REGULACIÓN DE ENTREVISTAS EN VIDEO Y OTRAS MEDIDAS DE RESGUARDO A MENORES VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES
El señor LAGOS (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en mensaje del entonces Presidente de la República señor Sebastián Piñera, en primer trámite constitucional, que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento e informe de la Comisión de Hacienda. La urgencia ha sido calificada de "suma" y la votación se encuentra aplazada.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.245-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 89ª, en 22 de enero de 2014 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 3ª, en 19 de marzo de 2014.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 69ª, en 21 de diciembre de 2016.
Hacienda: sesión 77ª, en 11 de enero 2017.
Discusión:
Sesión 19ª, en 20 de mayo de 2014 (se aprueba en general); 82ª, en miércoles 18 de enero de 2017 (queda aplazada la votación en particular).
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Constitución efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas ellas aprobadas por unanimidad, con excepción de una sola, que será puesta en votación oportunamente.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia, sin introducir cambios en lo despachado por la anterior.
Ahora bien, es preciso realizar tres votaciones, que son las siguientes:
La primera dice relación con las modificaciones acordadas por unanimidad que demandan un quorum especial, sea orgánico constitucional o calificado.
La segunda se refiere a la recomendación que solo registró mayoría en la Comisión de Constitución, atinente al artículo 17.
Y la tercera es el pronunciamiento separado que pidió el Senador señor García respecto del inciso final del artículo 23.
El señor WALKER (don Ignacio).- Que se lleve a cabo una sola.
El señor LAGOS (Presidente).- En votación las proposiciones mencionadas en primer término.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban las modificaciones acordadas por unanimidad que exigen un quorum especial, dejándose constancia, para tal efecto, de que se registran 33 votos a favor.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, la Comisión de Constitución sugiere un artículo 17 en el que media un pronunciamiento de tres votos a favor, de los Senadores señores Araya, Harboe y Larraín, y uno en contra, del Honorable señor Espina.
El señor LAGOS (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la votación.
--Por 28 votos a favor y 2 abstenciones, se aprueba la proposición de la Comisión de Constitución respecto del artículo 17.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Espina y García.
El señor LAGOS (Presidente).- El Honorable señor Ossandón deja constancia de su intención de voto a favor.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Por último, se solicitó, en cuanto al artículo 23, la votación separada de su inciso final, que expresa lo siguiente:
"Excepcionalmente, para garantizar el funcionamiento del sistema, en caso de no existir suficientes entrevistadores acreditados pertenecientes a la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá proveer los entrevistadores necesarios, quienes igualmente deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 19".
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión.
Puede intervenir el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, con el Honorable señor Coloma nos abstuvimos al respecto en la Comisión de Hacienda.
Nos llama la atención que, ante la falta de entrevistadores acreditados en la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y el Ministerio Público, sea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública el que deberá proveerlos.
En estricto rigor, estimamos que es preciso contar con un registro de estos especialistas -de hecho, el proyecto lo crea-, alimentado por las tres instituciones mencionadas en primer término.
Entendería que profesionales se inscribieran y fueran siendo requeridos para entrevistar a menores abusados, pero no la función que se le asignaría a dicha Cartera. Me parece que no le corresponde.
Más aún, mi pregunta es si esta última incluiría en su planta cupos especiales para dichos especialistas.
La verdad es que la cuestión se sale del esquema que hemos venido aprobando. O interviene el Ministerio de Justicia o, mejor aún, se contempla un registro donde personas naturales debidamente calificadas puedan inscribirse e ir siendo requeridas en la medida en que no dispongan de entrevistadores ni la Policía de Investigaciones, ni Carabineros de Chile, ni el Ministerio Público.
Gracias.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, solo para despejar la legítima duda del Honorable señor García quisiera comentar que la iniciativa se estructura sobre la base de que existan entrevistadores profesionales, gente capacitada para poder entrevistar a menores víctimas de abuso sexual y evitar, así, su sobreexposición o la llamada "victimización secundaria".
Se ha preferido que estos especialistas provengan de las instituciones naturalmente vinculadas con estas materias: Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.
Todos ellos tienen que estar debidamente certificados por la Cartera de Justicia, para evitar que cada una de estas entidades aplique un estándar de calidad distinto. La idea es que todos presenten una misma formación.
Cuando en algún lugar lejano, por ejemplo, no haya disponible un integrante de alguna de estas instituciones que cumpla tal requisito, se podrá recurrir a otra persona debidamente certificada por dicha Secretaría de Estado que desempeñe funciones en los famosos centros de Atención a Víctimas de Delitos Violentos del Ministerio del Interior.
Quiero consignar que en el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet formamos esta última red de atención -lo digo con mucho orgullo- y que desde esa época, incluida la Administración del Presidente Piñera, en que se mantuvo y profundizó dicha política, existen más de doscientos profesionales, debidamente capacitados, nacional e internacionalmente, para atender específicamente a las víctimas de delitos violentos.
En particular, estas personas tendrán que ceñirse a una formación que debe ser certificada por el Ministerio de Justicia. En consecuencia, para la tranquilidad de Sus Señorías, no es que se vaya a contratar otra gente. En el Ministerio del Interior, los centros cuentan con profesionales capacitados que, tal como lo dispone la norma, tendrán que seguir, para garantizar una especialización en entrevistas a menores, un curso debidamente aprobado por el Ministerio de Justicia.
No significa que se abra la puerta a terceras personas sin preparación, sino que quienes cumplen hoy día funciones deben pasar por la formación en esta última Cartera.
El señor LAGOS (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, creo que esta es una norma de gran importancia y pido votarla a favor.
Quiero despejar la duda del jefe de mi bancada. Parto por manifestar que se contempla aquí un cambio de fondo en el sentido de que la conversación con menores de edad abusados sexualmente solo podrán llevarla a cabo, al entrar en vigencia la ley en proyecto, quienes reciben el nombre de "entrevistadores", provenientes, como dijo mi Honorable colega Harboe, de la Policía de Investigaciones, de la Fiscalía o de Carabineros.
Mas no se trata de que intervenga cualquiera. Es preciso contar con una acreditación, ya que ello se vincula con una especialidad, tanto para la llamada "entrevista investigativa" como para la declaración judicial. Lo ideal es que sea la misma persona. Porque, si no, la manipulación del niño puede ser obvia. El daño que se le haga puede ser enorme. Entonces, se constituye un grupo que se certificará ante el Ministerio de Justicia.
La pregunta que hicimos fue la siguiente. ¿Y qué pasa -ocurre muchas veces con los peritos- con la gran cantidad de juicios en regiones, particularmente? Pongo el ejemplo de un niñito abusado sexualmente en Cunco o en Lumaco, en la Región que represento, donde es preciso ir al tribunal respectivo, que puede ser el de Angol u otro, y no hay funcionarios de la Policía de Investigaciones, de Carabineros o de la Fiscalía que puedan entrevistar en un momento determinado.
¿Saben Sus Señorías lo que ocurre? Se suspende la audiencia y se deja para dos, tres, cuatro, cinco meses más. Y los juicios se postergan durante años.
Entonces, esta es una salvaguardia y una protección para poder decir: "Si la propia policía o el Ministerio Público nos expone en algún momento que no dispone del personal requerido, no podemos seguir postergando estos juicios, porque la posibilidad de condenar al culpable del abuso sexual disminuye cada día". Los testigos se van, la memoria es frágil y los hechos se tornan imprecisos.
Se requiere, por lo tanto, una norma de salida en el sentido de que el Ministerio del Interior, "encargado de la seguridad ciudadana", tiene que disponer de una nómina de personas certificadas por el Ministerio de Justicia. No se trata de cualquiera. No significa que el titular de la primera de esas Carteras ordene: "¿Sabe qué más? Vaya rápidamente a cubrir una entrevista en Angol". O en Valdivia o en Arica. No. Es necesario que sea alguien que presente esa condición.
Pero puede ser que el especialista no pertenezca a la Policía de Investigaciones, o al Ministerio Público, o a Carabineros. ¡Porque en estas instituciones se hallan copados! ¡La verdad es que los traslados son enormes y que los funcionarios van de un lado a otro! Acuérdense Sus Señorías que los juicios orales son hoy día presenciales y que excepcionalmente se autoriza la videoconferencia.
¿Quién mejor que el Ministerio del Interior, encargado del orden público, para manejar la nómina?
Además, la persona que le pregunte al menor va a estar certificada por otro Ministerio: el de Justicia.
No podemos cometer el error de legislar y decir: "Si no se puede recurrir a la Policía de Investigaciones, ni a Carabineros, ni al Ministerio Público, lo siento".
Porque la gente reclama muchas veces de eso: "¿Para qué hablar con los policías?". ¡Cuántas veces pasa que el policía ha sido trasladado a Arica y el delito fue cometido cuando estaba en Osorno, adonde tiene que ir a declarar! Y suceden cosas increíbles: ¡va a esta última ciudad y se suspende el juicio...!
En consecuencia, creo que esta es una norma de salida que se halla bien construida, porque es la única razonable. Si no, ¿quién podría tener la lista? ¿El mismo Ministerio de Justicia, que certifica? Eso a mí me parecería peor. Porque aquí por lo menos intervendría una Cartera distinta y porque, por último, es la responsable de la seguridad pública. Y tendrá que hacerse cargo de que lleguen personas idóneas certificadas por el Ministerio de Justicia.
Espero haber aclarado la duda y que votemos a favor.
El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Seré muy breve, señor Presidente. Solo deseo confirmar lo dicho por los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, porque el rol del entrevistador es clave.
En realidad, uno hubiera querido que existiese un cuerpo completamente autónomo de estos especialistas en las instituciones, en las policías. Pero eso no es concebible en una primera etapa.
Podemos pensar, sí, que con el tiempo se llegará a eso. Porque lo importante es que haya buenos entrevistadores, debidamente preparados, que puedan cumplir con la debida fuerza y legitimidad un papel que es clave en las investigaciones.
Por eso, se ha llegado a una buena fórmula, que garantiza lo que nos interesa: la calidad técnica y profesional de estas personas.
He dicho.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la votación.
--Por 32 votos a favor y una abstención, se aprueba el inciso final del artículo 23, quedando despachado en particular el proyecto.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Espina, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvo el señor García.