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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 49ª, en miércoles 14 de septiembre de 2016
Ordinaria
(De 16:21 a 18:57)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE, Y ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes.
Asimismo, se encontraba presente la Subsecretaria de Redes Asistenciales, señora Ana Gisela Alarcón Rojas.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 12 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 45ª, ordinaria, en 6 de septiembre; 46ª, especial, y 47ª, ordinaria, ambas en 7 de septiembre de 2016, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Veinticinco de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de acuerdo que aprueba el "Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico", suscrito entre la República de Colombia, la República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú en Paracas, Ica, República del Perú, el 3 de julio de 2015 (boletín N° 10.776-10).
Con los dieciséis siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos:
1) El que incentiva la inclusión de discapacitados al mundo laboral y modifica la ley N° 20.422 para establecer la reserva legal de empleos para personas con discapacidad (boletines Nos 7.025-31 y 7.855-13, refundidos).
2) El que sanciona el maltrato infantil (boletines Nos 9.279-07, 9.435-18, 9.849-07, 9.877-07, 9.904-07 y 9.908-07, refundidos).
3) El que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA (boletín N° 9.689-21).
4) El que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, y la ley N° 20.686, que crea el Ministerio del Deporte, con el objeto de incorporar el deporte adaptado y paralímpico (boletín N° 9.837-29).
5) El que modifica la Ley de Servicios de Gas y otras disposiciones legales (boletín N° 9.890-08).
6) El que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (boletín N° 9.914-11).
7) El que regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación (boletín N° 10.063-21).
8) El que modifica la Ley de Tránsito y la ley N° 18.287 con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales (boletín N° 10.125-15).
9) El que moderniza la legislación aduanera (boletín N° 10.165-05).
10) El que regula la circulación de vehículos motorizados por causa de congestión vehicular o contaminación atmosférica (boletín N° 10.184-15).
11) El que permite la transformación de los institutos profesionales y centros de formación técnica en personas jurídicas de aquellas regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil (boletines Nos 10.261-04 y 10.302-04, refundidos).
12) El que crea la XVI Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata (boletín N° 10.277-06).
13) El que crea la Subsecretaría de la Niñez y modifica la ley N° 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social, y otros cuerpos legales (boletín N° 10.314-06).
14) El que modifica la ley N° 15.076 para fortalecer el proceso de ingreso y formación en especialidades médicas y odontológicas y la ley N° 19.664 con el objeto de otorgar beneficios al personal afecto a dicho texto legal (boletín N° 10.490-11).
15) El que establece perfeccionamientos en materias de asignaciones para los funcionarios del sector salud que indica y delega facultades para la fijación de las plantas de personal de los Servicios de Salud y del Fondo Nacional de Salud (boletín N° 10.752-11).
16) El que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores (boletín N° 9.369-03).
Con los dos que siguen hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El que autoriza erigir un monumento en homenaje a los extrabajadores de las empresas textiles de la comuna de Tomé (boletín N° 10.283-24).
2) El que modifica el numeral 1 del artículo 75 de la Ley de Tránsito, relativo al uso de vidrios oscuros o polarizados en vehículos motorizados (boletín N° 10.645-15).
Con los seis últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1) La que modifica la Ley General de Telecomunicaciones a fin de establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet (boletín N° 8.584-15).
2) La que crea la Comisión de Valores y Seguros (boletín N° 9.015-05).
3) La que crea el Sistema de Educación Pública y modifica diversos cuerpos legales (boletín N° 10.368-04).
4) La que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y otros cuerpos legales en lo relativo a probidad y transparencia (boletín N° 10.264-07).
5) La que exige la publicación en el Diario Oficial de la ley N° 13.196, Reservada del Cobre (boletín N° 10.518-07).
6) La que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley N° 20.822 (boletín N° 10.744-04).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que aprobó el proyecto de ley sobre reconocimiento de la privación injustificada de bienes inmuebles durante la dictadura (boletín N° 9.927-17).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 2.331 del Código Civil.
-Artículo 22 del decreto con fuerza de ley N° 707, sobre cuentas corrientes bancarias y cheques.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Superintendente de Pensiones:
Remite, en respuesta a solicitud de información enviada en nombre del Senador señor Chahuán, antecedentes relativos al número de personas mayores de setenta años titulares de pensiones programadas por vejez o vejez anticipada que contaban con valores superiores a cien millones de pesos en su cuenta individual.
De la señora Directora del Servicio Electoral:
Contesta petición, expresada en nombre del Senador señor Horvath, para que se inicie una investigación por la eventual declaración fraudulenta de domicilios en las comunas de Lago Verde, Chile Chico, O'Higgins y Tortel, todas de la Región de Aisén.
Del señor Director del Servicio de Salud Araucanía Norte:
Atiende requerimiento de información, formulado en nombre del Senador señor García, con relación al número de médicos especialistas que trabajan en los centros hospitalarios del servicio a su cargo, ordenados por especialidad.
Del señor Jefe de la División Cobranzas y Quiebras de la Tesorería General de la República:
Da respuesta a consulta, expresada en nombre del Senador señor De Urresti, acerca de las patentes impagas por derechos de agua sin utilizar, desde el año 2007 a la fecha, y causas que explican una baja en la recaudación por este concepto.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Salud y certificado de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece perfeccionamientos en materias de asignaciones para los funcionarios del sector salud que indica y delega facultades para la fijación de las plantas de personal de los Servicios de Salud y del Fondo Nacional de Salud (boletín N° 10.752-11) (con urgencia calificada de "suma").
--Conforme a lo acordado por los Comités, queda para la tabla de esta sesión.
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, en el sentido de perfeccionar los mecanismos que en ella se establecen en beneficio de los Cuerpos de Bomberos de Chile (boletín N° 10.037-22).
--Queda para tabla.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señores De Urresti y Tuma, señoras Allende y Muñoz y señores Araya, Bianchi, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Quintana, Quinteros, Rossi y Zaldívar, por el que solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, ratifique el "Protocolo de Nagoya, sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización, al Convenio sobre la Diversidad Biológica", acordado en la 10ª Reunión de la Conferencia de las Partes, celebrado en Nagoya, Japón, en 2010 (boletín N° S 1.904-12).
--Queda para ser votado en su oportunidad.
Declaración de inadmisibilidad
Moción del Senador señor Chahuán, con la que propone un proyecto de ley con el objetivo de declarar Monumento Nacional el inmueble donde viviera el patriota don José Antonio Salinas D'Mondragón, en la ciudad de Putaendo.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, conforme lo disponen los numerales 1° y 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Solicitud de permiso constitucional
Del Senador señor Pizarro, con la que informa su ausencia del país a contar del 17 de septiembre próximo.
--Se accede a lo solicitado.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Mensaje
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género (boletín N° 8.924-07).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que aprobó la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de regular el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos en los lugares que indica (boletín N° 9.729-03).
--Queda para tabla.
Con el segundo informa que tomó conocimiento de que el Senado desechó una de las enmiendas propuestas por esa Corporación al proyecto de ley que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley N° 20.822 (boletín N° 10.744-04) (con urgencia calificada de "simple") y propone la nómina de Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse al efecto.
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Señores Senadores, hay una solicitud del Ejecutivo para ver sobre tabla el informe de la Comisión Mixta que acaba de ser aprobado en la Cámara de Diputados y del cual recién se dio cuenta, referido al proyecto que modifica la ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores con el objeto de regular el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos en los lugares que indica.
¿Habría acuerdo unánime para tratarlo de inmediato?

El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Sin discusión!

El señor PIZARRO.- Sí, señor Presidente: sin discusión.

El señor MOREIRA.- Pido la palabra.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, yo creo que por lo menos debieran intervenir el Senador Tuma y quien habla, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Economía, para referirnos a este proyecto.

El señor MONTES.- ¿Vamos a tener el documento en nuestros escritorios?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Los Senadores van a contar con el texto. Entiendo que ya se les está distribuyendo en sus pupitres.
¿Cuántas intervenciones serían, Senador señor Moreira?

El señor MOREIRA.- Dos.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Dos intervenciones: Senadores señores Tuma y Moreira.
¿Habría acuerdo?

El señor PÉREZ VARELA.- Sí, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Entonces, si le parece a la Sala, se tratará sobre tabla el informe de la Comisión Mixta a que se ha hecho mención.
Acordado.
Después de ello analizaremos el proyecto sobre salud que figura en el primer lugar del Orden del Día.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento para que ingrese a la Sala la señora Subsecretaria de Redes Asistenciales, doctora Gisela Alarcón Rojas, para que esté presente durante la discusión de la iniciativa que veremos a continuación, que establece perfeccionamientos en materias de asignaciones para los funcionarios del sector salud que indica.

El señor PIZARRO.- Sí, señor Presidente.
--Se autoriza el ingreso.
--(Aplausos en tribunas).
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Senador señor Pizarro, ¿usted pidió la palabra sobre la Cuenta?

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, era para solicitar que discutiéramos sobre tabla el informe de la Comisión Mixta, pero el Senador Moreira se adelantó, ¡como siempre...! ¡Es muy rápido, pero estoy muy contento...!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- La Mesa se adelantó, por si no lo notó, Su Señoría.
V. ORDEN DEL DÍA



REGULACIÓN DE COBRO DE SERVICIO DE PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Conforme a lo acordado, corresponde tratar el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de regular el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos en los lugares que indica.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.729-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 8ª, en 8 de abril de 2015 (se da cuenta).
Comisión Mixta: sesión 106ª, en 10 de marzo de 2016.
Informes de Comisión:
Economía y Transportes y Telecomunicaciones (unidas): sesión 49ª, en 2 de septiembre de 2015.
Comisión Mixta: sesión 49ª, en 14 de septiembre de 2016.
Discusión:
Sesión 81ª, en 15 de diciembre de 2015 (se aprueba en general y en particular).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Parlamento derivan del rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, de las siguientes enmiendas efectuadas por el Senado: aquella que sustituye el artículo 15 A, incorporado por el artículo único del proyecto, y las que introducen los artículos segundo y tercero transitorios.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que acordó sobre la base del debate que desarrolló en torno a una redacción sugerida por los representantes del Ejecutivo a partir del texto despachado en su oportunidad por el Senado. Así, plantea aprobar un nuevo artículo 15 A y considerar los artículos segundo y tercero transitorios también con un nuevo texto.
La Comisión acordó la proposición con las votaciones que consigna para cada caso en su informe.
Corresponde hacer presente que la Cámara Baja, en sesión de hoy, aprobó la proposición de la Comisión Mixta.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición -entiendo que se está repartiendo- figuran, en la cuarta y quinta columnas, la proposición de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de aprobarse el informe de dicha Comisión.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Le damos la bienvenida al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, don Luis Felipe Céspedes, quien nos va a acompañar durante el debate de la iniciativa.
En discusión el informe de la Comisión Mixta.

Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, siempre es importante que algún otro señor Senador desee hablar. Pero, más allá de rendir el informe, que ya votamos a favor los Senadores de la Comisión de Economía antes de que fuera a la Cámara de Diputados, quiero señalar que la Comisión que presido fue parte importante del acuerdo a que se llegó y que, finalmente, fue aprobado mayoritariamente en la otra rama del Parlamento.
Creo que hemos logrado un mejor proyecto de ley, en el cual se conjugan los intereses de quienes desarrollan el legítimo negocio de brindar estacionamientos a la comunidad con los derechos de quienes consumen tal servicio. La razón de tener que regular de manera más detallada esta actividad no obedece a un capricho. Como ocurre en todas partes y en todos los sectores, siempre hay personas que abusan del sistema. Y esta iniciativa viene a corregir los vacíos que permiten que ciertos empresarios de los estacionamientos incurran en prácticas abusivas en contra de los consumidores.
Ejemplos de estas malas prácticas tenemos muchos: redondear siempre la tarifa al alza; sanciones desproporcionadas para el consumidor que pierde el ticket de ingreso (a pesar de que los proveedores disponen de la tecnología necesaria para saber el tiempo de uso del servicio de estacionamiento); un permanente intento de liberarse de responsabilidad en caso de hurto, etcétera.
Con la entrada en vigencia de la ley en proyecto, tales prácticas estarán prohibidas y serán sancionadas.
Sin embargo, esta normativa no podía convertirse en una ley de carácter expropiatorio, que atentara contra la libertad de desarrollar una legítima actividad económica.
Le pido, señor Presidente, un poquitito de orden, que aplique el Reglamento severamente.

El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Orden en la Sala!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Yo creo, Senador señor Moreira, que está exagerando. Su intervención se escucha perfectamente. Pero no está de más pedir una especial atención para el señor Senador.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, como decía, con la entrada en vigencia de la ley en proyecto, estas prácticas van a quedar claramente sancionadas. Por eso, como señalé recién, esta normativa no podía convertirse en una ley de carácter expropiatorio que atentara contra la libertad de desarrollar una legítima actividad económica.
Al final del día primó, en ambas Cámaras, la razón por sobre el populismo. Porque no era justo -ni tampoco constitucional- que los proveedores de estos servicios de estacionamiento, que han invertido su capital en desarrollar dicha actividad, tuvieran el deber de prestar de manera gratuita sus servicios por cierto tramo de tiempo, salvo cuando por razones fundadas y motivadas por el bien común se puede hacer una exigencia de tal naturaleza. Por eso se incorporó la gratuidad en la prestación de este servicio en casos de urgencias en las instituciones de salud, sean estas públicas o privadas, prohibiéndose a los proveedores realizar cobro alguno por el servicio de estacionamiento.
Con esta iniciativa se mantiene siempre el principio de que quien consume paga -salvo la excepción señalada para las situaciones de urgencias- lo efectivamente consumido, pudiendo el proveedor optar por alguna de las dos modalidades de cobro: por minuto efectivamente usado o por tramo (el tramo de tiempo que él defina), que, eso sí, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, nunca podrá redondearse al alza.
Dependiendo del sistema que la empresa escoja, claramente si opta por el de los minutos, de treinta minutos, si la persona está solo 29, obviamente aquí hay una gratuidad -entre comillas- implícita o de hecho.
De otra parte, el proyecto debía contener la flexibilidad necesaria para que los consumidores del servicio pudieran realizar los pagos a través de las diversas formas que hoy día permite la tecnología. Por ello, agradezco que en la discusión el Ejecutivo haya recogido una sugerencia que planteé en la Comisión de Economía del Senado, pues he podido apreciar cómo otros países hacen funcionar sus sistemas de estacionamientos en la vía pública utilizando, por ejemplo, los celulares, tanto para localizarlos como para pagar por su uso.
Por último, señor Presidente, creo que fue una decisión correcta que se aclarara en los artículos transitorios la situación referida a las futuras prórrogas o renovaciones de contratos que se encuentren vigentes al momento de entrar a regir esta normativa, en cuanto a que se les aplique la nueva legislación y no mantengan la situación que con este proyecto de ley se pretende corregir.
Agradezco el trabajo desarrollado tanto por la Comisión de Economía como por la Comisión Mixta, que integramos los Senadores del órgano técnico que presido, y también la colaboración de los asesores. Ello nos permitió alcanzar un punto de encuentro para que esta iniciativa se despachara en mejores términos.
Espero haber interpretado el sentir de la Comisión.

El señor MONTES.- ¡Lo interpretó muy bien, señor Senador!

El señor MOREIRA.- Muchas gracias, Su Señoría.
No me cabe duda, señor Presidente, de que el informe de la Comisión Mixta va a contar con el apoyo de todos los señores Senadores.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se me ha pedido abrir la votación.
¿Les parece a Sus Señorías abrirla, por supuesto escuchando antes al señor Ministro de Economía?
Acordado.
Solicito la unanimidad de la Sala para que en una hora más presida esta sesión el Honorable señor Zaldívar.
Acordado.
Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, la Sala del Senado va a votar en seguida el informe de la Comisión Mixta que dirimió las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto sobre estacionamientos, materia que ha estado sujeta a un intenso debate en ambas Corporaciones Legislativas.
Ante todo, quiero agradecer el trabajo responsable de los distintos parlamentarios que han participado en la discusión de dicha proposición de ley.
Como Ejecutivo, valoramos la iniciativa de un grupo de Diputados que permitieron comenzar un debate con el propósito de fortalecer los derechos de los consumidores en el ámbito de los servicios de estacionamiento.
Coincidimos con el Congreso Nacional en que en el referido ámbito se han registrado situaciones de abuso que deben corregirse. Y estamos convencidos de que el texto de la Comisión Mixta logra este objetivo.
Esta materia no es de fácil resolución. Se debatió arduamente con miras a elaborar un articulado que consiguiera robustecer los derechos de los consumidores respetando de manera adecuada las distintas dimensiones, como el buen funcionamiento de la actividad económica pertinente, y otras consideraciones de política pública, como las externalidades en el área del transporte.
Creemos que el proyecto en informe ha generado un acuerdo mayoritario que posibilita avanzar decididamente en lo que respecta a los derechos de los consumidores.
Es importante destacar diversos aspectos de lo resuelto en la Comisión Mixta, que está sujeto a la aprobación del Senado.
En primer término, se determina que el proveedor del servicio de estacionamientos deberá optar por alguna de las siguientes modalidades de cobro:

1.- Cobro fraccionado por tiempo efectivamente utilizado.
Este es uno de los puntos más sentidos por los consumidores, en cuanto a que se cobre y se pague por el tiempo real de uso de cierto servicio.
Hoy no es raro encontrar estacionamientos donde uno permanece 10 minutos y se le cobran 30. Con la ley en proyecto, esto deja de ocurrir, porque si uno está 10 minutos y el tramo era de 30, no paga.
¡Ese es un avance tremendo!

2.- Cobro por tramos vencidos: se establece un tramo inicial mínimo de 30 minutos, disponiéndose que los siguientes tramos no pueden ser inferiores a 10 minutos.
En segundo lugar, el texto sugerido habilita para que los proveedores de servicios de estacionamiento, conforme a sus políticas comerciales, puedan establecer períodos exentos de cobro. Es decir, la duda que se planteó en el sentido de que el proyecto regula solo una forma de cobro no existe.
Al respecto, quiero ser muy claro: si algunos estacionamientos no cobran actualmente, seguirán sin cobrar.
En seguida, se regula la pérdida del váucher.
El texto aprobado por la Comisión Mixta prohíbe expresamente el cobro adicional por tal concepto. Al efecto, establece la obligación del proveedor de cobrar el tiempo real de utilización del servicio, consultando para tales fines sus registros, y prohíbe el cobro de un precio o tarifa prefijada, multas o recargos.
Ese es un punto relevante de la iniciativa, por cuanto permite abordar una de las situaciones que los consumidores consideran más injustas.
A continuación, se regula el no cobro de estacionamiento en servicios de urgencia de establecimientos asistenciales. El articulado plantea una solución de justicia respecto a las personas que requieren usar un estacionamiento en servicios de salud con motivo de la utilización del servicio de urgencia.
Luego, se incorporan reglas claras y expresas en cuanto a la responsabilidad civil que recae sobre el proveedor del servicio en caso de robo o hurto de vehículos, o del daño que sufre el consumidor con ocasión del robo o hurto de especies dentro de ellos.
Hoy día se suscitó un debate en la Cámara de Diputados en torno a si el peso de la prueba había pasado o no desde el proveedor al consumidor.
Nosotros, como Ejecutivo, debemos ser muy precisos al respecto: el texto que el Senado aprobó en segundo trámite constitucional y la historia de la ley dejan claramente establecido que el peso de la prueba sigue recayendo en el proveedor.
A nuestro entender, la única conclusión posible es la de que deben rendir prueba los proveedores.
En tal sentido, importa sobremanera reiterar que toda la historia de la ley así lo consigna.
No hay sobre la materia ningún cambio de criterio: se entiende que al registrarse un robo o un hurto el proveedor no ha adoptado las medidas de seguridad adecuadas; es decir, ha faltado a su obligación en este aspecto cuando ha habido un efecto dañoso en perjuicio del consumidor.
En consecuencia, estimamos que ese punto está claramente resuelto. Tanto así, que en el mismo articulado se dice de manera expresa: "Cualquier declaración del proveedor en orden a eximir o a limitar su responsabilidad por hurtos, robos o daños ocurridos con ocasión del servicio, no producirá efecto alguno y se considerará como inexistente.".
De ese modo queda absolutamente salvada una preocupación que plantearon hoy los Diputados. Y, como lo explicamos, aquello se consigna claramente en la historia de la ley.
Por otra parte, se incorporó una norma que obliga a los proveedores de los servicios en comento a publicar las tarifas y toda la información relacionada con los derechos que se consagran en esta iniciativa.
El articulado considera, asimismo, normas transitorias que permiten una aplicación paulatina de la ley en proyecto, de forma tal de no solo evitar eventuales conflictos, sino también permitir las adecuaciones técnicas y de sistema para su correcta aplicación.
Nos parece que esta iniciativa avanza decididamente hacia el fortalecimiento de los derechos de los consumidores en una materia en la que ha existido abuso en los cobros que se les realizan a los consumidores. Pero creemos que lo hace de manera balanceada, seria y responsable.
Por eso, como Ejecutivo, la hemos apoyado.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En votación el informe de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Para fundar su voto, tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, cada día me convenzo más de que existen causas reales, concretas, que explican por qué nuestro Gobierno está con 15 por ciento de evaluación positiva y 85 por ciento de evaluación negativa.
¡Yo demando de los políticos de Gobierno y de los Secretarios de Estado una acción política, señor Ministro!
El proyecto que se nos plantea esta tarde contradice esencialmente las ideas matrices de la moción encabezada por el Diputado democratacristiano Marcelo Chávez, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, mediante la cual se buscaba la gratuidad de los estacionamientos. Pero la iniciativa que nos ofrecen el Ministro y la Comisión Mixta -y aquí hay responsabilidad de los Senadores que participaron en ella; yo la he leído; no estuve durante la votación, no tuve posibilidad de opinar- ¡elimina la gratuidad!
Escuché atentamente en CNN a Marcelo Chávez, quien dijo: "Aquí nos cambiaron. Fuimos por lana y salimos trasquilados. Fuimos en defensa de los consumidores y terminamos con un proyecto de ley que obliga a los consumidores".
Primero, se pedía que durante la primera media hora los estacionamientos fueran gratuitos.
Aquí queda establecido por la Comisión Mixta que no hay gratuidad: van a poder cobrar desde el primer minuto.
Con el mall de Concepción tenemos una litis en los tribunales, a través de la Asociación de Defensa de los Consumidores de la Región del Biobío (ADECOM), porque cuando a los habitantes se los invitó a comprar allí los estacionamientos eran gratuitos y ahora, tras un cambio en las reglas del juego determinado de la noche a la mañana, deben pagar por estacionar. O sea, la oferta era que concurrieran a ese centro comercial porque tenían estacionamiento gratis -ello, para salir del centro de Concepción, perjudicando y matando al comercio de este sector-, pero después se estableció un pago por estacionar.
Claramente, este es un proyecto de ley pro empresa, pro mall, pro pago de estacionamiento.
Yo quiero advertir -esta no es una cuestión del Senador Navarro; los Diputados autores de la moción lo dijeron hace 24 horas en un canal de televisión tan importante como CNN-: ¡este proyecto traiciona las ideas matrices!
Aún más: el Diputado Chávez pidió que, de no haber caso en la Comisión Mixta, el Gobierno vetara esta iniciativa de ley.
Yo hago reserva de constitucionalidad respecto a las ideas matrices, pues no puede ser que un proyecto de ley ingrese al Parlamento para defender a los consumidores mediante la gratuidad en el uso de los estacionamientos y salga de él disponiendo que se les cobre por utilizarlos.
Siento, entonces, que ha habido una transformación profunda del texto primitivo.
Y repito lo que dijo el Diputado Marcelo Chávez: ha existido un lobby feroz de las empresas encargadas de los estacionamientos en los malls para incidir en el cambio de la base original de este proyecto de ley.
Yo solo quiero señalar -por cierto, voy a votar en contra- que el Congreso está desprestigiado.
Mi Gobierno tiene 15 por ciento de aprobación. Porque,...

El señor MOREIRA.- ¡No es "su" Gobierno, colega!

El señor NAVARRO.- ... cuando le presentan un proyecto de ley para proteger a los consumidores por la vía de establecer la gratuidad durante la primera media hora de estacionamiento en un centro comercial, o bien, para darle gratuidad total a quien va a una consulta médica o a una sala de emergencias...

El señor MOREIRA.- ¡Lea bien el proyecto!

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, si el Senador Moreira quiere defender la iniciativa, que lo haga.

El señor MOREIRA.- ¡Populista!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¡Por favor, Su Señoría! ¡No interrumpa!

El señor NAVARRO.- Tiene derecho a usar de la palabra para fundamentar su voto.
No sé, señor Presidente, si este proyecto se discutió livianamente -como dijo ayer el Senador Girardi- o si existe el convencimiento de que mediante él se establece equidad, igualdad, respeto y protección para los consumidores.
Yo creo que esta iniciativa fija un marco rígido mediante el que se obliga a los consumidores a pagar; a través del cual el Congreso legaliza una conducta abusiva en contra de los usuarios de determinados centros comerciales y establecimientos hospitalarios, quienes gozaban de gratuidad para estacionar y ahora deben pagar.
Este es un mal proyecto de ley.
Espero que podamos hacer el esfuerzo para tener un debate a posteriori, lo que siempre es malo.
Me habría gustado que la Comisión Mixta hubiera debatido antes estas cuestiones. Porque ahora solo contamos con la posibilidad de aprobar o rechazar su informe.
Yo manifiesto mi profunda molestia por la tramitación de que fue objeto esta iniciativa. Y transmito también la molestia de uno de sus autores.
Como dije, voy a votar en contra del informe de la Comisión Mixta, lamentando que el Congreso Nacional se preste para transformar en abusivas proposiciones de ley que tienen carácter protectivo.
¡La ley en proyecto es abusiva!
Voto que no.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor MOREIRA.- ¡No más Navarro...!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, yo no pensaba hacer uso de la palabra, pues el informe de la Comisión Mixta viene aprobado, según entiendo, por nueve votos contra uno; el pronunciamiento negativo, me parece, fue del Diputado Chávez.
Sin embargo, las palabras del colega que acaba de intervenir me obligan a decir la verdad.
Primero, debo decir que sería bueno que no se hablara con tanta ligereza y que no se atribuyeran intenciones a los Senadores que estamos sentados en esta Sala ni a los Diputados. O sea, convendría que se hablara con responsabilidad.
No me gustan ni la demagogia, ni la frivolidad, ni el populismo en que caemos en el Congreso Nacional cuando se habla de la forma como se ha hecho aquí.
Ante todo, debo recordar que el proyecto que llegó a la Comisión de Economía del Senado era claramente inconstitucional y adolecía de una gran cantidad de defectos y errores conceptuales que tuvimos que corregir.
De hecho, en el trabajo de la Comisión Mixta quedó la postura que sustentamos en la Comisión de Economía y que el Senado aprobó.
Es muy fácil decir "Quiero tener gratuitamente determinado servicio"; enojarse porque no se da en esa forma, y echarle la culpa al Gobierno y sostener que está vendido al retail, como se ha hecho acá con tanta frivolidad.
Yo considero que primero hay que tener los antecedentes y leerlos, para después opinar.
Nosotros, ante todo, realizamos un esfuerzo por corregir las inconstitucionalidades de que adolecía la iniciativa que llegó de la Cámara de Diputados, a la cual se refirió el colega Navarro. Su articulado no hacía distingo alguno con respecto a los estacionamientos netamente comerciales: aquellos construidos por las empresas con sus inversiones, aprovechando sitios de su propiedad existentes a lo largo de nuestro país, en fin. Por lo tanto, cualquiera podría haber entrado con su vehículo a esos recintos privados ¡sin pagar nada!
Eso podría ser lo ideal. Pero no sería justo.
La demagogia está, entonces, en decir que debe haber gratuidad en todos los estacionamientos, sin distinción alguna.
El texto que recibimos de la Cámara Baja no se hacía cargo de los contratos de estacionamientos y parquímetros que tienen los municipios a lo largo de Chile.
Tampoco se hacía cargo de lo que sucede dentro de los estacionamientos en algunos recintos: centros comerciales, edificios de oficinas, etcétera.
Nosotros corregimos el texto. Así, hoy existe responsabilidad de los proveedores cuando se cometen robos, cuando se producen daños.
Eso no lo traía el proyecto populista y demagógico que llegó de la Cámara de Diputados. Y lo digo con toda responsabilidad, a pesar de que lo presentaron camaradas míos.
Hicimos un esfuerzo para respetar la gratuidad que se había planteado, por parecernos razonable que la primera media hora fuera gratuita para los usuarios de estacionamientos de carácter público.
Pero también ofrecimos alternativas. Y parece que eso no se ha entendido acá.
Entonces, consideramos que el proyecto original se mejoró sustancialmente.
Su articulado es realista, porque...

El señor ROSSI.- ¿Establece la media hora?

El señor PIZARRO.- Sí.

La señora MUÑOZ.- ¿En qué artículo?

El señor PIZARRO.- En el inciso correspondiente.
A aquellos que tienen dudas o a quienes les asaltó alguna inquietud a raíz de la intervención precedente les pido leer todo el proyecto.
En resumen, señor Presidente, la buena idea de nuestros Diputados habría quedado en un deseo de no mediar las observaciones que hicimos. En definitiva, está saliendo una normativa mucho más equilibrada, que protege de verdad a los consumidores.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, quiero tratar de situar el debate, pues por momentos, tal como lo acaba de indicar el Senador Pizarro, se meten en un mismo saco situaciones absolutamente distintas.
El sentido del proyecto original -entiendo- era establecer que en los estacionamientos de los malls -es obligatorio que ellos existan en los centros comerciales y en otros lugares- hubiera un período de gratuidad.
Uno de los puntos fue la definición del tiempo de gratuidad.
El segundo aspecto, dado que la Cámara Baja aprobó un texto con un alcance muy amplio, consistió en acotar, pues está la situación de los estacionamientos privados que se hallan desvinculados del comercio y en los que algunas personas han hecho inversiones; la de los estacionamientos pensados originalmente para unidades de salud, y la de los estacionamientos en general.
La Comisión de Economía del Senado discutió el punto y determinó que los alcances debían delimitarse. Así, el proyecto no es para todos los estacionamientos privados, ni tampoco para cualquier lugar donde se estaciona y se paga, sino que tiene que ver con ciertos derechos de los consumidores, vinculados a los malls o al comercio, en cuyos estacionamientos ha de darse un período de gratuidad.
Eso queda garantizado en el articulado, pues, conforme a la división que se ha establecido, no resulta posible fraccionar la primera media hora en tiempos más reducidos. Es decir, existe gratuidad hasta por 29 minutos 59 segundos, ya que no se puede cobrar por fracciones inferiores a media hora, en particular la inicial.
Lo siguiente que se considera tiene que ver con los recintos hospitalarios, respecto de los cuales se reconoce que las urgencias serán objeto de un tratamiento distinto. Es preciso recordar que a ellos no siempre se les exigía -y hay una discusión al respecto- el número de estacionamientos con los que debían contar.
Se enfrenta un drama con motivo del nuevo hospital público en la Región que representamos con el Senador señor García-Huidobro: no existen estos sitios para los usuarios, sino solo para los trabajadores.
Lo cierto es que no hay una norma urbana, por desgracia, que exija una cantidad suficiente. Dado que en muchos de estos establecimientos se han generado dificultades, se determina que a quienes lleguen con motivo de una urgencia no se debe cobrarles.
Una situación distinta es la de los estacionamientos absolutamente privados, pero es evidente que el comercio no está ligado a ellos. En el futuro se podría estudiar una prohibición si se quisiera restringir el uso de vehículos para una política de desarrollo de la ciudad, mas eso no es materia de la iniciativa que nos ocupa. Es muy legítimo considerar si la bicicleta se debe usar o no, pero ese es otro debate.
Tratándose de quienes ya han hecho inversiones en estacionamientos que tienen solo este fin, desvinculados de lugares comerciales, es de dudosa constitucionalidad que se les exija gratuidad, más aún sobre la base del texto original, en el que se llegaban a contemplar, si no me equivoco, hasta dos horas de permanencia.
Una situación distinta se revela con los datos reales, porque muchos centros comerciales no cobran el estacionamiento en el entendido de que necesitan un gancho para atraer clientes. Eso ha ido cambiando en el tiempo. No sé si los antecedentes que nos entregaron en la Comisión son representativos de todo el país.
Solo deseo consignar que me parece correcto, pensando en los derechos de los consumidores, contemplar un período de carencia o de gratuidad cuando sea un local comercial y que no se pueda cobrar en forma indiscriminada después de media hora, como cuando se exige la segunda media hora completa si se llega al minuto 31.
Estos son dos avances. El tercero es que se hace explícita la responsabilidad del dueño del estacionamiento si se comete un robo o un hurto.
Hasta que intervino mi amigo el Honorable señor Navarro, el Senador que habla no iba a hacer uso de la palabra, pero estimo que Su Señoría equivocó el rumbo en la discusión, porque el rechazo del articulado dejaría las cosas tal cual están.
Solo deseo consignar, para situar las cosas, que la ley en proyecto se traducirá en una primera media hora gratuita, con un fraccionamiento no inferior a diez minutos en el cobro posterior; en el aseguramiento de la responsabilidad legal del dueño o del concesionario frente a hurtos, y en el establecimiento de garantías para los que lleguen a urgencia en los hospitales, a quienes que no se podrá cobrarles.
Ya estos elementos constituyen un progreso. Algunos hubiéramos querido adelantar más, pero, entre votar por lo que se ha logrado o dejar todo tal como está, creo que no hay forma de equivocarse. ¡Este es un avance!
A lo que debemos apuntar -y termino- es a comprender que no todo lo que queremos se va a obtener en los debates. Es cierto que otros tenían puntos de vista distintos -me parece legítimo, si bien no eran los míos-, pero cuando una Comisión Mixta se pronuncia como lo hizo, con una visión clara, estimo que debemos valorarlo y respaldarlo, aunque quizás no se haya conseguido todo lo que el Senador que habla esperaba.
Voy a votar a favor.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, parto por exponer que a veces algunas cosas parecen ser muy buenas, pero que finalmente no lo son tanto. Porque estaba leyendo una serie de columnas de los más destacados arquitectos y gente dedicada a la ciudad y al mejoramiento de la calidad de vida en ella, a disminuir la congestión vehicular y la contaminación, a aumentar el uso de la locomoción pública y de la bicicleta, y no observé que ninguno manifestara que esta es una gran iniciativa.
Por el contrario, incluso veo que la Comisión Pro Movilidad Urbana, nombrada por la propia Presidenta Michelle Bachelet, entregó, después de muchos diálogos y sesiones en 19 ciudades, un informe que recomendaba políticas para mitigar los problemas de movilidad urbana y sugería, entre otras cosas, una serie de medidas para regular la oferta de estacionamientos, tanto en la calzada como fuera de ella, con el fin de desincentivar o racionalizar el uso del automóvil, objetivo diametralmente opuesto al del proyecto.
¿Qué están haciendo hoy día los países modernos? Construyen grandes edificios con muy pocos de esos espacios. Y los estacionamientos disponibles son, básicamente, para discapacitados, adultos mayores y personas con problemas de movilidad, a fin de estimularse en los demás el uso del transporte público o de la bicicleta o caminar.
No puedo comprender que alguien sostenga que ir a comprar a un centro comercial o un supermercado es lo mismo que llegar de urgencia a un hospital. Son acciones diametralmente distintas.
Es cierto que estas cosas suenan muy bonitas -claro, ¡todo sin costo!-, pero, incluso desde el punto de vista del uso del estacionamiento gratuito para ir a comprar, ocurre que finalmente sería utilizado por gente que quiere dejar el auto e ir a otra parte, y la que realmente desea hacerlo nunca va a encontrar un lugar. Por eso es que formulo la reflexión respecto del asunto, ya que no deja de llamar la atención que ninguno de los que saben de políticas urbanas defienda la iniciativa, sino que siga la línea contraria.
A lo mejor, ella es popular, lo que no es sinónimo de buena. Y creo que debiéramos buscar las cosas que presenten esta última característica.
Finalmente, me llama la atención -lo hemos estado conversando con algunos colegas- que los treinta minutos gratuitos no queden claros en el texto. No soy profesor de castellano, pero voy a leerlo: "Cobro por tramo de tiempo vencido, no pudiendo establecer un periodo inicial inferior a media hora". No desprendo de eso el no pago. No resulta tan claro. O sea, dicho lapso transcurre y se cobra. Entonces, la redacción no da cuenta, sinceramente, de las tremendas bondades exhibidas aquí en el sentido expuesto.
Abrigo hartas dudas, porque el proyecto no va en la dirección de lo que debiéramos hacer para contar con un diseño urbano que justamente promueva el uso del transporte público para descongestionar las ciudades y se evite la emisión de material particulado de dióxido de carbono, óxido nitroso, óxido de azufre, en fin, causantes de un montón de problemas respiratorios y de mortalidad temprana en nuestra población.
Gracias.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, a nosotros nos tocó participar en la iniciativa, y es preciso analizar varios puntos mencionados aquí.
Es verdad que en los países desarrollados se ha intentado regular los estacionamientos para desincentivar el uso del automóvil, como dijo mi Honorable colega Rossi, pero todos los que lo han hecho disponen de sistemas de transporte público eficientes. Ninguno cuenta con el Transantiago ni enfrenta nuestros grandes problemas en regiones. Por lo tanto, no podemos decirles a las personas que utilicen el transporte público si este no funciona. Si fuera bueno, esa política sería aplicable.
Una de las cosas que analizamos, para que el proyecto fuera constitucional, es que nadie pudiese abusar. Y se logró, a mi juicio, una justa medida: o los primeros 29 minutos son gratuitos -se paga cuando termina el tramo- o se cobra por minuto, sean cinco o sesenta.
La idea, además, es que los dueños de la instalación se hagan responsables del cuidado de los vehículos, de las consecuencias de los robos, etcétera.
Asimismo, se buscó no desincentivar la construcción de unidades de buena calidad, con tecnología apropiada. Porque uno de mis colegas dijo que no existía una regulación en la materia, en circunstancias de que la Ley General de Urbanismo y Construcciones sí contempla una para los estacionamientos, mas la cantidad no es suficiente. O sea, es imposible que un hospital se vaya a construir con prescindencia de esas disposiciones, porque no obtendría el permiso respectivo.
Cuando media una normativa y se procede en forma adecuada, existen estacionamientos de mejor calidad y tecnología, de manera que constituyen una actividad sin abusos. Considero que la gran gracia de la iniciativa es que no permite un cobro no justo.
La ley en proyecto claramente incentivará el que mucha gente invierta -el rubro siempre se ha concentrado en los centros comerciales, que son solo uno de los oferentes- y haga un buen negocio, pero con la tarifa correspondiente a lo que hay. Y la mayoría va a determinar que los primeros 29 minutos sean gratuitos. Así que si uno va a comprar algo y ocupa menos tiempo -porque ahí se acaba el tramo-, no pagará por el estacionamiento. Eso es justo.
La gratuidad absoluta no solo hubiera sido inconstitucional, sino que también hubiese desincentivado cualquier tecnología para mejorar el cobro, así como el cuidado y la mantención de los vehículos.
Por lo tanto, asumo el hecho de haber trabajado con miras a un sistema lo más justo posible.
Y creo que este no va contra los consumidores. Al revés: se los protege con una política responsable. No es que ellos no quieran pagar: lo que no quieren es que se abuse cuando están 31 minutos y les cobran una hora. Eso les molesta.
Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, seré muy breve, porque lo que corresponde, a mi juicio, es que el Ejecutivo clarifique el alcance de las medidas, para que eso quede al menos en la historia de la ley.
No es efectivo que en ninguna circunstancia se cobrará durante la primera media hora o los primeros 29 minutos. De hecho, la propia disposición expresa que se puede cobrar "por minuto efectivo de uso del servicio", o sea, desde el minuto uno, dos, tres.
La doble i de la letra a) del artículo 15 A se pone en el caso de un período inicial no inferior a media hora en el cobro "por tramo de tiempo vencido". Varios colegas que han intervenido concluyen de ahí que por los primeros 29 minutos no se podría cobrar, lo que solo sería posible a partir de los 30.

El señor PIZARRO.- Así es.

El señor MONTES.- Está bien. Pero es una llegada bien sofisticada.
Pido que el señor Ministro especifique el real alcance que se le quiere dar a la norma y por el cual se estaría votando.
Pero quiero dejar en claro también que la i simple de la misma letra a) permite cobrar desde el primer minuto, si se elige esta modalidad. En cambio, si se opta por un tramo, ello solo es posible a partir del minuto 30.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- En efecto.

El señor MONTES.- Pido que el punto quede suficientemente precisado, para ver sobre qué vamos a pronunciarnos, y felicito a los miembros de la Comisión Mixta por su sofisticación, ya que están creando otra manera de llegar a los problemas.
Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro para efectuar una aclaración.

El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, estimo muy importante consignar -ya lo han dicho algunos parlamentarios- que el proyecto original enfrentaba problemas de constitucionalidad, por afectar, entre otros, el derecho de propiedad de los prestadores de servicios de estacionamiento al establecer un gravamen respecto de una actividad emprendida de manera lícita y conforme a la regulación vigente. Me parece que esto es algo central.
Lo que se legisla es un articulado en orden a que los proveedores que ofrezcan servicios de estacionamiento al público general, cualquiera que sea el medio de pago que se utilice, cuenten con dos alternativas:
-Cobro por minuto efectivo de uso del servicio, quedando prohibido un cargo por períodos, rangos o tramos de tiempo. Si la persona estuvo siete minutos, paga siete; si estuvo diez minutos, paga diez.
-Cobro por tramo de tiempo vencido. ¿Qué significa eso? Que si el tramo es de treinta minutos y la persona está diez, no se le cobra, porque el primero no venció.
Esto último dice relación, precisamente, con una de las cosas que los consumidores más alegan: que cuando el tramo es de una hora y están diez minutos, les cobran una hora.
A mi juicio, es tremendamente importante subrayar que se ha procedido con toda la responsabilidad requerida. El debate que se podría iniciar es susceptible de abarcar un montón de otros aspectos relevantes en materia de gratuidad, por ejemplo. Lo que hemos hecho es tratar de lograr un proyecto balanceado, en el que se reconozca también que otras actividades se ven afectadas.
Repito que inicialmente se planteaban problemas de constitucionalidad serios.
En seguida, tenemos que equilibrar consideraciones de bien público, de externalidades en transporte, como lo expresó el Senador señor Rossi.
Asimismo puede haber una repercusión. Si existiera gratuidad en los estacionamientos en centros comerciales, ¿qué pasaría con otras pequeñas empresas proveedoras?
Entonces, creo que se ha hecho un trabajo serio. Así lo confirmó el trámite anterior en el Senado, donde medió una aprobación unánime. Y la letra a) del artículo 15 A, nuevo, posteriormente registró 8 votos a favor y uno en contra en la Comisión Mixta. Lo anterior demuestra el cuidado con que se abordó el tratamiento de la materia.
Comprendemos que este último puede no ser del agrado de los autores de la moción. Hemos dicho claramente que se valora el haberla presentado y que se establezcan elementos para evitar el abuso en los cobros, pero es algo que se tiene que hacer con todos los resguardos y la rigurosidad correspondientes.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Puede intervenir la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, comparto con el señor Ministro que la labor ha sido seria y responsable.
Sin embargo, nuestro primer deber es legislar para instalar derechos, beneficios para los ciudadanos, y la redacción del texto es críptica. No sé cómo se le puede explicar a un usuario no abogado de las comunas que representamos lo que significa el contenido de la doble i de la letra a) del artículo 15 A.
¡No se va a saber en ningún momento que se tiene derecho a media hora de gratuidad! ¡Tendríamos que poner carteles en todos los lugares para que ello se entendiera!
No quiero hacerme parte de una forma de legislar tan elitista como la que nos ocupa o del ocultamiento de intenciones detrás de estos términos. En verdad, aquí no estamos consagrando un derecho nítido y claro.
Creo que el propósito es bueno. Se ha mencionado que la Comisión Mixta y el Senado se encargaron de componer situaciones de inconstitucionalidad. ¡Puede llegarse a toda la rigurosidad, el preciosismo y el virtuosismo jurídicos que es preciso aplicar, pero un primer deber es hacer leyes comprensibles para la gente, con el objeto de que del Congreso realmente salgan derechos! Porque después vendrán a decirnos: "¿Sabe que en ninguna parte me respetan los 30 minutos de gratuidad?".
Puede que lo hecho por los Diputados no haya sido claro, que haya ofrecido dificultades, pero esa redacción expresaba que "La primera media hora de uso en dichos estacionamientos será gratuita". ¿No es posible que eso quede en la doble i?
Sé que no hay posibilidades de modificar absolutamente nada de la proposición de la Comisión Mixta, lo que me lleva a votar en contra, porque de verdad no quiero ser responsable de entregarle a la gente un texto que no consagra derechos nítidos.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (26 votos a favor, 2 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Muñoz y el señor Navarro.
Se abstuvo el señor Quintana.


