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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 41ª, en martes 16 de agosto de 2016
Ordinaria
(De 16:19 a 19:52)
PRESIDENCIA DE SEÑORES RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE,
Y JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el Ministro de Energía, señor Máximo Pacheco Matte.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor LAGOS (Presidente).- Las actas de las sesiones 37ª, ordinaria, en 9 de agosto de 2016; 38ª y 39ª, especiales, en 10 de agosto de 2016, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor LAGOS (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, N° 1), de la Carta Fundamental, ha resuelto denunciar el "Acuerdo entre la República de Chile y la República de Bolivia sobre Exención del Requisito de Visas para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales, Especiales y de Servicio", adoptado por intercambio de Notas de fecha 13 de abril de 1995 (boletín N° S 1.897-14).
--Se toma conocimiento.
Doce de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero indica que tomó conocimiento del rechazo del Senado a las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal (boletín N° 9.152-07), y comunica la nómina de los Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse al efecto.
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los dos siguientes señala que aprobó, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, los siguientes proyectos de ley:
-El que establece el 14 de agosto como el Día Nacional de los Radioaficionados (boletín N° 9.428-06).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República.
-El que modifica el Código Orgánico de Tribunales para permitir que personas en situación de discapacidad sean nombradas en los cargos de juez o de notario (boletín N° 9.372-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 73 de la Carta Fundamental.
Con el cuarto informa que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para permitir la creación de los consejos comunales y los planes comunales de seguridad pública (boletín N° 9.601-25).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.
Con los tres que siguen señala que dio su aprobación a los siguientes proyectos de ley:

1.- El que declara feriado el 20 de septiembre de cada año para la Región de Coquimbo, con motivo de la celebración de la fiesta de La Pampilla (boletín N° 10.493-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

2.- El que sustituye la denominación del Aeropuerto La Florida, ubicado en la ciudad de La Serena, por "Aeropuerto Gabriela Mistral" (boletín N° 10.425-24).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.

3.- El que establece perfeccionamientos en materias de asignaciones para los funcionarios del sector salud que indica y delega facultades para la fijación de las plantas de personal de los Servicios de Salud y del Fondo Nacional de Salud (boletín N° 10.752-11) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Salud y a la de Hacienda, en su caso.
Con los cinco siguientes comunica que aprobó los siguientes proyectos de acuerdo:

1.- El que aprueba el "Tratado sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas", adoptado en Nueva York el 2 de abril de 2013 (boletín N° 10.480-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda, en su caso.

2.- El que aprueba el "Convenio sobre la Ciberdelincuencia", suscrito en Budapest, Hungría, el 23 de noviembre de 2001 (boletín N° 10.682-10).

3.- El que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Corea sobre Cooperación en los Ámbitos de la Industria de Defensa y el Apoyo Logístico", suscrito en Santiago, Chile, el 22 de abril de 2015 (boletín N° 10.684-10).

4.- El que aprueba el "Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos Profesionales y Grados Académicos de Educación Superior entre la República de Chile y la República del Ecuador", suscrito en Quito, República del Ecuador, el 15 de octubre de 2015 (boletín N° 10.713-10).

5.- El que aprueba el "Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico", suscrito entre la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República de Perú, en Paracas, Ica, República de Perú, el 3 de julio de 2015 (boletín N° 10.776-10).
--Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copia de las sentencias definitivas pronunciadas en el control de constitucionalidad de los siguientes proyectos:
-El que moderniza el sistema de relaciones laborales introduciendo modificaciones al Código del Trabajo (boletín N° 9.835-13).
-El que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia (boletín N° 9.950-03).
--Se manda archivar los documentos.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
Da respuesta al acuerdo del Senado mediante el cual se solicita el envío de ayuda humanitaria a Ecuador por el reciente terremoto que afectó a dicho país (boletín N° S 1.868-12).
Contesta consulta del Senador señor Navarro en lo relativo a las declaraciones de la señora Alcaldesa de Antofagasta.
Del señor Ministro de Defensa Nacional:
Responde consulta, formulada por el Senador señor Guillier, acerca de los hechos que habrían ocurrido en una reunión realizada en ASMAR Talcahuano con fecha 12 de abril del año en curso.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Atiende sendas solicitudes de información, expedidas en nombre del Senador señor Espina, sobre las siguientes materias:
-Estado del camino de Cherquenco a Colonia Mendoza, comuna de Vilcún.
-Condición de la ruta que une a las comunas de Traiguén, Los Sauces y Purén con la de Lumaco.
Absuelve inquietudes, formuladas en nombre del Senador señor García, respecto a los siguientes asuntos:
-Instalación de señalización vial en el colegio Docksta, comuna de Carahue.
-Situación de las expropiaciones para el proyecto de mejoramiento de interconexión vial Temuco-Padre Las Casas.
Remite respuesta a solicitud, planteada en nombre de la Senadora señora Von Baer, para instalar elementos de seguridad vial en la ruta CH-203, en las cercanías de la localidad de Melefquén, comuna de Panguipulli.
Contesta petición, formulada en nombre de la Senadora señora Van Rysselberghe, para informar sobre el estado de la licitación del proyecto de construcción del nuevo puente industrial sobre el río Biobío.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo:
Da respuesta a solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Espina, acerca de las labores de reparación y mantención de la vereda de la calle Caupolicán, en el sector donde se ubica la Escuela Especial España, comuna de Angol.
Del señor Ministro de Energía:
Absuelve petición de información, planteada en nombre del Senador señor Espina, por la falta de luz eléctrica que afecta al sector de Pailán, en la comuna de Purén.
Del señor Subsecretario de Justicia:
Atiende solicitud de antecedentes, expresada en nombre del Senador señor Prokurica, acerca del convenio marco de cooperación con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y la posibilidad de incorporar una unidad médico legal en el nuevo hospital de Diego de Almagro.
Contesta acuerdo del Senado por el que se solicita enviar a tramitación un proyecto de ley para reformar el Servicio Nacional de Menores (boletín N° S 1.891-12).
Del señor Superintendente de Pensiones:
Informa sobre la evolución de las solicitudes de seguros de cesantía presentadas en la Región de Los Ríos en los últimos doce meses: materia requerida en nombre del Senador señor De Urresti.
Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios:
Absuelve solicitud, planteada en nombre del Senador señor Navarro, para informar acerca del funcionamiento de la red de alcantarillado de la población Las Salinas, en la ciudad de Talcahuano, que presenta graves problemas.
Del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile:
Atiende petición, expedida en nombre del Senador señor Horvath, referida a la actualización de los planes de seguridad ciudadana en la Región de Aisén, en atención a los hechos ocurridos recientemente.
Del señor Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Tarapacá:
Comunica designación del señor Luis Rodolfo Carvajal Véliz en el cargo de Presidente del Consejo Regional de Tarapacá.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en los siguientes proyectos de ley:
-El que concede la nacionalidad chilena por especial gracia al diácono Guido Goossens Roell (boletín N° 10.699-06), en segundo trámite constitucional.
-El que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al ciudadano estadounidense señor Thomas Dalton Dillehay (boletín N° 10.702-17), en primer trámite constitucional.
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo a las notificaciones durante la tramitación del otorgamiento de concesiones (boletín Nº 10.773-15).
--Quedan para tabla.
Moción
Del Senador señor Navarro, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que incorpora un Capítulo XVI, nuevo, en la Carta Fundamental para establecer los referendos revocatorios respecto de los cargos que indica (boletín Nº 10.855-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Tratar en esta sesión ordinaria, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que amplía el plazo para erigir el monumento al artista Roberto Matta (boletín N° 8.038-04).

2.- Analizar, respectivamente, en segundo, tercer y cuarto lugares del Orden del Día de la presente sesión ordinaria los siguientes asuntos:
-Proyecto, en tercer trámite constitucional, que otorga al personal asistente de la educación que indica una bonificación por retiro voluntario, una bonificación adicional por antigüedad y las compatibiliza con los plazos de la ley N° 20.305, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones (boletín Nº 10.583-04).
-Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Servicios de Gas y otras disposiciones legales que indica (boletín N° 9.890-08).
-Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual por parte de los trabajadores (boletín N° 8.511-13).

3.- Considerar, respectivamente, en primer, segundo y tercer lugares del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 17 de agosto, las iniciativas que se indican a continuación:
-Proyecto, en segundo trámite constitucional, que otorga una bonificación adicional y otros beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios de los servicios públicos que se indican y modifica el Título II de la ley N° 19.882 (boletín Nº 10.778-05); y se autoriza a la Comisión de Hacienda para informarlo mediante certificado.
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un conjunto de medidas para impulsar la productividad (boletín Nº 10.661-05).
-Proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, para incorporar el delito de agresión y extender los crímenes de guerra a conflictos no internacionales (boletín Nº 10.665-07).

4.- Incluir en la tabla de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 17 de agosto, en tercer y cuarto lugares, si es que no se alcanzan a despachar hoy día, los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Horvath, señora Pérez San Martín y señores Chahuán, Guillier y Lagos, en primer trámite constitucional, que regula el manejo de bosques de especies muy combustibles colindantes con zonas urbanas (boletín N° 10.030-01).
-Proyecto, iniciado en moción del Senador señor Navarro, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Bosques para establecer la obligación de elaborar planes de prevención y combate de incendios forestales a los dueños de predios con aptitud forestal (boletín N° 9.810-01).
5.- Autorizar a la Comisión de Hacienda para que sesione simultáneamente con la Sala, desde las 18 de hoy, a fin de que continúe con el estudio del proyecto, en segundo trámite constitucional, que otorga una bonificación adicional y otros beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios de los servicios públicos que se indican y modifica el Título II de la ley N° 19.882 (boletín Nº 10.778-05).
Nada más, señor Presidente.
V. ORDEN DEL DÍA



AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ERIGIR MONUMENTO A DON ROBERTO MATTA ECHAURREN


El señor LAGOS (Presidente).- Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que amplía el plazo para erigir el monumento al artista Roberto Matta Echaurren.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.038-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Chahuán, señora Allende y señores Bianchi, Girardi y Hernán Larraín):
En primer trámite: sesión 69ª, en 16 de noviembre de 2011.
En tercer trámite: sesión 37ª, en 9 de agosto de 2016.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 17ª, en 15 de mayo de 2012.
Discusión:
Sesión 26ª, en 13 de junio de 2012 (se aprueba en general y en particular).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Este proyecto inició su tramitación en el Senado, y a su respecto la Cámara de Diputados efectuó una enmienda consistente en sustituir el artículo único propuesto por el Senado, que aumenta de cinco a ocho años el plazo establecido por la ley N° 20.132 para erigir el monumento a Roberto Matta, por una disposición que prorroga por cinco años el plazo concedido para la ejecución de la obra.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se transcriben el texto aprobado por el Senado y la modificación introducida por la Cámara Baja.
El señor LAGOS (Presidente).- En votación la enmienda propuesta por la Cámara de Diputados.

--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, en reunión de Comités pedimos que esta iniciativa se discutiera como si fuera de Fácil Despacho, pues se trata de un homenaje más que justo y siempre oportuno a Roberto Matta Echaurren, un hombre que ha prestigiado a nuestro país y a su cultura.
Se requiere un plazo mayor para erigir el monumento al artista en Santiago. Por lo tanto, la modificación introducida por la Cámara de Diputados nos parece adecuada.

El señor LAGOS (Presidente).- No hay más inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la enmienda propuesta por la Cámara de Diputados (24 votos a favor), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Coloma, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor LAGOS (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo de los Senadores señores Espina y Chahuán.




OTORGAMIENTO DE BONIFICACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO Y ANTIGÜEDAD A PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN


El señor Lagos (Presidente).- A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto, en tercer trámite constitucional, que otorga al personal asistente de la educación que indica una bonificación por retiro voluntario, una bonificación adicional por antigüedad y las compatibiliza con los plazos de la ley N° 20.305, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo en sus pensiones, con informe de la Comisión de Educación y Cultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.583-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 3ª, en 22 de marzo de 2016 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 34ª, en 2 de agosto de 2016.
Informes de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 22ª, en 8 de junio de 2016.
Hacienda: sesión 22ª, en 8 de junio de 2016.
Educación y Cultura: sesión 40ª, en 10 de agosto de 2016.
Discusión:
Sesión 22ª, en 8 de junio de 2016 (se aprueba en general y en particular).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Este proyecto inició su tramitación en el Senado, y a su respecto la Cámara de Diputados efectuó ocho enmiendas: tres de ellas inciden en el artículo 3°; una, en el artículo 7°; dos, en el artículo 8°; otra consiste en la incorporación de un nuevo artículo 13, y la última recae en el artículo 13 del Senado, que pasó a ser artículo 14 en el texto de la Cámara Baja.
La Comisión de Educación y Cultura, por la unanimidad de sus miembros, aprobó la totalidad de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, con excepción de la referida a la incorporación de un nuevo artículo 13, que rechazó con igual unanimidad.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se transcriben el texto aprobado por el Senado y las modificaciones introducidas por la Cámara Baja.
Cabe hacer presente que el artículo 13, nuevo, incorporado por la Cámara de Diputados, que el referido órgano técnico rechazó, es de rango orgánico constitucional, y que, por lo tanto, para su aprobación por la Sala se requieren 21 votos favorables.
En este momento acaba de llegar una petición del Senador señor Coloma para votar separadamente lo relativo al artículo 3°, inciso tercero.
Nada más, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
Han solicitado la palabra los Honorables señores Rossi y Quinteros.

El señor COLOMA.- ¿Vamos a ver artículo por artículo?

El señor LAGOS (Presidente).- Por favor, señor Secretario, explíquelo de nuevo.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Se trata de un proyecto en tercer trámite constitucional.
Ahora bien, con excepción de una sola, todas las enmiendas que introdujo la Cámara de Diputados fueron aprobadas en la Comisión de Educación y Cultura.
Sin embargo, el Honorable señor Coloma pidió votar separadamente la referida al artículo 3°, inciso tercero.
Además, dicho órgano técnico rechazó por unanimidad la modificación consistente en incorporar un artículo 13, nuevo, el cual requiere 21 votos para ser aprobado en la Sala, por tener rango orgánico constitucional (es la única norma de la iniciativa con ese quorum).
Por consiguiente, habría que votar primero todas las enmiendas de la Cámara Baja que la Comisión de Educación propone aprobar y dejar para una segunda votación aquello respecto de lo cual el Senador señor Coloma pidió pronunciamiento separado.


El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.

El señor ROSSI.- Después, señor Presidente, pues me asalta una duda.

El señor LAGOS (Presidente).- Entonces, puede intervenir el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, quiero que se aclare que la Comisión de Educación rechazó la norma que dispone que incurrirán en notable abandono de deberes los alcaldes que retrasen el pago de beneficios una vez que han recibido los fondos para ello. O sea, si se desechara en definitiva esa disposición, no se podría acusar por notable abandono de deberes a los jefes comunales que retardaran el pago pertinente.
Hay ejemplos de alcaldes que han incurrido en demoras de dos, tres años, por lo que han tenido que reincorporar a asistentes de la educación ya retirados.
Yo, al menos, estoy de acuerdo en que en tales casos sea factible acusarlos por notable abandono de deberes.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Efectivamente, lo que expresa Su Señoría se contiene en el artículo 13 introducido por la Cámara de Diputados (páginas 18 y 19 del boletín comparado).
La Comisión de Educación rechazó ese precepto atendido que (según consta), pese a requerirse iniciativa del Ejecutivo, no correspondía, por haberlo aprobado ya la Cámara de Diputados, la declaración de inadmisibilidad, sino desecharlo o aprobarlo.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, casi por razones pedagógicas, voy a partir por lo que señaló el colega Quinteros.
Efectivamente, hubo en la Comisión de Educación una votación para los efectos de determinar si los Senadores podíamos plantear la inadmisibilidad del artículo 13, nuevo.
Porque, en cuanto al contenido, yo, al igual que otros parlamentarios, estoy de acuerdo en que se pueda acusar por notable abandono de deberes al alcalde que incurra en incumplimiento respecto de la obligación ya explicitada, más aún cuando el Estado le entrega recursos para el pago de una de las bonificaciones que se otorgan.
Pero, reglamentariamente, no se podía declarar la inadmisibilidad del nuevo precepto incorporado.
Habría sido interesante -no hay ningún representante del Ministerio de Educación- que el Ejecutivo hubiera apoyado y patrocinado la disposición que introdujo la Cámara Baja.
Esa es la explicación. Y considero importante darla a conocer, para, por intermedio de la Mesa, aclararle al colega Quinteros que varios Senadores estamos por completo de acuerdo con la causal que se ha planteado.
Sin embargo, claramente, lo que se ha hecho está fuera de las facultades de los parlamentarios.
Creo que en la Cámara de Diputados desde hace rato se están tomando decisiones que no tienen que ver con la Constitución ni con las leyes.
Ahora, señor Presidente, debo recordar que hemos discutido varias veces aquí, en la Sala, proyectos de ley de esta índole.
Cabe puntualizar que en esta oportunidad se trata de una iniciativa muy relevante. Porque...
¿Podrían conversar un poco más lejos, estimados colegas?
Si quieren, ¡me corro yo...!

El señor LAGOS (Presidente).- Prosiga, señor Senador.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, todos los parlamentarios conocemos el quehacer de los asistentes de la educación (están en las tribunas algunos de sus dirigentes -aprovecho de saludarlos-, quienes nos han acompañado también en las sesiones de la Comisión); no tengo que extenderme mucho al respecto. Representamos a territorios donde hay escuelas en las que esos servidores cumplen un rol fundamental, no siempre reconocido suficientemente, en mi concepto, por la ciudadanía y por nosotros mismos.
Por eso, esta iniciativa es, de alguna forma, una reivindicación del papel que cumple el personal asistente de la educación.
Habitualmente, cada vez que se discuten proyectos para mejorar las condiciones laborales en la educación se habla de los profesores; es indudable que ellos son un pilar fundamental de cualquier sistema educativo. Pero los profesores trabajan con asistentes de la educación.
Aquí se trata de relevar la importancia de las comunidades educativas. Y, a este respecto, el personal asistente de la educación, en los más diversos ámbitos, cumple un rol tremendamente valioso.
Es también del caso señalar que los beneficios otorgados mediante la iniciativa en debate, la que de alguna manera se hace cargo del daño previsional que afecta a los trabajadores del sector, alcanzan no solo a quienes trabajan en las escuelas, sino también a los asistentes de la educación que laboran en los departamentos de educación municipal, o en los DAEM, o en las corporaciones de derecho privado vinculadas a los municipios que administran y gestionan la salud y la educación municipales.
Por lo tanto, logramos...
Señor Presidente, en realidad, hay mucha bulla.
Yo, en general, soy bien tolerante.

El señor LAGOS (Presidente).- Por favor, señores Senadores.

El señor ROSSI.- Podría ser un poco más bajito el volumen de la voz.

El señor LAGOS (Presidente).- Les ruego a Sus Señorías guardar silencio.

El señor ROSSI.- Entonces, señor Presidente, el establecimiento de dos bonificaciones, sinceramente, me parece un primer paso.
Es dable señalar que este proyecto no solo entrega un incentivo al retiro por el tiempo trabajado (un mes por año, con tope de 11 meses), sino que, además, otorga un bono por antigüedad, que depende de la cantidad de años que haya trabajado el asistente de la educación, con un mínimo de 10; incluso, quienes tienen el tope pueden recibir un bono de hasta 560 UF, más la otra bonificación.
Entonces, hay una bonificación con cargo al Fisco, al Ejecutivo, al Gobierno, y la otra, con cargo al propio municipio, pero con la posibilidad de endeudarse. Así que ambas están suficientemente financiadas.
Yo espero, señor Presidente -con esto termino-, que este sea un primer paso a los fines de contar con un estatuto para los asistentes de la educación que establezca una carrera y posibilite el perfeccionamiento continuo, permanente; el desarrollo humano, laboral, y, por cierto, el progreso económico.
Es lo que aguarda la inmensa mayoría de los servidores en cuestión.
Me parece, en consecuencia, que hay que aprobar esta iniciativa, porque es un buen primer paso para ir reivindicando el rol de nuestros asistentes de la educación.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Otros tres Senadores han pedido el uso de la palabra.
Les reitero a Sus Señorías que no hay dificultad para los intercambios bilaterales de opiniones, pero siempre que se realicen en el tono más bajo posible, para no interrumpir a quien está interviniendo.
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, yo tengo dudas y reparos frente a estos (comillas) incentivos.
¿Merecidos? ¡Absolutamente!
Los asistentes de la educación -y ahí está de algún modo uno de mis reparos- se encuentran muy próximos a la desmunicipalización de la educación.
En consecuencia, siento -puedo estar equivocado- que aquí los asistentes de la educación, por un lado, un poco son llevados a una situación obligada, pues de lo contrario estarían jubilándose de la peor manera; pero, por otro, en el futuro deberán enfrentar ni más ni menos que el cambio de empleador.
Entonces, van a quedar en una condición tremendamente compleja.
Yo pienso que todo el entusiasmo del Gobierno por dar estos incentivos -porque, simplemente, el Estado ha sido un muy mal empleador con aquellos funcionarios-, a decir verdad, es un incentivo perverso. Ello, porque lisa y llanamente está tratando de sacar a la mayor cantidad de asistentes de la educación para luego, de aquí al próximo año, ver de qué modo harán los traspasos al nuevo empleador, que imagino será el Estado: ya no la municipalidad, ya no la administración municipal.
¡Es allí donde siento que se podría cometer una injusticia brutal contra el personal asistente de la educación!
Entonces, estamos frente a bonos compensatorios que no son otra cosa que una situación permanente que nos obliga a dar nuestra aprobación, pues el no hacerlo deja a los funcionarios en peor condición todavía.
Señor Presidente, quiero valerme de esta oportunidad para insistir en una preocupación que considero legítima: no existe claridad, no hay nada que nos permita despejar dudas con respecto a la situación de las personas que no jubilarán y van a tener un nuevo empleador.
Ahí me gustaría ver a un estado, a un gobierno, a un municipio que les reconociera todo el tiempo servido, les pagara los años trabajados y les diera garantías para su incorporación con el nuevo empleador, que sería el Estado.
Pero no, señor Presidente. ¡Le aseguro que no será así! ¡Le aseguro que no los van a traspasar al nuevo empleador con los años trabajados y que, por ende, nunca se les va a pagar más de los 11 meses, aun cuando hayan laborado veinte años o más!
En consecuencia, esta situación es injusta.
Debemos votar favorablemente. Hemos de acoger los incentivos propuestos. Porque esa gente se va con una pensión que, desgraciadamente, no le permitirá tener ningún acomodo, ninguna situación de tranquilidad y relajo en los últimos años de su vida.
Es por eso que yo, si bien me veo obligado a pronunciarme a favor, no puedo no señalar que ¡esto es lo más injusto que existe! Es como la última situación que deben enfrentar esas mujeres y esos hombres luego de veinte, treinta, cuarenta años de labores, muchos con edad muy avanzada, pues jamás se les permitió jubilarse, porque si lo hacían, claramente, el perjuicio era ¡enorme!
Entonces, señor Presidente, uno no puede felicitar; no puede quedarse callado; no puede no decir nada frente a algo ¡tan injusto!
¡Esto es lo que nos reclama el país!
¡Esto es lo que el Estado de Chile debe cambiar de una vez por todas, para evitar que una persona que ha trabajado durante toda su existencia termine esperando que el Senado apruebe un bono, un incentivo que mejore en algo su situación final de vida!
Eso no me parece adecuado.
Aun cuando hemos de votar a favor, creo que además debe aclararse la condición laboral en que quedarán en el futuro los asistentes de la educación.
¡Eso significa no seguir faltándole el respeto a tan importante función!
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, yo leía el artículo 13, nuevo, que fue introducido por la Cámara de Diputados y viene con rechazo de la Comisión de Educación, y me preguntaba por qué desechar lo que aprobó la otra rama del Congreso Nacional.
Mediante el proyecto que nos ocupa estamos entregando bonificaciones para incentivar el retiro del personal asistente de la educación.
¿Qué dice el referido artículo 13? Que quien haya recibido del Ministerio de Hacienda los recursos necesarios y retarde, sin que medie caso fortuito o fuerza mayor, el pago del beneficio por más de sesenta días incurrirá en causal de abandono de deberes.
¡Qué cosa más natural es que en tal caso haya abandono de deberes!
Porque no se trata de que los recursos no estén: el Estado los entrega a la municipalidad o al ente respectivo, y una u otro deja pasar sesenta días sin hacer los pagos pertinentes.
Ahí se produce un efecto gravísimo: gente que se retira de su trabajo y no recibe el pago correspondiente a un incentivo que se entrega precisamente para paliar en parte los efectos del llamado "daño previsional".
Lo lógico es determinar que el responsable de la falta de pago incurre en causal de abandono de deberes.
Ahora, yo no entendí bien al señor Secretario cuando dijo que para la aprobación del artículo en comento se requería quorum especial.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El artículo es orgánico constitucional, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Entonces, debe reunirse el quorum pertinente.
En todo caso, yo no entiendo por qué en la Comisión de Educación -quisiera que alguno de sus miembros me lo aclarara- hubo unanimidad para estimar que se puede eximir de responsabilidad a quien incurre en una conducta como la descrita, que puede provocar un daño irreversible al trabajador que se retira de su trabajo convencido de que tiene derecho a bonificaciones establecidas para incentivar su retiro.
Yo por lo menos, señor Presidente, estoy por aprobar lo que propuso la Cámara de Diputados sobre la materia.

El señor LAGOS (Presidente).- Señor Senador, sin perjuicio de que alguno de los miembros de la Comisión de Educación pueda efectuar una aclaración, entiendo que la explicación que se dio fue que, razonando igual que Su Señoría desde el punto de vista de lo deseable que es la disposición, ellos la habrían rechazado por considerar que partió de una indicación que debió declararse inadmisible.
Eso es lo que yo entiendo, sin perjuicio de que algún integrante de la Comisión pueda referirse a la materia.
En todo caso, procederemos a votar luego.
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor HARBOE.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).- Esperemos, Su Señoría, pues hay que hacer varias votaciones.

El señor TUMA.- Señor Presidente, solo quiero señalar que el acuerdo entre la CUT y el Gobierno a los fines de tramitar las leyes sectoriales para el retiro anticipado de funcionarios es el reflejo del fracaso del sistema de administradoras de fondos de pensiones.
Esta no es la primera vez que votamos un incentivo al retiro: permanentemente estamos aprobando en el Congreso Nacional estímulos de esta índole.
El proyecto en discusión le cuesta al Fisco 111 mil 932 millones de pesos; el que está debatiendo la Comisión de Hacienda producto de un acuerdo con la ANEF, del orden de 370 mil millones.
¡En solo dos convenios con sendos gremios estamos, como Estado, subsidiando al fracasado sistema de las AFP con alrededor de 500 mil millones de pesos!
Eso nos debe hacer ver la crisis de un régimen previsional que no da cuenta de la realidad de los trabajadores y sus demandas.
Mientras el sector público tiene estos incentivos al retiro, que no resuelven su problema -porque la gente va a seguir con pensiones miserables; y por esa razón seguimos dando estímulos de esta índole-, el sector privado u otros funcionarios que no los reciben van a lograr una jubilación bastante precaria para subsistir durante los años de vida que les quedan. Y si las cuentas individuales no son suficientes, el Estado de nuevo subsidiará.
En el Congreso Nacional, y particularmente en el Senado a través de la Comisión que estudió la materia, hemos planteado una reforma previsional en que la contribución sea no solo de los trabajadores, sino además, como se plantea ahora, de los empleadores, pero también del Estado, no como empleador únicamente.
Ha habido muchas interpretaciones a propósito de que la Presidenta de la República reconoció la necesidad de un fondo tripartito. Pero lo que existe hasta ahora es que el Estado continúa con su mismo nivel de participación en el sistema previsional. Y eso es absolutamente insuficiente.
Debemos hacer un análisis: ¿Cuánto está gastando el Estado y en qué? ¿Es eso justo o no? ¿Cuánto más deberíamos gastar para hacer un sistema previsional justo, sobre la base de que se ha demostrado que el actual fracasó y es rechazado por la ciudadanía?
Es muy importante otorgar estos reconocimientos a quienes han sido dañados desde el punto de vista previsional. En esta oportunidad se trata de los asistentes de la educación; mañana estarán los trabajadores de la ANEF. Pero, en definitiva, no resolvemos el problema de fondo, que tiene que ver con el fracaso del sistema previsional.
Respecto a la aprobación por la Cámara de un artículo 13, nuevo -por eso el proyecto se halla en tercer trámite constitucional-, mi opinión es en el sentido de aprobar tal enmienda, que básicamente les asigna responsabilidad a las autoridades que demoran o no tramitan oportunamente el pago de estos incentivos al retiro, que supongo que el Congreso va a seguir dictando.
Por eso, creo que la medida que nos ocupa es muy justa, pero debemos poner el acento también en el fracasado sistema previsional.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Puede intervenir la Honorable señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, tal como lo dijo uno de mis colegas que me antecedió en el uso de la palabra, llama la atención que la totalidad de los miembros de la Comisión de Educación hayan desechado el artículo proveniente de la otra rama del Congreso.
Por lo que hemos conversado, ello obedeció, conforme a lo expresado anteriormente, a que se consideró inadmisible. Efectivamente, presenta muchísimos visos de serlo. Pero el problema se hubiera subsanado rápidamente si el Ejecutivo, que asistió a las reuniones del órgano técnico, lo hubiese patrocinado. Y no lo hizo. Entonces, la pregunta de si la disposición se estima o no pertinente se dirige a este último, más que a los integrantes de la Comisión. Porque el reparo se hubiera superado -repito- en la forma que he expuesto.
Este es el primer punto.
En cuanto al segundo, la Senadora que habla sería un poco cuidadosa en la materia que nos ocupa, porque siempre que se quiere mejorar algún aspecto del personal del sector, trátese de docentes o de paradocentes o ayudantes de la educación, se recurre a la subvención escolar. Y, de verdad, esta última, que ni siquiera cubre los gastos operacionales, se halla absolutamente hipotecada.
En el caso de que se trata pasa exactamente lo mismo. De nuevo se plantea un adelanto de esos fondos, sometiendo a los municipios -y, en particular, a los alcaldes- a la presión política de tener que solicitarlo. Con ello se pone en jaque, a la postre, la calidad de la educación, que necesita recursos frescos.
Por lo tanto, juzgo que la pregunta básica es por qué el Ejecutivo no otorgó su patrocinio, que hubiera subsanado absolutamente el motivo del rechazo, y por qué, si estamos constantemente haciendo referencia a la calidad, no entregamos recursos frescos para mejorar la pensión o incentivar el retiro de los auxiliares de la actividad y seguimos hipotecando el financiamiento de la educación pública, que ya es bastante paupérrimo.
Muchas gracias.

El señor LAGOS (Presidente).- No hay más inscritos.
Ahora se votará. Entiendo que son tres...
¿El Senador señor Letelier desea intervenir?

El señor LETELIER.- Lo haré más adelante.

El señor LAGOS (Presidente).- Se llevará a cabo la primera, entonces.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde pronunciarse sobre las modificaciones despachadas por la Cámara de Diputados que la Comisión de Educación aprobó por unanimidad, con excepción de la contemplada en el artículo 3°, inciso tercero, para la cual se ha pedido votación separada.
Quienes estén de acuerdo con acogerlas tienen que votar que sí.

El señor LAGOS (Presidente).- ¿El Honorable señor Letelier quiere hablar en esta parte?

El señor LETELIER.- Aún no, señor Presidente.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En todo caso, lo relativo al artículo 13, nuevo, va aparte, en una tercera votación.

El señor MOREIRA.- ¿Por qué no vino la señora Ministra? Debería haberlo hecho.

El señor LARRAÍN.- ¡El proyecto no es importante...!

El señor LAGOS (Presidente).- El señor Cataldo, asesor de la titular de la Cartera, se encuentra a disposición de los señores Senadores, pero se requiere autorizar su ingreso.

El señor MOREIRA.- Se necesitaba la presencia de la señora Ministra y de la Subsecretaria.

El señor LAGOS (Presidente).- Estoy en condiciones de proponer al señor Cataldo.
No hay unanimidad.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la votación.

--Por 28 votos a favor, se aprueban las modificaciones acogidas por unanimidad en la Comisión de Educación, con excepción del artículo 3°, inciso tercero, y del artículo 13, nuevo.
Votaron las señoras Allende, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor LAGOS (Presidente).- Los Honorables señores Horvath y Montes dejan constancia de su intención de voto a favor.

El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación corresponde ocuparse en el artículo 3°, inciso tercero, respecto del cual el Senador señor Coloma pidió votación separada.

El señor LAGOS (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).- El Honorable señor Letelier tiene pedida la palabra para más adelante.
Puede intervenir el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, quisiera solicitar unos minutos de atención para explicar por qué pido rechazar el cambio introducido por la Cámara de Diputados, respecto de nuestra Corporación.
Recordemos que estamos viendo el bono de retiro para los asistentes de la educación, al que podrán acceder hasta nueve mil funcionarios dentro de los próximos años, según se ha puntualizado. A mi juicio, el beneficio es importante y valioso.
En la Comisión de Hacienda, en su momento, se discutió harto respecto de cómo definir -y aquí es donde quiero poner el acento- cuando haya más personas que cupos, como sucederá en los primeros años, con toda seguridad, ya que estos son solo 878. Después van aumentando.
De los criterios que contempla la ley en proyecto, dos son evidentes: el de la edad y, como muchas personas pueden tener la misma, el de la antigüedad. Hasta ahí estamos bien.
Mas el problema es el tercero.
¿Qué decían nuestras Comisiones de Hacienda y de Educación? Que se consideraran las licencias médicas de cada uno de los funcionarios.
En verdad, estimo bastante discutible que este deba ser un elemento diferenciador. Pero el Gobierno hizo presente en el primero de esos órganos técnicos que ello era preciso entenderlo respecto de enfermedades terminales, de personas realmente con una capacidad de vida muy limitada hacia delante.
Y así lo interpretamos. Tratándose de tales certificaciones, en sí mismas, sin colocarles ninguna característica, quien registrara más de ellas contaría con más beneficios o más opción de obtener antes un bono que alguien que no las tuviese.
Eso a mí ya no me parece bien. Pero no importa.
El argumento del Gobierno era la enfermedad terminal. Lo juzgué razonable.
No obstante, la Cámara de Diputados hizo algo distinto. Contempló el elemento de las licencias médicas, pero lo hizo más grave, a mi juicio, al remitirlo al último año. O sea, ¿para qué sería el incentivo? Para que quien tuviera más de ellas en los últimos 365 días aumentase su opción de obtener el bono antes que otro. Honestamente, no lo encuentro justo.
Por eso, sugiero votar en contra de lo planteado por la otra rama del Congreso. No olvidemos que igual se tendrá que formar una Comisión Mixta por lo que acabamos de votar, y ahí se podrá optar, o por la fórmula del Senado, en último término, que me parece mejor, o por agregar el factor de las enfermedades terminales.
Si no, no comprendo el incentivo: consistiría en registrar más licencias médicas.
Creo que este es un error, particularmente si se trata del último año, lo que me parece que apunta en el sentido contrario de la justicia en la materia. Y, por eso, pido rechazar para que en la instancia posterior se pueda resolver de buena manera.
Gracias.

El señor LAGOS (Presidente).- Deseo hacer una aclaración y una pregunta, para entender bien.
La aclaración es que el proyecto no pasa hasta ahora a una Comisión Mixta, porque lo que aprobamos recién respalda lo hecho por la Cámara. El efecto sí se puede provocar con motivo de la próxima votación.

El señor COLOMA.- Tiene razón, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Ahora, Su Señoría pidió la votación separada del inciso tercero.

El señor COLOMA.- Respecto de las licencias.

El señor LAGOS (Presidente).- La pregunta es si podemos dar por aprobadas -es solo para entenderlo- las letras a) y b).

El señor COLOMA.- Sí.

El señor LAGOS (Presidente).- La cuestión se refiere únicamente a la letra c).

El señor COLOMA.- Así es.
El señor LAGOS (Presidente).- Perfecto. Es para tenerlo claro.
Puede intervenir el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, esta discusión la sostuvimos en la Comisión de Hacienda y diferimos de la opinión del Honorable señor Coloma.
¿Por qué? Por una razón: se tiene que creer que la licencia médica es legítima, no que es falsificada o que se inventa para lograr una prioridad, porque si se parte de esta base, quiere decir que se pierde la fe en el documento.
Se concluiría, entonces, que una persona con más licencias médicas -y por la edad- se halla en condiciones de salud que la llevan a prevalecer ante otra que registra menos en el año.
A mí me parece bien, incluso, que la Cámara de Diputados haya fijado 365 días, porque es el período en el cual alguien está por dejar sus funciones.
Esta es la razón por la cual fui partidario, para definir a quién se le otorga preferencia, del elemento de juicio de que se trata.
Claro que en el Senado dejamos el punto más bien sometido a un reglamento y la otra rama del Congreso lo especificó.
Por tales motivos, me inclino a aceptar la proposición.
No podemos partir de la base de que un funcionario público intentará conseguir en forma fraudulenta licencias médicas para lograr una ventaja. Juzgo que es un error.
Soy partidario de aprobar lo despachado por la Cámara de Diputados y evitar el trámite de una Comisión Mixta.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero hacer una reflexión en cuanto al texto en debate y otra sobre algo manifestado por mi Honorable colega Van Rysselberghe acerca de un texto que se rechazó.
Respecto de los criterios contemplados, el acuerdo que se firmó entre los asistentes de la educación y el Gobierno contemplaba que se priorizaran la edad, los años de servicio y la enfermedad, sobre la base de que lo óptimo es que no hubiera cupos. Pero es un asunto de restricción más bien presupuestaria, más allá de cualquier consideración.
Se entendió que la redacción de la letra c) es la que permite garantizar en mejor forma el aspecto de la salud. La letra a) tiene que ver con la edad; la letra b), con la preferencia, en igualdad de condiciones, de aquellos con mayor número de años de servicio, y la letra c), con la forma en que se tendrá en cuenta el otro factor.
Creo que la propuesta en la columna del medio del boletín comparado es la más adecuada. Por lo tanto, voy a aprobar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, porque constituyen una contribución.
Pero no quiero dejar pasar -para no repetir después- lo expresado por la Senadora señora Van Rysselberghe.
Cuando llegamos a esta Institución, nosotros prometemos y juramos -ahí, en el medio de la Sala- respetar la ley y la Constitución. Y no contamos con atribuciones en relación con ciertas materias.
Su Señoría puede preguntarle al Ejecutivo por qué no contempla como abandono de deberes el que ciertos funcionarios no paguen en ciertos plazos o no cumplan con la ley en proyecto.
El texto puede gustarme o no.
Ello dice relación con el artículo 13.
Ciertas normas tienen que ver con la forma de nuestro ordenamiento institucional; con los plazos de pago. Cuando existe derecho a recibir el incentivo al retiro -entiendo que a eso se refería-, ello tiene que hacerse al menos dentro del marco de la ley.
No me parece que corresponda plantear que el retardo sea una causal de destitución. Hay otros procedimientos.
A mi juicio, la votación de nuestra Comisión y las modificaciones que efectuó al revisar lo hecho por la Cámara de Diputados, al rechazar lo que resultaba inadmisible, es lo que correspondía hacer.
En todo caso, además de saludar a los dirigentes presentes de los asistentes de la educación, deseo consignar que es un tremendo logro sobre todo de los sindicatos, de la organización nacional de estos trabajadores, que la ley en proyecto garantice de antemano, cuando se está discutiendo la iniciativa sobre la nueva educación pública, que ellos no seguirán siendo el eslabón más débil de un sistema educacional que muchas veces los ha dejado muy rezagados.
En consecuencia, vamos a votar a favor de este incentivo al retiro.

El señor LAGOS (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, me sumo al último comentario de mi colega Letelier. Desde hace muchos años hemos visto numerosas mejoras en el ámbito de la educación, pero siempre concentradas en los docentes, y juzgaba necesario -lo planteamos cada vez que fue posible- hacer justicia con los asistentes de la educación. La iniciativa en examen va en esta línea y la aprobamos por eso mismo. Alguna justicia se hace, aunque a veces llegue un poco tarde.
Ahora, respecto del tema en debate, creo que el Senador señor Coloma tiene razón, a lo que se agrega otro motivo.
Lo primero, porque se configura un incentivo perverso para obtener licencias en el último tiempo.
Alguien podrá decir: "No, si eso nunca ocurre. La ética es muy notable en los médicos". Mas algunos no lo consideran así en tanta medida, señor Presidente. Hace pocos días se dio a conocer el caso de una facultativa que emitía una de estas certificaciones cada diecisiete minutos, tomando en cuenta toda su jornada de trabajo disponible. Ha sido muy eficiente -¡no cabe la menor duda...!- en la atención, pero en forma sospechosa. Porque se han conocido muchos abusos.
A mi juicio, la norma constituye un incentivo en la materia, sobre todo en un sector que registra muchas licencias médicas. Por lo tanto, lo más razonable es una revisión.
Además, concurre otra circunstancia: me parece que estamos incurriendo en leyes demasiado reglamentarias. ¡Cada vez vamos fijando en ellas más exigencias y requisitos!
Para eso están los reglamentos. La redacción original establecía que el número de días por el concepto que nos ocupa sería el tercer criterio aplicable, pero en la forma que determinare una de esas normativas.
¡Por qué no le dejamos al reglamento definir cuáles son los casos, ya que ahí, con mayor flexibilidad, se iría viendo con el tiempo la fórmula más adecuada para regular la situación!
Una fijación por ley me parece un exceso si existe tal posibilidad, además de que incentiva la búsqueda de licencias de una manera poco apropiada.
Por eso, voy a votar en contra de la proposición de la Cámara, para que en el trámite siguiente se pueda buscar una redacción simple, como la que se contemplaba en el sentido de que, al final, los criterios para ponderar los días de licencia médica estuvieran determinados por el reglamento.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).- Varios compartimos aquí la justicia que se estará haciendo, aunque a veces resulte tardía, efectivamente.
Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, respaldo con mucha fuerza la posibilidad del incentivo al retiro para los asistentes de la educación.
Desde ya, hace más de doce años marchamos por primera vez para los efectos de dar el impulso a fin de crear un estatuto especial para el sector.
Más allá de pronunciarme sobre el punto en particular que vamos a votar ahora, quiero hacer notar otro elemento que me parece relevante. Nos hallamos en un proceso de desmunicipalización, y la norma que lo establece no ha sido suficientemente clara respecto de derechos adquiridos por estos trabajadores. Hoy día, ellos pueden negociar colectivamente. ¿Qué va a pasar cuando finalmente exista un servicio local y la negociación sea uno de los temas sobre la mesa?
En seguida, cabe recordar que han tenido la posibilidad de generar gremios fuertes capaces de alzar su voz respecto de un estatuto especial.
Por otra parte, ¿qué va a pasar respecto de la solución de continuidad? El proyecto de ley no es suficientemente claro, por ejemplo, en cuanto a los años de servicio. Y acá lo que no queremos es que se provoque, con este nuevo traspaso, ahora a las agencias locales, otra deuda histórica relacionada con los asistentes de la educación y con el profesorado.
Esos son temas que deberán ser clarificados cuando finalmente aquella iniciativa legal llegue a la Sala del Senado y tengamos la posibilidad de defender con fuerza a quienes son pieza clave en el proceso educativo, pues justamente los asistentes de la educación son los que más tiempo pasan con nuestros menores en los colegios.
Por lo tanto, esto es algo que hay que levantar con mucha fuerza.
En lo relativo al asunto en cuestión, se debe facilitar que ojalá todos aquellos que se sienten vulnerados, afectados, particularmente con el daño previsional que se les ha provocado, puedan finalmente obtener este incentivo al retiro.
Ahora, lo que no hay que tratar de hacer es generar un mecanismo perverso para los efectos de otorgar en definitiva el incentivo al retiro. Será el reglamento el que resuelva finalmente cuáles son las condiciones para ello.
Esperamos que, aparte de los 9 mil funcionarios que hoy día tienen la posibilidad de acceder al beneficio, también puedan alcanzarlo otros más.
Por eso mismo voy a abstenerme, para que sea el reglamento el que, finalmente, determine las condiciones para el otorgamiento del incentivo al retiro, pero poniendo sobre la mesa que los temas relevantes para los asistentes de la educación son otros que no están hoy día en cuestión en esta iniciativa legal, sino que dicen relación con el proyecto de desmunicipalización y, fundamentalmente, con los derechos adquiridos por ellos, que han logrado con lucha, con movilización, con marcha, con diálogo y con interpelación al Ministerio de Educación.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Me han pedido la palabra varios señores Senadores.
Les reitero a Sus Señorías la necesidad de dirigirse a la Mesa.
Puede intervenir, a continuación, el Honorable señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, lo que estamos discutiendo aquí es el incentivo al retiro de los asistentes de la educación y no otra cosa. No estamos discutiendo la nueva educación pública ni la desmunicipalización, que es otro debate también bien profundo.
Esta norma, para la que se ha pedido votación separada, tiene que ver con el momento y la forma como se otorga el beneficio y ha generado esta discusión porque establece criterios de priorización. Pero la verdad es que había que contemplar algunos criterios en ese sentido.
Primero, nos estamos poniendo en situaciones muy excepcionales. En incentivos pasados, normalmente han quedado cupos vacantes en los primeros llamados. Ahora, dado que se trata de un beneficio plurianual, que va a extenderse hasta el año 2022, puede que eso no ocurra y efectivamente haya una sobredemanda. Y solo para el caso de que exista sobredemanda en los dos primeros años, como se ha señalado, se aplicarán tales criterios, que no son uno. No es que la licencia determine el beneficio; lo que determina el beneficio es, básicamente, la edad y, naturalmente, la voluntad del trabajador de acogerse a él, que, dicho sea de paso, es el mayor que se ha podido alcanzar durante muchos años, porque se trata de una doble bonificación: una primera parte la paga, como se ha indicado acá, el sostenedor, y una segunda parte, en UF, la paga directamente el Fisco.
Por lo tanto, es un gran beneficio, que no podemos desvirtuar con una discusión en orden a que, como alguien insinuó en la Sala, será la licencia médica la que lo determine. Y no es así, porque en los casos de sobredemanda, primero, se ve la edad. Segundo, si hay empate entre postulantes que se encuentran en similares condiciones -es decir, tienen la misma edad-, se privilegia al de mayor antigüedad. Ahora, si persiste el empate en función de este último requisito -o sea, que cuenten con la misma antigüedad-, recién ahí se mira una cuestión que es obvia, a esa altura, como criterio objetivo: si la persona está enferma. Y si está enferma, obviamente ello se debe acreditar de alguna manera: con un certificado médico o con una licencia médica. No hay otra forma de acreditar si alguien se encuentra enfermo, más allá de que en muchos casos efectivamente se han producido situaciones irregulares. Pero aquí no se puede presumir, ni la mala fe de actores ajenos al sistema, ni la desconfianza.
Y quiero decir más, a propósito de que algunos señores Senadores están planteando la idea del reglamento: quien finalmente va a resolver será la Subsecretaría mediante una resolución fundada donde se tienen que incorporar todos los motivos que den lugar a la bonificación.
En consecuencia, me parece que un beneficio tan potente, logrado en acuerdo con los asistentes de la educación de este país, no puede quedar desvirtuado con un tema absolutamente menor. El legislador se está poniendo en el caso de que haya mayor demanda, que puede ocurrir, situación que será zanjada con los diversos controles que he mencionado.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, yo entiendo que esta es una materia perfectamente opinable.
A mí me parece razonable que, en última instancia, cuando haya que decidir, uno de los elementos a considerar sean efectivamente las licencias médicas, porque de algún modo hay que resolver, de algún modo hay que priorizar. Pero, naturalmente, entiendo el punto que ha levantado el Senador Juan Antonio Coloma, por cuanto se trata de una materia completamente discutible.
Dicho eso, señor Presidente, quiero llamar la atención sobre este proyecto en el siguiente sentido.
Esta iniciativa concede, como se ha dicho, una bonificación por retiro voluntario, y lo hace para quienes ejercen o han ejercido como asistentes de la educación en las municipalidades o en corporaciones privadas sin fines de lucro creadas para administrar la enseñanza municipal, pero también sujeta al mismo beneficio por retiro voluntario a los paradocentes o asistentes de la educación regidos por el decreto ley N° 3.166 (educación técnico-profesional).
A los funcionarios municipales y de corporaciones municipales se les da igualmente la posibilidad, como se ha hecho en otros proyectos de incentivo al retiro, de postular a lo que se llama "bono poslaboral", que permite acceder a una cantidad de dinero que se paga mes a mes, junto con la pensión, precisamente para mejorar esta última, en aras de reconocer el daño previsional ocasionado por el largo tiempo en que cotizaron solo por una parte de sus remuneraciones.
Sin embargo, esto mismo es válido para los trabajadores regidos por el decreto ley N° 3.166, los cuales se desempeñaban en colegios fiscales o escuelas dependientes del Ministerio de Educación y fueron traspasados, no a las municipalidades, pero sí a corporaciones que administran transitoriamente. Ellos han sufrido el mismo daño previsional de quienes fueron traspasados a los municipios.
Por eso, señor Presidente, pido que en realidad se envíe un oficio, porque no hay ningún representante del Ejecutivo aquí, para que los asistentes de la educación regidos por el decreto ley N° 3.166 también sean incorporados al bono poslaboral. Esto es muy importante. Hoy día es una suma del orden de 70 mil pesos, que, para alguien que recibe una pensión de 150 mil, 180 mil pesos, agregar 70 mil más hace una tremenda diferencia. Y no hay ninguna razón para privarlos de este beneficio. ¡Ninguna!
De ahí que solicito enviar un oficio al Ejecutivo con el objeto de que la situación de esos funcionarios pueda ser corregida en otro proyecto de ley.
Muchas gracias.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, junto con saludar a quienes nos acompañan en las tribunas, quiero señalar con mucho gusto que, evidentemente, la bancada del Partido Socialista va a votar a favor de este proyecto, y que nos importa bastante otorgar esta posibilidad, como lo hemos venido haciendo sistemáticamente con distintos cuerpos. En este caso, estamos hablando de los asistentes de la educación.
Este es un incentivo al retiro que permite, a quienes han trabajado largo tiempo y que ya llegaron, probablemente, a la edad de pasar al sector pasivo, un estímulo consistente en una bonificación de un mes de remuneración por cada año de servicio, con un tope de once, considerando la remuneración promedio de los últimos doce meses.
Es importante, además, que reciban, como acaba de señalar el Senador García, una bonificación adicional, más conocida como "poslaboral", que les ayude a mejorar pensiones que -ya lo sabemos, y creo que masivamente el país lo ha manifestado con claridad- son demasiado indignas, muy bajas y que hacen que la gente, realmente, sufra la angustia de llegar a esta edad sin contar con condiciones razonables que les permitan una vida digna después de toda una trayectoria laboral.
Me parece relevante, entonces, que se contemplen esos dos elementos, y por eso anuncio nuestro voto positivo.
Asimismo, me sumo a lo que acaba de expresar el Senador García, pues me hace sentido.
Creo que esta Corporación podría, ojalá por unanimidad, adoptar la idea de mandar un oficio al Ejecutivo para solicitarle que explique las razones por las cuales deja fuera a este otro segmento de trabajadores, lo que, como ha explicado el Senador García, constituye una discriminación que aparentemente no tiene una justificación clara.
Yo creo que sería muy adecuado hacerlo.
Por lo tanto, señor Presidente, quería explicitar mi voluntad de que se envíe un oficio a fin de conocer las causas por las cuales este otro sector no recibiría lo que conocemos como "bonificación adicional", que, evidentemente, es muy importante para aquellos que se retiran.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Señor Secretario, consulte a la Sala por favor.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el inciso tercero del artículo 3° propuesto por la Comisión de Educación y Cultura (23 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Allamand, Bianchi, Espina, García, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Matta, Montes, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Van Rysselberghe y los señores Coloma, García-Huidobro, Hernán Larraín y Pérez Varela.
Se abstuvieron los señores Chahuán y Moreira.


El señor LAGOS (Presidente).- Señor Secretario, procedamos a la última votación del proyecto.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, agradeceré que se dirijan a las páginas 18 y 19 del comparado.
Como se señaló anteriormente, ahí figura un artículo 13, nuevo, introducido por la Cámara de Diputados, que la Comisión de Educación y Cultura del Senado propone unánimemente rechazar.
Por ende, como lo que siempre se vota es el informe de Comisión, y en este caso la recomendación es para rechazar, quienes estén de acuerdo con la proposición de eliminar el artículo deben votar que sí, y quienes estén por mantenerlo deben votar que no, en el entendido de que si la votación negativa reúne al menos 21 votos la norma quedaría aprobada con rango orgánico constitucional.

El señor LAGOS (Presidente).- En discusión la propuesta de la Comisión.
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, solo quiero explicar cuál es el sentido de lo que hicimos en la Comisión de Educación, especialmente para la gente que está siguiendo el debate.
Allí no nos pronunciamos respecto del mérito de la disposición despachada por la Cámara de Diputados, pues el consenso unánime, reflejado en el informe emitido por la Secretaría, es que ella es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. En consecuencia, la rechazamos, no por el mérito de fondo de su contenido, sino por considerar que aborda una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Y este no es un tema menor.
En otras oportunidades, en la Cámara de Diputados, existiendo claridad absoluta de que una norma es de iniciativa exclusiva, por algo que se ha inventado y que consiste en "dar una señal política", la ha aprobado a sabiendas de que es inconstitucional y de que debiera haber sido declarada inadmisible. Y a nosotros nos parece que el Senado no puede incurrir en esta mala práctica.
Por lo tanto, no nos hemos pronunciado respecto del mérito de la disposición, sino que estamos diciendo que, en opinión de los miembros de la Comisión y de la Secretaría, aborda una materia de iniciativa exclusiva.
¿Cómo se puede resolver aquello? Como acá se señaló. (Entre paréntesis, el Ejecutivo compartió con nosotros tal apreciación). Y, en consecuencia, si se quiere solucionar el problema de fondo, basta con que la norma sea patrocinada por el Ejecutivo mediante una indicación o bien este presente un proyecto nuevo o arregle la situación de alguna otra manera. Pero lo que no podemos hacer, señor Presidente, si tenemos la certeza de que el artículo es inconstitucional, es simplemente hacernos los lesos y votarlo a favor como si realmente fuera constitucional.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor MONTES.- ¡Abra la votación, señor Presidente!

La señora ALLENDE.- ¡Sí, ábrala!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, yo he escuchado la argumentación que se ha dado...

El señor LAGOS (Presidente).- Un momento, señor Senador.
Me han pedido abrir la votación.
¿Le parece a la Sala?
Pero antes -le voy a dar todo el tiempo que le corresponde, Senador Zaldívar-...

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- No hay problema.

El señor LAGOS (Presidente).- ... quiero pedirle al señor Secretario que repita, porque aquí hay un quorum involucrado, el sentido de votar a favor y en contra.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Lo que se vota es la proposición de la Comisión de Educación, que sugiere rechazar el artículo 13, nuevo, despachado por la Cámara de Diputados.
De consiguiente, quienes estén de acuerdo con la proposición de la Comisión deben votar que sí, y quienes estén en desacuerdo con ella -vale decir, quieran que la disposición sea aprobada- deben votar que no.
Ahora, esa votación negativa, para lograr la aprobación del precepto, debe reunir 21 votos favorables, por tratarse de una norma orgánica constitucional.
El rechazo, naturalmente, no requiere quorum especial.

El señor LAGOS (Presidente).- El artículo 13, nuevo, figura en la página 18 del comparado, tercera columna.

El señor MONTES.- ¡Abra la votación, señor Presidente!

El señor LAGOS (Presidente).- Muy bien, en votación.
--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).- Le doy la palabra, empezando de cero, al Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, escuché con mucha atención el debate sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la norma, que es discutible.
En lo personal, revisando el artículo 65 de la Constitución, no veo dónde pueda estar la inconstitucionalidad de establecer una sanción por abandono de deberes.
Incluso, yo podría acceder a que el artículo 13 es inadmisible. Pero en tal caso, si realmente fuera inadmisible, lo que procedería no es rechazarlo, sino, de acuerdo a lo que dispone nuestra ley orgánica, declarar su inadmisibilidad para que pasara a una Comisión Mixta que se pronunciara al respecto.
A nosotros no nos corresponde rechazar una disposición por el hecho de ser inadmisible. Es una manera de evitar un trámite, es cierto, y algunas veces se ha hecho, pero lo que corresponde es lo otro.
En mi opinión, el artículo no es inadmisible. Revisando las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República establecidas en el artículo 65 de la Constitución, no veo que su contenido figure entre ellas.
Además, conforme a los fallos dictados por el Tribunal Constitucional, las inconstitucionalidades son de interpretación restrictiva: deben estar expresamente determinadas; no pueden aplicarse en forma extensiva o por asimilación.
Entonces, si me dicen que el artículo 13 es inadmisible y se da la argumentación, bueno, llevemos el asunto a una Comisión Mixta. Pero creo que con eso vamos a retrasar el despacho del proyecto.
En lo personal -repito-, creo que no es inadmisible. Y entiendo el fondo de la disposición, que me parece lógica. Si una municipalidad recibe recursos del Estado para pagar este incentivo al retiro, pero no dispone de ellos para lo que están destinados y los malversa -ese es el tema- y pasan más de 60 días, forzando a la persona que de buena fe se ha retirado de sus funciones a tener que ir a pleitear con ella para que le entregue el beneficio, constituye una causal suficiente de notable abandono de deberes.
Distinto sería si estableciéramos esta obligación al municipio con cargo a sus propios recursos, porque ahí podría alegar.
Además, la propia disposición despachada por la Cámara de Diputados dice que la causal no se configura tratándose de caso fortuito o fuerza mayor, que servirían para eximir de responsabilidad al alcalde y al concejo.
Por esas razones, señor Presidente, soy partidario de mantener la norma que aprobó la otra rama del Parlamento.

El señor LAGOS (Presidente).- Se han inscrito varios señores y señoras Senadoras.
Ciertamente, voy a dar la palabra a todos los que la han solicitado.
En cuanto al tema de fondo, parece no haber dos opiniones en cuanto al deseo de contar con una norma que establezca el notable abandono de deberes.
Segundo, el problema se habría subsanado si el Ejecutivo hubiera presentado en algún minuto una indicación. Debo decirlo así. No cuento con una explicación -y no tengo por qué tenerla- de por qué ello no ocurrió.
Y tercero, a quienes han pedido la palabra -alrededor de siete señoras y señores Senadores-, quiero señalarles que podemos ingresar a la discusión sobre la inadmisibilidad de la norma (artículos 65 de la Constitución y 15 de la Ley Orgánica del Congreso), pues eventualmente habrá que votar el tema. Y de hecho estamos en votación.
Ahora son ocho los Senadores inscritos.
Hechas estas aclaraciones, tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, su intervención en realidad me ahorra la mía.
Yo estoy absolutamente de acuerdo en que, en el fondo, esta es una buena medida. A mi juicio, es francamente inaceptable que un municipio que recibe dineros para pagar incentivos al retiro los desvíe a otro fin -por muy loable que este sea, en definitiva, se desvían-, y no les pague los bonos que contempla la ley a los asistentes de la educación que se están acogiendo precisamente a retiro.
Entiendo el problema de constitucionalidad que se ha planteado. Lo que me cuesta comprender es por qué si el Ejecutivo estuvo de acuerdo en que esto era inadmisible, pues era de su iniciativa, no lo patrocinó. Porque -insisto- creo que todos estamos absolutamente de acuerdo en que es una norma razonable y, además, necesaria.
Desgraciadamente, señor Presidente, en el pasado hubo situaciones en que algunos municipios desviaron recursos destinados a pagar incentivos al retiro a otros fines.
Le quiero hacer una consulta al Senador Zaldívar -esto fue lo que me llevó a pedir la palabra-, pues no comprendí bien su propuesta. Entiendo que él quiere obviar que se vote en contra para que el punto en cuestión lo vea directamente la Comisión Mixta.
No me quedó claro lo formulado por Su Señoría, que es de procedimiento.
Gracias.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, en la misma dirección de lo que plantearon tanto usted como el Senador José García, quiero señalar claramente que esta medida nos parece del todo razonable.
Me gustaría saber si hay unanimidad para los efectos de que antes de votar podamos discutir la admisibilidad o inadmisibilidad de esta norma.
Si ella existiera, podríamos debatir el punto a la espera de que el Ejecutivo haga llegar su indicación.

El señor LAGOS (Presidente).- Senador señor Chahuán, entiendo sus buenos deseos, pero reglamentariamente no es posible proceder de esa manera porque en el tercer trámite no corresponde discutir la admisibilidad o inadmisibilidad de una disposición.

El señor CHAHUÁN.- Okay.

El señor LARRAÍN.- ¡No es así!

El señor CHAHUÁN.- Hay una discusión al respecto.

El señor LAGOS (Presidente).- Todo es discutible, pero quiero decirles que esa es la situación que tenemos ahora.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, lamento que durante la discusión de este proyecto de ley no esté presente el Ministerio de Educación. Me habría gustado pedirle su opinión acerca de una materia tan importante como la que nos ocupa y para saber si efectivamente tiene la voluntad de patrocinar o no la indicación pertinente.
En ausencia de aquello, esta es una buena medida. Creo que la complejidad la aporta el hecho de que pudiera ser inadmisible desde el punto de vista constitucional.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, primero, quiero señalar que estoy completamente a favor del fondo del artículo 13.
A mi juicio, es una experiencia lamentable darse cuenta de que los municipios -no siempre se da, pero pasa en muchos-, habiendo recibido estos dineros, han sido capaces de desviarlos y no pagar, en este caso, los incentivos al retiro.
Para mayor precisión y para que tengamos claridad, voy a leer el artículo 13:
"Los alcaldes, directores de los Departamentos de Educación Municipal o de las Direcciones de Educación Municipal y los gerentes o administradores de las corporaciones sin fines de lucro que, salvo caso fortuito o fuerza mayor, retarden el pago de la bonificación por retiro voluntario o la adicional por antigüedad laboral a las que tengan derecho los asistentes de la educación de conformidad a esta ley, por más de sesenta días contados desde que los recursos hayan sido transferidos para esos fines, incurrirán en causal de notable abandono de sus deberes o incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales o legales, según el caso, para los efectos de hacer exigible la responsabilidad correspondiente.".
Señor Presidente, no solo estoy de acuerdo con el fondo de este precepto, sino que no veo su inconstitucionalidad, porque se trata de recursos que se transfieren y las autoridades que menciona el artículo 13 solo deben cumplir con la obligación de pagar esta bonificación, para que aquellas personas, los asistentes de la educación que hoy nos acompañan reciban lo que les corresponde después de haberse acogido a retiro.
--(Aplausos en tribunas).
Obviamente, no puedo entender un retraso de más de sesenta días. ¿Por qué razón tendría que pasar? No hay justificación.
En consecuencia, señor Presidente, lo que debiera hacer este Senado es apoyar la propuesta de la Cámara de Diputados y aprobar el artículo 13.
Lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo con lo que hizo la Comisión de Educación. Entiendo que es un tema de forma; sin embargo, a mi juicio, no se justifica porque se trata de fondos transferidos. Aquí no estamos proponiendo la entrega de recursos, no estamos generando más gastos. Por lo tanto, es enteramente legítimo que en este caso exista la causal de notable abandono de deberes, que ojalá sea una gran lección para que ningún alcalde, en ningún municipio del país desvíe estos fondos o retarde por más de sesenta días el pago de la bonificación.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, quiero insistir en lo que dije al comienzo: me parece absurdo no castigar a alcaldes que ocupen los recursos que se les traspasaron en otros menesteres y no para los cuales estaban destinados: cancelar lo que corresponde a los funcionarios.
Esta medida podría ser considerada demasiado dura, pues los alcaldes son objeto de sanciones penales y civiles, como asimismo quedan expuestos a la pérdida del cargo. Pero ella se explica con mayor razón si se considera la situación injusta que viven los funcionarios que no reciben las remuneraciones que les corresponden, cuando los fondos son traspasados para tales efectos.
Estoy absolutamente en contra de lo que aprobó la Comisión de Educación del Senado, y me quedo con lo que resolvió la Cámara de Diputados.
Por eso, voto que no a este artículo.

El señor LAGOS (Presidente).- Hay varios señores Senadores inscritos.
Solamente les quiero reiterar lo siguiente: se está votando respaldar o no la decisión de la Comisión de Educación.
Para que prime el "no"; esto es, no respaldar la propuesta de la Comisión de Educación, se requieren 21 votos favorables.
Sin perjuicio de aquello, en el caso de que no se obtuvieran los 21 votos por el "no", o hubiere mayoría de votos "sí", respaldando a la Comisión, en ambos casos se iría a una Comisión Mixta, instancia en la que uno esperaría que el Ejecutivo propusiera una indicación al objeto de subsanar el tema.
Dicho lo anterior, tiene la palabra el Senador Hernán Larraín.

El señor BIANCHI.- ¡Está perfecto, señor Presidente!

El señor LAGOS (Presidente).- ¿Se entiende?
El señor BIANCHI.- Muy bien.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en primer lugar quiero manifestar que discrepo...

El señor LAGOS (Presidente).- Disculpe, señor Senador.
Les pido a Sus Señorías que escuchen los argumentos, por favor.

El señor LARRAÍN.- Decía que, en primer lugar, discrepo de que en este trámite no se pueda hacer cuestión de admisibilidad.
El artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en su última reforma de 2010, de acuerdo con la modificación a la Carta Fundamental de 2005, estableció, precisamente para dirimir una situación de este tipo, el siguiente inciso segundo:
"La declaración de inadmisibilidad puede ser hecha por el Presidente de la Cámara respectiva o de una comisión, de propia iniciativa o a petición de algún miembro de la Corporación, en cualquier momento de la discusión del proyecto".
Ahí no se distingue ni primer, ni segundo, ni tercer trámite, ni Comisión Mixta. Señala: "en cualquier momento de la discusión del proyecto".
Así que, en ese sentido no me parece que se pueda argumentar. Y lo menciono, simplemente, para dejar constancia de este punto, que ya hemos discutido en otras oportunidades.
Sin embargo, señor Presidente, no veo que la disposición que nos plantea la Cámara de Diputados sea inconstitucional. En mi opinión, este es un tema distinto. No se está fijando una atribución, porque ya existe. Lo que se nos dice es que en caso de no ejercerse aquella habrá tal o cual sanción.
Nosotros tenemos capacidad para introducir sanciones en cuanto a los actos de las autoridades. Podemos crear delitos para los empleados públicos que no cumplan con sus funciones. ¿No podríamos establecer que, en caso de que un alcalde no cumpla el compromiso de pagar las deudas previsionales, esto sea interpretado como notable abandono de sus deberes? En mi modesta opinión, señor Presidente -lo hago a título estrictamente personal-, no veo la inconstitucionalidad.
El artículo 65 de la Constitución, número 2°, dice: "Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones;".
Aquí no se están determinando ni funciones ni atribuciones. Se trata de las que se tienen. De lo que se habla es de qué pasa en el caso de no ejercicio.
La otra disposición que se podría invocar es la que dice relación con la administración del Estado, en cuanto a que corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos y las materias señaladas en tales y cuales artículos.
Señor Presidente, aquí no hay ninguna invocación de atribuciones propiamente financieras. Estas se tienen o no se tienen. Lo que se señala es que si no se ejerce esta función se incurrirá en la causal de notable abandono de deberes.
Por tanto, creo que aquí no nos encontramos bajo ningún concepto ante una atribución exclusiva del Presidente de la República. Uno podrá estar de acuerdo o no. Pero no me parece -en general, personalmente soy bastante estricto en cuanto a extender las atribuciones del Congreso o a restringir las del Primer Mandatario; creo que hay que buscarles el sentido que tienen- que estemos ante una situación de inadmisibilidad.
En consecuencia, señor Presidente, pienso que podemos votar abiertamente esta enmienda. Si nos gusta la modificación introducida por la Cámara de Diputados, la votamos a favor; si no nos gusta, nos pronunciamos en contra. No hay un problema de constitucionalidad. En todo caso, si lo hubiera, se podría discutir.

El señor LAGOS (Presidente).- Señor Senador, para que haya claridad, si usted vota que sí, estaría aprobando lo planteado por la Comisión de Educación y desconociendo...

El señor LARRAÍN.- Por lo tanto, yo tengo que votar que no.

El señor LAGOS (Presidente).- Si sigo su argumento, debería pronunciarse en contra.

El señor PÉREZ VARELA.- Así es.
El señor LAGOS (Presidente).- En todo caso, desde el punto de vista de la admisibilidad -no se ha planteado formalmente a la Mesa-, tengo el mismo razonamiento del Senador señor Larraín en el sentido de que aquí no se crea ni una atribución ni una función, sino que se explicita una sanción a un funcionario al que se le traspasaron recursos para que fueran destinados a un objetivo determinado y no lo hizo. Aquí se establece una sanción al respecto, pero no se asigna una atribución o una función adicionales. Sin embargo, como Su Señoría señala, se trata de opiniones personales.
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, voy a insistir en lo que varios señores Senadores han manifestado -creo que esto es bastante transversal-. Pienso que en el fondo nadie tiene una opinión distinta. O sea, todos estamos de acuerdo en que si algún sostenedor se queda con la plata, no paga este bono, evidentemente que debe haber sanciones. Yo entiendo que el Ejecutivo -eso fue lo que nos planteó- estaba disponible para, en caso de que la iniciativa llegara a Comisión Mixta -todo parece indicar que así será-, formular una indicación a fin de resolver este punto.
No obstante, tengo una ligera discrepancia con el Senador Zaldívar. Y más bien estoy con la tesis del colega Allamand -por lo demás, fue la discusión que arrojó una postura unánime de la Comisión- en el sentido de que esto, primero, es inadmisible. Lo señalo porque todo el debate aquí se ha centrado en el alcalde, pero también tenemos que considerar que podría incumplir el director del DAEM, que es un funcionario público. ¿Qué significa esto? Es algo más que una sanción lo que se le está imponiendo al encargado del DAEM si incumple.
Sin embargo, el tema de la inadmisibilidad no es lo central, señor Presidente. Porque el artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso es bastante claro. Este dispone: "si en el segundo trámite constitucional la Sala de la Cámara revisora rechazare la admisibilidad aprobada por la Cámara de origen, se constituirá una comisión mixta". Pero aquí no estamos en el segundo trámite...

El señor LARRAÍN.- Esa es otra norma.

El señor QUINTANA.- Aquí nos encontramos en el tercer trámite, Senador Zaldívar -por su intermedio, señor Presidente-. Por lo tanto, nosotros hemos recibido de la Cámara de Diputados una norma; esto es parte del articulado. Por eso no procede hoy día que discutamos sobre la admisibilidad. Y por ello insistiremos en que lo que se ha impuesto es mucho más que una sanción.
En consecuencia, pedimos el apoyo a la propuesta unánime de la Comisión.

El señor WALKER (don Ignacio).- Cuestión de Reglamento, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Estamos en votación, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Así es.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, lo tengo claro, pero me gustaría que pudiéramos recibir la opinión del Secretario General acerca de esta materia.

El señor LAGOS (Presidente).- Pero hay Senadores inscritos para intervenir y estamos en votación.

El señor WALKER (don Ignacio).- Que en algún momento el Secretario nos entregue su opinión.

El señor LAGOS (Presidente).- Después vamos a pedirle al señor Secretario que nos ilumine y que conecte el artículo 65, inciso cuarto, número 2°, de la Constitución, con los artículos 15 y 25 de la Ley Orgánica del Congreso.
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, no pensaba intervenir, pero en verdad esto puede generar un precedente importante.
Si como Corporación aceptáramos que aquí hay algún grado de inconstitucionalidad, estaríamos desconociendo todas y cada una de las indicaciones que se aprobaron en el proyecto que modificó recientemente las normas electorales, toda vez que establecimos incluso sanciones de destitución, de notable abandono de deberes, de penas privativas de libertad, de multas a funcionarios públicos.
Más allá del mérito, el artículo 13 propuesto por la Cámara de Diputados dispone una sanción a una obligación que se contempla en otras normas del mismo proyecto de ley. El artículo 13 no impone ninguna obligación a un funcionario público.
El artículo 1º, inciso primero, de la iniciativa es el que crea la bonificación. El inciso segundo del mismo artículo es el que establece quién habrá de pagar esta bonificación, es decir, el empleador: le impone una obligación al funcionario público o, como decía el señor Vicepresidente -por su intermedio, señor Presidente-, incluso al DAEM.
Es decir, es otra disposición, el artículo 1º, incisos primero y segundo, la que crea la bonificación y señala al responsable de su cancelación.
Por otra parte, el artículo 2º del proyecto es el que establece a los beneficiarios.
En consecuencia, si uno observa el texto del artículo 65 de la Constitución Política de la República, en sus seis numerales, en ninguna parte se consigna la prohibición del Parlamento para determinar sanciones por incumplimiento de la ley. Lo que considera es un conjunto de prohibiciones al legislador para, motu proprio, de iniciativa propia, introducir modificaciones o cambios desde el punto de vista impositivo, de beneficios o, incluso, de obligaciones. Pero, como ya he mencionado, el artículo 13 en ningún momento impone una obligación, sino que solo se remite a consagrar cuál es la sanción por el incumplimiento de las obligaciones contempladas en los artículos 1º y 2º, respectivamente.
Por consiguiente, a mi juicio, y para que quede en la historia de la ley como un precedente, la disposición no debe ser declarada inadmisible ni inconstitucional, porque eso implicaría restringir las facultades de nuestro Parlamento, y nunca más podríamos establecer una sanción por incumplimiento, cualquiera que fuera la obligación que viniera contenida en un proyecto de ley originado incluso en mensaje.
Por lo tanto, llamo más bien a analizar el mérito de la norma. Como decía el Senador Quinteros, si el Estado ha otorgado recursos públicos con un fin específico a determinada autoridad y esta no los destina a ese fin, resulta evidente que debe recibir una sanción correlativa.
En consecuencia, votaré que no al criterio de la Comisión de Educación y, por tanto, apoyaré el texto aprobado por la Cámara de Diputados.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, me pronunciaré en la misma línea de todo lo que han señalado los señores y las señoras Senadoras que me han antecedido en el uso de la palabra.
Yo soy absolutamente contrario al criterio de la Comisión de Educación del Senado.
No puede entenderse que se entreguen recursos públicos a determinado municipio y que el alcalde simplemente decida gastarlos en otros ítems. Eso está absolutamente claro.
Estos fondos van directamente al -comillas- beneficio que tienen los asistentes de la educación. Por lo tanto, incumplir el pago, diferirlo, efectivamente implica un notable abandono de deberes. Nosotros no estamos obligando a nada a los alcaldes. Esta obligación ya está. Ese solo incumplimiento es un notable abandono de deberes.
Por eso, me parece que resulta de toda lógica rechazar el criterio de la Comisión de Educación y establecer que el alcalde o la alcaldesa que incumpla este pago incurrirá en notable abandono de deberes.

El señor LAGOS (Presidente).- Invito a quienes no se han pronunciado a ejercer su derecho a voto.

El señor BIANCHI.- ¿Habría que votar que no, cierto?

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, es importante tener claridad al momento de votar.
Hago la prevención: yo no soy abogado y, por lo tanto, me guío mucho por lo que comenta la Secretaría, aun cuando la decisión final es nuestra. Pero colegas que son abogados y que tienen vasta experiencia también opinaban que esta disposición excedía las facultades del Congreso.
Ahora, he escuchado argumentos de harto peso por parte de los colegas -al menos en las intervenciones que he presenciado- y estoy disponible para revisar mi voto e ir al fondo del tema.
Quiero dejar claro eso, porque hubo una decisión unánime de los miembros de la Comisión. La discusión respecto del punto fue bastante larga. Pero, si hay una opinión en contrario sobre la constitucionalidad de la norma que discutimos, yo me siento liberado para votar de acuerdo a lo que pienso que es correcto. En ese sentido -y lo dije en la Comisión-, considero bueno que haya una sanción como esta cuando un sostenedor incumple las obligaciones con sus trabajadores.

El señor LAGOS (Presidente).- No tengo más inscritos.
Le han pedido a la Mesa dar su opinión.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La discusión se centra en si es posible votar en la Sala una norma que, originada en la indicación de un Diputado, fue aprobada en la Cámara Baja, no obstante lo cual en el Senado, en el tercer trámite constitucional, se dice: "Pero, ¡por favor!, la disposición es inadmisible porque corresponde a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República".
Las dos normas para declaración de inadmisibilidad son los artículos 15 y 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. ¿Por qué surgieron? Porque antiguamente, antes de las modificaciones a dicha normativa, la Sala no tenía atribuciones para pronunciarse sobre ello. Bastaba que una Comisión declarara inadmisible una disposición para que la Sala, curiosamente, no pudiera pronunciarse, porque así estaba legislado en la Ley Orgánica.
Dicho de otra manera, si en una Comisión se declaraba inadmisible una norma por dos votos contra uno, la Sala se quedaba sin la posibilidad de revisar esa decisión.
Ahora bien, el artículo 15, que contempla la declaración de inadmisibilidad, parte señalando que se refiere al inciso primero del artículo 65 de la Constitución Política, aun cuando en el inciso final remite a los artículos 12, 13 y 14 de la Ley Orgánica.
Pero, lo que realmente importa es que tal declaración de inadmisibilidad está permitida en el segundo trámite constitucional, porque el inciso segundo, que se refiere justamente a ese trámite, está haciendo expresa referencia al inciso primero.
De consiguiente, a juicio de la Secretaría, en este caso no podría aplicarse esa norma, dado que el proyecto se encuentra en tercer trámite constitucional.
Ahora bien, el artículo 25 está expresamente legislado para los proyectos de ley, completos o no, respecto de los cuales la Cámara revisora tiene la posibilidad de modificar la declaración de inadmisibilidad realizada por la otra Cámara. Ello puede hacerlo el Presidente de la Cámara respectiva o una Comisión, por propia iniciativa, sin perjuicio de que la decisión puede ser revisada en la Sala. Pero el citado artículo está referido a un proyecto, el cual se remitiría, en tal caso, a una Comisión Mixta. Y para ello hay todo un procedimiento que está explicado en los incisos siguientes del mismo artículo 25.
En consecuencia, debo señalar, con todo respeto, que la manera de hacer presente, en el tercer trámite constitucional, que se estima inadmisible este artículo es rechazándolo. Eso se ha hecho otras veces, porque ninguna de las dos normas, a juicio de la Secretaría, permite pronunciarse sobre la admisibilidad.
Ahora bien, en el otro punto que aquí se ha discutido (si es de iniciativa del Ejecutivo), yo coincido con los argumentos de algunos Senadores en el sentido de que la función está fijada en las primeras normas del proyecto. Y el artículo que se está agregando solo señala: "Mire, el alcalde o el funcionario que no cumpla esta función será sancionado de equis manera".
Nada más, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Voy a dar la palabra a quienes quieran intervenir, porque es un debate interesante. Solo deseo recordar que la votación está terminada.
Voy a escuchar un par de argumentos, pero este es un tema que hemos discutido en otras oportunidades.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡Estamos en votación, señor Presidente!

El señor LAGOS (Presidente).- Así es. Voy a dar el resultado inmediatamente.
Se había pedido la aclaración del señor Secretario que, en estricto rigor, debió plantearse después de anunciada la votación. Tiene razón, Senador señor Zaldívar.
A continuación, daré la palabra a quienes quieran reaccionar a lo planteado por el señor Secretario, pero les pediría que, en esta oportunidad, no entremos al debate de fondo.
--Se rechaza la supresión del artículo 13, nuevo, propuesta por la Comisión de Educación y Cultura (27 votos en contra, 2 votos a favor y 2 abstenciones).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Bianchi, Chahuán, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la afirmativa los señores Coloma y Quintana.
Se abstuvieron la señora Von Baer y el señor Allamand.


El señor LAGOS (Presidente).- El Senador señor Hernán Larraín vino a hacer un planteamiento a la Mesa...

La señora ALLENDE.- Está aprobado el artículo. ¿El proyecto va a Comisión Mixta?

El señor LAGOS (Presidente).- Senadora señora Allende, si me quiere escuchar, la votación que se propuso en la Sala -me puede corregir, si quiere, señor Secretario- fue en los siguientes términos: quienes respaldaban la proposición de la Comisión de Educación en orden a rechazar lo aprobado por la Cámara de Diputados debían votar que sí y quienes deseaban mantener el texto de la Cámara de Diputados, debían votar que no.
Ahora bien, advertimos que esta última alternativa de todas maneras iba a requerir 21 votos favorables, porque la norma modificaba la Ley Orgánica, etcétera.
En consecuencia, sin perjuicio de que la argumentación que se me ha hecho en la testera en el sentido de que, en general, lo que se hace es votar primero lo que aprobó la Comisión respectiva y, en segundo término, rechazado eso -que fue lo que ocurrió acá-, debería haber una segunda votación, en la cual sí se requirieran los 21 votos, no es menos cierto que el procedimiento que se propuso, por el Presidente y por el Secretario del Senado, incluía la exigencia del quorum constitucional requerido, esto es, 21 votos favorables.
Si los señores Senadores quieren, se puede considerar una suerte de economía procesal legislativa.
Eso fue lo que yo planteé en su oportunidad, sin perjuicio de que en general hacemos las dos votaciones.
El Senador señor Hernán Larraín me ha pedido la palabra.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, dos comentarios.
Respecto de lo que ha dicho el señor Secretario, yo comparto que la propuesta de la Cámara de Diputados no es inadmisible, tal cual lo argumenté oportunamente. En ese sentido, estoy de acuerdo.
En lo que no estoy para nada de acuerdo es en la argumentación respecto de que el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional se refiere al proyecto que se encuentra en segundo trámite constitucional, para los efectos de revisar o no su admisibilidad, porque a eso precisamente se refiere el artículo 15.
El artículo 15 del citado cuerpo legal señala: "La declaración de inadmisibilidad de un proyecto de ley o de reforma constitucional que vulnere lo dispuesto en el inciso primero del artículo 65 de la Constitución Política" -léase el origen de los proyectos- "o de la solicitud que formule el Presidente de la República de conformidad a lo establecido en su artículo 68" -esto es, cuando un proyecto es aprobado por una Cámara y rechazado por la otra- "será efectuada por el Presidente de la Cámara de origen", quien puede dar pie a la formación de una comisión mixta para llevar el proyecto a la otra Cámara e insistir en él.
En ese sentido, se aplica lo de la segunda Cámara.
Sin embargo, lo que está establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica es exactamente lo contrario y así lo redactamos.
El señor Secretario bien recuerda que antes un proyecto que era declarado inadmisible en una Comisión la Sala no lo podía revisar.

El señor LAGOS (Presidente).- El proyecto.

El señor LARRAÍN.- El proyecto o un artículo o una indicación.
Si la Comisión declaraba la inadmisibilidad, la Sala no podía revisarla, en circunstancias de que en realidad la soberana es la Sala, no la Comisión.
Luego, cuando una Cámara aprobaba algo y la otra quería declararlo inconstitucional ello no era posible, so pretexto de no pasar a llevar a la otra rama legislativa.
Expresamente, en la modificación de la Ley Orgánica Constitucional que se aprobó el año 2010 se incorporaron ambas cosas: la posibilidad de revisar una declaración de inadmisibilidad hecha por una Comisión o por la otra Cámara.
Por lo tanto, no existe limitación en cuanto a la etapa del proceso. Tanto es así que la norma respectiva lo dice expresamente: "en cualquier momento de la discusión del proyecto".
El tercer trámite es parte de la discusión del proyecto y, por consiguiente, no se podría interpretar de otra manera.
Dicho eso -solo he querido dejar esta constancia para futuras discusiones-, sí quiero referirme a la votación.
Se acaba de votar el informe de la Comisión y lo que ha hecho la Sala es rechazar la proposición contenida en dicho informe.

La señora ALLENDE.- Así es.

El señor LARRAÍN.- Entonces, la propuesta de la Comisión de Educación en el sentido de rechazar el artículo proveniente de la Cámara de Diputados no ha sido acogida.
Sin embargo, eso no significa que el artículo haya quedado aprobado. Este debe ser votado para dejar constancia expresa del respaldo de la Sala a su respecto.
Me parece que eso es lo que corresponde y, por lo tanto, sugiero que se lleve a cabo la votación.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, lo señalado por el Senador Larraín me ahorra mayores comentarios.
Coincido plenamente tanto en lo primero como en lo segundo.
En cuanto a esto último, desde el punto de vista de la economía procesal, por supuesto que podríamos dar por aprobado el nuevo artículo 13 con la misma votación anterior en forma inversa.
No obstante, se requiere dejar ratificada la votación para ese artículo.

El señor BIANCHI.- ¡Está súper claro, señor Presidente!

El señor WALKER (don Ignacio).- Con la misma votación a la inversa, señor Presidente...

El señor LAGOS (Presidente).- Ese es el planteamiento que realicé a la Sala.
Senador señor Harboe, ¿usted desea intervenir sobre este tema?

El señor HARBOE.- No, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Senador señor Moreira, ¿usted pidió la palabra con relación a este punto?

El señor MOREIRA.- No, señor Presidente.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, algunos señores Senadores se abstuvieron en la votación anterior y ahora quieren votar a favor.
El señor BIANCHI.- Con la misma votación a la inversa, señor Presidente...

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, efectivamente yo soy de los que creyeron que el artículo era inadmisible y me pronuncié en sentido contrario a él, pero no tengo inconveniente alguno en aprobarlo si se desea tomar esa votación.
Sin perjuicio de ello, muy brevemente -porque aquí es donde se deja constancia de los precedentes-, quiero hacer una distinción que no se ha hecho: cuál es la diferencia entre los artículos 15 y 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, pues aparecen técnicamente como contradictorios, en circunstancias de que a mi juicio se refieren a situaciones distintas.
El artículo 15 habla de "La declaración de inadmisibilidad de un proyecto de ley o de reforma constitucional que vulnere" -una cosa- "lo dispuesto en el inciso primero del artículo 65 de la Constitución Política" (en el caso de los parlamentarios) o -segunda cosa- lo establecido en el artículo 68, con relación al Presidente de la República, cuando es rechazado un proyecto de ley.
¿Qué establece el artículo 65 de la Carta Fundamental? Básicamente, se refiere a la Cámara de origen: la Cámara de Diputados o el Senado.
Sabemos, por ejemplo, que si un proyecto de ley sobre materias tributarias nace en el Senado, obviamente puede ser declarado inadmisible en la otra rama del Parlamento. Lo mismo ocurre, a la inversa, con un proyecto de ley sobre amnistía que nace en la Cámara de Diputados.
Dos ejemplos distintos.
Esos pueden ser declarados inadmisibles tanto en la Cámara de origen como en la revisora. Y por eso surge el concepto "Con todo, si en el segundo trámite constitucional...", etcétera.
Es decir, si aquí llega un proyecto de ley de amnistía aprobado por la Cámara Baja, el Senado tiene todo el derecho de decir: "Mire, esta iniciativa es inadmisible porque vulnera el artículo 65, inciso segundo, de la Constitución".
Por eso, el artículo 15 se refiere solo al segundo trámite constitucional, pues, superada esa instancia, el proyecto ya pasaría.
El artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional, en cambio, es mucho más amplio y considera al Presidente de la Sala o de la Comisión en cualquier momento -puede ser en el primer, segundo o tercer trámite constitucional- cuando se trate de indicaciones.
Y eso tiene todo el sentido del mundo, señor Presidente. Hay indicaciones que se presentan en el segundo trámite constitucional y que pueden ser inadmisibles y, si la otra Cámara no tiene la capacidad de votar en contra de ellas, estaríamos en una especie de jaque mate permanente.
Entonces, no confundamos el artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que se refiere solo a aquellas normas que vulneran la forma de presentación de los proyectos de ley tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados en cuanto a la exclusividad, con las indicaciones genéricas que están reguladas en el artículo 25. Este, como bien se recordó, es un precepto nuevo que se redactó, justamente, para evitar esa opción.
Entonces, para adelante, me parece que es perfectamente posible, en cualquier instancia, declarar la inadmisibilidad de una indicación, en conformidad a las disposiciones que aquí estamos discutiendo.
Sin perjuicio de eso, pido que el artículo 13, nuevo, se vote en el otro sentido, pues yo, que voté a favor del informe de la Comisión, soy partidario de que esto se resuelva y se resuelva bien.
Llevamos mucho tiempo discutiendo y creo que no hay dos opiniones al respecto. Necesitamos legislar sobre este tema, que es muy sensible para los asistentes de la educación, y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible.
La democracia es así. Hemos tratado de que algunas causales queden mejor resueltas, pero no se logró.
Y, en este caso particular, intentamos que el Ejecutivo le diera a la norma una lógica de mayor constitucionalidad, pero tampoco se aceptó.
Sin embargo, más allá de eso, prefiero que se apruebe el artículo y, por eso, pido que se vote nuevamente conforme a lo que usted sabiamente ha insinuado, señor Presidente.
Gracias.

El señor LAGOS (Presidente).- Le ofrezco la palabra a la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- No intervendré, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Perfecto.
No hay más inscritos.
En consecuencia, señores Senadores, procederemos ahora a votar el nuevo artículo 13 que viene de la Cámara de Diputados, para darles la oportunidad a aquellos que, por diversas circunstancias, se abstuvieron o se pronunciaron de una forma diferente.
Señor Secretario, por favor, tome la votación y explique bien el sentido de ella.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El señor Presidente pone en votación el artículo 13, nuevo, aprobado por la Cámara de Diputados.
Esta norma requiere 21 votos favorables para su aprobación, por cuanto agrega una nueva causal de cese a las ya contempladas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La señora ALLENDE.- ¿Deberíamos votar a favor los que concordamos con la Cámara de Diputados?

El señor LAGOS (Presidente).- Así es, señora Senadora. Aquellos que quieren darle su respaldo a la norma aprobada por la Cámara en el sentido de constituir el notable abandono de deberes y las sanciones aplicables, deben votar que sí.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Así es.

El señor LAGOS (Presidente).- Muy bien.
En votación el artículo 13, nuevo.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 13, nuevo (30 votos favorables), dejándose constancia de que se reunió el quorum constitucional exigido, y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.

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El señor MATTA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MATTA.- Señor Presidente, solicito la autorización de la Sala a fin de que se fije un nuevo plazo, hasta el lunes 29 de agosto, a las 12, para presentar indicaciones al proyecto de ley que regula la circulación de vehículos motorizados por causa de congestión vehicular o contaminación atmosférica (boletín N° 10.184-15).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, en primer lugar, le solicito que recabe el asentimiento de los señores Senadores a fin de que se autorice a la Comisión de Salud para sesionar paralelamente con la Sala a partir de las 19. Ello, con el fin de realizar audiencias.
De otro lado, se había acordado que el proyecto que modifica la ley N° 15.076 para fortalecer el proceso de ingreso y formación en especialidades médicas y odontológicas y la ley N° 19.664 con el objeto de otorgar beneficios al personal afecto a dicho texto legal (boletín N° 10.490-11) se discutiera en general, primero, en la Comisión de Salud, y luego, en la de Hacienda, y que después pasara a la Sala.
Entonces, lo que queremos pedir, como la iniciativa ya fue votada en general en la Comisión de Salud, es que sea vista por la Sala, y luego, que se discuta en particular en la Comisión de Salud y en la de Hacienda.
La tercera solicitud de la Comisión de Salud es con el fin de que se la autorice para discutir en general y particular en el trámite de primer informe el proyecto de ley que establece perfeccionamientos en materias de asignaciones para los funcionarios del sector salud que indica y delega facultades para la fijación de las plantas de personal de los Servicios de Salud y del Fondo Nacional de Salud (boletín N° 10.572-11).
Se trata, en general, de peticiones que permiten una expedita tramitación de los proyectos.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para que la Comisión de Salud sesione paralelamente con la Sala a partir de las 19 y, asimismo, para que los referidos proyectos se tramiten en la forma solicitada por la Senadora señora Goic?
Acordado.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, no tengo inconveniente con la petición formulada por Su Señoría.
Pero ocurre que ahora debemos abocarnos a debatir en general el proyecto que modifica la Ley de Servicios de Gas y otras disposiciones legales que indica.
Entonces, como para su aprobación se requiere quorum especial, yo le pediría que abriéramos la votación inmediatamente después de que se inicie su discusión, o de que informe el Ministro de Energía.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Les parece a Sus Señorías abrir la votación de dicha iniciativa luego de que intervenga el señor Ministro, dado que para aprobarla se requiere quorum especial?

El señor PIZARRO.- Lógico. Porque de lo contrario nos vamos a quedar en las Comisiones y después nos faltarán votos para su aprobación.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para proceder de esa manera?
Acordado.



MODERNIZACIÓN DE LEY DE SERVICIOS DE GAS


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Servicios de Gas y otras disposiciones legales que indica, con informe de la Comisión de Minería y Energía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.890-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 52ª, en 15 de septiembre de 2015 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Minería y Energía: sesión 40ª, en 10 de agosto de 2016.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de esta iniciativa es modernizar la Ley General de Servicios de Gas para enfrentar las actuales exigencias regulatorias en este ámbito; subsanar sus vacíos regulatorios y corregir sus deficiencias, y adecuar la terminología y alcance de las normas legales sobre distribución de gas licuado de petróleo por red.
La Comisión de Minería y Energía discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Allende y señores García-Huidobro, García, Guillier y Pizarro.
Cabe tener presente que la letra b) del numeral 12; la letra b) del numeral 13; los incisos cuarto y quinto del artículo 31 contenido en el numeral 26, y la letra c) del numeral 39, todas disposiciones del artículo 1°, tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 21 votos favorables.
Por su parte, el inciso primero del artículo 40-K propuesto en el numeral 36 del artículo 1° es de quorum calificado, por lo que debe ser aprobado con 19 votos afirmativos.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 64 a 95 del informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Ministro de Energía, señor Máximo Pacheco.

El señor PACHECO (Ministro de Energía).- Señor Presidente, nos encontramos tratando el sexto proyecto de ley del sector de Energía tramitado en esta Sala durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet.
En estos años hemos trabajado juntos para hacer las modificaciones estructurales que requiere este sector con el fin de reubicarlo en el rol que le corresponde en nuestra sociedad: servir de motor para nuestra economía y contribuir a la construcción de una sociedad más justa.
Creo que poco a poco hemos logrado aquello, y los resultados están viendo la luz.
Cuando planificamos el trabajo legislativo dentro de la agenda de Energía, que fue lanzada en mayo de 2014, decidimos presentar al Congreso Nacional un tren legislativo que permitiera generar los cambios normativos para el impulso buscado.
Como decía, son seis las iniciativas que esta Sala estaría aprobando en materia de Energía.
Han pasado los siguientes proyectos: el que fortalece el Ministerio de Energía; el que perfecciona el sistema de licitaciones de suministro de electricidad en caso de regulación de precio; el que extiende franquicia tributaria para sistemas solares térmicos y amplía el giro de ENAP; el que establece mecanismos de equidad en las tarifas de servicios eléctricos, y el que crea un nuevo sistema de transmisión eléctrica, que ha sido el más importante en las últimas décadas.
Estos resultados son el efecto inmediato del esfuerzo mancomunado entre el Ejecutivo y el Parlamento, lo que ha permitido la tramitación de iniciativas de ley a través de acuerdos y generando los mejoramientos pertinentes.
Hace algunas semanas se recibieron las ofertas para 12 mil gigawatts/hora al año en el proceso de licitación eléctrica.
Hoy tuve la oportunidad de participar en la apertura de los sobres de dichas ofertas, y el resultado de la referida licitación se dará a conocer mañana.
Tendremos una enorme buena sorpresa, positiva, relacionada con los precios que ahí se van a mostrar.
Desde el inicio de este modelo, en el 2006, nunca habíamos visto tal nivel de competencia. Y vale la pena recordar que, en el último año del Gobierno anterior, existieron cuatro licitaciones que se declararon desiertas.
Espero que los resultados de mañana prueben que los precios que observaremos para las próximas ofertas del mercado regulado van a ser menos de la mitad de los que había hace dos años y medio.
Hoy quiero recalcar que tanto los resultados de la licitación como la disminución de precio y el fomento de la competencia en el sector no hubieran sido posibles sin el trabajo que hemos desarrollado en conjunto con esta Sala. Fundamentales para este nuevo escenario han sido la ley que perfecciona el sistema de licitaciones de suministro eléctrico para clientes sujetos a regulaciones de precios; la ley que establece un nuevo sistema de transmisión eléctrica, y la ley que amplía el giro de ENAP.
Hoy estamos acá para saldar una antigua deuda de nuestro país.
Chile necesita una regulación sobre distribución del gas verdaderamente robusta y que permita cuidar a los consumidores, en particular a los residenciales.
Señor Presidente, a grandes rasgos, el sector de distribución de gas se compone de dos energéticos.
El gas licuado de petróleo (GLP), un derivado del procesamiento del petróleo crudo que se distribuye mediante dos sistemas: los conocidos cilindros, bombonas o balones y las llamadas "redes no concesionadas", redes al interior de un edificio o condominio, abastecidas a través de un estanque común que se recarga por medio de camiones.
El otro es el gas natural, que se distribuye mediante redes que requieren concesión, pues utilizan bienes nacionales de uso público.
Se trata, indudablemente, de un sector muy importante para nuestra economía.
En el año 2015, las ventas de gas en Chile llegaron a 3 mil 800 millones de dólares: más de un punto y medio de nuestro producto geográfico bruto.
En la actualidad, existen ocho empresas distribuidoras de gas de red operando en nuestro país, entre concesionadas y no concesionadas. Ellas atienden a más de un millón de clientes del servicio de distribución de gas de red: 68 por ciento en redes concesionadas y 32 por ciento en no concesionadas.
Las diferencias de precio entre los distintos productos son muy significativas.
El gas licuado de petróleo con redes no concesionadas es el más caro. De hecho, el kilo de GLP a granel es aproximadamente 25 por ciento más caro que el GLP en cilindros.
Por su parte, el equivalente de gas natural es del orden de 8 por ciento más barato que el gas licuado de petróleo envasado y 31 por ciento más barato que el GLP por redes.
Señor Presidente, la regulación que hoy rige a los servicios de gas data de 1931, y la última modificación relevante se realizó en 1989; es decir, hace más de 25 años y en un contexto del mercado del gas muy distinto al actual.
Hablamos de una legislación que se encuentra desactualizada y que contiene vacíos derechamente insostenibles.
Esos vacíos se observan principalmente con la metodología y procedimiento de una eventual tarificación ante el exceso de rentabilidad, el detalle de la metodología del chequeo de rentabilidad y del cálculo de la tasa de costo de capital.
Se habla de que la regulación vigente establece una libertad tarifaria con un límite de rentabilidad. En los números actuales este límite se compone de una tasa de costo de capital con piso de 6 por ciento, más un 5 por ciento de spread; o sea, un total máximo de 11 por ciento.
Aquí quiero corregir lo que a mi juicio es un error semántico, una forma equívoca de plantear las cosas y que induce a error: tener los conceptos de libertad tarifaria y límite de rentabilidad en el mismo nivel.
En el sector del gas por redes concesionadas no existe en realidad libertad tarifaria: tiene tarifas limitadas, reguladas mediante el sistema de techo a la rentabilidad y no de tarificación directa.
Los vacíos no se limitan a lo señalado, señor Presidente.
Las normas vigentes tampoco contienen una regulación explícita para redes no concesionadas, ni se establece un mecanismo de solución de controversias entre la autoridad regulatoria y las empresas distribuidoras de gas de red.
Además, contemplan definiciones imprecisas y obsoletas respecto del régimen legal aplicable a la distribución de gas y de las competencias y funciones de la SEC y demás autoridades.
En tal contexto, como ha sido de público conocimiento, los chequeos de rentabilidad efectuados por la Comisión Nacional de Energía han demostrado que, en algunos casos, existen rentabilidades excesivas en el mercado de distribución de gas de red concesionada.
En los chequeos de rentabilidad de los años 2012, 2013 y 2014 la mayor empresa distribuidora del sector superó el umbral de rentabilidad permitido.
Lamentablemente, pese a constatar esa grave infracción, bajo la legislación vigente el Estado ha quedado de manos atadas.
Por ello, ante la solicitud de la Municipalidad de Maipú, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia señaló que no es factible verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, esto es, la rentabilidad y la tasa de costo de capital, para solicitar al Ministerio de Energía la fijación tarifaria, de manera que los resultados del chequeo de rentabilidad de la CNE no pueden ser considerados con el fin de analizar la pertinencia de la tarificación.
Estimados Senadores, las altas rentabilidades detectadas contrastan con los altos precios del gas a cliente final, comparados con países en similares circunstancias, y así lo ha demostrado un contundente informe elaborado por el Banco Mundial.
¿Y qué nos señaló dicho organismo?
Sin rodeos, el Banco Mundial concluyó que Chile presenta comparativamente altos precios de gas natural a cliente final, probablemente por márgenes excesivos.
Además, precisó que el transporte y distribución por redes de gas se caracteriza como un monopolio natural, lo cual causa una falla de mercado.
También enfatizó que en Chile se presenta un número importante de participaciones cruzadas de los agentes tanto a nivel vertical como horizontal.
Señor Presidente, frente a esos flagrantes excesos de rentabilidad los consumidores quedan doblemente desprotegidos. Las empresas no son sujetas a regulación tarifaria, a pesar de la rentabilidad excesiva, y el exceso de rentabilidad no puede ser devuelto a los usuarios.
Esos excesos de rentabilidad evidencian signos de un mercado imperfecto, con elementos claramente monopólicos que requieren una regulación efectiva que proteja verdaderamente a los consumidores.
Ese es el corazón de la propuesta que presentamos al Senado esta tarde, y que fue aprobada unánimemente por la Senadora y los Senadores miembros de la Comisión pertinente: una verdadera, oportuna y efectiva protección a los consumidores de gas en todo nuestro país mediante una regulación bien diseñada.
Entre los principales contenidos que contempla la ley en proyecto podemos señalar los siguientes:

1.- Se disminuye de 11 por ciento a 9 la tasa máxima de rentabilidad económica de las empresas de distribución de gas por redes concesionadas, salvo para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, que se halla siempre sujeta a fijación tarifaria.

2.- Se aplicará el régimen de fijación tarifaria, por el solo ministerio de la ley, en caso de que una empresa concesionaria exceda la tasa de rentabilidad máxima permitida.

3.- Se establece el procedimiento y metodología de fijación tarifaria para los servicios de gas y servicios afines.

4.- Se dispone un mecanismo de devolución expedito y oportuno a los consumidores ante exceso de la rentabilidad máxima fijada por la ley.

5.- Se fortalece el chequeo de rentabilidad con una nueva metodología de cálculo y aumento del período de análisis a tres años móviles.

6.- Se aumenta el límite de consumo para determinar cuáles clientes quedan sujetos a regulación de precios.

7.- Se crea un órgano técnico independiente para la resolución de controversias en materias tarifarias y de chequeo de rentabilidad: el Panel de Expertos Energéticos.

8.- Se establece la instancia de consulta ante el Honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como mecanismo para volver a un régimen de libertad de precios sujeto a rentabilidad económica máxima.

9.- Se disminuyen las asimetrías regulatorias entre distintas distribuidoras concesionadas y no concesionadas.
Con el objeto de fomentar las inversiones, se dispone un régimen transitorio en el que la baja del límite de rentabilidad se aplica escalonadamente. Asimismo, se contempla que la baja en el límite de rentabilidad que considera el régimen permanente no se aplique, en un período de 15 años, a las zonas de concesión nuevas y a las expansiones de las existentes.
Señor Presidente, quiero realzar algunos aspectos que, a mi juicio, dan cuenta de lo adecuado, necesario y urgente de las innovaciones legales en el ámbito de la distribución del gas que proponemos.
En el referido mercado, las tarifas se encuentran reguladas mediante el sistema de techo a la rentabilidad y no de tarificación directa. Por tanto, tiene un marco jurídico y de regulación claro, y que a través de este proyecto estamos mejorando.
Hoy, 25 años después, los objetivos deben ser distintos, pues hemos visto cómo las redes de distribución se han ampliado a lo largo de nuestro país, y es más, en los últimos meses se han incrementado sustancialmente las solicitudes de concesión.
En la actualidad debemos promover una legislación que proteja adecuadamente a los consumidores. Ello, para obtener mejores precios y que incluso así se promueva la extensión de la distribución.
Durante dos años he debido explicar a la ciudadanía que en el Ministerio tenemos "las manos atadas" para enfrentar el exceso de rentabilidad que una empresa ha obtenido por los vacíos que contiene la legislación.
Señor Presidente, los ciudadanos no entienden que a la fecha todavía no podamos, como Estado, hacer nada para protegerlos en ese ámbito.
Aquella incertidumbre es la que estamos atacando: es no tener más las manos atadas y hacer el trabajo que, como Estado y Ministerio, debemos efectuar.
Resulta imprescindible que actualicemos nuestra legislación; que realicemos los cambios para enfrentar las próximas décadas en dicho mercado.
Por eso, con esta regulación creemos que saldaremos una antigua deuda, y lograremos una legislación que efectivamente proteja a los consumidores de gas en todo nuestro país, mientras continuamos impulsando las inversiones que necesitamos en distribución de gas de cañería para nuevos sectores sociales y otras regiones de Chile.
Por ello, espero, solicito y agradezco a las Senadoras y a los Senadores el apoyo a este proyecto.

El señor WALKER (don Ignacio).- Abra la votación, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Agradecemos al señor Ministro por la completa presentación que ha hecho respecto de esta iniciativa.
Tal como se acordó hace un momento, procederemos a abrir la votación.
¿Les parece mantener los tiempos? Ello, porque hay Senadores que, legítimamente, desean intervenir, ya que se trata de la zona que representan y tienen mucho que decir en esta materia.
Acordado.

El señor HARBOE.- Pido la palabra, para un punto de Reglamento.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, solo quiero dejar constancia de mi inhabilidad en virtud de los artículos 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 8° del Reglamento del Senado.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se deja constancia de la inhabilidad planteada por Su Señoría.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de Minería y Energía, Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, sin perjuicio de lo completa que fue la exposición del Ministro, me corresponde informar respecto del trabajo realizado por la Comisión de Minería. Después emitiré mi opinión personal al respecto.
Con motivo de la discusión de la idea de legislar sobre esta materia, la instancia parlamentaria que presido llevó a cabo una extensa ronda de audiencias a fin de oír, para su adecuada ilustración, la opinión de especialistas y profesionales de los más diversos ámbitos.
Es así como, luego de recibir al Ministro de Energía y a su equipo asesor, se escuchó a académicos de distintas universidades y centros de estudio; a personeros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de ECONSULT, de la Fiscalía Nacional Económica, de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, de la industria del gas, y a otras personas vinculadas con el sector.
Este proyecto de ley persigue, fundamentalmente, modernizar la Ley de Servicios de Gas para enfrentar las actuales exigencias regulatorias en este ámbito; subsanar sus vacíos y corregir sus deficiencias, y adecuar la terminología y alcance de las normas legales sobre distribución de gas licuado de petróleo por red.
Cabe hacer presente que la regulación relativa a servicios de gas data del año 1931, cuando se promulgó el decreto con fuerza de ley N° 323, o Ley de Servicios de Gas, el cual hasta ahora ha sido objeto de tres enmiendas.
Su última modificación relevante fue hace 25 años. Entonces solo se distribuía gas natural por red mediante concesiones de servicio público en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y gas de ciudad en otras tres regiones, sumándose alrededor de 100 mil clientes.
La ley N° 18.856, dictada en 1989, nació para dar respuesta a la inminente llegada del gas natural a nuestro país, que requería contar con una legislación actualizada que atrajera inversiones y recogiera la política de libertad de precios imperante con ciertos niveles mínimos de regulación.
La referida normativa buscó extender el mecanismo de concesiones de distribución al transporte de gas y establecer con rango legal el régimen de precios y tarifario aplicable al servicio de gas. De este modo, para las empresas concesionarias de servicio público de distribución de gas se estableció, como principio general, un régimen de libertad tarifaria regulada con fijación tarifaria eventual, salvo para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, respecto de la cual se optó por fijar las tarifas en forma permanente.
Pese a que la mencionada ley contiene los presupuestos para una eventual regulación tarifaria, su texto es imperfecto e incompleto, porque la legislación delegada que contempló no llegó a dictarse.
En ese marco, se observan los siguientes vacíos y deficiencias:
a) Inexistencia de una metodología y un procedimiento para la fijación de las tarifas del servicio de gas y de los servicios afines.
b) Insuficiencia del procedimiento de chequeo de rentabilidad en cuanto a la institucionalidad y a la metodología de cálculo.
c) Falta de precisión de la norma que regula la tasa de costo anual de capital. La metodología de cálculo de la tasa resulta general y no hay un procedimiento reglado y participativo para su fijación.
d) Carencia de un órgano técnico e independiente que actúe como instancia de resolución de controversias en materia tarifaria.
El proyecto de ley que nos ocupa esta tarde pretende salvar tales deficiencias.
Al respecto, tiene en vista que, si bien se trata de un mercado cuya imperfección justifica extraerlo de la institucionalidad de libre competencia de represión ex post, no llega al punto de pasar directamente a una intervención regulatoria ex ante, especialmente en aspectos como el establecimiento de un mecanismo de fijación tarifaria administrado por los órganos competentes.
En ese contexto, el Ejecutivo considera adecuado para este mercado un mecanismo de regulación híbrido que contemple una intervención tarifaria ex post, pero cuya activación requiere la intervención de las autoridades competentes especializadas en este mercado de forma más directa que para el resto de los bienes y servicios donde existe competencia eficaz. De allí que esta iniciativa de ley asuma que, por el hecho de verificarse que la empresa concesionaria de distribución de gas de red ha sobrepasado las rentas que serían propias de un mercado competitivo, se está en presencia de una compañía que precisa regulación tarifaria.
En tal sentido, se piensa que la eventual intervención ex post sería un instrumento efectivo para alinear el comportamiento de las empresas concesionarias de distribución en función de lo que serían conductas esperables en un mercado competitivo y para garantizar una protección directa y oportuna de los consumidores cuando los límites de rentabilidad sean sobrepasados.
Entre las principales modificaciones que consulta esta iniciativa, cabe mencionar las siguientes:
1) Se mantiene el régimen de libertad tarifaria regulada con tarificación eventual para los servicios de gas y servicios afines. Al efecto, las empresas concesionarias de distribución estarán sujetas a un límite máximo de rentabilidad económica, que será controlado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) a través del chequeo anual de rentabilidad. Para el caso de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena se contempla un régimen de tarificación permanente.
2) Se reduce la tasa de rentabilidad máxima permitida para las empresas concesionarias de servicio público de distribución.
3) Se considera un régimen de fijación tarifaria, que operará por el solo ministerio de la ley, en caso de que una empresa concesionaria exceda la tasa de rentabilidad máxima permitida.
4) Se contempla el derecho de la empresa concesionaria de distribución sujeta a tarificación a accionar de modo no contencioso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para poner término al régimen de fijación tarifaria.
5) Se establecen el procedimiento y la metodología de fijación tarifaria para los servicios de gas y servicios afines. Las fórmulas tarifarias resultantes serán elaboradas por la CNE, sobre la base de un informe técnico, y fijadas mediante decreto supremo del Ministerio de Energía. Estas fórmulas tendrán vigencia por cuatro años y actuarán como tarifa garantizada.
6) Se incluye un mecanismo de compensación a los consumidores para el caso de que una empresa concesionaria exceda la rentabilidad máxima fijada por ley.
7) Se contempla un procedimiento de chequeo de rentabilidad, a cargo de la CNE, reglado y participativo.
8) Se plantea la instancia del Panel de Expertos como mecanismo permanente para la resolución de discrepancias entre las empresas concesionarias de distribución de gas y la autoridad regulatoria.
Señor Presidente, considero oportuno destacar que el Ejecutivo manifestó su amplia disposición a analizar las objeciones críticas que se hicieron al proyecto y proponer las indicaciones que se requieran para acercar posiciones y alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos los involucrados e interesados en su contenido.
Por último, hago especial mención de que la idea de legislar en esta materia fue aprobada por la unanimidad de la Comisión de Minería y Energía.
Es cuanto puedo informar.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Muchas gracias, Su Señoría.
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, lo que está haciendo el Gobierno hoy día, a través del señor Ministro de Energía, quien nos acompaña en la Sala, es cambiar la historia de nuestro país en la materia en comento.
Fíjese que la ley que se propone modificar data del año 1931 y que la última reforma a ella es de la década de los ochenta (1989).
Hace muchos años nosotros advertimos a los respectivos gobiernos que la ley vigente permitía que la única empresa distribuidora de gas en la Región que represento, la de Magallanes, no tuviera regulación: se autorregulaba.
El proyecto de las administraciones anteriores que buscaba subsanar el problema estuvo largos años en el sistema legislativo (seguramente, todavía está ahí), en una especie de descanso eterno: ¡jamás fue visto! Entonces, nunca pudimos remediar la compleja situación existente, que implicaba que la única empresa distribuidora de gas en Magallanes simplemente debiera autorregularse, ante la carencia de regulación.
Por lo tanto, no queda sino expresar nuestra felicitación por la iniciativa que estamos votando esta tarde.
Señor Presidente, la última modificación a la Ley de Servicios de Gas, efectuada en 1989, estableció en su artículo 34° que en la Región de Magallanes las empresas distribuidoras deberán tener sus tarifas fijadas mediante un decreto del Ministerio de Economía, a diferencia del resto del país, donde la regla general es la libertad tarifaria.
Dicha excepción tiene una explicación de toda lógica: en Magallanes el gas es de primera necesidad, por diversos factores; el principal, sin duda alguna, es el climático.
Además, en nuestra Región el transporte, la electricidad y otros servicios esenciales dependen del gas. Por ende, casi toda la economía local se sustenta en una matriz energética basada en ese combustible.
La referida matriz tiene una clara explicación.
Históricamente, la Región de Magallanes es una importante productora y abastecedora de hidrocarburos para nuestro país y para el resto del mundo. Entonces, lógicamente, en su carácter de generadora de gas, debe contar con un reconocimiento y una compensación por el aporte que a lo largo del tiempo ha efectuado a Chile con ese vital elemento.
Sin embargo, señor Presidente, todos estos factores y aportes no siempre han sido reconocidos por el resto de la nación.
Por eso, cuando en el Gobierno anterior se decidió anunciar "el fin de la fiesta del gas de los magallánicos", no muchos previeron las consecuencias sociales que dicho anuncio, centralista y prepotente, iba a tener en la Región.
¡Pero en Magallanes sí lo sabíamos! Por tanto, no dudamos en advertir ¡el gran horror y error que ello significaba!
Las protestas por el gas realizadas en el verano de 2011, sin duda, marcaron un hito histórico: por primera vez, toda la Región se unió para decirle al país "¡No al alza del gas!".
Ese clamor ciudadano sensibilizó a todo Chile, que fue solidario con Magallanes y su causa por el gas, la que, después de largos días de lucha, terminó con una gran victoria: el Gobierno de entonces se vio obligado a anunciar que la medida del alza del gas no se iba a llevar a cabo y a decir que a los habitantes de esa Región se nos seguiría respetando.
Sin embargo, hasta el día de hoy, tal anuncio no es suficiente, ya que lo dispuesto en el artículo 34° de la Ley de Servicios de Gas, en cuanto al establecimiento por decreto de las tarifas en la Región, todavía no puede ser realidad, dado que existe un vacío en ese cuerpo normativo: falta la regulación legal del procedimiento para la fijación tarifaria.
Afortunadamente, en la iniciativa que nos ocupa se cumple por fin una antigua promesa al consignarse en la Ley de Servicios de Gas un procedimiento para la fijación de tarifas en la Región de Magallanes, el que se concretará una vez promulgada la ley en proyecto.
En cuanto al contenido de esta iniciativa, señor Presidente, me gustaría hacer algunos alcances, sobre todo para asegurar los derechos de los consumidores frente a las empresas distribuidoras.
En primer lugar, deseo referirme a los medidores de gas de la Región de Magallanes.
Somos conscientes de cómo el actual estatuto sobre los medidores, en el que no existe una definición legal clara acerca de su propiedad y de quién es responsable de ellos, permite que las empresas, abusivamente, cobren en las cuentas por el denominado "arrendamiento de medidor", así como también por el mantenimiento y la reparación.
Creo que esa materia debe regularse.
Ha sido una demanda histórica el término del abuso que significa el cobro que hacen las empresas por concepto de medidor.
En consecuencia, presentaré indicaciones a fin de definir claramente el estatuto de los medidores y, además, para establecer que nunca pueda haber cobros de las empresas vinculados a dichos aparatos.
Asimismo, en cuanto a los cobros que efectúan las empresas, existen ciertos servicios afines que los usuarios tampoco debieran pagar. Me refiero específicamente al cobro por construcción y mantención de empalmes, así como al efectuado por corte y reposición del servicio.
Aquí hay una cuestión clara: todo lo relacionado con la red de gas es de responsabilidad de la empresa distribuidora, que requiere la infraestructura necesaria para llegar con su servicio al cliente; por tanto, ella ha de soportar los costos de las instalaciones, los que nunca debieran traspasarse al usuario, bajo ninguna fórmula ni por ningún concepto.
En consecuencia, considero vital reforzar el artículo 23° de la ley vigente estableciendo con precisión las responsabilidades de las empresas distribuidoras y el claro principio de que no debe cobrarse por todos los conceptos que mencioné precedentemente.
De otro lado, resulta del mayor interés la regulación del artículo 36° de la ley en vigor con relación al derecho a suspender el suministro de gas en caso de no pago de dos o más boletas o facturas.
¡En Magallanes el gas es de primera necesidad; es un derecho humano: sin él no se puede vivir!
Por consiguiente, debe buscarse una fórmula que asegure un suministro mínimo en caso de no pago de las cuentas o de retraso en él.
¡En la Duodécima Región tales situaciones no pueden derivar en suspensión total del suministro!
¡Imaginen Sus Señorías a una familia de Magallanes con adultos mayores a la que se la prive de ese principal elemento de vida...!
Obviamente, ello no tiene ningún sentido.
Entonces, valiéndome de la presencia del señor Ministro, pido que se estudie una fórmula para regular de manera mucho más inteligente la situación que he planteado.
Señor Presidente, en mis observaciones sobre el procedimiento para la fijación de tarifas, establecido en el Título V de la ley vigente, quisiera ser especialmente cuidadoso.
Sin lugar a dudas, dicho procedimiento tiene un carácter técnico alto y complejo, con muchas fórmulas económicas que llevan finalmente a establecer cuál debe ser la tarifa justa que una empresa distribuidora puede cobrarles a sus clientes, la que va a quedar fijada desde ahora en un decreto del Ministerio de Energía.
Por lo anterior, la ley en proyecto ha de asegurar que dicho procedimiento cuente con altos grados de transparencia e imparcialidad, sobre todo por parte de la autoridad, en especial la Comisión Nacional de Energía, que tiene en él un rol muy importante.
Asimismo, se debe asegurar la participación efectiva de la ciudadanía, con igualdad de oportunidades frente a la empresa, permitiéndosele hacer observaciones a los planteamientos que formule esta última, de manera que el modelo de "empresa eficiente" sea real y que las empresas no puedan, mediante subterfugios, lograr una tarifa más elevada que la que corresponde.
Al respecto, quisiera hacer especial mención de uno de los dos factores que componen la tarifa, cual es el valor del gas al ingreso del sistema de distribución.
Dicho factor responde finalmente a los precios estipulados en los contratos de compra de gas.
Todos sabemos que en Magallanes la ENAP le vende a la empresa distribuidora a un precio que contiene un subsidio que el Estado le entrega a la Empresa Nacional del Petróleo.
Señor Presidente, por lejos, es un anhelo de Magallanes y de todo el país tener una regulación transparente, efectiva, que no permita el enriquecimiento ilegal, inmoral de las empresas distribuidoras.
Ahora, de lo que más nos alegramos en nuestra Región es de que la única empresa que distribuye este elemento vital va a tener regulación. Ya no se autorregulará como lo hizo históricamente.
Por supuesto, votaré favorablemente este proyecto. Y, según expresé, pronto voy a formular las indicaciones específicas.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, en primer término, expreso mi alegría por la circunstancia de que estemos discutiendo esta iniciativa.
Asimismo, debo destacar el trabajo realizado por el Ministro de Energía y su equipo.
De hecho, tras una solicitud que formulamos, tuvimos incluso la oportunidad de conversar en Magallanes con los dirigentes locales, pues, a no dudarlo, este proyecto genera interés e inquietud en nuestra Región.
Ya se ha señalado -lo destacó el Ministro en su exposición, se sostiene en el informe y lo han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra- que la Ley de Servicios de Gas data de 1931 (es muy antigua) y no ha sido objeto de modificaciones en los últimos años.
Además, se ha hecho referencia a la situación excepcional de Magallanes.
En efecto, mientras en el resto del país no se fija límite en cuanto a la tarifa cobrada, en nuestra Región existe más bien un proceso voluntario, al que se somete GASCO, como única empresa distribuidora.
Todos sabemos cuán importante es que hoy día se considere la excepción de Magallanes en términos de contar siempre con un mecanismo de fijación tarifaria, a diferencia de lo establecido para el resto del país.
Señor Presidente, quiero referirme primero a la situación de Magallanes.
Por lo relevante que es el uso del gas en nuestra Región, básicamente para calefacción, es menester que quienes están siguiendo esta discusión entiendan que nuestro planteamiento no tiene que ver con el subsidio estatal que nos permite a los magallánicos pagar un valor más bajo por ese combustible -además, este Gobierno lo ha garantizado; y, como parlamentarios, hemos seguido el compromiso, que se ha cumplido a cabalidad-, sino con el precio que ENAP le cobra a GASCO.
Aquí estamos hablando de lo que pasa desde que GASCO toma el gas y del uso de las redes de distribución para llevarlo a las casas.
Se establece una tarifa, la que ahora tendrá un procedimiento regulado, con un mecanismo de participación que le permitirá a la ciudadanía entregar su opinión.
Todo ello se basa en el modelo de empresa eficiente, que garantizará, por un período de cuatro años, precios más justos por el producto que se entrega.
Ya se han señalado los aspectos relacionados con la regulación de los servicios afines, que me parece muy importante.
Es una buena noticia. Y lo comentábamos, pues inquieta a muchos vecinos el cobro por arriendo de medidores, que, conforme se acordó en la Cámara de Diputados, ya no se contemplará, pues se trata de un servicio que entrega la empresa, lo que no justifica un pago adicional.
De igual modo, coincido con el Senador que me antecedió en que es necesario determinar claramente qué cobros se hacen por concepto de suspensión del servicio y cómo se determinan los montos respectivos.
También me parece adecuado que se pueda contar, por ejemplo, con medidores de prepago, para permitirles a las familias planificar un uso más eficiente del gas durante el mes -es algo similar (para decirlo en términos muy coloquiales) a un balón de gas- y de esa manera, probablemente, hacer un ahorro.
Ahora bien, es muy muy relevante destacar que la ley en proyecto pone un límite máximo a la tasa de rentabilidad económica.
Quizás, si uno lo planteara sin asociarlo a la discusión de esta iniciativa, para algunos podría parecer un poco escandaloso.
Sin embargo, aquello tiene que ver con la forma como regulamos un sistema -inserto en el principio de libre mercado- en que el precio se estableció de acuerdo a parámetros distintos del funcionamiento de la competencia y de la regulación de la utilidad, que en este caso no puede estar dada por el valor que en su momento tenía la alternativa al gas (el gas natural) y que les permitía a las empresas obtener utilidades desmedidas.
O sea, todo negocio debe tener utilidad. Pero es razonable que ella se sitúe entre nueve y once por ciento (entiendo que en este proyecto se pasa de once a nueve por ciento).
Eso es lo que corresponde en términos de regulación: una utilidad que permita hacer un negocio rentable, pero que no signifique muchas veces usura frente a los consumidores, que garantice los derechos de las personas y que, asimismo, permita la competencia.
Es lo que hace este proyecto, con mucha decisión.
Además, estimo que se trata de un mecanismo que se puede aplicar en otros sectores, respecto de otros servicios.
Hay un punto -me gustaría dejarlo planteado para la discusión particular- relacionado con el régimen de acceso a las concesiones.
Este proyecto de ley prevé un sistema de concesiones para establecer, operar y explotar el servicio público de distribución de gas de red, y las redes de transporte, en una zona de concesión determinada.
El plazo de las concesiones definitivas es indefinido.
Por lo tanto, cabe preguntarse cuál es el mecanismo previsto para adjudicarse una concesión.
Solo se debe presentar una solicitud a la Superintendencia, con copia al Ministerio, con todos los antecedentes y documentos necesarios para su otorgamiento, los que se establecerán mediante un reglamento.
Las concesiones de servicio público de distribución de gas de red y las de transporte de gas serán otorgadas mediante un decreto supremo del Ministerio de Energía, previo informe de la Superintendencia.
Es decir, con este procedimiento, discrecional y no competitivo, se adjudican concesiones indefinidas sobre bienes nacionales de uso público para desarrollar una actividad económica que el mismo proyecto de ley reconoce como un mercado que presenta fallas persistentes.
Al respecto, el mensaje sostiene que "las redes de transporte y distribución constituyen instalaciones que entregan un poder de mercado importante a sus propietarios, puesto que ellas no se pueden duplicar de manera económicamente eficiente, mientras que el acceso a las mismas es indispensable para ofrecer gas natural". Esta situación "aumenta la posibilidad de que las respectivas empresas concesionarias de distribución ejerzan poder de mercado sobre los clientes finales".
El texto legal vigente contempla un régimen de licitaciones que solo puede activarse una vez caducada la concesión de servicio público de distribución y adquiridos los bienes afectos a ella por el Estado. Así, se establece la obligación de que tanto esta como los bienes expropiados sean licitados públicamente.
Si la política de energía contempla la expansión del gas natural de red a ciudades donde aún no opera, lo más lógico es que el mecanismo de acceso a la concesión incorpore desde un inicio la licitación pública. Después del exitoso ejemplo de la licitación eléctrica de suministro para clientes regulados, uno se pregunta qué impide avanzar en esta línea y generar un nuevo estándar en la relación mercado-servicio público de distribución de gas. Se observa un espacio que me parece interesante para mejorar la regulación actual e incorporar competencia y recaudación en la forma de acceso al ejercicio de una actividad económica que, además, debe asegurar un buen servicio.
Quiero dejar planteado el punto para la discusión particular.
Reitero la necesidad de avanzar en el proyecto y especificar las materias en las cuales hay ganancias sobre todo desde el punto de vista de los consumidores. Espero que sea posible acelerar la tramitación en particular.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Antes de la siguiente intervención, propongo fijar plazo para presentar indicaciones hasta el próximo viernes 2 de septiembre, a las 12.
¿Habría acuerdo?

La señora ALLENDE.- Sí, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Acordado.

Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, parto por saludar a las señoras Senadoras y al señor Ministro de Energía.
Quisiera iniciar mi intervención señalando un problema que aqueja por lo menos a toda la zona central. A mi juicio, habría sido bastante importante mantener el horario de invierno hasta octubre. Faltaron dos meses. Hoy, muchas personas me han reclamado en el sentido de que los niños salieron de sus casas nuevamente sin luz de día.
Enfrentamos un problema complejo. Por eso, aprovecho la oportunidad para solicitarle al Ejecutivo que le ponga urgencia al proyecto presentado por los Senadores señores Zaldívar, Coloma, Guillier, Espina y quien habla, a fin de que podamos discutirlo y llegar a contar con una ley -no solo con un decreto- respecto de la hora oficial.
Dejo planteado el asunto. En mi concepto, es muy relevante. Todos hemos visto que la situación cambió, e imagino que en la propia casa del señor Ministro puede estar ocurriendo lo mismo.
Ahora me referiré a la iniciativa en análisis, que obedece a la necesidad de llenar un vacío en la Ley de Servicios de Gas.
Se incluyen aspectos positivos, pues se completan materias que debieron ser reguladas mediante decretos con fuerza de ley, los que hasta ahora no han sido dictados.
Sin embargo, el Ejecutivo va más allá y pretende establecer un régimen de rentabilidad máxima, so pena de fijación tarifaria, aun cuando no consta -el punto es interesante y lo hemos estado analizado en la Comisión- que las condiciones del mercado de la distribución de gas de red, en general, lo ameriten. La propuesta mantiene la libertad tarifaria para las empresas concesionarias en este ámbito, pero sujeta a una tasa máxima de rentabilidad económica, que será controlada por la autoridad -la Comisión Nacional de Energía- a través de un chequeo anual.
Solo la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena mantendrá un régimen de tarificación permanente. O sea, la normativa no se le aplicará -es importante señalarlo, porque los dos Senadores de la circunscripción respectiva plantearon su inquietud- por las razones que todos conocemos.
Una regulación tarifaria, como la propuesta, se justifica ante la presencia de monopolios naturales, donde la autoridad busca emular la competencia perfecta. Es lo que se observa en los mercados del agua y de la distribución eléctrica; en ciertas tarifas de los servicios de telefonía fija y móvil, tratándose de los cargos de acceso, y en algunos cobros en carreteras, aeropuertos y puertos.
Una regulación adecuada debe proteger a los usuarios o consumidores finales, que es lo más importante, y alentar, a su vez, las inversiones en los sectores. Eso exige un correcto cálculo tarifario, que permita simular un resultado competitivo y garantizar una rentabilidad apropiada para los proyectos.
En el caso del mercado del gas de red existen importantes antecedentes para descartar una condición monopólica. El principal de ellos dice relación con la existencia de sustitutos. Hago referencia al gas licuado de cañería. Y Sus Señorías bien conocen el gas licuado en balones. Esta es la competencia natural existente en el país.
Una empresa que ostente un poder de mercado podría cobrar, rentablemente, por sobre sus costos marginales. Esta capacidad se halla sujeta a las posibilidades de los consumidores de sustituir el producto o cambiar de oferente, puesto que, de contarse con alternativas, cualquier intento de fijar precios mayores induciría el desvío de la demanda hacia otros bienes y servicios.
El consumo de gas natural o gas de red responde a una demanda derivada de la utilización de energía en cocinar, calentar agua, calefaccionar o realizar alguna actividad comercial o industrial. Este combustible dice relación con tales características, pero no se halla solo en el mercado: igual función cumplen el gas licuado del petróleo, la parafina, la electricidad, la leña -es el principal elemento para la calefacción, sobre todo en las regiones del centro y del sur del país-, la biomasa, el diésel, etcétera. En otras palabras, compite con una variedad de sustitutos que permiten satisfacer las mismas necesidades.
En síntesis, no es posible considerar que se trata de un mercado monopólico, pues se presentan múltiples alternativas.
Dicho lo anterior, cabe hacerse cargo del aspecto más relevante de la iniciativa en debate -y es a lo que se aboca mi intervención-, en cuanto al rol del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, función eliminada en el texto.
Actualmente, la fijación tarifaria por parte del Ministerio de Energía se efectúa previa solicitud de dicho organismo jurisdiccional. Debe demostrarse que la empresa obtuvo una tasa de rentabilidad económica superior en cinco puntos porcentuales a la tasa de costo anual de capital definida en el artículo 32, que es un seis por ciento. Además de dicho chequeo, se contempla la facultad del Tribunal para considerar antecedentes adicionales al momento de emitir su resolución.
De esa forma, la medida se implementa únicamente en aquellos casos en que las condiciones de competencia del mercado no son suficientes para garantizar un régimen de libertad de precios.
Lo anterior es concordante con otros mercados en que al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se le han entregado facultades análogas, como en los casos de los servicios de telecomunicaciones, los servicios asociados a la distribución eléctrica y no consistentes en suministro de energía, y ciertas prestaciones efectuadas por empresas de servicios sanitarios.
Sin embargo, a diferencia de la regulación vigente, donde dicho organismo actúa llevando a cabo un análisis de las condiciones de competencia, al momento de establecer el régimen de fijación tarifaria y al ponerle término, el proyecto establece que el proceso de determinación para este último efecto deberá iniciarse necesariamente si el Informe Definitivo de Rentabilidad Anual demuestra que la rentabilidad económica promedio de la empresa concesionaria, en los últimos tres años, excede una determinada tasa máxima: el tres por ciento sobre la tasa de costo de capital, versus el cinco por ciento actual. Ello, sin considerar el análisis de las condiciones de competencia imperantes para la fijación, pues el Tribunal ya no intervendría en la decisión de tarificar.
Conceptualmente, entonces, tal como lo expuso el señor Tomas Menchaca, expresidente de este último, en su presentación ante la Comisión de Minería y Energía del Senado, "la ley vigente es correcta, pues establece el único criterio para regular tarifas en una economía de mercado: que las condiciones de competencia del mercado no sean suficientes para garantizar un régimen de libertad de precios".
Del mismo modo, en su informe N° 12/2015, a propósito de un requerimiento sobre la materia, el Tribunal concluyó que "La regulación tarifaria es una medida excepcional en nuestro derecho, por lo que el legislador no la hizo depender únicamente de la existencia de ciertos niveles de rentabilidad -que no son necesariamente ilícitos-, sino del análisis de competencia en el mercado efectuado por este Tribunal".
Revisado lo anterior, es de toda lógica que dicho organismo jurisdiccional participe en la determinación de los servicios que queden sujetos a fijación tarifaria, en atención a que esta debe basarse en razones de competencia y no en el mero hecho de lograr una cierta rentabilidad, la que no necesariamente es negativa.
Como conclusión, el proyecto es de suma relevancia, por cuanto se hace cargo de los vacíos existentes en nuestra legislación. Por eso, lo apoyamos en general.
Sin embargo, se hace presente la necesidad de reponer la instancia de análisis de competencia a través del Tribunal, entre otras medidas adicionales.
Cabe procurar un marco regulatorio consistente con el necesario desarrollo del sector, pues no se debe desincentivar la inversión que requiere el mercado del gas, lo que contribuye a una energía más limpia.
Solicito, si es posible, medio minuto más, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Lo tiene, Su Señoría.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Gracias.
Ello resulta fundamental justamente en las zonas que registran hoy día una alta contaminación y que se han declarado saturadas.
En la Región que represento hay empresas, muy interesadas, que han solicitado concesiones. Lo importante es desarrollarlas, porque una manera de bajar los grados de contaminación y de colaborar con la salud de las personas, a propósito de lo que ocurre en invierno, fundamentalmente, es por la vía de utilizar el gas de cañería donde sea factible.
Hay mucho interés sobre todo en entidades más pequeñas, que no han obtenido la misma rentabilidad que la empresa más potente en el país.
Por eso, es esencial trabajar y llegar a acuerdos, tal como lo hicimos en relación con la Ley sobre Transmisión de Energía Eléctrica.
Como el señor Ministro lo ha demostrado, es posible apuntar a la compatibilidad de un precio menor -ojalá lo que resulte más barato, para defender a los usuarios- y del incentivo de la inversión, y bajar los costos en salud y mejorar la calidad de vida en las regiones que no cuentan con la posibilidad de recibir este tipo de inversiones, que son básicas para su vida normal.
La UDI va a votar a favor de la idea de legislar esperando que podamos seguir trabajando, al igual que con ocasión del cuerpo legal recién mencionado, para lograr una buena ley para Chile.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Prokurica para una cuestión de Reglamento.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, me inhabilito en relación con el proyecto en examen, tal como lo he hecho permanentemente respecto de las iniciativas sobre energía, en virtud del artículo 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y del artículo 8° del Reglamento de esta Corporación.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se deja constancia de ello.
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, el señor Ministro detalló con bastante exactitud la naturaleza del mercado del gas natural y de cañería en nuestro país.
Es un régimen de libertad tarifaria regulada, con una fijación eventual, salvo para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, respecto de la cual se optó por determinar las tarifas en forma permanente.
Se trata de un escenario con muy pocos actores, de distintas economías de escala y ubicados en diferentes zonas de concesión, lo que hace imperativo establecer una regulación efectiva, que asegure rentabilidad, pero también precios razonables para los consumidores.
En ese mismo sentido, es preciso tomar en particular consideración la naturaleza de un servicio con características monopólicas. Por lo tanto, se hace necesario avanzar en la regulación e igualdad de trato para todos los suministros energéticos.
En cuanto al proyecto, en particular, respaldamos sus aspectos matrices, como el establecimiento de una fijación tarifaria cuando una empresa sobrepase la tasa de rentabilidad máxima permitida; una metodología para tal determinación, lo que constituye hoy un vacío de la ley y afecta, en lo inmediato, a la Región de Magallanes; un mecanismo de devolución expedito a los consumidores, por el concepto de exceso de rentabilidad; un panel de expertos para la resolución de controversias en materias tarifarias, y una disminución de las asimetrías regulatorias y de competencia entre los distribuidores, concesionados y no concesionados.
Algunos elementos transitorios -a nuestro juicio, razonables- buscan fomentar la inversión, así como la expansión de la distribución de gas de red en nuestro territorio, ya que se visualiza como una energía limpia y sostenible.
Por otro lado, pensamos que el rol ex post del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es un asunto complejo que será materia de la discusión particular, ya que se han manifestado diversas discrepancias que es necesario seguir estudiando.
Se requiere, asimismo, actualizar la normativa y readecuar la cultura empresarial, particularmente en las participaciones cruzadas en los directorios. Se precisa una reestructuración con las disposiciones en materia de colusión, respecto de lo cual el Senado ya se ha manifestado en varias iniciativas, y otro tipo de prácticas que son habituales en nuestras empresas, por desgracia, ya que son restrictivas de los derechos de los consumidores.
Ese ordenamiento debe establecerse a partir de los nuevos desafíos para ENAP en su cartera de inversiones y abastecimiento, al objeto de consolidarla en el mercado y hacer de ella un proveedor capaz de incrementar su producción y sostenibilidad como un activo del Estado.
Cabe destacar la conveniencia de generar más capital humano, para aumentar la dotación técnica a partir de especialistas en energía, con el fin de obtener información real del escenario de la demanda en nuestro país, sin hacerse dependiente de estudios extranjeros.
Por consiguiente, son muchos los temas y desafíos para un mercado de tan variadas economías de escala, con un ambicioso plan de expansión a partir de las nuevas solicitudes de concesión -es un mérito de la legislación que el mismo Ministerio de Energía está promoviendo-, pero que debe seguir apuntando a un esquema de precios eficientes, una mayor transparencia y un mayor acceso a energía limpia, como lo ha expuesto el señor Ministro en esta misma ocasión.
Pensamos, entonces, que se verificará un extraordinario avance, lo que va completando el cuadro legislativo sobre energías, particularmente las renovables, que está impulsando esa Cartera. Cuenta con todo nuestro apoyo para tal efecto.
Gracias.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, la iniciativa, como se ha señalado, apunta en la dirección de evitar un exceso de rentabilidad y generar una mayor regulación, sobre todo en lugares donde hay pocos actores o, en algunos de ellos, casi un monopolio.
En seguida, las rentabilidades han bajado del catorce por ciento al once y finalmente al nueve, que nos parece más que razonable, con la excepción de Magallanes, donde se aplica una tarifa fijada, como una política más bien especial para una zona extrema.
Como de alguna manera se ha afirmado acá, el gas es un muy buen competidor de la leña, sobre todo de la leña inadecuada, con mal manejo del bosque nativo, no seca ni quemada en artefactos apropiados. Es lejos, lejos, menos contaminante. Pero hay que llegar a juntarle el precio que efectivamente le carga a la sociedad, porque en Chile tenemos 4 mil 200 muertes prematuras por contaminación del aire y le acarrea a nuestro sistema de salud un costo de 8 mil millones de dólares al año. Es decir, necesitamos una política bastante más agresiva en este sentido.
Señalo el gas como una energía de origen fósil, pero también hay que entenderlo como un puente hacia energías renovables no convencionales que no signifiquen gases de efecto invernadero ni los daños a la salud que he mencionado. Y este puente se puede hacer; se puede hacer definidamente. Lo han demostrado los últimos precios en licitaciones a las que han llegado las energías renovables no convencionales, en lo cual el Ministro ha jugado un rol destacado.
Particularmente en la Comisión, hicimos presente ante los distintos actores del gas de nuestro país la posibilidad cierta de dotar de gas de cañería o algún equivalente utilizando la red argentina hacia la Región de Aisén. Me refiero concretamente al eje central Coihaique-Puerto Aisén, con todas las localidades aledañas, y más fácil todavía, a la zona de Chile Chico, que está casi al lado de Los Antiguos.
Ello es posible hoy en día porque se puede inyectar gas o su equivalente desde Magallanes y bajarlo a la Región de Aisén, o hacer los intercambios por las vías que se traspasan desde Chile hacia la Argentina.
Pero esto se requiere, señor Presidente -y por su intermedio se lo planteo al Ministro-, con urgencia. Nosotros, en este minuto, de alguna manera estamos permitiendo que la gente muera o quede dañada irreversiblemente por la contaminación. Y ahí tenemos una solución que es inmediata. La población puede acceder a un gas si efectivamente el Estado juega un rol mayor desde el punto de vista de la regulación. Y, si no hay alguien que lo pueda llevar a cabo en términos atractivos, que directamente se haga a través de un emprendimiento municipal o estatal. Hoy en día la ENAP tiene esa facultad, y es, por lo tanto, lo que solicitamos derechamente.
Sería por un período de no más de 2 años, porque el puente, para implementar energía eólica, se puede levantar en un año, o menos; y, en el caso de las hidroeléctricas -estamos hablando de medianas, entre 20 y 40 megawatts-, se puede levantar en 2 años. Podríamos tener una solución efectiva, no solo para la Región de Aisén, sino para una serie de ciudades y comunidades de nuestro país que están en contacto con partículas finas que dañan gravemente la salud de sus habitantes.
Por eso, este proyecto viene a ser una regulación oportuna, de la que se verán beneficiados, desde luego, los consumidores.
Voto a favor.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa viene a llenar diferentes vacíos de nuestra legislación, que en esta materia data de 1931 y que solo fue modificada hace 25 años, con la entrada del gas natural al país.
Hoy la industria de gas domiciliario se halla presente en la mayoría de las regiones y atiende a más de un millón de clientes.
Es evidente, entonces, la necesidad de modernizar el marco regulatorio de esta concesión de servicio público, más aún cuando se han conocido algunas situaciones irregulares, como el exceso en el límite de rentabilidad máxima permitida en que incurrió la principal empresa distribuidora de gas entre los años 2012 y 2014.
Actualmente, frente a esta grave infracción, el Estado no cuenta con mayores atribuciones para reaccionar. Solo se permite activar una eventual consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia respecto de si se debiera tarificar o no a los clientes residenciales de la empresa que haya excedido el límite.
El proyecto de ley establece que, en caso de comprobarse por parte de la Comisión Nacional de Energía que se ha sobrepasado la tasa de rentabilidad máxima permitida, se activará un proceso de fijación tarifaria para dicha compañía, lo que constituirá un mecanismo disuasivo efectivo para impedir la reiteración de tales situaciones.
La iniciativa implica un avance relevante porque apunta directamente al precio final que pagan los usuarios, que es más alto que el que se paga a nivel internacional.
Hay otras modificaciones importantes a este marco regulatorio, pero quisiera destacar solamente que, pese a que se lo reconoce como un servicio público, no existe en algunas zonas del país, como las regiones de Los Ríos y de Los Lagos.
Todos sabemos las necesidades de calefacción de dichas regiones y la grave y creciente crisis ambiental que genera el uso masivo de leña no certificada, en especial por parte de la población más vulnerable.
Desde hace muchos años, este servicio se encuentra tarificado en la Región de Magallanes, de manera de asegurar el suministro de un producto esencial para todos los hogares, y a precios aceptables.
Yo no pido un subsidio para la Región de Los Lagos, pero lo que debería hacer el Estado, a través de los mecanismos a su alcance, es garantizar que exista una red de servicio público de gas natural, en especial a partir de la grave emergencia ambiental que se vive durante prácticamente todo el invierno en ciudades como Osorno y también en Puerto Montt.
Espero que la modernización del marco regulatorio de esta industria no solo permita llenar algunos vacíos relacionados con abusos que se han cometido, sino además sirva de impulso, con reglas claras y estables, para que los gasoductos se extiendan hasta nuestras regiones y todos los territorios puedan acceder a los beneficios del gas natural.
De esto se trata cuando hablamos de equidad territorial, que no es más que el hecho de que las diferentes comunidades puedan tener condiciones basales igualitarias para generar su desarrollo.
Y lo anterior lo entiende muy bien este Ministro de Energía, quien promovió la ley N° 20.928, recientemente publicada, que introduce mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas.
De la misma manera, la gestión de este Ministerio ha logrado bajas significativas en materia de precios de energía eléctrica.
Confío en que, en el ámbito del gas, también podamos ver resultados concretos, como los que se han logrado en la electricidad, tanto en precio cuanto en equidad territorial.
Por lo tanto, mi voto es a favor de la idea de legislar.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, los Senadores de Renovación Nacional vamos a votar favorablemente la idea de legislar en este proyecto de ley.
Lo hacemos, primero, porque nuestra legislación en materia de distribución de gas es sumamente antigua. Responde a condiciones de mercado de hace treinta años o más. La última modificación legal se realizó en 1989. Y, naturalmente, los tiempos, las circunstancias, las condiciones han cambiado y esta legislación necesita modernizarse.
Lo hacemos también porque no es posible que, habiendo disposiciones que establecen una rentabilidad máxima para la industria del gas domiciliario de cañería, cuando esa tarifa es sobrepasada, no haya sanciones posibles, no haya un camino de acción claro que se pueda seguir, de tal manera de poner las cosas en su lugar.
Es lo que hace este proyecto. Y lo hace, primero, estableciendo un panel de expertos, un organismo técnico al que se pueda recurrir precisamente para determinar esos niveles de rentabilidad.
Y lo lleva adelante además con una herramienta que nos parece muy importante, cual es obligar a que se indemnice a los consumidores considerando esa mayor rentabilidad que se ha obtenido.
Creo que en la medida en que obliguemos a que se indemnice a los consumidores estaremos creando el incentivo correcto para que las empresas no trasladen a precio rentabilidades excesivas, que van más allá de lo que la normativa permite.
A nosotros nos gustaría que en el mercado del gas domiciliario a cañería el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tuviera alguna participación relevante, de manera que no hubiera desincentivo a las inversiones -finalmente, ese puede ser otro problema- y existiera lo que podríamos llamar "precio justo", respetando la rentabilidad máxima que se establece, pero también cuidando que esas rentabilidades estén debidamente calculadas y así permitan contar con estímulos adecuados para mantener la inversión.
Por eso, nos gustaría que durante la discusión particular se incluyera una participación relevante del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
En lo personal, me llama un poco la atención que el proyecto insista en la rentabilidad máxima por empresa. Me parece que debería ser un poco como lo que ocurre con otros servicios domiciliarios -la energía eléctrica o el agua potable y alcantarillado-, donde finalmente la tarifa se fija en función de empresas modelo que son eficientes.
En el debate particularizado probablemente vamos a tener la oportunidad para analizar más esta materia.
De momento, nosotros vamos a votar a favor, porque consideramos que las modificaciones propuestas son indispensables para que el Estado tenga instrumentos, herramientas que permitan hacer cumplir la normativa y para que, a través del panel de expertos y de las determinaciones de la Comisión Nacional de Energía, los consumidores sean debidamente compensados cuando no se cumpla la rentabilidad máxima.
Gracias.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, considero muy importante esta iniciativa, que puede ayudar a resolver, como una primera prioridad, ciertos problemas que afectan particularmente a ciudades del centro-sur y sur de Chile, que son verdaderas cámaras de gases. No me parecen aceptables las condiciones de calidad y de expectativas de vida de ciudades como Coihaique, donde se sobrepasan los 1.000 microgramos de PM 2.5.
Es una situación totalmente inaceptable.
Quiero recordar que la norma PM 2.5 aceptada internacionalmente es de 25 microgramos. Chile tiene 50. Y por cada 10 microgramos por sobre esa cifra la mortalidad aumenta 6 por ciento.
En una aritmética simple, se puede ver cuántas veces aumenta, de 10 en 10, desde 25 hasta mil microgramos, como frecuentemente ocurre en ciudades como Temuco, Osorno y Coihaique. Es decir, los riesgos de aumento de mortalidad son realmente dramáticos.
Y tal vez la única solución sería cambiar la tecnología y el combustible, o sea, el sistema energético.
Para mí, la prioridad debiera ser esa: una política de Estado frente a una población que está diezmándose.
Además, está demostrado que la contaminación de PM 2.5 es responsable de una parte muy importante de infartos y de accidentes vasculares, ya que esta partícula es tan pequeña que atraviesa el torrente sanguíneo, produce procesos de coagulación intravascular y genera justamente infartos, accidentes vasculares y arritmias, fuera de las tradicionales bronquitis obstructivas y neumonías, que son conocidas. Pero también altera el material genético. Por lo tanto, se puede traspasar a futuras generaciones.
Tal vez habría que evaluar una compensación en términos de evitar no solamente muertes -aquí se ha hablado de muertes-, sino hospitalizaciones, daños pulmonares, de muchas personas que sufren infartos, accidentes vasculares o cuadros cardiovasculares y que no fallecen pero sí quedan con dolencias o secuelas.
Por lo tanto, me parece una medida muy importante.
Yo quiero poner énfasis en cómo se introducen las políticas de salud, que requieren justamente apoyos tecnológicos, más aún cuando se trata de políticas específicas.
Por eso me parece tan relevante este proyecto de ley.
Al mismo tiempo, disminuye la presión sobre un recurso de gran importancia, el bosque, que resulta fundamental para colaborar en la disminución y prevención del cambio climático.
Existe una tasa de deforestación agravada por el uso de leña, que muchas veces no está certificada. Y se producen robos o talas hormiga -particularmente en Los Lagos, Los Ríos, Coihaique, Aisén, Punta Arenas- porque, como no hay allí otro tipo de combustible, no queda más alternativa que las talas ilegales, que tienen un tremendo impacto sobre el agua, sobre las zonas buffer o compensadoras de los cambios climáticos.
Por lo tanto, esta política también colabora en eso.
La única advertencia que quiero hacer -y no es una crítica al Ministro, porque sería como castigar a los feligreses que van a la iglesia- es que esta es una política totalmente tardía, porque en diez a quince años más no va existir el gas natural: va a estar proscrito, como todos los combustibles fósiles. El drama del cambio climático es tan profundo que a nivel mundial ya hay una proscripción; ya existen países que han eliminado por completo el uso de todos los combustibles fósiles, incluido el gas natural. Y nosotros también lo vamos a tener que hacer.
Chile -existe evidencia- constituye un pequeño laboratorio para ver cómo el cambio climático ha ido modificando no solo las condiciones climáticas, sino que también se ha traducido en variaciones en nuestra agricultura, en desplazamientos de las zonas cálidas cada vez más hacia el sur. Por ejemplo, en la zona de Puerto Montt se pueden realizar hoy -antes era impensable- cultivos que antes estaban ubicados en la zona centro.
Y los procesos de desertificación van a ser muy dramáticos.
Por lo tanto, si bien me parece importante, a esta política la veo como una política de enlace, totalmente transicional, y no como una política estructurante en la cual debiéramos hacer una apuesta a fondo, como otras que el Gobierno y en particular el Ministro han implementado y que apuntan al futuro. Me refiero, fundamentalmente, a las energías renovables, como la solar, cuyo sistema de transmisión permitirá unir el Desierto de Atacama, principal centro energético del planeta, con el resto del país. También debemos fortalecer aún más la energía eólica; avanzar en la mareomotriz, que tiene alta viabilidad en la zona sur de nuestro territorio -me parece muy importante-, y comenzar a trabajar ya en la energía final que vamos a terminar usando: el hidrógeno.
Japón ya está desarrollando autos y aviones con ese tipo de energía. El hidrógeno tiene la doble condición de ser un buen generador de electricidad si se pone en una pila, o un muy buen combustible, si se quema. Es mucho más potente que la bencina y la parafina en cuanto a poder calorífico si se usa como combustible.
Por lo tanto, tenemos que avanzar en eso y complementarlo con políticas de uso eficiente de energía, de aislamiento de viviendas, cosas que ya se están haciendo pero que constituyen un tema-país que no solo puede ser responsabilidad de un buen Ministerio, como el de Energía, sino que tiene que formar parte de una política del conjunto del Estado, del conjunto de las instituciones, del Gobierno central, del Ministerio del Interior, de los intendentes. Debe atravesar con más fuerza los esfuerzos que se realizan, porque se trata de un tema fundamental y esa es la única manera de enfrentarlo.
Así que apoyo con mucho entusiasmo esta iniciativa, pero en el entendido de que llega tarde. Valoro que el Ministro la haya logrado finalmente, aunque la veo frágil en su duración. Será una ley de transición. El gas natural es un combustible de transición y debemos dar paso a la profundización del esfuerzo que estamos haciendo como país en el desarrollo de las energías renovables, que van a ser las definitivas, y de los sistemas de acumulación, que por un tiempo van a ser baterías pero que al final mutarán hacia el hidrógeno, donde debiéramos hacer una gran apuesta como nación, ya que finalmente nos va a ayudar a resolver nuestros problemas y nos va a poner en el centro del planeta.
Chile va a ser un centro neurálgico de energía en el fututo. Pero tenemos que empezar hoy día. Debemos formar profesionales y técnicos. Y eso significa una reforma educacional, no solo para lograr gratuidad, sino para ver qué país queremos y qué profesionales, técnicos y doctores tenemos que formar.
Tal vez esa es una reflexión que hemos olvidado: cómo las nuevas energías van a cambiar el mercado del trabajo.
O sea, vienen cambios muy profundos en esta era colaborativa, que se registrará en todos los niveles: en la economía, en la sociedad, en las comunicaciones, pero fundamentalmente en la energía. Esta es la que va a generar el modelo de la nueva sociedad.
Por tanto, me parece muy importante que por lo menos hayamos entrado de lleno a esta conversación y a esta discusión, para que podamos ser parte del siglo XXI y no nos quedemos anclados en el siglo XX.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, como aquí se ha planteado, este proyecto de ley es muy relevante para modernizar nuestra legislación en materia de gas. Como también lo hemos explicado, esta normativa se encuentra desactualizada y contiene diversos vacíos legales.
Por lo tanto, la metodología y los procedimientos, los cálculos de rentabilidad y la tasa de costo de capital no están descritos con la precisión que se requiere a fin de regular el sector. La ley actual no solo contiene definiciones que ya quedaron obsoletas, sino que además presenta un vacío de regulación respecto de un sector importante: las redes no concesionadas.
Como si fuera poco, los chequeos de rentabilidad efectuados por la Comisión Nacional de Energía (CNE) para el sector de gas de red concesionado han mostrado que existen rentabilidades excesivas en el mercado -como se ha dicho-, permitidas por ley bajo la legislación actual. Sin embargo, el Estado no puede hacer nada frente a este incumplimiento.
Eso ha sido explicitado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que en una sentencia constató que los chequeos de rentabilidad de la CNE no pueden ser considerados para analizar la pertenencia de la tarificación, impidiendo, por lo tanto, que la ley actual pueda actuar simplemente para cumplir su objetivo.
También -aunque algunos piensen que no es así-, este mercado contiene elementos monopólicos y requiere una regulación efectiva que proteja a los consumidores. No podemos permitir que, a consecuencia de ello, terminen pagando más de lo que corresponde por un servicio básico como la calefacción, especialmente teniendo en cuenta que el Gobierno está considerando planes de descontaminación de las ciudades en que se impulsa el gas natural como alternativa a la leña.
Señor Presidente, quiero concordar aquí en que, efectivamente, para un problema tremendo que hoy día nos aqueja como país, por la cantidad de muertes prematuras y los miles de millones de dólares que gasta el Estado para hacer frente a lo que han significado la generación de gas de efecto invernadero y la contaminación por leña, es importante dar un paso a este respecto.
Muchos de nosotros entendemos que no es lo óptimo, porque preferimos las energías renovables no convencionales; y felicito al señor Ministro, quien permanentemente ha brindado los espacios y la capacidad para ampliar las licitaciones y, por lo tanto, ampliar los actores, diversificando cada vez más nuestra matriz.
Es primordial considerar que hoy día, en la medida que reemplacemos la leña no certificada -desgraciadamente, es más cara la certificada-, daremos un paso muy significativo en términos de salud pública.
El Senador Carlos Montes, quien se encuentra a mi lado, me ha hecho una observación, y -por su intermedio, señor Presidente- me gustaría planteársela al señor Ministro.
Se trata de lo siguiente:
Es curioso, pero ninguna de las viviendas sociales que cuentan con subsidios accede al gas por red. Simplemente, no les interesa llevarles este tipo de combustible. Estas se abastecen solo con gas licuado, y las diferencias de precios son notables.
Entonces, no sería malo que pudiésemos ver que aquí hay cierta discriminación territorial; que existe una falta de acceso de la gente más vulnerable, que alcanza una vivienda social a través de subsidio, y no le llega el gas a través de la red porque probablemente las compañías no quieren hacer esa inversión, no les interesa ese tipo de clientes. En fin, habrá muchas razones.
Esto no es menor, señor Presidente. En su presentación en la Comisión de Minería y Energía el señor Ministro entregó información, de la que daré solamente tres cifras para ver el detalle.
El cilindro de 45 kilos de gas licuado cuesta en Santiago 41 mil 317 pesos; en Valparaíso, 44 mil 123 pesos.
El gas natural equivalente a un consumo energético de 45 kilos, para poder hacerlo comparable con el gas licuado -¡ojo!-, en Santiago tiene un valor de 35 mil 232 pesos; en Valparaíso, de 49 mil 572 pesos.
Y el gas de red no concesionado se encuentra en Santiago a 54 mil 446 pesos y en Valparaíso a 56 mil 944 pesos.

El señor PROKURICA.- ¡Y eso que ENAP está aquí!

La señora ALLENDE.- Y eso que ENAP se encuentra en la Quinta Región.
Entonces, el asunto de los precios es muy importante porque afecta directamente al consumidor por un servicio básico bastante parecido a un monopolio, ya que no se puede decir tampoco que exista la más entera libertad de competencia por las razones obvias de lo que significa que las redes no puedan llegar a cualquier lado.
Pero este mensaje se lo quiero dejar al señor Ministro, pues considero esencial que lo revisemos como país.
También entiendo -vuelvo a reiterar que prefiero las energías renovables no convencionales- que el gas representa un servicio que puede ser muy relevante ir reemplazando. Ya sé que cultural y tradicionalmente provoca mucha resistencia; sin embargo, debemos ver lo que representa el gas con relación a una leña verde. Y si no, preguntemos hoy día qué sucede en Coihaique, qué sucede en Aisén, qué sucede en Temuco: es dramático pensar que son las ciudades más contaminadas que existen y en forma exclusiva por esta razón.
Antes señalé la diferencia de los precios.
Ahora bien, como decía, estamos doblemente desprotegidos. Por un lado, estas empresas no están sujetas a regulación tarifaria, a pesar de esta rentabilidad excesiva que ha logrado comprobar la CNE. Y, por otro, este exceso de rentabilidad hasta ahora no es devuelto a los usuarios; lo que sí se haría con la presente ley en proyecto.
Para hacer frente a esta situación, esta iniciativa mantiene la libertad tarifaria con el máximo de rentabilidad permitido. Si se excede la rentabilidad fijada por ley, entonces se gatilla una fijación tarifaria.
Esto es muy importante entenderlo, señor Presidente, ya que nos permitirá avanzar en algo que creemos de entera justicia.
El límite máximo de rentabilidad está dado por la tasa de costo de capital (TCC), que hace referencia a la tasa de retorno que los inversionistas podrían obtener como alternativa al negocio del gas.
Señor Presidente, para no redundar, ya que estamos solamente en la discusión en general, creo esencial que logremos fijar, a través de este proyecto, esa rentabilidad excesiva, que además representa una cifra muy pertinente de acuerdo con lo que ocurre hoy día en el mercado actual, con el número de clientes y con la cantidad de empresas que están interesadas.
Considero que debemos dar todas las herramientas que nos pide el Ejecutivo para regular las tarifas cuando existan rentabilidades excesivas, a fin de que podamos hacerlo de una manera clara, transparente, contando con un panel de expertos que ayude a solucionar las controversias que se generen.
Y quiero destacar, señor Presidente, que esta iniciativa no solo piensa en el bienestar de los consumidores, lo cual me parece importante, sino también en las empresas, al permitir una mayor capacidad de competencia.
Igualmente, se debe revisar la situación de los condominios.
El proyecto introduce normas sobre inicio y término de servicios y cambio de proveedor, lo que no es menor porque muchas veces los consumidores quedan cautivos.
Y, finalmente, quiero decir que esta iniciativa, por su gradualidad, pretende no coartar, sino, al revés, incentivar la inversión en el sector. Por lo tanto, es un régimen transitorio en el que la baja del límite de rentabilidad desde la ley vigente a la nueva se aplicará escalonadamente.
Asimismo, se contempla que la disminución en el límite de rentabilidad que contempla el régimen permanente no se aplicará en un período de 15 años a aquellas zonas de concesión nuevas y a las expansiones de las existentes.
Eso es sumamente importante, porque en forma clara nosotros queremos atraer inversiones. Es parte de la agenda que ha sido muy relevante para este país, que le ha cambiado la fisonomía. Esa agenda no busca en lo absoluto coartar la inversión en este sector; más bien, establece reglas y normas claras. Pero, a la vez, que vayamos protegiendo al consumidor, quien debe contar no solamente con un buen servicio, que es absolutamente indispensable y necesario para la población, sino también con un precio justo.
En tal sentido, señor Presidente, voto a favor de este proyecto.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el gas más cercano a la ciudadanía de menores ingresos es el gas licuado, que se vende en cilindros.
El año 2015 alcanzó en el mercado el precio de 3 mil 850 millones de dólares en ventas.
Y, por cierto, existen diferencias -el señor Ministro lo sabe, está escrito en el informe-: el cilindro de 45 kilogramos de gas licuado de petróleo tiene un valor de 41 mil 317 pesos en Santiago y de 44 mil 123 pesos en Valparaíso. La misma cantidad de gas natural representa un costo de 35 mil 232 pesos en la capital de la Región Metropolitana y de 49 mil 572 en la capital de la Quinta Región. En tanto, el gas de red no concesionado de gas licuado de petróleo llega a un importe de 54 mil 446 pesos en Santiago y de 56 mil 944 en Valparaíso.
Lo que es claro es que si tuviéramos gas natural el costo sería mucho menor.
Entonces, este es un proyecto de ley que apunta en la línea correcta: va al corazón del tema, va a una fuente energética que tiene una bajísima contaminación pero cuyo determinante son los precios.
Quiero advertir que cuando discutimos la nueva Ley del SERNAC se presentó una indicación que señalaba que esta entidad podía intervenir en los servicios de gas, de electricidad, de agua potable y de telefonía. Pero fue votada en contra en la Comisión de Economía y, también, en la Sala. O sea, dejamos el control de los consumidores a las Superintendencias, en este caso, a la de Electricidad y Combustibles.
Y la verdad, señor Ministro, es que ya con la pega de electricidad de esta Superintendencia ¡tiene más más que suficiente! ¡No da abasto!
Por tanto, encomendarle a ella el control en lo relativo al resguardo de los derechos de los consumidores no me parece adecuado.
Lamenté profundamente que no entráramos al tema de fondo: proteger los derechos de los consumidores dándole facultades al SERNAC también para fiscalizar, colaborar en el control del servicio adecuado y en el respeto a los consumidores en materia de gas, de electricidad y de telecomunicaciones.
Lo más importante del proyecto, sin duda, son las tarifas: habrá una fijación de estas.
Y, señor Ministro, quiero advertir que cuando hablamos de agua, hay una empresa modelo -fija los precios cada cinco años- que calcula cuánto le cuesta producir el vital elemento y determina su valor. A este respecto se elaboran dos informes por parte de expertos: uno a cargo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y otro que emana de esa empresa. Pero -¡ojo!- son documentos secretos; solo son conocidos una vez que las tarifas de agua potable están establecidas por cinco años.
Ese mecanismo debe terminar. Lo hemos cuestionado innumerables veces y, sin embargo, "no se escucha, padre".
¡Es decir, los informes para fijar las tarifas de agua potable son secretos en Chile!
¡En un país que se precia de ser transparente se siguen fijando a millones de compatriotas las tarifas del agua potable con informes secretos, que se dan a conocer después de que ellas se han determinado!
Señor Ministro, veo que el debate sobre rentabilidad hegemoniza el informe. Hay mucha preocupación en todos los parlamentarios en cuanto a la rentabilidad, y echo de menos la situación de los clientes, de los consumidores.
La metodología para el chequeo de la rentabilidad económica anual de las empresas concesionarias de distribución de agua potable se va a fijar, entre otras cosas, por un panel de expertos. El flujo neto será el resultado de la diferencia entre los ingresos anuales de explotación y la suma de los costos anuales de explotación, de inversión y los impuestos a las utilidades.
¡Panel de expertos!
Señor Presidente, señor Ministro, ¡panel de expertos!
¿Quiénes van a ser los expertos? Lo pregunto porque en su oportunidad se resolvió la formación de la Comisión Bravo para ver el tema de las AFP, y no vi ni un solo experto de carácter progresista, ¡ni uno solo!
La pelea por el panel de expertos va a ser tremenda. Y mi pregunta es: si depositamos toda la capacidad en dicho panel, junto con tratar de que sean muy transparentes, quiero saber quiénes serán los expertos que estarán allí. Debería integrarlo una persona que represente una posición distinta, una posición país, ¡una posición fuera del duopolio, fuera del margen entre los que van a defender a las empresas y quienes van a defender al Estado!
Alguien tiene que defender a los consumidores, y yo espero que sea el Estado.
Sé, señor Ministro, que usted los ha defendido: tenemos ahora rebaja de tarifas eléctricas por su gestión en este Gobierno, por un proyecto que fue aprobado en esta Sala.
Sin embargo, tengo temor a los paneles de expertos, porque son expertos pero no son "angelitos de la guarda", ni tampoco seres de otro planeta que no conocen la realidad. En general, se trata de economistas cuya posición está claramente definida y en numerosas oportunidades tienen intención política.
Entonces, ¡mucho ojo con el panel de expertos!
Voy a votar a favor, señor Ministro, porque esta iniciativa efectivamente es un avance importante. Sin embargo, me preocupa bastante que el Tribunal de la Libre Competencia pueda revertir lo que se determine en la fijación de precios.
Habrá una gran pelea. ¡Digámoslo, advirtámoslo!
Se generará un tremendo debate y las empresas de agua potable aumentarán los costos, van a pedir créditos y encarecerán la producción para tratar de bajar su rentabilidad, como lo hacen las distribuidoras eléctricas. Estas también tienen un tope pero generan costos adicionales permanentes y viven endeudadas para poder bajar la rentabilidad y estar dentro del margen de la ley.
Yo solo espero que ENAP entre al negocio del gas domiciliario.
¡Necesitamos gas en Chillán, gas en Temuco, gas en Aisén para terminar con la contaminación!
Eso solo lo puede concretar ENAP, empresa energética, señor Ministro. Y creo que usted tiene la capacidad para hacerlo.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (29 votos favorables), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor PACHECO (Ministro de Energía).- Señor Presidente, al cierre de esta discusión, en que han participado un número muy significativo de Senadores y Senadoras, quisiera agradecer el respaldo dado a este proyecto.
Creo que ello es una demostración más de que el sector de energía le entrega buenas noticias al país, porque hemos sido capaces de construir políticas públicas a través del diálogo y el consenso. Y eso le hace bien a dicho sector y también al país.
Por lo tanto, agradezco esta votación y el respaldo unánime de la Sala a esta iniciativa de ley.
Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor DE URRESTI:
A la señora Ministra de Salud y al señor Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, para que remitan antecedentes sobre ACCIONES ANTE EXISTENCIA DE VERTEDERO A 300 METROS DE TRAMO DE CAMINO DEL INCA UBICADO EN CHILE, EN COMUNA DE PUTRE.
Al señor Ministro del Medio Ambiente; al señor Director Nacional de Obras Hidráulicas del MOP, y al señor Intendente de la Región de Antofagasta, solicitándoles información acerca de PROYECTO"ANÁLISIS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN HUMEDALES ANDINOS" FINANCIADO POR GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA VÍA FNDR.
Y al señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, para que remita antecedentes sobre RESULTADOS OBTENIDOS EN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA COMUNITARIO DE CONTROL DEL VISÓN.
Del señor ESPINA:
A los señores Ministro de Obras Públicas y Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de La Araucanía, solicitándoles REPARACIÓN DE PUENTE TRICAUCO, EN COMUNA DE ERCILLA.
Del señor GARCÍA:
Al señor Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Novena Región, reiterándole oficio mediante el cual se le pidió informar en cuanto a CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE ACUERDO ENTRE SERVIU DE LA ARAUCANÍA Y FAMILIA QUEUPUMIL BURGOS, DE PADRE LAS CASAS, SOBRE EXPROPIACIÓN DE PROPIEDADES.
Del señor GUILLIER:
A los señores Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Economía, Fomento y Turismo y al señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura, manifestándoles INQUIETUD EN REGIÓN DEL MAULE ANTE EXTRACCIÓN DE RECURSO SARDINA POR SECTOR INDUSTRIAL CON PARTICIPACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE ZONAS CONTIGUAS.
Al señor Ministro Secretario General de la Presidencia, para que se informe acerca de FALTA DE MEDIDAS ANTE SITUACIÓN DE "ASOCIACIÓN DE EXONERADOS POLÍTICOS PÚBLICOS POR EL GOBIERNO DE SEBASTIÁN PIÑERA".
Y al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública y al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, con el objeto de solicitar FOMENTO DE DESARROLLO INTERNO DE SEGUNDA REGIÓN Y MANTENCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE CODELCO.
Del señor NAVARRO:
Al señor Ministro de Obras Públicas, para que remita INFORMACIÓN RELATIVA A PUENTE FERROVIARIO Y PUENTE INDUSTRIAL DE REGIÓN DEL BIOBÍO Y COPIA DE RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE PUENTE SOBRE CANAL DE CHACAO.
A la señora Ministra de Salud, pidiéndole indicar PROMEDIO DE TIEMPO DE ATENCIÓN EN SERVICIOS DE URGENCIA EN TODOS LOS SISTEMAS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, POR REGIONES Y COMUNAS.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándole información referida a TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL; RESOLUCIÓN 2246, SOBRE PUBLICIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO;CURSOS REALIZADOS PARA FORMACIÓN DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE PÚBLICO EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOS; Y DÉFICIT DE CONDUCTORES A NIVEL NACIONAL, REGIONAL, PROVINCIAL Y COMUNAL.
Al señor Ministro de Energía, pidiéndole remitir INFORME SOBRE DEMANDA Y PROYECCIÓN ENERGÉTICA EN CHILE PARA PRÓXIMOS TREINTA AÑOS.
Al señor Ministro del Medio Ambiente, solicitándole hacer llegar COPIA DE RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE PUENTE SOBRE CANAL DE CHACAO; DOCUMENTOS CONSIDERADOS PARA OTORGARLA, ASÍ COMO CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES PARA CONCEDERLA SIN LA PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DEFINITIVO DE LA OBRA.
Y al señor Intendente de la Región del Biobío, consultándole sobre NÚMERO DE BECAS OTORGADAS EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOS PARA CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE PÚBLICO E INDUSTRIAL EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:52.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción