REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 12ª, en martes 3 de mayo de 2016
Ordinaria
(De 16:25 a 19:15)
PRESIDENCIA DE SEÑOR RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE,
Y SEÑOR JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Rodrigo Valdés Pulido; Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, y de Justicia y Derechos Humanos, señora Javiera Blanco Suárez.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:25, en presencia de 12 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LAGOS (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 9ª y 10ª, ordinarias, en 12 y 13 de abril del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
El acta de la sesión 11ª, ordinaria, en 19 de abril de 2016, se encuentra en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor LAGOS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dieciocho de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que perfecciona al Sistema de Alta Dirección Pública y Fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil (boletín N° 10.164-05).
Con el segundo retira la urgencia que hiciera presente para la tramitación del proyecto de ley que permite la transformación de los institutos profesionales y centros de formación técnica en personas jurídicas de aquellas regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil (boletines números 10.261-04 y 10.302-04, refundidos).
Con los nueve que siguen retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de ley que crea Comisión de Valores y Seguros (boletín N° 9.015-05).
2) Proyecto de ley que permite la emisión de medios de pago con provisión de fondos por entidades no bancarias (boletín N° 9.197-03).
3) Proyecto que modifica ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (boletín N° 9.369-03).
4) Proyecto de ley que perfecciona la justicia tributaria y aduanera (boletín N° 9.892-07).
5) Proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativo al establecimiento de una oficina regional para América del Sur en Chile y el Acuerdo Interpretativo referido a la aplicación del Artículo VI de éste" (boletín N° 9.897-10).
6) Proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia (boletín N° 9.950-03).
7) Proyecto de ley que establece un nuevo sistema de transmisión eléctrica y crea un organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional (boletín N° 10.240-08).
8) Proyecto de ley que regula el ejercicio del derecho a voto de los chilenos en el extranjero (boletín N° 10.344-06).
9) Proyecto de ley que otorga al personal asistente de la educación que indica una bonificación por retiro voluntario, una bonificación adicional por antigüedad y las compatibiliza con los plazos de la ley N° 20.305, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones (boletín N° 10.583-04).
Con los tres siguientes hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El que establece el derecho real de conservación (boletín N° 5.823-07).
2) Para regular la circulación de vehículos motorizados por causa de congestión vehicular o contaminación atmosférica (boletín N° 10.184-15).
3) El que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos (boletín N° 9.885-07).
Con los cuatro últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) Sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía (boletín N° 6.499-11).
2) El que modifica el Código Penal en lo tocante a la tipificación del delito de tortura (boletín N° 9.589-17).
3) El que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y otros cuerpos legales en lo relativo a probidad y transparencia (boletín N° 10.264-07).
4) El que crea la XVI Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata (boletín N° 10.277-06).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el que pide que se disponga lo necesario para que el Congreso Nacional se reúna en Congreso Pleno el día 21 de mayo próximo, con el fin de recibir la cuenta del estado administrativo y político de la Nación, y propone, para tal efecto, que la mencionada sesión sea convocada para las 9:30 horas de dicho día.
--Se accede a lo solicitado.
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que adapta normas laborales al ámbito del turismo (boletín N° 8.770-23) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para tabla.
Con el segundo señala que ha rechazado algunas de las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos (boletín N° 9.885-07), y propone la nómina de Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse al efecto.
--Se toma conocimiento y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Corporación, se designa a los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para integrar la referida Comisión Mixta.
Con el último comunica que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado, con las excepciones que señala, al proyecto de ley que crea bonificación para el repoblamiento y cultivo de algas (boletín N° 9.151-21) (con urgencia calificada de "simple"), e indica la nómina de Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse en conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de la Carta Fundamental.
--Se toma conocimiento y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Corporación, se designa a los integrantes de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura para integrar la referida Comisión Mixta.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite resolución dictada en el proceso sobre control de constitucionalidad del proyecto de ley que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (boletín N° 10.057-06).
Envía sendas resoluciones dictadas en los procesos sobre requerimiento de inconstitucionalidad presentados respecto de las normas que indica, en cada caso, contenidas en el proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo (boletín N° 9.835-13).
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Letra H del artículo 72 de la ley N° 19.070.
-Artículos 426, inciso tercero, 451 y 491 del Código del Trabajo.
-Inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.
-Artículos 1458 y 2316, ambos en su inciso segundo, del Código Civil.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Contralor General de la República:
Presenta, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 142 de la ley N° 10.336, Balance de Gestión Integral del año 2015 de esa entidad.
Del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público:
Remite información estadística, en formato digital, ante solicitud enviada en nombre del Senador señor Orpis, acerca de las siguientes materias relativas a la ley N° 20.000:
-Número de personas imputadas o citadas como consecuencia de la aplicación de las normas del artículo 50.
-Sentencias absolutorias y condenatorias dictadas en virtud de los artículos 3° y 4°.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Contesta solicitudes de información, expedidas en nombre del Senador señor Navarro, acerca de los siguientes asuntos:
-Protocolo que sigue la Policía de Investigaciones para el decomiso de plantas de marihuana y el destino final de ellas.
-Acciones que han adoptado Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para prevenir el robo en casas desocupadas, durante el período de vacaciones, en la Región del Biobío.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor Guillier, acerca de la vigencia de la Convención sobre Ejercicio de Profesiones Liberales, celebrada con la República Oriental del Uruguay.
Atiende solicitud de información, formalizada en nombre del Senador señor Navarro, acerca del impacto que produciría en las áreas de interés de su Cartera, la suscripción y ratificación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica.
Del señor Ministro de Defensa Nacional:
Responde inquietud, planteada en nombre del Senador señor Navarro, por el aterrizaje de un helicóptero con camuflaje en Tranaquepe, comuna de Tirúa.
Envía Balance de Gestión Integral del año 2015 de las instituciones dependientes de esa Cartera.
Del señor Ministro Secretario General de Gobierno:
Remite Balance de Gestión Integral del año 2015 de esa Secretaría de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
De la señora Ministra (S) de Economía, Fomento y Turismo:
Responde inquietud, planteada en nombre del Senador señor Espina, acerca de problemas que presenta la antena ubicada en el sector de Mininco, que afecta a los usuarios de la telefonía móvil e internet de la comuna de Angol.
De la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social:
Atiende solicitud, expresada en nombre de la Senadora señora Goic, para que se estudie la posibilidad de enviar a tramitación un proyecto de ley que recoja los propósitos de su moción, declarada inadmisible, relativa a la modificación de la edad de los hijos de beneficiarios del Sistema Único de Prestaciones Familiares para ser causantes de asignación familiar.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Envía Balance de Gestión Integral del año 2015 de los 14 servicios relacionados con esa Cartera.
Da respuesta, en formato digital, a consulta formulada en nombre del Senador señor García-Huidobro, sobre restricciones de velocidad en vías concesionadas.
Responde solicitud de información, efectuada en nombre del Senador señor Chahuán, acerca de la eventual ampliación de la cuesta La Dormida para mejorar la conectividad entre las Regiones Metropolitana y de Valparaíso.
Atiende consultas, expresadas en nombre del Senador señor Espina, acerca de las siguientes materias:
-Condiciones en que se encuentra el camino entre Icalma, comuna de Lonquimay, y la comuna de Melipeuco.
-Mal estado del camino Purén-Manzanal, en la comuna de Purén.
-Acceso de los habitantes de la comuna de Lautaro a las aguas del río Cautín y fiscalizaciones a empresas que realizan extracción de áridos.
-Problema de vertimiento de desechos en el canal Chumay, comuna de Traiguén.
-Inundaciones que se producen en la comunidad José María Toro, comuna de Lautaro.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo:
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Espina, acerca de la reparación del sector ubicado entre las calles Manuel Antonio Matta y Mac-Iver de la comuna de Lautaro.
Entrega respuesta a requerimiento de información, expedido en nombre de la Senadora señora Von Baer, sobre el proceso de postulación al subsidio para familias de sectores medios, solicitando, además, reconsiderar ciertas exigencias a los interesados en obtener dicho beneficio.
De la señora Ministra del Deporte:
Da respuesta a petición de antecedentes, formulada en nombre del Senador señor Navarro, en relación con el impacto que se produciría en las áreas de interés ministerial de aprobarse y ratificarse el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica.
De la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer:
Remite Balance de Gestión Integral correspondiente al año 2015 de ese Servicio.
Del señor Subsecretario del Interior:
Adjunta, en documento y en formato digital, Balance de Gestión Integral correspondiente al año 2015 de esa Subsecretaría, del Servicio de Gobierno Interior y de la Agencia Nacional de Inteligencia.
Del señor Subsecretario (S) de Relaciones Exteriores:
Envía Balance de Gestión Integral del año 2015 de esa Subsecretaría, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
De la señora Subsecretaria de Evaluación Social:
Remite Balance de Gestión Integral del año 2015 de esa Subsecretaría, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Del señor Subsecretario de Servicios Sociales:
Envía, en cumplimiento del artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Balance de Gestión Integral del año 2015 de la Subsecretaría de Servicios Sociales y servicios relacionados.
De la señora Subsecretaria de Educación:
Atiende solicitud de información, efectuada en nombre del Senador señor Prokurica, respecto de estudiantes de la Universidad de Atacama que no han recibido la beca de apoyo a los alumnos cuyas familias fueron afectadas por los aluviones del 25 de marzo pasado.
Del señor Subsecretario del Trabajo:
Informa requerimiento, expedido en nombre del Senador señor Navarro, acerca del estado de la denominada "Mesa de Negociación del Sector Público", especialmente en cuanto a las reuniones habidas y acuerdos provisorios alcanzados.
De la señora Subsecretaria de Redes Asistenciales:
Remite respuesta a solicitud de información, expedida en nombre del Senador señor García, acerca de las razones por las cuales dicha Cartera solo remitió antecedentes referidos al avance físico de los proyectos de inversión, pero no de su marcha financiera, conforme a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2016.
Del señor Subsecretario de Telecomunicaciones:
Contesta petición de información, expedida en nombre del Senador señor De Urresti, sobre la factibilidad de incorporar a la localidad de Puerto Nuevo, comuna de La Unión, en el Plan de Conectividad Digital.
De la señora Subsecretaria de Energía:
Adjunta Balance de Gestión Integral del año 2015, en cumplimiento del artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Del señor Subsecretario del Medio Ambiente:
Responde inquietud, formulada en nombre del Senador señor Navarro, sobre la situación que afecta a la industria salmonera y la forma de eliminación de residuos provenientes de ejemplares muertos en la bahía de Puerto Montt y Calbuco.
Informa, a requerimiento del Senador señor De Urresti, acerca de la presencia y acción depredadora del ecosistema por parte del visón en Chiloé y en el seno Almirantazgo de Tierra del Fuego.
Contesta petición de información, expedida en nombre del Senador señor Chahuán, sobre el estado de avance del Consejo de Recuperación Ambiental y Social de las bahías de Quintero y Puchuncaví.
Del señor Superintendente del Medio Ambiente:
Absuelve consultas, planteadas en nombre del Senador señor De Urresti, sobre los siguientes asuntos:
-Solicitud de antecedentes de la denuncia presentada por la Municipalidad de Futrono, por la segunda obstrucción consecutiva en un mes y posterior derrame de aguas servidas al lago Ranco, del colector de aguas lluvias ubicado en la calle Juan Luis Sanfuentes de esa comuna.
-Sanciones aplicadas a la Empresa Minera Maricunga S.A., en la Región de Atacama, especialmente por la clausura de los pozos de extracción de agua utilizada por la cuprífera y la afectación de los humedales en el corredor biológico que une las lagunas del Negro Francisco y Santa Rosa.
Da respuesta a inquietud, planteada en nombre del Senador señor Navarro, sobre la situación que afecta a la industria salmonera por floración de algas nocivas y la forma de eliminación de residuos de animales muertos depositados en la bahía de Puerto Montt y Calbuco.
Del señor Superintendente de Electricidad y Combustibles:
Envía, en cumplimiento del artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Balance de Gestión Integral del año 2015 de esa Superintendencia.
Da respuesta a solicitud de antecedentes, planteada en nombre del Senador señor De Urresti, sobre las multas cursadas por esta institución, durante el año 2015, a las empresas transgresoras de la normativa legal vigente.
Del señor Defensor Nacional:
Atiende solicitud de información, formalizada en nombre del Senador señor Espina, acerca de las falencias o problemas detectados respecto de la ley Nº 20.066.
Del señor Intendente del Biobío:
Remite, en respuesta a solicitud de información enviada en nombre del Senador señor Navarro, copia del proyecto de recuperación de servicios ambientales de los ecosistemas lacustres de la provincia de Arauco e informa acerca de la postulación a programas de inversión.
Del señor Intendente de Aisén:
Atiende preocupación, planteada en nombre del Senador señor Horvath, relativa a los incendios forestales y de pastizales que han ocurrido este año en la región.
Del señor Alcalde de Angol:
Responde inquietudes, planteadas en nombre del Senador señor Espina, relativa a los siguientes asuntos:
-Situación que aqueja a los padres y apoderados de la Escuela Rural de Coyanco de esa comuna.
-Medidas adoptadas para reparar el pavimento en la intersección de los pasajes El Rosario con Nahuelbuta de la población El Rosario de dicha comuna.
Del señor Alcalde (S) de Ercilla:
Atiende solicitud de información, efectuada en nombre del Senador señor Espina, acerca de factibilidad de pavimentación del sector campamento Esperanza de esa comuna.
Del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile:
Contesta solicitud de información, formulada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a la opinión institucional respecto de la posible incorporación de la Escuela de Investigaciones Policiales en la gratuidad en la educación.
De la señora Directora Nacional de Fronteras y Límites del Estado:
Remite Balance de Gestión Integral del año 2015, en cumplimiento del artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Del señor Director del Territorio Marítimo y de Marina Mercante:
Envía información, en formato digital, solicitada en nombre del Senador señor Navarro, respecto de la situación que afecta a la industria salmonera por floración de algas nocivas y la forma en que se eliminarán los residuos de estas en los espacios marítimos, principalmente en la bahía de Puerto Montt y Calbuco.
Del señor Director Nacional del Instituto de Previsión Social:
Da respuesta a preocupación, manifestada en nombre de la Senadora señora Von Baer, relativa al eventual cierre de algunas sucursales y puntos de pago de la Caja de Compensación Los Héroes que afectaría a pensionados y adultos mayores de la Región de Los Ríos.
Contesta solicitud de antecedentes, expedida en nombre del Senador señor García, acerca de la disminución en el aporte previsional solidario de vejez del pensionado que indica.
Absuelve consulta, planteada en nombre del Senador señor García-Huidobro, sobre el nuevo sistema para el pago de jubilaciones exclusivamente en sucursales del Banco del Estado, lo que perjudicaría a varias comunas de la Región de O'Higgins.
Del señor Director Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia:
Adjunta, en documento y en formato digital, Balance de Gestión Integral del año 2015, en cumplimiento del artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Del señor Director General de Asuntos Consulares y de Inmigración:
Responde inquietud, planteada en nombre de la Senadora señora Allende, acerca de los resultados de las investigaciones judiciales que se han realizado en la República Bolivariana de Venezuela para el esclarecimiento de la muerte de una ciudadana chilena.
Del señor Secretario General del Ejército:
Atiende requerimiento, formulado en nombre del Senador señor Navarro, en cuanto a solicitar la opinión institucional de incorporar a la Escuela Militar en la gratuidad educacional.
Del señor Secretario General de la Fuerza Aérea de Chile:
Acoge solicitud de información, formulada en nombre del Senador señor Navarro, en relación con la posibilidad de incorporar a la Escuela de Aviación en la gratuidad en la educación.
Del señor Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente de La Araucanía:
Responde petición de información, efectuada en nombre del Senador señor García, sobre eventual incorporación de la comuna de Nueva Imperial en las mediciones de contaminación del aire que se realizan en Temuco y Padre Las Casas.
Del señor Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente de Valparaíso:
Da respuesta a preocupación, manifestada en nombre del Senador señor Chahuán, por el vaciamiento del tranque de la localidad de San Juan, comuna de San Antonio, que provocó la muerte de miles de ejemplares de la especie carpa que se encuentran en estado de descomposición.
Del señor Presidente del Consejo Técnico de Inversiones:
Comunica que la Memoria Anual del Consejo se encuentra disponible en el siguiente enlace web: http://www.spensiones.cl/portal/institucional/578/w3-propertyvalue-9439.html.
Del señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero:
Remite informe, requerido en nombre del Senador señor De Urresti, en relación con la presencia y acción depredadora del ecosistema por parte del visón en Chiloé y en el seno Almirantazgo en Tierra del Fuego.
Del señor Director Ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear:
Adjunta Balance de Gestión Integral del año 2015, en cumplimiento del artículo 52 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal:
Atiende inquietud, formulada en nombre del Senador señor Horvath, sobre las autorizaciones que debe otorgar la Corporación Nacional Forestal para replantar las áreas en las cuales se construirá un sendero y un camino que unirá la zona de Puerto Montt a Chaitén.
Responde petición, formulada en nombre del Senador señor Navarro, para que dicho servicio otorgue acceso gratuito a los parques nacionales para las personas que no pueden pagar por su ingreso, y remite copia de la política tarifaria de la Corporación.
Del señor Director Administrativo de la Presidencia de la República:
Envía, en formato digital, Balance de Gestión Integral correspondiente al año 2015 de esa Dirección.
Del señor Director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio:
Acusa recibo de inquietud planteada en nombre del Senador señor Chahuán, en relación con las medidas que se han adoptado respecto del vaciamiento ocurrido en el tranque ubicado en la localidad de San Juan, comuna de San Antonio.
Del señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía:
Envía, en formato digital, Balance de Gestión Integral correspondiente al año 2015 de esa Comisión.
Del señor Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Magallanes y la Antártica Chilena:
Informa la elección, como Presidente de ese cuerpo colegiado, del señor Miguel Sierpe Gallardo.
De la señora Secretaria Ejecutiva (S) de la Comisión Nacional de Riego:
Adjunta resultados, correspondientes al primer trimestre de 2016, de la aplicación y rendimiento de iniciativas de inversión y ley N° 18.450.
Del señor Director del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena:
Entrega respuesta a solicitud de antecedentes, expedida en nombre del Senador señor García, acerca del número de pacientes que se encuentran en lista de espera para cirugías no AUGE, por especialidad médica, en ese centro hospitalario, al 31 de marzo de 2016.
Del señor Presidente de la Empresa Eléctrica de Atacama:
Atiende solicitud de información, efectuada en nombre del Senador señor Prokurica, acerca de factibilidad para la instalación de alumbrado público en el sector donde se emplaza el jardín infantil Villa San Pedro, en la comuna de Huasco.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley que permite la emisión de medios de pago con provisión de fondos por entidades no bancarias (boletín N° 9.197-03) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en los siguientes proyectos de ley:
-El que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, a la ciudadana estadounidense señora Valene Leah Georges Larsen (boletín N° 10.382-17).
-El que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al médico cirujano colombiano señor Pedro Antonio Vela Quintero (boletín N° 10.562-17).
--Quedan para tabla.
Moción
De los Senadores señoras Allende y Muñoz y señores De Urresti, Harboe y Lagos, con la que dan inicio a un proyecto de ley que regula el derecho de filiación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo (boletín N° 10.626-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Comunicación
De la señora Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la que solicita la designación de un integrante del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, conforme a lo dispuesto en el artículo 6°, letra b), de la ley N° 20.405 (boletín N° S 1.865-13).
--Pasa a los Comités.
El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los Comités, en sesión celebrada el día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Nombrar al Senador señor Patricio Walker Prieto representante del Senado, a petición del Consejo Nacional de la Infancia, para participar en el proceso de seguimiento e implementación de las recomendaciones emitidas por diversos tratados de derechos humanos en materia de infancia.
2.-
Tratar, en el primer lugar de la tabla de la sesión ordinaria de hoy, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y Fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil (boletín N° 10.164-05).
3.-
Tratar, en el tercer lugar de la tabla de la sesión ordinaria de hoy, el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores García, Allamand, Espina, Ossandón y Prokurica, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 13 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el fin de que los proyectos queden a disposición de los parlamentarios de la Cámara correspondiente desde el momento de su ingreso (boletín N° 9.374-07).
4.-
Considerar, en el cuarto lugar de la tabla de la sesión ordinaria de hoy, el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República con el que solicita el acuerdo del Senado para nombrar como integrantes del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes a los señores Arturo Enrique Navarro Ceardi y Sebastián Gray Avins (boletín N° S 1.852-05).
5.-
Colocar, en el quinto lugar de la tabla de la sesión ordinaria de hoy, el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Matta y Ossandón, en primer trámite constitucional, para regular la circulación de vehículos motorizados por causa de congestión vehicular o contaminación atmosférica (boletín N° 10.184-15).
6.-
Incluir, en el sexto lugar de la tabla de la sesión ordinaria de hoy, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el derecho real de conservación (boletín N° 5.823-07).
7.-
Postergar el tratamiento del proyecto de ley, iniciado en mociones de los Senadores señores Lagos, Montes y Zaldívar, y de los Senadores señores Letelier y Quintana, respectivamente, en primer trámite constitucional, que permite la transformación de los institutos profesionales y centros de formación técnica en personas jurídicas de aquellas regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil (boletines números 10.261-04 y 10.302-04, refundidos).
8.-
Realizar el homenaje al diario El Austral de La Araucanía, postergado por el fallecimiento de don Patricio Aylwin, el día miércoles 18 de mayo.
9.- En relación con el proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín N° 7.550-06), discutirlo en general por la Sala con motivo de su primer informe y luego devolverlo a las Comisiones especializadas, y a la de Hacienda en su caso, para su discusión particular.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, le pido que recabe la autorización de la Sala para que el proyecto de incentivo al retiro del sector salud, que debe ser despachado por el Senado, pueda ser estudiado por las Comisiones de Hacienda y de Salud, unidas.
El señor LAGOS (Presidente).-
Sobre el mismo tema, tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Simplemente, señor Presidente, para respaldar la petición recién formulada por el Senador Zaldívar, ya que al Ejecutivo le interesa despachar esa iniciativa.
El señor LAGOS (Presidente).-
Entonces, si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, solicito autorización para que la Comisión de Educación pueda discutir en general y en particular el proyecto de ley que crea un monumento para don Gabriel Valdés Subercaseaux.
El señor LAGOS (Presidente).-
Si no hubiera inconveniente, se accedería a lo solicitado.
--Se accede.
PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO DE DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
El señor LAGOS (Presidente).-
Conforme a lo recién resuelto por los Comités, corresponde ocuparse, en primer lugar, en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona al Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.164-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 68ª, en 10 de noviembre de 2015 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 11ª, en 19 abril de 2016.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Los principales objetivos de la iniciativa son:
-Perfeccionar el Sistema de Alta Dirección Pública, ampliando su cobertura, fortaleciendo las garantías de mérito y profesionalismo, vinculando de modo efectivo la gestión del desempeño de los altos directivos públicos con los objetivos estratégicos del Gobierno, dando objetividad a la desvinculación de los altos directivos públicos, y mejorando la gobernanza del sistema mediante un reforzamiento de las funciones del Consejo de Alta Dirección Pública.
-Fortalecer las facultades de la Dirección Nacional del Servicio Civil, otorgándole la función de impartir directrices en materia de gestión y desarrollo de personas a los servicios públicos dependientes o relacionados con los Ministerios.
La Comisión de Hacienda discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Coloma, García, Tuma y Zaldívar.
Cabe tener presente que el artículo 1o, números 2, 6, 7 y 14, y el artículo segundo transitorio tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, y que el artículo 1o, número 16, es de quorum calificado, por lo que requieren para su aprobación de 20 y 22 votos favorables, respectivamente.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 62 a 79 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Entiendo que el Senador señor Zaldívar, en tanto Presidente de la Comisión de Hacienda, dará el informe pertinente.
El señor HARBOE.-
¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor COLOMA.-
Más adelante.
El señor PÉREZ VARELA.-
No hay acuerdo.
El señor LAGOS (Presidente).-
Como no existe unanimidad, tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, la Comisión de Hacienda ha despachado en general la iniciativa relacionada con la Dirección Nacional del Servicio Civil y el Sistema de Alta Dirección Pública, que han sido, desde su creación, un valioso aporte a la transparencia y legitimidad del ejercicio de la función pública.
Como consta en los antecedentes entregados por el Ejecutivo y los invitados, el sistema se destaca por los siguientes aspectos:
a) Ha gozado de altísimos niveles de participación, alcanzando un total de más de 342.700 candidatos en los procesos de selección en el tiempo de aplicación de la ley.
b) Ha logrado avanzar en instalar un estándar de idoneidad para el ejercicio de la función directiva, que ha permitido su renovación en el sector público.
c) Ha conseguido elevar la participación de la mujer en la gerencia pública y situar a nuestro país como referente internacional en la materia.
d) Ha permeado el valor del mérito al resto del Estado, extendiéndose más allá de sus fronteras originales al seleccionar, entre otros, a los directivos del Consejo para la Transparencia; a los jueces de los tribunales tributarios y aduaneros y de los tribunales ambientales; a los directores de CODELCO; a los directivos del Instituto Nacional de Derechos Humanos; a los integrantes del Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas y del Comité de Auditoría Parlamentaria, además de participar en la selección de 3.900 directores de establecimientos educacionales municipalizados en más de 300 comunas del país.
Estos elementos, y otros que mencionaré más adelante, fueron destacados en las tres sesiones que la Comisión de Hacienda dedicó al debate del proyecto de ley en comento.
Durante la discusión general de la iniciativa, la Comisión recibió como invitados a diversos actores vinculados al Sistema de Alta Dirección Pública. Estos expresaron unánimemente su valoración positiva de la propuesta legislativa, no obstante que efectuaron recomendaciones y perfeccionamientos que se analizarán durante su discusión particular.
Es así como los miembros del Consejo de Alta Dirección Pública señalaron su conformidad con el texto planteado, ya que recoge las sugerencias que en su oportunidad realizaron.
Por su parte, los representantes de la Asociación de Funcionarios de la Dirección Nacional del Servicio Civil, junto con plantear sus demandas, entregaron su pleno apoyo a la iniciativa.
En el mismo sentido, los representantes de la ANEF expresaron que la normativa en estudio es un avance que valoran.
Finalmente, los representantes del Centro de Estudios Espacio Público, junto con respaldar la propuesta legislativa, expresaron que esta se hace cargo de las recomendaciones de la Comisión asesora presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción.
¿Cuáles son las principales modificaciones a la legislación vigente?
Sin perjuicio de los importantes logros que ha alcanzado el Sistema de Alta Dirección Pública, este proyecto de ley viene a hacerse cargo de aquellos elementos que requieren ser perfeccionados.
Sin duda, el más relevante es el efecto que producen los cambios de gobierno en el sistema. Así ha quedado en evidencia con los dos cambios de coalición gobernante que ha experimentado desde su creación, los cuales han ido acompañados de masivas desvinculaciones de altos directivos públicos.
La iniciativa que hoy se somete a la consideración general de la Sala busca enfrentar este fenómeno, evitando que los cambios de gobierno provoquen inestabilidad en los cargos seleccionados a través de la Alta Dirección Pública.
Para efectos de subsanar la deficiencia señalada y con el fin de mejorar la regulación del sistema en los sentidos que se señalarán, el proyecto de ley efectúa las siguientes modificaciones al Título VI de la ley N° 19.882:
-Elimina la calidad de directivos transitorios y provisionales, que son nombrados directamente por la autoridad mientras se lleva a cabo el proceso de concurso de ADP, y en su lugar establece que, mientras se efectúe el concurso, asumirá el subrogante legal o alguno de los directivos del segundo nivel jerárquico del mismo servicio que hayan sido elegidos por el sistema.
Esta es una de las modificaciones más importantes. Normalmente, cuando se producen cambios de gobierno, se desvincula a quienes han sido designados por la Alta Dirección Pública y se nombran directivos transitorios o subrogantes por tiempo indefinido. Pues bien, esto se subsana en el proyecto.
-Faculta al Presidente de la República para que, dentro de los primeros tres meses desde el inicio de su mandato, nombre directamente determinada cantidad de jefes de servicio afectos al SADP (hasta 12), sin pasar por el sistema de selección. Con esta modificación se otorga al Presidente mayor flexibilidad para la instalación del gobierno y, en particular, para facilitar la gestión del aparato estatal en aquellos ámbitos que sean de especial criticidad.
-Establece que, para efectos de llevar a cabo concursos en los ocho meses finales de un gobierno (nótese bien), deberá requerirse el acuerdo de los cuatro quintos del Consejo de Alta Dirección Pública. Con ello se evitan los riesgos de politización en los nombramientos de altos directivos cuando termina una Administración.
-Luego, el proyecto establece que durante los primeros seis meses de un nuevo Gobierno los jefes de servicio tendrán la obligación de enviar una comunicación fundada al Consejo de Alta Dirección Pública antes de pedir la renuncia a altos directivos públicos de segundo nivel jerárquico. Esto, con el objeto de favorecer una mayor permanencia de esos directivos en sus cargos.
-Amplía el ámbito de aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública al incorporar diez nuevos servicios públicos a los ya existentes, los cuales deberán someterse a él: INJUV, ODEPA, SENAMA, Dirección del Trabajo, CONADI, FONASA, Dirección Nacional del Servicio Civil, SENAME, Dirección General del Ministerio de Obras Públicas y Dirección de Planeamiento de esta misma Cartera.
-Además, agrega al sistema veintisiete cargos de Subdirectores Médicos y Administrativos de hospitales de los Servicios de Salud que se indican, lo que se traducirá en un mejoramiento de sus remuneraciones para el cumplimiento de sus funciones directivas.
Otras modificaciones del proyecto son las siguientes:
-Se fortalece la institucionalidad del Sistema de Alta Dirección Pública, al otorgar mayores funciones a la Dirección Nacional del Servicio Civil.
-Asimismo, como resultado del debate en la Cámara de Diputados, se extienden los estándares del Servicio de Alta Dirección Pública a los jefes de Programas identificados en la Ley de Presupuestos y radicados en Subsecretarías, cuyo presupuesto anual represente al menos el 10 por ciento del presupuesto de la respectiva Subsecretaría.
-Se faculta al Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) para hacer "gestión de candidatos", lo que permitiría elevar la eficiencia de los procesos, al evitar tener que declarar concursos desiertos por ausencia de al menos tres candidatos idóneos para conformar la nómina. Es así como, con el acuerdo de los cuatro quintos del Consejo, se podrá incorporar al proceso de selección a candidatos nominados en los últimos veinticuatro meses mediante concursos para cargos de naturaleza equivalente o a altos directivos públicos que hayan ejercido en tal calidad por al menos dos años y que hayan alcanzado un cumplimiento de al menos el 90 por ciento de su Convenio de Desempeño.
-Se precisa un conjunto de aspectos de los procesos de selección de Alta Dirección Pública relativos a su carácter confidencial, mediante el fortalecimiento del derecho al acceso a la información pública, para lo cual se definen con total claridad las excepciones al respecto.
-Se permite que los funcionarios públicos nombrados en cargos de Alta Dirección Pública puedan conservar la propiedad del cargo de planta del que sean titulares por el término de nueve años, con el propósito de que, en caso de ser nominados, no pierdan la propiedad de sus cargos. Este aspecto ha representado una demanda muy sentida de los funcionarios públicos, y así lo hicieron ver los representantes de las asociaciones respectivas que concurrieron a la Comisión.
-Se simplifica y se estandariza el cálculo del pago de la Asignación de Alta Dirección Pública.
-Finalmente, a través de un artículo transitorio, el Ejecutivo compromete el envío de un proyecto de ley destinado a fortalecer el Sistema de Empresas Públicas (SEP), con el fin de incorporar mecanismos de reclutamiento y de selección basados en el mérito para la designación de directorios de empresas públicas dependientes del Sistema de Empresas Públicas.
En conclusión, la Comisión de Hacienda aprobó en general la iniciativa que ahora se somete a la deliberación de la Sala del Senado, por la unanimidad de sus miembros.
Creemos que la presentación de este proyecto es un avance y significa una corrección de los defectos que se han conocido desde la creación del Sistema de Alta Dirección Pública.
Por eso, estimamos conveniente que la Sala, tras discutir la idea de legislar y recoger nuevas ideas para su perfeccionamiento, proceda a aprobar la iniciativa con el objeto de alcanzar una mejor gestión en la Administración del Estado.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Me ha pedido la palabra el señor Ministro de Hacienda.
Después, podrán intervenir los parlamentarios que se han inscrito.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, quiero referirme brevemente al proyecto de ley que se somete a la consideración del Senado.
Básicamente, esta iniciativa busca -como indicó el Senador Zaldívar- mejorar la gestión de las personas en el Estado y perfeccionar el Sistema de Alta Dirección Pública.
Asimismo, se hace cargo de un compromiso de la Presidenta Bachelet con la ciudadanía, en lo relativo a mejorar la función pública profesionalizándola aún más.
El objetivo principal de la iniciativa es avanzar en el mejoramiento del sistema de reclutamiento y selección de altos directivos basado en el mérito, que es la parte central del SADP, mediante mecanismos que sean transparentes y competitivos.
La verdad es que se han presentado varios proyectos en cuanto al Sistema de Alta Dirección Pública desde que inició su funcionamiento, allá por el año 2002,...
El señor COLOMA.-
El 2003.
El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).-
... y ninguno de ellos ha visto la luz, a pesar de contener muy buenas ideas.
Lo que hace la iniciativa que nos ocupa es recoger muchas de las buenas ideas que se discutieron en su momento.
También se incorporan las opiniones de numerosos académicos expertos en gestión pública y, fundamentalmente, las propuestas de los actuales miembros del Consejo de Alta Dirección Pública, que -como saben- tiene un carácter transversal.
Este proyecto se basa en lo que hemos conocido internacionalmente.
Al respecto, debo puntualizar que nuestro sistema es bastante bueno. Lo estamos perfeccionando, pero goza de un muy buen reconocimiento internacional.
Por ejemplo, en Latinoamérica, dentro de dieciséis países, tenemos el mejor sistema en términos del Índice de Desarrollo del Servicio Civil en los últimos años, y con esta modificación legal ciertamente vamos a consolidar esa posición de liderazgo.
El Senador Zaldívar se refirió a varios aspectos del proyecto de ley, y me gustaría remarcar algunos.
El primero dice relación con que la Dirección Nacional del Servicio Civil tendrá bastantes más facultades para ayudar a los servicios públicos a mejorar su gestión y a fortalecer el desarrollo de personas, y también podrá ayudarlos a conducir los procesos que necesiten con el objeto de contar con códigos de ética funcionaria.
De hecho, ese proceso ya está en marcha, pero la ley le dará más poder a la Dirección Nacional a fin de influir en este ámbito.
Segundo, el proyecto amplía el ámbito de aplicación de la ADP. En 2003, cuando se creó el Sistema de Alta Dirección Pública, se determinó que su aplicación abarcaría a 97 servicios públicos; hoy día alcanza a 115 y, con lo que se propone, llegaríamos a 125. Sumaríamos a la ADP más de cien cargos que ahora no la integran.
En tercer lugar -creo que este es el cambio más importante; el Senador Zaldívar lo mencionó-, la iniciativa pone término a la figura de "directivos transitorios y provisionales".
En la actualidad, el Gobierno puede nombrar directamente en un cargo de ADP a quienquiera, sin concurso, y dejarlo en calidad de transitorio y provisional por un tiempo.
La verdad es que eso no tiene nada de malo.
El problema es que, cuando se hace el concurso para ese cargo, lo más habitual es que postule la persona que estaba en calidad de transitorio y provisional, y sabiendo eso, el resto no tiene muchas ganas de concursar. Esto hace que el corazón del sistema, que es la competencia por méritos, se vaya degradando.
Si no efectuamos este cambio, expondremos al Sistema de Alta Dirección Pública a que, progresivamente, deje de convocar a los mejores y, simplemente, valide decisiones ex ante.
Cuarto, al no existir la figura del T y P, se generan una serie de preguntas respecto a la vacancia. Por tanto, el proyecto le da bastante más importancia a los subrogantes legales que existen en cada institución, quienes ocuparían el puesto si saliera un directivo nombrado mediante la Alta Dirección Pública.
Además, durante los primeros tres meses de Gobierno y con la finalidad de agilizar su instalación, el Presidente o la Presidenta de la República podrá nombrar directamente a doce jefes de servicio solo en función del perfil, sin necesidad de competencia.
Esos son algunos de los temas más importantes del sistema. El Senador Zaldívar mencionó otros.
Estamos convencidos de que esta iniciativa es importante y de que la hemos priorizado en la discusión en el Parlamento, pues forma parte de la Agenda de Probidad y Transparencia.
Se ha discutido bastante -y se analizó en las Comisiones que funcionaron para armar la Agenda de Probidad y Transparencia- que era importante mejorar el Sistema de Alta Dirección Pública. Y eso hace este proyecto.
Pensamos que su aprobación va a contribuir a consolidar en el Estado un sistema que sirva mejor a la ciudadanía y que permita atraer mejores talentos a los servicios públicos.
He dicho.
El señor WALKER (don Patricio).-
¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor COLOMA.-
Pero manteniendo los diez minutos para intervenir.
El señor LAGOS (Presidente).-
Se ha pedido abrir la votación.
¿Conservando los tiempos?
El señor WALKER, don Patricio.-
Sí, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Entonces, en votación, manteniéndose los tiempos para intervenir.
--(Durante la votación).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, los Senadores de Renovación Nacional vamos a votar favorablemente el proyecto de ley, porque consideramos que constituye un paso necesario fortalecer la Dirección Nacional del Servicio Civil; esto es, fortalecer la designación de determinados cargos de la Administración del Estado a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
Hace ya prácticamente dos años, el Servicio Civil nos convocó a varios Senadores a participar en un seminario internacional, cuyo propósito era evaluar la experiencia chilena en torno al Sistema de Alta Dirección Pública.
En esa oportunidad, actuando en nombre de los Senadores de Renovación Nacional, señalé que había pensado muy bien lo que iba a decir, por cuanto estaba seguro de que en algún momento nos iban a cobrar la palabra.
Eso ocurrió a comienzos de 2014. Recién se había producido el cambio de Gobierno y habían sido despedidos muchos funcionarios nombrados por la Alta Dirección Pública bajo la Administración del Presidente Sebastián Piñera. Y esto nos tenía dolidos, preocupados, porque, en realidad, le habíamos pedido a numerosa gente, altamente calificada, que participara en estos concursos, en el entendido de que se trataba de cargos de confianza, pero en donde el premio al mérito, el premio a la calificación académica, el premio a la experiencia y a la trayectoria iban a ser suficientemente considerados.
En aquella ocasión sostuve que, a pesar de la enorme cantidad de despidos -muchos de los cuales sigo considerando injustos-, estimaba que había que fortalecer el Sistema de Alta Dirección Pública, porque se debía compatibilizar la confianza política con la idoneidad técnica.
Me ha llamado la atención el hecho de que, no obstante existir un componente político en la designación, son cientos de personas, altamente calificadas, las que postulan en dichos concursos. Y ello significa también que bastante gente tiene interés por servir al país a través de la llamada "Administración Pública".
A mi juicio, eso constituye un gran activo para Chile. Y fortalecer ese gran activo tiene que ser parte de nuestro compromiso y, por supuesto, parte de nuestra tarea.
El proyecto perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y, de alguna manera, evita los principales abusos que hemos visto, las principales contradicciones que nos ha mostrado el sistema durante sus años de implementación.
Particularmente, deseo referirme al hecho de que "Durante los ocho meses anteriores al inicio de un nuevo período presidencial, se requerirá autorización del Consejo de Alta Dirección Pública para convocar a procesos de selección de cargos de alta dirección pública. Esta autorización será requerida por el subsecretario del ramo o jefe superior de servicio, según corresponda, y para aprobarse requerirá, al menos, cuatro votos favorables".
Es decir, se pretende evitar que, en los últimos meses de un período presidencial, se lleven a cabo concursos con el único propósito de dejar a personas de determinada militancia política o tendencia ideológica enquistadas en un próximo Gobierno. Con mayor razón cuando el que venga sea de un signo distinto a aquel en que se producen los concursos y nombramientos.
A mí me parece que aquí hay una buena doctrina, una buena norma que evita ese tipo de situaciones.
De igual modo, señor Presidente, estimo que es bueno que se establezca la existencia de "un registro con la información de aquellas personas seleccionadas o que hubieren postulado en procesos de selección de cargos del Sistema de Alta Dirección Pública". Ello, pues no se impide el concurso. Y hay que considerar que, cuando existen personas que ya se mostraron interesadas en cumplir determinada función, la cual es similar, exige los mismos requisitos, y el diseño del cargo es parecido, ayuda mucho el poder convocar a esa gente, que, a lo mejor, estaba muy frustrada, muy dolida por no haber sido nombrada. Entonces, ¡qué bueno es permitirles volver a participar, volver a concursar, y considerar sus nombres, considerar su experiencia, considerar su trayectoria!
Estimo que ese registro es también una buena medida.
De la misma manera -no me voy a referir a todo: el Senador Zaldívar dio una explicación bastante detallada de lo que implica el proyecto-, considero muy bueno que los funcionarios de carrera puedan postular a cargos de Alta Dirección Pública sin perder la titularidad de sus puestos originales, guardándoles, en cierto modo, su puesto. De tal forma que si, en algún minuto, les piden la renuncia, puedan volver al que ocupaban anteriormente.
A mi juicio, eso ayudará mucho a personas que actualmente no se atreven a postular, pues si son nominadas y el día de mañana les piden la renuncia simplemente se deben ir para la casa. Y todos sabemos lo difícil que es encontrar trabajo cuando ya se tienen 50, 55, 60 años de edad.
Entonces, me parece superbueno que, para incentivar que se vuelque al servicio público toda la experiencia, toda la trayectoria, todo el saber que tiene un funcionario público, este pueda postular y que, si resulta nominado y le piden la renuncia, no pierda su carrera en la Administración Pública y se le reserve el cargo anterior que servía, que cumplía. Así, no se perderá su conocimiento, su experiencia, todo su bagaje.
Señor Presidente, esta es una buena iniciativa. Y, como lo dijo el señor Ministro, es un proyecto que forma parte de la Agenda de Probidad y Transparencia.
Nosotros, como país, hemos de apuntar a que los más altos cargos de la Administración Pública sean servidos por personas que tengan elevado conocimiento, elevada trayectoria, elevada experiencia, pero también, un elevado compromiso. Un compromiso con la gente, un compromiso con la ciudadanía, ¡más que con los gobiernos de turno!
Quienes llegan a ocupar estos altos cargos de la Administración del Estado, a través del Sistema de Alta Dirección Pública, deben ser personas con una enorme sensibilidad, que sepan escuchar a las ciudadanas y los ciudadanos. Eso es lo que más nos piden: que haya sensibilidad frente a los problemas, sensibilidad frente a las inquietudes de la ciudadanía. Porque estos funcionarios, por supuesto, quedan en una posición de privilegio para transmitir las inquietudes y para proponer soluciones a los problemas de la ciudadanía.
Por todas esas razones, señor Presidente, los Senadores de Renovación Nacional votamos favorablemente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, creo que el proyecto, más que importante, es muy decisivo para ver si como país y como Parlamento podemos o no generar una Administración Pública profesional en Chile.
En este caso, deseo plantear lo mismo que señalé en la Comisión de Hacienda.
En su momento, me tocó ser parte del acuerdo que el año 2003 generó, a mi juicio, un paso muy decisivo respecto a la creación del Servicio Nacional de Alta Dirección Pública. Y lo hicimos con un alto grado de expectativa, entendiendo que, más allá del signo ideológico de los gobiernos -las ideologías son bienvenidas en aquello que les es propio-, hay otro espacio amplio de decisiones de una Administración que requiere profesionalismo, estabilidad y eficiencia, mucho más que ser del partido A, B o C.
Hicimos una larga discusión -por ejemplo, se definieron los cargos del primer y segundo nivel- respecto de cómo dar este paso histórico, para poder decirle a la Administración Pública que se valoraba y validaba la independencia y calidad. De alguna manera, se transmitía así el tipo de país que queríamos construir.
Hablo en pretérito porque, en verdad, siento un alto grado de desilusión en cuanto a lo ocurrido desde entonces hasta ahora.
Básicamente, muchas de las salvaguardias que se establecieron para asegurar que el Sistema de Alta Dirección Pública funcionara, en la práctica, fueron baipaseadas o no fueron respetadas en su integridad. En efecto, se buscaron constantemente fórmulas para saltarse dicha vía, en particular en cargos de primer nivel.
Yo lo dije en la Comisión: lo anterior fue notorio en los cambios de Administración, incluso dentro de la misma lógica política.
El Gobierno de la Presidenta Bachelet remplazó un número importante de funcionarios que venían de la Administración de Lagos.
El Presidente Piñera cambió una cantidad incluso mayor de personas. Uno puede entender esa decisión si considera la variación de signo ideológico de ese Gobierno.
Y la Presidenta Bachelet en su segundo mandato realizó muchos más remplazos que el Presidente Piñera.
Todo eso quedó acreditado durante la discusión del proyecto. En definitiva, cuando se despide, se destituye o se le pide la renuncia al 80 por ciento de las personas que ocupan cargos de primer nivel, uno debe concluir que el sistema, por lo menos en su concepción original, no funcionó.
En mi opinión, el actual Gobierno fue especialmente insensible en cuidar la Administración Pública. Fue perturbadora la forma en que salieron muchos funcionarios, sin ninguna posibilidad de evaluar su permanencia.
No digo que esa práctica sea exclusiva de esta Administración, porque otras también han incurrido en ella. Pero se marcó con mucho más fuerza en el Gobierno que hoy nos rige.
Este es el cuarto proyecto, el cuarto intento, que yo recuerde, que busca perfeccionar el Sistema de Alta Dirección Pública. Algunas iniciativas cayeron por rechazo en la Cámara de Diputados; otras han quedado simplemente en deseo. La que nos ocupa ha tenido una larga tramitación.
Espero que al final seamos capaces de asumir un compromiso definitivo que nos permita entender, como lo hacen los países más desarrollados en esta materia, que un cambio de Gobierno implica el remplazo de los funcionarios de la Administración Pública que solo ocupen cargos de especial significación política, y no de casi todos, como ha sido la práctica en nuestro país.
Yo hago fe de que las normas que se plantean sí se van a aplicar. ¡Hago fe! ¡Pero casi como la fe del carbonero! No sé si ello al final va a resultar tan eficiente.
En el fondo, es una gran responsabilidad de quien gobierna lo que va a pasar o no.
Ahora, ¿se proponen buenas medidas? Sí. Algunas ya se han mencionado.
Se fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil.
Para ello, son muy importantes el acompañamiento de los altos directivos públicos y la evaluación de la calidad de los servicios; así como difundir y promover el cumplimiento de las disposiciones de probidad administrativa y transparencia, e impartir normas sobre contratación de personas en cargos de niveles inferiores, todo lo cual me parece que apunta en la dirección correcta.
En una segunda línea, se plantea incluir nuevos servicios al Sistema de Alta Dirección Pública. El Presidente de la Comisión hizo referencia a los diez que se pretenden incorporar.
En ese sentido, señor Presidente, quiero dejar constancia -y lamento que en este instante no se encuentre en la Sala el representante del Gobierno, quien recién estaba aquí- de que se adoptó el compromiso de que en la discusión particular se hará un esfuerzo por aumentar el número de servicios afectos al Sistema de Alta Dirección Pública, con el propósito de dar un paso que no tenga marcha atrás. Si no, vamos a volver a la práctica que ya comenté, que es mucho más terrible que lo que suponen las intenciones.
También se suprime la figura de los altos directivos provisionales y transitorios, que era la gran fórmula para saltarse el sistema y no respetarlo.
El cuarto elemento que deseo destacar, en mi opinión, puede ser decisivo, aunque parece violento desde un punto de vista teórico: el Presidente de la República podrá nombrar, en forma directa y por el plazo de su respectivo período presidencial, hasta un máximo de doce jefes superiores de servicio.
Considero ingeniosa la medida de colocarle una cantidad tope a ese tipo de designación. Dadas las desvinculaciones y las persecuciones, resulta difícil que alguien pueda mantenerse en su trabajo si está enfrentado al gobierno de turno. Por tanto, si se incorpora un límite de doce al nombramiento de jefes superiores de servicio dentro de los tres primeros meses de Administración, se generará cierto freno, luego de lo cual funcionará el Sistema de Alta Dirección Pública.
Espero que esa fórmula se aplique de buena fe.
Es entendible que algún funcionario tenga una sensibilidad política distinta de la que caracteriza a un Gobierno. Sin embargo, a mí lo que me importa de un director de salud es que se ocupe de los problemas sanitarios y no que sea de la UDI o del Partido Socialista.
En cualquier caso, el que se limite el número de personas que un Presidente de la República pueda designar directamente en los primeros meses de Gobierno me parece sano y sabio, siempre y cuando no venga la razia a los tres meses y un día. Ahí habría un retroceso respecto de este esfuerzo.
Por otra parte, se generan mecanismos de gestión de candidatos.
La idea es que el Consejo aproveche la información de las personas que no califican en un puesto específico para considerarlas en el concurso de otro cargo equivalente. A veces son los postulantes más adecuados, con opciones reales de ser nombrados, pero no se presentan, por cansancio o por no postular cada vez.
Eso es especialmente importante para las regiones.
Muchos profesionales me han hecho ver el problema de tener que viajar a Santiago para rendir una serie de exámenes para postular a determinado cargo, luego de lo cual es nombrada otra persona, quien efectivamente puede poseer más méritos. Y después hay un nuevo concurso y vuelven a venir.
Entonces, generar una especie de banco de datos de personas que están calificadas y poseen ciertas características me parece una idea muy relevante. ¡Ojalá ese instrumento sea utilizado de buena manera!
Asimismo, se propone establecer la asignación de Alta Dirección Pública; fortalecer los convenios de desempeño de los altos directivos públicos, y reconocer el estatus de alto directivo público.
En definitiva, se hace un esfuerzo positivo.
En mi opinión, esta es la última opción de que disponemos para salvar un sistema que es correcto conceptualmente, pero que la práctica ha hecho feble, débil.
Por último, señor Presidente, deseo señalar dos cosas.
Primero, le recuerdo al Gobierno el compromiso de realizar un esfuerzo en la discusión particular para incluir otros servicios al Sistema de Alta Dirección Pública.
Y, segundo, también hay que pensar en los funcionarios de dicha institución. Sus representantes asistieron a la Comisión de Hacienda, instancia en la que plantearon el enorme aumento de la carga de trabajo que implicará este nuevo diseño, que es mucho más exigente. Por tanto, parece justo que las asignaciones, las remuneraciones y las responsabilidades de esas personas sean compensadas mediante un reconocimiento, tanto económico como de carrera, más relevante que el que ahora poseen.
Estos dos últimos planteamientos los formulo como un deseo.
Ojalá esta iniciativa no sea un saludo a la bandera. En este ámbito tiendo a ser más bien escéptico, por la experiencia en los años transcurridos. No obstante, espero que ahora sí seamos capaces de sentir que hemos creado una Administración Pública de calidad en Chile.
El señor LAGOS (Presidente).- Muchas gracias, señor Senador, por no excederse en el tiempo y utilizar exactamente sus diez minutos.
Tiene la palabra el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar el Sistema de Alta Dirección Pública. A mi juicio, de todas las iniciativas que hemos impulsado para modernizar y profesionalizar la función pública, esta es la que mejores resultados ha acumulado.
El desafío es perfeccionar dicho sistema a partir de la valoración de lo que ha significado.
Hemos usado bastantes otros instrumentos en esta materia y muchos de ellos me generan serios reparos.
Respecto del mecanismo de las metas de gestión, que representa mucho esfuerzo y que supuestamente ordenaría el trabajo y permitiría mayor control, tengo muchas dudas a estas alturas sobre su eficacia, independiente de lo que fue inicialmente.
Bueno, no quiero detenerme en eso.
Creo que el modelo de profesionalización de la Alta Dirección Pública está muy ligado a una discusión de fondo que normalmente aquí no hacemos, porque existe una fuerte relación entre profesionalizar la función pública y el concepto de Estado que poseemos. Cada día estoy más convencido de que uno de los problemas más serios de Chile tiene que ver con el rol del Estado en la vida nacional. Es un tema que hemos eludido por largo tiempo.
Existe una definición que ha complicado mucho la modernización, la eficacia y la acción del Estado. Me refiero, en concreto, al concepto de Estado subsidiario. Este limita, restringe y no genera posibilidades propias de la sociedad moderna. Hay que superar esta idea de Estado mínimo.
Como dice la profesora Mazzucato -recientemente nos visitó-, es necesario pensar en un concepto de Estado moderno, creativo, emprendedor, creador, en definitiva, y no seguir con la idea de que solo es un acompañante de otro.
El Estado es capaz de tomar iniciativas con los privados, con la sociedad civil o por sí solo, si surge la necesidad en ciertos campos.
Es cierto que a lo largo de la historia la Izquierda defendió un Estado que quería copar todas las áreas. Ese estatismo no es lo que propiciamos hoy. Se requiere un Estado moderno para los tiempos actuales, y rechazamos la idea del no Estado o del Estado mínimo que se esconde en ciertas concepciones. Pensamos en un Estado con otras características, que en el marco de los procesos innovadores, como demuestra la profesora Mazzucato, han sido fundamentales para llegar al nivel actual en computación y en muchas cosas.
Pero eso -insisto- supone entender la relación entre Estado, mercado, sociedad civil y la conjunción dinámica de todo ello.
Nosotros hemos hecho una serie de experimentos en Chile. Para no desarrollar y modernizar el Estado, hemos creado todo tipo de rarezas, como los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC); las Agencias Técnicas Educativas (ATE); las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), en vivienda.
¿Qué es todo esto? Es Estado también, como bien dice Gabriel Salazar, y es más caro que el Estado, tiene más margen de error que el Estado. Pero no asume una función, no se profesionaliza, no se desarrolla.
No voy a seguir en esta discusión. Sin embargo, me parece muy importante debatir sobre estas materias, que están en la base de las opciones que debemos tomar.
Para modernizar el Estado hay que profesionalizar la función pública, y ese es el valor de la Alta Dirección Pública.
La Senadora Isabel Allende planteaba hace pocos días acá que para tratar el tema del agua teníamos cuarenta y tres reparticiones y no lográbamos ni siquiera articularlas. Ese es un problema que debemos asumir. No podemos seguir pensando solamente en cómo seleccionamos al personal de primer nivel.
Por eso, yo valoro el proyecto en análisis y el Sistema de Alta Dirección Pública. En ese marco, quiero plantear rápidamente algunas ideas.
Lo primero es establecer tres niveles: uno político-político, uno político-técnico y uno técnico-técnico.
En el nivel político-político queremos que los seleccionados reúnan las capacidades necesarias para cumplir con las funciones que se les asignarán. Por lo tanto, el Gobierno debe poder seleccionar dentro de la gente de su sector, o vinculada a él, que tenga ciertos méritos, ciertas condiciones para desempeñarse en los cargos. Eso es bueno para el Estado y, además, para la coalición gobernante en cada caso.
Este es un sector que debería irse al término del gobierno, salvo que las autoridades entrantes quieran mantenerlo. Pero no transformemos esto en un trauma, porque es normal que exista un sector político-político de estas características.
Hay otro nivel que es más político-técnico, de funcionarios cuya salida del cargo tiene que ser producto de una evaluación fundada de qué han hecho bien y qué no.
Y hay un tercer nivel, sin lugar a dudas, que es propiamente técnico. ¿Qué sentido tiene que un Tesorero Regional pueda ser removido por la autoridad política?
Hay un conjunto de cargos con esas características. Para ellos deben existir otros criterios, otras formas de salir del rol.
Yo optaría por crear tres niveles y asumir el nivel político-político, no hacernos los lesos y mezclarlo con lo político-técnico. Hay un sector que debe tener buen nivel técnico, pero para cumplir funciones políticas.
Primera observación.
En seguida, creo que el sistema que tenemos fue concebido originalmente de una manera distinta. La idea era seleccionar personas para la Alta Dirección Pública, pero también hacer seguimiento, acompañamiento, evaluación.
Solamente hemos avanzado en la selección. No disponemos de un sistema moderno de seguimiento para ver si los funcionarios realmente están respondiendo a lo que se cree que es adecuado y, muchas veces, el mando normal de la institución tiene dificultades para evaluar esto. Hay que crear un sistema de evaluación mucho más maduro.
En el proyecto, tal como está, se han incorporado algunos elementos en esa línea, aunque todavía bastante limitados e insuficientes. Sin embargo, se está asumiendo que la Alta Dirección Pública no es solo un sistema de selección, sino también de seguimiento y evaluación, lo que permite hacer periódicamente informes para la autoridad directa y para la autoridad general del Estado.
Ese es el segundo comentario.
El tercero: está claro que el sistema implica un alto costo; es una de las críticas que se le hacen. Ese costo tiene que ver con la manera de realizar los procesos de selección, que son cargo a cargo.
Creemos que hay ciertas funciones en el Estado que poseen características comunes. Es decir, para optar a la dirección de un servicio de salud se debería rendir un examen, un pre-examen, para permitir hacer una preselección de los directores de servicios. Después, cuando se discuta quién será tal o cual director de servicio, el candidato solo debiera responder un examen específico ligado a la región. Pero las precondiciones generales se deberían hacer de una manera que abaratara los costos, que simplificara, que permitiera quedar preseleccionado por un tiempo, etcétera.
Lo mismo pasa con los directores de los SERVIU. ¡Si es absurdo que haya que montar todo un concurso para seleccionarlos! Debemos generar un sistema que permita ver el conjunto de los directores, ciertos prerrequisitos y después realizar un examen específico para la región o la realidad en la cual se vaya a insertar la persona. Pero habría gente preseleccionada, con lo cual se evita tener que repetir una y otra vez estas postulaciones, que elevan mucho el costo del proceso.
Me parece que se necesitará formular indicaciones al proyecto y ver cómo avanzar.
Lo otro: considero que no podemos seguir manteniendo fuera del sistema a los municipios. Es fundamental que ellos entren en un cierto nivel.
Creo que en la elección de directores de colegios a través de la Alta Dirección Pública, que en muchos casos ha tenido un buen resultado, es preciso garantizar cierta solidez, para no correr riesgos. Porque hay errores -todo sistema los tiene-, pero es necesario corregirlos ya que hoy día la Alta Dirección Pública está corriendo bastante peligro debido a que su incidencia en el proceso, en muchos casos, es muy limitada. Por lo tanto, no da las certezas ni las garantías de contar con los controles y las condiciones de calidad planteados.
Señor Presidente, me parece que la Alta Dirección Pública es una muy buena propuesta. Necesitamos modernizarla, perfeccionarla, y esta vez sí tenemos que sacar este proyecto. Ojalá contemos con tiempo para presentar indicaciones que permitan incorporar algunos elementos adicionales, porque la Alta Dirección Pública debe ser un capital de todos y porque debemos pensar en un Estado más moderno.
Me tocó participar como panelista en el seminario que mencionó el Senador García. Asistió gente de muchos países solamente para conocer nuestro sistema y escuchar la discusión sobre cómo perfeccionarlo. Me parece que hemos acumulado experiencia suficiente para dar un paso cualitativamente significativo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, me alegro de que a la luz de este proyecto de ley hagamos un debate sobre el Sistema de Alta Dirección Pública.
En lo personal, no comparto las opiniones de algunos de los Senadores y autoridades que me han antecedido en el uso de la palabra. No me parece que esta sea la fórmula mágica para llegar al objetivo final de contar con una administración pública al estilo de los países que nos ponemos como espejo.
Digo esto porque voy a presentar algunos ejemplos de lo que ocurre en la práctica.
Este es un sistema de Alta Dirección Pública, pero a la chilena. Digámonos la verdad, señor Presidente: es un procedimiento muy caro. Entiendo que todo el proceso de postulación cuesta entre ocho y diez millones de pesos.
Me dicen que no es así, señor Presidente, pero mi información es otra.
Sin embargo, pese a ese costo, llega el Gobierno de turno y le dice al señor que postuló, que cree contar con todos los méritos, que se siente fantástico por haber ingresado a la Administración Pública a través de este procedimiento: "¿Sabe qué? Tiene que irse".
La persona pregunta: "¿Pero por qué me debo ir?". Y se le responde: "Porque usted no es de confianza del Gobierno".
Entonces, ¿para qué estamos efectuando estos procesos de selección? Francamente, este es un sistema a la chilena.
Lo peor de todo -y que escuche bien la gente que ve el canal del Senado- es que el Estado debe pagarle a ese funcionario una indemnización por echarlo.
En esa práctica han incurrido todos los gobiernos. Y en este punto no me argumenten que la Administración del Presidente Piñera hizo lo mismo. ¡Todos los gobiernos caen en ese abuso! Pero no por ello se trata de algo bueno. Eso es justamente lo que desincentiva a los mejores profesionales a ingresar a la Administración Pública.
He escuchado muchas veces al Senador Montes. Lo sigo en bastantes planteamientos, especialmente en todo lo relativo a la modernización del Estado, que constituye un asunto pendiente en Chile.
Y la principal modernización es precisamente esa: evitar los abusos que se cometen con los funcionarios públicos. Porque no podemos decir que en la Administración están los mejores ingenieros, los abogados más destacados.
¡No es así, señor Presidente! Y no lo es porque cuando se lleva adelante un proceso de postulación, que es caro, después se vulnera por la vía del remplazo de quien fue escogido. Porque, por último, si se extinguiera el cargo, uno podría decir: "Se acabó este puesto, la persona se tiene que ir". Pero no: se realiza un nuevo concurso y se contrata a quien forma parte del mismo partido.
En consecuencia, ¿para dónde avanza el objetivo de contar con una Administración Pública profesional, del mejor nivel?
Yo creo que este proyecto considera cambios positivos, y votaré a favor de él.
No obstante, no son pocos los casos que uno conoce de gente que se esmeró en postular a la Administración Pública, que fue elegida en un concurso y que con posterioridad, al cambiar el Gobierno, le han dicho: "Hasta luego, señor, porque usted no es del color político de nosotros".
Voy a colocar un ejemplo, que planteé en alguna oportunidad. Y quiero que el Ministro de Hacienda ponga atención.
Conozco en mi Región el caso de una funcionaria que se desempeñaba como Directora Regional de Salud. Al parecer, no era muy escrupulosa, porque, hallándose con licencia médica, los periodistas -no los Diputados u otros políticos- la sorprendieron trabajando, en circunstancias de que ella, conforme al cargo que ostentaba, debía fiscalizar lo relativo a las licencias, que funcionara bien la administración de salud del Estado.
Se produjo un gran escándalo; el caso apareció en todos los medios de comunicación.
Cuando iba a empezar el sumario, un colega abogado le planteó: "¿Sabe qué? Para que no la echen, renuncie usted a la pega".
Renunció.
Todo lo que estoy contando es normal. No estoy diciendo que haya nada raro.
Pero aquí viene el problema: pusieron a alguien en ese cargo, y pasado un tiempo se llamó a concurso.
¡Échenle quién postuló! ¡Esa misma persona, pues!
¡Y échenle quién quedó! Es que era del partido de Gobierno. ¡Y ahora está en el Ministerio de Salud!
Señor Presidente -y lo digo derechamente-, el profesional que quiere postular a uno de esos cargos y que ve esta situación va a decir: "¡Por ningún motivo voy a ingresar a uno de esos cargos!".
Esa persona no se va a salir de un buen trabajo en una empresa privada, en una oficina de abogados o con un grupo de médicos para postular a una pega en la que después cualquiera que salga elegido le diga: "¡Para afuera! Usted, aunque haya entrado por concurso, tiene que irse".
¿Y en el caso de la señora a la que me referí antes? ¡Ah, no! Resulta que ella es del mismo partido. Entonces, no importa que la hayan pillado en esas irregularidades: entra igual.
¡Y ahí está!
¿Ese es el sistema que queremos? Yo, sinceramente, creo que no.
Sin duda, es mejor que lo que teníamos antes. Porque en el pasado entraba cualquiera. Por ejemplo, alguien que se hallaba sin trabajo, pero que había participado en la campaña realizando el casa a casa había que meterlo a Seremi o a cualquier cargo.
El actual sistema ciertamente es superior.
Pero, señor Ministro, ¡queda mucho por recorrer!
Pienso que lo que más falta es la conciencia de que ha de terminarse con el cuoteo en desmedro del mérito; debe ponerse fin a los abusos hacia los funcionarios de la Administración Pública, pues el Estado no cumple con sus empleados todo lo que les exige a los privados respecto de sus trabajadores.
Entonces, sinceramente, ¿damos un paso? Sí. Pero este es bastante menor, señor Presidente.
Debemos tomarnos esto en serio. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las políticas que implementó Finlandia -y también otros países- con la alta dirección pública, no hay que olvidar que allá hay finlandeses y acá somos chilenos no más.
En consecuencia -reitero-, tenemos que asumir esta materia con seriedad. Da igual que el seleccionado no sea del partido. Si es el mejor y lo hace bien, ojalá se quede para siempre. Y aunque cambien los Gobiernos, esperamos que suceda lo que ocurre en otros países serios: "Este gallo es de Izquierda y el Gobierno es de Derecha: no importa, si es bueno, se queda". Y lo mismo a la inversa.
Pero eso no es lo que sucede con la Alta Dirección Pública.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, yo siempre apoyaré -y lo haré con mucho gusto y bastante convicción- cualquier iniciativa que apunte a la profesionalización de la Administración del Estado.
Ese es el tema de fondo.
Por lo tanto, ciertamente, votaré a favor del proyecto en análisis, que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil.
Recordemos que en los años 2002-2003 nuestro país fue exigido, remecido; las instituciones del Estado estuvieron cuestionadas por los hechos que todos conocemos. Y hubo una capacidad de reacción, que se expresó en junio de 2003 a través de la ley Nº 19.882, con la creación del Servicio Civil y del Sistema de Alta Dirección Pública. Se trató de una respuesta político-institucional a la crisis de confianza pública que se generó en ese entonces, en una perspectiva de modernización del Estado y de profesionalización de la gestión pública.
En los últimos dos años, 2014 y 2015, hemos sido nuevamente exigidos, remecidos, interpelados por otra crisis de confianza y de credibilidad producto de los hechos que todos hemos conocido, primero en el sector privado y luego en el público también.
Por lo tanto, si no se profundiza el Sistema de Alta Dirección Pública, se estancará y habrá un retroceso que acrecentará la crisis de confianza y de credibilidad en las instituciones.
En consecuencia, hay que ver esta iniciativa en el contexto de la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y en la Política, que ha impulsado la Presidenta Michelle Bachelet a partir de las propuestas del Consejo Asesor respectivo.
Ahora bien, en estos doce años -del 2002 hasta la fecha- no hemos estado de brazos cruzados ni mirando el techo. Es más, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha elaborado un ranking en el que ubica en esta materia al modelo mixto chileno en el primer lugar entre 16 naciones latinoamericanas.
¿Y qué hemos hecho, en una apretada síntesis, en estos doce años?
Primero, se ha dotado a 114 instituciones públicas adscritas legalmente a la Alta Dirección Pública de directivos de primer y segundo niveles jerárquicos.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Ruego a los señores Senadores guardar silencio.
El señor WALKER (don Ignacio).-
¡Hay mucha agitación en la Sala...!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Puede continuar, Su Señoría.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Segundo, señor Presidente, se han registrado 115 postulaciones promedio por concurso público.
Tercero, el 74 por ciento de los concursos (es decir, tres cuartos) ha concluido con nombramiento. Cerca del 14 por ciento de estos se ha declarado desierto. Ello también constituye una buena señal con relación a la marcha de este sistema.
Cuarto, hubo 12 mil 738 postulantes al primer nivel jerárquico (23 por ciento del total) y 42 mil 680 al segundo nivel jerárquico (77 por ciento).
Quinto, en los doce años de funcionamiento se registran 343 mil 728 postulaciones a cargos de Alta Dirección Pública; o sea, el interés por acceder a este sistema ha sido muy creciente.
Sexto, mientras que en 2003 (es decir, hace trece años, cuando esto nació) 53 servicios públicos y 417 cargos fueron establecidos como legalmente adscritos a la Alta Dirección Pública, en 2015 (el año pasado) 114 instituciones (no 53 servicios como al principio) y 950 cargos se encuentran en esa misma calidad.
Evidentemente, se ha experimentado un progreso, señor Presidente.
Ahora bien -y hay que señalarlo también-, hay claroscuros acá.
En los doce primeros meses del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera se desvinculó al 64 por ciento de los directivos de primer nivel nombrados conforme al Sistema de Alta Dirección Pública; y en el primer año de la actual Administración, de la Presidenta Bachelet, al 65 por ciento.
¡Eso no está bien! ¡Está mal!
Hay que tratar de ir propendiendo, incluso en el esquema de un sistema mixto, a que cada vez más sean nombramientos que correspondan a la profesionalización de la Administración del Estado.
Igualmente importante es lo tocante al acceso de las mujeres a cargos directivos.
El porcentaje de nombramientos de mujeres en dichos cargos se acerca al que exhibe el Civil Service del Reino Unido, que es de los más prestigiados del mundo (31 por ciento).
Nosotros -según entiendo- nos hallamos aproximadamente en el 24 por ciento, muy por sobre el promedio del sector privado, lo que también resulta interesante.
A cargos de primer nivel jerárquico han postulado 13 mil 102 mujeres, y a jefaturas de segundo nivel jerárquico, 64 mil 255.
Entonces, hay que saber ver asimismo el vaso medio lleno desde el punto de vista de los avances que aquello ha significado en estos trece años.
Ahora la Alta Dirección Pública empieza a tener una participación destacada, directa o indirectamente, en el nombramiento de directores de establecimientos educacionales.
El Servicio Civil ha participado en la selección de 3 mil 960 directores de escuelas y liceos municipales y de 294 jefes de departamentos.
Hay, pues, un avance significativo en esta materia. De hecho, 217 servicios públicos se han adherido a la aplicación de esta política con 307 cargos no adscritos obligatoriamente al Sistema de Alta Dirección Pública, pero que son concursados conforme a sus normas.
En tal contexto -y con esto termino-, el proyecto que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil evidentemente envuelve una reforma innovadora en aras de la transparencia y de la legitimidad de la Administración del Estado.
La alternancia en el poder es un principio democrático fundamental. Pero esto no significa que cada vez que llega un nuevo gobierno se haga de todos los cargos de primer y segundo niveles jerárquicos de la Administración. Al contrario, queremos justamente evitar que ello ocurra.
En tal sentido, lo más innovador de esta iniciativa es que termina con la figura, muy abusada, de los directivos provisionales y transitorios, a quienes remplaza por subrogantes legales o por directivos de segundo nivel jerárquico.
Ello es, por lejos, la innovación más relevante de este proyecto.
Pero también están la tentación de cada gobierno que llega de nombrar a los suyos, o la de cada gobierno que se va de remover y remplazar a quienes no son parte de él.
Aquello se limita al establecerse una cuota de hasta 12 cargos de Alta Dirección Pública de primer nivel (jefes de servicio) que el Presidente de la República puede nombrar durante los tres primeros meses de su mandato y al requerirse el acuerdo de cuatro quintos del Consejo de Alta Dirección Pública para llevar a cabo concursos en los ocho meses finales de un gobierno.
Finalmente, se fortalece la institucionalidad del Sistema de Alta Dirección Pública y se amplía su ámbito de aplicación al incorporar los dos niveles jerárquicos de una serie de servicios.
En consecuencia, creo que este proyecto apunta exactamente en la dirección correcta de la profesionalización del personal de la Administración del Estado.
Por todo lo anterior, con mucho gusto voto a favor.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, un poco de sinceridad nos lleva a señalar -lo hemos dicho reiteradamente- que el Sistema de Alta Dirección Pública elige a los mejores, ¡pero a los mejores de los nuestros...!
Eligió a los mejores de Piñera; elige a los mejores de Bachelet.
El avance sustantivo es que llega gente calificada.
Antes era peor.
¿Llegaban los mejores? No. A veces, los peores.
Ahora llegan los buenos: pero los buenos que adhieren al Gobierno.
Por eso, con este sistema las remociones alcanzan al 65 por ciento en el primer nivel y al 40 por ciento en el segundo nivel, entre el primer y el segundo años de un nuevo gobierno.
Cuando se instala una nueva Administración, ¡fuera el 65 por ciento de los directivos de primer nivel y el 40 por ciento de quienes ejercen cargos de segundo nivel jerárquico!
Está claro, entonces, que la ley en proyecto busca el fortalecimiento del Sistema de Alta Dirección Pública. Y se ha producido un fuerte debate en torno a cómo realizarlo.
Pero parece contradictorio que, por un lado, digamos que queremos fortalecerlo o que hagamos un esfuerzo de sinceridad al respecto, y, por el otro, que en el artículo TRIGÉSIMO SEXTO BIS establezcamos que "El Presidente de la República podrá eximir de la aplicación del mecanismo de selección de los altos directivos públicos" -es decir, estamos hablando de una nueva excepcionalidad al Presidente de la República- "y de lo dispuesto en los incisos primero a cuarto del artículo quincuagésimo séptimo, hasta doce cargos de jefes superiores de servicio que se encuentren afectos al Sistema de Alta Dirección Pública".
¿Y qué señala el ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO? Que podrán durar más de tres años.
Yo entiendo, entonces, que podrán durar los cuatro años de gobierno. Además, no habrá tiempo para nombrarlos con antelación, pues será factible hacerlo antes del vencimiento (incisos primero y segundo).
Es decir, acá reconocemos -al parecer, el Senador Zaldívar lo omitió en su informe- que le estamos entregando al Presidente de la República facultades para hacer legalmente lo que ahora hace de manera ilegal. Y el tope es de doce cargos.
Entonces, yo me pregunto: ¿Cuáles cargos va a elegir? ¿Elegirá de entre todos los servicios públicos y determinará cuáles cargos va a nombrar usando esa nueva excepcionalidad? ¿El resto será inamovible? Nombrados los doce cargos, ¿el Primer Mandatario tendrá que atenerse a la terna que le llega desde la Alta Dirección Pública?
Señor Presidente, a enero de 2016 ha habido más de 350 mil postulaciones. Es decir, se aumentó de manera exponencial el número de postulantes.
Si los cargos no los elige el Presidente de la República, ¿lo hará la consultora que realiza los exámenes? Lo pregunto porque en innumerables oportunidades me han llamado profesionales para decirme: "Me invitaron a concursar".
Hay gente que ha postulado más de cien veces. ¡Este es el gran negocio de las consultoras!
Yo le pedí a mi equipo asesor que realizara una evaluación. Porque si estamos invitando a miles de profesionales a que postulen a sabiendas de que no tienen ninguna posibilidad de ser escogidos, ¡este es un negocio de las consultoras!
Señor Presidente, cuando dichos profesionales efectúen su postulación, ¿quién va a determinar el uno, el dos y el tres? ¿Vamos a concederle esa atribución a una consultora privada, cualquiera que sea?
Por cierto, ninguna es tan independiente. Todas tienen su corazoncito en algún lado del pecho: ¡a la izquierda, al centro o a la derecha...!
Por lo tanto, me parece absolutamente inadecuado que al final dejemos la decisión en manos de los privados.
Se trata de la externalización de una decisión política del Estado.
Es muy parecida a la externalización existente en el caso del EUNACOM, el cual hoy día está en manos de la ASOFAMECH, ente que agrupa a las facultades de medicina de todo Chile. O sea, quien determina qué médicos pueden trabajar en el servicio público es un actor privado.
¡El único en todo el sistema público!
¡Y ahora nos quieren meter de contrabando que las consultoras determinen, fuera de los doce cargos que resuelve el Presidente de la República, el primer lugar...!
Si no está dicho, tienen que explicarnos quién va a decidir en el exceso sobre doce.
Porque habrá terna. ¿Y quién resolverá? ¿El jefe del servicio, el ministro, el Primer Mandatario? Actualmente es este, en forma ilimitada (Piñera echó a 64; Bachelet, a 65: ¡parejitos los dos...!). Pero ahora, mediante el ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO BIS, nuevo, se restringe a doce cargos. ¿Y quién toma la decisión sobre el resto?
Aprovechando la presencia de los Ministros, debo señalar que nos debieran aclarar de manera muy nítida el aspecto en cuestión.
Yo no estoy disponible para aprobar ningún proyecto de ley que transfiera potestades públicas a un ente privado que, por lo demás, no da ninguna garantía de objetividad, tal como sucede hoy día en el caso del EUNACOM, cuyo director jamás ha ejercido la medicina y, por cierto, nunca ha rendido ese examen. Y la ASOFAMECH, grupo de universidades privadas y públicas, tiene conflictos de interés.
Yo quiero destacar un dato que no aparece en el informe (¡porque estos informes son siempre ajustaditos a lo que se quiere...!).
Antes, pregunto si en esta Sala alguien sabe cuántos funcionarios de la Alta Dirección Pública son de planta y cuántos a contrata: de esta Dirección Pública a la que estamos fortaleciendo con doce cargos profesionales.
Quiero decirles que más del 95 por ciento de los funcionarios de dicho ente son a contrata o a honorarios. Es decir, la planta permanente es ínfima.
¿Y qué dice la AFUSEC?
Lo siguiente:
"... esa cifra" -la dotación de doce cupos- "nos parece insuficiente para la magna y ardua tarea que nos compete.
"Asimismo señalamos con mucha preocupación que la actual iniciativa legal no toma los resguardos suficientes para fortalecer de manera integral el Sistema; en este sentido es un proyecto incompleto porque no refleja todas las necesidades para enfrentar de manera óptima los futuros desafíos que la ley propone.
"Nos preocupa que siendo una iniciativa tan importante para la modernización del Estado, no se materialicen alternativas que fortalezcan a la DNSC en materias de infraestructura, planta, dotación y remuneraciones.".
Y agrega: "El proyecto no resuelve la injusticia implícita por no poder optar al Premio Anual por Excelencia Institucional".
Luego señala: "somos el único servicio público que no tiene mejoras para sus funcionarios/as.".
Más adelante la AFUSEC dice compartir los objetivos de la iniciativa, pero pide que la mesa de trabajo que se ha generado sea integrada en este proyecto de ley.
Manifiesta que espera que por medio de esta iniciativa -la que estamos analizando ahora- se incluya "un artículo transitorio que comprometa el ingreso de un proyecto de ley que materialice los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo".
Se disminuya "el requisito legal de 10 semestres a 8 semestres para el estamento profesional de la DNSC".
Se aumente la "dotación a través de modificación legal para asumir nuevas funciones de 34 funcionarios más según siguiente distribución:
"-10 profesionales entre los grados 9 al 5 para cumplir con los nuevos cargos del SADP que incorpora el proyecto.
"-10 profesionales entre grados 9 al 5 para la creación de la Subdirección de Desarrollo de las Personas y sus nuevas funciones.
"-6 profesionales contemplados en el informe financiero de la Ley para asumir funciones vinculadas a los códigos de ética.
"-4 profesionales entre los grados 9 al 7 para asumir funciones de asesorías legales gestión administrativa y de personas."
Y continúa: "AFUSEC considera que estos puntos generan una situación de tremenda injusticia y perjuicio en las condiciones laborales de nuestros/as asociados/as; dado que no se condice con parámetros mínimos de justicia y equidad, en donde se valora el desempeño de unos y se minimiza el trabajo de otros.".
Propuestas:
"-Asignación Compensatoria por exclusión del Premio a la Excelencia Institucional y Funcional (retroactividad por pérdida durante 12 años de exclusión). Bono a percibir.
"-Rediseño de la planta institucional y encasillamiento de los funcionarios/as actuales.".
Uno se pregunta, señor Presidente, cómo se fortalece el Estado, el aparato público Y la respuesta es robusteciendo la institucionalidad.
Está claro que quienes trabajan, aquellos que hacen la pega, tienen tales observaciones.
Yo solo quiero expresar que debe haber un compromiso en cuanto al fortalecimiento del Estado.
¡Considero vergonzoso que más de 95 por ciento de los funcionarios de la Alta Dirección Pública sean de contrata o a honorarios!
El Estado es el peor empleador, como lo hemos dicho aquí tantas veces. Por tanto, es falso que se quiera robustecer la institucionalidad: se está fortaleciendo un mecanismo sin determinar lo que he preguntado: quién nombra a los funcionarios después de los doce que son de facultad del Presidente de la República.
La terna la reciben los organismos técnicos que hacen las evaluaciones, las consultoras.
Creo que ahí debe ponerse ojo, señor Ministro, pues hay gente que postula a sabiendas de que no va a ganar. Pero la hacen concursar igual, ¡porque cobran...!
El nombramiento en algunos cargos vía Alta Dirección Pública cuesta ¡60 millones de pesos!, Senador Prokurica. Ello, para que tras la designación haya de inmediato una rotación y se vuelva a hacer el concurso: ¡otros 60 millones! No son ocho a diez millones de pesos como indicó Su Señoría.
Entonces, lo bueno, señor Presidente, es que se incorpora a un montón de servicios públicos, como SENAMA, INJUV, FONASA, Dirección General de Obras Públicas, Dirección de Planeamiento, Dirección del Servicio Civil, Dirección del Trabajo.
No obstante, sigue siendo insuficiente.
Señor Presidente, espero la respuesta para decidir mi voto.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, creo que esta materia es tremendamente relevante, pero no solo por la transparencia del funcionamiento del Estado -como lo plantearon Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra-, sino también (y está demostrado que es así) desde la perspectiva del crecimiento económico de nuestro país. En efecto, si el Estado es eficiente, eficaz, más profesional, ese crecimiento será mayor. Porque, de hecho, hoy día una de las trabas de la economía nacional no está en el sector privado, sino en el sector público, en su capacidad para actuar con eficiencia, eficacia y rapidez y para tomar decisiones correctas.
Por eso, en el contexto de un crecimiento económico muy bajo, resulta interesante discutir esta iniciativa de ley.
De otra parte, señor Presidente, considero difícil encontrar el equilibrio. En general, a los países que implantan este tipo de sistema les cuesta hallarlo. Ello obedece, entre otras cosas, a la necesidad de los gobiernos de responder a las promesas hechas a la ciudadanía durante las elecciones y, por lo tanto, a los imperativos de implementar las políticas públicas de la manera que estiman menester y de nombrar hasta cierto nivel a los directivos del aparato estatal según tengan congruencia política e ideológica con quien ganó los comicios.
Está bien. Pero equilibrar aquello con la existencia de un Estado más profesional no resulta fácil.
Eso es lo que ha ocurrido en el último tiempo -y lo dijeron los Senadores que me precedieron- con nuestro Sistema de Alta Dirección Pública. Por una parte, hemos ido avanzando en aumentar los cargos y el número de interesados en postular; en perfeccionar el mecanismo, en fin. Pero, por otra, cuando hay cambio de gobierno muchas de las personas nombradas por el anterior también son cambiadas por el régimen entrante al registrarse algo que es bastante normal en la democracia -quizás no estábamos tan acostumbrados a ello-: la instalación de una administración de signo político diferente.
Eso va a ser cada vez más normal. Y ello provoca tensión entre la necesidad del gobierno de, por un lado, direccionar las políticas públicas que desea aplicar, y por otro, tener un Sistema de Alta Dirección Pública cada vez más profesional.
En tal sentido, creo que estamos justos en un minuto muy interesante para discutir este proyecto, cuya finalidad es poner sobre la mesa los puntos que han funcionado mal, los que hay que mejorar, los que deben profundizarse en nuestro sistema de reclutamiento y selección, que procura basarse en el mérito y que es liderado por la Dirección Nacional del Servicio Civil, a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
En último término, se quiere aumentar la eficiencia de la referida Dirección y superar las debilidades que ha evidenciado frente a los cambios de gobierno -como ya lo decía-, permitiendo la optimización de la gestión pública y conciliando la idoneidad con la confianza y la necesidad de estabilidad ante la normalización de nuestra democracia, que significa que irán cambiando los gobiernos y sus signos políticos.
En tal línea, este proyecto de ley recoge las propuestas emanadas de la Comisión Engel y de iniciativas anteriores que responden a la preocupación por lo que está ocurriendo con el Sistema de Alta Dirección Pública. Y esperamos que su articulado se enriquezca a través del debate parlamentario.
Destacan en este proyecto la incorporación de nuevos cargos al Sistema; las nuevas funciones que se le asignan al Servicio Civil para avanzar en la estandarización de la gestión de personas en el Estado, y, por sobre todo, la prohibición que se consagra para la designación de personas en calidad de provisionales y transitorias mientras se realiza el concurso, pues finalmente ello se ha transformado en la figura utilizada por la autoridad para burlar el Sistema y adecuarlo al cambio de gobierno.
Por tanto, se pone énfasis en el subrogante legal, sin que existan provisionales o transitorios en tanto se lleva a cabo el concurso.
Hoy existen pocos incentivos para postular cuando alguien está desempeñando el cargo en la referida calidad. Esto, porque solo 30 por ciento de quienes ejercen en dicha condición no son ratificados. O sea, lo que ocurre finalmente es un poco lo que decía el Senador Prokurica: cambia el gobierno, sacan al funcionario, ponen al provisional y este termina siendo el definitivo.
Eso ocurre porque otros no concursan o porque los demás postulantes simplemente no logran pasar el filtro del mérito establecido por el Sistema. Es decir, en general, los provisionales quedan.
Ahí hay un punto que debemos mejorar.
En esa línea, el proyecto avanza en el fomento del mérito como principal factor al momento de decidir quién ganará el concurso: no el signo político, sino el mérito.
Se encarece la factibilidad de pedir desvinculaciones -estimo que ello va en la dirección correcta- al limitar la posibilidad de designar transitoriamente a quien se quiera mientras se realiza el concurso (se restringe, pues, la tendencia del gobierno que entra a dejar a un funcionario provisional), lo que, por tanto, llevará a que los candidatos concursen a cada cargo en igualdad de condiciones.
Asimismo, es importante la incorporación de nuevos cargos al Sistema de Alta Dirección Pública.
Constituye un avance que se piense, por ejemplo, en la Corporación Nacional de Asuntos Indígenas (CONADI) y en la Dirección del Trabajo.
Además, se establece un mecanismo para seleccionar por ADP a los jefes de Programas Presupuestarios, incluso comprometiendo la presentación de un proyecto de ley que perfeccione los gobiernos corporativos de las empresas públicas.
Es muy significativo que se cumpla aquello, señor Ministro, para integrar a directores independientes elegidos por Alta Dirección Pública. Esto le va a dar más eficacia y mayor transparencia al funcionamiento de los gobiernos corporativos de las empresas públicas.
La inclusión de nuevos cargos debe mirarse conjuntamente con la norma del proyecto que fija el número de cargos que cada gobierno que asuma podrá seleccionar discrecionalmente.
Este es un punto que nos preocupa a todos: cómo logramos (lo decía al principio de mi intervención) el equilibrio entre que un gobierno que asume pueda llevar a cabo las políticas que quiere y el hecho de que, al mismo tiempo, no se transgreda totalmente la profesionalización de nuestro Estado.
En efecto, esta iniciativa pretende sincerar la circunstancia de que, al iniciar su mandato, cada gobierno requiere un número de personas de confianza, de acuerdo a sus énfasis programáticos.
En tal línea, se reconoce que para la autoridad no todos los cargos -y eso es lo que se busca; hay que ver si este es el mejor mecanismo para conseguirlo- son igualmente sensibles, políticamente hablando. Entonces, se le pide que elija. Y se reconoce a cada administración la posibilidad de poner ese énfasis: "Usted puede cambiar. Pero cambie estos"; o bien: "Puede cambiar esta cantidad. Por lo tanto, determine cuáles son los más importantes para usted, según el énfasis de su programa". Así, el Presidente que acaba de ganar las elecciones podrá poner a personas de su confianza donde desee enfatizar.
Como elemento adicional para incentivar la concursabilidad, se regula de mejor manera la denominada "asignación ADP" -eso también es relevante-, ligando tal beneficio al desempeño. Esto existe hoy día; pero el proyecto fija el monto de acuerdo a los tramos de cumplimiento: si se cumple cien por ciento el convenio pertinente, se recibe la asignación completa; si el cumplimiento es parcial, el monto de la asignación será también parcial.
Señor Presidente, quiero terminar mi intervención señalando que en algunas ocasiones se pregunta -y lo hace muchas veces la opinión pública- de qué ha servido esto si cuando llega un nuevo gobierno los echa a todos. Esa es la sensación que hay.
Creo que aunque las personas se vayan...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Su Señoría dispone de un minuto adicional.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, lo que ha ayudado a este Sistema es que hay que pasar cierto filtros. No se trata solo de la designación política: además, se ha subido el estándar. Aunque después se cambie a la persona, sí hay que pasar determinados filtros de una entidad que funciona de manera independiente.
Eso sí ha constituido un avance muy importante en los últimos años.
¿Hay que perfeccionar? Hay que perfeccionar.
¿Ha sido un avance? Yo creo que sí, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, las finalidades declaradas de este proyecto son perfeccionar el Sistema de Alta Dirección Pública, principalmente ampliando su cobertura; fortaleciendo las garantías de mérito y profesionalismo; vinculando de modo efectivo la gestión del desempeño de los altos directivos públicos con los objetivos estratégicos del gobierno; dando mayor objetividad incluso a la desvinculación de aquellos, y, a la vez, mejorando la gobernanza del Sistema mediante un reforzamiento de las funciones del Consejo de Alta Dirección Pública.
Ahí hay un progreso.
Por otra parte, también se avanza en el fortalecimiento de las facultades de la Dirección Nacional del Servicio Civil al otorgársele la función de impartir directrices en materia de gestión y desarrollo de personas a los servicios públicos dependientes o relacionados con los ministerios.
En esa línea, esta iniciativa apunta a robustecer la función pública y avanzar hacia un mejor Estado al servicio de la ciudadanía por la vía de dotarlo de mayor cantidad de profesionales de alta calificación y con independencia suficiente para poder desarrollar posiciones, visiones estratégicas de largo plazo, y mejorar sobre todo la gestión de un debilitado Estado.
En tal sentido, hay avances por supuesto.
Sin embargo, también quedan cuestiones pendientes.
No todos los servicios públicos fueron incluidos en el Sistema, ya que este se estructura en torno a la distinción entre organismos que ejecutan políticas públicas y organismos que definen políticas públicas, y coloca solo a los primeros como destinatarios de los beneficios de la ley en proyecto y de los concursos, excluyendo de ellos a los segundos.
En la práctica, se trata de una distinción bastante confusa. No es tan fácil determinar aquello con alguna objetividad.
Existe ahí, entonces, una discrecionalidad que podría mejorarse.
Por otra parte, sigue pendiente el problema de la designación.
Ahora, solo como autocrítica, quiero destacar que el Consejo de Alta Dirección Pública, órgano colegiado y autónomo, tiene miembros designados para períodos de seis años por el Presidente de la República, pero con acuerdo de cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio. De manera que el Poder Legislativo también debe hacerse cargo de las dificultades o de las faltas de objetividad que pudiese haber en los nombramientos pertinentes.
De otro lado, hemos de admitir que, a 12 años de su creación, el Sistema de Alta Dirección Pública ha demostrado ser una de las reformas del Estado más interesantes y potencialmente de mejor impacto, pues se ha ido constituyendo en una mayor contribución a la transparencia y legitimidad de la Administración del Estado, lo cual ha permitido en muchos casos renovar cuadros directivos, incorporar a profesionales del ámbito privado y elevar la participación de la mujer en la gerencia pública, por ejemplo.
Sin perjuicio de lo señalado, y como fundamento de la iniciativa, recordemos que el mensaje ha debido admitir que el Sistema no ha conseguido generar un proceso mediante el cual el cese de funciones dependa principalmente de las capacidades de gestión y del grado de cumplimiento de los convenios de desempeño. Aún es posible constatar en demasiados casos -prácticamente la mitad, como lo mencionaba recién el Senador señor Navarro- una alta prevalencia de la confianza política, sin que exista una causal justificada dentro del marco del espíritu de la reforma.
De hecho, el modelo faculta a la autoridad para solicitar la renuncia, sin expresión de causa, cuando lo estime conveniente.
Además, se le permite nombrar un ocupante provisional o transitorio del cargo, quien lo ejerce mientras se lleva a cabo el concurso público y no tiene impedimento para participar en el proceso destinado a proveerlo, lo que genera un desbalance en la postulación.
Por consiguiente, admitiendo los méritos de la reforma y el que ella va fortaleciendo al Estado, es más el potencial que los resultados prácticos, en la medida en que los gobiernos, cada vez que asumen, todavía incurren en una clara vulneración en la materia, lo que generalmente afecta a un enorme porcentaje de los funcionarios ganadores de los concursos.
De todas maneras, como ya estamos acostumbrados a valorar los pequeños avances, vamos a votar a favor.
El señor WALKER (don Ignacio).- En la medida de lo posible...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, creo que iniciativas como la que nos ocupa brindan una oportunidad para al menos aventurar una breve reflexión acerca de la forma en que nuestra sociedad se está organizando ante los nuevos desafíos que se enfrentan en el país.
Ciertamente, este no será el proyecto tan esperado de la reforma del Estado, pero en algo contribuye, a mi juicio, en cuanto a mejorar la calidad de las personas que ingresan en algunos ámbitos de la gestión pública.
El debate respecto de la organización de la sociedad generalmente se da entre los que sostienen la necesidad de tener menos Estado, como un elemento de eficacia y eficiencia, y los que plantean una reflexión en orden a tener más Estado, como elemento básico de la protección social. Más allá del planteamiento de unos y de otros, estimo que corresponde afirmar que requerimos un mejor Estado, con capacidad para responder al contrato social de los ciudadanos y a la confianza que ellos depositan en quien tiene a su cargo la administración de la sociedad.
Cuando se observa la situación general en los países, basta citar, por ejemplo, al ex Primer Ministro británico Tony Blair, quien reflexionaba que la gran diferencia entre aquellos que alcanzan el desarrollo y aquellos que no lo logran no radica necesariamente en los niveles de ingreso, sino en la gobernanza que consiguen para sí mismos y en el grado de transparencia y de calidad de sus instituciones.
En el sistema del Estado social de Derecho se puede advertir la necesidad de contar con una sociedad donde convivan la libertad económica, la libertad de emprendimiento, y el Estado, que no solo supervigile, sino también coadyuve en el proceso de desarrollo y fomente la iniciativa privada, y al que la modernidad le permita ser, no un freno en el desenvolvimiento de un país, sino más bien, si no un motor, un cooperador activo para tal efecto.
Los desafíos de la tecnología, de la ciencia, de la innovación, demandan un Estado moderno. Y el Estado, a diferencia del Gobierno, debe gozar de un elemento básico para propender al bien común, que es la estabilidad. Ahí es cuando, de pronto, los debates políticos confunden los roles de uno y de otro.
Es adecuado que los gobiernos se alternen en el poder cada vez que los ciudadanos así lo determinen mediante los procesos electorales, pero no parece lógico para una buena gobernanza que cada vez que se verifique el cambio tenga lugar, si no una fractura, una alteración de las bases principales del Estado al sacarse a los principales miembros del Ejecutivo, particularmente en los servicios públicos. Se trata de personas que han hecho carrera, formadas y muchas veces capacitadas con recursos estatales, y, por una alteración del componente político, deben abandonar su cargo, en el cual han obtenido una importante experiencia.
El Estado debe mantener una actitud mucho más proactiva en el desarrollo del país. Mas quienes planteamos la necesidad del Estado social de Derecho también hemos de formularnos, muchas veces, algunas reflexiones.
¿Estamos en condiciones de exigir hoy que el Estado intervenga en mayor medida cuando, en la práctica, tenemos uno que no da cuenta de nuestra realidad cultural, social, política, económica y territorial?
¿Podemos promover entre los ciudadanos el que le corresponda una mayor injerencia cuando cuenta con un ordenamiento jurídico y un engranaje administrativo más bien propios del siglo XIX y no del siglo XXI; cuando no existe ningún tipo de flexibilidad y, al contrario, a menudo se determinan plantas paralelas o contratos -me refiero particularmente a los de carácter precario- en función de la imposibilidad de que algunos que gozan de estabilidad permanente realicen de manera correcta sus funciones?
Debemos establecer un equilibrio en estas materias.
Se requiere una reforma del Estado y no solo una simple modernización. Creo que su engranaje, su chasis, no da cuenta del desarrollo de nuestra sociedad.
Ningún Gobierno -¡ninguno!- ha enfrentado la situación de manera profunda, y el Estado más bien se ha ido jibarizando, deslegitimándose a aquellos que hemos destacado la necesidad de que juegue un rol importante en nuestro medio.
Insisto en que los países que logran niveles de desarrollo no solo lo hacen por su crecimiento económico, sino particularmente por la capacidad de sus instituciones de obtener una buena gobernanza.
En este sentido, voy a concurrir con mi voto a la aprobación del proyecto, ya que nos encontramos en la discusión general. Pero quisiera exponer, a riesgo de ser impopular, que resulta tremendamente lógico que la autoridad de Gobierno disponga de la facultad de remover a los directores de servicios públicos. En la estructura del Estado, el Primer Mandatario es el Jefe del Poder Ejecutivo, los ministerios presentan un carácter eminentemente normativo y la ejecución de las políticas públicas, de acuerdo con el Derecho Administrativo, se lleva a cabo a través de los servicios, por lo que resulta natural, entonces, permitir que la máxima autoridad, para materializar su programa, cuente con directores de su confianza o que al menos compartan su visión.
¿Será compatible un Presidente de la República que plantea el respeto irrestricto por las normas laborales con un Director del Trabajo que no comulga con esa visión y que fue elegido por un Sistema de Alta Dirección Pública? ¿Será eso coherente?
¿No será más lógico observar, por ejemplo, que la estabilidad del Estado se puede dar por los segundos y terceros grados jerárquicos; que ahí se halla la expertise que, independientemente de la posición política de quien ejerce la jefatura de servicio, le proporciona estabilidad y continuidad al servicio público?
¿No sería mejor que el Presidente de la República, elegido en virtud del voto soberano del pueblo para ejecutar su programa legítimamente, tuviera la posibilidad real de remover al director de servicio que no lo compartiese?
¿No convendrá más dotar -insisto- de estabilidad, de coherencia por parte del Estado, de la oferta permanente del Estado, a los grados segundo y tercero, a través de concursos de oposición, y con normas mucho más estrictas para el cumplimiento de esas funciones?
Son reflexiones que tenemos que hacer.
Y lo digo porque podemos poner más cortapisas, de modo que el Presidente de turno no pueda sacar a un jefe de servicio, pero la verdad es que, en la práctica, lo que vamos a estar haciendo es obligar a convivir en un determinado Gobierno a personas que pueden mantener visiones diametralmente distintas respecto de cómo ejecutar las políticas públicas. Eso obviamente atenta contra la gobernanza.
Reitero que votaré a favor, porque juzgo relevante avanzar en el debate respecto del mejoramiento de la calidad de los servicios públicos. Pero me parece importante advertir la necesidad de abocarse a una discusión más de fondo para obtener una coherencia entre quien es elegido por los ciudadanos para ejercer el mando de la nación y dichos organismos, que son los encargados de ejecutar las políticas públicas.
Cuando leo algunas de las normas del proyecto que serán objeto de la discusión particular, observo, por de pronto, que algunas le entregan al Servicio Civil ciertas facultades que hoy día ejerce, al menos en la práctica, la Dirección de Presupuestos, respecto de nuevas atribuciones en materia de convenios de desempeño y otros. Imagino que el Ministerio de Hacienda habrá evaluado las implicancias.
También hay disposiciones relativas a la incorporación de nuevos servicios en el Sistema de Alta Dirección Pública.
Deseo saber si efectivamente ha habido una reflexión respecto de la eventual contradicción entre los directores de servicio y las políticas públicas impartidas por un Primer Mandatario.
Todo ello será materia de la discusión particular. Mientras, he creído necesario plantear esta reflexión para que de una vez por todas tengamos la posibilidad, por lo menos en el caso de aquellos que creemos en un Estado social de Derecho, de un Estado más moderno, ágil, eficiente y transparente.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Está inscrito el señor Ministro de Hacienda. Como estamos en votación, no hay ningún problema en que use de la palabra si es para rectificar.
El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, quisiera intervenir básicamente por las consultas del Honorable señor Navarro.
Déjeme partir por un punto incluido en algunos de los comentarios. Seguimos pensando que toda la gente es de confianza. A cualquier cargo de la Alta Dirección Pública se le puede pedir siempre la renuncia. Lo único que se hace ahora es ponerle un filtro de mérito a la entrada.
Eso es lo primero.
Lo segundo dice relación con el rol de las consultoras.
La verdad es que el proyecto de ley le entrega al Servicio Civil nuevas facultades para poder gestionar los candidatos, y eso significa ahorros importantes en las veces en que se va a recurrir a esas entidades.
En seguida, hay cada vez una gran competencia entre ellas. Por lo tanto, al mediar este elemento entre los proveedores, estamos seguros de que los costos se van a ir siempre minimizando.
El señor Senador también consultó por el premio de excelencia. Esta ha sido una aspiración de los gremios del Servicio Civil. La razón de que no lo tengan es que el propio organismo lo otorga. Así es determinado.
Desde el comienzo, en realidad, reciben una asignación especial por este motivo. De hecho, cuentan con una asignación propia de un fiscalizador para relevar su importancia.
Su Señoría asimismo preguntó por quiénes son los que escogen los segundos niveles y a quién obedecen. Las ternas -o quinas o cuaternas- le llegan al primer nivel, y esa es la persona que resuelve. Siempre se puede decidir, además, dejar vacío un concurso, declararlo desierto.
Por último, en cuanto a algunas preocupaciones de los gremios, nosotros agregamos doce profesionales en el trámite en la Cámara, por lo que ya aumentó, con relación al proyecto primitivo, la cantidad de personal.
En cuanto a las preocupaciones acerca de los honorarios, las compartimos. Por eso, en el Presupuesto del año en curso se innovó y en el sector público tenemos todo un traspaso desde honorarios a contrata.
Gracias.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, sin duda, esta es una iniciativa importante, como lo fue, en su momento, la incorporación del procedimiento en el sistema de Alta Dirección Pública para establecer que los méritos de quienes ingresan a la Administración en cargos relevantes se verifican por un mecanismo que le garantiza al país que los funcionarios que asumen ciertos cargos de jefatura cuentan con las competencias, las calidades y la expertise suficientes para llevar adelante una labor eficiente.
La eficacia de los órganos del Estado es fundamental para poder responder adecuadamente a las necesidades de la gente. Hoy día vemos cómo muchos servicios, muchas instancias públicas, no presentan esa cualidad, por lo que generan profundas frustraciones en las personas.
El Sistema de Alta Dirección Pública va en esa primera dirección.
Al leer cada una de las disposiciones propuestas no puedo sino afirmar que se orientan en el sentido correcto, deseable, de fortalecerlo.
Y no voy a entrar en la materia, porque varias señoras Senadoras y señores Senadores la han analizado desde la perspectiva legal, la del proyecto, la de las normas. Espero que el contenido verdaderamente podamos concretarlo, ejecutarlo.
Como estamos en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, la primera pregunta que uno debe formular es cuánto los gobiernos están dispuestos a usar la Administración Pública con un sentido de eficacia, de mérito, de poder llevar a los mejores para que respondan adecuadamente al interés público, al del conjunto de la ciudadanía, y no a los de carácter subalterno, a los partidistas, que siempre tienen un elemento sectario.
Permítanme Sus Señorías poner en duda la voluntad de un Gobierno como el actual en orden a que eso sea así y la real intención política de que todas las instancias de la Administración -no solo los altos cargos, sino también los del segundo y tercer niveles, así como funcionarios a lo mejor menores- respondan a la eficacia, a la eficiencia, al mérito.
Comprendo el hecho -y, por eso, me parece que de repente se advierte un carácter restrictivo- de que los gobiernos necesiten personas de confianza política no solo a nivel de ministro y de subsecretario, sino también de jefe de servicio. Lo único que se pide es que ello se encuentre unido al mérito, a la capacidad profesional, para que ese trabajo sea eficaz.
A propósito de lo que decía quien me antecedió en el uso de la palabra, no logro entender que alguien que no goce de confianza política pueda asumir la jefatura de un servicio. Sin duda, ella tiene que mediar en ese nivel. El punto es cómo contemplamos la cuestión del mérito y podemos estructurar, a través de la Alta Dirección Pública, un Estado moderno, que les permita a los funcionarios capaces ir ascendiendo.
Pero vuelvo a la crítica original. Quiero expresar claramente que se puede hacer referencia a cualquier Gobierno, pero, como el que nos rige es el actual, ¿cuánto considera este a la Administración como un elemento que vaya en el sentido de la Alta Dirección Pública?
Demasiados ejemplos permiten aseverar que uno cuenta con fundamentos para plantear estas observaciones. En la vida cotidiana de nuestras provincias, de nuestras regiones, de nuestras comunas, se ve que el mérito, la eficacia, la capacidad profesional, son absolutamente subalternos. Y diría que a veces se encuentran en último lugar.
Fíjese, señor Presidente, que la Directora de Desarrollo Comunitario de la municipalidad de Chillán Viejo anunció en la semana que será candidata a concejala -la decisión es absolutamente legítima-, por lo que renunció. Y se le hizo una gran despedida. Pero inmediatamente -la noticia de la dimisión se dio en el mismo momento- asumió un cargo en la gobernación de Ñuble. ¿Alguien puede creer que va a trabajar en los asuntos de interés para la ciudadanía de la provincia y no para poder obtener un ingreso que le permita llevar adelante sin sobresaltos su campaña política?
De hecho, las autoridades de la gobernación salieron a justificar. Como esta persona es de un partido, se tuvo que contratar a un tercero de otro partido, para mantener, al interior de esa gobernación, los equilibrios de las distintas fuerzas que conforman la coalición de gobierno.
Esa mirada de la Administración Pública choca con el criterio que la ciudadanía cree que debe imperar en los servicios públicos. Se privilegia la condición partidaria, la circunstancia de que alguien va a ser candidato y que no puede renunciar a un cargo sin tener otro. Por lo tanto, se genera una duda razonable de si ese es el criterio que se impone a lo largo y ancho de toda la Administración Pública: la fidelidad partidaria, el cobijo a los militantes y el uso de cargos para beneficio del sector a que se pertenece.
La frase "Pienso PPD" de un funcionario del entonces Chiledeportes sigue marcando muy fuertemente lo que es la función pública. Para quienes no se acuerdan, fue, a propósito del escándalo que hubo en ese organismo, cuando un canal de televisión, al interrogar a un funcionario sobre cómo distribuía los implementos deportivos y otros (camisetas, cancha, etcétera), este respondió: "Yo pienso PPD". Eso está marcado a fuego en la visión que la gente tiene respecto de cómo se maneja la Administración Pública.
Por cierto, podemos estar de acuerdo en dictar normas que tiendan a una suerte de ideal, pero, si quienes nos gobiernan toman las decisiones que la opinión pública conoce, esas normas perderán credibilidad, fuerza y la sustentabilidad que verdaderamente se requiere.
La persona común y corriente, el ciudadano de a pie, el dirigente social, el adulto mayor, pide que los funcionarios públicos, cualquiera que sea su nivel, sean eficaces y trabajen por el bien común. No hay duda de que no es el caso de la gobernación de Ñuble. Habría que ser muy ingenuo para creer que la funcionaria contratada el día de hoy se va a preocupar de comunas distintas de la de Chillán Viejo y de otras cosas que no sean las atinentes a su propia campaña.
Ese ejemplo, que se repite en múltiples casos, servirá de contrapunto necesario cuando digamos que estamos fortaleciendo el Sistema de Alta Dirección Pública, para que estén en los cargos los mejores, los más capaces, y los mejores y los más capaces para servir a la gente.
La realidad que la ciudadanía observa, que los vecinos viven, es absolutamente distinta de la que estamos tratando de establecer en el proyecto que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, ya se ha discutido bastante sobre este proyecto.
Solo quiero hacer referencia a algunos elementos generales.
Nadie podría discutir la idoneidad y la importancia de este sistema en la modernización del Estado de Chile. Sin embargo, yo tengo una visión bastante crítica de cómo ha funcionado.
Echo de menos -veo que está en las tribunas y debió haber estado aquí, en la Sala- a don Rodrigo Egaña, quien está a cargo de la entidad, para que pudiera señalar cuál es el gasto que irroga cada uno de los concursos que se llevan adelante. Creo que hay instituciones o empresas, especialmente consultoras, que deben haber ganado mucho dinero con esta masiva extensión de convocatorias de la Alta Dirección.
Los procesos son demasiado largos. Muchas veces en regiones hay desplazamiento de estas empresas. Los procesos son tan extensos que en no pocas oportunidades, cuando una persona es seleccionada, ya ha transcurrido un lapso tal que han cambiado sus condiciones de vida: se ha casado, se ha ido a vivir a otra ciudad o ha encontrado otro trabajo.
Entonces, más allá de discutir en abstracto este proyecto, que obviamente es un avance, resulta fundamental que el Ministro entregue información del gasto que el sistema ha significado.
¿Cuánto cuesta un concurso? Aproximadamente, 60 millones de pesos. Es una cantidad realmente inadmisible. Este país no puede darse el gusto de incurrir en gastos enormes que no siempre conducen efectivamente a la selección de personal y, peor aún, producto de los cambios de gobierno que se han mencionado -tema en el cual hay consenso-, se les pide el cargo a personas ya seleccionadas.
Por lo tanto, ya que el Ministro de Hacienda conoce de cifras, conoce de gastos, podría dar una justificación de esa situación. Porque aquí estamos hablando en teoría, pero, en la práctica, son muchas las experiencias donde el gasto es demasiado elevado en comparación con el tiempo de duración de los nombramientos.
Solo voy a citar el ejemplo de los tribunales ambientales, donde, para seleccionar a un ministro, intervienen tres actores: la Alta Dirección Pública; la Corte Suprema, que elabora la quina correspondiente, y el Senado, que se pronuncia sobre el candidato propuesto.
Yo pregunto: ¿corresponde que para los tribunales ambientales, una vez que ya han comenzado a funcionar y existe una masa crítica de profesionales (en la Academia, en los mismos tribunales), sea necesaria la intervención de la Alta Dirección para la renovación de sus integrantes?
Yo creo que no.
A mi juicio, es importante romper la inercia para generar cargos mediante dicho sistema, pero luego, en régimen, el procedimiento perfectamente podría ser otro.
Cito el caso de los tribunales ambientales, en el cual participa la Corte Suprema, como poder del Estado -el Judicial-, y el Senado, que ratifica o rechaza al candidato, pero ¿por qué debe intervenir, además, la Alta Dirección Pública, si sabemos que el mérito ya ha sido evaluado por la Corte Suprema?
Tenemos ahí una situación paradójica.
Luego, señor Ministro, se hizo referencia al trato a los funcionarios del Servicio, que en un alto porcentaje se encuentran a honorarios. Me parece que ahí hay una falta de visión de nuestro Gobierno para con los trabajadores, para con los funcionarios, más aún cuando vemos -y me gustaría que el señor Ministro lo aclarara, dado que no formo parte de la Comisión de Hacienda- que se aumentan en 20 por ciento las dietas de los consejeros: de 100 a 120 UF mensuales.
¡Cómo es esto, Ministro: no tenemos dinero para traspasar a los funcionarios, de honorarios a contrata o a planta, pero no hay ningún inconveniente en subir en 20 por ciento las dietas de los consejeros!
¡Algo en este proyecto está mal! Yo espero que en el período de indicaciones se modifique esta situación.
Sería importante que se explicara esa falta de sintonía. A los trabajadores se los mantiene a honorarios, y a los consejeros -no sé si les aumenta mucho la pega- se les sube la dieta.
¡O estamos por un plan de austeridad o no estamos por un plan de austeridad!
Considero importante hacer presente este tipo de circunstancias. Y sería importante también que el señor Ministro pudiera indicar el gasto en que se ha incurrido y cuántos de los procesos terminan siendo estériles, así como informar de qué manera se podrían encontrar ciertas fórmulas homogéneas.
En los concursos para director nacional del SERVIU o de director de alguno de los Servicios de Salud, por ejemplo, que son organismos similares, independiente del lugar donde se realicen, el examen a los candidatos y los antecedentes pueden servir para la postulación en otras regiones, de tal manera que los psicólogos, los abogados y otros miembros del equipo no tengan que concurrir nuevamente, con el consiguiente aumento del gasto.
Insisto: creo que la externalización de servicios, la contratación de profesionales para realizar físicamente las pruebas es algo que tiene un incentivo perverso, porque a ellos no les interesa directamente la selección o que los elegidos duren en sus cargos, sino efectuar sus prestaciones, objetivo distinto del que persiguen el Estado, el Gobierno o la Administración de turno, que es proveer los cargos con la excelencia y los requisitos que la ley ha tenido en consideración para establecerlos.
Sería bueno escuchar la respuesta a estas inquietudes. Y además solicitaría que tal vez el Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública pudiera precisar el monto y magnitud de los hechos planteados y, principalmente, aclarar lo relativo a los trabajadores contratados a honorarios. Es una pésima señal no regularizar su situación y, por otro lado, aumentar las dietas de los consejeros.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, lo primero que quiero destacar es que esta modalidad de selección, que fue creada en 2003 -entiendo-, ha significado un paso importante en nuestro país. Desconocerlo sería un profundo error. Nosotros experimentamos un salto cualitativo al establecer algún tipo de filtro y una forma metodológica, sistemática, rigurosa, que reconociera los méritos de la persona a la hora de concursar. Creo que el sistema ha sido tremendamente relevante.
De ahí que considero que debemos reconocer y señalar que hemos avanzado en legitimidad y mayor transparencia. Nos hemos procurado un estándar más alto, que va en la línea de lo que todos estamos hablando en esta Sala en cuanto a lograr mayor idoneidad y eficiencia en la renovación de los cuadros directivos del sector público.
Por cierto, no puedo dejar de mencionar que espero que haya todavía más integración de mujeres en las gerencias públicas. Es una cuestión que nos preocupa. Sé del esfuerzo realizado, sé que constituye un particular interés de la Presidenta de la República, pero quisiera mayor presencia femenina en niveles de gerencia pública. A mi juicio, aunque ha habido algunos avances, es un tema aún pendiente.
Reconozco que la entrada de numerosos organismos al Sistema de Alta Dirección Pública (el Consejo para la Transparencia; los jueces tributarios, aduaneros y ambientales; CODELCO) ha sido de gran relevancia para nuestro país. No es un asunto menor.
Ahora bien, todos han señalado que con la alternancia que vivimos -razonable, por lo demás, en una democracia: primero tuvimos cuatro gobiernos consecutivos de la misma coalición, la Concertación de Partidos por la Democracia, luego irrumpió el Gobierno de Sebastián Piñera y después nuevamente asumió la Presidenta Bachelet, ahora con el respaldo de la Nueva Mayoría- se ha percibido con mayor fuerza en la opinión pública la salida de los cuadros directivos.
Entiendo que sea superimportante que los jefes de servicio dispongan de un cierto grado de confianza de la autoridad entrante, para que exista una política más eficiente, más compartida y, evidentemente, profesional, porque también exigimos eficiencia, pero hay niveles donde los funcionarios no tendrían por qué ser removidos por el hecho de producirse alternancia política.
Hay que mirar lo que ocurre en otros países. Entiendo que en España -me lo comentaba el Senador Harboe- los funcionarios de los segundos y terceros niveles no son removidos.
El señor PROKURICA.-
Así es.
La señora ALLENDE.-
Sí los del primer nivel. De ese modo, se va garantizando una masa de personal que permanentemente debe estar capacitándose, para irse profesionalizando cada vez más y darle al Estado lo que ahora yo echo de menos.
Y ya que se encuentra acá el Ministro de Hacienda, le quiero decir que si hay un tema que todavía está en deuda es el referido a la modernización del Estado. Estos son solo avances. Y el mejor ejemplo lo puede graficar, de alguna manera, lo acontecido con el puente Cau Cau. ¿Por qué? Porque hubo una mala licitación, hubo falta de fiscalización y una incapacidad para ir fiscalizando en terreno una obra que eventualmente le va a terminar costando al país más de 18 mil millones de pesos. Es una verdadera locura.
Por eso uno se pregunta por las características del Estado. Y uno debiera darse cuenta de que tenemos muchos problemas.
Hoy se han conocido situaciones -radicalmente diferentes, pero que no dejan de llamar la atención- acerca de enriquecimientos inexplicables. Y uno se pregunta dónde estuvieron las luces de alerta necesarias para fiscalizar y evitar que ello ocurriera. Todos estamos buscando mayor transparencia, mayor probidad y, evidentemente, la continuación de una tradición republicana que para nosotros tiene alto valor. No se entra al servicio público para enriquecerse, sino porque se tiene vocación para generar políticas públicas.
Quería señalar esto, señor Presidente, porque lo considero muy importante.
Nosotros debiéramos buscar la manera de garantizar que haya ciertos niveles (segundo, tercero) que permanezcan, que no vayan rotando con la alternancia política. No así el primer nivel, de jefatura de servicio, en que parece enteramente razonable que los funcionarios que ocupen esos cargos sean de la confianza del gobierno entrante. Quizás de esa manera se lograría una mucho mejor aplicación de las políticas públicas, cuyos responsables de llevar adelante son, precisamente, los jefes de servicio, en función, por supuesto, de las directrices normativas establecidas por los Ministerios.
Quiero reconocer que el proyecto introduce cambios importantes, y es bueno que así sea.
Elimina la figura de los directivos provisionales y transitorios, de los cuales se ha abusado un poco, que son reemplazados por subrogantes legales o por directivos de segundo nivel jerárquico. Lo encuentro sano.
Establece una cuota de hasta doce cargos de primer nivel de la Alta Dirección Pública que el Presidente podrá nombrar directamente en los primeros tres meses de su mandato, lo que le dará mayor flexibilidad y le va a facilitar, claramente, su gestión.
Y hay otros cambios más.
Nosotros pensamos que para hacer cesar en su cargo a una persona al menos se debe esgrimir un fundamento nítido y claro. Y esa debiera ser una norma permanente. O sea, no llegar y decidir que se va porque sí, porque cambió el gobierno, sino que tiene que haber un fundamento que dé mayor rigor.
Por otra parte, considero importante que se otorguen mayores facultades a la Dirección del Servicio Civil y al Consejo de la Alta Dirección Pública para impartir normas más rigurosas a la hora de elaborar los códigos de ética y conducta funcionaria, así como promover el cumplimiento de preceptos de probidad administrativa y transparencia, aspectos que nos están cruzando, como nunca, en estos momentos. Por eso señalaba que era muy relevante que el Estado contara también con organismos fiscalizadores adecuados.
Se incorporarían al Sistema de Alta Dirección una serie de servicios públicos que ahora no están y que no son menores, como el INJUV, el SENAMA, la CONADIS, el FONASA, parte del SENAME, el Servicio Civil, la Dirección General de Obras Públicas, etcétera.
Creo que estas mejoras van a ayudar a generar lo que todos estamos esperando, que es ir generando, cada vez más, una masa de funcionarios públicos de nivel profesional, competentes, que tengan la camiseta puesta por su país, que entreguen lo mejor que han recibido, que aporten toda su experiencia, de modo que podamos aplicar políticas de gran eficiencia, cosa que no siempre ocurre debido a una mala gestión, a atomización, a excesiva burocratización, en fin; son muchas las razones por las cuales uno puede considerar que todavía estamos al debe.
Aquí se mencionó el tema de los funcionarios a honorarios. Por cierto, eso ya no da para más. Debemos ir incorporándolos a las plantas o al menos a los cargos a contrata, porque no es posible tener gente sin derecho a previsión y otros beneficios básicos.
Finalmente, señor Presidente, quiero mencionar una última cosa, aprovechando la presencia del Ministro de Hacienda.
Creo que es algo que comparto con el Senador Prokurica, con quien represento a la Región de Atacama. Hemos debido soportar un paro que se arrastra por más de 60 días. En este momento nuevamente se está conversando. Yo quiero reconocer públicamente que al menos nueve de las diez organizaciones, o diez de la once -depende de cómo se quiera mirar el asunto-, accedieran a deponer el paro para sentarse a dialogar. Es algo extraordinariamente importante. Y espero que salga un resultado positivo de esa conversación.
Quiero hacerles un reconocimiento a los dirigentes, para quienes no ha sido nada de fácil convencer a sus bases para deponer el paro y sentarse a conversar, así como al Gobierno, por mostrar el deseo y la necesaria flexibilidad para sentarse a dialogar.
Ojalá se logre un acuerdo que permita terminar con algo que nos causa un enorme daño como Región y que se ha prolongado demasiado.
Yo hubiese querido que esto lo solucionáramos antes. Pero reconozco el valor de hacerlo ahora, ya que no ha sido nada fácil. Existe una organización que se ha opuesto tenazmente a deponer el paro: la ANEF; no obstante, al menos todas las otras organizaciones sí lo aceptaron, entendiendo que es en el Parlamento donde se ha restablecido el diálogo.
Solamente cabe señalar que espero -tengan confianza en ello- que una conducta razonable como la que tuvieron los dirigentes -y difícil de asumir- obtenga igualmente una respuesta razonable del Ejecutivo a la hora de entender las legítimas peticiones que este movimiento levantó, sobre la base de promesas que desgraciadamente no se cumplieron, como la realización de un estudio, entre otras más.
Por lo tanto, confío en que podamos lograr un acuerdo. Finalmente, señor Presidente, voto a favor de este proyecto esperando que podamos avanzar mejor -como ya lo he planteado- en mantener a los funcionarios de primer nivel en cargos que puedan ser de confianza, pero dejando una masa crítica en cada uno de los servicios.
Una última palabra.
Aquí se ha hablado mucho acerca del costo que el sistema ha significado. Ello habría que revisarlo porque hemos tenido más de 300 mil postulaciones, algo no menor...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminó su tiempo, Su Señoría.
Tiene un minuto adicional para redondear la idea.
La señora ALLENDE.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que hemos tenido más de 300 mil postulaciones -creo que 342 mil-. Esto es muy importante como país y no deja de ser significativo para una institución que creamos.
¡Sin embargo, eso no basta! Debemos saber con qué grado de eficiencia, con qué resultado, con qué consecuencias se ha logrado. ¡Quién realiza el seguimiento que puede demostrarnos que esto ha significado una mejora en la calidad de ese servicio, de esos funcionarios, de esos directivos, de esas políticas! Ello es lo que nos falta en numerosas ocasiones.
Generamos una política, se diseña, se ejecuta, pero después no tenemos el instrumento para realizar el seguimiento que permita verificar el grado de eficacia y eficiencia de dicha política.
Por lo tanto, no es suficiente con decirnos: "Veo más de 342 mil postulaciones", sino que debemos saber el resultado concreto a fin de mejorar la calidad de este país y, sobre todo, la calidad de vida de nuestros ciudadanos y, así, tener un Estado que efectivamente obedezca a los requerimientos del siglo XXI.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, creo que esta discusión es muy importante, sobre todo considerando el rol que juega el Estado en términos generales en nuestro país.
Desde luego, la "Alta Dirección Pública" -como se la conoce popularmente- es un filtro, es una manera de cumplir determinados requisitos mínimos. No obstante, tal como ha quedado demostrado, claramente no son suficientes, en especial en un país como el nuestro en el cual las formas priman con respecto al fondo.
En la Administración Pública existen demasiadas normas, plazos y procedimientos, y se cree que al cumplirlos se obtendrán resultados. Y la verdad es que no es así. Hay casos concretos, como la continuación del Camino Austral, que requieren ciertos avances; pero, por ejemplo, se debe contar con una autorización para un plan de manejo, porque se debe remover determinado número de árboles, lo cual significa considerar 120 días para tomar una decisión y, si en el día 119 se dice que falta un antecedente o bien aparece algo nuevo, deberán transcurrir otros 120 días más.
Lo anterior implica, en un ejemplo práctico, que las obras o los distintos proyectos o emprendimientos, sean chicos, medianos o grandes, que nosotros aprobamos en el Presupuesto, deben sortear un enjambre de laberintos en las direcciones de obras municipales, que resultan francamente asfixiantes.
Tenemos, por otro lado, un Estado que además está desempoderado, que no está haciendo obras, proyectos ni fiscalizaciones por sí mismo. ¡Todo se ha tercerizado!
En otras palabras, para detectar un proyecto se necesita un consultor; para evaluarlo, otro; para llamarlo a licitación, un tercero; después, para evaluar la licitación, otro. Finalmente, llega la adjudicación y una vez que se construye, el consultor equis lo sigue supervisando.
Por lo tanto, el funcionario público es una persona que ve pasar las cosas pero que no las realiza por sí mismo. El Estado ha perdido sistemáticamente la capacidad de hacerlo. Esto se debe a que se ha instaurado la idea de que los privados lo pueden hacer mejor. Sin embargo, en el fondo, tampoco es una garantía para ellos, ya que no existe un juez que se pueda poner en su lugar.
En términos didácticos, esto es como un carabinero -lo digo con el mayor respeto- que dirige el tránsito pero no sabe manejar: el resultado será un taco. O sea, los problemas serán inevitables.
Aquí se han dado algunos ejemplos concretos:
-El puente Cau Cau ha pasado por tres Gobiernos distintos.
-En el caso del puente en Chiloé, habiéndose podido construir un túnel a un tercio del valor y con un impacto ambiental bastante menor, se optó por un puente, porque luce más. Y, así, existen otros factores que se deciden a través de terceros y no por el propio Estado.
-Lo relativo al desborde del Mapocho, ocurrido recientemente.
-En la Región que represento y en la que vivo se hizo un magnífico muelle flotante en Puerto Cisnes, de 10 mil millones de pesos; sin embargo, se construyó en forma articulada, y no pudieron bajar los camiones por más de un año.
En fin, existe una suma de ejemplos inmensa sobre el particular. Por eso, creo que es bueno empezar a darles facultades -¡qué bien que esté acá el señor Ministro de Hacienda!- a capacidades propias dentro del Estado.
Tenemos un Estado no solo minimizado, sino que no está ejerciendo su real potencial.
Pedimos un mejoramiento para los funcionarios públicos, el derecho a percibir la asignación de zona, que es plenamente justa. Pero, a cambio de ello, esperamos un Estado y municipios mucho más productivos, mucho más efectivos; no que al final vean si se cumplen los criterios para obtener determinado bono, considerando requisitos de papeles y no de realidades. Creo que estamos bien perdidos en el rumbo.
En una iniciativa de esta naturaleza es necesario conocer cuál ha sido el desempeño, cuál ha sido el funcionamiento, cuál ha sido el costo y los resultados; porque buscamos personas selectivamente, pero para un Estado -repito- que no cumple su función.
Todavía recuerdo que en el último año de la universidad -tuvimos la oportunidad de hacerlo- se laboraba en Ferrocarriles del Estado, en el Ministerio de Obras Públicas, en ENDESA, en los hospitales públicos. Y realmente la gente entraba a trabajar con un verdadero sentido de servicio público.
Desde luego, el proyecto es un avance, se le harán indicaciones, y esperamos que el Ejecutivo considere algunos de los numerosos temas que hemos planteado.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Estimados Senadores, señor Ministro, esta nueva iniciativa, que en el fondo recoge muchas propuestas que se han presentado durante distintos períodos de Gobierno, avanza en algunos puntos que se han evidenciado en el ir y venir de las coaliciones gobernantes. También recoge algunas de las recomendaciones planteadas por la Comisión Engel, como lo mencionó el Senador Ignacio Walker.
Por lo tanto, considero que es importante avanzar en esta materia. Sin duda, nos gustaría que fuera bastante más, pero creo que va en el camino correcto. Es por eso que voy a votar a favor.
Es relevante también señalar la incorporación de nuevos cargos al sistema; las nuevas funciones que se asignan al Servicio Civil con el objeto de avanzar en la estandarización de la gestión de personas en el Estado; y, sobre todo, la prohibición que se consagra en la designación de las personas que asumen el cargo en calidad de provisionales o transitorios mientras se realiza el concurso, que se ha transformado en la figura utilizada por la autoridad para, de alguna manera, "baipasear" -no digo burlar- durante un tiempo el sistema.
Hoy existen pocos incentivos -tal como lo han manifestado diversos Senadores y Senadoras- para postular cuando alguien está ocupando el cargo en calidad de provisional. Por eso, no más allá del 30 por ciento de quienes lo ocupan no son ratificados; es decir, 70 por ciento de los que se encuentran en esa condición son ratificados, ya sea porque el resto no concursa, o bien, porque no logra pasar el filtro de mérito establecido en el actual sistema. Con razón existe la percepción de que el sistema ratifica nombramientos de la autoridad gobernante.
Con este proyecto se avanza en el fomento del mérito como principal factor al momento de decidir quién ganará el concurso. Se encarece la posibilidad de pedir desvinculaciones -creo que es muy importante- al limitar la posibilidad de designar provisoriamente a quien se quiera mientras se realiza el concurso, lo que indefectiblemente lleva a todos los candidatos a concursar en mayor igualdad de condiciones a cada cargo.
Con relación a las nuevas atribuciones del Servicio Civil, cabe señalar que en su gran mayoría corresponden a labores que actualmente se realizan solo a petición de los servicios, es decir, se requieren firmas de convenios de colaboración entre los organismos que lo demandan y el Servicio Civil.
En consecuencia, lo que busca el proyecto es hacer más fluida la relación entre el Servicio Civil y los demás órganos públicos, a fin de avanzar en lo que queremos todos: la máxima profesionalización y la estandarización de la gestión para las personas que trabajan en el Estado.
La incorporación de nuevos cargos al sistema es una de las constantes que se ven en todos los proyectos de ley presentados con anterioridad.
En este punto cabe destacar que, además de los servicios incorporados en el proyecto de ley presentado al Congreso, el Ejecutivo se allanó a la petición formulada por diversos parlamentarios de Oposición en la Cámara de Diputados, en el sentido de incorporar otros órganos del Estado -por ejemplo, la CONADI, la Dirección del Trabajo- y, además, establecer un mecanismo de selección por medio de la Alta Dirección Pública para los jefes de programas presupuestarios, incluso comprometiendo la presentación de un proyecto de ley que perfeccione los gobiernos corporativos de las empresas públicas con la finalidad de integrar directores independientes elegidos por medio de dicho sistema.
Al respecto, ya tenemos los ejemplos de CODELCO y, también, de ENAP, respecto de la cual el Ejecutivo ya ingresó la iniciativa correspondiente.
La incorporación de nuevos cargos debe mirarse en conjunto con otra norma contenida en el proyecto, relativa al número de ellos que cada autoridad puede seleccionar discrecionalmente cuando asume el Gobierno.
En efecto, la iniciativa pretende sincerar que cada autoridad gobernante requiere un número de personas de confianza, de acuerdo a los énfasis programáticos, al iniciar su mandato.
De esta manera, se reconoce que para las autoridades no todos los cargos son igualmente sensibles desde el punto de vista político, y se le da a cada Administración la posibilidad de poner sus énfasis y, en consecuencia, de nombrar personas de confianza en los cargos que cada una de ellas estime pertinentes.
La propuesta busca, en definitiva, sincerar que existen cargos donde la confianza política pasa a ser el factor determinante, lo cual es flexible dependiendo de los énfasis que tenga cada Gobierno. Pero también avanza en fomentar el mérito por sobre cualquier otro factor, encareciendo la posibilidad de pedir desvinculaciones al limitar la factibilidad de designar provisoriamente -como ya manifesté- mientras se realiza el concurso, lo que lleva a que todos los candidatos puedan postular con mayor igualdad de oportunidades frente a cada cargo.
Como elemento adicional para incentivar la concursabilidad se regula de mejor manera la denominada "Asignación ADP". En efecto, lo que se pretende es ligar el cumplimiento de desempeño a la asignación -cosa que hoy existe-, pero graduando el monto de acuerdo a los tramos de cumplimiento. Es decir, si se cumple en cien por ciento el convenio, se recibe la asignación completa; si los cumplimientos son parciales, también el monto de lo que se recibe por la asignación es parcelado.
El Consejo de Alta Dirección Pública también se ve reforzado, en la medida que se reconoce de mejor manera su rol de garante del sistema: se le asigna la posibilidad de citar a autoridades con el propósito de que den a conocer sus motivos en caso de desvinculaciones -a mi juicio, este es un avance muy importante del proyecto- y se le entrega la responsabilidad de velar para que el Servicio Civil cumpla su labor en relación con los convenios de desempeño.
En definitiva, si bien es posible seguir perfeccionando su texto, dado que estamos votando la idea de legislar, el proyecto constituye una muy buena iniciativa para lograr la modernización del Estado, donde los funcionarios deban ser elegidos por sus méritos y no exclusivamente por su militancia política.
Lo anterior permitirá realizar una mejor gestión a largo plazo, pues se reducirán las desvinculaciones por razones políticas -eso esperamos- ya que su costo será bastante más alto que el de hoy día.
Por lo tanto, en virtud de ello y de todos los antecedentes que se han entregado en la Sala, me parece fundamental que aprobemos, ojalá por unanimidad, la iniciativa que nos ocupa.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (34 votos favorables), dejándose constancia de que se cumplió con el
quorum
constitucional requerido.
Votaron las señoras Allende, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
La Mesa propone fijar plazo para formular indicaciones hasta el viernes 13 de mayo, a las 12.
¿Habría acuerdo?
La señora ALLENDE.-
Perfecto.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Conforme.
--Así se acuerda.
ACCESO DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD AUDITIVA A INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR ONEMI
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Corresponde tratar en segunda discusión particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas para el acceso de la población con discapacidad auditiva a información proporcionada por la ONEMI, con segundos informes de las Comisiones de Salud y de Transportes y Telecomunicaciones, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.353-19) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 73ª, en 10 de diciembre de 2014 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Salud: sesión 28ª, en 16 de junio de 2015.
Salud (segundo): sesión 9ª, en 12 de abril de 2016.
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 9ª, en 12 de abril de 2016.
Discusión:
Sesiones 30ª, en 30 de junio de 2015 (se aprueba en general); 11ª, en 19 de abril de 2016 (queda para segunda discusión en particular).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El proyecto fue considerado en particular por la Comisión de Salud y, luego, por la de Transportes y Telecomunicaciones.
Cabe recordar que la Comisión de Salud propone aprobar en particular, en los mismos términos, el texto aprobado en general por el Senado, y que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, por su parte, no realizó enmiendas a la iniciativa enviada por la de Salud y la acordó en iguales términos.
Asimismo, corresponde hacer presente que en su primer informe la Comisión de Salud juzgó adecuado denominar el proyecto con un nombre más acorde a su contenido, razón por la que sugirió referirse a él como "Proyecto de ley que establece normas para el acceso de la población con discapacidad auditiva a la información que indica, proporcionada a través de concesionarias de radiodifusión televisiva de libre recepción y de permisionarias de servicios limitados de televisión".
Ese tema se dejó pendiente al aprobarse en general la iniciativa, postergándose su resolución hasta la discusión en particular.
Debe hacerse presente, asimismo, que el inciso segundo del artículo 25 del proyecto de ley tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que para su aprobación en particular se requieren 22 votos favorables.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general por el Senado, al que no introdujeron enmiendas ni la Comisión de Salud ni la de Transportes y Telecomunicaciones.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
En la segunda discusión particular del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, pido aplazamiento de la votación.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Muy bien.
--Queda aplazada la votación particular del proyecto.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminado el Orden del Día.
EXTENSIÓN DE HORARIO DE VERANO A TODO EL AÑO EN REGIONES DE AISÉN Y DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. PROYECTO DE ACUERDO
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Ossandón, señoras Allende y Pérez San Martín y señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Larraín, Matta, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Quinteros, Tuma y Patricio Walker.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.860-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 3ª, en 22 de marzo de 2016.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar que se mantenga la extensión del horario de verano durante todo el año para las Regiones de Aisén y de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Nada más, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (14 votos a favor).
Votaron las señoras Allende y Muñoz y los señores Chahuán, De Urresti, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Navarro, Ossandón, Quintana y Quinteros.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, cinco Comités solicitamos una sesión especial para abordar la crisis provocada por la mortandad de salmones y la marea roja que afecta al sur de Chile. Como todos saben, ella no se pudo concretar debido a los funerales de Estado del ex Presidente Patricio Aylwin la semana pasada.
Entonces, consulto a la Mesa cuándo podremos fijar una nueva fecha, dado que la crisis sigue vigente -y creciendo- en la Región de Los Lagos.
El señor LAGOS (Presidente).-
¿Qué propone, señor Senador? Porque, según entiendo, usted es uno de los que solicitaron la sesión.
El señor NAVARRO.-
Que se lleve a cabo este jueves, señor Presidente, en el mismo horario planteado originalmente.
La señora ALLENDE.-
No, señor Presidente.
El señor NAVARRO.-
Aunque, reconociendo la dificultad que existe los jueves, podríamos citar para un día miércoles, de 12 a 13:30, o de 12 a 13 incluso, lo que nos da tiempo más que suficiente para exponer y para escuchar a los personeros de Gobierno de las áreas directamente relacionadas.
El señor LAGOS (Presidente).-
Algunos señores Senadores y señoras Senadoras me han señalado que no hay unanimidad para realizarla este jueves.
Podría ser el jueves de la semana siguiente...
El señor NAVARRO.-
Muy bien, señor Presidente. Es muy necesario tener esa sesión.
El señor LAGOS (Presidente).-
¿Habría unanimidad para ello?
La señora ALLENDE.-
No, señor Presidente. Puede ser el miércoles de 13 a 14...
El señor LAGOS (Presidente).-
Quiero recordar que hubo un acuerdo de Comités -hasta ahora no se ha modificado- en el sentido de que las sesiones especiales se celebrarían los lunes en la tarde o los jueves en la mañana, para no interrumpir la labor de las Comisiones.
El señor NAVARRO.-
Pero eso no es practicable, señor Presidente, porque, como los lunes y los jueves no hay trabajo de Sala, no se facilita la asistencia de los Senadores a las sesiones especiales.
El señor LAGOS (Presidente).-
Sugiero abordar este tema en la reunión de Comités del próximo martes, para tomar una decisión.
¿Les parece?
Acordado.
El señor NAVARRO.-
Gracias, señor Presidente.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN FAVOR DE INDUSTRIA NACIONAL DEL ALAMBRÓN DE ACERO Y SUS SUBPRODUCTOS ANTE COMPETENCIA DESLEAL POR IMPORTACIONES. PROYECTO DE ACUERDO
El señor LAGOS (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Navarro, señoras Lily Pérez y Muñoz y señores Bianchi, Chahuán, De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Letelier, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma y Patricio Walker.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.861-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 3ª, en 22 de marzo de 2016.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El propósito del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas necesarias para evitar que las importaciones de alambrón de acero y los subproductos derivados de este, tales como clavos, alambres y mallas, compitan deslealmente con la producción de la industria nacional.
El señor LAGOS (Presidente).-
En votación.
Se tocarán los timbres para que concurran a votar los señores Senadores que están en Comisiones.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
Falta el Senador señor Chahuán.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
No aparece registrado en la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (12 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa la señora Allende y los señores De Urresti, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Letelier, Navarro, Ossandón, Prokurica, Quintana y Quinteros.
Se abstuvo el señor Lagos.
El señor LAGOS (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Chahuán.
CUMPLIMIENTO DE CONVENCIÓN DE OTTAWA Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE MINAS U OTROS ARTEFACTOS EXPLOSIVOS MILITARES ABANDONADOS O SIN ESTALLAR. PROYECTO DE ACUERDO
El señor LAGOS (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor De Urresti, señoras Allende, Goic y Muñoz y señores Araya, Bianchi, Chahuán, García, Girardi, Guillier, Horvath, Moreira, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma y Patricio Walker.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.863-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 7ª, en 5 de abril de 2016.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, disponga el cabal cumplimiento de la Convención de Ottawa y la asistencia integral de las víctimas de explosiones de minas u otros artefactos explosivos militares abandonados o sin estallar, entre otras materias relacionadas.
El señor LAGOS (Presidente).-
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (16 votos a favor).
Votaron las señoras Allende y Muñoz y los señores Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Lagos, Letelier, Navarro, Ossandón, Prokurica, Quintana y Quinteros.
PROYECTO DE LEY SOBRE INCREMENTO DE ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. PROYECTO DE ACUERDO
El señor LAGOS (Presidente).-
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Hernán Larraín, señoras Lily Pérez y Van Rysselberghe y señores Allamand, Bianchi, Coloma, Chahuán, Espina, García, Guillier, Harboe, Horvath, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica y Andrés Zaldívar.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.864-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 8ª, en 6 de abril de 2016.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, envíe con urgencia al Congreso Nacional una iniciativa de ley que eleve los estándares de protección de datos personales en Chile.
El señor LAGOS (Presidente).-
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (14 votos a favor).
Votaron las señoras Allende y Muñoz y los señores Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Lagos, Letelier, Navarro, Prokurica, Quintana y Quinteros.
El señor LAGOS (Presidente).-
Por haberse cumplido el objeto de la sesión, procederé a levantarla, sin perjuicio de dar curso a los oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, formulándole interrogantes sobre CANCELACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA A CÁMARA FRANCA A.G.
Del señor CHAHUÁN:
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, requiriéndole información acerca de SITUACIÓN DE SEÑOR WILLIAM KENT CLAYTON, CIUDADANO NORTEAMERICANO FORMALIZADO EN VIÑA DEL MAR POR DELITO DE LESIONES.
Del señor DE URRESTI:
Al señor Fiscal Nacional, pidiéndole antecedentes en torno a INVESTIGACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ANTE DAÑO MEDIOAMBIENTAL EN LAGO CHUNGARÁ POR ACUMULACIÓN DE DESECHOS TÓXICOS y solicitándole remisión de datos relativos a TRABAJO DE MINISTERIO PÚBLICO, PDI Y UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO EN MARCO DE PROYECTO FONDEF "BOTÁNICO FORENSE PARA INVESTIGACIÓN POLICIAL".
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro de Hacienda, planteándole ENVÍO DE PROYECTO SOBRE NO INCIDENCIA DE PENSIONES EN DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA.
Al señor Alcalde de Temuco, sugiriéndole REBAJA O EXENCIÓN DE PAGO DE DERECHO DE ASEO A PERSONAS PENSIONADAS O DE TERCERA EDAD.
Al señor Alcalde de Freire, para que se informe acerca de FACTIBILIDAD DE REGULARIZACIÓN DE TERRENO EN COMUNIDAD JUAN CAYUPI-JUAN CALFUMÁN, SECTOR QUEPE.
Al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, a fin de solicitar INSPECCIÓN DE PASO DE CABLES DE ELECTRICIDAD POR LOTEO VILLA ALTOS DEL SOL, CAMINO TEMUCO-LABRANZA.
Al señor Director Regional de Vialidad de La Araucanía, con el objeto de pedir ASFALTADO DE CAMINO PELAHUEN-TROMÉN, SECTOR BOYECO, KILÓMETRO 12 CAMINO TEMUCO-CHOLCHOL, y PRECISIÓN EN CUANTO AENROLAMIENTO DE CAMINO PELAHUEN-TROMÉN CON CARÁCTER DE PÚBLICO, como también CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN CAMINO HUICHAHUE, DESDE QUEPE HASTA PUENTE HUICHAHUE, COMUNA DE FREIRE.
Y al señor Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de La Araucanía, para consultar por PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS EN CARRETERA 5 SUR, FRENTE A JUNTA DE VECINOS SAN ANTONIO, COMUNA DE LONCOCHE, Y VÍA DE ACCESO A POBLACIÓN SAN ANTONIO DE LONCOCHE.
Del señor GUILLIER:
A los señores Ministros del Interior y Seguridad Pública, y de Hacienda, para preguntar por RAZONES DE EXCLUSIÓN DE PERSONAL DE MINISTERIO PÚBLICO TANTO DE ASIGNACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE ATACAMA COMO DE MESA DE NEGOCIACIÓN CON GOBIERNO, Y POSIBILIDAD DE INCORPORARLO AL BENEFICIO.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública y a la señora Subsecretaria General de la Presidencia, solicitándoles información sobre FECHA DE INGRESO A PARLAMENTO DE PROYECTO DE LEY SOBRE MIGRACIÓN.
Y al señor Ministro de Hacienda y a la señora Subsecretaria General de la Presidencia, pidiéndoles que indiquen FECHA DE ENVÍO DE PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE MECANISMO PERMANENTE DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIO DEL COBRE.
Del señor HORVATH:
A la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos; al señor Director Nacional de Gendarmería; a la señora Directora Nacional del Instituto de Derechos Humanos; a la Seremi de Justicia de Aisén y al señor Director de Gendarmería de Aisén, para que se investigue DENUNCIA DE FAMILIARES DE ALGUNOS IMPUTADOS Y PRIVADOS DE LIBERTAD RELATIVA AHECHOS ANORMALES OCURRIDOS EN UNIDADES CARCELARIAS, PARTICULARMENTE EN COIHAIQUE.
Del señor NAVARRO:
A los señores Ministros del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo; a la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, y al señor Fiscal Nacional, para que indiquen NÚMERO DE CHILENOS INVOLUCRADOS PRELIMINARMENTE EN CASO "PAPELES DE PANAMÁ" Y CÓMO ELLO HA AFECTADO AL ESTADO CHILENO.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, para que remita información relativa a FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y ESTRATÉGICA DE INSTALACIÓN DE CUARTEL PARA FUERZAS ESPECIALES DE CARABINEROS EN DEPENDENCIAS DE EX LICEO TÉCNICO DE PAILAHUEQUE, COMUNA DE ERCILLA.
A los señores Ministros de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo, solicitándoles LISTADO DE EXTRANJEROS MIEMBROS DE DIRECTORIOS DE EMPRESAS QUE FUNCIONAN EN TERRITORIO NACIONAL.
A la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, con el fin de que indique cuáles son los PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DE LLAMADOS DE RECLUSOS Y MEDIOS TÉCNICOS PARA SU DETECCIÓN Y BLOQUEO POR GENDARMERÍA.
A la señora Ministra de Educación, para que remita COPIA DE INFORME DE TRANSPARENCIA CITADO EN ARTÍCULO QUE SE INDICA.
A la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, pidiéndole precisar IMPACTO DE ÚLTIMA CRISIS DE SALMÓN EN REGIÓN DE LOS LAGOS, así como SITUACIÓN CONTRACTUAL Y CUMPLIMIENTO DE DERECHOS LABORALES DE 251 DESPEDIDOS DE PLANTA DE PROCESAMIENTO DE EMPRESA CAMANCHACA EN COMUNA DE TOMÉ.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, requiriéndole diversos antecedentes acerca de FALLA DE SERVICIO DE BIOTRÉN EN TRAMO CONCEPCIÓN-CORONEL EL 7 DE ABRIL DE 2016; COSTO PROMEDIO Y FISCALIZACIÓN DE CORRECTA MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE VEHÍCULOS, y MOTIVO DEFALTA DE ASCENSOR EN ESTACIÓN DE METRO EL LLANO.
Al señor Ministro de Agricultura, para que entregue información relativa a MOTIVOSPARA DISMINUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROGRAMA DE INDAP PARA APOYO A AGRICULTORES DE QUILLÓN.
Al señor Ministro del Medio Ambiente, para que remita antecedentes sobre PLAN DE PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE CHILLÁN Y CHILLÁN VIEJO.
Al señor Director Nacional del Servicio Civil, requiriéndole diversas informaciones relativas a RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL MEDIANTE SISTEMA DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
Y a cada uno de los señores Ministros y Alcaldes del país, solicitándoles dar a conocer NÚMERO TOTAL DE EXTINTORES EN SUS DEPENDENCIAS Y COSTO ANUAL DE SU MANTENCIÓN.
Del señor OSSANDÓN:
Al señor Ministro de Hacienda, pidiéndole antecedentes acerca de MECANISMOS Y PLANES DE CAPACITACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Al señor Ministro de Obras Públicas, para que informe sobre CONTRATOS DEL MINISTERIO CON EMPRESA ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES, ESPECIALMENTE EN RELACIÓN CON INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS EN NUDO VIAL KENNEDY-ROTONDA PÉREZ ZUJOVIC, DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CAU-CAU Y DE HOSPITAL EL CARMEN DE MAIPÚ; y dar a conocer todos los CONTRATOS DEL ESTADO CON EMPRESA AZVI CHILE, INDICANDO MONTOS EN DINERO DE CADA UNA DE LAS OBRAS EJECUTADASY DE MULTAS CURSADAS POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.
Y al señor Presidente de BancoEstado, consultándole sobre MEDIDAS APLICADAS POR LA INSTITUCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN RELATIVA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD.
Del señor PROKURICA:
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Salud de Atacama, a fin de que informe sobre RESULTADOS DE ESTUDIOS TOXICOLÓGICOS O DE PRESENCIA DE METALES PESADOS EN TERRENOS DE SECTOR DE LA FLORIDA, COMUNA DE TIERRA AMARILLA.
Y al señor Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Atacama, consultándole sobre FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN TERRENO DE 35 HECTÁREAS UBICADO EN SECTOR DE LA FLORIDA, COMUNA DE TIERRA AMARILLA.
Del señor TUMA:
Al señor Ministro de Defensa Nacional y al señor Ministro de Bienes Nacionales, pidiéndoles informar sobre BIENES INMUEBLES FISCALES DESTINADOS A LAS FUERZAS ARMADAS QUE NO REVISTEN EL CARÁCTER DE RESERVADOS, NÚMERO DE LOS TRASPASADOS A SERVICIOS DE BIENESTAR Y CATASTRO DE AQUELLOS DECLARADOS PRESCINDIBLES DESDE 1990 A LA FECHA.
Y al señor Ministro de Hacienda, solicitándole considerar CONSOLIDACIÓN DE CATASTRO DE BIENES FISCALES DESTINADOS A LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN Y SEGURIDAD QUE SE CONSIDERAN PRESCINDIBLES, INCORPORACIÓN DE GLOSA EN PRESUPUESTO DE 2017 PARA PROMOVER USO EFICIENTE DE TALES BIENES E INGRESO A CONGRESO NACIONAL DE PROYECTO QUE PROMUEVA ESE USO EFICIENTE.
)-------------(
El señor LAGOS (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:15.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción