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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 62ª, en martes 15 de noviembre de 2016
Ordinaria
(De 16:22 a 18:56)
PRESIDENCIA DE SEÑORES RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE,
Y JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE, E IVÁN MOREIRA BARROS, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Concurrieron, además, las Ministras de Educación, señora Adriana Delpiano Puelma, y del Trabajo y Previsión Social, señora Ximena Rincón González.
Asimismo, se encontraban presentes la Jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, señora Alejandra Contreras, y el asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco del Río Correa.
Actuó de Secretario General subrogante el señor José Luis Alliende Leiva, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor LAGOS (Presidente).- Las actas de las sesiones 60ª y 61ª, ordinarias, en 8 y 9 de noviembre de 2016, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor LAGOS (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cuatro de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los dos primeros hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", para la tramitación de los siguientes asuntos:
1) Proyecto que modifica la Ley de Tránsito con el objeto de tipificar como falta grave la conducción por el costado izquierdo de la calzada de manera constante en carreteras de dos o más pistas (boletín Nº 10.495-15).
2) Proyecto de acuerdo que aprueba el "Convenio sobre la Ciberdelincuencia", suscrito en Budapest, Hungría, el 23 de noviembre de 2001 (boletín N° 10.682-10).
Con el tercero retira la urgencia que hizo presente para la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para establecer la obligación de recibir en las Comisiones de ambas Cámaras a candidatos a cargos en cuyo nombramiento les corresponda intervenir (boletín N° 10.700-07).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, y la ley N° 20.686, que crea el Ministerio del Deporte, al objeto de incorporar el deporte adaptado y paralímpico (boletín N° 9.837-29).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República:
Comunica su ausencia del territorio nacional entre los días 13 y 16 del mes en curso para dirigirse al Reino de Marruecos a fin de participar en la Cumbre de Cambio Climático (COP22).
Informa sobre la subrogación durante su ausencia por el Ministro titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública, señor Mario Fernández Baeza, con el título de Vicepresidente de la República.
--Se toma conocimiento.
De la Honorable Cámara de Diputados:
Comunica que dio su aprobación al proyecto que modifica la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para establecer la obligación de recibir en las Comisiones de ambas Cámaras a candidatos a cargos en cuyo nombramiento les corresponda intervenir (boletín N° 10.700-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Envía resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 12 de la ley N° 17.322.
-Inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos:
Responde inquietud, planteada en nombre del Senador señor Guillier, sobre la posibilidad de adoptar medidas conducentes a lograr la continuidad de la labor que realiza la Fundación Integral de la Familia para el cumplimiento efectivo de la garantía constitucional de acceso a la justicia.
De la señora Ministra de Salud:
Contesta solicitud de información, formulada en nombre de la Senadora señora Pérez San Martín, sobre la situación de salud en que se encuentran 163 menores del SENAME de la Región de Valparaíso.
Remite respuesta a inquietud, planteada en nombre de la Senadora señora Goic, en cuanto al desarrollo en Punta Arenas del Centro Diurno para Personas con Demencia.
Informa acerca de la implementación de estaciones médico-rurales para atender a la población aislada de las zonas campesinas de la comuna de Collipulli, materia consultada en nombre del Senador señor Quintana.
Del señor Ministro (s) de Agricultura:
Atiende requerimiento, expuesto en nombre del Senador señor Quinteros, para informar sobre las medidas de protección de los pequeños y medianos productores lecheros de la Región de Los Lagos.
De la señora Subsecretaria de Educación:
Da respuesta a petición, hecha en nombre de la Senadora señora Von Baer, para informar acerca del financiamiento del proyecto de reposición de la Escuela Arnoldo Bilbao, de Pelchuquin, en la comuna de Mariquina.
Envía información relativa al estado de avance del proyecto de ley sobre estatuto de los asistentes de la educación, en atención a lo dispuesto en el artículo quincuagésimo primero transitorio de la ley Nº 20.903, materia consultada en nombre del Senador señor García.
Responde inquietud, manifestada en nombre del Senador señor Navarro, sobre injerencia del Ministerio de Educación en la definición y supervisión de los planes y programas de estudios de las escuelas de oficiales de las Fuerzas Armadas.
Contesta solicitud, formulada en nombre del Senador señor Espina, para informar en cuanto a la situación de la Escuela Rural de Coyanco, comuna de Angol, y a si tiene autorización para funcionar como internado.
Envía respuesta a petición, remitida en nombre del Senador señor Matta, para informar respecto a los problemas de infraestructura y hacinamiento de la escuela Hernán Lobos Arias, de la localidad de Certenejas, comuna de Villa Alegre.
Informa sobre la situación que afecta a la creación de la universidad pública estatal en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, materia consultada en nombre del Senador señor Letelier.
Del señor Superintendente de Casinos de Juego:
Atiende preocupación, expresada en nombre del Senador señor Navarro, sobre materias relativas a juegos de azar.
Del señor Superintendente de Electricidad y Combustibles:
Contesta petición de información, remitida en nombre del Senador señor Navarro, con relación a incumplimiento normativo y cortes del suministro de electricidad en los sectores rurales de la Región del Biobío.
Del señor Director Ejecutivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS):
Adjunta antecedentes relativos a las organizaciones de la pesca artesanal de la Región de Los Lagos que fueron beneficiadas con recursos traspasados desde el Gobierno Regional en los últimos tres años, materia consultada en nombre del Senador señor Quinteros.
Del señor Presidente del Banco del Estado:
Informa sobre pólizas contratadas por el Seguro de Protección Global PYME, materia consultada por el Senador señor García.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Mociones
De los Senadores señor Rossi, señora Allende y señores Araya, Espina y Patricio Walker, con la que inician un proyecto de ley para modificar el Código Penal en lo relativo a la determinación de la pena en los delitos de violación y de violación con homicidio (boletín Nº 10.965-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De las Senadoras señoras Goic y Muñoz, con la que dan inicio a un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la multiplicidad de empresas consideradas como un solo empleador (boletín Nº 10.964-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Solicitud de permiso constitucional
Del Senador señor De Urresti, con la que pide autorización para ausentarse del país a contar del 13 de noviembre de 2016.
--Se accede.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Informe
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de reforma de la Carta, en tercer trámite constitucional, que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional (boletines números 9.834-06, 10.330-06, 10.422-06 y 10.443-06, refundidos) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para tabla.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En sesión celebrada esta tarde, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Tratar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy, martes 15 de noviembre, el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que permite la transformación de los institutos profesionales y centros de formación técnica en personas jurídicas de aquellas regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil (boletín N° 10.302-04)

2.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta las 12 del miércoles 30 de noviembre del año en curso, en la Secretaría de la Cámara Alta, al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Coloma, Espina, García-Huidobro, Guillier y Zaldívar, que establece la hora oficial para todo el territorio nacional (boletín N° 10.181-06).

3.- En relación con la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos del sector público del año 2017:
-Realizar sesiones el miércoles 23 de noviembre, de 10 a 14 y de 15:30 a 22, y el jueves 24, de 10 hasta su total despacho.
Fijar plazo para formular indicaciones y solicitar votaciones separadas hasta las 12 del miércoles 23.
4.- Ampliar el mandato de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana para terminar su cometido: hasta el jueves 2 de enero de 2017.


MINUTO DE SILENCIO POR MUERTE EN ACTO DE SERVICIO DE SARGENTO SEÑOR HANS KNOPKE Y DE CARABINERO SEÑOR LUIS DÍAZ

El señor LAGOS (Presidente).- Les pido a Sus Señorías guardar un minuto de silencio por el deceso del Sargento segundo señor Hans Knopke Briones y del Carabinero señor Luis Díaz Manríquez, registrado el último fin de semana mientras cumplían su deber persiguiendo a delincuentes.
La Cámara Alta rinde este respetuoso tributo a su familia y a su Institución a petición de varios Senadores y Senadoras, como reconocimiento a los carabineros en servicio activo que día a día exponen su vida para protegernos a nosotros, los chilenos.
--La Sala guarda un minuto de silencio.
El señor LAGOS (Presidente).- Muchas gracias.
)------------(

El señor LAGOS (Presidente).- Para la tramitación del primer proyecto de ley, se ha pedido autorización al objeto de que acompañe en la Sala a la señora Ministra de Educación la Jefa de la División de Educación Superior, doña Alejandra Contreras.
¿Les parece?

El señor PIZARRO.- Conforme.
--Así se acuerda.
V. ORDEN DEL DÍA



TRANSFORMACIÓN DE INSTITUTOS PROFESIONALES Y CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA EN CORPORACIONES DE DERECHO PRIVADO SIN FINES DE LUCRO


El señor LAGOS (Presidente).- Corresponde discutir el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que permite la transformación de los institutos profesionales y centros de formación técnica en corporaciones reguladas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con urgencia calificada de "suma" (boletines N°s 10.261-04 y 10.302-04).
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (10.261-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Lagos, Montes y Zaldívar):
En primer trámite: sesión 44ª, en 18 de agosto de 2015 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (10.302-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Letelier y Quintana):
En primer trámite: sesión 52ª, en 15 de septiembre de 2015 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 61ª, en 9 de noviembre de 2016.
Informes de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 7ª, en 5 de abril de 2016.
Educación y Cultura (segundo): sesión 53ª, en 5 de octubre de 2016.
Hacienda: sesión 53ª, en 5 de octubre de 2016.
Discusión:
Sesiones 11ª, en 19 de abril de 2016 (queda para segunda discusión en general); 47ª, en 7 de septiembre de 2016 (se aprueba en general); 54ª, en 11 de octubre de 2016 (se aprueba en particular).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Este proyecto inició su tramitación en el Senado, y en el segundo trámite constitucional la Honorable Cámara de Diputados efectuó en el artículo transitorio una enmienda, consistente en remplazar por uno de dos años el plazo de un año dispuesto para otorgar la escritura pública donde conste el aporte o donación que dicha norma contempla.
Para aprobar la mencionada enmienda se requieren 19 votos favorables, por incidir en una norma de rango orgánico constitucional.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se transcriben el texto aprobado por el Senado y la modificación que introdujo la Cámara de Diputados.
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión la enmienda que introdujo la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Educación, Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, la indicación que Su Excelencia la Presidenta de la República formuló al objeto de aumentar de uno a dos años -ese es básicamente el tema que nos ocupa- el plazo para otorgar la escritura pública donde conste el aporte o la donación a las corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro fue aprobada en la Cámara Baja por 69 votos a favor, 40 en contra y una abstención.
Por lo tanto, yo solicitaría del Honorable Senado que tuviéramos a bien aprobar la referida modificación.
Como sabemos, este proyecto tiende a dar facilidades a los centros de formación técnica e institutos profesionales que quieran hacerlo -o sea, es absolutamente voluntario- para transformarse en personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro.
En la iniciativa se contempla una serie de incentivos, de franquicias con el objeto de facilitar aquella decisión voluntaria.
No quiero entrar al detalle, pues la materia se discutió lata y exhaustivamente en el momento oportuno. Pero creo que esta Alta Corporación debiera acoger la enmienda en comento -como expresé, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados-, para permitir el total despacho del proyecto.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Señor Presidente, este es un tema que ya vimos aquí, en el Senado.
En la Cámara de Diputados, la única modificación que se hizo al texto despachado en el primer trámite es la que ocupa ahora a esta Sala, que nació de una indicación del Ejecutivo dirigida a ampliar el plazo fijado a las instituciones que quieran acceder al beneficio pertinente, que era de un año: ahora se plantean dos años. Ello, pensando sobre todo que muchas no tomarán la decisión a comienzos de año, sino a mediados de año, por haberse visto afectadas por los meses de menor activación educativa y económica; por ejemplo, los de verano.
Solo quiero recordarles a los señores parlamentarios que, concretamente, la enmienda en comento está relacionada con la norma que dispone que "El aporte o donación no deberá sujetarse al trámite de insinuación"; que "El aporte o donación que efectúen las entidades organizadoras o sus relacionadas deberá constar en escritura pública otorgada al efecto", en fin. Hay una serie de exenciones que establece Hacienda en esta materia.
Atendidos dichos aspectos, y para facilitarles la vida a quienes deseen cambiar de una condición jurídica a otra, se pidió en la Cámara de Diputados que, manteniendo todos los requisitos que contiene el proyecto en el ámbito de la acreditación y la certificación, se agregara un año más para realizar el trámite correspondiente.
No es más que eso, señor Presidente. Pero, por cierto, tendrá un impacto positivo en la decisión que tomen las instituciones que quieran transformarse.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, este proyecto, que está en la última parte de su tramitación, no fue acompañado por nosotros; de hecho, lo votamos en contra. Porque se les dice a los centros de formación técnica y a los institutos profesionales: "Si usted quiere, se cambia a ser sin fines de lucro. Para efectuar la transformación se le dan estas y otras posibilidades". Pero el cambio es obligado; es como con una pistola en la sien, pues si no lo realizan no van a poder tener gratuidad.
Eso fue lo que vimos -de hecho, está presentado así- en la Glosa respectiva.
Este año, la Glosa atinente a gratuidad para los CFT y los IP establece requisitos. Sin embargo, el tratamiento que se les da a los centros de formación técnica y a los institutos profesionales estatales es distinto del que se les otorga a los similares privados. En efecto, para los estatales no hay ningún tipo de requisito; todos sus estudiantes tienen gratuidad. Para los CFT y los IP privados sí existen requisitos; no todos los educandos tienen gratuidad: son discriminados.
¿Cuáles son las discriminaciones?
En el caso de los privados se pide, uno, que se encuentren acreditados por cuatro años o más; los estatales no necesitan acreditación. Y dos, que estén organizados como personas jurídicas sin fines de lucro y que, en caso de tener controladores, estos sean personas naturales o jurídicas sin fines de lucro.
Para que puedan hacer la transición se necesita este proyecto de ley.
Llama la atención, señor Presidente, que la Glosa sobre gratuidad, lejos de asumir el fallo del Tribunal Constitucional de 2015, lo vulnera totalmente, pues reitera en forma casi idéntica los vicios de inconstitucionalidad de ese año.
Por lo tanto, esa Glosa es inconstitucional, igual como lo era en 2015. Y esto llama mucho la atención, pues el Gobierno la escribió teniendo el mencionado fallo -imagino yo- encima de su escritorio.
El Tribunal Constitucional, respecto a la Glosa del año precedente, dice: "En consecuencia, de conformidad con lo razonado previamente y habiéndose establecido que la Glosa 05 discrimina arbitrariamente entre los propios estudiantes provenientes de los hogares pertenecientes a los cinco primeros deciles de menores ingresos del país, pues les impone requisitos adicionales a su condición personal -ya de por sí vulnerable-, cuyo cumplimiento no depende en absoluto de ellos. Estos criterios de diferenciación no guardan ninguna relación con el fin que persigue el destino de los recursos contemplados, cual es, el de garantizar el derecho social a la educación a aquellos titulares del mismo que se encuentran en igual condición de vulnerabilidad.".
¿Qué ocurre aquí? Se hace exactamente lo mismo que el año pasado y que fue rechazado por el Tribunal Constitucional.
Por ejemplo, hay dos hermanos de igual nivel socioeconómico. Uno va a un centro de formación técnica estatal que carece de acreditación, y tiene derecho a gratuidad. Su hermano asiste a un CFT privado, el cual tiene como controlador a una persona con fin de lucro, el que está permitido por ley: este alumno no va a tener derecho a gratuidad.
Esa -el Tribunal Constitucional lo dice- es una condición que no depende del estudiante. Por lo tanto, es inconstitucional.
Después podemos tener a un educando que va a un centro de formación técnica privado sin fines de lucro pero que se encuentra con tres años de acreditación: ese alumno tampoco va a tener derecho a la gratuidad.
Pero lo más increíble de todo es que el Gobierno vuelve a tropezar con la misma piedra.
¡Como que no hubiese leído el fallo del Tribunal Constitucional!
Entonces, uno no comprende por qué se vuelve a cometer exactamente el mismo error.
Adicionalmente, señor Presidente, a propósito del proyecto que nos ocupa esta tarde, ya estamos escuchando voces que dicen que no se halla bien hecho y que parece que será necesaria una ley corta para solucionar problemas de que adolece su texto: en lo relativo a los inmuebles, etcétera.
¡Exactamente el mismo problema registrado con los colegios!
Entonces, uno pregunta: si estamos tramitando apurados un proyecto de ley a fin de que se halle listo antes del Presupuesto para que los institutos profesionales puedan cambiar su estructura jurídica, ¿por qué ello no se hizo bien? ¡Si ya se está considerando de nuevo una ley corta!
Y fíjese, señor Presidente, que los propios parlamentarios de Gobierno también la están pidiendo en el caso de los colegios. ¿Por qué? Porque el cuerpo legal quedó mal hecho. No resulta. No funciona.
Entonces, solo deseo consignar que nosotros vamos a abstenernos.
La iniciativa que nos ocupa ya se encuentra en el último trámite. Mas sí se halla cien por ciento claro que, aunque sea aprobada antes de terminar la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos, la glosa de la gratuidad es inconstitucional.
Y vamos a defender el derecho al beneficio de parte de todos los estudiantes de un cierto nivel socioeconómico y que vayan a instituciones con un cierto grado de calidad, porque el Tribunal Constitucional dice, con una claridad total, que la única diferencia posible es por uno y otro factor.
¿Me concede algunos segundos para concluir, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).- Por supuesto.

La señora VON BAER.- Gracias.
El Gobierno no cumple con ninguna de esas dos características, sino que establece otras discriminaciones totalmente arbitrarias.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Solo deseo recordar que la norma en examen, la cual es de quorum,...

El señor BIANCHI.- ¿Se puede abrir la votación?

El señor LAGOS (Presidente).- ... persigue que el plazo se extienda en pro de la transformación. No va al fondo. Lo anterior, más allá de los argumentos dados respecto de la glosa y la forma del financiamiento.
Formulo la advertencia por haberse pedido abrir la votación.

El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor LAGOS (Presidente).- Su Señoría puede intervenir antes.

El señor LETELIER.- No comparto la posición de que una norma tendiente a la modificación de un plazo de uno a dos años es de quorum especial, lo que no tiene que ver con las facultades permanentes de una institución y la manera como la Constitución establece ciertos derechos.
Cuando en la Ley General de Educación, en general, se abordan aspectos del nivel superior y se determinan quiénes son los actores y la forma como se regula, eso bien puede decir relación con normas de rango orgánico constitucional. Pero no todas las materias incluidas en el articulado presentan, de por sí, la misma categoría. Y en el caso en estudio, que tiene que ver con un plazo y la transición, no observo cuál es el fundamento -usted me perdonará, señor Presidente- para determinar que ello corresponde a dicha jerarquía.
Por ende, soy partidario de que se abra la votación, pero no estoy disponible para que se fije este criterio restrictivo de la facultad del Congreso Nacional. Pido pronunciarse sobre la base de lo que es el asunto, el cual constituye un proyecto de ley simple. No se trata de más atribuciones, sino de a partir de cuándo operará la nueva regulación, y no creo que eso merezca la calificación que se le ha atribuido.
Si me pueden dar razones para pensar lo contrario, mi mente está abierta para ser convencido.

El señor LAGOS (Presidente).- Tal vez como información acerca del punto, que es bastante relevante, cabe recordar que la aprobación en el Senado fue con quorum especial, en su oportunidad. La Cámara de Diputados hizo lo mismo. Lo expongo, no por compartir el criterio, sino para consignar lo ocurrido.
La cuestión fue discutida en la reunión de Comités que sostuvimos hace un rato -me parece que el Honorable señor Montes la planteó- y se señaló que debería requerirse un quorum especial.
Ahora, sin perjuicio de ello, lo que procedería, si hubiera una dificultad, es dedicar un tiempo, con los Comités y el señor Secretario, a resolver como corresponde.
No tengo una opinión definitiva, para ser bien franco, porque entiendo el argumento detrás en el sentido de que una cosa son las funciones, los actores, las atribuciones, etcétera, y otra distinta el momento en que algo entra a regir.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, quisiera precisar, con relación a lo manifestado por la Senadora señora Von Baer, que no estamos debatiendo acerca de la glosa y la Partida respectivas. Es algo que no tiene nada que ver con el articulado en análisis: se halla en el proyecto de Ley de Presupuestos.
Por supuesto, ello dará lugar a una discusión. La sostuvimos el año pasado y la llevaremos a cabo ahora.
Esta es la primera aclaración.
La segunda es que la distinción que Su Señoría hace entre las entidades, según sean o no estatales, es teórica, porque no hay centros de formación técnica o institutos profesionales estatales. La norma se contempla por los centros que habrá el próximo año.
Cabe consignar, ante lo que parecía ser una discriminación entre unos y otros, que en Chile no hay una oferta estatal en educación superior técnica. Por eso es que estamos creando quince centros.
En tercer lugar, no media una cuestión respecto de los inmuebles. ¡Ninguna! ¡Cero! Eso tuvo que ver con la iniciativa de la inclusión -y todos sabemos que el Gobierno tiene toda la disposición para enviar otra a fin de aclararlo, ya que efectivamente es un problema en la educación escolar-, pero no con la que debatimos ahora.
Entonces, estamos considerando tres posibilidades: la transformación, propiamente tal, en una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro; la fusión, y la constitución de una nueva persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, con la mantención de la continuidad académica.
¿Y qué estamos haciendo? Damos facilidades: "podrán acogerse al presente artículo los aportes o donaciones que efectúen las demás personas o entidades relacionadas con las entidades organizadoras".
En seguida, los aportes o donaciones "tendrán la calidad de gasto necesario para producir la renta". Esto es clave para las instituciones que quieran acogerse a la ley.
De hecho, se conversó con muchas de ellas.
Se elimina el trámite de la insinuación.
Se dispone que "La donación o aporte de los bienes deberán efectuarse a su valor tributario".
Y, finalmente, el que era plazo de un año, contado desde la publicación del cuerpo legal, será de dos.
Es todo. Eso es lo que estamos aprobando.
El articulado facilita las cosas para los centros de formación técnica e institutos profesionales que voluntariamente se acojan a la transformación. No se vincula para nada con la ley de inclusión, que es obligatoria al 31 de diciembre del otro año.
Quería hacer estas aclaraciones para que se comprendiera bien qué estamos votando en el texto, que no tiene nada que ver -repito- con la Ley de Presupuestos ni con los inmuebles.
Y lo del carácter estatal de las entidades es teórico, porque no hay centros de formación técnica e institutos profesionales de esa índole, salvo los centros que se crearán.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, juzgo importante considerar lo planteado por la Honorable señora Von Baer, aunque comparto lo expuesto por mi colega Ignacio Walker en orden a que no tiene nada que ver con la iniciativa. Pero lo que ella ha hecho es anunciar lo que realizarán frente al proyecto de Ley de Presupuestos, que votaremos la próxima semana, y a la glosa sobre la gratuidad, en particular.
Me pongo en la hipótesis de que la señora Senadora tenga razón y de que el Tribunal Constitucional nuevamente haga lo que ella cree, que es cuestionar el mecanismo. Creo que el Ejecutivo debe tener presente el punto y disponer de una opción, porque la alternativa, en el caso extremo de que dicho organismo insista en lo mismo, no es otra que una línea de financiamiento directamente a la oferta, a las universidades, por el hecho de existir y de formar, lo que nadie podría impedirle al Estado. Y podrían ser solo las estatales o agregarse otras, pero es una posibilidad. Estimo que para eso sirve lo expuesto por Su Señoría, ya que permite tener preparada la medida.
En la Cámara de Diputados ya no se presentó ninguna indicación modificatoria. Acabo de ir a ver y no hay ninguna al respecto, suponiendo que pudiera tener lugar lo que ella dice.
Insisto en que la alternativa es el subsidio a la oferta, que tiene buena parte de los países, el cual no se vincula con la cantidad y las características de los alumnos, sino con el hecho de proveer un servicio y cumplir una función pública.
Que ello lo tenga presente el Ejecutivo.
Es preciso tomar los modelos de otros lados, en la medida en que eso sea posible ante el camino tan complejo por el que hemos ido avanzando para el financiamiento de los estudios.
Como es obvio, no voy a meterme en lo de la inclusión o no de la gratuidad, porque todo el financiamiento de los estudiantes, desde que existe, ha sido por la vía de la glosa presupuestaria. Todo. Paradójicamente, el CAE es lo único que no se ha hecho en esa forma, y se encuentra lleno de problemas.
En cuanto al proyecto, lo de extender de un año a dos el plazo para el otorgamiento de la escritura, que es lo fundamental en la presente votación, fue discutido y concordado en la Cámara de Diputados, y está bien.
A veces dan ganas de saber exactamente qué alumnos, de qué universidades y con qué características, serán los favorecidos potenciales, porque eso permitiría contrarrestar los argumentos esgrimidos al frente para cuestionar el hecho de que los beneficios se estarían concentrando en determinados sectores e instituciones.
Sería bueno conocer cuántas entidades dicen relación con lo laico, cuántas con lo católico, cuántas con la Región Metropolitana y cuántas con otras regiones para poder llegar a una opinión un poquito más objetiva. Probablemente, el Ministerio cuenta con antecedentes al respecto, como el de los beneficiarios potenciales, y ojalá sean entregados a fin de tenerlos muy presentes.
Voy a pronunciarme a favor.
Pido abrir la votación, señor Presidente, si usted lo estima adecuado, y que haya algún tiempo para que los Senadores puedan venir a la Sala.

El señor LAGOS (Presidente).- Se tocarán los timbres.
En votación la enmienda introducida por la Cámara de Diputados.
--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, apruebo la ampliación del plazo, con la convicción de que no se requiere un quorum especial.
No estoy disponible para ser parte en la fijación de un precedente relativo a que la extensión referida, en un articulado, se somete a tal requisito. Sin duda, al incidir en la organización de la educación superior, la mayor parte del texto tiene que ver con normas de quorum especial, pero abrigo la certeza de que no es posible entender que ello comprende la modificación introducida por la Cámara de Diputados, que solo agrega doce meses más para la vigencia del otorgamiento de la escritura pública.
Votaré que sí, como la mayoría, pero deseo dejar constancia de mi posición.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la enmienda introducida por la Cámara de Diputados, dejándose constancia, para los efectos del quorum constitucional exigido, de que se registran 20 votos a favor y 8 abstenciones.
Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Se abstuvieron las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Espina, García, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira y Pérez Varela.

El señor LAGOS (Presidente).- El Honorable señor Quinteros consigna su intención de voto a favor.
En cuanto a lo planteado por el Honorable señor Letelier, hago presente -más allá de que se emitieron veinte pronunciamientos por la aprobación, esto es, considerablemente más que los requeridos por el supuesto quorum-, que Su Señoría no es el único con esa percepción. Opino que la modificación del plazo no requiere un quorum especial.
Lo señalo para el efecto de no fijar un precedente.




INCORPORACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO Y PARALÍMPICO EN LEY DEL RAMO


El señor LAGOS (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica las leyes N° 19.712, del Deporte, y N° 20.686, que crea el Ministerio del Deporte, a fin de incorporar el deporte adaptado y paralímpico, con segundo informe de la Comisión de Educación y Cultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.837-29) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 27ª, en 10 de junio de 2015 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 45ª, en 6 de septiembre de 2016.
Educación y Cultura (segundo): sesión 60ª, en 8 de noviembre de 2016.
Discusión:
Sesión 45ª, en 6 de septiembre de 2016 (se aprueba en general).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- La Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 2° no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que conserva los términos en que fue aprobado en general.
Lo mismo ocurre con el artículo 1°, exceptuados los números 5 y 8.
En consecuencia, estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su votación o discusión.
--Se aprueban reglamentariamente.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El órgano técnico efectuó dos enmiendas al proyecto de ley sancionado en general, acordadas por unanimidad, por lo que deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición respecto de alguna de ellas.
Su Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado cuya tercera columna transcribe las modificaciones introducidas, en tanto que la cuarta contiene el texto que quedaría de ser acogidas.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En la discusión particular, tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura.


El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, seré muy breve.
Esta es una iniciativa de bastante importancia. En Chile hay un millón 200 mil personas con discapacidad, lo que muchas veces permanece como una realidad muy invisible o invisibilizada.
Por cierto, uno de los aspectos que han salido a relucir a propósito de los Juegos Paralímpicos es justamente el proyecto de ley en debate, que incorpora el deporte adaptado y el deporte paralímpico, es decir, aquellos que se realizan cotidianamente, pero para personas con discapacidad.
Eso hace este proyecto, que en su oportunidad aprobamos en general.
La Comisión de Educación y Cultura, por unanimidad, aprobó dos indicaciones, que son muy simples.
La primera de ellas refunde dos incisos aprobados en general, estableciendo obligaciones de los planes y programas de la Política Nacional en relación con las personas en situación de discapacidad, política que señala el deber de "contar, de conformidad a la ley, con instalaciones adaptadas y accesibles para la práctica del deporte.".
Junto con ello, obliga a las federaciones deportivas respectivas a adaptar sus reglamentos a este requerimiento.
Esa es la primera indicación.
La segunda hace aplicable en esta materia lo prevenido en el párrafo 1° del Título IV de la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. En dicho cuerpo normativo se consigna que "el Estado, a través de los organismos competentes, impulsará y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad universal".
Además, hay otras normas sobre obligaciones de edificios de uso público y también establecimientos comerciales, industriales y de servicios públicos o privados.
Por lo tanto, la Comisión recomienda, por la unanimidad de sus miembros, aprobar las dos enmiendas que he mencionado.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Más claro imposible, Senador señor Ignacio Walker.

El señor BIANCHI.- Abramos la votación, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Muy bien.
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
Así se acuerda.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, voy a votar a favor del proyecto de ley en examen.
Recordemos que el neurólogo británico de origen alemán, Poppa Guttmann, fue el autor intelectual de los Juegos Paralímpicos. Él, en 1948, pensó en organizar, en coincidencia con los Juegos Olímpicos de Londres de ese año, una competencia de arquería entre 16 pacientes del hospital para lesiones espinales ubicado en Stoke Mandeville, ciudad que queda a unos kilómetros de Londres.
La primera edición de los Juegos Paralímpicos tuvo lugar, sin embargo, en Roma, en 1960, cuando Antonio Maglio, entonces Director del Centro de Lesionados Medulares de Ostia, propuso que los IX Juegos Internacionales de Stoke se celebraran aquel año en la capital italiana, coincidiendo con los XVII Juegos Olímpicos.
La primera olimpiada para discapacitados contó con una participación importante y generó un espacio para esta idea.
El objetivo del proyecto es adecuar la legislación vigente en esta materia -esto es, la Ley del Deporte y la ley que crea el Ministerio del Deporte-, de manera de incorporar en ella el deporte paralímpico y el de carácter adaptado, e introducir las modificaciones orgánicas para la creación y funcionamiento del Comité Paralímpico de Chile, con sus fines propios.
Creo que esta es una buena idea, señor Presidente.
Además, nuestros competidores, dentro de los cuales recuerdo al doctor Pablo Araya y a otros, nos han dado muy buenos resultados en las competencias paralímpicas.
Por supuesto, felicito a los autores de esta, a mi juicio, buena iniciativa.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, ya discutimos este proyecto de ley en general.
Es de tremendo valor que el Ministerio del Deporte incorpore el deporte adaptado y paralímpico.
Existe, sin duda, una mayor comprensión en cuanto a que esta es un área de inclusión de personas con capacidades distintas al quehacer nacional.
No quiero hacerme parte de la idea de que ese millón 200 mil personas con discapacidad en Chile que señalaba el Senador Ignacio Walker sea el objeto de este proyecto. Eso sería distorsionar las cifras. Porque, evidentemente, hay un porcentaje de ese millón 200 mil -el número puede ser incluso mayor- que tiene ciertas discapacidades visuales, pero no por eso se trata de personas que califican para el deporte adaptado y paralímpico. Creo que todos entendemos perfectamente que esta es un área donde hubo una omisión cuando se creó el Ministerio del Deporte. Hoy se subsana.
Me parece que esta iniciativa, junto con aquella que plantea la inclusión en materias laborales a personas con discapacidad, y junto con leyes que han permitido terminar con el anacronismo de pensar que no puede haber una persona sordomuda que ejerza como notario, o trabajador del Poder Judicial o cumplir otras funciones, son todas acciones realizadas durante este Gobierno, precisamente para subrayar un concepto que todos compartimos y que algunos proponemos y promovemos con más fuerza: la inclusión de personas con capacidades distintas.
Vamos a votar a favor.
Deseo que en nuestro país el Comité Olímpico de Chile y las federaciones de deportes también se abran y se adecúen cada vez más a lo que es la inclusión del deporte adaptado y el paralímpico. También es necesario que se entienda la necesidad de la generación de espacios, como se ha hecho en algunos deportes recientemente que han incorporado a las mujeres. Porque, de verdad, todavía se notan algunos que tienen sesgo de género bastante anacrónico. Creo que en esta materia también vamos a poder avanzar.
Saludo el esfuerzo que se ha hecho. Y espero que el Comité Olímpico y las federaciones deportivas sean coadyuvantes de este proceso, que es fundamental, y que el Ministerio pueda contribuir a colaborar con él.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el artículo 4° bis del proyecto señala de manera textual: "Los planes y programas de la Política Nacional del Deporte deberán asegurar a todas las personas en situación de discapacidad, incluyendo a los deportistas adaptados o paralímpicos, el derecho a la educación física, a la práctica deportiva, a la salud, al bienestar físico y mental, a la integración, al ocio y a las posibilidades que el deporte ofrece".
Yo soy de la idea de que el Ministerio es el que debe garantizar la inclusión. Ella no puede descansar solo en los planes y programas. La norma debiera decir: "El Ministerio del Deporte, a través de los planes y programas de la Política Nacional, deberá asegurar", etcétera. Esta tiene que ser una política institucional.
Lo segundo, está claro que no va a haber una política para los deportes paralímpicos o adaptados si no hay recursos.
La pregunta es: ¿Cuántas lucas hay en el Presupuesto 2017 para ese objetivo, que será ley de la República? ¿Con cuánto nos vamos a poner?
Si estamos aprobando un proyecto que habla de la integración y, particularmente, del apoyo, uno tiene que señalar: "Bueno, aseguramos que el 2017 se incluyan recursos para partir con este apoyo".
Porque, he escuchado a los deportistas olímpicos decir que sus familias les financian sus carreras, que están abandonados, que el Comité Olímpico siempre es un gran problema, que viajan más dirigentes que deportistas.
Ahora creamos un Comité Paralímpico.
Entonces, aprendamos de las lecciones. Es decir, el Comité Paralímpico debe ser un comité que haya aprendido de las lecciones que ha dado el deporte olímpico, que tiene solo críticas.
Yo no he escuchado a ningún deportista olímpico que hable bien del sistema de apoyo para el deporte de alto rendimiento. Tenemos un grave problema con los dirigentes, con la institucionalidad.
Por lo tanto, esta es una gran oportunidad para hacer las cosas bien, para que efectivamente haya recursos -un mínimo- y una proyección de aquellos para el 2017.
Además, es necesario un catastro y una política de fomento inmediata.
¿Cuántos deportistas paralímpicos tenemos hoy? ¿Cuántos podemos formar?
Porque no se compite olímpicamente de la noche a la mañana. Este es un proceso.
Y, especialmente, se requiere la promoción de la integración dentro de los establecimientos educacionales. Tenemos problemas de integración. A mi juicio, si al interior de los planteles de educación se fomenta el deporte paralímpico para que los niños puedan optar, vamos a necesitar profesores especializados en educación física para discapacitados o integrados. Y eso significa un esfuerzo con el Ministerio de Educación.
Recién estaba en la Sala la Ministra de dicha Cartera; seguramente no leyó en la tabla el proyecto que venía enseguida.
Creo que se van a necesitar medidas muy concretas para que esta iniciativa funcione, para que no sea letra muerta ni una normativa más, aunque muy bien intencionada, de consenso. La idea es que tengamos una política institucional dentro del Ministerio del Deporte.
Se requiere una política especial. No debemos someter esto a los mismos mecanismos que rigen hoy para todo el deporte: concursos para obtener recursos. Debiera operar un sistema de asignación para programas especiales, sin ningún tipo de concursos.
No es posible que, además de la carga que deben soportar por la discriminación y muchas veces la exclusión, estos deportistas tengan que competir en igualdad de condiciones.
Entonces, la pregunta es si, para participar en los proyectos de financiamiento, a los deportistas paralímpicos se les va a exigir lo mismo que a los olímpicos y a los que practican en clubes cualquier otro deporte: gimnasia, atletismo, fútbol, artes marciales.
Yo siento que este sistema debiera partir durante un período -un proceso de cuatro o cinco años- donde haya asignación directa y se financien los programas sin concursar, mediante el establecimiento de un fomento directo al deporte paralímpico y de integración.
Anuncio que me pronunciaré a favor, señor Presidente. Y espero que en el proyecto de ley de Presupuestos, que vamos a votar en esta Sala en unos días más, cuando veamos el Ministerio del Deporte su titular, doña Natalia Riffo, nos pueda informar exactamente cuántos recursos hay. Si no los hubiera o fueran insuficientes, me gustaría contar con la unanimidad de los Senadores que integran este Hemiciclo para decirle al Ministro de Hacienda que debe incorporar recursos a la iniciativa de ley que estamos aprobando y que resulta muy importante.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor MOREIRA.- ¡No más Nueva Mayoría...!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, sin duda, las modificaciones de los últimos años a la institucionalidad deportiva han sido muy importantes.
La experiencia me permite señalar que quizá no dejamos bien resuelta la relación entre el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes.
Creo que eso no quedó bien resuelto.
Lamentablemente, repetimos el error con el Ministerio de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer, y volvimos a reiterarlo con la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo.
Tenemos un problema de diseños institucionales ahí.
Sin embargo, el tema de mi intervención no tiene que ver con ello, sino con la inclusión.
Quiero destacar a los autores del proyecto y a aquellos Diputados que han trabajado fuertemente por la inclusión de personas con capacidades diferentes.
Hoy la inclusión se manifiesta, a través de la presente iniciativa, en la institucionalidad deportiva.
Eso es muy importante.
El Servicio Nacional de la Discapacidad define el deporte adaptado como la modalidad deportiva en la que se han modificado algunas reglas para permitir la participación de personas en situación de discapacidad, evitando perder la esencia de determinadas disciplinas.
El contenido del proyecto se enmarca en tres propuestas de modificación a la actual Ley del Deporte.
La primera de ellas propone actualizar el concepto de "discapacidad". La ley utiliza la expresión "discapacitados". Sin embargo, desde el 2008, producto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la forma correcta de referirse a ellas es "personas en situación de discapacidad".
Por otra parte, una segunda propuesta pretende fomentar el deporte adaptado y el deporte paralímpico. La actual Ley del Deporte y la que crea el Ministerio del ramo se refieren al deporte en términos generales. No existen referencias especiales en la legislación vigente al deporte adaptado y paralímpico, en la política nacional sobre la materia, con relación a los planes y programas que se deben desarrollar. Tampoco se fomenta este tipo de deporte en los ámbitos escolar, recreativo o de alto rendimiento.
Es decir, hoy día no hay obligación alguna de la autoridad pública para fomentar este tipo de actividades o para realizarlas.
Por último, se propone incluir a los deportistas en situación de discapacidad en los consejos consultivos. El consejo consultivo regional tiene la función de "evacuar consultas, sugerencias, observaciones o proposiciones, respecto de materias de competencia de las Direcciones Regionales".
Asimismo, dentro de los aspectos destacables, consideramos que la inclusión de deportistas en situación de discapacidad, tanto en los consejos consultivos regionales como en el Consejo Nacional del Deporte, es un avance importante en la participación ciudadana.
Otro aspecto relevante del proyecto de ley es la inclusión de planes y programas referentes al deporte adaptado y paralímpico en la política nacional de deporte.
No olvidemos que el instrumento destinado a definir las actividades deportivas es la política nacional de deporte.
Por lo tanto, permitir la incorporación, a través de la ley, de una política referida a actividades propias del deporte paralímpico o adaptado es muy importante, porque va a marcar un antes y un después.
Creo que hay un avance significativo en estos aspectos.
Señor Presidente, hoy estamos discutiendo la posibilidad de incorporar a las personas en situación de discapacidad en el ámbito del deporte competitivo, lo cual constituye un reconocimiento a aquellos hombres y mujeres, jóvenes, adultos y niños, que toman la actividad recreativa y deportiva como un elemento relevante.
Sin embargo, tenemos que hacer una discusión -probablemente no sea propia de este proyecto de ley- mucho más profunda sobre la inclusión.
No resulta admisible que a estas alturas del desarrollo, con el nivel de gasto en instalaciones públicas que tiene el país, no se estén incorporando normas obligatorias en materia de infraestructura inclusiva.
Debemos construir ciudades inclusivas.
Por eso es que, tal como lo hicimos en la Ley de Presupuestos del año recién pasado, este año vamos a pedir -y nos hemos puesto de acuerdo al respecto con la señora Ministra de Vivienda- que todas las comunas de Chile tengan, al menos, una plaza inclusiva, con juegos para niños en situación de discapacidad, pues ellos también tienen derecho a jugar; que en todos los planes y programas de construcción o reparación de veredas se considere un acceso para personas en situación de discapacidad y que en todas las ciudades podamos contar, por ejemplo, con infraestructura y semáforos para personas con discapacidad visual, quienes muchas veces sufren graves accidentes.
Señor Presidente, incluir la inclusión es sumar; es hacer parte del desarrollo a aquellos que tienen algún grado de capacidad diferente.
Voto a favor, pues creo que en materia deportiva la iniciativa en comento es un avance.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- No hay más inscritos.
Señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban las modificaciones propuestas por la Comisión de Educación y Cultura (22 votos favorables), y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma e Ignacio Walker.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, por favor agregue mi voto afirmativo.

El señor NAVARRO.- Y el mío también, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores García y Navarro.

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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Solicito la autorización de la Sala para que pueda participar en el debate de la siguiente iniciativa el asesor de la señora Ministra del Trabajo, don Francisco del Río.
--Se accede a lo solicitado.



MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE PLAZO PARA AUDIENCIA ÚNICA DE PROCEDIMIENTO MONITORIO


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en materia de plazo para la audiencia única del procedimiento monitorio en el caso de que el juez estime que no existen antecedentes suficientes para pronunciarse de inmediato sobre las pretensiones del demandante, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.623-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Goic y Muñoz y señores Allamand, Larraín y Letelier):
En primer trámite: sesión 52ª, en 7 de octubre de 2014 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 55ª, en 12 de octubre de 2016.
Informes de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 16ª, en 17 de mayo de 2016.
Trabajo y Previsión Social: sesión 61ª, en 9 de noviembre de 2016.
Discusión:
Sesión 40ª, en 10 de agosto de 2016 (se aprueba en general y en particular).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El proyecto inició su tramitación en el Senado y, en el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados efectuó tres enmiendas a su texto:
-Reemplazó la oración final del inciso tercero del artículo 485 del Código del Trabajo, referida al procedimiento de tutela laboral, con la finalidad de extender la denominada "acción de indemnidad" en favor de los testigos en un juicio laboral y, además, introdujo una redacción más precisa a dicho inciso.
-Como resultado de la primera modificación, sustituyó el encabezado del proyecto de ley.
-Finalmente, la Cámara de Diputados agregó un inciso final al artículo 501 del Código del Trabajo con el objeto de facultar al juez que conoce de un procedimiento monitorio para que, mediante una resolución fundada, pueda dictar la sentencia respectiva en un plazo de tres días desde que se termina la audiencia, siempre que se trate de causas de interés colectivo o de causas que presenten mayor complejidad.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señoras Goic y Muñoz y señor Hernán Larraín), aprobó todas las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se transcriben el texto aprobado por el Senado y las modificaciones introducidas por la Cámara.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En discusión las enmiendas de la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora VON BAER.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se ha solicitado abrir la votación.
¿Le parece a la Sala acceder a ello?
Así se acuerda.
En votación.
--(Durante la votación).

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, atendido que nos encontramos en el tercer trámite constitucional, quiero recordar que este proyecto de ley tuvo su origen en una moción de la Senadora Carolina Goic y contó con el apoyo de los demás integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. A su respecto, como acaba de informar el señor Secretario, la Cámara de Diputados, junto con aprobar el texto despachado por el Senado, agregó otras enmiendas al Código del Trabajo, también de carácter procedimental.
La primera modificación consiste en extender la denominada "acción de indemnidad" en favor de aquellos trabajadores que participen como testigos o que sean ofrecidos como testigos en juicios laborales cuando el empleador adopte represalias en su contra. En consecuencia, se entenderá que resultan lesionados sus derechos y garantías fundamentales, siendo aplicable al caso el procedimiento de tutela laboral.
La segunda enmienda tiene como finalidad darle un mayor plazo al juez que conozca de un procedimiento monitorio para dictar sentencia cuando se trate de juicios que tengan un interés colectivo o representen una mayor complejidad.
Finalmente, respecto de lo que aprobó el Senado y que la Cámara de Diputados mantuvo, corresponde informar que se extiende el plazo, también en el procedimiento monitorio, para citar a la audiencia única, situación que ocurrirá cuando no haya sido posible fallar de inmediato por no existir antecedentes suficientes.
En resumen, todas estas modificaciones dirigidas al procedimiento de tutela laboral y al procedimiento monitorio buscan fortalecer los derechos de los trabajadores y garantizar de mejor manera el debido proceso para las partes en conflicto.
Señor Presidente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, como ya informó el señor Secretario, dio su aprobación a las enmiendas realizadas por la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus integrantes presentes (Senadora Goic, Senador Larraín y quien habla), y propone a la Sala proceder en el mismo sentido.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic, autora de esta moción.

La señora GOIC.- Señor Presidente, solo quiero reiterar que este es un proyecto relativamente simple, que perfecciona el procedimiento monitorio en el caso de que el juez estime que no existen antecedentes suficientes para pronunciarse, determinando el plazo para citar a la audiencia única.
Hay que recordar que hoy el juez resuelve con la sola demanda y que únicamente en aquellos casos en que existe reclamo, ya sea del demandante o del demandado, cita a una audiencia. ¿Y qué sucede? Que esta audiencia no tiene plazo, y tampoco la notificación, por lo que no existen garantías de que las partes puedan asistir. Esto, en algunos casos, lleva incluso a que se recurra de nulidad y no se cumpla el objetivo del procedimiento.
La Comisión, tal como indicó su Presidenta, la Senadora Muñoz, y el Secretario de la Corporación, ya aprobó el texto.
La iniciativa pasó a tercer trámite después que la Cámara de Diputados le introdujera algunas modificaciones. En definitiva, se establece un plazo de 20 días para la realización de la audiencia y otro de 5 días para la notificación.
La otra rama del Parlamento agregó dos aspectos, relacionados con el procedimiento de tutela y la garantía de indemnidad, de modo que esta también opere para los trabajadores que declaren como testigos. En esta materia se ha generado cierta discusión en tribunales, por lo que parece pertinente la enmienda efectuada por la Cámara Baja, que explicita la situación y ayuda a mejorar, sin duda, la protección de quienes actúen como testigos.
Con todo, cabe consignar que, particularmente en las hipótesis de represalias como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo, los tribunales han otorgado amparo no solo a quienes han solicitado la fiscalización, sino a todos quienes han aportado indicios suficientes en cuanto a que las represalias sufridas se vinculan con la intervención de la Inspección del Trabajo.
Por lo tanto, nos parece que esto ayuda en el objetivo de clarificar y hacer más efectiva nuestra legislación.
En cuanto al segundo aspecto, relativo a la oportunidad para dictar sentencia en el procedimiento monitorio, se establece que en causas de mayor complejidad el juez podrá, mediante resolución fundada, dictar la sentencia respectiva en el plazo de 3 días de terminada la audiencia, en vez de hacerlo de inmediato.
Creemos que las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados van en la línea del proyecto, que es mejorar la legislación y garantizar efectivamente el ejercicio de los derechos de nuestros trabajadores, por lo que la Comisión las aprobó en forma unánime y recomienda a la Sala proceder en idéntico sentido.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, como es sabido, el debido proceso -garantía constitucional consagrada en nuestra Carta Magna- exige que cada uno de los intervinientes en el proceso tenga derecho a defenderse, así como a presentar, conocer y reclamar de las pruebas exhibidas por su contraparte.
El legislador ha señalado que, para garantizar el correcto cumplimiento de todas estas exigencias, debe asegurarse, en primer lugar, que la parte recurrida sea notificada de la acción judicial en su contra dentro de un plazo razonable. Esto último, llamado "término de emplazamiento", es de tal entidad que, si no se cumple, la sentencia puede ser anulada aunque se encuentre ejecutoriada o firme.
Es por eso que este proyecto de ley, presentado por la Senadora Goic, resulta del todo razonable, pues permite llenar un vacío legal existente en materia de plazos y así garantizar que haya certeza jurídica respecto de los intervinientes en el proceso.
La actual redacción del artículo 500 del Código del Trabajo genera dudas respecto a cuál sería el plazo para la audiencia única en caso de no existir antecedentes suficientes, ya que en esta hipótesis no existe reclamación de las partes a partir de la cual aquel pueda computarse.
Esto es lo que ha generado muchos problemas e incluso existen fallos que han acogido recursos de nulidad fundados en la excesiva proximidad entre la realización de la audiencia y su previa notificación.
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando los aportes realizados por la Cámara de Diputados, se sugiere aprobar el informe de la Comisión y, por tanto, acoger tales enmiendas.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados (17 votos favorables), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Goic, Muñoz y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, García, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Montes, Moreira, Navarro, Prokurica, Quintana, Quinteros y Tuma.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Además, se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Chahuán, García-Huidobro y Pizarro.

Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora RINCÓN (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, agradezco al Senado su aprobación.
Este es el tercer trámite constitucional del proyecto, iniciado en una moción presentada por la Senadora Carolina Goic, con el respaldo y firma de todos los miembros de la Comisión de Trabajo de esta Corporación.
Ya se ha explicado en qué consiste. El procedimiento monitorio es un procedimiento simple, para causas de inferior cuantía (con algunas excepciones). Esta modificación legal determina el plazo para la audiencia; permite complementar los antecedentes que se requieren cuando el juez no los considera suficientes; le entrega un plazo adicional para fallar -cuestión importante para quienes conocen el funcionamiento de los juzgados del trabajo-, y da garantía de indemnidad a aquellos trabajadores que sirven de testigos o sean citados como tales en estas causas.
Por lo tanto, señor Presidente, agradecemos el respaldo entregado por la Sala. Creemos que estas modificaciones perfeccionan nuestra normativa laboral y esperamos que también puedan ver la luz otras mociones y otros proyectos que apuntan en el mismo sentido.
Gracias.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- A usted, señora Ministra.
)---------------(

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Informe
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede un reajuste extraordinario a la pensión básica solidaria (boletín N° 10.940-05) (con urgencia calificada de "suma").
--Queda para tabla.

El señor PIZARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Sí, señor Senador.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, este proyecto lo vimos hoy en la Comisión de Hacienda y en la reunión de Comités se conversó la posibilidad de discutirlo en esta sesión. Sin embargo, se acordó con el Ejecutivo tratarlo en la de mañana, en primer lugar.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Muy bien.



SANCIÓN A MANEJO DE MANERA CONSTANTE POR COSTADO IZQUIERDO DE CALZADA


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores García-Huidobro, Girardi, Letelier, Matta y Ossandón, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito con el objeto de tipificar como falta grave la conducción por el costado izquierdo de la calzada de manera constante en carreteras de dos o más pistas, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.495-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores García-Huidobro, Girardi, Letelier, Matta y Ossandón):
En primer trámite: sesión 89ª, en 6 de enero de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 48ª, en 13 de septiembre de 2016.
Discusión:
Sesión 60ª, en 8 de noviembre de 2016 (queda para segunda discusión en general).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Cabe recordar que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió la iniciativa solamente en general, pese a tratarse de una de aquellas de artículo único, y acordó proponer a la Sala proceder en los mismos términos.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 13 del primer informe de la mencionada Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira, entiendo que para un tema reglamentario.

El señor MOREIRA.- Sí, señor Presidente.
Yo reconozco que cuando usted preside las sesiones los proyectos se aprueban muy rápido, luego de una contundente y sólida discusión. Por lo mismo, quiero pedirle que se abra de inmediato la votación respecto de la presente iniciativa, la cual, estando Su Señoría presente, lo más probable es que sea aprobada por unanimidad.
Y le agradezco nuevamente su excelente conducción.

El señor PIZARRO.- ¡Chupamedias...!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.

El señor PIZARRO.- Sí, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Entonces, en votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- El proyecto es bien claro, señor Presidente.
La verdad es que esta discusión ya la tuvimos la semana pasada, pero considero importante reiterarla.
Sus Señorías pueden ver en los medios de comunicación la información relativa a la cantidad de muertos en carreteras. Por eso, necesitamos un ordenamiento del tránsito mayor al existente. Por lo general, eso ya existe para las carreteras en ambos sentidos, pero no para las que tienen dos, tres o más pistas, donde, en general, existe un absoluto desorden.
De ahí que será muy importante la discusión particular que efectuemos en la Comisión de Transportes. Sin duda, hay diferentes visiones sobre la materia y posiblemente habrá que rebajar la pena prevista en el proyecto, pero lo relevante es el tema cultural, ordenar la circulación por nuestras carreteras. La cantidad de personas que mueren cada día es impactante. Sin duda, existen más vehículos, pero también más irresponsabilidad en la conducción.
Por eso, señor Presidente, es necesario avanzar rápidamente en un mejoramiento de la Ley de Tránsito y, sobre todo, en el ordenamiento que estamos planteando los autores de la moción.
Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, tengo gran aprecio y cariño por mi amigo el Senador García-Huidobro y por quienes suscriben la iniciativa, pero la voy a votar en contra porque, francamente, la considero muy mala. Y lo quiero decir derechamente, pese a que en general no tengo diferencias con mi colega, sino, muy por el contrario, muchas coincidencias.
Voy a poner un solo ejemplo en la línea de lo que plantea el proyecto.
Aquellos que alguna vez hemos salido de Santiago un fin de semana largo sabemos que las dos pistas van repletas. Con el criterio establecido en esta normativa, habría que pasarles parte a todos los vehículos que van por la izquierda. ¿Por qué? Porque: ¿circulan en un mismo sentido? Sí. ¿Impiden el adelantamiento de otros vehículos? ¡Obvio! Si van por la izquierda, no los pueden adelantar. ¿Impiden el desplazamiento normal y adecuado de la circulación? También.
Yo entiendo que se quiera resolver un problema. Sin embargo, cualquiera que lea la Ley de Tránsito se percatará de que contiene normas de sobra para castigar a aquel conductor que maneja en forma temeraria o imprudente. Pero regular por ley esta materia y establecer que transitar por la pista izquierda constituye una falta grave, equivalente a saltarse una luz roja, un disco "pare" o un "ceda el paso", ¡por favor!
Les pido que se imaginen lo siguiente.
En una carretera de dos pistas un automóvil va por la pista izquierda porque quiere doblar a la izquierda. ¿Cómo va a interpretar la norma el carabinero? Le va a decir al conductor: "Usted, señor, no quería doblar a la izquierda". Le van a replicar: "Yo iba a doblar dos cuadras más allá". Y el carabinero exigirá. "¡Pruébemelo!".
¿Tendría que andar con una antena hacia delante?
Lo lamento muy sinceramente, pero tengo que hablar con toda franqueza. No me gusta estar en contra de las mociones. Sé la buena intención de sus autores, pero a esta no le hallo ninguna justificación. ¡Ninguna! ¡Cómo va a ser falta grave circular por la izquierda cuando a veces los vehículos van por ahí porque quieren doblar en tal sentido!
¡Lean la redacción del articulado!
Por una carretera llena van los vehículos al mismo tiempo, avanzando simultáneamente, y resulta que a los que van por la izquierda les van a pasar un parte. ¡A todos! Porque la norma señala clara y categóricamente: "Transitar por la pista izquierda de manera constante," (cuando hay gran congestión, ¿los vehículos transitan de manera constante por esa pista? Por supuesto); "en carreteras de dos o más pistas de circulación" (como la 5 Norte o la 5 Sur, entre otras, porque hay varias más); "en un mismo sentido," (todos van en el mismo sentido); "impidiendo el adelantamiento de los vehículos" (es obvio que se impide el adelantamiento, ¡salvo que los vehículos tengan alas y pasen por arriba...!), "y el desplazamiento normal y adecuado de la circulación".
Este, señor Presidente, es un proyecto que no tiene ninguna justificación. Ahora, si lo que se quiere es sancionar a los conductores que obstruyen el tránsito en forma imprudente o temeraria -entiendo que ese es el espíritu de los autores-, ya hay normas que castigan expresa y literalmente tal comportamiento. Existen preceptos relativos al "manejo en forma temeraria" o que "ponga en riesgo la vida". Estuve leyendo la Ley de Tránsito y hay seis o siete artículos que, de distinta forma, pueden interpretarse de esa manera.
Si se comete un accidente de tránsito, están el cuasidelito de homicidio, el de lesiones graves y todos los que califiquen por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos, que son las cuatro causales por las cuales se puede configurar un cuasidelito.
Por lo tanto, señor Presidente, sin pretender menoscabar a sus autores ni tratar de ironizar con la situación, esta iniciativa no tiene, en mi modesta opinión, ninguna justificación. Al contrario, los carabineros no sabrían cómo aplicarla. Sería un grave problema y por esa razón rechazo la idea de legislar en esta materia. ¡Y espero que no se enoje conmigo el Senador García-Huidobro...!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra a continuación el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, a mí me llama mucho la atención este proyecto de ley, porque, al igual que el Senador Espina, pienso que una buena idea puede transformarse en un problema.
Parto de la base de que aquí se busca agilizar el tránsito para que los vehículos puedan circular libremente, de manera segura, sin interrumpir el paso ni hacer o provocar atochamientos. Esa es la razón que lleva a decir: "Mire, si usted transita por la pista izquierda, se le va a cobrar una multa".
Sin embargo, no considero necesaria una ley para aquello, pues las normas del tránsito así ya lo establecen. Todos sabemos que hay que circular por la derecha y adelantar por la izquierda. Es una cuestión de toda lógica.
Pero, ¿qué pasa, en la práctica? Lo que señalaba el Senador Espina con el alto flujo vehicular. Y además las autopistas, que son las que tienen más pistas, no son mencionadas en la normativa, por lo que esta no se aplicaría en ellas. O sea, tendríamos disposiciones y multas para carreteras de dos pistas pero no para las autopistas, que también son carreteras y juegan un rol fundamental en la circulación de los vehículos, en la conectividad de las distintas carreteras del país.
A mí me parece que se podría producir una confusión. En la práctica, todos los que conducen -sobre todo nosotros, que viajamos mucho- estaríamos cometiendo infracciones a cada momento.
Es cierto que hay conductores que se pegan al lado izquierdo, en circunstancias de que deberían ir por el derecho y facilitar el flujo vehicular. Pero esa cuestión tiene que ver con enseñar bien a manejar, con educar, con la señalética que se instala en las autopistas o en las carreteras -por lo demás, ya existe-, y que indica que los vehículos deben circular por la derecha, a cierta distancia del que va al frente y que, si uno va a adelantar, debe hacerlo por la izquierda.
Por tanto, considero que establecer esta norma, más que solucionar un problema lo va a provocar. Además, creo que la buena idea está incompleta, porque en el proyecto se habla solamente de carreteras de dos o más pistas y no de todo el sistema de autopistas que hoy día existe (no se llaman "carreteras" y tienen una función un poco distinta), donde existe la circulación simultánea de varios vehículos.
Señor Presidente, aquí hemos tomado la mala costumbre de aprobar la idea de legislar de todos los proyectos para ver si después se pueden mejorar. Pero, francamente, creo que no corresponde elaborar una ley para un tema de este tipo, que claramente está contemplado en la Ley de Tránsito y depende del buen criterio de los conductores.
También voto en contra.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la semana pasada, en la misma línea que ha planteado el Senador Espina, le presenté al Senador Alejandro García-Huidobro un conjunto de observaciones que había que abordar. Por tanto, en ese momento estaba disponible para aprobar la idea de legislar.
Tengo entendido que no se votó ese día.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Así es.

El señor NAVARRO.- Sigo estando disponible para apoyar este proyecto, y de que la Comisión resuelva si existe o no capacidad para rescatar una idea que tiende a crear un efecto de reducción de los accidentes de tránsito.
Reitero: en numerosos lugares hay que doblar a la izquierda, por tanto, hay que adelantar por ese mismo sentido y detenerse para doblar o tomar la pista izquierda.
Está claro que en los días de congestión -y esto ocurre en las carreteras, en la Costanera, en los túneles y en la propia Ruta 5 Sur- se produce un desastre, porque todos avanzan por las tres pistas con la contradicción vital de que las concesionarias de las autopistas cobran más caro cuando hay más taco.
Es decir, uno paga para poder avanzar con mayor seguridad, más rapidez, menos gasto de bencina, y la verdad es que las vías están congestionadas en la hora peak, donde es más caro. Está claro que el aumento de la tarifa no provoca ningún efecto disuasivo, pues la gente sale del trabajo a la hora que le corresponde. Por ende, este es un abuso y un impuesto adicional que debiera ser eliminado.
Espero que la Comisión de Obras Públicas, que ha visto la iniciativa de Ley de Concesiones, pueda revisar esta situación, ya que es insoportable e inaceptable.
Del mismo modo, este proyecto, al establecer esta sanción, debiera considerar la exigencia de una muy buena señalización, en un país en donde tenemos una pésima señalética vial. Hasta en las carreteras concesionadas es muy deficitaria.
Señor Presidente, esta iniciativa requiere mucha pedagogía, acorde a una muy buena señalización.
Tal vez esta es una medida que no se necesita en toda la carretera, sino solo en tramos especiales, en donde se registra la más alta tasa de siniestralidad y de accidentes, y en donde este factor esté dado precisamente por el tema que nos ocupa.
Es posible que en Chile existan estadísticas y números suficientes para determinar que estos accidentes se producen en ciertos tramos de la carretera. Y es allí, entonces, donde tendría que aplicarse una norma debidamente señalizada.
En consecuencia, yo no estoy por desechar inmediatamente el proyecto.
Esta discusión nos dará la posibilidad de escuchar a los autores de la moción, a la CONASET, al Automóvil Club, a los camioneros, a los sindicatos de buses de transporte urbano. En ellos uno encuentra mucha sabiduría. ¡Y las leyes, las mejores, surgen de abajo hacia arriba! ¡No al revés, no de arriba hacia abajo!
Debemos escuchar a los conductores, quienes están no 24 horas - solo pueden conducir 5 horas continuas-, sino a lo menos 15 o 10 horas conduciendo, considerando el intervalo de descanso, y tienen un profundo conocimiento de lo que pasa en la carretera.
A mí no me parece una mala idea, porque -repito- es lo que hay que hacer: escuchar a los conductores profesionales, escuchar al Automóvil Club, escuchar a la CONASET, pues lo que realmente sucede es que hacemos muy poco por reducir la tasa de mortalidad y de accidentes de tránsito.
Y las cifras siguen aumentando. No son 2 mil, sino 2 mil 800, aproximadamente, porque la contabilidad de los fallecidos se hace considerando a las personas que pierden la vida en el lugar del choque y no en el hospital días después.
Si nos vamos a las cifras definitivas, solo los muertos son 2 mil 800. O sea, cinco personas mueren al día en Chile por accidentes automovilísticos.
Si alguien quisiera viajar a un país de América o de África y le dijeran que allí mueren cinco personas al día por una plaga, no iría. ¡Pero eso ocurre aquí!
Hay un conjunto de mitos al respecto. Por ejemplo, en esto no tiene incidencia la alta velocidad de los conductores -es la causa del 10 por ciento de los accidentes automovilísticos-, hay otro conjunto de motivos: particularmente, prestar atención a las condiciones de conducción y de la vía y, en especial, al tema de la educación.
Yo aprovecho de reiterar: buen conductor, buen pasajero, buen peatón. Esto debiera estar en los cursos de enseñanza media, y se tendría que trabajar con los jóvenes desde los 17 años para que obtengan su licencia y hagan prácticas, de tal manera que cuando conduzcan a los 18 años no se maten, porque la principal causa de muerte de los jóvenes entre 18 y 23 años en nuestro país son los accidentes automovilísticos.
Hay que tomar medidas, pues estamos haciendo muy poco.
Entonces, yo voy a votar a favor de la idea de legislar, ya que el análisis de este proyecto nos posibilitará escuchar a los especialistas, a la SIAT de Carabineros, a fin de ver cómo enfrentamos el tema de fondo, que es salvaguardar la vida de los conductores.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en realidad no logro entender cómo el cumplimiento de una norma como esta puede ser fiscalizado.
Imagino que únicamente por vía aérea, a través de un helicóptero, porque hay que determinar no solo que se vaya circulando por la pista izquierda, sino que se impida el adelantamiento de los vehículos y la circulación normal y adecuada.
Son cosas bien difíciles de establecer desde un punto fijo en tierra. Y creo que si no podemos fiscalizar, la norma finalmente pasará a no tener ninguna importancia, a no ser útil.
No sé si este tema ha sido conversado con Carabineros o con otros actores del desplazamiento en carretera. Pero creo que una cosa bien importante es saber, de aprobarse una medida como esta, cuáles son las posibilidades reales de que se cumpla y de que podamos hacer una fiscalización efectiva.
Señor Presidente, no he resuelto mi voto aún. Si alguno de los autores de la moción nos pudiera informar, yo por lo menos lo agradecería bastante.
Gracias.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Al Senador señor García-Huidobro le quedan algunos minutos. Se los voy a dar.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, creo que es importante esta discusión, pues surge, tal como lo señaló un Senador que me antecedió en el uso de la palabra, de las necesidades que ve la gente en las carreteras.
¿Qué ocurre?
Cuando le pedimos información a la CONASET, ellos dieron su apoyo a este proyecto. Sin duda creen que hay que hacerle modificaciones, pero les preocupa la cantidad de fallecidos por alcance en las autopistas y carreteras: entre los años 2011 y 2015 murieron 414 personas y 12 mil resultaron heridas.
Esa es la realidad que estamos viviendo, señor Presidente.
Nosotros conducimos o utilizamos las carreteras permanentemente por el trabajo que realizamos, y muchas veces las congestiones, independiente de si es un fin de semana largo o un domingo en la tarde, se producen por personas que van transitando por el lado izquierdo y que obligan a otros a adelantar por el lado derecho.
¿Y qué dicen las normas de otros países?
Como siempre nos comparamos con los países de la OCDE, con los más desarrollados, es importante saber qué normativas tienen ellos...

El señor PIZARRO.- ¡En Inglaterra manejan por la izquierda...!

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡Eso es en Inglaterra, Senador Pizarro...!

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Le queda poco tiempo, Su Señoría.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Por ejemplo, en Estados Unidos esta materia se encuentra regulada a nivel estatal y, de alguna forma, contempla lo mismo que proponemos en esta moción.
En la ley de Colombia se señala: "En aquellas vías donde los carriles no tengan reglamentada su velocidad, los vehículos transitarán por el carril derecho y los demás carriles se emplearán para maniobras de adelantamiento".
Lo que ocurre es que la legislación chilena es antigua, y habla solamente de los caminos bidireccionales. En ese caso, obviamente se debe adelantar por la izquierda, porque por la berma es difícil. Pero aquí estamos en una situación distinta.
En tal sentido, recojo lo que planteó el Senador Navarro: este es un tema de cultura; este es un tema de educación. Debemos empezar a preocuparnos de los jóvenes y de que en los colegios y en las universidades reciban, de alguna manera, información. Porque, de la cantidad de personas fallecidas y de las molestias que se producen en las carreteras al no existir un buen ordenamiento, ustedes son testigos directos.
Y no solo hay este tipo de normas en Colombia, también en España, donde se establece que "la regla del sentido de circulación, es que esta última se efectuará, en todas las vías objeto de la ley, por la derecha especialmente en las curvas y en los cambios de rasante de reducida visibilidad, siempre cerca del borde de la calzada.".
Además, esta misma legislación española describe las maniobras que, entre otras, se consideran infracciones graves.
Por lo tanto, aquí estamos adecuándonos a la norma internacional, señor Presidente.
Sin duda que hay excepciones, por ejemplo, cuando hay congestión. Pero, por lo general, los colegas ven y son testigos de lo que ocurre hoy día en las carreteras.
Por eso, a mi juicio, debemos mejorar esta propuesta en la Comisión y escuchar a quienes los señores Senadores estimen conveniente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Senador señor Prokurica, tiene la palabra.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, yo no sé si el proyecto, por sí solo, resuelve de la mejor forma este problema. Pero mi pregunta es, ¿existe o no este problema?
Yo creo que sí.
Producto de que la Región que represento es muy extensa y, además, por mis viajes a Santiago y a Valparaíso, me toca manejar mucho, y me enfrento permanentemente con situaciones como las descritas.
A veces he visto a gente que parte desde Santiago utilizando la pista izquierda y continúa por ella hasta llegar a Valparaíso. ¡Nunca toman la pista derecha! Y hasta buses, a 80 o a 90 kilómetros por hora, viajan por la misma pista izquierda. Ese es el problema.
Entonces, repito: ¿existe este problema? ¡Por supuesto que sí!
Más allá de las bromas, hay gente que culturalmente no entiende que la regla que rige es que, cuando hay dos vías, por razones obvias, si se trata de dos pistas unidireccionales o de cuatro carriles, la pista de la izquierda es para adelantar y la del lado derecho para transitar.
¿Qué nos toca ver de repente? A malos conductores que transitan permanentemente por la pista izquierda, provocando un atochamiento innecesario, sin que, a veces, circule una cantidad importante de vehículos.
Por lo tanto, anuncio que voy a votar a favor del proyecto presentado por el Senador García-Huidobro, porque en la práctica nos toca sufrir este problema. Y ocurre que, en ciertas ocasiones, si uno le hace cambio de luces o le toca la bocina a la persona que conduce por la izquierda, esta se siente indignada -parece que los conductores y todos andamos pasados de revoluciones-, levanta la mano, etcétera. Y cuando se la va a adelantar por la derecha, ella vira para ese mismo lado, realizando una maniobra tardía. Y este tipo de conducción da como resultado, señor Presidente, la ocurrencia de numerosos accidentes.
Como ya lo dijo el Senador Navarro: hay 2.800 muertos por accidentes de tránsito, lo que supera a los fallecidos por cáncer, sida, infarto al corazón. ¡Es mucho más!
Aquí estamos frente a una verdadera plaga: los accidentes de tránsito. Además, estos afectan especialmente a los jóvenes, ya que la principal causa de muerte de las personas entre 18 y 25 años son los accidentes de tránsito. Parece increíble, pero es así.
Por lo tanto, señor Presidente, votaré a favor de la iniciativa para que se produzca un debate. Y, si los expertos -como ha planteado el Senador Navarro- confirman que es verdad que en la práctica -como señaló el Senador García- la fiscalización es imposible, entonces no saldrá el proyecto.
Pero, a mi juicio, este problema existe.
Pienso que 400 fallecidos, en su mayoría por alcance, nos dicen que los conductores, por distracción o no sé por qué, chocaron con otro vehículo por delante. Eso ocurre muy seguido -lo veo bastante-, porque hay gente que conduce permanentemente por el lado izquierdo, ¡permanentemente!
Me preocupa, sobre todo, que hay choferes profesionales de buses y de camiones que manejan por el lado izquierdo de la calzada. Y ello genera muchas veces accidentes.
De modo que voy a votar a favor, para que tengamos esta discusión y para que los técnicos, los especialistas y, como plantea el autor del proyecto, la propia CONASET, expresen su opinión en la Comisión. Y, si esta última ya lo hizo, con mayor razón que lo haga de nuevo. Porque así podremos reflexionar, debido a que esta es quizás una dificultad bastante más grave y seria de lo que muchos piensan.
Estimo que este problema existe. Y, repito, no sé si el proyecto de ley lo resuelve en el cien por ciento, pero por lo menos genera discusión.
Aquí no estamos descubriendo la pólvora. Esta norma existe en otros países donde hay menos vehículos que en Chile. Aquí tenemos una cantidad importante de vehículos per cápita y su número va en aumento. Por lo tanto, se necesita una cultura de la conducción para que no tengamos más accidentes del tránsito que otros países del mundo.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Como no hay más Senadores inscritos, señor Secretario, tome la votación.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (12 votos contra 4 y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Chahuán, García-Huidobro, Hernán Larraín, Navarro, Ossandón, Prokurica, Tuma e Ignacio Walker.
Votaron por la negativa los señores Espina, Pizarro, Quintana y Quinteros.
Se abstuvieron los señores Guillier y Moreira.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para fijar como plazo para presentar indicaciones el 16 de enero de 2017, a las 12?

El señor PROKURICA.- Sí, señor Presidente. Así se le daría más difusión al proyecto.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Y se recibiría a más invitados, como han sugerido varios señores Senadores.
--Así se acuerda.




EXTENSIÓN DE PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE ACCIÓN PENAL EN CASO DE POSESIÓN REGULAR DE INMUEBLE MEDIANTE FRAUDE


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Lily Pérez y señores Ossandón y Tuma, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 9° del decreto ley N° 2.695, de 1979, para aumentar el plazo de prescripción de la acción penal en los casos en que la calidad de poseedor regular se obtuviere mediante fraude, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.802-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Lily Pérez y señores Ossandón y Tuma):
En primer trámite: sesión 33ª, en 20 de julio de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Vivienda y Urbanismo: sesión 55ª, en 12 de octubre de 2016.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El objetivo de la iniciativa es establecer los resguardos necesarios para evitar que quienes tienen legítimos derechos respecto de un inmueble resulten perjudicados por la regularización de su posesión a nombre de otra persona.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo discutió este proyecto en general y en particular por tratarse de aquellos de artículo único. Lo aprobó en general por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Montes, Ossandón y Tuma, y en particular, por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Montes, Moreira, Ossandón, Tuma y Patricio Walker.
Cabe consignar que la Comisión, teniendo en cuenta el texto acordado en definitiva, resolvió proponer a la Sala que se sustituya la denominación original de la iniciativa, por la siguiente: "Proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 2.695, de 1979, para resguardar derechos de terceros en relación con la regularización de la pequeña propiedad raíz".
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 33 y 34 del informe de la Comisión, y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En discusión general.

Tiene la palabra el Senador señor Tuma, uno de los autores de la moción que dio origen a esta iniciativa.

El señor TUMA.- Señor Presidente, me correspondió dar tratamiento al presente proyecto como titular de la Presidencia de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
Durante el debate escuchamos a varios invitados: al profesor de Derecho Civil de la Universidad de Valparaíso, abogado señor René Moreno; al profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, abogado señor Jaime Vera, y a los abogados asesores del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, señora Teresa Errázuriz y señor Mauricio Manríquez, todos los cuales hicieron un relevante aporte al estudio de esta iniciativa.
También concurrieron el Jefe de la División de Constitución de Propiedad Raíz del Ministerio de Bienes Nacionales, señor Óscar Manquilef, y el abogado de la División Jurídica de esa entidad señor Carlos Aguilar.
Teniendo presente la opinión de los invitados a exponer, los autores de la moción formulamos una indicación sustitutiva que acogió parte importante de sus planteamientos.
Así, durante la discusión en el órgano técnico se llegó al convencimiento de que los objetivos del proyecto podían lograrse de mejor manera no necesariamente a través de perseverar en el aumento de los plazos para prescripción de la acción penal y de la pena -a fin de no afectar la coherencia y armonía del sistema penal-, sino, más bien, por la vía de perfeccionar las formas de difusión de los procedimientos de regularización (publicación en medios comunales y cartel en propiedad que se sanea); de ampliar el plazo dentro del cual un tercero puede oponerse al saneamiento; de aumentar el término para que el declarado poseedor regular adquiera el dominio por prescripción, así como para ejercer las acciones emanadas tanto de los derechos reales de dominio, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas e hipoteca, como de los derechos de dominio.
Señor Presidente, en el curso del debate nos dimos cuenta de que el decreto ley Nº 2.695 requiere un conjunto muy grande de modificaciones. Se trata de un cuerpo legal muy antiguo, que no da cuenta de lo que se necesita en la actualidad y que fue originalmente pensado para el saneamiento de la pequeña propiedad rural. Con el tiempo su aplicación se ha desnaturalizado.
Por lo mismo, precisa enmiendas importantes.
Ante ello, con la Ministra de Vivienda, señora Paulina Saball, y su asesora señora Jeannette Tapia, concordamos en la Comisión la necesidad de abordar un proyecto mayor, un cambio sustantivo. El Ministerio de Vivienda está trabajando en ello.
Pese a lo anterior, por la unanimidad de los miembros del referido órgano técnico, se aprobó la indicación sustitutiva que presentamos con el objetivo de proteger los derechos de personas sobre una propiedad para que no se vean alterados por un tercero que, de mala o, incluso, buena fe, sanea el bien raíz en su propio favor, aprovechándose de quien no tiene la posibilidad de informarse.
El punto está en que se hacen saneamientos de propiedades que corresponden a una herencia, a una sucesión, en favor de uno solo de sus ocupantes, desconociendo los derechos de los demás. Quienes tienen derecho no suelen contar con la información oportuna para presentar una reclamación ante el tribunal competente o el Ministerio de Bienes Nacionales, que es la institución encargada de sanear.
Existe un año de plazo para que el adquirente obtenga no solo la posesión material, sino también el título que otorga Bienes Nacionales, con lo cual se establece un dominio por prescripción.
Concordamos en utilizar todos los medios al alcance de la legislación, como lo estamos haciendo en este proyecto, para informar al respecto a quienes tengan derechos sobre una propiedad -se propone incluso poner carteles en el sitio-, con el objetivo de que Bienes Nacionales no sanee utilizando el mencionado decreto.
Además, este cuerpo legal originalmente debía funcionar por la vía excepcional: cuando no existen los títulos respectivos y las propiedades se transmiten de generación en generación sin inscribir nada, al final se llega a un nivel en que los herederos tienen derechos, pero no pueden acreditar la propiedad. ¡Para eso se usa este decreto!
Los plazos otorgados a ese efecto han sido insuficientes.
También se establece la obligación de publicar, pero nadie lee eso en un medio de difusión regional, menos las personas afectadas.
Por eso se propone un procedimiento de mayor información para advertir que se está saneando una propiedad sobre la cual alguien pueda tener derecho.
Asimismo, la iniciativa plantea extender el plazo de vigencia de las prohibiciones de gravar y enajenar, y el tiempo para deducir la acción destinada a obtener la compensación de los derechos en dinero.
En definitiva, el proyecto, que originalmente perseguía ampliar el plazo de prescripción de la pena y aumentar la pena por la defraudación, se ha convertido en un instrumento más eficaz para proteger a quienes eventualmente tengan derechos.
Por esa razón, resolvimos proponer una metodología mediante la cual se provee mejor información y mayor plazo para reclamar por derechos afectados, además de contemplar una compensación en dinero por la pérdida de esos derechos en caso de que haya vencido el plazo.
En consecuencia, invito a la Sala a aprobar, por unanimidad, el texto de la iniciativa en los mismos términos en que fue acordado en la Comisión. Lo propuesto va en beneficio de muchas personas que ven amenazados o perdidos sus derechos sobre una propiedad por no contar con mayor información.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Gracias, señor Senador, por la completa defensa que ha hecho del proyecto, sin perjuicio de lo que haya que mejorar en la discusión en particular.

El señor PROKURICA.- Votemos.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Hay acuerdo para abrir la votación, manteniendo los tiempos de intervención?
Acordado.
En votación general.
--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, primero que todo, felicito a los autores de la moción que dio origen a esta iniciativa.
La verdad es que el decreto ley Nº 2.695, de 1979, se creó como una norma excepcional para ayudar a los familiares que, teniendo un vínculo de propiedad, no habían hecho la posesión efectiva y la regularización pertinente.
Sin embargo, se ha transformado hoy día en un abuso de mucha gente que se aprovecha de las circunstancias, en concomitancia, además, con funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales que no hacen la pega de revisar en el Conservador de Bienes Raíces pertinente si la propiedad en cuestión cuenta con título inscrito y a nombre de quién; de chequear si el propietario fallecido tiene herederos o si son más los dueños. Todo ello, con el fin de informarles de que alguien está pretendiendo la propiedad de ese bien raíz.
En definitiva, un cuerpo legal que se creó como medida excepcional se ha transformado en una cuestión regular y permanente.
¿Por qué, señor Presidente? Porque se conjugan dos elementos básicos.
El ex Senador y ex Presidente de la Corte Suprema señor Carlos Letelier dijo que esta era "la ley ladrona". ¿Por qué? Porque el decreto referido permite a una persona que no ha pagado nada, que no tiene ningún vínculo con el dueño y que no ha recibido ese derecho por ninguno de los modos que establece el Código Civil hacerse dueña de una propiedad, por la cual otro ha pagado impuestos.
¡A través de dicho decreto el Estado interpreta una cosa que es absurda, señor Presidente!
Por regla general, el Estado, representado por el Ministerio de Bienes Nacionales, reconoce como dueño a quien tiene la propiedad inscrita en el Conservador de Bienes Raíces. Por tanto, si ese propietario no paga el impuesto correspondiente, el Fisco remata la propiedad, ¿cierto? Entonces, para efectos tributarios, el dueño de la propiedad es quien está inscrito en Bienes Raíces. Esa es la persona que aparece registrada en el Servicio de Impuestos Internos.
¿Pero qué hace el Estado mediante el decreto ley Nº 2.695? Reconoce al solicitante la calidad de poseedor regular de un bien raíz sin título inscrito. Pasado cierto plazo, el dueño tiene derecho a que se le compense el dinero. Y transcurrida otra cantidad de tiempo, ya no hay derecho a nada; ¡no se recupera nada!
¿Qué ha pasado en la práctica? A los Gobiernos les encanta este decreto ley. He visto a gobernadores e intendentes de todas las corrientes políticas acudir a las localidades con un alto de carpetas. A veces a nosotros mismos nos invitan y nos dicen: "Les vamos a entregar el título de dominio a estas personas".
¡Claro, muy fácil...!
¡Al propietario, señor Presidente, se lo violenta en forma totalmente impune!
Y les repito que esa es una cosa absurda: el Fisco reconoce al propietario para que le pague los impuestos, pero después se termina reconociendo a otro la posesión inscrita. En el fondo, se le otorga un mecanismo a este último para que pueda regularizar.
Quiero informar a los autores de la moción que en esta materia, junto a otros Senadores, presentamos un proyecto de ley en su minuto, el cual fue aprobado por el Senado y ahora está en la Cámara de Diputados -no sé por qué no se ha tramitado allí-, cuya propuesta, en la práctica, propone tres cosas.
La primera es fijar más requisitos.
Si yo deseara adquirir mediante el decreto ley Nº 2.695 un bien raíz que no he comprado ni heredado, ¡debo tener algún vínculo! O sea, tendría que tratarse de la segunda o tercera generación que no hizo la posesión efectiva.
Por esa razón y para no tener que hacer todas las posesiones efectivas que faltan -a pesar de que ahora es mucho más fácil porque el trámite se realiza, de cierto monto hacia abajo, en el Registro Civil-, se facilita el acceso a esa propiedad y su regularización.
Por lo tanto, hay que volver al cauce original del referido decreto y exigir que quien recurra a esa normativa posea algún vínculo con la propiedad, ya sea como heredero o como comprador. Porque a veces se lleva a cabo la compraventa, pero no se inscribe la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Podría surgir ese problema también.
Pero también me parece, señor Presidente, que se produce una total dejación por parte de los funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales, quienes por ley están obligados a constituirse en el lugar, tomar las mediciones correspondientes, ir al Conservador de Bienes Raíces y hacer un estudio de título.
Quienes realizan la solicitud mediante el decreto ley Nº 2.695 dicen: "Esta propiedad no tiene dueño", y termina inscribiéndose al margen del título de dominio original.
Curiosamente -quiero que me pongan atención los señores Senadores-, el procedimiento "tan maravilloso" contenido en el referido cuerpo legal solo se aplica a la propiedad privada, no a la pública. O sea, por esta vía, nadie puede adueñarse de una propiedad fiscal o regularizarla.
En definitiva, el Estado les fija requisitos a los propietarios y -reitero- los reconoce como tales a efectos de exigirles el pago de impuestos. Sin embargo, le extiende un certificado a un privado que pide que le reconozcan la posesión regular e inscribe la propiedad, con lo cual el solicitante entra en un sistema para hacerse dueño sin haber tenido nunca un vínculo que acredite tal calidad.
Ante ello, considero importante agregar nuevas ideas. Ojalá se pudiera recoger alguna de las contenidas en nuestro proyecto.
Así como se plantea ampliar el plazo de prescripción para que el dueño pueda reclamar en contra del solicitante que actúa de mala fe, también podría establecerse una sanción para el funcionario público que no hace la pega y extiende un certificado sin ir al Conservador de Bienes Raíces y sin constituirse en el terreno.
Señor Presidente, sé de casos en algunas comunas de mi Región. Menciono el de una familia de ocho hermanos cuyo padre fallecido tenía una parcela. Casi todos se habían ido a vivir a otro lugar, y el que se quedó solicitó la posesión al Ministerio de Bienes Nacionales, engañando al resto.
¡Imagínense lo que eso significó!
Otro ejemplo: un señor de Caldera tuvo que venirse a la Quinta Región con su señora por razones de salud y dejó en su propiedad a un cuidador. Este último no encontró nada mejor que tramitar ante el Ministerio de Bienes Nacionales la posesión de esa propiedad, que está ubicada en una ciudad, que paga contribuciones, que está inscrita y todo lo demás.
¿Por qué se produjo ese problema? Porque una persona actuó de mala fe. Seguramente, algunos abogados me van a decir: "Pero eso es un delito". Sí, así es. Pero nómbrenme un caso donde alguien fuera sancionado por hacer esta maroma jurídica.
¡Porque es una maroma jurídica!
Cuando Andrés Bello estableció la propiedad inscrita en el Código Civil -como nos enseñaron los profesores en la Escuela de Derecho-, manifestó que si una persona adquiría un bien raíz y lo inscribía en el Conservador de Bienes Raíces, podía dormir tranquila. En efecto, si no se la compraban, ni la heredaba, ni la cambiaba o permutaba, ni la sometía a ninguna de las formas de adquirir el dominio, podía estar segura.
A partir del decreto ley Nº 2.695, quien tenga un bien raíz no puede dormir tranquilo, porque cualquier inescrupuloso podría aprovecharse, con la ayuda de los funcionarios de Bienes Nacionales que en este minuto no hacen la pega bien. Obviamente, no todos actúan así, pero quienes son ineficientes facilitan la intención de algún inescrupuloso que busca adquirir un bien y defraudar a sus familiares o a gente que, de buena fe, lo dejó cuidando su propiedad.
Siento que nos hemos demorado mucho, señor Presidente, en enfrentar esta situación. Daré dos razones.
La primera, a todos los Gobiernos les encanta llegar con ese alto de carpetas y decir: "Usted, que no ha pagado un centavo, que no es heredero, que no ha hecho nada, será dueño de esta propiedad".
¡Aleluya...!
La segunda es que este mecanismo no funciona en el caso de una propiedad fiscal. Es decir, nadie puede adueñarse a través de dicho decreto de un bien raíz del Estado.
¿Bonito no...?
Considero que el agua de ese cuerpo legal debe volver a buen recaudo. Y me parece que el proyecto que nos ocupa va en esa línea.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, analizamos esta iniciativa en la Comisión de Vivienda.
Deseo señalar que la moción en que se origina este proyecto dispone que el decreto ley Nº 2.695, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, permite a sus beneficiarios acceder a diversas prestaciones sociales y "que en 2015 se tramitó un total de 15.718 solicitudes de saneamiento, de las cuales 10.874 obtuvieron resolución favorable".
Adicionalmente, sostiene que el procedimiento contenido en el decreto para obtener la propiedad es de carácter excepcional y "exige tres elementos copulativos: calidad de poseedor regular, justo título y transcurso del tiempo".
Sin embargo, durante la vigencia del referido decreto ha habido personas que lo han utilizado en forma fraudulenta, razón por la cual ha sido objeto de varias modificaciones.
No obstante, los fraudes se siguen produciendo.
Asimismo, agrega que el artículo 9º del decreto ley Nº 2.695 establece que quien "maliciosamente obtuviere el reconocimiento de la calidad de poseedor regular de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley, será sancionado con la penas del artículo 473º del Código Penal", aplicándose el régimen punitivo de la estafa residual. Y manifiesta que solo si el tribunal acoge la acción penal, se podría cancelar la inscripción. Estamos hablando de la que se realizó de manera fraudulenta.
A juicio de los autores de la moción, lo señalado anteriormente es relevante porque el delito de estafa prescribiría según las reglas generales (artículo 94 del Código Penal), es decir, "cuando hayan transcurrido cinco años contados desde que se hubiere practicado la inscripción de dominio en el Conservador de Bienes Raíces.".
De manera que consideran breve ese lapso de tiempo y no concordante con otros plazos en materia de propiedad, por ejemplo, el de la prescripción adquisitiva extraordinaria, que es de diez años. Por tanto, estiman que el plazo de cinco años se debe ampliar a diez para que prescriba la acción de dominio cuando el saneamiento haya sido obtenido de manera fraudulenta.
A continuación tengo algunos comentarios.
Creo que es necesario mencionar que durante la discusión del proyecto en cuestión se escucharon diversas opiniones.
Una de ellas fue la del Jefe de la División de Constitución de Propiedad Raíz del Ministerio de Bienes Nacionales, quien sostuvo que el aumento de la acción penal a diez años es propio de las penas de crimen y, con ello, también existiría desproporción entre las sanciones establecidas en la norma y el plazo de prescripción. Adicionalmente, sugirió un conjunto de modificaciones para el decreto ley N° 2.695, entre las que se consigna el ampliar "a cinco años la prohibición de enajenar y gravar el bien así obtenido, justamente para viabilizar el resultado de la acción reivindicatoria o de indemnización de perjuicios.".
Por otro lado, el abogado de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales señaló que "no es aconsejable establecer diez años de prescripción para perseguir la responsabilidad penal de un simple delito, como es el caso, sobre todo si lo que más importa, en definitiva, es obtener la cancelación de la inscripción de la propiedad a nombre del que la obtuvo maliciosamente".
El proyecto fue aprobado por unanimidad, como bien lo han señalado los señores Senadores y las señoras Senadoras.
También hubo otros invitados. Entre ellos, abogados del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso.
De igual modo, se recibió en la Comisión al profesor de Derecho Civil de la Universidad de Valparaíso René Moreno, quien manifestó lo siguiente respecto de la indicación presentada por los Senadores: "la idea de ampliar los medios de difusión del proceso de saneamiento es totalmente aceptable y conveniente, ya que se adapta a las nuevas herramientas disponibles". En cuanto al aumento de plazos, sostuvo que "le parecen razonables y adecuados", pero planteó algunas observaciones relacionadas a la forma de contar los plazos o el efecto de aumentar la prescripción de este delito de carácter patrimonial. Adicionalmente, sugirió que "sería provechoso para la regularización el hecho de establecer, en el artículo 10, que el Ministerio de Bienes Nacionales deba oficiar al Conservador de Bienes Raíces respectivo, para que este informe si el inmueble se encuentra o no inscrito a nombre de alguna persona, distinta del solicitante".
Por otra parte, durante la votación particular se aprobaron varias normas, dejándose constancia de que son modificaciones parciales al decreto ley y manifestándose que se espera la iniciativa de la Presidenta Bachelet sobre regularización de la propiedad raíz.
Como comentarios finales, deseo mencionar que el texto aprobado en la Comisión estableció una serie de modificaciones relevantes al decreto ley N° 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella.
Entre las modificaciones, podemos citar las siguientes.
Por un lado, el Servicio tendrá que publicar la resolución que acoja una solicitud de saneamiento por dos veces en un diario o periódico de los de mayor circulación en la región o comuna. Adicionalmente, decretará que se fijen carteles en que se dé a conocer el proceso de saneamiento y mientras este dure, en los lugares que determine y en el frontis de la propiedad correspondiente.
El costo de ello será de cargo de las personas que presenten solicitudes de regularización, lo cual puede encarecer todos los procesos. Además, el proyecto no especifica el tamaño o características de los carteles que se deben ubicar en el frontis de una propiedad, por lo que creemos que el cartel no sería de mucha utilidad para el proceso.
Por otra parte, se aumenta el plazo de 30 a 60 días desde la publicación del último aviso -en él se detallan las características de la propiedad y el nombre del solicitante- para que se pueda interponer alguna oposición de terceros que reclamen algún derecho sobre el predio que se pretende regularizar.
Esta modificación resulta de total utilidad, ya que el plazo de 30 días es muy breve para que llegue a enterarse una persona que tiene algún derecho eventual sobre el predio, especialmente en regiones donde existen comunidades apartadas.
A la vez, se aumentaron los plazos de prescripción de uno a dos años, para resguardar los derechos reales de dominio, usufructo, uso o habitación, servidumbres activas y el de hipotecas relativos al inmueble inscrito por el procedimiento especial.
Esto se consideró fundamental en la Comisión, pues con la ampliación de los plazos de prescripción se está resguardando el derecho de terceros. Además, el plazo de dos años parece razonable.
Por otro lado, se establece también que los poseedores de inmuebles inscritos con arreglo a la ley en proyecto no podrán gravarlos ni enajenarlos durante el plazo de cinco años, contados desde la fecha de la inscripción.
Con esta norma se aumenta de uno a cinco años el plazo de prohibiciones de gravar y enajenar. Esta extensión de plazo nos parece exagerada. Las prohibiciones de enajenar en nuestro ordenamiento jurídico son medidas restrictivas, que son consideradas atentatorias a uno de los principios en materia de bienes, que es la "libre circulación de estos". Sin embargo, los Senadores y las Senadoras consideraron que este plazo es similar al que se otorga a las viviendas obtenidas con subsidios del Estado para no ser enajenadas y que, por tanto, no ocasiona mayores perjuicios.
Señor Presidente, no hablaré quince o veinte minutos, sino que terminaré de inmediato para darles la oportunidad a otros Senadores que están aquí, en la Sala, y que tienen el mismo derecho e interés en opinar sobre el proyecto.
Quisiera terminar diciendo que, en general, este proyecto no soluciona mayormente los problemas de fondo y prácticos que presenta el decreto ley de regularización de la propiedad raíz, sino que entrega mejores herramientas de publicidad para que exista mayor posibilidad de conocimiento por parte de terceros interesados que tengan un derecho preferente sobre ciertos predios para que puedan oponerse a las regularizaciones que se traten de realizar en perjuicio de ellos.
Esta iniciativa es un paso encaminado correctamente. Y, como ya lo he dicho, no solucionará todos los problemas, pero significa un avance sustantivo.
Esperamos que sea aprobada y promulgada a la brevedad.
Por eso, señor Presidente, cuando se trata de servir a la comunidad, de ayudar a la gente, voto que sí.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, en verdad, ha habido intervenciones que han descrito bien los alcances y lo que aporta el proyecto, en particular la que recién acaba de efectuar el Senador Moreira, que considero una buena síntesis de la iniciativa.
En primer lugar, en la realidad hay mucha propiedad irregular por distintas razones: históricas, de fronteras, superposición de los límites. Existen diversos tipos de irregularidades, sobre todo en la propiedad rural, pero crecientemente también en la urbana.
En tiempos de la dictadura se estableció el decreto ley N° 2.695. Y esto, en un balance global, ha sido bien importante, pues ha permitido resolver muchos problemas que no tendrían otra alternativa. Todas esas propiedades seguirían estando en situación irregular si no se permitiera solucionar los temas de propiedad a través del procedimiento allí contenido.
En la Comisión pedimos un estudio acerca de cómo se resolvía el asunto en otros países, que se recurriera a la legislación comparada. Y constatamos que, en general, hay medidas de excepción. En otros casos, no es excepcional suponer que queda un vacío y propiedades que no tienen propietarios claros, por lo que en algunos ordenamientos jurídicos forma parte de la legislación normal.
En la Comisión quedó claro que este es un problema que abarca no solo lo que trata el proyecto. Como decía el Senador Moreira, la iniciativa considera un tema bien específico: proteger a las partes porque en ciertos casos se cometen estafas de distinta naturaleza.
A mí me tocó conocer el caso de un matrimonio que tenía separación de bienes y el marido le aplicó el decreto ley N° 2.695 a la señora para quedarse con la propiedad. Siguió todas las etapas y lo logró. Fue un problema desarmar esto, pero se volvió atrás, afortunadamente, pues se alcanzó a hacer de manera oportuna dentro de los cinco años. Si no se hubiera actuado dentro de plazo, se tendría que haber llevado adelante un juicio de otras características, y hubiera sido un tremendo enredo.
Lo que este proyecto plantea es que, ante hechos concretos, los propietarios dispongan de un tiempo más prolongado para salvaguardar sus intereses.
Los abogados de Bienes Nacionales nos hicieron ver que un tiempo más amplio también representa problemas, porque genera incertidumbre respecto de la propiedad, lo cual implica otro tipo de dificultades. Por eso sugirieron ser más precisos en los procesos previos en lugar de extender el período de prescripción. Esta materia se tiene que ver en la discusión particular.
Me parece que en el procedimiento previo -como decía también el Senador Moreira- se deben modificar muchas cosas. Aquí lo que se pretende simplemente es que haya mayor información, que el proceso sea más transparente. Incluso, en la ley actual, de hecho, existe un mecanismo. No es que no haya nada. Lo que pasa es que tampoco se aplica.

El señor PROKURICA.- ¡No se cumple!

El señor MONTES.- En efecto: no se cumple.
Y como decía el Senador Prokurica, hay una norma que obliga a los funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales a revisar las carpetas del Conservador de Bienes Raíces. Se consultó a los funcionarios que estuvieron en la Comisión y respondieron que, en muchos casos, esto no se hace. Por lo tanto, el riesgo de cometer errores y ser pasados a llevar es bastante alto.
A mi juicio, van a seguir existiendo casos de propiedades irregulares, de distinta fuente. Hay que pulir el procedimiento sugerido. Este proyecto representa un aporte, pero no forma parte de un régimen más completo, cuyo diseño hay que elaborar.
Entre otras cosas, se da el absurdo en nuestra legislación de que cuando se regulariza la propiedad no necesariamente ocurre lo mismo con los loteos. Entonces, existen muchos casos en que está regularizada la propiedad respecto de sus límites, pero no el loteo, lo cual genera tremendos enredos.
Por años hemos tratado de que esas dos normas se conjuguen, de tal manera que cuando se regularizan las propiedades de un conjunto habitacional, de una población, se haga simultáneamente con el loteo. Ello significa poner de acuerdo a dos Ministerios, y eso no se ha logrado.

El señor PROKURICA.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?

El señor MONTES.- Con la venia de la Mesa, no tengo inconveniente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, es muy interesante lo planteado por el Senador Montes, y yo quisiera agregar algo, modestamente.
A mi entender, hay otro problema más con el decreto ley Nº 2.695: hoy día -y esto le gusta mucho al Senador- existen disposiciones, por ejemplo, en el plan intercomunal costero y en los planes reguladores que se eluden por la vía de este instrumento legal.
Por ejemplo, el propietario de un sector donde no se pueden vender propiedades por una cabida determinada -por eso me parece muy bien lo señalado por el Senador Montes- hace la regularización por el DL Nº 2.695 y se salta el plan intercomunal costero. Es decir, dicho propietario no implementa el sistema de alcantarillado, de veredas, de energía eléctrica, de agua y todo lo demás, a lo que está obligado por ley para subdividir la propiedad.
Por tanto, con el DL Nº 2.695 se salta la respectiva normativa y adquiere el dominio de las propiedades, y el Conservador de Bienes Raíces las inscribe, a pesar de que el interesado no está cumpliendo con la ley.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Recupera el uso de la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, efectivamente, ese es el problema: se regulariza la propiedad y no el loteo.
Ello genera un fuerte conflicto. Y los municipios no debieran aceptar las inscripciones en el Conservador si no está regularizado el loteo, cuestión que no ocurre.
Quiero agregar dos materias cuya manera de resolverse debe precisarse.
Una es la relativa a la propiedad fiscal aquí planteada.
En ese ámbito se ha legislado, sobre todo para que los municipios regularicen muchas propiedades irregulares que tienen, que en un momento les fueron cedidas y no se inscribieron.
Al menos en dos oportunidades hemos sacado leyes al respecto y se ha logrado avanzar. Pero debiera haber una norma permanente para enfrentar ese tipo de situaciones.
Por otro lado, está el tema de la propiedad comunitaria.
Todo lo propuesto en la ley en proyecto apunta, principalmente, a la propiedad individual.
Bienes Nacionales hoy día está aplicando el DL Nº 2.695 a la propiedad comunitaria. Se está yendo por el borde de la ley. Por ejemplo, sedes que no tienen propietario se regularizan en virtud de dicho decreto ley y pasan a tener como propietarios una junta de vecinos u otra organización, cuestión que se presta para bastantes situaciones...

El señor LETELIER.- Discutibles.

El señor MONTES.- ... muy complejas, muy discutibles, porque, además, se está saltando sobre todo -según entiendo- en las zonas agrícolas y en los sectores de la reforma agraria.
En fin, hay muchas irregularidades sobre el particular.
Señor Presidente, quiero terminar diciendo que el proyecto es un aporte, aunque haya debido -como también señaló el Senador Moreira- rehacerse, pues originalmente era mucho más ambicioso que lo ahora propuesto. Pero, al final, se tuvo que acotar para hacerlo viable y para que constituyera un aporte.
En la discusión en particular tenemos que mejorarlo. Pero, además, debemos motivar al Gobierno para que envíe una iniciativa mayor, global, sobre reformulación del decreto ley N° 2.695, de manera de consolidar una legislación que aborde problemas más permanentes en este ámbito.
Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, debo decir que yo, a través de los años de servicio público que tengo -son hartos- he visto una buena aplicación del DL Nº 2.695 y no me ha tocado presenciar situaciones de abuso u otras que uno pudiera considerar irregulares.
Más aún, cuando se ha tratado de propiedades fiscales he observado que en general los jefes de servicio son bastante activos, al igual que los municipios, para reclamar por estarse intentando inscribir una propiedad ya registrada a nombre del Fisco...

El señor PROKURICA.- ¡No!

El señor GARCÍA.- Pero se intenta.
Yo doy fe de que muchas veces se hace, por ejemplo, con terrenos de ferrocarriles; con terrenos que en algún minuto fueron áreas verdes; con terrenos que en cierto momento fueron de propiedad del SERVIU o municipal.
Me parece bien contar con un instrumento que permite la regularización de la pequeña propiedad, naturalmente que cumpliendo todos los requisitos establecidos en la legislación.
Pero en Chile tenemos un tremendo desorden: hay miles y miles de pequeñas propiedades no inscritas. Por lo tanto, creo que este instrumento es válido, útil, porque debemos hacer un esfuerzo para que la gente sea propietaria del lugar donde vive, más aún cuando lleva residiendo en él años y años, y muchas veces lo han hecho sus padres y también sus abuelos. Pero, naturalmente -repito-, cumpliendo los requisitos legales, sin que eso signifique abuso de ninguna naturaleza.
Este es un proyecto de artículo único. Por tanto, si lo aprobamos ahora podría perfectamente quedar despachado en este trámite. Por eso quiero proponer que vuelva a la Comisión. Porque, por ejemplo, no sé si se ha pedido la opinión del Ministerio de Vivienda respecto de la norma que establece que los inmuebles así regularizados no podrán gravarse ni hipotecarse durante cinco años.
Esa Cartera, en armonía con la Comisión de Vivienda del Senado, ha impulsado varias iniciativas, entre ellas, la de regularización de la pequeña propiedad -los llamados "loteos irregulares"-, que están trayendo un tremendo beneficio a la gente, porque por fin será propietaria de sus terrenos; por fin podrá postular a proyectos para que se construya el alcantarillado; por fin le será posible implementar en esas villas agua potable y luz eléctrica.
Por lo tanto, no quisiera que por estas normas los programas respectivos del Ministerio de Vivienda se vieran afectados o retrasados, porque finalmente estaríamos perjudicando a gente muy modesta, muy sencilla, que de buena fe está llevando adelante los procesos de regularización.
¿Qué ocurrirá si alguien quiere postular a un subsidio habitacional y necesita un crédito hipotecario del banco? ¿Cómo lo hará si le estamos poniendo una restricción por cinco años?
Por eso, más allá de votar a favor de la idea de legislar, quisiera que este proyecto fuera visto nuevamente en la Comisión de Vivienda.
No sé si se ha pedido la opinión del Ministerio de Vivienda. Si no se ha hecho, me gustaría que se le solicitara. Y si ya emitió su parecer, me gustaría tenerlo a la vista cuando votemos en particular cada uno de los numerales de este proyecto.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- La forma que tenemos para acoger lo que planteó el Senador señor García es establecer un plazo para la presentación de indicaciones. Así esta iniciativa no quedaría aprobada en particular, no obstante ser de artículo único.

El señor MOREIRA.- ¿Me permite un punto de Reglamento, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, acá hay miembros de la Comisión de Vivienda: los Senadores Montes, Tuma (su Presidente) y quien habla.
Entonces, respecto a la solicitud que se ha hecho, me gustaría conocer la opinión del titular de dicho órgano técnico, Senador Tuma, o del Honorable señor Montes, quien es experto en la materia.

El señor LETELIER.- ¿Eso es de Reglamento?

El señor MOREIRA.- Sí. Es de Reglamento requerir la opinión frente a algo que se está pidiendo.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Me quedo con la intervención inicial que hizo el Senador señor Moreira.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, aquí hay diferentes intereses en conflicto.
Entiendo la interpretación, la opinión del Senador Prokurica, quien en un momento enfocó lo relativo a los abusos.
Comprendo también al Honorable señor García, quien habló de las virtudes de este instrumento.
Ahora bien, lo que uno busca es el justo equilibrio.
La verdad es que a mi juicio este proyecto no logra el equilibrio necesario. Y quiero explicar por qué, por lo cual voy a pedir plazo para la presentación de indicaciones.
Por desgracia, los abusos al interior de las familias existen: sobrino, nieto, hermano, en fin.
Los abusos en ese ámbito son más frecuentes de lo que uno piensa.
Por ende, hay que lograr la generación de causales de nulidad absoluta cuando se producen procesos de regularización en que después se demuestra que fue de un pariente contra otro.
Ello, lamentablemente, se da.
Por ejemplo, en la comuna de Chimbarongo se presentó el caso de una sobrina que inscribió la propiedad de una tía abuela discapacitada (se halla en silla de ruedas) a la que, más encima, está lanzándola a la calle.
Es una situación tremenda, en que se ha hecho mal uso de la legislación.
He visto casos de parejas que han vivido cincuenta años en el mundo rural, en que un pariente inscribió su propiedad. Esta persona nunca ocupó el lugar; pero hizo la inscripción hace más de diez años, y hoy es título cierto.
Señor Presidente, uno necesita precisar mejor esta materia a fin de evitar los abusos de una acción excepcionalísima y que se masificó. Ello, porque en un tiempo se consideró que muchas personas habían ocupado propiedades que no tenían dueños o que no fueron reclamadas.
Con todo el esfuerzo que se ha hecho durante décadas, creo que se debe contemplar la forma de generar mayores causales de nulidad que signifiquen establecer procedimientos judiciales que permitan revertir los títulos que se han entregado y plazos más largos para el reclamo.
Yo no encuentro que eso deba ser considerado como algo negativo.
Si las personas son ocupantes legítimos, esperar uno, dos o cinco años no afecta absolutamente en nada, pues, con el tiempo, van a tener el dominio real sobre la propiedad.
Lo que hay que evitar en el siglo XXI es que se generen abusos. Porque -tal como lo indicaron algunos acá- puede haber funcionarios públicos que no cumplen todos los procedimientos, que no hacen las visitas a terreno.
Quizá hay que pedirles a los municipios que intervengan.
Entiendo el problema que eso puede conllevar: una politización, de repente, de un trámite administrativo con efectos jurídicos muy relevantes.
Entonces, porque creo que hay que buscar un mejor equilibrio, ciertamente voy a votar a favor de este proyecto, pues su sentido es aumentar el plazo de prescripción de la acción penal en los casos en que la calidad de poseedor regular se obtuviere mediante fraude. Pero necesitamos contemplar otras situaciones. Y para ello, deberíamos darnos más tiempo. Se trata de una iniciativa demasiado importante como para despacharla así nomás.
Quiero agradecerle a la Comisión de Vivienda el trabajo que ha hecho.
Comparto lo que señaló el Senador Montes sobre las propiedades comunitarias, cuestión que también es muy delicada.
Por todo ello, pido un plazo de a lo menos quince días para presentar indicaciones.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se ha solicitado un plazo de quince días, el cual parece bastante razonable, dado que la próxima semana tendremos que abocarnos a la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Quiero saludar a los jóvenes que se encuentran en las tribunas. Son alumnos del Colegio Padre Nicolás, de Vilcún; vienen acompañados por sus profesores, don Leopoldo Britner y doña Paula Calabrano, y participan en la final del Torneo Delibera 2016, la cual se llevará a cabo mañana en la Biblioteca del Congreso Nacional. Su trabajo se titula "Modificación de la ley N° 19.451, sobre trasplantes y donación de órganos".
¡La Sala del Senado los saluda!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Solicito la autorización de la Sala para que me remplace en la testera el Honorable señor Moreira por algunos minutos.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Moreira, en calidad de Presidente accidental.

El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, es claro que el decreto ley N° 2.695 estuvo bien inspirado, pues perseguía el saneamiento en los casos de familias vulnerables que aspiraban a tener la propiedad física y legal del bien raíz en que vivían y así poder optar a subsidios y beneficios del Estado.
Primero, para postular a una vivienda con subsidio en los sectores rurales hay que ser dueño del terreno.
Muchas familias han vivido en el campo durante generaciones (abuelos, padres, hijos, nietos, en fin) sin regularizar las propiedades.
El decreto ley N° 2.695 establecía plazos para la prescripción de las acciones legales. Sin embargo, en sí mismo era virtuoso, pues permitía regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz de manera expedita a quienes no tenían otra fórmula para hacerlo.
Ahora, señor Presidente, como siempre se ha dicho: "Hecha la ley, hecha la trampa". En efecto, se empezó a defraudar, razón por la cual el referido decreto ley fue modificado en los años 1982, 1996 y 2010, tras el terremoto (caso de Dichato), en que se estableció la gratuidad de las solicitudes de saneamiento y de las inscripciones de terrenos en las zonas siniestradas.
Hoy se plantea un asunto absolutamente jurídico, complejo: aumentar el plazo de prescripción de la acción penal en los casos en que haya defraudamiento. Ello, para que una persona a la cual le han inscrito a la mala su terreno -a la familia o a la sucesión, en el caso de los herederos- tenga más plazo para actuar penalmente, tratando ciertamente de corregir un delito.
Señor Presidente, esto ocurre a diario, y a veces, con consentimiento de funcionarios públicos.
Uno aspiraría a que la legislación sancionara doblemente al funcionario que de manera maliciosa, consciente, con conocimiento hiciere mal uso de este decreto ley, más allá de la persona a la cual le ofrecen la gestión, siendo igualmente cómplice, pero en este caso pasivo.
Creo que este aumento del plazo permite defender mejor el derecho de los legítimos propietarios.
No obstante, quiero hacer una salvedad.
He conocido muchos casos en que, por ejemplo, el dueño de un fundo inmenso (de cien hectáreas, de quinientas hectáreas, de mil hectáreas) y sus abuelos y bisabuelos le han permitido a una familia de medieros vivir en un terreno de dos hectáreas durante generaciones. Pero llegan los nietos, ingenieros comerciales, que lo único que quieren es vender el campo para meterle pinos, eucaliptus, en fin, y se encuentran con que hay un par de viejitos que han estado toda su vida trabajando y haciendo producir el campo de sus abuelos; que han vivido en dos hectáreas, donde tienen su casa habitación y una pequeña huerta. ¡Y los quieren sacar sin ninguna consideración!
Señor Presidente, yo he dicho que la ley siempre debe ajustarse a la ética.
Uno va a la Corte Suprema en Santiago, o a los tribunales en Concepción, cerca de la plaza, en Tucapel, y ve que dice "Tribunales de Justicia" y no "Tribunales de Derecho".
Porque uno espera de los tribunales que apliquen justicia, y que el Derecho se ajuste a buscar la justicia, a hacer el don de los justos.
El decreto ley N° 2.695 se aplicaba para hacer justicia; es decir, los más humildes podían sanear sus propiedades, y había un procedimiento expedito, no una larga tramitación burocrática.
Ciertamente, eso se ha prestado para abusos. Y ello hay que corregirlo.
Sin embargo, no quisiera que se perdiera el mecanismo original y el objetivo que tenía.
Se señala en el informe que los recursos asignados alcanzan para tramitar 12 mil solicitudes al año. Y el promedio anual ha sido de 14 mil, cifra que se incrementó en 2015.
Es decir, el propio Gobierno ha hecho uso de este decreto ley para sanear bienes raíces y posibilitar subsidios habitacionales en sectores rurales, e incluso urbanos.
Por tanto, si bien esta ampliación de plazo perfecciona un mecanismo legal, para hacer uso del legítimo y sagrado derecho al pataleo que todos tenemos, se debiera siempre conservar el sentido inicial para el cual fue creado, la voz de los antepasados, de quienes crearon aquello.
Algunos dicen que se creó en dictadura.
Más allá del momento en que se estableció, lo que hay que mantener es el espíritu, con las correcciones necesarias.
De otro lado, señor Presidente, la ampliación de plazo requiere abogados.
Yo no sé por qué siempre terminamos aprobando proyectos de ley en los cuales los únicos que ganan son los abogados.
Porque tienen más trabajo, reciben más honorarios: ¡les ampliamos el horizonte laboral constantemente!
Cada vez que nos metemos en materias legales de esta índole hay un beneficiario directo, aunque no lo reconozcan: los abogados de nuestro país.
Porque, al final, para la tramitación penal tiene que haber alguien que defienda y que cobre, pues la Defensoría Penal en materia de tribunales es la nada misma. Los estudiantes en práctica no logran hacer mucho en seis meses.
Entonces, la defensa de mi derecho, si he sido usurpado de un terreno que pertenece a mi familia, no debiera exigir contratación de abogados. Porque finalmente el costo de estos termina siendo casi similar al valor del terreno, pues son juicios de uno a dos años, y los honorarios se van cobrando de manera persistente.
Hay, por cierto, de todo en la viña del señor, y en todas las profesiones.
Solo digo que, junto con esa acción penal, cuyo plazo de prescripción estamos ampliando, debiéramos tener en consideración aquello para quienes no pueden pagar un abogado y se encuentran en una situación de esta naturaleza. Hablo de las familias de escasos ingresos, para las cuales por lo demás se estableció el referido decreto ley; es decir, pequeños propietarios consuetudinarios, históricos, de larga tradición familiar.
Ello, a fin de no tener que decirles que despachamos una iniciativa de ley que los obliga a tener un abogado que los defienda, sin poder acceder, por ejemplo, a un ombudsman.
Señor Presidente, en Chile hace falta la figura del ombudsman.
En Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, Francia, Alemania, Suecia existe el ombudsman: el defensor del pueblo.
¿Por qué acá no tenemos un ombudsman? ¿Por qué no hay un equipo de abogados, una figura, una autoridad destinada a proteger a los débiles de los abusos de los poderosos?
Esta es una deuda pendiente.
Lo intentó introducir el Presidente Aylwin. Incluso nombró a un ombudsman, quien después fue Presidente del Tribunal Constitucional. No recuerdo su nombre, pero era socialista y un gran jurista.
Pero finalmente ello no prosperó.
La principal acción que debemos realizar para saldar esa deuda y de verdad hacer justicia, al objeto de lograr que este tipo de legislaciones sean aplicables y no letra muerta, es establecer una institucionalidad capaz de dar defensa a desvalidos: en especial, la figura del ombudsman.
Yo elaboré un proyecto sobre el particular; pero algunos dijeron que era inconstitucional.
Los Senadores no podemos presentar una iniciativa de ley que cree esta figura, pues implica recursos fiscales.
En consecuencia, no es que Navarro pida y pida un ombudsman y no haga nada por eso. ¡No! El proyecto de ley tiene que venir del Ejecutivo. Y si bien todos los Gobiernos, incluso el de Piñera, han prometido aquello, no lo han cumplido.
Esto forma parte de la debacle de la política y de la falta de credibilidad que tenemos actualmente.
Voy a votar a favor de esta iniciativa. Habrá un plazo para la presentación de indicaciones. Me parece que es factible perfeccionar el mecanismo de la defensa, a los efectos de posibilitar que, en el caso de un delito, la sola denuncia y la acción de los fiscales se hagan sin la necesidad de tener que pagarle a un abogado, lo que al final sale tan caro como el valor del terreno, o se torna impagable.
Porque no parece adecuado decirle a una familia humilde que debe vender la yunta de bueyes o la poca madera que tenía en el campito para cancelarle al abogado a fin de resolver el lío que generó un pillo, un delincuente.
Debiéramos tener asistencia judicial en casos calificados para ello.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (17 votos a favor).
Votaron la señora Muñoz y los señores Chahuán, García, García-Huidobro, Guillier, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros y Tuma.
El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Se fija plazo hasta el jueves 1 de diciembre próximo para presentar indicaciones, con la finalidad de que se resuelvan todas las aprensiones e inquietudes planteadas por Sus Señorías durante este debate.

Por haberse cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.

PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al señor Superintendente de Seguridad Social, requiriéndole antecedentes sobre DENUNCIA CONTRA DON ÓSCAR SILVA ARAYA POR USO PROLONGADO E ILEGÍTIMO DE LICENCIAS MÉDICAS.
Del señor CHAHUÁN:
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Salud, a la señora Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente, al señor Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado y al señor Director Regional de la Dirección General de Aguas, todos ellos de Valparaíso, para consultar por CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EN CAUSA ROL 188-2006, CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO CON INVERSIONES BOSQUES DEL MAUCO S. A., POR DAÑO AMBIENTAL.
Del señor ESPINA:
A la señora Ministra de Salud, solicitándole autorizar FUNCIONAMIENTO DE SEGUNDA BASE SAMU EN COMUNA DE VICTORIA (Región de La Araucanía).
Del señor GARCÍA:
Al señor Presidente de BancoEstado, pidiéndole estudiar TÉRMINO DE COBROS POR MANTENCIÓN EN CUENTAS ESTABLECIDAS EN LEY N° 19.884 DESDE MOMENTO EN QUE SE PROHÍBE A SUS TITULARES UTILIZARLAS.
Al señor Gerente General de Correos de Chile, pidiéndole revisar y revertir COBRO POR ARRIENDO DE CASILLA A VECINOS DE RADAL, COMUNA DE FREIRE.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Economía, Fomento y Turismo, con el objeto de que resuelvan de manera armónica situaciones relacionadas con PROYECTO DE LEY SOBRE REINETA; AUTORIZACIÓN DE ZONAS CONTIGUAS SIN ACUERDO DE ORGANIZACIONES DE AISÉN; INCENDIO DE PLANTA INDUSTRIAL DE CHACABUCO; MALESTAR DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES, Y NIVELACIÓN DE ASIGNACIÓN DE ZONA.
Del señor LARRAÍN (don Hernán):
A los señores Ministro de Relaciones Exteriores y Director del Registro Civil, solicitándoles información referida a DESARROLLO DE PROGRAMA DE EXENCIÓN DE VISAS DE TURISMO DE ESTADOS UNIDOS.
Del señor NAVARRO:
Al señor Contralor General de la República, pidiéndole remitir copia de ESTUDIOS SOBRE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EN EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo y al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándoles remitir copia de ESTUDIOS SOBRE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EN EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS, E INFORME DE MEDIDAS ADOPTADAS RESPECTO A PROYECTOS Y OBRAS OBJETO DE OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES.
A la señora Ministra de Salud, requiriéndole remitir COPIA DE AUDITORÍA A HOSPITALES CONTRATANTES DE SERVICIOS DE SOCIEDADES MÉDICAS EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y COPIA DE PROPUESTA SOBRE REGULACIONES EN COMPRA DE DICHOS SERVICIOS EN PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA 2017.
A los señores Ministro del Medio Ambiente, Director Nacional del SAG y Superintendente del Medio Ambiente, para que hagan llegar COPIA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN CON ARGENTINA PARA ENFRENTAR PLAGA DE CASTORES EN EXTREMO SUR CHILENO-ARGENTINO y solicitándoles informar sobre ACCIONES A LARGO PLAZO PARA EVITAR PROLIFERACIÓN DE DICHA ESPECIE EN ESA ZONA.
Del señor MATTA:
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándole señalar RAZONES PARA NO APLICACIÓN A TAXIS BÁSICOS REGIONALES DE REGLAMENTO SOBRE "PUBLICIDAD EXTERIOR Y AVISO EN VEHÍCULOS QUE INDICA" (Reiteración de oficio).
De la señora VON BAER:
A los señores Ministros de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, requiriéndoles información detallada sobre TRABAJOS EN BARCAZA ANDALUÉ, QUE UNE NIEBLA Y CORRAL, EN REGIÓN DE LOS RÍOS.

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El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:56.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción