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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 47ª, en miércoles 7 de septiembre de 2016
Ordinaria
(De 16:24 a 20)
PRESIDENCIA DE SEÑORES RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE,
Y JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR,
Y JULIO CÁMARA OYARZO, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes; de Educación, señora Adriana Delpiano Puelma, y de Energía, señor Máximo Pacheco Matte.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor LAGOS (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 43ª y 44ª, ordinarias, en 30 y 31 de agosto del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor LAGOS (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Seis de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, y la ley N° 20.686, que crea el Ministerio del Deporte, con el objeto de incorporar el deporte adaptado y paralímpico (boletín N° 91.837-29).
Con los cinco últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El que modifica el artículo 39 A de la Ley General de Telecomunicaciones para garantizar las comunicaciones en situaciones de emergencia (boletín N° 10.402-15).
2) El que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet (boletín N° 8.584-15).
3) El relativo a la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía (boletín N° 6.499-11).
4) El que perfecciona la justicia tributaria y aduanera (boletín N° 9.892-07).
5) El que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín N° 7.550-06).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que informa que ha aprobado el proyecto de ley que establece el 19 de marzo de cada año como Día del Artesano (boletín N° 10.648-24).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
Del señor Contralor General de la República:
Contesta solicitud, enviada en nombre del Senador señor Guillier, acerca de la posibilidad de otorgar el denominado "bono zonas extremas" a los funcionarios de las corporaciones municipales sujetos al Código del Trabajo.
Del señor Ministro de Desarrollo Social:
Responde solicitud, enviada en nombre de la Senadora señora Allende, para estudiar la posibilidad de establecer un régimen jurídico aplicable a las empresas en que la mayoría de sus propietarios o de sus trabajadores sean personas con discapacidad, con la finalidad de fomentar y apoyar sus emprendimientos con incentivos tales como beneficios tributarios, subsidios al empleo, programas de capacitaciones e instrumentos de apoyo entregados por la Corporación de Fomento de la Producción.
De la señora Ministra de Salud:
Remite información, solicitada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a las condiciones que se deben cumplir para que un cuerpo sin vida sea enterrado en una fosa común.
Contesta solicitud, enviada en nombre del Senador señor De Urresti, para considerar que las comunas de La Unión, Río Bueno y Los Lagos, de la provincia del Ranco, puedan contar con mediciones y monitoreos de la calidad del aire.
Atiende requerimiento, expresado en nombre del Senador señor Horvath, tendiente a evaluar un cambio de las prioridades para las obras y proyectos de inversión pública contemplados para la Región de Aisén y zonas vecinas.
Da respuesta a petición de información sobre las personas que presentan la condición de "vientre de delantal", materia consultada en nombre del Senador señor Guillier.
Da contestación a acuerdo del Senado, por el que se solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República que incluya dentro del Plan de Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE) a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) (boletín N° S 1.893-12).
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Atiende consulta, expedida en nombre de la Senadora señora Van Rysselberghe, acerca de la ejecución presupuestaria, al 31 de mayo de 2016, del plan de inversiones e infraestructura del transporte público para Santiago, Concepción, Valparaíso y Antofagasta, anunciado el 2014 por Su Excelencia la Presidenta de la República, que considera catorce proyectos, con una inversión total de 4 mil 200 millones de dólares.
Del señor Superintendente de Seguridad Social:
Remite, ante solicitud del Senador señor De Urresti, antecedentes sobre la situación que afecta a persona individualizada, por un préstamo adquirido en la Caja de Compensación Los Héroes.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Segundo informe e informe complementario del segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito y la ley N° 18.287 con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales (boletín N° 10.125-15) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación (boletín N° 10.063-21) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para tabla.
Mociones
Del Senador señor Chahuán, con la que da inicio a un proyecto de ley que establece, el 25 de octubre de cada año, la conmemoración del "Día Mundial de las Personas de Talla Baja" (boletín Nº 10.884-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
Del Senador señor Bianchi, con la que da inicio a un proyecto de ley que declara feriado el 21 de septiembre de cada año para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y la provincia de Chiloé (boletín Nº 10.885-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar, con la que proponen un proyecto de ley que otorga al consejo regional la facultad de determinar los días feriados de carácter regional.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso cuarto, número 2°, del artículo 65 de la Constitución Política.
Comunicación
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con la que solicita recabar el acuerdo de la Sala para que los proyectos que se indican a continuación sean remitidos a la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, por tratarse de materias de su competencia:
1) Proyecto de ley que modifica el Código Civil estableciendo mecanismos correctivos para el caso de reconocimientos de paternidad indebidos (boletín N° 5.825-07).
2) Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de reconocimiento de la paternidad (boletín N° 5.816-07).
--Se accede a lo solicitado.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Informe
De la Comisión Revisora de Cuentas, mediante el cual comunica que ha aprobado las cuentas de la Tesorería del Senado, correspondientes al año presupuestario 2014, acompañando una síntesis de ellas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, aprobado por la Comisión de Régimen Interior.
--Se toma conocimiento y se manda publicar en el Diario Oficial la síntesis de las cuentas del año 2014.
V. ORDEN DEL DÍA



MARCO NORMATIVO PARA ESTABLECIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE CALETAS PESQUERAS ARTESANALES A NIVEL NACIONAL


El señor LAGOS (Presidente).- En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación, con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.063-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 13ª, en 4 de mayo de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 47ª, en 7 de septiembre de 2016.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto es crear un marco normativo para el establecimiento y asignación de caletas pesqueras artesanales a nivel nacional, a través de un procedimiento ágil y expedito que permita a las organizaciones de pescadores artesanales potenciar de manera armónica e integral el desarrollo de estos espacios.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Muñoz y Van Rysselberghe y señor Quinteros.
Cabe tener presente que los artículos 18 a 27 permanentes y el artículo primero transitorio son de quorum calificado, por lo que requieren 19 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 30 a 44 del primer informe de la Comisión.
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Me ha pedido la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- ¿Son diez minutos para la discusión general, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).- Así es, señor Senador.

El señor MOREIRA.- Perfecto.
Comienzo mi intervención diciendo, en mi calidad de Senador por la Región de Los Lagos, que esta es una zona que ha sido muy azotada desde el punto de vista pesquero, por todas las situaciones que hemos debido pasar.
Voy a señalar algunas estadísticas.
Allí existen 200 caletas y 35 mil pescadores artesanales. El 15,5 por ciento está en las caletas. Y el desembarco artesanal regional es de alrededor de 22 mil toneladas.
En cuanto al proyecto, lo considero muy importante, pero creo que será necesario formularle algunas indicaciones cuando vuelva a la Comisión.
La entrega de derechos de propiedad, autonomía, confianza e instrumentos necesarios para impulsar la productividad de los pescadores artesanales es la clave de esta normativa sobre caletas pesqueras.
La presente iniciativa concibe la caleta como una unidad productiva, económica y social, dándole el sentido de propiedad que necesitan nuestros pescadores para construir un círculo virtuoso hacia una nueva era en la pesca artesanal, acompañados de la ley que crea una bonificación para el repoblamiento y cultivo de algas -aprobada hace poco- y de proyectos actualmente en discusión, como el que crea el INDESPA, y de la ley sobre recursos bentónicos y el reglamento de áreas de manejo.
Sin embargo, la normativa en análisis tiene una contradicción vital. Nos motiva el principio de fortalecer el emprendimiento, la autonomía, pero se incorporó la creación de una comisión intersectorial que tendrá la obligación de fiscalizar el cumplimiento del plan de administración; solicitar el término de los convenios, y aprobar contratos de arriendo y comodato, suscritos por la administración, sobre un porcentaje de la superficie de la caleta.
Nos preguntamos, señor Presidente, si era necesario crear dicha figura cuando esas funciones hoy son responsabilidad de SERNAPESCA, institución que también se encuentra en proceso de aprobación de un proyecto de ley para fortalecer sus funciones.
Crear este comité integrado por seremis y representantes del municipio, donde cuatro de sus siete integrantes -¡cuatro!- responderán a confianzas políticas del gobierno de turno, no garantiza la imparcialidad necesaria a la hora de tomar una decisión que incluye el otorgamiento a uno u otro administrador. Este debe ser resorte de un organismo técnico, que podrá pedir informes a los Ministerios e instituciones pertinentes cuando lo requiera, pero la labor debe ser de los fiscalizadores, que día a día están en terreno conviviendo con las caletas y sus pescadores.
Los Ministerios deben ser una instancia colaborativa y una red de apoyo para los sindicatos o administradores, que les permita potenciar la unidad de negocio, hacerla crecer y perdurar en el tiempo de manera responsable y sustentable.
No podemos pretender, señor Presidente, entregar una herramienta de trabajo, de patrimonio, a los administradores, cuando finalmente los estaremos ahogando con exceso de trámites administrativos y burocracia innecesaria.
Con ello no quiero decir que no se haga fiscalización -reitero: no quiero decir que no se haga fiscalización- o que no exista un plan de gestión bien desarrollado para cada una de las 640 caletas que existen en Chile.
Lo que queremos regular con esta ley en proyecto es el otorgamiento de la titularidad de los espacios de desembarque, que hoy en su mayoría carecen de certeza jurídica. Este acto de fe, como todo contrato, debe estar basado en la confianza de que los propios pescadores no atentarán contra una herramienta clave para su fuente de trabajo.
Y, en caso de que así sucediera, se deberá generar un buen reglamento, que regule los abusos o errores que se puedan cometer, lo cual se soluciona entregando las atribuciones necesarias a SERNAPESCA, además de los recursos para realizar una fiscalización adecuada y efectiva.
Yo voy a votar a favor de la idea de legislar, pero en el debate particular creo necesario analizar en profundidad este punto, que, a mi modo de ver, cae en una contradicción que puede ser fatal para una iniciativa que tiene una buena finalidad, pero que en su ejecución podría incurrir en vicios que terminen enlodando un objetivo superior.
Por eso, voy a presentar una serie de indicaciones, una vez abierto el plazo pertinente, para despejar las dudas que uno pudiese tener. Pero, claramente, este es un proyecto importante y al cual le reconozco su mérito. En lo relativo a las indicaciones, las presentaremos dentro del plazo que corresponda.
Anuncio mi voto favorable a la idea de legislar, señor Presidente, y le pido que abra la votación.

El señor LAGOS (Presidente).- ¿Le parece a la Sala abrir la votación?

El señor LETELIER.- Después, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- No hay unanimidad.
Entonces, le ofrezco la palabra al Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, cumplo con informar a esta Honorable Sala el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación, correspondiente al boletín N° 10.063-21 y cuyo origen se encuentra en el mensaje que Su Excelencia la Presidenta de la República presentara el 20 de mayo de 2015 a la Cámara de Diputados, donde fue aprobado por 101 votos.
La iniciativa, que ingresó a tramitación en el Senado el 4 de mayo del año en curso, persigue crear un marco normativo para el establecimiento y asignación de caletas pesqueras artesanales a nivel nacional, a través de un procedimiento ágil y expedito que permita a las organizaciones de pescadores artesanales potenciar de manera armónica e integral el desarrollo de estos espacios.
Para tal efecto, el proyecto busca establecer que las caletas pasen a ser unidades productivas, económicas y sociales, ubicadas en áreas geográficas en las que las organizaciones de pescadores artesanales sean sus titulares, y que en ellas sus integrantes desarrollen sus labores habituales.
Lo que se pretende es que en las caletas se realicen todas aquellas labores vinculadas con el desarrollo de las actividades pesqueras extractivas, de transformación de la pesca y de acuicultura de pequeña escala, a las que se agregan otras actividades tales como turismo, puestos de venta de recursos hidrobiológicos, artesanía local, gastronomía y expresiones culturales propias del sector.
Principales características del proyecto
-Se otorgará una destinación por el Ministerio de Defensa Nacional (concesiones marítimas a órganos públicos) a SERNAPESCA, para que este, vía convenio de uso, asigne tales concesiones a las organizaciones de pescadores artesanales.
-Esa destinación durará 30 años y se concederá en forma gratuita.
-El modelo permite tramitar, en paralelo a la ley, las destinaciones al Servicio, de tal forma que, una vez que aquella entre en vigencia, se pueda comenzar inmediatamente el proceso de asignación.
-Se cambia el modelo de entrega de concesión a uno de asignación, vía convenio de uso suscrito por SERNAPESCA.
-Las caletas artesanales otorgadas en destinación al Servicio deberán ser asignadas a las organizaciones de pescadores artesanales que tengan declarada como caleta base el espacio objeto de la destinación, y dicha asignación se realizará a través de la suscripción de un convenio de uso.
-Propone también un modelo asociativo de asignación, estableciendo una gestión de oficio de la autoridad, y solo en caso de no existir acuerdo se realizará una asignación por criterios previamente definidos.
-El convenio de uso tendrá la misma duración de la destinación marítima.
Otra regulación destacada es que se faculta a los Ministerios de Bienes Nacionales y de Vivienda para regularizar ocupaciones irregulares en bienes fiscales situados en terrenos colindantes a caletas.
Además, se declaran de utilidad pública los terrenos privados en los que se sitúen caletas de pescadores artesanales indicadas como tales en el decreto supremo N° 240, de 1998, a la fecha de publicación de esta ley, y se autoriza al Ministerio de Bienes Nacionales para expropiarlas.
Por otra parte, la iniciativa concede la calidad de dueñas a las organizaciones de pescadores artesanales para el solo efecto de que cumplan los requisitos que en ese sentido exijan las autorizaciones y permisos que establecen las leyes, a fin de tener las condiciones necesarias para poder acceder a instrumentos de fomento productivo, beneficios de saneamiento sanitario, subsidios de agua potable, electricidad y otros.
Se determina que los derechos emanados del convenio de uso suscrito entre el Servicio y la organización asignataria no podrán enajenarse ni cederse, como tampoco constituirse a su respecto otros derechos en beneficio de terceros, con el fin de evitar que los pierdan las organizaciones beneficiarias.
Igualmente, el proyecto autoriza que se arriende o se dé en comodato una superficie que no exceda el 40 por ciento del total asignado, por un plazo no superior al del convenio o al que reste para su término o renovación, siempre que el espacio no corresponda a aquellos en que se encuentre infraestructura portuaria fiscal o se desarrollen actividades propias de la pesca artesanal.
En materia de administración, la iniciativa considera un Plan de Administración, el que no podrá establecer limitaciones, restricciones o prohibiciones que impidan a cualquier persona el tránsito y acceso a los espacios comunes de la caleta, ni impedir la libre navegación al interior de ella, y deberá asegurar el libre acceso a la playa cuando corresponda.
Del mismo modo, el referido plan deberá garantizar el acceso igualitario de los usuarios a las respectivas instalaciones y la fijación de tarifas públicas, que deberán aplicarse en condiciones no discriminatorias.
Ese Plan de Administración deberá ser aprobado por una Comisión Intersectorial integrada por el Director Regional de Pesca y Acuicultura -quien la presidirá-; el Director Zonal de Pesca; un representante de la Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo; un representante de la Dirección de Obras Portuarias, y un representante del municipio correspondiente designado por el Alcalde.
En las normas transitorias el proyecto determina que, respecto de las caletas artesanales que se encuentren individualizadas con anterioridad al 31 de diciembre del año 2014 en el decreto N° 240, de 1998, el Ministerio de Defensa Nacional deberá otorgar la destinación solicitada por el Servicio, la que comprenderá el espacio que asegure el desarrollo de las labores definidas en el artículo 4°, considerando el uso actual de dichos territorios.
Las normas transitorias también determinan que el Servicio deberá presentar directamente la solicitud de destinación ante al Ministerio de Defensa. Este tendrá que efectuar un análisis de sobreposición con destinaciones y concesiones marítimas o de acuicultura ya otorgadas, dentro de los 2 meses siguientes a la presentación de la solicitud. Vencido este plazo el Ministerio deberá otorgar la destinación solicitada, que solo podrá denegar en caso de constatarse una sobreposición que impida totalmente su otorgamiento.
Por último, el proyecto establece el derecho de opción para que los actuales concesionarios se puedan mudar al nuevo régimen y, si así lo hacen, se les eximirá del pago de multas, deudas o rentas devengadas.
Para conocer la opinión de los involucrados la Comisión celebró cuatro sesiones, lo que permitirá abordar sus inquietudes y sugerencias con ocasión del segundo informe.
Finalmente, la Comisión aprobó la iniciativa por la unanimidad de sus miembros presentes, y solicita a la Sala su aprobación en general, pues ella atiende una antigua aspiración de los pescadores artesanales a fin de ampliar sus actividades a otros rubros productivos y paliar la inestabilidad propia de su actividad.
Al mismo tiempo, señor Presidente, pedimos que se fije plazo a fin de presentar las indicaciones correspondientes hasta el día 26 de septiembre, a las 12.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Señores Senadores y señoras Senadoras, reitero la solicitud para abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, considero que este es uno de los proyectos más esperados por los pescadores artesanales durante muchísimo tiempo.
Cuando en Chile se estructura el aparato del Estado, se define como responsables de toda la ribera costera a las Fuerzas Armadas: a la Subsecretaría de Marina.
Y, en realidad, muchas veces nos preguntamos qué tienen que ver el Ministerio de Defensa y la Subsecretaría con materias de orden estrictamente económico. Cuál es la relación de las Fuerzas Armadas y de la Subsecretaría de Marina con asuntos relacionados con la pequeña economía, la pesca artesanal y las autorizaciones pertinentes.
Lo anterior se explica bajo la premisa del Chile que tenía conflictos desde el punto de vista del dominio o de cuando nuestro país recién se instalaba en sus límites. Pero hoy, en el Chile de 2016, no tiene sentido que las riberas costeras sean reguladas por el Ministerio de Defensa.
Yo creo que estamos dando un paso importante. En mi opinión, no es suficiente, pero sí relevante para establecer que la Subsecretaría de Marina o el Ministerio de Defensa entreguen al Servicio Nacional de Pesca estos espacios con el propósito de que sean administrados por y para los pescadores artesanales, definiendo los reglamentos y modos de administración.
Lo anterior, a fin de que se resuelva de una vez por todas la incertidumbre jurídica en la que viven los pescadores artesanales hasta ahora. Porque cuando quieren presentar un proyecto deben pedir una autorización o certificación a las Fuerzas Armadas. ¡Y vaya usted a saber cuánto se demoran en dar un permiso de concesión de acuicultura!
Conozco de cerca la experiencia de un grupo de 16 pescadores de acuicultura a los cuales, después de una tramitación de 22 años, por fin se les otorgaron los títulos definitivos hace treinta días. ¡Después de 22 años de trámites!
Entonces, deseo felicitar al Ejecutivo, al Ministro de Economía y a su Cartera por dar un paso tan importante en favor de un sector que se siente abandonado desde el punto de vista de los instrumentos para desarrollar actividades en territorios que no tienen concesiones, que no tienen definidas sus autorizaciones, sus permisos y mucho menos la presentación de proyectos de desarrollo.
La nueva destinación que tendrán estos espacios garantizará a la pesca artesanal el surgimiento de nuevos proyectos, nuevas inversiones, con más empuje y producción.
Los derechos de los asignatarios de estas caletas emanan del convenio de uso suscrito entre el Servicio y la organización asignataria, los cuales no podrán enajenarse y podrán usarse durante treinta años, lo cual les dará estabilidad.
Se podrá arrendar o dar en comodato hasta un 40 por ciento del total asignado.
En la discusión en particular veremos si este porcentaje es el adecuado o no. Pero, en definitiva, considero que es una iniciativa muy positiva para los efectos de permitir que un sector de la microeconomía (el emprendimiento vinculado a la pesca artesanal) se libere de las restricciones, de la rigidez con la que el Ministerio de Defensa ha mirado una actividad económica para la cual no tenía ni los asesores, ni los profesionales, ni los conocimientos, ni las aptitudes, ni la vocación para atender las demandas de la pesca artesanal.
Por esa razón, voy a votar con mucho entusiasmo a favor de este proyecto de ley.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, me tomo la licencia de compartir una reflexión -por su intermedio- con el Ministro de Economía, si mi querido colega Ossandón me lo permite...

El señor OSSANDÓN.- ¡Se lo permito...!

El señor LETELIER.- La discusión acerca de las caletas está asociada a otro debate.
El Senador Tuma planteó una de sus dimensiones: ¿por qué las Fuerzas Armadas, pero en particular la Marina, entran a discutir temas de concesiones, cuando se trata de una actividad productiva?
Incluso, uno podría preguntar ¿por qué en la determinación de la línea de alta marea participan las Fuerzas Armadas? Es un fenómeno bastante complejo. Más aún en un país sísmico y donde la línea de alta marea cambia permanentemente.
El Senador Allamand, ex Ministro de Defensa, que está hablando con el Ministro de Economía, podría quizás ayudar a instruir parte de esta inquietud. Porque la autoridad pertinente no se halla muy atenta a la reflexión que quiero plantear. Y pido su atención pues creo que es un problema de fondo en el actual debate.
Yo me manifiesto a favor de la iniciativa, en el sentido de que las caletas se puedan asignar. Pero mi primera inquietud es ¿por qué las Fuerzas Armadas han de entrar a este debate? ¿Cuál es la razón de política pública?
Sin embargo, más allá de esa discusión, considero que aquí estamos encerrados en un problema mayor, señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, vinculado con que no hemos querido como Congreso tomar una decisión respecto de una definición pendiente: ¿dónde termina el mar? ¿Cuál es su límite? Porque cuando uno lo determina, también define el límite de las propiedades que deslindan con el océano Pacífico.
Yo quiero invitarlo, con ocasión del presente proyecto, a explorar lo siguiente:
Deberíamos contar con una definición legal de mar, distinta de la realidad física. Porque perfectamente podríamos determinar que el mar termina 80 metros después de la línea de alta marea definida durante cada ciclo periódico de 10 años, de 30 años, de lo que sea.
La línea de alta marea en nuestro país va a seguir cambiando. Y con el cambio climático será peor. O sea, por los hechos de la naturaleza, no es cierto -¡no es cierto!-, se modifica el límite del mar. Pero podríamos establecer una definición legal que facilitara este proceso a futuro.
Hoy, por tener una definición pegada a lo físico, el Estado va a gastar una cantidad de plata tremenda. Porque al declarar esto un asunto de interés público, podríamos llegar a tener que expropiar y pagar. Cosa que, en verdad, no corresponde, pues el sentido común sugiere que en el espacio donde termina el agua hay una franja que es un bien nacional de uso público.
Eso es muy difícil de definir en los hechos, porque se hace -quizás no todos lo sepan- por láminas que abarcan cierta distancia.
La definición de la línea de alta marea en la Región de O'Higgins, que representamos junto con el Senador García-Huidobro, suma más de 30 láminas.
Señor Presidente, voy a apoyar este proyecto, pero quiero -por su intermedio- formular una invitación al Ministro de Economía para ver si está dispuesto a patrocinar una iniciativa relativa a la definición legal de dónde termina el mar, distinta de la realidad física. Creo que podemos facilitarle mucho el trabajo a la Armada de Chile, para que todos los años, o luego de cada terremoto o tsunami, no se esté cambiando la línea de alta marea.
Hemos llegado al absurdo de que incluso la DIRECTEMAR no sabe si cuenta con la facultad de modificar la línea de alta marea una vez determinada. Con la Contraloría se han demorado más de un año y medio en definir cosas técnicas.
Señor Presidente, considero que tal definición nos haría muy bien, dada nuestra condición de país con más de 4 mil kilómetros de costa, y nos facilitaría bastante algo fundamental: ayudar a los pescadores artesanales, y también a la actividad en general.
¿Por qué llegué a dicha conclusión? Porque para los pequeños pescadores artesanales recolectores de orilla, que son productores de algas, su concepto de radicación en el mar para trabajar es diferente al que manifiestan los pescadores que salen a la mar en botes.
¿Son pescadores artesanales? Sí. Pero no se consideran sus rucos como una caleta. Es una de las insuficiencias que veo en la iniciativa.
Voy a votarla a favor porque entiendo su valor. Pero en mi Región el 90 por ciento de los pescadores artesanales son recolectores de orilla; más del 70 por ciento son mujeres, y por no existir una definición correcta de línea de alta marea o de dónde termina el mar, se los persigue. Es un drama. Porque la industria de las algas probablemente sea más importante en el siglo XXI de lo que ha sido antes, y la presente iniciativa debería permitir otras formas de definición de políticas públicas.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, le solicito que recabe la unanimidad de la Sala para la cuestión relacionada con las indicaciones.

El señor LAGOS (Presidente).- Una vez terminada la votación lo vamos a ver. No creo que existan dificultades.

El señor MOREIRA.- Lo veremos al final, muy bien.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, con todas las observaciones que han hecho los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, valoro muchísimo el presente proyecto, pues recoge una demanda largamente sentida por los pescadores artesanales de nuestro país.
Quienes conocemos las caletas de nuestras regiones sabemos la situación jurídica precaria que manifiestan. A las organizaciones de pescadores que habilitan, trabajan, producen una caleta, les cuesta hasta casi diez años conseguir una concesión para poder regularizar la situación de sus caletas. Por ejemplo, los pescadores artesanales de la caleta Portales, en Valparaíso, la tramitaron por diez años.
Hoy día, con este proyecto, el Gobierno entrega un instrumento público eficaz a fin de que ello ocurra con más celeridad, porque la tramitología para lograr una concesión es extensa: intervienen gran cantidad de servicios públicos; la cartografía existente se encuentra prácticamente obsoleta.
Entonces, el valor inicial de este proyecto es proveer un instrumento público que permita a los pescadores artesanales avanzar en la regularización de sus caletas.
La mencionada tramitología, la burocracia actual ha impedido que las caletas del país, que alcanzan a 461, logren esta concesión. Solo 64 de ellas tienen regularizadas sus situaciones, vale decir, el 15 por ciento.
Señor Presidente, con todas las observaciones que se pueden formular al proyecto, quienes conocemos la realidad de las organizaciones que trabajan en las distintas caletas: precaria no solo desde el punto de vista jurídico, sino además desde el punto de vista de la inversión, sabemos que ahí el Estado no puede llegar con instrumentos públicos. Muchos habitan y se ubican en terrenos fiscales o privados. El drama mayor afecta, por ejemplo, a las caletas de pescadores situadas en fundos, vale decir, en zonas rurales, donde la precariedad, la pobreza de la infraestructura realmente es impresionante.
De ahí que uno pueda presentar muchas indicaciones u observaciones, pero la iniciativa va a permitir actualizar la situación de gran cantidad de pescadores que hoy día se ven impedidos de avanzar en la concesión de sus caletas.
Lo último que quiero señalar, señor Presidente, es que el presente proyecto posibilitará la existencia de distintas formas de organizarse y de consolidar la administración de las caletas.
En ese ámbito, por cierto, hay bastantes temas por discutir. Pero, creo que lo más importante es aprobar en general esta iniciativa; entregar este instrumento, y permitir que una actividad productiva tan importante como la de la pesca artesanal, que no solamente tiene un valor productivo, sino también un valor cultural, patrimonial, de identidades y de tradiciones, se desarrolle con mucha fuerza, regularizando su espacio de trabajo.
Además, incursionar en otras actividades, como la gastronomía, ayudará mucho a los pescadores en momentos difíciles.
Por eso, señor Presidente, voto a favor, y valoro muchísimo esta iniciativa de la Presidenta Bachelet que es largamente esperada por nuestros pescadores artesanales.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, revisando el proyecto y sus ideas matrices, se advierte que el mundo de las caletas pesqueras en nuestro país es superdiverso.
La norma que se modifica y perfecciona señala que hay 461 caletas permanentes reconocidas como oficiales, pero de ellas 64 están con concesión y 390, sin ella.
Si miramos el asunto desde una perspectiva un poco más amplia, nos daremos cuenta de que Chile tiene un perímetro costero de 83 mil 500 kilómetros y que depende de la actividad pesquera -o acuícola, de las algas, bentónica, en fin- el que exista presencia humana permanente en algunas de estas áreas.
En la zona sur, con el descubrimiento -porque habitaban más en profundidad que los peces comunes- del congrio, y particularmente de la merluza austral, se generaron centenares de caletas.
Fue una oportunidad que el Estado en su minuto, en los años 80, no aprovechó para ordenar y desarrollar localidades que tuviesen servicios y condiciones para ser habitadas en forma permanente.
En dos de ellas, un misionero, el padre Antonio Ronchi, realizó una labor importantísima al generar, por vía de obras comunitarias, escuelas, pasarelas, radios, televisiones.
Así surgieron Puerto Gala y Puerto Gaviota.
Es un ejemplo, pero hay más y vendrán muchos más en el futuro, en parte gracias a la iniciativa parlamentaria que dio lugar a la Ley que crea la Bonificación para el Repoblamiento y Cultivo de Algas. O sea, los diversos ecosistemas que tenemos permiten augurar una veta de potencia alimentaria, la cual podría ser significativa para el país.
Por lo tanto, este proyecto no se puede quedar corto en esta materia.
Le planteaba recién al Ministro mis dudas respecto de que el Servicio Nacional de Pesca disponga de la capacidad -no digo que no la tenga en el sentido de las personas ni como servicio- para armonizar los múltiples usos de las caletas.
Aquí he escuchado, con algún grado de asombro, preguntar qué hacen las Fuerzas Armadas en las caletas. La verdad es que las Fuerzas Armadas son un apoyo y un complemento para los pescadores artesanales. Por ejemplo, cuando salen a capturar el pez espada, o peces que están a 600 millas de la costa, lo hacen con un buque de la Armada que los va protegiendo. No es llegar y enfrentarse a la mar en cualquier condición.
Además, no hay que olvidar que las caletas conviven con los puertos, con lugares turísticos e incluso con bases navales.
Entonces, es necesario lograr una armonización en el uso de estas caletas.
Y se ha avanzado bastante. La fórmula de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) ha generado una verdadera zonificación del mar mediante la cual se les entrega a las organizaciones en forma permanente su uso para poder no solamente cultivar, repoblar los ecosistemas naturales, sino que también cuidarlos. Antes, el que llegaba primero sacaba; hoy en día se ha generado una fórmula muy exitosa para poder recuperar recursos bentónicos que estaban prácticamente al borde de la extinción, como el caso del loco.
Este proyecto debe tener una sintonía con la zonificación del borde costero, la cual a partir del año 2007 está dada por ley. Antes era solamente un decreto firmado por la Subsecretaría de Marina.
Por otro lado, hay 80 mil pescadores artesanales con familias, con una gran cantidad de organizaciones -la CONAPACH, la CONFEPACH, el Consejo de Defensa de la Pesca Artesanal- que se han seguido atomizando por un mal acuerdo en el cual -se creía- se les darían más recursos con un porcentaje de cuota, cuando el mismo informe reconoce que vienen todas a la baja.
Pero sí hay experiencias exitosas. Cuando se han licitado las cuotas a las pymes, estas están dispuestas a pagar muchísimo más que los industriales por patente.
Entonces, hay muchas áreas por definir en el proyecto.
Me parece saludable dejar un ámbito importante para nuestras indicaciones. Sin embargo, estimo que las indicaciones que tienen que ver con servicios, competencias, armonización, coordinación, con la zonificación del borde costero, deben ser asumidas en plenitud por el Ejecutivo, al que llamo -por su intermedio, señor Presidente- a poner atención en aquello.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, tan solo un pequeño comentario respecto de algunas observaciones que han formulado colegas en este debate.
Sin entrar al fondo del proyecto, y sin perjuicio de la discusión que se efectúe en particular, algunos se han preguntado qué tiene que hacer la Armada de Chile en estas materias. Y la verdad, señor Presidente, es que me resulta un tanto sorprendente la consulta, porque hoy día, en estos asuntos, las capacidades están precisamente en esa Institución.
En consecuencia, cuando se pregunta qué hace la Armada en este ámbito, lo que hay que responder es que está cumpliendo una labor que le es en gran medida propia, y que si no la cumpliera, la tendríamos que remplazar por otro organismo del Estado que no tiene ninguna de sus capacidades.
Es bastante absurdo, porque si tenemos tantas dificultades para hacer funcionar bien el aparato del Estado en su actual situación, y existe una institución que cuenta con capacidades técnicas, con solvencia y experiencia, ¿vamos a sacarla de todo lo que tenga que ver con este asunto? ¿Por cuál la vamos a remplazar?
Durante el Gobierno anterior -¡y gracias a Dios que no prosperó!- hubo un proyecto que trasladaba todas estas facultades a un Ministerio, pero ahí no hay ninguna de las capacidades que se requieren para abordar estas materias.
En consecuencia, yo simplemente llamo a mirar este tema, quizás en parte con realismo, pero también con un concepto de mayor -yo diría- proyección.
¿Qué queremos? ¿Que las Fuerzas Armadas se incorporen a las tareas del quehacer nacional; que realicen una contribución al desarrollo; que sus capacidades estén al servicio del Estado; o, por el contrario, lo exactamente inverso?
Vamos a tener la oportunidad de tratar este tema en la discusión en particular. Pero, en esta oportunidad quería dejar sentados este concepto y este principio.
En un Estado moderno, las capacidades de las Fuerzas Armadas están al servicio del Estado. Y deben prestar colaboración a otras instituciones.
No debe haber una especie de ánimo a priori de excluir precisamente a organismos que tienen, en muchos casos, las competencias de que el Estado carece.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, estamos frente a un proyecto de ley que responde a un planteamiento que en su oportunidad formularon pescadores artesanales para los efectos de entender un principio: que las caletas sean para los pescadores artesanales.
Lo trabajamos juntos en el primer mandato de la Presidenta Bachelet y durante el Gobierno del Presidente Piñera, y logramos que la primera caleta -la Caleta Portales- se pudiera entregar como concesión, después de una larga tramitación.
Y así, vinieron distintas caletas de nuestra circunscripción; entre ellas, Quintay y otras.
Pero existe una dificultad: a los pescadores artesanales no les gusta esta iniciativa.
Y quiero señalar por qué.
Primero, porque se transfiere la facultad de fiscalización del SERNAPESCA a los sindicatos de pescadores artesanales.
En segundo lugar, porque se establece una comisión para aprobar o rechazar el Plan de Administración, en cuya integración habrá representantes de la municipalidad y de la Seremía de Economía respectivas. Ante ello, los pescadores artesanales dicen: "¡Qué tienen que ver el municipio y los seremis con una decisión que afecta la administración de las caletas!".
Claramente, será necesario formular indicaciones muy importantes a este proyecto de ley para que su contenido mejore.
Es cierto que contempla mecanismos interesantes en orden a concebir una caleta como una unidad productiva, pero también lo es que los pescadores artesanales han manifestado serios reparos con relación al sistema de administración.
Si bien mi predisposición inicial en esta materia era positiva, luego de hablar con los pescadores artesanales de la Federación de Pescadores Artesanales Nuevo Amanecer de San Antonio y de otros sindicatos pesqueros de la Región, he decidido votar en contra de la idea de legislar, mientras no se introduzcan las enmiendas sustantivas al articulado con el objeto de mejorar el sistema de administración de la pesca artesanal.
¡Espero que el instrumento cambie!
No estoy de acuerdo con establecer una comisión conformada, en su mayoría, por representantes de municipalidades y seremías, en lugar de entregar atribuciones plenas a los pescadores artesanales.
Si bien se plantean cuestiones positivas -como disponer que las caletas sean una unidad productiva y reafirmar el principio de que estas son para los pescadores artesanales-, también se han hecho presentes serias deficiencias en las normas propuestas.
¿Por qué señalo lo anterior? Porque los pescadores artesanales de la Región de Valparaíso han quedado mirando para el lado. Cuando se produjo la veda de la merluza, se anunció un bono compensatorio. Pues bien, a las caletas de mi Región ¡no llegó beneficio alguno!
¿Y por qué? Porque se dijo que la mayor cantidad del ingreso estaba dada por la captura de la jibia. Por tanto, como los recursos eran escasos, se cercenó la entrega de esos bonos a los pescadores de dichas caletas.
Hablo por la caleta de pescadores de Higuerillas, por la caleta de pescadores de San Pedro, por la caleta de pescadores de San Antonio, por la caleta de pescadores de Quintay, entre otras, ninguna de las cuales recibió beneficios compensatorios por la veda de la merluza.
En esta materia no se ha escuchado la opinión de los pescadores artesanales, pese a ser ellos quienes hoy día están movilizados justamente al verse con las manos atadas debido a la ausencia del recurso que les permita llevar el sustento a sus hogares.
Hemos visto que la jibia, que antes era una maldición para los pescadores, hoy se ha transformado en una bendición y en un sustento para las caletas porteñas.
Claramente, el sistema de administración propuesto en este proyecto es considerado un impedimento por las caletas de pescadores artesanales de mi Región.
Luego de haber hablado con los sindicatos del rubro de la Quinta Región, anuncio que votaré en contra de la iniciativa en general, a la espera de que el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, introduzca un cambio sustantivo respecto de la integración de la comisión que va a gestionar todo el asunto.

La señora MUÑOZ.- ¡Y qué tiene que ver eso con la regulación de las caletas!

El señor LETELIER.- ¡Nada!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, seré muy breve.
Voy a aprobar en general este proyecto, que después será modificado sustantivamente en ámbitos relevantes para defender los intereses de los pescadores artesanales no solo de la Región de Valparaíso, sino de todo el territorio nacional.
Sabemos que nuestras sesiones son transmitidas y quedan grabadas. En consecuencia, después los señores Senadores pueden usar los videos y viralizarlos, y aparecer en ellos defendiendo fuertemente la pesca artesanal.
Quisiera pedir, señor Presidente, que no confundamos la iniciativa en comento con otros temas más de fondo acerca de la pesca artesanal.
Sí me habría gustado que, con la misma fuerza con que se protege hoy día a dicho sector pesquero de mi Región, en su momento se hubiera rechazado la reforma a la Ley de Pesca en las materias pertinentes. Algunos no lo hicieron y ahora tienen la posibilidad de aparecer defendiendo fuertemente a nuestros pescadores artesanales.
La mejor forma de apoyarlos era -además de respaldar el presente proyecto, cuyas implicancias son muy importantes- no aprobar la referida ley en los aspectos en los que fuimos enfáticos en criticar, como lo relativo al otorgamiento de permisos y licencias de pesca de carácter indefinido.
Entonces no vi el mismo grado de compromiso que aprecio en esta ocasión. Pero siempre es importante cambiar. Todos podemos enmendar el rumbo, incluso quien habla.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor LETELIER.- ¡Bien, Lagos...!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Está claro el punto, Senador señor Lagos Weber.
Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor LETELIER.- ¡Bien, Lagos...!

El señor PIZARRO.- ¡Bien, bien...!
¡Menos mal que es el hijo, nomás...!

El señor PROKURICA.- ¡Y ya habla para todo Chile...!

El señor PIZARRO.- ¡Es que lo de estadista se hereda también...!
¡Si no, pregúntenle a Alessandri y a otros más...!

El señor MOREIRA.- ¡Ahí viene llegando Ignacio Walker...!

