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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 42ª, en miércoles 17 de agosto de 2016
Ordinaria
(De 16:20 a 19:19)
PRESIDENCIA DE SEÑORES RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE;
JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE, Y
ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR, Y
JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el Ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés Pulido.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 12 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor LAGOS (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 37ª, ordinaria, en 9 de agosto de 2016; 38ª y 39ª, especiales, en 10 de agosto de 2016, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor LAGOS (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Veintidós de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los dieciséis primeros retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos:
1) El que incentiva la inclusión de discapacitados al mundo laboral y modifica la ley N° 20.422, para establecer la reserva legal de empleos para personas con discapacidad (boletines Nos 7.025-31 y 7.855-13, refundidos).
2) El que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género (boletín N° 8.924-07).
3) El que modifica el Código Penal, el decreto ley N° 645, de 1925, sobre el Registro General de Condenas, y la ley N° 20.066, que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar, a fin de aumentar la penalidad y demás sanciones aplicables para delitos cometidos en contra de menores y otras personas en estado vulnerable (boletines Nos 9.279-07, 9.435-18, 9.849-07, 9.877-07, 9.904-07 y 9.908-07, refundidos).
4) El que modifica el Código Penal en lo tocante a la tipificación del delito de tortura (boletín N° 9.589-17).
5) El que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA (boletín N° 9.689-21).
6) El que tipifica el delito de corrupción entre particulares y modifica disposiciones del Código Penal relativas a delitos funcionarios (boletines Nos 9.956-07 y 10.155-07, refundidos).
7) El que regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación (boletín N° 10.063-21).
8) El que moderniza la legislación aduanera (boletín N° 10.165-05).
9) El que regula la circulación de vehículos motorizados por causa de congestión vehicular o contaminación atmosférica (boletín N° 10.184-15).
10) El que crea la XVI Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata (boletín N° 10.277-06).
11) El que crea la Subsecretaría de la Niñez, modifica la ley N° 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social, y otros cuerpos legales que indica (boletín N° 10.314-06).
12) El que modifica la pena para la radiodifusión no autorizada (boletín Nº 10.456-15).
13) El que modifica la ley N° 15.076 para fortalecer el proceso de ingreso y formación en especialidades médicas y odontológicas, y la ley N° 19.664, con el objeto de otorgar beneficios al personal afecto a dicho texto legal (boletín N° 10.490-11).
14) El que otorga un bono al personal asistente de la educación de menores remuneraciones que se indica (boletín N° 10.633-05).
15) El que modifica la ley N° 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, para incorporar el delito de agresión y extender los crímenes de guerra a conflictos no internacionales (boletín Nº 10.665-07).
16) El que modifica la Ley de Servicios de Gas y otras disposiciones legales que indica (boletín N° 9.890-08).
Con los seis siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía (boletín N° 6.499-11).
2) El que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet (boletín N° 8.584-15).
3) El que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y otros cuerpos legales en lo relativo a probidad y transparencia (boletín Nº 10.264-07).
4) El que crea el Sistema de Educación Pública y modifica diversos cuerpos legales (boletín N° 10.368-04).
5) El que exige la publicación en el Diario Oficial de la ley N° 13.196, Reservada del Cobre (boletín N° 10.518-07).
6) El que extiende la aplicación de la ley N° 20.243, que establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual (boletín N° 9.889-24).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley para la aplicación de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (boletín N° 6.829-01).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.
Con los dos siguientes señala que ha dado su aprobación a los siguientes proyectos:
1) El que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para imponer a la empresa distribuidora de energía la obligación de solventar el retiro y reposición del empalme y medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor (boletín N° 10.331-08).
--Pasa a la Comisión de Minería y Energía.
2) El que modifica el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas y la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile para efectos de aumentar el plazo de prescripción de la acción disciplinaria en el caso de los funcionarios de dichas instituciones (boletín N° 10.623-02).
--Pasa a la Comisión de Defensa Nacional.
Con el cuarto señala que rechazó la totalidad de las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto que extiende la aplicación de la ley N° 20.243, que establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual (boletín N° 9.889-24) (con urgencia calificada de "simple"), y da a conocer la nómina de Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse al efecto.
--Se toma conocimiento, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Corporación, se designa a los miembros de la Comisión de Educación y Cultura para integrar la referida Comisión Mixta.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Adjunta resolución dictada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 22° del decreto con fuerza de ley N° 707, sobre cuentas corrientes bancarias y cheques.
--Se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos:
Contesta acuerdo del Senado relativo al cumplimiento de los principios fundamentales del Derecho Penal Humanitario en la aplicación de las penas privativas de libertad a reos condenados que se encuentren aquejados de enfermedades graves e incurables (boletín N° S 1.888-12).
Del señor Subsecretario del Interior:
Atiende consulta del Senador señor Navarro, referida a la situación que afecta a los funcionarios públicos de la Región de Atacama por el otorgamiento para el presente año de una bonificación especial.
Del señor Subsecretario de Bienes Nacionales:
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor Guillier, acerca del proceso de entrega y regularización de sitios para el sector productivo de Calama, Puerto Seco y Antofagasta.
Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios:
Absuelve consulta, planteada por la Senadora señora Von Baer, acerca de la contaminación que estaría sufriendo la cuenca del lago Ranco en el sector del puerto de Futrono.
Del señor Jefe del Departamento de Asistencia y Servicio al Usuario de la Superintendencia de Seguridad Social:
Responde inquietud del Senador señor García, acerca del estado en que se encuentra la eventual apelación por el no pago de la licencia médica que indica.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Certificado de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga una bonificación adicional y otros beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios de los servicios públicos que se indican y modifica el Título II de la ley N° 19.882 (boletín N° 10.778-05) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, regulando la formación del consentimiento en los contratos ofrecidos telefónicamente (boletín Nº 10.375-03).
--Quedan para tabla.
Moción
De los Senadores señores García, Horvath, Lagos, Montes y Zaldívar, con la que inician un proyecto que renueva la vigencia de la ley N° 19.627, que autoriza erigir un monumento en memoria de don Clotario Blest Riffo, en la ciudad de Santiago (boletín Nº 10.859-04).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Informe
Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un conjunto de medidas para impulsar la productividad (boletín N° 10.661-05) (con urgencia calificada de "suma").
--Queda para tabla.
El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA



BONIFICACIÓN Y BENEFICIOS DE INCENTIVO AL RETIRO PARA FUNCIONARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS


El señor LAGOS (Presidente).- Corresponde tratar, en primer lugar, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga una bonificación adicional y otros beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios y funcionarias de los servicios públicos que se indican y modifica el Título II de la ley N° 19.882. La iniciativa cuenta con certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.778-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 33ª, en 20 de julio de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Hacienda (certificado): sesión 42ª, en 17 de agosto de 2016.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto consiste en establecer un plan de retiro voluntario que contempla una bonificación adicional a aquella por retiro del Título II de la ley N° 19.882, un bono por antigüedad y un bono por trabajo pesado para los funcionarios y funcionarias que cumplan los requisitos establecidos. Además, se modifica la Bonificación por Retiro del Título II de la señalada ley, permitiendo a las funcionarias mantener los beneficios que ella establece hasta los 65 años de edad.
La Comisión de Hacienda discutió este proyecto en general y en particular en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 9 de agosto en curso, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García-Huidobro, Montes, Tuma y Zaldívar. Lo aprobó en particular con diversas enmiendas que acordó también por unanimidad.
La referida Comisión deja constancia de que, aun cuando se trata de una ley de carácter general, el Honorable señor García señaló que se inhabilitaba por ser su cónyuge funcionaria pública.
Cabe hacer presente que el artículo 18 del proyecto es de rango orgánico constitucional, por lo que requiere para su aprobación 21 votos favorables.
El texto de la iniciativa que se propone aprobar se consigna en las páginas 13 a 29 del certificado de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
En discusión general y particular el proyecto.

Me ha pedido la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda, el Senador señor Andrés Zaldívar, para informar sobre esta iniciativa.
Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, el proyecto en debate es uno más de los que se han tramitado en el Parlamento con el propósito de otorgar beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios de la Administración Pública.
La iniciativa tiene como origen un Protocolo firmado entre el Gobierno y la ANEF el 2 de julio de 2015, en el cual se acordó constituir una mesa de trabajo para estudiar las disposiciones que hoy día conocemos.
Esto fue confirmado el 29 de enero de 2016, cuando, en cumplimiento del citado Protocolo de 2015, se acordó el diseño específico de un plan de incentivo al retiro para ser presentado como un proyecto de ley.
En cuanto a los beneficios del plan de incentivo al retiro, debo señalar que este abarca el período que va desde el 1° de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2024.
Este incentivo al retiro tiene una duración más larga que aquellos que consignaban anteriores normativas que hemos aprobado. Es la primera vez que dura 10 años.
Lo anterior se suma a la bonificación permanente al retiro que actualmente tiene la ANEF, de acuerdo con lo dispuesto en la ley N° 19.882.
¿Cuáles son los beneficios que se otorgan en virtud de esta normativa?
-Una bonificación adicional a la normal y permanente que tiene la ANEF, tal como señalé.
-Un bono por antigüedad para los auxiliares y administrativos del sector público, y
-Un bono extra por concepto de trabajo pesado.
De otra parte, el proyecto contempla compatibilizar los plazos para postular también al bono poslaboral de la ley N° 20.305.
¿Quiénes son los beneficiarios?
Durante la vigencia de este plan se beneficiará a más de 18 mil funcionarios y funcionarias.
Para los años 2016, 2017 y 2018 se contemplan 3 mil, 2 mil 800 y 3 mil 300 cupos, respectivamente. A contar de 2019, el acceso al beneficio será sin cupos.
Los beneficiarios serán los siguientes:
-Los funcionarios y funcionarias de carrera y a contrata que perciban la bonificación por retiro y que se encuentren afiliados a una AFP. En este caso, no aplica el régimen anterior de reparto.
-Los funcionarios y funcionarias que se desempeñen en las instituciones enumeradas en el inciso primero del artículo sexto transitorio de la ley N° 20.212.
-Los funcionarios y funcionarias de la Dirección General de Movilización Nacional, del Ministerio Público y el personal de la Comisión Nacional de Acreditación y del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
-Los funcionarios y funcionarias que se hayan pensionado por invalidez de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, y cumplan las edades legales para pensionarse por vejez.
-Los exfuncionarios y las exfuncionarias que hubieren cesado en sus labores entre el 1° de julio de 2014 y el día anterior a la fecha de publicación de la ley.
-Finalmente, en la Comisión de Hacienda del Senado se incorporó una indicación del Ejecutivo que permite beneficiar al personal de exclusiva confianza que ha desarrollado una carrera funcionaria de a lo menos 18 años continuos en la Administración Central del Estado y que esté afecto al inciso final del artículo séptimo transitorio de la ley N° 19.882.
¿Cuáles son los requisitos para acceder a esta bonificación adicional, que se otorga con independencia de aquella que es permanente y a la que tienen derecho todos los funcionarios públicos reunidos en la ANEF?
-Encontrarse afiliado al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500.
-Tener a la fecha de postulación 20 o más años de servicio, continuos o discontinuos, en la Administración Central del Estado.
-Haber cumplido o cumplir 60 años de edad, si son mujeres, o 65, si son hombres, entre el 1° de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2024.
-Renunciar voluntariamente a todos los cargos y horas que sirvan en los plazos establecidos en la ley y su reglamento.
¿En qué consiste este beneficio adicional?
Consiste en una bonificación de 320 UTM para los auxiliares y administrativos con más de 20 años de servicio. Los que tengan 18 años de servicio y menos de 20, recibirán 233 UTM.
Los técnicos con 20 años o más, percibirán 404 UTM; y los que tengan 18 años y menos de 20 años, 303 UTM.
Los profesionales, directivos y fiscalizadores que tengan 20 años o más recibirán 622 UTM; y los que tengan 18 años, pero menos de 20 años, 466 UTM.
Además, se establece para los funcionarios auxiliares y administrativos de la Administración Central del Estado una bonificación de 10 UF por cada año de servicio, superior a los 40 años, con un tope de 100 unidades de fomento.
Para la gente que ejecuta trabajos pesados, también se concederá una bonificación de 10 UF por cada año cotizado, con un máximo de 100 unidades de fomento.
Los funcionarios y funcionarias que al día anterior a la fecha de publicación de la ley tengan 65 años de edad o más deberán postular dentro de los treinta días hábiles siguientes a dicha publicación, señalando si lo hacen para los cupos correspondientes al año 2016 o 2017.
Desde el punto de vista financiero, de acuerdo con el informe que nos entregó la Dirección de Presupuestos, el costo de este incentivo al retiro alcanza a los 66 mil 666 millones de pesos para el año 2016. En 2017, llega a 58 mil millones de pesos; en 2018, a 66 mil millones; en 2019, a 40 mil millones; en 2020, a 27 mil millones; en 2021, a 28 mil millones; en 2022, a 28 mil millones; en 2023, a 28 mil millones y en 2024, a 27 mil millones, aproximadamente.
Esto corresponderá a la entrega de los siguientes cupos por año:
En 2016, 3 mil cupos; en 2017, 2 mil 800 cupos; en 2018, 3 mil 300 cupos; en 2019, 2 mil cupos; en 2020, mil 358 cupos; en 2021, mil 431 cupos; en 2022, mil 410 cupos; en 2023, mil 436 cupos, y en 2024, mil 367 cupos.
Todo ello suma casi 18 mil cupos.
Se establece también que los cargos que se dejen vacantes de contrato deben ser llenados por quienes estén a honorarios.
En cuanto a los cargos de planta, se deberá proceder de acuerdo a la ley que corresponda a cada uno de los servicios pertinentes donde se haya producido el retiro.
El proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Hacienda, después de un debate donde se hicieron algunas observaciones. Nosotros no tenemos capacidad de introducir indicaciones o correcciones, pero el Ejecutivo acogió varios de los temas que plantearon tanto los funcionarios como los miembros de la Comisión.
Es todo lo que puedo informar, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Muchas gracias, Senador señor Zaldívar, por su informe.
Tengo varios inscritos.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, me alegra que no haya llegado el Vicepresidente, porque así se me permite hablar de los primeros...
Aquí en el Senado aprobamos regularmente proyectos de este tipo.
La iniciativa en debate, tal como lo planteó el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, propone otorgar mejores condiciones de egreso de la carrera para los funcionarios y las funcionarias que están en edad de pensionarse por vejez. Además, con ello se potenciará el desarrollo de la carrera de los demás funcionarios y funcionarias de las instituciones afectas al incentivo al retiro voluntario, lo que permitirá concretar el antiguo dicho radical del "tiraje de la chimenea".
Ahora, es un plan de incentivo al retiro voluntario con una mayor duración que los otorgados en leyes anteriores. Permitirá actuar en pos de los objetivos señalados y, además, que los funcionarios y funcionarias que forman parte de la cobertura preparen su egreso de la Administración Pública con mayor certeza.
A veces hacemos proyectos de manera rápida debido a alguna negociación con un determinado sector y, como terminan su vigencia de igual manera, se impide que la gente pueda acogerse a sus beneficios.
Y, si bien es cierto que esta iniciativa contempla tanto a funcionarios de planta como de contrata, aún deja a un grupo de ellos afuera.
Por eso -vi al Ministro de Hacienda por aquí-, entendiendo que este articulado se está tramitando en general y en particular, me gustaría realizar algunas propuestas de indicaciones que surgen de las inquietudes que me han hecho llegar los funcionarios de la Región de Atacama, quienes no se hallan incluidos en este beneficio, y que son de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República.
Este proyecto -como señalé- contempla a funcionarios de planta y a contrata. Sin embargo, aún deja afuera a funcionarios que han laborado incluso más de 25 años no solo en la Administración Central, sino también en otros organismos del Estado, que cumplen con los requisitos que la ley en proyecto establece y que no pueden ser beneficiarios legítimos de los incentivos propuestos, por razones obvias, pues lamentablemente aquella no está orientada hacia ellos.
Señor Presidente, por ese motivo solicito que se admita la presentación de indicaciones al proyecto que hoy discutimos (por eso me habría gustado contar con la presencia del Ministro de Hacienda, para que nos escuchara sobre el particular).
La primera sería al artículo 1º, para adicionar un nuevo párrafo que determinara lo siguiente: "Asimismo, serán beneficiarios de esta bonificación adicional, el personal directivo de tercer nivel que cumpla los demás requisitos que establece la presente ley".
Por ejemplo, hoy día existen casos de directivos de tercer nivel, o sea, de exclusiva confianza (jefes de división, cargos de confianza de la autoridad), que se han mantenido por 10, 18, 20, 25 años o más.
Si uno pertenece a la planta, no lo pueden echar, a menos que cometa un acto muy grave. En cambio, el personal de exclusiva confianza es el más débil de los débiles, porque, al cambiar el Gobierno, generalmente son sacados de sus cargos.
Pero si llevan 10, 15, 20 o más años de servicio, alguna razón habrá. Debe de ser porque se trata de muy buenos funcionarios y, por lo tanto, las sucesivas Administraciones los han mantenido porque tienen un conocimiento, una capacidad, un compromiso con el servicio público. Y ellos, señor Presidente, no están incorporados en este beneficio.
En el artículo 2º se podría formular una indicación que señalara: "Por último, servirá para el cómputo del plazo los años servidos en otros Poderes del Estado, en la medida que el solicitante a la fecha de la publicación de la presente ley, sea funcionario de la Administración Central del Estado".
Aquí estamos ante un caso similar.
Hay personas que han trabajado en otras partes de la Administración del Estado distintas del Gobierno central, pero que han sido funcionarios. Y no se les computan los años que llevan laborando.
Pienso que sería importante hacer una discusión respecto de ello.
Por último, plantearía la incorporación de un nuevo artículo transitorio del siguiente tenor: "Los funcionarios o funcionarias que postulen a la bonificación que establece esta ley, permanecerán en sus cargos hasta que se haga efectiva la renuncia, salvo que se le aplique una sanción de destitución, como resultado de un sumario administrativo o de una sentencia judicial.
"Si el beneficiario es un funcionario a contrata, ésta se deberá renovar hasta la fecha en que se haga efectiva la renuncia.".
Aquí hay funcionarios a contrata a los que se les vence el contrato a fin de año, y puede que les falte un mes para completar los requisitos de la ley en proyecto.
Entonces, me parece un crimen que muchas veces un funcionario al que le restan solo algunos meses pierda este derecho a incentivo al retiro porque se le vence el contrato al terminar el año o en otra fecha.
Por eso, quiero preguntarle al Ejecutivo -no sé si hay algún representante en la Sala; ¡al parecer, no está con ganas de escuchar...!-, por intermedio de la Mesa, si es posible que...

El señor PIZARRO.- ¡Navarro es el único representante que tenemos...!

El señor PROKURICA.- ¡Debe de ser de otro Gobierno, no de este...!
Señor Presidente, ¿es factible hacer llegar esta solicitud al Ejecutivo, porque se trata de materias de la iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República?

El señor LAGOS (Presidente).- Señor Senador, el Ministro de Hacienda se encontraba acá hace escasos segundos. Ahora está en una Comisión en paralelo en la Cámara de Diputados, pero retornará a la brevedad. Una vez que lo haga se le transmitirá su inquietud.
El señor PROKURICA.- Okay.

El señor HARBOE.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor QUINTEROS.- No.

La señora ALLENDE.- Abra la votación.

El señor LAGOS (Presidente).- No existe unanimidad sobre el particular.
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, comparto absolutamente lo que ha dicho el Senador Prokurica. Creo que es una injusticia tremenda la que se está cometiendo.
En primer lugar, quiero destacar que este proyecto de ley es fruto de un acuerdo con las organizaciones de funcionarios, en particular con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales.
Y lo valoro, no solo porque evidencia la capacidad de diálogo con el mundo social, sino también porque se logra en un marco en que el Gobierno se propuso un conjunto de reformas estructurales, las que ha mantenido pese a la situación fiscal más restringida que hemos tenido.
Como ha ocurrido con otras iniciativas de naturaleza similar, este proyecto evidencia los problemas del actual sistema de pensiones, los que son mitigados a través de una mejoría en las condiciones de egreso de los funcionarios en edad de jubilar.
En las últimas semanas ha quedado de manifiesto que el sistema de las AFP está condenando a sus pensionados a la pobreza. Y todo indica que, si no hacemos nada, esto empeorará en el tiempo.
La necesidad de una reforma de fondo es ampliamente compartida. Pero en el intertanto debemos hacernos cargo de la situación de algunos sectores, en este caso, de los empleados públicos, lo que constituye el primer objetivo de esta iniciativa.
Para ello se dispone una bonificación adicional para todos los funcionarios de carrera y a contrata de la Administración Central, además de un bono de antigüedad para auxiliares y administrativos y un bono por trabajo pesado para quienes acrediten haber realizado labores calificadas como tales.
Todo eso es muy positivo.
Sin embargo, no entiendo algunas exclusiones que se establecen en este mismo proyecto, que incluso pueden haber sido acordadas con las organizaciones de funcionarios, pero que, a mi modo de ver, no se justifican si queremos ser consecuentes con el objetivo declarado por aquel.
Por ejemplo, se señala que los beneficiarios son funcionarios de carrera o a contrata; no obstante, se excluye a los funcionarios de planta que no son de carrera.
Por otra parte, solo reciben beneficios los funcionarios con más de 18 años de servicio. Pero lo que más me duele es que solo se computan los años servidos en la Administración Central. No se consideran los años trabajados en otro tipo de organismos públicos, como los municipios.
Ello es especialmente relevante en regiones, donde la proporción de empleados municipales en el total del sector público es mayor y en que es más común el paso de una administración a otra.
Para nadie es un misterio que la mayoría de los empleados de la Administración Central viven en la Capital. Allí están los Ministerios y las direcciones nacionales de los servicios.
Se sostiene que los beneficios de los funcionarios municipales se negocian con las asociaciones de dicho estamento. Pero ocurre que ni en una ni en otra ley se reconoce la realidad de los funcionarios públicos que transitan de un estatuto a otro, aunque puedan haberse desempeñado muchos años en el sector público.
No sé cuántos funcionarios se encuentran en esa situación ni cuánto costaría una extensión de beneficios a ese segmento; pero conozco casos en la Región que represento, y me imagino que se deben de presentar en todo nuestro país.
Las organizaciones de funcionarios, legítimamente, defienden al grueso de sus afiliados, y pretenden concentrar en ellos los beneficios. Sin embargo, ello no es excusa para que el Gobierno no vele por todos los funcionarios que se enfrentan a la posibilidad de jubilar en condiciones desmedradas y que han estado en el servicio público central, regional o municipal durante buena parte de su vida laboral.
Obviamente, la regulación de esta materia es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Por eso, al igual que el Senador Prokurica, pido que este proyecto sea revisado por el Ministerio pertinente, para lo cual solicito segunda discusión.
He dicho.

El señor PROKURICA.- ¡Ese es mi Senador...!

El señor NAVARRO.- ¡Eso es, señor Senador!

El señor LAGOS (Presidente).- Se ha pedido segunda discusión para este proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, primero, coincido plenamente con lo que han planteado los Senadores Prokurica y Quinteros.
Este quizá es el proyecto más importante en materia económica de los últimos años. Estamos hablando de 350 mil millones de pesos, que se asignan para un objetivo que considero razonable.
Ahora bien, comparto lo que señala el Senador Quinteros. Pero yo le pido, con humildad, que reflexione respecto del efecto que tiene la segunda discusión, pues, en este caso particular, impide que se vote esta iniciativa.
La semana que viene es regional, y luego llega septiembre.

El señor LAGOS (Presidente).- Excúseme que lo interrumpa, señor Senador.
Este proyecto viene con "suma" urgencia, la cual -según entiendo- vence mañana.
En consecuencia, habría que citar al Senado para más tarde o para mañana.

El señor COLOMA.- Es una alternativa, señor Presidente. Y está bien.
Lo importante es que esta iniciativa se despache. Prefiero que lo hagamos ahora y no mañana.
¡Ojo! No sé qué pueda ocurrir. Porque eventualmente este proyecto podría ir a la Cámara de Diputados, y ahí adicionaríamos otro problema.
Pero tratemos de resolver este asunto. Me parece que eso es lo razonable.
Ahora bien, siendo esta la iniciativa más potente en materia económica, yo habría esperado que el Ejecutivo estuviera presente en la Sala.
Comparto lo señalado sobre el particular.
Sé que el Ministro de Hacienda está haciendo otras cosas. ¡No está jugando a las bolitas...! Sin embargo, pienso que esta es una buena instancia para escuchar de distintos parlamentarios que representan a diversos sectores, a otras realidades, la aproximación que se tiene a los efectos de mejorar este proyecto.
Ese es, básicamente, el espíritu que yo visualizo. Por eso es importante que el Gobierno esté presente: para oír ese tipo de inquietudes.
Dejo claro que nosotros no tenemos iniciativa para, por ejemplo, establecer que los funcionarios de confianza que están fuera de la planta respectiva puedan acceder a este tipo de beneficios, o que personas que se desempeñaron en el mundo municipal y que con posterioridad se vinculan a determinada planta también les sea factible sumar los años servidos.
Esa es materia de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Pero forma parte de lo que a uno le gustaría que se consignara en esta iniciativa.
Adicionalmente, quiero connotar que este proyecto beneficia a 17 mil 600 funcionarios. Su implementación se hará en forma escalonada hasta el 2024.
Lo que se pretende -tal como se explicó- es generar un incentivo al retiro.
Esa es la idea de fondo: un incentivo al retiro.
Porque existe un problema de fondo: hoy día hay -entre comillas- poco retiro. Y ello se relaciona con dos cuestiones que igualmente son de fondo: una se refiere a cómo funciona la carrera funcionaria, lo cual obviamente genera dificultades relacionadas con su modernización; y la otra, a las bajas pensiones que perciben quienes están en el sistema, en gran medida -y este también es un punto relevante- por la debilidad en las imposiciones que el mismo Estado ha hecho durante la vida laboral de los funcionarios.
Yo desafío -y lo hemos visto- a cualquier funcionario público a que muestre su planilla de sueldo: según la institución a que pertenezca, va a ver que su remuneración imponible es muy inferior al monto que percibe luego de calcularse el pago.
Ello, porque hay un montón de asignaciones o bonos que se van dando en el tiempo que no son imponibles. Al no serlo, obviamente, baja mucho la cantidad sobre la cual se calcula la jubilación. Por eso, la tasa de remplazo es de 30, 45, 50, 60 por ciento y no de 70 como debería ocurrir en cualquier sistema donde se impone realmente por lo que se gana y no por el monto que se establece a través de ese conjunto de vericuetos, práctica en la que lamentablemente Chile ha sido ejemplo.
Y tan así es que respecto de este mismo bono -a esta altura sería raro que fuera de otro modo- se parte por decir que no es imponible.
¡Claro! Resultaría extraño plantearlo de otra manera. Pero se trata de una lógica que debemos cambiar.
¿Por qué planteo así las cosas? Porque me parece que tenemos que resolver la cuestión de fondo: cómo imponer; cómo hacer para que los funcionarios del sector público -y el Estado como empleador- impongan sobre el total de lo que perciben, para que no se produzcan estas distorsiones tan grandes entre remuneración y pensión.
La misma reflexión vale para los particulares, aunque no están vinculados con esta materia.
En seguida, debemos preguntarnos cómo modernizar la carrera funcionaria.
Ello ya se hizo en el Sistema de Alta Dirección Pública; ya veremos cómo resulta el nuevo esquema. Pero claramente en el resto de la Administración Pública hay un anquilosamiento, una falta de modernización. Los mismos dirigentes señalan que esa es una de las razones por las cuales se requiere un bono de esta naturaleza, que considera un monto grande, importante y muy significativo.
Señor Presidente, quiero efectuar además dos reflexiones referidas a criterios que se adoptan con relación a este proyecto y que a mi juicio se hallan equivocados.
Uno es el criterio de diferenciación: es decir, cómo se define en caso de haber más personas que optan a este beneficio que cupos disponibles.
Si bien se contempla un requisito de edad, hay un segundo elemento que a mi juicio vuelve a constituir un grave error: se resuelve por el número de licencias médicas presentadas durante el último año.
Yo creo que ello, más que ayudar a tomar una decisión, la distorsiona, pues incentiva -aquí algunos decían ayer que esto no ocurría; pero sabemos que es así- una generación de licencias médicas completamente adicional a lo que debería buscarse.
Yo esperaba que aquello se rectificara. Sin embargo, eso no sucedió.
Otra cuestión que planteé en la Comisión -hubo un acuerdo significativo sobre el particular; pero no teníamos iniciativa para establecerlo- se halla relacionada con entender que cuando se habla de incentivos al retiro de los funcionarios públicos, más importante que la edad, es la condición de enfermos graves o enfermos terminales. Ellos deberían constituir la primera prioridad al momento de gatillarse el uso de un fondo de retiro.
Un hombre a los 65 años, o una mujer a los 60, gravemente enfermo, con licencias médicas que certifiquen dicho estado, ¡obviamente debería tener prioridad para acceder a este beneficio sobre alguien que se encuentre sano y sea un mes mayor!
Entonces, se trata de una herramienta que deberíamos instalar como fórmula futura de jerarquización, entendiendo -porque este tipo de bonos son bastante recurrentes- que hay una situación social (la vemos los parlamentarios, los funcionarios, en fin) mucho más compleja, en que las personas con problemas físicos o mentales, con enfermedades severas, al no haber un criterio de jerarquización, simplemente deben optar a estos beneficios en función de la edad o por el número de licencias médicas que tengan.
Esto se lo planteamos al Gobierno, a fin de ver si se podía incorporar. No hubo oportunidad para hacerlo ahora. Pero creo que sería sano, en un correcto espíritu social, generar una lógica de jerarquización distinta de la que aquí se consigna.
En resumen, señor Presidente, este proyecto se aprobó en la Comisión de Hacienda. Al final, asume una realidad que vemos periódicamente: la terrible dificultad que existe para el retiro de los funcionarios, fundamentalmente por lo tocante a las pensiones, y la frustración que experimentan las nuevas generaciones ante el hecho de que "no corra la lista" para los fines de desarrollarse de mejor manera.
Ahora, tampoco entiendo mucho la prohibición que se establece respecto de quien haya percibido los beneficios de incentivo al retiro: no podrá ser nombrado ni contratado en ninguna de las instituciones de la Administración Pública durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral.
Si una persona obtuvo el beneficio, no veo bien la razón por la cual pueda volver a aquella, a no ser que preste un servicio. Pero eso no tiene por qué ser cinco años después. Por ejemplo, un profesor en una municipalidad o en algún otro organismo donde su participación sea muy útil.
Entonces, me parece que la arquitectura con que se arma este escenario no presenta un buen diseño.
En resumen, vamos a aprobar esta iniciativa.
Creo que los 17 mil 600 funcionarios a lo largo de nuestro país tienen, legítimamente, la aspiración de que se avance en la solución de sus problemas.
Sin embargo, no debemos perdernos en esta materia: acá no se resuelve la cuestión de fondo.
La solución al problema de fondo tiene que ver con carrera funcionaria diseñada de otro modo, y con que el Estado, en el caso de los empleados públicos, tenga la voluntad de imponer por lo que estos realmente ganan, a fin de que no se generen estas distorsiones que al final se compensan mediante bonos.
Pero esos bonos se entregan por una sola vez; no se acumulan para los efectos de mejorar la jubilación.
Es ahí donde debemos hacer una reflexión más profunda, para ver cómo enfrentamos problemas que van a ser cada vez más serios en esta materia.
Ojalá el Gobierno tome en cuenta estas consideraciones, que también plantearon los Senadores señores Prokurica y Quinteros, para que, ojalá, personas que se hallan en condiciones muy similares, simplemente por haber...

El señor LAGOS (Presidente).- Termine, señor Senador.

El señor COLOMA.- Por eso, importa señalar que no es justo -creo que al Ministro debería interesarle este tipo de situaciones- que trabajadores que, en una lógica de confianza, han permanecido 30 a 35 años en una institución queden al margen del sistema propuesto.
Tampoco lo es que quien estuvo en un municipio durante algunos años y después fue a la Administración Pública por otros tantos no pueda sumar ambos períodos y quede sin acceso al bono, cuyo monto, como sabemos, resulta significativo: son recursos cuantiosos; se trata de un esfuerzo fiscal relevante.
En consecuencia, la solución debería ser global, para todos, y no solo para una parte, por relevante que ella sea.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, mi primera intervención fue para informar sobre el proyecto. Ahora quiero hablar como Senador integrante de la Comisión de Hacienda.
Por cierto, uno quisiera dar el beneficio pleno a todo el mundo. Empero, debo llamar la atención de Sus Señorías sobre lo siguiente.
La dirigencia de la ANEF, contraparte en la negociación, nos dijo que se estaba cumpliendo totalmente el Protocolo suscrito.

El señor PROKURICA.- ¡Pero dejaron fuera a los municipios!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Estoy señalando qué dijo la referida Agrupación.
La ANEF expresó en la Comisión de Hacienda que se estaba cumpliendo exactamente el Protocolo firmado el 29 de enero de 2016.
Durante la discusión se planteó, y el Ejecutivo lo aceptó, que el personal de confianza con más de 18 años de carrera funcionaria fuera incorporado al beneficio. Se formuló una indicación en tal sentido, la que se aprobó.
Ahora bien: se sostiene que no se toman en cuenta los años servidos en instituciones que no forman parte de la Administración Central del Estado (municipalidades, en fin).
En efecto, ninguno de los incentivos al retiro aprobados en el Congreso Nacional ha contemplado la posibilidad de sumar servicios en otros sectores, como el municipal, etcétera.
Claro, podría decirse: "Contemplemos también a los municipios". Pero no es la materia del proyecto.
Esta iniciativa se refiere a los funcionarios de la Administración Central del Estado, quienes se hallan representados por la ANEF.
En esa línea, se ha cumplido.
Ahora, ¿por qué no podemos ir más allá de lo que hizo la Comisión de Hacienda y de las indicaciones que presentó el Ejecutivo? Porque esta materia es de la iniciativa exclusiva del Primer Mandatario.
Asimismo, señor Presidente, quiero llamar la atención sobre lo siguiente.
Este proyecto debe aprobarse con urgencia, por los plazos existentes: si no lo despachamos en septiembre, la gente que desea incorporarse en el cupo correspondiente al año 2016 no podrá acceder al beneficio, pues no va a tener tiempo para ejercer su derecho.
La ANEF nos hizo ver la necesidad de aprobar esta iniciativa con premura. Por eso la Comisión de Hacienda la despachó ayer y por lo mismo se le permitió a la Sala tratarla con certificado, y no con informe, de dicho órgano técnico.
Yo entiendo el buen propósito de algunos Senadores que desean incorporar a otros beneficiarios. Pero también debe entenderse qué objetivo se persigue con este proyecto.
Si queremos tener realmente la ley que se acordó con los dirigentes de la ANEF en el Protocolo que individualicé, hemos de aprobar el texto que ocupa en este momento a la Sala.
El Gobierno accedió a algunos de los planteamientos que se le hicieron en la Comisión de Hacienda.
En tal sentido, se acogió lo referido a los funcionarios de confianza, que son principalmente los del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes hicieron el reclamo respectivo en el mencionado órgano técnico.
Entiendo las observaciones efectuadas. Sin embargo, me parece que cometeríamos un error muy grande y les causaríamos un perjuicio enorme a los funcionarios de la Administración Central del Estado, representados por la ANEF, si no le diéramos a la ley en proyecto la tramitación que corresponde.
En cuanto a los otros sectores -el municipal, el de la salud, el de la educación, etcétera-, debo puntualizar que hemos aprobado incentivos al retiro para cada uno de ellos.
Hoy día estamos abocados a la situación de los trabajadores de la Administración Central del Estado, representados por la referida Agrupación.
Por eso, señor Presidente, estimo conveniente darle curso a esta iniciativa.
En todo caso, el Ministro de Hacienda podrá formular sus planteamientos y determinar si es factible acceder en algunos de los puntos expuestos en la Sala.
En la Comisión de Hacienda, todos los Senadores presentes planteamos diversas situaciones. Empero, solo se aprobó lo que consta en el certificado respectivo.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Señores Senadores, como la "suma" urgencia de este proyecto vence mañana, les comunico que, en tanto se mantenga la solicitud de segunda discusión, citaré para hoy, con las cuatro horas de antelación que exige el Reglamento, de 21:15 a 22:15 y de 22:15 hasta el total despacho de la iniciativa.
Ojalá que los Comités se pongan de acuerdo con sus parlamentarios para que se retire la petición de segunda discusión.
Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, déjeme partir primero por un tema que levantó el Senador Coloma, relacionado con el problema de fondo que se está abordando: la falta de carrera funcionaria.
Yo no pretendo desconocer los grandes desafíos que tiene el sector público en términos de carrera para sus trabajadores.
Empero, quiero también decir que el punto que se discute esta tarde refleja un hecho que afecta a toda la sociedad: el problema de las pensiones.
Entonces, no me gustaría que se concluyera que este es solo un asunto de carrera funcionaria. Importa. Pero es asimismo una cuestión vinculada con la deuda existente en Chile en cuanto a la necesidad de contar con un sistema de pensiones mejor que el existente.
Al respecto, como Sus Señorías saben, la Presidenta de la República ha propuesto un marco sobre el cual discutir.
Por tanto, me parece muy relevante que proyectos como el que ocupa al Senado en este momento se consideren en el contexto de dicha invitación presidencial.
Tocante al proyecto específico que discute ahora esta Sala, primero deseo reafirmar lo que dijo el Senador Zaldívar a propósito de la urgencia con que debe despacharse.
Esta iniciativa prevé cupos para 2016. Y si ellos no se usan, hay implicancias fiscales bien complejas: significa menos gasto el año en curso y, por lo tanto, un aumento de gasto en 2017 si se utilizan los del próximo año.
En consecuencia, reviste gran importancia la aprobación pronta de esta iniciativa, para tener cupos este año y el próximo.
Si el proyecto se aprobara más tarde y se ocuparan solo los cupos de 2017, eso, de acuerdo a la política fiscal existente, les quitaría espacio a otros gastos fiscales.
Quiero repetir aquello: si no se ocupan los cupos de este año, eso significa que hay que gastar menos en otras cosas para poder hacer espacio el próximo año.
Por último, en cuanto a las situaciones específicas que se han mencionado, quiero puntualizar que las negociaciones en esta materia son muy muy complejas, pues existen cientos, miles de casos especiales.
Entonces, si se establece una mesa de negociación con una contraparte de la envergadura de la ANEF, es muy importante no reabrir temas ya cerrados, porque ello posibilita otras reaperturas. Así, la multiplicidad de temas susceptibles de reapertura tras un acuerdo, al final del día, torna inviable la formación de mesas de negociaciones.
Por consiguiente, nuestra aproximación al tema es, sin duda, ver casos específicos más adelante, como siempre. Pero, a nuestro parecer, reabrir un acuerdo de la magnitud del logrado con la ANEF no es una manera productiva de proceder.
Gracias, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Desde luego, señor Presidente, este proyecto toma parte significativa del acuerdo suscrito con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales el 2 de julio de 2015. Y hay que saber valorar eso.
Ahora bien, por intermedio de la Mesa, le pregunto a la Comisión o al Ministro de Hacienda si los cupos anuales se llenarán conforme a un sistema que fije prioridades y en el que exista también cierto grado de voluntad de los beneficiarios. Porque puede haber personas disponibles para seguir trabajando durante algunos años a fin de mejorar su previsión en el actual sistema, hasta donde se pueda, y después acogerse al beneficio.
La idea es, entonces, saber qué holguras existen en tal sentido.
En segundo lugar, echo de menos que en las regiones, particularmente en la zona austral, y más todavía en Aisén, no se haya avanzado en paralelo con la asignación y la nivelación de zona.
Aquí se determinó la entrega de un bono, mientras se esperaba el resultado de un estudio -no tiene ningún valor práctico-, encargado por la Dirección de Presupuestos al Instituto Nacional de Estadísticas, en el que se comparan, entre las distintas regiones de nuestro país, los costos de vida por elementos, bienes y servicios iguales, independiente de que exista o no consumo.
Ese resultado, obviamente, no refleja la canasta ni los verdaderos costos de vida. Así, se llega al absurdo de que la ciudad más cara para vivir en Chile es Santiago, y las zonas más económicas, Rancagua y la Región de Aisén.
Nosotros efectuamos un análisis en la Comisión de Zonas Extremas, tras el cual concluimos que dicho estudio, realizado con la rigurosidad que caracteriza al INE, no representa los costos de vida de las regiones. Así lo señalaron finalmente en la referida Comisión las propias autoridades del Ministerio del Interior.
El problema radica en que, como consecuencia de aquello, no se están cumpliendo los compromisos asumidos en el sentido de entrar a una nivelación de zona en aspectos sensibles que se han planteado acá: bonos derivados de distintas negociaciones, los que finalmente no son imponibles, etcétera.
Entonces, hay en esta materia muchas cuestiones que no pueden quedar pendientes.
Después se plantea que los cupos liberados por el hecho de que determinados funcionarios se acojan a retiro con algún tipo de bonificación o incentivo sean llenados por personas que trabajan a honorarios.
Está bien. Sin embargo, creo que hay que pensar asimismo en quienes fueron exonerados en la Administración Pública contra su voluntad y sin debido proceso.
Incluso, los exonerados se han organizado.
Conocemos varios casos, como el de una profesional ejemplar del Ministerio del Trabajo a la que le correspondía fiscalizar a determinada empresa. Pues bien, vino un cambio de Gobierno, la empresa fiscalizada asumió funciones de jefatura y la referida trabajadora fue echada.
Esas cosas no pueden pasar en la Administración Pública: hablan muy mal de nosotros como país.
Creo, pues, que hay que mejorar a ese respecto.
Yo entiendo el planteamiento de que estamos ante un acuerdo estricto. Empero, ello no puede cerrar las puertas a otras cuestiones que están pendientes en nuestra nación.
Particularmente, debo señalar que el Estado no es un buen ejemplo de empleador. Hay numerosos trabajadores a contrata, mucha gente a honorarios, en condiciones que no dan cuenta de las necesidades existentes y que no constituyen una buena señal.
En los últimos cuarenta años, al Estado se lo ha ido disminuyendo, no en su capacidad ejecutiva, sino en sus facultades. Se lo ha desempoderado. No se está aprovechando -en el buen sentido de la palabra- al sector público ni, como se ha señalado, al sector municipal, el cual iba paralelamente en otra ley, que aprobamos este año.
En la medida que el Estado empiece a dar servicio, a hacer obras, a generar proyectos, va a ser también un buen fiscalizador. Porque ahora es como una persona que fiscaliza algo pero no lo sabe hacer; finalmente, se quedará en los papeles y se va a encontrar con un puente Cau Cau o con otro tipo de obras que hay en todas las regiones de Chile.
Es decir, hemos perdido capacidad, por una política inadecuada, en el sentido de mantener un Estado apto para hacer cosas por sí mismo.
La subsidiaridad también tiene un límite. Y ese límite está en que debemos contar con regiones y Estado empoderados.
Por las razones expuestas, voy a a votar a favor. Pero espero que haya un lapso. Se pidió segunda discusión. Ojalá que en el entretanto el Ejecutivo pueda asumir varios de los temas que hemos planteado en la Sala.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, en la sesión de ayer despachamos el proyecto de ley sobre incentivo al retiro para los asistentes de la educación.
Debo recordar que esa iniciativa, muy meritoria -el Senado la aprobó por unanimidad-, tiene un costo fiscal de 111 mil millones de pesos.
En este momento nos encontramos abocados al proyecto de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, a la que saludo. Y la saludo no solo porque está acá, sino también por el esfuerzo que ha hecho en su larga negociación dirigida a proteger los intereses de funcionarios que han sido dañados -como aquí se ha dicho- por el propio Estado, quienes en definitiva, tras ser sometidos a un sistema previsional injusto, recibirán el beneficio previsto si cumplen determinados requisitos, entre los cuales figura el de encontrarse afiliado al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500.
Otra vez, entonces, tenemos una iniciativa de ley que es testimonio y reafirmación del completo fracaso del sistema de administradoras de fondos de pensiones.
Eso tiene preocupados al país, al Ejecutivo, a los legisladores, a los ciudadanos y, especialmente, a los trabajadores activos y a los pensionados.
A veces se dice que la política está en el más bajo nivel de apreciación ciudadana. Eso tiene que ver también con el hecho de que ella no resuelve los problemas de la gente y no atiende sus prioridades.
Ahora, ¡qué duda cabe de que esta es una prioridad tremenda!
Creo que el proyecto en debate tiene mérito propio porque es producto de una negociación.
¡No entiendo cómo un Senador de nuestra alianza plantea la postergación de una iniciativa que fue consensuada con el gremio que agrupa a los funcionarios!
Tenemos muchísimas observaciones. Las planteamos también en la Comisión de Hacienda. Pero los parlamentarios estamos sujetos a limitaciones, carecemos de facultades para ir más allá.
No es razonable, pues, presionar al Ejecutivo por la vía de dilatar la aprobación de un proyecto que debe despacharse con urgencia.
¡Miles de trabajadores esperan atentamente la aprobación de esta iniciativa, cuyo despacho no podemos retrasar!
Yo estaría de acuerdo en que postergáramos el debate si supiera que hay una posibilidad mínima de que el proyecto cambie. Pero no va a cambiar, porque este es el marco de la negociación del Gobierno con la ANEF. No entraron otras agrupaciones. Al contrario, salieron algunas, como las de los funcionarios del Congreso Nacional, quienes no quisieron incorporarse en la iniciativa, pues tienen sus propios métodos de negociación.
Entonces, dejemos que las otras organizaciones -por supuesto, con el apoyo del Parlamento-, que representan a funcionarios que no están en el acuerdo suscrito, puedan también negociar con el Ejecutivo, toda vez que ellos están afectados por el sistema de administradoras de fondos de pensiones, que ha dañado tanto a los servidores activos cuanto a los pensionados.
Por consiguiente, quiero celebrar el Protocolo de Acuerdo; respaldar este proyecto y despacharlo cuanto antes, y, sobre todo, aprobar una reforma al sistema previsional vigente, porque este es el origen del problema que aqueja a los trabajadores en Chile.
Por eso estamos debatiendo esta iniciativa. Por eso discutimos ayer el incentivo para los asistentes de la educación. Lo hicimos antes para funcionarios de la salud, para funcionarios de la educación. Y lo vamos a seguir haciendo.
¿Pero cuánto cuesta?
¡En dos proyectos -el de los asistentes de la educación y este- el Estado está invirtiendo casi 500 mil millones de pesos!
Y alguien pregunta: "¿Y cómo corregimos el sistema previsional?".
No hay otra forma de corregirlo que con más recursos.
Si del mismo cuero van a salir las correas, ¡pongamos más cuero, entonces!
Se trata de una iniciativa que está en el ruedo y que tiene que ver con la apuesta por que hagan un aporte los empleadores -como lo están haciendo desde hace ya muchos años los trabajadores- y, también, el Estado. Que sea tripartito. Y si es tripartito, entendemos que el Estado va a efectuar un aporte adicional al existente hasta ahora.
Si sumáramos los recursos con que el Estado, a través de diferentes leyes, está subsidiando el mecanismo de las AFP sería factible construir un tremendo sistema previsional, que podría satisfacer las aspiraciones de los trabajadores activos y de los pensionados de Chile.
Voy a pronunciarme a favor, señor Presidente, en la medida que el Senador Quinteros nos permita votar cuanto antes este proyecto de ley.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra precisamente el Senador señor Quinteros, en el tiempo que le resta.
¿No va a intervenir, Su Señoría?

El señor QUINTEROS.- Deseo hacerlo después, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Prokurica, a quien le quedan cuatro minutos.
Su Señoría tampoco va a intervenir.
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, no pensaba hacer uso de ella hasta que escuché al señor Ministro de Hacienda. Me parece del todo necesario no dejar pasar lo que manifestó hace pocos instantes, entre líneas, en el sentido de que el acuerdo con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, más allá de los detalles, es parte -así lo entendí- de las propuestas de la Primera Mandataria para cambiar o mejorar la situación previsional de los chilenos. Si eso es efectivo, lo que se acaba de expresar reviste muchísima gravedad, para mi gusto.
Como se ha dicho en la prensa, además, que habrá varios proyectos e infinitas presentaciones en la materia por parte del Ejecutivo, no vaya a ser cosa que lo que votamos integre algunos de sus planteamientos para poder buscar salidas en el sector público.
Ello no me parece adecuado, porque, al pronunciamos ayer sobre este tipo de bono, de incentivo -hemos realizado otro tanto en innúmeras oportunidades-, lo que hemos hecho es seguir profundizando el brutal atropello y deterioro de los trabajadores de todo nuestro país.
Entonces, vamos a concurrir, una vez más, con nuestro voto a favor, porque carecemos de opciones distintas y respetaremos el acuerdo logrado por la ANEF con el Gobierno; pero es la oportunidad de insistir en que el Estado de Chile, como se ha expuesto, no solo es el peor empleador, sino que también acentúa cada vez más el daño previsional que les provoca a quienes han dado una vida entera en la función pública. Y eso ocurre cuando ni siquiera se les hacen las imposiciones por el total que reciben. Lo anterior, mes a mes y año a año, importa el perjuicio que presenciamos hoy día y que requiere disponer un beneficio como el que nos ocupa.
Por supuesto que felicito por el acuerdo que los funcionarios alcanzaron con el Ejecutivo y me sumo al logro, pero ¿es preciso llegar a este punto? ¿Se requiere hacer todo esto? Obviamente que no. Y mientras seguimos prestando nuestra aprobación y el Gobierno enviando esta clase de medidas, continuamos profundizando la falta de lo que el país entero nos reclama: jubilaciones dignas.
Si el Ministro de Hacienda planteó hace poco rato que esta es una parte de las muchas propuestas que la Primera Mandataria va a entregar para mejorar la situación previsional, perdóneme, señor Presidente, pero eso no cuenta con mi concurso, con mi apoyo.
Lo que aquí queremos y debemos sancionar -repito- son jubilaciones dignas, no bonos ni incentivos, y que cada mujer u hombre que trabaje para el Estado o para un empleador privado abrigue la certeza absoluta de que podrá recibir una de ellas al final de su vida laboral. Y eso -excúseme, Su Señoría- no lo resuelven ni un bono ni un acuerdo.
¡La que nos ocupa es la medida más urgente, que se traduce, de alguna forma, en que estemos amortiguando el daño profundo que les hemos causado a estos funcionarios!
Tal como lo hicimos ayer, vamos a participar con nuestra aprobación.
Puede no gustarles, con toda seguridad, a muchas personas con una priorización política partidaria, pero un país entero está reclamando -y lo va a seguir haciendo- por justicia en lo social, en las pensiones.
Lo que estamos haciendo hoy día no es otra cosa que continuar profundizando una compleja realidad, que a Chile le traerá, más temprano que tarde, situaciones de apremio, porque entiendo que las personas no aceptarán aspectos del todo perjudiciales en materia previsional.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Pido la unanimidad de la Sala para que pueda presidir el Senador señor Zaldívar.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Honorable señor Zaldívar, en calidad de Presidente accidental.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Puede intervenir el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, prefiero usar al final de la discusión los minutos que me quedan.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, seré muy breve, porque quiero suscribir lo expresado aquí respecto de la idea central de la iniciativa, que es la de hacer justicia, a través del programa de incentivo, con quienes, por distintas consideraciones, llegan al final de su vida laboral en el ámbito público y no reciben una jubilación adecuada. Además, serán posibles una renovación y el ingreso de gente joven a la carrera.
Sin embargo, quisiera hacer dos reflexiones muy sucintas sobre aspectos colindantes.
Una de ellas es que, en buena medida, parte de la situación que afecta a los funcionarios públicos tiene que ver con la cantidad de beneficios y bonos no imponibles, por lo que al momento del retiro se plantea una diferencia que no dice relación con la remuneración real recibida durante muchos años. Al imponerles por el cincuenta o el sesenta por ciento del líquido, es evidente que la pensión puede ascender al treinta o treinta y cinco del ingreso en actividad. Y eso es un engaño.
Hemos planteado aquí la cuestión desde hace muchos años, pero no se ha corregido enteramente. Una manera de hacerlo hacia el futuro es que nunca más sea no imponible un beneficio económico que reciba un funcionario público, municipal o de cualquier otra entidad de carácter estatal.
Me parece que se trata de un asunto central, que pareciera no haberse comprendido debidamente.
En cuanto a la otra, tengo que felicitar a la ANEF por su buena negociación. He visto procesos en que logra propósitos muy significativos. Pero, solo considerando el punto desde la perspectiva que nos corresponde como legisladores, velando por el bien común, cabe tener presente que no todos los sectores dentro de la Administración Pública obtienen los mismos incentivos al retiro. Algunos reciben beneficios distintos. Ayer aprobamos uno para los asistentes de la educación que no es igual al que nos ocupa. El personal municipal tiene otro y sucede lo mismo con el de la salud. Quizás varios no son significativamente mejores, pero sí presentan esta última característica. Y a mí me parece que contemplar diversas soluciones y ventajas para trabajadores que son iguales no es una política de Estado.
Lo más grave es lo mencionado por los Senadores señores Prokurica y Quinteros, entre otros, en cuanto al traslado de un funcionario municipal a una agencia estatal, a un organismo centralizado, sin informar de su antigüedad, siendo técnicamente un empleado público.
Esos aspectos no son menores, porque generan mucha odiosidad, y se deben corregir. Deberíamos contar con un sistema común de incentivo al retiro atinente a todo el personal en ese ámbito y obviamente fluido entre los organismos, porque eso permitiría hacer más justicia.
Con todo, creo que el proyecto es merecido. Mis inquietudes no obedecen a lo que contiene, sino más bien a las omisiones referentes a otros, que no consiguen los mismos beneficios o simplemente no los obtienen por razones no explicables, como el traslado desde un sector municipal al estatal, o viceversa, o por ser de confianza.
Así que voto a favor, pero dejo constancia de estos hechos, porque me parece justo hacerlo.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Puede intervenir el Honorable señor De Urresti.

El señor MOREIRA.- ¿Por qué estamos estirando tanto la decisión?

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, se ha generado un debate, y la presencia del señor Ministro de Hacienda es importante para esperar una mayor clarificación.
Argumentando en la línea del Senador señor Quinteros, cabe reconocer y valorar, obviamente, el trabajo de la ANEF con el Gobierno, en el sentido de avanzar para que sea posible la incorporación de la mayor cantidad de funcionarios en el acuerdo, ya que debe de ser el más significativo, el de mayor extensión en materia de mejoramiento.
Mas también es relevante consignar, muchas veces, las realidades regionales o la de funcionarios de determinados segmentos que, cumpliendo los requisitos y, en definitiva, la cantidad necesaria de años y de trabajo, pudieran encontrarse excluidos. Ojalá podamos abordar la situación en el transcurso del debate.
A mi juicio, conviene centrar la discusión en preguntarle al señor Ministro hasta cuándo vamos a seguir parchando el régimen previsional con bonos de incentivo al retiro. Ello tiene que llamarnos a reflexión, en buena medida, respecto del anuncio de la Presidenta de la República en orden a introducirle profundos cambios.
Si existiera un sistema en que el funcionario fuese progresando luego de una carrera, de ascensos, de dedicación, de las negociaciones de la propia ANEF, o bien, en el caso del mundo privado, de las que efectuaran sus sindicatos o agrupaciones, cabría esperar el cumplimiento de la edad para poder llegar al retiro con una tasa de reemplazo -esto es, la relación entre lo ganado en actividad y lo que se comienza a recibir en condición de jubilado- de un cincuenta o un sesenta por ciento, o una cifra de esta naturaleza.
Hoy día claramente se da la situación de que quienes jubilan experimentan una baja increíble de ingreso en sus pensiones. Simplemente, basta recorrer la Administración del Estado para encontrar múltiples casos de profesionales que han laborado toda una vida y quieren retirarse, pero, desde el punto de vista de lo que van a percibir, habiendo hecho toda su carrera, no pueden hacerlo por el bajo monto acumulado.
Creo que este es el debate relevante que tendríamos que llevar a cabo. Y debiera ser el preludio del gran acuerdo al que se está convocando para poder abordar integralmente el sistema previsional.
Ya no existe la prometida quimera de una tasa de reemplazo del setenta por ciento y de pensiones prácticamente sobre 300 mil o 400 mil pesos, como el padre de la criatura lo sostuvo hace algunos días en un programa.
¡Esa es una falacia! Los montos ascienden hoy a 130 mil, 140 mil, 150 mil pesos o un poco más de 200 mil. Con eso están jubilando, muchas veces, nuestros funcionarios públicos. Entonces, la reflexión es natural.
Lo que tenemos que hacer precisamente es abocarnos a la discusión y entender de qué manera el Estado, en primer lugar, puede convertirse en un buen empleador.
Se impondrá por lo que corresponde, no por boletas o por menos de lo que efectivamente se percibe.
Contaremos, entonces, con un sistema de seguridad social que le asegure una jubilación digna a cualquier chileno que haya trabajado como es debido.
Y podremos ir generando una rotación en la propia Administración.
Los bonos de incentivo al retiro seguramente serán mejoramientos, pero cuando existan equidad y una pensión mínima garantizada a cualquier ciudadano.
Espero que en el futuro realmente dispongamos de la posibilidad de que gremios como la ANEF negocien mejores condiciones laborales de sus asociados.
Nos hallamos ante un avance, sin lugar a dudas. Es bueno escuchar nuevamente del señor Ministro precisiones que alcanzan a algunos funcionarios. Pero el que nos ocupa es un "enorme" proyecto de ley en orden a favorecer a numerosos trabajadores, del mismo modo que ayer se trató de los asistentes de la educación.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.

El señor MOREIRA.- ¡Queremos escucharlo...!

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, he recibido una comunicación de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Sostienen que han efectuado un planteamiento desde un comienzo, pero, al mismo tiempo, me piden que el proyecto sea aprobado ahora tal como está, sin perjuicio de mantener su requerimiento.
Voy a leer la declaración, porque es la única forma en que voy a retirar mi solicitud de segunda discusión:

"1.- Que nuestra Agrupación en el proceso de negociación demanda que el cómputo de años de servicios abarcara a toda la Administración del Estado, con el objeto de beneficiar a la mayor cantidad de funcionarios/as.

"2.- Que el Gobierno no acogió esta propuesta, dejándola circunscrita sólo a la Administración Central del Estado.

"3.- No obstante lo anterior, la ANEF suscribió Protocolo de Acuerdo, en atención al resto de los beneficios logrados que impactarán a más de 17.000 funcionarios/as.

"4.- Por lo anterior, y dado que los plazos de aplicación para el año 2016 son limitados, solicitamos la aprobación del proyecto de ley que nuestra organización logró con su lucha permanente por dignificar a los funcionarios/as.".
Sobre esta base, retiro mi petición.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Se lo agradezco, Su Señoría.
No habiendo ningún otro Senador inscrito, se procederá a la votación.
Propongo pronunciarse en general y en particular a la vez, con la verificación del quorum, que es especial. Todas las indicaciones...

La señora ALLENDE.- Que suenen los timbres.

La señora PÉREZ (doña Lily).- ¿La citación no correrá?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Quedará sin efecto en caso de despacharse el proyecto.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, seré muy breve.
Aprovecho para exponerle al señor Ministro que en la Región que represento han fallecido algunos funcionarios durante la tramitación de la iniciativa, lo que imagino que se repite en varios servicios públicos. Ojalá se busque una solución para que las familias tengan derecho también al bono, porque debiera ser perfectamente transmisible.
Lo hice presente ayer en la Comisión de Hacienda. Creo que es algo de mucha justicia. Personas que entregaron una vida entera al servicio público y dejaron este mundo ya no obtendrán el beneficio.
El Ejecutivo puede ver la posibilidad de que, cuando ocurran tales situaciones -sobre todo, en el caso de proyectos como el que nos ocupa-, este tipo de apoyos y abonos sean absolutamente heredables.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor CHAHUÁN.- Presidente...

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Ya íbamos a cerrar la votación, señor Senador.

El señor CHAHUÁN.- ¡Treinta segundos!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Muy bien.
Tiene la palabra.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, tan solo quiero expresar nuestra preocupación respecto de otros gremios que también han manifestado interés y están negociando por cuerda separada. Me refiero, particularmente, a los funcionarios del Congreso Nacional, que entiendo que tienen una mesa de conversación instalada, de manera que espero que igualmente puedan negociar un incentivo al retiro. Están asimismo los funcionarios de universidades estatales, que también son importantes.
Confío en que el señor Ministro -presente ahora en la Sala- recordará aquello, para que en definitiva esos otros gremios igualmente puedan acceder al beneficio del incentivo al retiro.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.

El señor MOREIRA.- ¿De nuevo? ¡Cuánto ha hablado ya...!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene derecho a fundar su voto.

El señor QUINTEROS.- Solamente deseo expresar, señor Presidente, que quienes tanto dicen defender a los trabajadores y que tanto hablaron en contra de mi proposición ni siquiera se han acercado a votar.
Nada más.

El señor MONTES.- ¡Bien! ¡Bien!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Se deja constancia.
Señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (27 votos favorables), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quinteros, Rossi, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Prokurica y Quintana.

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El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- ¿Para un asunto reglamentario?

El señor NAVARRO.- Sí.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en mi condición de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, he conversado con el Presidente y el Vicepresidente del Senado y con los jefes de Comité, a fin de que podamos adelantar la discusión de dos proyectos que figuran en tabla y que conceden la nacionalidad por gracia, en un caso a Thomas Dalton Dillehay, descubridor de Monte Verde, y en el otro, al diácono Guido Goosens Roell, de Talca.
Existe amplio consenso en la Comisión y lo he conversado con los Comités.
Tom Dillehay viene a Chile en septiembre y le tienen preparada una serie de actos de celebración. Por lo tanto, sería muy oportuno que el proyecto fuera aprobado hoy por el Senado, para que la Cámara de Diputados lo viera luego y pudiera convertirse en ley la primera semana de septiembre.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- En todo caso, los Comités ya acordaron tratar ahora el proyecto sobre impulso a la productividad.
Sin embargo, no tengo inconveniente, si la Sala está de acuerdo, en ver esas dos iniciativas a continuación.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.



MEDIDAS PARA IMPULSO DE PRODUCTIVIDAD


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- En conformidad a lo acordado por los Comités, corresponde tratar ahora el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un conjunto de medidas para impulsar la productividad, con segundo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.661-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 32ª, en 19 de julio de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 36ª, en 3 de agosto de 2016.
Hacienda (segundo): sesión 42ª, en 17 de agosto de 2016.
Discusión:
Sesión 36ª, en 3 de agosto de 2016 (se aprueba en general).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Hago presente que este proyecto ya fue aprobado en general, por lo que ahora corresponde despacharlo en particular de acuerdo con las normas del Reglamento.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general por la Sala en su sesión de 3 de agosto.
La Comisión deja constancia en su informe, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 1°, 2°, 6°, 7°, 8°, 10, 11 y 12 permanentes, y los artículos primero, segundo, cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que deben darse por aprobados, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Ahora bien, dentro de ese grupo de disposiciones, habría que dejar constancia del quorum de aprobación del artículo 7° y de la letra b) del número 2 del artículo 10, que tienen rango orgánico constitucional y requieren para su aprobación 21 votos favorables.
La Comisión efectuó diversas enmiendas al texto despachado en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de las recaídas en el artículo 13 del proyecto, que serán puestas en discusión y votación oportunamente.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Hacienda y el texto como quedaría de aprobarse tales modificaciones.
Insisto en que dentro de aquellas normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones hay dos de rango orgánico constitucional respecto de las cuales habría que dejar constancia de su quorum de aprobación, aunque, para tal efecto, podrían ser incluidas dentro de las enmiendas unánimes que se van a votar.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para proceder en la forma propuesta por la Secretaría?

El señor COLOMA.- Sí, pero el artículo 13 tendría que ser votado separadamente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Así es.
Entonces, en votación.

--(Durante la votación).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Requiero la presencia de los señores Senadores pues se están votando normas que requieren quorum especial.

El señor MOREIRA.- ¿Puedo fundamentar el voto, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Sí. Solo estoy pidiendo que se llame a los señores Senadores.
Para fundar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, luego del deficiente crecimiento de nuestro país en los años 2014 y 2015, el Gobierno anunció una serie de medidas para apuntalar la economía nacional.
Si bien las diez medidas contenidas en este proyecto de ley constituyen buenas iniciativas para comenzar a impulsar la productividad y han sido aplaudidas por sectores transversales de la sociedad, es de esperar que sean el inicio de muchas otras que se puedan incorporar para inyectarle mayor dinamismo a nuestra alicaída economía y para tratar de superar las deficiencias de un crecimiento que debiera ser mayor y que hasta el momento no lo ha sido.
Por otra parte, la invitación cursada por el Ejecutivo a amplios sectores de la sociedad -quienes han respondido satisfactoriamente, generando gran cantidad de propuestas- de incorporarse al denominado "Año de la Productividad", es absolutamente contraproducente con las grandes reformas que ha impulsado e impulsará este Gobierno (léase tributaria, laboral y constitucional), toda vez que ellas atentan directamente contra el buen desempeño de nuestra economía y, en particular, contra un mejoramiento de la productividad.
Lamentablemente, la incorporación de medidas sumamente útiles y efectivas en este proyecto de ley no tendrá gran sentido práctico mientras se mantengan las "grandes reformas" -entre comillas-, ya que estas últimas opacan y minimizan las medidas que se proponen en la iniciativa en comento.
Una reforma laboral como la que está proponiendo el Gobierno, centrada única y exclusivamente en el fortalecimiento de los sindicatos, no solo no favorecerá la productividad, sino que rigidizará el mercado laboral y generará un mayor desbalance en la relación trabajador-empresa, que es donde necesariamente debe existir un equilibrio para que ambos sean beneficiados. Hay medidas para mejorar el mercado laboral que pueden implicar un importante aumento de la productividad, como la flexibilidad, la capacitación y la inclusión de jóvenes y mujeres, todas medidas que no han sido consideradas en el proyecto de reforma.
En definitiva, los esfuerzos que se realizan en este proyecto de ley son sumamente necesarios y pueden constituir el puntapié inicial para apuntalar la productividad en nuestro país, pero, para que exista una política global que permita impulsar dicha productividad, se requiere la implementación de mayor cantidad de medidas, además de dar un vuelco en el rumbo de las reformas del Gobierno, que atentan directamente contra lo que se quiere dinamizar.
Por todo lo anterior, vamos a apoyar esta iniciativa, no sin antes hacer la prevención de que se requiere, de manera inmediata, un cambio de rumbo en la política económica de este Gobierno y la presentación de nuevas medidas en favor de la productividad.
Debemos luchar en este gran desafío, que es vencer la inactividad. Ello significa que, cuando tengamos un rumbo y una actitud distintos, recuperemos los niveles de crecimiento y desarrollo que el país, lamentablemente, perdió.
En aras de la productividad y con la esperanza de avanzar, voto a favor.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, a continuación, el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, este proyecto lo vimos en general hace ya unas semanas y, por cierto, cuenta con todo nuestro apoyo. ¡Qué más importante que impulsar la productividad en un país que tiene una economía alicaída!
La semana anterior le representamos al señor Ministro de Hacienda lo mismo que le voy a reiterar ahora: impulsar la productividad requiere un rol de participación importante y de primera línea en las regiones, así como un rol fundamental de las pymes.
Están bien la creación de empresas de servicios y la exportación y venta de servicios a nivel internacional. Es un ámbito que, después de ser un país monoproductor y exportador de materias primas, es deseable, necesario y urgente. Pero regiones como la del Biobío requieren instrumentos apropiados para atraer inversión extranjera y para fomentar e incentivar el desarrollo productivo de la inversión local, o sea, capitales chilenos.
Sin embargo, este proyecto no dice nada sobre eso.
Queremos al Ministro de Hacienda en la Región del Biobío. Lo queremos hablando y dialogando con las pymes; lo queremos dialogando para levantar la acuicultura de tierra, para levantar la construcción de viviendas de madera en la región maderera de Chile; lo queremos generando proyectos de innovación para el uso del carbón, para la cuenca del carbón, para la calefacción de hospitales y de todos los edificios públicos, con la captura de azufre a través de tecnología alemana.
Queremos un fondo regional de inversión productiva de verdad, no el FNDR, que es un engaño, un autoengaño.
¡Fondo Nacional de Desarrollo Regional! En mi región, son 110 mil millones, que, al final del día, suplen de manera anexa los presupuestos sectoriales. ¡Plata para educación, plata para obras públicas, plata para salud!
Un fondo de desarrollo regional no puede basarse en recursos para construir infraestructura. Debe haber innovación y desarrollo productivo de verdad, en alianza con universidades y con el sector privado; es decir, una alianza estratégica público-privada para el desarrollo del país y de las regiones.
Y ese es un tema no tocado en el proyecto: alianza estratégica. Lo dijo el anterior Ministro de Hacienda; lo ha dicho la Presidenta Michelle Bachelet: ¡alianza estratégica público-privada!
Se requiere una ley especial. La Constitución le impide al Estado levantar empresas, incluso en alianza con privados, sin que haya de por medio una ley.
Por eso, señor Ministro, que no le tiemble la mano. Hagamos el debate para que el Estado, junto con los privados, pueda levantar empresas donde el sector privado no tenga interés y el capital de riesgo lo ponga el Estado.
En mi región no habrá inversión privada sin un rol activo del Estado. Y eso pasa también en Punta Arenas, en Magallanes, en las llamadas "regiones productivas de cobre".
Para abandonar la monoproducción se requiere un Estado activo, como cuando este era dueño de Huachipato, cuando era dueño de los puertos, cuando era dueño de grandes empresas, hoy en manos privadas, las que, por cierto, son altamente productivas.
No habrá desarrollo productivo en la Región del Biobío sin una fuerte y decidida intervención del Estado, en alianza con el sector privado.
Nos reunimos con el Ministro de Hacienda en su oportunidad, junto con Forestal Arauco, porque la madera no solo sirve para hacer celulosa; también se pueden construir viviendas con ella. Tiene un noble destino. Pero eso requiere intervención.
Vamos a votar a favor este proyecto, que busca impulsar la productividad. Y dejamos pendiente la invitación al Ministro Valdés para que vaya a la Región del Biobío.
Se requieren otros instrumentos.
Cuando vino la delegación de Yutong, la fábrica de buses y camiones más grande del mundo y, por cierto, de China, nos dijeron: "Todo lo que ustedes nos ofrecen no lo necesitamos. Les vamos a decir lo que necesitamos: necesitamos instrumentos que se adapten a los inversionistas nacionales y extranjeros, no instrumentos rígidos", como los que hoy tiene el Fondo Nacional de Desarrollo Regional o como los que establece esta iniciativa de ley. Se necesita flexibilidad para la inversión internacional y para la inversión nacional, en una alianza estratégica público-privada.
Este es un avance, pero sigue habiendo una gran falencia: una alianza estratégica público-privada para romper una economía que va a la baja y que requiere un fuerte repunte, con instrumentos en los cuales se avanza, pero que resultan insuficientes, al menos para los objetivos de la Región del Biobío.
Esperamos que el señor Ministro la visite y converse con los pequeños y medianos empresarios, que también son importantes.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- El señor Ministro escuchó atentamente.
Tiene la palabra a continuación el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, acá se encuentra el Senador Zaldívar, Presidente de la Comisión de Hacienda, a quien algo le adelanté sobre algunas de las medidas proproductividad que hay en el proyecto.
Me gustaría que él, o el señor Ministro, me explicara qué significa esta flexibilización de los usos de los fondos previsionales a través de la modificación al decreto ley N° 3.500.
Se está buscando, por la vía de la excepción, que se puedan invertir tales recursos en proyectos o actividades que tengan algún grado de mayor riesgo, que están prendadas o hipotecadas. De hecho, se sube el porcentaje que es posible aportar en ese tipo de proyectos.
Además, las evaluaciones de dónde invertir se van a mantener en calidad de secretas. Es decir, los cotizantes no tendrán acceso a esa información.
Quisiera que me aclararan un poco esa situación, porque lo que me ha planteado el Presidente de la Comisión de Hacienda, de manera bien sintética, es que, en el caso de que se inviertan fondos en concesiones de infraestructura, esto se haría directamente y no en forma tercerizada, a través de un administrador extranjero, lo cual, desde luego, permite rebajar, en cierta medida, los costos, aumentar los beneficios e, indirectamente, beneficiar también a los cotizantes.
Asimismo, en esta agenda proproductividad echamos de menos algunos temas muy sensibles para todas las regiones de Chile.
Por ejemplo, tenemos lo relativo al decreto ley N° 701, que bonifica la forestación. El problema ambiental es uno de los más graves que tenemos en Chile producto de la erosión y la desertificación, el que se ve agravado por el cambio climático. Sin embargo, pese a que existen viveros en todas las regiones, las plantas se están muriendo debido a que no se está plantando. No hay un incentivo, no hay un crédito de enlace, no existe la posibilidad de plantar.
Y aquí no se trata de discutir si es un bosque exótico o nativo, porque se ha ido probando, con experiencias concretas de la CONAF, de las universidades, de distintos institutos, incluido el INFOR, que se pueden plantar, con muy buenos resultados, especies nativas, reconstituir ecosistemas y generar un elemento claramente productivo. Pero ya llevamos más de dos años en que prácticamente no se ha plantado nada. Y estamos hablando de un sector de la economía que llega a los 3 mil millones de dólares.
Me parece que es un punto que no podemos dejar pasar.
Ayer estuvimos viendo el tema del gas, y la verdad es que en el área de la energía sí se ha notado movimiento, sobre todo por la incorporación de la energía renovable no convencional. Y esto da una tremenda oportunidad de trabajo y rebaja los costos que también inciden en la productividad.
El otro punto que el Congreso ha señalado en innumerables ocasiones se refiere a los fondos y a la manera en que estos se distribuyen para ciencia y tecnología. Todo lo que es investigación, desarrollo, innovación está muy minimizado en el país.
Si nosotros verdaderamente queremos despegar, debemos observar, por ejemplo, a un país como Finlandia, que desde el punto de vista de los recursos naturales no tiene tanto, pero que puso todo en educación, en innovación y en investigación, lo cual, después de 20 años, resultó ser espectacular.
Chile no puede dejar pasar estas oportunidades.
Desde luego, hay muchas medidas que aprobamos que nos parecen muy favorables, pero quisiéramos que, en particular con un tema tan sensible como los fondos previsionales, se nos aclarara este punto.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Señores Senadores, se reitera que han quedado sin efecto las sucesivas citaciones para sesionar a partir de las 21 a fin de ver el proyecto sobre la bonificación adicional.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, por su intermedio, me gustaría contestar las dos preguntas que hizo el Senador Horvath respecto del funcionamiento de estos activos alternativos.
Primero, sobre qué se gana con esta nueva forma de invertir de nuestros inversionistas institucionales, compañías de seguros y las AFP.
Y, segundo, acerca del Informe de Gestión y su reserva.
En lo relativo al primer punto, déjenme expresar lo siguiente.
Hoy día los fondos de pensiones se invierten en distintos tipos de activos: dentro y fuera de Chile, de renta variable y fija. Sin embargo, tienen una característica especial por cuanto deben ser activos muy líquidos, que se trancen en bolsa, de manera que -en teoría- un fondo de pensiones se pueda desprender de ellos rápidamente.
Eso tiene una lógica bien específica: hay que ponerle precio a la cuota del fondo cada día.
Sin embargo, esa restricción deja afuera a una cantidad de activos que pueden ser muy interesantes para los fondos de pensiones, pero que por su iliquidez -no es posible desprenderse de ellos de un día para otro- rentan más que otros.
La industria de lo que se llama "Private Equity" se desarrolla en ese ámbito, en inversiones en que las personas están dispuestas a esperar.
En la actualidad, perdemos en el fondo de pensiones y en las compañías de seguros una capacidad de mayor retorno sin necesariamente más riesgo.
No lo estamos aprovechando.
Y se trata de que estas entidades vayan gradualmente tras ese tipo de activos.
Los fondos de pensiones canadienses, por ejemplo, tienen una parte importantísima de su inversión en este tipo de fondos. En la actualidad, en Chile algunos de estos son dueños directamente de una compañía de agua potable, de carreteras; y nuestras AFP no pueden serlo. ¿Por qué? Por esta restricción.
El proyecto de ley levanta esta restricción. Por supuesto, con una serie de medidas que cautelan los riesgos.
Será un proceso de aprendizaje que partirá con montos menores. Deberá invertirse en equipos de estudio para meterse en este asunto. Pero, al final, desde el punto de vista del sistema, va a haber un mejor retorno.
Y en cuanto a la productividad y al crecimiento, el sistema va a poder financiar distintos proyectos respecto a los cuales hoy día no puede hacerlo.
El caso de la infraestructura es el más claro.
Por lo tanto, se está considerando una clase nueva de activos, los cuales otorgarán el doble de beneficios: mejorar los retornos para las inversiones y financiar proyectos a tasas más bajas que las presentes, lo que va a implicar -en teoría- mayor inversión.
Respecto de los Informes de Gestión, me gustaría separar lo más claramente posible que un tema es la información sobre los retornos, que debe estar diariamente disponible en todas las AFP para cada tipo de fondo, no cambia para los activos alternativos: habrá que tener modelos a fin de fijar precio a estos activos (así funciona en todas partes del mundo). No obstante, otro tema es que eso no se relaciona con el Informe de Gestión y su reserva.
¿Qué es un Informe de Gestión? Es una nueva forma adicional de supervisar la industria, y su origen está más bien en el mundo de los bancos.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras hace informes reservados de gestión de los distintos bancos que solo entrega a sus directorios.
Permítanme contarles cómo fue mi experiencia en BancoEstado.
Nos visitaba un equipo de la Superintendencia, estaba en el banco varios meses, hacía un reporte y decía, por ejemplo, "¿Saben qué?, sus riesgos mayores están en informática. Tienen problemas en los computadores. Vemos dificultades de este tipo". O "¿Saben qué?, el proceso de evaluación de riesgo de este crédito muestra tal falencia. Se salta este proceso, se abre este riesgo".
Entonces, son informes muy granulares, muy detallados, destinados a mejorar la gestión. Y su valor es para la administración de la institución, no para su público.
No tendría mucho sentido que de repente una Superintendencia dijera: "Cuidado, esta empresa tiene este problema" -cualquier cosa-. "En el edificio pasa esto". Lo que hay que hacer es que la administración sepa y lo solucione.
De ahí la lógica de la reserva.
No tiene nada que ver con este tipo de activos, ni con problemas de retorno.
Gracias.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- A usted, señor Ministro.
Tiene la palabra el Honorable señor Montes.

El señor COLOMA.- ¡Que sea breve...!

El señor MONTES.- ¡Cuando habló el Senador Coloma gastó bastante del tiempo que yo pretendía usar...!

El señor COLOMA.- ¡No he hablado...!

El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero referirme a lo mismo que acaba de plantear el Ministro, porque creo que lo más importante de este proyecto tiene que ver con lo que ha señalado: ampliar y flexibilizar el principal fondo de inversión de nuestra economía, que son los fondos previsionales.
Los fondos previsionales hoy día representan 180 mil millones de dólares si le sumamos parte de los seguros. Y con todos los seguros, es más aún.
El problema es que las inversiones que ahora permite la ley tienen las restricciones que él ha mencionado. O sea, deben ser en bienes y en instrumentos de mayor liquidez y, por lo tanto, correr determinados niveles de riesgo.
¿Qué se nos está diciendo? Que puede haber un vínculo mucho más directo y fecundo entre estos fondos y las necesidades de inversión con cierta rentabilidad y condiciones. Por tanto, se podrían ampliar las posibilidades de usar este fondo en el crecimiento del país.
De hecho, en su origen hubo un vínculo en el caso de la vivienda a través de la letra de crédito, que después se fue remplazando por otros instrumentos.
Para la infraestructura, la modalidad de inversión estaba ligada a otras formas, como las concesiones. Estas pedían crédito, y a veces usaban los mismos fondos de las AFP, pero de otra manera.
Entonces, quiero enfatizar que se está flexibilizando, con el rigor y la seriedad del caso, el uso de estos fondos, para poder invertir en infraestructura y, eventualmente, en otras cosas en el futuro.
Hace poco rato se mencionaba -lo hacía el Senador Horvath- la mantención de los parques. A la larga, a lo mejor vamos a encontrar maneras de vincular este fondo de mercado de capitales que surge de aquí con modernización, con ciertas tasas que podría incluso garantizar el Estado, pues permitirían lograr objetivos nacionales con otras características.
Yo valoro, en primer lugar, que se esté abriendo, flexibilizando, permitiendo otros usos, como son estos activos alternativos que se utilizan en otras partes del mundo.
Hay que asegurar el rigor para que esto no genere mayores riesgos de los deseados y tenga la garantía y el respaldo del caso.
Yo valoro mucho esto -repito-, porque se está flexibilizando, porque se empieza a pensar de otra manera respecto del destino de los fondos de pensiones. Y debo decir que, independiente de quienes los administren a largo plazo, el uso y la manera de asegurar rentabilidades serán muy importantes, lo cual por sí solo justifica gran parte de esta iniciativa.
Hay que votar a favor de este proyecto, y ojalá que sus normas se apliquen en el más breve plazo, ya que podría ayudar a activar la actual situación económica.
No esperemos para el futuro. Esto es distinto al fondo de infraestructura, pero va en la misma dirección, porque este fondo busca renegociar las concesiones de determinada manera.
Aquí estamos sumando más recursos de inversión. Chile posee numerosos recursos de inversión. El problema es que tenemos que crear las ingenierías financieras, los instrumentos financieros que permitan, por ejemplo, lo que recién señalaba el Senador Navarro: modernizar, dado el problema de la pequeña empresa, aquella parte de esta que presenta más potencialidades.
Hay que buscar los instrumentos necesarios. Necesitamos mucha capacidad para hacerlo.
Estoy por votar a favor del proyecto. Lo valoro bastante, particularmente en cuanto al punto que analizamos ahora.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, la iniciativa que nos ocupa presenta varias virtudes. La principal de todas tiene que ver con el hecho, que ya todos debemos asumir, de que nuestros fondos previsionales constituyen el mayor esfuerzo de ahorro económico del país. En todas partes lo natural es que se transformen en la principal fuente de inversión para el desarrollo productivo y el empleo en cada nación.
Sin embargo, con el propósito de restringir los riesgos, nuestro modelo previsional fue enmarcado dentro de un sistema que, de alguna manera, induce a invertir en actividades económicas que aseguran una rápida liquidez para retirar esos recursos en caso de emergencia.
Por consiguiente, se ha ido más bien hacia operaciones de bolsa, muchas veces con carácter especulativo. Y, en segundo lugar, a concentrarse en negocios seguros vinculados con lo que Chile tradicionalmente ha hecho y que se orienta a la aplicación de un modelo rentista, extractivo, que no corre riesgos, como supone la generación de una nueva economía: diversificar la estructura productiva o avanzar hacia nuevas áreas de negocio. Todo eso conlleva un grado de riesgo un tanto mayor.
En verdad, nuestro país está enfrentando una situación absurda: más del 45 por ciento del ahorro de los chilenos, que se encuentra en los fondos previsionales, en realidad se invierte en el extranjero.
De ahí que, por un lado, tenemos un enorme déficit de inversión para proyectos con rentabilidad segura, que son estratégicos para el desarrollo del país y que sin embargo no disponen de financiamiento. Es el caso de CODELCO, por ejemplo, o de las concesiones, en el sentido de que ahora se está pensando nuevamente en licitar a empresas extranjeras a fin de que traigan capital, pero obteniendo utilidades que después se llevan, en circunstancias de que nosotros poseemos recursos en el exterior que ganan muchos menos intereses que los que benefician a aquellas compañías foráneas que operan en nuestro mercado y que después retiran esas remesas de utilidades.
Por ese motivo, parece que va absolutamente en la línea correcta, razonable, avanzar hacia una mayor flexibilización en las posibilidades de inversión dirigida a negocios que pueden tener quizás menos liquidez, pero que hoy día, a simple vista, presentan una enorme capacidad de rentabilidad, superior a lo que esos mismos recursos están obteniendo en las bolsas internacionales o en los mecanismos tradicionales de inversión.
Por lo tanto, nos ofrece la oportunidad de generar crecimiento productivo con empleo de calidad, de manera que se cumpla el propósito lógico de todo sistema de ahorro: que los fondos previsionales, como principal fuente de ese ahorro, sean utilizados mayoritariamente en la creación de empleo para las generaciones que vienen: el padre dispone de un fondo previsional que asegura la inversión con el objeto de que su hijo obtenga empleo.
Es la lógica de una economía sistémica, donde los ahorros y los esfuerzos son la base de la inversión y del desarrollo a nueva escala, con mayor productividad, en nuevas áreas de negocios. Esto diversificaría la naturaleza de nuestra economía tan monoproductiva, y al mismo tiempo, podría generar áreas de negocios en que Chile empieza a mostrar ventajas dinámicas interesantísimas, como muchos servicios tecnológicos, ingenieriles, asociados, por ejemplo, a la minería o a la propia infraestructura que el país necesita no solo en carreteras, sino en puertos, en aeropuertos, en tecnologías, en comunicaciones, etcétera.
De manera que se trata de un proyecto interesante, que debe contar con nuestro apoyo. No es suficiente, pero hablamos de un área que abre y flexibiliza nuestro mercado de inversiones, la cartera de inversiones del país. Y qué bueno que los fondos previsionales empiecen a ser realmente la base de la inversión y de la reconversión de nuestra economía.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones y las enmiendas unánimes propuestas por la Comisión de Hacienda (29 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido en el caso de los artículos 7° y 10, número 2, letra d).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Pasamos a la siguiente norma.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En seguida, corresponde analizar las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda al artículo 13 del proyecto, que aparece en la página 194 del comparado.
Las tres enmiendas que allí se señalan fueron aprobadas por mayoría de votos: 3 a favor, de los Senadores señores García, Tuma y Zaldívar, y uno en contra, del Senador señor Coloma.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero apelar -espero que con algún grado de éxito pero no estoy muy convencido- al sentido común de este Honorable Senado, que a veces sorprende con gestos que podría considerar bien inspirados.
Me opuse a esta norma no por una razón ideológica: aquí no hay ideas políticas, sino básicamente -les pido un minuto de concentración- por una cuestión de si está bien o mal resuelto un problema objetivo.
¿Cuál es el problema objetivo que plantea el precepto? (no tiene nada que ver con la productividad; pero no importa) Que el Banco Central tiene la idea de desprenderse de la obligación de acuñar monedas de 1 y de 5 pesos, específicamente porque el valor facial es mayor; o sea, resulta más caro. Yo lo encuentro superrazonable. Si alguien dice "¿Sabe qué más?, estamos haciendo un muy mal negocio; debemos terminar con estas monedas", es una cosa que me parece legítimo argumentar.
¿Y cuál fórmula propone el Gobierno? Que todos los pagos iguales o inferiores a 5 pesos se deprecien a la decena inferior, y las cantidades de 6 pesos hacia arriba, a la superior. Hasta ahí, lo considero razonable. Ahora, se producirá cierto problema: cuando uno deba cancelar 23 pesos, pagará, en realidad, 20; y si ha de pagar 26 pesos, serán 30. Significará una complicación técnica, pero estamos todavía en algo que entiendo como parte de lo razonable.
¿Dónde radica mi objeción? En que la igualación opera solo para los pagos que se realicen en dinero efectivo. Entonces, ¿qué pasará en la economía de Chile? (esto sería único en el mundo): convivirán dos formas de pagar, dos precios distintos, dependiendo de si uno opera con tarjeta o con transferencia versus si lo hace en dinero efectivo.
Y eso lo encuentro objetivamente de poco sentido común.
Por ende, lo que planteo es que se enteren para arriba o para abajo todos los pagos por igual. No solo el efectivo.
Pongo un ejemplo, uno va al supermercado, compra a un precio equis y le dicen: "El precio es distinto si se cancela con plata, con tarjeta o con transferencia".
No conozco ninguna economía en el mundo, señor Presidente, donde el dinero tenga dos valores. No la conozco. Y seríamos la única economía que, por evitar una resolución, a mi juicio, equivocada, generara esta distorsión.
Yo pretendo rechazar este artículo. ¿Para qué? Para que el Gobierno haga que esto opere tanto para los pagos en efectivo como no efectivos.
Aquí vamos a empezar a arbitrar. Si dos cosas valen 23 pesos y las compro de a una, voy pagar dos veces 20 y 20 pesos. Y si compro algo de 46 pesos, me va a costar 50. Fíjese la distorsión que se produce por esta cosa rara de no igualar, donde el dinero en efectivo, una transferencia electrónica o una tarjeta de crédito representan cantidades distintas.
Entonces, señor Presidente, yo señalo, con todo respeto, que esto no tiene nada que ver con que alguien sea de Gobierno, de Oposición, de Derecha, de Izquierda o de Centro. Esto se trata de sentido común.
De verdad, no puedo entender que esta forma razonable de ir a la decena inferior o a la superior se aplique solo para una modalidad de pago.
Cuando uno extiende un cheque representa plata.
No sé si ustedes se imaginan la importancia práctica de esto: va a ser alta; uno se va a transformar en un árbitro permanente.
Y será enojoso, porque no me gustaría decir: "Esto lo vamos a pagar en efectivo porque sale un poco más barato; esto otro, con tarjeta de crédito porque justo el precio es de 6 pesos hacia arriba".
En fin, será un enredo. Me parece que la medida tiene poco sentido.
El Gobierno manifiesta que se trata de un ahorro importante; que, de lo contrario, la moneda partiría de los diez pesos.
No entiendo esas explicaciones.
Yo apelo al sentido común del Senado: no aprobemos algo que carece de esa cualidad al darle al dinero dos valores distintos, según sea físico o representativo.
Estimo que esa idea no la entiende nadie y no tiene nada que ver...

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminó su tiempo, Su Señoría.
Cuenta con un minuto adicional.

El señor COLOMA.- Esta medida no tiene que ver con productividad, sino con un ahorro para el Banco Central.
¡Yo feliz que se ahorre! ¡Me parece bien! ¡Hagámoslo! Pero para todos los medios de pago. No tengamos dos formas distintas de cobrar o de pagar las cuentas.
En verdad, por más que en la Comisión debatimos harto sobre la materia, no escuché ningún argumento respecto del cual dijera: "Este tiene sentido".
Yo por lo menos, señor Presidente, apelo al sentido común.
Por eso, no voy a aprobar la norma en debate.
Y espero que los señores Senadores me acompañen en esta decisión que -insisto- no tiene ni un sesgo ideológico, míresela por donde se la mire.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- El Honorable señor Coloma ha hecho un gran esfuerzo para persuadir a la Sala con sus puntos de vista.
Vamos a ver qué pasa.
Me han pedido abrir la votación.
El señor Ministro podrá intervenir durante ella para precisar los dichos de algún señor Senador.
En votación las modificaciones de la Comisión de Hacienda al artículo 13 del proyecto.
--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).- Solo quiero precisar que esta propuesta nació del Banco Central y que el Ejecutivo le dio el apoyo respectivo.
Significa un ahorro importante para el Instituto Emisor dejar de acuñar monedas de uno y cinco pesos, ya que su valor de producción es mucho mayor que su valor intrínseco. Y, por lo tanto, al final constituiría un ahorro importante.
Tiene algo que ver también con la productividad el hecho de no verse obligado a cargar para acá y para allá monedas que, además, terminan perdiéndose.
Respecto de lo mencionado por el Senador Coloma, me gustaría decir que avanzar más en la discusión de eliminar el peso como moneda oficial y pasar a la de 10 pesos es algo que va un poco más allá de lo que estamos preparados.
Lo único que hace el proyecto de ley es permitirle al Banco Central no acuñar ciertas monedas y fijar una regla de redondeo para cuando haya que pagar con efectivo.
Pero sigue siendo perfectamente válido usar el valor de uno y cinco pesos en toda transacción electrónica o de cheques.
No vemos grandes problemas en ello.
Es cierto que pueden darse arbitrajes, pero serían muy muy pequeños para ser prácticos.
Gracias, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, el problema planteado por el Senador Coloma es efectivo, real, en el sentido de que habrá distintas cifras en el caso de pagos en efectivo cuando el precio termine en una cifra mayor o menor a 5.
Por ejemplo, si una cuenta sale 12.944 pesos, el pago se rebajará a 12.940. Al revés, si sale 12.946 pesos, se elevará a 12.950.
Eso, si el pago es en efectivo.
Si el cobro se realiza mediante tarjeta de crédito, cheque o algún sistema electrónico, se van a mantener las cifras sin que suban o bajen, dependiendo del valor.
Lo anterior origina otro problema: normalmente va a ocurrir que si uno paga en efectivo el precio que figura en la boleta o en la factura no va a calzar exactamente con la cantidad que uno está pagando.
Lo ideal habría sido que en todo sistema se pudiera redondear, si la cantidad fuera superior a 5, al centésimo superior, o, si fuera menor a 5, al centésimo inferior.
Sin embargo -el Ministro de Hacienda lo explicó en detalle ayer en la Comisión-, eso significaría terminar virtualmente con el peso como unidad de pago. Y, como es natural, esas ya son palabras mayores.
Por lo tanto, me parece que esta ley va a actuar de manera educativa sobre los actores productivos y comerciales. Y lo más probable es que luego empecemos a ver que las cifras de las boletas de servicios (luz, agua, teléfono, facturas), así como las de establecimientos comerciales, siempre terminarán en cero.
Como dije, creo que cumplirá una labor educativa. Por consiguiente, poco a poco se irán terminando esas expresiones en que la última cifra será mayor o menor a cinco, ya que se irá redondeando.
Ayer en la Comisión de Hacienda intentamos encontrar una solución. El Ejecutivo nos explicó que no se puede redondear porque eso afectaría los gravámenes correspondientes. Por ejemplo, el cálculo del impuesto al valor agregado, aunque mínimamente, se vería afectado y finalmente sufriría alteraciones.
Por eso, señor Presidente, al igual que ayer y de acuerdo con el informe de la Comisión de Hacienda, voy a votar a favor del artículo. Reconozco que el problema planteado por el Senador Coloma es real. Pero insisto: considero que la ley va actuar de manera educativa y que con el correr del tiempo esta complicación va a ir poco a poco desapareciendo.
Gracias, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la propuesta del Banco Central de eliminar las monedas de uno y cinco pesos parece tener coherencia, ya que el costo es muy superior: si mal no recuerdo, más de 30 millones de dólares.
¡Ojo!: la producción de esas monedas es mucho más cara que su valor metálico.
No sé si la Comisión pudo acordar que cuando se redondea de 6 a 10 pesos la diferencia pueda destinarse a instituciones de beneficencia. En los hechos, cada vez que ocurre esa situación en farmacias o supermercados se solicita formalmente donar los pesos a alguna de las fundaciones de beneficencia que existen en Chile.
Por tanto, no sé a quién va a ir ese dinero. Porque aquí se producirá un equilibrio: en los supermercados, cuando la cifra sea 4 pesos, los van a perder, porque se bajará al décimo inferior; y cuando sea mayor, recuperarán esos pesos.
Como dije, habrá cierto equilibrio.
Sin embargo, quiero destacar que con esta medida se eliminará una importante fuente de financiamiento para muchas instituciones de beneficencia (la Fundación Las Rosas, el Hogar de Cristo) que se financiaban con esa diferencia que el Estado o la solidaridad voluntaria no daban.
En consecuencia, desaparecerán los pesos que se destinan hoy día al financiamiento de esas instituciones.
Todo indicaría que lo más fácil sería que se mantuviera esa diferencia como aporte solidario a instituciones de beneficencia. Se va a eliminar un presupuesto importante para ellas. Desconozco el monto que recaudan por esta vía en compras masivas, permanentes y como redes de supermercados.
Siento que si se determinara que la diferencia de 4 a 0 o de 6 a 10 fuera a instituciones de beneficencia, uno podría decir: "Aquí no hay alteración, ni enriquecimiento, ni desmedro de las instituciones".
La solidaridad es un elemento clave en el sistema financiero. Para algunos, es contraria a las leyes de mercado.
¡La solidaridad no cabe en las leyes de mercado! Caben la ley de la oferta y la demanda; la feroz competencia que, como sabemos, muchas veces se ha transformado en colusión.
En la Sala se encuentra el señor Ministro, quien tiene la cualidad de poder escuchar a Allamand y a Navarro al mismo tiempo; a la Derecha y a la Izquierda.
¡Yo lo entiendo y lo felicito!
Esta es una pregunta que, como no hay nadie presente del Banco Central, me gustaría que el señor Ministro pudiera responderla: ¿por qué no se canalizó este diferencial hacia las instituciones de beneficencia que hoy reciben esos dineros que no son aportados por el Estado? Porque las empresas también desarrollan acciones de responsabilidad social.
Se dice que el ajuste puede alterar la tasa tributaria. Las donaciones no pagan impuestos, así que se elimina el riesgo de alteración tributaria pues se trata de algo no afecto a tributo. Y, por cierto, se resguarda para las instituciones de beneficencia una fuente de ingresos que, de lo contrario, va a desaparecer, señor Ministro, ya que estos pesitos, que quedaban en la bolsa y que eran destinados a ellas, no existirán más.
Por tanto, yo comparto la observación del Senador Coloma, pero en este sentido.
Está claro que no podemos seguir produciendo pesos por varios millones de dólares, cuando no los valen; y eliminar la denominación de menos de cinco y de seis pesos o más me parece adecuada.
Solo pido que el instrumento que utilicemos no altere ni complique el aspecto tributario y el sistema de solidaridad establecido a través del mecanismo del vuelto, para el cual no hemos encontrado otra alternativa.
Esto lo utilizan instituciones que reciben cero aportes del Estado, que son privadas. Por tanto, arrebatarles este sistema no me parece; eso va a significar un costo fiscal.
Dichas entidades debieran reclamar -y yo las voy a apoyar-, porque de la noche a la mañana, sin decir "agua va", les estamos quitando una fuente de financiamiento.
Y como las empresas tienen políticas de responsabilidad social, entonces que del diferencial hacia abajo lo carguen también a la donación. De ese modo, eliminamos el tema tributario a que aludió el Senador García.
Entiendo que esta propuesta se discutió, pero no se profundizó. Y sería muy importante que nos pudieran aclarar por qué no se planteó esa alternativa.
¿Por qué no es posible un poquito, una gotita de solidaridad, cuando hablamos de transacciones financieras, cuando hablamos del Banco Central?
Yo sé que el dinero es metálico y frío, pero también es posible que pueda dirigirse a la solidaridad.
Señor Presidente, quisiera saber si alguien de Hacienda nos puede aclarar ese punto; para así votar, en forma convencida, a favor o en contra de esta propuesta.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- No hay más inscritos.
Señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban las enmiendas introducidas por la Comisión de Hacienda al artículo 13 (13 votos a favor y 6 en contra) y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores García, Guillier, Horvath, Montes, Navarro, Ossandón, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Hernán Larraín, Moreira y Prokurica.


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor VALDÉS (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, quisiera responder la pregunta respecto de qué sucede con las monedas pequeñas y las cajas en distintos lugares.
Lo que hizo el Banco Central fue mantener una serie de conversaciones con estas instituciones. Y entiendo que la conclusión es que esto no era un tema importante, en particular, por la cantidad que se lograba juntar con monedas de peso y por su costo operativo.
Por lo tanto, fue parte de la discusión del Banco con los distintos "stakeholders", como los llaman hoy día, y se concluyó que no era un problema.
Eso es lo que puedo informar, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Ministro.
A continuación, conforme a lo acordado por la Sala, debemos tratar los proyectos de ley que se encuentran en los números 25 y 26 de la tabla, referidos a otorgamientos de la nacionalidad chilena por gracia.



CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA POR GRACIA A DIÁCONO GUIDO GOOSSENS ROELL


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede la nacionalidad por gracia al diácono Guido Goossens Roell, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.699-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 25ª, en 21 de junio de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 41ª, en 16 de agosto de 2016.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El objetivo de la iniciativa es conceder, por especial gracia, la nacionalidad chilena al diácono belga, señor Guido Goossens Roell.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió este proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Van Rysselberghe y señores Navarro y Ossandón, dejando constancia de que, después de analizar la iniciativa y en razón de las pautas establecidas para ponderar la procedencia del otorgamiento excepcional de la nacionalidad chilena, por especial gracia, a extranjeros de actuación notable en beneficio de la comunidad nacional, se formó la convicción de que el diácono don Guido Goossens Roell, por su valioso aporte a la Región del Maule y al país, y por su fructífera labor pastoral, es merecedor del reconocimiento reservado a las personas que han prestado valiosos servicios, a los que alude la norma contenida en el número 4o del artículo 10 de la Constitución Política de la República.
La Comisión deja constancia, asimismo, de la necesidad de modificar el texto del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, por cuanto el nombre del beneficiario de este honor que consta en el texto del proyecto de ley debe coincidir con la identificación con que aparece registrado en el Servicio de Registro Civil e Identificación, razón por la cual propone aprobar la iniciativa con la enmienda correspondiente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En discusión general y particular el proyecto.

¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad?

La señora PÉREZ (doña Lily).- Votemos, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Prefiere votar, señora Senadora?
Bien.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor MOREIRA.- ¿Votamos los dos proyectos al mismo tiempo?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- No, uno a uno.

El señor COLOMA.- Corresponde el de Guido Goossens.

El señor MOREIRA.- No, pues; si estamos revisando el primero...

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Es la iniciativa referida a la entrega de la nacionalidad por gracia al diácono Guido Goossens Roell.

El señor COLOMA.- Así es.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Si me permite, señor Presidente, la Sala acordó poner en votación en esta ocasión los proyectos de ley que figuran en los números 25 y 26 de la tabla.
De consiguiente, se ha puesto en votación la iniciativa número 25.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, yo simplemente quiero dar fe del actuar del diácono belga Guido Goossens, a quien conozco, y que reside en Chile hace unos cuarenta años.
Realmente, tal como lo define la moción, es un hombre que se destaca por ser transparente, carismático, dueño de una profunda humildad y de un gran compromiso con los más desposeídos. Además, tiene una figura que es muy fácil de distinguir en Talca...
Considero que merece un reconocimiento especial por parte de nuestro país, lo que se expresa en el hecho de concederle la nacionalidad chilena por gracia.
Sabemos que es muy excepcional que se otorgue por esta vía. Pero creo que, asimismo, hay gente excepcional, como el diácono belga Guido Goossens, quien, por su serenidad, tranquilidad de espíritu y permanente preocupación por los sectores más populares, es acreedor a la distinción de que se trata.
En tal sentido, quiero hacer constar, al igual que la Comisión de Derechos Humanos, que una persona con tales atributos merece, por el tiempo que lleva en nuestro país, por los servicios que ha prestado, por su vocación y por la serenidad que ha mostrado, el reconocimiento ciudadano.
Por las razones expuestas, voto a favor del otorgamiento de la nacionalidad chilena por especial gracia al diácono Guido Goossens Roell.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Está inscrito a continuación el Honorable señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, considero suficiente lo dicho por el Senador Coloma, quien fue muy convincente.
¡Basta de palabras! ¡Hay que aprobar este proyecto de ley!
Voto que sí.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (15 votos favorables), el cual queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Quintana y Quinteros.




CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA POR ESPECIAL GRACIA A SEÑOR THOMAS DALTON DILLEHAY


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Allende y señores De Urresti, Letelier, Navarro y Quinteros, que concede la nacionalidad chilena por especial gracia al ciudadano estadounidense señor Thomas Dalton Dillehay, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.702-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Allende y señores De Urresti, Letelier, Navarro y Quinteros):
En primer trámite: sesión 19ª, en 31 de mayo de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 41ª, en 16 de agosto de 2016.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El objetivo de esta iniciativa es conceder la nacionalidad chilena por especial gracia al ciudadano estadounidense señor Thomas Dalton Dillehay por haber descubierto el sitio patrimonial Monte Verde, en la Región de Los Lagos, y por su invaluable aporte a las teorías del poblamiento de América.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió este proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Van Rysselberghe y señores Navarro y Ossandón.
El referido órgano técnico deja constancia de que, después de analizar la iniciativa, y en razón de las pautas establecidas para ponderar la procedencia del otorgamiento excepcional de la nacionalidad chilena por especial gracia a extranjeros de actuación notable en beneficio de la comunidad, se formó la convicción de que el señor Thomas Dalton Dillehay, a raíz de su tremendo aporte a la arqueología y a la antropología nacionales, es merecedor del reconocimiento reservado a las personas que han prestado valiosos servicios, a los que alude la norma contenida en el número 4° del artículo 10 de la Constitución Política de la República.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, ¿puede abrir la votación?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- De inmediato, señor Senador.
En votación general y particular el proyecto.

--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra al Honorable señor Quinteros, representante de la Región de Los Lagos y uno de los autores de esta iniciativa.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, como se ha señalado, la moción que da origen a este proyecto propone conceder la nacionalidad chilena por especial gracia a don Thomas Dalton Dillehay, quien nació en Los Ángeles, Estados Unidos, el 23 de julio de 1947.
El señor Dillehay es antropólogo y arqueólogo; posee un doctorado en la Universidad de Texas; trabajó como profesor en varios establecimientos de educación superior, y es un distinguido académico de diversas universidades del continente.
Llegó a nuestro país en 1976; por tanto, lleva en Chile poco más de cuarenta años.
Ejerció como profesor de la Universidad Católica de Temuco entre 1977 y 1979. Luego fue designado Director del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad Austral de Chile y Profesor Extraordinario.
En el año 1998 la Universidad Austral le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa. Lo mismo hicieron la Universidad Católica de Temuco y la Universidad San Sebastián, sede Puerto Montt. Todas ellas le concedieron tal distinción por el importante aporte de sus estudios a nuestro país, y sobre todo a la Región de Los Lagos.
El señor Dillehay ha sido profesor visitante en varias universidades: Universidad de Chile; Universidad Nacional de San Marcos (Lima, Perú); Universidad de Sao Paulo (Brasil); Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad de Cambridge; Universidad de Tokio; Universidad de Chicago.
Su trabajo se concentra en el ámbito de las culturas mapuche y andina, como asimismo en la investigación etnoarqueológica en el sitio Monte Verde, de Puerto Montt, por la cual ha recibido reconocimiento científico a nivel internacional.
Cabe destacar que dicha investigación -y esto es lo importante para nosotros- cuestionó y desestimó la teoría de que los primeros americanos llegaron hace unos 10 mil años, generando una controversia científica arqueológica internacional, ya que comprobó que el sitio Monte Verde, de la comuna de Puerto Montt, tiene una antigüedad mayor a los 18 mil 500 años.
El doctor Dillehay ha luchado para que dicho sitio sea declarado patrimonio de la humanidad, pues se trata del más antiguo de América.
Al efecto, el 25 de enero de 2008 fue declarado monumento histórico, y hoy forma parte del listado tentativo para ser declarado patrimonio de la humanidad, por tratarse de un sitio del pleistoceno tardío, único en el planeta, debido al estado de conservación de sus restos orgánicos.
Aquello lo hizo merecedor de la condecoración Hijo Ilustre de la Ciudad de Puerto Montt.
Además, trabajó en la investigación de los kueles, monumentos funerarios mapuches de la Región de La Araucanía.
Por todo lo anterior, los autores de la moción consideramos que el doctor Dillehay tiene méritos suficientes para que se le conceda la nacionalidad chilena por especial gracia, de acuerdo al artículo 10, número 4°, de la Constitución Política de la República.
Cabe reiterar que la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía aprobó por unanimidad este proyecto de ley.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Moreira, también representante de la Región de Los Lagos.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, yo quiero felicitar a los autores de esta moción, que me habría encantado suscribir como Senador de Oposición por la Región de Los Lagos.
Este es un premio al mérito que se otorga a un hombre que se ganó el reconocimiento de la ciudadanía.
Si bien cinco parlamentarios, a través de este proyecto de ley, han querido conceder la nacionalidad chilena por especial gracia al ciudadano estadounidense señor Thomas Dalton Dillehay, debo resaltar que ese reconocimiento lo ha pedido además toda una comunidad: el Alcalde y el Concejo Municipal de Puerto Montt; los organismos vivos de esta comuna, en fin.
Ahora, considero de justicia agradecer la diligencia del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Senador Alejandro Navarro, quien, actuando en nombre de los parlamentarios autores de la moción, permitió que este proyecto de ley bajara desde el número 26 de la tabla y, entre tantas otras iniciativas importantes, tuviera un espacio para ser tratado en esta sesión.
A mi entender, el Senado se dignifica con la aprobación de esta iniciativa. Y la ciudad de Puerto Montt, que me ha acogido con mucho cariño, hoy día se siente reconocida.
Este es un reconocimiento a Puerto Montt, a su historia.
Este es un reconocimiento a un estadounidense, a un científico que lo ha entregado todo.
El trabajo del doctor Dillehay, que es múltiple, se concentró también en el ámbito de las culturas mapuche y andina, como asimismo en la investigación etnoarqueológica en el sitio Monte Verde, de dicha ciudad, por la cual ha recibido reconocimiento científico internacional.
Tanto el Alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, como todos los concejales le pidieron al Senado hacer este reconocimiento.
Por consiguiente, no queda más que decir que sí al proyecto que otorga la nacionalidad chilena por especial gracia a un hombre que merece esta distinción.
Voto a favor.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía aprobó por unanimidad este proyecto de ley, que concede la nacionalidad chilena por especial gracia a don Thomas Dalton Dillehay.
El doctor Thomas Dillehay, quien es antropólogo y arqueólogo y se ha desempeñado como profesor visitante de un conjunto importante de universidades, hizo un descubrimiento único y quebró la teoría de que los primeros americanos llegaron hace 10 mil años. En efecto, con evidencia empírica en el sitio de Monte Verde, que el año 2008 fue declarado monumento histórico y hoy está en un listado tentativo para ser declarado patrimonio de la humanidad, comprobó que aquello ocurrió hace 18 mil 500 años.
El doctor Dillehay ha sido profesor visitante en la Universidad Nacional de San Marcos (Lima, Perú); en la Universidad de Sao Paulo (Brasil); en la Universidad Nacional Autónoma de México; en la Universidad de Cambridge; en la Universidad de Tokio, y en la Universidad de Chicago.
Honra al Parlamento y honra a nuestro país el contar con la colaboración de ese destacado científico internacional, quien recibe la nacionalidad chilena por especial gracia -esperamos concretar la ley antes de su próxima visita, en octubre próximo- luego de sus aportes al desarrollo de las investigaciones antropológica y arqueológica y de llevar el nombre de Chile a los principales sitios de debate intelectual sobre estas temáticas en el mundo entero.
Aprobaré este proyecto con alegría y con la firme convicción de que los reconocimientos deben hacerse en vida.
Señor Presidente, seguimos teniendo la presencia del doctor Dillehay. Las investigaciones van a continuar. Solo espero que el Estado de Chile realice las inversiones necesarias para proteger el sitio de Monte Verde en conjunto con la Municipalidad de Puerto Montt, con el Gobierno Regional de Los Lagos. Y para apoyar las acciones pertinentes contamos con los dos Senadores que la representan.
No basta descubrir: hay que proteger y desarrollar; hay que habilitar, para que los miles y miles de turistas que van a la Isla Grande de Chiloé hagan el desvío a la derecha antes de llegar a Pargua y visiten Monte Verde. ¡Es un lugar inolvidable!
Todos los estudiantes, todas las familias chilenas deberían tener acceso -y espero que lo tengan- a ese regalo de la naturaleza, a ese regalo de la investigación, que está en nuestras manos producto del trabajo de un investigador internacional que lleva a Chile en su corazón: ¡viene desde hace cuarenta años!
El ser chileno honra al doctor Dillehay y a todos los habitantes de este país.
Les agradezco a todos los Senadores su diligencia y la aprobación unánime de esta iniciativa, que expresa nuestro cariño a un gran hombre.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, el trabajo de arqueólogos y antropólogos en esta tierra, que hoy se llama "Chile", ha demostrado que hace -y aquí están las discusiones- 18 mil o 15 mil años había personas en la zona de Puerto Montt (Región de Los Lagos) conocida hoy como "Monte Verde".
Incluso, otros hallazgos arqueológicos vinculados con las teorías de las migraciones y los asentamientos humanos -no de la misma antigüedad, pero sí de la misma importancia- han demostrado que hace 10 mil a 12 mil años existieron asentamientos humanos en la laguna de Tagua Tagua, de la comuna de San Vicente.
Eso evidencia que tenemos una tremenda deuda, como país, con la disciplina de la arqueología.
Thomas Dalton Dillehay contribuyó inmensamente a la ciencia, al conocimiento. Y no solo hizo el ya referido hallazgo, sino que además, junto con otros científicos, nos ha permitido saber de nuestra propia historia.
Por ello, además de adherir con mucho gusto a esta iniciativa, encabezada por el Senador Quinteros, quien es no solo un gran conocedor de su Región sino también un apasionado de la historia de la humanidad, y particularmente de la historia del territorio que hoy se llama "Chile", deseo subrayar la importancia que deben tener en nuestro país la antropología y la arqueología, pero no solo -no quiero que se malentienda- para que los arqueólogos sean contratados para ver los estudios de impacto ambiental cuando las empresas están construyendo en determinados lugares y descubren restos de tiempo indefinido, sino, por sobre todo, para que exista desarrollo de la ciencia misma.
Esas son disciplinas que nos pueden hablar mucho de lo que somos, de lo que hemos sido, de dónde venimos y por qué pertenecemos a la comunidad hoy llamada "Chile".
Señor Presidente, nosotros vamos a votar a favor.
Reitero mi reconocimiento al Senador Rabindranath Quinteros por haber impulsado esta iniciativa y le agradezco por habernos invitado a acompañarlo.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, quiero felicitar a los impulsores de esta iniciativa.
Nos reunimos con los parlamentarios de la Región de Los Lagos, el Senador Navarro, las autoridades de Puerto Montt y gente de todo el sector aledaño a Monte Verde.
Debo relevar la importancia de las universidades regionales.
Pobladores pertenecientes a la familia Barría hallaron huesos equivalentes a los de un mastodonte. Como les llamaron la atención, los guardaron. Luego, Luis Werner, estudiante de la Universidad Austral, recibió esas osamentas y las llevó a dicho establecimiento, pues pensó que se trataba de algo extraño y que había que investigar.
Finalmente llegaron el profesor Dillehay y cuatro de alumnos de la mencionada universidad, quienes abrieron un hallazgo espectacular.
La teoría del doctor Dillehay postula que ese lugar fue habitado hace 33 mil años.
Nosotros teníamos conocimiento de que todo ese sector estaba bajo hielo por la última glaciación y de que se trataría más bien de culturas cercanas a los tehuelches y a los kawésqar. De manera que el profesor Dillehay dio vuelta toda nuestra visión sobre el poblamiento de América.
Creo, pues, que este proyecto significa un justo homenaje al principal investigador del sitio de Monte Verde, quien ha revolucionado la antropología y la arqueología en el cono sur americano.
Por lo tanto, con entusiasmo, voto a favor.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- No hay más inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (20 votos favorables), el cual queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Quintana, Quinteros, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.

VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
A la señora Ministra de Educación, solicitándole PRONUNCIAMIENTO SOBRE DIVERSAS MATERIAS VINCULADAS CON PROYECTO SOBRE CREACIÓN DE SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y QUE AFECTAN A TRABAJADORES ASISTENTES DE MAGALLANES.
Del señor GARCÍA:
Al señor Secretario Regional Ministerial de Salud de La Araucanía, para consultarle sobre DERECHO DE DOÑA XIMENA TORRES ANDRADES, HABITANTE DE COMUNA DE TEODORO SCHMIDT, A CREDENCIAL DE DISCAPACIDAD.
Del señor GIRARDI:
Al señor Subsecretario del Medio Ambiente, para que se informe sobre IMPLEMENTACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE LEY N° 20.920, ASÍ COMO CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE CIUDADANÍA EN DICHO PROCESO, y sobre cuándo, cómo y bajo qué procedimientos se harán efectivas las RECOMENDACIONES DE COMISIÓN PRESIDENCIAL SOBRE REFORMA A SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
Del señor GUILLIER:
Al señor Director Nacional del Servicio Médico Legal, con copia a la señora Ministra de Justicia, solicitándole informar respecto de POSIBILIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE SERVICIO MÉDICO LEGAL EN SAN PEDRO DE ATACAMA O FORTALECIMIENTO DE SML DE CALAMA.
Del señor PROKURICA:
Al señor Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de Atacama, pidiéndole informar sobre ESTADO DE TRAMITACIÓN DE SOLUCIÓN HABITACIONAL DE SEÑORA SENAIDA DEL ROSARIO BERENGUELA GONZÁLEZ.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En Incidentes, el Comité Partido Demócrata Cristiano e Independiente no va a hacer uso de la palabra.
El Comité Partido Renovación Nacional, tampoco.
En el tiempo de Comité Partido Socialista...

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, me corresponden esos minutos.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- No, señor Senador. Usted ya tiene el tiempo del Comité Mixto, que incluye a tres partidos y dos Senadores independientes.

El señor NAVARRO.- Y el tiempo del Comité Partido MAS.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Esos Senadores también son Comités.
Entonces, Su Señoría va a disponer de ocho minutos.
En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el Senador señor Letelier.


REFLEXIONES SOBRE CREACIÓN DE UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL EN REGIÓN DE O'HIGGINS. OFICIO

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, quiero referirme en esta hora de Incidentes a la creación de una universidad pública estatal en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
Por primera vez en la historia de nuestro país, mediante ley y partiendo de cero, se promueve y propone el establecimiento de una universidad estatal.
Solo en dos momentos de nuestra historia se han planteado leyes para legalizar situaciones preexistentes.
La ley que creó la Universidad de Chile, en verdad, formalizó algo hermoso, extraordinario; que existía, y que fue promovido por don Andrés Bello.
En el caso de la Universidad Técnica del Estado, hubo una ley que la montó a partir de la existencia de la Escuela de Artes y Oficios en nuestro país, particularmente en la ciudad de Santiago.
Distinta es la historia del esfuerzo que encabeza la Presidenta Bachelet a los fines de crear universidades públicas estatales tanto en la Región de O'Higgins cuanto en la de Aisén.
Voy a referirme a la Universidad de la Región que me honro en representar en el Congreso Nacional, específicamente en el Senado.
Hace un año se aprobó la ley. Hace ocho meses la Presidenta de la República nominó al catedrático Rafael Correa (matemático de excelencia, ex director de la principal comisión de investigación científica de nuestro país: CONICYT), a quien le entregó la tutela del proyecto destinado a crear la Universidad de O'Higgins, con el apoyo de la Universidad de Chile. Este fue el mandato que se le dio a don Rafael Correa.
En estos ocho meses se ha logrado, en el plano administrativo, tener los estatutos aprobados y firmados por la Jefa del Estado.
Asimismo, se ha conseguido poner en movimiento a un grupo de académicos (más de setenta) de la Universidad de Chile para ir definiendo y promoviendo las mallas curriculares (sobre trece) de las carreras que se impartirán a partir del primer año en la nueva casa de estudios superiores.
A la vez, se publicaron las bases del concurso para la contratación de los primeros cuarenta académicos, a quienes se les exigirá tener doctorado y dedicar un tercio de su tiempo, por lo menos, a dictar clases, y los dos tercios restantes, a la investigación, dado que la nueva universidad tendrá como eje el desarrollo de esta área en diferentes centros.
Por último, en el plano de la infraestructura, se ha promovido algo aún más excepcional y exigente, quizás propio de la identidad de nuestra Región. En efecto, se le pidió al rector impulsar un proyecto de universidad con sedes en tres ciudades distintas: Rancagua, Rengo y San Fernando; es decir, en la cabecera de las tres cuencas existentes en la Región de O'Higgins.
En este tiempo, el rector y su pequeño equipo de la Universidad (apenas seis personas) ya cuentan con un edificio de seis pisos en la ciudad de Rancagua: el del exhospital. Fue entregado en comodato, y ya se licitó el proceso de demolición interior y remodelación, para que en dicho inmueble, de varios miles de metros, pueda funcionar la sede de Rancagua, donde se impartirán las carreras de Salud y de Pedagogía, que van a estar entre los principales ejes.
En las comunas de Rengo y de San Fernando existen dos inmuebles que se pusieron a disposición de la nueva Universidad -son de propiedad del Gobierno Regional-, en los cuales antes hubo proyectos universitarios, por desgracia fallidos.
Se elaboraron los proyectos para acondicionar la infraestructura.
En Rengo se hallan un poco más retrasados, por cuanto aquella fue dañada fuertemente por el terremoto de 2010.
En San Fernando hay un proyecto para habilitar, en términos sanitarios y de acondicionamiento climático, dicha infraestructura a los fines de que puedan comenzar las clases en marzo venidero.
Sin duda, es la infraestructura en que se registra mayor adelanto.
Señor Presidente, en estas últimas semanas, a pesar de los tremendos esfuerzos desplegados por el equipo de la Universidad de O'Higgins, encabezado por don Rafael Correa -lo saludo y le expreso mi agradecimiento por la labor que está haciendo-, han surgido opiniones propias de nuestra naturaleza, críticas y dudas para cuestionar tanto la factibilidad del proyecto universitario en comento, e incluso su viabilidad, cuanto la posibilidad de que las clases comiencen en marzo próximo.
Sin duda, será difícil cumplir tal meta.
Para una persona que asumió hace menos de un año como rector de una universidad donde, literalmente, ¡no existe nada!, poner en movimiento un establecimiento con tres sedes en igual número de ciudades y con múltiples carreras es un tremendo desafío.
En el último tiempo se ha generado un debate sobre dónde van a comenzar las clases, en qué edificio, sin entender que eso no es lo más relevante.
Hay en San Fernando un edificio -será de la Universidad- que va a estar en condiciones de iniciar las clases en marzo venidero.
En Rancagua se deberá usar algún inmueble en forma transitoria, hasta que el edificio de seis pisos, que es un aporte inmenso para una sede universitaria, se encuentre absolutamente adecuado.
Sobre el particular, señor Presidente, se ha generado una discusión.
¿Corresponde comenzar las clases en marzo próximo?
¿Es un voluntarismo?
¿Se debe esperar hasta que estén listos los edificios en su totalidad, tanto en Rancagua como en Rengo?
Personalmente, creo que no. A mi juicio, se puede avanzar simultáneamente en el esfuerzo de infraestructura y en el comienzo del primer año de algunas carreras en 2017, bajo un concepto: ¡estamos llegando a tiempo para no perder más talentos en la Región de O'Higgins!
Miles de jóvenes no estudian en regiones, particularmente en la mía, porque sus familias no cuentan con recursos económicos para pagarles una pensión.
Podrán incluso recibir ayudas estudiantiles para alimentación, para pago de matrícula y para cancelación de aranceles. Pero las familias constituidas por temporeros, por trabajadores agrícolas, por asalariados al día, por gente que labora en sectores de servicios no disponen de ingresos suficientes para mantener a un hijo o a una hija en una pensión lejos de su región.
El comienzo de las clases cuanto antes en la Región de O'Higgins -fue lo que propuso la Presidenta de la República- es para dejar de perder oportunidades, para no seguir desperdiciando talentos: ¡es para llegar a tiempo!
En ese contexto, invito a todos a mirar con atención lo que va a ocurrir en la Región de O'Higgins, donde se instalará una de las universidades estatales más sólidas de nuestro país, la que tendrá un proceso de desarrollo.
Quiero invitar a muchos que se sientan en un Hemiciclo parecido a este, pero en el otro extremo del edificio del Parlamento, al objeto de hacerlos entender que nuestra responsabilidad, la del Congreso Nacional, es aprobar los recursos para que las universidades estatales puedan funcionar, pero que es responsabilidad de las comunidades académicas sacar adelante las tareas a que me he referido.
Las universidades, de por sí, siempre deben tener respaldo, pero también la autonomía necesaria para desarrollar esfuerzos en su contexto, en su medio.
Señor Presidente, pido que se remita copia de mi intervención al Ministerio de Educación.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


COMPLACENCIA POR REUNIÓN DE "EBILEÑAS" EN REGIÓN DE O'HIGGINS

El señor LETELIER.- Señor Presidente, de manera breve, quiero saludar la reunión efectuada en la Región de O'Higgins por la Entidad Binacional para el Proyecto "Túnel Internacional Paso Las Leñas", conocida como "EBILEÑAS".
Ya se formalizó la relación entre Chile y Argentina a través de un tratado para la construcción del túnel de baja altura, apenas a 2 mil 100 metros.
Se constituyó formalmente. Primero, en Buenos Aires. Ahora celebró su tercera sesión. Y uno ve al final -aprovecho la oportunidad para valorarlo- que se da una realidad: la construcción del túnel de baja altura hacia Argentina en la Región de O'Higgins.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Mixto (Partido Amplitud e Independiente, Partido Somos Aysén y Partido MAS e Independiente), tiene la palabra el Senador señor Navarro, hasta por ocho minutos.


REFLEXIONES ANTE REMOCIÓN DE FISCAL EMILIANO ARIAS EN "CASO CORPESCA"

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el Fiscal Emiliano Arias fue destituido porque se atrevió a dar una entrevista en La Tercera para hacer un recuento de la investigación a CORPESCA y ASIPES Biobío.
El referido Fiscal incautó los computadores de ambas pesqueras. Y los computadores van a hablar. Espero que lo hagan pronto.
El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, sobre quien tengo la mejor de las opiniones, tomó la decisión de remover al Fiscal Arias por haber efectuado, a propósito de un caso de público conocimiento que estaba investigando, una declaración de prensa durante la cual afirmó que la Ley de Pesca es una ley corrupta, una ley viciada en su origen, una ley en la que se han cometido delitos.
Quienes perpetran delitos son delincuentes.
¡Deberemos anular la Ley de Pesca porque es una vergüenza para Chile, una vergüenza para el Senado, una vergüenza para la Cámara de Diputados! ¡Es una ley corrupta!
¡Chile requiere una nueva Ley de Pesca!
¡Chile no requiere que los fiscales que investigan sean censurados, ni menos destituidos!
¡Un grave daño a la credibilidad!
¡Se ha sentado un nefasto precedente para los fiscales que se atreven a investigar!
Como lo dice la Asociación de Fiscales, cuando las investigaciones afecten a grupos de poder se hará valer una norma para desinformar a la ciudadanía.
¡Pésimo precedente!
En el Senado pedí transparencia. Algunos me criticaron. Senadores que votaron en contra del proyecto modificatorio de la Ley de Pesca -hecho del que yo era muy consciente- se sintieron afectados por mis dichos. ¡Y fui destituido de la Vicepresidencia!
Hoy día se avanza en la investigación. Pero no habrá tranquilidad en el ámbito pesquero mientras no sepamos exactamente cuán involucradas están las empresas en el financiamiento de las campañas, en las donaciones ilegales.
¡Se ha sentado un precedente nefasto para el Congreso Nacional, para la ciudadanía!
Una ley corrupta solo se arregla anulándola.
Espero que el precedente sentado en el caso del Fiscal Emiliano Arias no se repita.
La causa en comento se reasignó al Fiscal Regional del Biobío, Julio Contardo.
Espero que a Julio Contardo no le tiemble la mano. Ojalá que este Fiscal lleve adelante la investigación sin dejarse presionar y sin someterse a ningún grupo: político, empresarial o de cualquier otra naturaleza.
El Fiscal Contardo debe avanzar en la investigación, tal como lo estaba haciendo el Fiscal Emiliano Arias.
¡Eso es lo que se espera!
La ciudadanía va a observar la tarea del Fiscal Contardo. También, la acción de ASIPES y la de CORPESCA, que han atrapado en sus redes, las cuales son muy amplias, a muchos; no sé a cuántos.
Por la tranquilidad de nuestro país, y particularmente por la de los pescadores artesanales, solo deseo que se llegue a la verdad y haya transparencia.
Yo ya tengo una convicción: la Ley de Pesca estuvo sometida a un lobby feroz; se trata de una normativa que tiene en su origen una marca de corrupción, tal como lo manifestó el Fiscal Arias.
Por dura que sea la verdad, queremos conocerla.
Solidarizo con el Fiscal Emiliano Arias. Creo que el Fiscal Abbott dio una mala señal.
No hay que hacer cuestión sobre el tema de los fiscales: se debe investigar.
Espero que eso haga el Fiscal Contardo en la Región del Biobío.


VIGENCIA DE CONVENCIÓN CON URUGUAY SOBRE LIBRE EJERCICIO DE PROFESIONES. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero informar al Senado que el lunes último, 15 de agosto, estuve en Montevideo, capital de Uruguay.
En ese país celebré una grata reunión con Rodolfo Nin, Ministro de Relaciones Exteriores.
Me reuní también con Jorge Basso, Ministro de Salud.
Estuve con Roberto Markarian, Rector de la universidad más importante de Uruguay, la Universidad de la República, y con Fernando Tomasina, Decano de la Facultad de Medicina de esa casa de estudios superiores.
Asimismo, me reuní con el Senador Jorge Larrañaga, uno de los líderes más relevantes de la Oposición, y con Rubén Martínez Huelmo, Senador del Frente Amplio.
Señor Presidente, estuve revisando una convención bilateral suscrita por Chile y Uruguay en 1916 -en consecuencia, cumple cien años- donde se establece el libre ejercicio de las profesiones en ambos países.
El referido instrumento internacional está vigente.
Nuestros médicos, cuando van a Uruguay, pueden ejercer al cabo de tres, cuatro, cinco, seis meses -como máximo-, con la sola presentación de sus antecedentes.
Más de 380 chilenos estudian Medicina en Montevideo ¡gratuitamente!
¿Y qué pasa en Chile?
Desde 2009, los médicos uruguayos que llegan a nuestro territorio tienen que rendir el EUNACOM y someterse al CONACEM.
Actualmente existe la amenaza directa de que, a fines de diciembre del año en curso, 1.174 médicos deban regresar a su patria porque se termina la autorización parcial que se les otorgó para ejercer en Chile, país donde un millón 600 mil personas esperan una consulta; donde 57 mil 331 compatriotas fallecieron entre el 1 de enero de 2010 y el 1 de enero de 2015; donde se registra la muerte de 10 mil 83 personas que esperaban una intervención quirúrgica.
Ello, a no dudarlo, amerita una revisión.
Habrá una hoguera social y política en Chile cuando se descubran los casos de las personas que han fallecido aguardando una consulta médica, con la inoperancia, la inacción, la pasividad de un Ministerio de Salud que solo complica las cosas y con un cartel del Colegio Médico que únicamente compite en una defensa legítima, pero a mi entender impropia, desleal y poco ética, por cuanto sacrifica la salud pública por satisfacer los intereses de sus asociados.
La referida Convención con Uruguay -insisto- está plenamente vigente. Cumple cien años.
Yo espero que el Ministro de Relaciones Exteriores, la Ministra de Salud y las demás autoridades chilenas que tienen que ver con la aplicación del mencionado instrumento internacional se abran, se allanen a su cumplimiento.
Está en conversaciones y a punto de ser firmado un nuevo tratado de libre comercio entre Chile y Uruguay.
Es un nefasto precedente y una pésima señal que nuestro país incumpla sus tratados, más aún aquel a que me he referido, que data, como expresé, de 1916.
A raíz de los problemas con Bolivia, reclamamos ante La Haya la vigencia, que yo apoyo, del Tratado de 1904. Ese instrumento se encuentra en vigor, al igual que la Convención suscrita en 1916 por Chile y Uruguay para permitir que los profesionales de ambos países, entre ellos los médicos, ejerzan libremente en uno u otro.
Señor Presidente, el lunes último, día feriado en Chile y laboral en Uruguay, tuve la grata sorpresa de ser acogido cálidamente en dicha nación por todos los ministros, por todos los equipos políticos que acompañaron mi visita, particularmente en el Senado.
Quiero referirme en especial a Jorge Larrañaga, líder de la Oposición, quien, aun siendo más bien de la línea conservadora, se comprometió, en su calidad de Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, a realizar todas las gestiones para que entre Uruguay y Chile se retome la senda adecuada: el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre asuntos tan sensibles como el señalado.
Médicos uruguayos que trabajan en Chile no quieren regresar a su patria.
¡Sería un despropósito que esos profesionales y otros de diversas nacionalidades (venezolanos, salvadoreños, ecuatorianos, españoles) debieran retornar a sus países porque Chile les impide trabajar aquí!
Hay una exigencia ciudadana y una necesidad enormes. Aquí la gente está falleciendo por falta de especialistas. Nuestros compatriotas se mueren esperando una consulta médica.
¡Yo abogo por el cumplimiento del Tratado en cuestión!
Señor Presidente, solicito oficiar al Ministro de Relaciones Exteriores, señor Heraldo Muñoz; a la Ministra de Salud, señora Carmen Castillo, y a la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, a fin de que se realicen todas las gestiones para dar cumplimiento fiel a la Convención chileno-uruguaya que permite el libre ejercicio de las profesiones, en particular la de médico, noble profesión que salva vidas.
Estoy hablando -reitero- de médicos uruguayos que salvan vidas en Chile y quieren quedarse en nuestro territorio.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:19.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción