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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 81ª, en martes 17 de enero de 2017
Ordinaria
(De 16:25 a 19:52)
PRESIDENCIA DE SEÑORES RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE,
Y JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Defensa Nacional, señor José Antonio Gómez Urrutia; Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán; de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes; de Educación, señora Adriana Delpiano Puelma; de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Campos Quiroga; de la Mujer y la Equidad de Género, señora Claudia Pascal Grau.
Asimismo, se encontraba presente la Directora Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, señora Ximena Clark Núñez.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:25, en presencia de 23 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor LAGOS (Presidente).- Las actas de las sesiones 79ª y 80ª, ordinarias, en 10 y 11 de enero de 2017, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor LAGOS (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Siete de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto que sustituye el artículo 44 de la ley N° 17.374, que fija un nuevo texto refundido, coordinado y actualizado del decreto con fuerza de ley N° 313, de 1960, que aprobó la ley orgánica de la Dirección Estadística y Censos y creó el Instituto Nacional de Estadísticas (boletín N° 11.068-13).
Con el segundo hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos durante su XLV Periodo Ordinario de Sesiones, celebrada en Washington D.C., Estados Unidos de América (boletín N° 10.777-10).
Con los tres que siguen retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El relativo a la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía (boletín N° 6.499-11).
2) El que incentiva la inclusión de discapacitados al mundo laboral y modifica la ley N° 20.422, para establecer la reserva legal de empleos para personas con discapacidad (boletines Nos. 7.025-31 y 7.855-13, refundidos).
3) El que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para disponer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet (boletín N° 8.584-15).
Con el penúltimo hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que perfecciona la justicia tributaria y aduanera (boletín N° 9.892-07).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín N° 7.550-06).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que solicita el acuerdo del Senado para designar Consejera del Banco Central de Chile a la señora Rosanna Costa Costa, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º del artículo primero de la ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central, haciendo presente para su despacho la urgencia establecida en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental (boletín N° S 1.915-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que aprobó la enmienda propuesta por el Senado al proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en memoria del ex Presidente de la República señor Patricio Aylwin Azócar (boletín N° 10.635-24).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.
Con el segundo señala que ha aprobado el proyecto de ley que declara feriado el 10 de agosto de cada año en la Región de Atacama, con motivo de celebrarse el Día del Minero (boletín N° 10.852-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 41, N° 5, del decreto supremo N° 2.385, de 1996, del Ministerio del Interior, que aprueba el texto refundido y sistematizado del decreto ley N° 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales.
--Se manda archivar el documento.
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-Inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad y del inciso segundo del artículo 17 B de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas.
-Inciso primero del artículo 297 del Código del Trabajo.
-Artículo 78 del Código Penal.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Contralor General de la República:
Envía presentación relativa a la contienda de competencia actualmente en tramitación en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (boletín S 1.913-03).
--Se manda agregar a sus antecedentes.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia:
Envía información, consultada en nombre del Senador señor Guillier, acerca de la posibilidad de presentar un proyecto de ley sobre incentivo al retiro de académicos y profesionales de las universidades estatales.
De la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social:
Responde petición, planteada en nombre de la Senadora señora Allende, para estudiar un régimen jurídico que incentive los emprendimientos de las empresas en que la mayoría de sus propietarios o de sus trabajadores sean personas con discapacidad.
Comunica situación previsional de trabajadores que durante el gobierno militar fueron empleados en planes de mano de obra y en programas de empleo mínimo y de ocupación para jefes de hogar; materia consultada en nombre del Senador señor Quinteros.
De la señora Ministra de Salud:
Remite respuesta a solicitud de información, expedida en nombre del Senador señor Navarro, acerca de la situación del espacio físico donde funcionaba el ex Hospital Traumatológico de Concepción.
De la señora Ministra de Bienes Nacionales:
Contesta petición, expresada en nombre del Senador señor Guillier, para informar sobre una solicitud de radicación de un inmueble en la comuna de Cunco, Región de La Araucanía.
Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo:
Atiende petición, manifestada en nombre del Senador señor García, a fin de remitir datos de los funcionarios municipales contratados a honorarios, detallando si son empleados de estas corporaciones, o de programas en convenio con servicios públicos, o de órganos traspasados de educación, salud y cementerios.
Del señor Subsecretario (S) de Desarrollo Regional y Administrativo:
Informa sobre la construcción de los indicadores del "Informe de ejecución presupuestaria: Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales"; materia consultada en nombre del Senador señor García.
De la señora Subsecretaria (S) de Agricultura:
Envía información acerca del seminario de "Asociatividad y comercialización en el rubro apícola, en la Región de Los Ríos", desarrollado recientemente en Panguipulli; materia consultada en nombre del Senador señor De Urresti.
De la señora Subsecretaria (S) del Medio Ambiente:
Adjunta antecedentes relativos a las compañías que se verían afectadas por el nuevo gravamen introducido por la reforma tributaria para la emisión de contaminantes de fuentes fijas; materia requerida en nombre del Senador señor De Urresti.
Del señor Director Nacional del Instituto de Previsión Social:
Informa solicitud de información, manifestada en nombre del Senador señor Prokurica, en relación con el Sistema de Pensiones Solidarias.
Del señor Director de Obras Municipales de Temuco:
Da respuesta a preocupación, expresada en nombre del Senador señor García, sobre el estado en que se encuentra la reubicación de la antena de telefonía inalámbrica fija de la empresa Telefónica del Sur S.A., instalada en la calle O'Higgins de la comuna de Temuco.
Del señor Presidente del Banco del Estado:
Remite respuesta a requerimiento de información, enviado en nombre del Senador señor Ossandón, sobre las acciones implementadas para atender las operaciones bancarias de chilenos residentes en países extranjeros, particularmente en la República Argentina.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisiones de Educación y Cultura y de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para permitir un adecuado funcionamiento del sistema escolar (boletín N° 11.029-04) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Nuevo segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y nuevo informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito y la ley N° 18.287, con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales (boletín N° 10.125-15) (con urgencia calificada de "suma").
Segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto ley N° 2.695, de 1979, para resguardar derechos de terceros en relación con la regularización de la pequeña propiedad raíz (boletín Nº 10.802-12).
Segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre publicidad visible desde caminos, vías o espacios públicos (boletines Nos. 9.686-09 y 10.209-09, refundidos).
--Quedan para tabla.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento, ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que sanciona el maltrato infantil (boletines Nos. 9.279-07, 9.435-18, 9.849-07, 9.877-07, 9.904-07 y 9.908-07, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").
--Queda para tabla.
El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, en sesión del día de hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Tratar como si fuera de Fácil Despacho, en la sesión ordinaria de hoy, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la denominación del Escalafón del Servicio Femenino Militar del Ejército (boletín N° 10.505-02).

2.- Analizar en el Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para permitir un adecuado funcionamiento del sistema escolar (boletín N° 11.029-04).
-Proyecto, en segundo trámite constitucional, que sustituye el artículo 44 de la ley Nº 17.374, que fija un nuevo texto refundido, coordinado y actualizado del decreto con fuerza de ley Nº 313, de 1960, que aprobó la ley orgánica de la Dirección Estadística y Censos y creó el Instituto Nacional de Estadísticas (boletín N° 11.068-13).
-Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que sanciona el maltrato infantil (boletines N°s. 9.279-07, 9.849-07, 9.877-07, 9.904-07, 9.908-07 y 9.435-18, refundidos).

3.- Retirar de la tabla de la sesión ordinaria de hoy e incluir en el Orden del Día de la primera sesión del mes de marzo próximo el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Girardi y señora Goic y señores Ossandón, Rossi y Andrés Zaldívar, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (boletín N° 9.914-11).

4.- Tratar en Fácil Despacho, en la sesión ordinaria de mañana miércoles 18 del presente, los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza el Consejo Nacional de Televisión, concede las asignaciones que indica y delega facultades para fijar su planta de personal (boletín N° 10.922-05).
-Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que solicita el acuerdo del Senado para designar Consejera del Banco Central de Chile a la señora Rosanna Costa Costa, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º del artículo primero de la ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central, haciendo presente para su despacho la urgencia establecida en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.

5.- Considerar en primer y en segundo lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 18 del presente mes, los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley, iniciado en mensaje del ex Presidente de la República señor Sebastián Piñera, en primer trámite constitucional, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales (boletín N° 9.245-07).
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos durante su XLV Periodo Ordinario de Sesiones, celebrada en Washington, D.C., Estados Unidos de América (boletín N° 10.777-10).

6.- Tratar en la sesión ordinaria del próximo martes 24 y en sesión extraordinaria el miércoles 25 del presente, de 10:30 a 14:00 horas, y en la sesión ordinaria del mismo día, hasta su total despacho, las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (boletín N° 9.895-11).
-Proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública y modifica diversos cuerpos legales (boletín N° 10.368-04) (con urgencia calificada de "simple").
7.- Autorizar a la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes a fin de prorrogar por un año, desde el vencimiento del plazo otorgado inicialmente, su mandato para cumplir su cometido.
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El señor LAGOS (Presidente).- Muchas gracias por su exhaustivo informe, señor Secretario.
Procedamos con el primer proyecto de la tabla.
Han solicitado la palabra los Honorables señores Prokurica, Horvath y Pizarro.
Senador señor Prokurica, ¿desea referirse a algún punto de la Cuenta?

El señor PROKURICA.- No, señor Presidente, al primer proyecto de la tabla.
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El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, la Comisión de Zonas Extremas solicita que el proyecto respecto a la prohibición de uso de bolsas plásticas o su manejo, que está viendo la Comisión de Gobierno, sea analizado por aquella.
Lo estamos viendo actualmente, y hay una iniciativa en paralelo que corresponde ver en una sola Comisión.

El señor LAGOS (Presidente).- Senador señor Horvath, ¿podría ser un poco más explícito para educar a quienes no integramos dichas Comisiones?

El señor HORVATH.- Señor Presidente, hay un proyecto en segundo trámite legislativo que prohíbe el uso de bolsas plásticas, obviamente acordado con los municipios que se quieran acoger a ello.

El señor LAGOS (Presidente).- ¿Se aplicaría en una región particular o en una comuna?

El señor HORVATH.- En este momento hay cincuenta comunas que han implementado el sistema en distintas partes del país.
La Contraloría lo ha objetado porque los alcaldes no tendrían facultades para prohibir el uso de bolsas plásticas, por motivos legales y constitucionales.
Entonces, para salvar esa situación hay una iniciativa que regula esta materia y complementa la anteriormente señalada, que se encuentra en la Comisión de Gobierno, y otra nuestra, que está en la de Zonas Extremas. Y queremos verlas en conjunto.

El señor LAGOS (Presidente).- ¿Cuál es la solicitud, señor Senador?

El señor HORVATH.- Que las veamos en conjunto en la Comisión que está analizando el proyecto en segundo trámite.

El señor LAGOS (Presidente).- ¿Como Comisiones unidas?

El señor HORVATH.- No, señor Presidente, como Comisión de Zonas Extremas, porque ahí partió la iniciativa.

El señor LAGOS (Presidente).- Es decir, usted quiere que el proyecto que está en la Comisión de Gobierno...

El señor HORVATH.- ... pase a la de Zonas Extremas, independiente de que después lo vea esa Comisión.

El señor LAGOS (Presidente).- No sé. Tendría que pedirles su opinión a los integrantes de la Comisión de Gobierno o a otros señores Senadores.

La señora VON BAER.- Solicito la palabra, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, yo quisiera -y se lo manifesté al Senador Horvath- revisar la iniciativa, pues no la conozco. Y también me gustaría conversar con los miembros de la Comisión de Gobierno, porque debemos analizar bien de qué se trata y ver si guarda relación directa con zonas extremas o con los municipios. Porque, si tiene que ver con las municipalidades, debiera tratarla la Comisión de Gobierno.
Gracias, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Entonces, Senador señor Horvath, le sugiero que consulte a los miembros de la Comisión y que después sigamos conversando sobre este tema.
Me parece del todo razonable lo planteado por la Honorable señora Von Baer.
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El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, quiero informarles a la Mesa y al Senado que las Comisiones unidas de Defensa y de Relaciones Exteriores aprobamos hoy la iniciativa que autoriza a los funcionarios de las tropas chilenas que participan en la misión de paz de Naciones Unidas en la República Centroafricana a extender su permanencia un año más.
Lo que planteo es que se pueda ver ese proyecto, ojalá hoy día o mañana a más tardar, porque el vencimiento es el 9 febrero.
La próxima semana estaremos muy complicados con las sesiones, por lo que es necesario resolverlo ahora.
El señor Secretario tiene hecho el informe. Lo podríamos tratar ahora o mañana a primera hora.

El señor LAGOS (Presidente).- Yo sugiero lo siguiente.
Tan pronto llegue un certificado y podamos dar cuenta de él, propongo que lo veamos en Fácil Despacho. Muy probablemente lo agregaríamos mañana.
¿Le parece razonable?

El señor PIZARRO.- Sí, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Vamos con el primer proyecto, señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El Senador señor Prokurica pide la palabra.

El señor LAGOS (Presidente).- Quiere hablar sobre esa iniciativa. ¿Es correcto, Senador señor Prokurica?

El señor PROKURICA.- Sí, señor Presidente.
V. ORDEN DEL DÍA



MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN DE ESCALAFÓN DE SERVICIO FEMENINO MILITAR DEL EJÉRCITO


El señor LAGOS (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la denominación del Escalafón del Servicio Femenino Militar del Ejército, con informes de las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.505-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 48ª, en 13 de septiembre de 2016 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Defensa Nacional: sesión 79ª, en 10 de enero de 2017.
Hacienda: sesión 79ª, en 10 de enero de 2017.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es reemplazar en los cuerpos normativos correspondientes la denominación "Escalafón del Servicio Femenino Militar" por "Escalafón del Servicio de Personal" en relación con los Oficiales de Línea y del Cuadro Permanente, y permitir a sus integrantes, en el primer caso, alcanzar el grado de General de Brigada, a fin de eliminar desigualdades de género y mejorar la administración de los recursos humanos del Ejército.
La Comisión de Defensa Nacional discutió este proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala en su oportunidad, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, Bianchi, Guillier y Prokurica. En cuanto a la discusión en particular, la Comisión realizó dos enmiendas al proyecto, las que aprobó también por unanimidad.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia: artículos 1°, N°s 1, letra b), y 3, letra b); 2°, N°s 1, 3, 4 y 5, permanentes, y primero transitorio, y no introdujo enmiendas al texto despachado por la Comisión de Defensa Nacional.
Cabe hacer presente que el artículo 3° de la iniciativa tiene carácter orgánico constitucional, por lo que requiere para su aprobación 21 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 9 y 10 del informe de la Comisión de Hacienda, y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más, señor Presidente.


El señor LAGOS (Presidente).- Antes de darle la palabra al Senador señor Prokurica, se ha solicitado recabar autorización con el fin de que ingrese a la Sala el General de la Fuerza Aérea de Chile, Arturo Merino, durante la discusión de este proyecto.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Y, asimismo, se pide autorización para el ingreso de la Directora Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, señora Ximena Clark, respecto a la iniciativa relativa al censo, que veremos a continuación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En la discusión en general, tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, primero que todo, quiero pedirle que el presente proyecto se vote en general y en particular, y que no se abra plazo para presentar indicaciones. Ello, debido a que corresponde a una materia de iniciativa exclusiva, y a que su texto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa.
El Ministerio de Defensa, en coordinación con las Fuerzas Armadas, inició el 2004 el diseño de una política para aplicar los principios consagrados en nuestra Constitución Política, en el sentido de "que otorga a todo ciudadano el derecho a participar en todos los ámbitos sin distinción alguna, donde al Estado le corresponde velar por ello", con el objetivo de potenciar la contribución de la mujer en las instituciones armadas como parte de la política de defensa.
A partir de 2005, ese Ministerio puso en marcha la Política de Integración y Participación de las Mujeres en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
Eso fue complementado a partir del 2010, con el nombramiento del actual Senador Allamand como Ministro de Defensa.
Fue durante este siglo cuando la mujer accedió en nuestro país a las escuelas matrices con el fin de iniciarse en la carrera de oficiales. En 2000 se implementó su ingreso a la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea, con plena igualdad de condiciones respecto de los hombres, mientras en el Ejército se producía en el año 2003 la apertura a las mujeres de las armas de apoyo al combate (Artillería, Ingenieros y Telecomunicaciones). Y la Escuela Naval se integró a ese proceso en el año 2007, cuando ingresaron las primeras 44 cadetes.
Conjuntamente, la determinación del Estado chileno de responder al llamado de las Naciones Unidas, en las Operaciones de Paz, ha aumentado de manera significativa la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas durante la última década.
Este proyecto tiene por objeto reemplazar en los cuerpos normativos correspondientes la denominación "Escalafón del Servicio Femenino Militar" por "Escalafón del Servicio de Personal" en relación con los oficiales de línea y del cuadro permanente y permitir a sus integrantes, en el primer caso, alcanzar el grado de general de brigada a fin de eliminar desigualdades de género y mejorar la administración del personal del Ejército.
En síntesis, el proyecto que se analiza hoy en la Sala realiza modificaciones en los siguientes sentidos:
-Cambia el nombre del "Escalafón del Servicio Femenino Militar" por "Escalafón del Servicio de Personal".
-Posibilita que el nuevo escalafón sea mixto.
-Permite la creación del Servicio de Personal.
-Dispone que en el nuevo Escalafón del Servicio de Personal se podrá alcanzar el grado de general de brigada (el actual Escalafón del Servicio Femenino Militar culmina en el grado de coronel, lo que se estima realmente injusto).
-Aumenta, para ello, la base de selección de coroneles, quienes deberán cumplir con el tiempo mínimo de 5 años en dicho grado para poder ascender, lo que guarda concordancia con la carrera de los escalafones de Material de Guerra e Intendencia.
-Para no aumentar la planta total autorizada por la ley, se redistribuyen el general de brigada y los coroneles desde otros escalafones.
-Y se adecúa el artículo 82 de la ley Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, ya que contenía disposiciones que, a nuestro juicio, están en desuso.
Señor Presidente, creo que este proyecto va en la línea correcta, ya que, además de mejorar la administración de los recursos humanos del Ejército, contribuye a eliminar las discriminaciones de género. Ello constituye un avance para la plena integración de las mujeres en las nuevas Fuerzas Armadas.
Actualmente, el Escalafón de Servicio Femenino Militar está integrado, como su nombre lo indica, exclusivamente por mujeres. Con la aprobación de esta iniciativa se permitirá que el referido escalafón esté compuesto, en lo sucesivo, de manera mixta. De este modo se pondrá fin a un estereotipo de género que asocia a la mujer a un rol netamente administrativo dentro de las Fuerzas Armadas. En adelante, en este escalafón las labores las realizarán hombres y mujeres.
Finalmente, cabe agregar que el Escalafón del Servicio Femenino Militar de línea, que pasará a denominarse "Escalafón del Servicio de Personal", comprende los grados jerárquicos desde alférez a coronel, lo que implica un grado máximo a alcanzar menor que en otros escalafones de oficiales de línea. En la actualidad las mujeres ya no representan un obstáculo, sino que aportan especiales capacidades de su propio sexo en las distintas ramas de nuestras Fuerzas Armadas.

El señor LAGOS (Presidente).- Si le parece a la Sala, abriremos la votación.
Se trata de un proyecto de quorum especial.
El Senador señor Prokurica propuso, además, votar en general y en particular.
Acordado.
No hay más inscritos para intervenir.
En votación en general y en particular el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, sin duda, voy a votar a favor -de hecho, ya lo hice- de esta iniciativa porque apoyo la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional.
Considerando que aquí se enmienda un escalafón del Ejército, le pregunto al señor Ministro qué pasa con las demás ramas de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se legisla solo para una de ellas, en circunstancias de que son aplicables a las otras los mismos objetivos del proyecto sobre integración plena, en particular en lo relativo a terminar con el estereotipo de género que asocia a la mujer con un rol netamente administrativo?
Es deseable y necesario hacer eso mismo en Carabineros, en la Armada, en la Fuerza Aérea. ¿Qué hay que esperar para ello?
A mi juicio, este proceso debió abarcar a las Fuerzas Armadas en su conjunto.
Hemos conocido sucesos lamentables en la Armada, sobre los cuales se ha instruido un sumario, según ha informado el Ministerio de Defensa Nacional y la propia Armada.
Por eso extraña una iniciativa que busca igualdad de la mujer en una sola de las ramas de las Fuerzas Armadas. Puede que tal asunto esté resuelto en el resto o que haya que esperar que se legisle una a una.
Las Fuerzas Armadas son cuerpos no deliberantes, jerarquizados, verticales.
Señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, ¿qué pasa con esta misma finalidad en las demás instituciones castrenses y, también, en Carabineros de Chile?
Pido que el señor Ministro nos ilustre al respecto antes de terminar la votación de un proyecto que, según entiendo, concita amplia unanimidad. Esa información nos serviría mucho para saber cuánto hemos avanzado en esta materia.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (31 votos), dejándose constancia de que se reunió el quorum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, pido que agregue mi voto afirmativo.
El señor LAGOS (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del señor Senador.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor GÓMEZ (Ministro de Defensa Nacional).- Señor Presidente, quiero agradecer a la Sala del Senado, a las señoras y los señores Senadores, por la aprobación de este proyecto, que cumplirá una finalidad muy importante.
El Ejército es la única rama de las Fuerzas Armadas que cuenta con un escalafón femenino. Por eso no se incluyó a la Fuerza Aérea ni a la Armada.
Con esta iniciativa se termina con el Escalafón del Servicio Femenino Militar. Ahora se llama "Escalafón del Servicio de Personal".
Además, se permite que mujeres u hombres que ingresen en él alcancen el grado de general de brigada. Hoy día solo podían llegar a coronel.
Creo que ese es un cambio importante desde el punto de vista de los esfuerzos que hemos realizado por integrar a la mujer en las Fuerzas Armadas. Actualmente, no existe rama de las Fuerzas Armadas en la que las mujeres no puedan participar.
De hecho, hace poco se inscribió la primera mujer en el ámbito de la infantería, que cumple tareas difíciles. Sin embargo, está ahí en igualdad de condiciones.
A propósito de otro tema muy importante, quiero señalar que este sector es el único en el que no existe diferencia de remuneraciones: a igual función, la misma remuneración. Esto resulta muy relevante considerando la finalidad que se persigue: la igualdad de género.
Agradezco, señor Presidente, la votación favorable que recibió este proyecto, que va a ser importante en el desarrollo de las tareas en que estamos avanzando, en función de la Resolución 1325 de las Naciones Unidas.
Muchas gracias.
El señor LAGOS (Presidente).- A usted, señor Ministro.
Pasamos al próximo proyecto, que será de alta intensidad.



MODIFICACIONES LEGALES PARA ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA ESCOLAR


El señor LAGOS (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para permitir un adecuado funcionamiento del sistema escolar, con informes de las Comisiones de Educación y Cultura y de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.029-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 79ª, en 10 de enero de 2017 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 80ª, en 17 de enero de 2017.
Hacienda (certificado): sesión 80ª, en 17 de enero de 2017.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los principales objetivos de la iniciativa son:
-Posibilitar que las universidades acreditadas y las autónomas puedan impartir carreras y programas de pedagogía.
-Facilitar la adecuación de los establecimientos educacionales a la Ley de Inclusión Escolar, ampliando el plazo para acreditar la titularidad sobre el inmueble educacional, fortaleciendo el Fondo de Garantía de Infraestructura Escolar, estableciendo gradualidad en la disminución del financiamiento compartido y extendiendo el plazo para comunicar la renuncia de la subvención.
-Y neutralizar la carga tributaria que deben soportar los sostenedores sin fines de lucro con ocasión de las operaciones que realizan sobre el bien raíz educacional.
La Comisión de Educación y Cultura discutió el proyecto en general y en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y aprobó la idea de legislar por 4 votos a favor y una abstención. Votaron a favor los Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Rossi e Ignacio Walker y se abstuvo el Senador señor Quintana.
En seguida, lo aprobó en particular con idéntica votación, en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia: números 6), 7), 8), 9) y 10) del artículo 2º, y artículo cuarto transitorio, los que aprobó por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Coloma, García, Montes, Tuma y Zaldívar, en los mismos términos en que habían sido despachados por la Comisión de Educación y Cultura.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 24 a 32 del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, el 30 de enero de 2015 una mayoría del Parlamento aprobó y despachó el proyecto de ley sobre inclusión, poniendo fin al lucro con fondos públicos en educación, al copago y a la selección. Fue, evidentemente, una iniciativa muy controvertida.
Quedaron dos asuntos pendientes, y así se dijo en esa oportunidad.
La primera cuestión -llamémosla así para simplificar- se refiere a los inmuebles, al estado patrimonial de los sostenedores.
La segunda tiene que ver con la situación de los liceos de excelencia. Como sabemos, en estos días hay una discusión sobre el particular expresada en distintas iniciativas.
Este proyecto misceláneo toma el primer punto, principalmente: el patrimonial, el de los inmuebles, el de los arriendos.
Quiero aclarar que esta iniciativa no está modificando la fecha tope del 31 de diciembre de este año, en que todas las personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro tienen que adoptar la forma de una corporación o fundación, es decir, de una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro.
Aquello no se modifica. Por lo tanto, en esa fecha habremos puesto fin a la modalidad jurídica que muchos sostenedores tuvieron a través del tiempo, producto de las reglas del juego existentes.
Eso permanece; no cambia.
Es necesario también tener presente que en junio del año pasado, con los Senadores señores Carlos Montes, Andrés Zaldívar y Fulvio Rossi, enviamos una carta a la Ministra de Educación, doña Adriana Delpiano -aprovecho de saludarla-, manifestándole nuestra preocupación por lo que advertíamos en la situación de muchos sostenedores, quienes estaban empezando a vivir cierta incertidumbre por el tema patrimonial.
¿Por qué? Porque en enero o a más tardar el 30 de marzo próximo -en dos meses-, según la ley, deben anunciar si van a transformar sus establecimientos en colegios particulares pagados, si van a cerrar o si van a seguir dentro de la educación particular subvencionada.
Empezó a aparecer cierta incertidumbre respecto de una cuestión que no era lo medular del proyecto sobre inclusión: el tema de los inmuebles, de los arriendos, de la situación patrimonial.
Por ello, en junio estimamos que era del caso advertir sobre lo que venía.
En agosto, el Ministerio de Educación nos respondió negativamente respecto de esa inquietud.
Insistimos posteriormente con los Senadores nombrados, en el sentido de que era y es necesario -hoy lo estamos haciendo a través de esta iniciativa- dar una solución a los sostenedores, para disipar cualquier horizonte de incertidumbre sobre su patrimonio.
En efecto, la ley estableció que tres años después de que los colegios se transformen en entidades sin fines de lucro los sostenedores deberán ser propietarios de los inmuebles. Me refiero a los colegios de más de 400 alumnos (la norma no afecta a los más pequeños), que tengan contrato de arriendo con personas relacionadas -en el otro caso, no hay problema-, los que enfrentan innumerables obstáculos para viabilizar esta última obligación (la compra de los inmuebles establecida en la ley), especialmente aquellos vinculados con el acceso al crédito bancario. Ni siquiera el reglamento había sido dictado hasta hace poco. Y no son muchos -parece que uno o dos- los bancos que han mostrado algún interés en esta materia.
En cuanto a los topes al valor del inmueble, siempre el espíritu y la letra de la ley fue: tasación comercial. Pero existen muchos avalúos que no corresponden al valor real. En seguida, hay topes respecto del monto máximo de la cuota proveniente de la subvención para servir la deuda, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso, a nuestro juicio, hacía y hace necesario -así lo indicábamos en la carta de junio del año pasado- prorrogar la vigencia de los arriendos para eliminar la incertidumbre reinante y viabilizar la implementación de esta tan importante reforma: la Ley de Inclusión.
El presente proyecto persigue tres objetivos -voy a ser muy breve-:
Primero, facilitar la adecuación de los establecimientos educacionales a la Ley de Inclusión Escolar, ampliando el plazo para acreditar la titularidad sobre el inmueble educacional, fortaleciendo el Fondo de Garantía de Infraestructura Escolar; estableciendo gradualidad en la disminución del financiamiento compartido, y extendiendo el plazo para comunicar la renuncia de la subvención.
Ese es el primer punto y el más grueso de este proyecto, lo que he llamado "inmuebles, arriendos, situación patrimonial del sostenedor".
En segundo lugar, se pretende neutralizar la carga tributaria que deben soportar los sostenedores sin fines de lucro con ocasión de las operaciones que realizan sobre el bien raíz educacional.
Al adquirir el inmueble, el impuesto a la ganancia de capital, obviamente, no estaba ni en el espíritu ni en la letra de la ley. Bueno, aquí se contempla una solución. Desde el punto de vista tributario, hay un incentivo para los sostenedores.
Y, en tercer lugar, el proyecto propone normar una situación que afecta a las universidades acreditadas y a las autónomas, de manera de permitirles que puedan impartir carreras y programas de pedagogía, cuestión que, hasta donde entiendo, no fue mayormente discutida. Y se aprovechó esta iniciativa de ley -por eso se llama "miscelánea"- para aclarar ese aspecto.
El texto que se propone tiene tres artículos permanentes y cuatro transitorios:
-Se dispone que las universidades en proceso de licenciamiento y aquellas autónomas a la fecha de entrada en vigencia de la norma puedan, con apego a la regulación general, comenzar a impartir carreras de pedagogía.
Insisto en que en eso no hay discusión.
-Se amplía el plazo para acreditar la titularidad sobre el inmueble en que funciona el establecimiento educacional; se fortalece el Fondo de Garantía de Infraestructura Escolar; se establece la gradualidad en la disminución del financiamiento compartido y se extiende el plazo para comunicar la renuncia a la subvención.
En seguida, se extenderá por el término de seis años el plazo para adquirir los inmuebles, contados desde el 30 de junio de 2017, independientemente de la fecha en que el sostenedor haya adquirido su personalidad jurídica.
En otras palabras, si el proyecto inicial aprobado el 30 de enero de 2015 establecía un plazo de tres años (2017-2020), y otro de seis años, para otro tipo de sostenedores, aquí hay un solo plazo: del 2017 al 2023. O sea, se dan seis años para seguir arrendando entre personas relacionadas para resolver este tema, con un incentivo adicional: si el sostenedor se transforma en persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro ahora, al 30 de junio de este año, se le dan cuatro años adicionales, del 2017 al 2027. ¡Diez años en total!
Insisto en aquello, porque no estaba en el corazón del proyecto de ley el tema inmobiliario, patrimonial, etcétera.
Quisiera decir que en la citada carta los Senadores Rossi, Montes, Zaldívar y quien habla proponíamos un arriendo indefinido -¡obviamente regulado!- entre personas relacionadas. Pero es una discusión para otra oportunidad.
Aquí se está dando un plazo más que razonable: seis años para todos (hasta el 2023) y, si el establecimiento se transforma en persona jurídica sin fines de lucro antes del 30 junio, diez años (hasta el 2027).
Con relación al fortalecimiento del Fondo de Garantía de Infraestructura Escolar, se dispone que quienes opten voluntariamente por adquirir el inmueble, a través de un crédito bancario garantizado por el Fondo, no pueden destinar más de 30 o 25 por ciento de lo que reciben como subvención.
No quiero detenerme mayormente en ello.
En cuanto a la gradualidad en la disminución del financiamiento compartido, se dispone en la propuesta legal que los aludidos aumentos de subvención no serán considerados en los cálculos para disminuir la cuota mensual de financiamiento compartido. Eso, a propósito de una clarificación que surgió.
Finalmente, se establecen reglas tributarias especiales a fin de neutralizar la carga impositiva.
Ese es el proyecto que estamos discutiendo ahora. Se le denomina "misceláneo" porque tiene esos aspectos relacionados. Pero, en lo grueso, apunta a disipar el horizonte para evitar cualquier incertidumbre respecto de la educación particular subvencionada, que hoy cuenta con el 55 por ciento de la matrícula. Existen cerca de 5 mil sostenedores privados.
Entonces, se mantiene la Ley de Inclusión (fin al lucro, al copago y a la selección); continúa a firme el 31 de diciembre del 2017 -este año- como fecha para transformarse en instituciones sin fines de lucro, y se establecen normas sobre arriendos, garantías, en fin, con el objeto de llevar certidumbre, seguridad jurídica a los sostenedores privados.
Por lo tanto, solicitamos a la Sala que tenga a bien aprobar este proyecto, que viene con "discusión inmediata".
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra de Educación.

La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Señor Presidente, por su intermedio, saludo a las señoras y a los señores Senadores.
Deseo señalar, como dijo bien el Honorable señor Ignacio Walker, que un aspecto de este proyecto -también está en el origen hacer cambios- tiene que ver con procesos respecto de los cuales se pensaba que estaban listos y que la Contraloría había tomado razón meses antes, pero que han demorado.
Por ello, el plazo para informar a las familias que se dejará de percibir la subvención se extenderá de marzo a junio. Eso compensará los meses de efectiva demora.
Pero, al igual que sucede con todas las grandes normativas, la posibilidad de ver en terreno aspectos específicos de su aplicación hace necesario introducir ajustes.
Creo que las mayores reformas tendrán que ser visitadas. Por eso los plazos para implementarlas son graduales.
También quiero destacar un aspecto que, aunque tal vez no es del corazón de esta normativa, reviste mucha importancia, pues se relaciona con la factibilidad de que -hoy tenemos un punto ciego- universidades debidamente acreditadas que no han impartido nunca la carrera de pedagogía lo hagan, pero sin partir -ello sería imposible- con la acreditación. Si nunca la han dictado, resulta difícil que comiencen con la carrera acreditada.
Por lo tanto, se otorga un plazo de tres años para que tales instituciones puedan llevar a cabo el proceso respectivo.
Por último, las universidades que se hallan -como señala la ley- en la categoría de autónomas, podrán abrir carreras de pedagogía con el compromiso de que en tres años la acrediten. Pero además se autoimponen la tarea de acreditar a la institución como tal en ese período.
Estamos hablando de universidades que al momento de dictarse la ley pertinente eran autónomas, que básicamente son tres: la de O'Higgins, la de Aysén y la de Artes, Ciencias y Comunicaciones (UNIACC), que se dedica a otra cosa.
Ellas tenían esa categoría y la posibilidad efectiva de adelantar ese proceso, pero para todas las formas de acreditación.
Esos son todos los elementos, señor Presidente.
Lo relativo a las facilidades fue explicado muy claramente por el Senador Ignacio Walker.
El Ejecutivo ha estudiado esta materia y accedió a realizar cambios basándose en que el 56 por ciento de la matrícula se encuentra en los establecimientos particulares subvencionados. Y, por lo tanto, se pretende posibilitar el cumplimiento de los principios básicos de la Ley de Inclusión: no al lucro, no al copago, no a la selección, pero dando las facilidades del caso para que las familias no enfrenten a último momento el fin de un colegio.
Hasta el momento no ha habido una seguidilla de cierres de establecimientos educacionales ni han llegado a su término más colegios que en un año normal. No obstante, creemos que esta normativa evitará que se genere un problema a futuro o durante el año.
Muchas gracias.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, no me voy a referir a este proyecto, sino a lo solicitado por un grupo de dirigentas de educadoras de párvulos del sistema VTF que dependen de los municipios, y que han permanecido durante todo el día en el Congreso con la esperanza de formular a esta iniciativa una indicación que permita aclarar una norma que incorporamos en la Ley de Presupuestos relacionada con las vacaciones para el personal de este sector.
Desgraciadamente, por la forma como viene redactado su texto, en alrededor de 7 regiones 20 municipios dicen no entender el espíritu de la disposición y no otorgan vacaciones en febrero ni los diez días en julio, contrariando la voluntad del Congreso manifestada en la referida ley.
Planteamos el problema.
Entiendo que estas educadoras conversaron con varios Senadores de todos los sectores y bancadas, entre los cuales ha habido bastante acuerdo para presentar una indicación que permita aclarar dicha redacción a fin de que estas trabajadoras puedan gozar del derecho consagrado por el Parlamento.
El Gobierno tuvo reparos para incorporar tal aclaración esta tarde. Sin embargo, prometió enviar mañana un proyecto de ley sobre el particular con "discusión inmediata".
Me gustaría que ello quedara establecido en la Sala, señor Presidente, para que estas educadoras vuelvan a sus regiones con un compromiso serio de todo el Senado en cuanto a que mañana ingresaría la iniciativa pertinente, se discutiría sobre tabla e iría a la Cámara de Diputados, donde me parece que también hay parlamentarios de todas las bancadas que estarían de acuerdo con efectuar tal modificación.
De esa manera, les diríamos a esas trabajadoras, quienes han permanecido todo el día en esta Corporación, que estamos preocupados de este problema.
Reitero: en 7 regiones 20 municipios no están respetando una disposición consagrada por el Congreso Nacional.
En suma, señor Presidente, sería conveniente dejar estampado ese compromiso aquí con la presencia de los Ministros señor Eyzaguirre y señora Delpiano, para que de verdad mañana se envíe ese proyecto de ley y les demos tranquilidad a las educadoras de párvulos del referido sector a lo largo de todo el país.

El señor LAGOS (Presidente).- Señora Senadora, en la medida que esa iniciativa ingrese para su tramitación en el Senado, se le dará la celeridad que corresponde a fin de subsanar algo que cuesta entender: la mala interpretación que hacen más de 20 municipios en Chile.
Parece difícil pensar que se deba tramitar una ley especial para hacer patente un asunto que fue tratado larga y detalladamente durante el debate del proyecto de Ley de Presupuestos.
Pero, en fin, entiendo que el compromiso del Gobierno es presentar ese proyecto mañana. Una vez que se dé cuenta de él, se autorizará a las Comisiones que lo requieran para sesionar en paralelo con la Sala a los efectos de avanzar rápido en su despacho.
Espero que aquello quede claro.
--(Aplausos en tribunas).
Tiene la palabra el señor Ministro.

El Señor EYZAGUIRRE (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, para que quede claro, más allá de toda duda, atendida la alocución de la Senadora Muñoz, debo señalar que efectivamente se está trabajando en la precisión de la glosa pertinente para ingresar el día de mañana al Senado una iniciativa con "discusión inmediata", la cual ojalá sea aprobada con celeridad, para que el jueves la Cámara de Diputados haga lo propio.
Gracias.
El señor LAGOS (Presidente).- Espero que así sea.
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.

El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, nosotros vamos a votar favorablemente este proyecto.
En verdad, nada está más lejos de mi ánimo que perturbar siquiera este ambiente de armonía y de consenso que vivimos en esta sesión.
Lo cierto es que, tras el relato muy completo del Senador Ignacio Walker, pareció como si de pronto, al igual que ocurrió con san Pablo, un rayo iluminó a algunos destacados parlamentarios (los Senadores señores Ignacio Walker, Montes, Rossi y Zaldívar) para que acudieran al Gobierno a fin de solicitar tener a la vista el proyecto que estamos tratando esta tarde.
Señor Presidente, cada una de las materias que se corrigen ahora fue planteada al Ejecutivo una y otra vez durante la tramitación de la iniciativa que pone fin al lucro, al copago y a la selección sin que nadie atendiera razón alguna.
Me habría gustado quizá un mínimo reconocimiento en el sentido de que las cosas se pueden hacer algo mejor si se escucha un poquito.
Es lo mismo que con la reforma tributaria. Cuando se aprobó dijimos: "Habrá que enmendarla".
Sus Señorías vieron cómo se hizo eso.
En este caso ocurre igual: se trata de la primera corrección de una normativa llena de ripios técnicos y de dificultades.
Algunos anticipamos, cuando en enero de 2015 se aprobó a la carrera, a matacaballo el proyecto que dio origen a la Ley de Inclusión, que antes de que terminaran este Gobierno y este año estaríamos viendo precisamente esa modificación.
Es exactamente lo que está sucediendo hoy día.
Y quiero anticipar, señor Presidente, que antes de que concluya esta Administración vamos a discutir un segundo proyecto de ley misceláneo, porque la cantidad de cosas que se deben corregir en esta iniciativa es enorme.
Dicho eso, es del caso señalar -tal como mencionó el Senador Ignacio Walker- que durante la tramitación de este proyecto en la Cámara de Diputados se dijo: "¡No! ¡Aquí es imposible que haya arriendo! ¡Todos los colegios tienen que cambiar su naturaleza jurídica y todos deben ser dueños de sus inmuebles!".
Discutimos meses aquello.
Algunos planteamos que eso era completamente absurdo y que bastaba con que hubiera un arriendo regulado.
En el último minuto de la discusión en las Comisiones del Senado se estableció que para los no relacionados efectivamente podía haber un esquema de arriendos regulados.
Se produjo un enredo, una madeja, una jungla inexplicable de normas respecto de la forma como tendrían que operar los arriendos para los relacionados, cuestión que hoy día -según indicó el Presidente de la Comisión de Educación- se está corrigiendo sobre la base de un expediente bastante simple.
Algunos plantearon el plazo de 3 años, y otros, un tiempo menor; unos hablaban de colegios de más de 450 alumnos, y otros querían que fuera por debajo de esa cantidad.
En resumen: todos tendrán ahora un plazo de 6 años, y los sostenedores que cambien su naturaleza jurídica antes de finalizar junio de 2017, 10 años.
Muy bien: se les dijo eso en todos los tonos, en todos los idiomas, de todas las maneras.
Okay: ¡mejor tarde que nunca...!
Sin embargo, señor Presidente, quiero hacer presente lo siguiente.
Cuando se discutió el tema tributario en esta Sala, el Senador García dijo: "Momentito. ¡Ojo! Si no se establece una norma respecto de la ganancia de capital, cuando tengan que producirse las compras o autocompras de inmuebles, se generará un detrimento económico extraordinariamente importante".
Nadie escuchó a Su Señoría: un año después llega el proyecto.
Para terminar -porque, insisto, no quisiera resquebrajar ni por un segundo este ambiente de armonía- deseo relevar que aquí estamos manteniendo una norma muy negativa. Y voy a señalar por qué.
De acuerdo con la Ley de Inclusión, si alguien quiere formar un colegio, tiene que ser dueño del inmueble al momento de constituir ese nuevo establecimiento educacional.
Con estos chutes de los arriendos (a seis años, o a diez) no estamos cambiando la norma de fondo, que sigue siendo un grave problema, puesto que aquí se les sigue obligando a los colegios, aunque ahora el plazo pueda ser de 10 años -como dijo Keynes, "en el largo plazo todos estaremos muertos"-, a ser dueños del inmueble en que funcionan. Porque para terminar con el lucro esto es parte de lo que se debe hacer.
Quiero explicar qué significa aquello, para ir anticipando el proyecto de ley que en algún minuto, en este o en otro Gobierno, habrá que aprobar para corregir ese error.
¿Qué quiere decir que se obligue a los sostenedores a ser dueños de sus inmuebles? ¿Cómo se paga eso?
Esto es genial, señor Presidente: se paga de dos maneras.
En primer lugar, lo pagan los alumnos.
¿Por qué? Por una razón muy sencilla.
Existe toda una operación financiera complejísima, y todavía no hay ningún banco que la esté impulsando siquiera.
Para comprar esos inmuebles, lo que es algo completamente innecesario, porque ellos ya existen, los sostenedores pueden destinar hasta el 25 por ciento de la subvención.
Entonces, hay un sostenedor que está arrendando, lo cual, obviamente, significa un costo. Pero ahora se le obliga a comprar el inmueble. ¿Y cómo lo paga? Descontando de la subvención.
Es decir, la genialidad de obligar a los sostenedores a comprar los inmuebles, cuestión que es un absurdo, la pagan los estudiantes, porque a ellos se les descuenta la comisión: 25 por ciento de la subvención.
¡Pero hay otra cosa más genial, señor Presidente!
En esas operaciones financieras participan bancos, los que obtienen beneficios durante todo el período (25 a 30 años) en que los sostenedores deben pagar los inmuebles que son obligados a autocomprar.
En consecuencia, todavía no se quiere modificar lo que hay que modificar.
Porque para obligar a los sostenedores a ser dueños de los inmuebles -un ideologismo sin sentido alguno si en paralelo hay arriendos regulados- se establece un sistema en que pagan los estudiantes; se enriquecen los bancos, y al Fisco, al menos como aspecto colateral, le cuesta 400 millones de dólares, pues supuestamente la cifra nos lleva a 4 mil millones.
Señor Presidente, dejo planteado el punto. Ojalá que de aquí a fin de año, en este mismo ánimo de armonía, podamos resolver sobre el particular.
Conceptualmente, si hay arriendos regulados, no existe razón alguna para que no sean permanentes.
Pero no importa. Por lo menos vamos en 10 años. ¡Quizá después se envíe otro proyecto que disponga 20 años...!
Lo único que quiero dejar establecido es que ojalá exista este mismo espíritu para no exigir la autocompra de inmuebles en la forma que está pensada.
Aquello es innecesario: lo pagan los estudiantes; le cuesta al Fisco, y se enriquecen los bancos.
En verdad, cuesta imaginar un esquema menos razonable.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia.

El señor EYZAGUIRRE (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, en el mismo espíritu armónico del Senador Allamand, le voy a comentar a la Sala los siguientes conceptos.
En la experiencia que conocemos de países desarrollados, en general no existen esquemas particulares subvencionados. Sin embargo, donde los hay (Suecia, Holanda, Estados Unidos, y se llaman charter schools), el Estado obliga a los colegios financiados con recursos públicos, pero que son de gestión privada, a ser propietarios de los inmuebles.
Posiblemente están contagiados por el mismo ideologismo enfermizo que me parece haber escuchado.
En segundo lugar, se dice que los estudiantes pagarán este ideologismo enfermizo.
Señor Presidente, cuando un sostenedor arma un establecimiento educacional, y consigue un crédito bancario para los efectos de construirlo y, después, administrarlo, ¿de dónde sale el dinero para cubrir ese endeudamiento? Obviamente, de la subvención; es decir, del dinero de los estudiantes, salvo que haya -y me encantaría saber si es el caso- muchos filántropos que regalen colegios. De lo contrario, los emprendedores deben conseguir créditos y pagarlos con la subvención, cuestión que se halla vastamente documentada.
Por último, debo mencionar que si Sus Señorías miran, por ejemplo, la publicidad de los bancos, se darán cuenta de que hoy día, con las bajísimas tasas de interés que existen, se señala persistentemente que conviene mucho que las familias compren casa en vez de arrendar. Porque cuando las tasas de interés son muy bajas el valor de un arrendamiento y el valor de un dividendo son prácticamente iguales.
Por tanto, la cantidad de recursos que se extraerán de las familias y sus niños para que dispongan de una infraestructura estable de propiedad de la fundación sin fines de lucro será aproximadamente la misma que se pagará por concepto de arriendo.
Gracias.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, como ya se ha dicho, vamos a votar favorablemente este proyecto, pues constituye una forma de ayudar a sostenedores de colegios particulares subvencionados que deben resolver una disyuntiva muy importante en los próximos meses.
El hecho de extender de 3 a 6 años el período de arriendo con partes relacionadas no soluciona el problema de fondo, pero ayuda.
Acá debo relevar el compromiso contraído por el Ministro de Hacienda (lo señaló tanto en la Comisión de Educación como en la de Hacienda) en cuanto a la revisión de los avalúos de los inmuebles destinados al ejercicio de los establecimientos educacionales.
Este proceso ha sido demasiado lento. Los sostenedores se enfrentan a tener que resolver si se pasan a la gratuidad o no, o cierran sus colegios, sin muchas veces conocer el monto en que deberán traspasar estos inmuebles a las corporaciones o fundaciones sin fines de lucro.
El Ministro manifestó que tendrá especial preocupación para que el proceso de reavalúo esté terminado dentro de seis meses y los sostenedores dispongan de más información para poder resolver.
Entonces, el proyecto ayuda, en realidad.
Quiero decirlo francamente: no sé si el texto prolonga una agonía o cuánta esperanza lleva a los sostenedores que se encuentran ante una disyuntiva, o en verdad permitirá que las cosas se piensen mejor y que se resuelva en el sentido que compartimos mayoritariamente -reconozcámoslo- en la Sala. Porque incluyo a Senadores de la Nueva Mayoría que expresan en privado: "La solución no es el traspaso de los inmuebles a fundaciones y corporaciones, sino el arriendo regulado".
A pesar de que mantenemos entre nosotros un gran acuerdo al respecto -habrá algunas excepciones-, hay un veto de sectores ideológicos que no quieren que sea así. Ello, a pesar de las mayorías parlamentarias que podríamos conformar para materializarlo.
Mas confío en que llegará el momento en que la racionalidad se impondrá y lograremos que los arriendos se regulen sobre inmuebles debidamente retasados, ya que ese es el camino. La plata debe de ser más o menos la misma, pero ¡nos evitaríamos tantos dolores de cabeza, tanta incertidumbre, tantos malentendidos!
Nuestra economía atraviesa hoy por una etapa de desconfianza, pero, más que eso, enfrenta un grave problema de falta de inversión. Esta última ha caído significativamente. Preguntémonos cuántos sostenedores, ante este cuadro, se encuentran destinando recursos a ampliar y mejorar sus establecimientos educacionales. ¡Todos están a la espera de ver qué pasa y nadie lo hace, por lo menos significativamente!
Entonces, nosotros mismos, con la legislación y al no tomar las decisiones a tiempo, perjudicamos al final nuestro propio desarrollo económico. Y vamos emporcando nuestro proceso de crecimiento, del que todos decimos ser partidarios, además de afirmar que se requiere un mayor crecimiento de la economía, entre otras cosas, para generarle al Fisco recursos a fin de avanzar más rápido en los aspectos sociales, como el mejoramiento de las pensiones o de las subvenciones, la gratuidad en la educación superior, etcétera.
Deseo exponer otro asunto, que mi Honorable colega Von Baer planteó, con mucha fuerza, en la Comisión de Educación. Me refiero al de los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados en terrenos indígenas.
Frente a la consulta de la señora Senadora, se manifestó que no había dificultad, porque la legislación determina que quienes se hallen en esas zonas no necesitarán traspasar el inmueble. Es cierto. La ley lo dice. Pero si es así, y tampoco podrán hacer retiros, porque está prohibido, ¿cómo recuperarán la inversión?
En la Comisión de Hacienda nos dijeron ayer: "Eso está resuelto, porque sí podrán arrendar". O sea, a los sostenedores les será posible celebrar este contrato, respecto de los inmuebles, con las nuevas corporaciones y fundaciones.
Pero ¡cómo! ¡Si la Ley Indígena impide que esos terrenos se arrienden!
Respuesta: la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena sacó una resolución que lo permite.
¿Cómo ese organismo puede hacer algo contrario a dicho cuerpo legal, que protege las tierras?
Entonces, llamo la atención sobre el particular, porque en algún minuto será preciso también solucionar el punto.
Naturalmente, en nuestra Región de La Araucanía hay muchos sostenedores de colegios particulares subvencionados: todos estos son pequeños y situados donde nunca antes había habido uno. Porque parte del éxito del sistema fue la instalación de un establecimiento en muchos lugares donde los niños tenían que caminar antes cinco kilómetros para llegar. Y un profesor indígena, normalmente, fue quien lo levantó. ¡Mas eso lo condenamos...! ¡Finalmente, lo terminamos prohibiendo...!
Repito que será preciso resolver la situación.
En definitiva, votamos por la iniciativa en debate. Es un mal menor. Considero que es un nuevo parche. No es la que nos gustaría. Pero reconozco que constituye un avance respecto de la incertidumbre existente.
Gracias.

El señor LAGOS (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Rossi.

El señor ROSSI.- Señor Presidente, solo quisiera aportar algunas ideas o reflexiones acerca del proyecto.
Varios le planteamos hace algunos meses al Gobierno, a la señora Ministra de Educación, que era necesario revisar algunos aspectos de la Ley de Inclusión, aprobada en enero de 2015, básicamente para poder garantizar la viabilidad y fluidez en su implementación.
Dicho cuerpo legal cambió radicalmente el modo de funcionamiento del sistema de educación, y, por lo tanto, era evidente que íbamos a enfrentar dificultades a la hora de aplicarlo.
Un primer comentario dice relación con el punto quizás más controversial, que es la obligatoriedad de adquirir el inmueble por parte de la corporación o entidad sin fines de lucro que crea el sostenedor.
O sea, se efectuará una autocompra. Convengamos en que el Gobierno espera que este último siga en el ámbito de la educación y se transforme en un organismo de esa índole -ello se puede hacer hasta el 31 de diciembre de 2017-, el cual, a su vez, tiene un plazo para adquirirle el inmueble.
Entonces, la pregunta que cabe hacerse a esta hora es si el instrumento ideado y que votamos a favor hace un par de años es el mejor para el objetivo de poner fin al lucro en la educación con recursos públicos.
Porque si alguien dijera: "Es imposible controlar o fiscalizar esa operación si no se exige que el establecimiento sea dueño del inmueble", uno tendría que expresar: "Es preciso votar en contra".
Mas abrigo el convencimiento de que es absolutamente coherente plantearse el objetivo de terminar con el lucro y permitir los arriendos regulados. Conforme a la experiencia reciente que he tenido en la Región que represento, la Superintendencia cuenta con toda la información respecto del sostenedor, de su establecimiento, de cuál es el valor comercial, de la suma en que se arrienda, de si esta es adecuada, en fin. Y, de hecho, muchas veces hace presente: "El monto está por sobre lo que corresponde". O sea, no es imposible fiscalizar correctamente el que un arriendo corresponda al valor que realmente se da en el mercado y, por lo tanto, sea justo.
Eso, por un lado.
Por lo tanto, creo que la exigencia planteada -y asumo la autocrítica, por cierto- finalmente se transforma en una dificultad para la implementación de la ley y más bien en un obstáculo para el cumplimiento de otros propósitos fundamentales, como el avance hacia un sistema gratuito y una admisión que no contribuya a la segregación a través de la selección, que son objetivos centrales de la normativa de la inclusión.
Con mis Honorables colegas Montes, Zaldívar e Ignacio Walker le enviamos una carta, en su minuto, a la señora Ministra, y agradezco que se haya acogido este planteamiento. También fue apoyado en el órgano técnico.
Mi amigo el Senador señor Quintana argumentará posteriormente respecto de una excepción.
Otro aspecto relevante tiene que ver con la inscripción del arriendo en el Conservador de Bienes Raíces antes de salir la ley. Evidentemente, ello acarreaba un montón de problemas prácticos, porque mucha gente no cumplía con el requisito en la medida en que ni siquiera mediaba un arriendo, con frecuencia, al tratarse de un bien raíz de su propiedad.
Es algo que asimismo corrige el proyecto.
Un asunto al cual ya se ha hecho referencia, en el caso de que el inmueble sea adquirido, es el tope de 25 por ciento en el valor de la cuota al banco, que es otro problema con la exigencia de una compra. Finalmente, se desvían recursos cuantiosos de la subvención ¿para invertirlos en qué? ¿En calidad educativa? Desde luego que no.
Es una solución, claro. Permitir que dicho porcentaje se sobrepase en algunas oportunidades, respecto del total de las subvenciones, más el copago, efectivamente resuelve la dificultad práctica. Pero la cuestión de fondo dice relación con cuál es el objetivo que se busca con este requisito si nos damos cuenta de que en la operación más bien se distraen fondos que podrían invertirse en calidad.
Hay un plazo importante de seis años en la materia, que puede llegar incluso hasta diez.
Se podrán hacer reflexiones en relación con todos estos aspectos pendientes.
Para decir algunas palabras respecto de las carreras de pedagogía, cabe consignar que efectivamente era preciso introducir modificaciones, mas me preocupa que instituciones no acreditadas puedan impartirlas.
A mi juicio, este es un punto que es necesario ver atentamente. Porque la ley establece hoy que esos estudios solo pueden vincularse con una acreditación -para tal efecto, tienen que existir, lo que entiendo muy bien-, pero el problema surge cuando la entidad no la exhibe. Considero que si esta no da garantías de calidad en ese minuto, no debiera poder contemplarlos. Tiene que partir acreditada. Ese es un problema que observo en relación con la iniciativa.
No voy a profundizar en aspectos tributarios, pero tenía que haber neutralidad en todos estos traspasos, porque, si no, sería irrogarle un costo mayor a quien queremos incentivar para que siga en la educación.
Un proyecto que también va en la dirección de efectuar algunas enmiendas que creo que enriquecen la educación pública y la normativa que nos ocupa es el que acabamos de ingresar con mis Honorables colegas Ignacio Walker y Allamand.
Ese texto ha sido objeto de un apoyo bastante transversal. He escuchado a muchas personas de la Nueva Mayoría. Ayer, justamente, conversaba con el exministro Sergio Bitar, a quien le parecía que se avanzaba en la dirección correcta.
Me refiero a permitir un sistema de admisión que mezcle la inclusión social, la integración socioeconómica, con el mérito escolar y robustezca la educación pública.
Recordemos que los liceos llamados "de excelencia" o de alto rendimiento escolar, los cuales fortalecen algunas disciplinas que requieren especialización temprana, como el arte o el deporte, no compiten con los establecimientos públicos, sino con los colegios particulares pagados, que importan una suma de 400 mil pesos mensuales -muchas veces, de 500 mil- por parte de los padres.
Cuando se analiza quiénes ingresan a los planteles más selectivos, como la Universidad Católica y la Universidad de Chile, se advierte que lo hace un porcentaje ínfimo del quintil más pobre, porque no se saca el puntaje requerido.
Por lo tanto, la iniciativa a que me refiero vigoriza la educación pública al entregarles a ciertas familias herramientas para que puedan optar a una educación de alto rendimiento.
Algunos preguntan por qué no se contempla a todos los liceos. ¡Ojalá todos fueran de excelencia! Pero resulta que los niños no son todos iguales. Tan simple como eso. Uno de ellos podrá ser en el futuro un Claudio Arrau; otro, a lo mejor un "Chino" Ríos, y un tercero, tremendamente talentoso, un premio nacional de Física, en circunstancias de que viene de una familia de escasos recursos y no tiene ninguna posibilidad de competir con quien ha estado en un colegio particular pagado en que se pagan 500 mil pesos mensuales y su familia cuenta, además, con recursos para invertir en educación fuera de la escuela.
Entonces, no se segregará. Porque el problema de los liceos emblemáticos es que lo hacen. El quintil más rico ocupa el cuarenta por ciento de las vacantes del Instituto Nacional. Con nuestra propuesta, habrá una total equidad o paridad, desde el punto de vista socioeconómico. Se reservarán vacantes de acuerdo con los quintiles y se dará un elemento virtuoso, que tiene que ver con la mezcla del primer quintil con el quinto.
Esta es una reflexión respecto de una propuesta que le hemos expuesto a la Ministra de Educación. Ojalá que pueda ser considerada como los planteamientos que dieron origen al proyecto de ley en examen.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, a mí no me gusta mucho la discusión que se ha dado con relación al texto que nos ocupa.
Escuchando a los distintos colegas, no cabe ninguna duda de que el articulado es bastante complejo. Se están modificando leyes no menores: la N° 20.903, sobre el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, y la N° 20.845, respecto de la Inclusión Escolar, y se abordan asuntos difíciles, como la exención tributaria.
¿Y por qué digo que no me gusta? Porque en la Comisión tratamos en particular durante solo diez minutos todo aquello a lo cual hemos hecho referencia. Creo que no es la manera de proceder. Dejé constancia de ello, en su oportunidad.
¿Por qué lo hago presente? Porque se supone que todos queremos abocarnos -y lo venimos transmitiendo hace mucho rato- a otra iniciativa, ¡muy importante!, atinente a la nueva educación pública. Ese texto va a cumplir ocho meses en el Senado y aún no se vota la idea de legislar.
Es preciso llevar a cabo todo el debate, además, en el contexto de lo que fue la discusión sobre la inclusión.
No olvidemos que colegas sostenían hace dos años en el Hemiciclo que se iban a cerrar muchos colegios. ¿Sus Señorías se acuerdan o no? La verdad es que ello no ocurrió con ninguno.
Más de 870 establecimientos se traspasaron ya el primer año a la condición de gratuidad. En realidad, se han creado otros.
Fue una gran mentira. ¡Ninguno se cerró -repito- en virtud de estas normas!
Otra cosa es que haya sectores interesados, legítimamente, en que no se lleve a cabo una modificación.
Por lo tanto, para poner en contexto el debate, se hace referencia a los colegios con una matrícula superior -no se lo he escuchado acá a los señores Senadores- a 400 estudiantes. Las normas apuntan solo a ellos, no a los chicos. Cualquiera puede corroborarlo en terreno.
Entonces, no puedo dejar de recordar la discusión reciente, en materia de educación, acerca de la glosa en la Ley de Presupuestos. Es la misma que sostenemos hoy día.
Un Honorable colega se iba hace un momento por el lado de la selección. Creo que no hemos hecho una adecuada lectura -lo digo humildemente- de los resultados de la prueba de selección universitaria, porque tal vez debiéramos estar preocupados del cuarenta por ciento de estudiantes de colegios municipales y del más de treinta por ciento de estudiantes de colegios particulares subvencionados que no alcanzan el mínimo para postular.
A esos chicos no los mencionamos. Nos encontramos en el debate sobre la selección, sobre los top ten. Pero estimo que ello no nos corresponde en la definición de una política pública. Nos alegramos por estos jóvenes, desde luego.
Y si se trata de considerar incluso por quintil la propuesta de selección formulada por algunos señores Senadores, no olvidemos que el rendimiento ¡siempre! -y mucha evidencia lo señala- se halla correlacionado con el capital cultural. Por lo tanto, con ese planteamiento igualmente dejaríamos fuera a estudiantes vulnerables. Ello, ¡de todas maneras! Ingresarían chicos probablemente menos carenciados, pero quedarían excluidos aquellos que presenten esta condición en forma más acentuada. Porque las notas de la persona en cada quintil se hallan completamente correlacionadas -repito- con el capital cultural.
También echo de menos en esta oportunidad algo por lo cual hice referencia a la discusión de la glosa presupuestaria, donde se mencionó mucho al Tribunal Constitucional. ¡Mucho!
Cuando nos ocupábamos en los recursos para la educación superior, por ejemplo, el Gobierno nos expresaba que teníamos que pactar con la Derecha, porque mediaba una sentencia de ese organismo en contra.
Quisiera hacerles un recuerdo al respecto especialmente a los colegas de las bancas del frente, ya que quince de ellos recurrieron al Tribunal Constitucional por todos y cada uno de los preceptos aprobados en la Ley de Inclusión. Fue en marzo de 2015. El 1° de abril de ese año se dictó el fallo respectivo.
¿Y qué manifestó el Tribunal?
Si me lo permiten Sus Señorías, leeré tres párrafos brevísimos.
Primero, el considerando número 43° expresa que "Chile es uno de los pocos países que permite a los sostenedores de los establecimientos educacionales utilizar recursos públicos para satisfacer sus intereses particulares; y por ello, la supresión del lucro constituye una medida concreta de progresión en el aseguramiento de la garantía de gratuidad del sistema".
Si me permiten, leeré un segundo párrafo.
Se trata del considerando 46° del fallo del Tribunal Constitucional, que les dijo que no a los colegas de la Derecha: "Si la determinación del legislador es cumplir una regla que elimina el copago y establece normativas que apuntan al uso pleno de las subvenciones estatales en cuestiones educativas, resulta coherente con el proyecto que la forma jurídica exigida sea el de personas jurídicas sin fines de lucro".
Termino con el considerando 94°. ¡Por favor!, esto es bien importante. ¿Qué establece el Tribunal Constitucional, el mismo respecto del cual los colegas amenazaron con recurrir en el caso de la glosa? El considerando señala: "que las subvenciones se utilicen para fines educacionales y que no se retiren como utilidad marginal, o se destinen a gastos personales o figurativos, no relacionados con el giro educacional, que incrementen las utilidades del sostenedor o de personas cercanas." -es importante el concepto "personas cercanas", porque toda la discusión de ahora y estos diez años se refiere a "personas relacionadas"- "Así, no será ya posible arrendar indefinidamente," -como nos proponía el Senador Allamand- "para crear por esa vía un gasto operacional que permita rebajarlo de la base imponible (que ya no existirá en cuanto persona jurídica sin fin de lucro), en circunstancias que, de facto, es un retiro de utilidades; en vez de, con el mismo dinero subvencionado, en un plazo relativamente breve, adquirir el dominio y suprimir del todo ese gasto;".
El mismo Tribunal Constitucional, al cual algunos colegas le prenden velas y al que acuden cada cierto tiempo, fue demasiado categórico en materia de la Ley de Inclusión.
No quiero agotar esta discusión.
Por supuesto que aquí hay un mínimo de sensatez y aspectos razonables entre lo planteado por los señores Senadores.
Si me señalan lo relativo a la exención tributaria del 35 por ciento de la ganancia de capital -lo decía el Senador García-, por supuesto, es una gran cantidad de recursos, ¡cómo lo iba a poder enfrentar el sostenedor!
O una modalidad para hacer operativa la garantía de CORFO a fin de que entren los bancos. ¡Si eso había que hacerlo!
El problema es que se nos pasó la mano, que el Gobierno -mi Gobierno- fue más allá de lo solicitado. No sé si los técnicos del Ministerio de Educación, de la SEGPRES, de Hacienda revisaron los considerandos que acabo de leer del fallo del Tribunal Constitucional, que son demasiado categóricos; o sea, algunos podríamos incluso hasta hacer reserva de constitucionalidad, pero no lo haremos, señor Ministro.
Simplemente quiero mencionar que me hubiese gustado que el Gobierno, junto con este conjunto de beneficios, granjerías, regalías, royalty, exenciones tributarias, hubiera considerado asignar, para equilibrar la cosa, un conjunto de atribuciones a la Superintendencia en materia de fiscalización. De eso no hay nada. ¡Nada de fiscalización!, solo beneficios, porque aquí claramente se nos pasa la mano.
Entiendo que había que resolver la situación de las universidades que imparten pedagogía, pero queríamos solucionar el problema de los dos planteles nuevos. Entonces, tiene razón el Senador Rossi: ¿por qué permitimos que se sume otro establecimiento?
En relación con la adecuación de la Ley de Inclusión, estoy de acuerdo con ello.
Lo mismo sucede con el plazo para informar que dejarán de ser subvencionados. Habría que ver cuántos serán finalmente, porque muchos han amenazado. Para los que dejarán de ser subvencionados y pasarán a particulares pagados el plazo va de marzo a junio de 2017, porque el decreto salió tarde. Eso es superrazonable. Pero es muy diferente establecer un lapso de seis años y de hasta de diez años, finalmente, independiente de la cantidad de matrícula, y para todos. Y por si eso fuera poco, le agregamos un contrato especial de uso de infraestructura, que, en verdad, muy pocos colegios lo tenían a inicios de 2014. Yo pensaba: aquellos que lo poseían, bien, que lo mantengan porque es algo que se justifica, se requiere. Pero aquí permitimos ese contrato, que es un lucrito chico (no digo que todos vayan a lucrar, por supuesto, pero a veces se dice "hecha la ley, hecha la trampa") que van a utilizar, sin lugar a dudas -le apuesto, Ministro-, todos los sostenedores.
En definitiva, creo que aquí hay cosas que claramente están de más.
Comparto, sí, con el Senador Allamand que resulta preocupante que se pague con la subvención.
Dentro de todas las exenciones, beneficios tributarios que se le dan, se suma que un sostenedor hoy día no puede pagar como cuota más del 25 por ciento de los ingresos anuales. Si se excede, pierde la subvención. Con el proyecto en análisis puede llegar a pagar 30 por ciento con recursos de la subvención; o sea, ese establecimiento dispondrá solo de un 70 por ciento para pago de profesores, para fortalecimiento del proceso de aprendizaje, para todo el tema educativo.
Es cierto, tiene razón el Senador Allamand. La cuestión es que aquí estamos legislando para ordenar una anomalía. ¡Si no existe en ninguna parte en el mundo la fórmula aplicada!
Un Senador recién hablaba del crecimiento, que estos colegios particulares subvencionados pudiesen impactar en el crecimiento. ¡Pero si eso no existe en el mundo! ¡Si la educación es un derecho social y con los derechos sociales no se lucra! Y eso es lo que nos ha costado entender y lo que lamentablemente en esta discusión nos ha tenido en veredas completamente contrapuestas.
Por lo expuesto, señor Presidente, me abstengo.

