REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 77ª, en martes 3 de enero de 2017
Ordinaria
(De 16:21 a 19:56)
PRESIDENCIA DE SEÑOR JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el Ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga Vicuña.
Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco Aguayo, y el Director Nacional de Aduanas (t y p), señor Juan Araya Allende.
Actuó de Secretario General subrogante el señor José Luis Alliende Leiva, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Las actas de las sesiones 70ª, especial, en 24 de noviembre de 2016; y 75ª y 76ª, ordinarias, en 20 y 21 de diciembre de 2016, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima para su aprobación.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Les deseamos un muy feliz año a todas las señoras Senadoras y a todos los señores Senadores, al igual que al señor Ministro de Obras Públicas, quien nos acompaña.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).-
Las siguientes son las comunicaciones que han llegado a la Secretaría:
Mensajes
Doce de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto que autoriza traspasar recursos provenientes de la aplicación de la ley N° 13.196 al Tesoro Público, a fin de permitirle una capitalización extraordinaria a la Corporación Nacional del Cobre de Chile, y modifica otras normas que indica (boletín N° 11.028-05).
Con los tres siguientes hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El que reforma el Código de Aguas (boletín N° 7.543-12).
2) El que moderniza la legislación aduanera (boletín N° 10.165-05).
3) El que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Fondo de Infraestructura S.A." (boletín N° 10.647-09).
Con los otros seis retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales (boletín N° 6.252-09).
2) Proyecto que incentiva la inclusión de discapacitados en el mundo laboral y modifica la ley N° 20.422 a fin de establecer la reserva legal de empleos para personas con discapacidad (boletines números 7.025-31 y 7.855-13, refundidos).
3) Proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet (boletín N° 8.584-15).
4) Proyecto de ley que crea el Ministerio de la Cultura (boletín N° 8.938-24).
5) Proyecto de ley que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo de menores de edad víctimas de delitos sexuales (boletín N° 9.245-07).
6) Proyecto de ley que sanciona el maltrato infantil (boletines números 9.279-07, 9.435-18, 9.849-07, 9.877-07, 9.904-07 y 9.908-07, refundidos).
Con el penúltimo hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que previene y sanciona los conflictos de interés y modifica normas sobre inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública (boletín N° 10.140-07).
Con el último retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que moderniza el Consejo Nacional de Televisión, concede las asignaciones que indica y delega facultades para fijar su planta de personal (boletín N° 10.922-05).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados:
Con el que comunica que ha aprobado el proyecto que autoriza traspasar recursos provenientes de la aplicación de la ley N° 13.196 al Tesoro Público, a fin de permitirle una capitalización extraordinaria a la Corporación Nacional del Cobre de Chile, y modifica otras normas que indica (boletín N° 11.028-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el control de constitucionalidad del proyecto de ley que permite la transformación de los institutos profesionales y centros de formación técnica en personas jurídicas de aquellas regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil (boletines números 10.261-04 y 10.302-04, refundidos).
--Se toma conocimiento y se mandó comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República.
Remite copias de las sentencias definitivas pronunciadas en diversos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, relativos a las siguientes disposiciones:
-Inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.
-Artículo 22 del decreto con fuerza de ley N° 707, sobre cuentas corrientes bancarias y cheques.
-Inciso segundo del artículo 5° e inciso segundo del artículo 10, ambos de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.
-Artículos 5°, inciso segundo, y 10, inciso segundo, de la ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública, y del artículo 31 bis de la ley N° 19.300, sobre bases generales del medio ambiente.
-Inciso primero del artículo único de la ley N° 20.473, que otorga, transitoriamente, las facultades fiscalizadoras y sancionadoras que indica a la Comisión señalada en el artículo 86 de la ley Nº 19.300, sobre bases generales del medio ambiente.
-Artículos 15 y 16 del decreto ley N° 2.695, sobre regularización de la pequeña propiedad raíz.
-Artículo 5°, números 1 y 3, del Código de Justicia Militar.
-Artículo 483 del Código Procesal Penal.
--Se manda archivar los documentos.
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las normas que siguen:
-Artículos 235, regla 3a, y 488 del Código de Procedimiento Civil.
-Inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.216 e inciso segundo del artículo 17 B de la ley N° 17.798.
-Artículos 5°, inciso segundo, y 10, inciso segundo, de la ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública, y del artículo 31 bis de la ley N° 19.300, sobre bases generales del medio ambiente (resolución que rectifica sentencia).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Contralor General de la República:
Con el que promueve una contienda de competencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 53, Nº 3, de la Carta Fundamental, en relación con el recurso de casación en el fondo deducido ante la Excelentísima Corte Suprema en los autos rol N° 76325-2016, caratulados "Rodríguez Mendoza, HéctorEduardo, con Dirección General de Aeronáutica, Fisco de Chile", radicados en la Cuarta Sala del Máximo Tribunal (boletín Nº S 1.913-03).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se mandó ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Del señor Ministro de Defensa Nacional:
Informa sobre diversos aspectos aeronáuticos en la Región de Los Lagos, materia consultada en nombre del Honorable señor Quinteros.
Del señor Ministro de Desarrollo Social:
Contesta inquietud del Honorable señor Horvath acerca de destinar a fines sociales un porcentaje del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos:
Remite informes sobre la situación penitenciaria chilena elaborados por la consultora "Altegrity Risk", antecedentes requeridos en nombre del Honorable señor Ossandón.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Responde inquietud, planteada en nombre del Honorable señor Matta, sobre las razones por las cuales la resolución Nº 44, de 2004, de esa Secretaría de Estado, texto que regula la publicidad exterior y los avisos en vehículos que indica, no se aplica en regiones distintas de la Metropolitana.
Del señor Ministro (s) de Agricultura:
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Honorable señor De Urresti, acerca del proyecto "Sistema integrado de monitoreo deecosistemas forestales".
Del señor Subsecretario de Justicia:
Atiende preocupación, expresada en nombre del Honorable señor Horvath, respecto de situaciones que se presentan en las cárceles de la Región de Aisén, principalmente en la de Coihaique.
Absuelve consulta, planteada en nombre del Honorable señor Navarro, en cuanto a la crisis que afecta al Servicio Nacional de Menores.
Del señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura:
Envía información sobre entrega de beneficios con cargo a recursos del Gobierno Regional para organizaciones de pescadores artesanales de la Región de Los Lagos, materia consultada en nombre del Honorable señor Quinteros.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos:
Atiende preocupación, manifestada en nombre del Honorable señor Quinteros, relativa a la adopción de medidas necesarias para agilizar el proceso de facturación electrónica en la comuna de Ancud y sus alrededores.
Del señor Director del Servicio Electoral:
Contesta solicitud de información, expedida en nombre del Honorable señor Chahuán, acerca de situación del padrón electoral como consecuencia de los cambios de domicilio no solicitados por los ciudadanos.
Del señor Director (t y p) del Instituto de Salud Pública de Chile:
Adjunta antecedentes sobre fármacos, campañas informativas y fiscalizaciones efectuadas por organismo a su cargo, consulta realizada en nombre del Honorable señor Navarro.
Del señor Director Nacional OR. OC. del Servicio Agrícola y Ganadero:
Da respuesta a petición, enviada en nombre del Honorable señor De Urresti, para informar acerca del Programa de Envases Vacíos, implementado por la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas A.G. (AFIPA).
Del señor Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP):
Expone antecedentes sobre el Estudio de Línea Base de los Usuarios de INDAP, consulta formulada en nombre del Honorable señor De Urresti.
Del señor Director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de La Araucanía:
Contesta petición, remitida en nombre del Honorable señor García, para disponer una visita inspectiva a los trabajos de contención del canal Pichi Cautín, desde calle Carrera hasta el final de Prieto Norte, en la ciudad de Temuco.
Del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile:
Remite respuesta a solicitud, enviada en nombre del Honorable señor Navarro, atinente a la situación que afecta a un exfuncionario de dicha institución.
De la señora Directora Ejecutiva de la Fundación Integra:
Atiende inquietud, planteada por el Honorable señor García, acerca de la situación acaecida en el jardín infantil "La Ribera", de la ciudad de Temuco.
Del señor Secretario General de Carabineros de Chile:
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Honorable señor Navarro, concerniente a costos, plazos y motivos de los operativos de resguardo, por parte de la institución, de infraestructuras pertenecientes a las administradoras de fondos de pensiones.
Del señor Agente Zonal del Biobío de la Superintendencia de Salud:
Atiende preocupación, manifestada en nombre del Honorable señor Navarro, referente a la situación en que se encuentra el espacio físico que utilizaba el exhospital traumatológico de Concepción.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, durante su XLV Periodo Ordinario de Sesiones, celebrada en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América (boletín 10.777-10).
Segundo informe de la Comisión Especial encargada de conocer los proyectos relativos a Probidad y Transparencia, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y otros cuerpos legales en lo relativo a probidad y transparencia (boletín Nº 10.264-07) (con urgencia calificada de "simple").
De la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias surgidas en la tramitación del proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales (boletín N° 6.252-09) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para tabla.
Mociones
Del Honorable señor Navarro, con la que inicia un proyecto que modifica la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, para impedir que los reglamentos de copropiedad contengan normas discriminatorias (boletín Nº 11.055-14).
--Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
De los Honorables señores Harboe, Araya, Espina, Larraín y Tuma, con la que inician un proyecto que modifica la ley N° 20.720, la cual sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo, en materia de datos personales contenidos en el boletín concursal (boletín Nº 11.056-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Del Honorable señor García, con la que da inicio a un proyecto de ley que modifica el artículo 175 del Código Procesal Penal, para establecer la obligación de los administradores y trabajadores de hogares de reposo de denunciar los delitos cometidos en contra de adultos mayores al interior de estos establecimientos (boletín Nº 11.057-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del Honorable señor Tuma, de la Senadora señora Goic y del Honorable señor Chahuán, con la que inician un proyecto de ley para regular la venta de bebidas con aditivos energizantes y sustancias estimulantes a menores de edad (boletín Nº 11.058-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
De los Honorables señores Harboe, Araya, De Urresti, Lagos y Tuma, con la que dan inicio a un proyecto que modifica el artículo 1° de la ley N° 20.477, la cual modifica la competencia de los tribunales castrenses, en lo relativo a delitos comunes cometidos por militares (boletín Nº 11.059-02).
--Pasa a las Comisiones de Defensa Nacional y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema para los fines previstos en el artículo 77 de la Carta Fundamental.
Del Honorable señor Horvath, con la que inicia un proyecto de ley sobre la protección y sustentabilidad de especies silvestres (boletín Nº 11.067-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Informes
De la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones (boletín Nº 8.149-09) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Obras Públicas, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Fondo de Infraestructura S.A." (boletín N° 10.647-09) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para tabla.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.
Tiene la palabra el señor Secretario.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
En sesión celebrada hoy, los Comités han adoptado los siguientes acuerdos:
1.-
Retirar de la tabla de la presente sesión el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que crea la XVI Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata (boletín N° 10.277-06), e incorporarlo en el Orden del Día de la sesión ordinaria del próximo martes 10 del presente.
2.-
Tratar, en el primer, segundo y tercer lugares del Orden del Día de la presente sesión ordinaria, los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la legislación aduanera (boletín N° 10.165-05).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Fondo de Infraestructura S.A." (boletín N° 10.647-09), disponiéndose que será informado por la Comisión de Hacienda solo en el trámite reglamentario de segundo informe.
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones (boletín N° 8.149-09).
3.-
Retirar de la tabla el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, sobre dominio y uso de las aguas (boletines números 6.124-09, 6.141-09, 6.254-09, 6.697-07, 7.108-07, 8.355-07, 9.321-12, 10.496-07 y 10.497-07, refundidos).
4.-
Considerar, en el primer y segundo lugares del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 4 de enero, los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio de la Cultura (boletín N° 8.938-24).
-Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales (boletín N° 6.252-09).
5.-
Fijar el siguiente calendario de semanas regionales para el año 2017, hasta enero de 2018:
Marzo: desde el lunes 27 hasta el viernes 31.
Abril: desde el lunes 24 hasta el viernes 28.
Mayo: desde el lunes 29 hasta el viernes 2 de junio.
Junio: desde el martes 27 hasta el viernes 30.
Julio: desde el lunes 24 hasta el viernes 28.
Agosto: desde el lunes 28 hasta el viernes 1° de septiembre.
Septiembre: desde el lunes 25 hasta el viernes 29.
Octubre: desde el lunes 30 hasta el viernes 3 de noviembre.
Noviembre: desde el lunes 13 hasta el viernes 17.
Diciembre: desde el martes 26 hasta el viernes 29.
Enero 2018: desde el lunes 29 hasta el miércoles 31.
Se suspenden las sesiones entre el lunes 5 de febrero y el viernes 2 de marzo de 2018.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Se solicita la unanimidad de la Sala para que puedan ingresar el Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco, y el Director Nacional de Aduanas (t y p), señor Juan Araya.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
MODERNIZACIÓN DE LEGISLACIÓN ADUANERA
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la legislación aduanera, con segundo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.165-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 22ª, en 8 de junio de 2016 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Especial de Zonas Extremas: sesión 57ª, en 25 de octubre de 2016.
Hacienda: sesión 57ª, en 25 de octubre de 2016.
Hacienda (segundo): sesión 75ª, en 20 de diciembre de 2016.
Discusión:
Sesiones 59ª, en 2 de noviembre de 2016 (se aprueba en general); 76ª, en 21 de diciembre de 2016 (queda para segunda discusión en particular).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
La Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° y 10 permanentes, y primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que deben darse por aprobados, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su votación o discusión.
--Reglamentariamente, se dan por aprobados.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
El órgano técnico efectuó diversas modificaciones al proyecto de ley aprobado en general, las cuales fueron acordadas por unanimidad, con excepción de dos, que serán puestas en discusión y votación en su oportunidad.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifiesten su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, pido votar separadamente los números 7, 8 y 9 del artículo 1°.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
Es preciso pronunciarse, sin debate, sobre las modificaciones unánimes respecto de las cuales no se ha pedido votación separada, como la que acaba de solicitar el Senador señor Coloma.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se darán por aprobadas.
--Se aprueban.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En discusión particular.
Puede intervenir el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, antes de que usted siga poniendo artículos en votación, pido, por su intermedio, que el Senador señor Zaldívar nos cuente qué se hizo en los días pasados, porque postergamos el pronunciamiento sobre el proyecto para ver si se llegaba a alguna coincidencia con la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile.
Este es un proceso de modernización, no solo de la legislación aduanera, sino también de la institución y del personal, y, en tal sentido, sería bueno que la Sala se pusiera al día, antes de continuar votando, en cuanto a si se logró algún acuerdo en la materia.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Simplemente se han acogido ahora las proposiciones unánimes respecto de las cuales no se pidió votación separada.
La discusión está abierta, de modo que cualquiera de Sus Señorías puede hacer uso de la palabra.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Sí, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
En cuanto a lo que se ha consultado, nos encontramos en la discusión particular, efectivamente. Casi todas las disposiciones se sancionaron por unanimidad, con la salvedad mencionada por la Secretaría, a lo que se suma la petición de votación separada por parte del Honorable señor Coloma.
En la última sesión en que la Comisión de Hacienda trató el proyecto se le planteó al señor Subsecretario la conveniencia de conversar con los dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas para que pudieran ver si acaso había alguna fórmula en orden a modificaciones.
Tengo aquí un acta de la reunión de 27 de diciembre recién pasado, cuando se realizó un análisis, al parecer, de todas las normas en debate. Creo que el señor Subsecretario, en todo caso, puede dar más antecedentes al respecto, puesto que el Senador que habla no participó en ella.
Conforme al texto, el Gobierno no aceptó enmiendas en la gran mayoría de los casos y estimó que no eran procedentes, con la excepción de algunos acuerdos menores, relacionados con la responsabilidad de los agentes de aduana y el reemplazo de la palabra "pasajero" por "viajero" -eso se había corregido por una indicación anterior y no es más que un aspecto de lenguaje-, así como de la expresión "persona adulta" por "viajero mayor de edad". En general, mantuvo la mayoría de sus posiciones, según el acta.
En este sentido, lo único que hizo la Comisión, en su momento, fue dar un espacio mayor para ver si acaso se presentaban nuevas indicaciones, lo que no ha sucedido, y el texto se mantiene con la fórmula en que fue aprobado por la Comisión de Hacienda.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Entonces, tenemos que llevar a cabo cinco votaciones: las tres separadas que pidió el Senador señor Coloma...
El señor COLOMA.-
Puede verificarse una sola.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Eso facilita las cosas.
A ello se agregan las correspondientes a los acuerdos de mayoría, que tienen que ser objeto de un pronunciamiento aparte de todas maneras.
Puede intervenir el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, quiero referirme solo a un aspecto que se discutió en la Comisión Especial de Zonas Extremas cuando el proyecto ingresó al Senado y que tiene que ver con algunas modificaciones que afectaban a las zonas francas de Iquique y de Punta Arenas.
En ese órgano técnico tuvimos la ocasión de escuchar los planteamientos de directivos de una y de otra empresa, como también de representantes de las llamadas "fuerzas vivas" de cada Región, incluidos los trabajadores de las zonas francas.
Las más importantes aprensiones tenían que ver, en primer lugar, con un aspecto que se señalaba en el proyecto de ley llegado desde la Cámara de Diputados.
Hay mucho ruido, señor Presidente; parece que los saludos continúan...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Se le escucha bien, Su Señoría.
El señor ROSSI.-
Usted no lo nota porque está muy lejos de acá.
El señor MOREIRA.-
¡Ustedes están muy lejos desde hace mucho tiempo...!
El señor ROSSI.-
Bueno, como señalaba, un aspecto decía relación con la posibilidad de establecer destinaciones aduaneras de depósito en cualquier lugar del país.
La verdad es que eso generaba una justificada inquietud en los gremios y en la gente de nuestras regiones, básicamente porque el principal negocio de las zonas francas es importar, almacenar y reexpedir o portar mercancías a otros países.
Nosotros pudimos introducir modificaciones, que fueron consensuadas con el Ministerio de Hacienda -a través del Subsecretario- y con el Director Nacional de Aduanas, en el sentido de señalar con total claridad que esas destinaciones aduaneras de depósito no eran almacenes francos, porque ellas solo podían establecerse en almacenes extraportuarios, y, por otro lado, que el objetivo o destino final de las mercancías almacenadas debía ser siempre la importación.
Resulta evidente que ese último punto da bastante tranquilidad, porque la mercancía almacenada en la destinación aduanera de depósito no puede ser exportada. Por lo tanto, no se replica el negocio de la zona franca.
Quería destacar ese aspecto, porque de alguna forma se resolvió durante la tramitación de este proyecto en la Comisión Especial de Zonas Extremas. Posteriormente, lo vio la Comisión de Hacienda.
Otro punto decía relación con un beneficio que tienen los retornados; es decir, los chilenos que regresan al país desde el exterior. Ellos pueden traer su vehículo o comprar uno en las zonas francas. En el proyecto que venía de la Cámara de Diputados se exceptuaba a estas últimas como un espacio para poder utilizar ese beneficio, lo que considerábamos francamente discriminatorio.
Así que, desde el punto de vista de lo que son las zonas francas de las zonas extremas, puedo señalar que los problemas más serios que veíamos en esta iniciativa fueron corregidos, rectificados, modificados a través de indicaciones en la Comisión Especial de Zonas Extremas, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Corresponde iniciar la votación particular del proyecto...
El señor COLOMA.-
Así es.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
... porque la discusión general ya se hizo.
Pero antes le daré la palabra al Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, le agradezco mucho su generosidad.
Me gustaría, antes de que comience la votación, dado que el Senador Zaldívar fue un poco críptico -discúlpenme si el adjetivo no es adecuado-,...
El señor MONTES.-
¡Es así...!
El señor LETELIER.-
... que se explicara mejor el conflicto que hay con los trabajadores y las organizaciones de Aduanas. Porque estamos ante un proyecto de ley que habla de modernización, pero existe incomodidad -voy a usar ese descriptor- y nada de eso está reflejado en las indicaciones. Los trabajadores no necesariamente perciben esta iniciativa como un instrumento que les permite avanzar o sentirse cómodos.
Porque algunos no tenemos dudas respecto de la modernización de la legislación aduanera, que puede ir en una dirección correcta, pero es bueno aclarar que la modernización del Servicio -lo planteó, en primer término, el Senador Horvath- es algo que debe estar presente también. De ahí que entendimos que la razón para darnos algún tiempo era poder encauzar soluciones.
Según lo que señaló el Senador Zaldívar, el Gobierno no acogió esa idea, por lo que sería deseable para la historia de la ley, antes de votar este proyecto en el Senado, que el Ejecutivo pueda precisar los conflictos que considera pendientes o no pendientes con los trabajadores, por cuanto mañana -y este es el punto que quiero dejar planteado en nombre de la bancada de Senadores socialistas- no nos queremos hacer cargo de alguna complicación que pueda surgir, por no haber abordado bien el desencuentro que hay con trabajadores de un Servicio que es sensible, delicado.
En consecuencia, agradezco de antemano al Subsecretario, porque demuestra su voluntad de compartir con nosotros esa información antes de entrar a votar.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Hay varios Senadores inscritos.
No sé si el señor Subsecretario quiere hacer uso de la palabra antes de las votaciones.
El señor COLOMA.-
¿Vamos a discutir la iniciativa en general o en particular?
El señor MONTES.-
Señor Presidente, siga su criterio no más. ¡No se deje influir por la Derecha...!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
No, al revés, Su Señoría. El Senador señor Coloma ha colaborado permanentemente con la Mesa en esta materia.
Por lo tanto, corresponde que procedamos a votar, porque se trata de la discusión particular del proyecto. Y cada cual podrá fundamentar su voto.
Debemos pronunciarnos sobre los tres artículos que solicitó votar separadamente el Senador señor Coloma, aparte de los otros dos que debemos someter a votación de todas maneras, en donde sí están contemplados los agentes aduaneros a los cuales se refirieron algunos señores Senadores.
Ofrezco nuevamente la palabra al Senador señor Zaldívar, como Presidente de la Comisión de Hacienda.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, lo que ha reclamado el Senador Letelier en el sentido de que fui un poco parco seguramente se debe a que no tengo más que informar, porque no he sido parte de la referida mesa ni he asistido a sus reuniones.
En la Comisión de Hacienda escuchamos a los dirigentes, que hicieron observaciones al proyecto, y también lo que nos informó el Subsecretario, que es quien ha estado a cargo del tema. Él se halla presente en la Sala y seguramente nos podrá explicar, a requerimiento del Senado, qué sucedió en esas conversaciones.
Lo que sí puedo decir es que la discusión de esta iniciativa se aplazó para posibilitar una nueva reunión final, en la cual fui bastante claro en decirles a los dirigentes que, en definitiva, quien tenía la capacidad de presentar indicaciones era el Ejecutivo y no nosotros los parlamentarios.
Ahora, en las actas que me entregaron -las cuales hice llegar a la Secretaría- se precisa punto por punto dónde hubo acuerdo o desacuerdo. En la mayoría de ellos hubo desacuerdo y el Ejecutivo mantuvo su posición, por estimar que la normativa tal como está presentada cumple mejor los objetivos de modernización del sistema aduanero.
No obstante lo anterior, el Subsecretario podría dar alguna información adicional sobre el particular.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Le ofrezco la palabra al señor Subsecretario, y, con posterioridad, si les parece a Sus Señorías, iniciaremos la votación en el orden que se ha planteado.
El señor MICCO (Subsecretario de Hacienda).-
Señor Presidente, voy explicar un poco los acuerdos a que se llegó entre el Gobierno y la ANFACH.
En primer lugar, se debe recordar que el 23 de noviembre de 2016 se firmó un protocolo de acuerdo que, a grandes rasgos, consideraba tres materias importantes: la primera se refería al manejo interno de Aduanas respecto de ciertos concursos; la segunda, a la modernización y al encasillamiento de los recursos humanos del Servicio de Aduanas, y la tercera, al cierre de la mesa de trabajo entre la ANFACH y la Subsecretaría de Hacienda respecto al proyecto de ley que hoy día está en discusión.
Quiero simplemente hacer presentes los puntos del citado protocolo de acuerdo:
-Primero, hacer una reunión para ver los problemas internos del Servicio (la sostuvimos hace dos semanas).
-Segundo, estudiar el proceso de encasillamiento para los funcionarios de dicho organismo, donde el Ejecutivo se comprometió a ingresar, si existe acuerdo con el gremio, antes de finalizar este año legislativo -es decir, en enero-, el proyecto respectivo, lo cual implica un aumento de recursos en Aduanas del orden de 20 mil millones de pesos. Con ello, al final tendríamos una planta de 59 mil millones de pesos, lo que representa un incremento importante en los grados de los funcionarios, pero también en la planta del Servicio, que se vio en el proyecto de reforma tributaria.
-Y, tercero, cerrar la mesa de revisión del actual proyecto de ley.
Esta mesa se instaló hace mucho tiempo. Y, de hecho, parte importante de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en su momento dicen relación con acuerdos que tuvimos con la Asociación.
Simplemente voy a nombrar los puntos en los que existió consenso y en que no fue necesario presentar indicaciones:
1.-
Facultad del Director Nacional de no dar curso a destinaciones aduaneras preferenciales frente a incumplimientos.
2.-
Regulación de empresas de envíos de entrega rápida.
3.-
Aumento del plazo para formular cargos.
4.-
Modificaciones a la regulación sobre subastas aduaneras.
5.-
Inclusión de establecimientos de beneficencia dentro de los beneficiarios de la donación de mercancía incautada por parte de la Dirección Nacional de Aduanas.
6.-
Incorporación de norma que autorice al Servicio Nacional de Aduanas para publicar determinados actos en extracto en el Diario Oficial.
7.-
Mandato para despachar y nuevos requisitos para la constitución de sociedades de agentes de Aduanas.
8.-
Reemplazo del libro circunstanciado.
9.-
Actualizaciones de la Sección 0 del arancel aduanero.
10.-
Reconocimiento legal a valor De Minimis.
En estos puntos se vio que lo planteado por la ANFACH ya estaba recogido en el proyecto de ley.
Los aspectos en los cuales tuvimos que hacer modificaciones fueron los siguientes:
1.-
Regulación de franquicias para viajeros y tripulantes, ya presentada en la indicación N° 171-364 del 26 de septiembre.
2.-
Creación de destinación aduanera de depósito, materia en la que se efectuó una serie de modificaciones en el mismo grupo de indicaciones.
-En relación a procesos menores, se incorpora la condición de que no alteren los atributos que determinan su carácter esencial, precisión que ya hizo el Senador Rossi.
-La referencia al artículo 56 de la Ordenanza de Aduanas.
Y así hay una serie de puntos que fueron acogidos.
Hubo otros que el Ejecutivo no acogió. Ellos se vinculan principalmente con temas que para nosotros eran de suma importancia, como el relativo al operador autorizado, parte fundamental del proceso de modernización que planteamos. En esa materia no llegamos a acuerdo con la ANFACH. Pero el día 27 de diciembre de 2016 tuvimos el acta de la reunión de cierre de esta mesa técnica conformada por la ANFACH, el Servicio Nacional de Aduanas y el Ministerio de Hacienda, identificándose claramente los puntos en los cuales teníamos concordancia y aquellos en que estábamos en desacuerdo, conforme al compromiso que se firmó entre el Gobierno y la ANFACH en el Protocolo de Acuerdo del 23 de noviembre de 2016.
Por lo tanto, nosotros entendemos que no hubo acuerdo en todas las materias. Y en aquellas en que sí lo hubo, ya se ingresaron las indicaciones respectivas.
Por otro lado, en cuanto al tema más importante para los funcionarios, el proyecto de encasillamiento, está el compromiso de ingresarlo a fines de enero.
Con eso creo que queda más claro el trabajo que se ha hecho, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Muy bien. Si le parece a la Sala, iniciaremos la votación.
Acordado.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
Se solicita a las señoras Senadoras y a los señores Senadores dirigirse a las páginas 19, 21 y 24 del texto comparado.
En la página 19 se encuentra el número 7 del artículo 1°, que modifica el artículo 92 de la ley.
En la página 21 aparece el número 8, que incorpora el artículo 92 bis.
Y, por último, en la página 24 está el número 9, que modifica el artículo 94.
Estas tres disposiciones son aquellas para las cuales ha pedido votación separada el Senador señor Coloma.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En votación las tres enmiendas.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, no voy a argumentar los puntos en votación. Pero quiero aprovechar de señalar dos cosas.
En primer término, tengo preocupación por la manera en que el proyecto asume todo lo relacionado con la regulación de empresas de envíos de entrega rápida, los famosos couriers.
Perdonen que lo diga, pero...
El señor COLOMA.-
¡Eso está en otra parte!
El señor MONTES.-
Lo sé. Pero, excúseme, voy a hablar solo esta vez.
Quiero decir que el argumento que se nos da es que más allá de los criterios que están en la ley esto tiene reglamentaciones que permiten resolverlo y evitar sus riesgos.
Porque todas las personas que operan en Correos nos dicen: "Aquí hay un alto riesgo con los couriers. Se está movilizando mercadería crecientemente. Y el nivel de control del transporte, del despacho y del almacenamiento queda muy sujeto a los reglamentos".
Mi deseo es simplemente dejar constancia de esa preocupación.
En segundo lugar, quiero decir algo sobre el contrabando de armas y de municiones.
No nos podemos hacer los lesos: en nuestro país hay una inmensa cantidad de armas y municiones. ¿Cómo llegan al mercado ilegal? Eso no está explicado.
Más aún, cuando consultamos esto al Servicio Nacional de Aduanas, ellos nos señalan que no han detectado movimientos al respecto. Y son movimientos muy grandes: hablamos de sobre 600 mil armas que circulan en el mercado ilegal y que, de alguna forma, entraron de contrabando.
Las autoridades aduaneras señalan que para aquello tienen los instrumentos, que el problema no es de ley, sino de operación y de reglamento. Bueno, ¡yo confío en eso! Pero quiero decirles que este es un problema serio. Hoy día tenemos 600 mil armas legales; 600 a 800 mil ilegales; más otro tanto de hechizas. Sin embargo, no se ve un control preciso sobre las armas y sobre las municiones. Y no hubo ninguna respuesta sobre el particular en los diferentes momentos del debate en que lo planteamos.
Quiero dejar constancia de estas preocupaciones, más allá del alcance específico de las indicaciones.
Gracias, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, el Senador Montes aclaró que no iba a intervenir más en este proyecto...
El señor PROKURICA.-
¡Quién le creyó...!
El señor COLOMA.-
Por tanto, ¡eso no se lo discuto...!
Ahora, lo que ha planteado es importante, pero no tiene nada que ver con el punto en examen. Lo quiero dejar claro.
Efectivamente, fue un tema que formó parte de la discusión larga en la Comisión de Hacienda, pero no guarda relación con el punto específico que debemos resolver.
¿Por qué pedí votación separada de los números 7, 8 y 9 del artículo 1°? Porque esto se ha votado cinco veces antes en el Senado y siempre se ha rechazado. Esta sería la primera vez que se aprobaría.
Se trata, básicamente, del plazo que tiene la Aduana para reclamar determinadas tasas que se deben cobrar respecto de operaciones de comercio exterior. Y aquí lo que se está haciendo -en el artículo siguiente- es ampliar el plazo a dos años.
Desde mi perspectiva, lo que debemos hacer hoy día, en un mundo moderno, es más bien acortar los plazos, acelerar los elementos que tienen que ver con el comercio. Porque, al final, extenderlos produce, primero, un gran costo. Obviamente, existe una duda respecto de los cobros. ¡No hay certeza! Y la incerteza económica es dañina.
Evidentemente, eso es una complejidad, en circunstancias de que este es un sistema que ha funcionado durante muchas décadas sin mayores problemas. Yo lo pregunté en la Comisión, porque uno no tiene por qué saberlo todo. Y si me dijeran que de repente la Aduana, entre un año y otro, encuentra una diferencia colosal, yo lo podría entender. Pero no ha ocurrido eso.
Simplemente, esta idea, que viene de lógicas a mi juicio muy estatistas, ha venido cinco veces a este Senado (durante este Gobierno, el anterior y antes también), y siempre se ha estimado que el plazo de un año, en el mundo moderno, con buenos sistemas -que los hay-, es completamente suficiente para poder entender que va a haber un cobro cuando existe una exención indebida.
Entonces, no me gustaría que esto -lo perdí en la Comisión, quiero dejarlo claro- pasara así como "colado", porque, por último, que cada uno asuma sus responsabilidades.
Les repito: ¡Cinco veces ha sido votada en este Senado la misma norma! No es que sea parecida: es esta misma norma. Ahora se está volviendo a incorporar, aparentemente con mayor éxito.
Y yo velo por el bien del país. Porque alguien me puede decir: "Oiga, si hemos medio acordado con las asociaciones de Aduanas que esto puede ser a cambio de otra cosa". No me interesan los cambios que se pueden haber hecho entre involucrados. A mí me importa el país. Y creo que a Chile le conviene tener un sistema rápido, un sistema eficiente (así ha funcionado hasta ahora), un sistema dúctil, para poder ir generando operaciones en un mercado mundial cada vez más expedito, donde cada vez son más necesarias las certezas jurídicas.
Y otra cosa: cuando la norma se rechazaba, se hacía por unanimidad. No fueron resultados estrechos. Ahora se está viendo un cambio de conducta que, a mi juicio, es equivocado. Por eso he pedido que las votaciones separadas se hagan en un solo pronunciamiento, porque las tres cosas son iguales. Básicamente, se quiere señalar que no es necesaria la ampliación de plazo, lo que significaría más burocracia, más tiempo durante el cual hay que mantener papeles, más escenarios negativos para la velocidad de nuestro comercio exterior.
Por eso, señor Presidente, voy a rechazar esta enmienda, planteada en la Comisión de Hacienda, y que ameritó, en el artículo siguiente (por eso hay que votarlo todo en uno), ampliar el plazo a dos años, o a cinco, en caso de dolo, que antes era de uno y tres años, respectivamente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
A continuación, puede intervenir el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, en aras de la economía de tiempo, no voy a hacer uso de la palabra, pero sí pido que votemos porque varios colegas van a fundamentar su voto, a lo que, obviamente, tienen derecho.
Es todo cuanto quería decir.
El señor WALKER (don Ignacio).-
¡Me ha interpretado absolutamente...!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Ya estamos en votación, señor Senador, por si no se había dado cuenta. Están sonando los timbres.
El señor MOREIRA.- Sí, me di cuenta.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, de acuerdo al artículo 8° del Reglamento del Senado, me inhabilito para todas las votaciones del proyecto.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se deja la constancia pertinente, señor Senador.
Está inscrito a continuación el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
No voy a intervenir, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Entonces, tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, intervengo para fundar mi voto.
Voy a pronunciarme a favor de las normas respectivas porque considero que lo que planteaba el Senador Coloma se halla cubierto. Es cierto que se establecen dos años en vez de uno, pero el Subsecretario nos explicó, al momento de la discusión, que algunos convenios internacionales y tratados de libre comercio suscritos por Chile consagraban plazos superiores a dos años, e incluso algunos de hasta cinco años.
Yo siempre fui partidario de un año, aunque ahora estuve por ampliar el plazo a dos años, pues existen algunas causas de importación que incluso requieren un lapso mayor, como cuando se debe determinar el origen de la mercadería, asunto muy relevante, fundamentalmente para la aplicación de los tratados de libre comercio. Muchas veces, comprobar el origen de la mercadería o demostrar que ha habido una declaración falsa conlleva bastante más tiempo que el contemplado actualmente.
Por eso, cuando discutimos el tema, la mayoría de la Comisión fue partidaria de aceptar los dos años y extender este plazo al artículo 199.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, cuando el 21 de diciembre el Senador García Ruminot propuso en la Sala que el proyecto volviera a la Comisión de Hacienda, fue precisamente porque persistían materias no consensuadas durante la tramitación en el Senado.
Hay un problema fundamental, que pido a los miembros de la Comisión de Hacienda aclarar.
Las minutas que hemos recibido de sindicatos y agentes de aduana señalan que existen contradicciones evidentes entre la interpretación que la Dirección Nacional de Aduanas realiza de la Ordenanza y las normas del presente proyecto de ley, las cuales quedan reafirmadas ahora.
Aquí se encuentran el titular de dicho Servicio y el Subsecretario Alejandro Micco, ferviente impulsor de esta iniciativa.
Yo presenté una indicación a fin de que el Director de Aduanas fuera la persona facultada para ejercer atribuciones disciplinarias en torno a los operadores certificados, que son la gran novedad (los couriers), pero fue rechazada. No tengo a la mano los argumentos esgrimidos por el Subsecretario Micco, pero nosotros queríamos darle poder para fiscalizar, para que pudiera hacer su pega y cuidar los intereses nacionales.
Quiero recordar -y el Director de Aduanas lo sabe muy bien- que estas empresas courier fueron objeto de investigación por la Contraloría General de la República el año 2004, siendo calificadas como la operación de defraudación tributaria aduanera más grave en la historia del Servicio Nacional de Aduanas. Y hoy se les pretende otorgar piso jurídico para que continúen con un accionar absolutamente reprochable.
Vamos, entonces, a la discusión del artículo.
¿Qué se quiere eliminar mediante la supresión de los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 92? La facultad del Director para que, cuando estos couriers hagan importación de mercadería por 500 mil dólares...
El señor COLOMA.-
¡Ese es otro tema! ¡Los couriers no tienen nada que ver aquí!
El señor NAVARRO.-
Si tiene alguna corrección, Senador Coloma, me la hace.
Estoy diciendo que los couriers importan mercadería por 500 mil dólares pero la ingresan con menor valor. Y el inciso tercero del artículo 92, cuya supresión estamos votando, indica claramente: "Si como consecuencia de las resoluciones que se expidan en conformidad al inciso anterior resultaren mayores derechos, impuestos, tasas o gravámenes que los cobrados," -como cuando una empresa courier ingresa mercadería por 600 mil dólares y la declara por 300 mil- "se formulará un cargo por la diferencia, el cual tendrá mérito ejecutivo" para su cobro. O sea, se quiere eliminar el mérito ejecutivo para el cobro.
La pregunta es: cuando esto ocurra, como ya ocurre, ¿cómo va a cobrar el Director de Aduanas? ¿Cómo va a conseguir el mérito ejecutivo y por qué se le restan facultades?
Por su lado, el inciso cuarto, que también se quiere suprimir, dispone: "No obstante lo señalado, en el caso que se constatare la existencia de dolo o uso de documentación maliciosamente falsa en las declaraciones presentadas al Servicio," -como lo detectó la Contraloría el año 2004: la defraudación más grande en toda la historia del Servicio Nacional de Aduanas, cometida por couriers- "el plazo de un año se ampliará a tres".
O sea, se podía investigar un año, pero, si había dolo, el plazo se ampliaba a tres, para atrás. Ahora me dicen que solamente se investigará un año. Igual que en la colusión de los pañales, que quedaron sin multa, se espera que efectivamente expiren los plazos legales y haya una autoconfesión.
Por eso, que me explique el Subsecretario por qué se quiere reducir el plazo de la investigación. Aquí lo que tenemos que hacer es investigar, sobre todo si hay un uso malicioso, como el que ya demostró -no lo digo yo- la Contraloría el 2004. Y hay hechos que hacen presumir, claramente, que aquello se sigue realizando.
Por lo tanto, se quiere otorgar facultad legal a los couriers, limitar las atribuciones del Director y bajar el plazo de investigación de tres años. O sea, si pillan a un maloso que le ha rebajado el precio de importación a su mercadería mediante prácticas maliciosas el último año, no se podrá investigar hacia atrás. Es "cuando te pillan" no más.
Siento que allí se está privilegiando a los couriers de manera inexplicable y, por lo tanto, le pido que el señor Director dé una explicación.
Por cierto, me voy a oponer a que esta facultad sea derogada.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
No hay más inscritos.
Señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Al señor Subsecretario le puedo ofrecer la palabra después de terminada la votación.
El señor COLOMA.-
¡Esto no tiene nada que ver con los couriers!
El señor PROKURICA.-
Podría clarificar y responder las preguntas.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Sí, pero ello no va a incidir en el resultado de la votación.
El señor NAVARRO.-
¿Qué artículo se está votando?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Se está votando lo que aparece en las páginas 19, 22 y 24 del comparado; el artículo 92...
El señor PROKURICA.-
¡El señor Senador habló sobre otro artículo...!
El señor NAVARRO.-
¿Pero puede el señor Secretario clarificar lo que se está votando?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Ya se explicó. Pero no hay problema.
Señor Secretario, por favor vuelva a explicar lo que en realidad ya estamos terminando de votar.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
Lo que está en votación son, del artículo 1°, los números 7 (página 19 del comparado), 8 (página 21) y 9 (página 24), a petición del Senador señor Coloma, quien pidió votación separada de estos números.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Muy bien.
Terminada la votación.
--Se aprueban los números 7, 8 y 9 del artículo 1º (20 votos a favor, 6 en contra y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Espina, García, Guillier, Harboe, Horvath, Letelier, Matta, Montes, Ossandón, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Coloma, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Pérez Varela y Prokurica.
No votó, por estar pareado, el señor Girardi.
El señor PIZARRO.-
Que quede consignada también mi inhabilidad, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Ya quedó constancia de ella, Su Señoría.
El señor NAVARRO.-
Y de mi abstención, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se deja constancia, igualmente, de la intención de voto de abstención del Senador señor Navarro.
)-----------(
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Me ha pedido la palabra la Senadora señora Allende para referirse a un tema distinto del que estamos discutiendo.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, efectivamente, no tiene nada que ver con lo que acabamos de votar.
Quiero solicitar el acuerdo de la Sala, a nombre de la Comisión de Minería y Energía -lamentablemente, parece que en los Comités este asunto no se vio, o yo no estuve presente-, para que dicho organismo pueda ver mañana el proyecto, calificado con "discusión inmediata", que autoriza traspasar recursos provenientes de la aplicación de la Ley Reservada del Cobre al Tesoro Público, permitiendo una capitalización extraordinaria a CODELCO.
Tengo previsto citar a nuestra Comisión a las 10, para que la iniciativa pueda pasar a la de Hacienda a las 11.
Ya lo conversé incluso con el Ministro de Hacienda, quien está de acuerdo, y con el Presidente de dicha instancia, Senador señor Andrés Zaldívar.
Me parece un asunto de entera justicia, que la Comisión de Minería y Energía ha estado siguiendo durante mucho tiempo: la capitalización de CODELCO.
Así que le pido a la Sala que considere mi solicitud, con el objeto de que el proyecto pase a la Comisión de Minería por una hora e inmediatamente después a Hacienda, ya que tiene "discusión inmediata".
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.
--El proyecto pasa a la Comisión de Minería y Energía y luego a la de Hacienda, en los términos indicados.
)------------(
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
A continuación, voy a dejar con la palabra al señor Subsecretario de Hacienda.
El señor MICCO (Subsecretario de Hacienda).-
Señor Presidente, solamente quiero explicar que varios de los aspectos que se eliminan en la norma a la cual hacía mención el Senador Navarro se reponen después en el artículo 92 bis, con lo que se arreglan las falencias que Su Señoría estaba planteando.
El Ejecutivo, en realidad, está tratando de ampliar los plazos de investigación de uno a dos años. Por lo tanto, ello va en esa dirección, aunque no figura en el artículo que acabamos de ver.
Los temas de mayor fiscalización están presentes y se busca una fiscalización a posteriori, que es la forma moderna de llevarla a cabo hoy en los sistemas aduaneros a nivel mundial.
Gracias, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
A usted, señor Subsecretario.
Pasamos a los dos siguientes numerales.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
En seguida, corresponde pronunciarse acerca del número 30 del artículo 1º, que reemplaza el artículo 199 por el que se indica (página 60 del comparado).
Esta modificación fue aprobada en la Comisión por tres votos a favor y uno en contra. Se pronunciaron favorablemente los Senadores señores García, García-Huidobro y Tuma, y fue partidario del rechazo el Honorable señor Montes.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Se pondrá en votación el número 30.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, dentro de los temas no consensuados se encuentra justamente el texto que reemplaza al actual artículo 199 de la Ordenanza de Aduanas.
En el nuevo inciso segundo se le otorga al agente de aduana el derecho de solicitar, en el caso de multas producto de contravenciones a la normativa aduanera, que el procedimiento infraccional sea dirigido en contra del mandante para el caso de que el error cometido sea imputable a dicha persona.
La no imputabilidad para sí deberá ser solicitada por el agente de aduana durante la audiencia a que debe ser citado con motivo de una contravención (artículo 185 de la Ordenanza). Pero el derecho que otorga la nueva norma al agente de aduana será total letra muerta si no se revisa el texto actual del artículo 187 de la misma Ordenanza.
Dicha disposición ha sido interpretada por la Dirección Nacional de Aduanas, a propuesta de la Subdirección Jurídica, en el sentido de que, cuando la multa por contravención no exceda las seis UTM (277 mil pesos, aproximadamente; monto importante para cualquier agencia de aduanas), el agente de aduana no será citado a audiencia, aun a pesar de que el artículo 185 establece como obligatoria dicha citación (única oportunidad administrativa para efectuar alegaciones ante la autoridad aduanera).
Si no se corrige esta situación, no será posible, para el agente de aduana, acceder al derecho contemplado en el nuevo inciso segundo del artículo 199 que se propone para la Ordenanza (será letra muerta antes de tener existencia jurídica).
Lo expuesto ha sido sometido a la consideración de la Dirección Regional de Aduanas de Valparaíso mediante la presentación de tres recursos a contar del 24 de octubre del 2016, comenzando con un recurso de reposición administrativa en subsidio de la negada situación de audiencia. Todos han sido rechazados sin haberse tratado el fondo de la contienda.
Es una actitud preocupante, toda vez que esta situación ha sido observada por los agentes a la Dirección respectiva, la que se ha negado a recibirlos.
El asunto también fue puesto en conocimiento de la Presidencia de la Cámara Aduanera de Chile en noviembre pasado y aún no hay un pronunciamiento al respecto.
En síntesis, lo solicitado por el Senador García Ruminot el 21 de diciembre de 2016 era totalmente procedente, ya que hay áreas que efectivamente contravienen la Ordenanza de Aduanas.
Por lo tanto, dado que estas observaciones las han hecho llegar representantes del SINTAACH y han sido expuestas ante la Comisión de Hacienda -no todos los Senadores podemos participar en ella-, quiero saber si el Ejecutivo las ha considerado, pues en mi opinión son del todo procedentes y, tal como leía en la documentación, resultan completamente ciertas.
Existe esa contradicción y espero que el Ejecutivo nos diga cómo la va a resolver, por cuanto nuestro objetivo es aprobar una ley de modernización, no una ley de mayor burocracia.
Además, señor Presidente, tengo un problema con el procedimiento. Cada vez que usted abre la votación y surgen dudas sobre alguna materia, el señor Subsecretario o el Director Nacional de Aduanas quedan imposibilitados de intervenir y votamos sin contar con la información adecuada.
El señor PROKURICA.-
¡Es que hay que leerse los proyectos, señor Senador!
El señor NAVARRO.-
¡No todos somos tan preparados como el Senador Prokurica para entender estos proyectos complejos de una vez, sobre todo cuando no participamos en la Comisión de Hacienda!
Por eso, pido proceder de otra manera. De lo contrario, nos van a obligar a abstenernos, porque este proyecto tiene complejidades, especialmente en lo que respecta a la figura de los couriers. Algunos dicen que no, pero ha habido problemas con este tipo de empresas. Y lo que me preocupa es que, al final del día, salen fortalecidas y terminan más protegidas, en circunstancias de que a lo que debiéramos aspirar es a una mayor fiscalización.
Ellas piden y obtienen el derecho a la devolución de recursos, de gravámenes aduaneros, el cual se otorga a entidades que tengan la calidad de importadoras. Pero no son importadoras.
Por ello, tenemos un problema y pido que se aclare la situación.
En consecuencia, señor Presidente, le solicito que suspenda el procedimiento de poner en votación los artículos antes de escuchar las intervenciones.
Asimismo, les solicito al Director Nacional de Aduanas y al Subsecretario de Hacienda que aclaren lo que he planteado. Nos pasamos el artículo 91 bis, que les permite a dichas empresas solicitar devolución de gravámenes aduaneros, otorgándoles la calidad de importadores, que, por supuesto, no son. ¿Por qué? Porque financian al pago de tributos de importación autorizados por Aduana y, al parecer, habría muchos millones de dólares en juego en esta operación.
Aumenta lo inusual en este asunto que la devolución de derechos de aduanas se encuentra desde hace bastante tiempo en el artículo 131 bis de la Ordenanza de Aduanas y habría bastado una indicación a dicho precepto para resolver aquello.
Estos son...
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto más, si lo necesita.
El señor NAVARRO.-
Gracias, señor Presidente.
Como no hemos estado permanentemente encima de la iniciativa, estas son observaciones, en mi opinión, vitales para poder votar de manera consciente un proyecto que muchos califican como una "pretendida modernización".
Efectivamente, la Sala no lo ha conocido -solo lo ha analizado la Comisión- y este tipo de elementos que acabo de señalar me preocupan. Y, si no tengo claridad sobre ellos, los voy a rechazar.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
El número 30 del artículo 1º está en discusión. Aún no lo he puesto en votación, señor Senador, pero, en la medida que no haya más oradores inscritos, no tendré más camino que hacerlo.
A continuación le ofreceré la palabra al señor Subsecretario, porque su intervención puede contribuir a aclarar o corregir algunas miradas que se han planteado durante el debate.
Tiene la palabra, señor Subsecretario.
El señor MICCO (Subsecretario de Hacienda).-
Señor Presidente, el número 30 del artículo 1º surgió de una indicación presentada en la Comisión de Hacienda y figura en la página 60 del comparado.
Nosotros queremos llamar a votar en contra de esa disposición por lo siguiente: se está haciendo una regulación respecto a la responsabilidad de los agentes de aduana frente a las multas que se les cursen.
Y en este punto me gustaría recordar que los agentes de aduana cumplen una función auxiliar a la pública en el proceso aduanero.
¿Qué quiere decir eso? Que el Estado de Chile les da ciertas atribuciones especiales para que lo ayuden en las tareas propias de Aduanas. ¿Cuáles son estas? Recordemos que los agentes de aduana son los únicos que pueden hacer el despacho de las importaciones y las exportaciones en nuestro país; es decir, tienen el monopolio sobre la función del despacho. Son ministros de fe acerca de los papeles que se le entregan a Aduanas; o sea, son sus auxiliares en estas funciones.
Dado que se les está dando este monopolio en la función del despacho, también se les piden ciertas responsabilidades. Y, en cuanto al punto en cuestión (el numeral 30), en el texto vigente se señala que cuando haya un problema en la documentación del despacho será de responsabilidad del agente de aduana. Por lo tanto, si el Servicio de Aduanas encuentra un error y cursa una multa en la documentación de despacho va primero ante ese agente, que es ministro de fe, que es su auxiliar en esta operación. Y este se hace cargo del pago de la multa, quedando sí con la libertad de que si la culpa no es de él, sino del importador o del exportador, pueda repetir en contra de estos, pero con posterioridad, porque el Estado le ha dado el carácter de ministro de fe en el papeleo.
Lo que hace este numeral, que llamamos a votar en contra, es revertir esta figura; es decir, que no sea responsabilidad del agente de aduana el problema que pueda haber en la información en el despacho, sino del importador y del exportador. Y solamente si estos demuestran que la falla no fue de ellos, sino del agente de aduana, este tendría que pagar la multa.
De esa forma, se rompe un poco la lógica del sistema y el incentivo para que el agente de aduana revise con mucho celo que las operaciones y la información que se entrega al Servicio de Aduanas estén correctas.
Esto va en contra del espíritu del funcionamiento del agente de aduana. No tendría sentido darle a alguien que no es responsable el monopolio del despacho de las importaciones y las exportaciones.
Pensamos que el beneficio de tener el monopolio en términos del despacho de las importaciones y las exportaciones debe ir junto con una obligación. ¿Y cuál es esta? Ser responsable ante el Servicio de Aduanas del pago de las multas si es que hay algún problema en la ejecución de los trámites.
Por eso, creemos que la indicación en comento desvirtúa un poco la función del agente de aduana y pone en riesgo su necesidad: ¿para qué vamos a precisar de alguien que al final del día hace este papeleo en favor del importador, sin hacerse responsable ante la autoridad, que es el Servicio de Aduanas?
Nos parece que el texto en comento desvirtúa la figura del agente de aduana y la pone en riesgo. Este tiene que ser el primer responsable ante el pago de una multa por un mal papeleo en el despacho y solamente debe tener el derecho a repetir en contra del importador o exportador si la falla no es imputable a su trabajo, sino a la incorrecta entrega de información por el importador o el exportador.
Por eso, llamamos a los Senadores a votar en contra del numeral 30 del artículo 1° del proyecto.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, efectivamente esta ha sido una materia de bastante análisis en la Comisión de Hacienda. Las multas por infracciones a la Ordenanza de Aduanas hoy día recaen única y exclusivamente en los agentes de aduana, pudiendo luego ejercerse en tribunales una acción en contra del importador o del exportador que a lo mejor entregó antecedentes no fidedignos o documentación no correspondiente, y remitir en contra de ellos.
Por esa razón, inicialmente en la Comisión de Hacienda yo voté a favor de la indicación que se nos presentó, con la esperanza de alcanzar un acuerdo, lo que finalmente no se produjo.
A mí me hace sentido lo señalado recién por el Subsecretario de Hacienda -lo hemos conversado durante estos últimos días-, en el orden de que si el agente de aduanas va a poder remitir siempre en contra del importador o exportador, finalmente su propia función quedará en entredicho. Creo que es una mala señal que le entregamos a nuestro sector importador y exportador, pero también un mal favor a la propia función de los agentes de aduana, que tanto yo como también todos los integrantes de la Comisión de Hacienda valoramos y reconocemos; es más, la consideramos insustituible en el proceso de fomento de nuestro comercio internacional.
Yo entiendo que aquí tenemos que revisar algunas materias, y dentro de estas, naturalmente, las sanciones. Sin embargo, yo prefiero quedarme con el texto que hoy rige y no con el que se propone. Porque con este, a pesar de las buenas intenciones con que el Senador Chahuán presentó su indicación en la Comisión, finalmente ocasionaríamos más perjuicios que beneficios.
Por eso, señor Presidente, habiendo votado a favor de la indicación en la Comisión de Hacienda; habiendo esperado que se produjera un acuerdo, que lamentablemente por la premura del tiempo, por las fiestas de fin de año, en fin, no se logró materializar, prefiero quedarme con el texto vigente de la ley. En este el responsable de las multas -estoy hablando solo de las multas- es el agente de aduana, y cuando este siente que la falla no fue de él, sino del importador o del exportador, por proporcionarle información equivocada, errada, no cierta, no fidedigna, falsa, puede ir a tribunales y repetir en contra de ellos.
Voto que no.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, yo presenté la indicación pertinente en la Comisión de Hacienda básicamente por lo que dice relación con la responsabilidad de un coadyuvante en el COMEX, en el comercio exterior. Hasta ahora, efectivamente los agentes de aduana han tenido responsabilidades por la circunstancia de que el mandante finalmente no envía o no explicita cuál es el contenido de la mercancía que entra o sale del país.
En ese contexto, nosotros señalamos que era importante deslindar la responsabilidad. Lo conversamos con todos los actores: con Hacienda, con los agentes de aduana, para los efectos de tener una norma equilibrada. También hablamos con la ASOEX, a fin de establecer una norma de equilibrio.
Finalmente, a pesar de lo que se ha manifestado, creo importante denotar al menos que el tema de la responsabilidad del agente de aduana no puede quedar circunscrito a la veracidad o no de la entrega de la información por parte del mandante.
En ese contexto, voy a votar a favor del numeral 30.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, efectivamente, yo no participé en la votación en la Comisión. Pero no habría estado de acuerdo con la indicación que presentó el Senador Chahuán porque, como lo informó el señor Subsecretario, en el fondo estamos cambiando la norma que ha regido por mucho tiempo en Aduanas respecto de cuál es la responsabilidad de los agentes de aduana en relación con su trabajo como ministros de fe en el despacho de la mercadería que se importa. Y normalmente el agente de aduana es el que da credibilidad a la tramitación de la importación que se hace, lo que facilita y agiliza bastante el comercio exterior, más aún en un país como el nuestro, que ha suscrito muchos tratados de libre comercio y donde el comercio exterior se ha incrementado hasta llegar al nivel que existe hoy día.
El planteamiento que se formula significa dar vuelta la prueba, lo que carece de sentido. Creo que la legislación vigente es de toda lógica en cuanto a que el agente de aduana es el responsable de lo que ocurra y puede repetir en contra de su mandante en caso de que alguien haya otorgado una información que no corresponda o no sea veraz. Y, en tal caso, se repone.
Esto que estamos viendo es una buena intención, pero modifica totalmente la situación y hace menos responsable al agente de aduana del trabajo que se le encomienda por ley como ministro de fe para los efectos de la importación.
Ahora bien, cabe destacar que con el Ministerio de Hacienda -es algo que vimos anteriormente- trabajamos lo relacionado con el plazo de prescripción, de tal forma que el agente de aduana no quedase sujeto a un tiempo muy largo en materia de responsabilidad. Por eso, durante la discusión en general del proyecto introdujimos en el Senado una modificación que agregó, al final del inciso tercero del artículo 199, una frase que dice que la obligación "se limitará al plazo señalado en el inciso primero del artículo 92 bis". O sea, se determinó el plazo de dos años, que antes era de uno.
Como dije, fue un acuerdo que se tomó durante el debate en la Comisión de Hacienda.
Por tales razones, señor Presidente, votaré en contra de la indicación -no lo pude hacer en la Comisión de Hacienda porque tuve que ausentarme- para que se mantengan la legislación vigente y la aprobación, en lo concerniente a la responsabilidad de los agentes aduaneros, del plazo de dos años contemplado en el inciso primero del artículo 92 bis.
Gracias.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en su momento planteé la observación que hicieron los representantes del sindicato de SINTAACH respecto de la contradicción de este artículo con la Ordenanza de Aduanas en lo referente al mecanismo de apelación de los agentes de aduanas.
Frente a eso, espero que la misma severidad que se pretende consagrar dejando abajo la indicación del Senador Chahuán se aplique a los couriers; que haya la misma mano. Porque, si bien algunas veces han surgido problemas vinculados a agentes aduaneros, con los couriers lo que tuvimos fue una investigación profunda por defraudación aduanera, que -reitero- ¡ha sido la más grande de la historia!
Ojalá que exista correlación en eso -no lo sé-, y que en el transcurso del debate se considere el mismo celo que se está teniendo con los agentes de aduanas.
Pero, señor Presidente, ¿al final, quién es el estafado si un importador rebaja su tasa otorgando un precio distinto o una mercadería diferente?
Como dijo el Senador Carlos Montes en lo relativo a la importación de armas no registradas, ¿cuántas importaciones son susceptibles de ser revisadas de manera manual? ¿El 10 por ciento? ¿Significa esto que el 90 por ciento entra sin ningún control de costos de lo que ello implica? ¿Cuál es la relación del costo frente al precio definitivo del producto una vez puesto en el mercado?
¿Es eso responsabilidad de Aduanas? No. ¡El defraudado es el Estado de Chile!
El que paga menos impuesto aduanero defrauda al Fisco. Entonces, ¿por qué el agente aduanero va a ser quien tenga que interponer la denuncia contra un delincuente que quiere burlar la normativa de Aduanas y rebajar el monto de lo importado para eludir impuestos?
O sea, aquí estamos frente a una misma figura, y la Oposición debería tener una palabra sobre el particular, porque claramente, Senador Coloma -por su intermedio, señor Presidente-, cada vez que se ha determinado que el Servicio de Impuestos Internos no tiene facultades para denunciar una situación, ustedes han sido los adalides para que lo pueda hacer.
¿Esto no lo puede investigar el Ministerio Público?
Si alguien que importa mercadería de manera permanente por miles o millones de dólares defrauda a Aduanas, que en los hechos significa dejar de pagar un tributo, ¿no puede el Estado ejercer acciones? ¿Debe ser el agente aduanero quien se encargue de llevar a cabo la acción legal en contra de ese importador, el cual no lo está defraudando a él, sino a Aduanas, al sistema de recaudación que el Estado tiene como su principal mecanismo de control? ¡Si lo que viene de China no llega por avión! Las miles de toneladas o los miles de millones de dólares que ingresan a Chile lo hacen por los puertos, a través del sistema de aduanas.
Repito: si un importador comete una ilegalidad, un delito -por cierto, los que cometen delitos son delincuentes-, ¿el agente privado es el que debe realizar acciones legales cuando al final el defraudado es el Fisco?
Aquí, en la Sala, se encuentran abogados como el Senador Espina y otros colegas, al igual que el Senador Pedro Araya, y les pregunto quién es el defraudado en definitiva. Ciertamente, el Fisco de Chile -ni siquiera Aduanas-, ¡el Fisco! Porque ese importador engaña a su agente de aduana, que es el intermediario, pero, al final del día, también al Estado de Chile. Sin embargo, aquí se pretende establecer que el agente de aduana debe perseguir la responsabilidad y demandar al delincuente. Si le gana puede recuperar los dineros, no obstante, él es quien debe responder.
¡Ese es un mecanismo bastante "debilucho", muy concesivo!
Si hay un fraude por parte de la persona que importa mercadería por el no pago de tributos aduaneros, debiera aplicarse el procedimiento del Servicio de Impuestos Internos, es decir, que este persiga al que comete el delito, que no es el agente de aduanas, salvo que exista colusión, lo cual tiene que ser demostrado.
De ahí que frente al hecho de hacer recaer esta responsabilidad solo en el agente de aduana, en circunstancias de que el fraude se comete en contra del Fisco, yo diría que no estamos en presencia de un proyecto de modernización de Aduanas, pues no fortalece al Estado en su rol recaudatorio, en su labor de fiscalización, sino que traspasa una responsabilidad a un privado, que, además, es extremadamente débil, diverso.
Señor Presidente, me parece completamente rara esta norma, ¡rara! Por tanto, pido explicaciones sobre su contenido, ya que no estamos obligados a conocer todas las iniciativas. Lo digo, porque algunos podrían escudarse diciendo "Lea el proyecto". Lo he leído y me encuentro con esto, y lo que debo hacer es pedir antecedentes para votar lo más informadamente posible.
Por cierto, la proposición del Senador Chahuán intenta relevar a los agentes de aduana, pero el tema es más profundo de lo que planteó en su indicación, ¡más profundo!
Voy a votar a favor; sin embargo, creo que el problema se mantiene.
En consecuencia, pido una explicación al Ejecutivo...
Señor Presidente, ¿me concede un minuto más, si es tan amable?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Continúe, Su Señoría.
El señor NAVARRO.-
Gracias.
El Senador Zaldívar me dice que estoy equivocado. No obstante, como ha salido de la Sala el colega Chahuán, quien es el autor de la indicación aprobada en la Comisión, no podremos formularle las preguntas pertinentes.
Los Senadores Prokurica y Bianchi me señalan que se encuentra en el incendio.
Los Senadores no solo legislan en la Sala; también deben representar los intereses de la región. Por consiguiente, el que no esté acá no significa que no se encuentre trabajando.
Ese es un tema vital.
Ahora, como no tengo una explicación respecto del contenido de la indicación, si alguien que participó en la Comisión de Hacienda nos pudiera ilustrar sobre ella, tanto mejor.
Esas son las aprensiones que tengo al momento de votar.
Corrijo mi decisión: espero escuchar una explicación antes de emitir mi voto en relación con este artículo.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
El Subsecretario ya intervino.
No sé si el Director Nacional de Aduanas desea referirse a lo planteado.
Puede hacer uso de la palabra.
El señor ARAYA (Director Nacional de Aduanas (T y P)).-
Señor Presidente, por su intermedio, responderé la consulta del Senador Navarro.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo señalado por él en cuanto al fondo. De hecho, así opera el mecanismo.
Es preciso destacar que el artículo 199 de la ley vigente contiene dos incisos. El inciso primero regula la responsabilidad por infracciones como las mencionadas por el señor Senador. Sin duda que ella, en ese caso, recae en el agente responsable de la defraudación al Fisco, y es el Servicio Nacional de Aduanas el que realiza toda la persecución, incluso penal, en este tipo de acciones.
Por su parte, el inciso segundo, que estamos viendo ahora en específico, dice relación con la responsabilidad administrativa que tienen los agentes de aduana exclusivamente por errores en la presentación de la documentación que se realiza ante el Servicio Nacional de Aduanas. Porque ellos, en su calidad de ministros de fe, son los encargados de preparar la carpeta de importación y de exportación, con todos los antecedentes que les exige la ley al importador o al exportador, y hacer la presentación de esa información frente al aludido organismo.
Ahora, cuando surgen errores de forma, significa que existe una responsabilidad administrativa. Hoy día la disposición pertinente establece que ello, en primer lugar, es responsabilidad del agente, porque este tiene precisamente un monopolio en el ejercicio de la labor como despachador de aduana pues asegura que se va a cumplir con las disposiciones correspondientes al momento de preparar las carpetas de despacho aduanero.
Además, la norma establece que en caso de que la responsabilidad no sea atingente al agente de aduana -por ejemplo, cuando la factura sea idéntica a la indicada en el despacho pero su origen distinto-, aquel podrá repetir contra el importador o el exportador. En este sentido, lo que hace la propuesta del Senador Chahuán -y por eso el Ejecutivo la rechaza- es cambiar el peso de la prueba, señalando que los agentes de aduana no serán responsables por los errores en las presentaciones de las carpetas a menos que se pruebe que hay responsabilidad de ellos.
Los agentes son los representantes de los importadores y exportadores. Pero estos nunca podrán hacerse cargo de las multas que eventualmente se cursen.
Eso cambia totalmente el sistema respecto de cómo funciona hoy y, como lo señaló el Senador García, modifica las reglas del juego de manera importante. Si al final del día lo único que los agentes van a hacer es juntar los papeles que les entreguen y presentárselos a la Aduana, sin tener ningún tipo de responsabilidad, se instalará la duda respecto de cuál es el sentido de contar con ellos, cuya primera función como ministros de fe es asegurarse de que la documentación sea la correcta y adecuada.
Por ello, el Ejecutivo llama a votar en contra de la enmienda aprobada por la Comisión, nacida de una indicación del Senador Chahuán, y a acoger el texto en los términos aprobados en general.
Gracias.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
El señor Presidente ha puesto en votación el artículo 1°, número 30, aprobado por mayoría en la Comisión de Hacienda (3 votos a favor y una abstención), que remplaza el artículo 199 de la Ordenanza de Aduanas (páginas 60 a 63 del boletín comparado).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza el numeral 30 del artículo 1°, propuesto por la Comisión de Hacienda (23 votos en contra, 2 a favor, una abstención, un pareo).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Hernán Larraín, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma y Andrés Zaldívar.
Votaron por la afirmativa los señores Chahuán y Navarro.
Se abstuvo el señor Moreira.
No votó, por estar pareado, el señor Girardi.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Al rechazarse lo planteado por la Comisión, corresponde votar el texto aprobado en general por el Senado, como sugirió el Senador señor Zaldívar.
El señor BIANCHI.-
Abra la votación, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Se procederá a ello de inmediato.
El señor NAVARRO.-
¿Qué se va a votar?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Hay que dirigirse a la tercera columna de la página 61 del boletín comparado, señor Senador.
En votación el número 30 del artículo 1º, aprobado en general por el Senado.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
Dicho numeral agrega, al final del inciso primero del artículo 199, la expresión "hasta por el plazo de dos años a que se refiere el inciso primero del artículo 92 bis.".
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el numeral 30 del artículo 1º, acordado en general por el Senado (19 votos a favor, 3 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Montes, Ossandón, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Chahuán, Moreira y Navarro.
No votó, por estar pareado, el señor Girardi.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Queda la última enmienda.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
Se trata del número 32 del artículo 1º, cuyo texto se encuentra en las páginas 64, 69 y 70 del boletín comparado.
Dicho numeral pretende establecer que las personas sujetas a la jurisdicción disciplinaria del Director Nacional de Aduanas podrán reclamar ante el Tribunal Tributario y Aduanero.
Esta norma fue aprobada en la Comisión de Hacienda con la misma votación anterior: mayoría de 3 votos y una abstención. Votaron a favor los Senadores señores García, García-Huidobro y Tuma, y se abstuvo el Honorable señor Montes.
La indicación número 19A, letra a), que le da origen a esta enmienda, fue presentada por el Senador señor Chahuán.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En discusión.
Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor MICCO (Subsecretario de Hacienda).-
Señor Presidente, el texto legal busca hacer más eficiente el sistema.
Planteamos en la Comisión de Hacienda que lo conveniente de que los reclamos ante los TTA sean de cierto monto hacia arriba, para no recargar a estos organismos con cosas menores.
Con la enmienda propuesta se establece que cualquier reclamo podrá pasar a los TTA, lo cual significaría una sobrecarga al trabajo que actualmente ellos realizan.
En nuestra opinión, la regulación en vigor es suficiente, pues permite que, solo cuando se pase cierto monto, se recurra ante los TTA.
Creemos que eso es una carga, aunque no de vida o muerte.
Pero sí pueden constituir una sobrecarga para dichos organismos los asuntos de menor cuantía, dado que al final del día terminarán entorpeciendo el tratamiento de materias más importantes.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Conviene aclarar que los TTA son los tribunales tributarios y aduaneros.
El señor MICCO (Subsecretario de Hacienda).- Así es.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Senador señor Chahuán, tiene la palabra.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, esta norma dice relación con el principio del debido proceso.
Por eso hemos propuesto que las personas sujetas a la jurisdicción del Director Nacional de Aduanas podrán reclamar ante el órgano superior pertinente, que es el tribunal tributario y aduanero respectivo.
Asimismo, creemos que la cuantía involucrada no tendría que limitar el ejercicio del debido proceso. Este derecho debería estar garantizado siempre.
Además, se ha señalado que hoy día los tribunales tributarios y aduaneros no están sobrecargados de trabajo todavía.
Lo relevante es que la enmienda que nos ocupa busca asegurar el debido proceso. En su oportunidad estudiaremos si efectivamente hay sobrecarga o no.
El debido proceso no guarda relación con las cuantías, sino con el hecho de que las personas tengan derecho a reclamar ante un órgano superior cuando se vean afectadas por la jurisdicción disciplinaria pertinente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, presenté una indicación para que los operadores certificados quedaran sujetos a la facultad disciplinaria del Director Nacional de Aduanas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ordenanza de Aduanas.
La indicación fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión, pues se refería a materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. ¡La monarquía presidencial...!
Creo que el Subsecretario Micco argumentó en contra de tal propuesta.
¿Quién controla a los operadores certificados? ¿Tiene tuición sobre ellos el Director de Aduanas? ¿Están sujetos a su jurisdicción disciplinaria?
No olvidemos que dicha autoridad es designada por el Presidente de la República previo concurso de Alta Dirección Pública. Pero, como siempre he dicho, se debe elegir a los mejores, ¡pero a los mejores de los nuestros! O sea, no son puros y sinceros. Alguien decide nombrarlos y, eventualmente, cambiarlos cuando estime necesario.
Por lo tanto, creo que la facultad discrecional absoluta hace necesaria la posibilidad de reclamar ante los tribunales tributarios y aduaneros.
Quiero recordar lo que esta Sala resolvió cuando discutimos sobre la Fiscalía Nacional Económica. Se dijo: "El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia solo puede actuar si el Fiscal Nacional Económico decide hacer la presentación pertinente". Y delegamos plenas facultades para ello.
¿Cuándo actúan los tribunales tributarios y aduaneros? ¿Cuando lo decide el Director Nacional de Aduanas?
Cuando el criterio de este es permisivo -y hago una afirmación teórica- con algunos y duro con otros, ¿dichos organismos intervienen?
¿Cuándo operan los TTA, como dice el Subsecretario?
En definitiva, el poder que se le da al Director Nacional de Aduanas consiste en determinar quién debe ser efectivamente procesado o llevado al tribunal.
¿Es eso cierto? ¿Es el Director quien define el mecanismo disciplinario en contra de un infractor?
Siento que en esta materia, como aquí ha sido señalado, el debido proceso es clave.
Uno puede exigir dureza y disciplina para todos, sin discriminación; pero, para que ello ocurra, es necesario que el afectado tenga un espacio de legítima reclamación, el cual en este caso es el tribunal tributario y aduanero respectivo. Ahí podrá reclamar respecto de una medida que considere arbitraria, injusta o real, y que, en definitiva, requiere una segunda visión.
Acá se trata de la decisión de un juez. Yo no veo al Director Nacional de Aduanas actuando como tal, sin que haya una contraparte. No lo imagino resolviendo por sí solo, sin la posibilidad de apelación para el afectado.
Las preguntas son: ¿Nuestro Director Nacional de Aduanas es un juez definitivo, que golpea la mesa y se hace lo que él determina? ¿Habrá alguna instancia de apelación? ¿Cuándo se debe acudir al respectivo tribunal tributario y aduanero?
El Senador Chahuán, autor de la indicación en la Comisión, plantea que las personas sujetas a la jurisdicción disciplinaria del Director Nacional de Aduanas podrán reclamar ante el tribunal. ¡Es obvio que podrán hacerlo! ¡Por favor!
Si alguien recibe una sanción, ¡debe tener un espacio para reclamar! Si no, ¿ante quién recurre en caso de que la sanción sea arbitraria?
Señor Presidente, además, se ha señalado que no existe sobrecarga de trabajo en los TTA. ¡Ojalá la hubiera! Eso significaría que existe una tremenda fiscalización para pillar a todos los malos que buscan eludir el pago de impuestos de aduana. Dichos tribunales debieran tener harta pega; pero, al parecer, no es así, lo cual siempre es una mala señal. ¡Es como si a los jueces de garantía o a los fiscales no les llegara mucho trabajo! Sería lo óptimo, pero irreal: ellos laboran harto.
Yo siento que la enmienda que nos ocupa apunta en un sentido correcto, necesario, para contar con un órgano regulador adecuado y con un mecanismo que norme las facultades del Director Nacional de Aduanas.
Me preocupa el carácter plenipotenciario de este. Nadie le va a reclamar porque produce terror hacerlo. Es como el caso de la Contraloría General de la República: como todos los funcionarios son de confianza absoluta del Contralor, este los puede echar cuando quiere.
Por tanto, si contamos con un Director Nacional de Aduanas con las facultades señaladas y no existe dónde alegar, ¡nadie va a reclamar, pues!, por miedo a que después lo despidan. Con ello se reduce el derecho a efectuar la apelación.
Acoger el sistema propuesto me parece lo más adecuado.
Yo voy a votar a favor de la modificación introducida por la Comisión, por cuanto creo que en estos casos, en los que están en juego miles de millones de dólares y atribuciones enormemente importantes para Chile, para los importadores, para la economía, para el comercio, debe haber un tribunal que pueda determinar si el señor Director Nacional de Aduanas ha actuado con criterio o no. En algunas ocasiones procede con criterio, pero en otras puede ser un descriteriado, y ante esa posibilidad debe existir un órgano de apelación.
Voto que sí.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero recordar que está en trámite en el Senado un proyecto de ley que fortalece a los tribunales tributarios y aduaneros. Tal iniciativa se halla en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la cual, dada la enorme carga de trabajo que la ocupa, no ha podido despacharla.
Nosotros, desde la Comisión de Hacienda, hemos pedido que nos hagan llegar dicho proyecto a fin de adelantar su debate, en el entendido de que igual lo vea después la de Constitución, sobre todo por lo relativo a la competencia de los tribunales.
A mi juicio, dicha propuesta legislativa representa la oportunidad propicia para entrar a analizar materias como estas.
Aquí se habla del debido proceso y parece muy razonable, muy natural, plantear que quien sea objeto de una sanción pueda reclamar ante un organismo superior para que resuelva.
Sin embargo, cabe preguntarse cuáles son las sanciones que se pueden recibir, según el artículo 202: amonestación verbal; amonestación por escrito; multa (hasta 25 unidades tributarias mensuales); suspensión del ejercicio de la función, y cancelación de la licencia, nombramiento o permiso.
Ante ello, estoy de acuerdo en que, cuando se trata de sanciones tan graves como la suspensión del ejercicio de la función y la cancelación de la licencia, nombramiento o permiso de la persona que está interactuando en el comercio internacional, el asunto debe ser visto por un organismo superior como son los tribunales tributarios y aduaneros.
Pero no me parece bien que recarguemos la función de dichas entidades con reclamos derivados, por ejemplo, de amonestaciones. Frente a estas hay que recurrir de reconsideración frente al mismo Director Nacional.
A mi juicio, eso es lo razonable. Uno debe tener cierto criterio y ponderar previamente lo que vamos a enviar a los tribunales y lo que va a quedar radicado en la Dirección Nacional de Aduanas.
Como dije, creo que las amonestaciones -sean verbales o escritas- debieran ser de naturaleza propia de dicha Dirección, sin que deban ser derivadas a los tribunales tributarios y aduaneros.
Insisto: hay que analizar esta materia en profundidad y en el momento oportuno. Y la ocasión perfecta será cuando discutamos el proyecto que fortalece las funciones y atribuciones de los tribunales tributarios y aduaneros. Para ello, le pido al Ejecutivo que le ponga urgencia, porque su contenido es demasiado importante.
Entre otras materias, dicha iniciativa establece la facultad de conciliación. ¿Cuánto más se podría avanzar en los asuntos que están viendo los tribunales tributarios y aduaneros si les diéramos la facultad de conciliar? ¡Muchísimo!
El referido proyecto ya está presentado; solo falta encontrar los tiempos para despacharlo oportunamente.
Por esa razón, señor Presidente, voy a votar en contra del número 32 del artículo 1º.
El Senador Chahuán tuvo sus razones para presentar la indicación. ¡Y buenas razones! El problema es que, si aceptamos tal planteamiento, meteríamos todo bajo el mismo paraguas. En mi opinión, hay que diferenciar las resoluciones de amonestación verbal o escrita, que debieran quedar en manos de la Dirección Nacional de Aduanas, de lo demás, que podrá reclamarse ante los tribunales tributarios y aduaneros.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo para permitir al señor Director Nacional de Aduanas intervenir nuevamente, con el objeto de clarificar algunas materias planteadas durante la discusión?
El señor PROKURICA.-
Sí, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Acordado.
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor ARAYA (Director Nacional de Aduanas (T y P)).-
Gracias, señor Presidente. Voy a intervenir solo para explicar algunas cosas.
La idea de todo régimen jurídico es establecer una pirámide respecto de los recursos que se pueden proveer a quienes resulten afectados por medidas adoptadas por la Administración del Estado.
El problema que vemos en la enmienda en comento es que se puede generar lo que se conoce como "mecanismo de disuasión imperfecta". Cuando uno otorga derechos sin ninguna contracarga, siempre se corre el riesgo de saturarse de recursos.
Tal cual como señaló el Senador García, las sanciones que pueden aplicarse contra un agente de Aduana hoy día son las siguientes: la amonestación verbal, la amonestación por escrito, la multa (hasta por 25 UTM), la suspensión del ejercicio de la función y la cancelación de la licencia.
En los dos últimos casos, el artículo 202 de la Ordenanza de Aduanas, precepto que se busca modificar, ya otorga el derecho de reclamar ante los tribunales tributarios y aduaneros. Para las otras sanciones existe la posibilidad de recurrir a reposición ante el Director Nacional de Aduanas. Dicho sea de paso, tales sanciones no suelen ser aplicadas por el Director Nacional; por tanto, ante un reclamo él opera en muchos casos como un juez de segunda instancia.
También existe la posibilidad de recurrir a los tribunales tributarios y aduaneros bajo la figura del recurso de vulneración de derechos. En la actualidad tal derecho se puede ejercer cuando la magnitud de la violación es tal que amerita ir ante los referidos tribunales.
Por eso nos parece que establecer el derecho irrestricto (a partir de cualquier tipo de sanción, incluso de una amonestación verbal) a acudir ante los tribunales tributarios y aduaneros sobrecompensa los beneficios que este tipo de recursos podría generar.
A nuestro juicio, el régimen que se aplica hoy día, sin duda, es perfectible. El proyecto al que hizo referencia el Senador García Ruminot se ve mañana en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, y existe interés en avanzar.
En consecuencia, creemos que son otros los mecanismos adecuados para analizar este tipo de situaciones.
Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
El señor Presidente pone en votación el numeral 32 del artículo 1º, acogido por mayoría en la Comisión de Hacienda, como se señaló en su momento, cuyo texto consta en las páginas 69 y 70 del boletín comparado.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza el número 32 del artículo 1° (13 votos en contra y 12 a favor), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la negativa las señoras Allende y Muñoz y los señores De Urresti, García, Guillier, Harboe, Montes, Ossandón, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma y Andrés Zaldívar.
Votaron por la afirmativa las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, García-Huidobro, Moreira, Navarro, Pérez Varela y Prokurica.
)-------------(
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Como Sus Señorías recordarán, la Senadora señora Allende solicitó la autorización de la Sala -el acuerdo respectivo se adoptó en forma unánime- para que el proyecto que autoriza traspasar recursos provenientes de la aplicación de la Ley Reservada del Cobre al Tesoro Público a fin de permitir una capitalización extraordinaria a la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) sea informado también por la Comisión de Minería y Energía.
Dado que dicha iniciativa viene con "discusión inmediata", pido el asentimiento del Senado para que el referido órgano técnico informe mediante certificado.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, como la Comisión de Hacienda verá el proyecto en comento mañana a las 11, solicito que también se nos permita informar a través de certificado.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Entonces, si le parece a la Sala, se autorizará a ambas Comisiones para informar la mencionada iniciativa mediante certificados.
Acordado
CREACIÓN DE SOCIEDAD ESTATAL "FONDO DE INFRAESTRUCTURA S.A."
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Fondo de Infraestructura S.A", con informe de la Comisión de Obras Públicas y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.647-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 13ª, en 4 de mayo de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Obras Públicas: sesión 77ª, en 3 de enero de 2017.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
El propósito de este proyecto es proporcionar una institucionalidad que permita al Estado utilizar de manera adecuada sus activos; incorporar a su haber los flujos financieros que aquellos generen, y potenciar la inversión en infraestructura por medio de concesiones. Para ello se crea una sociedad anónima del Estado denominada "Fondo de Infraestructura S.A.", que tendrá por objeto la construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desarrollo, financiamiento e inversión en proyectos de infraestructura y sus servicios anexos.
La Comisión de Obras Públicas discutió esta iniciativa solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Coloma, De Urresti e Ignacio Walker.
Cabe tener presente que el referido órgano técnico deja constancia de que el proyecto en informe es materia de ley de quorum calificado, por lo que para su aprobación se requieren 19 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 70 a 85 del informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.
Algunos señores Senadores me pidieron abrir la votación.
¿Les parece a Sus Señorías que procedamos a ello luego de que intervengan el Presidente de la Comisión de Obras Públicas y el Ministro del ramo?
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, este proyecto fue firmado el 3 de mayo de 2016 por la Presidenta de la República y por los Ministros de Hacienda, de Obras Públicas y de Economía, Fomento y Turismo; ingresó al Senado al día siguiente, y fue remitido a la Comisión de Obras Públicas para su conocimiento.
Los Ministros Valdés y Undurraga concurrieron al mencionado órgano técnico el 8 de junio para efectuar la presentación de esta iniciativa.
La Comisión de Obras Pública la aprobó en general por la unanimidad de sus miembros el 21 de diciembre del año pasado. Y ahora pasa a la Sala para la discusión pertinente.
Antecedentes y fundamentos del proyecto
Dado el problema de estrechez presupuestaria para inversión en infraestructura pública, se plantea el establecimiento de un Fondo autónomo y con patrimonio propio, compuesto y garantizado por el valor presente de los flujos futuros de los excedentes de autopistas, y cuyo objetivo final sea aumentar la inversión en los ámbitos de infraestructura productiva y de transporte público.
Para tales efectos se propone crear una empresa del Estado denominada "Fondo de Infraestructura S.A.", que tendrá por objeto financiar y explotar obras de infraestructura y transporte.
A fin de garantizar que la referida empresa se adecúe a las buenas prácticas, es indispensable que cuente con capital propio y con un gobierno corporativo moderno. Para ello se propone que el capital inicial esté constituido por las obras de infraestructura actualmente concesionadas, las cuales pasarían a su patrimonio.
De esa manera, el valor económico de dicho Fondo estará dado por los flujos de las concesiones en el futuro, por lo que es condición para su éxito mantener el valor de los peajes que se realizan.
Por lo tanto, sus objetivos generales son:
-Ampliar las posibilidades de inversión en infraestructura con cargo a los recursos que generen esas inversiones.
-Hacer más eficiente la inversión en infraestructura por medio de concesiones. Actualmente, nuevas obras al momento de reconcesionar necesariamente deben realizarse en el área de influencia de tal concesión, lo que no siempre es la mejor inversión.
Por su parte, los objetivos específicos del Fondo tienen que ver con:
-Generar decisiones de inversión en infraestructura que se aparten del ciclo político o presupuestario anual, dadas las características plurianuales de los proyectos de infraestructura pública.
-Hacer eficiente la asignación de recursos públicos en el financiamiento de la infraestructura, formalizando y robusteciendo la política de "el que usa paga".
-Lograr una mejor gestión financiera de los ingresos por peajes que recibe o podría recibir el Estado, de manera que los ingresos de infraestructura se dispongan para inversión en infraestructura.
-Fomentar iniciativas de asociación público-privada.
-Participar en la evaluación y estructuración financiera de proyectos de infraestructura productiva y transporte público que cuenten con participación privada y que tengan una rentabilidad económica o social positiva, según las disposiciones y procedimientos aplicables.
-Colocar y administrar instrumentos financieros asociados a proyectos de infraestructura con el propósito de que estos se conviertan en bancables mediante condiciones competitivas de largo plazo.
-Otorgar aportes no recuperables a proyectos rentables socialmente, siempre que cuenten con participación privada para su implementación y formen parte de la cartera de proyectos prioritaria para nuestro país y sus regiones definida por las autoridades pertinentes.
-Disponer y rentabilizar, conforme lo determinen las reglas de inversión fijadas por su Directorio, los activos con que cuente en su patrimonio.
-Apoyar la realización de estudios e investigaciones relacionados con áreas o proyectos de infraestructura prioritarios para Chile.
Entonces, el aporte principal al Fondo serán los bienes y derechos de los actuales contratos de concesiones de obras públicas. Este aporte corresponde al valor económico de los bienes concesionados. Dicho valor se determina por el excedente de flujos futuros de las concesiones por relicitar.
Ese monto podría hacia delante ser complementado eventualmente con otros pagos contingentes y los intereses y comisiones recuperados producto de la operación de instrumentos financieros.
Contenido del proyecto
Esta iniciativa aborda las siguientes materias:
1.-
Fondo de Infraestructura S.A.
Ya me referí a este punto anteriormente.
2.-
Aprobación de los estatutos
Los estatutos sociales de la sociedad, así como sus modificaciones, serán aprobados por el Ministro de Hacienda en representación del Fisco y del Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).
3.-
Patrimonio del Fondo
Su patrimonio estará constituido por su capital inicial, suscrito y pagado por los accionistas; en el caso del Fisco, podrá aportar bienes fiscales y nacionales de uso público bajo fórmulas jurídicas que permitan radicar su administración en el Fondo; las utilidades obtenidas en el desarrollo del giro, cuya capitalización haya sido autorizada por la junta de accionistas, y toda clase de bienes que adquiera a cualquier título.
4.-
Atribuciones y obligaciones principales del Fondo
Se trata de una serie de normas que se consignan en el proyecto.
5.-
Mecanismos de contratación con terceros
Para llevar a cabo su objeto, se establece como regla general la aplicación del estatuto jurídico de concesiones de obras públicas contenido en el decreto supremo MOP N° 900, de 1996.
6.-
Concesiones
Las concesiones que el Fondo podrá otorgar sobre bienes cuya administración sea de su competencia tendrán el plazo de duración que determine el contrato, sin que en ningún caso este pueda ser superior a 50 años.
7.-
Gobierno Corporativo
El Fondo contará con un gobierno corporativo -la discusión de esta materia ameritó las opiniones de diversos invitados- que tendrá una mirada de largo plazo, más allá del gobierno de turno, pues sus directores durarán cuatro años en sus cargos y se renovarán por parcialidades.
El Directorio estará compuesto por cinco miembros, tres de los cuales serán designados por el Presidente de la República a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública, previa definición por los Ministros de Obras Públicas y de Hacienda de los perfiles profesionales y de competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos.
Los otros dos integrantes serán nombrados por el Presidente de la República, elegidos de una quina propuesta por el Ministro de Obras Públicas. De entre estos, designará al Presidente del Directorio.
El Fisco estará representado en la junta de accionistas por los Ministros de Hacienda y de Obras Públicas, y la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), por quien designe el Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas.
8.-
Estatuto de los directores
Se establece una clara numeración de los requisitos taxativos para el nombramiento de los directores y de las causales de inhabilidades e incompatibilidades y causales de cesación en el cargo.
9.-
Proceso de evaluación de proyectos de infraestructura
Se contempla un procedimiento especial de evaluación para determinar los proyectos de infraestructura que el Fondo considere de interés social y que requieren un aporte especial del Fisco (subsidio). Este mecanismo regula las condiciones de su aprobación y los criterios que deben tenerse presentes, entre otros aspectos.
10.-
Plan de Negocios Quinquenal
Se consagra, asimismo, un poderoso instrumento de planificación, el Plan de Negocios Quinquenal, que deberá elaborar anualmente el Directorio y ser aprobado por la junta de accionistas, previo informe que tendrá que emitir sobre él el Ministerio de Obras Públicas. Del mismo modo, se contempla el contenido mínimo que deberá presentar el Plan, el cual comprenderá objetivos y metas de rentabilidad de la sociedad y los planes de inversión y desarrollo.
11.-
Posibilidad de recibir aportes públicos
La Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año podrá contemplar transferencias de capital destinadas a proyectos específicos a ser desarrollados por el Fondo, previa observancia de las siguientes condiciones: que se haya dado cumplimiento al procedimiento de evaluación de proyectos señalado en el numeral 8; que el proyecto esté incluido en el Plan de Negocios Quinquenal aprobado por la junta de accionistas; que el proyecto se encuentre evaluado y recomendado por MIDESO; que los proyectos se hallen debidamente identificados antes de su ejecución, y que el monto máximo de las transferencias al proyecto, en el período que dure la concesión respectiva, no exceda la cantidad necesaria para que el Fondo registre variaciones patrimoniales por efecto de la ejecución del proyecto beneficiado.
12.-
Régimen de los trabajadores
Se establece que los trabajadores del Fondo se regirán por el Código del Trabajo.
Por último, señor Presidente, es del caso señalar que realizamos una serie de sesiones para discutir esta materia. Concurrieron a ellas personeros de los Ministerios de Obras Públicas y de Hacienda; de las concesionarias, y de los distintos entes públicos y privados interesados en realizar aportes a este proyecto de ley. De ello da cuenta el informe de la Comisión, el cual se halla a disposición de los señores Senadores.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Ministro de Obras Pública, señor Alberto Undurraga.
El señor UNDURRAGA (Ministro de Obras Públicas).-
Señor Presidente, en verdad, este proyecto de ley, que -como bien señaló el titular de la Comisión- fue presentado por la Presidenta de la República en mayo del año pasado, nos parece muy importante. Y ello, por la señal que entrega el Estado en el sentido de seguir confiando en la articulación público-privada, además de encontrar un nuevo mecanismo, una nueva fórmula para incrementar los recursos tendientes a esos fines.
La exposición del Senador De Urresti fue bastante adecuada con respecto a la definición y al contenido de esta iniciativa, que pasaré a explicar de manera un poco más didáctica quizá.
¿Qué es el Fondo? Es un instrumento para financiar obras con cargo a peajes futuros.
¿En cuánto se estima su valor? El valor lo dará el mercado en función del riesgo que le aplique a esos flujos futuros. Sin embargo, en un primer cálculo, se piensa que puede ser del orden de los 9 mil millones de dólares.
¿Cómo se organiza el Fondo? Mediante una empresa pública regida por la ley sobre sociedades anónimas, en que el Fisco, a través de los Ministerios de Hacienda y de Obras Públicas, tendrá el 99 por ciento de participación, y la CORFO, el uno por ciento restante.
¿Cuáles son las fuentes de recursos? El excedente de los peajes futuros traídos a valor presente.
¿Cuáles son los usos? En general, los fondos de infraestructura en el mundo se utilizan para fondos de garantías, para invertir en distintos proyectos o para cubrir la parte que no financia la banca privada.
¿Cuáles son los elementos centrales del gobierno corporativo?
En primer lugar, que responda a una política de Estado, más allá del Gobierno de turno.
En segundo lugar, que la gobernanza en obras públicas esté en el Ministerio del ramo y no en una entidad paralela.
En tercer lugar, que haya rentabilidad en los recursos, de manera tal que el porfolio, la cantidad de inversiones que realice el Fondo en su conjunto, tenga rentabilidad positiva.
Ahora bien, este proyecto considera un conjunto de reglas operacionales, las cuales fueron discutidas en primera instancia por la Comisión de Obras Públicas.
Sabemos que esta iniciativa deberá pasar también a la Comisión de Hacienda. Desde ya anticipo lo que ya señalé en aquel órgano técnico, en el sentido de que el Ejecutivo presentará indicaciones para precisar ciertos aspectos relacionados con el objeto de este proyecto y, también, para hacerse cargo de algunas de las materias planteadas durante el debate y respecto de las cuales hubo bastante unanimidad.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Conforme a lo que resolvió la Sala, debemos abrir la votación.
Hay varios señores Senadores inscritos.
El señor COLOMA.-
¡Pero manteniendo los tiempos, señor Presidente!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Sí, Su Señoría. Cada Senador dispondrá del tiempo que corresponde a la discusión en general; es decir, 10 minutos.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, tal como dijo el Ministro de Obras Públicas, este proyecto reviste mucha importancia para nuestro país.
Desde el punto de vista personal, la gente percibe el desarrollo a través de la calidad del empleo, la capacidad adquisitiva y el acceso a más y mejores bienes y servicios. Pero desde la perspectiva nacional, la ciudadanía percibe que el desarrollo llega fundamentalmente mediante el avance de la infraestructura, lo que es aún más válido en regiones, donde las obras de conectividad tienen mayor relevancia.
Entonces, el desarrollo de las obras públicas no solo se debe ver como la base para el crecimiento de la economía, o como estimulador de la reactivación: estas obras influyen en las expectativas de las personas y pueden llegar a tener también un significado especial, simbólico si se quiere, para las comunidades beneficiadas.
El ánimo cambió en la Región de Los Lagos cuando llegó la doble vía. El progreso se hizo palpable y la calidad de vida mejoró para mucha gente.
Además, estas nuevas obras, mayormente concesionadas, dieron paso a que se redestinaran recursos públicos para otras obras postergadas por años, como el mejoramiento de los caminos secundarios o lo vinculado con el agua potable rural.
Pero pese a todo lo avanzado en infraestructura pública en los últimos veinte años, aún es posible advertir el déficit que nuestro país tiene en la materia y que constituye un impedimento para acelerar su desarrollo.
Por diversas razones, las concesiones se ralentizaron, los proyectos de inversión se hicieron más caros y sufrieron muchos atrasos por razones medioambientales.
Los aumentos de plazo de concesiones que se pagan con nuevas obras tampoco han sido expeditos. Ello lo puedo constatar en la Región de Los Lagos, en el tramo Río Bueno-Puerto Montt de la ruta 5, donde hace bastante tiempo hay una propuesta de nuevas obras que no ha podido activarse.
El Gobierno actual ha dado un nuevo impulso a las concesiones. Pero todavía hay un espacio grande para el desarrollo de nuevas obras.
Antes y ahora hubo críticos respecto de una supuesta privatización de las carreteras. Sin embargo, con el paso de los años y el término de los primeros períodos de concesión, podemos constatar que hoy el Estado, el Fisco es más rico: cuenta con más patrimonio, con importantes activos que deben ser explotados para generar nuevas obras.
Son más de 25 mil millones de dólares en obras que antes no se disponían.
Sería absurdo que dichas obras pasaran a ser administradas por el Estado con cargo al erario o que se dejara de cobrar peaje. Estos activos tienen que trabajarse para generar mayores beneficios públicos. Y ese es justamente el objeto del Fondo de Infraestructura que se está creando hoy día.
Estas y otras medidas han sido planteadas por nuestra bancada para retomar la senda de un mayor crecimiento económico.
Esta debe ser una prioridad si queremos asegurar que el país alcance el esquivo desarrollo.
Hace más de cien años, Chile se consolidó como nación y, de la mano de la ejecución de un fuerte programa en obras públicas, estuvo más cerca de dicho objetivo.
El ferrocarril hasta Puerto Montt, incluido el imponente viaducto del Malleco, o el ferrocarril trasandino, con el túnel del Cristo Redentor, provocaron un hondo impacto en la opinión pública, y la imagen visionaria del Presidente Balmaceda aún persiste en la memoria histórica de los chilenos.
Luego, en pleno siglo XX, la CORFO significó también un nuevo impulso para el progreso del país, que se expresó en centrales de energía y nuevas fuentes productivas.
A mi juicio, la creación de esta nueva sociedad del Estado se inscribe en la misma senda.
En la próxima década, Chile podrá enorgullecerse de una obra monumental como el puente sobre el canal de Chacao, junto a la ampliación, con estándar de autopista, de la ruta 5, desde Arica a Quellón; la consolidación de la carretera austral; la construcción de más puertos y aeropuertos; la recuperación de ferrocarriles, y la generación de nueva infraestructura urbana. Así, estará más cerca del desarrollo.
Estoy seguro de que el Fondo de Infraestructura jugará un rol relevante en este camino, y, por ello, voto a favor de la iniciativa.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Muchas gracias por la reflexión de su bancada, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, tal vez, uno de los conceptos que en el mundo de hoy guían con mayor fuerza el desarrollo es la innovación. Todos afirmamos que ella se requiere. Eso dice relación con el sector público y el sector privado. Y ojalá existiera una asociación entre ambos.
Desgraciadamente, hemos perdido de vista otro que resulta fundamental: la necesidad de consenso.
Cuando se aprobó la Ley de Concesiones, bajo el Gobierno del Presidente Aylwin y su Ministro de Obras Públicas, Carlos Hurtado, se logró un gran acuerdo en torno a un cuerpo legal que ha dinamizado nuestro desenvolvimiento.
Entonces, se precisan innovación y consenso.
Nuestro régimen de concesiones, que es mirado en numerosos países del mundo con mucho interés, es el punto de convergencia entre esos dos grandes conceptos: la necesidad de innovar, no solo presente en el sector privado, sino también en el sector público, y la de un consenso en torno de instrumentos que la reflejen con miras al desarrollo.
La normativa a que he hecho referencia, que cobró un gran dinamismo en el Gobierno que la dictó, en el del Presidente Frei Ruiz-Tagle y en el del Presidente Lagos, significó dinamizar el progreso de un área reservada históricamente al Estado, la cual, desde la década de 1850, por lo menos, durante la Administración de Manuel Montt, logró un desarrollo muy notable en las obras públicas. Lo que hizo la Ley de Concesiones, de comienzos de los años noventa, fue dejar que accediera a ella al sector privado.
Pues bien, en estos últimos veinte años se han desembolsado, en términos efectivos, ¡18 mil millones de dólares! por la vía de la concesión, es decir, de la inversión privada, lo que ha permitido, por un lado, abrirle a este último mundo el campo en materia vial, portuaria, sanitaria, aeroportuaria, etcétera, y, por el otro, concentrar recursos del Fisco en educación, salud, previsión, seguridad ciudadana.
Por lo tanto, todos ganamos con la fórmula de asociación público-privada que es el régimen de concesiones, el cual complementa lo que se aprueba año a año, a través de la Ley de Presupuestos, para que el Estado invierta en obras públicas, que siempre es un elemento dinamizador.
Aprovecho de felicitar al Ministro del ramo, señor Alberto Undurraga, por el tremendo liderazgo que ha sabido imprimirle a la inversión en su área, como podemos constatarlo, por ejemplo, en el gran programa de acumulación de agua, de regadío, de concesiones que vienen en materia de embalses.
Repito que una modalidad de inversión que era monopolio del Estado se abrió al sector privado, lo que ha permitido dinamizar el desarrollo.
Ahora se autoriza "al Estado para desarrollar las actividades empresariales de construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desarrollo, financiamiento o inversión referidas a proyectos de infraestructura", de acuerdo con el artículo 1° del proyecto de ley.
La sociedad anónima que se constituirá es un paso más para profundizar el sistema de concesiones. Ello implica pensar en Chile y su desarrollo, no solo año a año, como lo permite la Ley de Presupuestos, sino en términos de mediano y largo plazo, con un sentido estratégico, y proyectarlo en un campo de inversión que ya no se encuentra reservado solo al sector público, sino que también se abre al sector privado. En este contexto debe entenderse la iniciativa que crea el Fondo de Infraestructura.
Hay una paradoja en lo que ocurre en nuestro país: por cuarto año consecutivo habremos crecido a un promedio de dos por ciento. ¡Eso es bajo! ¡Son cuatro años con ese crecimiento! Se precisa inversión, pública y privada. El ochenta por ciento de la inversión es privada y solo el veinte es pública.
Entonces, el Fondo de Infraestructura permite un mayor dinamismo en el desarrollo.
¿Y cuál es la paradoja? Que los recursos están, si no en el sector público, a través del Presupuesto, en el sector privado. Pero ¿qué ocurre? Que, muchas veces, faltan proyectos para ser financiados. Con el instrumento en examen se abre una posibilidad.
Por eso, el artículo 1° hace referencia a proyectos de infraestructura.
El artículo 4°, por su parte, dice:
"Para el desarrollo de su objeto, el Fondo podrá:
"1) Construir, ampliar, reparar, conservar, explotar o desarrollar a través de terceros proyectos de infraestructura sobre bienes cuya administración sea de su competencia.".
Asimismo, podrá financiar, en fin, conforme a las distintas modalidades que se contemplan. Lo anterior, justamente para poder ampliar la posibilidad de inversión -en este caso, en infraestructura-, como un aspecto del sistema de concesiones.
A propósito, la Presidenta de la República ha anunciado que ahora, en el mes de enero, se licitarán las concesiones de cinco embalses, tres de ellos en nuestra Región de Valparaíso: el de Catemu, en la provincia de San Felipe, y los de Las Palmas y Los Ángeles, en Petorca y Cabildo, en la provincia de Petorca.
Esta modalidad estaba, por un lado, "ralentizada", como se dice, por la falta de proyectos, y, por el otro, porque después de los gobiernos de los presidentes Frei y Lagos objetivamente bajó la inversión en ella.
La anterior es una de las dificultades, por ejemplo, cuando el Ministerio de Obras Públicas carece de financiamiento para diseños. Los proyectos siempre surgen de uno de ellos. Entonces, cuando faltan los recursos estatales, se ralentiza todo el proceso de inversión en el sector.
Cabe mencionar, asimismo, la infraestructura vial, todo el desarrollo en los ámbitos portuario y aeroportuario, y las sanitarias. Hemos llegado a niveles de un país desarrollado en la inversión en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, con algunas situaciones que se van quedando atrás, como en Loncura o en Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, a la que tenemos el honor de representar con la Senadora señora Lily Pérez.
Somos testigos de que existen numerosas posibilidades de inversión, pero que no se utilizan con el dinamismo esperable.
Muchas veces, estas discusiones se hallan atravesadas por cuestiones ideológicas. Uno de los casos es la inversión en hospitales y la concesión como una vía para ello, por lo menos en materia de construcción. Otra cosa es cómo se opera el establecimiento.
Tendremos que prevenir más adelante una eventual tensión entre el Fondo de Infraestructura y la nueva Dirección General de Concesiones, que un proyecto de ley creará en el Ministerio de Obras Públicas para que el sistema cuente con una institucionalidad que permita dinamizar el desarrollo.
A mi juicio, la aprobación del instrumento en examen, que estoy seguro que recibirá un gran apoyo -no sé si unánime- en el Senado, será una gran noticia para nuestro país, que está creciendo poco y necesita inversión.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, en primer lugar, cabe precisar que el Fondo de Infraestructura se conformará con los ingresos esperados de peajes o de usos futuros de obras de infraestructura. Es decir, le estamos dando una orientación en el presente a algo que se recibirá más adelante.
En seguida, había un acuerdo de la Sala en orden a que la Comisión vería en general y en particular el proyecto, a la espera de algunas indicaciones del Ejecutivo. Eso se cambió de una manera bastante sorpresiva en la última sesión. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que lograr garantías de que ellas se formularán, para poder votar en particular.
¿A qué apunto? A que las necesidades de infraestructura son múltiples. No dicen relación solo con obras públicas, para decirlo en términos rápidos.
Se ha mencionado la falta de proyectos. Sin embargo, la Ley de Concesiones, que aprobamos en el Congreso cuando muchos éramos Diputados, permite no solo aquellos que son de iniciativa del Estado, sino también de privados. Organizaciones, comunidades e incluso cooperativas pueden presentarlos para que se concesionen. Y reciben un premio por hacerlo. Por lo tanto, la iniciativa privada nunca ha estado coartada. ¿Y por qué lo digo? Porque el problema no se debe solo a un sector.
Por otra parte, creo que el Estado se encuentra demasiado disminuido -hemos pasado de un sector muy estatal a uno muy privado-, y, en el fondo, ha perdido la capacidad de hacer proyectos por sí mismo. No hay un incentivo para que ejerza la que posee.
Ello resulta bastante perverso, porque si se revisan los informes de la Contraloría con relación a los dos últimos gobiernos -o sea, de manera transversal-, se observa que casi el 40 por ciento de las obras en el país presentan defectos. Estamos haciendo referencia a vivienda, a recintos deportivos, a obras públicas, a prácticamente todos los sectores. Y eso se debe a que el Estado ha perdido -repito- la capacidad de hacer por sí mismo.
En términos didácticos, es como si un carabinero dirigiera el tránsito sin saber manejar: evidentemente, originará un taco. No es lo que queremos. Y lo digo con mucho respeto por esa Institución.
En consecuencia, tenemos que ir a un modelo un tanto diferente, en el cual el Estado cuente con la capacidad de ejecutar obras también por sí mismo, porque eso determina que el fiscalizador sepa lo que cuesta llevarlas a cabo o desarrollar un determinado proyecto y mantenerlo, así como orientar las cosas a tiempo, por lo tanto, y evitar los defectos.
En Noruega, para citar un caso, un porcentaje muy importante del total lo realiza el propio Estado, y no se genera una competencia perversa, sino, por el contrario, una buena complementariedad y asociatividad.
Obviamente, se requiere diversificar la infraestructura. El caso más claro es el abandono en que mantenemos a Ferrocarriles. Por ejemplo, los problemas en la ruta 68, entre Santiago y Valparaíso y Viña del Mar, no se resolverán con más pistas, sino con un tren en mejores condiciones para enfrentar la cuestión de la carga.
Además, se requiere una definición de lo que haremos con Valparaíso. ¿Vamos a destruirlo con un "muro de Berlín" de contenedores, cuando es un puerto maravilloso, desde el punto de vista patrimonial, y su borde costero se puede mejorar significativamente? Cabría definir, tal vez, un uso complementario con el de San Antonio u otro.
Estas preguntas debemos tenerlas respondidas con anticipación: un puerto, un sistema de ferrocarriles o un sistema vial. Me refiero a una situación específica.
Como bien lo planteó el Director de Ferrocarriles, la red ferroviaria se está ocupando hoy día en un tercio. Si mediante una simple indicación logramos, a través del Fondo, que sea rehabilitada -la idea es que no se registre de nuevo el caso del puente Toltén, que se vino abajo con un tren completo-, aumentaríamos en dos veces la capacidad de carga que se podría trasladar. Y eso sí que redunda en rentabilidad.
Ahora bien, ante un fenómeno de cambio climático y de sequía creciente, con incendios como los que hemos presenciado, es preciso concluir que con mayor razón necesitamos tranques multipropósito, que permitan regar, dotar de agua, generar electricidad, hacer turismo, en fin.
Debemos prepararnos para ese escenario. Pero ello se logra, entre otras cosas, con algo que echamos mucho de menos, que es la planificación. El Ministerio de Planificación y Cooperación se cambió por el Ministerio de Desarrollo Social: bien por el desarrollo social, pero mal por la planificación. Es una labor que no podemos realizar sobre la base de proyectos con recomendación y con condiciones o sin ellas. Eso es ir uno a uno y nadie ve el conjunto. Tenemos que volver a atrevernos a llevarla a cabo, y el Fondo de Infraestructura es una buena oportunidad para hacerlo.
Por otro lado, es muy riesgoso que el Fondo, que puede crecer a diez mil millones de dólares, si se actualizan los peajes, al igual que los usos de puertos, aeropuertos y de otro tipo de infraestructura, siga un modelo concentrador, porque si dice relación con unas poquitas empresas, es evidente que las regiones resultarán muy perjudicadas.
En buena hora, el Ministerio de Obras Públicas ha elevado hoy día los estándares, pero ha olvidado la zona gris. Más de 20 mil kilómetros de red vial no son atendidos por nadie en este minuto.
Cuando se planteó la Ley de Concesiones en 1991 -la iniciativa privada para los proyectos de concesión fue de resorte nuestro en ese momento- se generó una expectativa de que se dispondría de fondos adicionales para desarrollar las áreas más abandonadas. En la actualidad se está tramitando un proyecto de transferencia de competencias a las regiones, que contarán con una autoridad elegida. Es el momento para que también puedan hacerse cargo de estas necesidades en buena forma.
Con estas aprensiones, desde luego votamos a favor, pero se requiere una corrección a fondo en la discusión particular.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, me han gustado mucho las intervenciones de mis colegas Horvath, Ignacio Walker y Quinteros.
Un asunto que se ve tan técnico y árido es un temazo para Chile, en verdad. Porque, sobre todo cuando mencionamos la asociación público-privada -saludo, señor Presidente, por su intermedio, al Ministro de Obras Públicas, quien se encuentra en la Sala- y un Fondo de Infraestructura, ello puede sonarle a la gente algo muy lejano, pero es lo que hace la diferencia para un país que mira al desarrollo y no le da la espalda, en especial uno como el nuestro, todavía carente de recursos fiscales para invertir en infraestructura.
En la Región de Valparaíso, por ejemplo, se ha registrado en los últimos años poca inversión en esta área. ¿Por qué? Porque, como lo recordaba el Honorable señor Ignacio Walker, estamos creciendo a un dos por ciento. Y eso obviamente genera un círculo no virtuoso, sino vicioso.
Se ha decidido no abordar vía concesiones la construcción de hospitales, para citar un caso -no me refiero a su administración-, por una tranca ideológica de un sector. Porque en el Gobierno hay dos almas. Una de ellas cree en el sistema. Pienso que es la que defiende el señor Ministro, en el sentido de que se precisa la alianza público-privada y el desarrollo de caminos, quedando finalmente las obras en manos del Estado, que se va haciendo más grande, más rico, como lo recordaba el Senador señor Quinteros. Pero también hay otra a la que no le gustan las concesiones, que las desdeña y que pone el grito en el cielo cada vez que alguno de nosotros hace presente que sería bueno aplicarlas en algún servicio.
¿Y por qué pongo este énfasis? Porque, efectivamente, como nos ha recordado el Honorable señor Horvath, existe un área gris, en la que muchas cosas no se pueden concesionar hoy día o no se hallan en las reglas de base de una concesión, como los caminos rurales, intermedios o de comunas más pequeñas.
Días atrás en el Ministerio de Obras Públicas veíamos con el titular de la Cartera, por ejemplo, los enlaces de la comuna de Nogales, en la Región de Valparaíso. Y observamos que, claro, siempre está faltando plata en los Ministerios. Cuando se discute el proyecto de Ley de Presupuestos la Partida correspondiente a Obras Públicas no es de las que más aumentan. ¿Por qué? Porque siempre hay problemas con la caja fiscal.
Por eso, sí es importante invitar a los privados para que inviertan, pero con reglas claras. Y, si alguno lo hace mal, que le caigan las penas del infierno y no pueda postular más a la construcción de una obra.
Escucho decir al Senador Horvath: "Más importante que ampliar a tres pistas la Ruta 68 es ver qué pasa con el tren Valparaíso-Santiago".
Nunca vamos a tener ese servicio si no se concesiona, por ejemplo.
¿Cuándo podrá el Estado contar con recursos para construir esa vía férrea? ¡Nunca!
Llevamos años con el mismo tema; todo mundo promete que se realizará ese proyecto. Después vienen las campañas políticas -este año hay elección de Primer Mandatario- y forma parte de los programas presidenciales.
Pero no pasa nada porque no existe visión para decir: "No importa que lo concesionemos".
¿Por qué ocurre eso? Porque los gobiernos quieren "cortar la cinta" rápido, mientras que las concesiones no son para inauguraciones en 2, 3 o 4 años; sus resultados se ven en 10, 12, 15 o 20 años.
Es probable que si a los gobernantes contemporáneos citados por el Senador Ignacio Walker les hubiese faltado visión no tendríamos carreteras tan fantásticas como las que existen hoy. En su minuto, el Presidente Lagos decidió concesionar algunas. Y nadie podría decir en la actualidad que son malas; por el contrario, son un orgullo.
Y ahora vemos, por ejemplo, que mucha gente que viene desde Santiago a la Quinta Región alega y dice: "Si tenemos tag en Santiago, ¿por qué en los peajes de una vez por todas no levantan las barreras para que quienes cuenten con ese aparato pasen por los portales sin formar atochamientos?".
Entre otras cosas, los fondos de infraestructura tienen que ver con simplificar la vida de los usuarios.
Insisto: ¡Bienvenido este tipo de proyectos! ¡Bienvenida la alianza público-privada!
Como nos recordó el Senador Horvath, el Estado también tiene que construir. Pero, sobre todo, debe ser un gran fiscalizador de las concesionarias, que aportan recursos privados. Lamentablemente, no ha sido ni constructor ni fiscalizador. Porque muchas de las obras que han experimentado problemas -lo señalaba el Senador Horvath- no tuvieron fiscalización, ¿de quién? De los organismos estatales.
Por esa razón, tiene que haber una buena fiscalización y un buen control de parte del Estado, pero usando los recursos que correspondan y cuando el sistema privado esté dispuesto a invertirlos. Porque esto trae además desarrollo para las regiones, sobre todo en infraestructura y mano de obra; se transforma en un círculo virtuoso, y es algo que se necesita mucho en nuestro país.
Por tales motivos, señor Presidente, votaré a favor con entusiasmo, aunque todavía nos falta muchísimo que acotar.
En lo personal -con esto termino mi intervención-, me gustaría manifestarle al Ministro de Obras Públicas, que ha liderado esta normativa y que tiene una opinión positiva de ella, que en el año que resta de Gobierno entusiasme con mucha más fuerza a muchos más privados, para que vengan a nuestras regiones a invertir, a ayudar en obras como embalses o tranques.
Porque existe un problema -con el Senador Ossandón lo conversamos en una reunión esta mañana- debido a la gran cantidad de agua que se pierde con los deshielos. ¿Por qué? Porque no hay tranques.
Y nadie habla de tranques gigantescos como el que se hizo en Chacrillas (Putaendo) durante el gobierno anterior, sino de miniembalses o de muchas obras de recuperación o reparación, como puentes, que también contempla el Fondo de Infraestructura.
Chile es un país lleno de desastres naturales, de catástrofes como el terremoto ocurrido hace poco en Chiloé, en la Región de Los Lagos.
¿Qué pasa en esa zona? Existe un problema con los puentes, con las carreteras.
Los privados podrían entrar fácilmente, en forma mucho más rápida y con reglas claras, a colaborar con el Estado cuando este sea incapaz, obviamente, de resolver el problema por sí mismo por carecer de fondos para ello.
Voto a favor, señor Presidente. Y espero que este proyecto ayude mucho a modernizar y dinamizar nuestras regiones.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, sin duda, esta iniciativa es muy importante y de gran trascendencia, por lo que concurriré con mi voto favorable a la idea de legislar. Pero debemos analizarla y discutirla en forma mucho más profunda que como lo estamos haciendo.
Todos nos entusiasmamos con la idea de contar con un fondo de infraestructura a fin de aumentar las obras públicas que necesita nuestro país para su desarrollo.
En eso estamos todos de acuerdo.
Pero, naturalmente, una iniciativa como esta tiene otras implicancias.
Por de pronto, conlleva consecuencias desde el punto de vista del déficit fiscal, porque estamos creando una nueva empresa pública pero sin definir cuánto es su capital.
De dos Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, uno dijo que sería cercano a 9 mil millones de dólares, mientras que el otro, el Senador Horvath, acaba de afirmar que llegaría a 10 mil millones de dólares.
¿Cuánto es realmente el capital con que va a partir esta empresa? ¿Qué otra empresa comienza con un capital de 9 mil a 10 mil millones de dólares?
Me parece que, por sí solo, lo anterior refleja, por una parte, la importancia de esta iniciativa, pero por otra, los cuidados que como Parlamento debemos tener al legislar.
Si a esta empresa -Dios no lo quiera- le va mal, ¿cómo nos hacemos cargo de las pérdidas?
Nunca nadie pensó que al Transantiago le iba a ir mal; jamás nadie imaginó que ese sistema de transporte le costaría al país en la actualidad cerca de 2 mil millones de dólares entre subsidios directos y fondos espejo.
El señor PROKURICA.-
¿No serán 2 mil 700?
El señor GARCÍA.-
Estoy hablando de 2 mil millones de dólares anuales, que es más o menos lo que cuesta.
¡Nadie lo pensó!
¡Tampoco nadie se imaginó que CODELCO llegaría a requerir capitalización en los niveles en que los necesita ahora, ni que a la ENAP le harían falta nuevas capitalizaciones!
Se suponía que el solo ejercicio de esas empresas productivas generaría recursos suficientes para sus respectivas capitalizaciones y, de esa manera, mantener su movimiento, sus acciones y, naturalmente, su desarrollo a través de los años.
Sin embargo, no fue así.
No se trata de ser negativo ni de poner siempre un poco la proa frente a las iniciativas -reitero: voy a votar a favor-, pero sí tenemos la obligación de legislar con responsabilidad y medir los pros y los contras.
Dentro de las normas que contiene este proyecto, que estamos votando en general, se encuentra, por ejemplo, la facultad de la empresa para emitir deuda. Se señala textualmente que el Fondo podrá "Emitir instrumentos financieros de deuda, de garantías y otros autorizados expresamente por el Directorio;".
Durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos tenemos que autorizar endeudamiento fiscal. Pero cuando este excede un período presidencial la votación requiere quorum especial.
Bueno, esta empresa se podrá endeudar, no sabemos en cuánto, con el solo acuerdo de su directorio.
Si el día de mañana no hay plata para pagar esos compromisos financieros, ¿a qué se va a recurrir? A créditos con aval del Estado.
Insisto: todos nos entusiasmamos con esta iniciativa, que es buena; todos estamos pensando en mejores carreteras, en mejores puertos, en mejores aeropuertos, pues el país los necesita, sin lugar a dudas. Pero también debemos reflexionar y ver que finalmente toda esta labor se haga -no nos oponemos a ella- con la responsabilidad fiscal que ha caracterizado a nuestro país.
Porque, así como el Fondo de Infraestructura será -espero- un gran activo para el país, también constituye un gran activo cómo el mundo nos mira, cómo observa el comportamiento de nuestras finanzas públicas, ya que, en la medida en que estas últimas están sanas, toda la economía se beneficia, naturalmente, con una evaluación de riesgo objetiva y, en último término, con menores tasas de interés.
Repito, señor Presidente: yo voto a favor. Tengo confianza en que esta iniciativa prosperará y le hará mucho bien al desarrollo de Chile. Y, francamente, espero que en la discusión en particular, tanto en la Comisión de Obras Públicas como también en la de Hacienda, tengamos oportunidad de profundizar en las dudas que he señalado. Creo que constituye nuestra obligación, no solo hacerlas presente, sino también cautelarlas.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, este proyecto de ley fue largamente discutido en la Comisión de Obras Públicas, donde se recibieron distintos interesados, tanto del Gobierno -los Ministros de Obras Públicas, Hacienda y Transportes- como de la industria de concesiones, así como expertos de institutos, con el propósito de analizar cómo funciona, en políticas públicas, una medida de esta naturaleza.
Originalmente la Sala había autorizado la votación en general y particular del proyecto, pero después de una buena reflexión, decidimos, sin perjuicio de que lo hayamos estudiado en particular, votarlo solo en general, a la espera de que la discusión que se produjera en la Sala generara las mejoras que una iniciativa de este tipo merece.
Por eso estamos votando solo en general.
Mi primera reflexión respecto al proyecto es que valoro que en un Chile a ratos muy ideologizado se considere un avance el tema de concesiones. Estimo que eso es muy importante en el debate público de hoy día.
Este hecho no estaba tan claro hasta hace algunos años, cuando este mismo Gobierno, en el área de Salud, no solamente se negó a continuar con una política de concesiones, sino que dejó sin efecto las que se estaban realizando, lo que ha afectado a muchas comunas del país.
Todavía quedan pendientes los hospitales de Linares, Chillán -por nombrar algunos- y el de Curicó se está financiando recién hace una semana, cuando pudo hacerse hace muchos años. La lógica imperante señalaba que cualquier cosa que oliera a concesión tenía que ver con temas inadecuados para el correcto funcionamiento de la sociedad y que todo debe ser financiado, desde un punto de vista público, con lo estatal. Y creo que eso fue letal.
Yo advierto en la idea de legislar de este proyecto una visión diferente, con la que estoy mucho más de acuerdo, porque las concesiones y la participación del mundo privado han demostrado ser una palanca de desarrollo muy sustancial.
En ese sentido, a diferencia de lo que se hacía algunos años atrás, que era tratar de generar -perdón que lo cite- una especie de retroexcavadora en el tema de la concesión, ahora se tiende, más bien, a pavimentar camino, cosa que me parece muy sana.
Esto no quiere decir que uno no considere algunos puntos que espero que podamos reflexionar de mejor manera en la discusión en particular.
El primero de ellos es si algo parecido no se puede hacer a través del Ministerio de Obras Públicas, particularmente con su Departamento de Concesiones.
¿Dónde radica el grueso de los problemas hoy día?
Según se puede entender de lo que manifiestan quienes están dedicados al rubro, básicamente los talones de Aquiles del sistema se relacionan con la necesidad de agilizar permisos, reducir discrecionalidades, tener capacidad de anticipar, en materia de obras públicas, lo que va a ocurrir en 20, 30 años más, cosa que ni un Ministro ha señalado en su momento. La estructura no está hecha para ello.
Claro, eso es un dato, y es mucho mejor enfrentarlo. Pero todos admitimos que habría sido mejor que el país hubiese pensado lo que teníamos que hacer. No como ocurre ahora que, cuando hay que hacer cosas, casi se debe preguntar a quien está concesionando una obra cuáles son las modificaciones que se requieren.
Estoy exagerando un poco, pero más o menos anda por ahí el tema.
Aquí se toma una opción. Se pudo haber hecho de otra manera y haber fortalecido concesiones. Se opta por esta propuesta. Me parece válido, pero es una reflexión que siempre tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque no tengo claro cómo va a funcionar armónicamente este nuevo Fondo de Infraestructura, que es una empresa pública, con el Departamento de Concesiones del Ministerio. Ahí vamos a enfrentar, eventualmente, un colapso interno y hay que hacer la reflexión adecuada.
En segundo lugar, debemos tener mucho cuidado -algo dijo el Senador García al respecto- con que, al final, esta no sea una forma de evitar el cumplimiento de la regla fiscal. Porque sabemos claramente que al ser empresa pública, estos fondos no se contabilizan para efecto de los déficits.
Puede haber un peligro por ese lado, una tentación de algún Ministro -esto es a futuro, así que no voy a hacer cuestión del presente- de generar ciertas elusiones respecto de obligaciones de cumplimiento de reglas por la vía de invertir o endeudar a una empresa que, para estos efectos, no es contabilizada en la lógica presupuestaria.
El tercer punto tiene que ver con la composición del directorio, en donde, a mi juicio, es muy importante -y ahí creo que existe acuerdo con el Ministro- generar la máxima profesionalización e independencia del Gobierno.
Eso es clave, señor Presidente, porque la idea de este Fondo es pensar la infraestructura de Chile para 10, 20 años más, y no sujetarse a gobiernos de cuatro años.
Entonces, resulta fundamental tener clara la diferencia entre lo que es un gobierno y la política de un país. Porque la tentación de un gobierno de corta duración -yo reclamo mucho que duren cuatro años; creo que le ha hecho mal a Chile; lo considero un error-, al final, es quedarse en el corto plazo, sin un horizonte más amplio.
Entonces, en la medida en que le demos a este Fondo de Infraestructura una duración en el tiempo, pero con un directorio con independencia -aunque tampoco puede creerse cada uno Ministro de Obras Públicas, porque eso puede ser peor y generar una especie de colisión permanente-, me parece que puede andar bien.
Por eso es tan importante la composición del directorio. Vamos a hacer algunas propuestas en ese sentido en la discusión particular, para darle un carácter independiente.
Hay muchos temas más, señor Presidente, pero he guardado este último minuto para manifestar una preocupación permanente que me genera -la señalé en la Comisión, pero quiero exponerla claramente en esta Sala- el hecho de que el financiamiento de este Fondo se relacione, en valor presente, con los flujos futuros de los peajes.
¿Por qué me preocupa? Básicamente, por dos razones muy de fondo.
Primero, porque los peajes deberían estar vinculados directamente con el costo y la mantención de la obra, que estamos pagando entre todos. ¡Si al final la concesión la financiamos todos! Creo que el impulso que se dio hace algunos años fue muy importante, por ejemplo, en la renovación de concesiones. Sé que todavía estamos en una etapa en que hay que hacer muchas obras adicionales, pero, técnicamente, lo que puede ocurrir en una sociedad que valora las concesiones -yo las valoro, soy muy partidario de ellas, pero no soy ciego- es que cuando hay congestiones, cuando no se da un servicio óptimo, cuando son caros los peajes en horas punta, uno siente que las cosas no están funcionando y empieza a caer un poquito en la duda.
Lo mismo sucede con el peaje futuro. Espero que cuando haya que renovar la concesión de la Ruta 5 Sur, por ejemplo, más allá de obras que se puedan vincular, lo lógico es que se deberían considerar dentro del precio que va a ofrecer la concesionaria los valores de mantención. No soy partidario de que esto no cueste nada, porque, de ser así, al final se van a destruir las obras. Esto tiene que ver con algunas obras adicionales o con la mantención de las existentes.
Personalmente, aspiro a que algún día los peajes puedan bajar. ¿Y cuándo van a bajar? Cuando digamos: "Ya construimos entre todos, está hecho, pagamos. Ahora hay que mantenerlo". Lógico, será un tercio del costo, no sé. Habrá que hacer alguna obra. Pero la idea es que de repente el usuario pueda decir: "Oiga, ¿sabe qué más? Me cuesta menos".
Sin embargo, al estar amarrado el financiamiento a los flujos futuros, me temo que eso no será posible, porque, como se consideran a partir de hoy día -algo dijo el Presidente de la Comisión al respecto; no me gustó, pero tiene razón-, tenemos que resolver de buena manera la proyección del valor de los peajes.
No me parecería justo decir que los peajes van a ser siempre iguales -o que siempre van a costar lo mismo o más- porque hay que financiar el Fondo de Infraestructura, independiente de si el costo que está pagando el usuario puede ser mucho menor hoy día que hace 20 años atrás, porque la obra ya se construyó.
Entonces, aquí hay un tema bien de fondo.
Alguien del mismo Ministerio propuso una fórmula -a mí me pareció adecuada- para destinar un porcentaje del flujo futuro de los peajes a rebajar su valor, con el objeto de dar alguna opción para que eso pudiera ocurrir. Así, los 4 mil 200 pesos de peaje que paga un camionero cada vez que pasa por Angostura; después, por Quinta; luego, por Río Claro, que se van juntando -estamos hablando de 12 mil y tantos pesos-, algún día podrían bajar, lo cual permitiría a ese contribuyente decir: "¿Sabe qué más? Vamos a empezar a pagar menos, porque me van a mantener la tarifa".
Adicionalmente -termino en un minuto, señor Presidente, porque cuando a uno lo interrumpen se pierde tiempo-, también hay que tener mucho cuidado para que las obras que se vayan a financiar con los peajes futuros guarden alguna relación con lo que pagan los usuarios.
Me explico.
Si en el tramo del camino Santiago-Talca (que conocemos con mi colega de circunscripción) se dice que además va a vincularse con la salida a Constitución, como parte del proyecto, y que se dará un subsidio cruzado ahí, me parece adecuado, porque es parte de la obra. O que se van a mejorar las caleteras, o la seguridad, está bien. Pero, si al final esos recursos se destinan a financiar una obra que queda a mil kilómetros de distancia y que no tiene ninguna relación con lo que está pagando el usuario, creo que hay un riesgo de desnaturalizar la concesión, lo cual me inquieta.
Digo lo anterior, señor Presidente, para que lo reflexionemos, entre todos.
A mi juicio, esto representa un paso -tuve muchas dudas; le di muchas vueltas-, porque en último término hay un compromiso, que encuentro valioso, a favor de las concesiones. Existe una fórmula que uno puede mejorar, pero el esqueleto me parece correcto. Sin embargo, también hay aprensiones legítimas, que espero que podamos resolver en la discusión particular.
En esta instancia, señor Presidente, votaré a favor del proyecto.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, después de oír distintas intervenciones, considero importante reconocer la historia sobre cómo se instalaron las concesiones en nuestro país y cuál ha sido su significado. Porque se olvida el rol que jugó, primero, Hurtado -no me acuerdo de su nombre-...
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Carlos.
El señor MONTES.-
... y luego, Lagos. En el Gobierno de Frei se entendió esto y Lagos se la jugó por este sistema en un período en que tuvo gran despegue.
Mucha gente dice que las concesiones son privatizaciones, cuando todos sabemos que se trata de una acumulación para el país con determinada manera de financiamiento. Y a todos aquellos que hoy día no asumen o no defienden lo profundo de esto, yo les diría que en cualquier momento se les va a volver en contra, porque hoy día se castiga y se cuestiona a Ricardo Lagos por la supuesta privatización de carreteras. ¡Pero no privatizó ninguna carretera! Generó una modalidad de inversión que permitió que el país creciera. ¿En cuánto? Se estima que en 25 mil millones de dólares. ¡25 mil millones de dólares!
Bueno, yo valoro mucho la creación de una empresa del Estado para infraestructura. Sin embargo, esto es "con los privados". Ella tiene que trabajar con los privados. ¡No pensemos que esto va a sustituirlos! Por el contrario, es una manera de organizarse para entenderse con ellos. Y tendrá capital propio. ¿Cuál? El que produzca con lo que va a estar en juego, como las concesiones mismas, que tendrán que mantenerse.
Esa es la inteligencia del Fondo de Infraestructura: que el capital provenga de la propia inversión previamente realizada, el cual ahora, en valor presente -no voy a entrar en el detalle técnico-, está ahí.
En cuanto al gobierno corporativo, creo que hay que conversarlo y mejorarlo, pero aquí, claramente, habrá una empresa seria.
Se dice que esto tiene riesgo. Todos sabemos que en economía, en empresa, todo tiene un riesgo. Pero se trata de hacerlo bien, de minimizar el riesgo y, por el contrario, entregar un aporte bastante mayor al país con la experiencia que se ha acumulado.
Se hacen muchas caricaturas, como con el Transantiago. Pero yo les diría que, de una vez por todas, reflexionemos al respecto. ¡Si el Transantiago tiene un pecado de origen que fue no partir con un subsidio! Estaba calculado para un tamaño de flota de 6 mil 500 buses y partió con 4 mil 500, porque no se quiso subsidiar. Al final, nos costó muy caro porque, probablemente, si hubiéramos subsidiado desde el comienzo su costo habría sido un poco menos que el actual. Pero igual hubiese tenido un costo, porque todos los sistemas de transporte en las ciudades lo llevan implícito si se quiere que funcionen con ciertas características. Es necesario darles apoyo.
También aquí se dice, con mucha soltura, que algunos están por concesiones de hospitales y otros no. Nosotros, los socialistas, por escrito, le entregamos al señor Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, un documento en el cual le señalamos nuestro acuerdo para concesionar la construcción de hospitales.
¿Por qué lo expresamos así? Porque hoy día se presenta un problema de recursos para invertir. Además, tenemos muy malas experiencias con los hospitales de El Carmen y de La Florida en cuanto a la administración con este modelo. Y no solo en recintos hospitalarios; también en cárceles y en el Centro de Justicia, en Pedro Montt, donde no ha funcionado la manera de administrar.
El sistema ha operado para invertir, pero en su administración ha habido problemas bastante serios y hemos terminado pagando por la inexperiencia y pagando mucho por hospitales, por cárceles, por edificios como el del Centro de Justicia. No voy a entrar en detalle de lo que le cuesta al Estado el edificio de Pedro Montt...
El señor PROKURICA.-
¿Cuál?
El señor MONTES.-
El edificio concesionado que está en Pedro Montt.
El señor PROKURICA.-
¿En qué parte?
El señor MONTES.-
En Santiago.
Bueno, el Fondo de Infraestructura me parece una muy buena idea. Y al respecto debo decir que está bien, que la concesión es la modalidad principal, pero puede no ser la única. Quizás el entendimiento con los privados pueda tener variantes. Y me parece que cometemos un tremendo error al no considerarlas. Estamos perdiendo muchas oportunidades de entendimiento, por ejemplo, con los chinos, por no disponer de ellas.
Por distintas razones, a los chinos no les gusta el modelo de concesión. ¿Y qué están haciendo en Perú? Están metiendo 50 mil millones de dólares en el cobre, para mejorar la tecnología, para mejorar su productividad. ¡50 mil millones de dólares! Y, obviamente, los peruanos nos pueden llegar a superar en materia cuprífera a ese ritmo.
¿Qué están haciendo los chinos en Ecuador? Están construyendo un conjunto de plantas hidroeléctricas, con lo cual Ecuador aspira a abastecer a los países de América, más allá de sí mismo.
Nosotros estamos perdiendo oportunidades porque no tenemos modalidades diversas para socios distintos. Es cierto que con los chinos cuesta entenderse, porque saben harto de estos negocios y hay que tener mucha experiencia para que no te pasen a llevar. Pero el problema es que debemos ser capaces de ofrecer variantes.
Los chinos no quieren el sistema de concesiones. Busquemos otro modelo, entonces. Yo no puedo entender cómo estando aquí el Primer Ministro chino no le presentamos ningún proyecto para buscar en conjunto una modalidad experimental y no a través de concesiones, que no les interesan.
Ellos tienen gran tecnología y experiencia en ferrocarriles. Podríamos, por último, haber empezado con el ferrocarril Santiago-Melipilla, u otro. Haber hecho un primer acuerdo, porque cuentan con tecnología, capacidades, y nos pueden ayudar mucho a resolver el problema de mejor manera.
Ustedes saben que en China los trenes andan a 600 kilómetros por hora. No digo que nosotros lleguemos a eso, que es producto de una tecnología que han ido acumulando y desarrollando, dadas las características de ese país.
El señor CHAHUÁN.-
¡A 434!
El señor MONTES.-
¿Perdón?
El señor CHAHUÁN.-
¡Andan a 434 kilómetros por hora!
El señor MONTES.-
A 600, por lo menos aquellos en los que yo he andado.
Por otro lado, aquí se ha planteado un tema que considero de primera importancia y que no está resuelto: cómo se va a tratar esto respecto al equilibrio estructural, lo que representa endeudamiento, lo que representan pasivos para el Estado con futuros resultados.
Hay distintas visiones sobre el particular. Algunos dicen que debe estar sobre la línea; otros, bajo la línea. Incluso ahora se le ha pedido la opinión al Fondo Monetario Internacional, qué piensa este pope de las finanzas internacionales sobre cómo tratar esta materia.
Bueno, tenemos que buscar una manera de abordar el problema. Pero la verdad -y esta es la discusión hoy día en Europa- es que las inversiones no son lo mismo que cualquier gasto cuando representan crecimiento del potencial económico, cuando representan beneficio a muy corto plazo. Una lógica o visión de toda la inversión igual y pareja en todo momento tiende a superarse en el debate que hoy día se está abriendo en otros lados.
Termino señalando que hay muchos negocios por imaginar a través de esta vía. El caso más claro es el de las carreteras. ¿Por qué ha funcionado ahí? Porque existe el peaje. El problema es que en otras modalidades es menos claro. ¿Qué ocurre en los hospitales? Allí la rentabilidad termina determinándose por contratos ambiguos. El contrato de concesión del hospital de La Florida, por ejemplo, consideraba la limpieza de las salas de espera tres veces al día, pero todos sabemos que ellas se ensucian en todo momento. La negociación fue difícil, pero se cambió.
¿Y cuál es el costo de poner cada enchufe en el edificio del Centro de Justicia? ¡Si es una cosa absurda! ¡Es altísimo! Porque existe un contrato dado, en que la rentabilidad no está claramente llevada a valor presente, como sí ocurre en el caso de las carreteras, con el peaje.
Uno de los grandes problemas del Ministerio de Obras Públicas y del sistema de concesiones es ir viendo cada negocio de acuerdo a la forma en que se plantea.
Creo que la construcción de plantas desaladoras multipropósito que administra el Estado en asociación con privados es otro campo. Lo mismo los parques nacionales. En fin.
Me parece que podríamos llegar a diseñar distintos tipos de respuesta si se logra tener una empresa muy profesionalizada, pero que además tenga capacidad de ir encontrando formas variadas de entenderse con los privados, tanto chilenos como extranjeros, conversando con ellos, negociando y defendiendo el interés del país.
¡Esto tiene que funcionar bien!
Comparto lo que han dicho el Senador García y otros Honorables colegas. ¡Esto tiene que funcionar bien! ¡No puede ser a pérdida! Y el gobierno corporativo tiene que ser muy riguroso, pero debe jugarse por negocios nuevos, que van a tener un riesgo inicial, para que nuestro país pueda desarrollarse de otra manera.
Hoy día, a mi juicio, el Ministerio de Hacienda no está haciendo lo correcto al disminuir la inversión. Al haber bajado 3,7, estoy convencido de que, lamentablemente, nos puede costar caro.
La reactivación económica no va a venir a corto plazo ni por vientos de afuera. La reactivación económica no va a venir de los privados porque de la noche a la mañana ellos cambien de actitud. Se requiere un Estado que dé señales de que se la va a jugar. Y esto supone acuerdos internacionales, concesiones en hospitales, proyectos de inversión, otra actitud.
Yo espero que el Gobierno tenga preparadas al menos las carteras, pues, si en vez de crecer a 2 crecemos a 1, va a ser necesario abrir otros proyectos en el curso de este año. Para eso hay que tener buenos proyectos, de calidad, no cualquiera ¡Y tenemos buenos proyectos! ¡Y se pueden hacer buenos proyectos! Porque en Chile existen. Pero se requiere otra actitud.
Este es el mismo debate que hoy día se da en toda Europa entre monetaristas y keynesianos: qué hace el Estado en estas coyunturas. Y aquí el Estado debe asumir un rol distinto.
El Fondo de Infraestructura es algo que nos abre una perspectiva más de largo plazo, que nos genera un instrumento diferente para intervenir en los procesos fiscales y reales.
Voy a votar a favor, sin lugar a duda.
Me alegro de esta iniciativa, pero creo que tenemos que discutirla mucho para asegurar que logre los equilibrios respectivos y que la institución sea eficiente, funcione bien y permita que Chile crezca con una nueva modalidad. Como decía el Senador Horvath, nos puede poner de nuevo a la cabeza en ciertos ámbitos, en ciertas acciones.
En cuanto a los parques nacionales, ¿ustedes se imaginan si encontramos la fórmula para invertir en ellos a través de esta vía, de tal forma que pasen a tener otras características, con mantención, con desarrollo?
Y lo mismo puede ocurrir con otras actividades.
Voto a favor, señor Presidente, con la convicción de que aquí existe un gran potencial, pero dependerá de nosotros, el Parlamento y el Gobierno, que el proyecto termine siendo sólido y consistente, para que esta nueva sociedad anónima pública represente algo parecido a las mejores empresas estatales que han existido en la historia de Chile.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, la verdad es que nuestro país necesita inversiones en infraestructura no solo para mantener su competitividad en materia de exportaciones (claramente, se necesita financiar una política de puertos, de ferrocarriles, de carreteras, de puertos secos, de pasos fronterizos, y además buscar, a mi juicio, la integración con los países vecinos para mejorar nuestras posibilidades exportadoras, sobre todo a mercados internacionales que se hacen más inestables, más inseguros, pero que avanzan por los bloques defensivos), sino también para desarrollar sus territorios, particularmente las áreas rurales más distantes, donde también hay oportunidades de inversión, lo cual, además, abre oportunidades a las pequeñas y medianas empresas para participar en estos procesos, aunque sea en forma lateral; procesos que, por la misma razón, son necesarios.
Igualmente, la experiencia histórica de las concesiones me parece exitosa. Como siempre, podría haber sido mejor, pero la experiencia se va construyendo. Creo que la infraestructura de nuestro país cambió, y le cambió la cara a Chile, como se dijo en su oportunidad, lo cual ha sido beneficioso.
Por consiguiente, esta idea de relicitar las concesiones -lo que permitiría que la infraestructura ya instalada siguiera pagando peaje y, de este modo, formar un fondo para realizar las inversiones que el país necesita en nuevas áreas- debe tomar en cuenta tales consideraciones: por un lado, reforzar la competitividad de nuestro modelo exportador, y por el otro, facilitar el desarrollo de nuestros territorios, con la sola condición de que los proyectos de infraestructura que se presenten tengan potencialidades de rentabilidad y hagan posible la mantención o incluso el aumento de dicho fondo, para seguir avanzando, puesto que mucho nos falta para ser un país plataforma de servicios y de comercio: aparte de infraestructura, debemos modernizarnos en materia de telecomunicaciones, de servicios financieros, de servicios comerciales en línea, etcétera.
Por lo tanto, hay un amplio espacio para la inversión en infraestructura que permita el desarrollo de Chile. Y, en momentos en que el crecimiento de la economía está lento, recurrir a los recursos que ya existen en el área de la infraestructura y volverlos a relicitar parece una decisión razonable, inteligente y que logra mantener el ritmo de expansión y de inversión en un elemento que es esencial y base para el desarrollo económico y social: la infraestructura.
Por esa razón, creo que este proyecto reafirma que la vía de las concesiones, bien planteada y aprendiendo de la experiencia que hemos tenido, se encuentra plenamente vigente y, por lo mismo, apoyo la iniciativa.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, bienvenida la alianza estratégica público-privada.
Está claro que nuestro país no sale adelante, menos con la institucionalidad que hoy día tenemos, con una Constitución que amarra de manos al Estado, solo.
Aquí asistimos a la instalación de una fórmula virtuosa: más Estado para que haya más mercado.
Eso no debiera llevarnos a un debate ideológico, sino a la percepción y a la reflexión de que necesitamos un salto en el diseño de políticas públicas que permitan, con los activos que hoy día tenemos en forma pasiva, proyectar nuevas inversiones.
Cuando el Ministro Alberto Arenas y la propia Presidenta Bachelet, al inicio de este Gobierno, dijeron "alianza estratégica público-privada", yo fui el que les señaló, "pero no solo en materia de concesiones".
Por eso, deseo plantearle al Secretario de Estado aquí presente que el Fondo de Infraestructura, que es una empresa pública que se crea, no solo debe pensar en concesiones, sino tener variables que permitan, de verdad, generar un mecanismo de desarrollo a través de una empresa pública con capital que se halle facultada para llevar adelante lo que el Estado no puede realizar.
Está bien, vamos a tener una empresa pública, pero yo quiero un directorio no solo nombrado por el Presidente de la República de turno o por la Alta Dirección Pública, sino uno en que no se susciten conflictos de interés, que pueden llegar a ser extraordinariamente complejos y que en este momento no son resueltos por la escasa normativa que aquí se plantea, la cual tampoco supera a la que rige en la Administración Pública.
¿Cómo evitar los conflictos de interés? ¿Cómo asegurar que estos enormes recursos serán desarrollados e invertidos con prescindencia de intereses particulares y con preeminencia del interés público?
Eso, en mi opinión, debiera tener un correlato: una institucionalidad donde no solo participe el Presidente de la República o la Alta Dirección Pública. Debe haber una mayor regulación, que garantice ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en las regiones con los intendentes electos y las obras concesionadas de carácter regional? ¿Habrá inversiones en Atacama o que tengan prioridad para sacar del retraso a las regiones? ¿Quién va a tomar la decisión de dónde invertir: un directorio que solo considere números, rentabilidad?
Está bien, el Ministerio de Desarrollo Social tiene que aprobar el proyecto, pero se requiere una visión en la nueva institucionalidad que signifique regiones con más poder, con más facultades, con intendentes electos.
¿Tendrán algo que decir los consejos regionales al directorio de este nuevo Fondo? ¡Por cierto que sí! Pero, si lo concebimos de manera centralizada, con cinco directores nombrados por el Presidente de la República de entre empresarios con cinco años de experiencia gerencial en empresas públicas o privadas, aquello no va a ocurrir.
Yo exijo y demando que en una institución de esta naturaleza las regiones queden incorporadas al menos en los procesos de evaluación y la toma de decisiones.
¡Tiene que haber un componente regional! ¡Si en las carreteras de Arica a Puerto Montt -y esperamos que algún día hasta Punta Arenas- lo que tenemos son regiones por las cuales atraviesan dichas obras!
Por cierto, son obras que van a quedar a cargo del Estado, pero la gente va a seguir pagando peaje. Por lo tanto, los ciudadanos que los van a seguir pagando necesitan saber dónde van a ir esos recursos. Porque la promesa inicial, cuando se hicieron las primeras concesiones, fue que estas se hacían para que las platas que se iban a ahorrar en la construcción de carreteras se destinarían a caminos secundarios, a obras que reemplazarían la inversión inicial fuerte, que se entregaría a privados.
El mecanismo se materializó en tres leyes sucesivas mediante un proceso que costó mucho, que tuvo demasiados errores, en que hubo gran deficiencia porque fuimos construyendo un modelo.
Aquí va a ocurrir de manera más o menos similar. No es fácil la concesión de un Fondo que constituye una empresa pública de esta naturaleza. Porque, en definitiva, alguien toma decisiones. Y quiero asegurar en este proyecto de ley -lo voy a apoyar, por cierto- que esas determinaciones se asuman pensando siempre en el país, considerando a las regiones y haciendo uso de una facultad extraordinaria. Se trata de recursos de todo Chile, y no quiero que alguien me diga que con tales dineros van a aumentar las construcciones del Metro en Santiago o que se va a soterrar la Ruta 5 en su travesía por la Capital.
¿Quién toma la decisión sobre las inversiones? Es muy importante escuchar la opinión de los gobiernos regionales, que ha de estar considerada en la toma de decisiones, pues Chile no puede seguir siendo gobernado de manera centralizada.
Del mismo modo, lo tocante a la nominación de los directores ya lo mencioné. Me parece que tiene que haber un rol más amplio en su nominación, porque el Fondo de Infraestructura va a ser una empresa pública muy importante y habrá que evitar que con la nueva institucionalidad (no sé si superintendencia, pero será de concesiones) se topen los proyectos. Aquí debe haber inversiones distintas, de carácter productivo. Resulta interesante que no se ideologice el debate. Por el contrario, creo que podemos tener acceso a la creación de un instrumento muy muy importante, pero hemos de buscar resguardos.
El Senador Montes señalaba el acceso a la inversión extranjera. China no solo está invirtiendo en Perú, sino además en Nicaragua para el canal Transoceánico. Más del 45 por ciento de dicha obra, que va a atravesar Centroamérica, ahora por Nicaragua, la están haciendo los chinos.
La pregunta es ¿cuánta de esa inversión puede captar Chile sobre la base de un proyecto de esta naturaleza en la asociación público-privada? Es más, en la asociación público-pública, porque el Estado involucrado es el de China a través de la asociación con privados. Y para eso se requieren flexibilidad, transparencia. A mi entender, que la fiscalización la realicen la Superintendencia de Valores y Seguros y la Contraloría General de la República no es del todo suficiente. ¡Ojo!, la Contraloría tiene que ver con la administración del Estado y todos sabemos las dificultades que tiene la Superintendencia para fiscalizar. Creo que una propuesta de esta envergadura requiere delicadeza, requiere profundidad, requiere detalle, y espero que lo hagamos de manera decidida.
La pregunta para el señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente- es: ¿el proyecto verá la luz en este Gobierno? ¿Poseemos la capacidad para promulgar una ley sobre el Fondo de Infraestructura en el año 2017? ¿Cuál será la urgencia que le pondrá el Ejecutivo?
Considero muy importante realizar un debate profundo, pero también acelerado de la presente iniciativa, a los efectos de ver si tenemos la posibilidad de generar una modificación importante para dinamizar en expectativas una economía para un año 2017 que viene a la baja. Si alguien está pensando en dinamizar y atraer capitales ¿cuál es el mecanismo?
¿La podemos sacar en seis meses, señor Ministro, a fin de recibir las primeras inversiones, la primera asociatividad, para dinamizar un año económico que todos dicen que va a ser perjudicial para los trabajadores?
Yo solo quiero recordar que en la negociación colectiva de Sodimac los trabajadores fueron humillados y obligados a pactar por un monto menor a la oferta inicial.
Lo mismo pasó con ServiEstado, una empresa del Estado, mediante la negación permanente de BancoEstado de que eran sus trabajadores. Las personas fueron obligadas a firmar un contrato colectivo con la menor oferta, menos que la inicial.
Vienen las reformas laborales. Esto va a afectar, de alguna manera, el proceso de inversiones. Hay que agregarle, entonces, elementos que den equilibrio al mercado.
Y estimo que si el Ministro de Hacienda se ha negado a aumentar la inversión pública, que por segundo año consecutivo cae 1,5 por cierto, eso va a tener efecto en la economía del 2017.
Hemos disminuido el gasto público, y si no invierten los privados ni el Estado, bueno, ¿quién lo hará?
El Estado ha de tener esa facultad de inversión y estamos creando un instrumento para ello, pero creo que debe contar con mayores resguardos, que den cuenta de que el dueño no es el MOP (lo dice el proyecto explícitamente), sino todos los chilenos, pero no los cinco directores que van a tomar todas las decisiones, ni menos la Superintendencia de Valores, que va a fiscalizar cuando lo estime pertinente.
Están en juego muchísimo dinero y muchísima expectativa. Creo que el proyecto puede mejorar y que va a generar un debate. Y veo con alegría que no provoca un debate ideológico, por el contrario, suscita un diálogo pensando en la creación de un instrumento que el país necesita para administrar pasivos que no pueden continuar siéndolo. Esos pasivos tienen que actualizarse.
Estamos ante una gran iniciativa, señor Presidente. He presentado un conjunto de observaciones, y pienso que puede ser mejorada. Me preocupan algunos aspectos porque quien maneje esta llavecita operará como las AFP, que manejan la llavecita de a quién le prestan la plata de todos los chilenos y de dónde hacen las inversiones.
Eso significa poder.
En verdad, ahora que estamos creando un proyecto de ley, se debe establecer un equilibrio para ese poder, con un fuerte rol ciudadano y con una participación mucho más amplia de las regiones de Chile.
Sería un error político-estratégico el consignar que este poder radique solo en el comité ejecutivo de un directorio, respecto al cual, además, tengo la certeza de que será solo elegido en Santiago, a pesar de que se disponen resguardos y se pide que los directores cumplan determinados requisitos.
Aquí debe haber un rol de las regiones, señor Ministro. Si no participan en la toma de decisiones o a lo menos en ser escuchadas, la iniciativa puede encontrar dificultades.
Al menos yo no estoy disponible para legislar por el fortalecimiento de decisiones centralizadas en un Estado ultracentralizado, sino para favorecer decisiones que tengan presente siempre que Chile es más que la Región Metropolitana, que somos un conjunto de regiones muy relevante.
Voto a favor, señor Presidente.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, hemos escuchado una serie de intervenciones en la Sala que dejan un sabor positivo, en el sentido de entender que existe un amplio consenso en una iniciativa de esta naturaleza.
En la Comisión de Obras Públicas recibimos a una gran cantidad de invitados y hubo absoluta unanimidad en todos y cada uno de ellos, desde el mundo gremial, concesionarias, empresas del rubro, Cámara de la Construcción, ministros (el titular de Obras Públicas y su equipo), además del Ministerio de Hacienda, Empresa de los Ferrocarriles del Estado y tantas otras instituciones, en que contar con este Fondo es absolutamente procedente y necesario.
Lo que echo de menos ahora, y creo importante que el Ministro pueda clarificarlo, es que una vez respaldado el proyecto -estoy seguro de que será aprobado en general por el Hemiciclo- podamos darle la urgencia necesaria para despacharlo dentro del primer semestre del presente año.
No cabe duda de que el ciclo productivo de nuestro país, con un agotamiento en el valor de las materias primas, con una depreciación de esos commodities nos llevan necesariamente a impulsar iniciativas que impliquen el envío de una señal clara desde el Estado de Chile -no digo del Gobierno: del Estado de Chile- en el sentido de poder constituir este Fondo de Infraestructura, con un horizonte en los planes quinquenales de inversión (que enumerábamos al informar esta iniciativa), como la visión de levantamiento de proyectos.
Y aquí seamos claros: el Fondo de Infraestructura va a tener que levantar proyectos y contar con una sólida articulación y coordinación con los ministerios. Y es importante también que el señor Ministro de Obras Públicas pueda explicarlo, porque se dio la discusión acerca de qué manera se coordina este fondo de inversiones con las políticas públicas que desarrollan distintas Carteras.
Veíamos con preocupación, acá hay varios Senadores que representamos a zonas portuarias, la absoluta descoordinación existente entre las inversiones en materia portuaria, por ejemplo, con las inversiones ferroviarias. Hoy día los terminales portuarios en Chile no tienen patios de maniobra para ferrocarril. Y sabemos que ante cualquier aumento en la transferencia, especialmente de contenedores, los puertos sin patios ferroviarios destinados a viabilizar ese transporte y desplazamiento hacia otros centros de consumo resultan absolutamente inviables para el desarrollo de tal infraestructura.
Nos percatamos de que muchas veces no dialogan la infraestructura pública con el transporte o con otras empresas autónomas. Y eso es tremendamente relevante.
Solo un ejemplo: en estos días hemos visto el absurdo de que la empresa consultora Zañartu Ingenieros Consultores, la cual recibió una sanción del Ministerio de Obras Públicas, ratificada por la Contraloría, y fue suspendida por un año del Registro de Consultores del MOP, aparece adjudicándose obras y siendo contratada por el Metro, empresa autónoma de Chile.
Esas descoordinaciones de la Administración, donde en la vereda del frente se toman otras decisiones, es algo que el Fondo de Infraestructura debe buscar evitar mediante la coordinación en el gobierno corporativo, más allá de los cinco miembros, o de si son siete. Obviamente, debe existir una excelencia profesional; una participación coordinada de la Alta Dirección Pública con los Ministerios de Obras Públicas y de Hacienda, con el Ejecutivo -si corresponde-, y con el Senado -si eso facilita el proceso-; una dirección de este Fondo, a través de su gobierno corporativo, que trascienda a la Administración de turno, para que no sea una prolongación de ella o del Ministerio de Obras Públicas y tenga la mejor representación a fin de propender a una mirada de largo plazo.
Otro tema relevante, que debe quedar en la historia de la ley, dice relación con entender la equidad territorial.
Este Fondo no solo debe albergar a los proyectos con alta rentabilidad social, radicados en zonas de gran densidad poblacional. Hay que entender que tiene que haber capacidad para financiar, estudiar y proyectar la inversión en Magallanes, en Aisén, en Los Ríos, en las provincias más alejadas, a fin de que estos territorios no compitan con zonas de más alta rentabilidad social, pues obviamente los grandes centros urbanos siempre llevan una ventaja.
A mí me interesa saber de qué manera estos fondos nos permitirán mejorar la infraestructura, por ejemplo, en zonas rezagadas, como la provincia del Ranco y otros lugares de Chile; de qué manera podemos ver ahí un adicional para entender que esa provincia, esos territorios merecen una preocupación especial de este Fondo de Infraestructura.
¡Mirada de rentabilidad!
¡Mirada de anticipación de flujos y contar con un fondo adicional para la inversión, pero también una mirada de equidad territorial!
Esta sociedad no debe ser el club de una empresa que lleve adelante proyectos muy rentables en zonas con alto nivel de retorno.
¡Equidad territorial!
Por otra parte, señor Presidente, pienso que en el giro de esta empresa tenemos que avanzar también en consignar expresamente inversiones para rubros que no solo sean carreteras y obras públicas propiamente tales.
Se mencionaba muy acertadamente a las plantas desalinizadoras.
Así, debemos ver de qué manera Chile se proyecta y asume, a través de este Fondo, la capacidad de incorporar una nueva modalidad para acceder a recursos hídricos utilizables por la sociedad.
De qué manera enfrentamos la posibilidad de avanzar en pequeños o medianos embalses, que resultan fundamentales debido al cambio climático.
De qué manera distribuimos de mejor forma el territorio.
Y, por último, algo que me preocupa en gran medida -lo consignaba el Senador Montes anteriormente-: Ferrocarriles del Estado.
A raíz de la concurrencia del Presidente del directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Germán Correa, se señalaba -esto es importante- que queda un tema pendiente para el Ministerio de Obras Públicas: coordinar los equipos técnicos.
La legislación particular de Ferrocarriles habla de "rehabilitar" y responde a una nomenclatura especial, considerando la ley orgánica que rige a dicha empresa.
Es imprescindible contar con la capacidad de invertir y de rehabilitar -como ellos consignan- la gran extensión ferroviaria que existe hoy día en Chile y que se halla en desuso. Pese a que solo quedan algunas fajas vías y las demás simplemente están abandonadas, subsiste esa posibilidad.
Es indispensable que este Fondo, a través de las adecuaciones -es preciso recordar, para que quede en la historia de la ley, que se estableció la necesidad de contar con adecuaciones-, incorpore la figura de la rehabilitación para poder concurrir en materia de Ferrocarriles.
Seamos claros: Chile necesita un nuevo impulso en infraestructura. Las concesiones en las carreteras han avanzado enormemente en túneles, pero hoy día requerimos un modo de transporte diferente, que ayude al desplazamiento y la productividad en el territorio.
Nuestro país no resiste una década más sin un sistema ferroviario eficiente.
No es posible que en la Región de Valparaíso recién estemos analizando la eventualidad de llegar a Calera con el ferrocarril, en circunstancias de que hace quince años se podía viajar perfectamente entre Valparaíso y Santiago.
Dicho sea de paso, la Estación Mapocho, que era el punto de destino, terminó convertida en un centro cultural.
¡Bien por el centro cultural! ¡Pero sorprende que una ciudad, una capital de la talla de Santiago no tenga un terminal ferroviario como la Estación Central!
Eso demuestra que en infraestructura de trenes de cercanía, de mediana y de larga distancia debemos tener una especial preocupación.
Lo de los chinos me parece perfecto. Ellos han avanzado enormemente en materia de desarrollo ferroviario. Tienen la mayor extensión en líneas férreas de alta velocidad en el mundo: van a llegar a 33 mil kilómetros.
China es un país que se modernizó y tomó una decisión.
Tenemos el caso de España, que también es un ejemplo.
Vamos a votar a favor del proyecto, señor Presidente, y le pedimos encarecidamente al Ministro de Obras Públicas, al Ejecutivo, que hagamos carne el gran acuerdo que existe en torno a este Fondo, dándole la urgencia que corresponde para que, dentro del primer semestre, tengamos despachada esta iniciativa, la cual, indudablemente, ayudará a la equidad territorial y a la infraestructura en todo el país.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, certezas, equidad territorial, flexibilidad, transparencia son parte, sin lugar a dudas, de los conceptos detrás de un proyecto de ley que busca, en un año y en un período de baja inversión y de escaso crecimiento, generar una medida contracíclica que nos permita incentivar, fundamentalmente, la inversión.
Y esto lo hacemos también en un escenario donde la inversión extranjera ha caído a niveles históricos, salvo en materia de energías renovables no convencionales, rubro en el cual se generó un proceso de diálogo, de escucha activa y una agenda prospectiva en materia energética para el año 2050, que nos va a posicionar como uno de los tres países con las energías más baratas dentro de la OCDE y, adicionalmente, con la capacidad de exportar energía a uno de los pocos subcontinentes que todavía no están interconectados.
Entonces, claramente, debemos aprobar un proyecto de ley que busca incentivar la inversión y articular fórmulas diferenciadas de financiamiento.
Si uno compara, por ejemplo, los datos sobre la inversión extranjera de Chile versus los de China, se encuentra con una sorpresa: nuestro país tiene tres veces más inversión extranjera en esa nación asiática que esta en Chile.
Y uno podría explicarse aquello por varias razones.
Primero, por la ausencia de un tratado que impida la doble tributación o por la falta de mecanismos que faciliten las inversiones entre ambos países, a diferencia de lo que nos ocurre con Japón, que es el mayor inversor extranjero en Chile, dado que tenemos un tratado de libre comercio y condiciones que nos habilitan para ello, aunque hace pocos días aprobamos el proyecto que impide la doble tributación entre Japón y nuestro país.
Entonces, ¿cómo somos capaces de atraer inversión extranjera?
Se ha hablado durante este debate de la posibilidad de articular fórmulas diferenciadas de inversión.
Efectivamente, el modelo que implementó China para invertir en continentes como África o América ha sido el del trato directo, alejado fundamentalmente del sistema concesional que tiene nuestro país.
Además, el modelo concesional chileno adolece de algunas dificultades. Por ejemplo, bases de licitación en español y no en inglés; el requerimiento de certificaciones de empresas occidentales para compañías orientales; y, por supuesto, la exigencia del cumplimiento de plazos, pues muchas de esas empresas públicas carecen de agencias en nuestro país.
Entonces, tenemos dificultades que no solo dicen relación con el modelo, sino también con los perfeccionamientos que es necesario introducir.
Pienso que un elemento interesante surgido en este debate se refiere a que hasta hace poco había una sobreideologización del modelo concesional, fundamentalmente en materia de infraestructura hospitalaria.
La promesa electoral del Gobierno de la Presidenta Bachelet era de veinte hospitales construidos, veinte en construcción y veinte en diseño.
Pues bien, esa regla se ha modificado ocho veces durante la actual Administración, y ha sido justamente la Ministra de Salud quien hace un par de días ha señalado que finalmente solo se van a construir diez hospitales.
¿Qué ha pasado a partir de ello?
Comunas, regiones, provincias tenían la legítima aspiración de contar con un hospital porque -entendamos- los ciudadanos quieren uno y no les importa mucho o no preguntan quién lo construyó. En ese contexto, el hospital de Villa Alemana y el biprovincial Quillota-Petorca van a seguir esperando contar con el impulso necesario.
Un tercer tema dice relación con el componente regional.
Claramente, cuando uno habla sobre la posibilidad de relicitar obras, piensa en la alternativa de que las propias regiones puedan tener algún grado de participación en los recursos que van a generar esas relicitaciones.
Estamos en un proceso descentralizador sin precedentes. Yo diría que las reformas que discutiremos en ese ámbito son las más importantes en los últimos treinta años. Ellas van a permitir la elección directa de los gobernadores regionales (descentralización política) y la necesaria transferencia de competencias (descentralización administrativa).
Por supuesto, hay que agregar el compromiso del Subsecretario de Desarrollo Regional y de la propia Presidenta de la República para ingresar una iniciativa de ley para abordar la descentralización fiscal; vale decir, para que las actividades productivas con claro sello regional dejen parte de los tributos que recauden en los territorios donde producen externalidades negativas. Es el caso de las actividades de índole forestal, minera, portuaria.
Por tanto, el componente regional respecto de las tomas de decisiones también es un elemento a considerar.
Existe otra herramienta vinculada al desarrollo de los territorios.
Por ejemplo, la Quinta Región sigue aspirando a tener un tren rápido entre Valparaíso y Santiago. Ha habido ofertas para avanzar en esta dirección, pero las autoridades centralistas y centralizadoras del Estado no han mostrado suficiente empuje al respecto.
Proyectos como ese se relacionan con la posibilidad de estrechar lazos de integración. Cabe mencionar también el Paso Internacional Agua Negra en la Región de Coquimbo; el Paso Las Leñas en la Región de Rancagua, que va a desarrollar al puerto de San Antonio, o el Ferrocarril Trasandino Central, que va a potenciar al puerto de Valparaíso.
Tenemos que hacer un debate primero sobre la necesidad de que las inversiones dialoguen y se integren; pero también debemos terminar con los sesgos de la planificación territorial y del banco integrado de proyectos.
Hace unos días conversé con el señor Ministro de Obras Públicas, presente en la Sala, acerca del problema de las RS de los proyectos.
Si hubiésemos esperado una RS para la iniciativa que habilitaba el molo de abrigo en Valparaíso, nos habríamos cansado de esperar. ¡Jamás habría llegado!
Algo similar habría pasado si hubiésemos esperado una RS para un proyecto tan emblemático como el sistema de riego en Cuncumén, que nos costó sacar adelante durante el Gobierno del Presidente Piñera y que ahora permite regar mil quinientas hectáreas en San Antonio, donde estuvimos con el señor Ministro.
Lo mismo, para otras iniciativas, como la del acceso sur al puerto de Valparaíso.
Entonces, debemos plantearnos cómo somos capaces de visualizar proyectos que generen un desarrollo, más que esperar que se den las condiciones para una RS. Espero que la propuesta de la política pública generadora de infraestructura no sea solo en respuesta a una demanda.
Cuando uno habla de eso y de la necesidad de generar planificación y de terminar con el sesgo que pudo haber significado durante el Gobierno militar todo lo que tenía olor a economía planificada centralmente, hay que reconocer que la iniciativa que nos ocupa representa una verdadera oportunidad.
Por tanto, la planificación es un hito relevante.
Pero, además, me gustaría que pudiéramos evaluar las políticas públicas. Ello es necesario frente a un proyecto de ley que nos va a generar prospectiva acerca de la construcción de desarrollo a futuro.
Si bien el modelo concesional efectivamente le ha cambiado la cara a Chile porque ha sido capaz de impulsar el desarrollo y la infraestructura de punta, me gustaría que existiese una evaluación para legitimar los pasos que estamos dando.
Lo anterior lo señalo respecto del sistema de concesiones, que yo respaldo absolutamente, pero también de otras políticas públicas, ya que en nuestro país carecemos de la capacidad de evaluarlas. Por ejemplo, ¿quién ha evaluado el efecto de la jornada escolar completa ahora que estamos avanzando en nuevas reformas estructurales en educación?
Cuando un país no evalúa sus políticas públicas...
¿Me concede treinta segundos más, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Por supuesto.
Continúe, Su Señoría.
El señor CHAHUÁN.-
Gracias.
Cuando no existe la posibilidad de hacerles un seguimiento a las políticas públicas; cuando este propio Congreso no puede hacer una evaluación de las leyes -¡una evaluación de las leyes!-, claramente tenemos una dificultad.
En ese contexto, considero que el presente proyecto va en la dirección correcta. El llamado es a no sobreideologizar un debate que, sin lugar a dudas, va a generar progreso para Chile.
En definitiva, debemos ser capaces de que la planificación, las certezas, la flexibilidad, la transparencia, el componente regional, la articulación sean los motores para el desarrollo de los territorios de nuestro país.
Voto a favor de la iniciativa.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, primero quiero saludar al Ministro de Obras Públicas, quien nos acompaña en la Sala.
Creo que esta es una iniciativa de tremenda importancia.
Algunos le han atribuido más características de las que posee y otros, quizás, están pensando que el fondo que se pretende crear va a reemplazar el sistema de concesiones o las funciones que corresponden al Ministerio de Obras Públicas o la responsabilidad de los gobiernos regionales. ¡No es así!
Esta propuesta nace de una alianza público-privada: del Consejo de Políticas de Infraestructura, donde participan varios ex Presidentes de la República, representantes de la industria.
En la Comisión de Obras Públicas fue recibido un miembro de dicha entidad. Estoy seguro de que los Senadores que ahí estuvieron se convencieron de que se trata de una persona con gran lucidez. Me refiero a Carlos Cruz, quien describió parte de la propuesta legislativa, pues de dicho Consejo surge esta idea. Quiero felicitar -por su intermedio, señor Presidente- al Ministerio de Obras Públicas, que recoge el planteamiento, lo contextualiza y presenta al Congreso.
Estoy convencido de que el instrumento propuesto va a permitir enfrentar este segundo ciclo de inversión en la infraestructura que Chile necesita en el siglo XXI.
Se trata de apalancar recursos, de crear una instancia que viabiliza los proyectos en tanto contribuye a financiarlos. Se generan fondos a partir de lo que van a rendir las obras, que van a ser traspasadas al patrimonio de esta nueva empresa estatal, que es de un nuevo tipo. No existe mucha experiencia comparada en el planeta al respecto; pero, sin duda, esa entidad va a contribuir a apalancar mucha inversión. Va a depender de la creatividad del organismo que se crea ver si somos capaces de atraer más inversión extranjera.
Me llama la atención nuestra rigidez para ese propósito: no contamos con una ventanilla única, tenemos diversas dificultades. Me encantaría que el Ministro de Obras Públicas nos sugiriera cómo superar los inconvenientes, por ejemplo, para atraer inversión china. Es cierto lo que indicó el Senador Navarro respecto de la inversión en Nicaragua, en Perú, en Ecuador. Pero no sé si en esos países, como ocurre en el nuestro, se obliga a estar inscritos en ChileCompra, a tener RS, a ganar licitaciones.
En ese sentido, quizás necesitamos modernizar el Estatuto de la Inversión Extranjera y darle más poder al Ministerio de Obras Públicas o al Gobierno para atraer inversión extranjera cuando ella sea de carácter estratégico para nuestro país. Pienso en inversiones de grandes proporciones -tal vez el Fondo de Infraestructura ayude a ello-: en ferrocarriles, en puertos, en túneles bioceánicos, entre otras tantas iniciativas que Chile requiere.
Probablemente, la entidad que se crea va a requerir en unos cinco años más una revisión de su estructura legal. Este es un esfuerzo inicial, realmente pionero. Asumo que todos aquí tenemos la voluntad de hacer una apuesta sobre lo que se busca.
Tengo la convicción de que lo propuesto es importante -no es la panacea pero es tremendamente relevante- porque permitirá fortalecer la alianza público-privada en un área estratégica para Chile: el desarrollo de la infraestructura. Todos estamos de acuerdo en que esa es una necesidad.
Ahora bien, tampoco pensemos que dicho Fondo va a resolver los problemas de inequidad territorial que hay en nuestro país o la falta de incidencia de las regiones en ciertas inversiones.
Sobre el particular, el Senador Coloma -y conversamos el punto con el Ministro en su momento- intuyó algo muy correcto: lo ideal sería que los recursos derivados del pago de peaje quedaran en las regiones, considerando el esfuerzo que hace la gente en ellas. El problema en términos prácticos es que la mayoría de los peajes en Chile se paga en la Región Metropolitana y en Valparaíso. Las otras trece regiones quedarían sin recursos si ese fuera el único parámetro.
En todo caso, señor Presidente, creo que la inversión en infraestructura es un tema pendiente y su ejecución depende de que pasemos de un modelo exclusivamente extractivo, como el que ha operado hasta ahora, a uno de desarrollo territorial concebido de manera distinta, que potencie otras actividades y desconcentre el país. Sin embargo, eso requiere un nuevo tipo de inversión en infraestructura.
Confío en que el instrumento propuesto, entre otros, va a ser un tremendo aporte.
Por ello, nuevamente deseo felicitar al Ministerio de Obras Públicas, que ha impulsado esta iniciativa en un plazo relativamente breve en comparación a otros proyectos de esta índole, como también al Consejo de Políticas de Infraestructura, el cual viene realizando un trabajo a este respecto en los últimos cuatro o cinco años, por este y otros aportes que ha hecho a la política pública.
En última instancia, ese es el sentido de dicho organismo: proponer iniciativas. Por suerte, contamos con un Ministro de Obras Públicas que ha sabido recogerlas de una forma muy dinámica.
Espero que entre todos le demos fuerza al Fondo de Infraestructura. Este instrumento, el sistema de concesiones y las labores permanentes del MOP podrán hacer la diferencia y lograr un despliegue positivo en infraestructura.
Reitero mi petición al Ministro para que en algún momento -quizás, esta no sea la ocasión- indique cómo se podrían resolver las otras dificultades: atraer inversión extranjera al país y establecer una alianza estratégica en este sentido, si es que ese fuera el problema. Porque no sé si en Chile nos hace falta dinero para invertir en infraestructura o instrumentos como el que estamos creando.
Voy a votar a favor de la iniciativa, señor Presidente, toda vez que tengo la confianza de que estamos haciendo un poco de historia al crear esta nueva empresa pública para cumplir una función pública. Es algo que nos hace falta en el país.
He dicho.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
No hay más inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos favorables), dejándose constancia de que se cumplió el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Hago presente a los señores Senadores que mañana se fijará el plazo para la presentación de indicaciones.
Tiene la palabra al señor Ministro.
El señor UNDURRAGA (Ministro de Obras Públicas).-
Señor Presidente, en primer lugar, valoro el apoyo transversal y unánime que se ha dado a esta iniciativa, lo cual permitirá que avancemos rápidamente en la discusión en particular en la Comisión de Obras Públicas.
Dicho sea de paso, ya se ha avanzado en tal sentido, pues esa misma instancia, a pesar de contar con el mandato de la Sala de analizar el proyecto en general y en particular a la vez, quiso efectuar el debate previo en general en este Hemiciclo.
Reitero: agradezco la aprobación transversal y unánime de la idea de legislar respecto de una iniciativa que nos parece muy importante.
He escuchado atentamente todas y cada una de las intervenciones de las señoras y los señores Senadores, razón por la cual el Ejecutivo hará dos cosas, tal como lo señalé en mi intervención inicial: primero, al final de esta semana o, a más tardar, antes del miércoles de la próxima, presentar una indicación para precisar algunos aspectos de redacción y recoger ciertos elementos que hemos venido conversando en la Comisión, y, segundo, mantener la calificación de "suma" urgencia para este proyecto, por cuanto se trata de un texto que está maduro y así se podrá avanzar más rápidamente en su trámite legislativo.
Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- A usted, señor Ministro.
Reitero: en la sesión de mañana se resolverá lo relativo al plazo para la formulación de indicaciones.
Por haberse cumplido su objetivo, se levantará la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor CHAHUÁN:
Al señor Comandante en Jefe de la Armada, para saber acerca de COMUNICACIÓN POR PARTE DE CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CONCÓN SOBRE TRANSFERENCIA RELATIVA A PREDIO QUE INDICA EN SECTOR LOS LILENES.
Al señor Alcalde de Concón, solicitándole informar respecto de EVENTUAL AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PREDIO QUE INDICA EN SECTOR LOS LILENES.
Y al señor Seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso, consultándole si PREDIO QUE INDICA EN SECTOR LOS LILENES, COMUNA DE CONCÓN, ES BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO O DE DOMINIO PRIVADO.
Del señor DE URRESTI:
Al señor Ministro del Medio Ambiente, para pedir COPIA DE ESTUDIO
ELABORACIÓN DE UNA BASE DIGITAL DEL CLIMA COMUNAL DE CHILE: LÍNEA BASE (1980-2010) Y PROYECCIÓN AL AÑO 2050
.
A los señores Alcalde de Corral y Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, a fin de remitir COPIA DE CONVENIO ENTRE CONAF, MUNICIPALIDAD DE CORRAL Y AGRUPACIÓN DE INGENIEROS FORESTALES POR EL BOSQUE NATIVO, CON MIRAS A MANEJO DE BOSQUE NATIVO Y ASESORÍA TÉCNICA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LEY N° 20.283.
A los señores Alcalde de Lanco, Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, con el objeto de que se informe respecto de IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO
PLANTACIONES DE ESPECIES NATIVAS CON FINES DIVERSOS EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE HUEIMA, LANCO
, Y SU CONTINUACIÓN EN 2017.
Al señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, para que envíe antecedentes acerca de CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN DE CARBÓN VEGETAL EN COMUNAS DE LANCO Y DE PAILLACO.
Y al señor Secretario Nacional del Sistema Nacional de Certificación de Leña, a fin de que se informe respecto de PROYECTO
ANÁLISIS DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DE LEÑA Y MADERA NATIVA EN LAS REGIONES DE LOS RÍOS Y LOS LAGOS Y PROPUESTAS PARA SU DESARROLLO
, SU EJECUCIÓN Y RESULTADOS.
Del señor GARCÍA:
A la señora Subsecretaria de Redes Asistenciales, con el objeto de que se proporcionen antecedentes de PROYECTOS DE REPOSICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y NORMALIZACIÓN DE HOSPITALES EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
Del señor NAVARRO:
A los señores Ministros del Interior y Seguridad Pública; de Economía, Fomento y Turismo, y de Desarrollo Social, solicitándoles remitir INFORME DETALLADO DE PROCESO PARA ACCESO DE SUPLEMENTEROS A SUBSIDIOS ESTATALES.
A la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, pidiéndole dar a conocer NÚMERO DE CAPACITACIONES Y CURSOS DE FORMACIÓN REALIZADOS A SECTOR DE SUPLEMENTEROS.
Al señor Fiscal Nacional Económico, requiriéndole su opinión sobre REGALO DE DIARIOS COMO NEGOCIO PUBLICITARIO.
Al señor Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, para que informe acerca de TRIBUTACIÓN POR AVISAJE Y PUBLICIDAD DE DIARIOS REGALADOS.
Y a los señores Presidentes de la Asociación Chilena de Municipalidades y de la Asociación de Municipalidades de Chile, pidiéndoles antecedentes sobre ORDENANZAS MUNICIPALES RELATIVAS A DISTRIBUCIÓN DE PRENSA.
Del señor OSSANDÓN:
Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole información referida a EVENTUAL RESPONSABILIDAD DE EMPRESA AZVI CHILE POR DAÑO SUFRIDO TRAS ÚLTIMO TERREMOTO EN CHILOÉ EN TRAMO DE CARRETERA CONSTRUIDO POR ELLA.
Y al señor Presidente del Consejo Directivo del BancoEstado, requiriéndole antecedentes sobre ACCIONES CONCRETAS PARA ATENDER OPERACIONES BANCARIAS DE CHILENOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, ESPECIALMENTE EN ARGENTINA.
)--------------(
El señor LAGOS (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:56.
Sergio Cereceda Leins,
Jefe de la Redacción subrogante