Click acá para ir directamente al contenido
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 21ª, en martes 7 de junio de 2016
Ordinaria
(De 16:19 a 19:18)
PRESIDENCIA DE SEÑORES RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE,
Y JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores (as):
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán; Secretario General de Gobierno, señor Marcelo Díaz Díaz, y de Transportes y Telecomunicaciones, señor Andrés Gómez-Lobo Echenique.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor LAGOS (Presidente).- Las actas de las sesiones 19ª, ordinaria, en 31 de mayo de 2016, y 20ª, ordinaria, en 1 de junio de 2016, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor LAGOS (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Seis de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira la urgencia que hiciera presente para la tramitación del proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales (boletín N° 6.259-09).
Con el segundo retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que repone facultades del Servicio Electoral (boletín N° 10.716-06).
Con los cuatro siguientes hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El que modifica el Código Penal, en lo tocante a la tipificación del delito de tortura (boletín N° 9.589-17).
2) El que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (boletines números 9.692-07 y 9.669-07, refundidos).
3) El que tipifica el delito de corrupción entre particulares y modifica disposiciones del Código Penal relativas a delitos funcionarios (boletines números 9.956-07 y 10.155-07, refundidos).
4) El que crea la Decimosexta Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata (boletín N° 10.277-06).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado el proyecto de reforma constitucional que incorpora, dentro de las inhabilidades para ser candidato a Diputado o Senador, la circunstancia de ser juez de policía local (boletín N° 9.941-07).
Con el segundo expresa que dio su aprobación al proyecto de ley que tipifica el delito de corrupción entre particulares y modifica disposiciones del Código Penal relativas a delitos funcionarios (boletines números.9.956-07 y 10.155-07, refundidos) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el tercero señala que aprobó, con las enmiendas que indica, el proyecto de ley, despachado por el Senado, relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (boletín N° 7.963-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y a la de Hacienda, en su caso.
De la Excelentísima Corte Suprema:
Emite su parecer, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, sobre el proyecto de ley que repone facultades del Servicio Electoral (boletín N°10.716-06).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Adjunta resolución dictada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 9°, inciso tercero, del decreto ley N° 2.695, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella.
--Se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Defensa Nacional:
Responde inquietud, planteada en nombre del Honorable señor Navarro, por el aterrizaje de un helicóptero con camuflaje en Tranaquepe, comuna de Tirúa, lo que habría provocado inquietud en una zona altamente conflictiva.
De la señora Ministra de Salud:
Atiende solicitud de información, remitida en nombre del Honorable señor Navarro, respecto de la inclusión de la psicoterapia, con profesionales acreditados, en el plan AUGE.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo:
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Honorable señor De Urresti, acerca de estado actual del proyecto Circunvalación Sur, que beneficiará a cuatro comités de vivienda de la ciudad de Valdivia.
Del señor Subsecretario de Justicia:
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Honorable señor Harboe, atinente a cifras totales de beneficiarios del otorgamiento de libertad condicional durante el año 2016.
Del señor Intendente de la Región de La Araucanía:
Atiende consulta, expuesta en nombre del Honorable señor Espina, por atraso en el proyecto de reposición del Liceo Politécnico de la comuna de Curacautín.
Del señor Alcalde de Calbuco:
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Honorable señor Navarro, relativa a número total de extintores en dependencias correspondientes de su comuna.
Del señor Alcalde de Valdivia:
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Honorable señor De Urresti, en cuanto a la intervención del cauce de humedal en el sector isla Teja de esa comuna.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal:
Responde inquietud, manifestada en nombre del Honorable señor Espina, concerniente al mal estado en que se encuentra la ruta 336-H 69 y al peligro que reviste el sector denominado "Casa de Lata".
De la señora Presidenta del Consejo Superior de Ciencia, Programa FONDECYT:
Envía información explicativa de la necesidad de que ese Programa cuente con un mayor presupuesto.
De la señora Directora Ejecutiva del Sistema de Empresas (SEP):
Remite Informe de Gestión del año 2015 del SEP y evaluación de convenios de programación correspondiente a empresas EFE, METRO y ENAER.
De la señora Directora del SERVIU de la Región de Antofagasta:
Atiende consulta, formulada en nombre del Honorable señor Guillier, tocante a terrenos disponibles para proyectos habitacionales en la comuna de Tocopilla.
Del señor Gerente General del Metro S.A.:
Entrega respuesta a solicitud de antecedentes, expedida en nombre del Honorable señor Ossandón, sobre la utilización de fondos recaudados por concepto de alza en pasajes del Metro en el mes de febrero recién pasado.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informe
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en la designación de un integrante del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, conforme a lo dispuesto en el artículo 6°, letra b), de la ley N° 20.405 (boletín N° S 1.865-13).
--Queda para tabla.
Mociones
De los Honorables señores Araya, Matta, Pizarro y Patricio Walker, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar, para limitar la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento respecto de los delitos cometidos dentro del contexto de la violencia intrafamiliar (boletín Nº 10.729-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
De los Honorables señores Quintana, Montes, Rossi e Ignacio Walker, con la que inician un proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, con el objetivo de evitar el exceso de tareas escolares para ser realizadas en el domicilio de los estudiantes (boletín N° 10.730-04).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
Del Honorable señor Lagos, con la que inicia un proyecto de reforma que deroga el inciso final del artículo 13 de la Constitución Política de la República, a fin de suprimir el requisito de avecindamiento para el ejercicio de la ciudadanía de los chilenos nacidos en el extranjero o nacionalizados por ley (boletín Nº 10.731-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyectos de acuerdo
De las Honorables señoras Allende y Muñoz y los Senadores señores Coloma, De Urresti, Espina, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma e Ignacio Walker, con el cual le solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, considere hacer públicas las conclusiones de la Comisión Asesora Presidencial sobre la Discapacidad (boletín N° S 1.880-12).
Del Honorable señor De Urresti, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Pérez San Martín, y de los Honorables señores Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Larraín, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma y Patricio Walker, con el que le solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, elabore y remita a tramitación legislativa un proyecto de ley que regule diversos aspectos sobre el cambio climático (boletín N° S 1.881-12).
Del Honorable señor De Urresti, de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Pérez San Martín, y de los Honorables señores Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Larraín, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Tuma e Ignacio Walker, con el que le solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, se considere incluir a los trabajadores suplementeros de Chile entre los postulantes al reconocimiento de Tesoros Humanos Vivos 2016 (boletín N° S 1.882-12).
--Quedan para ser votados en su oportunidad.
Comunicación
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con la que solicita el acuerdo de la Sala para discutir en general y en particular, en el trámite del primer informe, el proyecto de ley que modifica el Código Penal, en lo tocante a la tipificación del delito de tortura (boletín N° 9.589-17) (con urgencia calificada de "simple").
--Se accede a lo solicitado.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar miembro del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego al señor Luis Eduardo Bresciani Lecannelier (boletín N° S 1.869-05).
De la Comisión Especial Encargada de Conocer Proyectos Relativos a Probidad y Transparencia, recaído en el proyecto de ley que repone facultades del Servicio Electoral (boletín N° 10.716-06) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Quedan para tabla.
El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Puede intervenir el Honorable señor Ossandón.
)-----------------(


SOLICITUD A EJECUTIVO ANTE INADMISIBILIDAD DE MOCIÓN

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, en la sesión ordinaria del martes recién pasado se dio cuenta de la declaración de inadmisibilidad de una moción que presenté con mis Honorables colegas Tuma y Lily Pérez.
Se trata de un proyecto tendiente a prorrogar por seis meses la obligación de pequeños y medianos comerciantes en orden a emitir sus facturas en formato electrónico, para que puedan hacerlo en papel hasta que se logren adaptar al nuevo sistema. El objetivo es favorecer a medianas, pequeñas y microempresas.
La Secretaría del Senado estimó que el texto trata directamente de tributos, por lo que debe tener origen en la Cámara de Diputados y ser una materia de iniciativa exclusiva de la Primera Mandataria.
Nuestros asesores estudiaron a fondo el tema y revisaron fallos del Tribunal Constitucional y la opinión de juristas. La conclusión, recogida en un documento de ocho páginas enviado a la Secretaría, es que nuestra moción resulta admisible.
La verdad es que solo se modificaría un procedimiento administrativo del IVA: el formato electrónico o en papel que debe corresponderle a la factura. O sea, no se afectaría la potestad tributaria del Estado para crear, modificar o eliminar un impuesto o determinar elementos esenciales de los gravámenes. Nuestra iniciativa no hace ninguna de estas cosas, sino que solo aumenta el plazo para que comerciantes medianos y pequeños puedan seguir usando -repito- el formato en papel.
Los autores del texto mantenemos una diferencia evidente con la Secretaría, entonces, en cuanto a cómo interpretar el artículo 65 de la Constitución.
Por eso, le pedimos a la Mesa recabar de la Sala una reconsideración de la medida, para que se vote el darle tramitación al proyecto y que pase a estudiarse a la Comisión que corresponda.
Los beneficiarios serán los pequeños y medianos comerciantes.

El señor LAGOS (Presidente).- Hay dos cursos de acción, Su Señoría. Una alternativa es votar, como usted plantea, sin perjuicio de que el Presidente que habla dé su parecer, y la otra, eventualmente pedir un pronunciamiento -puede ser un sistema un poquito más engorroso, pero no menos importante- de la Comisión de Constitución. No es algo de común ocurrencia.
En todo caso, más allá de simpatizar o no con la idea, que no es la cuestión de fondo -esta dice relación con la inadmisibilidad o no-, creo que la moción no es admisible, por cuanto se trata de una atribución exclusiva de la Primera Mandataria, y que se afecta el aspecto tributario al establecerse plazos distintos en cuanto a los créditos.
Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, considero que el procedimiento de recurrir al órgano técnico mencionado sería bastante más largo, ya que enfrenta mucho trabajo.
Lo ideal sería pedirle al Ejecutivo que patrocinara el proyecto. No sé si le parece adecuado.

El señor LAGOS (Presidente).- Ello ni siquiera se me ocurrió plantearlo, por partir de la base de que la gestión ya se había hecho.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Que la solicitud se realice en nombre del Senado.

El señor LAGOS (Presidente).- Sugiero fijar un plazo más que prudente para formularla y ver si es posible el patrocinio.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Conforme.

El señor LAGOS (Presidente).- Espero obtener una respuesta a la brevedad.

El señor BIANCHI.- Perfecto.

El señor LAGOS (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, de todos modos, algunos pensamos que la moción es admisible. En el evento de que el Ejecutivo no acogiera la petición, la Sala podría resolver la próxima semana.

El señor COLOMA.- Ello se verá en su momento.

El señor LAGOS (Presidente).- Sus Señorías están en su derecho en cuanto a someter o no a votación la admisibilidad.
Si no hay objeciones, se procederá en la forma señalada por la Mesa.
Acordado.
)---------------(

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Matta.

El señor MATTA.- Señor Presidente, solicito, en virtud de un acuerdo de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, extender hasta el 4 de julio próximo el término para presentar indicaciones al proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional (boletín N° 6.191-19).

El señor LAGOS (Presidente).- Entiendo que el plazo aún no ha vencido, pues se había fijado el 13 de junio para tal efecto.

El señor MATTA.- Así es.

El señor LAGOS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá.
Acordado.


ACUERDOS DE COMITÉS

El señor LAGOS (Presidente).- Puede intervenir el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión del día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Tratar como si fuera de Fácil Despacho, en la presente sesión ordinaria, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que repone facultades del Servicio Electoral.

2.- Considerar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 8 del presente, el proyecto, en primer trámite constitucional, que otorga al personal asistente de la educación que indica una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional por antigüedad y las compatibiliza con los plazos de la ley N° 20.305, que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo en sus pensiones.

3.- Crear una Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños y adolescentes, integrada por cinco miembros, la que tendrá un plazo de seis meses, contado desde la fecha de su constitución, para cumplir su cometido.
Nada más.
V. ORDEN DEL DÍA



REPOSICIÓN DE FACULTADES DE SERVICIO ELECTORAL


El señor LAGOS (Presidente).- Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en mensaje y en primer trámite constitucional, que repone facultades del Servicio Electoral, con informe de la Comisión Especial Encargada de Conocer Proyectos Relativos a Probidad y Transparencia y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.716-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 19ª, en 31 de mayo de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia: en sesión 21ª, en 7 de junio de 2016.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los principales objetivos de la iniciativa son los siguientes:
-Entregarle al Servicio Electoral el conocimiento y la sanción de las infracciones en materia de propaganda electoral.
-Establecer que el Servicio Electoral impondrá las sanciones por la infracción de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, con excepción del comiso, de la suspensión o la disolución de una colectividad o de la inhabilidad para cargos directivos, casos de los cuales conocerá en primera instancia un miembro del Tribunal Calificador de Elecciones.
La Comisión discutió el proyecto en general y en particular a la vez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, y, por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores De Urresti, García, Harboe, Pérez Varela e Ignacio Walker, acogió la idea de legislar, registrándose la misma unanimidad para la aprobación en particular.
Cabe hacer presente que los artículos 1o y 2o son de rango orgánico constitucional y requieren 21 votos para su aprobación.
El texto propuesto se consigna en el informe y el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más.
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión general y particular a la vez.

Puede intervenir el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, me parece muy bien la creación de una Comisión Especial para sacar adelante los distintos desafíos de la protección a la infancia.
Sin embargo, el que sea de cinco integrantes automáticamente dejaría fuera a los Senadores independientes, por lo que pido que ello se revise.

El señor LAGOS (Presidente).- Estamos en el primer proyecto del Orden del Día, Su Señoría.

El señor HORVATH.- Levanté la mano para referirme a los acuerdos de Comités que se leyeron.

El señor LAGOS (Presidente).- Le sugiero que eso lo plantee en la próxima reunión de Comités. Se ha visto en dos oportunidades el tema y no corresponde analizarlo ahora, cuando ya hemos iniciado la discusión de un proyecto.

El señor HORVATH.- Me parece.
De todas maneras, dejo levantado el punto para la próxima reunión.

El señor LAGOS (Presidente).- Muy bien.
Solamente para efectos del registro, eso ya me lo había planteado bilateralmente acá, y ahora queda para todo Chile.

El señor HORVATH.- ¡Y el mundo...!

El señor BIANCHI.- ¡Y el exterior...!

El señor MOREIRA.- ¿Eso fue una ironía, Presidente?

El señor HORVATH.- No. ¡Fue una realidad!

El señor BIANCHI.- ¡El Presidente jamás hace ironías...!

El señor LAGOS (Presidente).- Señor Secretario, le solicito que por favor haga una síntesis del contenido del proyecto.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Se trata del proyecto que repone facultades al Servicio Electoral, al cual el Ejecutivo le colocó urgencia de "discusión inmediata".
La Comisión Especial de Probidad y Transparencia lo aprobó en general y en particular por unanimidad y para su aprobación se requieren 21 votos favorables, por cuanto sus artículos 1° y 2° son de rango orgánico constitucional.
El texto que se propone aprobar figura en las páginas 4 y 5 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

El señor LAGOS (Presidente).- Gracias, señor Secretario.
¿Algún señor Senador quiere hacer uso de la palabra?
Me la ha pedido el Honorable señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, imagino que habrá que informar el proyecto. Intentaré hacer una presidencia accidental de la Comisión.
Por su intermedio, señor Presidente, deseo contarles a las señoras y los señores Senadores que este proyecto de ley fue iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República y tiene urgencia calificada de "discusión inmediata".
Sus objetivos son entregar al Servicio Electoral el conocimiento y sanción de las infracciones en materia de propaganda electoral y establecer que el SERVEL va a imponer sanciones por infracción a la Ley de Partidos Políticos, con excepción de los casos en que la sanción corresponda al comiso, suspensión o disolución de un partido político o a la inhabilidad para desempeñar cargos directivos, los que conocerá en primera instancia un miembro del Tribunal Calificador de Elecciones.
Es preciso recordar que este proyecto viene a complementar las modificaciones que recientemente fueron despachadas en materia de Servicio Electoral, procedimiento y gasto electoral.
Cabe hacer presente que los artículos 1° y 2° tienen el rango de leyes orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio, de conformidad con el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
El artículo 1°, vinculado con los artículos 18 y 94 bis de la Carta Fundamental en materia de votaciones populares y escrutinios y con el Servicio Electoral y Justicia Electoral, también está relacionado con las atribuciones de los tribunales de justicia. A este respecto, oportunamente se consultó a la Excelentísima Corte Suprema mediante oficio N° 137, de fecha 31 de mayo de 2016, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Fundamental y en el artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. El Máximo Tribunal emitió su informe a través del oficio N° 72-2016, de 6 de junio del año en curso.
Por su parte, el artículo 2° dice relación con los artículos 19, N° 15°, inciso quinto, y 94 bis de la Constitución, relativos a los partidos políticos y al Servicio Electoral y la Justicia Electoral.
A las sesiones en que la Comisión estudió esta iniciativa de ley asistieron, además de sus miembros, el Ministro Secretario General de la Presidencia, don Nicolás Eyzaguirre Guzmán; el Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales, don Gabriel de la Fuente; la Coordinadora de la División Jurídico Legislativa, doña Valeria Lubbert; los asesores señora María José Solano y señor Giovanni Semería; la asesora del Comité del Partido Demócrata Cristiano doña Constanza González; el jefe de gabinete del Senador Ignacio Walker, don Javier Igor, y la Subsecretaria General de la Presidencia, doña Patricia Silva.
Para el debido estudio de esta reforma legal se tuvieron en consideración, entre otros antecedentes, la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y la ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos.
El mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República destaca la aprobación de dos iniciativas legales cuya tramitación finalizó conjuntamente el día 27 de enero de 2016 y que fueron publicadas, el 14 de abril de este año, la ley N° 20.900, sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, y al día siguiente, la ley N° 20.915, sobre modernización de los partidos políticos. Mediante estas normativas se dotó de mejor calidad a la actividad política, ya que crean las condiciones para una democracia más fuerte y transparente, limitando la influencia del dinero en la política.
Una de ellas es la ley que profundiza el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización, la cual pone énfasis en el rol de esas colectividades en la vida democrática, más allá del mero objetivo electoral. Entre otras cosas, establece cambios que modernizan su procedimiento de constitución, define reglas básicas de democracia interna para su organización y selección de autoridades, determina equilibrios de género dentro de sus organismos directivos y consagra deberes de transparencia en los partidos.
Por su parte, la ley para el fortalecimiento y transparencia de la democracia aborda de forma más densa y profunda la regulación de las campañas electorales y el control del gasto electoral de los candidatos. Finalmente, esta ley reformó la estructura, funciones y atribuciones del Servicio Electoral, para que todas las nuevas regulaciones en materia de financiamiento y gasto electoral, campañas electorales y funcionamiento de partidos políticos pudieran ser fiscalizadas por aquel organismo de manera eficaz.
Agrega el mensaje que el Tribunal Constitucional, en su sentencia rol N° 2981-16-CPR, declaró inconstitucional una norma del proyecto de ley para el fortalecimiento de la democracia, puesto que consideró que adolecía de un vicio de forma en razón de que no fue consultada a la Corte Suprema, conforme a lo exigido por el artículo 77 de la Constitución Política.
Si bien dicho proyecto de ley sí fue sometido a consulta del Máximo Tribunal de la República por el Congreso Nacional, el Tribunal Constitucional estimó que se requería una consulta específica sobre aquella norma, la que no se había realizado en tales términos.
En consecuencia, la presente iniciativa legal tiene por objeto reponer el precepto en cuestión y salvar el vicio de forma determinado por el Tribunal Constitucional.
La disposición aludida dice relación con competencias del Servicio Electoral para conocer y aplicar sanciones por infracciones en materia de propaganda electoral. Vale decir, se le entregan atribuciones al referido organismo para conocer de procedimientos sancionatorios específicos que antes estaban radicados en los juzgados de policía local.
El texto del proyecto, correspondiente al boletín N° 10.716-06, consta de dos preceptos: el artículo 1° modifica el artículo 144 de la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios con la finalidad de entregar al SERVEL el conocimiento y la facultad de sancionar las infracciones en materia de propaganda electoral, y el artículo 2° enmienda el artículo 56 de la Ley de Partidos Políticos con el objeto de establecer que las sanciones por la inobservancia de la ley serán impuestas por el Servicio Electoral, agregando que, en el caso de que la sanción corresponda al comiso, suspensión o disolución de un partido o inhabilidad para ocupar cargos directivos, será un miembro del Tribunal Calificador de Elecciones el que conocerá en primera instancia.
El Ministro Secretario General de la Presidencia, don Nicolás Eyzaguirre Guzmán, precisó que la modificación al artículo 144 de la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios tiene por objeto que el Servicio Electoral conozca de las infracciones en materia de propaganda electoral y no los juzgados de policía local. En cuanto a la enmienda a la Ley de Partidos Políticos, comentó que en el diseño establecido respecto del SERVEL se regula tanto el debido proceso para fiscalizar las normas que rigen a los partidos políticos, donde sanciona dicho Servicio, como la apelación, que se efectúa ante el Tribunal Calificador de Elecciones, pero que esta materia quedó redactada en forma inadecuada en la mencionada ley, por lo que se propone hacer la corrección pertinente.
Por otra parte, la Coordinadora de la División Jurídico Legislativa, doña Valeria Lubbert, previa autorización del señor Ministro, recordó que desde el año 2008 basta la consulta a la Corte Suprema para cumplir el trámite constitucional y, en lo que atañe al artículo 144 de la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios, señaló que dicha Corte sí se pronunció a su respecto, pero que el Tribunal Constitucional estimó que la consulta no había sido específica, por lo cual la normativa adolecía de un vicio formal.
Puesto en votación en general y en particular, luego de importantes intervenciones por parte de los miembros de la Comisión, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores De Urresti, García, Pérez Varela, Ignacio Walker (Presidente de dicha instancia) y quien habla.
En virtud del acuerdo adoptado por dicho órgano especial, se propone aprobar la iniciativa legal sometida a la consideración de la Sala.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Muchas gracias, Senador Harboe.
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).- Señor Secretario.

El señor COLOMA.- ¿Señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, una cosa es que el proyecto sea de fácil despacho y otra que sea sin discusión.
Simplemente quiero plantear que esta es una iniciativa ultraurgente, porque enfrenta una situación que hoy día está ocurriendo en algunas primarias, en donde quien se ve afectado -en teoría, por lo menos- por el uso de propaganda de otro candidato que desde su perspectiva no se halla en conformidad a la ley, en la práctica no posee un instrumento hábil al cual recurrir. Es una realidad que yo he podido apreciar.
La ley original establecía que esos reclamos debían presentarse ante el Servicio Electoral. Eso era correcto y se había definido de buena manera. Lo que pasa, como ya se ha explicado, es que el Tribunal Constitucional interpretó -todas las cosas son interpretables- que la consulta respecto de estas facultades del SERVEL no podía ser tácita ni entenderse otorgada de una respuesta ya dada por la Corte Suprema, sino que debía ser una consulta especialmente formulada al efecto.
¿En qué se tradujo aquello? En que el Servicio Electoral hoy no recibe reclamos. Yo lo he podido ver. Dicen que uno tiene que ir a reclamar ante el juez de policía local correspondiente, el que, como sabemos, es nombrado por el alcalde de una terna que presenta la Corte de Apelaciones respectiva. Obviamente, cuando está involucrada una candidatura municipal, ese esquema, para estos efectos, no es el óptimo.
Entonces, señor Presidente, simplemente quería destacar que no es que haya habido un error en la concepción original de la ley que establecía dicha facultad para el SERVEL, el cual, dicho sea de paso, no va a dar abasto, por lo que hemos visto en estos primeros días, para enfrentar de buena manera una contienda electoral. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, en uso de sus facultades, interpretó que la consulta a la Corte Suprema debía ser específica y, por tanto, declaró inconstitucional la norma en cuestión, quedando una ley diseñada con un efecto A cuyo instrumento de fiscalización, que era el SERVEL, quedaba inhabilitado. En la práctica, quedaba con escaso control.
Por eso es importante que nadie crea que esto surgió a posteriori, a partir de un problema. No. Estaba concebido originalmente pero, al caerse desde un punto de vista constitucional, hubo que reponerlo por esta vía especial y de ultratrámite. Y por eso también es importante que sea despachado el día de mañana por la Cámara de Diputados, para que sea ley inmediatamente y alcance, ojalá, a aplicarse a las primarias del 19 de junio, de tal manera que, si alguien tiene algún reclamo que hacer -no me cabe duda de que los hay- tenga la institucionalidad funcionando. Porque una de las cosas más frustrantes que puede haber -lo viví con varios candidatos- es tener la sensación de que existe determinada institucionalidad y encontrarse con que no hay una fórmula adecuada para reclamar.
Este proyecto compensa tal situación y repone lo que estaba diseñado originalmente, y por eso tiene sentido su aprobación en la forma rápida en que se ha solicitado.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Muy bien.
Consulte señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (26 votos a favor), y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.




EMISIÓN DE MEDIOS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDOS POR ENTIDADES NO BANCARIAS


El señor LAGOS (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que permite la emisión de medios de pago con provisión de fondos por entidades no bancarias, con informe e informe complementario de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.197-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 43ª, en 12 de agosto de 2015 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Hacienda: sesión 12ª, en 3 de mayo de 2016.
Hacienda (complementario): sesión 20ª, en 1 de junio de 2016.
Discusión:
Sesión 13ª, en 4 de mayo de 2016 (vuelve a la Comisión de Hacienda para un informe complementario).

El señor LAGOS (Presidente).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Hacienda.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es potenciar la inclusión financiera de los sectores de menores ingresos de la población al promover y facilitar su acceso a los medios de pago electrónico mediante el desarrollo de instrumentos de pago con provisión de fondos o prepago que no sean solo extendidas por entidades bancarias que permiten almacenar fondos en forma previa, ya sea en tarjetas, cuentas de internet, teléfonos móviles o cualquier otro soporte.
Cabe recordar que la Comisión de Hacienda consigna, en su primer informe, que discutió este proyecto en general y en particular en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 3 de marzo de 2016 y que aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Coloma, García, Montes, Tuma y Zaldívar.
Conviene recordar, asimismo, que en sesión de fecha 4 de mayo de 2016 la Sala acordó remitir el proyecto a la Comisión de Hacienda para un informe complementario.
La referida Comisión aprobó el proyecto en particular con diversas enmiendas que acordó con las distintas votaciones que consigna en su informe.
Se hace presente que el artículo 2°; el artículo 3°, nuevo; el inciso tercero del artículo 4° (que pasa a ser 5°); el inciso primero del artículo 5° (que pasa a ser 6°); los números 1 -en lo que respecta al inciso cuarto, nuevo, que agrega- y 2 del artículo 7° (que pasa a ser 9°); el número 1 del artículo 9° (que pasa a ser 11), y los incisos primero y segundo del artículo 2° bis que agrega el numeral iii) del artículo 13, nuevo, son de rango orgánico constitucional y requieren para su aprobación 21 votos favorables.
Asimismo, el numeral i) y la letra b del numeral ii) del artículo 13, nuevo, son de quorum calificado y requieren para su aprobación 19 votos a favor.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 60 a 68 del informe complementario de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Senador señor Coloma y, después, el Senador señor Tuma.

El señor COLOMA.- El Senador Tuma primero, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Muy bien.
Entonces, tiene la palabra primero el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, este es un proyecto que tiene por finalidad modernizar los medios de pago para adecuarlos a los que serán los instrumentos del futuro.
Lo que hoy conocemos como moneda o dinero va a ser reemplazado, inexorablemente, por el dinero electrónico, que es el futuro del sistema de transacciones que se promueve en el mundo. El dinero electrónico ofrece mayor seguridad, menores costos y mayor inclusión financiera de la población.
Este es un paso que esperamos que propicie más competencia y mayor innovación. Ese es el corazón del proyecto.
Por más de 25 años se ha congelado la competencia en el país a través de la autorización monopólica que se otorgó en determinado momento a Transbank. ¡Qué bueno que hace dos décadas y media haya traído la modernidad, y qué bueno que haya habido una masificación de máquinas! Sin embargo, ello no ha sido suficiente para incorporar a toda la población ni tampoco para introducir competencia. Por el contrario, ha constituido un monopolio que le hace daño a la economía y a la inclusión financiera.
Transbank, empresa de apoyo al giro bancario y de propiedad mayoritaria de cuatro bancos, ha sido insuficiente en cobertura, con altos precios, especialmente para las pequeñas empresas, y con baja innovación.
No deja de ser extraño que justo ahora, cuando estamos aprobando el ingreso de nuevos actores al mercado del dinero electrónico a través del prepago, esta empresa, como nunca antes, empiece a salir de las cavernas para ofrecer la aplicación de nuevas tecnologías. Jamás, en 25 años, habíamos conocido ningún avance, ninguna novedad respecto de Transbank; solamente habíamos conocido su monopolio.
Pues bien, no hicimos más que empezar a discutir este proyecto, que permite la modernización del dinero y la ampliación de la cobertura, con el fin de que todos los que quieran innovar puedan entrar al negocio de la tarjeta de pago, y aparecieron los avances tecnológicos.
Transbank cuenta con sus propias máquinas. El pequeño comercio no puede elegir otro sistema ni regodearse con distintas tarifas. Tiene que pagar el precio que le impone la posición dominante: Transbank.
Y, además, un segmento importante de las pymes -en especial, las micro y pequeñas empresas- no está incorporado al uso de la tarjeta.
Yo he visto a personas de escasos recursos iniciar una microempresa.
En el caso de La Araucanía, observo una gran potencialidad en el turismo, en cuanto a la adquisición de productos de artesanía. En tal sentido, he visto a visitantes extranjeros (fundamentalmente, europeos) o a nacionales de altos ingresos decididos a comprar, por ejemplo, una manta tejida y a la respectiva artesana dispuesta a venderla a un valor que oscila entre 300 y 400 mil pesos. Pero, como nadie anda con ese dinero en efectivo encima y la artesana no cuenta con una máquina u otro mecanismo para comercializar a través de una tarjeta bancaria, ello no se ha podido realizar.
Por lo tanto, creo que debemos buscar la forma de masificar tales servicios.
Curiosamente, recién ahora Transbank ofrece la aplicación de nuevas tecnologías, como la de pagar mediante el teléfono móvil.
Analizamos este punto en la Comisión con los Senadores Zaldívar y Coloma. Vimos que el gran desafío que enfrentan las empresas de telecomunicaciones radica en que se permita realizar un avance en el teléfono celular que haga posible a cualquier persona efectuar un pago a través de un sistema tecnológico telefónico y recibir por la misma vía lo cancelado.
El sistema de prepago es una buena herramienta para ofrecer a diversos sectores de la población el acceso al dinero electrónico; otorga más seguridad al momento de operar con una tarjeta que contiene un monto fijo, sin arriesgar en transacciones cotidianas la cuenta corriente o la tarjeta de crédito, y permite evitar viajes y trámites de mayor riesgo para adultos mayores o beneficiarios de subsidios del Estado.
Para promover la modernización en el mercado del dinero electrónico, hay que compatibilizar seguridad y competencia.
Por ello, si bien compartimos las facultades entregadas al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, creemos que hay criterios que deben quedar en la futura ley.
Tal como señala la experiencia comparada, el capital mínimo para las sociedades de giro exclusivo puede ser una barrera de entrada. En la discusión inicial se planteó un umbral de 100 mil unidades de fomento (del orden de los 4 millones de dólares), mientras que en Europa, para iniciar tales actividades como emisor de tarjeta de prepago, se exige 350 mil euros y no ¡4 millones de dólares!, como se había sugerido al comienzo de la discusión de este proyecto.
En definitiva, el texto propuesto no contempla un techo como exigencia del Banco Central a quienes quieran competir. Es muy muy importante que en esta materia podamos legislar. De otro modo, el Instituto Emisor va a garantizar seguridad, pero en ningún caso competencia.
Debemos buscar el equilibrio entre seguridad y competencia.
Por otra parte, es esencial promover medidas de competencia entre los actores, para lo cual debemos prohibir cualquier conducta anticompetitiva, por ejemplo, los acuerdos de precios entre los emisores y los tarjetahabientes, como ocurre hoy día con Transbank y los bancos. Estos, curiosamente, pertenecen a los mismos propietarios; por ende, entre ellos no compiten, sino, al revés, adoptan acuerdos para obtener mayores ingresos y no para ofrecer en el ámbito comercial alguna elección a quienes usan el sistema.
A su vez, debemos promover la entrada de más actores al mercado.
De ahí que sea muy relevante que el legislador, a través del presente proyecto de ley, entregue una orientación al Banco Central en este ámbito: queremos no solamente seguridad, sino también sistemas competitivos.
Por otra parte, esperamos que el ingreso del Metro como emisor de medios de prepago permita establecer un modelo de negocio abierto, competitivo y con interoperatividad. O sea, que cualquier emisor de tarjetas pueda operar haciendo uso de las redes de Metro y que esta empresa pueda ingresar a cualquier otro mercado.
Creo que eso es lo ideal en materia de oferta de alternativas y constituye el compromiso que han asumido el Presidente del Metro y el Ministro de Transportes, a quien saludo.
El volumen de operación y la incorporación de nuevas tecnologías deberían impactar en dicho mercado.
Curiosamente, el Ministerio es de Transportes -ello guarda relación con el Metro- y también de Telecomunicaciones. Por lo tanto, dicha Cartera tendrá un gran rol en ese ámbito para incentivar la innovación, para incentivar la competencia, para incentivar la incorporación de más tecnología.
Por último, hago presente que el avance propuesto en el uso del dinero electrónico, que incorpora con velocidad nuevas tecnologías -como las transacciones a través de los smartphones con dispositivos de comunicación de campo cercano y de las tarjetas de prepago-, requiere asegurar la competencia en las transacciones.
Espero que se concrete pronto la propuesta del Senador García en orden a constituir Comisiones unidas de Hacienda y de Economía con el objeto de regular lo relativo a Transbank. Ojalá dichas instancias sean citadas cuanto antes para avanzar en esa materia.
Por lo tanto, señor Presidente, anuncio que votaré favorablemente este proyecto.

El señor LAGOS (Presidente).- Ya que Su Señoría quiere votar, consulto a la Sala si hay acuerdo para abrir la votación.

El señor COLOMA.- ¿Es en general?

El señor LAGOS (Presidente).- Sí. Votaríamos la idea de legislar.
Además, un señor Senador me ha avisado que desde ya va a pedir plazo para formular indicaciones, las que serán analizadas durante la discusión en particular.
¿Habría acuerdo para proceder a votar?

El señor COLOMA.- ¡Pero con los mismos minutos!

El señor LAGOS (Presidente).- Claro, manteniendo los tiempos.
Acordado.
En votación el proyecto en general.
--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- ¡Muchas gracias, señor Presidente, por su comprensión y agilidad para tomar decisiones...!
Quiero pedir altiro que se fije un plazo para indicaciones, a fin de facilitar el trámite de este proyecto, que, a mi juicio, va en una buena línea considerando que estamos en la discusión general.
Deseo fundamentar por qué, en lo grueso, me parece positiva la iniciativa e indicar dónde están los puntos de interrogante que quiero dejar consignados en esta ocasión, a pesar de que algo ya se dijo en la Sala el 4 de mayo pasado.
Este proyecto viene de la Administración anterior y ha sido defendido con énfasis por el actual Gobierno.
Su objetivo es enfrentar una realidad bien compleja, y la graficaré de la siguiente manera.
En Chile, poquito más del 60 por ciento de la población mayor de 15 años tiene cuentas en instituciones financieras, lo que contrasta con el promedio de los países desarrollados de la OCDE -aunque dicho parámetro no es el Corán, ayuda a definir ciertos criterios-, que llega a 94 por ciento. O sea, tenemos un déficit muy notorio en esta materia.
Ello constituye un grave perjuicio a la hora de nivelar la cancha, ya que implica que numerosas personas, por ejemplo, reciben su sueldo en efectivo, con lo cual la capacidad de ahorro se torna mucho más compleja. Además, una gran situación de inseguridad se asocia al hecho de andar con dinero.
El efectivo no es un problema. Algunos lo instalan como el gran problema del siglo XXI. No creo que sea así, aunque sí genera una dosis de inseguridad muy relevante, lo que ha tendido a soslayarse en el mundo por la vía de establecer instrumentos financieros adecuados y modernos a tal efecto.
¿Por qué ese 40 por ciento -un poquito menos- de la población no tiene cuentas en instituciones financieras? Algunas personas, porque no quieren y otras, porque eso supone un costo de bancarización que obviamente excede sus posibilidades, y tienen toda la razón al tomar una decisión libre.
¿Qué busca este proyecto? Básicamente, señalar que hay otros medios de pago no bancarios. Este es el cambio sustancial que se persigue, el cual -como se ha señalado- permitirá que no sea necesario, cuando no sea en efectivo, hacer las transacciones a través de la emisión de una tarjeta bancaria, sino que será posible usar otras formas que surjan, las cuales podrán estar asociadas a múltiples lógicas: telefónicas o del comercio. El mundo de la competencia es muy fértil en ese tipo de situaciones.
Obviamente, esto tiene que ver con mayor seguridad, con mayor modernidad. Es el incipiente cambio de la sociedad, pues es probable que en el futuro todo se haga por teléfono. Las transacciones se realizarán por ese tipo de medios, incluso si la división es entre tarjetas bancarias o no bancarias. Este es un paso hacia ese escenario.
Me parece que el trámite de este proyecto en el Senado fue bueno, en la lógica de establecer que el Banco Central dicte las instrucciones para el funcionamiento de este sistema, que -lo adelanto- tendrá dos modalidades: tarjetas nominativas, con el nombre y apellido de la persona, o tarjetas al portador, que se usan mucho en el mundo y son muy útiles, por ejemplo, en las compras por Internet.
Uno de los problemas que genera el hecho de disponer de una tarjeta bancaria para una compra por Internet es el límite. Cuando uno tiene determinada cantidad en una tarjeta de prepago y sabe que va a comprar algo por un monto equivalente, los temores respecto de las clonaciones o robos obviamente se acotan por la dimensión que adquiere lo que está en riesgo, cuestión que me parece muy importante.
Quiero dejar claro que todo esto se encuentra reglado por la Superintendencia de Bancos.
Creo que este proyecto habría contado con una unanimidad vociferante, alegre, y habría implicado un paso muy significativo, de no ser porque al final de su tramitación el Ejecutivo envió una indicación que, en lo medular, faculta a que la tarjeta bip! pueda ser utilizada como uno de estos medios de pago.
No dudo de la buena intención del legislador, en el sentido de poder aprovechar un instrumento que cuenta con una penetración importante en la Región Metropolitana: se calcula que 2 millones de personas, sin mayor dificultad, podrían adscribirse a este sistema.
Pero, en lo personal, señor Presidente, mi opinión es distinta. Considero que esto constituye un error. Y por lo menos quiero transmitirlo.
Primero, es un error por las facultades que se dan al Metro.Esta empresa es especialista en transporte. Hoy día, si hay un problema complejo es el transporte público, este requiere la concentración máxima de las autoridades y no que se vincule al Metro en un negocio completamente distinto.
Tengo aquí una comunicación que también ha llegado a varios parlamentarios.
En la Comisión de Hacienda, don Javier Etcheverry -persona que entiende de esta materia- cuestionó lo que el Gerente del Canal de Ventas del Metro señalaba en el sentido de que la empresa no tiene definida todavía una política pública respecto de cómo puede funcionar este sistema. Y agregó que al plantearlo se puede entender que el responsable de la tarjeta bip! es el Metro y no el Ministerio de Transportes, lo que limitaría la responsabilidad de esta Cartera sobre la gestión del Transantiago, ya que una parte crítica de dicho sistema pasaría a depender directamente del Metro.
O sea, aquí hay un tema muy de fondo.
Primero, existe un cambio de responsabilidades, en la forma de entender quién es al final responsable del Transantiago. Por esta vía, puede endilgarse la responsabilidad que hoy día tiene el Ministerio de Transportes al Metro, que es un coadyuvante muy diferente del Transantiago en sí mismo.
Segundo, este es un rol que al Estado no le corresponde.
Yo siento que hoy día existe gran capacidad en los particulares para vincularse a esta actividad, ya que no estará bancarizada y se podrán ampliar con mucha fuerza y éxito. Sin embargo, será difícil que pueda darse una lógica de competencia si se instala como elemento central que una empresa del Estado, como el Metro, se involucra con un aumento de capital (que no está en la ley pero que fue anunciado por el Ministro de Hacienda) del orden de 40 millones de dólares.
O sea, parece que el Ministro de Hacienda dispone de flexibilidades para ciertas cosas: pide ajuste en algunos temas, pero en otros, como el referido a Televisión Nacional o a este caso, da la impresión de que tiene una billetera amplia.
No sé quién va a competir con alguien que cuente con 40 millones de dólares de subsidio para instalarse en un esquema que requiere competencia. ¡Aquí se requiere competencia! Esta es esencial, e instalar un operador de esta naturaleza disminuye esa competencia tan buscada.
Adicionalmente, me parece que la lógica de cómo enfrentar los problemas del futuro no se relaciona con cómo empoderar al sistema estatal, sino en cómo generar los incentivos correctos.
El Metro es una empresa vinculada a la Región Metropolitana, que representa a una parte de las personas que no están bancarizadas, pero hay una inmensa cantidad de gente en regiones que no tiene la lógica del Metro. Entonces, obviamente, si la competencia se ve limitada porque esta empresa es un operador demasiado relevante, la capacidad de regionalizar será muy menor, muy escueta, muy difícil.
Así lo han planteado personas como Felipe Morandé, quien envió a varios colegas un documento referido al peligro de instalar la lógica de que porque no hay bancarización en la Región Metropolitana esta se va a dar automáticamente en regiones.
Creo que existe un problema inverso. Esto genera un incentivo para ampliar el Metro, a mi juicio y al de especialistas, que es peligroso respecto de Transbank, porque el Metro no tiene plataforma de esta naturaleza y aquella dispone de 90 mil comercios afiliados. Son cosas bilaterales.
Entonces, podemos creer que el Metro será capaz de generar ese número de convenios con particulares o que usará la plataforma de Transbank, con lo que se generará, por las dificultades de competencia que presenta, algo mucho más perjudicial en términos de la legítima competencia.
Hay un costo de inversión y un subsidio del Estado evidentes. Eso ya se encuentra definido. Sobre el particular, no veo ninguna razón para que un proyecto de esta envergadura deba pasar por un asunto que no estaba en el proyecto original, que no estaba en la indicación sustitutiva que el Gobierno planteó en la Cámara de Diputados, que no estaba en el proyecto que llegó al Senado, sino que se incluyó al final de su tramitación.
Me parece que esto termina demoliendo una buena parte de las virtudes que tenía respecto a este sistema, que realmente era muy innovador.
Está por concluir mi tiempo, señor Presidente, ¿me da un minuto adicional?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Sí, Su Señoría.

El señor COLOMA.- O sea, lo que uno alcanzaba a ver era un paso hacia el futuro que se avecina, ¡pero un paso que generaba competencia...!
Nunca imaginé que esto se iba a transformar en una especie de vaso comunicante entre una empresa del Estado para tratar de, por esa vía, bancarizar.
Si se quisiera que fuera así, lo podría realizar mediante el BancoEstado. No hay dificultad para ello. Lo que sorprende es que no habiéndolo hecho por el costo involucrado, se trate de endosar a una empresa como el Metro, que ha sido exitosa en su tarea cada vez más difícil por lo que ha significado el Transantiago, otro tipo de facultades con los subsiguientes problemas de competencia y de sistema.
Por eso, señor Presidente, voto a favor de la idea de legislar, y pido que se fije plazo con el fin de formular indicaciones.
No soy partidario de que el Metro ingrese en este tipo de negocios, por el subsidio del Estado, pero sobre todo por la falta de competencia que se provocaría. Esto la anularía.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, este proyecto autoriza la emisión y operación de medios de pago con provisión de fondos por empresas o entidades no bancarias.
Probablemente, este va a ser el instrumento de pago más común en los próximos años. No solo como tarjeta, sino como medio directamente conectado a la telefonía celular. Vamos a tener allí nuestros registros, los saldos en nuestra cuenta, y con ese mismo teléfono podremos pagar las distintas compras y servicios que vayamos adquiriendo.
Por lo tanto, este es un proyecto moderno, necesario; un proyecto que nos pone a tono con las mejores prácticas que ocurren en los países más desarrollados del mundo.
Estas empresas o entidades especiales que podrán emitir medios de pago con provisión de fondos y que no son bancarias -van a ser cooperativas, instituciones del retail financiero, cajas de compensación, pero no bancos, pues estos ya están autorizados y nunca se han interesado en emitir tarjetas de prepago- tendrán que cumplir las normativas que al efecto dicte el Banco Central, por ejemplo, respecto del capital. Deberá exigirse un capital que dé confianza, seguridad, garantía, pero que, al mismo tiempo, no signifique que solo los grandes puedan entrar al negocio y participar en la emisión de estos medios de pago.
Estas mismas empresas, que tendrán que cumplir con los requisitos que establezca el Banco Central, serán supervisadas a su vez por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
En consecuencia, creo que la iniciativa está bien amarrada: entidades con un giro específico, concreto, único, que se regirán por normas previamente establecidas por el Banco Central y que serán supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
La ciudadanía puede estar tranquila en el sentido de que se tratará de instituciones serias que van a dar cumplimiento a la normativa que las regirá.
Esto va a permitir que millones de personas que hoy día no están bancarizadas ingresen al sistema -esa es una de las grandes ventajas-, lo que les dará más seguridad al momento de efectuar un pago. Ya no lo harán con dinero en efectivo, con todo el riesgo que eso significa hoy día -asaltos, robos, etcétera-, sino que podrán utilizar otro instrumento: un plástico o el teléfono celular.
Por eso, señor Presidente, este es un proyecto que debemos apoyar entusiastamente.
¿Está exento de problemas? No. Porque una de las críticas que hoy día les podemos hacer a estos sistemas de pago, principalmente a los que emplean tarjetas, es que cuentan con una sola carretera para su utilización: Transbank. Y como es una sola, las comisiones que cobra en muchos casos son sumamente altas, sobre todo desde el punto de vista del pequeño comercio.
Por lo tanto, lo deseable es que haya competencia, que exista más de una vía que nos permita ocupar estos medios de pago.
Como bien explicó el Senador Tuma, existe otro proyecto de ley que busca incentivar la competencia en estas carreteras para el uso de las tarjetas y aumentar los actores en este negocio. Ojalá tengamos mayor competencia, lo que sería absolutamente deseable -hoy día ella no existe-, y una considerable disminución de las comisiones, para beneficiar a los tarjetahabientes y, de manera muy especial, al comercio asociado a tales tarjetas.
Señor Presidente, como aquí se ha dicho, en las últimas semanas el Gobierno presentó una indicación para incorporar al Metro, con su tarjeta bip!, al sistema de prepago.
Yo tengo una aproximación positiva a la participación del Metro.
El Metro tiene hoy día cinco millones de tarjetahabientes. De ellos, aproximadamente dos millones de personas pertenecen al estrato socioeconómico bajo. Difícilmente entidades privadas se van a interesar en entregar a esos usuarios una tarjeta de prepago. ¡Muy difícilmente!
Por lo tanto, si la idea es generar competencia y bancarizar al mayor número posible de compatriotas, me parece que el Metro, a través de su tarjeta bip!, puede ser un buen canal.
Y digo "puede ser", porque aquí se han dicho cosas que son ciertas. Por ejemplo, que el Metro hoy día no cuenta con un modelo de negocios para operar este tipo de instrumentos.
En el fondo, lo que se hace es darle una autorización al Metro para que pueda investigar, desarrollar ese modelo de negocios y, si llega a la conclusión de que es rentable, implementarlo. Pero perfectamente bien podría llegar a la conclusión de que no es rentable, de que no es un buen negocio, de que habrá mucha competencia de otras entidades y desechar esa posibilidad.
En ese sentido, señor Presidente, después de que la Sala fije un plazo para presentar indicaciones -sugiero el lunes 20 de junio, a las 12-, en la Comisión de Hacienda tendremos que hacer un buen trabajo que nos permita acercar las distintas posiciones y superar las incertidumbres y las dudas que existen sobre la participación del Metro en este tipo de negocios, a fin de garantizar lo que todos queremos.
Porque esto es bien curioso: todos queremos mayor competencia.
Yo soy de los que creen que si ingresa el Metro tendremos más competencia. Otros piensan que si dicha empresa entra al negocio la competencia se va a inhibir.
Bueno, espero que seamos capaces de hacer claridad acerca de lo que va a ocurrir.
Yo recuerdo que la indicación presentada por el Ejecutivo sobre la incorporación del Metro exigía incluso un pronunciamiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, precisamente para saber si lo que estamos haciendo es bueno o es malo, si incentiva o desincentiva la competencia.
Entonces, creo que en materia de incorporación del Metro todavía nos quedan dudas por resolver y trabajo por hacer.
Concluyo, señor Presidente, manifestando que votaré entusiastamente a favor del proyecto. Como se ha dicho, fue presentado por la Administración del Presidente Sebastián Piñera. Tendremos que analizar con mayor detalle la incorporación del Metro, pero no cabe duda de que es una iniciativa positiva, moderna, necesaria.
Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- La Mesa recoge la propuesta que ha formulado el Senador señor García en cuanto al plazo de formulación de indicaciones. La someteremos a consideración de la Sala al final de la votación.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, miembros de la Comisión de Hacienda, han hecho una exposición sobre el significado de este articulado.
A mi juicio, estamos ante un proyecto necesario para que el país se ponga más o menos a tono con lo que está pasando en el resto del mundo en cuanto al uso de la tecnología aplicada al manejo del dinero.
Si uno recorre las noticias a nivel mundial, verá que se está reduciendo la cantidad de dinero en monedas y billetes. Incluso, en Europa se ha ordenado suspender el billete de 500 euros. ¿Por qué? Porque se está llegando a lo que hoy día llamamos "dinero electrónico" -antes se hablaba del "dinero plástico"-, que se está instalando en todas partes del mundo.
Actualmente, existen numerosas tarjetas que sirven como medio de pago, pero son instrumentos cerrados que muchas veces solo operan en las grandes tiendas o en algunos comercios.
Los únicos habilitados hoy día para emitir tarjetas de medio de pago con provisión de fondos son los bancos. Sin embargo, ellos no están en el giro de emisión de este tipo de instrumentos, sino que más bien ofrecen tarjetas de débito, que requieren que su titular tenga una cuenta corriente, y por medio de las cuales es posible, entre otras cosas, sacar dinero desde los cajeros automáticos. Hoy día una persona va a una tienda y paga con una tarjeta de débito con cargo a su cuenta corriente. Esta práctica se ha hecho usual en los restoranes y en casi todas partes. Ya no se utiliza mayormente la tarjeta de crédito; se utiliza la de débito.
Pero llegaremos mucho más allá. Todos los expertos dicen que habrá solo un medio de pago: el celular.
De hecho, ello ya está ocurriendo. Ustedes pueden ir a algunos locales comerciales y el vendedor les dirá: "Esto vale tanto". Si ustedes le preguntan por la modalidad de pago, si a través de una tarjeta de crédito o de débito, él puede que les conteste: "Mire, ¿por qué no me lo paga mediante transferencia?". Entonces, basta con tomar el celular, acceder al sitio web del banco y hacer una transferencia a la cuenta corriente del comerciante. Él mira su teléfono y ve que la transacción está acreditada en su cuenta corriente, en menos de un segundo.
Ese es el nivel de tecnología al que estamos llegando. Y el presente proyecto de ley tiene por objeto, precisamente, avanzar en ese sentido.
No me referiré al tema específico del Metro, que es discutible. Pero la Comisión de Hacienda aprobó la totalidad del proyecto por unanimidad, salvo la inclusión del Metro, que se acogió por mayoría.
Las instituciones no bancarias que deseen emitir estos medios de pago con provisión de fondos deberán constituirse como sociedades anónimas de giro exclusivo. Además, estarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y a la regulación del Banco Central.
Y hay que ser exigentes. Esto no va en contra de la competencia. Efectivamente, como decía el Senador Coloma, ella es necesaria. Pero también hay que tener cuidado. No puede constituirse cualquiera en emisor de tarjetas sin que exista un cierto control, para evitar la ocurrencia de estafas.
Por eso se exige que sean sociedades anónimas; que los directores tengan determinadas condiciones, al igual que en el caso de los bancos; que las empresas cuenten con un cierto capital de inicio, etcétera. Pero, además, se establecen normas de resguardo: los fondos son inembargables, pero solo pueden ser destinados a la operación de este sistema de tarjetas de prepago.
De acuerdo con la iniciativa que estamos aprobando, todo esto va a ser posible también para las cooperativas y cajas de compensación. Pero tienen que operar a través de sociedades anónimas de giro exclusivo, en las mismas condiciones que cualquier otro que pretenda emitir este tipo de tarjetas.
Como decía, las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras son muy claras y precisas y, además, se contará con la regulación del Banco Central, de acuerdo con la reglamentación que se determine.
Ahora, la inclusión del Metro es discutible. Pero en el debate en la Comisión transversalmente se hizo ver la conveniencia de que la empresa entrara a esta competencia. Porque eso es crear competencia.
Se dijo: "Es que el Metro está solo en Santiago". No será así. Si el Metro entra, tiene que abrir su tarjeta para que otro proveedor de medios de pago pueda ingresar y operar con él. Y ello le dará a esa otra entidad una base de cinco millones de usuarios, que son los que hoy día tienen la tarjeta bip!
Ahora, el Metro actualmente cuenta con esta base de clientes y eso puede ser una ventaja. Pero también para los que se incorporen al sistema será ventajoso el poder operar transversalmente de ida y de vuelta. El Metro no debe constituirse en un monopolio con su tarjeta e impedir que otro opere con la misma base de datos.
Por todas estas razones, considero que esta iniciativa es un progreso en materia financiera. Ella da cuenta de los tiempos que estamos viviendo y, además, está estructurada de tal manera que nos permite avanzar hasta el máximo del incremento de la tecnología en este ámbito.
El día de mañana -yo creo que será así y a corto plazo- no vamos a tener que andar con tarjetas en el bolsillo, sino con el celular, ya que con él podremos hacer casi la totalidad de las operaciones de pago. No me refiero solo a las transferencias, sino también a pagos a través de diversas tarjetas.
Por eso, creo que debemos aprobar este proyecto. Y, respecto del Metro, pienso que es bueno que entre, porque genera más competencia, sin perjuicio de que hagamos las correcciones que sean necesarias para evitar cualquier tipo de primacía o de falta de competencia que pudiera generar su operación.
Gracias, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, tal como se ha dicho, este es, en términos generales, un buen proyecto, ya que de alguna manera busca bancarizar a la mayor cantidad de personas posible. Y, sin duda, ese es un esfuerzo que vale la pena apoyar.
Sin embargo, me preocupan dos cosas.
En una intervención anterior se habló del efecto que tiene Transbank en los pequeños comerciantes. Pues bien, este proyecto no está afectando a las carreteras. El problema de los pequeños comerciantes no es la falta de acceso a las tarjetas de crédito, sino Transbank, el aparato que hace que ellas operen, ya que les cobra unas comisiones feroces. Y les resulta imposible negociar con esa empresa, porque tiene el monopolio más absoluto de la carretera a través de la cual circulan las transacciones comerciales de las tarjetas de crédito.
Por lo tanto, me gustaría mucho que de la mano de una mayor bancarización de las personas se viera también la forma de poder abrir este mercado del uso de la tarjeta. Porque es allí donde se generan los mayores cuellos de botella.
Y, en segundo lugar, en relación con la participación del Metro, tengo dos consideraciones que hacer.
La primera es que me parece una visión extremadamente centralista el apoyar la medida con tanta fuerza. Porque les quiero recordar que la tarjeta bip! solo existe en Santiago. No hay tarjeta bip! en la gran mayoría de las regiones del país. Por lo tanto, es una solución que no sirve para un porcentaje muy importante de los chilenos.
La segunda es que efectivamente el transporte en Santiago es un problema. Y yo me pregunto: si el Banco del Estado cobra trescientos pesos por cada giro realizado con sus tarjetas, ¿cuánto cobrará el Metro? ¿O las transacciones serán gratuitas y estarán subvencionadas por el Estado?
Yo recuerdo campañas que se han hecho para que el uso de la CuentaRUT del Banco del Estado sea gratis. Entonces, ¿nosotros queremos que el Metro no cobre por esto o que cobre solo un porcentaje?
Porque, si el Banco del Estado no hace más, ¿por qué lo va a hacer el Metro? ¡Si el Metro tiene una función diferente! Es decir, necesitamos que el Metro primero resuelva los problemas que hoy día lo afectan y que, posteriormente, trate de financiar actividades distintas a su rubro.
En síntesis, me parece que, siendo un proyecto conveniente en términos generales, se debiera hacer un esfuerzo mayor por tratar de resolver el problema de las carreteras de uso de las tarjetas de crédito, y pienso que la solución de incluir al Metro es absolutamente centralista.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos analizando persigue introducir competencia en el mercado de los medios de pago con provisión de fondos.
Hace pocos meses, aprobamos en general en este Senado otros dos proyectos: uno, iniciado en mensaje, que regula la competencia en el mercado de los medios de pago electrónicos y otro, en moción de dos Senadores, que modifica la ley sobre protección de los derechos de los consumidores para garantizar el acceso a distintos sistemas de pago y operaciones bancarias.
Ambas iniciativas fueron enviadas a las Comisiones unidas de Hacienda y de Economía, y sus objetivos son perfectamente compatibles con el proyecto que estamos analizando ahora.
El propósito común de esta iniciativa y de las anteriores tiene una doble faz: por un lado, amplificar el número de comercios y establecimientos que aceptan tarjetas y otros medios de pago electrónicos; y por el otro, aumentar el número de personas que utilizan estos medios.
La masificación en el comercio y entre los usuarios necesariamente debe traer ventajas tecnológicas y económicas para ambas partes.
El comercio, fundamentalmente los pequeños establecimientos, podrá beneficiarse de comisiones más bajas que las actuales, que son propias de un sistema concentrado y de poca o nula competencia. Asimismo, le será factible llegar a nuevos usuarios, quienes no utilizan efectivo en sus transacciones.
Por otra parte, los usuarios podrán acceder al comercio electrónico y sus ofertas y gozar de mayor seguridad al manejar menores cantidades de dinero en efectivo.
Indirectamente, el Estado también se beneficia: a través de la mayor formalización de las transacciones, y, en consecuencia, con una recaudación tributaria superior.
Incluso, este proyecto puede ser aún más potente si en su implementación considera la extensión de las tarjetas emitidas por Metro a regiones, contribuyendo así a la inclusión social y financiera de habitantes de todo el país.
De este modo, atendidos sus múltiples beneficios, no logro comprender las aprensiones que todavía genera en algunos sectores, especialmente por la autorización a la empresa Metro para participar en el referido mercado.
Las reservas expresadas por la banca las puedo entender. Y ello, porque, en última instancia, los bancos verían afectados sus intereses, acostumbrados como están al actual marco de baja competencia.
Pero en forma complementaria a esas críticas, surge también el temor de algunos sectores políticos, pues el Estado estaría incursionando en actividades económicas propias de los particulares.
Rechazo esos intereses parciales, y también, los dogmas que intentan justificarlos.
Los bancos y las sociedades que han creado para el apoyo a su giro, como Transbank, no han permitido una masificación de los nuevos medios de pago, porque el sistema segmentado y segregado actual les asegura determinado nivel de ganancias.
Como dije en la sesión anterior, con motivo del proyecto que modifica la ley de libre competencia, la colusión ahora ha sido más rentable que la innovación.
Es decir, los privados no han hecho su trabajo, perjudicando directamente a millones de chilenos, quienes, en parte, no pueden acceder a los bienes y servicios de la nueva economía.
¿Qué hacemos, entonces, frente a ese cuadro? ¿Esperar la reacción natural y espontánea de los propios interesados, o sea, la banca? ¿O bien operamos sobre las reglas del juego para presionarlos a actuar y a abrirse a los cambios?
Una parte de la Oposición piensa que no podemos hacer nada, pues estamos pasando a llevar los antiguos dogmas de la economía de mercado.
Pero, en verdad, hace rato que esos principios han sido matizados y revisados, y se aplican de otra manera, incluso en países iconos del sistema capitalista.
No se trata, en consecuencia, de un debate entre partidarios o detractores del sistema económico, sino de un conflicto entre los intereses de determinado sector de la economía y los intereses de la enorme mayoría de los consumidores.
Me preocupa esa resistencia a la menor señal de cambio, aunque no se ponga en juego el sistema.
Me preocupa que tengamos que justificar el otorgamiento de facultades a una empresa del Estado simplemente para que pueda desarrollar sus negocios con mayor flexibilidad y aprovechando las oportunidades que se generan.
Ello se encuentra en la base de la viabilidad de toda empresa, sea pública o privada. Una empresa que no se adapte está condenada al fracaso.
También me preocupa que el propio Estado se inhiba con los instrumentos con que actualmente cuenta. ¿Por qué esta posibilidad que se abre ahora para Metro no la utilizó antes el propio Banco del Estado? ¿Por qué no se ha profundizado el camino de la CuentaRUT?
Nuestro país necesita servicios públicos que gestionen con excelencia políticas públicas de calidad. Y también precisa de empresas públicas y privadas que, en un marco de libre competencia e innovación, provean de bienes y servicios en forma oportuna y eficiente para todos los chilenos, de todos los estratos y a través de todo nuestro territorio.
De eso se trata la inclusión. De ello estamos hablando cuando nos referimos a la igualdad.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, ¿qué estamos discutiendo y votando hoy día? Un proyecto, en segundo trámite constitucional, que permite la emisión de medios de pago con provisión de fondos por entidades no bancarias.
Ello es lo que estamos tratando en esta sesión.
Por lo tanto, más allá de una defensa al Metro, o a instituciones privadas como Transbank, o a la banca -la haremos, sin lugar a dudas; reflexionaremos sobre el particular-, aquí estamos viendo (así lo pienso) qué tan beneficiosa resulta esta iniciativa para las personas que viven a lo largo de Chile.
Señor Presidente, al día de hoy todos los bancos de nuestro país se hallan facultados para entregar una tarjeta que permita disponer de fondos y efectuar transacciones sin que por ello se abuse de los usuarios en materia de cobros operacionales o de intereses, cuestión que hemos visto desde la creación de este tipo de instrumentos por parte de las empresas, de la banca en particular y de Transbank más específicamente.
Los bancos siempre han tenido esa facultad. ¡Y nunca hicieron aquello!
Alguien por ahí dijo que el BancoEstado no cobraba por la CuentaRUT.
¡Horror, señor Presidente! No error, sino ¡horror! Porque dicho banco cobra 300 pesos por cada movimiento: en promedio son a lo menos tres operaciones al mes, y ello hay que multiplicarlo por ocho millones de cuentas. Calcule usted la cantidad de dinero de que estamos hablando.
Entonces, hoy día se está estableciendo la posibilidad de que otras instituciones -no bancarias; no aquellas que han abusado; no las que nos han sometido con intereses absolutamente abusivos- desarrollen instrumentos de pago con provisión de fondos que permitan que una persona coloque en ellos determinada cantidad de dinero (20 mil, 30 mil, 40 mil pesos, lo que se estime conveniente). Luego esta tendrá que llegar a algún acuerdo con dicha institución (la que sea; no bancaria) para los efectos de ver el cobro que se le efectuará por la administración de esos dineros.
Aparece aquí la discusión acerca de si el Metro entra o no en el mencionado sistema.
Fui a hablar con el Ministro de Transportes, quien me dijo que hoy día este tipo de instrumentos ya se encuentran en Valparaíso; que pronto operarán en Concepción. Obviamente están en Santiago.
El espíritu de la referida Cartera -y yo creo en la gestión del Ministro- es que ojalá esto se masifique en todas las regiones de nuestro país. Ello, para que el usuario pueda contar con una tarjeta -reitero que no la entregará la banca, sino otra institución- que le permita realizar pagos por los servicios de transporte u otros sin los abusivos intereses que cobran los bancos.
Yo me alegro de aquello, señor Presidente. Y me alegro porque usted, yo y todos concordamos en que nosotros, como usuarios, hemos estado sometidos al abuso de Transbank. Pero no solo se trata del abuso por los intereses que nos cobran: también está el abuso de que son objeto los comerciantes.
Aquí cuántos se autoproclaman defensores de las mipymes, del comercio, en fin. Creo que todos tenemos una mirada tremendamente solidaria con esas personas, las cuales generan la mayor cantidad de empleo en Chile.
Pero ocurre que Transbank, por prestarles una maquinita -en eso consiste el servicio- para que al momento de cobrar pasen por ese sistema, les pide porcentajes cercanos al 7 por ciento (me parece que ahora bajaron al 5 por ciento) por cada transacción.
¡O sea, ello ha sido una máquina de dinero impresionante a vista y paciencia de todos nosotros!
Se trata de un negocio muy antiguo: alguien se iluminó estando en Estados Unidos, en otro lugar del mundo, y trajo a nuestro país el invento de las tarjetas de crédito.
A propósito -y esto es en serio-, hace un tiempo estuve en un café en Santiago, y me tocó ver a quien introdujo el referido sistema en Chile.
Él pidió un sándwich y un café.
La persona que me atendió me dijo: "Qué le apuesto a que paga con dinero y no con tarjeta". "¡No!" "¡Pero si él trajo ese sistema a nuestro país!".
¡Pagó con un billetito, no con tarjeta...!
Es decir, él sabe perfectamente que el sistema de tarjetas que introdujo en Chile produce un enorme perjuicio a quienes lo utilizan.
¡Me ahorro el apellido...!
Es así: ¡el abuso hoy día es tremendo!
Señor Presidente, hace pocos días estuve con la plana ejecutiva del BancoEstado, quienes me decían: "¿Sabe qué, Senador? Ustedes tienen una mirada equivocada de nosotros. Hemos tratado de acercarnos. Tenemos las cajas vecinas, en fin".
Bueno, pero ello no es suficiente.
Repito: ocho millones de clientes con CuentaRUT, y el banco cobra en promedio 900 pesos per cápita. ¡Es una cantidad inmensa de dinero!
Ellos me señalaron que lo que tendrían que cobrar hoy día debiera ser sobre 600 pesos por cada operación.
La gente está hastiada.
Si saca el saldo de la luz, la empresa eléctrica le cobra; si saca el saldo de lo que debe en agua, la empresa respectiva le cobra por la boletita; si saca el saldo que tiene en la CuentaRUT, la banca le cobra. O sea, ¡le cobran por todo!
Hoy día estamos estableciendo un sistema, no ligado a la banca, sino administrado fuera de ella, que le permite a la persona tener una tarjeta con una provisión de dinero, el que puede utilizar para pagar determinados servicios. Y eso supone estar ajenos a los intereses usurarios que hemos visto.
Ahora, con respecto a la incorporación del Metro, me parece bien.
Pero ello en la medida que dicho sistema también llegue al resto de las regiones. De lo contrario, sería una medida centralista, y continuaríamos otorgándole facilidades solo a un lado de nuestro país: a la Región Metropolitana. ¿Y el resto qué?
Entonces, cuando el Ministro me dice que este sistema ya está aplicándose en Valparaíso, en Concepción, yo también quisiera que esto operara en el resto de las regiones, al objeto de que todos los ciudadanos tengan igual acceso a los mismos servicios, en idénticas condiciones.
En un país unitario no puede haber una diferenciación como la que aquí se ha expuesto.
Voy a votar a favor, pues -como lo dijo un Senador que me antecedió- este, en definitiva, es el tránsito hacia una forma moderna, nueva en que deberemos realizar nuestras transacciones económicas (compras, adquisiciones, en fin).
Por supuesto, eso será favorable siempre y cuando no se convierta en otro negocio donde se cobren intereses usurarios y la gente, al final, termine pagando más por un servicio que hoy día claramente es exclusivo -y por eso abusan- de las instituciones bancarias.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, en la actualidad -tal como lo plantearon quienes me antecedieron en el uso de la palabra- miles de chilenos que son parte o que ingresan al sistema bancario utilizan las tarjetas de débito o de crédito para pagar sus compras, cuentas y, en general, para todo tipo de transacciones que se realizan de manera presencial o a través de Internet.
Según datos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, existen hoy día cerca de 20 millones de tarjetas de débito y aproximadamente 12 millones de tarjetas de crédito vigentes en nuestro país. Solo en enero y octubre de 2015 se realizaron más de 50 millones de operaciones a través del denominado "dinero plástico".
Sin embargo, conforme hemos podido apreciar acá, "aún existen grandes sectores de la población que no acceden a ningún sistema de pago electrónico y están lejos de la posibilidad de hacerlo. Según la encuesta Casen, solo el 37% de las personas pertenecientes al quintil de menores ingresos dice disponer de algún tipo de tarjeta, y en el sector rural, solo el 38%. En el segmento de los pensionados, solo el 32% posee algún tipo de tarjeta. Y por regiones, en La Araucanía y Los Ríos, menos de la mitad de la población cuenta con algún medio de pago electrónico. En el promedio nacional, solo el 56% tiene algún tipo de tarjeta.".
Por otro lado, si bien el Estado realiza al año 29 millones de pagos de jubilaciones, bonos y otras transferencias, con un monto que bordea los 2 mil 900 millones, sin embargo, este no utiliza masivamente los medios electrónicos para cancelar esas distintas ayudas sociales. Es más: el 92 por ciento de los beneficios estatales se pagan en efectivo.
Y ello, como ya se ha señalado, con un tremendo riesgo. Porque los delincuentes se agolpan en los lugares de pago de los jubilados o de quienes reciben beneficios del Estado para robarles su dinero.
Señor Presidente, la ley en proyecto tiene el objetivo claro de potenciar la inclusión financiera de los sectores de menos ingresos de la población al promover y facilitar su acceso a los medios de pago electrónicos mediante el desarrollo de instrumentos de pago con provisión de fondos o de prepago que no sean solo extendidos por entidades bancarias. Estas -como se dijo- tienen la facultad para ello, pero nunca han tomado cartas en este asunto.
A mi juicio, este proyecto -ha sido modificado en parte, pero viene del Gobierno del Presidente Piñera- va en la dirección correcta, ya que apunta a muchos objetivos importantes para el desarrollo financiero de nuestro país, como el mejorar principalmente la inclusión financiera y digital de las personas de menores ingresos, ampliando así la cobertura a 5 millones de potenciales usuarios, quienes en la actualidad no cuentan con medios electrónicos de pago.
Señor Presidente, por lo corto del tiempo de que dispongo, quiero referirme a lo que a mí me parece una crítica.
Yo voy a votar a favor la idea de legislar.
Sin embargo, quiero hacer mención de que, en el último minuto, se incorporó al Metro en el nuevo sistema propuesto, por lo que también tendrá la posibilidad de emitir ese tipo de tarjeta.
A mi juicio, las críticas que se hacen respecto de esta iniciativa están especialmente dirigidas a aquello. Porque, en la práctica, el Metro se va a transformar en un Redbanc paralelo.
Me preocupa que soterradamente el Gobierno ha ido generando espacios al Estado en un montón de actividades económicas que apuntan principalmente a que desarrolle actividades de índole económica.
Acá no planteo una cuestión ideológica, como lo hizo el Senador que me antecedió.
A mí no me importa que el Estado esté involucrado en más o en menos actividades.
Lo que pasa es que no podemos ofrecer al Estado como solución cuando este lo hace mal en la salud pública, en la educación pública, en materia de seguridad ciudadana, en fin. Y acá les estamos diciendo a los chilenos: "¿Saben qué? Como aquí hay problemas, entonces la solución es que lo haga el Metro".
¡Por favor! En el último tiempo se aprobó un proyecto que amplió el giro de la Empresa Nacional del Petróleo.
¿Qué dijimos? La ENAP ahora podrá realizar actividades relacionadas con la generación eléctrica.
¿La ENAP? ¡Pero si la Empresa Nacional del Petróleo tiene una deuda de 4 mil millones de dólares y un patrimonio de 400 millones de dólares!
¡Qué nos puede entregar como beneficio!
En segundo lugar, el Gobierno envió un proyecto que aumentaba el subsidio al Transantiago. Ahí se incluyó una disposición para ampliar el giro del Metro (el que ahora nos ocupa). Y así fue autorizado también para crear una empresa de transporte de pasajeros (buses o taxis).
¡Otra vez!
¡Por favor! ¡Si el Estado ha dado la hora en transporte! ¡Nos creó la peor crisis que hayamos tenido en esta materia!
O sea, de nuevo estamos diciendo: "¿Sabe qué? Como hay un problema acá, la solución es incorporar al Estado".
Además -como muestra un botón-, en materia de previsión, el Gobierno anunció el pasado 21 de mayo una solución para el problema de las bajas pensiones: ¡una AFP estatal!
¡Por favor, señor Presidente! Yo llamo la atención de los señores Senadores en el sentido de que ello debiera preocuparnos. Tendríamos que poner en discusión si realmente estamos ofreciendo al Estado como una solución.
Por último, se nos ha planteado el tema de la tarjeta bip!, de los 15 centros de formación técnica en las regiones y, además, de las dos universidades.
Señor Presidente, la verdad es que no tengo un problema ideológico con el Estado. He apoyado a CODELCO miles de veces; también a la ENAMI, otras tantas, porque creo que el Estado tiene un rol que cumplir.
Pero, ¡por favor!, en estas otras actividades no lo pongamos como ejemplo, porque no lo es.
Me alegro de que mi jefe de bancada haya pedido plazo para formular indicaciones, pues yo presentaré algunas al objeto de que esta no sea una oferta de solución, porque no lo es.
En el último tiempo hemos observado que en aquellas áreas en donde participa el Estado -con algunas excepciones- lo hace mal.
No vendamos como una propuesta de solución algo que no lo es.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, los medios de pago en nuestro país son parte de un gran debate.
Hay varios proyectos de ley que por desgracia la Comisión de Economía nunca ha querido abordar, los cuales tienen que ver con cómo impedir que se nos obligue en determinadas empresas del retail a usar cierto medio de pago.
Evidentemente, hoy en día el retail ya no solo vende ropa, electrodomésticos, equipos electrónicos, sofás, camas: su giro principal no es la venta de cosas, sino actuar como una entidad financiera. Es ahí donde está su mayor rédito, su ganancia. Se han transformado en instituciones de intermediación financiera.
Por eso mismo, el medio de pago es un asunto ni en lo más mínimo secundario. En el retail se comenzó a cobrar intereses bastante más altos en comparación con otros medios de pago. Surgió este oligopolio, en que están Transbank y otros participantes.
Habría sido útil en esta iniciativa de ley abordar la discusión respecto de la obligación de usar ciertos medios de pago, según lo cual, dependiendo del que se utilice, el establecimiento del retail da un precio diferenciado, generándose una situación de poca transparencia, de escasa competencia en el mercado.
El debate al que nos invitan hoy, si bien no es el que acabo de mencionar, tiene que ver con generar más medios de pago plásticos, por así decirlo, tarjetas de débito que no sean bancarias.
Aquello ya existe en el transporte público con la tarjeta bip!, masivamente introducida, y que ha sido un tremendo éxito: ha cambiado la cultura de pago.
Pero no solo existe la tarjeta bip!, pues hay otros medios de pago parecidos. Ciertas cadenas de distribución de combustible han usado una en el transporte desde hace mucho tiempo. Ella ha servido como una forma de control de los gastos de los choferes en los camiones o en la micro y pequeña empresa.
Yo creo que eso es importante.
La masificación del uso de diferentes medios de pago es relevante, tanto para los sistemas bancarios como para los no bancarios.
El Estado -como recordó un colega que me antecedió en el uso de la palabra- entrega una masiva cantidad de subsidios o bonificaciones. Por ejemplo, INDAP, a través de los programas de PRODESAL, atiende a varias decenas de miles de agricultores. Y se ha ido eliminando el cheque, haciéndose los abonos a las cuentas RUT. Esto es muy bueno.
Sería muy útil para algunos jubilados contar con este sistema; habrá que ver si es para todos.
Señor Presidente, al tratar este proyecto de ley uno espera ver si vamos a abordar esto como una discusión de mayor competencia real o si es puro ideologismo para algunos. Un distinguido Senador de Atacama que me antecedió en el uso de la palabra despotricaba recién contra el transporte público de pasajeros en Santiago. Pero miro cómo ha votado y que integró un Gobierno que fue parte de lo mismo. Él puede tener una posición individual muy crítica, pero es parte de un sector político que es corresponsable de la situación del transporte público de pasajeros en Santiago.

El señor PROKURICA.- ¿Del Transantiago...? ¡Ah...!

El señor LETELIER.- Y una candidata presidencial que él apoyó tan entusiastamente fue parte de los acuerdos en el Senado. Y los encabezó.
Entonces, discutamos el proyecto de ley en su mérito.
La tarjeta bip! -sirve en el Metro y en los buses- es un medio de pago tremendamente útil para los jóvenes y para miles de personas.
¡Es tremendamente útil!
Se han implementado nuevos lugares para cargar las tarjetas.
Ese será, sin duda, el gran problema de los medios de pago planteados en la ley en proyecto: cómo se cargarán estas tarjetas. Probablemente será cada vez más a través de Internet, más operaciones electrónicas, como las transferencias.
Me parece bien que se genere competencia.
A algunos no les gusta que Metro ingrese al mercado, porque puede resultar una competencia muy grande.
¿Por qué le tienen miedo a la competencia?
El día de mañana puede ser otra la empresa que gane la administración de los medios de pago del Transantiago.
¿Qué operadores son los que hacen más viajes? ¿Será el Metro solamente, o hay una cantidad de buses que son administrados por particulares?
Pido que abandonemos el ideologismo en aquello.
Señor Presidente, creo que la ley en proyecto apunta en la dirección correcta: permite que la gente haga más transacciones sin dinero en efectivo, y eso es bueno.
Que haya una diversidad de instituciones que lo puedan hacer sin ser bancos es interesante.
Se deberá garantizar que tengan el capital de respaldo para responder a las dificultades que puedan acontecer.
Hay que regular correctamente que no estén cobrando intereses o tarifas abusivas por sus transacciones.
Pero, por sobre todo, al crear estos nuevos medios de pago se debe asegurar que si uno tiene una tarjeta equis no será discriminado cuando vaya a una multitienda o a otro lugar para pagar, cobrándosele precios más baratos solo si usa los instrumentos de esa institución.
Eso sería inadecuado.
Pido que el Ejecutivo y también los miembros de la Comisión se abran a las indicaciones relacionadas con este punto, para que junto con generar más competencia se termine con el abuso de algunos que controlan medios de pagos en ciertos puntos de nuestro país.
Voto a favor, señor Presidente.
Y hago un llamado a que seamos consistentes: si queremos más medios de pago no bancarios, no pongamos límites a quienes pueden participar en esa actividad.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, hay consenso en que este proyecto incluye la incorporación o inclusión financiera de sectores de bajos recursos de la población. Y, por lo tanto, también promueve y facilita su acceso a los medios de pago electrónicos mediante el desarrollo de instrumentos de pago con provisión de fondos o prepago que no sean extendidos solo por entidades bancarias, que permitan almacenar fondos en forma previa, ya sea en tarjetas, cuentas de Internet, teléfonos móviles o cualquier otro soporte.
La experiencia comparada dice que este mecanismo avanza, particularmente en Asia, en la Unión Europea, y ha significado un amplio desarrollo de los medios de prepago abiertos y multipropósitos.
Por lo tanto, es una tendencia interesante.
De hecho, la OCDE señala que han de minimizarse las barreras de entrada a nuevos actores. Es decir, hay que romper los monopolios existentes. Se debe tomar en debida consideración que, además de las regulaciones antimonopólicas, en muchos países existen varias empresas que ejecutan este tipo de transacciones, siendo un derecho del consumidor optar por una red u otra para procesar un pago.
Aquí mismo se ha destacado el ejemplo de la empresa Metro S.A., que es habilitada para entrar al mercado, aportando una nueva carretera para las transferencias electrónicas, tomando como base la tarjeta de transporte bip! Destaquemos que en este momento existen 5 millones de tarjetas activas y más de 2 mil 500 puntos de carga, y eso solo en Santiago.
En este contexto, la entrada del Metro como operador de tarjetas de pago es un gran avance para fortalecer el mercado financiero chileno y entregar cobertura a sectores que hasta ahora no estaban incluidos por el sistema, es decir, a personas de segmentos no bancarizados y a comercios semiinformales, como las ferias libres, entregando beneficios de forma transversal a todos los usuarios.
Por tal motivo, existe amplia coincidencia en cuanto a la conveniencia de democratizar el crédito por esta vía y, además, aumentar la competencia y reducir los costos de estas operaciones.
No obstante, si bien es un buen proyecto, ya que les quita el monopolio a las instituciones bancarias y comerciales e incorpora nuevos actores y formas de pago, también es prudente seguir educando financieramente a la población, como lo han hecho el SERNAC financiero o el Banco Central, en el sentido de que la cultura del ahorro y del gasto responsable son esenciales en una sociedad cada vez más consumista, que subsiste sobre la base del endeudamiento.
No olvidemos que Chile posee la más alta relación entre carga financiera e ingresos disponibles de los hogares, que llega a 38 por ciento promedio; seguido de Holanda, con 18,1 por ciento; Noruega, con 16,3 por ciento, y Suecia, con 11,1 por ciento.
Eso quiere decir que en Chile, en promedio, 4 de cada 10 pesos que ingresan mensualmente a los hogares se destinan al pago de deuda, por lo que deben vivir con el 60 por ciento de sus ingresos reales.
Ello da cuenta también de los riesgos que implica esta extensión del comercio a través de la vía del endeudamiento y de este tipo de tarjetas.
Finalmente, es una decisión soberana del consumidor, pero se debe tener sentido de responsabilidad y de educación financiera para cuidar los ingresos del grupo familiar y su inversión.
Por lo expuesto, apoyo este proyecto con entusiasmo, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- No quedan más inscritos para intervenir.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (34 votos a favor y una abstención), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvo el señor Moreira.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se ha propuesto como plazo para presentar indicaciones el 4 de julio, a las 12.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.

)-----------(

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo, suscrito por varias señoras y varios señores Senadores, mediante el cual entregan su respaldo al Gobierno de Chile con motivo de la demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia que busca certeza jurídica sobre el derecho que le asiste a Chile por el uso de las aguas del río Silala, a la vez que reiteran su apoyo a la permanente voluntad de diálogo manifestada por las autoridades chilenas en orden a alcanzar relaciones bilaterales amistosas y proactivas con Bolivia (boletín N° S 1.883-12).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Reglamentariamente, debería ser votado en su oportunidad. No obstante, parece que se propondrá algo distinto.
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, dada la importancia y trascendencia del tema y el carácter transversal de los firmantes, quiero solicitar, de ser posible, que se vote de inmediato y en forma unánime este proyecto de acuerdo, que se originó en la Comisión de Relaciones Exteriores.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se votará ahora.
Acordado.



RESPALDO A GOBIERNO DE CHILE POR DEMANDA A BOLIVIA ANTE CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA POR AGUAS DE RÍO SILALA. PROYECTO DE ACUERDO

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Conforme a lo recién acordado por la Sala, corresponde pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señoras Allende y Van Rysselberghe y señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Lagos, Larraín, Letelier, Matta, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Tuma, Patricio Walker y Zaldívar, que señala:
"EL H. SENADO ACUERDA:
" Entregar su irrestricto respaldo al gobierno de Chile con motivo de la demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia, que busca certeza jurídica sobre el derecho que le asiste a Chile por el uso de las aguas del Río Silala, en virtud de las disposiciones del derecho internacional público,
" Reiterar su apoyo a la reiterada voluntad de diálogo manifestada por las autoridades chilenas en orden a alcanzar relaciones bilaterales amistosas y proactivas con Bolivia, sobre la base de una agenda de intereses comunes, que no contemple aspectos que ya fueron resueltos por tratados internacionales vigentes.".
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.883-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 21ª, en 7 de junio de 2016.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba por unanimidad el proyecto de acuerdo.
)-----------(

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Continúa con la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- También ha llegado a la Mesa un oficio de la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que aprobó el proyecto que modifica la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, en materia de límite a los montos de los aportes que efectúan los candidatos a concejal en sus campañas (boletín N° 10.694-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
)----------(

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala la señora Paola Tapia, asesora legislativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a propósito de la iniciativa que trataremos a continuación.
No hay acuerdo.



REGULACIÓN DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS POR CONGESTIÓN O CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Matta y Ossandón, en primer trámite constitucional, para regular la circulación de vehículos motorizados por causa de congestión vehicular o contaminación atmosférica, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.184-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 33ª, en 8 de julio de 2015 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 3ª, en 22 de marzo de 2016.
Discusión:
Sesión 20ª, en 1 de junio de 2016 (queda para segunda discusión).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Respecto de esta iniciativa, en sesión de 1 de junio se solicitó segunda discusión.
Cabe recordar que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones hizo presente que acordó proponer a la Sala discutir solo en general este proyecto de ley, no obstante ser de artículo único.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 47 y 48 del primer informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En la segunda discusión, tiene la palabra en primer lugar el señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Andrés Gómez-Lobo.


El señor GÓMEZ-LOBO (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente, en primer término, quiero señalar que la congestión es un tema crítico en todas las ciudades de nuestro país. Esto sucede no solo en la Capital, sino también en las capitales regionales, en ciudades intermedias, lo que está afectando gravemente la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, considero que el Estado debe actuar y adoptar medidas eficientes y eficaces para evitar que este problema empeore con el paso del tiempo.
En consecuencia, debo manifestar que el Poder Ejecutivo apoya el proyecto de ley, iniciado en moción ingresada por los Senadores Guido Girardi, Manuel Antonio Matta y Manuel José Ossandón.
Sin perjuicio de ese apoyo, este Ministerio estima que la iniciativa puede ser perfeccionada, con miras a alcanzar de mejor manera los objetivos propuestos. Por ello, el Gobierno presentará una indicación.
La propuesta de indicación sustitutiva que formulará el Ejecutivo, de aprobarse la idea de legislar sobre esta materia, contempla la disminución de la congestión vehicular como uno de sus objetivos esenciales.
La experiencia con la restricción vehicular el invierno pasado en el caso de la ciudad de Santiago por motivos ambientales tuvo una alta aceptación entre la ciudadanía, con muestras de apoyo en las encuestas de 70 a 80 por ciento.
Esa restricción del invierno pasado arrojó un beneficio directo en el transporte público y en el privado, aumentando la velocidad de los desplazamientos y disminuyendo los tiempos de viaje.
Ahora, el proyecto de ley presentado por los referidos Senadores tiene un inconveniente en el sentido de que una restricción permanente por congestión genera incentivos para la compra de vehículos adicionales y, por lo tanto, va perdiendo efectividad con el paso del tiempo. Así lo demuestran experiencias en Bogotá, en Ciudad de México, y en otras urbes del mundo que han implementado un sistema de restricción permanente por congestión.
La indicación que ingresaría el Ejecutivo perfecciona esta normativa, generando mayor flexibilidad y creando los incentivos para evitar dicho efecto secundario contraproducente.
En consecuencia, solicitamos a los señores Senadores aprobar la idea de legislar sobre esta materia.
Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- A usted, señor Ministro.
Puede intervenir el Honorable señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, el proyecto tiende a generar un instrumento de gestión de las ciudades, de los territorios, a partir de los graves problemas que vivimos ante el modo como Santiago y el resto de las regiones han ido creciendo, particularmente desde el punto de vista de sus capacidades económicas, de la satisfacción de ciertas demandas y aspiraciones de la sociedad, simbolizadas, por ejemplo, en el acceso al auto particular como un signo de prosperidad y estatus.
Lo anterior no lo cuestiono y me parece que forma parte de la modernidad que hemos construido, pero ha tenido lugar, por desgracia, sin un incremento equivalente en la infraestructura, en las redes, en las vías, y sin que ello pueda crecer en el futuro conforme al aumento en el uso de vehículos.
No estoy de acuerdo con que el problema se resuelve, como piensan algunos, impidiendo el acceso a un auto particular. Lo que se precisa regular es la utilización, no la tenencia.
¿Cuál es nuestra situación? Por lo menos en la Región Metropolitana hemos hecho la gran apuesta, que se requerirá en todas las demás, de fortalecer el transporte público, porque es propio de las personas de menores ingresos, de menos recursos.
Es el transporte solidario: subir a un bus implica contaminar, por kilómetro recorrido, cuarenta veces menos que subir a un auto particular.
Nuestra inversión en el Transantiago es hoy día millonaria si se suman los cerca de mil millones de dólares para subsidiar el transporte público de la Región Metropolitana y los recursos "espejo". Lo que se le proporcionará a este en diez años es muy importante.
En cuanto a la discusión acerca de si los fondos se hallan bien entregados, creo que sí. Están muy bien focalizados, en efecto, porque es un medio que utilizan los más pobres, los de menores ingresos.
¿Por qué tenemos que avanzar con el proyecto? En realidad, no obliga a usar los instrumentos, sino que faculta a las autoridades para contar con uno que sea de gestión. Puede ser que aparezca mucho más claro que es posible emplearlo cuando haya contaminación.
¿Por qué aplicarles restricción a los autos con convertidor catalítico o sello verde?
Me tocó iniciar y aplicar la norma en los años noventa, cuando fui director del SESMA. El problema en aquel tiempo era el MP 10. Ese era nuestro adversario. Y quiero expresarles a mis colegas que logramos un gran éxito en regular y disminuir tal elemento, emitido fundamentalmente por los vehículos diésel, el polvo y las quemas.
La dificultad actual es el MP 2,5. Es decir, se llevó a cabo una conversión desde el material particulado grueso al particulado fino, justamente el más tóxico, el más letal, el causante de cáncer, de bronquitis obstructiva, de neumonía, pero, además, de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, nuestra realidad es otra, porque ya cumplimos una etapa.
El MP 2,5 es emitido al menos en un 40 por ciento por los autos con convertidor catalítico. Otro porcentaje significativo deriva del uso de leña en las ciudades.
En Santiago, si bien el auto con sello verde no generaba antes MP 10 y, por lo tanto, estaba marginado de la limitación en episodios críticos, ahora es el responsable o uno de los más importantes responsables del MP 2,5.
Si fuera preciso eximir hoy día a un medio de transporte de los procesos de restricción, eso evidentemente debería referirse, por ejemplo, a los autos eléctricos -es la política que debiera aplicarse-, o al menos a los híbridos, porque son aquellos cuyo empleo debiéramos incentivar. Cada día hay más. Dentro de cinco años van a estar a precio de mercado.
Cabe consignar que se encuentran en juego la salud y la vida de las personas, dado que en episodios críticos de preemergencia y emergencia aumentan las muertes diarias. Los peaks de MP 2,5 pueden ser muy relevantes. Me parece esencial facultar a la autoridad para emplear estos instrumentos tanto en Santiago como en regiones. No es una obligación hacerlo: es un elemento más de su arsenal.
Ahora, ¿por qué tiene lugar la congestión?
Señalaba que hemos gastado recursos cuantiosos en el Transantiago. Pero enfrentamos un problema: es un modelo de transporte con una velocidad promedio de cerca de cinco kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque los autos particulares bloquean e impiden la circulación de los buses.
Sé que una parte de la dificultad deriva de que no se ha cumplido el compromiso de construir infraestructura, pero, además, esa disputa por el bien público vial da lugar a que la inversión que estamos efectuando en el sistema de transporte público no obtenga ninguna rentabilidad.
Deseo consignar que si se aumentara a diez kilómetros por hora la velocidad promedio del Transantiago, ello equivaldría a contar con el doble de buses sin pagar un peso más, es decir, se duplicaría la capacidad de transporte.
Y quince kilómetros por hora más representarían el triple.
Y veinte kilómetros por hora más -ello resulta del todo posible- implicarían un parque cuatro veces más grande que el de ahora, en términos relativos.
Eso significaría para las personas un tiempo de espera muy inferior al actual, una mayor frecuencia de pasada y, evidentemente, mucha menos demora entre el origen y el destino.
Por lo tanto, se trataría de una medida totalmente solidaria. Pero estoy de acuerdo con que tiene que ser complementada con las propuestas discutidas en la Comisión Pro Movilidad por el Ejecutivo, las universidades y los expertos, para que en definitiva no se incentive la tenencia de un segundo vehículo.
Nos pronunciamos ahora en general, y nos hacemos cargo de que el proyecto tiene que ser mejorado con elementos innovadores. No me corresponde darlos a conocer -los entregará el Ejecutivo, junto con los expertos, cuando se presenten las indicaciones-, pero no seríamos responsables si no permitiéramos los instrumentos de gestión que van a ser fundamentales en el tiempo venidero.
Todas las ciudades en el mundo han avanzado en la materia. En Europa ya se han implementado las normas para gestionar la congestión y la contaminación. Porque, al final, el objetivo es lograr urbes inteligentes, concepto que se refiere a territorios para promover la salud y para la calidad de vida.
No podemos seguir con el presente modelo. Santiago cuenta con dos millones de autos particulares. Más de cien mil vehículos nuevos ingresan cada año a la Región Metropolitana. Se registran siete millones de habitantes. Y el crecimiento va a continuar. La situación se repetirá en cada ciudad.
Es cierto que podemos involucrar wifi y tecnología para mejorar. Seguramente, los autos serán sin conductor en el futuro. Existe un desafío permanente de cambio.
Soy partidario de que una proporción importante de los buses, en la próxima licitación, sean eléctricos. En cinco años más, la tecnología diésel se hallará totalmente proscrita, y los vehículos que se licitarán en 2018 serán chatarra, no servirán para nada y no se podrán utilizar ante los cuestionamientos a nivel global.
Pero tenemos que avanzar integralmente. Y me parece que poner a disposición de las autoridades del Gobierno actual y de los futuros estos instrumentos de gestión es fundamental para poder hacernos cargo de los graves problemas de las ciudades.
El señor Ministro planteaba algo muy importante: cuando ha habido situaciones por las cuales se ha tenido que restringir el uso de autos particulares, ha sido de una gran utilidad y valoración el beneficio para la ciudad en términos del aumento de la velocidad del transporte público, pero, además, para los mismos automovilistas, que se han podido desplazar sin sistemas congestionados, turbulentos.
Y es por eso que la iniciativa, complementada con las indicaciones que han estado estudiando las universidades, los expertos y el propio Ejecutivo en la Comisión Pro Movilidad, nos parece esencial en orden a poder avanzar justamente en la gestión de una ciudad para la vida, saludable y pensada, primero, en el peatón; segundo, en el ciclista, y tercero, en el usuario del transporte público. O sea, la idea es una urbe equitativa, solidaria y considerada sobre la base del bien común.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿El Senador señor Pizarro pide abrir la votación?

El señor PIZARRO.- Así es.

La señora ALLENDE.- Conforme.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?

El señor COLOMA.- Manteniendo los tiempos.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, en el debate me enmarco en una mirada que pretende o busca incentivar cambios de conducta. Este objetivo es fundamental ante un bien escaso como las vías; ante una ciudad contaminada.
En tal sentido, deseo recordar -no es para ser molestoso- que veinte años atrás, cuando discutíamos acerca de la restricción vehicular, la única causal que un sector de chilenos aceptaba era la contaminación, no la congestión. Hoy existe una conciencia colectiva de que es bueno regular el uso de las vías y reducir la congestión y contaminación producto de fuentes móviles.
Evidentemente, el mejoramiento del transporte público es siempre una necesidad. Este no es un problema de la Región Metropolitana. Quienes creen lo contrario conocen poco la realidad del país. Muchas ciudades intermedias -capitales regionales, provinciales, pero no solo ellas- están padeciendo en forma fuerte la congestión y, por ello, parece sabio entregarles un instrumento a las autoridades, al Estado, al regulador.
Aquí se propone un procedimiento que no existe en otros lugares. El instrumento de la restricción vehicular genera incentivos para viajar con otros, si es necesario -es decir, para no ir solo en el auto-; para que las pymes o las empresas no se vean afectadas al pagar el derecho de uso de las vías.
El Senador que habla invitaría a esta Corporación y al señor Ministro de Transportes, quien nos acompaña, para que en el proyecto asimismo se contemplaran normas complementarias.
Una de las principales causas de congestión en las capitales o en ciudades congestionadas es que muchas personas se trasladan solas en los vehículos, particularmente en los horarios punta. Esa es una práctica que es preciso desincentivar.
Por mi parte, voy a votar a favor en general. Estoy disponible para entregarle al Ejecutivo diferentes instrumentos, pero me gustaría saber cuál es la voluntad de lograr un cambio de hábitos donde efectivamente se causa un daño. Porque la restricción vehicular puede ser un camino, como lo planteaban el Honorable señor Girardi y otros colegas, mas también sería posible sancionar, independientemente de esa medida, a quienes se trasladaran solos en un vehículo. Es decir, cabría establecer una regulación en el sentido de que si se viaja en esa forma no se puede entrar en ciertos perímetros entre 8 y 9:30 o entre 8 y 10, de forma tal que la persona se programe para hacerlo en horarios diferentes o encuentre un incentivo para desplazarse con otras o en el transporte público.
Señor Presidente, es obvio que la congestión no solo provoca trastornos en la salud: genera dramáticas dificultades de productividad para la economía, gasto energético innecesario, pérdida del tiempo junto a la familia para quienes viajan largas horas. Por ello, estando absolutamente disponible -repito- para pronunciarme por la aprobación y planteando la satisfacción de que se entienda que constituye un problema público, reitero mi petición de que el señor Ministro y otros se abran a establecer regulaciones adicionales, entre ellas la de que no se pueda entrar en ciertos perímetros manejando solo en un vehículo.
A mi juicio, sería una medida incluso más eficiente, más racional, y que permite el uso de las vías en forma más adecuada. Quienes quieran usar las vías de la otra manera sabrán que tienen que modificar sus hábitos y partir o más temprano o más tarde a su destino, pero no causarle un daño al colectivo. La iniciativa ha de llevar a cambios de conducta y a pensar en lo colectivo, en la ciudad y en que todos somos corresponsables de lo que pasa en los lugares donde vivimos.
Votamos con la esperanza de que en la Comisión se podrá perfeccionar la norma y entendiendo -reitero- que no se trata de algo propio de la Región Metropolitana, sino de varias ciudades que se hallan en la necesidad de enfrentar la congestión, que daña la calidad de vida y afecta la productividad de nuestra economía.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Puede intervenir la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, juzgo que si queremos menos utilización del auto en el área urbana tenemos que mejorar fuertemente el transporte público. En las ciudades europeas donde se usa poco, ello obedece, de hecho, a que este último sistema funciona muy bien y a que existen vías exclusivas para la bicicleta, medio de traslado común. Pero lo que no se hace, excepto en el caso de la exclusión en el centro mismo, es regular el empleo del vehículo de una manera tan excesiva como se propone en el proyecto de ley.
Me parece que ello es como tratar de solucionar el problema por el lado que no corresponde, pues lo que finalmente sucederá es que la gente, al igual que hoy, comprará un auto adicional -y otro más, probablemente-, y la restricción vehicular no se traducirá en menos tacos, que se van a mantener exactamente igual.
Lo que se requiere es mejorar los otros sistemas de transporte, para que realmente valga la pena bajarse del auto. Y eso es lo que no ocurre hoy día ni en Santiago ni en las regiones del sur.
Conversamos el otro día sobre el punto con el señor Ministro de Transportes. Por ejemplo, no se comprende por qué los barcos no están incluidos en el transporte público de una ciudad como Valdivia. Existe el taxi fluvial, pero es muy caro para trasladarse desde el otro extremo, y la persona recurre al auto o al bus. Ambos medios aumentan la cantidad de tacos. Sería mucho mejor si el transporte fluvial estuviera comprendido -reitero- en la red. De esa manera realmente se descongestionarían las calles. Y los que viven en Las Ánimas, al otro lado del río, podrían viajar sin ningún problema y de manera mucho más rápida hacia el centro.
Entonces, creo que aquí no estamos solucionando realmente el problema, sino haciendo como que lo solucionamos prohibiendo el uso del automóvil. Pero la gente se va a comprar otro vehículo mientras no tenga un transporte alternativo verdaderamente bueno.
Los transportes alternativos son la bicicleta, un buen transporte público y ser creativos. Y, en el caso de ciudades como Valdivia, hay que incluir, dentro del transporte público, el transporte fluvial. Sin embargo, no lo hacemos porque hoy no tenemos la regulación para ello, porque existen miles de problemas y porque el Estado mismo pone miles de obstáculos.
Entonces, en vez de ser creativos, de ser proactivos, prohibimos. Lo más fácil es prohibir. ¡Siempre lo más fácil es prohibir!
Acá se ha dicho que la gente se va a subir a otro auto. No va a ser así: no se subirá a otro vehículo. No lo creo. Sí se va a subir a una bicicleta, si es que tiene posibilidades de utilizarla. Pero hoy, nuevamente en ciudades como Valdivia, cruzar un puente en bicicleta es imposible, casi suicida. Uno se pregunta por qué, por el lado, no se ponen pistas exclusivas para bicicletas. Pero tampoco se puede. Además, cuando se construyen puentes nuevos -hoy igualmente se están levantando en sectores rurales-, uno pensaría que se consideraran las bicicletas, pero lograr eso también es un problema.
Por lo tanto, el Estado, como no es suficientemente creativo, como no es suficientemente proactivo, prohíbe: todo lo prohíbe. Y es lo que estamos haciendo hoy día acá.
En principio, señor Presidente, iba a votar en contra de la iniciativa, porque no creo que sea el camino correcto. Me han planteado que me abstenga, dado que, probablemente, su texto va a cambiar. Sin embargo, la verdad es que no me parece que sea el camino para lograr una solución.
El camino es mejorar el transporte público, que el Estado sea creativo y proactivo, encontrar otras maneras de que la gente se traslade dentro de las ciudades. Yo hasta podría pensar que sería una buena idea prohibir el uso del automóvil dentro de las urbes, pero en un perímetro superespecífico, ¡superespecífico!, siempre y cuando uno pueda llegar a la ciudad con su auto y poder estacionarse, porque hoy día eso tampoco es posible. ¿Dónde dejo el auto si yo llego al perímetro de la ciudad? ¡No tengo dónde estacionar! Y si vengo de lejos, ¿dónde lo ubico?
¿Qué hay que hacer, entonces? El Estado tiene que invertir en establecer, fuera del perímetro en el cual no se pueda entrar, un estacionamiento público para que uno pueda dejar su vehículo sin costo y quizás incluso tomar una bicicleta para llegar desde ahí al centro de la ciudad.
Eso existe en las ciudades europeas que nosotros citamos. No es que allá la gente tenga prohibido usar el auto: no lo usa porque no es práctico. Llega a las afueras de la ciudad, deja su vehículo en un estacionamiento público y toma la bicicleta o bien el transporte público para ir al centro.
En Chile, como todo eso es muy difícil para el Estado, como el Estado es muy poco eficiente en solucionar estos problemas, les prohíbe a los privados usar el auto. ¡Eso es lo que hacemos! ¿Es la solución? No, porque se va a encontrar el camino por el lado. ¿Y cuál es el camino por el lado? Comprar otro auto y utilizar aquel al cual no le toque restricción. Cada persona va a tener tres autos, no sé. Pero es lo que va a suceder, señor Ministro.
Yo de verdad considero que esa no es la solución. La restricción vehicular no es el medio para solucionar el problema, menos en las ciudades que no son Santiago. Esa es como una solución muy santiaguina. En las ciudades del sur podemos ser mucho más creativos para enfrentar los tacos que hoy tenemos. Para empezar, habría que asegurarse de que los puentes queden bien hechos, porque de esa manera tendríamos menos congestión en los lugares donde se produce.
En definitiva, es ineficiencia del Estado que la solución termine siendo que los ciudadanos no puedan usar su auto. Y, en ese sentido, señor Presidente, creo que la iniciativa no va en la línea correcta.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra a continuación el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la contaminación atmosférica y la congestión vehicular en nuestras ciudades afectan gravemente la vida a lo largo de todo nuestro territorio.
Esos ya no son solo fenómenos de la ciudad de Santiago. La contaminación del aire afecta en forma más severa a ciudades del centro y el sur donde se utiliza leña. Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coihaique saben de esta realidad desde hace varios años.
Si bien se han comprobado avances en la disminución de la contaminación a partir de la restricción vehicular, los estudios evidencian que la mayor parte de las emisiones provienen de fuentes domiciliarias e industriales y del transporte pesado.
No obstante ello, se justifica plenamente considerar la medida de restricción, en forma temporal o permanente, para fines de descontaminación. Pero además tiene efectos innegables en la disminución de la congestión de tránsito y, por lo tanto, en la posibilidad de desplazamientos más rápidos dentro de nuestras ciudades.
Obviamente, esta medida no puede estar desconectada de un mejoramiento integral del transporte público.
Y, nuevamente, esto ya no es solo prioridad para Santiago. Se requieren también corredores de buses en las ciudades más importantes de las regiones.
Debemos impulsar, de una vez por todas, señor Ministro, trenes de cercanías, funiculares, teleféricos, escaleras mecánicas en nuestras ciudades. No podemos esperar que el crecimiento de las urbes haga más caros y difíciles estos proyectos, que hoy ya existen pero que siguen postergándose.
¡De una vez por todas, que los Ministerios de Obras Públicas y de Transportes entiendan la necesidad de invertir en nuestras regiones!
Los fondos espejo del Transantiago, el nuevo Fondo de Infraestructura, deben proponerse estos objetivos; ser más ambiciosos.
Si mejoramos la infraestructura y con ello la calidad de nuestras ciudades, las haremos más atractivas y, consecuentemente, desincentivaremos el crecimiento desmesurado de Santiago.
Los recientes sucesos de Chiloé, y antes, los de Punta Arenas, Aisén, Atacama y tantos otros, nos recuerdan, cada cierto tiempo, que tenemos una deuda con las regiones.
Ponen en evidencia las injusticias del modelo de desarrollo imperante. Son los habitantes de regiones los que deben soportar los efectos de las gigantescas termoeléctricas para alimentar la gran capital, mientras los gases invernadero que ellas generan provocan el cambio climático relacionado con la marea roja, que hoy está afectando a pescadores artesanales en la Región de Los Lagos.
Ese es el encadenamiento perverso que produce rabia e impotencia en los habitantes de nuestro sur y que termina afectando su convivencia pacífica y amigable con el medio ambiente.
Hay que dar señales potentes de que estamos haciendo cosas para cambiar esta situación y que de verdad priorizaremos las regiones, revisando, por ejemplo, los paradigmas que utilizamos en la evaluación de la inversión pública.
Llegará el día en que valoricemos, en las inversiones desarrolladas en regiones, además de sus beneficios directos, los ahorros que signifiquen el desincentivar el crecimiento desmesurado del gasto en la gran metrópolis.
Es decir, un peso más en regiones no es solo un peso que no se gasta en el centro, sino que debe considerarse también como un peso de ahorro en el gasto futuro de la capital.
En consecuencia, me parece positivo otorgar un marco legal que respalde el establecimiento de la restricción vehicular con carácter permanente o transitorio, pero ello debe ir acompañado de un plan nacional de transporte, integrado a una estrategia nacional de desarrollo urbano que se haga cargo de los desafíos sociales, económicos y ambientales de la vida en nuestras ciudades en las próximas décadas.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, de la relación que distintos Senadores han hecho de este proyecto y de su propio texto uno puede entender que lo que aquí se está buscando, al final, es generar una norma prohibitiva y permanente para efectos de enfrentar la congestión vehicular y la contaminación atmosférica.
Es un cambio en las políticas públicas que ha habido hasta ahora, donde más bien se ha pretendido enfrentar el problema medioambiental con medidas parciales en materia de prohibiciones.
Yo advierto en este proyecto una tendencia a insistir en una forma de abordar los conflictos basada mucho más en la prohibición y en la restricción que en el uso de la inteligencia, de la capacidad, en el buen funcionamiento de las obras, en el cumplimiento de los compromisos, como señaló un Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Aquí hay un problema bien medular. Y no es cuestión de ser voluntarista. Si alguien piensa que los síntomas de una deficiencia severa pueden ser enfrentados creyendo que van a ser definitivos, simplemente tratando de ocultar o de disminuir esos síntomas, está profundamente equivocado.
Creo que, más allá de su intención, esa es la fórmula incorrecta de abordar los problemas de estructura, de generación de un modelo sustentable en nuestro país. Esta medida estará lejos de producir los efectos que se pretenden. Y no solo en el ámbito medioambiental -que, por último, es mucho más medible-, sino también en el plano de la congestión, bastante más complejo y cuya medición es muy arbitraria. Lo hablábamos con algunos colegas. A veces las congestiones de ciudades regionales pueden ser harto más severas que las que ocurren en Santiago, y las formas de abordarlas no tienen por qué ser simétricas. Me parece muy pertinente colocarlo arriba de la mesa.
¿Cómo deben enfrentarse, a mi juicio, problemas de esta naturaleza?
Primero, mejorando el sistema vial. Imaginemos que el sistema de restricción y prohibición sea eficiente la primera semana y que después, al mes -porque va a haber sucedáneos: el segundo o el tercer vehículo será uno de ellos- se vuelva en contra. La tendencia natural será aumentar la restricción, con tres, cuatro, cinco o seis dígitos, generándose al final, por la vía de la prohibición, una limitación total a la capacidad de desplazamiento de los ciudadanos.
Por lo tanto, creo que lo primero que hay que tener presente es cómo mejorar el sistema vial: cómo mejorarlo en serio y no con proyectos centralistas como lo que ha implicado el Transantiago durante los últimos años.
Segundo, habría que optimizar el transporte público. Y lo separo del Transantiago porque el transporte público es de todo el país. Obviamente, hay señales inquietantes respecto de la falta de innovación, particularmente en regiones. A estas alturas ya hemos discutido, con motivo de cada una de las leyes que se proponen para aumentar los fondos del Transantiago, cómo se utilizan los fondos espejo respectivos: si van al fondo del asunto o simplemente a paliar un síntoma.
Para mí, la fórmula racional de enfrentar el problema sería a través de mejoras al sistema vial, mejoras al sistema de transporte público, y -como una tercera vía- incentivos para que los usuarios prefieran movilizarse en este último.
Un Senador que me antecedió en el uso de la palabra planteó una cosa que me parece de buen sentido: generar vías más rápidas para las personas que no vayan solos en sus vehículos en horarios peak para determinados desplazamientos ciudadanos. Me parece que eso apunta a una forma de incentivar y no de prohibir. Creo que todo aquello que tienda a mejorar las conductas, a formar una cultura de desplazamiento diferente, va en el sentido correcto. Lo más fácil siempre es prohibir, sancionar, castigar, lo cual es ilimitado. Se parte castigando un poquito, pero el día de mañana se puede llegar a castigar los tacos y a sancionar a los responsables.
No todo en la sociedad es prohibición, no todo es restricción. Debemos tener la capacidad de inteligencia para enfrentar los problemas medioambientales o de transporte público mejorando los sistemas, creando incentivos y aplicando una perspectiva más creativa que restrictiva.
Entiendo que algunos Senadores quieran encarar la situación por la vía de la prohibición, pero al menos yo no soy partidario de enfrentar las dificultades de esa forma porque, al final, si ella se proyecta a todos los ámbitos de la vida, nos vamos a encontrar con una sociedad cada vez menos libre y con menos capacidad para crear, al estar todo enfocado en el tema de la prohibición.
Por eso, señor Presidente, no comparto este proyecto. No juzgo intenciones, que me imagino que serán muy legítimas, pero creo que apunta en un sentido incorrecto en la forma de abordar los problemas de contaminación y de congestión que se dan en las ciudades modernas. Representa una fórmula distinta de la lógica que, en mi opinión, debiera impregnar las políticas públicas, y por eso no lo voy a aprobar.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Le corresponde el uso de la palabra al representante de la Región de Los Lagos Senador señor Iván Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, si usted me lo permite, quiero rayar un poco la cancha. Y rayar la cancha porque quiero decir que mi voto negativo no es un capricho. Tampoco quiero hacer de mi intervención una caricatura.
Respeto profundamente a los firmantes de este proyecto de ley, pero siento que con mi voto negativo estoy obligando a que la solución al problema de la contaminación se lleve a cabo a través de políticas públicas concretas y con recursos.
Créanme que en la Región de Los Lagos, especialmente en Osorno, en Puerto Montt, vivimos lo que significa el humo, la contaminación. Pero pienso que este no es el camino correcto.
Discúlpenme si a algunos les parece que lo que voy a decir es una ironía o una caricatura -no lo es-, pero creo que hay que señalar que a este paso se presentarán proyectos de ley para no comer, no tomar, no fumar, no salir de noche, no bailar, y quizás también para no construir más puentes sobre canales, porque son "yeta".
Digo "no comer" y, claro, yo entiendo el objetivo de desincentivar el consumo de comida chatarra. Pero "no coma"; "no tome", por los efectos que tiene el trago; "no salga de noche", por la delincuencia...

El señor DE URRESTI.- ¡No pololee...!

El señor MOREIRA.- Exactamente, "no pololee"; "no baile", ¡porque se le quita el aire al de al lado...!
Miren, yo no quiero sacar sonrisas ni tampoco tratar de ironizar con el tema, pero eso es lo que ha hecho este Senado últimamente.
He aprendido cuál es el estilo de ustedes.
Moderación, prudencia, sentido de realidad.
Y creo que este proyecto no se condice con la realidad.
Pienso que la única forma de aspirar a solucionar...

El señor MONTES.- ¿A quiénes se refiere con "ustedes"?

El señor MOREIRA.- Cuando yo hablo de "ustedes" -por su intermedio, señor Presidente-, me refiero al Gobierno, a quienes hoy día están apoyando este proyecto.

El señor LETELIER.- ¡A Ossandón!

El señor MOREIRA.- Miren, me da lo mismo. Para mí, lo importante es otra cosa.
Lo que no me gusta, señor Presidente, es lo que nos ha dicho el Senador Letelier, contradiciéndose con otras cosas que ha señalado. Él siempre dice que tenemos que legislar bien. ¿Y qué nos ha dicho ahora? Que este proyecto lo van a ver en la Comisión y que lo van a cambiar para mejorar todo. Pero al final se presenta un proyecto y sale una cuestión totalmente distinta.
Entonces, hagamos el proyecto que corresponda para afrontar lo que significa la contaminación.
Quiero ejemplificar una situación que ocurre en Osorno.
Osorno se está convirtiendo en un segundo Temuco. Hay un plan de descontaminación -que esperamos que tenga mayores recursos-, pero dicho plan pasa por la reconversión, que la gente tenga otro modo de calefaccionarse y no lo haga a través de la leña, que evidentemente contamina. Sin embargo, no vamos a prohibirle a la gente, de la noche a la mañana, que nunca más use leña, porque ahí sí que le estaríamos ocasionando un problema grave a la ciudadanía.
Aquí se han planteado muchas soluciones, pero, si no las asume el Gobierno, serán muy difíciles de implementar. Se necesitan recursos.
¿Cómo reconvertimos la forma de calefacción que actualmente existe? A través de calefactores especializados, o distintos.
¿Cómo combatimos el problema de la contaminación? Mejorando el transporte. Sin embargo, no veo mayores recursos para ello.
Por eso, señor Presidente, si vamos a presentar un proyecto para enfrentar el problema de la contaminación, hagámoslo en serio. No sigamos prohibiéndole a la gente todo. Tengamos un poco de sentido común, porque esta iniciativa no va a solucionar las dificultades que aquí se están planteando. Creo que este proyecto de ley terminará siendo, como otros, un parche.
Reitero, señor Presidente, mi voto negativo, coincidiendo, además, con otros parlamentarios que también van a votar en contra y que han expresado sus opiniones, quizás más técnicas que las mías, las cuales he emitido solamente desde la perspectiva de la realidad que tenemos en la Región de Los Lagos (Puerto Montt, Osorno), más allá de los distintos antecedentes que se han entregado.
Advierto que el contenido de este proyecto va a afectar a la ciudadanía, especialmente a la de la Región Metropolitana. Yo prácticamente no vivo en Santiago, pero me doy cuenta de que se pregunta la opinión a la gente para algunas cosas y para otras no.
Me gustaría que se hiciera una encuesta, una consulta pública. ¿Qué diría la gente?
Aquí se señala que hay que escuchar al país, a la comunidad, a los propietarios, a las personas que circulan en sus vehículos por razones de trabajo. ¡Y ahora las vamos a obligar a tener un segundo automóvil!
Creo que esa no es la solución.
Por lo tanto, reitero mi voto "No".
Sin embargo, estoy dispuesto a apoyar cualquier otra iniciativa de ley en este ámbito que apunte en el sentido correcto.
Señor Presidente, con el texto propuesto vamos a seguir dilatando y dilatando el problema, gastando y gastando los recursos del Estado, sin dar solución a las causas de fondo de la contaminación en nuestro país.
Voto en contra.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Ha quedado claro su rayado de cancha, Senador señor Moreira.
Tiene la palabra el Honorable señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, hemos escuchado distintas intervenciones que profundizan sobre este proyecto, la mayoría de ellas basadas en antecedentes científicos, propios de quienes claramente conocen la realidad de las comunas.
Valoro esta iniciativa, de artículo único, pues constituye un avance ya que permite entregar un instrumento adicional al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a la hora de decretar la prohibición de circulación de automóviles, fundado no solo en la contaminación atmosférica, sino también en la congestión vehicular, lo que posibilitará la regulación de esta materia en una serie de ciudades.
No es una casualidad que decenas de centros urbanos a lo largo de Chile sufran hoy contaminación atmosférica y congestión vehicular. Las causas son el déficit en infraestructura y la falta de integración del transporte público.
Ello claramente es una constante.
Con bastante sorpresa, nos enteramos en los últimos días de que Coihaique se ha convertido en una de las ciudades de Sudamérica con mayor contaminación atmosférica: ¡Coihaique, ubicada en plena Patagonia, barrida por los vientos, se encuentra con altos niveles de contaminación, producto de la escasez de lluvia!
¡Para qué hablar de lo que sucede en las Regiones de Los Lagos, de La Araucanía, del Biobío!
Desgraciadamente, en el último tiempo también hemos visto con muchas preemergencias ambientales a las ciudades de Valdivia, La Unión, Río Bueno, que nunca habían conocido niveles altos de contaminación.
El criterio de congestión vehicular para decretar la restricción de circulación en determinados días me parece que avanza en el camino correcto. La autoridad debe manejar un instrumento a fin de distribuir esa carga, que se ha ido incrementando, de la noche a la mañana o año a año, en cifras exponenciales en cada una de las ciudades, principalmente en las capitales regionales.
Son miles los vehículos nuevos que se incorporan al parque automotriz, y resulta imposible que la infraestructura vial, con un déficit acumulado ya durante largos años, pueda incorporarlos.
Lo anterior se traduce en problemas de congestión, en retrasos en el desplazamiento, en dificultades para estacionarse, en accidentes de tránsito. Por algo hoy día se registra una alta tasa de accidentabilidad, especialmente de peatones.
Entonces, creo que el proyecto avanza en el camino correcto.
En todo caso, como señaló el propio Ministro de Transportes, seguramente se van adicionar algunas indicaciones en el debate en particular. A mi juicio, ahí debiéramos aportar una idea que se verá materializada en Valdivia. En efecto, el referido Secretario de Estado presentó hace unas semanas el Plan Piloto de Movilidad Urbana.
En las distintas capitales regionales o en las ciudades con una significativa cantidad de habitantes, tendríamos que contar con un plan de movilidad urbana. No podemos apostar a que el desplazamiento se haga simplemente a través del automóvil particular, de los taxibuses, de los taxis colectivos o de otras alternativas vehiculares.
Avancemos en ese plan para implementar trenes de cercanía en lugares donde aún existe tendido ferroviario. Dicho sea de paso, fue un error -¡un tremendo error!- levantar las líneas de tren en muchos sectores. Hoy día servirían enormemente con el objeto de comunicar de mejor manera distintos núcleos urbanos. Pienso en el Gran Concepción, en el ramal de Temuco a la costa (a Carahue).
Nosotros, en la Región de Los Ríos, contra muchos pronósticos pudimos mantener el ramal entre Valdivia y Antilhue, que debiera ser el punto de conexión entre la capital regional y diferentes comunas.
Asimismo, el plan de movilidad urbana debiera integrar el uso de la bicicleta. Hace dos semanas, auspiciado por el Ministerio de Transportes, hubo un importante seminario en la Región, que destacó la necesidad de aumentar la utilización de dicho medio de transporte por no ser contaminante; generar movilidad; aportar a la salud, y permitir el desplazamiento de grandes y chicos (estudiantes, obreros, profesionales).
Ahí tiene que haber un programa.
Por lo tanto, debemos apoyar esta iniciativa.
Habrá que estar atentos, señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, a las indicaciones que se formulen en su oportunidad, para que la descrita sea una herramienta efectiva de trabajo en su Cartera a fin de favorecer a los distintos núcleos urbanos.
Es necesario extender mucho más en la realidad territorial de cada ciudad los planes de movilidad urbana mencionados.
En definitiva, debiera haber un compromiso respecto de cuántas ciclovías y vías exclusivas se van a trazar; de cuál es la infraestructura que se va a construir. Insisto: se requieren trenes urbanos, tranvías y teleféricos en algunas ciudades dotadas de distintas terrazas o de cerros en su conformación.
Por eso respaldo la iniciativa, y espero que en la discusión en particular se formulen las indicaciones correspondientes para establecer instrumentos de gestión contra la contaminación atmosférica que permitan contar con ciudades de nivel internacional, y, también, proveer herramientas con el propósito de combatir la excesiva congestión vehicular.
En consecuencia, voto a favor de la idea de legislar.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, al mirar el título de este proyecto, uno tendería a pensar que es bienintencionado.
Ahora, parte de su contenido ya se aplica: la restricción vehicular por contaminación atmosférica, si bien no por mandato de una ley, opera hoy día en nuestro país.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Disculpe la interrupción, señora Senadora. Inmediatamente le restituyo el uso de la palabra.
Es que, para tomar acuerdos, se requiere quorum.
Por eso necesito consultar ahora si habría unanimidad con el fin de fijar como plazo para indicaciones el próximo 20 de junio, a las 12.

El señor PROKURICA.- No.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- No hay acuerdo.
Continúa con el uso de la palabra la señora Senadora.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, decía que la restricción vehicular por contaminación hoy día se produce en nuestro país.
En Santiago, dicha medida muy probablemente aporta de manera significativa a disminuir los márgenes de contaminación.
Pero en Chillán, en Los Ángeles y en Temuco la gran contaminación está dada por la calefacción a base de leña en el invierno, no por el uso de vehículos. Si bien la referida restricción podría ayudar en algo, la gran solución, como indicó el Senador Moreira, sería prohibir el uso de leña en los días de alta contaminación.
Sin embargo, lo que me parece francamente inconveniente es decretar la restricción vehicular por congestión. Uno podría entender tal planteamiento si existiera una alternativa. Prohibir por ley el uso de automóviles algunos días sin darles una opción a los ciudadanos me parece, francamente, discriminador.
Quien pueda comprarse un segundo automóvil lo va a hacer. Probablemente el Ministro va a decir que la restricción se efectuará de modo aleatorio. En tal caso, algunos van a adquirir tres autos, porque así tendrán mayores posibilidades de seguirse trasladando, pues no cuentan con la alternativa de usar el transporte público, ya que este es malo.
Entonces, si vamos a proponer restricciones de esa naturaleza, habrá que contemplar alternativas reales para que la gente se pueda desplazar.
Y, tal cual decía la Senadora Ena von Baer, debemos considerar el uso de la bicicleta.
En la Región del Biobío se está construyendo una costanera que comunica dos comunas. Yo recuerdo que años atrás, cuando ese camino tenía berma, antes de que se ensanchara producto de la congestión, la gente se desplazaba en bicicleta al trabajo. Hoy día no se puede hacer porque el diseño urbano de las ciudades no lo contempla, como tampoco el que se está desarrollando actualmente.
Entonces, si nosotros queremos generar restricciones y decir por ley que no se haga algo, el Estado no debe cerrar todas las puertas. Es decir, no puede dejar como alternativa un sistema de locomoción colectiva que es deficitario, que las personas evalúan con nota roja.
¡Preguntémosle a la misma gente qué piensa!
¿Podríamos avanzar en este sentido? Sí. Pero con inversión, y no mediante la obligación legal de adoptar conductas sin generar previamente los escenarios para canalizarlas de manera adecuada.
Sinceramente, espero que esta segunda parte del proyecto no se apruebe. Me parece una muy mala decisión.
Además, considero que discrimina a aquellas personas que no van a tener la capacidad de comprar un segundo o tercer automóvil. Es cosa de ver lo que sucedió cuando se estableció la restricción por contaminación. Hoy día la cantidad de autos sin convertidor catalítico es poca; y, cuando hay restricciones, la gente compra otros adicionales para poder salir.
De verdad, espero que esta iniciativa no sea aprobada.
Creo que nadie podría estar en contra de medidas que solucionen el problema de la congestión. Esta se produce por el desarrollo de las ciudades; por lo tanto, hay que planificarlas, invertir en calles y generar vialidad urbana para hacer frente a esta situación.
Sin embargo, intervenir dejando sin opciones a la gente, en un país en que llueve, en que hace frío, en que las distancias son largas y, además, en que existe un transporte colectivo que no funciona ni en Santiago ni en regiones, me parece francamente impropio.
Por tanto, voto en contra de la idea de legislar.
Considero que este no es un buen proyecto, pese a estar probablemente muy bien inspirado. No es el camino para resolver el problema.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, primero que nada, es necesario informar que esta iniciativa es doble: no aborda solamente la contaminación por congestión, sino por congestión y por calefacción.
Lo digo, porque la restricción actual no es producto de una iniciativa de ley respecto a la contaminación atmosférica que haya pasado por el Parlamento. El decreto supremo N° 211, del año 1991, del Ministerio de Transportes, estableció lo siguiente:
"Los vehículos motorizados livianos cuya primera inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación se solicite a contar del 1° de Septiembre de 1992, solo podrán circular en la Región Metropolitana, en el territorio continental de la Quinta Región y en la Sexta Región, si son mecánicamente aptos para cumplir con los niveles máximos de emisión que corresponda de acuerdo a lo señalado en el presente Decreto y si, con oportunidad de sus revisiones técnicas, se acredita que están en condiciones adecuadas para circular.".
Así partió, señor Presidente, la primera restricción vehicular en la Región Metropolitana, ocasionada fundamentalmente por un problema de salud.
Voté a favor de la idea de legislar en la Comisión, y lo volveré a hacer aquí, en la Sala, para abrir un debate y dar a entender que hay dos temas: la congestión y la salud. Respecto a este último, creo que no podemos tener dos posiciones.
Primero, está el derecho a la vida, a proteger a nuestra gente. Efectivamente, hay momentos en que por determinadas circunstancias es imposible respirar en la Región Metropolitana y en capitales regionales o en algunas comunas tremendamente contaminadas no solo por el exceso vehicular y sus emisiones, sino también por la calefacción.
Señor Presidente, yo me pronuncié a favor en general, porque creo que hay que debatir esto sin que se entienda que debe ir unido a lo relativo a la congestión vehicular.
Tal como han dicho los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, la congestión vehicular es producto del aumento del flujo respectivo, pues se han comprado cada día más medios de transporte en el país. Eso no va a parar, pues es parte del desarrollo de las naciones.
Por otro lado, en cuanto a la Región Metropolitana, existió el incentivo de las dificultades que tuvimos con el Transantiago: mucha gente se subió a un auto con el propósito de llegar lo antes posible a su trabajo. Y no fue solamente a través de un vehículo de cuatro ruedas: ahí partió un aliciente muy importante para el uso tanto de la bicicleta como de la motocicleta.
En tal sentido, creo fundamental entender que lo relativo a la congestión va a ser muy difícil de resolver.
Me gustó escuchar al Ministro en cuanto a tener algún tipo de restricción. Va a ser complejo, porque si se dispone después que sea por dígito, efectivamente los que tengan más recursos podrán adquirir otro vehículo y no disminuirá el flujo. A lo mejor va a quedar igual, con la misma congestión.
Es un tema que hay que estudiar, debatir y abordar con profesionales y con mucha información en la misma Comisión.
En segundo lugar, si nos dicen que esto tiene que ser por vía de tarificación vial, pienso que habrá que analizarlo, así como si debe aplicarse en sectores que necesiten la restricción de ingreso en determinados horarios, al encontrarse muy afligidos por la cantidad de vehículos.
También nos decía el Ministro que es posible otra medida: que exista una especie de pase diario, para que aquellos que estén con restricción puedan utilizar las respectivas vías. Pero, a la larga, ¿qué significará eso? Que la gente con más recursos nuevamente podrá usar su vehículo.
Entonces, es supercomplejo el tema de la congestión.
Distinto es el de la contaminación. Me parece que al respecto no podemos tener dos opiniones en el Senado.
Primero está el derecho a un ambiente libre de contaminación porque los niños, y fundamentalmente los ancianos, son quienes más sufren en estas situaciones.
Como la restricción hoy día solo está regulada por la potestad reglamentaria del Presidente de la República, creo importante que sea materia de ley y que norme al país entero, no solamente a la Región Metropolitana, como es en la actualidad.
Por eso, señor Presidente, comprendiendo las distintas visiones sobre el particular, voy a votar a favor de la idea de legislar, en el entendido de que debemos trabajar muy seriamente en la Comisión para elaborar propuestas concretas, con la finalidad de que esta ley en proyecto pueda ir en el camino correcto.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, compartiendo el buen espíritu que probablemente anima a los Senadores autores de esta iniciativa, considero que es un mal proyecto. Ello no tanto por su contenido, sino porque me parece que estas materias deben ser objeto de políticas públicas que se expresen a través de la potestad reglamentaria del Presidente de la República.
Fijar por ley este tipo de soluciones me parece extraordinariamente peligroso, pues los temas son bastante más complejos.
Pensar que con una medida vamos a resolver los problemas de congestión o de contaminación me parece realmente una fantasía.
Pensar que las dificultades se solucionarán igual en Santiago, en Linares, en Puerto Montt o en Antofagasta, lo considero una irrealidad.
Por lo tanto, creo que avanzar en esta línea para resolver estos problemas es simplemente un espejismo; es sembrar ilusiones en una materia que es extraordinariamente más compleja y que no se va a resolver a través de una disposición que tiene la gracia de la simplicidad pero, a la vez, las limitaciones derivadas de esa misma característica.
Pienso que hacemos mal cuando aprobamos leyes de esta índole. Entiendo y valoro el espíritu, la creatividad legislativa de nuestros colegas, porque siento que se esfuerzan y hacen aportes en temas que son necesarios y relevantes. Sin embargo, me da la impresión de que esta problemática es muy difícil de resolver a través de una iniciativa de ley. Al contrario, lo que vamos a hacer es rigidizar un asunto que requiere flexibilidades tanto en las medidas, en su duración, como en los lugares donde estas se aplican, dadas las distintas realidades que existen en el país.
Peor aún: modificar el día de mañana estas medidas, que pueden ser de carácter permanente, será simplemente imposible.
En consecuencia, creo que estamos mal encaminados cuando tratamos de resolver un problema grave, complejo y, además, variante en el tiempo a través de una normativa que no es el instrumento más adecuado para ello.
A mi juicio, esta materia debiera resolverla el Ejecutivo, por su cuenta. Nosotros podemos pedirle que nos informe cuáles son sus políticas públicas sobre el particular y, de tiempo en tiempo, aconsejarlo o sugerirle medidas. Sin embargo, no me parece que deba aprobarse una iniciativa de ley en los términos aquí planteados.
De hecho, esta materia ha sido regulada por el decreto supremo Nº 211, de 1991, que estableció las características que debían cumplir los vehículos motorizados livianos para su funcionamiento. Eso fue producto de la potestad reglamentaria.
El Ministerio de Transportes no requiere una ley para resolver este problema. Simplemente, puede dictar otro decreto supremo y, además, ir fijándolo en atención a las realidades regionales, diferenciando claramente entre contaminación y congestión, toda vez que son dos fenómenos distintos que deben abordarse mediante capítulos diferentes. Pretender matar dos pájaros de un tiro me parece más una ilusión que una realidad en este caso.
En suma, señor Presidente, opino que esta iniciativa no va bien encaminada. Por eso, a pesar de que respeto y valoro el espíritu que anima a los amigos que la han propiciado, voto que no.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- No hay más inscritos.
Señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (18 votos a favor, 5 en contra, 3 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores De Urresti, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Votaron por la negativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, Hernán Larraín y Moreira.
Se abstuvieron los señores García, Pérez Varela y Prokurica.
No votó, por estar pareado, el señor Andrés Zaldívar.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Hago presente a Sus Señorías que el plazo para formular indicaciones lo definiremos en la sesión de mañana.

Por haberse cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que ha recibido la Secretaría.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor DE URRESTI:
Al señor Director del Servicio de Salud de Valdivia, a fin de que informe acerca de ACCIONES PARA INSTALACIÓN EN REGIÓN DE LOS RÍOS DE LABORATORIO CON MIRAS A SEGUIMIENTO DE FENÓMENOS COMO FLORECIMIENTO DE ALGAS O MAREA ROJA.
Del señor ESPINA:
Al señor Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con el objeto de que remita diversos antecedentes sobre PROCESO DE ENTREGA DE TIERRAS A COMUNIDADES MAPUCHES.
Del señor GARCÍA:
Al señor Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de La Araucanía, solicitándole información respecto de ESTADO DE TRAMITACIÓN DE SUBSIDIO HABITACIONAL DE DON BERNARDO NAVARRETE SALAZAR, VÍCTIMA DE VIOLENCIA RURAL EN SECTOR DE PIDIMA, COMUNA DE ERCILLA.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros de Obras Públicas, de Agricultura y de Energía y al señor Director General de Aguas, requiriéndoles ANTECEDENTES ESTADÍSTICOS DE CAUDALES DE RÍOS Y MEDICIONES DE VIENTOS EN REGIÓN DE AISÉN, y haciéndoles ver la necesidad de desarrollar una POLÍTICA DE EMERGENCIA ANTE LA LARGA SEQUÍA QUE AFECTA A LA PATAGONIA.
Del señor PROKURICA:
Al señor Subsecretario de Justicia y a la señora Subsecretaria de Redes Asistenciales, para que informen acerca de ESTADO DE AVANCE DE CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE ENTIDADES A SU CARGO E INCORPORACIÓN DE UNIDAD MÉDICO LEGAL EN DISEÑO DE HOSPITAL DE DIEGO DE ALMAGRO.
)-------------(

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:18.
Sergio Cereceda Leins,
Jefe de la Redacción subrogante