El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Puede abrir la votación?

El señor LAGOS (Presidente).- Se ha pedido abrir la votación.

El señor BIANCHI.- Manteniendo los tiempos, eso sí.

El señor LAGOS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación, manteniendo los tiempos de intervención.

El señor BIANCHI.- Muy bien

El señor LAGOS (Presidente).- En votación general la iniciativa.
--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, soy de los Senadores que definitivamente apoyan esta reforma a la educación, la cual persigue generar la igualdad de oportunidades a que nos comprometimos con nuestro país, en especial con los sectores más vulnerables.
Pero también soy de aquellos Senadores que tienen una actitud autocrítica frente a una modalidad en la que, en mi opinión, no lo hemos hecho bien. Advertí hace un par de años, antes de que ingresara el proyecto, respecto de la necesidad de que la reforma educacional tuviese su acento y su prioridad en el fortalecimiento de la educación pública.
No fue así y hoy día nos encontramos con que hemos hecho una reforma a la educación poniendo la prioridad en cómo regulamos la educación privada y no invirtiendo más en la pública primero, como hubiese sido mi sugerencia y mi deseo.
No obstante, esta iniciativa viene a corregir algunas anomalías que contenía el texto original. Y yo voy a aprobar este avance, esta singular modificación que estamos introduciendo, porque tiene sentido de racionalidad.
Pero quiero precisar mi opinión respecto a dos temas.
El primero es que, en verdad, los recursos del Estado para acoger muchas demandas insatisfechas no son ilimitados. Al contrario, nos hallamos muy muy restringidos en recursos para atender requerimientos básicos, por ejemplo, en materia de agua potable, de educación pública, de salud. En este último punto, a pesar de los hospitales que estamos construyendo, nos encontramos ajustados respecto de la cantidad de profesionales y paramédicos que se requieren, es decir, en cuanto a recursos humanos.
Por tanto, destinar los escasos recursos del Estado, del Fisco a la adquisición de infraestructura educacional, que es privada hoy día, considero que ha sido un error y más bien un empeño ideológico de estatizar o de enajenar esos inmuebles con recursos que, en definitiva, va a invertir el Estado. Porque podríamos conseguir el mismo objetivo con el arrendamiento. Alguien dijo: "No, pero es que el arrendamiento es lucro".
Bueno, pero ¿al sostenedor privado no le vamos a pagar por sus servicios? Claro que sí.
¿Y cómo le pagaremos por sus servicios si también vamos a llamar lucro a esa situación? "Ah, no, solo hablamos de lucro cuando usted le paga de más". Bueno, ¿pero por qué va a pagar arriendos de más? ¿Por qué no regulamos bien ese aspecto? Eso tendríamos que hacer, y nos ahorraríamos mucha plata, la cual quedaría disponible para los gobiernos regionales, para las demandas locales, para las demandas en caminos, para las demandas en educación, para las demandas en salud.
Todavía es tiempo de corregir el proyecto y decir: "Dedíquense a educar, les vamos a fijar un tope de arrendamiento, los vamos a fiscalizar", de la misma manera como vamos a controlar los recursos con los cuales vamos a pagar los servicios educacionales. Porque los que sigan prestando los privados el Estado los va a pagar. ¿Y cómo lo hará? ¿Es o no es lucro? No, no es lucro.
Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con la infraestructura?
En verdad, nos hemos empeñado en una reforma que tiene un sesgo más ideológico de lo que quisieran las familias y los estudiantes de Chile.
Yo concuerdo con el Senador Rossi cuando sostiene que el arrendamiento es perfectamente compatible con la fiscalización del lucro, y nosotros debiéramos haber acogido tal fórmula.
El segundo tema se refiere a las tierras indígenas. Este es un debate que sostuvimos ayer en la Comisión de Hacienda, y lo hemos llevado a cabo antes con la Senadora Von Baer.
Pareciera que la iniciativa no permite que aquellos establecimientos educacionales que realizan su labor en terrenos indígenas puedan cumplir con las exigencias de la normativa en análisis.
En esa materia también tenemos algunas observaciones.
Hasta la víspera de esta sesión -y lo conversábamos con otros parlamentarios- la reforma no permitía, de ninguna manera, que un sostenedor pudiera transferir a su nombre, comprar, adquirir o arrendar a largo plazo terrenos indígenas.
Y eso es imposible de cumplir.
Sin embargo, asesoras de la Ministra de Educación hace un par de minutos me han hecho llegar los alcances de las enmiendas contenidas en la ley Nº 20.845, cuya modificación al artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, establece como requisito para impetrar la subvención escolar que la entidad sostenedora tendrá que acreditar, primero, que el inmueble en que funciona el establecimiento educacional es de su propiedad y se encuentra libre de gravámenes o, segundo, que lo usa a título de comodatario con un contrato inscrito en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente y de una duración de a lo menos ocho años, renovable por igual período.
Claramente, esa exigencia deja fuera de la posibilidad de cumplir con dicho requisito a todos los establecimientos que prestan servicios en tierras indígenas.
No obstante -y es lo que quiero relevar-, a continuación se señala que quedan exentos de esta obligación aquellos sostenedores a los que, por impedimento legal, no les sea posible adquirir la propiedad del inmueble en que funciona el establecimiento educacional o celebrar contratos de comodato, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero de la norma citada.
Es decir, el sostenedor queda exento cuando está ocupando tierras indígenas o cuando es objeto de un impedimento legal producto del cual no le es posible adquirir el inmueble en que funciona el establecimiento educacional o celebrar contratos de comodato.
Yo me quedo tranquilo, Senadora Von Baer, con esta disposición, porque todos los sostenedores que funcionan en tierras indígenas no están obligados a cumplir con esta exigencia. Se hace la excepción que habíamos conversado. Y, dado que ya está en la ley, no será necesario incorporarla en la iniciativa en análisis.
En consecuencia, me quedo tranquilo con esta disposición, pues con ella se resuelve el problema de los establecimientos educacionales que se encuentran en terrenos indígenas.
Con todo, señor Presidente, voy a votar favorablemente, dado que este proyecto implica una corrección a una ley que cuando la tramitamos no fuimos lo suficientemente acuciosos para escuchar algunas sugerencias sensatas o para modificar la iniciativa en términos de no generar tanto costo para el Estado y cumplir el mismo objetivo de una manera distinta.
Voto a favor.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, estoy por pronunciarme a favor de este proyecto de ley, pues básicamente enfrenta situaciones de riesgo, situaciones problemáticas. Ese es su sentido.
Creo que es bien importante tener claro que esta iniciativa no atenta contra ninguno de los principios con los cuales la Ley de Inclusión intentó modificar el sistema particular subvencionado en Chile.
El sentido de dicha modificación legal era redefinir el rol de los colegios particulares subvencionados, no terminar con ellos. La idea era ponerlos en calidad de colaboradores del Estado, como lo habían sido siempre -¡siempre!- en la historia de Chile desde el siglo XIX, y acabar con la existencia de un sector que solo se movía por el lucro.
¡El principal enemigo de que esos recursos se convirtieran en objeto de lucro fue Jorge Alessandri Rodríguez -lo repito otra vez- en el Consejo de Estado durante la dictadura!
Fin al copago; fin a la selección; fin al lucro.
Esos tres elementos se mantienen y el proyecto no los toca.
Esta iniciativa trata de resolver el problema de que el proceso de transferencia patrimonial genera miles de dificultades, por atraso de reglamentos, por falta de crédito bancario, por inconvenientes para establecer los precios, etcétera.
Yo estoy de acuerdo con modificar el plazo de los arriendos. Desde el comienzo, soy de aquellos que piensan que el arriendo no es lo mismo que el lucro. ¡No es lo mismo! En muchas actividades se efectúan arriendos. No se pueden confundir ambas cosas.
En el mundo actual, en que hay numerosos sistemas computacionales, yo invito a los colegas a que vean el sistema informático a través del cual el Ministerio de Educación controla los colegios regidos por el decreto ley Nº 3.166, en lo que se refiere al gasto, a los ingresos y a los excedentes. Es algo que funciona bien. Esa información está en línea y se sabe en detalle qué está ocurriendo. Es cierto, son solo 74 colegios.
Eso hoy día debe ampliarse al conjunto de los establecimientos, y también lo contempla esta iniciativa, pues hay que controlarlo.
La verdad es que el arriendo perfectamente podría ser permanente. El proyecto lo amplía a seis años.
En el camino podemos ver la necesidad de implementar un sistema como el que mencioné, sobre todo a mayor desarrollo de las capacidades para realizar un seguimiento de las contabilidades, para que estas irregularidades no ocurran.
Pienso que es más fácil controlar a los grandes que a los chicos, porque las contabilidades de los primeros, como se trata de varios socios, están sujetas a sistemas de exigencias distintos, en fin.
Sin embargo, confundir arriendo con lucro lleva a la necesidad de cambiar de propietario y a muchas otras cosas que al final, personalmente, no me parecen indispensables y es posible controlar.
Asimismo, concuerdo con las exenciones tributarias que el proyecto plantea. Y es lógico: la iniciativa exige ciertas obligaciones, lo que genera determinadas transacciones sujetas a impuestos. Entonces, el proyecto dice: "Dejemos a tales establecimientos exentos de esos impuestos".
Creo que eso está bien.
Por otro lado, acepto, pero me parece escaso, el tiempo -se corre de marzo a junio de 2017- para informar a los padres.
Creo que esto deberíamos pensarlo más. Los padres no pueden saber a última hora que el colegio va a cerrar o va a cambiar.
El Colegio Educadora Elena Rojas de La Florida decidió recién hace un mes decirles a los padres: "Nos vamos. Cerramos el colegio". Y los apoderados, los alumnos, los padres no tienen dónde buscar hoy día alternativas. Eso rompe comunidades, rompe historias y muchas otras cosas.
¿Cuáles son los riesgos del proyecto?
Yo le concedo al Senador Quintana que este conlleva riesgos, y hemos dicho que en las normas reglamentarias debemos asegurarnos de cerrar esos riesgos.
En primer lugar, es cierto que con los arriendos es posible especular, y algunos saben hacer chamullos. Pero debemos implementar sistemas que permitan controlar aquello. No tenemos que confiar. Debemos generar mucha conciencia y autorregulación para enfrentar esa situación, porque obviamente los avalúos, el valor que se aplica para establecer los arriendos es un tema importante, respecto del cual hemos de estar muy atentos, y la Superintendencia tendrá que asumir esta tarea adecuadamente.
Con relación a las exenciones tributarias, pienso que el riesgo está en que se incorporen bienes muebles o inmuebles distintos de aquellos que deban transferirse para que el colegio funcione. Esto lo revisamos en el debate habido en la Comisión. Es factible ampliar esta posibilidad y pueden eludirse impuestos. Por tanto, el mecanismo debe ser muy preciso, riguroso y controlado para que ello no ocurra.
Pienso que en general el proyecto es adecuado.
Comparto con el Senador Quintana que debemos preocuparnos de la fiscalización para que no se generen distorsiones.
El tema de la contabilidad completa y bien hecha, tal como propone esta iniciativa de ley, me parece fundamental.
Por último, quiero hacer una reflexión sobre el Estado.
Cada vez noto que el Estado que nosotros nos imaginamos es uno que debiera tener normas reglamentarias que vigilan hasta el detalle las cosas, en circunstancias de que el Estado solo debe preocuparse de que se cumpla ese marco rígido y homogéneo.
Chile es un país muy complejo. La educación también lo es, porque responde a diversas realidades.
La comuna de San Miguel -para que Sus Señorías sepan- no tiene nada que ver con la de Puente Alto, en términos del movimiento de la matrícula y de la oferta de establecimientos.
Entonces, a veces criterios que son válidos para una realidad no lo son para otra.
¿Por qué ligo esto al tema del Estado?
Nosotros necesitamos autoridades a las cuales les exijamos que cumplan, en las que confiemos y que pensemos que van a poder tomar decisiones diferentes de acuerdo a realidades distintas.
¡No es posible resolver todo vía leyes muy reglamentarias, porque eso impide que se tomen decisiones adecuadas!
Respecto del tema de las tierras indígenas, he conocido los colegios de La Araucanía y he dicho muchas veces -lo hemos conversado con el Senador García-: eso no tiene una solución y presta una función fundamental, pues no se relaciona con los particulares subvencionados, como el resto que conocemos.
Considero que debemos buscar soluciones apropiadas para realidades diferentes. En ese sentido, debemos pensar cómo mejorar el Estado para no tener que estar haciendo todo en forma homogénea y reglamentaria.
Dos cosas más.
Con relación a los funcionarios pertenecientes a los jardines VTF -lo planteaba la Senadora Muñoz-, aquí existe un compromiso que se estipulará por ley: van a tener, no quince sino los veinte días de vacaciones que les corresponden. A eso nos comprometimos. Y también van a tener en julio. Eso es lo que quiere el Ministerio, la Subsecretaria, la Vicepresidenta de JUNJI, etcétera. Y espero que mañana ese proyecto esté y lo aprobemos rápidamente.
Por último, algo que no tiene nada que ver con esta iniciativa, pero se ha tocado acá: los liceos de excelencia. Yo tendría mucho cuidado respecto de cómo vamos a tratar este asunto, porque avanzamos en un sentido. Dijimos que la selección no correspondía solo en beneficio de algunos y que tratáramos de que existiera diversidad, pluralidad, no esa selección y una distorsión del proceso.
Ahora se agrega un proyecto que mezcla selección con inclusión social. Está bien, pero tengamos cuidado: la selección de los alumnos de un colegio tiene que ver con ellos, con su desarrollo, pero también con el entorno. Si el día de mañana a mí me dicen que de los cincuenta colegios de un servicio local determinado debe haber uno o dos de excelencia, en los cuales se prueben materias, a los que vayan profesores de otros establecimientos a ejercitarse, que vayan vinculándose y se transformen en un factor de desarrollo para un subsistema local, considero que eso puede ser bien potente.
No estimulemos que solo importa lo que cada alumno por sí mismo desarrolla, sino a los alumnos a través de este denominado "Proyecto de Inclusión Social", pero también el subsistema local.
Considero fundamental pensar esto de otra manera.
Debemos terminar con la lógica de concebir la educación como la competencia de unos colegios con otros. Lo que importa es el desarrollo de los niños; lo que importa es la educación creativa que nuestro país necesita; lo que importa son los seres humanos, que tienen un desarrollo cognitivo, pero también uno no cognitivo.
Recuperemos una educación con valores y con otro sentido. Y un colegio de excelencia también debe ser de excelencia en valores, en sentido, en compromiso.
A mí me gusta mucho el Liceo Bicentenario de Puente Alto. El propio Senador Ossandón puede confirmarlo. Tiene un sistema de selección, pero ha tenido una forma de irradiar para el conjunto de colegios del sector, sobre el profesorado, sobre otros, que puede perfeccionarse.
Pensemos, por lo tanto, en una perspectiva local, de sistemas locales, más potente, pues tenemos grandes niños, grandes posibilidades, y debemos buscar otros estímulos para que la educación chilena tenga mucho mejor calidad, no por las pruebas SIMCE y estas cosas, sino por el desarrollo de los niños; que tenga mayor capacidad para aportar al desarrollo, pero también a un país más humano.
Yo voy a votar a favor, señor Presidente. Creo que el proyecto resuelve situaciones. Presenta ciertos riesgos que debemos prever, pero los resuelve.
Cuatro Senadores enviamos una carta. Y pienso que hubiera sido distinto el cuento si este proyecto se hubiese presentado hace seis, siete u ocho meses. Pero está ahora. Algunos también sostuvimos en el debate que era necesario tratar de otra manera los arriendos. En fin.
Hay que votar a favor el proyecto, y es lo que nosotros vamos a hacer.
Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, no sé cómo voy a hacer este planteamiento, dado que usted se encuentra en la testera. Tal vez voy a tener que decir "por su intermedio, el Senador Quintana".
Señor Presidente, muchos afirmaron que nosotros estábamos haciendo una campaña del terror. Y de hecho el Senador Quintana -por su intermedio, señor Presidente- lo dijo hoy día.
Nosotros planteamos que con la ley de fin al lucro, fin al copago y fin a la selección se iba a provocar que colegios particulares subvencionados pasaran a ser particulares pagados -como ha sucedido- o que simplemente cerraran.
Muchos dijeron que eso era una campaña del terror, e incluso algunos han sostenido que no se han cerrado establecimientos. Pero la razón por la que estamos discutiendo hoy día, en enero, rápidamente, casi sobre tabla, con "discusión inmediata", etcétera, este proyecto de ley -y lo expresó la señora Ministra- es justamente para evitar que cierren colegios. Si no existiera el temor o la realidad de que pueden cerrar, no tendríamos por qué estar discutiendo esta iniciativa.
Este proyecto, señor Presidente, es el reconocimiento del fracaso de la reforma educacional tal como la planteó la Nueva Mayoría al principio de este período presidencial.
Este proyecto, señor Presidente, se hace cargo de muchos de los temas que nosotros planteamos insistentemente. De hecho, es una marcha atrás en gran parte de la ley de fin al lucro, fin al copago y fin a la selección.
Y no solo es un reconocimiento y una marcha atrás. Lo han planteado los mismos Senadores de las bancadas del frente. De hecho, en algún momento me preguntaba cómo la Oposición iba a ser más dura que la propia Nueva Mayoría en los planteamientos que se estaban haciendo. Porque hoy día es difícil ser más duro que ella en los planteamientos que se le hacen al Gobierno.
Pero este proyecto no solo es un reconocimiento de que la reforma está mal hecha, sino que también es el reconocimiento de la incapacidad del Gobierno para implementarla.
Vamos por partes, señor Presidente.
Primero, en cuanto al fin al lucro.
Resulta que en esta iniciativa el Gobierno plantea aplazar el traspaso de los colegios particulares subvencionados a corporaciones sin fines de lucro porque -y leo la presentación que la señora Ministra hizo en la Comisión de Educación- el reglamento que debía dictarse para hacer realidad la designación de los peritos, etcétera, salió recién el 17 de diciembre de 2016, para algo que debía llevarse a cabo en marzo del 2017.
Por consiguiente, el mismo Gobierno reconoce que fueron incapaces -¡incapaces!- de sacar a tiempo los reglamentos para poder implementar la ley. Y es la razón por la cual hoy día tenemos que legislar, nuevamente de manera rápida, dado que el Gobierno ha sido incapaz de implementar su propia reforma.
Por otra parte, esta modificación aumenta los plazos para arrendar inmuebles entre personas relacionadas.
¡Cuánto discutimos este tema!
Nos dijeron que no, que no se podía arrendar, porque a través del arriendo se llegaba al lucro, que el lucro era lo peor para la educación y que, por lo tanto, el arriendo entre personas relacionadas era imposible. Y hoy día escuchamos, señor Presidente, desde las bancadas de enfrente, que los arriendos regulados están perfectos. ¡No hay ningún problema!
¿Por qué no lo aceptamos desde un principio? ¡Lo discutimos tanto! Desde el primer día en que se habló de una ley de fin al lucro nosotros dijimos: "Arriendos regulados". Pero no. Se dijo que aquello era imposible.
Tercero, señor Presidente, respecto del fin al lucro: una de las razones, que tantas veces se dio, para poner fin al lucro, era para que no se sacaran fondos destinados a educación a otro tema que no tuviese nada que ver con ella, de modo de evitar que esos fondos estatales se perdieran y, como digo, no se invirtieran en educación.
¿Qué hace la ley, finalmente? Porque los colegios ya están pagados. Aquí no tiene nada que ver el crédito del cual hablaba el señor Ministro, quien no se encuentra en este momento en la Sala. Él decía que esto se destinaba a crédito. ¡No! ¡Acá estamos hablando de autocompra! O sea, se trata de particulares subvencionados que ya son dueños de sus establecimientos. Y resulta que ahora hay que volver a comprarlos. ¿Cómo? Con la subvención. Este proyecto, entonces, permite llegar hasta un 25 o un 30 por ciento de la subvención para la autocompra, para volver a comprar colegios. O sea, estamos gastando 20 o 25 por ciento de la subvención, no en educación, señor Presidente, sino en comprar "ladrillos y fierros", como dijo en su momento el Diputado Bellolio.
¡Estamos gastando la plata para la educación, que es de todos los chilenos, en comprar ladrillos y fierros!
¡Eso es lo que estamos haciendo, señor Presidente!
Y estamos haciendo lo mismo que antes, aunque de otra manera: la plata quizás no se va al lucro, pero se va a la compra de colegios que ya están comprados.
Adicionalmente, señor Presidente, voy a leer la presentación de la señora Ministra, porque aquí se ha dicho que no se iban a cerrar colegios. Resulta que ella, en la Comisión de Educación, señaló que eran necesarias ciertas modificaciones, primero, en cuanto al límite del pago anual por concepto de compra de inmuebles con garantía del Estado, "con el objeto de evitar que una situación puntual determine el cierre de un establecimiento".
Si, como se ha sostenido acá, los colegios no están cerrando, no van a cerrar, que nosotros hicimos campaña del terror, entonces no entiendo por qué estamos legislando justamente para impedir que suceda lo que la señora Ministra señala en su presentación: que los colegios cierren.
Lo que estamos haciendo hoy día aquí, señor Presidente, con esta legislación, es impedir lo que ella ha manifestado: que los colegios cierren. Si no estuviéramos legislando hoy día en ese sentido, ellos cerrarían.
Por lo tanto, la campaña del terror no fue tanto del terror, sino, simplemente, anticipar lo que está sucediendo y que es la razón por la cual tenemos que legislar ahora.
Segundo punto, señor Presidente: fin al copago.
¿Cuántas veces dijimos que terminar con el copago significaba destinar menos fondos a la educación? Pero la consigna era "educación gratuita". Sin embargo ahora, que se incrementará la subvención por el aumento de las horas no lectivas, la Ministra argumenta -y esto corresponde al número 3 de su intervención- que eso afectará "el cálculo establecido para la disminución del copago, acelerando el término de éste, reduciendo" -y aquí está el punto- "los recursos efectivos de los establecimientos que aún se mantengan en dicho sistema".
¿Qué hace el fin del copago? La Ministra lo reconoce en su presentación: reduce los recursos efectivos de los establecimientos que todavía se mantienen en el sistema. Y es por eso que el aumento de la subvención de las horas no lectivas se saca. ¿Para qué? Para no disminuir, para no acelerar el término del copago -como ella señala- y, por lo tanto, para no reducir la inversión que se hace en educación.
Último punto, señor Presidente: fin a la selección.
En su momento -esto no tiene nada que ver con el proyecto de ley en análisis; por lo menos no todavía- argumentamos que la tómbola violaba el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos. Nos dijeron que no era así, que se estaba aumentando la libertad de los padres para elegir, de modo que no fueran los colegios los que "descremaran".
Pues bien, señor Presidente, resulta que en Magallanes se implementó este año la tómbola, y los padres y apoderados no están muy contentos.
Les voy a leer algunos testimonios.
Se dice: "Tenemos muchos papás con niños con capacidades distintas, que necesitan un colegio preparado y los colegios a que los envían aleatoriamente no lo están. Están enviando niños con discapacidad a cualquier establecimiento y niños que querían carreras técnicas, también".
Karin Quinchel declara: "Mi hija postuló al experimental y quedó en el industrial, y ella no quiere ir ahí, porque es un colegio donde hay carreras más de hombres".
Francisco Rivas, otro papá, expresa: "En este sistema algunos quedan y otros no. En el caso de mi hija, no quedó. En este momento está fuera del sistema". No tiene colegio, al igual que otros 220 niños. "La derivaron a un colegio público. En el colegio público todos sabemos los problemas, pros y contras que tiene la educación pública. Entonces, con qué derecho ellos" -el Estado- "están enviando a mi hija a un colegio de peor calidad. Al final, ellos" -el Estado, el Gobierno, la Nueva Mayoría- "están regulando hacia abajo y no hacia arriba".
No sé qué va a pasar con esto de la tómbola, pero pareciera ser que ahí también se necesitan adecuaciones.
Termino mi intervención, señor Presidente, aludiendo al tema indígena.
Solamente deseo decir que aquí el punto está en una injusticia tremenda: los colegios particulares subvencionados que no se encuentran en tierras indígenas pueden recuperar su inversión a través de la autocompra; los colegios particulares subvencionados que se hallan en tierras indígenas no pueden recuperar su inversión.
Eso, señor Presidente, es una injusticia tremenda hacia aquellos colegios particulares subvencionados de familias mapuches o que están en tierras indígenas.
¿Por qué ellos no pueden autocomprarse y los demás sí?
Es otra injusticia, señor Presidente, que espero que el Gobierno comprenda que no está solucionada y que quizás pueda solucionar en la Cámara de Diputados.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a continuación al Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, con relación al proyecto que vimos en la Comisión de Hacienda, aprobado por la Comisión de Educación y cuya exposición efectuó el Senador Ignacio Walker, se ha planteado, en las intervenciones que hemos escuchado aquí, que todo esto se previó, que se dijo que había un error y que, de repente, ahora se venía con una iniciativa para corregirlo.
Y me parece bien. Cuando alguien cree que se ha cometido un error o que algo no se ha hecho bien, es preciso corregirlo y no hay que sentirse humillado por eso. Al contrario: da mucha más presencia de responsabilidad.
Efectivamente, aquí se planteó -en lo personal, suscribí una iniciativa en ese sentido con el Senador Montes en su momento- el tema de los arriendos. Yo hice presente la necesidad de determinar, de una vez por todas, qué se entendía por lucro o no lucro. En mi opinión, el lucro que se desea evitar es aquel que permite obtener una rentabilidad abusiva o que utiliza recursos del Estado para lograr una ganancia indebida.
Yo preguntaba, en ese tiempo, qué pasaba con la persona que no tiene la infraestructura para prestar un servicio educacional y se la arrienda a un tercero -o sea, le paga un arriendo por ella- para desarrollar un colegio particular subvencionado. ¿Aquello no es lucro? ¿Por qué no buscamos una fórmula, como un arriendo regulado, para evitar todo lo que hoy día estamos tratando de solucionar?
Estoy seguro -y lo reconozco aquí, delante de todos, porque yo era partidario de ello- de que un mecanismo de ese tipo nos hubiera evitado este proyecto y muchos problemas. ¿Por qué? Porque la regulación del arriendo es perfectamente posible fijando una justa rentabilidad.
También coincidía en el tema de la compra de los establecimientos. ¿Por qué tenemos que invertir recursos para infraestructura cuando se puede establecer un arriendo regulado, con una rentabilidad correspondiente a un porcentaje del avalúo? Incluso, se planteaba que la rentabilidad justa fuera una del 11 por ciento del avalúo fiscal.
Pero no se hizo así y se optó por el mecanismo que hoy día estamos tratando de corregir y que, a mi juicio, aún no estamos corrigiendo. Yo espero que lo rectifiquemos y no tengamos que volver, en un próximo tiempo, a tener que abordar de nuevo esta materia.
Me parece muy bien que se contemple la capacidad de arriendo. Vamos a llevarla hasta diez años, según el caso, o hasta seis, según otros. Será una manera de solucionar el problema a medida que pase el tiempo.
Pero si un sostenedor viniera y me pidiera consejo, qué hacer frente a la posibilidad de vender que plantea el proyecto de ley que estamos aprobando, donde se elimina la ganancia de capital -es legítimo que así se haga, porque está obligado a vender-; con un bien raíz que se va a retasar para que haya un valor justo; con un crédito garantizado por el Estado a través de la CORFO, y con bancos que realmente respondan a estas exigencias y den los créditos, yo le diría a ese sostenedor: "Aquí está perdiendo el tiempo. ¡Venda! Recupere su patrimonio, su inversión, y luego siga gestionando el establecimiento, siga ejerciendo su vocación educacional -que es lo que seguramente sabe hacer- a través de una corporación jurídica sin fines de lucro". Así recuperará su dinero, que tendrá que poner el Estado. ¿Cuánto? 500 millones de dólares, según se dice aquí, para el fondo que se establece.
Pero bueno, no se ha seguido ese camino, y yo respeto lo que se ha decidido acá. Espero que el tiempo les dé la razón -ojalá así sea- a quienes han optado por este sistema y no por el que yo considero más adecuado.
Ahora, en cuanto al proyecto mismo, creo que el Gobierno hace bien en efectuar las correcciones del caso, como decía al comienzo. Lo peor sería permitir una situación de incertidumbre mayor que la que hoy día existe. Los sostenedores, por lo que yo he escuchado y por lo que he tomado conocimiento, estiman que las disposiciones que estamos aprobando solucionan en parte importante sus problemas en relación con la transferencia de los bienes del patrimonio a una persona jurídica sin fines de lucro. En cuanto al plazo para ello, me parece adecuado el cambio de cuatro a seis años.
Recuerdo que durante la discusión de este proyecto quienes sosteníamos la idea de hacer una excepción lo logramos para los recintos con menos de 400 alumnos. Nosotros éramos partidarios de hacerlo en forma general. ¡Bueno! No se hizo así, y hoy día tenemos que debatir esta iniciativa.
Espero que el proyecto en análisis realmente evite la ocurrencia de algo muy negativo: que por no corregir lo que teníamos que enmendar, durante este año escolar un buen número de establecimientos educacionales decidieran cerrar o transformarse de subvencionados a particulares pagados. En ese caso, los apoderados reclamarían por no darles una solución. No tanto los sostenedores, que ya en su tiempo plantearon sus propios reclamos.
Pienso que eso también se va a solucionar.
Insisto, el hecho de reconocer lo que uno cree que a lo mejor no se hizo bien no humilla a quien hace la corrección para que las cosas se hagan de mejor manera.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Recuerdo a los señores Senadores que también está con "discusión inmediata" el proyecto que declara feriado el 19 de abril (incluso, estuvo en tabla la semana pasada), y para su análisis nos acompañan el señor Ministro de Economía y la señora Directora del INE.
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención las diversas intervenciones. Y, palabras más o palabras menos, que lo dijimos o no lo dijimos, la verdad es que compruebo que a casi dos años de aprobada la Ley de Inclusión Escolar, y pese a su aplicación gradual en el tiempo, el país ya puede comprobar algunos de sus beneficios: más de 860 establecimientos han eliminado el copago y son ahora cien por ciento gratuitos; alrededor de 10 mil escuelas subvencionadas hoy destinan la totalidad de sus ingresos a fines educativos; 768 recintos han iniciado el trámite para ser instituciones sin fines de lucro; en Osorno, en Puerto Montt y en Castro más de 15 mil familias ya no se deben preocupar del copago del colegio de sus niños.
Por otra parte, pese a los anuncios catastrofistas que presagiaban un cierre masivo de colegios particulares este no se produjo y -como se ha dicho acá- los casos que se conocen son excepcionales.
Sin duda, la realidad ha demostrado la validez de los objetivos de la reforma educacional que ha impulsado este Gobierno: avanzar en la gratuidad y el término del copago; asegurar la inclusión y el fin de los mecanismos discriminatorios en la selección de los estudiantes, y acabar con el lucro en la educación, de manera que todos los recursos que el Estado asigna a la formación de niños y jóvenes vayan efectivamente a mejorarla.
En consecuencia, es perfectamente justificable -así lo ha dicho el Senador Zaldívar- que luego de una primera etapa de aplicación surja la necesidad de realizar algunos ajustes a esta nueva normativa, lo cual no cuestiona los principios de la reforma.
Por lo anterior, no puedo sino votar a favor de este proyecto.
Con todo, no quiero dejar de expresar mi preocupación porque, a poco de entrar al último año de gestión de este Gobierno, aún no aprobamos uno de los proyectos fundamentales de esta reforma: el que crea un nuevo sistema de educación pública. Es decir, mientras estamos aprobando correcciones a la reforma de la Ley de Inclusión -que en lo principal, cambió a la educación particular subvencionada- sigue pendiente la reforma inicial de la pública.
Mientras tanto, a nadie escapa que este último sector enfrenta una crisis que requiere una intervención urgente.
A propósito de los paros, del SIMCE, de la PSU y de los despidos de profesores, recurrentemente esta problemática escala a la opinión pública y queda la impresión de que no hay urgencia por cambiar las cosas. Pareciera que algunos intentan dejar morir a la educación pública.
Como señalé, aprobaré este proyecto que resuelve diversos problemas que enfrentan los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados. Sin embargo, llamo la atención acerca de que no nos olvidemos de la enseñanza municipal; pues, mientras diseñamos un cambio estructural creando los nuevos servicios locales de educación, nadie se hace cargo de las urgentes demandas de los actuales sostenedores públicos, que son los municipios, y la formación de los estudiantes más vulnerables del país sigue estancada.
Duele decirlo, pero se echa de menos una ley miscelánea para la enseñanza pública.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Ministra, que desde hace algún rato quiere hacer ciertas precisiones o correcciones.

La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Señor Presidente, me parece importante que no nos quedemos con cifras o con situaciones no estrictamente acordes a la realidad. Y, en ese sentido, quisiera hacer algunas aclaraciones, sobre todo respecto de lo planteado por la Senadora Von Baer.
Con relación al cierre de colegios, durante el año 2016 se cerraron 58, lo cual afectó a 5 mil 714 alumnos. Por la cantidad, estamos hablando de colegios más bien pequeños, y hasta el 2014 se cerraban más de 100 establecimientos anualmente. Lo que quiero demostrar es que ello está dentro de los rangos. Incluso, es un número menor al habitual.
Si nos hemos apurado con este proyecto es porque finalmente la propia Ley de Inclusión señala una fecha tope para esta situación: a fin de año. En consecuencia, queremos prever los distintos aspectos que pudieran afectarnos mientras está vigente el artículo transitorio. Y, cuando ya se llega a una etapa final, quisimos hacernos cargo de lo que plantearon claramente los Senadores y revisar esta situación.
Respecto a la selección, quiero decir que en Magallanes 3 mil 335 alumnos escogieron la primera o la segunda opción de colegio al cual querían ingresar, y solo 87 alumnos fueron asignados a recintos cercanos por no tener cupo en los colegios a los que habían postulado.
Solamente comparo este resultado con la frustración anual de muchos padres, miles a lo largo del país, que tocan las puertas de colegios a los cuales quisieran que entraran sus hijos, quienes nunca podrán hacerlo por A, B o C motivos. Eso no se contabiliza.
Entonces, estamos hablando de una situación que la ley previó, señor Presidente.
Durante este período el sistema se implementó solo en una región. Este año lo haremos en cuatro y, posteriormente, en todas las regiones del país. Justamente se realizó de esta forma para detectar cualquier corrección que el sistema necesitara.
Por lo tanto, revisaremos todo lo ocurrido en Magallanes. Pero quiero señalar que fue un proceso absolutamente exitoso, más allá de la situación de uno o dos apoderados que, por los requerimientos de sus hijos, necesitaban otro tipo de colegio. Tendremos que considerar que si se trata de un establecimiento especial solo opere para los que impartan esta enseñanza.
Respecto al copago, lo que se plantea en la ley es un mecanismo que no afecte los recursos con que contaban para funcionar los establecimientos. Porque, si ustedes recuerdan, cuando se dictó esta legislación se señaló que en la medida que aumentara la subvención disminuiría el copago.
Lo que proponemos es que el incremento que se dará a los recintos educacionales en virtud de la carrera docente, es decir, el plus respecto a los profesores, no se considere como un aumento de subvención para que no disminuya el copago, dado que aquel lo van a gastar en la mejora de las condiciones de los docentes. Es decir, queremos mantener el principio y el acuerdo que dispuso el Gobierno en su momento para no perjudicar a ningún establecimiento frente a los recursos que se manejen.
Finalmente, señor Presidente, sobre el tema de las tierras indígenas, respecto a lo cual se ha planteado una preocupación, quiero partir por lo positivo.
En tierras indígenas hay 20 sostenedores mapuches cuyos colegios ya han pasado a transformarse en sin fines de lucro. Nosotros calculamos que, aproximadamente, no debe haber más de 20 sostenedores huincas en tierras mapuches.
Por lo tanto, si bien aquí está previsto lo que ha señalado la ley, en términos de que cuando no hay otra opción no se hace responsable al sostenedor y no se realiza un cambio, debo señalar que, de todas maneras, vamos a conversar sobre esto. No son numerosos los casos involucrados, pero veremos si con las normas de la CONADI despejamos absolutamente las dificultades que afectan a un número muy menor, muy menor, de sostenedores. Y, si no fuese así, se harán las correcciones del caso. La idea es no perjudicar a ningún sostenedor.
Respecto a lo señalado por la Senadora Von Baer, quien ha vuelto a la Sala, me gustaría muchísimo entregarle formalmente las cifras que aquí hemos dado a conocer y que tienen que ver con cierre, selección, copago y tema indígena, que son los cuatro puntos que se han planteado.
Eso no más, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Gracias, señora Ministra, por las rectificaciones que ha formulado, que es lo que puede hacer en plena votación.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, el proyecto de ley que hoy día se somete a nuestra consideración efectivamente trata de resolver algunas dificultades que contemplaba inicialmente la Ley de Inclusión Escolar, respecto a la cual, como es sabido por todos, nuestro Ministro Eyzaguirre -hoy día presente en la Sala- pronunció una célebre frase sobre los estudiantes con patines y los estudiantes sin patines.
Pero lo cierto es que...

El señor EYZAGUIRRE (Ministro Secretario General de la Presidencia).- ¡Yo dije "corredores"! ¡Nunca hablé de "estudiantes con patines"!

El señor CHAHUÁN.- Muy buena la aclaración que hace el Ministro, con mucho cariño: ¡corredores con patines y corredores sin patines!

El señor PROKURICA.- ¡Ese fue un patinazo...!

El señor CHAHUÁN.- Lo cierto es que el proyecto de ley busca equiparar los plazos para la compra de infraestructura de los establecimientos y contempla incentivos para su traspaso a recintos sin fines de lucro y la autocompra de infraestructura. Además, se modifican las condiciones de operación del Fondo de Garantía de Infraestructura Escolar para garantizar procesos de compra de inmuebles educacionales; se especifica que el aumento de subvención originado por el incremento de las horas no lectivas no se contabilizará para descontar el copago, y se regula la creación de nuevos programas de Pedagogía.
Este tema es bastante complejo. La Ley de Inclusión se basa en el diagnóstico de que en los colegios particulares subvencionados se recibe el copago que realizan los apoderados para ir mejorando la calidad de la educación de sus hijos. Porque hay que tener presente un principio rector: los padres saben dónde se encuentra la mejor enseñanza para sus hijos, más que el Estado.
En tal sentido, la Ley de Inclusión efectivamente ha generado algunas dificultades. Las primeras dicen relación con los problemas para el cambio de la personalidad jurídica y el rechazo a la solicitud de crédito para la compra de bienes inmuebles.
Me ha tocado ver a innumerables sostenedores que han tenido dificultades para conseguir créditos hipotecarios, básicamente porque hoy la banca no genera ese tipo de créditos para educación. También se conocen los primeros efectos de la imposibilidad de seleccionar y de expulsar a los malos alumnos, lo que también es una complicación.
Esos son tan solo algunos ejemplos de los obstáculos que han encontrado cientos de sostenedores para poder cumplir con la nueva normativa.
Teniendo en cuenta lo anterior, tal como se comentó en la relación, el proyecto soluciona algunos problemas que se generaron en la aplicación de la ley. Sin embargo, esta sigue manteniendo su esencia y, por tanto, continúa afectando el desarrollo del sistema.
Deseo señalar claramente que sería distinto si acá tuviéramos un Estado que, en tiempo y forma, pudiera hacerse cargo finalmente de la adquisición de estos establecimientos.
¿Qué se entiende cuando se tasa un recinto educacional? ¿Qué pasa con las mejoras en infraestructura? ¿Qué ocurre con los campos deportivos? ¿Qué pasa con las piscinas temperadas de que disponen muchos colegios particulares subvencionados?
Quiero contarles que hoy día en mi región hay decenas de colegios particulares subvencionados que representan una oferta educacional. Por ejemplo, en Reñaca Alto tenemos cuatro establecimientos de esta naturaleza, cuyo copago, señora Ministra -por su intermedio, señor Presidente-, es cero. ¡Copago cero! Además, cuentan con piscinas temperadas, canchas de fútbol profesional, y disponen de todas y cada una de las condiciones necesarias.
¿Qué dicen ellos? "Mire, acá tengo el capital de toda mi vida" "¡El capital de toda mi vida!"
Y cuando vaya un tasador del Ministerio a ese colegio, ¿cómo lo va a hacer? ¿Va a tasar todas esas obras, todas esas mejoras? ¡No! Solamente lo indispensable para producir o generar educación.
Entonces, tenemos un problema, que dice relación con que se les están cortando las manos a quienes hacen educación con mejores niveles que la municipal.
Nosotros echábamos de menos que finalmente la necesidad de potenciar y fortalecer la enseñanza pública llevara, o bien a darles a los municipios los recursos que requieren para hacer gestión educacional de verdad, o bien a desmunicipalizarla. ¡Esa era realmente la disyuntiva!
Porque, hasta ahora, nadie puede sostener que el proceso de municipalización ha sido exitoso. Y no lo ha sido.
Hemos conversado, junto con el Senador Allamand, con varios alcaldes de mi región ad portas de la votación la próxima semana del proyecto de ley sobre desmunicipalización, y ellos nos han dicho: "¿Saben? No estamos dispuestos a entregar los colegios".
Y le quiero decir, señora Ministra -por su intermedio, señor Presidente-, que se trata de alcaldes de distintos signos políticos.
¿Y por qué lo dicen? Porque saben que han hecho un esfuerzo importante para generar una educación de calidad, y cuando finalmente lleguen esas 68 agencias -que serán descentralizadas, del Estado-, ¿a quién van a reclamar por la mala calidad de la enseñanza? ¡Al alcalde, de nuevo!
Tendrá que haber un cambio cultural para advertir que ya no depende del municipio la calidad de la educación que entrega el colegio de esa comuna, sino que depende de un agente que, además, tiene a su cargo cuatro o cinco municipios, de modo que se halla alejado de la realidad comunal.
Asimismo, el colegio municipalizado representa a una comunidad que, además, interactúa con el alcalde.
Entonces, tenemos un problema de envergadura, que no se va a resolver por medio de esta iniciativa legal. Esta me parece positiva porque al menos concede más plazo. Sin embargo, el problema se presentará la próxima semana, cuando debamos discutir los asuntos más bien de fondo.
Señor Presidente, me gustaría que la Ministra de Educación consultara a los alcaldes, de distintos signos, si están o no dispuestos a entregarle la enseñanza de los niños de su comuna a una agencia no emplazada en su territorio.
¿Qué conexión tienen los niños de Concón con los de Puchuncaví, de Quintero o de Viña del Mar?
¿Dónde están los proyectos educativos?
¿Dónde está la consulta que el Alcalde de Concón quiere hacer, por ejemplo, respecto a ser una comuna orientada al turismo y a la gastronomía? ¿Será posible que alguien sentado en un escritorio en Viña del Mar tenga igual importancia, para los efectos de los establecimientos educacionales, que los funcionarios de Concón, Puchuncaví o Quintero?
Esas son las preguntas que tendremos que responder la próxima semana, cuando se debata en serio qué vamos a hacer con la educación pública y cómo la vamos a fortalecer.
Por de pronto, hoy día vamos a aprobar este proyecto, porque, a mi juicio, es la solución menos mala a efectos de dar más tiempo con el fin de que, en definitiva, se tomen las medidas para que los colegios particulares subvencionados que opten por la gratuidad tengan efectivamente los plazos necesarios para transformarse en corporaciones o en asociaciones sin fines de lucro.
Entonces, el debate que se va a dar la próxima semana será central.
Yo todavía no escucho ni leo una palabra respecto de la revolución en el aula.
Está bien, transformaremos estas agencias, que finalmente van a absorber la posibilidad de que los municipios administren sus colegios, pero ¿dónde está la revolución en el aula? ¿Cuál es la diferencia significativa en materia de calidad en la educación? ¿Cómo mejoraremos las condiciones para que esos alumnos de colegios hoy municipalizados, mañana del Estado, nivelen su calidad?
Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Y qué nos dicen los alcaldes, de distinto signo político?
Señora Ministra, ellos nos dicen: "Ahora que sí tendremos subvención por gratuidad, ahora que sí contaremos con recursos, nos quieren quitar la educación".
¡No, pues!
Entonces, o se opta por la municipalización en régimen, con los recursos necesarios para que los municipios se hagan cargo, con calidad y formación adecuadas, pasando también a fomentar la educación técnica; o se opta por una educación pública a cargo de un órgano descentralizado, una agencia capaz de poner énfasis en la calidad.
Esas son las materias del debate de fondo que haremos la próxima semana.
Por de pronto, nosotros aprobaremos este proyecto, porque considero que es la solución menos mala, aun cuando los colegios particulares subvencionados siguen reclamando espacio.
Aquellas personas que están ultraendeudadas por los establecimientos educacionales que construyeron se encuentran en la más completa incertidumbre en cuanto al retorno de las inversiones en sus emprendimientos...

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Senador señor Chahuán, estamos tratando de no ocupar todo el tiempo porque viene el proyecto del feriado para la realización del Censo.

El señor CHAHUÁN.- Le pido treinta segundos más, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Conforme, Su Señoría.

El señor CHAHUÁN.- Simplemente quiero decirles que gran cantidad de los emprendedores en educación particular subvencionada, tal como lo debatimos en su oportunidad, son profesores.
Acá no hay multinacionales a cargo de los colegios. Ellos están a cargo de un profesor o un grupo de profesores que decidieron realizar un emprendimiento. Acá existe una vocación. Y muchos de ellos hoy día se hallan sobreendeudados. Los bancos no les entregan créditos y tampoco tienen cómo refinanciar sus emprendimientos. Finalmente, están contra la espada y la pared.
En virtud de esta iniciativa de ley, por lo menos les estamos dando un poco más de tiempo.
Esperemos que el debate que se dará la próxima semana sea con altura de miras y que entendamos que no necesariamente el Estado será un mejor administrador que los municipios.
Quienes pueden tomar de mejor forma las decisiones respecto de cómo educar a sus hijos son los padres. Por eso hemos respaldado con tanta fuerza a la CONFEPA y a otros que han marchado en las calles.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, había una vez unos ministros de Educación que incentivaban a destacados maestros o maestras a cumplir su sueño de tener una escuela, un colegio.
Y si siguiéramos narrando esa historia, tendríamos que decir que esos ministros tuvieron éxito, gracias a su poder de convencimiento. Ellos les decían a algunos maestros: "¿Por qué no te metes en un crédito?" "¿Por qué no inviertes?" "Están dadas todas las condiciones".
Efectivamente, el Estado de Chile había abandonado la educación. En la década de los ochenta, luego de la municipalización, el Estado jamás -¡jamás!- financió el cien por ciento de la educación pública.
Y la educación pública fue sobreviviendo en la medida de lo posible en todos estos largos años. En paralelo, esas maestras y maestros, motivados, incentivados por algunos ministros de la época, lograron tener sus, comillas, "emprendimientos", sus establecimientos de educación, y fueron exitosos.
Hace poco -y también asumo mi responsabilidad- dimos otros pasos. Algunos creímos que esos pasos permitirían entregar una mejor educación a los niños de nuestro país. Pero claramente no fue así. Y la razón es muy simple: estamos en el mundo al revés. Es decir, en el mundo donde las piedras flotan y los corchos se hunden: todo es al revés.
¡Sin lugar a dudas, debimos haber potenciado la educación pública! ¡Lo primero que se debió hacer es lograr una extraordinaria calidad en nuestra educación pública! Pero no. Lo que se hizo fue quitar las patinetas, desacelerar la forma en que los colegios particulares subvencionados venían brindando una buena educación.
En ese contexto, aparecen jóvenes políticos emergentes que pusieron de rodillas al país en esta materia, personas que nunca en su vida han trabajado un solo día, entre otras cosas. Salieron de la universidad y llegaron directamente al Congreso.
Yo asumo mi responsabilidad. Y empezamos a escuchar que el tema del arrendamiento resulta inaceptable porque ¡es lucro! Claro, si el lucro está prohibido en la educación superior. Jamás fue una materia relevante en este tipo de educación.
Y se hicieron todas las transformaciones y reformas para lograr que la educación particular subvencionada comenzara a tener los riesgos que hoy día, en este mismo proyecto, estamos observando.
Es cierto: estamos dando más plazos para la transformación. Pero no hemos hecho lo primero que debimos hacer: cambiar la educación pública, dejarla al nivel de la educación privada subvencionada. Para que, en definitiva, la mamá, el papá no tuviera dudas en llevar a su hijo a un colegio público, porque sería tan bueno como el particular subvencionado.
Eso no ha ocurrido. Y, desgraciadamente, tampoco ocurrirá, porque -lo dijo el Senador Chahuán- la próxima semana discutiremos el proyecto de ley de esta nueva educación pública, pero con una incertidumbre total...

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- La desmunicipalización.

El señor BIANCHI.- Efectivamente.
En el caso de las corporaciones, por ejemplo, tenemos una incertidumbre absoluta, total respecto de quién será el nuevo empleador, cómo se va a traspasar a un asistente de la educación, a una profesora, a un profesor, a otro empleador, porque ya no será el mismo.
¿Se les reconocerán los años de servicio, todos los años trabajados? ¿Se volverá a recontratar a esa persona que trabaja hoy día en una corporación? ¿Qué ocurrirá con eso? ¿Cuánto dinero cuesta?
No sabemos nada, absolutamente nada, sobre cómo se llevará adelante dicho proceso. Pero, efectivamente, votaremos la desmunicipalización en los próximos días.
Entonces, yo, que apoyé todos estos proyectos de la Presidenta Bachelet, que participé con mi voto, que creí en esta reforma, hoy tengo el legítimo derecho de señalar que hubo información que hoy día uno la puede entender de manera distinta. No visualicé el daño que se produciría en la educación. Y veo a mamás y a papás apoderados muy preocupados, que dicen: "¡Cómo voy a llevar a mi hijo a ese establecimiento público! Mejor haré todo lo posible por dejarlo en el colegio donde estaba. Antes ahí pagaba menos y ahora se transformó en privado. Pero estoy dispuesto a realizar ese esfuerzo con tal de no entregarle una peor educación a mi hijo".
Nada se ha hecho nunca -¡nunca!- con el propósito de mejorar la calidad de la educación. Ya nos hemos olvidado de eso.
¡Nos olvidamos de la calidad de la educación, señor Presidente!
Estamos legislando sobre otras cosas: cambiando los plazos; permitiendo que los colegios particulares subvencionados puedan transformarse en el tiempo próximo para optar a la gratuidad.
Pero eso no resuelve el problema de fondo.
Por lo menos esa es mi óptica hoy día; esa es mi crítica y mi autocrítica acerca de lo que debimos haber hecho mucho tiempo atrás: avanzar en la calidad de la enseñanza; poner en el primer lugar a la educación pública, para que ninguna persona, ninguna familia dude de llevar a su hijo a un establecimiento público, porque este debiera tener la misma calidad que un colegio particular subvencionado.
Digo esto sin ninguna alegría. Si bien efectivamente yo participé en su momento con mi voto a favor, en vista de todo el proceso que se ha desarrollado y el tiempo transcurrido, creo que es bueno y sano efectuar la autocrítica y advertir que la situación está avanzando, ¡y no para mejor!
Mi preocupación, señor Presidente, al final de mi intervención, es no saber qué va a pasar con la desmunicipalización de la educación; qué proyecto nos va a traer el Gobierno; cómo se va a financiar a esos miles de miles de maestras, maestros, asistentes de la educación y profesionales que hoy día trabajan en las corporaciones municipales; en qué condición van a quedar; cuál va a ser su situación laboral; qué se va a resolver respecto del reconocimiento de los años trabajados.
¿Hay algo de eso? Si alguien lo sabe, sería bueno que nos lo diera a conocer. Yo no dispongo de información al respecto.
Creo que ninguno de los presentes aquí tiene la certeza absoluta de si va a existir o no un reconocimiento a los años que han laborado esas miles de personas en las corporaciones municipales que serán traspasadas a otro empleador. Es del todo necesario aclarar esa situación.
Voto favorablemente este proyecto de ley del Gobierno, pues, por lo menos, permite perfeccionar algunos instrumentos legales. Pero es bueno que el Ejecutivo reconozca que se debe cambiar el rumbo en esta materia.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Quedan cinco Senadores inscritos. Si todos ocupan su tiempo completo, vamos a estar muy complicados para tratar el proyecto que debemos ver a continuación.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, escuchando a la Senadora Ena von Baer, uno podría decir que la Oposición busca anotarse un triunfo con este proyecto de ley.
Ella señaló: "Este es el reconocimiento del fracaso de la reforma que ustedes enviaron; es el reconocimiento de que lo que nosotros dijimos era totalmente efectivo; es una marcha atrás en la ley que presentó la Nueva Mayoría".
Lo he sostenido desde un inicio: la Derecha ha enfrentado la discusión sobre la reforma educacional desde una perspectiva altamente ideológica, no desde la óptica del estudiante o de la calidad educativa. Persiste un sesgo ideológico cuando dicho sector no quiere asumir que el Estado puede cumplir un rol fundamental en materia educacional, como lo hace en Finlandia y en la mayoría de los países miembros de la OCDE.
El papel del Estado es esencial para garantizar la calidad de la educación y para regular el sistema, que, por cierto, es mixto.
Esta iniciativa de ley busca perfeccionar y flexibilizar normas que se habían impuesto a nuestro modelo educacional, respecto del cual existía una profunda desconfianza.
Frente a la pregunta de por qué la reforma se hizo como se hizo, le contesto a la Senadora Von Baer -aunque no está ahora en la Sala, señor Presidente-: porque había una profunda desconfianza en los actores, que convirtieron la educación en un gran negocio; porque con las platas de la subvención la mayoría de ellos compró los establecimientos educacionales.
Hoy día estos volverán a ser comprados y con esos mismos fondos, esta vez para personas jurídicas, no naturales. De este modo el Estado va a adquirir por segunda vez lo que ya se había comprado con la subvención. ¡Eso es lo que hay: una segunda compra del mismo establecimiento!
Se propone que los arriendos regulados se mantengan por un período de hasta diez años -señora Ministra, no hemos tenido posibilidad de ver el proyecto en su conjunto-: se amplía a seis años la norma general, con la opción de cuatro adicionales, para extender los contratos entre entidades relacionadas.
No nos engañemos entre nosotros: la gran duda o crítica que había era que muchos sostenedores sacaban el dinero de la subvención a través de entidades relacionadas; es decir, tenían sociedades a las cuales les compraban servicios. Ese era el mecanismo que utilizaban para lucrar en un ámbito donde el lucro estaba prohibido, aunque igual se desarrolló.
Hago presente que la campaña del terror, que muchos anunciamos, sí funcionó. Muchos sostenedores se asustaron sin saber por qué y tuvieron una reacción, por cierto, adversa.
Quiero recordar que asociaciones de sostenedores conversaron conmigo en mi Región. Se les dijo que, por aplicación de la reforma educacional, ¡los colegios iban a cerrar! El primer año no solo no cerró ninguno, sino que se abrieron 135 establecimientos particulares subvencionados.
Entonces, el conjunto de facilidades y flexibilidades que hoy día se otorga solo busca garantizar que no queden niños sin colegio. ¡Porque esa es la amenaza!
Aquí se ha intentado poner al Estado de rodillas sobre la base de un argumento: si cierran los particulares subvencionados, no habrá capacidad operativa para reemplazarlos de inmediato. Porque la educación ha estado desde 1980 -y de manera progresiva- en manos de particulares subvencionados y de los municipios, los cuales han sido absolutamente ineficientes para administrar el sistema.
Por eso se proponen más facilidades. ¡Bien!
Confío en que los sostenedores entenderán que se espera de ellos eso que la reforma busca: calidad, cumplimiento de la ley e inclusión de los niños más vulnerables.
En definitiva, hoy día se ofrece a aquellos regalías que ningún otro actor del quehacer económico nacional que yo conozca recibe: exención del impuesto de ganancia de capital entre el 2020 y el 2023; exención del pago de IVA para el traspaso de inmuebles, y aportes y donaciones realizadas hasta el 30 de junio de 2023 libres de gravámenes. Todo ello, para que los sostenedores puedan cumplir la exigencia legal de pasar de ser propietarios privados a corporaciones sin fines de lucro.
En ese sentido, el proyecto avanza.
Para pagar la compra de inmuebles los sostenedores van a poder contratar créditos, los cuales estarán garantizados por la CORFO.
Estuvimos conversando con personeros de la CORFO para pedirles que garantizaran otras actividades, ¡y nos dijeron que no! ¡Los mineros de Curanilahue estuvieron 42 días en el fondo de la mina! Pese a ello, la CORFO se niega a disponer de mecanismos que puedan aplicarse en situaciones de importancia extremas, como la referida.
¡Y va a haber un Fondo de Garantía de Infraestructura Escolar de 400 millones de dólares!
Además, se propone extender el porcentaje de la cuota de los ingresos anuales como tope para pagar el crédito: de 25 a 30 por ciento.
¿Y con qué se cancelará? Con la subvención.
Veo que aquí se está permitiendo -no está la Senadora Von Baer en la Sala- a los sostenedores (a pequeños sostenedores, quienes suelen ser profesores) pagar ¿con qué? Con la plata de la subvención, no con dinero de su bolsillo. ¡Y en buena hora! Porque muchos de ellos han hecho una tarea realmente encomiable y merecen continuar administrando sus establecimientos.
En definitiva, se ha intentado facilitar las cosas para que continúen con un destino distinto. Se busca que la gratuidad vaya de modo parejo con la calidad. Gratuidad y calidad debieran ser una misma cosa.
En ese sentido, era esencial eliminar un incentivo perverso: el lucro, criterio que ha atravesado la educación chilena los últimos cuarenta años y deteriorado mucho la educación pública.
Señor Presidente, me voy a abstener en esta votación.
Con relación a la educación pública, espero que, cuando discutamos acerca del fondo de la desmunicipalización, tengamos las reglas claras. En el modelo que se nos plantee, será necesario saber qué va a pasar con quienes se retirarán y qué ocurrirá con la administración central. Tengo dudas respecto de ello. Ya llegará el proyecto de ley para poder evaluarlo.
Frente a un discurso odioso de la Oposición, que se ha opuesto siempre a las reformas, que ha vestido la educacional como una amenaza, que la ha ideologizado, deseo decirles que el Gobierno accedió con la iniciativa que nos ocupa.
¡Triunfó Walker!, uno de los principales opositores dentro de la Nueva Mayoría a la reforma educacional. Lo dijimos: aquí los mayores problemas han estado dentro de la Nueva Mayoría, más que en la propia Derecha.
Y no critico la posición política; solo señalo que este Gobierno se comporta de manera diferente según el apellido del Senador que hace la crítica. Porque si se trata de un apellido que tiene historia, que corresponde a una familia conocida y que forma parte de un gran partido, entonces la crítica es válida, todos callan y luego ceden. ¡Y acá no ha pasado nada!
Cuando efectuamos la crítica desde otra perspectiva, fuera del Gobierno, desde la Izquierda, desde la ciudadanía, esta es descalificada.
No me voy a sumar al rechazo de este proyecto, pues creo que hay que avanzar, aunque nos demoremos más (seis a diez años).
Espero que a propósito del proyecto que crea el sistema de educación pública, conocido inicialmente como de desmunicipalización, tengamos la posibilidad de avanzar de manera decidida en el fortalecimiento de aquella.
Esto puede contribuir a que haya menos dudas y a que los sostenedores particulares se dediquen a lo queremos: a la educación, a la calidad. Y no a través de la selección de los mejores alumnos. Porque, en tal sentido, no son buenos los colegios, sino los estudiantes.
En ese ámbito, todos esperamos que el proyecto pertinente avance, aun cuando haya que reformar la reforma.
Señor Presidente, la resistencia que hemos observado respecto de esta iniciativa tiene mucho de ideología y de economía, pero poco de pedagogía.
Espero que lleguemos a la pedagogía; a la reforma dentro del aula, la cual, ciertamente, se está discutiendo y ya viene.
Ojalá que sobre el particular haya una discusión de verdad, mucho más profunda.
Por ahora, en cuanto a los particulares subvencionados: más tiempo; mayor flexibilidad; no pago de impuestos, ley de donaciones, mayores posibilidades de cancelación del crédito garantizado por el Estado. Todo ello tendrá que ser fiscalizado, para que no haya abuso.
Porque, en verdad, uno dice: "No. Se desconfía de ellos".
¡No! Desconfiamos de quienes puedan vulnerar la ley como lo han hecho durante tanto tiempo y con mucha impunidad (alterando la lista de clases, efectuando gastos inocuos con otros fines, etcétera).
Se trata de una desconfianza que ha quedado instalada, la cual ojalá despeje esta iniciativa, para que los buenos sostenedores, aquellos que tienen convicción y vocación, hagan uso de la ley de manera adecuada.
Así lo espero, señor Presidente, por el bien de la educación pública, por la confianza que debemos tener en quienes educan a nuestros hijos estando en el sector privado, en el subvencionado y en el público.
Lo que viene del ámbito público lo quiero conocer. No todos hemos podido seguir la tramitación de este proyecto, que ha tenido los tropiezos que hemos visto.
Ojala que cuando se discuta esta iniciativa cada cual plantee claramente su posición.
Me gustaría saber qué piensan la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, la UDI, el PPD, y que podamos llevar a cabo un debate no ideologizado, sino franco y verdadero.
Me abstengo, señor Presidente.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Quiero saludar a una delegación de profesores que se encuentran en las tribunas y que conforman mis ex compañeros de la Universidad Católica de Temuco.
¡Muchas gracias por acompañarnos!
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en verdad, este proyecto tiene un solo y claro propósito: corregir algunos de los muchos errores que tuvo la mal llamada "Ley de Inclusión", la cual más bien buscó excluir a los establecimientos particulares subvencionados de la tarea educativa.
Aquello me parece interesante, pues no solo lo han dicho los Senadores Von Baer y Allamand, sino también los Honorables señores Zaldívar y Bianchi, quienes desde distintas miradas advirtieron que dicha normativa contenía bastantes fallas.
Lo malo es que cuando se hizo presente la existencia de tales errores, no se escuchó. No se oye, padre, a las críticas que la Oposición efectúa, porque quizá el problema más central del actual Gobierno es que estas reformas medulares que promueve, que son parte del corazón del Programa de la Nueva Mayoría, están imbuidas de un sesgo ideológico que torna muy difícil el diálogo.
Entonces, al plantearlas en esa perspectiva, no se avanza.
Esto ha ocurrido no solo en las reformas educacionales, sino también en la reforma laboral, por no mencionar otras cuestiones más, como el establecimiento de una nueva Constitución, respecto de lo cual las personas manifestaron -la participación ha sido poca, modesta- que la asamblea constituyente no era su prioridad.
¡La gente se lo señala!
Pero la obsesión ideológica muchas veces impide que el diálogo sea factible.
Creo que aquello se encuentra retratado en la famosa frase del Ministro Eyzaguirre, quien se halla presente en la Sala. Y la voy a recordar, pues casualmente la tengo aquí.

El señor MONTES.- ¡No es necesario...!

El señor LARRAÍN.- ¡Para que la recuerde también el Senador Montes, es necesario mencionarla...!
Dijo el referido Secretario de Estado: "Lo que tenemos actualmente es una cancha enlozada. Un jugador va corriendo con patines de alta velocidad y el otro va descalzo. El descalzo es el de la educación pública. Entonces, me dicen, ¿por qué no lo entrenas más, por qué no le das mejor comida al que va descalzo? Bueno, porque primero tengo que bajar al otro de los patines".
Señor Presidente, yo diría que esa filosofía refleja el corazón del pensamiento socialista, que busca la igualdad entre las personas, pero no hacia arriba, sino que hacia abajo. Porque lo que importa es la igualdad. Es más difícil que la gente que está más abajo suba: es más fácil bajarlos a todos.
A mi juicio, eso es lo que nos causa tanto daño.
Aquí había que desvestir a la educación particular subvencionada, y no mejorar la educación pública escolar.
Es lamentable: llevamos casi tres años de este Gobierno, ¡y no se ha hecho absolutamente nada por la educación pública!
El único proyecto que hemos aprobado es el de la carrera docente, el cual valoramos. Pero la ley empezará a regir recién, y se va a aplicar, porque nuestro país está en quiebra, en muchos años más. Vamos a dejar endeudado al próximo Gobierno para pagar los compromisos adoptados a propósito de dicha iniciativa.
Con todo, se trató de un buen proyecto. Así que, no obstante la situación descrita, no lo estoy cuestionando.
¿Pero cómo está la educación pública hoy día? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Ha cambiado en algo luego de la gestión de este Gobierno y de la reforma planteada? ¡Cero mejoramiento! Sigue creciendo la educación particular subvencionada, a pesar de todo lo que se ha dicho.
Entonces, por lo menos cedieron a la razón, y decidieron corregir algunas materias: las que ahora estamos discutiendo.
No son todas. No quisiera entrar en el detalle, porque -ya se señaló- a estas alturas lo importante es avanzar en otros proyectos que también necesitan aprobación.
Sin embargo, no podía dejar pasar esta oportunidad para reforzar algunos conceptos que aquí se han planteado, como los que manifestaron los colegas Von Baer y Allamand. Porque, a diferencia de lo que expresó el Vicepresidente de nuestra Corporación, Senador Quintana, creo que una mala iniciativa se nota con el tiempo.
Esta corrección parcial va a resolver algunos problemas, pero no todos los errores que presenta esta normativa.
Eso es lo lamentable. Vamos a tener que experimentar otra caída, otro resbalón para lograr que este proyecto vuelva a ser corregido.
Yo creo que deberemos cambiar al Gobierno para realmente poner de nuevo a la educación pública en el corazón y la prioridad de nuestros proyectos educacionales, sin echar a perder aquello que está caminando bien, pues la cancha no se equipara quitando patines, sino poniéndoles patines a todos.
Esa diferencia es lo que nos hace sentir que en verdad pensamos muy distinto.
Mientras algunos creen que lo más relevante es terminar con la riqueza, otros estimamos que lo más significativo es acabar con la pobreza.
Son objetivos diferentes que hacen pensar que la sociedad debe mejorar de abajo arriba.
Por eso considero que el Gobierno, al ponerle prioridad, por ejemplo, a la gratuidad universal en la educación superior -objetivo que jamás va a alcanzar y que, además, estimo poco prioritario-, se olvida de dónde empieza el problema. Y el problema comienza en la educación preescolar.
Ello lo saben bien la actual Ministra y el ex Titular de Educación. Porque ahí es donde se incuba la mayor desigualdad.
Cuando en la sala cuna, en el jardín infantil, en la educación preescolar no están presentes los sectores más desposeídos, más vulnerables de los ámbitos rurales, resulta muy difícil que la educación en general se equipare, porque algunos ya parten con una tremenda ventaja. Y si el nivel escolar no es bueno, con mayor razón existirá el problema.
¡Para qué hablar de la educación técnico-profesional, que se halla completamente abandonada!
Pero no: los objetivos han sido entregarles a todos los estudiantes matrícula gratuita, aunque sean ricos, y darle duro a la educación particular subvencionada simplemente porque algunos sostenedores -80 por ciento de los colegios pertenecen a profesores- persiguen modestos fines de lucro.
¡Ese ha sido todo el asunto: la obsesión ideológica!
Pero ello le ha costado muy caro al Gobierno, pues la ciudadanía reprueba estas reformas, que esperamos corregir.
Es modesto el aporte de este proyecto. Pero más vale aprobarlo, porque lo peor sería que además este parche se perdiera.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Para rectificar algunas afirmaciones, tiene la palabra el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre.

El señor EYZAGUIRRE (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, tengo la esperanza exactamente igual a cero de que si clarifico de nuevo el sentido de mis dichos, se corrijan las continuas distorsiones y tergiversaciones de las que soy objeto.
Pero, como tengo gran aprecio por el Senador Larraín, me voy a permitir recordarle que mi afirmación fue que había dos "corredores", no "jugadores" ni "niños": uno en patines; el otro, descalzo.
Aquella comparación alude a que se trata de una competencia injusta en la que no se está probando la capacidad de los corredores, sino la indumentaria que llevan.
Eso pasaba antes de la Ley de Inclusión entre la educación pública y la educación particular subvencionada: la segunda podía cobrar copago y "descremar", y la primera, no, con lo cual no se fortalecía la calidad de los sistemas, sino el "descreme".
En general -si lo hice de otra forma, doy excusas-, trato de defender mis ideas por su propio peso, y no necesito recurrir, ni lo haré nunca, a la tergiversación de las suyas, Senador Larraín, para lograr alguna ventaja.
Gracias.

El señor LARRAÍN.- ¡Yo leí una cita textual!
El señor EYZAGUIRRE (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Está mal su texto, porque es "corredor" y no "jugador".

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, en aras del tiempo y de todo lo que se planteó, quiero resaltar, desde luego, los puntos buenos de este proyecto de ley miscelánea de educación.
En primer lugar, lo relativo a la ampliación de los plazos, a la posibilidad de que se permita introducir los ajustes pertinentes.
En seguida, el compromiso que se ha manifestado en la Sala para resolver, en justicia, un problema que afecta a trabajadoras y trabajadores que, vía transferencias de fondos, laboran en jardines infantiles municipales y de otros organismos (de iglesias o no gubernamentales).
Deseo relevar además un punto importante, referido a que las universidades acreditadas que no imparten la carrera de pedagogía van a tener un plazo para implementarla y acreditarla.
Ahora bien, los errores se pueden corregir a tiempo y, también, reconocer. Justamente entregamos una minuta sobre la aplicación de la ley N° 20.845 y sus consecuencias, elaborada por sostenedores que pertenecen incluso a la Nueva Mayoría, en que formulan observaciones que de alguna manera se han discutido aquí.
Por otro lado, quiero reconocer la labor realizada por el Ministerio para sacar adelante la normativa sobre carrera docente, cuyo proyecto aprobamos en el Congreso, así como también la fortaleza moral de la Ministra al asumir la deuda histórica del magisterio como tema a tratar en una mesa de trabajo con el Colegio de Profesores.
Con el Senador Larraín hemos pedido lo mismo. Se ha planteado aquello muchas muchas veces. Incluso, en una oportunidad voté en contra del presupuesto de la Partida Ministerio de Educación. Porque esta deuda no solo es económica, sino además moral, pues una cantidad importante de profesores está muriendo en condiciones muy poco dignas.
En cuanto al debate sobre la riqueza, el problema no es reducirla, sino disminuir su concentración. Esa es la situación que está padeciendo nuestro país y que se resuelve con la generación de más riqueza, pero a través de la participación de las regiones, de las comunidades, de las pymes, de una serie de empresas que hoy son subcontratadas en forma precaria.
Para terminar, deseo señalar una vez más el ejemplo de Finlandia, que hace 30 años tomó la decisión de priorizar la educación. Era un país que se dedicaba fundamentalmente a la extracción de la madera de sus bosques en condiciones incluso más rigurosas que las que existen ahora en la zona austral y la Patagonia.
Al priorizar la educación, la innovación y el desarrollo logró hacer un cambio fundamental.
Actualmente, en dicha nación -y nos consta, por testimonios de alumnos finlandeses que estudian en universidades chilenas- es más difícil ser profesor que médico, abogado, arquitecto u otro profesional universitario. Obviamente, también es mejor pagado y reconocido.
Nosotros debemos tender hacia ese modelo con nuestra identidad.
Voto a favor.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero referirme a dos materias relacionadas con este proyecto.
Primero, a la intervención que legítimamente pidió hacer el Ministro Eyzaguirre para clarificar los dichos del Senador Hernán Larraín.
Aquí deseo defender a Su Señoría por un asunto de hecho, no de interpretación: la cita que se leyó habla de "jugador" y no de "corredor", como sostiene el Ministro, y está sacada textualmente del programa Estado nacional, de Televisión Nacional de Chile, realizado el domingo 15 de junio de 2014.
La estoy mirando ahora.
Entonces, tal vez el Ministro haya querido decir algo. Pero no se le puede reprochar a un Senador que, al leer la transcripción pertinente, señale exactamente lo que se dijo.
Por consiguiente, no es para...

El señor EYZAGUIRRE (Ministro Secretario General de la Presidencia).- ¡Eso no hace la diferencia!

El señor COLOMA.- ¡Sí la hace, y harta!
Sin embargo, no quiero que quede la sensación de que alguien leyó algo en forma errada, ya que se reprodujo lo que está transcrito formalmente de ese programa de TVN.
Debió haber entendido...

El señor NAVARRO.- ¡Lo leyó en El Mercurio...!

El señor COLOMA.- No. Ello está sacado de un programa de Televisión Nacional de Chile, el canal público cuya modificación a su normativa votó a favor el Senador Navarro.
En cuanto a la materia de fondo, quiero plantear...

El señor NAVARRO.- ¡Nada de confianza de ustedes!

El señor LARRAÍN.- ¡Calma!

El señor COLOMA.- Señor Presidente, parece que en Chile la gente olvida lo que uno dice o piensa, particularmente en este Hemiciclo.
Lo señalo puesto que resulta muy dramática la discusión que se está llevando a cabo esta tarde, pero no en el sentido de que no sea importante debatir a esta altura, sino porque no se reconoce que fue advertida en forma didáctica, pertinaz y constante la falencia que se pretende corregir mediante este proyecto. Para mí ese debió ser un elemento de juicio por lo menos al momento de evaluar.
Respecto de los cuatro puntos centrales de esta iniciativa, se previno desde estas bancadas lo que iba a ocurrir en cuanto a los plazos para la compra de infraestructura.
Además, les recuerdo que en el verano de hace exactamente tres años, en una sesión de las Comisiones unidas de Educación y de Hacienda realizada en Santiago, se advirtió sobre los peligros de aprobar la normativa tal como estaba redactada.
Se expuso la necesidad de equiparar plazos para la compra de infraestructura de los establecimientos educacionales y de crear incentivos distintos para el traspaso a entidades sin fines de lucro; se explicó que se requería cambiar los fondos de garantía, que sería imposible plantearlo de manera diversa; se especificó que el término del copago generaría un problema de recursos para la educación (quien era Ministro en ese momento señaló que ello no sería así; pero sucedió).
Señor Presidente, se trata de una miniabdicación de las bancadas de enfrente ante todo lo que se dijo que pasaría. Porque lo concreto es que hoy día se pretende corregir lo que lamentablemente desde este sector se afirmó que sucedería.
¡Benditos los que se equivocan, porque de ellos también será el reino de los cielos...!
Pero esto requiere al menos un acto de redención en el sentido de reconocer: "No le apuntamos".
En general, echo de menos eso, porque quien se equivoca una vez puede hacerlo de nuevo. Y la idea es no errar en lo relativo a la educación.
No juzgo intenciones. Obviamente, imagino que todos trataron de despachar un proyecto con la mejor buena voluntad. Pero lo cierto es que, a 2 años de aquel evento, vemos que esta normativa se empieza a desgajar, pues tuvo una concepción profundamente equivocada.
Se confundió arriendo con lucro.
Por ello, le encuentro razón al Senador Quintana, quien reclamaba sobre el particular. Porque se creía una cosa que hoy se está modificando en un sentido inverso.

El señor BIANCHI.- ¡Así es la vida...!

El señor COLOMA.- ¡Completamente de acuerdo...!
Tuvo razón el referido Senador la semana pasada al negarse a dar la unanimidad.
Por mi parte, si hubiera creído en el proyecto, no me sería fácil votarlo a favor, como lo están haciendo masivamente las bancadas del frente, ya que significa decir algo completamente distinto de lo planteado en su momento.
Y mi convicción es mayor respecto del copago, porque era obvio lo que ocurriría. A todas las personas que afirman que las familias se sienten hoy día felices de no contribuir a la educación de los hijos les pido ver lo que está pasando con los preuniversitarios, donde se registra una anticipación, porque los recursos que se iban a gastar en copago se destinan a esa etapa desde primero medio. La familia obviamente quiere ayudar al proceso, y pretender que el factor no existe ha generado una distorsión que, al final, lleva a confundir, como se decía, la calidad con la compra de fierro y ladrillo, en una forma absolutamente equivocada, a mi juicio.
Quiero aventurar también que los otros dos temas en discusión serán objeto de cambio: la selección y los liceos emblemáticos.
¡Si la primera no da para más! Lo planteado en la ley ha sido un error. Y, tarde o temprano, vamos a ver aquí un proyecto tendiente a modificar el sistema ideado, tombolísticamente, para estos efectos.
En cuanto a los segundos, he observado que Senadores del frente ya están pensando que en realidad algo ocurre para que planteles históricos no se encuentren justo ahora entre los mejores establecimientos educacionales y sí se incluyan muchos liceos bicentenario, por ejemplo.
Entonces, deriva un efecto de haber equivocado o el diagnóstico o la solución. Y hoy día estamos reparando y actuando, para estos efectos, de zapateros remendones. Porque ni siquiera se procede de una sola vez, sino sobre la base de cada portillo que va apareciendo.
Y la señora Ministra lo advierte. Comprendo que su rol no es fácil.
Mas quiero hacer presente, en forma amistosa, la conveniencia de que nos apuremos. Porque la reparación siguiente va a venir en materia de selección y otra, urgente, considerará los liceos emblemáticos.
Además, existe unanimidad.
Es algo kafkiano. Al final, todo redunda en entender que hubo un error en la planificación y que la reforma debió haber priorizado la calidad y no los aspectos contemplados en su momento.
Por eso, a diferencia de muchos, voto a favor con cierto entusiasmo, porque existiría el ánimo -así lo espero- de redimir los yerros. Pero, por lo menos, seamos conscientes de lo sucedido. Esto no es normal. No digamos que corresponde a lo que iba a ocurrir.
Escuché a algunos Senadores aseverar que la situación es fruto del éxito del sistema. ¡Por favor! Si este último hubiera sido exitoso, no estaríamos abocados a la iniciativa.
He dicho.
El señor NAVARRO.- ¡La campaña del terror...!

El señor LAGOS (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Araya.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, sin duda que la Ley de Inclusión fue un enorme progreso para el país, dado que nos permitió avanzar en un sistema educacional mucho más inclusivo, que efectivamente reflejara de mejor manera la sociedad chilena.
En aras del tiempo, solo quiero detenerme en un punto que lamento que no haya sido recogido por el Ejecutivo.
En primer lugar, deseo consignar que voy a apoyar el proyecto, porque juzgo que efectivamente se está corrigiendo una serie de problemas que se generaron con dicho cuerpo legal, especialmente en lo que dice relación con el arriendo y la compra de los inmuebles.
En seguida, hago presente que me reuní hace un par de semanas con la Coordinadora de Colegios Subvencionados del Norte (COPANOR), que agrupa a establecimientos desde Arica a Copiapó y se separó de la institución original.
La problemática de la zona radica en que el alto costo del suelo, sobre todo en la Región de Antofagasta, hace absolutamente inviable la mantención del sistema particular subvencionado que se diseñó en la iniciativa legal de la inclusión.
En conversación con la gente de la Coordinadora, ella nos manifestó que lo único que va a hacer el proyecto de ley miscelánea, en la práctica, para el caso de esos establecimientos, es prorrogar la agonía.
A su juicio -y lo comparto-, la autoridad no se ha hecho cargo del principal problema que enfrentamos en Antofagasta para poder resolver la situación, cual es el referido costo.
Cuando se analiza la fórmula que plantea el Ejecutivo para mantener el contrato entre partes relacionadas, o bien, para llevar adelante la venta de inmuebles, ocurre que los parámetros fijados, si bien presentan un corte de carácter nacional, no reflejan en lo más mínimo el significado del factor al cual aludo.
Ello ha traído una serie de problemas. Estas personas me comentaron que han tratado de llevar adelante la venta a través del sistema bancario y se han encontrado con la sorpresa de que la banca no tiene productos para financiar los créditos hipotecarios contemplados en la Ley de Inclusión.
No obstante que el proyecto de ley miscelánea efectúa algunas correcciones, me parece que persisten los problemas de fondo.
Cabe destacar que no existe un crédito hipotecario que financie a 25 años el cien por ciento de la compra del inmueble. Aun cuando la operación puede contar con una garantía de la CORFO, se mantiene el problema en la banca, dado que se establece que todos los créditos que se financien en esa forma -y, como consecuencia de ello, los bienes raíces en garantía- pasan a ser de carácter inembargable, por lo cual, de no efectuarse el pago, eventualmente no se podrá ejecutar la hipoteca.
Asimismo, subsiste la cuestión del costo del suelo. Es preciso recordar que la Ley de Inclusión dispone que el monto de la garantía de la CORFO llega hasta 110 unidades de fomento por alumno. La Secretaría Regional Ministerial anunció que se proyecta la construcción en 2018 de un nuevo liceo público en Antofagasta, para mil 470 alumnos, lo que importa aproximadamente 15 mil millones de pesos. Si se hace una simple operación matemática, es posible darse cuenta de que el costo de construcción supera las 500 unidades de fomento por alumno, muy por sobre lo establecido por la ley para poder impetrar como pago al momento de utilizar la garantía.
Por esta razón, aun cuando voy a aprobar el proyecto, quiero dejar sentado que, al menos en el caso de la Región de Antofagasta, seguimos enfrentando una dificultad que no hemos podido resolver.
Espero que el Ejecutivo, en algún minuto de la discusión, se abra a que en el norte de Chile, desde Arica a Copiapó, podamos disponer de normas excepcionales, a fin de poder establecer mecanismos distintos respecto de cómo se valora hoy día la infraestructura educacional.
Porque, en la práctica, ¿qué está sucediendo? Que parte importante de los colegios particulares subvencionados en la Región optaron por pasar derechamente al régimen de particulares pagados, con el consiguiente perjuicio para muchos padres, quienes no podrán mantener a sus niños en los establecimientos.
Y ello, con el añadido de que la matrícula pública no dará abasto para poder recibir a todos los que abandonen el sistema particular subvencionado.
Apoyaré la iniciativa, porque entiendo que soluciona una parte importante de los problemas generados en el resto del país, pero recalco que en ningún caso viene a resolver el que se genera especialmente en la Región de Antofagasta, constituido por el alto valor del suelo, que obviamente no condice con la media nacional.
Gracias.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la votación.

--Por 28 votos a favor y 4 abstenciones, se aprueba en general el proyecto.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron la señora Muñoz y los señores De Urresti, Navarro y Quintana.


El señor LAGOS (Presidente).- Puede intervenir la señora Ministra.

La señora DELPIANO (Ministra de Educación).- Señor Presidente, les agradezco a los señores Senadores el apoyo a la iniciativa.
Solo quisiera exponer, antes de terminar, que esperamos retomar el ritmo del debate sobre la educación pública y abordar, en ese marco, un conjunto de aseveraciones planteadas hoy.
No voy a detenerme en responderlas, porque creo que vamos a disponer de tiempo para poder fundamentar los puntos que tienen que ver con la materia; pero son muchos los aspectos de calidad en que estamos trabajando. Y ello dice relación, para que no quede en el aire la sensación de que no está pasando nada, con la educación pública y también con la técnico profesional, que abarca tanto la anterior como la particular subvencionada.
Muchas gracias.

El señor LAGOS (Presidente).- Por no haberse presentado indicaciones, el proyecto se podría dar por aprobado también en particular.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, aquí se acordó que la iniciativa pasara a las Comisiones de Educación y de Hacienda.

El señor LAGOS (Presidente).- Para venir después a la Sala.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- En efecto. Ahí se discutiría en general.
El procedimiento normal es proceder primero a este último despacho, luego de lo cual interviene la Comisión de Hacienda en relación con los artículos de su competencia.

El señor MONTES.- Después de pasar por Educación.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Así es.
Entonces, pido efectuar la corrección correspondiente y que el proyecto se envíe a la Comisión de Hacienda para poder revisar nosotros la parte pertinente del articulado.

El señor LAGOS (Presidente).- Este órgano técnico lo verá después, en consecuencia, ya que tendrá lugar un segundo informe.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Perfecto.
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El señor LAGOS (Presidente).- Pido la anuencia de la Sala para prorrogar por algunos minutos la sesión a fin de alcanzar a ver la iniciativa que establece un feriado como consecuencia del censo.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.



MEDIDAS PARA CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA


El señor LAGOS (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que sustituye el artículo 44 de la ley N° 17.374, que fija el nuevo texto refundido, coordinado y actualizado del decreto con fuerza de ley N° 313, de 1960, el cual aprueba la ley orgánica de la Dirección de Estadística y Censos y crea el Instituto Nacional de Estadísticas. El asunto cuenta con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la urgencia ha sido calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.068-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 79ª, en 10 de enero de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 80ª, en 11 de enero de 2017.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es asegurar el desarrollo del censo nacional de población y vivienda que se realizará el 19 de abril próximo. Para ello, se amplía el horario de prohibición de funcionamiento de una serie de actividades, espectáculos y reuniones públicas, medida que se extiende a malls, centros comerciales, grandes tiendas, discotecas, pubs, cabarés, casinos de juego u otros lugares de juego autorizados, bares, clubes, restaurantes, supermercados, rotiserías, panaderías y, en general, todo comercio de bienes, alimentos o bebidas.
Se dispone que el día del censo se tendrá como feriado obligatorio e irrenunciable para los dependientes de los establecimientos mencionados.
La Comisión discutió el proyecto en general y en particular por ser de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus integrantes presentes, las Honorables señoras Goic y Muñoz y los Senadores señores Larraín y Letelier, en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados.
El texto propuesto se consigna en el informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más.
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión general y particular.


El señor LARRAÍN.- ¿Es posible abrir la votación?

El señor BIANCHI.- Conforme.

El señor LAGOS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación, que será una sola tanto en general como en particular.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).- Puede intervenir la Honorable señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, me parece que, por la brevedad del texto en examen, el señor Secretario ha proporcionado la información sustantiva de lo que aprobó unánimemente la Comisión.
La finalidad de la iniciativa es que las familias y todos los chilenos abran las puertas a los censistas, para que la encuesta se realice sin contratiempos y con la menor cantidad posible de moradores ausentes.
En consecuencia, se amplía el número de actividades cuyo funcionamiento se prohíbe el día del censo, se fija el horario de la medida desde la 00:00 del 19 de abril hasta las 20 y se establece que será un feriado irrenunciable para los dependientes del comercio.
Permanecerán cerrados malls, centros comerciales, grandes tiendas, discotecas, pubs, casinos de juego y restaurantes, entre otros, y no podrán efectuarse espectáculos y reuniones públicas, funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas y otros actos similares.
El proyecto es muy claro, y así consta tanto en el informe como en el boletín comparado correspondiente, de manera que nuestra Comisión solicita que se ratifique lo que sancionó por unanimidad.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, por sabidas, las cosas se callan, y por calladas se olvidan. ¿Por qué nos ocupamos en la iniciativa en examen? ¿Por qué discutimos acerca de un censo en 2017? Porque en 2012, durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se intentó realizar el que sería el mejor de la historia y se mandaron al tacho de la basura 60 millones de dólares.
¡El mejor de la historia...! ¡Con la demagogia de siempre...!
¿Y qué pasó? La Contraloría General de la República formuló un amplio cuestionamiento y determinó serias anomalías en la implementación y los resultados.
Ello obliga al Gobierno de la Presidenta Bachelet a realizar un nuevo censo, el cual, además, importará un costo económico -no me refiero al del día feriado- que deberá asumir el país.
Hace algunas horas estaba con los mineros de Curanilahue, quienes salieron a dialogar con el Gobierno luego de permanecer 42 días en el fondo de la mina. El punto de conflicto eran 500 millones de pesos, poco menos de un millón de dólares. Pero a la Administración de Piñera se le permitió tirar a la basura -repito- 60 millones de dólares y no media una sola crítica.
Parece que el Gobierno no tiene memoria.
Por su intermedio, señor Presidente, quisiera preguntarle al Ministro de Economía, quien se encuentra en la Sala, qué pasará con esa plata. ¿Vamos a recuperarla? ¿El país al final la perdió, porque los datos no sirvieron?
Esto último, al menos, fue lo que dijo el organismo contralor, pues se omitió al nueve por ciento de la población y el proceso adoleció de serios problemas. La población censada fue de 15 millones 758 mil 929 personas y la proyección era de más de 17 millones. Se dejó gente afuera.
Según el economista David Bravo, de la Universidad de Chile, una de las causas del problema fue la decisión del exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas Francisco Labbé de hacer un censo de derecho sin contar con los recursos ni la planificación necesarios y sin comunicarlo debidamente al resto del organismo.
Los errores podrían acarrear consecuencias más serias, relacionadas con la correcta asignación de fondos públicos en materia de población.
Mi pregunta es qué efectos en la economía nacional y el funcionamiento del Estado derivaron de lo que estamos tratando de corregir.
¿Por qué estamos reunidos? Por un nuevo censo. ¿Se parecerá al de 2012?
En 2014, en una reunión con el señor Ministro de Economía y la señora Directora del INE, manifesté que 2017 sería un año muy complejo para llevar a cabo el censo.
Advertí que no habría voluntarios, que la rabia contenida hacia la política se dirigiría contra el Estado, que reunir a personas que intervinieran en esa primera calidad sería extraordinariamente difícil, que terminaríamos pagando censistas y que intentar obligar a funcionarios públicos a salir a censar era una nueva ofensa a su dignidad.
Hoy día se expresa que faltan censistas; que hay 200 mil y se necesitan 300 mil.
Creo que la fecha que se ha dispuesto puede terminar haciendo fracasar el nuevo censo.
Se afirmó que la cantidad de personas necesarias se iba a reunir. Lo discutimos.
Expuse mi posición en un almuerzo y en un comunicado de prensa: "No habrá voluntariedad".
La pregunta es cuánto le costará ahora al país pagar a 300 mil censistas no voluntarios.
¿Qué medidas se han tomado para evitar que el censo se vaya a las pailas, como ocurrió en el Gobierno del Presidente Piñera?
Al final, perdimos plata y credibilidad, y derrotamos al INE, una de las instituciones mejor evaluadas en Chile, en la cual depositábamos toda la confianza para el cálculo del reajuste y de un conjunto de factores con incidencia en la economía.
Ahora se va a hacer el censo. Expuse que un año de elección presidencial era muy inadecuado para ello. Entre agencias haciendo encuestas por todos los candidatos y metiéndose en la intimidad de la gente, llegar a preguntar de todo en un momento en que la población desconfía de la acción del Estado enfrentará una dificultad adicional, en algunos casos grave.
Me parece que será preciso resguardar la integridad física de los censistas, porque se encontrarán con lo mismo que los candidatos cuando hacen el puerta a puerta. Hasta los han echado.
Esta es una labor que el Gobierno tiene que garantizar.
No sé si se cuenta con una proyección, pero no sería aceptable decir: "Lo intentamos y no pudimos".
Tengo dudas respecto de cómo votar. Espero la respuesta del Ministro para tomar una decisión.
La idea es que el proceso no fracase.

El señor LAGOS (Presidente).- La votación está abierta, Su Señoría.
Puede intervenir el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, aprovechando que se encuentran presentes el Ministro de Economía y la Directora del INE, deseo observar que se han formulado preguntas que parecen razonables, objetivamente.
En una entrevista, un exdirector del Instituto ha hecho reparos...

El señor PIZARRO.- ¿Quién es?

El señor COLOMA.- Juan Eduardo Coeymans.
Decía que planteó dudas que el Senado, al aprobar este tipo de normas, debería por lo menos despejar. En una de esas, no se justifican y todo está tranquilo, y ello sería muy esclarecedor para todos.
Expresó, en primer lugar, que los censos de hecho no se están utilizando en el mundo. La metodología es otra.
Estoy leyendo. No soy ningún experto, pero quiero representar a los que confían en que uno estudia los asuntos en el Congreso.
En segundo término, puntualizó que se requieren por lo menos 500 mil personas. Coincido con el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra en que actualmente hay solo 200 mil: 120 mil son funcionarios públicos y 80 mil corresponden a voluntarios.
Efectivamente, la dificultad -eso lo insinúa, pero la señala el Senador que habla- dice relación con el período preelectoral, donde se da un escenario lleno de una legítima preocupación o de intereses políticos, y cuando en los censos se plantean asuntos que de alguna manera pueden ayudar a entender lo que están pensando las personas, creo que no es una cuestión menor, para ser bien franco.
Se han formulado consultas. Yo sé que estamos en votación, pero se podría pedir la unanimidad para que el Ministro nos entregue las garantías suficientes en cuanto a que el futuro censo está bien hecho; a que las inquietudes respecto del número de censistas están resueltas; a que las interrogantes acerca del período están resueltas. También se necesita una respuesta a las inquietudes sobre si los censos deben ser de hecho o de otra concepción. Me parecería interesante oír al Ministro.
Señor Presidente, también espero que esto resulte bien, por el bien de nuestro país.
No me siento acreedor de nadie en esta materia.
Creo que el Gobierno anterior fue mucho mejor que el actual, dicho sea de paso. Pudo haber cometido errores. ¡Está bien! Eso es parte de la vida. Lo peor es cuando se cometen errores y nunca son reconocidos, como ha ocurrido en esta Administración.
Pero para no derivarme a otros temas, me gustaría tener una posición, si fuera posible -por su intermedio, señor Presidente-, respecto a qué tranquilidad tenemos de que todo esto vaya a salir óptimo, como se espera.

El señor LAGOS (Presidente).- Si le parece a la Sala, le daré la palabra al señor Ministro para que clarifique algunos de los cuestionamientos que se hicieron.
Tiene la palabra, señor Ministro.

El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, en primer lugar, es importante señalar que el censo se va a realizar en un solo día. De aprobarse el proyecto, será el miércoles 19 de abril.
Sin lugar a dudas, es una tarea país, porque del censo se obtiene información fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Cuando hablamos, por ejemplo, del agua potable rural, necesitamos tener adecuadamente identificadas a las personas que viven en zonas rurales; o cuando decidimos qué caminos pavimentar; o cuando nos referimos a qué especialistas debemos tener para el futuro de nuestro país, la información demográfica obtenida a partir del censo es primordial. Lo mismo sucede cuando hablamos de la terminación de consultorios, de hospitales. Es decir, cuando nos referimos a los miles y miles de millones de dólares que se deben asignar en este tipo de materias.
Hemos señalado que esta es una tarea país. Y creo que en eso hemos sido muy claros como Gobierno; y yo he sido muy claro como Ministro respecto a esto.
Repito: ¡Esta es una tarea país!
Nosotros hicimos nuestra evaluación respecto de la información que se obtuvo en el censo que se realizó en la Administración anterior, y concluimos -tal como lo hicieron todos los expertos que lo analizaron- que era necesario realizar este levantamiento.
Eso es lo que estamos haciendo. Pero lo estamos llevando adelante con una perspectiva país, porque creemos que esto es una tarea país.
En tal sentido, volvemos a una tradición republicana de realizar el censo en un día.
No existe hoy en la literatura internacional ninguna evaluación respecto de cuál censo es mejor, si el de hecho o el de derecho.
Existe en las naciones desarrolladas un acceso a datos administrativos que nosotros como país no tenemos. En este sentido, estamos avanzando en un proyecto de institucionalidad del INE que le da el acceso a esos registros administrativos.
Creemos que es muy importante señalar que, efectivamente, para llevar adelante esta tarea necesitamos en torno a 500 mil personas inscritas.
¿Cómo hemos ido avanzando en ello?
Contamos con un número, al 28 de diciembre, de 200 mil inscritos, de los cuales cerca de 100 mil son funcionarios públicos, para quienes, sin lugar a dudas, esta es una obligación legal. Y nos parece que así tiene que ser, porque se obtiene una información fundamental para cualquier empleado público a fin de llevar adelante su tarea.
Me parece que dicha situación se ha ido comprendiendo, y se ha avanzado de manera importante. Además, se ha generado un descanso compensatorio, en este caso, para los funcionarios públicos.
¿Cómo vamos?
Hemos dicho que la tarea es muy significativa. Debemos inscribir a muchos chilenos y pedirles que sean voluntarios.
Pero quiero recordar que un componente muy relevante de los voluntarios en todos los censos anteriores han sido estudiantes, en particular alumnos de tercero y cuarto medio, cuyo período de inscripción tradicionalmente ha sido en el mes de marzo.
Adicionalmente, hoy tenemos una realidad muy particular respecto de censos anteriores: contamos con cerca de un millón 180 mil jóvenes en educación superior, ya sea en universidades, en centros de formación técnica o en institutos profesionales.
Por eso, hemos trabajado con dichas instituciones, de forma de que, tal como lo plantearon las universidades del CRUCh, haya un reconocimiento curricular a esta actividad. Lo mismo hemos hecho con los centros de formación técnica y los institutos profesionales.
Esperamos, sin lugar a dudas, ser capaces de lograr el reclutamiento a partir de la última semana de febrero y durante el mes de marzo de los estudiantes de educación superior así como de los 415 mil alumnos que hoy día están en tercero y cuarto medio.
Creemos que convocar a todos estos voluntarios constituye una tarea importante y desafiante.
Evidentemente, tenemos la completa expectativa de que en una tarea país esta es una labor que compromete a lo público. Se trata de información fundamental que se obtiene para los municipios. Por eso, hemos estado trabajando con todos y cada uno de ellos de la mejor forma, porque entendemos lo importante que resulta para un municipio contar con la información adecuada respecto de cuántas personas viven en su territorio. Y por eso creemos tener la capacidad de llevar adelante esta tarea.
La única forma de llevarla a cabo es enfocándola con una mirada país, de trabajo compartido, en la cual todos los chilenos debemos participar, porque la información recopilada es fundamental para la construcción de un mejor país para nuestros ciudadanos.
Señor Presidente, estamos trabajando entendiendo lo importante de esta tarea, entendiendo las urgencias, entendiendo los desafíos y los riesgos que enfrentamos. Pero lo hacemos con una visión constructiva, propositiva, con una visión de futuro de nuestro país, que creo la comparte también este Senado y, ciertamente, todos los actores públicos.
Muchas gracias, señor Presidente

El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (21 votos a favor y una abstención) y, por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvo el señor Navarro.
El señor LAGOS (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Guillier.

Por haberse cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, solicitándole ENVÍO DE PROYECTO PARA PRÓRROGA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE USO OBLIGATORIO DE FACTURA ELECTRÓNICA PARA MICROEMPRESAS y planteándole NECESIDAD DE CAPACITACIÓN SOBRE NUEVO SISTEMA DE FACTURACIÓN.
Del señor CHAHUÁN:
Al señor Subsecretario del Interior, consultándole por RAZONES DE REBAJA DE CIEN A CINCUENTA LITROS POR PERSONA EN ENTREGA DE AGUA EN COMUNA DE PETORCA Y LOCALIDADES ALEDAÑAS.
Del señor DE URRESTI:
A los señores Ministro del Medio Ambiente y Director Ejecutivo de CONAF, requiriéndoles ANTECEDENTES Y RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DE DENOMINADO "MÉTODO CLARILLO" PARA CONTROL DE PRESENCIA DE AVISPA CHAQUETA AMARILLA.
A los señores Director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y Director Nacional de Gendarmería de Chile, pidiéndoles remitir diversos antecedentes acerca de EVOLUCIÓN DE PLAN DE INTERVENCIÓN EN RECINTOS PENITENCIARIOS.
A las señoras Subsecretaria de Turismo y Directora del Servicio Nacional de Turismo, a fin de que hagan llegar diversos datos relacionados con CERTIFICACIÓN DE "SUSTENTABLE" O "SELLO S" PARA SERVICIOS Y EMPRESAS DE TURISMO.
Del señor GARCÍA:
A los señores Fiscal Nacional del Ministerio Público y Ministro del Interior y Seguridad Pública, para que informen sobre NÚMERO Y ESTADO DE TRAMITACIÓN DE QUERELLAS PRESENTADAS POR EL EJECUTIVO DESDE ENERO DE 2014 A LA FECHA CON OCASIÓN DE HECHOS DE VIOLENCIA ACAECIDOS EN REGIONES DE LA ARAUCANÍA, DE LOS RÍOS Y DEL BIOBÍO.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, solicitándole información referida a SABOTAJES A TRENES QUE CIRCULABAN ENTRE SANTIAGO Y TEMUCO EL 13 DE ENERO Y DE TEMUCO A SANTIAGO EL 15 DE ENERO.
Al señor Director de Vialidad de La Araucanía, pidiéndole antecedentes sobre PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINO ÑANCUL-HUISCAPI, EN PROVINCIA DE CAUTÍN.
Del señor GUILLIER:
A la señora Ministra de Salud, requiriéndole, con carácter de urgente, información acerca de ESTADÍSTICAS RELEVANTES SOBRE AFECTADOS POR DISTROFIA DEGENERATIVA MUSCULAR DE DUCHENNE, y planteándole POSIBILIDAD DE INCLUSIÓN DE DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE EN PLAN AUGE O EN LEY RICARTE SOTO.
Al señor Presidente del Consejo Nacional de Televisión, solicitándole remitir ESTUDIO REALIZADO Y FINANCIADO POR EL CNTV SOBRE CONCENTRACIÓN DE MEDIOS EN CHILE.
Del señor NAVARRO:
A la señora Ministra de Educación, pidiéndole hacer llegar INFORME SOBRE COMPETENCIA DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN RESPECTO DE FISCALIZACIÓN DE ASPECTOS PEDAGÓGICOS DE EXAMEN ÚNICO NACIONAL DE CONOCIMIENTOS DE MEDICINA.
A la señora Ministra de Educación y a los señores Director del Servicio Nacional del Consumidor y Presidente del Consejo Nacional de Educación, para que informen sobre DERECHO DE MÉDICOS A CONOCER RESPUESTAS CORRECTAS DE EUNACOM Y RAZONES DE PUNTAJE OBTENIDO Y DE ANULACIÓN DE PREGUNTAS.
A la señora Ministra de Salud, para que remita antecedentes acerca de CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA ANTE INFORMACIÓN SOBRE PREGUNTAS ANULADAS EMITIDA POR UNO DE LOS EMPRESARIOS MÉDICOS A CARGO DE EUNACOM EN FORMA PREVIA A COMUNICADO DE ASOFAMECH O MINSAL; respecto de AVANCES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE EUNACOM PARA QUE CADA MÉDICO CONOZCA DIRECTAMENTE LOS RESULTADOS CORRECTOS; sobre AVANCES EN CONTROL DE PUBLICIDAD ACERCA DE EUNACOM Y LUCRO DE EMPRESAS EN PRESENTE Y PRÓXIMA VERSIÓN, y acerca de PROCEDIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS A SEÑOR ELOY ARMANDO TAPIA ESCOBAR.
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El señor LAGOS (Presidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:52.
Sergio Cereceda Leins,
Jefe de la Redacción subrogante