El señor PIZARRO.- ¡También...!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Por favor, ruego silencio en la Sala.
Continúe, Su Señoría.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, creo que este es un muy buen proyecto y una muy buena noticia para el sector de la pesca artesanal de todo Chile.
En mi opinión, se está cumpliendo con lo prometido por la Presidenta y el Gobierno en orden a establecer un programa que busque un desarrollo integral de los ámbitos productivos artesanales.
Lógicamente, lo que importa aquí es llevar a la práctica una normativa que solucione los graves problemas que enfrentan los pescadores artesanales de modo permanente.
Ya lo han dicho varios colegas: hay muchas dificultades en materia de saneamiento de títulos de dominio de los terrenos donde están ubicadas las caletas y en cómo se usa el borde costero.
Numerosas caletas tienen problemas de acceso, pues se encuentran insertas dentro de predios privados. Para ir de la carretera a la caleta misma las personas suelen depender de la buena voluntad del dueño de turno. Ello, porque no se respetan las servidumbres de paso.
Señor Presidente, me alegro de que, en el marco de un programa de mejoramiento de caletas de la Dirección de Obras Portuarias del MOP, ya se esté dando inicio a obras en casos concretos, por lo menos de mi Región, considerando mejoras integrales.
La Caleta Maitencillo es la primera. Se ubica en la comuna de Ovalle, en el límite con la comuna de Canela; está integrada por unos 42 pescadores, y tiene difícil acceso.
En dicha caleta se está implementando un proyecto integral. Implica embarcadero, boxes, muelle, caminos, conectividad. Sobre todo, se le busca solución a un problema con el terreno y, por supuesto, se le entrega la administración a la organización correspondiente.
Todo eso me parece muy importante.
Por lo mismo, me extraña que un señor Senador, luego de plantear un asunto que estimo legítimo, vote en contra del proyecto en general; o sea, rechace la idea de legislar. Es como decir: "No legislemos nada en esta materia".
¿Por qué? Es posible oponerse a un artículo específico, pero el debate en particular aún no se ha desarrollado.
Creo que esa es la peor manera de hacer presente un punto de vista, el cual puede ser legítimo o no.
La realidad de nuestras caletas, desde el punto de vista productivo, se ha centrado, al menos en la Región de Coquimbo, en las áreas de manejo, en el trabajo de los orilleros y algueros y, por supuesto, en la pesca.
El sector artesanal es el que más opera en mi Región. De hecho, casi no tenemos pesca industrial.
Además, pienso que dicho ámbito productivo debe desarrollarse armónicamente con otras actividades que realicen los propios pescadores, sus familiares u otras personas al interior de una caleta. Dependiendo del tamaño de esta, podrían llevarse a cabo proyectos en el área turística, de la gastronomía, de la entretención; en fin, en todo aquello que signifique un buen acceso al mar.
Coincido con el Senador Allamand: me parece que la Armada tiene un papel sumamente importante que jugar en esta materia. No le corresponde solo el rol de entregar su opinión técnica respecto del uso del borde costero; también toma decisiones que pueden ser necesarias cuando se administran las caletas o cuando un grupo de pescadores cree que puede salir al mar para efectuar su trabajo y esa institución determina que no pueden hacerlo por razones de seguridad.
Todas las determinaciones que se adoptan en ese nivel tienen una serie de dificultades. Y me parece bien que existan una coordinación y una instancia expeditas, muy eficientes para la realización del trabajo respectivo.
Insisto, señor Presidente: este proyecto es una gran noticia para el sector pesquero artesanal de nuestro país.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, no cabe duda de que estamos ante un proyecto que constituye un tremendo avance para los pescadores artesanales.
Quienes representamos a regiones con un importante borde costero -en él se radican los pescadores artesanales y están las caletas- consideramos un avance enorme la posibilidad de regularizar una caleta; manejar su gestión; incorporar en ella no solo la actividad propia de la pesca sino también la gastronomía; contar con un espacio para que se reúnan los pescadores, sus familias, la comunidad, y se guarden los motores, los trajes de los buzos.
Además, desde el punto de vista de la ocupación del territorio, la Dirección de Obras Portuarias ha avanzado enormemente en el establecimiento de infraestructura para dotar a los pescadores artesanales de las condiciones necesarias para su operatividad y, también, para permitir que el público se recree con hermosas vistas, compre en forma directa los productos o -esto es lo más importante- comercie.
No comparto la afirmación de que la ley en proyecto lesiona o afecta los derechos de los distintos sindicatos o federaciones de pescadores artesanales, pues precisamente ellos tendrán el derecho de uso y tenencia y podrán establecer una unidad productiva, económica y social en el área que se les entregue.
En los trámites legislativos siguientes se discutirá lo dispuesto en el artículo 10 del proyecto en cuanto a que la Comisión que apruebe o rechace el Plan de Administración esté integrada por el Seremi de Economía, el Director Zonal de Pesca u otras personas. Se sugiere incluso que en algún momento pueda formar parte de ella, con derecho a voz, el Capitán de Puerto respectivo.
Todo eso se puede conversar. Y se buscará la mejor propuesta.
Lo importante es, en primer lugar, la regularización de cada caleta. Eso cambia del cielo a la tierra la condición de un sindicato, sea de la costa de Valdivia, de Corral o de San José de la Mariquina. Y los pescadores pueden invertir y generar un proceso productivo mejor.
Respecto a la administración, me parece interesante establecer un debate en que estén todos los actores, pero sin que ello signifique coaptar la capacidad de los sindicatos y sus organizaciones para implementar un sistema que permita manejar de la mejor manera posible la unidad productiva.
Esta iniciativa significa un avance importante vinculado al trabajo de las orilleras, a la recolección de algas, a la extracción de mitílidos y otras especies, y a la aplicación de fórmulas para potenciar el borde costero, todo lo cual, sin duda, va en el camino adecuado.
Voy a votar a favor, pero señalando que no deja de ser simbólico que precisamente durante la madrugada y en las horas recientes haya habido a lo largo de Chile movilizaciones en las que muchos pescadores quedaron heridos y se produjeron varias situaciones dificultosas debido a un grito desesperado de protesta frente a una Ley de Pesca que vale la pena revisar. Y quienes en su oportunidad votamos en contra del proyecto que le dio origen dijimos que traería las consecuencias que hoy estamos observando.
Ahí es donde hay que insistir: en un cambio profundo a la Ley de Pesca para darles más derechos a los pescadores artesanales y para fortalecer esas unidades económicas y ese espacio natural que, junto al mar, constituyen las caletas.
Voto que sí.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, estoy seguro de que un solo proyecto haría tener nuevas esperanzas a quienes están ligados a la pesca artesanal en todo el país: el que cambie la Ley de Pesca. No hay otro.
Sin duda, esta tarde estamos asistiendo a un paso positivo. Hay que perfeccionarlo. Y en esta oportunidad vamos a votar la idea de legislar.
Cuando nos tocó discutir el proyecto modificatorio de la Ley de Pesca fui uno de los dos o tres Senadores que votaron en contra, pues teníamos aprensiones, dudas y la sensación clara de que la nueva normativa afectaría brutalmente a la pesca artesanal.
Por desgracia, no nos equivocamos; me habría gustado haber fallado en mi apreciación de ese entonces.
En efecto, más allá de la administración de las caletas y de la posibilidad de instalar restaurantes, en fin, el problema radica en saber qué va a venderse allí.
¿Pescados? ¡Difícil!
En la Región que represento, entre las grandes dificultades no está la administración de las caletas en sí. Allí los pescadores están organizados, tienen coordinación. De hecho, me han dicho que este proyecto les da lo mismo.
Pero me hacen una pregunta: "¿Qué vendemos? ¿Bistec a lo pobre, pescado? Pescado no tenemos. ¿Qué hacemos? Si se quiere ir al fondo del problema, debe haber un cambio a la Ley de Pesca".
Lo que estoy diciendo se grafica en las marchas realizadas en todo el país por los pescadores, quienes reclamaban, no por quién administra una caleta -ese no es el punto-, sino porque están viviendo una situación muy dura y compleja; porque están pasando las peores pellejerías y miserias producto de una Ley de Pesca que no les permite avizorar el futuro ni proyectarse, que significa incerteza, inseguridad.
¡Esa es la cuestión de fondo!
Excúseme, señor Presidente, por valerme de este proyecto, que permite que en las caletas, las cuales serán regularizadas, existan viviendas, emprendimientos económicos, en fin.
Eso está bien.
Sin embargo, el asunto es otro. Y hablemos de él en serio.
¡El problema de la pesca artesanal en nuestro país es que está desapareciendo, se está extinguiendo! ¡Y va a morir debido a una ley brutalmente perversa con esa actividad!
En consecuencia, si queremos defender la pesca artesanal, esta no es la iniciativa adecuada.
¡Perdónenme!
Este proyecto es una buena señal. Mediante él se permitirá hacer algún emprendimiento.
Veremos cómo se desarrollará la administración, si al interior de las caletas habrá o no enfrentamientos, situaciones diversas.
En resumen, señor Presidente, me valgo de este proyecto de ley para, por su intermedio, pedirle al Ministro, a la Presidenta de la República que no dejen este Gobierno sin antes cumplir un compromiso contraído: el de cambiar la Ley de Pesca, la "Ley Longueira", una normativa perversa, que afecta brutalmente a la pesca artesanal de nuestro país.
¡Esa es la verdad! ¡Y por eso voté en contra del proyecto modificatorio de la Ley de Pesca!
Teníamos razón en no creer, en dudar, en desconfiar.
Como dije en alguna oportunidad, yo aquí no vi lobby: vi a "tiburones" merodeando en este Hemiciclo y en el edificio del Senado durante la tramitación de un proyecto que dio origen a una ley que fue tremendamente nefasta para nuestros pescadores artesanales.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, está claro hoy día que la protesta a nivel nacional encabezada por miles y miles de pescadores artesanales, quienes ocuparon los puertos, las calles, habla de una cuestión distinta.
Le hemos dicho aquello muchas veces al Ministro de Economía, quien al inicio de este Gobierno nos invitaba a almorzar y podíamos conversar los proyectos que se discutían; luego nunca más nos convocó -¡no sé si hubo discriminación ahí...!- para los efectos de analizar los temas importantes.
Pero lo concreto es que la corrupta Ley de Pesca no tiene legitimidad alguna, y debe ser cambiada.
Ya el informe de la FAO fue un distractor; y el proyecto sobre las caletas, también.
Es positivo lo que plantea: les vamos a pasar las caletas a los pescadores artesanales para que las administren.
Pero si no hay peces, no habrá caleta, pescadores, economía: ¡nada!
Lo que se requiere es que haya peces. Ello es lo más importante para que las caletas funcionen y no sean dormitorios.
Tenemos un problema con la Ley de Pesca: a pesar de que se dijo que iba a proteger los recursos, está claro que eso avanza en la línea contraria. No ha sido una ley precautoria, ni tampoco una ley de protección. Por el contrario, su legitimidad se halla profunda y ampliamente cuestionada.
La destitución del fiscal Emiliano Arias viene a sembrar un mar de dudas, un manto de sospechas mayor aún sobre esta materia (al menos, esa es mi opinión). Porque el fiscal Arias, quien algo sabrá respecto de este asunto, puesto que lo investigaba, señaló que la Ley de Pesca es una ley viciada en su origen, una ley corrupta.
Palabras del fiscal Emiliano Arias, removido por el Fiscal Nacional.
Entonces -reitero-, tenemos un problema con la Ley de Pesca.
Los pescadores reclaman que discutamos una nueva ley.
Yo le pregunto al Ministro: ¿Vamos a discutir en este Gobierno una nueva Ley de Pesca? Creo que no, que se nos pasó el tiempo. Y ello es muy malo para la actual Administración.
Cuando nos preguntamos por qué este Gobierno tiene una aprobación del 15 por ciento, vemos que una de las razones más importantes se halla en esta corrupta Ley de Pesca.
Hacer oídos sordos en esta materia no le hace bien ni a la Presidenta, Michelle Bachelet, ni al Gobierno, ni a la ciudadanía, ni al país.
Claramente discutimos una ley sobre caletas pesqueras por diez años. Antes hicimos una ley para regularizarlas. Pero después las vendieron. Siendo Diputado, yo me opuse.
Las caletas tienen que ser para los pescadores de verdad, no para los empresarios que quieren hacer negocio gastronómico. Debe haber un circuito que impida la enajenación a terceros.
Le pregunté al Senador Rabindranath Quinteros respecto a la duración de la destinación: me dijo que es por treinta años.
A mi juicio debe garantizarse que las caletas se entreguen a los pescadores para siempre y que ningún tercero las pueda administrar o vender.
Porque aquí hay un problema: los hijos de los pescadores no están yendo a la mar; están estudiando en las universidades, adquiriendo otras profesiones.

El señor PIZARRO.- ¡Ese no es un problema, sino un beneficio!

El señor NAVARRO.- En el campo, cuando la familia campesina envejece vende su parcela y se va a vivir a un departamento en la ciudad.
Señor Presidente, si no garantizamos que las caletas, y también la pesca, queden en manos de las familias de la pesca artesanal, terminaremos en treinta años con empresarios gastronómicos administrando un circuito nacional de caletas, o con una sola gran empresa que administre toda la cuota de la pesca artesanal.
Porque los pescadores envejecen, y luego, siguiendo el ciclo de la vida, van a morir. Pero yo quiero que se garantice en la nueva ley que las cuotas de la pesca artesanal se van a mantener siempre en ese mismo nivel, al igual que las caletas.
Con respecto a este proyecto, al menos hay dos artículos que deben revisarse: el 10 y el 25.
Ciertamente, lo voy a votar a favor. Pero tendremos que analizar la participación del municipio.
En el Plan de Administración están todos menos los pescadores.
También se incorpora al municipio.
Al respecto, debo señalar que la inclusión de la municipalidad pone una cuota política insospechada. Los alcaldes son señores feudales. Así como a nivel nacional tenemos una monarquía presidencial, a nivel municipal los alcaldes son señores feudales: ¡hacen y deshacen!
Se incorpora al municipio en el Plan de Administración. Yo quisiera que se incluyeran otro tipo de cosas.
Lo anuncio desde ya: he ingresado un proyecto de ley -espero que cuente con el apoyo de esta Sala- que establece el cobro del uso del agua de mar por los grandes industriales, a beneficio de los pescadores, de las municipalidades, del país.
Por ejemplo, en caleta Lo Rojas existen tres termoeléctricas funcionando. Los pescadores no reciben un peso, salvo las migajas derivadas de un acuerdo con ENDESA, gestionado bajo presión y amenaza del alcalde.
Si a los pescadores artesanales les entregamos las caletas, tiene que haber recursos. De lo contrario, no existirá desarrollo.
Y la pregunta del millón...

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador. Dispone de treinta segundos para redondear su intervención, pues estamos excedidos en el tiempo.

El señor NAVARRO.- Voto a favor, señor Presidente, con las observaciones que señalé.
Vamos a trabajar duramente para que este proyecto beneficie a los pescadores artesanales, y no venga a profundizar mucho más la situación en que se encuentran.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, voy a votar a favor de este proyecto porque, aunque sea algo parcial, constituye un apoyo general para los pescadores artesanales.
Es cierto lo que se ha dicho acá: existe un ripio en materia de administración. El Senador Moreira lo expresó bastante bien.
Sin embargo, me parece que debemos votar a favor la idea de legislar, y a través de indicaciones, corregir esos problemas, para que el Estado, a través de los representantes del municipio respectivo y del Seremi de Economía, no tenga tanta injerencia y los pescadores artesanales dispongan de más libertad para administrar las caletas.
Puesto en la balanza -y en esto adhiero a quienes me antecedieron en el uso de la palabra-, en general me parece que se trata de un proyecto más bien positivo que negativo.
Dicho eso, quiero mencionar también algunas cuestiones relativas a la Ley de Pesca que nos rige.
A fines del año pasado se me consultó sobre el particular. Yo dije que era absolutamente partidaria -lo conversé con el Ministro de Economía en algún momento, hace varios meses- de derogar la actual Ley de Pesca.
¿Por qué derogar?
Señor Presidente, esta materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. De modo que solo el Ejecutivo puede derogar dicha ley.
Mucha gente se pregunta por qué el Parlamento no ha hecho aquello. Entonces, es bueno decir, una vez más, que nosotros no tenemos la facultad constitucional para derogar una ley de esta naturaleza, que contiene aspectos de carácter económico, financiero.
Por lo tanto, el Gobierno debe enviar un proyecto para derogar la ley vigente, manteniendo ciertamente aquellas cosas que han sido beneficiosas para la pesca artesanal. ¿Por qué? Porque, en mi concepto (y esta es también la opinión del partido que presido: Amplitud), presenta vicios.
El hecho de que haya parlamentarios imputados por delitos relacionados con el proceso de tramitación de la Ley de Pesca da cuenta de vicios en su origen.
Eso lo sabemos todos.
En tal sentido, yo adhiero a quienes piensan que la referida ley debe ser modificada, pero manteniendo lo bueno.
No digo anulada.
¿Cuál es la diferencia? Si la anulamos, esto queda en tierra de nadie, y rige lo que había antes, que no era lo ideal.
Entonces, por intermedio de la Mesa, le vuelvo a reiterar al Ministro de Economía, tal como lo hice hace meses -repito que esta es la postura de Amplitud-, la necesidad de derogar la Ley de Pesca, porque tiene vicios en su origen.
Señor Presidente, basta con que haya un parlamentario -da lo mismo quién, cómo y a qué Cámara pertenezca- imputado por delitos relacionados con el proceso de tramitación de una ley para que, a mi juicio, se pueda invocar su nulidad.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, solo deseo aclarar algunos conceptos.
Me alegro mucho de que casi la unanimidad de los Senadores esté de acuerdo con este proyecto, que es beneficioso para la pesquería artesanal.
No voy a abundar en cuestiones que ya se han señalado.
Sin embargo, únicamente quiero relevar que la administración de las caletas siempre la van a tener los pescadores artesanales. No hay que confundir la Comisión Intersectorial con la administración. Son dos cosas aparte.
Con respecto a la Ley de Pesca, creo que estamos todos de acuerdo en que hay que revisarla por los vicios que hemos visto.
Pero también no hay que ser injustos.
En la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura se están viendo varios proyectos relacionados con el desarrollo de la pesquería en general: el de INDESPA, el de caletas pesqueras, que estamos discutiendo hoy día. Ingresarán las iniciativas sobre mitílidos, la relacionada con los recursos bentónicos, la de acuicultura en pequeña escala, la vinculada con la reineta, etcétera.
En cuanto a la Ley de Pesca, en junio de 2015 presentamos con las Senadoras Goic y Muñoz una moción donde poníamos el dedo en la llaga para que dicha normativa se revisara, si no fuese posible anularla. Y, entre lo que dijimos, cuestionábamos la propiedad de los peces, la pesca de arrastre, la perforación de las cinco millas pertenecientes a los pescadores artesanales, las licitaciones de la pesca industrial, la infraccionalidad y el aumento en 1 por ciento de la reserva de la pesca industrial para consumo humano.
Se está avanzando y trabajando a ese respecto.
Hay un compromiso del Ejecutivo para que dentro de los próximos sesenta a noventa días ingrese al Congreso Nacional un proyecto que permita revisar en forma completa esa ley, que tantos dolores de cabeza ha provocado a medio mundo.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor, 2 abstenciones y 4 pareos), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Allamand y Chahuán.
No votaron, por estar pareados, los señores Bianchi, García, Matta y Ossandón.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se propuso fijar como plazo para presentar indicaciones a esta iniciativa el 26 de septiembre, a las 12.
¿Habría acuerdo?

La señora VON BAER.- ¿Es la tercera semana?

El señor QUINTEROS.- Sí, señora Senadora; después de la regional.

El señor LARRAÍN.- ¿Cuándo es?

El señor MOREIRA.- ¿Para cuándo queda?

El señor QUINTEROS.- Para el 26 de septiembre, a las 12.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Le parece a la Sala?
--Así se acuerda.




INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE DECLARACIÓN DE PÉRDIDA TOTAL


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Ossandón, García-Huidobro, Letelier, Matta y Tuma, que modifica el artículo 39 de la ley N° 18.290, de Tránsito, para establecer la inscripción de la declaración de pérdida total de un vehículo por parte de empresas aseguradoras y otros y para regular los efectos de su omisión, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.818-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Ossandón, García-Huidobro, Letelier, Matta y Tuma):
En primer trámite: sesión 36ª, en 3 de agosto de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 45ª, en 6 de septiembre de 2016.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de esta iniciativa es calificar como característica esencial de un vehículo motorizado la información referente a si ha sufrido anteriormente una declaratoria de pérdida total de tipo real o asimilada, circunstancia que deberá inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.
Asimismo, se propone que tal obligación sea cumplida por las compañías aseguradoras que efectúen dicha declaración, y en su caso, por el propietario y el vendedor del vehículo, cuando conocieren de ella.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió solo la idea de legislar, pese a tratarse de un artículo único, y propone a la Sala debatir el proyecto únicamente en general.
Dicho órgano técnico aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores García-Huidobro, Girardi, Letelier, Matta y Ossandón.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la página 7 del primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
En la discusión general, tiene la palabra el Senador señor Ossandón, uno de los autores del proyecto.


El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, mediante esta iniciativa, que presentamos con los Senadores Tuma, García-Huidobro, Letelier y Matta, buscamos incorporar una medida de información para las personas que compran vehículos usados.
De acuerdo con las cifras entregadas por la Cámara Nacional de Comercio Automotriz de Chile (CAVEM), durante 2015 se vendieron en nuestro país más de 850 mil vehículos usados.
Ese mismo año el programa Contacto, de Canal 13, publicó una extensa nota sobre cómo se venden los autos respecto de los cuales las compañías de seguros han declarado pérdida total. En ella los periodistas muestran que algunas personas compran en remates vehículos destruidos y con declaración de pérdida total, los reparan y los venden como si fueran normales.
Obviamente, un auto destruido, cuyos airbags han sido eliminados, etcétera, no tiene el mismo valor que uno normal.
Hoy día las compañías aseguradoras cuentan con una especie de DICOM y, por ende, saben qué vehículos tienen declaración de pérdida total.
Para poner fin a esas ventas viciadas, el proyecto en estudio modifica la Ley de Tránsito al objeto de obligar a las aseguradoras a anotar en el Registro de Vehículos Motorizados las declaraciones de pérdida total. De esta forma el comprador, al solicitar el certificado de anotaciones vigentes, podrá saber si un auto fue declarado pérdida total en alguna etapa de su existencia y, así, comprar informadamente.
La sanción que establece esta iniciativa para la aseguradora que no informe la pérdida total es hacerla responsable de la indemnización de perjuicios, la que el comprador podrá reclamar sobre la base de los vicios ocultos a que se refiere el Código Civil.
Este proyecto es breve; fue aprobado por 5 a 0 en la Comisión de Transportes. Y ojalá que todos los colegas puedan acogerlo, por cuanto ayuda a la transparencia del proceso pertinente.
Por último, señor Presidente, le pido que consulte a la Sala sobre la posibilidad de abrir la votación.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Su Señoría pidió abrir la votación. Sin embargo, antes hay una solicitud de un Comité.
Para concretarla, tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, pido segunda discusión para esta iniciativa.

El señor BIANCHI.- ¡No!

El señor PROKURICA.- Pero hay que hacer la primera discusión.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En tal caso, igual puede usar de la palabra el Honorable señor García-Huidobro, quien está inscrito a continuación. Pero ya se solicitó segunda discusión.

El señor ROSSI.- Salvo que se vote de inmediato.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, mi interés no radica en que no se debata ni vote la ley en proyecto -ella puede ser muy positiva-, sino en que se trate el proyecto siguiente, respecto del cual parece no haber existido acuerdo para discutirlo primero.
Si Su Señoría le va a seguir dando la palabra a todo el mundo, es lo mismo que nada.

El señor PROKURICA.- ¡Hay que hacer la primera discusión!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Senador señor Rossi, así como usted tiene pleno derecho para, como Comité, pedir segunda discusión, yo no puedo dejar de dar la palabra a los inscritos, quienes pueden intervenir en la primera discusión.
Ahora, Su Señoría tiene razón. Efectivamente, figura en tabla un proyecto con "discusión inmediata" que contiene normas orgánicas constitucionales, y por tanto de quorum especial. Y también hay Comisiones citadas a partir de las 18:30.
En todo caso, solo está inscrito el Senador señor García-Huidobro.

El señor PROKURICA.- Punto de Reglamento, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, como usted dice, el Senador Rossi, reglamentariamente, tiene pleno derecho a pedir segunda discusión. Sin embargo, hay que hacer la primera discusión. Por lo tanto, la Mesa no puede negar su derecho a quienes quieran intervenir en esta.
El colega Rossi solo está retrasando la segunda discusión, la que podrá realizarse en la próxima sesión.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Es exactamente lo que expresé, señor Senador.

El señor MOREIRA.- ¡El Senador Prokurica no entiende cuando usted habla, señor Presidente...!

El señor PIZARRO.- ¡No lo escuchó...!

El señor MOREIRA.- Entonces, ¡está sordo...!

El señor OSSANDÓN.- ¿Cuál es la situación, señor Presidente?

El señor BIANCHI.- Igual se abriría la votación.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Senador señor Ossandón -para que nos entendamos-, no se va a abrir la votación, pues un Comité pidió segunda discusión. Pero quienes deseen intervenir para referirse al proyecto, que se originó en una moción suscrita por Su Señoría, entre otros Senadores, pueden hacerlo en la primera discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.

El señor ROSSI.- Retiro la solicitud de segunda discusión, señor Presidente. No tiene ningún sentido.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, por su intermedio, le pido al Senador Rossi que evalúe la solicitud que formuló, porque nuestra idea es utilizar muy poco tiempo, seguir avanzando y analizar la iniciativa siguiente.
En ningún momento ha existido el ánimo de retrasar el tratamiento del proyecto que le interesa a Su Señoría, como a todos nosotros.

El señor OSSANDÓN.- ¡El Senador Rossi acaba de decir que retira la solicitud de segunda discusión!

El señor ROSSI.- Ya la retiré, señor Presidente.

El señor OSSANDÓN.- Entonces, que se abra la votación.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Por supuesto.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- El Honorable señor Rossi retiró la solicitud de segunda discusión, pero tenemos tres Senadores inscritos.
¿Habría acuerdo para abrir la votación?

El señor BIANCHI.- Sí.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, agradezco la decisión del Senador Rossi.
Este proyecto, que fue aprobado por la unanimidad de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, es de transparencia. En efecto, mediante él se pretende que en la compra de un vehículo usado se transparente el historial, pues muchas veces este tipo de adquisiciones involucra riesgos, como el de que un automóvil haya sido chocado, tenga declaración de pérdida total o parcial por parte de la aseguradora y sea reparado para ponerlo en venta de nuevo, sin informar de ello al eventual comprador, quien a lo mejor carece de experiencia en la materia o no ha podido hacer revisar el vehículo para conocer su historial.
Dicha práctica se halla bastante extendida en nuestro país. Existe una gran cantidad de vehículos que, tras participar en un siniestro, son declarados pérdida total por las aseguradoras -normalmente, eso significa que el daño abarca 70 a 75 por ciento- y pasan a remates públicos, mecanismo que utilizan esas compañías para recuperar su dinero.
En muchas ocasiones tales vehículos son adquiridos por empresas o por talleres dedicados a los repuestos, a la desarmaduría y a otros negocios del rubro automotriz. Sin embargo, algunos de los compradores refaccionan las unidades rematadas y las reingresan al mercado por la vía de ponerlas en venta de nuevo.
Tanto en la reglamentación del Código Civil como en la Ley del Consumidor, el criterio general de derecho que inspira tales regulaciones es el principio de la buena fe contractual. Eso quiere decir que se presume que el vendedor no tiene la intención de engañar al comprador. No obstante, en la práctica muchas veces se lo engaña.
Me parece, pues, relevante transparentar el respectivo historial en el Registro de Vehículos Motorizados.
En consecuencia, es muy importante aprobar este proyecto, porque va en la línea correcta de la necesaria transparencia en la compra y venta de vehículos usados.
Voto a favor.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, está claro que respecto de todo artículo reciclado que se ofrece como nuevo o como envejecido debe señalarse explícitamente que tiene una u otra condición.
Se recicla un vehículo, y eso está bien: hay que reciclar (¡ojalá pudiéramos limitar la producción de automóviles!). La cuestión radica en que debe haber información transparente acerca de esa situación.
Con la anotación planteada se salva toda duda sobre la transparencia del mercado de vehículos usados, el cual, de acuerdo con el informe de la Comisión, en 2015 registró la venta de más de 800 mil unidades, cifra que da lugar a una situación poco controlable.
Además, tal registro es una ventaja para los compradores y, también, para la transparencia en el cumplimiento de las leyes ambientales.
Un automóvil puede ser del año, pero si se lo hizo objeto de reciclaje tiene alterada la capacidad de eximirse del cumplimiento de las normas verdes sobre emisiones, pues ya fue destruido.
Me explico.
Si un automóvil nuevo o con dos o tres años de antigüedad es chocado y reestructurado, según la norma Euro 5 debe ser presentado como vehículo reciclado y, por ejemplo, pierde el visto bueno para circular en días en que hay restricción; o sea, ya no es nuevo, sino usado y reciclado.
Por lo tanto, la ley en proyecto no solo protege al comprador y al vendedor, sino que además hace claridad sobre el cumplimiento de las normas ambientales sobre emisiones, las cuales reglan claramente los períodos de preemergencia y emergencia.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero hacer una pregunta a los integrantes de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, autores de esta moción, sobre algo que no figura en el informe: ¿se escuchó durante la discusión del proyecto al Servicio de Registro Civil, que es quien lleva el Registro de Vehículos Motorizados?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Podría responder el Honorable señor Ossandón, uno de los autores de la iniciativa.

El señor HARBOE.- No se encuentra en la Sala, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Le contestará el Senador señor García-Huidobro, Su Señoría.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, le preguntamos al Ejecutivo si le parecía razonable el proyecto, y dio su parecer positivo.
Esperamos tener durante la discusión particular la opinión que echa de menos el Senador Harboe.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Creo que a todos nos ha quedado clara la situación tras la respuesta del Senador señor García-Huidobro.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor y una abstención).
Votaron a favor las señoras Allende, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvo el señor Montes.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Le parece a la Sala fijar como plazo para presentar indicaciones el jueves 29 de septiembre, a las 12?

El señor HARBOE.- Sí, está bien.
--Así se acuerda.




TRANSFORMACIÓN DE INSTITUTOS PROFESIONALES Y CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA EN CORPORACIONES DE DERECHO PRIVADO SIN FINES DE LUCRO


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en la segunda discusión general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que permite la transformación de los institutos profesionales y centros de formación técnica en corporaciones reguladas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil (son dos boletines refundidos), con informe de la Comisión de Educación y Cultura y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (10.261-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Lagos, Montes y Zaldívar):
En primer trámite: sesión 44ª, en 18 de agosto de 2015 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (10.302-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Letelier y Quintana):
En primer trámite: sesión 52ª, en 15 de septiembre de 2015 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 7ª, en 5 de abril de 2016.
Discusión:
Sesión 11ª, en 19 de abril de 2016 (queda para segunda discusión en general).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que la totalidad de los artículos de esta iniciativa son orgánicos constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 21 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 20 a 22 del primer informe.
Nada más, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.

Se pidió abrir la votación.
¿Le parece a la Sala?

El señor LARRAÍN.- No, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- No hay acuerdo.
Primero escuchemos el informe del Senador señor Ignacio Walker, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, y después veamos de nuevo si es factible iniciar la votación.
Tiene la palabra Su Señoría.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, paso a informar brevemente sobre este proyecto de ley, que permite la transformación de los institutos profesionales y de los centros de formación técnica en personas jurídicas de derecho privado que no persiguen fines de lucro, el cual se aprobó en la Comisión de Educación y Cultura por tres votos a favor (Senadores Quintana, Rossi e Ignacio Walker) y dos en contra (Senadores Ena Von Baer y Allamand).
Básicamente, el proyecto en debate se originó el año pasado en la discusión del Presupuesto para 2016, durante la cual, enfrentados al debate sobre la glosa y la partida presupuestaria pertinentes, se vio la necesidad de facilitar, a propósito de él -aunque esta normativa tiene vida independiente-, la posibilidad de que los IP y los CFT con fines de lucro tuvieran un marco legal que les permitiera transformarse, voluntariamente, en personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro.
Estamos hablando, por lo tanto, de la educación técnico-profesional de nivel superior, que comprende a 97 instituciones, con 527 mil alumnos -más de medio millón-, quienes representan el 43 por ciento del total del sistema.
Dieciséis centros de formación técnica, con una matrícula de 121 mil alumnos, se encuentran organizados como sociedades -o sea, como personas jurídicas de derecho privado que persiguen fines de lucro-; de ellos, solo 3 están constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro.
En el caso de los institutos profesionales, quince, con una matrícula de 237 mil alumnos, se hallan organizados como sociedades -es decir, como personas jurídicas de derecho privado que persiguen fines de lucro-; de ellos, únicamente cuatro están constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro.
En la Comisión escuchamos a distintas autoridades e instituciones: Universidad de Playa Ancha, Consejo de Rectores, CONIFOS, Vertebral.
Finalmente, la iniciativa faculta a los institutos profesionales y centros de formación técnica que lo estimen pertinente, como Sus Señorías pueden observarlo en el comparado -es decir, se trata de algo enteramente voluntario, por lo que no tiene nada que ver con el proyecto de inclusión respecto de la educación escolar-, para transformarse en corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, caso en el que subsistirá inalteradamente su personalidad jurídica, sin solución de continuidad.
En efecto, la corporación o fundación, como lo dispone el artículo 2º, "mantendrá inalteradamente para todos los efectos legales y reglamentarios a que hubiere lugar, su carácter en cuanto entidad legal organizadora del Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica respectivo". Por lo tanto, continúa su vida, jurídicamente.
Y el artículo 3º determina que el reconocimiento oficial, la autonomía y la acreditación se otorgarán por el solo ministerio de la ley y sin solución de continuidad. O sea, no hay cuestión al respecto. Eso se mantiene.
Como quiero ser breve, insisto, para terminar, en que este es un proyecto muy sencillo, que faculta o autoriza a los centros de formación técnica e institutos profesionales que así lo decidan, libre y voluntariamente -o sea, no lo hace obligatorio-, sin solución de continuidad, para adquirir la forma de una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, con la mantención de su reconocimiento, autonomía, etcétera.
Eso es lo sometido a la discusión de la Sala.
He dicho.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, ¿puede abrir la votación?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Allamand para una cuestión de Reglamento.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, no tengo ningún inconveniente en acceder a la solicitud formulada recién. Varios colegas la han expuesto. Lo que ocurre es que partimos viendo la iniciativa en abril y solo hubo dos intervenciones, luego de lo cual el Senador señor Montes pidió segunda discusión. Entonces, como se trata de una materia extraordinariamente importante, sugiero que usted recabe la unanimidad de la Sala, si es necesario, para abrir la votación, pero que las intervenciones de quienes no hemos podido participar en el debate se extiendan hasta por diez minutos.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Ello me parece razonable.

El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Su Señoría desea apoyar el planteamiento?

El señor LETELIER.- Pido que la señora Ministra intervenga primero. Si se abre la votación, solo podrá hacerlo en ciertas condiciones.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Aún no entramos a pronunciarnos.

El señor LETELIER.- Por eso, cualquiera que sea el acuerdo que tomemos y aunque se abra la votación, solicito que ella tenga el derecho a hacer uso de la palabra cuando quiera durante el debate.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación y los señores Senadores intervendrán hasta por diez minutos, en tanto que la titular de la Cartera podrá hacerlo no solo para precisar, sino también en cualquier momento de la votación.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el proyecto surge a partir del estatuto legal vigente, que define que las universidades deben constituirse como personas jurídicas sin fines de lucro, pero no contempla la misma exigencia para institutos profesionales y centros de formación técnica.
Para una amplia mayoría de chilenos ha pasado a ser una contradicción el que una institución educacional persiga fines de lucro, en particular si se financia con recursos públicos, lo que se ha hecho aún más evidente desde que el Gobierno de la Presidenta Bachelet ha impulsado la gratuidad de la educación superior.
Varios de los institutos profesionales y centros de formación técnica privados cuentan con las capacidades y los niveles de calidad que les debieran permitir acogerse al sistema de gratuidad para sus alumnos. A ellos se les debe facilitar su transformación desde sociedades civiles o comerciales, que constituyen su condición actual, a entidades sin fines de lucro, como también asegurar su continuidad institucional y la mantención de las acreditaciones que han logrado.
En consecuencia, la iniciativa es de toda justicia, porque a estas entidades les permite acceder al sistema de financiamiento estatal con gratuidad para los alumnos al adaptar sus estatutos, de manera de transformarse en corporaciones o fundaciones sin que estos cambios los perjudiquen.
En la sesión en que comenzó a discutirse el proyecto se plantearon diversas dudas y críticas, algunas de ellas explicables al considerarse que aún se desconocía a la fecha la iniciativa sobre educación superior que pretende modificar el marco regulatorio de todo el sector, incluidos institutos profesionales y centros de formación técnica. En esa oportunidad se afirmó que se trataba de un cambio forzoso para estas instituciones, pero está claro que ellas mismas solicitaron legislar sobre la materia.
Por cierto, si el Estado dispone una política de gratuidad, tiene todo el derecho de establecer condiciones para acogerse al sistema, de la misma manera como se hizo para la educación escolar.
Recordemos que no fue posible extender este año la gratuidad al sector técnico-profesional, como había sido el interés del Gobierno, lo que fue compensado por un mejoramiento de la beca Nuevo Milenio.
También se plantearon dudas acerca de los alcances tributarios del cambio en el estatuto jurídico.
Y se solicitó mayor claridad sobre la situación del INACAP, institución creada por la CORFO en 1966.
En algunos de estos asuntos las aprensiones pueden ser fundadas, por lo que el Ejecutivo debiera presentar las indicaciones correspondientes.
Sin embargo, las materias de fondo habrán de ser abordadas en el marco del proyecto de ley sobre educación superior. Es ahí donde tendremos que discutir si los estudiantes de institutos profesionales y centros de formación técnica deben tener o no derecho a acceder a una educación gratuita.
Hay quienes están dispuestos a aceptar la gratuidad, pero quieren que el resto del sistema educacional continúe igual. Para ellos, la educación gratuita cambia solo el precio del servicio.
La educación debe ser un derecho efectivo y las entidades que la provean han de tener la finalidad esencial de formar y no de lucrar.
Mediante la iniciativa solo estamos viabilizando, por ahora, las adaptaciones necesarias de parte de las instituciones.
Por las razones expresadas, voto a favor de la idea de legislar.
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El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Sí, señor Senador.

El señor WALKER (don Ignacio).- Le pido a la Mesa recabar la autorización para que la Comisión Especial encargada de conocer proyectos relativos a probidad y transparencia pueda funcionar en paralelo con la Sala a partir de las 18:30.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Guillier.

El señor PROKURICA.- La señora Ministra está pidiendo la palabra.

El señor GUILLIER.- ¿Usará de ella ahora?

La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- No, después.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, parto por destacar el enorme impacto del crecimiento de la matrícula en la educación técnico-profesional en un país que registra una carencia de por lo menos 600 mil personas en ese ámbito, según la SOFOFA. Por lo tanto, se cubre una necesidad genuina, legítima.
Al mismo tiempo, debo subrayar que este nivel es el que absorbe una mayor cantidad de jóvenes vulnerables o con dificultades socioeconómicas que pueden acceder a una formación técnica. De manera que hay una amplia relevancia e impacto en el sector.
Entiendo la iniciativa como un intento de sacar el lucro de la figura jurídica de los institutos de formación técnico-profesional y de conceder una suerte de estructura orgánica que permita acceder a fondos nacionales e internacionales de cooperación y transferencia, lo que hoy día enfrentaría dificultades.
Además, se podría generar una mayor capacidad de interacción con el medio, especialmente en el sector público, e incluso una mayor flexibilidad y capacidad de una respuesta operativa para atender requerimientos del entorno social.
Esas quizás son, básicamente, las intenciones del proyecto.
Pero también quiero señalar algunas aprensiones.
En primer lugar, nos hallamos ante actividades privadas legítimas. No pasa lo del sistema universitario, donde se obtuvo lucro burlando la ley. Aquí se ha actuado de conformidad a derecho y a la legalidad existente. Por lo tanto, deben aclararse aspectos que dicen relación con una mayor justicia y equidad, como el que tiene que ver con el traspaso patrimonial sin el arbitrio de mecanismos de transición o gradualidad que les den certeza a los afectados, así como una compensación económica, si corresponde, ya que existen de por medio bienes privados legítimos.
En seguida, se imponen ciertos elementos, como una declaración jurada y un representante legal, lo que significa la aparición de figuras como la del administrador provisional. Se contemplan responsabilidades penales -incluso, cárcel-, en la eventualidad de un manejo determinado de este tipo de organizaciones.
O sea, se asumen muchos compromisos que deberían precisarse mejor en el proyecto, a mi juicio.
Desde luego, qué pasa con el detrimento patrimonial personal de sostenedores o socios de instituciones de educación superior que han hecho sus inversiones legítimamente y dentro de las reglas del juego. Estas podemos cuestionarlas o cambiarlas, pero ellos han actuado en ese marco.
Asimismo, qué ocurre con ciertas discriminaciones que pudieran tener lugar, por ejemplo, ante la diferenciación en la transición hacia la aplicación de estas normas en los centros de formación técnica pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, con relación a lo cual existe un período de dos años. A muchas de estas entidades se les está fijando un "techo" de tiempo más corto.
A la vez, mecanismos que den garantía, gradualidad y compensación no parecen verse suficientemente claros.
No existe la certeza de que a las instituciones se les asegurará, bajo este cambio, el acceso a financiamiento estatal bajo el sistema de gratuidad o de becas, por una razón simple: las cifras del Presupuesto no cuadran.
Los jóvenes matriculados en estos institutos suponen que el Estado va a garantizarles el financiamiento de sus estudios. Y, por otro lado, ya hemos reconocido que las figuras financieras de nuestro país no dan la caja para asegurar, en los plazos en que va a proceder la transición hacia la gratuidad de los institutos profesionales, los recursos necesarios para que estas personas no pierdan su matrícula y puedan seguir estudiando.
La enorme demanda en el sector ha hecho crecer exponencialmente la matrícula. Recordemos que esta se ha más que cuadruplicado en los últimos veinte años. Por lo tanto, se está llenando una necesidad social. Lo más probable es que el incremento continuará.
Por estas razones, mi idea es apoyar la iniciativa, pero creo que deben precisarse demasiados aspectos, porque están dejando en un marco de incertidumbre a los involucrados, que no solo son los actuales propietarios o socios de las entidades, sino también, fundamentalmente, los estudiantes.
Gracias.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, hemos llevado a cabo un proceso de reforma importante en la educación, y uno de nuestros principales objetivos, principios y convicciones, como lo hemos expuesto, es que los dineros públicos, los que nos pertenecen a todos, los que invierte el Estado, se inviertan en ella y ojalá nunca se desvíen a fines ajenos al propósito educacional. Este ha sido el trasfondo en toda la etapa, y, por eso, estamos convencidos también de la relevancia de dar ahora el paso de que se trata.
Tratándose de centros de formación técnica y de institutos profesionales, donde estudian miles de jóvenes, muchos de ellos pertenecientes a la clase media o a sectores más bien vulnerables, incide un factor de equidad, pues se ayuda a la movilidad social de ellos mismos.
Además, conviene pensar en que Chile no ha tenido demasiadas consideraciones, muchas veces, con la educación técnico-profesional, que se ha ido quedando rezagada. Presentamos una proporcionalidad inversa a la de las sociedades desarrolladas, es decir, nuestros estudiantes tienden a la educación superior en mucho mayor medida que a los centros de formación técnica o los institutos profesionales, en circunstancias de que, como país, debiéramos ir valorando, potenciando y motivando cada vez más este último nivel, particularmente porque tiene que vincularse con el desarrollo nacional y la actividad de las regiones. Estas entidades son las que debieran proponerse ser una contribución al desarrollo local, regional, y justamente potenciar los recursos y las vocaciones.
Por eso, solo deseo expresar muy brevemente que comparto la idea de avanzar un paso más para permitir que los centros de formación técnica y los institutos profesionales, que actualmente son organizaciones con fines de lucro, pasen a esta otra categoría, sobre la base de respetar su tiempo de acreditación. Creo que ello es muy importante, porque de otra manera probablemente estaríamos cercenando esta opción.
Lo anterior redundará, eventualmente, en que dichas entidades puedan entrar mañana también en la gratuidad, con las consiguientes posibilidades y opciones que les daremos a muchos estudiantes vulnerables de sectores medios bajos que concurren a ellas.
Quisiera consignar, además, que el Gobierno se propuso crear quince centros de formación técnica, uno en cada región. Ellos existen en varias, incluida la que represento, pero con fines de lucro. A lo mejor, vamos a tener la posibilidad de dar un paso diferente si conseguimos que pasen a esta otra condición, en el entendido de que se respetará -repito- su acreditación originaria, sin romperse con lo que ya habían logrado ni omitir la continuidad.
Juzgo que se da un paso positivo y que debemos propender a que todos estos recursos se inviertan propiamente en la educación, más aún si se trata de la técnico-profesional, porque claramente, como ya lo manifesté, es un sector más bien rezagado en relación con la del nivel superior. Generalmente, le damos mucho más importancia a esta última.
Hemos "abandonado" un poco, si se puede decir de esta manera, a la educación. No le hemos dado la relevancia necesaria ni reconocido la contribución que puede hacer. En una región minera como la nuestra, por ejemplo, claramente requerimos centros de formación que cumplan con el objetivo de capacitar, formar y lograr el profesionalismo en materias que deberían estar vinculadas en una alta proporción, probablemente, con la vocación minera.
Por todas estas razones, voto a favor.

El señor LAGOS (Presidente).- Puede intervenir la señora Ministra.

La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Muchas gracias por darme la palabra en medio del proceso de votación, señor Presidente, pero quisiera precisar algunos aspectos que me parece que pueden ser importantes para la decisión que tomen los señores Senadores.
El año pasado, cuando se discutió la gratuidad, uno de los temas más álgidos, tal vez, fue el de los centros de formación técnica y los institutos profesionales, pensándose en que acumulan un número importante de alumnos provenientes de sectores socioeconómicos más desfavorecidos.
Por otro lado, si bien un número importante de estos estudiantes es titular de una beca, eso supone el pago de matrícula y condiciones de excelencia académica de las cuales depende el beneficio. Para el conocimiento de Sus Señorías, el cuarenta y dos por ciento de ellos se encuentra en esa situación.
Treinta de estas instituciones firmaron el año pasado un acuerdo con el Ministerio de Educación en el sentido de que si se dictaba una ley para que pudieran pasar a ser sin fines de lucro, estaban dispuestas a hacerlo y a postular, de esa manera, a la gratuidad de sus alumnos. Lo que estamos haciendo acá es cumplir con ese compromiso, lo que a ellas les permitirá, a su vez, ceñirse al que asumieron en orden a lograr que sus alumnos puedan estudiar en forma gratuita, como se había planteado.
Deseo consignar que el país ha dado pasos muy importantes en el ámbito que nos ocupa y que se ha llegado a que este es el segundo o tercer período en que la matrícula en el sector terciario técnico-profesional es el cincuenta por ciento de toda la matrícula de los primeros años. O sea, Chile ha logrado invertir la pirámide en que había muchos más profesionales que técnicos.
En tal sentido, señor Presidente, esta posibilidad -que es una facultad, como bien se ha dicho- ya fue respaldada por estas instituciones el año pasado (me refiero a las que pertenecen a Vertebral, y el propio INACAP, que en su momento firmó el compromiso), así como por varias otras.
Quiero agregar un solo dato.
Creo que todos buscamos tener buenas ayudas estudiantiles y buena calidad de las instituciones educativas. Y quiero decir que en este último ámbito estamos al debe.
En materia de instituciones acreditadas, calculamos que tenemos 97 instituciones de educación técnico-profesional de nivel superior (centros de formación técnica e institutos profesionales). De ellas, 81 persiguen fines de lucro, y entre las no acreditadas, 59 son CFT y 38, institutos profesionales.
Esto debe movilizarnos para tener buenos apoyos estudiantiles -los mejores posibles- y también exigencias de calidad en cuanto a que todas las instituciones se hallen acreditadas.
Eso tiene que ver con el conjunto del sector terciario de la educación en el país, señor Presidente.
Quiero complementar lo que dijo el Presidente de la Comisión de Educación en el sentido de que con este proyecto estamos dando un paso muy importante en la mejora y en los apoyos estudiantiles orientados a todos los estudiantes, lo cual no significa -y quiero ser bien enfática- que entrar en gratuidad implique que se van a perder las ayudas estudiantiles para otras instituciones, pero sí vamos a presionar para que cada día mejoren más y así podamos tener mayor número de acreditaciones.
Nada más, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, este proyecto tiene un alcance: solo permite que las instituciones que están en esta área de la educación superior puedan, si así lo quieren, pasar de ser empresas con fines de lucro a corporaciones regidas por una normativa legal (el Título XXXIII del Libro I del Código Civil), es decir, corporaciones sin fines de lucro.
Ese es el objetivo del proyecto.
Es evidente que al realizar este debate surgen otros temas y, por eso -por su intermedio, señor Presidente- le consulto a la Ministra.
Quiero hacer un comentario.
Esta es la primera vez que en el Senado discutimos sobre educación superior en el marco de la reforma. Y yo quiero señalar desde ya que no creo en una educación superior gratuita universal. No soy partidario de la educación superior gratuita universal. Pienso que debe haber barreras o exigencias de entrada para la educación superior. No puede ser para cualquiera. A mi juicio, hay universidades -no quiero indicar ninguna en particular- y también CFT de dudosa calidad que aceptan personas que no son capaces de superar cierto puntaje en la PSU -el cual puede ser un instrumento a revisar- y a las cuales terminan endeudando de una manera brutal y preparando en forma inadecuada durante la carrera para realizar un desarrollo profesional.
Por ello, parto diciendo que soy partidario de este proyecto, o sea, de generar la posibilidad de que los CFT y los IP se conviertan en instituciones sin fines de lucro, como parte de un diseño mayor de la educación superior. Entiendo que más adelante vamos a discutir qué va a ocurrir ahí.
La bancada socialista, señor Presidente, tiene serios reparos con INACAP -¡serios reparos con INACAP!-, no en cuanto a su calidad, porque es una institución de excelente calidad, pero sí en cuanto a su patrimonio. Existen antecedentes históricos que indican que tiene intereses públicos, incluso hay representantes del Estado en su directorio, y eso se debería clarificar de una vez por todas.
En mi opinión, resulta importante aclarar esos aspectos.
Soy partidario de la creación de CFT estatales sin fines de lucro. Y espero que estén muy vinculados a las universidades.
Hoy en la educación pública más del 42 por ciento de la oferta en enseñanza media corresponde a carreras técnico-profesionales; por ende, fortalecer a los CFT es fundamental. Y, sin duda, debe haber incentivos para que se creen las carreras y los profesionales que el país necesita.
En la actualidad, tenemos demasiada gente en carreras universitarias y muy poca, o no suficiente, en carreras técnicas de educación superior, que resultan tan necesarias para nuestro nivel de desarrollo, así como para las exigencias que presenta Chile. Por lo mismo, hay razones de sobra para apoyar este proyecto de ley, como un antecedente que sirva para preparar la transición para el debate que tendremos sobre educación superior y su financiamiento a futuro.
Es cierto, señora Ministra -por su intermedio, señor Presidente-, que a algunos que participamos en esta discusión nos preocupa lo que se está analizando en la Cámara de Diputados. Yo creo que es tiempo de que el concepto de gratuidad de la educación superior sea reemplazado en el debate, porque no hay ningún país -¡ninguno!- que establezca esta predisposición a ser capturada por la calle en un consignismo inconducente.
Muchos quizás no lo sepan, pero quiero poner el caso -y disculpen la licencia- de la República Popular China, que uno no podría acusar de ser ejemplo de capitalismo exacerbado, sino de un capitalismo de Estado controlado por el Partido Comunista de ese país. Pues bien, ahí, al acceder a la educación superior, se paga. Es muy distinto a los fines que tiene Chile, pero hay otras naciones que ponen barreras de entrada.
A mí me preocupa el debate que hemos hecho, porque no quiero que mañana nos vengan a pedir que a cualquier persona que quiera estar en la universidad se le deba pagar una carrera, sin ponerle exigencias de capacidades para su ingreso, lo que también podría ocurrir en ciertas carreras técnico-profesionales de nivel superior. Si van a acceder a financiamiento estatal, que por lo menos cumplan ciertos requisitos. No quiero llegar al modelo de Alemania, donde se comienza a clasificar a los jóvenes desde segundo medio.
Es un debate que está pendiente, pero quiero aprovechar la oportunidad para dejar sentada una posición.
Estoy absolutamente a favor de este proyecto. Es facultativo, y no veo ninguna razón para que alguien se oponga a que una institución que hoy tiene fines de lucro pueda cambiar dicha condición y pasar a ser sin fines de lucro, si es que se le permite -por eso la necesidad de la ley- no perder ciertos derechos adquiridos que hoy ya posee, como algunos derechos en cuanto a su acreditación.
Esta ley es para que no pierdan algunos reconocimientos que tienen hoy, porque cualquiera de estas instituciones actualmente puede, sin necesidad de ley, pasar de ser una con fines de lucro a una sin ellos, pero deben partir de cero. El hecho de que se haga por ley les permitirá, como instituciones, cambiar su razón legal, pero con la garantía de que se les reconocerá el esfuerzo académico que han hecho este tiempo en materia de acreditación.
Por ello, voy a votar a favor.
Pido, señor Presidente, que la señora Ministra pueda comprometer un plazo para discutir sobre INACAP. No creemos que sea sano, conociendo el historial que existe en documentos públicos y los dichos de su rector en el Congreso Nacional, que no se sincere el tema. Y consideramos muy importante adelantar el debate acerca del rol de estas instituciones en la tremenda reforma de la educación superior. Probablemente, tendremos que aumentar mucho la matrícula en esta área, a fin de asegurar una cobertura territorial, porque es aquí donde tal vez podamos generar más profesionales para aumentar la productividad, en términos económicos, de nuestro país.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, la verdad es que empezamos a discutir este proyecto en el mes de abril, pero han ocurrido diversas cosas y ahora hay un panorama bastante distinto.
Quiero partir por indicar que los señores Senadores tienen en sus escritorios la carta que en el día de hoy ha enviado a este Honorable Senado el Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados, Vertebral, cuyo Presidente es Gonzalo Vargas, en la que expresamente se hace ver que este proyecto, "en su actual redacción, no sirve apropiadamente a su propósito, al incorporar condiciones y efectos que hacen inviable la decisión de aquellas instituciones que han manifestado su voluntad de transformar su naturaleza jurídica".
Por lo tanto, señor Presidente, que no se diga en este debate, bajo cualquier circunstancia, que ninguna de las instituciones de Vertebral apoya este proyecto, porque es exactamente lo contrario.
En segundo lugar, cuando en abril vimos esta iniciativa, había cierta incógnita respecto a lo que iba a ser la Ley de Educación Superior y cómo esta iba a abordar, por ejemplo, los temas de gratuidad.
Para dar un solo antecedente sobre este proyecto, quiero traer a colación la opinión del ex Rector de la Universidad de Chile don Víctor Pérez, a quien imagino que nadie sospechará de opositor, que sostiene que el proyecto de educación superior es -y cito textualmente- "un pegoteo que parte en torno a cómo resolver malamente la gratuidad para los jóvenes universitarios más pobres, pero le adicionaron algo de acreditación, un poco de transparencia, más regulaciones y al final terminó metiéndose en las universidades como un elefante sobre una cristalería. Este proyecto de reforma universitaria es simplemente delirante".
Esta es la opinión que sobre el proyecto tiene el ex Rector de la Universidad de Chile.
En tercer lugar, cuando vimos esta materia en abril pasado, aún existía la fantasía de la gratuidad ofrecida en el Programa de la Presidenta Bachelet, que decía que al año 2020 íbamos a tener gratuidad universal para toda la educación superior.
Hoy día ya sabemos que para el próximo año, 2017, está previsto solamente el 50 por ciento, para el que, entre paréntesis, difícilmente va a haber financiamiento. Para el 2018, sería el 60 por ciento. Y hacia adelante hay una alambicada fórmula que, en opinión del ex Presidente del Banco Central José de Gregorio, va a hacer que esa promesa jamás se cumpla.
Pero no solo eso.
La gratuidad implementada a través de una glosa ha tenido tantas dificultades que hoy día hay planteles que incluso están revisando su permanencia en ella.
En cuarto lugar, se repite que este proyecto es voluntario. Y eso es falso, no es verdad.
Aquí se dice: "Mire, el que quiere, se transforma, y el que no quiere, no se transforma". Pero, ¡atención! El que no se transforma no accede a la gratuidad y, como voy a explicar, tampoco accede a becas y ayudas estudiantiles.
Este no es un proyecto voluntario, señor Presidente; este es un proyecto obligatorio. Es una camisa de fuerza y una imposición que afecta a los estudiantes más vulnerables de la educación superior, que son, precisamente, los que están en los CFT y los IP.
Quiero hacer presente, además, que esta iniciativa es frontalmente inconstitucional.
Fíjese, señor Presidente, que cuando el Tribunal Constitucional revisó la famosa glosa del año pasado -y me voy al vigésimo considerando, que al parecer los equipos jurídicos del Ministerio de Educación no revisan- señaló específicamente que la inconstitucionalidad a la que se refería tenía que ver, concretamente, con los requisitos establecidos a las instituciones de educación superior elegibles, y los detalló.
En la letra iii) de dicho considerando, relativo a los centros de formación técnica e institutos profesionales, se señala: "1) Estar organizado como persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro".
¡Qué curioso, señor Presidente!
El considerando vigésimo tercero, por su parte, expresa lo siguiente: "Que, en consecuencia, lo que objeta esta Magistratura es que a dichos estudiantes vulnerables se les imponga para el goce de la gratuidad, consagrada en la Ley de Presupuestos, condiciones ajenas a su situación personal o académica," -y llamo la atención de esta frase- "como es el hecho de encontrarse matriculados en determinadas universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales, estableciendo una eventual exclusión respecto de aquellos. Es por tanto, la aplicación de tales exigencias referidas a las instituciones de educación superior de las cuales forman parte (...) las que generan diferencias injustificables entre estudiantes vulnerables que se encuentran en idéntica situación, lo que resulta contrario al principio de igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria".
Lo que está diciendo el Tribunal Constitucional, con todas sus letras, es que imponer, para la gratuidad, la exigencia de no tener fines de lucro es inconstitucional. Es exactamente lo que se señala. Aquí no hay interpretación posible; es, simplemente, la lectura del fallo.
En consecuencia, cuando el Gobierno, más allá de que no va a poder cumplir su promesa de gratuidad, persevera en establecer esta exigencia, choca frontalmente con lo resuelto por el Tribunal Constitucional, que ha indicado algo muy simple: que lo que aquí importa es la vulnerabilidad de los estudiantes y no la naturaleza jurídica de las instituciones.
Por consiguiente, ciertamente hago reserva de constitucionalidad sobre esta materia, haciendo presente a los señores Senadores que estamos frente a una jurisprudencia y a un fallo indesmentible, contundente y categórico que el Gobierno simplemente omite considerar.
Pero eso no es todo, señor Presidente.
Aquí se afirma -y ya no estamos hablando de gratuidad- que este proyecto es voluntario. ¡Pero qué curioso! Resulta que tampoco es voluntario para que los institutos profesionales o los centros de formación técnica que no quieran entrar a esta mal pensada y peor ejecutada "camisa de fuerza de gratuidad" puedan seguir operando.
Y me gustaría recordarle a la señora Ministra de Educación que, cuando ella participó en el debate de esta iniciativa en abril pasado, le dijo a este Senado lo siguiente: "Aclaro que aquí no se está tratando de traspasar recursos ni se les va a quitar las becas a los alumnos de entidades que no se acojan a la gratuidad o no se transformen en corporaciones sin fines de lucro. Eso no está planteado ni en este proyecto ni en el que vendrá".
Se equivoca la señora Ministra, porque basta referirse al artículo quincuagésimo octavo del proyecto sobre educación superior que hoy está en la Cámara de Diputados y que lleva su firma, el cual dispone que los institutos profesionales y los centros de formación técnica que no se sumen a la gratuidad, si no se transforman en instituciones sin fines de lucro, perderán las becas y las ayudas estudiantiles.
En consecuencia, estamos frente a una contradicción flagrante entre lo que se le señala en abril a este Senado y lo que dispone la iniciativa en actual tramitación en la Cámara Baja.
Señor Presidente, ¡cómo se puede decir que es voluntario un proyecto que obliga a transformarse sobre la base de dos amenazas!
Amenaza número uno: el que no se transforma, no accede a la gratuidad, no obstante que el Tribunal Constitucional ha resuelto que esta exigencia es inadmisible.
Pero, ¡atención! Si alguien quisiera mantener su institucionalidad jurídica y no acceder a la gratuidad, contrariamente a lo que fue el compromiso contraído en esta Sala, tampoco recibirá becas ni ayudas estudiantiles.
¿Alguien en su sano juicio podría sostener que estas son condiciones voluntarias?
El 70 por ciento de los alumnos que están en los IP y los CFT son vulnerables, y el 50 por ciento de ellos trabaja. Lo que acá se está haciendo es obligar a esos estudiantes y a esas instituciones a entrar en una gratuidad que jamás se va a poder aplicar como corresponde, porque, claro, demandaría 30 años cumplir la promesa que el Gobierno hizo. ¿O ya se les olvidó que dijeron que esto iba a estar listo el 2020?

El señor LAGOS (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Tiene medio minuto adicional.

El señor ALLAMAND.- Más aún, esta gratuidad ni siquiera se va a poder aplicar ahora, porque se ha impuesto en el contexto -como dice el rector Pérez- de un pésimo proyecto, que mata la autonomía, que verdaderamente impide el desarrollo de las instituciones educacionales.
¡Pero no!
Ustedes, con la ceguera que se les conoce, continúan impulsando exigencias para una gratuidad que no van a poder cumplir y, además, no respetan su compromiso, porque también les niegan a los que quieren mantenerse en su actual situación las becas y las ayudas estudiantiles.
Votamos en contra de un pésimo proyecto, flagrantemente inconstitucional, que perjudica a los alumnos más vulnerables de la educación superior chilena.

El señor LAGOS (Presidente).- La señora Ministra ha pedido la palabra.

El señor DE URRESTI.- Estamos en votación, señor Presidente.

La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Señor Presidente, por su intermedio...

El señor LAGOS (Presidente).- Un segundo, señora Ministra.
Debo aclararles a Sus Señorías que el acuerdo consiste en abrir la votación, mantener el tiempo de diez minutos a cada orador y, además, facultar a la Ministra para intervenir, aunque estuviésemos en votación, cuantas veces lo estimara pertinente a objeto de tener un debate más iluminado.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡Incluso puede hacerlo reglamentariamente, señor Presidente!

La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Gracias, señor Presidente.
Quiero referirme al cumplimiento de los compromisos y a los cambios en estos.
Cuando el año pasado, de cara al conjunto del Parlamento en medio de la discusión del Presupuesto, se llevó a cabo este debate sobre los CFT e IP (tema que nos interesa muchísimo porque en ellos se forma una parte muy importante de los jóvenes del país, y sobre todo, porque necesitamos más técnicos y se torna imperativo dar vuelta la pirámide, como he señalado), expresamente el rector del INACAP indicó en primer lugar -así se lo hemos hecho ver- que la institución a su cargo no perseguía fines de lucro pero estaba constituida de una manera tal que no le permitía mostrarse de esa forma, pues era una sociedad en comandita.
Por lo tanto, ellos no lucraban y lo que necesitaban era, más bien, la posibilidad de contar con una legislación que permitiera darles continuidad de giro, etcétera, tal como propone esta iniciativa.
Y debo recordar que ese rector fue el inspirador de levantar este proyecto.
Entonces, al leer en detalle la carta que se mencionó acá, vemos que él no señala que la iniciativa vulnere algún aspecto específico, sino más bien que los rectores no están muy disponibles para apoyarla.
Y quiero dejar constancia de que, sobre la base de esos antecedentes, el rector del INACAP estuvo dispuesto, junto con los de otras treinta instituciones, a firmar para transformar sus establecimientos en entidades sin fines de lucro, porque entendía que la gratuidad, que es un gran esfuerzo-país para apoyar a los estudiantes más vulnerables, no podía favorecer a instituciones en que esos recursos entraran como ganancia legítima, autorizada.
Aunque uno no considere que la educación puede abrir un espacio al lucro, de acuerdo a la ley hoy es posible operar de esa forma. Sin embargo, aquellos estaban disponibles para tener, además de las becas y los apoyos estudiantiles considerados, un sistema de gratuidad similar a la que se entregaba a los alumnos universitarios.
Sobre esa base, y haciendo fe de la palabra del señor rector del INACAP, más la de otras treinta instituciones, se introdujo una mejoría en la beca Millenium III, solo en consideración a su palabra y al compromiso adquirido.
Entonces, señor Presidente, quiero aclarar que lo que estamos discutiendo hoy día es un aspecto que tiene que ver con educación terciaria. No estamos analizando el proyecto de ley sobre educación superior, que no ha llegado al Senado, pues estamos recopilando un conjunto de información para hacer mejorías a su texto -todo el mundo lo sabe-, y aún estamos en conversaciones con los rectores, con los especialistas, etcétera.
Por lo tanto, creo que debemos discutir esta iniciativa en su mérito. Y su mérito es si estamos en condiciones durante este año -tal como lo señala su texto- de que estas instituciones, tras el acuerdo de sus directorios, pasen a convertirse en entidades sin fines de lucro y sus alumnos no se vean privados de acceder a la gratuidad.
Eso es lo más importante: gratuidad en instituciones con un compromiso establecido y de buen nivel educativo.
Opino que sería un error profundo no hacerlo de esa manera, favorecer solo a los estudiantes universitarios y no poder incorporar a los jóvenes más necesitados, que -como se ha dicho- muchas veces son los de los IP y los CFT.
Por tanto, señor Presidente, quiero aclarar esa situación, y recordar el compromiso asumido personalmente -¡personalmente!- por el rector Gonzalo Vargas y por un conjunto de otras instituciones.
Gracias, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- A usted, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, esta discusión se parece bastante a la que sostuvimos hace algún rato a propósito de un proyecto de ley bastante pequeño -el que regula el desarrollo de las caletas pesqueras-, en que muchos Senadores terminaron abordando la Ley de Pesca. Con la diferencia, sí, de que en la iniciativa en discusión, al contrario de lo que ocurre con la iniciativa central que se ocupa de la educación superior, no se está pensando en los controladores ni en los titulares de la pesca, sino en los estudiantes.
La verdad es que después de escuchar a un Senador que expuso la serie de amenazas que veía en el proyecto, que no existen, creo que más bien habría que invertir la pregunta.
¿Alguien, en su sano juicio, en esta Sala o donde esté siguiendo este debate cree que a una institución que hoy día lucra reconocidamente se le pueden entregar recursos del Estado? ¿Alguien piensa así después de lo que pasó el 2011?
Sé que uno puede tener a la mano numerosas encuestas y decir: "Es que el Gobierno tiene problemas".
¡Claro que tiene problemas! ¿Pero Sus Señorías creen que lo que con tanta claridad y nitidez los estudiantes movilizados nos plantearon el 2011 -el fin del lucro- ha cambiado en el sentimiento más profundo de la familia chilena, que ha visto cómo sus hijos han tenido que endeudarse para finalmente educarse?
Entonces, yo no veo que aquí esté presente el elemento que acaba de señalar el Senador Allamand en el sentido de que si el establecimiento no cambia su condición no accederá a la gratuidad, por la sencilla razón de que en el proyecto que nos ocupa no estamos discutiendo ese tema.
Esa es una discusión posterior y tendrá que ver, seguramente, con la glosa presupuestaria respectiva y, en cuanto a los temas de fondo, con la iniciativa de ley marco -la Ley de Educación Superior-, que en este momento se encuentra en la Cámara de Diputados.
Y vuelvo a lo que señalé al comienzo.
Este es un pequeño proyecto. Algunos, incluso, lo consideran simbólico, porque ofrece una alternativa voluntaria, desde luego, bajo tres modalidades.
La primera es de transformación, a través de la cual la institución -la sociedad en este caso- muta a una personalidad jurídica distinta sin fines de lucro. ¡Eso es todo! ¡Sin fines de lucro! No está obligada a hacerlo. Además, tiene que mediar el acuerdo de todos los socios de la entidad controladora, es decir, la unanimidad.
Las otras opciones son la fusión y la absorción, siempre generando una nueva personalidad jurídica en la cual lo central es que se mantenga tanto el reconocimiento del MINEDUC como la acreditación. O sea, en que el establecimiento no pierda los años de acreditación.
Por eso, bien decía el Presidente de la Comisión al comienzo del debate: esta transformación es sin solución de continuidad; únicamente estas instituciones dejan de ser entidades con fines de lucro.
Por otro lado, aquí algunos Senadores han hablado de los compromisos del Gobierno. El único compromiso que existe es el que firmaron más de treinta instituciones -¡más de treinta instituciones!- el año pasado en el marco de la discusión presupuestaria de la famosa glosa, mediante el cual se comprometían con el Gobierno. Y este se comprometió, en ese marco, a enviar un proyecto de ley, con la salvedad de que lo hizo a través de la presentación de una indicación sustitutiva.
Por lo tanto, repito, esta iniciativa no obliga a nadie; aquí hay un proceso enteramente voluntario.
Otro elemento que deseo recordar -a veces pareciera que algunos tienen mala memoria- dice relación con lo que en plena dictadura, específicamente en 1981, señalaba el dictador. Porque tal debe haber sido la vergüenza que sentía en ese momento por la existencia en las universidades de lucro, de negocios, de retiro de excedentes, respecto a un bien superior, a un derecho esencial de los jóvenes (seamos claros: los que ingresaban a las universidades en 1981 pertenecían a la elite del país, no eran los 500 mil jóvenes que hoy día están en los centros de formación técnica o en los institutos profesionales ¡No, señor! ¡Era la elite!), que ya en esa época debe haberse ruborizado y haber dicho "¿No será mucho que tengamos lucro en las universidades?".
Entonces, para ser justos, ¿hoy día el lucro está permitido en los centros de formación técnica? Sí, está permitido. No es ilegal. Uno podrá decir que no es legítimo, por las razones que acabo de puntualizar.
Otra cosa es lo que pasa en las universidades, a las cuales no se les permite lucrar desde el año 81. ¡Y todos sabemos lo que ha pasado!
Parece que algunos estimados Senadores se pusieron una venda en los ojos y no han querido ver el caso Laureate, en cuanto a los fondos de inversión que controlan ciertas universidades, algunas de ellas prestigiosas, que cuentan con programas de investigación.
¡Miren a lo que hemos llegado, precisamente por esta ceguera!
La ceguera no se encuentra a este lado de la banca, señor Presidente, sino del otro lado, en quienes creen que el país es una foto, ni siquiera de los años 80, porque -repito- el año 81 ya la dictadura quiso terminar con el lucro en la educación superior.
¡Aquí no se está pensando para nada en los estudiantes! Menos aún si se trae a colación la carta de un controlador de un instituto. No se está pensando en los estudiantes.
Señor Presidente, yo celebro esta iniciativa. Más todavía en el contexto y en el momento en que se presenta, donde por primera vez he visto que se aborda esta reforma tan criticada a la educación. ¡Y cómo no va a ser criticada! Si aquí hay Senadores y Senadoras que hace dos años nos decían: "cuando empiece la reforma educacional se van a cerrar colegios". Sería bueno que nos señalaran hoy día cuántos colegios se cerraron en Chile. ¡Ninguno! Se crearon más, y están funcionando con mayores recursos.
Esa es la discusión que hemos tenido, y esa es la argumentación que han manifestado las bancas de enfrente durante dos años en forma sistemática: que se iban a cerrar colegios.
Y ahora nos dicen que el lucro es inmutable, que no se puede cambiar.
Insisto: creo que aquí no se está pensando en los estudiantes.
El contexto es distinto. Hay una voluntad política de este Gobierno, ¡de este Gobierno!, más allá de las encuestas. Porque las decisiones en educación siempre surten sus efectos en el mediano y largo plazo, no se hacen con calculadora. La Presidenta Bachelet claramente no ha instalado una calculadora en los temas educacionales y ha echado para adelante una reforma bien pensada, en que la evidencia mundial es más que suficiente.
Hoy día estamos discutiendo acerca del mero traspaso voluntario de los CFT e IP a personas jurídicas sin fines de lucro, en un contexto distinto, con una política de educación profesional, con quince centros de formación estatales -¡estatales!- gratuitos, de calidad.
Quienes van a rechazar este proyecto son los mismos que se opusieron el año pasado a aprobar la creación de estos quince centros de formación técnica estatales. Los mismos que nos decían que les gustaba la educación mixta. Pero sucede que en el mundo de los CFT en Chile no hay educación mixta porque el cien por ciento, ¡el cien por ciento!, de la oferta es privada.
Damos este debate, además, señor Presidente, en un marco de cualificaciones. Parece que algunos no escuchan cuando la Sociedad de Fomento Fabril, la Corporación de la Producción y el Comercio nos señalan que se requieren cientos de miles de técnicos de nivel superior. Pues bien, el Ministerio de Educación, que encabeza la Ministra Adriana Delpiano, está llevando adelante ese marco de cualificaciones para definir cuál es el perfil del joven que debe ser formado en estos institutos, en estos centros de formación técnica.
Por lo tanto, creo que este es un pequeño paso, no obligatorio, voluntario, que consideramos esencial para los estudiantes y también, si alguien piensa en los controladores de estas instituciones, a fin de que estos cumplan su compromiso.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, la verdad es que a mí me da vergüenza, como Senadora de la República, que tengamos universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales estatales sin acreditación ni calidad.

El señor NAVARRO.- ¡Eso es culpa de ustedes!

La señora VON BAER.- También me da vergüenza que dos nuevas universidades estatales se vayan a iniciar el próximo año académico, y todavía no saben dónde van a funcionar, quiénes serán sus profesores, ni qué carreras van a impartir. Lo encuentro sumamente preocupante, porque el Estado está jugando con el futuro de los estudiantes a quienes invita a esas casas de estudio.
Y se señala aquí: "es un error profundo favorecer solo a los estudiantes de las universidades". Lo acaba de decir la Ministra.
Estoy completamente de acuerdo con la Ministra. Es un error profundo. ¡Pero lo está cometiendo este Gobierno!
Y lo volverá a cometer. Porque la razón por la cual se tramita ahora, con urgencia, esta iniciativa -se podría haber tramitado mucho antes; estamos en septiembre- es que nuevamente vamos a resolver el tema de la gratuidad a través de una glosa.
¿Saben a quiénes se va a favorecer en esa glosa? A los estudiantes de las universidades, pues estas no persiguen fines de lucro. Sin embargo, a los estudiantes de los centros de formación técnica e institutos profesionales se los va a dejar fuera, porque estos tienen fines de lucro.
Creo que lo importante es que estas instituciones sean de calidad y que sus estudiantes tengan acceso al beneficio. Es una decisión del Gobierno dejarlos fuera, ¡es una decisión del Gobierno dejarlos fuera! Lo decidió el año pasado y lo hará nuevamente este año.
Cuando se afirma que aquí no se está viendo que se necesitan alrededor de 600 mil nuevos técnicos profesionales, quien está dando la señal para que los jóvenes se vayan a las universidades es el Gobierno. Este Gobierno. El actual.
¿Y por qué razón? Por una absolutamente ideológica. Casi siento que es una tranca ideológica. Da lo mismo si son o no de calidad, ¡eso da lo mismo! Importa qué tipo de sostenedor tengan.
¡Esa es una decisión ideológica!
Se está dejando de lado a miles de estudiantes, a los más vulnerables del país.
Y repito que es una decisión que tomó esta Administración.
Es bien raro, porque este Gobierno entró con el discurso de la igualdad. Y uno dice: "Si uno cree en la igualdad, de quienes primero se debe preocupar es de los que más necesitan, justamente para disminuir la brecha". Pero no se preocupó primero por los que más necesitan, pues ellos se encuentran en los centros de formación técnica y en los institutos profesionales. ¡Y ahí no se entregó gratuidad!
Eso me produce perplejidad. No lo entiendo. ¡Realmente no lo comprendo! Y la única explicación que encuentro para no favorecer a los estudiantes más necesitados es que hay un problema ideológico.
¡Esa es la explicación!
No obstante, eso no lo entienden las familias en su casa. No lo comprenden los estudiantes de los centros de formación técnica y de los institutos profesionales, quienes se preguntan: "Por qué el estudiante de la universidad, que tiene más que yo -algunos no, pero son los menos-, cuya familia tiene más que yo, sí tiene gratuidad, pero yo no".
Cuál es la razón. Y qué señal se está dando a esos alumnos: "No se vayan al instituto profesional, no se vayan al centro de formación técnica. Vayan a la universidad, porque es gratis".
Y muchas veces estudian carreras cuyo sueldo, al egresar, es más bajo que el que obtendrían de estudiar en un instituto profesional o en un centro de formación técnica. ¡Porque se necesitan más técnicos!
Entonces, ¿estamos realmente preocupados por aquellos que más requieren? ¿Por los más pobres, por los más necesitados, por la clase media de este país? ¿Estamos realmente preocupados por la igualdad?
¡Yo siento que no!
Me parece que estamos preocupados por cumplir con un mantra ideológico, que dice: "¡No! Estas instituciones no". ¿Por qué no? ¡Porque no! Es una cuestión ideológica. Solo ideológica. Aquí no se mira la calidad, pues hay centros de formación técnica e institutos profesionales acreditados, con y sin fines de lucro. Pasa lo mismo que en los colegios.
Repito: yo no veo la explicación. La única razón por la cual se impulsa esta iniciativa ahora es porque en dos meses más vamos a tener la discusión de la Ley de Presupuestos. Y ahí se va a establecer que tendrán gratuidad solo los estudiantes que estén en instituciones sin fines de lucro. Nos dirán: "Quedaron estos fuera porque tienen fines de lucro". Y será, de nuevo, una explicación ideológica.
¿Y quién sufre con esta decisión? ¿Quién lo pasa mal? No los que estamos sentados acá, sino los alumnos que aspiran a estudiar una carrera en un centro de formación técnica, en un instituto profesional y que no van a poder acceder a este beneficio.
¿Por qué razón?
Por un motivo ideológico.
Creo que lo más sano es empezar por lo más obvio y lógico: que los beneficios del Estado se les entreguen a aquellos que más lo necesitan. Vayamos avanzando según tengamos fondos. Pero no los entreguemos solo a quienes van a cierta institución por una simple razón ideológica.
Considero que eso no es ver a la persona, a quienes tienen mayores requerimientos. ¡No los estamos viendo! Porque aquí hay una venda ideológica, un lente ideológico -insisto-, que impide visualizar a aquellos que más necesitan.
Este proyecto de ley va a ser la excusa. Y lo quiero decir así, porque lo vamos a recordar después en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. Esta será la excusa para que miles de estudiantes, pertenecientes a las familias más vulnerables y de clase media de nuestro país, se queden sin un beneficio del Estado.
Eso me parece doloroso y absolutamente injustificable, aunque esta iniciativa sea la excusa, pues de verdad no entiendo por qué recién se tramita en septiembre. Ya pasaron enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, meses en los cuales podría haberse aprobado, sobre todo si cuentan con la mayoría.
Entonces, ¿por qué se demoraron tanto?
No se entiende. ¿Saben por qué? Porque quieren tener una excusa. ¿Por qué la necesitan? Porque no alcanzan los recursos del Estado para cumplir la promesa de la Presidenta Bachelet. ¿Y por qué no alcanzan? Por lo que dijo el Presidente del Banco Central hoy en la mañana: el país se frenó y no hay crecimiento económico. Y, como él manifestó -estoy repitiendo las palabras de la máxima autoridad del Banco Central, a quien muchos felicitaron-, cuando no hay crecimiento económico no se pueden pagar las políticas sociales.
Eso es lo que está ocurriendo hoy día, señor Presidente.
Por tanto, la tramitación de esta iniciativa en septiembre es una excusa para explicar o justificar la no entrega del beneficio a aquellos que más lo necesitan.
Eso es una profunda lástima, y la verdad es que nos debiera doler a todos.
Voto en contra.

El señor LETELIER.- ¡Demagogia!

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, he seguido con mucha detención este debate, y particularmente la extensa argumentación de mi colega Jaime Quintana, la cual comparto en gran medida.
Sin embargo, creo que este proyecto busca efectivamente el término del lucro, pero "en la medida de lo posible". Lo señalo en referencia a ese modelo, establecido en plena transición democrática, de "justicia en la medida de lo posible". Aquí estamos hablando de lo mismo.
Ahora, para no entrar en disquisiciones respecto de lo que se ha argumentado en cuanto a por qué en este momento se discute esta iniciativa; o por qué en este minuto se busca el cambio de estatus jurídico de los centros de formación técnica y los institutos profesionales, quiero hacer una reflexión distinta con relación al debate suscitado acá.
A mi juicio, hemos cometido un terrible error de diseño, por no tener la voluntad política de enfrenar y corregir una situación producida en los últimos días de la dictadura, el 25 de agosto de 1989, ocasión en que el Consejo Directivo de la Corporación INACAP aprobó la renuncia de la CORFO como miembro activo, consignándose que dicha renuncia había sido solicitada por su Vicepresidente Ejecutivo, mediante carta del 10 de agosto del mismo año. Asimismo, se acoge la incorporación de nuevos miembros activos, quedando la Corporación INACAP conformada por la Confederación de la Producción y del Comercio, la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social -con 5 integrantes-, y un representante de CERCOTEC.
Recordemos lo que ha sido INACAP en la historia de nuestro país.
En la década de los 60 fue una institución señera para la formación profesional de los trabajadores. Precisamente, en un informe que tengo en mis manos, cuando se analiza la naturaleza jurídica del INACAP, se señala:
"La Corporación de Fomento de la Producción y el Servicio de Cooperación Técnica crearon una persona jurídica denominada Instituto de Capacitación Profesional, corporación de derecho privado que se rige por las disposiciones de su estatuto y supletoriamente, por las normas contenidas en el Título Trigésimo Tercero del Libro Primero del Código Civil.
"La administración superior del Instituto era ejercida por un Consejo...".
Y, en nota al pie de página, se agrega:
"A contar del año 1971, este Consejo es reemplazado por un Consejo de Administración integrado por 5 representantes del Estado, 5 representantes de los trabajadores, elegidos por la Asamblea de Trabajadores, 1 representante de la Central Única de Trabajadores (CUT) y un consejero designado por el Presidente de la República que preside el Consejo.".
En definitiva, señor Presidente, hoy día tenemos la voluntad de avanzar en la puesta en marcha de centros de formación técnica a lo largo del país. Ya se aprobó la iniciativa de ley que crea quince centros de formación técnica estatales, uno en cada región.
Sin embargo, no se ha puesto nada de énfasis en el problema medular. La Ministra -a quien pido, por su intermedio, señor Presidente, que escuche lo que planteo, porque esta misma intervención la hice hace dos meses- se comprometió a que en las futuras discusiones sobre centros de formación técnica e institutos de capacitación íbamos a abordar a fondo la situación del INACAP, para que el Estado recupere la tutela de dicho organismo, el cual fundó, dirigió, y que fue un referente de los trabajadores. Pero han transcurrido más de 25 años de recuperada la democracia y todavía no se han ejercido las acciones administrativas, legales o judiciales para su recuperación.
El Consejo de Defensa del Estado debiera estar detrás de tal cometido, para así poder contar efectivamente con centros de formación técnica estatales a lo largo del país.
Entonces, la idea sería no avanzar en estos proyectos de ley, que son para reemplazar el lucro "en la medida de lo posible". Vamos buscando argucias. Yo no estoy disponible para eso, señor Presidente.
En consecuencia, no votaré a favor de esta iniciativa. Obviamente, no comparto los criterios expresados por la Alianza para rechazarla. Me voy a abstener, como una forma de protesta radical -por su intermedio, señor Presidente, se lo digo a la señora Ministra-, para hacer ver la necesidad de que abordemos de una vez por todas la situación de INACAP.
El Estado de Chile, nuestro Gobierno, mi Gobierno, debe tener la decisión política de recuperar dicho Instituto. No puede ser que tengamos a alguien de CERCOTEC -de manera decorativa-, como único representante en el directorio del INACAP, que hoy día es manejado como una institución privada, capturada por los gremios de la producción.
Cabría preguntarse en qué momento ideológico del país ocurrió esa situación.
Ahora nos gastamos millones de millones de dólares para contar con una red de centros de formación técnica.
Quiero decirle, señora Ministra, que, al menos en mi Región, recién este viernes se va a firmar el traspaso de un terreno desde el Ministerio de Bienes Nacionales con tales fines. Llevábamos casi tres años tratando de conseguirlo en la ciudad de La Unión. ¡Por favor!
Cuando hay decisión política para recuperar lo que es nuestro, lo que ha sido de los trabajadores, o voluntad de cambio, de "pisar callos" y no llegar a esta eliminación del lucro "en la medida de lo posible", nada debe impedir hacer el esfuerzo.
Por eso, le pediría, señora Ministra, que cumpla lo que comprometió: presentar las indicaciones legales necesarias -no informes jurídicos parciales, como los entregados a última hora- para solucionar el problema del INACAP.
Es inadmisible -salvo que transparentemos una voluntad contraria- que, transcurridos 25 años de democracia, respecto de dicha institución, que es de los trabajadores y cuyo nacimiento fue impulsado por la CORFO, por el Estado de Chile, y que fue privatizada en forma ilegal, no exista por parte del Gobierno ni del Consejo de Defensa del Estado acción alguna para su recuperación, precisamente cuando, como se ha señalado en esta discusión, se pretende crear una robusta red de centros de formación técnica o institutos profesionales estatales.
Esa infraestructura la tenemos en el INACAP a lo largo de Chile. Pero no: gastamos ingentes recursos en forma tardía, porque llevamos tres años solo tratando de conseguir un terreno, al menos en la Región de Los Ríos, y no vamos al fondo del asunto.
Yo no estoy disponible para terminar con el lucro "en la medida de lo posible", como se está planteando, y por eso me abstengo en este proyecto de ley.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, quiero decirle a mi estimado amigo que me antecedió en el uso de la palabra que con su abstención está pronunciándose en contra de nosotros, porque con su voto no podemos...

El señor NAVARRO.- ¡Está en la Nueva Mayoría!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Sí, pero se lo debo hacer presente, porque a lo mejor no lo ha reflexionado bien.
En segundo término, me parece que también hay que levantar la discusión relativa al INACAP, que es una institución de gran prestigio, con presencia en todas partes de Chile.
Sin embargo, puedo garantizar que, en mi Región al menos, no es un problema que represente a los empresarios. Puede ser que esté administrado con presencia de la SOFOFA. Es cierto. Y podemos revisar la representación al interior de su directorio. Pero yo quiero relevar a INACAP, porque es una institución que realmente está cumpliendo una función importante al darles educación profesional y técnica a más de 120 mil estudiantes en todo el país.
Al mismo tiempo, deseo referirme a quienes han sido contradictores de este proyecto, y aludir específicamente a lo señalado por el Senador Allamand, quien parece que en este último tiempo se ha dedicado a meternos susto, porque dice que todo se vendrá encima.
Estamos discutiendo un proyecto que no tiene nada que ver con lo que él señala.
El Senador Allamand afirma que el proyecto de educación superior que está en la Cámara de Diputados dice tal cosa. Puede que sea cierto, pero eso lo discutiremos en su momento. Lo que debemos debatir ahora es esta iniciativa, de la cual soy autor.
¿Y por qué lo soy? Porque los propios interesados me lo han pedido. Tuvimos reuniones con INACAP, con el Centro de Formación Técnica San Agustín y con varios institutos profesionales que están acreditados y que son personas jurídicas sin fines de lucro -INACAP no los tiene-, pero que por motivos de la propia legislación de períodos pasados se debieron estructurar como sociedades aparentemente con fines de lucro, cuando en realidad no lo son.
Cuando discutimos la glosa el año pasado para ver cómo dichas instituciones iban a incorporarse o no a la gratuidad, se dijo que íbamos a darles acceso, sin discriminación, a los institutos profesionales y centros de formación técnica sin fines de lucro, porque solo uno de ellos entraba sin problemas: el DUOC.
Y después del fallo del Tribunal Constitucional hubo que modificar lo anterior, porque se estableció que no podía haber ningún tipo de discriminación.
¿Qué me decían estos institutos?
El San Agustín, el INACAP y otros me plantearon: "Permítannos tener la figura jurídica que nos corresponde. Somos personas jurídicas sin fines de lucro".
Y este proyecto solo establece eso. Además, es voluntario; pueden acceder o no.
Lo que sí es cierto -y debemos reconocerlo- es que en el mundo de la enseñanza profesional y técnica existen dos tipos de instituciones: unas que tienen fines de lucro, porque está permitido por la ley, y otras que no.
Así como en las universidades no se permite el lucro, ocurre lo contrario en el caso de los institutos profesionales y centros de formación técnica. Y existe un sinnúmero de institutos, algunos serios y otros no, algunos acreditados y otros que no lo están. Y en cuanto a los que no están acreditados, cada año en la Ley de Presupuestos hemos tenido que aprobar una glosa especial para mantenerles la posibilidad de acceder a los beneficios.
Por supuesto, si queremos una enseñanza adecuada, tendremos que exigirles a todos los institutos profesionales o CFT que se acrediten y que garanticen calidad. Porque, de lo contrario, estaríamos vendiendo educación engañosa a gente de muy escasos recursos.
Ahora, ¿qué sucedió el año pasado?
Para evitarnos este tema de la gratuidad, yo fui uno de los que intervinieron ante el Gobierno para aumentar el monto destinado a la Beca Nuevo Milenio de 600 mil pesos a 900 mil pesos.
¿Qué me dijo la gente del área de la formación profesional y técnica? "Con este monto se nos cubre parte importante del costo de un alumno vulnerable".
Porque el costo de la educación profesional y técnica es del orden de un millón 100 o un millón 200 mil pesos, aproximadamente. Por lo tanto, el aporte que deben hacer las familias es menor, aunque importante. Y la gente muchas veces lo valora.
Lo diré con toda claridad: la importancia que han tenido estos institutos en mi Región, principalmente los que he nombrado, ha hecho posible que mucha gente del mundo rural, en general muy modesta, que nunca tuvo la oportunidad de llegar a la universidad, acceda a la educación en institutos profesionales y técnicos, entre ellos el INACAP.
La presente iniciativa no tiene otro objetivo que ese. En la discusión en particular podremos aclarar todas las dudas que existan. Y cuando tratemos la Ley de Educación Superior debatiremos esta materia también.
Pero, cuando trabajemos en la Ley de Educación Superior, tendremos que exigirles a todos acreditación y calidad para acceder a los beneficios.
La propia Ministra me lo ha dicho -porque, frente a lo que señaló el Senador Allamand, le consulté derechamente-: hoy día no hay ninguna norma que impida otorgar becas a los institutos profesionales y centros de formación técnica.
Seguramente, tendremos que repetir la glosa en la Ley de Presupuestos para otorgarles un nuevo plazo a aquellos que no estén acreditados, porque así lo hemos hecho todos los años. Pero este proyecto tiene un solo objetivo: darles a los institutos profesionales y centros de formación técnica, en forma voluntaria, la posibilidad de transformarse en personas jurídicas sin fines de lucro, como en realidad lo son.
La iniciativa beneficiará al INACAP, al DUOC, y a otros institutos que corresponden a una parte muy importante de los estudiantes de este tramo de la educación.
Yo creo que la ley en proyecto es esencial.
Si hoy día me dijeran: "Si tuviera que escoger, ¿financiaría a la educación superior universitaria o a los institutos profesionales y centros de formación técnica?", yo apostaría por estos últimos.
Considero que en ellos es donde está el sector más vulnerable, el que más necesita.
Eso no excluye que exista financiamiento en el caso de las universidades. Estamos abocándonos a ellas y tendremos que buscar un sistema de financiamiento para los sectores más vulnerables. Pero en este caso, tenemos que seguir trabajando.
Hay un aspecto muy importante que considerar. Hace diez años o menos teníamos siete universitarios por cada tres técnicos. Hoy día esa proporción se está transformando, lo cual es muy bueno para el país. Y, en mi opinión, debemos seguir en ese camino.
Por tanto, insisto en que es necesario aprobar este proyecto. No nos desviemos a otra discusión que no tiene nada que ver con su objetivo principal. Este articulado posee una sola finalidad: que instituciones que hoy día imparten enseñanza técnica y profesional, como los institutos y centros que he señalado, puedan voluntariamente -como lo pidieron en forma expresa cuando discutimos la glosa el año pasado- transformarse en personas jurídicas sin fines de lucro, como en realidad lo son. Y merecen serlo.
Y si el día de mañana establecemos gratuidad, tendremos que ver cómo accederán a ella, cómo la financiaremos y hasta dónde podremos llegar.
Si hoy día subiéramos la Beca Nuevo Milenio a un millón 100 mil pesos, en el fondo estaríamos dando enseñanza gratuita en dichos institutos profesionales y centros de formación técnica.
Por esa razón, les pido -y fui autor de la moción, junto con los Senadores Quintana y Lagos- que no malinterpreten la intención de este proyecto. Aquí no existe ningún ánimo de establecer un fin al lucro "en la medida de lo posible", ni nada de eso. Solo tenemos un objetivo: que estos institutos profesionales y centros de formación técnica se transformen en personas jurídicas sin fines de lucro, como realmente son.
Gracias, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, quiero decir que me sorprenden de pronto ciertas declaraciones que se hacen al fragor del combate, como las que escuchamos respecto del INACAP de parte de un Senador que no está en la Sala en este minuto.
El INACAP no tiene fines de lucro y es una gran institución, aunque su forma jurídica no se ajuste del todo a una formalidad.
Ahora, si se lo quiere estatizar, que se diga. Porque me parece que es una materia distinta.
Hoy día estatizar puede tener riesgos. Porque el Instituto Nacional, una institución pública, por la conducción que se ha hecho desde el municipio de Santiago y por la gestión que ha existido en torno a él en distintos aspectos, ha perdido su excelencia académica. De manera que una institución tan venerada, tan prestigiosa, cuna de presidentes de la república y de grandes figuras públicas, así y todo, está pasando malos momentos por problemas que no se relacionan con su naturaleza jurídica.
Como se aprecia, el remedio tampoco resuelve una enfermedad que, en el caso del INACAP, es inexistente.
Ahora, ¿cuál es el problema de este proyecto?
No es solamente que se permita la constitución de instituciones con fines de lucro en corporaciones que no lo persigan, porque, en rigor, ello no necesariamente requiere ley. Se pueden arbitrar medidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico para que una persona jurídica con fines de lucro se constituya como una que no tenga ese propósito.
El problema que presenta aquello es que el hecho de no tener fines de lucro se convierte en requisito para acceder a la gratuidad. Y ahí, entonces, estamos entrando a tergiversar el sentido de la disposición.
Adicionalmente, se plantean otros elementos que no son menores, como se destaca en los comentarios del Rector del Instituto Profesional ESUCOMEX, Cristóbal Silva, quien señaló que la iniciativa "establece de modo forzoso que los miembros de la nueva corporación deben ser los mismos socios que actualmente son sostenedores y que son personas jurídicas. Sin embargo, las exigencias que se han planteado en las minutas de la reforma establecen que la corporación debe estar conformada por personas naturales".
Entonces, ya estamos variando la estructura interna de esas organizaciones, dejándola solo para persona natural.
Por otra parte, Juan Pablo Guzmán, Rector del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, plantea que "cuando uno compara este proyecto con la política de la Ley de Inclusión, en la que se permitió a los sostenedores recuperar las inversiones, nos damos cuenta de que lo que se pide a nuestras instituciones es una donación obligada del patrimonio, porque se exige mantener los edificios y las inversiones actuales".
En otras palabras, se impide la recuperación de la inversión hecha por las instituciones: o sea, tiene un carácter expropiatorio.
Estamos, pues, frente a una iniciativa que no sabemos qué fin persigue en realidad, pues está claro que la calidad no se logra porque una persona jurídica tenga o no fines de lucro. En ninguna parte se halla consignado eso. Por lo tanto, si alguien quisiera establecer una asociación, deberá demostrar aquello.
Y si el problema es la acreditación, entonces, sí tenemos que preocuparnos de acreditar, porque eso ayuda a mejorar la calidad.
Pero nada tiene que ver la naturaleza jurídica.
Probablemente, los mejores establecimientos educaciones del país son sociedades con fines de lucro. Luego, una cosa no dice relación con la otra: ello se encuentra relacionado con materias que aquí no se consideran.
En tal sentido, entiendo la inquietud planteada por Gonzalo Vargas, como Presidente de VERTEBRAL, institución que reúne al 85 por ciento de los alumnos de los CFT e IP, en el sentido de que este es un mal proyecto. Y, en consecuencia, piden que no se acepte porque hay demasiadas inquietudes dando vueltas que no quedan resueltas, las cuales intentaron resolver con el Ministerio de Educación, pero este no los habría escuchado.
Por consiguiente, esta iniciativa, en los términos en que viene propuesta y por los objetivos que persigue, no se puede aprobar.
Además, tiene efectos extraordinariamente negativos desde el punto de vista constitucional, por lo cual hago reserva expresa de constitucionalidad, en la medida que afecta conceptos muy importantes para nuestra Carta, como la autonomía de las instituciones.
El Tribunal Constitucional ha manifestado lo siguiente: "dicha autonomía para cumplir sus propios fines específicos implica la necesaria e indispensable libertad de esos grupos asociativos para fijar los objetivos que se desean alcanzar, para organizarse del modo que estimen más conveniente sus miembros, para decidir sus propios actos y la forma de administrar la entidad, todo ello sin intromisión de personas o autoridades ajenas a la asociación o grupo, y sin más limitaciones que las que imponga la Constitución, es decir, las que derivan de la moral, el orden público y la seguridad del Estado (artículo 19 N° 15° y 23°), no interviniendo la autoridad pública sino en la medida que infrinjan el ordenamiento o su propio estatuto o ley social".
Señor Presidente, establecer tales cuestiones como requisito para acceder a la gratuidad significa violentar la autonomía de las instituciones.
Aquí se les está causando un grave daño a los IP y a los CFT, que tienen más de 30 años de antigüedad, pero adicionalmente también, a los alumnos de esas corporaciones.
En tal sentido, cuando al entregar beneficios estatales se discrimina a las personas por estudiar en una institución con fines de lucro y no en una que no los persiga se está dañando, no a esos establecimientos, sino a los alumnos.
Esa discriminación, de nuevo, me parece que tiene reproche de constitucionalidad.
Por eso, también dejo estampado aquello.
Aquí hay un acto de discriminación: se afecta la igualdad ante la ley sin ninguna justificación objetiva. Se trata simplemente de una discriminación arbitraria: al estudiante se le entrega un beneficio por el hecho de estudiar o no en determinada institución y no por ser una persona que proviene de los espacios socioculturales y económicos más vulnerables de nuestro país.
Por último, hago reserva de constitucionalidad porque estimo que se está interviniendo respecto a la capacidad de un grupo institucionalizado por ley para administrar su organización, afectando asimismo el derecho de propiedad: no solo por su autonomía, que proviene de su naturaleza educativa, sino además porque el derecho de propiedad les posibilita a las personas manejar, gestionar y hacer lo que estimen adecuado, dentro de lo que la ley les permite, en el ejercicio de sus derechos.
Dice el Tribunal Constitucional: "el ámbito de aplicación del numeral 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, corresponde al derecho de propiedad que ya existe, sea cual sea su especie y que se radica `en toda clase de bienes corporales o incorporales'. De este derecho de propiedad, y confirmando con ello ese ámbito, es del que, como en el mismo numeral se señala, "nadie puede, en caso alguno, ser privado", sino en virtud de una expropiación debidamente ajustada a la ley".
Aquí, lamentablemente, no está siendo respetada esa situación, y se está lesionando el derecho de propiedad en la forma como se está restringiendo.
Más adelante, en otro fallo, el referido Tribunal señala: "pretender regular el ejercicio de una de las facultades esenciales del derecho de propiedad (cuando) afecta a éste `en su esencia', al impedir de modo total su ejercicio en cuanto se refiere a la facultad de administración del ente societario por sus propios dueños o por quienes ellos determinen libremente en conformidad con su propio estatuto social. Tal afectación del derecho de propiedad en su contenido esencial viola de modo notorio la Constitución, que ha dispuesto esta salvaguarda como base fundamental del respeto de los derechos de las personas especialmente frente al legislador".
Vale decir, no solo se está vulnerando el derecho de propiedad, sino también aquel que dice relación con no ser afectado en el ejercicio de los derechos en su esencia, el cual se halla establecido en nuestra Carta Política.
En consecuencia, señor Presidente, me parece que este es un mal proyecto, que discrimina a los alumnos; que lesiona a las instituciones; que equivocadamente habla de llevar a cabo su propósito en nombre de la calidad, cuando nunca se ha acreditado que determinada persona jurídica sea más eficaz para lograr ese objetivo si persigue fines de lucro o no.
Con esta iniciativa se daña muy fuerte a las instituciones y a su autonomía; a los alumnos, en su derecho a tener las mismas oportunidades para acceder a los beneficios que entrega el Estado.
También se lesiona la capacidad de gestión propia del derecho de propiedad, y se afecta el ejercicio de los derechos en su esencia.
Por todas las consideraciones expuestas, creo que este proyecto no solo es malo, sino además inconstitucional.
Reitero mi reserva de constitucionalidad, por los antecedentes que mencioné.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, lamento que la Senadora Von Baer ya no se encuentre en la Sala. Pero, en verdad, cuando se cuestiona el mecanismo de la ley y se dice que se buscan acomodos o caminos subrepticios para poder avanzar, yo quisiera recordarle -y no me canso de reiterarlo- que en esta Sala, allí, Felipe Larraín le dijo a este Senado que el año 2014 la economía iba a crecer al 4,9 por ciento.
Discutimos un Presupuesto con ese supuesto, ¡y la economía creció al 1,9 por ciento!
Y ahí está: ¡gran académico de Harvard...!
¡Se equivocó rotundamente!
La economía tiene caminos insospechados. Y si no hay viabilidad para establecerlo en una ley, será la Ley de Presupuestos, mediante una glosa, la que garantice gratuidad a los estudiantes vulnerables en todo Chile.
¡Eso es lo que queremos!
En verdad, no logro comprender a la Derecha. No sé qué defiende.
Aquí, en 2007, cuando discutimos el proyecto de ley sobre becas, el Senador Andrés Chadwick, quien posteriormente fue Ministro del Interior de Sebastián Piñera, lo único que nos decía -en esa época yo presidía la Comisión de Educación del Senado- era que no podíamos establecer la obligatoriedad de la acreditación de calidad porque eso significaba intervenir en las universidades, meterse en sus asuntos internos, violentar su autonomía.
Y tanto la Unión Demócrata Independiente como Renovación Nacional se negaron a establecer la acreditación como un mecanismo para que las universidades pudieran acceder al sistema de becas.
Entonces, se nos viene a decir ahora que no discriminamos entre buenas y malas universidades.
Queremos discriminar entre buenas y malas universidades, pero jamás entre los alumnos vulnerables.
Por eso, buscamos un mecanismo para que los estudiantes vulnerables que están en el INACAP y en muchos CFT e IP puedan acceder a la gratuidad. Sin embargo, deseamos garantizar que esos establecimientos den calidad y no tengan lucro.
Señor Presidente, en 1920 había 95 abogados egresados en Chile; el año 2016, ¡3 mil 384!
Los centros de formación técnica y los institutos profesionales son esenciales en Chile, país en el que todos quieren ir a las universidades. Y se están sobrepoblando de manera irresponsable todas las profesiones llamadas "liberales" con este sistema inaudito de más de 60 universidades que compiten. Por cierto, todo prefigurado mediante un procedimiento elaborado en la época de Pinochet.
Las universidades, paradójicamente, tenían prohibido el lucro: ¡prohibido el lucro! Pero se ha demostrado fehacientemente que lucraron, no solo durante la dictadura, sino también en democracia. Y tardíamente hemos intentado enfrentar ese problema.
Señor Presidente, no puedo perder la oportunidad de leer segmentos de una publicación de Arturo Alejandro Muñoz.
"En 1989," -dice uno de ellos- "la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) presidida por Manuel Feliú, adquirió a precio irrisorio (*) la principal entidad de capacitación existente en el país.".
"... el más importante centro de capacitación de trabajadores creado por el Estado de Chile pasó a formar parte del botín exigido por los empresarios agrupados en la CPC en dictadura".
"En un dos por tres, protegidos por la censura informativa, empresarios y militares acordaron el traspaso de INACAP (Instituto Nacional de Capacitación Profesional) a manos privadas, sin que hasta hoy se conozca el verdadero precio de la transacción... si es que hubo algún tipo de pago real.".
"INACAP, filial de CORFO e institución sin fines de lucro, fue creado por iniciativa del Presidente Eduardo Frei Montalva el año 1966, luego de observarse que el Departamento de Capacitación existente en el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) era incapaz de absorber la creciente demanda de formación técnica y capacitación profesional" requerida por los trabajadores.
"Con una amplia visión de futuro, el gobierno de Frei Montalva recurrió a los países del viejo continente europeo, solicitándoles apoyo en infraestructura técnica y modelos de capacitación para aplicar en Chile.".
"A comienzos de 1970, INACAP tenía presencia nacional desde Arica a Punta Arenas. Cada mes se obtenían más laureles y agradecimientos del mundo del trabajo por las acciones capacitadoras realizadas en áreas como la metalmecánica, automotriz, eléctrica, construcción, refrigeración, agrícola, pesca, hotelería, etc.".
¡Eso era INACAP!
En el "año 1989 se produjo el comentado traspaso de INACAP a manos de la CPC, en el momento que esta confederación era a su turno copada por un nuevo grupo de empresarios pertenecientes a la más fanática y ultramontana sección del catolicismo mundial: el Opus Dei, el que obtuvo la dirección y control del organismo patronal, designando como director ejecutivo de INACAP a Sergio Silva Alcalde, empresario agroindustrial curicano de rancio abolengo y con una fortuna familiar originada en el antiguo y expoliador latifundio.".
Esa es la historia, no otra, aunque a algunos Senadores de la Derecha les pueda provocar risa.
"Los días del viejo INACAP terminaron. De sus históricas estructuras surgió una empresa comercial orientada a generar voluminosos ingresos mediante el expediente de ofrecer su oferta capacitadora a la formación y especialización a sectores sociales" que por cierto podían pagar.
"El trabajo mancomunado de Sercotec, Corfo, técnicos, profesionales" se fue desgastando, fue desapareciendo.
"Una vez obtenido el botín, esos mismos empresarios abandonaron a los trabajadores dejando las vitales tareas de formación y capacitación técnicas en manos de otras instituciones (también privadas), mientras ellos dedicaban el instituto a ganar dinero mediante la oferta de especialización a sectores que, precisamente, contaron siempre con un amplio abanico de posibilidades ofrecido por el mercado.".
¿Qué ha pasado? Los años y la pregunta aún siguen vigentes.
¿Cuánto pagaron a Chile la CPC y el Opus Dei para quedarse con un instituto cuyo valor nominal al año 1989 superaba los 120 millones de dólares? Todavía no lo sabemos.
¡Nadie sabe cómo la CPC se quedó con el INACAP, que pertenecía al Estado, que había sido creado por el Gobierno de Frei Montalva, que había constituido un modelo de desarrollo de capacitación!
Señor Presidente, a ese respecto se debería crear una Comisión investigadora. Yo no sé por qué no se ha investigado.
Hoy día el INACAP goza de gran prestigio: no me cabe duda alguna. Tiene una infraestructura de lujo a lo largo de Chile. Pero los estudiantes deben saber que ese Instituto tuvo su origen en el Estado; que fue expropiado, allanado por la dictadura militar; traspasado al Opus Dei, y administrado por la CPC ¡sin pagar un peso!
¡Yo desafío a la actual autoridad del INACAP a que nos diga a nosotros y a que les cuente a sus estudiantes y a Chile cómo se obtuvo la propiedad de ese Instituto!
Mientras eso no ocurra, señor Presidente, el origen va a seguir siendo espurio.
Ojalá que alguien se atreva y tenga los pantalones para decirle a Chile cómo se creó INACAP y cómo se quedaron con él.
En tanto eso no ocurra, la legitimidad de origen de dicho Instituto seguirá siendo una situación insalvable.
Aquello no tiene nada que ver con la actual administración del INACAP, ni con sus profesores, ni con sus estudiantes. Porque hoy día el referido Instituto es un centro de capacitación de alta eficiencia, reconocido a niveles nacional y mundial. Solo estoy haciendo referencia a una historia que a veces se quiere olvidar o se busca olvidar.
¿Qué dijo el actual Rector de INACAP, señor Gonzalo Vargas, ante la Comisión de Educación y Cultura?
Habló de "aspectos críticos que el proyecto debe abordar de manera integral". "Para muchas instituciones" -señaló- "el respaldo de sus socios controladores ha sido determinantes para la viabilidad financiera de su proyecto institucional. El cambio de régimen jurídico a entidades sin fines de lucro plantea una situación de incertidumbre (...) En el caso de la acreditación institucional, el respaldo financiero de los socios de la entidad organizadora se ha considerado de modo explícito como una condición que permite asegurar la viabilidad de la entidad.".
Expresa que hay que revisar la estructura societaria de aquella para ver qué pasa.
Señor Presidente, yo solo quiero decir que voy a votar afirmativamente, pues se trata de un proyecto que el CRUCh ha venido planteando a la División de Educación Superior del Ministerio de Educación desde el año 2009, porque "Se saca al lucro de la figura jurídica de instituciones que por trayectoria y tradición tienen un rol social importante en cada una de las regiones atendidas"; "La estructura de Fundación permite acceder a fondos nacionales e internacionales"; "Propicia una mayor vinculación con el medio al poder ser receptor de financiamiento de entidades públicas" (municipalidades, gobierno regional); "Permite acceder a donaciones de tecnología y equipamiento de empresas", y "Permite mantener la flexibilidad y capacidad de respuesta operativa para atender a los requerimientos del entorno.".
Únicamente, espero que exista comprensión.
Yo no sé si alguien cree que el Gobierno está haciendo esto para dañar a los estudiantes.
Deseamos que los educandos vulnerables tengan gratuidad; que las instituciones donde estudien tengan calidad, pero sin lucro: ¡queremos que no haya lucro!; y que el subsidio estatal esté destinado a la reinversión.
Espero que en la discusión en particular podamos establecer los mecanismos necesarios.
Entiendo, señora Ministra, que si esta iniciativa no se aprueba vamos a tener una glosa presupuestaria.
En todo caso, debemos garantizar siempre el interés superior de los estudiantes vulnerables, de tal manera que reciban efectivamente el beneficio.
Ahora, no sé por qué las entidades le temen a la acreditación.
Si dicen que son sin fines de lucro -como señalaba el Senador Larraín-, que sean de verdad sin fines de lucro; que cambien su estructura societaria, y que establezcan una condición que no deje ningún espacio al lucro.
Si son sociedades anónimas o personas naturales, discutámoslo en el proyecto de ley. Pero anunciar que van a recurrir al Tribunal Constitucional es amenazar, no al Ministerio de Educación, sino a los estudiantes. ¡Porque los beneficiarios son los estudiantes!
Voy a votar a favor, señor Presidente.
En la discusión particular examinaremos los alcances de esta iniciativa. No dejaremos de recordar la historia del INACAP. Y, por cierto, nos la vamos a jugar por que los estudiantes vulnerables de Chile tengan acceso a la gratuidad el próximo año, en la medida que podamos hacerlo, en el mayor número posible, si el Senado lo permite.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¡Usted no va a hacer reserva de constitucionalidad, entonces...!

El señor NAVARRO.- ¡No, señor Presidente...!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (21 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Muñoz y los señores Araya, Bianchi, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Coloma, Espina, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Pérez Varela y Prokurica.
Se abstuvieron los señores De Urresti y Ossandón.


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Ministra de Educación.

La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Señor Presidente, solo quiero agradecer al Senado.
El debate se ha movido entre lo que es este proyecto de ley y nuestras aspiraciones en cuanto a tener una educación superior enfocada en los estudiantes, en la calidad educativa que se va a ofrecer, etcétera.
De verdad, agradezco los 21 votos favorables, e incluso las 2 abstenciones, en las que se manifiesta algún tipo de reparo.
Creo que la discusión particular de esta iniciativa puede adelantar el esfuerzo que nuestro país está haciendo para lograr la mejora y la trasparencia de la educación superior.
Solo me resta tomar un compromiso.
Se ha hecho en el Ministerio un estudio sobre la situación de INACAP: lo pondré a disposición de todos los señores parlamentarios. Pero si es necesario otro con el Consejo de Defensa del Estado de por medio, se lo vamos a solicitar esta semana, aprovechando una reunión que tengo agendada con dicho organismo.
Eso es todo, señor Presidente.
Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Ha sido muy clara, señora Ministra.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa una solicitud de permiso constitucional del Senador señor Lagos para ausentarse del país a contar del 13 de septiembre próximo.
--Se accede a lo solicitado.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor NAVARRO:
A Su Excelencia el Presidente de la Corte Suprema, pidiéndole informar sobre MEDIDAS PARA VOTACIÓN DE RECLUSOS QUE CONSERVAN DERECHO A SUFRAGIO.
A los señores Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores, solicitándoles antecedentes acerca de EXCLUSIÓN DE VENEZUELA EN ÍTEM SOBRE VISAS INSERTO EN INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN RELATIVA A NACIONES DEL MERCOSUR y de MODALIDADES PARA OTORGAMIENTO DE VISAS TEMPORARIA Y DEFINITIVA A VENEZOLANOS DESDE INGRESO DE SU PAÍS AL MERCOSUR.
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, consultándole por RAZONES DE INCUMPLIMIENTO DE "REVALIDACIÓN AUTOMÁTICA" DE TÍTULOS INSERTA EN CONVENIO CON URUGUAY.
A la señora Ministra de Educación, requiriéndole información concerniente a PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR APLICADO POR JUNAEB y a PLAN CONTRA OBESIDAD ESTUDIANTIL.
A la señora Ministra de Educación y al señor Alcalde de Talcahuano, recabándoles antecedentes sobre ESTADO DE ESCUELAS DE EMERGENCIA ENTREGADAS EN TALCAHUANO TRAS TERREMOTO DE 27 DE FEBRERO DE 2010.
A la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos, a fin de que informe acerca de CANTIDAD DE FALLECIDOS Y DE FUGADOS EN SENAME EN ÚLTIMOS VEINTE AÑOS.
Al señor Ministro de Obras Públicas, consultándole sobre PARADAS OFICIALES PREVISTAS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RUTA 68 y pidiéndole PARECER ACERCA DE DETENCIÓN EN CRUCE AEROPUERTO.
A la señora Ministra de Salud, con el objeto de que se proporcionen antecedentes respecto de PRESERVATIVOS EN MALAS CONDICIONES DISTRIBUIDOS EN REGIONES; CANTIDAD DE MUESTRAS DE SANGRE EN CONCEPCIÓN Y TALCAHUANO POR CONTAMINACIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS EN ÚLTIMO LUSTRO; NÚMERO DE PACIENTES DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN SERVICIOS DE SALUD EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOS; LISTAS DE ESPERA NO AUGE Y GARANTÍAS DE OPORTUNIDAD AUGE RETRASADAS EN PRIMER SEMESTRE DE 2016; INFORMES Y ESTUDIOS DE COMISIÓN ENCARGADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE POBLACIÓN INFANTIL, Y CANTIDAD DE ÓRGANOS DONADOS EN MARCO DE CONVENIOS CON ARGENTINA Y URUGUAY.
A la señora Ministra de Salud y al señor Superintendente de Salud, requiriendo informes acerca de CANTIDAD DE FALLECIDOS DENTRO DE LISTAS DE ESPERA AUGE EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR PATOLOGÍAS AUGE Y TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA POR ATENCIÓN MÉDICA DENTRO DE LISTAS DE ESPERA AUGE.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole informe en cuanto a CAMPAMENTOS DE ASENTAMIENTO EXISTENTES EN CHILE.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, solicitándole información relacionada con PROPIEDAD USADA COMO SEDE DE CEMA CHILE EN CONCEPCIÓN.
A los señores Ministro de Energía y Superintendente de Electricidad y Combustibles, requiriéndoles antecedentes respecto de INCUMPLIMIENTO Y CORTES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN SECTORES RURALES DE REGIÓN DEL BIOBÍO.
Al señor Comandante en Jefe de la Armada, pidiéndole INFORMACIÓN SOBREBUQUE OCEANOGRÁFICO CABO DE HORNOS.
Al señor Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, formulándole consulta respecto de APLICACIÓN A ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTACTO CON GRUPO FAMILIAR O DE REFERENCIA y solicitándole COPIA DE ACTAS DE VISITAS A CÁRCEL PERIFÉRICA Y A CUARTEL BORGOÑO DE PDI A PROPÓSITO DE IMPUTADOS ARIEL TITO MOLINA DÍAZ Y JOSÉ LUIS CERDA HERNÁNDEZ, RESPECTIVAMENTE.
Al señor Alcalde de Talcahuano, pidiéndole información vinculada a OTORGAMIENTO EN COMODATO A MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO DE TERRENOS DONDE SE HALLA CEMENTERIO SIMBÓLICO DE AGRUPACIÓN DE VIUDAS Y FAMILIARES DE PESCADORES ARTESANALES DESAPARECIDOS.
Al señor Superintendente de Seguridad Social, requiriéndole antecedentes referidos a LICENCIAS MÉDICAS PSIQUIÁTRICAS.
A los señores Superintendente de Seguridad Social y Superintendente de Salud, pidiéndoles remitir INFORME SOBRE TOTALIDAD DE LICENCIAS PAGADAS EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOS POR CADA ISAPRE Y POR FONASA.
Al señor Superintendente del Medio Ambiente, consultándole sobre NÚMERO DE DENUNCIAS DE ÚLTIMO LUSTRO POR CONTAMINACIÓN CON MATERIALES PROVENIENTES DE TERMOELÉCTRICAS.
Al señor Director Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, solicitándole dar a conocer NÚMERO DE POSTULANTES A CADA CONCURSO DENTRO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOS.
A la señora Directora del Fondo Nacional de Salud, pidiéndole señalar TOTALIDAD DE LICENCIAS PAGADAS EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOSYNÚMERO DE LICENCIAS PAGADAS CON MOTIVO DE ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES EN IGUAL PERÍODO.
Al señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, consultándole sobre POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SALVAMENTO DE ANIMALES SILVESTRES Y NÚMERO DE EJEMPLARES ATENDIDOS Y RESCATADOS EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOS.
Al señor Presidente de BancoEstado, requiriéndole opinión respecto a POSIBILIDAD DE SUPRESIÓN DE PAGOS POR GIROS MEDIANTE CUENTA RUT.
A los Ministerios pertinentes y a cada servicio público vinculado, solicitándoles remitir información sobre GASTO TOTAL EN ARRIENDO DE INMUEBLES ASOCIADOS A CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES.
Y a los señores Secretarios Regionales Ministeriales, Superintendentes Regionales y Directores de Salud a nivel nacional, para que envíen informe relativo a NÚMERO DE MÉDICOS MARGINADOS DEL SISTEMA PÚBLICO POR NO APROBACIÓN DE EUNACOM.
Del señor OSSANDÓN:
A los señores Ministro del Interior y Seguridad Pública y Subsecretario del Interior, pidiéndoles entregar antecedentes en cuanto a PERTINENCIA DE PAGO DE PENSIÓN DE GRACIA A HERMANOS SAMUEL LISANDRO, ALEJANDRO Y CAROLINA DEL CARMEN ITURRA JORQUERA.
Del señor PROKURICA:
Al señor Contralor General de la República, requiriéndole señalar NÚMERO DE JUICIOS DE CUENTAS CONTRA MUNICIPALIDADES DE ATACAMA Y SUS FUNCIONARIOS DESDE AÑO 2010 Y CANTIDAD DE SENTENCIAS DE PAGO. Y al señor Director General de Aguas, solicitándole INFORMACIÓN RELATIVA A RÍO MANFLAS, DE PROVINCIA DE COPIAPÓ.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En Incidentes, los Comités Partido Socialista y Partido Unión Demócrata Independiente no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Mixto, tiene la palabra el Senador señor Navarro, hasta por 8 minutos.


REFLEXIONES SOBRE CRISIS DE LA SALUD EN CHILE. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la Contraloría General de la República tiene en sus manos la vida de miles y miles de chilenos. Desde febrero de 2016 le hemos pedido al Contralor, don Jorge Bermúdez, que se pronuncie sobre los graves problemas que presenta el EUNACOM, la prueba que deben rendir los médicos extranjeros, y también los chilenos, para ejercer en el sector público, donde se atiende al 80 por ciento de la población.
Paradójicamente, cualquier médico foráneo puede atender y operar en el sector privado sin haber dado ningún tipo de examen. Ahí no se requiere el EUNACOM. Entonces, pueden atender en la Clínica Las Condes, en la Clínica Alemana, pero no en el sistema público: consultorios, CESFAM, hospitales.
Estamos esperando una respuesta del señor Contralor General. Hemos reclamado la legalidad, procedencia y conveniencia de mantener dicho examen como requisito de ingreso para ejercer en el ámbito público.
No hay ni una sola prueba, señor Presidente, de que el examen en comento haya incidido en la calidad de los médicos. ¡Ni una sola! El propio Director de EUNACOM ha señalado que no existe evidencia empírica de que dicha prueba haya mejorado la calidad de los facultativos en Chile.
Hace una semana y media asistí a un seminario -fui invitado a él- del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico relacionado con esta misma materia.
En esa jornada hubo un largo debate. Estuvieron presentes el doctor Enrique Paris, Presidente del Colegio Médico de Chile; la Presidenta del Consejo Regional Santiago; la Subsecretaria de Redes Asistenciales; la Diputada Karla Rubilar. Discutimos durante más de tres horas.
Por cierto, mi opinión fue disidente en la mayor parte del seminario.
Planteé, por ejemplo, que íbamos a interponer demandas en contra del Estado con las familias de pacientes fallecidos a la espera de atención.
Desde el 1 de enero de 2010 al 1 de enero de 2015 murieron 10.083 personas que aguardaban una intervención quirúrgica y 57.551 que esperaban una consulta médica. ¡Chilenos y chilenas!
Además, hice presente la necesidad de terminar con el EUNACOM para los médicos especialistas.
Espero que el consenso se respete.
Ahora, nadie habla de los pacientes -los médicos no lo hacen-, en circunstancias de que el interés principal, el bien mayor a proteger, debieran ser los enfermos, quienes a veces tienen que esperar años y años por una consulta médica, por la atención con un especialista.
En el referido seminario -¡sorpresa!- hubo prensa de todo tipo (estaban La Tercera, El Mercurio; envié cartas a ambos medios), pero ¡no existió la participación del Senador Navarro...! ¡Ni una sola referencia! Dos páginas de La Tercera sobre el evento, ¡y ni una sola mención al Senador Navarro!
En ese evento ¡no existió mi opinión...!, a pesar de que ella fue disruptiva, distinta, y de que se me entrevistó. ¡Cero difusión al respecto!
¡Se niega espacio para el debate público sobre la crisis de la salud en Chile!
La principal preocupación en las encuestas de mi Región, la del Biobío, es la salud. La principal preocupación de la gente en Chile son la salud y los meses y años en las listas de espera. Sin embargo, cuando intentamos hacer un debate público, "No se escucha, padre", ¡no hay espacio!
Para cualquier otro asunto existen tribuna e invitaciones. Pero para la salud de los chilenos y el problema de los médicos especialistas, no.
He mandado cartas a los señores directores de La Tercera y El Mercurio para pedirles que me expliquen por qué sus periodistas me entrevistan y luego ¡no publican nada...!
Respecto de un seminario que duró más de tres horas y en el que hubo una sola opinión divergente de la del Colegio Médico, en la prensa escrita no existió ni siquiera una línea -¡ni una sola!- de lo que Alejandro Navarro planteó acerca de los especialistas, del cartel del Colegio Médico y de la ineficiente acción de mi Gobierno y de la Ministra Carmen Castillo sobre estas materias, respecto de las cuales no hay ninguna propuesta.
El 14 de febrero del próximo año deberán salir de hospitales, CESFAM y consultorios 1.174 médicos extranjeros. Y el Ministerio de Salud dice que ¡entonces va a evaluar la situación, que lo que está haciendo es suficiente...!
Le advertimos, Ministra Carmen Castillo: ¡no va a haber médicos especialistas!
¡Entienda de una vez: necesitamos médicos ahora, pues la gente se está muriendo!
Los adscritos al sistema de salud privado no tienen problemas.
La mayoría de quienes se encuentran en esta Sala está en las isapres. Yo tengo el honor de pertenecer al FONASA desde hace 34 años.
Aquí nadie se va a morir -ni los Senadores ni los señores funcionarios- esperando atención médica oportuna. ¡Pero en Chile los pobres se mueren por falta de atención médica!
¡La carencia de facultativos mata! ¡Quienes no pueden pagar una atención en una clínica privada se mueren tras esperar dos, tres años! ¡Y la respuesta del Gobierno no se escucha!
¡Por eso el Gobierno tiene 15 por ciento de aprobación: porque hay una Ministra de Salud que se niega a escuchar!
Le hemos pedido una respuesta con 257 alcaldes, quienes gobiernan a 10 millones de chilenos y chilenas. ¿Y? ¡Cri-Cri! ¡Nada!
¡No entiendo a la señora Ministra!
Le hace un flaco favor a la Presidenta Bachelet. También, a la Nueva Mayoría: esa Nueva Mayoría que no comprende ni escucha a la gente; esa Nueva Mayoría que hace rato se alejó de los ciudadanos.
Señor Presidente, le pido que haga llegar esta intervención a la Ministra de Salud.
La hemos visitado; le hemos reiterado nuestro planteamiento.
¡La Ministra está jugando con la salud de los chilenos!
Si bien hay grandes avances -vamos a tener hospitales, CESFAM, SAR: mucha infraestructura-, no sirven de nada si no existen médicos.
La gente llega a los consultorios a las 4, a las 5 de la madrugada para conseguir una hora médica. Si no la obtiene, se va a esperar a los hospitales.
No sé si alguna vez la Subsecretaria de Redes Asistenciales habrá ido a los consultorios en la mañana.
No sé quién del Gobierno va a dar la cara.
Siempre he dicho que el que va al campo de batalla recibe metralla.
Yo no voy a dejar de ir muy temprano en la mañana ni a los consultorio, ni a los CESFAM, ni a los hospitales, porque quiero empaparme de lo que le está sucediendo a la gente. Así, después podré intervenir aquí para plantearle los problemas al Ejecutivo; para reiterarle a la Ministra, ¡una y mil veces!, que el Gobierno debe intervenir, pues la carencia de especialistas no da para más; para decir que vamos a demandar al Estado.
Señor Presidente, ¡la situación no da para más! ¡La gente se está muriendo porque no recibe atención médica!
No basta el discurso de reclamo, de denuncia: ¡pasaremos a la acción!
Espero que el Colegio de la Orden entienda.
Mi planteamiento no va en contra de los facultativos chilenos.
Muchos amigos míos -demasiados, tal vez- son médicos.
En la Universidad de Concepción, la Juventud Socialista tenía el 60 por ciento de la militancia de la Facultad de Medicina. Muchos facultativos, algunos consecuentes, hoy día están en el servicio público.
Insisto: no se trata de una crítica a los médicos.
En este ámbito, al Colegio de la Orden le corresponde un rol, el que debe ser asumido, y de verdad, por el doctor Enrique Paris. Y tienen que asumirlo también el Ministerio de Salud y el Senado.
Yo no sé qué personero del Ejecutivo tiene el control de la agenda. Pero cuando leo la cifra de 15 por ciento de aprobación al Gobierno, a decir verdad, me da una pena profunda. Pena por la Presidenta Michelle Bachelet, a quien fuimos a buscar a Nueva York para que viniera a ejercer como Primera Mandataria y hoy día se la abandona.
Cuando me retiré de la Nueva Mayoría, no fue una acción contra la Presidenta de la República. ¡La voy a seguir apoyando lealmente: a ella y a su programa!
Yo sostengo que quienes están en el Gobierno hoy día lo hacen mal y que no hay reconocimiento alguno de sus errores.
Uno de esos errores se comete en el ámbito de la salud.
Otro, cuando en la calle un millón de personas dice "¡No más AFP!" y se le responde sosteniendo que no hay fondos para posibilitar un sistema de reparto, solidario.
¡Eso es no entender nada! ¡Es no leer lo que la ciudadanía está pidiendo!
Señor Presidente, le solicito que esta intervención se haga llegar a la Ministra Carmen Castillo; a todos los directores de servicios de salud de nuestro país; a todos los directores de consultorios, de CESFAM y de SAR en Chile; a la Presidenta Bachelet, y, en particular, a todas las organizaciones sociales relacionadas con el área de la salud de la Región del Biobío.
¡Esta lucha la vamos a dar!
¡No transaremos!
¡Vamos a luchar hasta el final!
Los médicos son necesarios, y este Gobierno, mi Gobierno, tiene que responder.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para que el Senador señor Navarro pueda presidir?
--Pasa a presidir la sesión el Honorable señor Navarro, en condición de Presidente accidental.

El señor NAVARRO (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en esta ocasión voy a expresar distintas preocupaciones que me ha manifestado la comunidad regional respecto de algunos temas muy sensibles para la población, como el de la salud, al que se estaba refiriendo usted recientemente.
Para ello, solicito que se hagan llegar a la señora Ministra de Salud, por separado, los oficios pertinentes.


RESTITUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE MÓDULO MÉDICO MAPUCHE A AGRUPACIÓN KOMEMUÑEN. OFICIOS

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, me he reunido con la agrupación Komemuñen, de Nueva Imperial, actual representante del grupo de expertos en salud mapuche que organizó el modelo de salud intercultural en dicha comuna -y digo "expertos" en todo el sentido de la palabra: gente sabia, conocedora de lo que es la medicina tradicional mapuche- y estableció un módulo especial, pionero en nuestro país, de atención a base de las técnicas de sanación ancestrales.
Ese grupo fue desvinculado de la administración sanitaria del módulo, razón por la cual sus integrantes se organizaron para procurar que el Servicio de Salud Araucanía Sur les renueve el convenio pertinente.
Para solucionar el conflicto, todas las partes involucradas crearon una mesa de trabajo, y se concluyó en la necesidad de volver a traspasar la administración a la agrupación individualizada, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.
Las agrupaciones de tal índole no han hecho uso del Convenio 169. Claramente, podrían haberlo utilizado: envuelve un compromiso del Estado.
La Presidenta Bachelet conoce muy bien este asunto, pues cuando fue Ministra de Salud estuvo en Imperial y se comprometió con el referido módulo mapuche y con el respeto a la salud intercultural.
Entonces, existe preocupación por saber qué ha pasado, por qué hasta el momento no se ha concretado aquello.
Por lo tanto, considerando la importancia que dicho módulo especial reviste para la recuperación de las tradiciones del pueblo mapuche y para la oferta de un modelo de salud alternativo a la población de Nueva Imperial, y también a la de los alrededores de la zona costera, le solicito a la señora Ministra de Salud que analice la situación y evalúe, de ser factible y procedente, los mecanismos bajo los cuales se puede restituir la administración sanitaria del recinto a la agrupación Komemuñen (organizada para el efecto, con la venia del Servicio correspondiente), representante de aquellos que dieron origen a este proyecto, quienes tienen en el ámbito de la salud intercultural experiencia para llevarlo adelante de buena manera.
Pido que se envíe copia del oficio respectivo a la agrupación antes mencionada.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES MÉDICO-RURALES EN SECTORES ALEJADOS DE COLLIPULLI. OFICIOS

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, el lunes último, 5 de septiembre, con el Alcalde de Collipulli, don Leopoldo Rosales, nos reunimos con la señora Ministra de Salud para tratar diversos temas relacionados con la salud pública. Entre otros -tal vez el más importante-, el del hospital.
Dicho establecimiento está incluido en un programa de reconstrucción o de reposición. Sus viejas instalaciones fueron siniestradas hace ya diez meses; sin embargo, ¡recién están llegando los contenedores...!
Hay, pues, un problema serio con la contingencia en el servicio pertinente.
En dicha oportunidad le planteé a la señora Ministra la necesidad de cubrir mejor la atención primaria, dado el problema que hay con el hospital, cuya construcción debiera partir a fines de este año, en el mejor de los casos.
Entonces, mientras tanto hay que mejorar la atención primaria en algunas zonas rurales, como Colihuinca Tori y Loncomahuida, comunidades alejadas de Collipulli que, si bien se atienden en la posta del sector Maica, deben recorrer una distancia bastante grande. De modo que se justifica tener estaciones médico-rurales.
Una línea de gestión entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional podría ayudar en aquella dirección.
Por ello, le solicito a la señora Ministra de Salud que analice la factibilidad de estudiar ese tipo de proyectos, los cuales beneficiarían a la población más aislada de la comuna de Collipulli. Me refiero al establecimiento de estaciones médico-rurales en los lugares que señalé.
Pido que se envíe copia del oficio correspondiente al señor Alcalde de Collipulli.
--Se anuncia el envío de los oficios requeridos, en nombre del señor Senador, de acuerdo con el Reglamento.


PRIORIDAD PARA PROYECTOS SAR EN LOCALIDADES DE LA ARAUCANÍA. OFICIOS

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en distintas reuniones con vecinos de Cajón, en Vilcún; de Conunhueno, en Padre Las Casas, y del sector Fundo El Carmen, en Temuco, se me ha hecho presente la imperiosa necesidad de contar allí con servicios de atención primaria de alta resolución.
Los proyectos ya fueron presentados por el Servicio de Salud Araucanía Sur. Se trata de los famosos SAR -promesa importante y bien recibida de la Presidenta Bachelet-, que se encuentran en fase de implementación en todo el país.
Por tal razón, le solicito a la señora Ministra de Salud que analice la factibilidad de priorizar dichos proyectos, que son muy relevantes para entregar una atención primaria de calidad a las zonas que individualicé, las cuales están muy pobladas.
También, con ellos se ayudaría a descongestionar el servicio de urgencia del Hospital Regional doctor Hernán Henríquez Aravena, de Temuco, que en este momento se encuentra colapsado. De manera que los SAR (servicios de alta resolutividad) son un verdadero auxilio para atender las demandas de los enfermos, quienes hoy solo pueden recurrir al mencionado establecimiento.
Solicito que se envíe copia del oficio pertinente a los Alcaldes de Vilcún, Padre las Casas y Temuco.
--Se anuncia el envío de los oficios respectivos, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ONCOLÓGICO INTEGRAL EN LA ARAUCANÍA. OFICIOS

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en las últimas semanas he sostenido distintas reuniones con la comunidad local, así como con el Ministro de Bienes Nacionales, en la idea de encontrar soluciones que permitan hacer factible la construcción de un centro oncológico integral para la Región de La Araucanía.
Conversé al respecto con la señora Ministra de Salud durante la reunión del lunes último, dado lo relevante que es para muchas familias de la Región que ese antiguo anhelo se concrete en el plazo más breve plazo posible.
Las gestiones no son nuevas. Ya en el año 2014 le pedimos formalmente al Ministerio de Salud que los tratamientos oncológicos se realizaran en nuestra Región y no en Valdivia como ocurre actualmente, con el consiguiente costo para las familias -estas deben enfrentar muchas dificultades para lograr acceso al tratamiento adecuado- y el desarraigo para los cercanos y, desde luego, para los pacientes.
Cada año, en la Región de La Araucanía más de 600 casos de distintos tipos de cáncer se derivan para su tratamiento en la vecina Región de Los Ríos. Mayoritariamente, se trata de patologías gástricas, cervicouterinas y pulmonares.
Dada esa necesidad urgente, mientras no se concrete la nueva infraestructura hospitalaria, le hemos pedido al Ministerio de Salud proceder en forma transitoria, probablemente con una modalidad como -tal cual se ha hecho en otros programas- la de compra de servicios, a través de arancel del FONASA, para que los tratamientos se realicen en Temuco, la capital regional.
Sin embargo, la solución definitiva está dada por el establecimiento de un centro oncológico integral en la Región de La Araucanía, el que perfectamente puede emplazarse, por ejemplo, en los terrenos aledaños al nuevo hospital, el que se va a construir en la comuna de Padre Las Casas. Se está llevando adelante la gestión con el Ministerio de Bienes Nacionales, a efectos de contar con los terrenos correspondientes.
Por lo expuesto, le solicito a la señora Ministra de Salud que, si es factible, se inicien pronto los estudios del diseño para el futuro centro, que cuenta con respaldo del Gobierno Regional y de las autoridades locales del sector salud, al objeto de que en el plazo más breve pase a la instancia de ejecución y podamos contar con la referida obra, que es tan necesaria para la salud regional, para los afectados por esas patologías de alta complejidad y para mejorar la calidad de vida de muchas familias afectadas por ellas.
Solicito que se envíe copia del oficio pertinente al señor Alcalde de Padre Las Casas y a la Agrupación de enfermos de cáncer de la ciudad de Temuco, encabezada por el señor Orlando Cotal.
--Se anuncia el envío de los oficios correspondientes, en nombre del señor Senador, de acuerdo con el Reglamento.


REDISEÑO DE POLÍTICAS PARA DETECCIÓN OPORTUNA DE VIH. OFICIOS

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, quiero referirme por último a un tema muy sensible para una parte importante de la población: el de la epidemia del VIH.
A veces se piensa que esa epidemia está superada, pero las cifras muestran una realidad completamente distinta.
La transmisión del VIH ha ido en aumento, especialmente en los segmentos etarios más jóvenes, que, como se sabe, comienzan su vida sexual de manera cada vez más anticipada. Y esto, muchas veces sin tomar precauciones para no contraer ni contagiar enfermedades de transmisión sexual.
Hoy en día el SIDA, enfermedad asociada al VIH, no mata a quienes lo padecen si llevan adelante un tratamiento adecuado. Pero para que ello ocurra es de vital importancia contar con un diagnóstico certero y oportuno.
Por eso, le solicito a la señora Ministra de Salud analizar, si es posible y procedente, el rediseño de las políticas dirigidas a la detección oportuna del VIH, especialmente respecto a dos puntos que me parecen de la más alta importancia.
Primero, debe contarse en el sistema público de salud con los exámenes de detección de segunda generación -o "test rápidos", como se conocen-, utilizados en muchos países del mundo, que acortan considerablemente el tiempo de ventana entre la transmisión y el diagnóstico, aparte que los resultados se entregan de forma inmediata.
En segundo lugar, solicito que se estudie la posibilidad de poner a disposición de todos los estudiantes de enseñanza media de nuestro país el examen del VIH de manera directa en sus establecimientos, transformando aquello en una obligación conjunta de los Ministerios de Salud y de Educación y dejando como facultad de los educandos el hacerse o no el examen.
Lo que debemos resguardar es que no existan más barreras entre los jóvenes y el examen de detección, para evitar que dicha epidemia siga expandiéndose en nuestro país como lamentablemente ocurre hoy día entre ellos.
¿Me concede algunos segundos más para concluir, señor Presidente?

El señor NAVARRO (Presidente accidental).- Dispone de un minuto, Su Señoría.

El señor QUINTANA.- Gracias.
Por la razón expuesta, pido que se envíe copia del oficio también a la Ministra de Educación, para su análisis.
Es todo.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor NAVARRO (Presidente accidental).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción