DEPARTAMENTO DE INFORMACIONES DEL SENADO Sesión 12ª, Ordinaria, en martes 3 de mayo de 2016 De 16:25 a 19:15 horas. Asistencia de 34 señores Senadores Presidieron la sesión los Senadores Ricardo Lagos, Presidente y Jaime Quintana, Vicepresidente. Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda

PERFECCIONA EL SISTEMA DE SERVICIO CIVIL Y DE ALTA DIRECCION PÚBLICA Por unanimidad se aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona al Sistema de Alta Dirección Pública y Fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil. (Boletín Nº 10.164-05) Con urgencia calificada de "Discusión inmediata". El proyecto de ley, iniciado en Mensaje, tiene por objeto perfeccionar el sistema de Servicio Civil y de Alta Dirección Pública mejorando su reclutamiento y selección basado en el mérito, con el fin de hacerlo más eficaz, superando las debilidades evidenciadas frente a los cambios de gobierno. Contenido del proyecto de ley: - Fortalece las facultades de la Dirección Nacional del Servicio Civil, otorgándole nuevas funciones y atribuciones, como las referidas al asesoramiento de los servicios públicos dependientes o relacionados con los Ministerios, en materia de gestión y desarrollo de personas y particularmente la facultad que se le otorga de poder impartir directrices y ejercer tareas de coordinación y supervisión en estas materias. - Precisa que, para los efectos de asegurar el eficiente y eficaz funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), la Dirección podrá diseñar e implementar los planes y programas de inducción, acompañamiento, formación y desarrollo de altos directivos públicos. - Incorpora en la estructura orgánica y funcional de la Dirección Nacional, una Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas, encargada de dar cumplimiento a sus funciones en el área de gestión y desarrollo de personas. - Faculta al Presidente de la República para eximir, por una sola vez, de la aplicación del mecanismo de selección de los altos directivos públicos, hasta 12 cargos de jefes superiores de servicio que se encuentren afectos al SADP, lo que deberá efectuar mediante uno más decretos dictados dentro de los 3 primeros meses de su mandato; los cargos deberán ser provistos por personas que cumplan con los requisitos legales y los perfiles para desempeñarlos. Si los cargos eximidos quedaran vacantes, deberán se provistos de acuerdo al Sistema de Alta Dirección Pública. - Suprime los cargos de altos directivos provisionales y transitorios proponiendo en su reemplazo la existencia de cargos de alta dirección pública vacantes que sean ocupados por el subrogante legal. - Establece una nueva forma de computo de los semestres mínimos de duración de una carrera exigidos para el ejercicio de un cargo de alta dirección pública, permitiendo sumar a los estudios de pre grado, los estudios de postgrado realizados por el mismo candidato. - Perfecciona el SADP, principalmente, ampliando su cobertura; fortaleciendo las garantías de mérito y profesionalismo; vinculando de modo efectivo la gestión del desempeño de los Altos Directivos Públicos con los objetivos estratégicos del gobierno; dando objetividad a la desvinculación de los Altos Directivos Públicos, y mejorando la gobernanza del Sistema mediante un reforzamiento de las funciones del Consejo de Alta Dirección Pública. - Amplía la aplicación del SADP a nuevos cargos y servicios, tanto en modalidad integral, 1er. nivel y 2° nivel jerárquico (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Instituto Nacional de la Juventud, Servicio Nacional del Adulto Mayor, Servicio Nacional de Menores y Fondo Nacional de Salud) o en modalidad mixta, sólo 2° nivel (Dirección Nacional del Servicio Civil, Dirección General de Obras Públicas y Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas), además de los cargos de Subdirectores del SERVIU Metropolitano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. - Amplía las inhabilidades e incompatibilidades que afectan a los integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública, quedando obligados a presentar declaración de intereses y patrimonio. - Perfecciona el procedimiento de selección de los altos directivos públicos, disponiendo que para proveer las vacantes que se produzcan las convocatorias deberán ser publicadas en las páginas web institucionales. - Dispone que toda convocatoria a procesos de selección que se deba realizar dentro de los 8 meses anteriores al inicio de un nuevo período presidencial, requerirá de la autorización del Consejo de Alta Dirección Pública. - Perfecciona los procedimientos de definición de los perfiles profesionales y de competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos a los cargos de alta dirección pública, de postulación, selección, elaboración de la nómina de candidatos propuestos y nombramiento. - Impone a los jefes superiores de servicio el deber de suscribir, dentro del plazo máximo de 60 días corridos, contado desde su nombramiento definitivo o de su renovación, un convenio de desempeño con el ministro o el subsecretario del ramo según sea procedente; quedando obligado a entregar cada 12 meses a su superior jerárquico un informe acerca del cumplimiento de su convenio de desempeño, regulándose además, los efectos que producirá los grados de cumplimiento del convenio. Intervinieron los Senadores Andrés Zaldívar, José García, Juan Antonio Coloma, Carlos Montes, Baldo Prokurica, Ignacio Walker, Alejandro Navarro, Ena Von Baer, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Víctor Pérez, Alfonso De Urresti, Isabel Allende, Antonio Horvath, Alejandro García-Huidobro y el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. En consecuencia, el proyecto de ley vuelve a comisión para segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 13 de mayo próximo.




Quedó pendiente la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas para el acceso de la población con discapacidad auditiva a la información proporcionada por la ONEMI. (Boletín N° 8.353-19) El proyecto de ley, iniciado en Moción de la Cámara de Diputados, entre cuyos autores se encuentran los actuales Senadores Iván Moreira y Carlos Montes, tiene por objeto elevar a rango de ley la obligación de garantizar el acceso a la información relativa a catástrofes naturales a la población con discapacidad auditiva, transmitidas a través de televisión. Contenido del proyecto de ley: - Impone a los concesionarios de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y a los permisionarios de servicios limitados de televisión el deber de aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a las personas en situación de discapacidad auditiva el acceso a su programación en los casos que corresponda, según lo determine el reglamento que al efecto deberá dictarse. - Establece que toda campaña de servicio público financiada con fondos públicos, la propaganda electoral, los debates presidenciales, las cadenas nacionales, los informativos de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública y los bloques noticiosos transmitidos por situaciones de emergencia o calamidad pública que se difundan a través de medios televisivos o audiovisuales, deberán ser transmitidos o emitidos con subtitulado y lengua de señas, en las formas, modalidades y condiciones que establezca el reglamento. Intervino el Senador Alejandro García-Huidobro. En consecuencia, procede continuar con la discusión particular del proyecto, en la próxima sesión que celebre el Senado.




Por unanimidad se aprobó el proyecto de acuerdo, presentado por Senadores Manuel José Ossandón, Isabel Allende, Lily Pérez, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, Alfonso De Urresti, José García, Alejandro García-Huidobro, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Antonio Horvath, Ricardo Lagos, Hernán Larraín, Manuel Antonio Matta, Alejandro Navarro, Jaime Orpis, Víctor Pérez, Rabindranath Quinteros, Eugenio Tuma y Patricio Walker, por el que solicitan mantener la extensión del horario de verano durante todo el año para las Regiones de Aysén y de Magallanes y Antártica Chilena. (Boletín N° S 1.860-12)




Se aprobó el proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores Alejandro Navarro, Lily Pérez, Adriana Muñoz, Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, Alfonso De Urresti, José García, Alejandro García-Huidobro, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Antonio Horvath, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Manuel José Ossandón, Víctor Pérez, Jorge Pizarro, Baldo Prokurica, Rabindranath Quinteros, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma y Patricio Walker, por el que solicitan a la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas necesarias para evitar que las importaciones de alambrón de acero y los subproductos derivados de éste, tales como clavos, alambres y mallas, compitan deslealmente con la producción de la industria nacional. (Boletín N° S 1.861-12)




Por unanimidad se aprobó el proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores Isabel Allende, Carolina Goic, Adriana Muñoz, Pedro Araya, Alfonso De Urresti, Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, José García, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Antonio Horvath, Iván Moreira, Alejandro Navarro, Víctor Pérez, Jorge Pizarro, Baldo Prokurica, Rabindranath Quinteros, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma y Patricio Walker, en el que solicitan a la Presidenta de la República disponga el cabal cumplimiento de la Convención de Ottawa y la asistencia integral de las víctimas de explosiones de minas u otros artefactos explosivos militares abandonados o sin estallar, entre otras materias relacionadas. (Boletín Nº S 1.863-12)




Por unanimidad se aprobó el proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores Lily Pérez, Jacqueline Van Rysselberghe, Hernán Larraín, Andrés Allamand, Carlos Bianchi, Juan Antonio Coloma, Francisco Chahuán, Alberto Espina, José García, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Antonio Horvath, Manuel Antonio Matta, Carlos Montes, Iván Moreira, Jaime Orpis, Víctor Pérez, Jorge Pizarro, Baldo Prokurica y Andrés Zaldívar, con el que solicitan a la Presidenta de la República envíe con urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley que eleve los estándares de protección de datos personales en Chile. (Boletín Nº S 1.864-12)