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Antes de pasar a la siguiente iniciativa, el Senador señor Bianchi me ha solicitado recabar la unanimidad de la Sala para tratar sobre tabla, después del asunto que veremos ahora, que es de quorum, el proyecto que establece el 21 de septiembre de cada año como feriado en la Región de Magallanes y en la provincia de Chiloé. Desde luego, ello significa eximirlo del trámite de Comisión.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.



PERFECCIONAMIENTOS EN MATERIA DE ASIGNACIONES Y DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA FIJACIÓN DE PLANTAS DE PERSONAL DE SALUD


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Ahora corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece perfeccionamientos en materias de asignaciones para los funcionarios del sector salud que indica y delega facultades para la fijación de las plantas de personal de los Servicios de Salud y del Fondo Nacional de Salud, con informe de la Comisión de Salud, certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.752-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 41ª, en 16 de agosto de 2016 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Salud: sesión 49ª, en 14 de septiembre de 2016.
Hacienda (certificado): sesión 49ª, en 14 de septiembre de 2016.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es perfeccionar y mejorar las asignaciones que perciben los funcionarios de los Servicios de Salud y los funcionarios traspasados a la Subsecretaría de Salud, y delegar facultades para fijar y adecuar plantas de personal tanto de los Servicios de Salud como del FONASA.
La Comisión de Salud discutió este proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 16 de agosto; aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Van Rysselberghe y señores Chahuán, Girardi y Rossi, y lo despachó en particular, también en forma unánime, en los mismos términos en que fue remitido por la Cámara de Diputados.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció respecto de las normas de su competencia, las que aprobó en los mismos términos en que fueron despachadas por la Comisión de Salud, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Coloma, García, Montes y Zaldívar.
Cabe hacer presente que los artículos décimo y decimocuarto transitorios del proyecto son de rango orgánico constitucional y requieren para su aprobación 20 votos favorables.
El texto de la iniciativa que se propone aprobar se consigna en las páginas 4 a 13 del certificado de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Me han pedido abrir la votación.
Si les parece, lo haré después de escuchar la exposición del Presidente de la Comisión de Hacienda.

El señor MONTES.- ¡Ahora, señor Presidente!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda vio este proyecto, que es fruto de los acuerdos con los trabajadores del sector salud, definidos en el protocolo firmado el 10 de septiembre de 2015, entre el Gobierno y los representantes de las siete asociaciones de funcionarios con representación nacional.
El proyecto tiene por objeto perfeccionar una serie de asignaciones del sector; entre ellas, la asignación de urgencia, de tal manera de extender el beneficio al personal que cumple funciones en el Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU).
En cuanto a la asignación de estímulo por experiencia y desempeño funcionario, se incorporan dos modificaciones: se aumenta de 30 a 39 años el tiempo contemplado para la contabilización de los trienios, y se reconocen las licencias médicas por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y las licencias médicas por enfermedad o accidente común, como causales de excepción para los funcionarios que, no habiendo sido calificados en el período correspondiente por dichas circunstancias, puedan percibir igualmente la asignación.
Respecto a la bonificación mensual contemplada en el artículo 4° de la ley N° 20.209, que hoy perciben en los Servicios de Salud los conductores de ambulancias, se hace extensiva al personal que cumpla funciones de conductor de ambulancia o de vehículos que transporten equipos de salud, y se aumenta en 635 cupos el número de trabajadores que podrán percibir esta bonificación, llegando su cobertura a un total de 2.155 funcionarios.
En lo relativo a la asignación de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo, se incrementa el porcentaje correspondiente a los técnicos, de modo de igualar los porcentajes y ponderadores de pago de la asignación para todos los funcionarios.
En lo concerniente a la asignación de turno que fija el artículo 72 del decreto ley N° 2.763, se aumenta en un 2 por ciento para el personal que labora en sistemas de turno integrado por cuatro funcionarios, pasando su base de cálculo de 38 a 40 por ciento.
En cuanto a la asignación de fortalecimiento de la autoridad sanitaria a funcionarios traspasados, se extiende el beneficio de la ley N° 20.865 a los funcionarios afectos a las leyes N°s. 15.076 y 19.664.
Además, se actualiza el procedimiento de acreditación de competencias para funcionarios de plantas de técnicos, administrativos y auxiliares.
Fuera de las asignaciones, lo más importante, para los efectos de dar más estabilidad en el sector, son las siguientes innovaciones:
-Se crean 8.975 nuevos cargos titulares.
-Se eliminan grados de inicio de las plantas de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares.
-Se crean nuevos grados topes para las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares.
-Se define una nueva distribución de los grados en las plantas de profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares.
Asimismo, se faculta al Presidente de la República para fijar las plantas de personal del Fondo Nacional de Salud (FONASA).
De acuerdo con el informe financiero, el costo de esta iniciativa, en régimen, será de 80 mil 672 millones de pesos. Esta cifra se desglosa de la siguiente manera: para el 2016, 20 mil 891 millones de pesos; para el 2017, 56 mil 56 millones de pesos; para el 2018, 77 mil 155 millones de pesos, y para el 2019, 80 mil 672 millones de pesos.
En la Comisión contamos con la participación de la Subsecretaria de Salud, que nos dio una extensa exposición sobre cómo iba a operar el acuerdo, el cual cuenta con el respaldo y apoyo de todas las organizaciones nacionales de los Servicios de Salud.
Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad la iniciativa, y le recomienda a la Sala despacharla en la misma forma.
--(Aplausos en tribunas).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Muy claro el informe que ha entregado, señor Senador.
Conforme al acuerdo adoptado por la Sala hace un rato, le corresponde presidir la sesión al Honorable señor Zaldívar.
--Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Está inscrito para hacer uso de la palabra a continuación el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, en la actualidad, para los chilenos, el manejo de la salud, junto con la corrupción y la delincuencia, son los tres principales problemas que tenemos en el país. Y por eso es que debiéramos dedicar nuestros mayores esfuerzos, como lo indican todos los sistemas de medición, a mejorar el manejo de la salud por parte del Gobierno, que hoy evidencia un 86 por ciento de rechazo a su gestión en esta área.
El propósito de la iniciativa es perfeccionar y mejorar las asignaciones que perciben los funcionarios de los Servicios de Salud y de los funcionarios traspasados a la Subsecretaría de Salud, y delegar facultades para fijar y adecuar plantas de personal tanto de los Servicios de Salud como del Fondo Nacional de Salud (FONASA).
A mi juicio, el proyecto va en la línea correcta. Lo que tenemos que hacer es incentivar a los funcionarios, muchos de los cuales, con bajos sueldos y peor infraestructura, realizan numerosos esfuerzos para poder sacar adelante su tarea, que no es fácil, con pacientes empoderados que solamente exigen derechos y que casi siempre les cargan toda la responsabilidad a personas que a veces trabajan en turnos completos y que deben efectuar esfuerzos especiales.
Lo que habitualmente aprobamos en el Congreso, tal como lo señaló el Senador Bianchi, son bonos de retiro. En esta oportunidad se propone un bono de incentivo laboral o al desempeño que se enmarca dentro del cumplimiento de un acuerdo celebrado con los gremios de la salud -hoy día nos acompañan en las tribunas algunos de sus representantes- en septiembre del 2015. La CONFENATS, la FENTESS, la FENPRUSS, la FENATS Unitaria, la FENASENF y la CONAFUTECH desarrollaron la negociación y han logrado que hoy día se materialice a través de este proyecto.
Uno espera, señor Presidente, que este tipo de incentivos, más allá de ser un reconocimiento a la importante labor que realiza el personal de la salud pública a lo largo del país, produzca no solo un efecto en la estabilidad laboral, que es muy relevante, sino también una mejoría en la atención de los pacientes del sector público, porque hoy día quienes no disponen de recursos para atenderse en el sector privado deben acudir al sistema público, donde, como dije recién, hay muchas carencias.
Incluso, el personal debe soportar muchos problemas para poder atender en infraestructuras que a veces no existen. Yo conozco la realidad de mi región. Allí tenemos hospitales de los años sesenta, como el de Huasco y el de Diego de Almagro, donde los médicos, las enfermeras y los funcionarios hacen lo que pueden.
Los compromisos que el Gobierno tomó no se han cumplido todos. El "20-20-20", que escuchamos al principio de la actual Administración, no va a terminar como se habría querido. Y aquí hago un llamado al Ejecutivo a apurar el tranco en la construcción del Hospital de Huasco, el cual -repito- es de los años sesenta, pero, además de eso, no tiene las condiciones mínimas y sufre un problema que a veces hemos denunciado aquí, en la Sala. Cuando se plantea "Hay que mejorar tal ala del establecimiento", contestan "No, porque se va a construir el hospital nuevo". O sea, no se mejora nada y se mantienen las cosas como están. Y además el recinto se halla bajo la cota de inundación por tsunami y eso implica efectuar un cambio radical.
Lo mismo sucede en el Hospital de Diego de Almagro, que necesita una solución urgente para que pueda dar una buena atención al público.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, simplemente quiero dejar constancia de lo importante que es cuando, al final, los países logran una madurez en la relación de su Estado con las personas que trabajan en él. Y creo que parte de ese acuerdo viene reflejado en el presente proyecto de ley, el cual, en lo medular, establece perfeccionamientos en materia de asignaciones y fija plantas de personal para los Servicios de Salud y el FONASA.
Dentro de este tema, que ha sido explicado, quiero destacar dos cosas que me parecen especialmente importantes para otros proyectos equivalentes.
Primero, ante una pregunta que le formulé a la Subsecretaria, que me pareció relevante, se me contestó que estas eran asignaciones imponibles, o sea, generan ahorro suficiente para la pensión. ¿Por qué lo digo con énfasis? Porque en otras iniciativas que vimos hace poco (algunas de educación, por ejemplo) se establecían bonos especiales no imponibles. Varios, al discutirlo, señalamos: "De algún modo tenemos que entrar en una cultura de la imponibilidad, de tal manera que en las cuentas de las personas se refleje realmente su sueldo real, y así, cuando jubilen, obtengan cantidades dignas para su vejez".
Antes de esta iniciativa hice un estudio sobre la materia en muchos ministerios. Y, en general, del total de la remuneración que recibe un funcionario de planta (ni siquiera a contrata), entre un 30 y un 40 por ciento es imponible; lo otro son bonos o asignaciones no imponibles. A una persona que gana 800 mil pesos (final), se le impone por 300 mil o 350 mil pesos, cuyo 10 por ciento va a su cuenta individual. Por eso se produce un desfase tan grande entre lo que una persona gana en plena actividad y su jubilación.
Yo valoro que esto se empiece a corregir. Es un tema transversal. Y aquí se hizo un gran esfuerzo, porque ello resulta más caro. Eso lo entiendo; no es un problema de voluntad. Pero se genera un criterio que, a mi parecer, apunta en el sentido correcto.
Segundo, dentro del mismo tema general, considero muy valioso que nuestro país se concentre en mejorar las condiciones de los trabajadores de los Servicios de Salud. Claramente, si uno compara las remuneraciones de su personal con las de otros ministerios u otros servicios, uno puede detectar una diferencia significativa. Según explicó la Subsecretaria, mediante el reencasillamiento los funcionarios podrán subir un máximo de 3 grados y un mínimo de uno. Y eso, obviamente, genera un mayor nivel de remuneraciones, que es una parte importante del proyecto, además de otras cosas en las que también innova, para efectos de vivir en un mejor país. Lo mismo respecto del FONASA.
A veces, señor Presidente, las iniciativas unánimes generan menos debate, cuando, en mi opinión, debería ser todo lo contrario, para ver dónde están los elementos centrales que producen mayor bienestar en los trabajadores y, obviamente, a través de ellos, en la ciudadanía. A mí no me cabe duda de que con organismos con mejores remuneraciones y con los esfuerzos que, según se explicó, se están haciendo en materia de calidad del trabajo, se prestará un mejor servicio. Y eso, al final, lo reciben todos los chilenos, cuestión que me parece muy importante.
Este es un proyecto grande, que en régimen significará 80 mil millones de pesos, con un universo de acción de más de 110 mil personas. Beneficia más directamente a 50 mil, pero su universo es de 110 mil. O sea, estamos hablando de una de las iniciativas quizás con mayor magnitud desde un punto de vista económico.
Pero yo quería hacer presente, señor Presidente, este elemento adicional: entrar en el círculo virtuoso de las remuneraciones imponibles y dejar de lado los bonos o asignaciones no imponibles, que generan pobreza a largo plazo. Me parece bien que se corrija la tendencia en forma permanente y que esto se haga de común acuerdo con los trabajadores, porque, al final, ello beneficia al país.
Por eso, votamos a favor, haciendo un llamado para que proyectos de este tipo, que permanentemente están fijándose hacia delante, apliquen la misma lógica que el que nos ocupa en materia de imponibilidad.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que toda mejora a la planta funcionaria de los Servicios de Salud contribuye, por cierto, a elevar el desempeño.
Hablamos de trabajadores que soportan una altísima carga laboral. Se desenvuelven en un medio donde hay sensibilidad social. No es fácil lidiar con las familias, con los pacientes; no es fácil lidiar en un sector que permanentemente, por diversos motivos, está cuestionado: porque faltan médicos especialistas y la gente debe esperar mucho; porque falta infraestructura y no se puede atender a todas las personas al mismo tiempo. Al final, las fallas estructurales, la falta de médicos, las falencias del sistema, que no dependen de los funcionarios públicos del Ministerio de Salud ni de los Servicios de Salud, las pagan los funcionarios, que deben dar la cara a aquellas familias, a aquellos enfermos, a ese millón 600 mil personas que tienen pendiente una atención, una prestación por un médico especialista; a los deudos de los miles y miles de chilenos que fallecen por su mala suerte de haber nacido pobres y no haber dispuesto de medios para acudir al sistema privado a atenderse con un especialista.
Nuestros funcionarios de salud, en cada uno de los hospitales, enfrentan una situación compleja inmediatamente, desde el momento en que ingresan al trabajo.
El Gobierno, después de un largo estudio, nos ha presentado un proyecto que tiene un costo fiscal de 80 mil 768 millones de pesos y en el cual todas las asignaciones que establece van a ser imponibles. Quiero señalar que yo he votado en contra de algunas asignaciones, precisamente por no ser imponibles, porque eso significa avalar el maldito sistema de AFP, que le echa la culpa a la no imponibilidad para explicar el fracaso de sus tasas de reemplazo, de las tasas que los funcionarios, tanto públicos como privados, obtienen como resultado de su ahorro previsional.
Por lo tanto, solo espero que este acuerdo sea difundido.
Lo habían planteado en su momento los enfermeros del Hospital Doctor Guillermo Grant Benavente, los trabajadores, los prestadores de salud, en todos los niveles, particularmente en los grados más bajos.
Espero que sea un acuerdo con todos los gremios.
Entiendo que la presencia de la Subsecretaria en la Sala y de los gremios en las tribunas da cuenta de que ha existido ese acuerdo. Tal vez no en todo lo que se pudiera lograr, siempre una parte debe ceder para avanzar, pero siento que sí es un logro.
Si existe un acuerdo entre el Ministerio y las asociaciones de funcionarios, y especialmente si ello significa más ingresos, no cabe sino que votar a favor.
En lo que falte, en que haya disconformidad, seguiremos luchando.
Continuaremos acompañando a todo el personal, teniendo presente que todavía queda mucha mucha gente en cargos a honorarios y a contrata.
Entiendo que esta iniciativa es para la fijación de las plantas en los servicios de salud.
Hay un vacío enorme en cuanto a los trabajadores y las trabajadoras a honorarios y a contrata.
El Estado es un pésimo empleador, lo han dicho unánimemente, más de una vez, numerosos Senadores en la Sala. Y siento que es una fantasía, un autoengaño, el tener miles, miles y miles de funcionarios en estas condiciones por 15, 20 y 26 años. Ingresaron el año 90, junto con el retorno a la democracia.
¡Allí están, sin poder pertenecer a la planta!
Esos funcionarios también merecen respeto y reconocimiento.
En algún momento tendremos que abordar (de manera progresiva, pero decidida) esa realidad no solo en los sistemas de salud, sino a lo largo de todo el Estado, en todos los servicios y en todos los Ministerios.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
--(Aplausos en tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al Gobierno, al Ministerio de Salud, a la Subsecretaria y a los gremios.
Este es un acuerdo muy muy fuerte, muy potente, muy trabajado, que permite perfeccionar las asignaciones y aumentar los grados y los cargos titulares.
De eso se trata, ni más ni menos.
El proyecto tiene un costo fiscal de 124 millones de dólares en régimen, lo cual permite que los trabajadores de la salud mejoren sus condiciones: se eliminan ciertos grados de inicio, en fin, tienen más estabilidad laboral los cargos titulares.
Yo creo que es un gran logro.
Y los logros hay que valorarlos, felicitarlos.
Es muy frecuente que se critique a Salud por otras cosas, como las listas de espera, las urgencias, y por distintos temas que están, sin lugar a dudas, pendientes. Pero aquí se da un paso muy importante: se fortalece a los equipos que hacen el trabajo en salud, es decir, a sus trabajadores.
En segundo lugar, quiero repetir algo que dije en la Comisión.
Me imagino -y la Subsecretaria así lo planteó- que esto irá acompañado de un conjunto de iniciativas referidas a la capacitación; al fortalecimiento del estímulo al trato y a los métodos de trabajo con los pacientes a quienes asisten, a fin de que esto realmente ayude a cambiar el clima (esto no es automático). Y, por lo tanto, el sector público pueda ser valorado como lo que debe ser: un lugar de acogida en que la gente se sienta mejor.
Nada sacamos con invertir o gastar más en salud, si no se da un clima de esas características. Ello es de primera importancia.
También aprovecho de señalar que debemos reflexionar más sobre la deuda hospitalaria en el Parlamento.
Ahora viene el debate presupuestario, en donde todos los años nos engañamos, unos y otros, y algunos dicen "Están endeudados", y otros "Están muy endeudados". Yo quiero señalar que la deuda hospitalaria tiene su origen principal en que los recursos por prestaciones son inferiores al costo efectivo.
¡No se cubre el costo efectivo!
Entonces, la deuda pone el techo de atención. Y aquellos servicios más endeudados han expresado: "Yo quiero seguir atendiendo las necesidades; aunque no me alcance la plata tengo que avanzar".
Aquí hay una falsedad, una distorsión -para decirlo mejor- que es necesario corregir de una vez por todas. Se requiere que los hospitales de este país tengan un financiamiento de acuerdo al costo de las prestaciones para poder atender a los pacientes que lo soliciten.
Finalmente, quiero referirme al Hospital Padre Hurtado, que se creó hace 16 años como experimental.
Eso fue pensado en un horizonte de 3 años, pero ya llevamos 16. Y hay una convicción: después de varias evaluaciones -desde hace 10 años se pide anualmente en la discusión presupuestaria- se ha planteado que se termine con el carácter experimental de ese recinto hospitalario a fin de que esté más acorde con los requisitos, las exigencias de la red de salud suroriente. Por tanto, se pide que responda al conjunto de requerimientos que tiene el trabajo en red y, además, que sus funcionarios estén en las mismas condiciones que el resto en el sistema de la salud.
Al comienzo lo tratamos de hacer, sin embargo, al personal médico no le era conveniente, y no lo quiso. Hoy día están todos de acuerdo en que hay que cambiar las condiciones de trabajo; que tienen que entrar a un sistema similar al resto.
El Ejecutivo ha ido avanzando en esto. Hay Comisiones trabajando en terminar con su carácter de experimental y en poner a los trabajadores en línea con el resto de los sectores.
También por eso felicito al Gobierno.
Espero que tengamos éxito pronto; que el hospital experimental termine, y que sus funcionarios queden en las mismas condiciones que el resto.
Voy a votar a favor -como también nuestra bancada-, con el orgullo de que se ha logrado un paso importante para los trabajadores de la salud, acompañado de un nuevo clima laboral.
--(Aplausos en tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar quiero valorar el esfuerzo que se está haciendo para entregar a los funcionarios de la salud las mejores condiciones laborales que tanto merecen.
Esta iniciativa delega también las facultades para la fijación en las plantas del personal de los servicios de salud. Eso es fundamental.
Quiero aprovechar la presencia de la señora Subsecretaria para manifestar mi inquietud respecto de la ley que aprobamos con el fin de que pudieran incorporarse personas a honorarios y a contrata.
Señor Presidente, lo digo porque en mi Región la Dirección de Salud realizó ese traspaso, pero a gusto del Director de Salud.
Hubo funcionarios a quienes les ofrecieron solamente ir a inicio y no estar en lo que les correspondía, es decir, en el sistema espejo, en el cual de alguna manera no habría menoscabo respecto a la labor y los sueldos que reciben actualmente.
Aquella situación creó un conflicto. Y yo quiero plantearlo aquí, en la Sala, frente a la señora Subsecretaria, porque eso no le hace bien al clima institucional.
No hay por qué tener, de alguna forma, regalones que inmediatamente se incorporen como espejo, frente a otros que quedan a inicio.
Tanto es así que los funcionarios lo rechazaron; hay seis personas que se negaron a la posibilidad de incorporarse porque encuentran que no es justo.
¿Y qué han hecho? Han judicializado esta situación.
Nunca ha sido el espíritu de este Parlamento -y tengo claro que tampoco del Gobierno- que personas, por muy importantes que sean, discriminen a funcionarios que han trabajado durante muchos años.
Todos queremos que vayan desapareciendo los honorarios; que se vayan a contrata y a planta.
Yo, señor Presidente, dejo planteada esta preocupación.
Esta iniciativa va en el camino correcto, pero falta bastante más aún.
También creo que hay que tener mucho criterio, más objetividad.
Y, por favor, menos parcialismo, para así respetar las carreras y el historial de cada uno de los trabajadores de la salud.
Vamos a votar favorablemente este proyecto, pero esperando que no siga la discriminación hacia funcionarios que trabajan permanentemente al servicio a los demás.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, este es uno de los proyectos más esperados por el gremio de la salud.
Son varios miles los trabajadores que se beneficiarán con esta normativa, que es el resultado de un Protocolo firmado hace exactamente un año, el 10 de septiembre de 2015, por los gremios de la salud y el Gobierno.
Esta iniciativa contempla el mejoramiento de un conjunto de asignaciones que actualmente perciben los funcionarios de los servicios de salud, como reconocimiento a la labor que cada uno de ellos realiza en los distintos ámbitos de acción.
Se fortalecen los estímulos que reciben dichos funcionarios, en virtud de las características de sus puestos de trabajo, de la experiencia adquirida, del aporte en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Se modifican diversas remuneraciones y se faculta a la Presidenta de la República -lo destaco- para fijar las plantas de personal mediante la dictación, en el plazo de diez meses, de uno o más decretos con fuerza de ley, en los que se incluirá la creación de 8 mil 975 cargos titulares adicionales.
Aquello significa un gran avance en cuanto a establecer cargos de planta para personas que desde hace muchos años están esperando tener una relación contractual que no sea precaria.
Se ha dicho aquí que el Estado normalmente es el peor empleador. Y, claro, con contratos precarios (a honorarios o a contrata) a los trabajadores no se les reconocen los derechos que tienen en este ámbito.
Me parece que se trata de un significativo progreso en el acuerdo a que se llegó.
Felicito a los gremios pertinentes y al Gobierno, y saludo a la Ministra y a la Subsecretaria de Salud por el esfuerzo desplegado.
En definitiva, el Congreso Nacional está haciendo uso de su facultad, pero con entusiasmo.
Señor Presidente, estamos votando el presente proyecto con plena alegría, sabiendo que va a satisfacer las demandas de tantos trabajadores de la salud que la están pasando mal no solo porque no reciben un buen trato desde el punto de vista contractual, sino también porque la opinión pública los tiene muy presionados por las listas de espera y la falta de recursos y de adecuadas condiciones laborales.
Creo, pues, que este es un paso muy significativo en favor de la dignidad de los funcionarios de la salud.
Por eso, con gran entusiasmo, voto afirmativamente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor); por no haberse presentado indicaciones se aprueba también en particular, dejándose constancia de que se cumplió con el quorum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor García.

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- ¡Muchas gracias!
¡Que tengan felices Fiestas Patrias!


DECLARACIÓN DE 21 DE SEPTIEMBRE COMO FERIADO PARA LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA Y LA PROVINCIA DE CHILOÉ


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Conforme a lo recientemente resuelto por la Sala, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Bianchi, que declara feriado el 21 de septiembre de cada año para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y la provincia de Chiloé, que fue eximido del trámite de primer informe de Comisión.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.885-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción del Senador señor Bianchi):
En primer trámite: sesión 47ª, en 7 de septiembre de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
La Sala acuerda tratar el proyecto sin informe.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, tal como se señaló, hace un momento la Sala acordó tratar esta iniciativa sobre tabla y eximirla del trámite de primer informe de Comisión.
Su objetivo es declarar feriado el 21 de septiembre de cada año para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y la provincia de Chiloé.
Nada más, señor Presidente.


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- En discusión general el proyecto.
Antes de ofrecer la palabra, debo hacer presente -hemos debatido este punto varias veces- que no parece conveniente eximir del trámite de primer informe de Comisión a iniciativas de esta índole.
Respecto de este proyecto ya se hizo la exención. Por lo tanto, tendremos que abocarnos a él. Sin embargo, pienso que para este tipo de materias deberíamos tener -lo hemos planteado al Ejecutivo- una legislación que abarcara en general a todos los feriados, por las razones que ya hemos señalado, pues ellos tienen efectos en el ámbito judicial, laboral, bancario, etcétera.
En todo caso, uno debe aceptar lo que resuelve la Sala.
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Pido que abra la votación, señor Presidente.
Comparto su criterio. Lo hemos conversado muchas veces en la Comisión de Gobierno, de la cual ambos formamos parte.
Parto mi intervención agradeciendo al Senado: por primera vez, luego de numerosísimos años, se ha permitido que avancemos en un proyecto que le entrega un justo reconocimiento a las chilotas y los chilotes que lograron anexar el territorio de la Patagonia al resto de nuestro país.
Créame, señor Presidente, que para mí es un honor llevar adelante hoy día una iniciativa tremendamente anhelada. Las comunidades chilotas históricamente han solicitado que el 21 de septiembre sea feriado. ¡Y ahora estamos dando ese decisivo paso!
Este proyecto irá posteriormente a la Cámara de Diputados, y de ahí se convertirá en ley. Por eso pedimos obviar el trámite de primer informe de Comisión.
Sé que sería deseable no hacerlo así. Pero agradezco a Sus Señorías que me hayan posibilitado proceder de esta manera, y de ese modo lograr avanzar en justicia.
La historia de soberanía sobre la Región de Magallanes y la provincia de Chiloé hay que remontarla a la voluntad del general Bernardo O'Higgins, quien -según cuenta la historia- siempre tuvo gran preocupación por la conquista de dichos territorios. Este sueño de O'Higgins tiene como mito mayor el que su última palabra en su lecho de muerte fuera "¡Magallanes!".
Esa voluntad de uno de los denominados "Padres de la Patria" fue concretada posteriormente por el Gobierno de don Manuel Bulnes, quien en 1842 le encomendó al Contador de Marina Domingo Espiñeira, en su calidad de Intendente de la provincia de Chiloé, la tarea de organizar una expedición hasta el Estrecho de Magallanes.
Luego de grandes esfuerzos realizados por un conjunto de mujeres y hombres, fundamentalmente habitantes de la Isla de Chiloé, comandados por el capitán Juan Williams, el 21 de septiembre de 1843, a las 2 de la tarde, todos los tripulantes de la goleta Ancud bajaron a tierra y tomaron posesión formal del Estrecho de Magallanes en nombre de Chile.
Levantó el acta el sargento 2° Eusebio Pizarro, y una vez izada la bandera, se dispararon 21 cañonazos.
Tras dicho viaje histórico, se inicia una fase de colonización de la Región de Magallanes por parte del Estado chileno, la cual sin duda ha traído enormes beneficios para nuestro país, sobre todo por la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes, además de todas las riquezas energéticas, agropecuarias, turísticas y ambientales que ella aporta al resto de Chile.
Señor Presidente, no quiero alargar más esta intervención. Solo deseo decirles a la Región de Magallanes y a Chiloé que el Congreso Nacional está haciendo justicia.
Luego de una histórica petición, hoy día en la Sala se está votando favorablemente el referido reconocimiento por un solo año.
En efecto, hemos tenido que modificar este proyecto al objeto de establecer que el feriado propuesto será para el 2017. Ello, porque mañana no sesionará la Cámara de Diputados, lo cual no nos permite enlazarlo con el 21 de septiembre de este año.
No obstante, se trata de un enorme reconocimiento del Estado y del Parlamento para los hombres y las mujeres que permitieron anexar la Patagonia al resto de nuestro territorio.
Agradezco a cada uno de los Senadores que han permitido que hoy estemos, sobre tabla, discutiendo y votando favorablemente esta iniciativa.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Hemos tomado nota de la enmienda que Su Señoría ha planteado respecto del proyecto original, que fija como feriado el 21 de septiembre de cada año.
Después tendremos que ver de qué manera, reglamentariamente, resolvemos su despacho.
De otro lado, debo advertir que el próximo año habrá sándwich entre el 19 y el 21 de septiembre. ¡Así que no vaya a ser cosa que el 20 se pida como feriado...!
El señor NAVARRO.- ¡Que el pueblo descanse...!

El señor BIANCHI.- Abra la votación, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- ¿Les parece a Sus Señorías?
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, no cabe duda de que iniciativas de esta índole existen en todas las regiones. Y el Senador Bianchi ha argumentado sobre el significado y la pertinencia del feriado que nos ocupa para el territorio de Magallanes.
Uno no podría estar en desacuerdo con este tipo de iniciativas ni dejar de impulsarlas.
De hecho, se han aprobado algunas: hace un par de semanas votamos a favor de un feriado para la Región de Coquimbo. Además, estamos impulsando un proyecto para declarar el 2 de octubre como feriado en Los Ríos, por ser la fecha en que se promulgó la ley que permitió su creación.
Sin embargo -y echo de menos la presencia del Ejecutivo, principalmente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional-, pido que haya coordinación. La competencia para declarar feriados no debiera estar radicada en el Parlamento; tendría que entregarse a los gobiernos regionales. En estas instancias debieran identificarse fechas, símbolos o epopeyas de las que una región se sienta parte, lo cual irá engrosando la identidad territorial y dando pie para plantear feriados regionales.
Pero estamos en presencia de un absoluto descontrol en esta materia.
Y no lo digo por la presente iniciativa, porque quienes conocemos Magallanes sabemos que la fecha propuesta tiene mérito para ser feriado regional.
¡Dónde está el Ejecutivo!
¿Cuál es la visión de la SUBDERE en torno a un ordenamiento, que otorgue significado y coherencia en este ámbito?
Estamos avanzando en el proceso de descentralización. Por eso, me gustaría ver que las autoridades pertinentes defendieran este proyecto en la Sala.
Voto a favor.
Obviamente, creo en la identidad regional y en lo que se está pidiendo para Magallanes. Pero, ¡por favor!, solicito que haya más coherencia en este tipo de iniciativas, de manera que no exista una multiplicidad de feriados, que luego no serán solo regionales, sino comunales, lo cual me parece un exceso.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.

El señor MONTES.- ¡Que sea breve...!

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Lo seré, señor Senador. ¡No se preocupe...!
Señor Presidente, valoro la moción propuesta por el Senador Bianchi.
El hecho de que la goleta Ancud haya llegado 8 o 10 horas antes que los franceses a tomar posesión del Estrecho de Magallanes, sin duda, constituye un hito histórico.
Entonces contábamos con una ventaja -lo digo seriamente, y lo he planteado muchas veces respecto de temas geopolíticos, sobre todo durante la discusión de la Ley de Presupuestos en relación con aspectos de conectividad-: ¡gracias a Dios en esa época no había RS! De haber existido la exigencia de rentabilidad social, la Región de Magallanes no sería chilena. Posiblemente los franceses estarían instalados en esa zona.
Siempre es bueno pensar en la existencia de objetivos superiores y no solo en la rentabilidad social.
Por ese motivo, valoro la iniciativa en estudio.
Aunque no soy partidario de estar permanentemente aprobando feriados regionales -¡y menos comunales!-, considero que el hito alcanzado por ese grupo de patriotas al haber tomado posesión de la Patagonia, específicamente del Estrecho de Magallanes, bien merece un día de reconocimiento por parte de todo el país.
En consecuencia, felicito al Senador Bianchi por la presentación de este proyecto, que apoyo con entusiasmo.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PROKURICA.- ¡Ahí viene el Senador Chahuán!
¡Este voto es clave...!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Claro, ¡porque tiene tres proyectos de feriados pendientes...!
Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto, con la modificación relativa a reemplazar "de cada año" por "de 2017" (19 votos a favor y una abstención), y por no haberse presentado indicaciones, se aprueba también en particular y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica y Tuma.
Se abstuvo el señor Andrés Zaldívar.

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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- A continuación, correspondería ver un proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.

El señor PROKURICA.- "Si le parece", señor Presidente.

El señor LARRAÍN.- No hay quorum para adoptar acuerdos.
Toque los timbres, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Al parecer, no contaremos con los votos necesarios, pero ahora hay quorum.

El señor PROKURICA.- Que se toquen los timbres.



MODIFICACIÓN DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE CARABINEROS DE CHILE, RESPECTO DE DERECHOS DE PERSONAL


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Corresponde iniciar la segunda discusión del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en relación con los derechos del personal, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.074-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 69ª, en 11 de noviembre de 2015 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 10ª, en 13 de abril de 2016.
Discusión:
Sesión 43ª, en 30 de agosto de 2016 (queda para segunda discusión en general).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que el artículo único de la iniciativa es de rango orgánico constitucional, por lo que, para su aprobación, requiere 20 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 7 y 8 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Informo a los señores Senadores que en este momento no contamos con los votos suficientes.
Por lo tanto, como Comité, solicito el aplazamiento de la votación.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, primero hagamos el debate.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- De todas maneras, dejo pedido el aplazamiento de la votación ya que se necesitan 20 votos afirmativos.

El señor PROKURICA.- Varios colegas se encuentran en Comisiones. Los mandamos a buscar.

El señor CHAHUÁN.- Así es.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Igual mantendré mi solicitud en caso de que vea que no alcanzamos el quorum suficiente.
En la segunda discusión, tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, había pedido la palabra para referirme al asunto anterior, pero también deseo hablar sobre esta iniciativa.
El problema es que no encuentro el texto pertinente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Mientras tanto, le daré la palabra al Honorable señor Moreira.

El señor NAVARRO.- Se lo agradezco, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Puede intervenir, Su Señoría.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, estamos frente al proyecto que modifica la ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en relación con los derechos de su personal.
Nuestros carabineros requieren un apoyo decidido del Estado cuando realizan un operativo, sirven al país y a la comunidad y defienden la integridad de las personas. Y lo necesitan más todavía en este último tiempo, cuando hemos visto que las manifestaciones y protestas públicas se realizan cada vez con más violencia, con mayores disturbios, con destrozo a la propiedad privada y, por supuesto, con agresiones a la policía por parte de verdaderos anarquistas.
En sus operativos Carabineros siempre expone a su personal. Todos hemos visto en imágenes televisivas cómo muchas veces -por no decir todas- los efectivos policiales son agredidos y cómo los manifestantes, en forma temeraria, provocan a nuestra fuerza pública.
También observamos con frecuencia las persecuciones policiales en vehículos institucionales para detener a delincuentes que escapan a alta velocidad. En esos procedimientos el personal de Carabineros no solo está poniendo en riesgo su integridad física, sino también el vehículo que lo transporta.
Sin embargo, de acuerdo a la ley que se pretende modificar mediante este proyecto, al carabinero la institución no le asegura, en caso de accidente en actos de servicio, cubrir los gastos médicos, y tampoco que los desembolsos en que esta incurra para reparar el eventual daño causado al vehículo, producto de una persecución, no se le vayan a cobrar al funcionario.
¿Pueden imaginar ustedes el estrés psicológico del carabinero al que le "toque" realizar alguna persecución política en virtud...?

El señor NAVARRO.- ¡Cómo!

El señor MOREIRA.- Perdón, "policial".

El señor NAVARRO.- ¡Persecución política, no!

La señora PÉREZ (doña Lily).- ¡Eso pasa en Venezuela!

El señor NAVARRO.- ¡No es así!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Continúe, Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Gracias, señor Presidente, por mantener el orden.
¡El chavismo trata de tomarse nuestro Hemiciclo...!
Reitero: ¿pueden imaginar ustedes el estrés psicológico del carabinero al que le "toque" realizar alguna persecución policial?
No solo me parece de una injusticia inconmensurable el hecho de que los funcionarios deban cubrir dichos gastos, sino que, además, lo encuentro contraproducente para la eficacia de los operativos, pues dejamos al personal policial con una doble presión.
Lo lógico es disponer de una regla general mediante la cual el Estado garantice a los efectivos de Carabineros la cobertura de todos los costos de salud o de deterioro de un bien de la institución, causado en algún operativo policial, sin tener que esperar un informe previo que así lo autorice.
Por lo tanto, señor Presidente, estamos (la bancada de la UDI) plenamente de acuerdo con otorgarle al personal de dicha institución el derecho a que los costos de atención médica provocados por accidentes en actos de servicio o de alguna enfermedad a consecuencia del ejercicio de sus funciones, sean cubiertos por Carabineros, sin necesidad de un informe administrativo previo.
Asimismo, se debe eximir a los funcionarios policiales del pago, con cargo a su remuneración, por el costo de los daños causados al material, a los equipos o a los vehículos institucionales, cuando ese deterioro se haya producido en el cumplimiento de sus funciones.
Votaré a favor de este proyecto de ley, porque entiendo que es de justicia para salvaguardar la acción de nuestros policías uniformados en el combate contra la delincuencia, que, como todos sabemos, ha ido aumentando cada vez más rápido.
Repito: anuncio que respaldaré la presente iniciativa sobre Carabineros de Chile, con el fin de defender mejor a la ciudadanía.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, después del brillante informe del Senador señor Moreira, quiero subrayar la importancia de los dos elementos centrales de este proyecto, que aborda en el fondo una realidad que se arrastra desde hace muchos años y que dificulta el funcionar de Carabineros de Chile.
En primer lugar -y varias personas me lo plantearon en su momento-, deseo referirme a lo que ocurre cuando hay deterioro de los equipos o vehículos institucionales utilizados por los efectivos policiales en el ejercicio de sus funciones.
Según la legislación actual, ante un accidente provocado a raíz de una persecución policial, los carabineros quedan expuestos a que se descuente de sus remuneraciones cualquier tipo de gasto en que se incurra.
Obviamente, eso constituye un desincentivo al uso razonable de los recursos disponibles cuando se está ante un bien público, como es el ejercicio de la función policial para resguardar la seguridad ciudadana.
No me parece razonable que no exista una norma como la contenida en la iniciativa en examen, que establece el derecho del carabinero "a que no se le descuente de las remuneraciones cualquier tipo de gasto en que incurra la institución para financiar la reparación de equipos y, o vehículos institucionales".
En segundo lugar -tal como se explicó-, se busca otorgar al efectivo policial el derecho a que los gastos de atención médica originados por accidentes en actos de servicio o enfermedad como consecuencia del ejercicio de sus funciones sean pagados sin necesidad de un informe administrativo previo.
En el presente proyecto se propone que la resolución administrativa fundada deberá dictarse en un período de treinta días para calificar el acto respectivo.
Anteriormente -y me alegro de que los Diputados autores de la moción hayan tomado la iniciativa al respecto-, se daba una situación compleja: a veces el efectivo policial debía someterse a una intervención hospitalaria por un accidente o enfermedad producida en el ejercicio de su cargo, pero no sabía si la causa de ello iba a considerarse "acto de servicio" o no, cuestión que se requería en forma previa para no pagar los gastos médicos.
Se trata de cosas simples, pero afectan a 35 mil funcionarios de Carabineros, la institución más prestigiada de Chile. Por más que algunos no la destaquen, en cualquier encuesta ciudadana marca entre los primeros lugares en credibilidad y confianza.
Eso no se logra por casualidad, sino por su manera de servir a la población; por su estructura cultural y de mando, y por el respeto que le brindan las comunidades de Arica a Punta Arenas, particularmente en momentos de dificultad.
Entonces, parece razonable que, cuando uno quiere a una institución, se preocupe de que funcione mejor.
Hemos advertido dos aspectos que no operan bien.
El primero es el caso evidente e inadvertido -sin quererlo, naturalmente- del personal que produce daño a un equipo o vehículo policial en el ejercicio de sus funciones y que se ve expuesto a tener que pagar los gastos de reparación, lo cual constituye un terrible desincentivo para volver a utilizar ese tipo de equipamiento tan importante para la defensa de las personas.
Y lo mismo ocurre con las enfermedades que se producen a raíz de las actuaciones propias del cargo. Y son muchas, porque es grande la cantidad de funcionarios.
Lo anterior no se relaciona con una forma distinta de entender la institución, sino con el deseo de ayudar al personal policial para mejorar sus condiciones de vida. Ellos han hecho de Carabineros un orgullo.
Por eso, señor Presidente, vamos a apoyar este proyecto, que fue aprobado en la Cámara de Diputados por amplia mayoría. Ojalá que este Senado, en la sesión correspondiente, lo respalde de igual manera.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, me sumo a quienes han intervenido anteriormente en la Sala.
Esta iniciativa, que se originó en la Cámara Baja (su autor es el Diputado señor Silva), apunta en la dirección correcta. Todo lo que implique facilitar la labor de Carabineros de Chile en la persecución del delito, a mi juicio, hay que apoyarlo con firmeza.
Me encantaría que estuviera presente el Ministro del Interior o el Subsecretario del ramo cuando se debata este tipo de proyectos, ya que se abordan asuntos de gran preocupación ciudadana: la violencia, la delincuencia, que cada día ha ido creciendo más.
Obviamente, anuncio que votaré a favor.
Ahora bien, desconozco por qué no se ha incluido una modificación que contemple también al personal de la Policía de Investigaciones. Tengo entendido que ellos se encuentran en una situación bastante precaria. Cuando sus efectivos están en persecución de delincuentes, también sufren accidentes y ven deteriorados sus vehículos.
En definitiva, tienen los mismos problemas que hoy día enfrenta Carabineros de Chile.
Pido a los miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, donde se está discutiendo este proyecto, que consideren ese punto durante cuando se efectúe la discusión en particular.
Creo que es muy importante que nosotros, como Senado, les demos a ambas instituciones policiales (Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones) las mayores posibilidades de contar con los elementos de seguridad, tanto para enfrentar la persecución del delito como para cubrir los gastos por eventuales accidentes causados en el ejercicio de sus competencias de trabajo; así dichos funcionarios contarán con el apoyo suficiente.
Dicho lo anterior, reitero que en su oportunidad votaré a favor de esta iniciativa.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, la delincuencia sigue siendo uno de los temas más preocupante para la ciudadanía y, pese a ello, lamentablemente, es el área de gestión del Gobierno de la Presidenta Bachelet peor evaluada por los chilenos: solo el 4 por ciento de la población de nuestro país califica bien la labor que se realiza y el 95 por ciento la rechaza, de acuerdo con la encuesta Adimark.
¡Qué difícil, señor Presidente, es cumplir el trabajo que hacen Carabineros de Chile e Investigaciones! ¡Es muy difícil!
En verdad, en el día a día la delincuencia de alguna manera se ha ido apoderando de la calle, faltándoles el respeto a las Policías y generando un cuadro que ha llevado a las regiones algo que antes era monopolio de las ciudades grandes: los portonazos, grupos de personas que ingresan a casas con moradores.
Realmente la tarea se hace muy compleja.
En tal sentido, este es un proyecto potente y positivo desde el punto de vista de lo que significa apoyar el accionar de las Policías, especialmente de Carabineros de Chile, para enfocarse de la mejor manera en el combate a la delincuencia, porque el personal de la Institución que resulte herido durante el ejercicio propio de sus labores -es decir, como consecuencia de actos de servicio- no tendrá que pagar por ello, a diferencia de lo que ocurre hoy día. También les da la confianza y la tranquilidad a los funcionarios de que tanto los tratamientos médicos como psicológicos que reciban para recuperarse serán de cargo del Fisco, sin que medie acto administrativo alguno para que ese derecho legítimo les sea reconocido.
Señor Presidente, muchas veces la gente desconoce la labor que realiza Carabineros. No sabe que si un funcionario sufre un accidente o tiene problema con un vehículo, al final, se le descuenta a él ese arreglo.
En consecuencia, la iniciativa en estudio persigue el objetivo de otorgar al personal de Carabineros el derecho de que los gastos de atención médica originados por accidentes en actos de servicio o enfermedades derivadas del ejercicio de sus funciones sean pagados sin necesidad de un informe administrativo previo. También le reconoce el derecho a la indemnidad de sus remuneraciones frente a daños causados al material, equipos o vehículos institucionales en el cumplimiento de sus deberes.
De esta manera, creo que el combate a la delincuencia, que es una demanda prioritaria de la ciudadanía, se hará con mayor eficacia y mayor eficiencia por parte de Carabineros de Chile, porque el efectivo no correrá el riesgo que enfrenta hoy. Así, si en una persecución policial -como lo planteó el Senador Moreira- el vehículo presenta un desperfecto o el carabinero choca o sufre algún accidente, este no se hará cargo de la situación, sino que, por el contrario, en forma automática habrá un financiamiento para los efectos de que no quede en una condición como la que existe hoy, que, por supuesto, es bastante inhibitoria en lo que respecta al desarrollo de su labor.
En la actualidad Carabineros debe lidiar con el constante hostigamiento de organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, principalmente de su ex Directora, a quien acaban de nombrar Subsecretaria de Derechos Humanos. La verdad es que ella en el último tiempo ha sido una crítica acérrima del trabajo de la policía uniformada, lo que, en mi opinión, debilita en definitiva la labor de Carabineros.
Pienso que también en el trabajo de esa Institución se deben respetar los derechos humanos. Y esto se lo digo derechamente a la ex Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien ni siquiera me contestó cuando le señalé que en cárceles como Punta Peuco había dos o tres personas que tenían alzhéimer. Ni siquiera me respondió: dejó el cargo y se fue. ¡Porque esos derechos humanos no le importan, porque esos derechos humanos son de cierto sector político!
En efecto, Carabineros muchas veces sufre situaciones relacionadas con derechos humanos, las que este proyecto de alguna manera viene a mejorar.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, me ha resultado sorprendente saber que el año 2014 en 109 o 110 casos se sancionó a funcionarios de Carabineros obligándolos a pagar parcial o totalmente la reparación de vehículos, afectando su patrimonio.
A este respecto, es pertinente señalar que el personal de la Cámara Alta cuenta con un seguro contratado por ella para quienes conduzcan los vehículos tanto de Senadores como del Presidente y del Vicepresidente de la Corporación.
No sé si la política de Carabineros sea esa o si hay efectivamente compañías que aseguren el alto riesgo al que se encuentra sujeto un conductor de la Institución, que es permanente no solo en materia de accidentes, sino también de vida. Pero está claro que no pueden ser los conductores quienes asuman el riesgo en el procedimiento, obligados por su función, y deban pagar la reparación de los vehículos.
He leído el informe, y no hay mayor explicación respecto de cómo se aborda eso. Por cierto, es una situación que, de existir, debe resolverse.
Ahora, en este caso especial, el proyecto de ley apunta precisamente a establecer condiciones relacionadas con cómo se asume el gasto de los vehículos que se dañan en el cumplimiento de la función policial. Pero si se trata de algo particular o se incurre en una falta grave distinta de la prestación del servicio o del cumplimiento fiel del deber de los carabineros, es una cosa diferente. Estamos hablando de los daños provocados a los vehículos.
Ciertamente, ese es un tema que esta iniciativa debiera resolver.
Por otro lado, me pregunto si este beneficio se va a extender a la PDI, por cuanto se trata de la misma función, del mismo riesgo, de las mismas labores de conducción, pero que desarrolla la policía civil. Creo que si este proyecto de ley no integra a la PDI existiendo idéntica situación, estamos obligados a resolverlo.
En tal sentido, me comprometo a presentar una moción igual a esta para incorporar, en los mismos términos en que esta iniciativa busca beneficiar y proteger a Carabineros de Chile, al personal de la Policía de Investigaciones y, también, a sus conductores.
¡No podría ser de otra manera!
¡No puede haber discriminación frente a una misma función y a un mismo hecho!
Que eso quede pendiente, para no decir que estamos votando en forma discriminatoria.

El señor PROKURICA.- Así es.

El señor NAVARRO.- Quiero recordar, como lo hemos hecho en más de una oportunidad, que la función de Carabineros implica estar disponibles las 24 horas; y en el caso de los funcionarios solteros que residen en los cuarteles policiales, ese servicio puede superar las 100 horas semanales de trabajo. En el sector privado son 45 horas laborales, y se pueden agregar dos horas extraordinarias al día, lo que implica un máximo de 10 horas a la semana que es posible cancelar por el empleador.
Pero ese no es el caso de Carabineros, que desempeña una función continua.
Por cierto, se ha discutido más de una vez en la Cámara de Diputados y también en el Senado que las horas de tales funcionarios se pueden estirar a 100 en el caso de los solteros, porque siempre están disponibles en el cuartel para acudir a un llamado de prestación de servicios.
Siento que en esta situación particular vamos a tener que velar -y el aumento de personal creo que ha ido en la línea correcta de brindar mayor protección a la ciudadanía- por dar una carga laboral razonable, justa, a Carabineros de Chile. Porque no son como todos los trabajadores, sino que siempre están a disposición del servicio.
Este proyecto, una vez que se cuente con los votos, debiera ser aprobado por unanimidad, para abordar lo relativo a la responsabilidad tanto por uso de material -automóviles u otros- como por salud.
Ahora bien, la resolución administrativa dentro de los treinta días para brindar las prestaciones de salud debe tener su origen. El informe no lo señala. Pero es evidente y claro que Carabineros debiera contar con un seguro de salud para sus funcionarios y en caso alguno el afectado hacerse cargo de los costos de salud derivados de la prestación de servicios.
Eso debiera quedar claro -pensé que lo estaba-. Lo menciono por si han ocurrido, ocurrieren o estén ocurriendo situaciones colaterales. He sabido de carabineros que han sido dados de baja pero que deben hacerse cargo de su condición de invalidez de manera permanente durante el resto de sus vidas, porque han quedado absolutamente impedidos. Sé que muchos de ellos son reinsertados en funciones distintas, es decir, se los acomoda dentro del sistema para aprovechar su experiencia.
Pero, claramente, debe existir o el seguro de salud o la garantía explícita frente a un daño producido por la prestación del servicio propio de Carabineros...
Señor Presidente, ¿me concede veinte segundos?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Continúe, Su Señoría.

El señor NAVARRO.- Gracias, señor Presidente.
Considero que se debe despejar toda duda sobre la materia.
En su momento, votaré a favor del proyecto, teniendo muy claro que es preciso revisar la situación de la PDI, porque lo que es justo para Carabineros también tiene que ser justo para la Policía de Investigaciones de Chile.
Concluyo manifestando mi intención de aprobar la iniciativa.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, este es un proyecto que va en la línea correcta, pues se orienta a aumentar, mejorar y perfeccionar todas las normas que protegen a los carabineros.
Ciertamente, tiene razón el Senador Navarro respecto de la Policía de Investigaciones, ya que tenemos que revisar todo el cuerpo normativo de dicha institución policial para homologarlo con lo que se está haciendo en la Ley Orgánica de Carabineros. Por eso esta iniciativa se refiere solo a Carabineros, pues estamos modificando disposiciones de esa normativa.
Cuando empezábamos a analizar el proyecto y uno conversaba con distintas personas acerca de él, a muchas les sorprendía que si un carabinero estaba persiguiendo a un delincuente al interior de una población en un vehículo y este resultaba dañado, tuviera que cubrir los gastos de la reparación. Sin duda, este es un hecho que el conjunto de la ciudadanía califica de absurdo y que, por ende, se debe modificar legalmente para que en ese caso los gastos sean cubiertos por la Institución, como también aquellos generados por las lesiones o las enfermedades que durante el desempeño de sus funciones sufra el personal del cuadro permanente, sea de nombramiento supremo o institucional.
Por lo tanto, creo que esta legislación va en la línea correcta, pues hay un elemento rector que nosotros debiéramos tener presente: la protección al carabinero.
Los carabineros, al igual que los funcionarios de la PDI -pero principalmente los primeros, por su rol preventivo-, protegen a la ciudadanía. Por consiguiente, como cumplen esa función esencial y básica, no pueden estar desprotegidos.
Cuando uno se encuentra en terreno en distintos sectores (rurales, urbanos; en villas o en poblaciones), ¿cuál es la principal solitud que hacen los vecinos y los dirigentes sociales? Que ojalá exista una tenencia, un retén o una comisaría en la zona. Y, muchas veces, con Carabineros se hace todo un ejercicio para ser cada día más eficientes.
Por ende, como la ciudadanía comprende en forma clara que la tarea del carabinero es protegerlos, nosotros tenemos como función dotar a la policía uniformada no solo de los recursos o las potestades necesarias, sino también de medidas como estas, de protección al personal, para que aquel funcionario u oficial que combate la delincuencia, que actúa protegiendo a la ciudadanía sienta en los hechos que está siendo resguardado, que está actuando en nombre de la ley y en nombre de la autoridad.
No sé cómo podría reaccionar un carabinero que, después de una persecución en un sector rural, en una población, en cualquier lugar donde los delincuentes le tiran los autos encima, tuviera que costear las reparaciones de ese vehículo fiscal. No hay duda de que esto genera cierta inhibición, que se fomenta al sentirse desprotegido.
Nosotros votaremos favorablemente el texto que se propone.
Sin embargo, debiéramos seguir trabajando para que el principio general de este proyecto se exprese en todas y cada una de las normas que regulan el accionar de la policía uniformada.
Carabineros protege a la ciudadanía y, por lo tanto, la ley debe protegerlos.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, valoro la discusión que estamos dando con relación a un proyecto que avanza en consagrar derechos de los carabineros.
El funcionario de a pie -como siempre digo-, el que hace la pega, el que labora bastante más horas que el común de los trabajadores, no puede verse enfrentado a esta situación de anormalidad en la que termina pagando las reparaciones o el mismo vehículo, al igual que los gastos médicos. Como se señala en el informe, se le descuenta de sus remuneraciones el costo de los arreglos de los autos, bienes o equipos institucionales.
Cuando un carabinero está en servicio se encuentra cumpliendo una función que el Estado le ha encomendado, y es precisamente en esos términos en los que debe ser protegido. Eso además le otorga una seguridad y una representatividad de la Institución, respecto de la función que está realizando.
Creo que esta norma -sin lugar a dudas vamos a apoyarla e impulsarla-, si bien tiene una buena intención, también debiera considerar una discusión más amplia, en que no solo se incluya la situación observada (incorporar al personal de la PDI), sino que, además, se plantee una visión más integral.
Hoy más de 60 mil carabineros a lo largo de Chile prestan sus servicios, en las fronteras, en islas, en los grandes sectores urbanos, trabajando en trámites administrativos, operativos, a través de los distintos departamentos existentes. Entonces, se trata de una complejidad enorme.
Yo echo de menos en esta discusión escuchar a las máximas autoridades -sería bueno que en algún momento estuvieran presentes-, pues existe una complejidad enorme en manejar esa cantidad de personal, hoy en día con la incorporación masiva de mujeres, con una distribución a lo largo del territorio. Ello genera una serie de inconvenientes desde el punto de vista médico, de reparaciones, de licencias.
El proyecto, sin lugar a dudas, va en la línea indicada.
Sin embargo, creo que debemos avanzar aún más hacia un estatuto de Carabineros, un estatuto del personal, para que no se vea enfrentado a situaciones francamente irrisorias, como el hecho de que se descuente de sus remuneraciones los gastos por reparaciones de vehículos, de equipos, o, incluso, los gastos en materia de salud.
Entonces, señor Presidente, lo importante es que la Comisión especializada que está viendo este proyecto pueda avanzar en adicionar al personal de la PDI y en contar también con un estatuto mucho mayor para Carabineros, sobre todo para el funcionario que está en la calle, que está desarrollando las tareas permanentes y que se expone, por los desplazamientos o accidentes de tránsito, a situaciones de esa naturaleza.
Anuncio mi voto a favor.
Pero insisto en que considero tremendamente relevante incorporar al personal de la PDI y buscar la concreción de ese estatuto de Carabineros, para abordar otras anomalías que pudieran existir desde el punto de vista administrativo que afectan su gestión, sus remuneraciones y también la capacidad operativa como Institución que todos conocemos.

El señor PÉREZ VARELA.- Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Puede hacer uso de ella, señor Senador.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, ¿qué va a suceder con la votación?
Entiendo que el Senador De Urresti propone que el proyecto vuelva a la Comisión básicamente para analizar dos puntos: primero, lo que había planteado el Senador Navarro respecto de revisar la legislación de la Policía de Investigaciones; y segundo, ver si se pueden incorporar normas adicionales -el Senador De Urresti las señaló en términos generales- para el carabinero que se encuentra en la calle, no sobre un vehículo, sino que haciendo la ronda.
Nosotros no tendríamos dificultad para eso.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- No se puede.

El señor PÉREZ VARELA.- ¿No es posible?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- No es posible porque no tenemos quorum para adoptar acuerdos, Su Señoría.
Les solicito que no me pidan ningún acuerdo, pues podemos tener un problema reglamentario complejo.

El señor PÉREZ VARELA.- Entonces, no voy a pedirle nada, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Muchas gracias.
Por lo tanto, ya que se ha hecho la segunda discusión, mantengo la solicitud de aplazamiento de la votación que formulé en mi calidad de Comité, y le recomendaré a la Presidencia del Senado que esta iniciativa sea ubicada en la próxima sesión ordinaria en el primer lugar del Orden del Día o en la tabla de Fácil Despacho. Le encomiendo al señor Secretario que tome las medidas del caso.
--Queda aplazada la votación en general del proyecto.


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LABBÉ (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ESPINA:
Al señor Alcalde de Lautaro, solicitándole ARREGLO DE VEREDAS EN CALLE PEDRO DE VALDIVIA Y CAMBIO DE TAPA DE ALCANTARILLADO EN VEREDA DE CALLE JOSÉ MIGUEL CARRERA.
Del señor GIRARDI:
Al señor Subsecretario del Medio Ambiente, requiriéndole PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO A REGLAMENTO REGULATORIO DE MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE RESIDUOS Y A FUNDAMENTOS PARA DEROGACIÓN DE DECRETO SUPREMO N° 2, DEL MINISTERIO DE SALUD.
Del señor MATTA:
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándole señalar RAZONES PARA NO APLICACIÓN A TAXIS BÁSICOS REGIONALES DE REGLAMENTO SOBRE "PUBLICIDAD EXTERIOR Y AVISO EN VEHÍCULOS QUE INDICA".
Del señor NAVARRO:
A la señora Ministra de Salud, para que se remita INFORME SOBREÍNDICE DE SALUD EN COMUNA DE PUCHUNCAVÍ.
Al señor Ministro de Agricultura, a fin de pedir INFORME RESPECTO DE DESERTIFICACIÓN EN CADA REGIÓN DE CHILE.
A la señora Ministra de Justicia, para que informe sobre AUTORIZACIONES DE FAENA A MINERA ESCONDIDA EN SALAR DE PUNTA NEGRA.
Al señor Ministro del Medio Ambiente, para que remita antecedentes acerca de CONFLICTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL Y DEVASTACIÓN DE FLORA Y FAUNA EN COMUNA DE TALTAL.
Al señor Superintendente de Casinos de Juego, solicitándole información referida a CANTIDAD DE LOCALES DE JUEGOS DE AZAR A NIVEL NACIONAL, NÚMERO DE MÁQUINAS CLASIFICADAS COMO JUEGOS DE HABILIDAD Y DE AZAR Y REGULACIÓN DE ESTAS ÚLTIMAS.
Al señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, pidiéndole antecedentes relativos a CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS POR PARTE DE MINERA ESCONDIDA.
Al señor Superintendente del Medio Ambiente, solicitándole informar respecto de PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN EFECTUADOS EN SALAR DE PUNTA NEGRA.
Al señor Director del Servicio Nacional de Aduanas, consultándole diversos aspectos relativos a FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS COURIER Y ANTECEDENTES SOBRE SU PERSONAL.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- En Incidentes, el Comité Partido Unión Demócrata Independiente no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Mixto, tiene la palabra el Senador señor Navarro, hasta por ocho minutos.

El señor NAVARRO.- Gracias, señor Presidente, por contar con su presencia decidida y vital en la testera en esta hora de Incidentes.


ACLARACIÓN DE COSTOS Y SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN EN REGIÓN DEL BIOBÍO. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicito que se oficie al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que informe, a fin de tener claridad en la materia, sobre los costos de las reparaciones en diversas obras de reconstrucción en la Región del Biobío.
Entre ellas se encuentran las obras de la población Paso Seco Sur (comuna de Coronel, Región del Biobío), con más de 300 viviendas, respecto de las cuales informes preliminares de organismos especializados, pero también del SERVIU, dan cuenta de que debe demolerse 95 por ciento.
Quiero que se detalle el gasto en que deberá incurrir dicha Secretaría de Estado por tal concepto y que se indique qué pasó con las boletas de garantía. Porque esas viviendas no tienen más de tres años y, al parecer, fueron devueltas por la Administración anterior.
Deseo saber si el Ministerio de Vivienda -y ojalá haya una respuesta expresa- va a iniciar acciones legales, pues no concibo que se haya suscrito un contrato para edificar más de 300 viviendas, que antes de los tres años los informes técnicos señalen que fueron mal construidas y que se hayan devuelto las boletas de garantía a la empresa constructora.
Ahí existe responsabilidad de la Municipalidad de Coronel por la recepción de las obras.
Por eso, pido oficiar también al Municipio de Coronel al objeto de que entregue detalles sobre la recepción de las obras llevadas a cabo en la población Paso Seco Sur.
De otro lado, debo señalar que el conjunto habitacional Mirador del Biobío, que no estaba terminado, fue sometido a reparaciones durante el actual Gobierno, pero, pese a estar concluidos en 90 por ciento los trabajos respectivos, el 10 por ciento restante tuvo un costo superior al del 100 por ciento de la obra.
Estamos hablando de recursos estatales cuya destinación disminuye las disponibilidades para la construcción de viviendas adicionales en una Región donde se registra una alta demanda de los comités de allegados.
Quiero saber cuál fue el gasto en que debió incurrir el SERVIU para las reparaciones y terminaciones pertinentes y, en especial, si se hicieron efectivas acciones legales en contra de la empresa constructora y de los diseñadores del proyecto.
Porque es concebible que en un proyecto exista 10 a 15 por ciento de aumento en el costo de las obras (para quienes son ingenieros y han trabajado en Vialidad -el Senador Horvath, por ejemplo- está claro que hay un rango en que el gasto puede crecer: por motivos naturales, en fin). Pero que para reparar un décimo de la obra se registre un incremento superior a 100 por ciento del costo de construcción de todo el conjunto habitacional habla de un mal diseño, de una estafa, de cualquier cosa, menos de que mediaron transparencia, acuciosidad o fiel cumplimiento del contrato.
Algo similar ha ocurrido con el proyecto Mirador del Pacífico, de la comuna de Talcahuano.
Ya se evaluaron diversos lotes, algunos de los cuales han sido calificados de inviables, por lo que deberán demolerse o repararse.
Además, en este caso se falsificaron los estudios de mecánica de suelos.
Yo les pregunto al SERVIU y al Ministerio de Vivienda si se presentarán acciones legales contra la empresa que falsificó los estudios de mecánica de suelos para construir departamentos destinados a más de 1.100 familias.
¡No se puede jugar con la vida de las personas!
Si el suelo es inestable, con un terremoto los departamentos se caen.
Eso ya ocurrió en mi Región, con pérdida de vidas humanas.
Puede haber cualquier tipo de error, pero no falsificación en los estudios de mecánica de suelos.
Eso sucedió en el Mirador del Pacífico.
Por lo tanto, le solicito al Ministerio de Vivienda detallar cuáles son las acciones legales que va a emprender en contra de los responsables de dicha falsificación, como asimismo señalar el costo de la reparación de todos los departamentos.
Ya lo señalé. La gente dice: "Parezco un gusano. Se han abierto o resquebrajado las paredes; se rompen las cañerías, pues algunos bloques han perdido nivel".
Las juntas de vecinos y los comités de allegados demandaron un acuerdo integral. Se llegó a él. Y me alegro. Pero quiero saber cuánto va a costar y quién va a pagar, y si se emprenderán las acciones legales pertinentes.
Ahora, yo hice una denuncia en el Ministerio Público por otro motivo. Y quiero que se oficie sobre el particular a la Armada de Chile, al Ministerio de Vivienda y al Municipio de Talcahuano, pues terrenos que la Armada vendió a un particular por 4 millones de pesos la hectárea fueron adquiridos a esa persona, no más de seis años después, en 200 millones de pesos la hectárea por el SERVIU para la construcción de departamentos en el Mirador del Pacífico.
¡Allí hay una especulación inmobiliaria cierta!
El destino de esos terrenos cambió el año 2003. Al momento de la venta inicial ya se sabía que tenían uso habitacional.
En consecuencia, es una situación que deben aclarar la Armada, el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Talcahuano.
Eso ocurrió durante el Gobierno anterior, con seremis y directores del SERVIU nombrados por el Presidente Sebastián Piñera.
De ese tipo de escándalos debemos hacernos cargo hoy ante la ciudadanía, para despejar cualquier duda.
Todos esos escándalos sucedieron en la Administración precedente, y le corresponde a la Presidenta Bachelet resolverlos, por el bien de la comunidad.
Se debe aclarar judicialmente qué pasó. Pero, sobre todo, hay que reparar el conjunto habitacional Mirador del Pacífico, pues más de 1.100 familias ven lejos el sueño de la vivienda propia, buena, bonita y, por cierto, duradera.
También está la situación de Los Morritos, en Talcahuano, otro conjunto habitacional cuyas reparaciones, que demandaron una mayor inversión del SERVIU, habían sido abandonadas.
Señor Presidente, deseo conocer los costos, no solo de lo que he mencionado, sino del total de la refacción de conjuntos habitacionales mal construidos que han debido ser reparados durante el actual Gobierno y que son fruto de la reconstrucción fallida realizada en la Región del Biobío.
Por último, pido que se nos señale cuál va a ser el costo adicional para el término del "puente de autos voladores".
Valdivia tiene el Cau Cau, viaducto que nos ha dado fama mundial.
En la Región del Biobío está el "puente de autos voladores", porque ¡se llega al vacío y al otro lado se choca con un cerro...!
¿Cuánto va a costar concluir ese puente, llamado "Bicentenario", que, por una decisión arbitraria del Gobierno anterior, remplazó al puente Industrial?
Estaba el puente Industrial, pero se optó por el Bicentenario.
¡Ahí se encuentra! ¡Siete a ocho años sin ninguna utilidad, sin resolver problema alguno de conectividad!
Señor Presidente, pido enviar en mi nombre los oficios respectivos.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor ZALDIVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Los Comités Partido Por la Democracia, Partido Demócrata Cristiano e Independiente y Partido Renovación Nacional no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el Senador señor De Urresti.


DISCREPANCIA ANTE DICHOS DE SENADOR SEÑOR ALLAMAND RESPECTO A POSICIÓN DE PARTIDO SOCIALISTA SOBRE INACAP. OFICIOS

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, durante las últimas semanas hemos tenido un importante debate con relación al Instituto Nacional de Capacitación.
Me tocó hablar en esta Sala, donde hice ver la trayectoria y la situación del INACAP.
Se ha aludido a nuestra bancada, y a mí en particular, por nuestras intervenciones públicas sobre la materia, señalándose que estaríamos tras un intento de expropiación de esa casa de estudios.
Nada más lejano, pues de lo que se trata es de resguardar adecuadamente los bienes del Estado y donde este tiene participación.
Llama tremendamente la atención que, en su cuenta de Twitter, el Senador Andrés Allamand haya expresado de manera textual: "El intento del PS de estatizar INACAP refleja su sello más profundo: apropiarse del esfuerzo ajeno".
Quiero señalar, señor Presidente, mi absoluta discrepancia ante tal falsedad.
El INACAP fue creado en 1966, durante el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, precisamente con el objetivo de fomentar el aumento de la productividad del sistema económico y, al mismo tiempo, posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida y la movilidad social de los trabajadores.
Dicho Instituto se creó como una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, ligada al sector productivo y cuyo propósito principal era ser un centro de capacitación para los trabajadores.
INACAP fue constituido por escritura pública el 4 de agosto de 1966, y posteriormente se formalizó con el decreto N° 2.541, de septiembre de ese año, del Ministerio de Justicia, que le concedió personalidad jurídica, aprobando así sus estatutos. Concurrieron como socios cofundadores la Corporación de Fomento de la Producción y el Servicio de Cooperación Técnica.
Por tanto, primera precisión: los Senadores socialistas que hemos planteado la inquietud no estamos buscando apropiarnos de un esfuerzo ajeno, sino recuperar lo que es del Estado de Chile y que de manera absolutamente espuria, oscura, se transformó en los últimos días de la dictadura.
En los años ochenta el INACAP fue objeto de una serie de modificaciones estatutarias. Por un lado, en 1981 se convierte en un instituto profesional, y por otro, en 1989 la CORFO reforma sus estatutos para desvincularse orgánicamente de la Corporación INACAP y, en el mismo acto, entregar su administración y control a la Confederación de la Producción y el Comercio.
Por eso, señor Presidente, considero muy importante que hagamos pedagogía y se entienda: pasamos de la CORFO, durante un Gobierno que promovía la participación y la capacitación de los trabajadores -además, en la Administración de Salvador Allende (año 1971) se incorporó a su Consejo Directivo a los trabajadores, a la CUT; a representantes del Ministerio de Educación-, a la Confederación de la Producción y el Comercio. Esto, sin transferencia de patrimonio, sino simplemente mediante la toma de control de su directorio.
Es algo que por lo menos debiera llevarnos a la reflexión. Y me parece relevante que, con los antecedentes que voy a solicitar, esté en la historia de nuestro país.
Específicamente, el 25 de agosto de 1989, en las postrimerías de la dictadura, CORFO renuncia al Consejo Directivo de INACAP. Gracias a este hecho, hoy el referido Consejo es controlado por actores privados.
La conformación del Directorio cuenta actualmente con un representante de la CPC, cinco de la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social (vinculada a ICARE) y uno de SERCOTEC, quien vendría a ser el único representante del Estado en esa instancia privatizada.
Perfectamente, ese Directorio podría estar dotado de mayor legitimidad si en él tuvieran representación el mundo académico de INACAP; organismos de trabajadores y profesionales, como la CUT o la ANEF, y los mismos estudiantes de dicha casa de estudios. De esta manera, la naturaleza institucional de INACAP volvería a rescatar el sentido inicial con que se creó este Instituto, a saber: ser un centro de formación para el mundo de los trabajadores y profesionales de Chile y así mejorar nuestros diversos procesos productivos.
Lo que hemos solicitado es que el Gobierno analice la situación, investigue y dé cuenta a la ciudadanía de cómo se realizó el traspaso en comento.
Nadie de la bancada del Partido Socialista ha pedido que INACAP se expropie, sino que el Estado de Chile investigue y actúe, directamente o a través del Consejo de Defensa del Estado, para recuperar un bien que es de todos los chilenos.
Más allá de los cuestionamientos sobre la legalidad del proceso -insistiremos en conocer su procedencia-, la ética y la transparencia son aspectos que no se advierten en la privatización encubierta del INACAP, que implicó un inmenso daño para nuestro país, considerando además el importante patrimonio involucrado, que se estima en unos 500 millones de dólares, propiedad de todos los chilenos.
Más allá de los visos de legalidad, la operación acusa ribetes que la asemejan a un proceso de receptación.
No se trata aquí de discernir si lo que hace hoy la institución corresponde a lo que necesita el país, o cómo realiza esa tarea, o si su traspaso fue o no legal. El asunto radica en si es legítima la cesión de un patrimonio que es de todos los chilenos, incluidos tanto los empresarios cuanto los trabajadores.
Aquí ha habido una receptación, una apropiación por un sector social, por un sector empresarial, de una institución que es de todos los chilenos.
Con mucha preocupación advertíamos que el Presidente de su Consejo Directivo decía: "Nadie es dueño del INACAP".
Si nadie es dueño, ¿por qué el control lo ejerce única y exclusivamente, y de manera mayoritaria (6 contra 1), la Confederación de la Producción y el Comercio?
Es algo que esperamos que se pueda aclarar.
INACAP debería volver a ser una institución estatal de administración tripartita, articuladora de un sistema de educación técnica y formación profesional para los trabajadores y jóvenes, sin fines de lucro, como este país lo necesita.
Se ha tomado la decisión institucional de crear 15 centros de formación técnica estatales a lo largo de Chile.
¡Vaya que sería necesario y conveniente que el INACAP pudiera vertebrar territorialmente esa formación!
Valoramos a los funcionarios de ese Instituto, a sus académicos, al personal que trabaja allí. Pero no podemos permanecer impávidos ante el proceso mediante el cual se tomó el control del Directorio y se vulneró su objetivo básico de estar, desde 1966, al servicio de la formación de los trabajadores y ciudadanos de este país.
Por eso, señor Presidente, quiero que se oficie al Ministerio de Educación con el objeto de que informe sobre el proceso que llevará adelante para representar la posición del Estado en la referida institución.
A la CORFO, que dio origen a INACAP, para que informe en los mismos términos, desde el punto de vista jurídico y desde la perspectiva de su participación, y nos remita todas las actas que dieron comienzo a la renuncia a ella.
También, pido que se le envíe al Consejo de Defensa del Estado una solicitud formal para que se investigue la situación expuesta y, de igual manera, entregue a esta Corporación antecedentes en cuanto a si en la década de los ochenta o desde cuando se produjo aquella hubo acciones legales o juicios entablados por él para proteger los intereses del Estado (no olvidemos que se trata de una corporación de derecho privado pero con aportes completamente fiscales).
Por último, señor Presidente, deseo dejar muy en claro que, como bancada de los Senadores del Partido Socialista, no vamos a aceptar que un colega de esta Cámara, a quien respeto por sus ideas, señale que "el sello más profundo de los socialistas es apropiarse del esfuerzo ajeno".
¡De ninguna manera!
Lo que estamos haciendo es reivindicar claridad y tratar de recuperar lo que es del Estado de Chile.
No estamos expropiando a nadie ni estatizando nada: simplemente, intentamos recobrar para todos los chilenos lo que es de todos los chilenos.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tomo nota de su petición, señor Senador.
En todo caso, quiero señalarle que los oficios deben hacerse en el sentido de que no se trata de fiscalización.

El señor DE URRESTI.- No, señor Presidente: son para requerir información.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Porque algunos de los términos utilizados por Su Señoría podrían interpretarse en el sentido de que se está fiscalizando.
Por lo tanto, la Secretaría tomará nota de los oficios y procurará que por ningún motivo su texto signifique vulnerar las facultades propias de la Cámara de Diputados.

El señor DE URRESTI.- Son de información, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Bien: se toma nota.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:57.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción