases religiosas o filosóficas.
Sin embargo, a mí me gustaría ayudar a construir un país -ese es al que estoy contribuyendo- donde exista más consideración por la gente mayor de 75 años que ya ha cumplido parte de la pena en la cárcel. Aquí no estamos hablando de legislar para nuevos delitos, ni tampoco de que porque las personas tenían 75 años no van a ser consideradas delincuentes. Estamos hablando de una medida para todos por igual, sin excepción.
Reitero: un país también se mide por cómo trata a sus reos, sobre todo a los mayores de 75 años que están enfermos, y a las familias de ellos.
Algunos tienen que cumplir sanciones de por vida debido a que cometieron ciertos delitos. Y no entro a calificar de qué tipo son estos.
Yo al menos nunca he pensado en indultos. Lo que estoy planteando es que las personas a que me refiero pasen con arresto domiciliario el fin de sus días y que sus familias las acompañen y se hagan cargo de ellas. No veo por qué Gendarmería debe cambiar los pañales a adultos mayores que se hallan recluidos, o hacerse cargo de reos que están con enfermedades terminales. Estas personas debiesen tener asistencia de sus familiares. Porque al final, como sociedad, estamos castigando a la familia de esa gente.
Lo planteo también porque la propia OEA, organización que nosotros integramos como Estado, entregó una recomendación -la he conversado con la señora Ministra de Justicia, quien nos honra con su presencia en la Sala-, hace cinco meses, en el sentido de que todos los reos que sean adultos mayores terminen sus últimos días en sus casas, con arresto domiciliario.
Creo que se trata de un acto humanitario que debe dirigirse a todos por igual.
A mí me carga la discriminación: estos sí, estos no. ¡Para todos por igual!
Me gustaría que, como nación, hiciéramos eso.
Pienso que, como país, nos haría bien ser un poco más piadosos con quienes no lo fueron en el pasado.
Me parece que uno también se mide por su piedad hacia quienes en el pasado mostraron su peor rostro.
Eso nos haría bien como país: dar un trato como el señalado a los reos mayores de 75 años que se encuentren en la situación descrita.
Yo sé, señor Presidente, que esta discusión es super de fondo. Y tenemos que hincarle el diente.
El Gobierno, a través del Ministro del Interior -también nos honra con su presencia en la Sala-, ha sido muy claro al decir que no es un proyecto que hoy día esté arriba de la mesa. Pero sería interesante abrir un debate sobre la materia.
Estimo que al menos en el Senado -somos 38 colegas- podemos reflexionar en torno a qué esperamos como país con respecto a todos los temas relacionados con la situación carcelaria, que aquí se ha planteado hasta el cansancio.
Creo que aquello sería positivo.
Considero que no debemos restarnos de una solución en el sentido expuesto. Y por eso en la Comisión de Derechos Humanos decidimos al menos tener en su interior una discusión sobre el particular y, ojalá, traerla posteriormente a la Sala, con algún tipo de propuesta.
Sé que no es fácil. Pero lo dejo para la historia.
Me parece que como país, hacia delante, en lo que nos venga para el futuro, nos hace bien pensar desde la piedad y no desde la rabia. Pero para todos por igual, sin distinción alguna.
Otras naciones ya lo han hecho. En ellas, sean quienes sean los hechores y los delitos cometidos, tratándose de personas con enfermedades terminales, la reclusión continúa en sus casas, en compañía de la familia, que es finalmente la que cuida de ellas.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero hacer tres consideraciones -espero que breves- respecto de la propuesta de los Comités y el Presidente acerca de cómo tratar esta materia, que había empezado a discutirse en la sesión anterior.
Me parece buena la decisión que ha tomado usted, y lo quiero felicitar por este primer paso positivo realizado con los Comités,...

El señor LAGOS (Presidente).- Fueron los Comités, señor Senador.

El señor COLOMA.- ... para darse cuenta de que no hay nada peor, cuando uno debe enfrentar un asunto, que resolverlo de mala manera por un sentido de urgencia mal entendido.
Aquí tenemos un problema sumamente discutible, que a mi juicio es de humanidad: qué pasa cuando quien cumple una sanción presenta, por su parte, un problema personal físico o psicológico que torna especialmente gravoso para él y para quienes lo cuidan el cumplimiento de una pena.
Algunos Senadores que hicieron uso de la palabra antes lo explicaron de buena forma.
¿Qué sucede con un reo, por ejemplo, que padece de alzhéimer? ¿Se cumple el fin sancionatorio o la señal social que se pretende cuando hay una pena que se plantea en esa lógica, al existir una enfermedad terminal dolorosa?
Ese es el asunto que está pendiente: cómo abordar una realidad que hoy día se enfrenta mediante una vía excepcional, a través de un eventual indulto presidencial -se lo pregunté a la Ministra: se han concedido indultos en cuatro ocasiones durante este período; y algo parecido ha ocurrido anteriormente-; cómo llevar a cabo una política pública para hacer frente a los problemas de humanidad.
Eso es lo que intentaban abordar las normas en análisis.
Pero, en mi concepto, aquí se nos produjo un problema al confundir lo relativo a la humanidad con la edad, que no es lo mismo.
Me parece que ahí se empezaron a generar las distorsiones.
Más aún: la norma habla de 75 años. Y a esa edad las personas son perfectamente capaces en todos los ámbitos. No es algo que las haga eximirse de responsabilidad penal.
Hay quienes a los 75 años se plantean como posibles candidatos, con todas las responsabilidades que eso conlleva. En consecuencia, la edad no puede significar una especie de excepción respecto de la manera en que se aplican las normas penales.
Lo primero es lo primero: está bien generar un modo, aunque equivocado, de solucionar un problema. Pero también planteémoslo, ojalá a la brevedad, de buena forma: entendiendo que aquí tenemos una situación de sufrimiento humano excesivo. No se trata de una cuestión de edad. Esta situación puede darse a los 40, a los 60, a los 80 años, a cualquier edad, y hace perder -por eso lo señalé la vez anterior- el sentido de la pena.
Señor Presidente, la pena no es una venganza. Nunca puede entenderse como tal.
En toda la doctrina, por lo menos así me lo enseñó el profesor Cury, jamás se concibe la pena como una venganza.
La pena tiene dos objetivos. Es una sanción y, también, una señal social para decir: "Esto ocurre cuando hay determinadas condiciones en que usted rompe la ley". Pero -reitero- nunca puede ser una venganza.
Por lo tanto, si se trata de algo humano, no puede haber una excepción.
Yo creo que ahí es donde uno debe intentar abordar hacia delante esta materia: como un asunto de humanidad, no de edad; como una señal social, no una venganza.
En tal sentido, valoro que ello salga de este ámbito de acción, para no cometer errores que después son muy serios.
Cuando empezamos a diferenciar los tipos de delitos, al final siempre podemos encontrar, en nuestra perspectiva, algunos más atroces que otros.
Yo no sé cuál es el más atroz de todos. Aquí tampoco se trata de establecer un catálogo de atrocidades, sino de realizar una reflexión relacionada con la humanidad.
Esa tendría que ser la óptica con la que deberíamos abordar en su momento esta iniciativa.
Por eso, ojalá aprobemos el planteamiento por unanimidad. En el fondo, se persigue sacar -así entiendo esta propuesta- esta materia de la ley en proyecto, que, además, posee una naturaleza distinta; pero también, comprometernos a abordar en algún momento lo que está pasando -y es algo muy dramático- en las cárceles de muchas partes de Chile.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, solo quiero reafirmar la conveniencia de que una materia de esta envergadura tenga discusión separada. Ello, simplemente porque -como aquí ya se ha señalado- el objetivo de esta "Agenda corta" apunta en otra dirección.
Este tema es complejo, tiene muchas aristas. Y creo que eso merece una discusión específica, aparte.
No cabe la menor duda de que las razones humanitarias aducidas para definir la situación de una persona condenada a pena privativa de libertad deben incluirse en nuestra normativa.
Las razones humanitarias son un concepto extendido en la legislación de los distintos países, pero nosotros no hemos abordado esta cuestión en forma seria y sistemática.
Ahora, para hacerlo se requiere ser especialmente cuidadoso, a fin de evitar contradicciones o conflictos, o para no extender más allá de lo debido una exención susceptible de ser contradictoria, como puede suceder según los ejemplos que da el propio Ministro del Interior.
Por tales consideraciones, para regular bien la situación y no confundir el debate sobre una norma que procura hacer más efectivo el combate contra la delincuencia, nos parece conveniente separar esta materia; rechazar las normas que se habían consensuado tanto en la Cámara como en el Senado, y dejar pendiente la cuestión para otro debate.
Así vamos a votar, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, estas normas no tienen relación directa con las ideas matrices del proyecto. De modo que me parece bien el planteamiento formulado. Esto da motivo para un debate adicional. Y hay que hacerlo.
Tenemos un grave problema con las cárceles en Chile.
Hay dificultades con los gendarmes: son otros reos dentro del penal; habitan allí en condiciones a veces miserables, tanto o más que las de los presos.
Por ende, de una vez por todas, hay que entrar al fondo de la situación, antes de que sobrevenga una crisis que nos obligue a actuar como siempre: ante hechos consumados y no con medidas preventivas.
Un reo-mes cuesta 526 mil pesos en las cárceles concesionadas. O sea, ¡el equivalente a dos sueldos mínimos mensuales debe pagar nuestro país por mantener recluida a una persona!
Creo que el debate de este proyecto, sobre aumento de penas, debe considerar ese elemento, que está en su línea matriz.
Por supuesto, hay gente que está muy feliz con el incremento de las sanciones: los concesionarios de las cárceles, quienes van a tener a los reclusos durante muchos años más, cobrando el equivalente a dos sueldos mínimos mensuales por cada uno de ellos.
¡Y no hay rehabilitación!
Ahí está El Manzano II: los talleres, vacíos. Y hemos pedido reiteradamente fiscalizar si se cumplen o no los contratos.
El Senador Prokurica leyó la sección HACE 100 AÑOS de El Mercurio, según la cual un Presidente de Chile dijo que en la Cárcel Pública los reos vivían en condiciones miserables.
Esas condiciones se mantienen.
Aquí hay una responsabilidad social: se condena a la privación de libertad, no a la miseria, al vejamen, al maltrato, a un conjunto de hechos que hoy día afectan a todos los presos, cualquiera que sea el delito que hayan cometido.
En tal sentido, quiero reiterar lo sucedido en Concepción.
Algunos reos debieran estar en una cárcel especial, pero se encuentran en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Regional, amarrados a sus camas.
Los médicos de Psiquiatría han renunciado reiteradamente. Y denunciaron las agresiones recibidas. Se trata de enfermos que no pueden permanecer en ese recinto público: deben estar en una cárcel especial. Sin embargo, no se ha cumplido el compromiso contraído al respecto.
Yo saludo la valentía y el compromiso con la salud pública que tienen algunos profesionales, pues, a sabiendas del riesgo que significan aquellos reclusos, quienes padecen de afecciones psiquiátricas, siguen atendiéndolos.
Ahora, mandarlos a la cárcel implica transferir el problema.
Tenemos allí, pues, una situación difícil.
Respecto a la norma de los 75 años, discutamos el punto.
El Senador Prokurica lo señaló: hay un trasfondo en cuanto a quienes están en las cárceles por delitos de lesa humanidad. Y el Senador Chahuán lo dijo claramente.
Tenemos ahí un problema.
¡Discutámoslo!
¿Están dispuestos los detenidos de esa edad a entregar verdad?
Porque, si bien se pide piedad, también hay rabia acumulada en aquellos que aún siguen buscando a sus familiares desaparecidos.
¡Dónde están!
¿Podrán aquellos reos contribuir a decir dónde se encuentran las personas desaparecidas, para sellar una página dolorosa de la historia nacional?
Uno pregunta: ¿Están dispuestos a romper el pacto de silencio? A su edad, ¿qué tienen que perder? Solo pueden llevar a su conciencia el hecho de haber contribuido con la verdad a un gran encuentro nacional.
Nadie está actuando por venganza.
He conversado innumerables veces con familiares de detenidos desaparecidos. Ninguno pide venganza: se pide justicia. Pero la justicia no ha llegado, pues no saben dónde están sus seres queridos.
Yo siento que el debate en comento es mucho más político que el que estamos teniendo ahora. Y no hay que eludirlo. Por el contrario, creo que debemos enfrentarlo. Por cierto, no en este proyecto de ley, porque termina tergiversando la discusión y desviándola. Pero -repito- no podemos eludir el debate.
Como en la materia existe iniciativa parlamentaria -lo conversábamos con el Ministro del Interior: no se requiere patrocinio del Ejecutivo-, actuemos proactivamente: al revés de lo que hacemos siempre, para entrar en acción no esperemos que las cosas estallen o se conviertan en un problema grave e inmanejable.
Entonces: ¡verdad!, ¡romper los pactos de silencio!
Y, sobre la edad planteada para permanecer en la cárcel, uno podría decir: "A los 75 años algunas personas están completamente conscientes y dinámicas. Hay jóvenes de 75. También, viejos de 30: arrastran las patas, todavía viven en la casa, hacen muy poco. Pero al lado tenemos personas llamadas -entre comillas- de la tercera edad que para la sociedad son bastante más productivas que muchos jóvenes".
Al interior de las cárceles me ha tocado ver a las personas de mayor edad: son las más prudentes, las que aconsejan.

El señor LAGOS (Presidente).- Su Señoría dispone de un minuto adicional.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, por conocer el problema de Gendarmería y la situación de los presos en muchos penales, creo que esta materia amerita un debate.
Un proyecto de ley sobre reestructuración de la planta de Gendarmería que se halla pendiente nos posibilitará discutir las cuestiones de fondo y no solo el reencasillamiento de los funcionarios.
Así que participo de la idea de sacar la materia en comento de la iniciativa que nos ocupa, pero sin eliminar de la agenda política y social el debate pertinente, que el Senado debe abordar.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, valoro tanto lo que se está planteando en la Sala cuanto la presencia de los Ministros, pues creo que, como sociedad, como Estado, tenemos una deuda pendiente con la rehabilitación en los recintos penitenciarios.
¡Hoy día no existe rehabilitación en las cárceles!
Llevamos años y años conversando sobre ese problema, analizándolo.
Se ha invertido en cárceles concesionadas, pero no en la rehabilitación de personas a las que debemos darles una nueva oportunidad en su vida.
¡Y qué decir de lo que ocurre con Gendarmería!
Bien lo expresó el Senador Navarro.
He conversado con la Ministra, quien conoce el problema, sobre la situación de la cárcel concesionada de Rancagua: suicidios de internos y de gendarmes; problemas psiquiátricos al interior de ese recinto, en fin.
¡Pero no hay solución!
Algunas personas no debieran estar recluidas allí, pues tienen importantes niveles de demencia; otras enfrentan problemas psiquiátricos graves. Sin embargo, todas se hallan en dicho penal junto a reclusos sin tales anomalías y que también están pagando su deuda con la sociedad.
Yo siempre voy a insistir, señor Presidente y señores Ministros, en que el Senado y el Gobierno tienen una tarea muy significativa: empezar a encarar en serio la situación expuesta.
¡No se ha tomado en serio la rehabilitación!
Yo pregunto: ¿Puede una persona que cumplió su pena hallar trabajo afuera? ¿Le es factible conseguir empleo o tiene que volver a delinquir para seguir subsistiendo?
Esas son las interrogantes que debemos plantearnos.
¿Qué incentivos hay para que se instalen empresas que contraten a tales personas cuando salgan de la reclusión y traten de integrarse a la vida normal?
No existen. En consecuencia, lo propongo. Y se lo planteé también al Director Nacional de Gendarmería hace un tiempo.
Debemos sentarnos todos a trabajar en esta materia. Porque la escuela y la universidad de la delincuencia están dentro de la cárcel.
De consiguiente, en vez de dar una solución, estamos agravando el problema.
Por eso, valoro el planteamiento de sacar de la iniciativa que nos ocupa las normas pertinentes. Y vamos a esforzarnos todos para lograr una respuesta eficaz en un nuevo proyecto de ley.
Sin embargo, el Gobierno también tiene que dar una señal positiva. O sea, además de decir "Claro: pueden presentarlo ustedes", debe considerar que para llegar a acuerdos en este ámbito es fundamental su liderazgo.
Al respecto, creo que el Ministro del Interior debiera ser bastante más duro para invitar a tener un proyecto que permita arribar a un acuerdo lo más transversal posible.
Repito, señor Presidente: la escuela y la universidad del delito están, en gran porcentaje, dentro de las cárceles. Y en ellas los problemas con las drogas y el alcohol son gravísimos.
Sobre el particular, voy a seguir insistiendo en que ¡las máquinas para detectar si una persona ingresa con droga a un centro penitenciario no están funcionando!
En el fondo, ¿qué sucede? Se hace vista gorda, pues hay una población penal enferma.
La adicción a las drogas es una enfermedad que requiere tratamiento.
Yo pregunto cuántas personas están en tratamiento hoy día al interior de las cárceles. ¡Muy pocas! ¿Qué éxito ha habido en los tratamientos hechos? ¡Mínimo!
Por lo tanto, hemos de preocuparnos no solo de impedir que se ingresen drogas a los recintos penales, sino también de darles a los reclusos la oportunidad de entender que la vida es distinta sin ellas.
En tal sentido, quiero valorar asimismo el hecho de que podamos conversar sobre la situación humanitaria.
Bien decía el colega Prokurica -lo han manifestado muchos otros Senadores, y es la información de que disponemos- que ha de considerarse que algunos reclusos ni siquiera saben cómo se llaman.
¡Ese es un castigo -lo expresaba también el colega Prokurica- para la familia de tales personas!
En el fondo, es una mala señal que estamos dando como sociedad. Porque la familia sufre más que el reo, quien está enfermo y no se da cuenta de nada.
Debemos encarar las situaciones humanitarias. Y esperamos que el proyecto que se va a formular se trabaje cuanto antes.
Ahora, señor Presidente, no olvidemos nunca que mientras en las cárceles no exista rehabilitación todo este trabajo antidelincuencia carecerá de sentido, no va a tener efecto: podemos aumentar las penas; podemos ser más duros, pero, a la larga, solo habrá resultados positivos si trabajamos dentro de las cárceles.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la votación.

-Por 36 votos en contra y un pareo, se rechazan las normas del número 4) del artículo 6º (texto de la Cámara de Diputados) y las modificaciones correspondientes.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
No votó, por estar pareado, el señor Matta.
--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.

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El señor LAGOS (Presidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14:4.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción