REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 82ª, en miércoles 18 de enero de 2017
Ordinaria
(De 16:24 a 19:8)
PRESIDENCIA DE SEÑORES RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE; PEDRO ARAYA GUERRERO Y EUGENIO TUMA ZEDAN, PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR,
Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Defensa Nacional, señor José Antonio Gómez Urrutia; de Hacienda, señor Rodrigo Valdés Pulido; Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre Guzmán; de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual Grau.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor LAGOS (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 79ª y 80ª, ordinarias, en 10 y 11 de enero del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
El señor LAGOS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Veinticinco de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con el primero da inicio a un proyecto de ley que regula beneficio que indica para los trabajadores de los establecimientos de educación parvularia administrados en convenio con JUNJI (boletín N° 11.094-04).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para el proyecto de ley que regula beneficio que indica para los trabajadores de los establecimientos de educación parvularia administrados en convenio con JUNJI (boletín N° 11.094 -04).
Con el tercero retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (boletín N° 9.914-11).
Con el siguiente hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (boletín Nº 9.369-03).
Con los doce que siguen retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1) Proyecto de ley que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones (boletín Nº 8.149-09).
2) Proyecto de ley que regula entrevistas grabadas en vídeo y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales (boletín N° 9.245-07).
3) Proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA (boletín N° 9.689-21).
4) Proyecto de ley que regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación (boletín N° 10.063-21).
5) Proyecto que modifica la Ley de Tránsito y la ley N° 18.287, con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales (boletín N° 10.125-15).
6) Proyecto de ley sobre transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano (boletín N° 10.163-14).
7) Proyecto que crea la Subsecretaría de la Niñez, modifica la ley N° 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social, y otros cuerpos legales que indica (boletín N° 10.314-06).
8) Proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública y modifica diversos cuerpos legales (boletín N° 10.368-04).
9) Proyecto de ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca (boletín N° 10.482-21).
10) Proyecto de ley que establece un nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional del Petróleo (boletín N° 10.545-08).
11) Proyecto de ley que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Fondo de Infraestructura S.A." (boletín N° 10.647-09).
12) Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de París, adoptado en la Vigésimo Primera Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en París, el 12 de diciembre de 2015 (boletín N° 10.939-10).
Con los cinco siguientes hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos:
1) Proyecto de ley que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (boletines Nos. 9.692-07 y 9.669-07, refundidos).
2) Proyecto de reforma constitucional que establece que los crímenes y delitos de guerra, lesa humanidad y genocidio no pueden prescribir ni ser amnistiados (boletín N° 9.748-07).
3) Proyecto que adecua la ley penal en materia de amnistía, indulto y prescripción de la acción penal y la pena a lo que dispone el Derecho Internacional respecto de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o de guerra (boletín N° 9.773-07).
4) Proyecto de ley que tipifica el delito de corrupción entre particulares y modifica disposiciones del Código Penal relativas a delitos funcionarios (boletines Nos. 9.956-07 y 10.155-07, refundidos).
5) Proyecto que modifica la ley N° 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, para incorporar el delito de agresión y extender los crímenes de guerra a conflictos no internacionales (boletín Nº 10.665-07).
Con los cuatro últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos:
1) Proyecto que modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de Chile (boletín N° 6.191-19).
2) Proyecto de ley que crea el Ministerio de la Cultura (boletín N° 8.938-24).
3) Proyecto que modifica la Ley de Tránsito para incorporar disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte (boletín N° 10.217-15).
4) Proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Francesa relativo al Trabajo Remunerado de Familiares de los Agentes de las Misiones Oficiales de cada Estado en el Otro, suscrito en París, Francia, el 8 de junio de 2015" (boletín N° 10.388-10).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, el proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, a la ciudadana estadounidense señora Valene Leah Georges Larsen (boletín N° 10.382-17).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República.
Con el segundo señala que ha aprobado las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que moderniza la legislación aduanera (boletín N° 10.165-05), con excepción de aquellas que indica y designa la nómina de Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse al efecto (con urgencia calificada de "suma").
--Se toma conocimiento y se designa a los integrantes de la Comisión de Hacienda para integrar la referida Comisión Mixta.
De la señora Ministra de Salud:
Contesta solicitud, expresada en nombre del Senador señor Ossandón, para informar acerca de diversos aspectos del tratamiento del cáncer en los servicios públicos de salud.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Remite respuesta a inquietud, enviada en nombre del Senador señor Quintana, por el sistema de transporte público del nuevo barrio de la ciudad de Temuco, denominado "Portal de San Francisco".
De la señora Secretaria Regional Ministerial de Salud de Valparaíso:
Da respuesta a petición, expresada en nombre del Senador señor Chahuán, para informar sobre el cumplimiento de la sentencia del Primer Juzgado Civil de Valparaíso, en causa por daño ambiental ocasionado en el Fundo La Gaviota de Quintero por parte de la empresa de Inversiones Bosques del Mauco S.A.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Salud de Atacama (S):
Atiende petición, manifestada en nombre del Senador señor Prokurica, para fiscalizar las redes de alcantarillado de la Villa Hochschild, de Copiapó, afectada por una plaga de baratas.
Del señor Secretario General de Carabineros:
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Navarro, acerca del número de infracciones a la Ley de Tránsito que se han cursado en los últimos cinco años por el uso de vidrios polarizados en vehículos.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas en la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal, para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal (boletín N° 9.152-07).
De las Comisiones de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Relaciones Exteriores, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo de París, adoptado en la Vigésimo Primera Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en París, el 12 de diciembre de 2015 (boletín N° 10.939-10) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza el Consejo Nacional de Televisión, concede las asignaciones que indica y delega facultades para fijar su planta de personal (boletín N° 10.922-05) (con urgencia calificada de "suma").
De las Comisiones de Salud y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (boletín N° 9.895-11) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para tabla.
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, recaído en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que solicita el acuerdo del Senado para autorizar la permanencia de tropas chilenas en la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), por el plazo de doce meses (boletín N° S 1.914-05) (con la urgencia establecida en los términos del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).
--Por acuerdo de la Sala, queda para la tabla de Fácil Despacho de esta sesión.
Mociones
De los Senadores señora Pérez San Martin y señor Walker, don Ignacio, con la que inician un proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en la comuna de Los Andes en conmemoración del bicentenario del cruce del Ejército de los Andes (boletín Nº 11.090-04).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
De los Senadores señores Harboe, Araya, De Urresti, Espina y Larraín, con la que inician un proyecto de ley sobre protección de datos personales (boletín Nº 11.092-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema para los fines previstos en el artículo 77 de la Carta Fundamental.
De los Senadores señores Bianchi, García-Huidobro, Matta, Ossandón y Prokurica, con la que dan inicio a un proyecto de ley que modifica el Código Aeronáutico para establecer la obligación del transportador de contar con un sistema de registro audiovisual (boletín Nº 11.093-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Declaración de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señores Prokurica, Allamand, Bianchi, García-Huidobro y Lagos, que modifica el artículo 12 de la ley N° 20.255 en lo relativo a la forma de acceder al aporte previsional solidario.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, conforme lo dispone el inciso cuarto, número 6º, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Solicitud de permiso constitucional
Del Senador señor Pizarro, con el que solicita autorización para ausentarse del país a contar del día de hoy.
--Se accede a lo solicitado.
El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Antes de entrar a los asuntos de la tabla, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a las parlamentarias de los Estados Unidos Mexicanos que hoy nos visitan: las señoras Yomalí Mondragón, Bertha Padilla y Juana Bonilla, quienes se encuentran acompañadas por el Alcalde de Mostazal, señor Sergio Medel.
¡Bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, solicito que recabe el acuerdo de la Sala para eximir del trámite de Comisión de Hacienda al proyecto que regula beneficio para los trabajadores de establecimientos de educación parvularia administrados en convenio con JUNJI.
Se trata de una iniciativa que no provoca gasto ni requiere informe de dicho organismo.
Por lo tanto, no teniendo la necesidad del informe de la Comisión de Hacienda, puede ser conocida directamente por la Sala, toda vez que el único informe obligatorio es el de ese órgano técnico.
El señor MONTES.-
Además, ya lo votamos.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Exactamente. Eso se votó en su momento en la Ley de Presupuestos.
En consecuencia, solicito que se elimine el trámite de la Comisión de Hacienda y veamos el proyecto directamente en la Sala para proceder a su despacho.
El señor COLOMA.-
Si pudiéramos conocer el texto, podríamos aprobarlo de inmediato, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Entendí perfectamente su planteamiento, señor Senador: que no es necesario enviar el proyecto a la Comisión de Hacienda.
Segundo, usted también propone la posibilidad de eximir la iniciativa del trámite de la Comisión de Educación, con lo cual deberíamos despacharla en la Sala.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Exactamente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Dicho eso, me han pedido la palabra sobre esta materia.
Entonces, antes de proceder a tomar una decisión, quiero escuchar otras opiniones.
El señor COLOMA.-
Queremos conocer el texto, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Perfecto.
Están pidiendo el texto y me parece bastante razonable esta solicitud.
El señor LARRAÍN.-
Es un mínimo ejercicio para saber de qué se trata, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
En esa parte coincido plenamente con usted: lo mejor es tener el proyecto a la vista.
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, nosotros respaldamos el planteamiento del Senador Zaldívar.
Primero, el proyecto no implica gasto porque la materia que aborda ya fue aprobada en la respectiva Ley de Presupuestos.
En segundo lugar, también cabe preguntarse si es estrictamente educacional, porque más bien dice relación con un asunto administrativo, de cómo se va a otorgar un feriado.
Entonces, creo que perfectamente bien podemos eximir el proyecto del trámite de ambas Comisiones, despacharlo y dar certeza, toda vez que el feriado corresponde al mes de febrero.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, comparto lo que ha dicho el Senador García y respaldamos al Senador Zaldívar.
Quiero dejar en claro que esta materia ya la aprobamos.
Esta norma corresponde a una glosa presupuestaria que quedó con una imperfección y lo que se está haciendo ahora es mejorar su redacción.
Por lo tanto, esta materia ya se debatió en su momento, es producto de un acuerdo de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos en el sentido de presentarla y corresponde a una iniciativa de los Senadores señor Pizarro y señora Muñoz.
En consecuencia, pienso que no tendría mucho sentido repetir la misma discusión.
El señor LAGOS (Presidente).-
Hasta ahora nadie ha dicho lo contrario, pero los señores Senadores quieren tener el texto a mano.
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Es muy simple, señor Presidente,
Quiero proponer una solución.
Tenemos el mejor ánimo de resolver el tema, pero nos parece de un mínimo de responsabilidad conocer el texto del proyecto que se pide aprobar, aunque tal vez algunos señores Senadores ya lo tienen y lo conocen.
Por ello, yo sugiero tratarlo en el primer lugar del Orden del Día, de tal manera que de aquí a entonces, mientras nos abocamos a los asuntos de Fácil Despacho, podamos leerlo y conocerlo.
El señor PIZARRO.-
Muy bien.
El señor LAGOS (Presidente).-
Me parece una excelente iniciativa, señor Senador.
Tenemos tres proyectos en Fácil Despacho, después de los cuales podríamos verlo. No va a tomar mucho tiempo.
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, yo sugiero que también se incluya en la tabla de Fácil Despacho, porque, de lo contrario, vamos a retrasar el proyecto sobre entrevistas videograbadas, que está en el primer lugar del Orden del Día.
El señor MONTES.-
Muy bien.
El señor HARBOE.-
O sea, sin intervenciones, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
A ver, señores Senadores.
Rebobinemos.
Hoy tenemos tres proyectos en tabla de Fácil Despacho y vamos a ser rigurosos en ello: habla un orador por cada posición y se procede a votar.
A continuación, me parece razonable que, si hay voluntad de aprobar un proyecto con las facilidades que se han señalado, al mismo tiempo deba darse la oportunidad de que los señores Senadores puedan leer su texto. Para ello, sugiero agregarlo en el cuarto lugar de la tabla de Fácil Despacho.
El señor PIZARRO.-
¡Y sin debate, señor Presidente!
El señor LAGOS (Presidente).-
El debate ya está hecho, señor Senador.
El señor PIZARRO.-
Muy bien.
El señor COLOMA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LAGOS (Presidente).-
Por supuesto, Su Señoría.
El señor COLOMA.-
Estamos de acuerdo con la fórmula propuesta.
Lo único que quiero pedir es que nos manden la glosa para ver si es idéntica al texto del proyecto.
Nada más.
El señor LAGOS (Presidente).-
Muy bien.
¿Le parece a la Sala proceder en los términos descritos?
El señor ALLAMAND.-
Perfecto.
El señor PROKURICA.-
Excelente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Entonces, así se acuerda.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, junto con un grupo de Senadores presentamos un proyecto para modificar la ley Nº 20.255 en lo relativo a la forma de acceder al aporte previsional solidario, que la Mesa ha declarado inadmisible.
Por lo tanto, queremos pedir que se oficie al Ejecutivo, en nombre del Senado, para que le preste su patrocinio.
El señor LAGOS (Presidente).-
Así se hará, señor Senador.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, el proyecto que otorga una bonificación adicional por retiro al personal no académico ni profesional de las universidades del Estado fue visto por la Comisión de Educación.
De acuerdo con lo que resolvió la Sala, el proyecto tendría que aprobarse en general y después pasar, para su discusión particular, a la Comisión de Hacienda.
En razón de ello, para los efectos de poder darle al proyecto un trámite lo más urgente posible, sugiero que modifiquemos ese acuerdo para que pase de inmediato a la Comisión de Hacienda y que la Sala autorice a dicho órgano técnico para sesionar entre las 6 y las 7 de la tarde, a objeto de proceder a despacharlo.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
En la misma línea, señor Presidente, no vemos por qué no damos curso a la bonificación que está pidiendo el personal no académico de nuestras universidades estatales.
Había un punto que probablemente entrababa todo esto: los académicos.
Eso ya quedó despejado.
Por lo tanto, secundo la petición que ha hecho el Senador Zaldívar en el sentido de enviar el proyecto lo antes posible a la Comisión de Hacienda para poder tratarlo ojalá la próxima semana, en los primeros lugares de la tabla.
El señor LAGOS (Presidente).-
Senador Zaldívar, para entenderlo bien, ¿usted quiere que se autorice a la Comisión de Hacienda para...
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Para que conozca el proyecto en el trámite del primer informe, y luego, que la Sala nos autorice para sesionar desde las 18 hasta las 19 con el propósito de despacharlo.
El señor BIANCHI.-
¿Para verlo en Sala la próxima semana?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Exacto.
El señor BIANCHI.-
Perfecto.
El señor LAGOS (Presidente).-
Muy bien.
En consecuencia, si no hay objeciones, se accederá a la solicitud planteada por el Honorable señor Zaldívar.
Acordado.
MODERNIZACIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN
El señor LAGOS (Presidente).-
En el primer lugar de la tabla de Fácil Despacho figura el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza el Consejo Nacional de Televisión, concede las asignaciones que indica y delega facultades para fijar su planta de personal, con informes de las Comisiones de Educación y Cultura y de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.922-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 73ª, en 13 de diciembre de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 78ª, en 4 de enero de 2017.
Hacienda: sesión 81ª, en 17 de enero de 2017.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El principal objetivo del proyecto es mejorar la gestión institucional del Consejo Nacional de Televisión por medio de la actualización de sus plantas y de la entrega de información pública sobre su funcionamiento, así como también implementar nuevas asignaciones que complementen el sistema de remuneraciones.
La Comisión de Educación y Cultura discutió el proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 21 de diciembre de 2016, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Pérez Varela, Allamand, Montes y Walker (don Ignacio).
Asimismo, lo acogió en particular en idénticos términos en los que fue despachado por la Cámara de Diputados, con la misma unanimidad precedentemente consignada.
Por su parte, la Comisión de Hacienda se pronunció acerca de los artículos 3, 4, 5 y 6, permanentes, y tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, transitorios, en los términos en que fueron aprobados por la Comisión de Educación y Cultura, e introdujo por unanimidad modificaciones en los artículos 5 y quinto transitorio.
Cabe hacer presente que el artículo 1 tiene el carácter de norma de quorum calificado, y que el inciso segundo del artículo 3 y el artículo séptimo transitorio tienen rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación 19 y 21 votos favorables, respectivamente.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 15 a 21 del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
Le recuerdo a Su Señoría que estamos en Fácil Despacho.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, solo deseo señalar brevemente que la iniciativa de ley en estudio obedece a la necesidad de modernizar el Consejo Nacional de Televisión, organismo que ha experimentado una serie de cambios junto con los servicios de radiodifusión televisiva.
El objetivo principal radica en establecer un conjunto de medidas en materia de mejoramiento de la gestión institucional y de entrega de información por el Consejo, con el fin de potenciar el adecuado cumplimiento de su misión. En dicho contexto, esta iniciativa propone perfeccionar la normativa sobre auditoría, compras públicas y cuenta de su gestión. Asimismo, busca actualizar y modernizar la planta de personal del Consejo, como también dotarlo de nuevas asignaciones que complementen su sistema de remuneraciones.
Debe tenerse presente que en el marco de la tramitación de la iniciativa de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015, en noviembre del 2014 se firmó un Protocolo de Acuerdo entre el Gobierno y parlamentarios en que se concordaron medidas de solución a la problemática detectada. Consecuentemente, el 29 de junio de 2016 se firmó un Protocolo entre el Gobierno, el Consejo Nacional de Televisión y la Asociación de Funcionarios del Consejo Nacional de Televisión (AFUCNTV). Este documento trató diversas modificaciones a la normativa aplicable al Consejo, incluyendo ajustes en materia de compras, auditorías, cuenta al Congreso Nacional y a la ciudadanía, modernización de su planta y modificaciones a su régimen de remuneraciones.
No voy a entrar en detalles, pero ese es el contenido fundamental de este proyecto de ley.
Solicitamos, como Comisión de Educación y Cultura, que el Honorable Senado tenga a bien aprobar esta iniciativa.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor BIANCHI.-
¡Estamos en Fácil Despacho, señor Presidente!
El señor PROKURICA.-
¡Señor Presidente, en qué quedamos!
El señor LAGOS (Presidente).-
Senador señor Navarro, solamente quiero recordarle que esta es una iniciativa que se encuentra en Fácil Despacho.
Entonces, entendiendo que todos tienen derecho a fundamentar su voto, aunque no está abierta la votación, les pido colaboración en esto.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, creo que esta es una iniciativa justa y necesaria.
Por primera vez el Consejo Nacional de Televisión presenta una organización de trabajadores que va a servir mucho para poder tener una relación adecuada con la jefatura. Y los trabajadores organizados son siempre una buena noticia.
Me parece adecuada la creación de un bono imponible. Los bonos siempre deben ser imponibles.
Se asignan funciones críticas. ¡Bien! Esto implica que a mayor responsabilidad, mayor reconocimiento.
Es bueno que un ente fiscalizador sea a su vez fiscalizado, y esta es una misión del Parlamento.
Han pasado tres años desde la promulgación de la Ley de Televisión Digital y el CNTV aún no genera su reglamento. Creo que esto es importante: debe contar con uno y es una tarea pendiente.
Del mismo modo, dicho órgano debe tomar acciones para velar por el pluralismo noticioso, tema que, en mi opinión, se encuentra inacabado. El pluralismo noticioso es un elemento fundamental que debe ser preservado por el Consejo Nacional de Televisión.
Quiero decir también que aún no se sabe cuáles son los requisitos que deben cumplir los interesados en postular a concesiones sin infraestructura. En las postulaciones a fondos concursables de televisión de calidad dicha entidad tiene que marcar una pauta.
Respecto del correcto funcionamiento, existen críticas sobre qué se entiende por ello. Los trabajadores o artistas organizados han planteado que hay un doble candado. Cuesta mucho establecer sanciones. Por la medida del correcto funcionamiento se deben cumplir requisitos muy complejos: la doble certificación judicial, por una parte, exige una sentencia ejecutoriada, aun cuando fue descartada. En la iniciativa anterior, en la Comisión Mixta lo planteó la Derecha, la Oposición.
Además, se torna materialmente imposible, porque se debe certificar el cumplimiento de la ley especial N° 19.889.
El correcto funcionamiento fue una salida adecuada a un tema muy complejo. Sin embargo, en esta ocasión yo quisiera nuevamente reiterar que es un deber del Consejo Nacional de Televisión velar por aquello.
Por último, señor Presidente, ojalá pudiéramos tener mayor información acerca de la televisión comunitaria, pues es distinta de la televisión abierta e incluso de la regional.
Y teniendo presente que el Consejo sí debe rendir cuentas -enviar un informe en el mes de marzo a ambas Cámaras y, a su vez, dar una cuenta pública-, que el CNTV rinda cuenta al Senado no es una mala idea, pero no es para esta ocasión, por cuanto queremos que la iniciativa se tramite en forma rápida y no vuelva a Comisión.
Más adelante me permitiré retomar esta idea, señor Presidente.
Por ahora, voy a votar a favor, porque considero que el proyecto reúne los requisitos necesarios con las observaciones señaladas.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
Votaré a favor.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, ¿puede abrir la votación?
El señor LAGOS (Presidente).-
No hay más Senadores inscritos.
¿Habría acuerdo para abrir la votación en general y en particular, realizando una sola, porque existen normas de quorum?
Acordado.
En votación.
Señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto en general y en particular (28 votos favorables), dejándose constancia de que se reunió el
quorum
constitucional requerido, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Goic, Muñoz y Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LAGOS (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo del Honorable señor Guillier.
A continuación, veremos el segundo proyecto que se encuentra en la tabla de Fácil Despacho.
Antes, quiero leer el artículo 87 de nuestro Reglamento: "Los proyectos de la tabla de Fácil Despacho se discutirán en general y en particular a la vez, hasta por diez minutos, divididos por iguales partes entre los Senadores que sostengan y los que impugnen un proyecto. Al término del tiempo se cerrará el debate y se votará de inmediato el proyecto".
En consecuencia, son diez minutos en total para la discusión en esta instancia.
El señor COLOMA.-
¿Con quién está peleando, señor Presidente?
El señor LAGOS (Presidente).-
No lo estoy haciendo.
El señor ALLAMAND.-
¡Manténgase enojado, señor Presidente...!
El señor LAGOS (Presidente).-
¿Saben qué pasa?
El señor LARRAÍN.- Dirija nomás, señor Presidente.
)---------------(
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Informe
De la Comisión de Hacienda, recaído en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que solicita el acuerdo del Senado para designar Consejera del Banco Central de Chile a la señora Rosanna Costa Costa, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º del artículo primero de la ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central (boletín N° S 1.915-05) (con la urgencia establecida en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).
--Queda para tabla.
DESIGNACIÓN DE SEÑORA ROSANNA COSTA COSTA COMO CONSEJERA DEL BANCO CENTRAL DE CHILE
El señor LAGOS (Presidente).-
Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar Consejera del Banco Central de Chile a la señora Rosanna Costa Costa.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1.915-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 81ª, en 17 de enero de 2017.
Informe de Comisión:
Hacienda: en sesión 82ª, en 18 de enero de 2017.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El Ejecutivo ha hecho presente la urgencia en los términos del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
La Comisión de Hacienda deja constancia, por la unanimidad de sus miembros, de que en la proposición en estudio se ha dado cumplimiento a los requisitos, formalidades y procedimientos previstos al efecto por nuestro ordenamiento jurídico.
Nada más, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión la solicitud.
Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar. Luego se la daré al Honorable señor Coloma, y después se procederá a votar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, la Comisión de Hacienda se reunió para escuchar la exposición de la persona propuesta por la Presidenta de la República para ser nombrada en el cargo de Consejera del Banco Central.
Esta nominación recae en quien conocimos como Directora de Presupuestos en el Gobierno anterior: doña Rosanna Costa.
Ella reúne todos los méritos y requisitos, según nos informamos en la Comisión, para ocupar dicho cargo.
Es ingeniera comercial de la Universidad Católica de Chile. Desde 1983 hasta 1992 se desempeñó en el Banco Central, entre otras funciones, como Coordinadora del Área Monetaria en la Dirección de Estudios.
Además, ha participado en varias Comisiones que se han designado: primero, en la Comisión sobre Reforma Previsional, en el año 2006, presidida por el actual Presidente del Instituto Emisor, Mario Marcel; luego, en la Comisión sobre Trabajo y Equidad, en el 2008, que fue creada también por la Presidenta Bachelet y presidida por Patricio Meller; en seguida, en la Comisión de Probidad, encabezada por Eduardo Engel; también participó en la Comisión Nacional de Productividad, que preside el académico Joseph Ramos, y actualmente es miembro de la Comisión Asesora para la Educación Técnica.
Asimismo, como señalé al principio, se desempeñó en el cargo de Directora de Presupuestos durante los cuatro años del Gobierno anterior. Y entre el 2004 y el 2010 integró el Consejo de Alta Dirección Pública.
Como se puede ver en su trayectoria, durante todo el período de su ejercicio profesional ha participado en las políticas públicas. Así que conoce los temas que seguramente le corresponderá resolver como Consejera del Banco Central.
Atendidos todos esos antecedentes y la exposición que nos hizo en la Comisión -consta en un documento por escrito a disposición de los señores Senadores-, donde plantea temas como su visión sobre la autonomía del Banco Central; la importancia del control de la inflación como aporte a la estabilidad y al crecimiento, no como una mera imposición cuantitativa; la política cambiaria, y el rol del Instituto Emisor en materia de estabilidad financiera, la Comisión por unanimidad pone en conocimiento de sus Señorías el nombre de doña Rosanna Costa para ser designada miembro del Consejo del Banco Central.
Es todo, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, quiero partir valorando la postulación de doña Rosanna Costa para el cargo de miembro del Consejo del Banco Central que ha hecho la Presidenta de la República; en primer lugar, porque es una persona de extraordinarias condiciones técnicas y humanas y su trayectoria ha sido muy significativa precisamente en lo que se requiere.
Ella trabajó en el Instituto Emisor por el período de diez años. También se ha desempeñado en muchas Comisiones nombradas por distintos Gobiernos: la de Previsión, la de Trabajo y Equidad, la de Probidad, la Nacional de Productividad y la Asesora para la Educación Técnica.
Además, fue Directora de Presupuestos, lo cual -como se planteó en la Comisión de Hacienda- puede ser un activo muy importante para armonizar adecuadamente el uso de herramientas monetarias con lo que dice relación con el desarrollo del país.
Adicionalmente, creo que le hace bien al Banco Central incorporar, por sus merecimientos, a una mujer dentro de la dirección de esa institución.
A mi juicio, ese es el gran mérito de este nombramiento: haber encontrado a una persona que representa con exactitud que las políticas públicas son transversales y que es muy indispensable manejarlas con seriedad.
Pienso que es una garantía para uno y para otro lado, cualquiera que sea el próximo gobierno o las administraciones que vengan, que haya gente capacitada que pueda plantear con independencia, con autonomía, sus puntos de vista.
Respecto del control de la inflación, Rosanna Costa señaló que esta es uno de los problemas más severos que cualquier sociedad tiene que enfrentar en relación con los ciudadanos.
También se refirió a la autonomía del Banco Central. Recordemos que este organismo ha cumplido veinticinco años de autonomía, y si hay una institución respetada y reconocida por todos los sectores me parece que es precisamente aquella.
En materia de política cambiaria, Rosanna Costa mencionó cómo la liberación cambiaria y el proceso de apertura financiera han sido decisivos en la estabilidad de precios, y cómo se tiene que supervisar la estabilidad financiera (cosa que no se plantea demasiado) en lo que concierne al normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, lo cual obliga a actuar tanto en la prevención como en la superación de las crisis financieras y de balanza de pagos.
Señor Presidente, muchas veces estos temas son conflictivos y complejos, naturalmente. Pero creo que ha sido muy relevante lo que se ha señalado. Por tanto, estimo que resulta bueno tener un respaldo importante por parte del Senado a la proposición formulada, ya que, obviamente, la postulante significa un aporte a Chile, un aporte al Banco Central, un aporte a la participación de la mujer en políticas públicas.
De ahí que aprobamos con entusiasmo este nombramiento.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
En votación la solicitud.
--(Durante la votación).
El señor LAGOS (Presidente).-
Hay tres señores Senadores inscritos.
El señor COLOMA.-
¡No fomente que intervengan, señor Presidente...! ¡No se entusiasme...!
El señor LAGOS (Presidente).-
No lo puedo evitar. Están en su derecho.
Tiene la palabra para fundamentar el voto el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo reconocer en la Presidenta de la República y en la persona de su Ministro de Hacienda, don Rodrigo Valdés, la propuesta que se hace a la Sala del Senado para designar a una Consejera del Banco Central en representación de don Rodrigo Vergara.
En seguida, me sumo a las palabras que pronunció recién el Senador Juan Antonio Coloma acerca de las virtudes y las capacidades de la señora Rosanna Costa. Así que votaremos entusiastamente por ella porque la conocemos y porque ha prestado grandes servicios al país, participando transversalmente en diversas Comisiones, en distintos gobiernos de diferente signo.
Consideramos que doña Rosanna Costa es una persona de Estado, y, por lo tanto, cumple con todas las condiciones y los requisitos para desempeñar, con rigurosidad, como lo ha hecho siempre, el cargo de Consejera del Banco Central.
Votamos a favor.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, muy brevemente quiero señalar que para mí es un tremendo honor que estemos hoy día designando a Rosanna Costa Consejera del Banco Central.
Se trata de una profesional de excepción, una mujer de Estado, alguien que se ha ganado el derecho a desempeñarse en dicho cargo y que ha mostrado un profesionalismo a toda prueba, alejado de los populismos. Estoy cierto de que va a ser un tremendo aporte para el Banco Central.
Por eso, votamos favorablemente la propuesta en nombre de la bancada de Renovación Nacional.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, Rosanna Costa es una estupenda profesional y economista. Es seria, es objetiva, le apasiona su área, sabe el tema.
Recuerdo que, cuando yo era concejala, un grupo transversal de mujeres trabajamos intensamente para que María Elena Ovalle fuera la primera mujer que integrara el Banco Central. Así que me da mucho orgullo como Senadora, como mujer, que ahora se pueda contar nuevamente con otra en el Instituto Emisor.
Es decir, es un camino que se inició unos años atrás, teniendo primero a María Elena Ovalle y ahora a Rosanna Costa, quien es una gran economista y desempeñó un cargo muy relevante durante el Gobierno del Presidente Piñera.
Me tocó compartir con ella en la Comisión de Trabajo y Equidad, donde hicimos un montón de propuestas, entre otras, todo lo relacionado con el trabajo de la mujer y modificaciones en materia de salas cuna.
Creo que va a ser un gran aporte para nuestro país tenerla en el Banco Central.
Por tanto, voto a favor.
El señor LAGOS (Presidente).-
No hay más señores Senadores inscritos.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la proposición de la Presidenta de la República para designar Consejera del Banco Central a la señora Rossana Costa Costa (28 votos a favor y una abstención).
Votaron a favor las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvo el señor Navarro.
El señor LAGOS (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Guillier.
Muy bien. Felicitaciones a la señora Costa por su nombramiento.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
PERMANENCIA DE TROPAS CHILENAS EN MISIÓN MULTIDIMENSIONAL INTEGRADA DE ESTABILIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS EN REPÚBLICA CENTROAFRICANA
El señor LAGOS (Presidente).-
Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual se solicita el acuerdo del Senado a fin de mantener la autorización para la permanencia de tropas chilenas en la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), por el plazo de doce meses, a partir del 10 de febrero de 2017 y hasta el 9 de febrero de 2018, con informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, y con la urgencia establecida en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1.914-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 80ª, en 11 de enero de 2017.
Informe de la Comisión:
Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas: en sesión 82ª, miércoles 18 de enero de 2017.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Las Comisiones unidas dejan constancia de los fundamentos del Gobierno para requerir el acuerdo del Senado en orden a mantener la participación de Chile en la MINUSCA.
Se recibió en audiencia al Ministro de Defensa Nacional, al Jefe del Estado Mayor Conjunto, al Director de Operaciones y Conducción del Estado Mayor Conjunto y a diversos representantes del Ministerio de Defensa Nacional, y luego de analizar los antecedentes relativos a esta materia, las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Chahuán, García-Huidobro, Guillier, Larraín, Pizarro y Prokurica), acordaron recomendar que se otorgue el acuerdo solicitado por Su Excelencia la Presidenta de la República.
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, una vez más la Presidenta de la República somete al acuerdo del Senado la permanencia de un grupo de oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, en esta oportunidad, en la República Centroafricana, en una misión que se desarrolla bajo el alero de las Naciones Unidas, denominada "MINUSCA", que busca reconstruir y consolidar la democracia en una nación que ha sufrido varias guerras civiles.
Todavía estamos frente a un cuadro bastante complejo. Esta misión, compuesta por cuatro oficiales chilenos -un capitán de corbeta de la Armada, un teniente coronel y un capitán del Ejército y un comandante de escuadrilla de la FACh-, forma parte del Estado Mayor de la MINUSCA, donde cumple labores de logística, planificación y organización de operaciones aéreas. Se trata de hacer un adelanto para posteriormente crear condiciones distintas en ese lugar.
Señor Presidente, señores Senadores, me parece que las operaciones de paz durante las últimas décadas se han transformado en un sello de la política exterior de Chile y en parte integral de su política de defensa. Integrarlas es ineludible para un país que basa todo su desarrollo en las exportaciones y en el comercio exterior.
La participación de las Fuerzas Armadas chilenas en este tipo de misiones es una muestra palpable de nuestro compromiso con la comunidad internacional, la conservación de la paz mundial y la supremacía del Derecho Internacional en todo el mundo.
Por eso, aprobaremos esta nueva solicitud.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, tal como lo manifestó el Senador Prokurica, el día de ayer en las Comisiones unidas aprobamos la solicitud hecha por el Gobierno para autorizar la participación de oficiales y contingentes de nuestras Fuerzas Armadas en la República Centroafricana.
Esta solicitud forma parte de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (N° 2301), que establecen una ampliación del mandato que ya se había entregado hasta el año 2017.
Dentro de las prioridades y objetivos que persigue la misión se encuentran la instalación de un gobierno democrático; restablecer la paz, la seguridad y la cohesión social; recuperar la economía; ayudar y apoyar en la política y la buena gobernanza, y, por supuesto, desarrollar todo tipo de acciones humanitarias y de asuntos sociales en un país que ha estado muy golpeado por enfrentamientos, guerras internas y una gran violencia.
Cuatro de nuestros oficiales en este momento están ejerciendo sus funciones allá. Lo hacen junto con otras cincuenta y tres naciones que también han enviado contingentes. Desde América Latina participan Perú y Guatemala, entre otros.
Según nos informaron el señor Ministro de Defensa y el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, es importante la participación de oficiales chilenos, pues la idea es que ellos estén en evaluación permanente y periódica con nuestro Estado Mayor, mes a mes, para ver si existen las condiciones que permitan enviar otro contingente, en relación con las necesidades de la República Centroamericana y la situación económica, social y política que se está sucediendo.
Tal como lo ha dicho el Senador Prokurica, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, entendemos que participar en las misiones de un organismo multilateral, como lo es Naciones Unidas, forma parte de nuestras políticas de Estado y de relaciones exteriores. Creemos que ello es nuestra obligación, además de una muy buena oportunidad para nuestro contingente.
Esa es la razón por la que votamos unánimemente a favor, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la solicitud de la Presidenta de la República para autorizar la permanencia de tropas chilenas en la MINUSCA (25 votos a favor).
Votaron las señoras Muñoz y Lily Pérez y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
El señor LAGOS (Presidente).-
Se deja constancia de la intención de voto favorable de la Senadora señora Van Rysselberghe y de los Senadores señores Girardi, Guillier y Montes.
Asimismo, se deja constancia de la intención de abstenerse del Senador señor De Urresti.
A continuación, procederemos con el cuarto proyecto de Fácil Despacho, que incorporamos al comienzo de la sesión.
REGULACIÓN DE BENEFICIO PARA TRABAJADORES DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA ADMINISTRADOS EN CONVENIO CON JUNJI
El señor LAGOS (Presidente).-
Proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que regula beneficio que indica para los trabajadores de los establecimientos de educación parvularia administrados en convenio con JUNJI, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el oficio (11.094-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 82ª, en 18 de enero de 2017.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Cabe destacar que este proyecto ha sido eximido del trámite de Comisión.
Su texto es el siguiente:
"ARTÍCULO ÚNICO.-
Los establecimientos de educación parvularia financiados mediante transferencia de fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tendrán un receso o suspensión de actividades regulares durante todo el mes de febrero de cada año, incluyendo las actividades de sus trabajadores y trabajadoras, quienes harán uso de su feriado legal durante dicho receso y en lo que exceda a éste gozarán de un permiso especial remunerado. Este receso también se hará efectivo durante una semana en el mes de julio de cada año, de acuerdo a la resolución que para dichos efectos debe dictar la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Lo anterior, sin perjuicio que durante estos períodos de receso o suspensión de actividades regulares, se implementen en dichos establecimientos programas estivales o invernales específicos para atender al párvulo según fuesen las necesidades de la comunidad, con personal contratado especialmente para dichos efectos, lo que será exclusivamente de cargo y costo de sus sostenedores.".
Nada más, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, que viene a aclarar la aplicación de una glosa aprobada durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos. Se trata de permitir que las funcionarias y los funcionarios que trabajan en los jardines infantiles tengan libre el mes de febrero, lo cual fue analizado ya, en su momento, cuando discutimos el Presupuesto.
El proyecto iguala las condiciones de los funcionarios que trabajan en los jardines infantiles del sistema VTF con los de la JUNJI. Eso implica un avance en la línea de lo que siempre hemos planteado, en términos de ir homologando las condiciones laborales, incluso de remuneraciones, entre unos y otros. Porque los recursos que el Estado gasta por niño en la Junta Nacional de Jardines Infantiles son mayores que los que entrega a los jardines infantiles vía transferencia de fondos.
Son todos trabajadores y, por lo tanto, el trato de parte del Estado debiera ser el mismo.
Señor Presidente, deseo aprovechar esta oportunidad para referirme a la situación que afecta hoy día a los funcionarios no docentes de las escuelas. Porque algunos municipios les dan feriado durante febrero, pero otros los hacen trabajar en ese mes.
Lo anterior se debe a una interpretación que hace la Contraloría General de la República en el sentido de que los asistentes de la educación no deben dejar de trabajar durante febrero porque tienen contratos de trabajo. Debido a ello, los funcionarios no docentes deben concurrir a las escuelas, aunque estén cerradas y no haya ningún tipo de actividad, para poder recibir sus remuneraciones.
Entonces, es una situación bastante absurda que se da en varios municipios.
Por lo tanto, los asistentes de la educación han pedido que se los trate exactamente igual que a los trabajadores de los jardines infantiles.
Señor Presidente, debido a que esa es una interpretación que hace la Contraloría General, habrá que efectuar un cambio legal sobre el particular, ya sea a través de la Ley de Presupuestos o de una iniciativa legal que envíe el Ejecutivo, a fin de que los asistentes de la educación también puedan tener libre el mes de febrero y las vacaciones de invierno. Porque se produce la situación absurda de que ese personal no docente concurre a los colegios y escuelas cuando en realidad no hay nada que hacer. Pero deben ir, porque de otra manera el municipio no les podría pagar y se quedarían sin sueldo. Y los municipios actúan de esa manera debido a que la Contraloría interpretó la norma en esa línea.
Así que, señor Presidente, pienso que sería de toda justicia que lo mismo que estamos aprobando acá para las trabajadoras de los jardines infantiles, lo aprobemos en su oportunidad para los asistentes de la educación.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Tengo varios inscritos para intervenir.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, voy a ser breve, porque el tema lo conversamos largamente ayer.
La Senadora Muñoz explicó bien por qué necesitamos con urgencia solucionar este problema: porque responde a un compromiso que asumimos en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos durante el debate del proyecto de Ley de Presupuestos.
Considero también un acto de justicia reconocer la buena voluntad del Ministro de Hacienda, y sobre todo -cosa increíble-, del Ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, que recién se encontraba en la Sala -dicen que está el titular de Defensa, que es lo mismo-, a quien le agradecemos que tan presta y rápidamente haya reaccionado, seguramente con la asesoría de doña Macarena Lobos, lo cual permitió sacar adelante este proyecto en términos tales que no impida el despacho de la ley miscelánea.
Así que, a mi juicio, se hace un acto de justicia. Las trabajadoras del sistema VTF efectivamente tienen diferencias demasiado grandes y discriminatorias en comparación con el personal de la JUNJI, que cumple las mismas funciones. En consecuencia, creo que lo mejor que podemos hacer es aprobar este proyecto y garantizar las vacaciones y el descanso que ellas se merecen, porque además trabajan con la vulnerabilidad y con la ruralidad en nuestro país. Y, sin duda, la pega que realizan es extraordinariamente dura y la desarrollan en el alma más sensible de nuestra sociedad: las salas cunas y los jardines infantiles.
Vamos a votar a favor, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.
La señora MUÑOZ.-
Señor Presidente, en el mismo sentido señalado por el Senador Pizarro, este fue un debate que realizamos extensamente en el marco del proyecto de Ley de Presupuestos. En esa ocasión, el Gobierno redactó una indicación que se aprobó acá en el Senado y luego, en la Cámara de Diputados. Sin embargo, hay veinte municipios que no han sabido leer el contenido de esa glosa presupuestaria.
En la Segunda Región, el Municipio de Mejillones no ha querido acceder a la entrega de este beneficio a las funcionarias de los jardines infantiles del sistema VTF.
En la Región de Coquimbo, que represento en este Senado, los municipios de Monte Patria y de Andacollo tampoco supieron interpretar esa disposición.
Lo mismo ha ocurrido en la de Región de Valparaíso, en los municipios de Olmué, Villa Alemana y Viña del Mar; en la Región Metropolitana, en los de Huechuraba, Renca, Quinta Normal y La Reina; en la Séptima Región, en los de San Rafael, Cauquenes, Licantén, Talca y Constitución; en la Novena Región, en los de Perquenco, Pitrufquén y Traiguén, y en la de Los Lagos, en los de Puerto Varas y Osorno.
Esos veinte municipios han negado a las funcionarias de VFT un derecho que estableció este Parlamento en la Ley de Presupuestos.
Por eso, señor Presidente, me alegro muchísimo de que hoy día el Gobierno haya incorporado dicho derecho a través de este proyecto de ley. Agradezco a los Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia, y especialmente a Macarena Lobos, quien redactó la norma exactamente de acuerdo al espíritu que quisimos impregnarle en la Ley de Presupuestos. Ello nos permite darles una gran noticia a las aproximadamente 16.500 funcionarias que dependen del sistema VTF en los municipios. Así que, si la Cámara de Diputados aprueba la iniciativa con la misma prontitud con que lo estamos haciendo nosotros acá, ellas van a poder gozar de vacaciones en febrero de 2017.
Voto a favor.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, intervengo en la misma línea de lo señalado por quienes me antecedieron.
Efectivamente, lo que nosotros hicimos en el proyecto de Ley de Presupuestos fue homologar la situación para todos los funcionarios públicos o del Estado. Lamentablemente, ha habido una mala interpretación de ello. Incluso, algunos municipios estiman que existe un vacío legal respecto a las trabajadoras de jardines infantiles del sistema VTF.
En nuestra Región de Valparaíso hay tres municipios que aplican ese criterio a las trabajadoras de jardines infantiles: Viña del Mar, Olmué y Villa Alemana. Obviamente, ello implica que si no despachamos rápidamente este proyecto, esas funcionarias no tendrán vacaciones en febrero próximo. De ahí la urgencia de aprobarlo, esperando que la Cámara de Diputados se ponga a tono con lo que estamos haciendo acá y se pronuncie exactamente igual, y con premura, para que todas las trabajadoras del sistema VTF puedan tener vacaciones como corresponde.
Esto no es una concesión, un favor. Se trata simplemente de hacer cumplir el espíritu de una disposición que nosotros aprobamos en el proyecto de Ley de Presupuestos.
Por lo tanto, como hay municipios que no han querido leer bien la norma, hemos debido acordar a último momento la presentación de un proyecto de ley, elaborado por el Ejecutivo, para hacer vinculante lo que establecimos en la referida ley. Así no habrá excusa para su aplicación.
Por eso, obviamente, voto con entusiasmo a favor, en representación de las miles de trabajadoras de jardines infantiles del sistema VTF. Y espero que la Cámara de Diputados haga lo propio.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, efectivamente, los Senadores de la Región de Valparaíso hemos estado preocupados por la situación que afecta a tres de nuestras comunas.
Considero que hoy se está haciendo justicia respecto de las trabajadoras de jardines infantiles VTF.
Ellas estuvieron presentes durante toda la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos en la que finalmente se logró un acuerdo tendiente a resolver su problema.
Los cuatro Senadores de la Quinta Región hemos estado siempre disponibles para escuchar y apoyar a las trabajadoras de ese sector, pues tres alcaldes se han negado reiteradamente a pagarles sus remuneraciones durante febrero.
Creemos que con esta iniciativa se hace justicia.
La acción que emprendimos en esta Región al menos los Senadores señora Lily Pérez y señores Ignacio Walker, Lagos y quien habla ha estado encaminada hacia ese objetivo. De manera que hemos dado un paso adelante en tal sentido.
También han hecho lo propio los parlamentarios del resto de las regiones.
Entonces, hay justicia hoy día respecto de las trabajadoras del sistema VTF de nuestro país, y en particular, de la Región de Valparaíso.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, el que tengamos que legislar sobre las trabajadoras que se desempeñan en jardines infantiles municipales financiados por la JUNJI vía transferencia de fondos (establecimientos de educación inicial); el que debamos precisar en este proyecto de ley derechos básicos laborales de dicho personal, no hace más que dejar en evidencia que, en general, en algún momento debemos detenernos para estudiar la situación de quienes se hallan vinculados a la reforma educacional.
Hicimos bien cuando despachamos la iniciativa sobre carrera docente. Sin embargo, hay otros trabajadores involucrados. En esa oportunidad, varios Senadores plantearon la existencia de un problema.
Quienes tuvieron más visibilidad sobre el particular fueron las asistentes de la educación, que esperamos que cuenten con un marco legal especial a raíz de la nueva ley de educación pública.
Pero hay un sector, el de las trabajadoras de los jardines infantiles municipales financiados por la JUNJI a través de transferencias de fondos, que se halla en una situación precaria.
En primer término, quiero agradecerles a los Senadores señor Pizarro y señora Adriana Muñoz que hayan recogido las demandas de las trabajadoras y dirigentas de su Región.
Al César lo que es del César, señor Presidente: quienes levantaron la voz fueron las trabajadoras que estaban siendo discriminadas a lo largo de nuestro país.
En particular, se trata de veinte municipios. Y gracias a las dirigentas del referido sector este asunto llegó después a la Comisión de Educación con gran fuerza.
En la Región que represento, la de O'Higgins, hay una dirigenta muy destacada, la señora Viviana. Y nuestras comunas formaron parte de la movilización en apoyo de quienes se desempeñan en jardines infantiles VTF a lo largo de nuestro país.
Gracias al trabajo extraordinario de esas mujeres, quienes además de ayudar en la educación inicial, han contribuido a que hoy día el Congreso legisle sobre la materia y establezca una normativa base mínima de sus derechos laborales, en que a dichas trabajadoras se les garantiza que el mes de febrero se les pagará completo y, también, que podrán gozar del derecho a descanso durante las vacaciones de invierno; en que, adicionalmente, queda muy claro que si esos establecimientos son usados, por ejemplo, para el cuidado de los hijos de temporeras (esto ocurre en la Región de O'Higgins, en la Región Metropolitana, en la Región del Maule, en fin), a quienes se los contrate para realizar esas actividades se les deberá pagar aparte.
Señor Presidente, creo que este es el primer paso para fijar un marco legal que regule los derechos laborales de personas vinculadas a la educación inicial que no fueron incorporadas en el proyecto sobre carrera docente, por cuanto se garantizan derechos fundamentales.
Es lamentable que hayamos llegado a este punto debido a que veinte municipios -quizá hay algunos más- no estaban cumpliendo con el espíritu de una disposición que nosotros aprobamos. Pero lo más importante es que estas trabajadoras, incluso las de las comunas donde más o menos se ha respetado dicha norma, han logrado una conquista laboral extraordinaria.
Son decenas de miles, la mayoría mujeres, los trabajadores que van a tener garantizado el pago de su sueldo en febrero (fecha de descanso forzado por así decirlo) y, también, durante las vacaciones de invierno (una semana).
Señor Presidente -y con esto termino-, así como las manipuladoras de alimentos lograron derechos; así como las trabajadoras del sistema VTF han conseguido que hoy día se les reconozcan sus derechos, espero que podamos asegurarles sus derechos a muchas personas que trabajan para el Estado en condiciones precarias.
Me refiero a quienes laboran en áreas verdes, a los que se desempeñan como basureros o recolectores de residuos domiciliarios, respecto de los cuales también existen vacíos en la legislación.
¡Este es un tremendo proyecto, señor Presidente!
Quiero reiterar mis felicitaciones a los Senadores señora Adriana Muñoz y señor Jorge Pizarro por haber dado esta pelea junto a los miembros de las Comisiones de Educación y de Hacienda, y sobre todo, a las dirigentas de las trabajadoras de jardines infantiles del sistema VTF de nuestro país.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Solicito la autorización de la Sala para que me remplace en la testera el Honorable señor Araya por algunos minutos.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Araya, en calidad de Presidente accidental.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, ojalá pueda detenerse un minuto para oír lo que quiero decir.
Simplemente quiero señalar que valoro esta iniciativa, cuestión que parece ser muy obvia.
Considero que todo lo que se ha mencionado sobre el particular es acertado. Estimo que el espíritu de la norma que estamos aprobando respecto de este sector de trabajadores, en su inmensa mayoría mujeres, es el correcto.
En ello no hay discusión.
Quiero, sí, representar -y por eso a mí no me gusta aprobar estas cosas sin siquiera leerlas- que lo que se plantea en el texto que se nos propone no es lo que dice la glosa que aprobamos en su oportunidad.
Yo escuché a algunos Senadores manifestar que los alcaldes no habían sabido leer la referida disposición.
Con todo respeto, señor Presidente: los alcaldes leyeron bien.
La glosa pertinente establece: "El feriado legal que corresponda al personal que se desempeña directamente en los establecimientos de educación parvularia, a que se refiere la presente glosa, se hará efectivo durante los meses de febrero y julio.".
El feriado legal es de quince días, señor Presidente.
Obviamente, no tengo idea de qué lado son los alcaldes que leyeron esa disposición. Pero no podían haber interpretado esa glosa de otra manera respecto del plazo en que esos trabajadores deberían tener vacaciones.
No sé quiénes son esos alcaldes. Pero quiero reivindicarlos, pues esa es la correcta interpretación.
En cambio, ¿qué dice el proyecto de ley? Señala algo distinto, y por eso soluciona el problema que se suscitó: "tendrán un receso o suspensión de actividades durante todo el mes de febrero de cada año, incluyendo las actividades de sus trabajadores y trabajadoras, quienes harán uso de su feriado legal durante dicho receso y en lo que exceda a este gozarán de un permiso especial remunerado.".
Entonces, lo que se propone en esta iniciativa no tiene que ver con la glosa que se aprobó.
Su texto interpreta la voluntad probable -no la sé, pues no participé directamente de la redacción de la glosa pertinente- que pudo haberse entendido.
Por eso digo que es importante leer estas cuestiones. Porque a mí originalmente me dijeron que los alcaldes eran bastante incapaces y no habían sabido interpretar bien la glosa.
¡No, señor Presidente! Los alcaldes leyeron y entendieron el alcance de esa disposición tal como lo habría hecho cualquier otra persona, esto es, que el feriado legal era de quince días.
Pero como el espíritu de la glosa era distinto, se debió presentar un proyecto de ley sobre la materia. Y no me cabe duda que ello fue merced al esfuerzo de las dirigentas de las trabajadoras del sistema VTF, quienes fueron capaces de leer la norma y comprenderla.
Esto no se hizo porque los alcaldes no entendieron lo que se dispuso en su oportunidad: es la forma correcta de consagrar esta materia en una norma legal cuyo texto, por cierto, es distinto del que se estableció en la glosa respectiva.
Vamos a votar a favor del proyecto. Pero me interesa dejar constancia de las consideraciones que he planteado.
Felicito a los dirigentes por su labor en esta materia. Sin embargo, hay que entender que uno no puede exigir a las personas que interpreten las normas con el significado que aparentemente se les quiso dar. Porque, en una de esas, la glosa presupuestaria tenía otro objetivo: no alterar cálculos de indemnizaciones respecto de determinadas situaciones. Por algo no se colocó en aquella disposición lo que sí se instala hoy día en esta iniciativa de ley.
Me alegro por esta propuesta legislativa y, también, por una buena interpretación de las normas.
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
A continuación, tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, es bastante paradojal lo que estamos discutiendo y aprobando en este proyecto de ley -tramitado sin discusión, pero con consenso-, porque sabemos que encierra un problema de fondo.
Creo que aquí hay una falla clara de técnica legislativa.
Nosotros debiéramos contar, de una vez por todas, con un estatuto para las manipuladoras de alimentos. Año tras año hemos tenido que pelear por sus derechos, por la interpretación de sus contratos, por las condiciones de su finiquito, situaciones que son francamente muy agotadoras para dichas trabajadoras.
Hemos debido enfrentar demandas similares con los asistentes de la educación; y ahora, qué duda cabe, con las trabajadoras de jardines infantiles VTF.
He acompañado en la Región de Los Ríos en innumerables ocasiones a Doris Muñoz, Presidenta de la Asociación de Funcionarias de Jardines Infantiles VTF de Valdivia, para reclamar por el hecho de que el Estado de Chile -y lo repito: ¡el Estado!- no ha dado cuenta de una situación de tremenda vulnerabilidad y desequilibrio entre las trabajadoras de los jardines JUNJI y las que hacen la misma función en establecimientos financiados vía transferencia de fondos (VTF), ya sea en el ámbito municipal, en el de las ONG o en el de otras instituciones.
En este país, señor Presidente -y es bueno que se genere un debate profundo al respecto-, no debemos permitir que haya trabajadores en precarias condiciones, mientras otros que realizan la misma labor disponen de garantías laborales y de estabilidad.
Eso no podemos aceptarlo; y más aún, si estamos legislando en materias de educación de primera infancia.
¿Qué diferencia hay entre las funcionarias que laboran en jardines infantiles VTF y las que están contratadas por la JUNJI? Ninguna. Realizan la misma prestación. ¡Pero las últimas tienen vacaciones y las primeras no!
Y lo peor fue la interpretación de la glosa respectiva que hicieron algunos alcaldes (no digo que actuaron de mala fe; se trata de aproximadamente veinte municipalidades a lo largo de nuestro país), quienes sostienen que dichas trabajadoras no tienen derecho a vacaciones.
Ahí se genera una nueva diferenciación: entre las funcionarias de municipios que conceden vacaciones y las de aquellos que no.
¡Es francamente inadmisible!
Esta es una responsabilidad del Estado. No debieran existir situaciones laborales precarias. Tenemos que darles dignidad a los trabajadores y a las trabajadoras.
Ayer -y quiero señalarlo con nombre y apellido- la Presidenta de la Federación Nacional de Trabajadoras de Jardines Infantiles VTF, Andrea García, y las dirigentas nacionales Marcela Zuleta y Paola Valdés estuvieron gran parte del día en el Senado haciendo su trabajo gremial. Son de distintas regiones y de diferentes localidades.
Se valora que el Ejecutivo haya recogido esa inquietud y que aprobemos esta iniciativa, que fue enviada en 24 horas para resolver una situación que se originó a raíz de una interpretación de la norma pertinente que efectuaron algunos alcaldes -insisto: no les atribuyo mala fe-, quienes plantean que no corresponde pagar.
Claramente, eso no soluciona el punto de fondo, que es darles a las funcionarias de jardines infantiles VTF una condición laboral igual a la que gozan sus colegas en JUNJI o en Integra.
Solo de esa manera vamos a proporcionar, de una vez por todas, una formación profesional adecuada para las personas que están en directo contacto con los niños y las niñas que asisten a los jardines infantiles y a las salas cuna.
Ojalá que este proyecto sea una buena señal y que a futuro haya mayor rigurosidad y compromisos presupuestarios sólidos en esta materia.
Asimismo, desde el punto de vista legislativo, espero que en la próxima Ley de Presupuestos y en las iniciativas sobre modificación y regulación del sistema educacional se incorporen a las manipuladoras de alimentos, a los asistentes de la educación, a los docentes y al personal de los jardines infantiles en una lógica que les dé garantía laboral e igualdad de trato, en lugar de las odiosas diferenciaciones que he señalado.
Confío en que esta futura ley constituirá un alivio para las trabajadoras y los trabajadores que se hallan con inconvenientes por sus vacaciones -ello ocurre en más de veinte municipios-, ya que podrán gozar del mismo derecho laboral que tienen sus colegas.
Es vital contar con una mirada de prioridad para la educación de la primera infancia.
Voto a favor.
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, este proyecto fue pedido por las trabajadoras de los jardines infantiles VTF con el argumento de que la glosa presupuestaria pertinente no fue interpretada correctamente por algunos alcaldes.
En el caso de la Séptima Región, cinco alcaldes no aceptaron la interpretación que se reclama, y ello tampoco ocurrió dentro de la propia Contraloría.
El asunto, en mi opinión, es que el texto que se nos propone resultó mejor de lo que se esperaba.
¿Por qué? Porque esta materia estaba en una glosa presupuestaria, cuya vigencia es de un año, y ahora se legisla con una norma permanente, sin término. O sea, esta futura ley se convertirá en el régimen que va a regular lo relativo a las vacaciones y los permisos del mencionado sector de trabajadoras de jardines infantiles.
Ello significa que dichas funcionarias tendrán sus vacaciones en febrero, período en el que se van a suspender las actividades. En ese mes harán uso de su feriado legal, y en lo que no esté cubierto por este, gozarán de un permiso laboral pagado.
Pero, además, se propone otra cosa.
Aprovecho de agradecer al Gobierno, sinceramente, por recoger la inquietud planteada y haber presentado esta iniciativa después de la petición que formularon diversos parlamentarios, especialmente los Senadores señora Muñoz y señor Pizarro.
Sin perjuicio del beneficio ya señalado, se podrán implementar programas estivales o invernales durante el período de receso. Los municipios quedan facultados para realizar actividades en verano o en invierno para atender a los menores. Si no se hubiera incorporado esta disposición en el texto del proyecto, a lo mejor ellos se habrían quedado sin ese tipo de programas.
Al parecer, el problema suscitó la solución, la cual va a ser definitiva. Nunca más vamos a discutir una glosa en la Ley de Presupuestos para darle el beneficio del feriado legal a este sector, que lo ha reclamado con toda justicia, porque consiste en hacerlo equivalente al que goza el resto de los trabajadores del mismo ámbito.
Por ello, me alegro mucho de que se haya concretado esta iniciativa y de que la aprobemos hoy en el Senado.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (32 votos a favor y un pareo), y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
No votó, por estar pareado, el señor Girardi.
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El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Solicitud de permiso constitucional
Del Senador señor Lagos, con el que solicita autorización para ausentarse del país a contar del día de hoy.
--Se accede a lo solicitado.
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El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Terminada la tabla de Fácil Despacho.
REGULACIÓN DE ENTREVISTAS EN VIDEO Y OTRAS MEDIDAS DE RESGUARDO A MENORES VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Corresponde tratar en particular el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula entrevistas grabadas en vídeo y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.245-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 89ª, en 22 de enero de 2014 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 3ª, en 19 de marzo de 2014.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 69ª, en 21 de diciembre de 2016.
Hacienda: sesión 77ª, en 11 de enero 2017.
Discusión:
Sesión 19ª, en 20 de mayo de 2014 (se aprueba en general).
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 20 de mayo de 2014.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Dicho órgano técnico efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales, con excepción de una, que será puesta en discusión y votación oportunamente, fueron aprobadas por unanimidad.
Por su parte, la Comisión de Hacienda se pronunció acerca de las normas de su competencia: artículos 20, 23 y 27 permanentes, y 2º y 4º transitorios; y no introdujo modificaciones al texto despachado por la Comisión de Constitución.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifiesten su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas. Las recaídas en los artículos 18 y 22 requieren 19 votos para ser acogidas, por ser normas de quorum calificado, mientras que las relativas a los artículos 4°, incisos séptimo, octavo y noveno; 7°, inciso final; 8°; 9°; 10; 12; 13; 15, inciso tercero; 18; 22, inciso cuarto; 27; 29, y 31, que son de rango orgánico constitucional, deben ser sancionadas con 21 votos.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe lo aprobado en general, las modificaciones realizadas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y el texto que quedaría de ser acogidas las enmiendas.
De consiguiente, hay dos votaciones: la primera de ellas dice relación con todo lo que registró unanimidad, y la segunda, con la norma que se verá en su minuto, la cual fue objeto de una mayoría.
Nada más.
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El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Tuma pueda asumir como Presidente accidental.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Tuma, en calidad de Presidente accidental.
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El señor TUMA (Presidente accidental).-
En discusión particular el proyecto.
El señor GARCÍA.-
Pido la palabra.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
La tiene, Su Señoría.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, solo deseo hacer una consulta de procedimiento.
No sé si el inciso final del artículo 23 está entre las normas sobre las cuales nos pronunciaremos, porque es cierto que en la Comisión de Hacienda no se modificó el texto aprobado por la Comisión de Constitución, pero con mi Honorable colega Coloma nos abstuvimos.
Tenemos una duda sobre la pertinencia de que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública deba proveer entrevistadores cuando no existan suficientes en Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.
Si la disposición no se ha incluido, solicito que sea incorporada en lo que debemos votar, porque en la Comisión de Hacienda hubo un resultado dividido.
Gracias.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Mientras se da el informe, la Secretaría estudiará el punto.
Puede intervenir el Senador señor Araya, Presidente de la Comisión de Constitución.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, la iniciativa fue ampliamente discutida por el órgano técnico que presido, el cual celebró numerosas sesiones en que se escuchó a diversas organizaciones y servicios públicos que plantearon sus puntos de vista.
Quiero destacar especialmente la colaboración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública y de la Fundación Amparo y Justicia, organismos que nos acompañaron durante la tramitación.
Prácticamente la totalidad de los preceptos que proponemos son el resultado del acuerdo unánime de los integrantes de la Comisión. En el debate fuimos capaces de consensuar un texto tendiente a introducir importantes enmiendas en la legislación vigente para proteger a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos y que tienen que enfrentar largos y complejos procesos cuando han sido violentados sexualmente, por ejemplo.
La iniciativa apunta a resguardar a menores de edad que, habiendo sido víctimas o testigos de los delitos de violación, o de atentados sexuales, así como de otros ilícitos señalados en el artículo 1°, sufren una victimización secundaria en el proceso penal al que son sometidos. Con el objeto de prevenir la situación, se regula en detalle la realización de la entrevista investigativa videograbada y la declaración judicial que deberán prestar.
Mediante un conjunto de garantías procesales, se busca evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir niños, niñas y adolescentes en su interacción, en calidad de víctimas o de testigos, con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos señalados en el artículo 1°.
A continuación explicaré algunas de las características más destacadas del articulado.
Primero, se establece que las normas de la ley en proyecto primarán en relación con la legislación procesal penal común.
Segundo, se estatuye una serie de principios jurídicos que orientarán la labor de jueces y profesionales que deberán asumir casos penales en que participen menores de edad como víctimas o testigos.
Entre ellos, cabe destacar el interés superior de niño, niña o del adolescente, la autonomía progresiva, la participación voluntaria en el proceso, la prevención de la victimización secundaria, la asistencia oportuna y la tramitación preferente del proceso. Lo anterior ayudará a la correcta aplicación de las disposiciones.
Tercero, se prescribe que los tribunales con competencia en lo penal programarán con preferencia, de oficio o a petición de parte, las audiencias en que se traten materias relativas a víctimas menores de edad o en las que estas deban intervenir como testigos.
Asimismo, cuando se precise, se dispondrán todas las medidas para otorgar celeridad a las actuaciones, de manera de agilizar el procedimiento con el fin de minimizar el período en que niño, niña o adolescente deban participar en el proceso penal.
Cuarto, se determina que cuando la denuncia de un delito sea efectuada por un niño, una niña o un adolescente, deberá ser recibida en condiciones que garanticen su participación voluntaria, privacidad y seguridad, y que permitan controlar la presencia de otras personas.
El funcionario que la reciba no podrá hacer más preguntas que las estrictamente indispensables para que se dé inicio al relato y tenga lugar la identificación, y se limitará a registrar de manera íntegra todas las manifestaciones verbales y conductuales que voluntariamente se expresen.
En ningún caso, el niño, la niña o el adolescente podrá ser expuesto a interrogantes en orden a establecer la ocurrencia de los hechos o la determinación de sus partícipes.
Si un menor de edad acude a interponer la denuncia acompañado por un adulto de su confianza, se deberá garantizar que su participación voluntaria de ninguna manera sea reemplazada por la intervención de este último.
Habiendo tomado conocimiento de la denuncia, el Ministerio Público determinará las diligencias de investigación que se deban llevar a cabo y solicitará las medidas tendientes a proteger y asistir al menor de edad que haya sido víctima o testigo.
Quinto, se precisa que el propósito de la entrevista investigativa videograbada será disponer de antecedentes que puedan orientar el desarrollo de la indagación penal mediante la información que el menor de edad entregue de los hechos denunciados y de sus partícipes, cualquiera que sea la forma en que se exprese. Se procurará evitar la exposición reiterada e injustificada de niño, niña o adolescente, por esta vía, a instancias que busquen establecer la ocurrencia de los hechos materia de la investigación y la participación criminal.
La entrevista investigativa videograbada se realizará por un entrevistador designado por el fiscal, de entre los que cuenten con la acreditación vigente en el registro elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La diligencia se desarrollará en una sala especialmente equipada que cumpla con un conjunto de requisitos orientados a proteger la privacidad y dignidad de los menores de edad. Solo estarán presentes el entrevistador y niño, niña o adolescente.
Solo cuando aparezcan hechos o antecedentes que no hayan sido materia de la entrevista investigativa videograbada y que modifiquen lo expuesto en ella y puedan afectar sustancialmente el curso de la investigación el fiscal, de oficio o a solicitud de cualquiera de los intervinientes, podrá autorizar excepcionalmente la realización de una segunda.
Si el proceso avanza hacia un juicio oral, se determina que al menor de edad se le tomará una declaración judicial, cuyo propósito será que niño, niña o adolescente la presten en juicio en una sala que cumpla con los requisitos que establece la ley y en la que solo estará presente, además, el entrevistador.
Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que existan dificultades de comunicación con el declarante, el tribunal podrá autorizar la presencia de un traductor, intérprete u otro especialista profesional o técnico idóneo.
La declaración judicial será tomada por el mismo entrevistador participante en la entrevista investigativa videograbada. Con todo, en ningún caso tendrá lugar con un fiscal adjunto o un abogado asistente del fiscal. Tampoco podrá verificarse con un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile o de Carabineros de Chile que haya participado en alguna diligencia indagatoria distinta de dicha entrevista.
La declaración se desarrollará bajo la dirección, control y supervisión del juez presidente del tribunal o del juez de garantía, en su caso, en una sala distinta de aquella en que se efectúe la audiencia, especialmente acondicionada y que cuente con un sistema interconectado de comunicación con esta última.
El magistrado deberá velar en todo momento por que el entrevistador realice de manera imparcial y neutral su actividad.
Sexto, se dispone que el tribunal o el juez de garantía, en su caso, de oficio o a petición de alguno de los intervinientes, podrá adoptar una o más de las siguientes medidas para proteger la identidad o la integridad física y psíquica de niño, niña o adolescente:
a) Suprimir de las actas de las audiencias todo nombre, dirección o cualquier otro antecedente que pueda servir para identificarlo directa o indirectamente.
b) Prohibir a los intervinientes entregar información o formularles a los medios de comunicación social declaraciones relativas a la identidad de la víctima o del testigo y a su declaración.
c) Impedir el acceso de personas determinadas o del público, en general, u ordenar su salida de la sala de audiencia.
d) Prohibir a los medios de comunicación social el ingreso a la sala de audiencia.
e) Resguardar la privacidad de niño, niña o adolescente que concurra a declarar y evitar que tenga contacto con los demás asistentes a la audiencia, especialmente durante el ingreso y la salida del recinto donde funcione el tribunal. Ello durará el tiempo que el tribunal dispusiere y podrá ser renovado cuantas veces sea necesario.
De igual forma, el Ministerio Público, de oficio o a petición de alguno de los intervinientes, deberá adoptar todas las medidas que fueren procedentes para otorgar la debida protección a niño, niña o adolescente, víctima o testigo.
Séptimo, se dispone que la entrevista investigativa videograbada y la declaración judicial solo podrán ser efectuadas por quienes reúnan los siguientes requisitos:
a) Formación especializada en metodología y técnicas de entrevista investigativa videograbada y declaración judicial de niños y niñas o adolescentes, según disponga el reglamento, y
b) Acreditación vigente otorgada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Ambas diligencias serán realizadas en dependencias especialmente acondicionadas para llevarlas a cabo y con los implementos adecuados para la edad y etapa evolutiva de niño, niña o adolescente.
Todas las medidas que sintéticamente he presentado dan cuenta de una iniciativa muy relevante y necesaria para nuestro país, la cual constituye una regulación nueva que debemos aprobar para proteger efectivamente a niños, niñas o adolescentes que sean víctimas o testigos de delitos.
Por todas esas razones, la Comisión de Constitución, que presido, propone la aprobación en particular del proyecto en debate, que protege a los menores de edad.
He dicho.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
En seguida, el señor Secretario expondrá el procedimiento de votación, ante la consulta formulada por el Senador señor García.
En todo caso, hay inscritos para intervenir, de manera que no vamos a abrir la etapa de pronunciamiento hasta que se agoten los tiempos.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Hay un conjunto de enmiendas acordadas por unanimidad, algunas de las cuales dicen relación con normas de quorum calificado, en tanto que otras se refieren a disposiciones de rango orgánico constitucional.
Por otra parte, es preciso votar el artículo 17, que fue aprobado por mayoría en la Comisión.
Finalmente, el Honorable señor García ha pedido pronunciarse en forma separada acerca del inciso final del artículo 23.
Esas son las tres votaciones que se requieren.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, Honorables colegas, el proyecto de ley viene a saldar una deuda histórica que, como Estado, tenemos con nuestros niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos de connotación sexual y que se encuentran ante un proceso penal extraño, ajeno y muchas veces insensible. La iniciativa bien podría resumirse en tres conceptos claves: es preciso brindarles cuidado, respeto y protección.
Expreso que se trata de una deuda histórica porque, como Sus Señorías sabrán, la legítima demanda reflejada en el lema "no me pregunten más" se fundamenta justamente en que nuestro sistema penal, en muchos aspectos moderno y avanzado, es hostil, revictimizador y perjudicial cuando se relaciona con menores de 18 años. El proceso penal nunca puede ser, como sucede hoy en muchos casos, una experiencia negativa, humillante, dañina y vergonzosa.
No debemos permitir, a diferencia de lo que ocurre, que este último, el cual busca proteger a la persona, sea escenario de una victimización secundaria. Esta es la deuda que espero que empecemos a saldar con el proyecto.
La victimización secundaria se expresa en la toma repetida de declaraciones, el sometimiento a múltiples peritajes, las esperas excesivas, los espacios inadecuados, el enjuiciamiento destemplado de la veracidad del relato de niño, niña o adolescente, la falta de información, la hostilidad de algunos funcionarios y la sobreexposición en los medios de la identidad de los menores, entre otros factores.
De hecho, según la encuesta "Percepción de los Procesos de Investigación y Judicialización en los Casos de Agresiones Sexuales
Infantiles", de la Fundación Amparo y Justicia y de Mide UC, el 81,9 por ciento de las víctimas (ocho de cada diez) tuvo que declarar más de una vez durante todo el proceso penal, mientras que el 58,2 por ciento (una de cada dos) lo hizo entre dos y cinco veces.
Además, según estadísticas del Ministerio Público, el 74 por ciento de las víctimas de delitos sexuales son menores de 18 años, es decir, más de siete de cada diez.
Lo anterior debe llevarnos a una profunda reflexión social.
El texto presenta dos puntos centrales: por una parte, regula el número de entrevistas a las que puede ser sometido el niño, la niña o el adolescente, y por la otra, determina que ellas deben realizarse en un contexto de protección, cobijo y respeto.
Respecto del primero, se prescribe que la víctima o testigo de estos graves delitos puede ser entrevistado, como regla general, solo dos veces en el proceso penal: una en la etapa de investigación y otra en la judicial.
La finalidad de la entrevista investigativa es que el Ministerio Público obtenga la información necesaria para la persecución penal y el resto de las diligencias pertinentes.
La entrevista judicial, por su parte, permitirá a los jueces conocer los hechos y formarse convicción.
Ambas herramientas dialogan en varios aspectos, pero el principal es que el entrevistador sea el mismo, pues eso ayuda a que niño, niña o adolescente tenga la confianza, la tranquilidad y el resguardo suficientes para entregar toda la información necesaria.
En cuanto al segundo punto, relativo al escenario de realización de las entrevistas, el articulado avanza sideralmente al disponer que deben ejecutarse en una sala especial, que asegure la debida privacidad y protección de niño, niña o adolescente. Se consagra legalmente una práctica alentadora cada día más extendida en los tribunales, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, instituciones a las cuales agradecemos.
En tal sentido, se contempla el presupuesto necesario para fortalecer en tribunales y fiscalías un modelo moderno de infraestructura (salas especiales) y de tecnología (circuito cerrado), que permita, además, una mayor protección de niño, niña o adolescente, para que no tenga que comparecer en presencia del imputado.
Soy un convencido de que no es necesaria una confrontación física entre ellos, como en el antiguo careo del sistema procesal en el siglo pasado. Un proceso respetuoso de los derechos del imputado y de las víctimas y testigos vulnerables no puede ni debe exigir tal enfrentamiento, similar a una batalla medieval. El hecho de evitarlo no constituye en ningún caso una afectación al derecho de confrontación del imputado, puesto que no se trata, como lo ha reconocido incluso la Corte Suprema de Estados Unidos, de un derecho absoluto.
En mi opinión, los derechos del imputado deben ser ponderados y balanceados con el derecho de niños, niñas y adolescentes a un proceso que no los revictimice, pero también con el deber y la obligación estatales de asegurarles a estos últimos su protección e indemnidad. El interés del Estado en resguardar a niños, niñas y adolescentes del trauma emocional de testificar en presencia del imputado justifica sobradamente el uso de mecanismos excepcionales de interrogación, como los contemplados en el proyecto que tenemos que aprobar.
No debemos olvidar que, como nos lo recuerda la literatura comparada, estos traumas bien pueden perdurar muchos años después de terminado el proceso. Esto no puede seguir ocurriendo.
El proyecto tiene, además, otros objetivos que bien vale la pena destacar.
En primer lugar, se reducen los plazos de tramitación de estas causas. A modo de ejemplo, se propone que la audiencia de juicio deberá tener lugar no antes de 15 ni después de 20 días desde la notificación del auto de apertura del juicio oral. El plazo general del artículo 281 del Código Procesal Penal va de los 15 a los 60 días.
En segundo término, se establece un conjunto de medidas de protección que el juez de garantía puede dictar, incluso antes de la audiencia de formalización. Esto, que constituye una novedad en el proceso penal, responde a la necesidad de evitar dilaciones innecesarias que puedan afectar el cuidado del niño, de la niña o adolescente.
En tercer lugar, se establece un modelo de protección de niños, niñas y adolescentes en el modelo de interrogación, incorporando la figura del entrevistador, profesional adecuadamente capacitado, formado, entrenado ¡y certificado!, conocido en el modelo comparado -inglés, australiano, sudafricano- como un intermediario. Todo el proceso de acreditación, por su parte, queda entregado a una sola institución, para evitar diferencias en los estándares de formación: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que cumple en la ley en proyecto un rol esencial por su relevancia en la presidencia de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. Se trata, por tanto, de una normativa que descansa en buena parte en la capacidad de trabajo interinstitucional al interior de la reforma procesal penal. La experiencia nos ha enseñado que el mejor trabajo de la reforma se ha dado siempre en ese contexto de mutua colaboración y coordinación entre las instituciones.
Un intermediario es, básicamente, un sujeto entrenado y calificado, que se comunica con el tribunal y las partes mediante un sistema de audio y micrófono imperceptible, que deberá transmitir las preguntas a los niños, las niñas y los adolescentes en un contexto de especial preocupación y protección. Todo ello se reproduce en directo a la sala donde está el tribunal y los demás intervinientes.
En mi opinión, se trata de la manera más moderna y desarrollada de realizar un interrogatorio y contrainterrogatorio de un niño, equilibrando y ponderando de la mejor manera el debido proceso del imputado con el derecho del niño, de la niña o del adolescente a que el proceso no se erija como una instancia esencialmente revictimizadora y dañina.
En ese contexto, el entrevistador, entrenado y capacitado para interactuar con los niños, las niñas y los adolescentes víctimas o testigos de un delito de connotación sexual o de similar gravedad, no solo sabrá hacerlo de un modo que garantice que el menor de edad no se sentirá acosado, inseguro, confundido, humillado o intimidado, como puede pasar, sino que, además, lo hará en un contexto de mejor calidad epistémica.
La entrevista será -y en este caso no cabe duda alguna- más completa y detallada, es decir, más idónea para alcanzar la verdad, que es lo que a todos nos interesa, o debiese interesarnos.
Se trata, como se ha dicho en Inglaterra, de un modelo de intermediarios que cumplen un rol parecido al de un intérprete, de un traductor, pero con la experiencia, el entrenamiento, la certificación y la sensibilidad para tratar con un niño, una niña o un adolescente y transmitirles las preguntas de los intervinientes en un lenguaje cercano, de modo que no los dañe.
Es un sistema que asegura transparencia, profesionalidad, inmediatez y, por sobre todo, resguardo y respeto por el niño, la niña o el adolescente.
Para finalizar, señor Presidente, no puedo sino incentivar y solicitar al Honorable Senado de la República la aprobación de esta iniciativa. Se trata de un proyecto trabajado por más de tres años en la Cámara Alta, con numerosas sesiones en la Comisión de Constitución.
Tuvimos la posibilidad de recibir a diversos personeros. Aprovecho de agradecer su participación. Concurrieron a la Comisión los representantes de ambas policías; los representantes del Ministerio Público, encabezados por la Gerenta de la División de Atención de Víctimas, señora Patricia Muñoz; la ex Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco, y el actual titular de esa Cartera, don Jaime Campos. Quiero mencionar en particular al abogado que siguió la discusión, don Ignacio Castillo. También deseo nombrar a doña Priscila Carrasco, representante de los centros de víctimas del Ministerio del Interior.
Agradezco especialmente también a quienes han motivado permanentemente este trabajo. Me refiero a la Fundación Amparo y Justicia, representada por su Gerenta General, doña Paulina Leiva, y los abogados que nos acompañaron. Y también hago mención de las organizaciones sociales, como la agrupación No Más Abuso Sexual Infantil, dirigida por doña Claudia Guerrero y todo un equipo, que participó permanentemente de esta definición.
Señor Presidente, Honorables Senadores y Senadoras, esta iniciativa constituye el esfuerzo más serio y exigente que se haya hecho hasta ahora en nuestra historia para intentar minimizar el trauma psicológico que sufren niños, niñas y adolescentes cuando se enfrentan como testigos o víctimas en un proceso penal. Solo puedo valorar y aprobar este esfuerzo.
Anuncio mi voto a favor de este proyecto.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Araya.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
¿Por qué no abre la votación, señor Presidente?
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, el proyecto que se presenta viene a solucionar un problema que ha aquejado a niños, niñas y adolescentes de nuestro país desde hace muchísimos años.
Hoy en día en Chile cuando un niño o una niña denuncia que ha sido víctima o testigo de un delito de connotación sexual, sus padres o la persona que estuviese con él en ese momento lo llevan a una comisaría para que presente formalmente la denuncia. Luego, el menor de edad es interrogado por el funcionario policial y llevado al Servicio Médico Legal para constatar si existe alguna evidencia física de su relato, instancia en que también se le hacen preguntas sobre el hecho. Posteriormente, debe concurrir al Ministerio Público, el cual lo cita a declarar en dependencias de la Fiscalía, en circunstancias de que ya había entregado su declaración en la unidad policial. Después, nuevamente es citado al Servicio Médico Legal o a otra institución similar para que un psicólogo le practique lo que se denomina "una pericia de credibilidad".
Esta situación, sucintamente descrita, es una expresión de la victimización secundaria, es decir, todas aquellas consecuencias negativas que implica para una víctima o testigo participar en el proceso penal, el que debiese buscar hacer justicia y no perjudicar a personas que ya han sufrido bastante.
La característica principal de cómo nuestro sistema expresa la victimización secundaria es la infinidad de veces en que el menor debe dar cuenta de su relato, una y otra vez, a distintos funcionarios policiales, del Ministerio Público o del Servicio Médico Legal.
El texto que aprobó la Comisión de Constitución del Senado es el producto de 16 sesiones, instancias de trabajo en las cuales la iniciativa fue arduamente debatida y reflexionada.
Tuvimos la oportunidad de recibir y conversar con representantes del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública, del Poder Judicial, de la Fundación Amparo y Justicia, entre otros. Todas estas instituciones tienen intereses y miradas propias. Y haber obtenido un texto que, a pesar de las diferencias inherentes a cualquier proyecto de ley, ha dejado conforme a la mayoría de los incumbentes no puede ser sino una señal que debemos valorar.
El campo de aplicación del nuevo sistema viene dado por su artículo 1º, en el que se indican los delitos de connotación sexual contenidos en el Código Penal, además de los delitos de homicidio en sus distintas variantes.
El niño, la niña o el adolescente debe tener la calidad de víctima o testigo de los hechos que son materia de la investigación.
La iniciativa contempla un sistema integral y armónico de entrevistas videogravadas. Son dos hitos o instituciones fundamentales sobre las cuales se construye el sistema.
En primer lugar, se reconoce que la etapa investigativa corresponderá al Ministerio Público, no solo porque así lo establece nuestra Constitución, sino porque es racionalmente lo más adecuado.
Así, una vez recibida una denuncia, se deberá realizar, tan pronto como sea posible, la entrevista investigativa. Y los funcionarios o personas que interactúen con el menor no podrán interrogarlo, toda vez que ello se realizará en la entrevista investigativa. El niño, la niña o el adolescente le contará su versión de los hechos a este entrevistador, persona especialmente capacitada y acreditada para realizar dicha labor.
La entrevista, además, se efectuará en dependencias especiales para ello. El entrevistador debe obrar de manera imparcial, como una suerte de intérprete, obteniendo la mayor cantidad de información para que el fiscal tome una decisión sobre el caso concreto. Asimismo, debe cuidar en todo momento de no contaminar el relato del declarante. Esta entrevista investigativa reemplaza las numerosas declaraciones a las que estaba expuesto el niño, la niña o el adolescente, constituyendo esto un enorme avance. Las demás diligencias investigativas se realizarán sobre la base de dicha entrevista, mas no sometiendo al declarante a nuevos interrogatorios.
En segundo lugar, encontramos la declaración judicial que el niño, la niña o el adolescente presta ante el tribunal que debe decidir sobre la inocencia o culpabilidad del imputado. Por regla general, el entrevistador que tome esta declaración será el mismo que intervino en la entrevista investigativa, lo cual favorece la minimización de la victimización secundaria.
Sin embargo, el proyecto establece inhabilidades y resguardos para asegurar debidamente la imparcialidad que debe regir la labor del entrevistador al momento de la declaración judicial. Así, a modo de ejemplo, no podrá ser entrevistador judicial aquel funcionario que hubiere participado en actividades de investigación distintas de la entrevista investigativa.
La dinámica de la declaración judicial consiste en que los intervinientes efectuarán sus preguntas al juez presidente del tribunal o al juez de garantía, según sea el caso, quien trasmitirá las preguntas al entrevistador. Este se encontrará con el niño, la niña o el adolescente en una sala distinta a aquella en la que se efectúa la audiencia de que se trate. El entrevistador recibirá la pregunta y deberá formulársela al menor de edad en un lenguaje y modo adecuado a su edad, condición emocional y madurez, además de generar un ambiente propicio para la declaración.
Otros puntos del proyecto dicen relación con la exigencia de que todos los entrevistadores cuenten con acreditación vigente en el registro que llevará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; con la habilitación al juez penal para dictar medidas de protección antes de la formalización de la investigación; con el establecimiento de un delito para aquellas personas que difundan datos personales de los niños, las niñas o los adolescentes, para proteger su honra, intimidad e integridad física.
Como miembro de la Comisión de Constitución, no puedo más que reconocer y valorar el trabajo del que fui testigo presencial. El acuerdo existente entre los distintos intervinientes en las últimas sesiones no es comparable con lo que vimos al inicio de ellas.
Los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país merecen y están esperando la aprobación de este proyecto.
El año 2014 se ingresó la primera iniciativa en este sentido, y tres años después podemos finalmente aprobarla.
Quiero terminar, señor Presidente, manifestando mi agradecimiento muy sincero, en primer lugar, a la Secretaría de la Comisión, que nos acompañó durante todo este trabajo; al Ministerio Público y a la Defensoría Penal Pública, que entendieron la importancia de ponerse de acuerdo en esta materia y poder generar espacios de encuentro que nos permitieran proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes; al Ministerio de Justicia, que fue el que encabezó el esfuerzo de sacar adelante el proyecto; al Poder Judicial, que nos acompañó en la discusión, haciéndonos presentes no solo aspectos teóricos, sino también eminentemente prácticos sobre cómo proteger a los niños, las niñas y los adolescentes.
Y también expreso mi especial agradecimiento a la sociedad civil que participó de la discusión de este proyecto, en particular a la Fundación Amparo y Justicia, que ha sido fiel impulsora de la defensa de iniciativas respecto de los niños y que nos acompañó durante todas las sesiones celebradas por la Comisión.
Anuncio mi voto a favor.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, este proyecto enfrenta uno de los temas más complejos y difíciles que existen en la investigación, identificación y sanción de los culpables de un delito. Estamos hablando de los delitos de abuso sexual, que deben de ser, probablemente, de los más cobardes que se cometen en una sociedad.
Señalo lo anterior porque, por regla general, los abusos sexuales se perpetran contra personas indefensas, y, en segundo lugar, porque aun cuando se cometan contra una persona mayor de edad, por las condiciones en que se realizan y por la naturaleza de estos delitos existe una tremenda diferencia entre la capacidad de la víctima para defenderse y la del agresor.
Además, se trata de delitos en que hay muy pocos elementos probatorios fáciles de demostrar, porque habitualmente no existen testigos del abuso sexual. Es posible encontrar testigos cuando hay un robo o un asalto, incluso en el caso de delitos de tráfico de drogas o terroristas. Pero la pregunta que cabe hacerse es si habrá testigos presenciales del hecho en casos de abusos sexuales. Es muy difícil que eso ocurra.
Entonces, estamos hablando de delitos de tremenda complejidad, por la cobardía, desamparo y alevosía con que se cometen; por la dificultad para conseguir las pruebas, y, quizás un elemento básico y de fondo, porque en este tipo de delitos la regla general es, en alto porcentaje, la cercanía o el parentesco de quien lo comete con la víctima.
Por lo tanto, se produce una especie de protección familiar debido a que la víctima no se atreve a contarle al resto de sus parientes que su padrastro, su padre, su tío la viola o la abusa sexualmente.
En consecuencia, nos hallamos en presencia de delitos que demuestran una cobardía enorme.
Así lo pude comprobar cuando teníamos la Oficina de Fiscalización Contra el Delito (FICED), en la que veíamos delitos graves, entre ellos, los de abuso sexual, que eran brutales, y en que finalmente gran parte de los delincuentes que los cometían quedaban impunes.
Por lo tanto, este proyecto de ley representa un avance muy importante, porque, en definitiva, apunta a los siguientes principios.
En primer lugar, al de protección a las víctimas.
El fiscal, dentro del plazo de 24 horas de producida la denuncia, debe tomar todas las medidas necesarias para los efectos de proteger a la víctima y realizar todas las diligencias que permitan la identificación del delincuente.
En segundo término, respecto de la protección de las víctimas, se establecen dos instancias para que ellas declaren. Una es la llamada "entrevista investigativa", acerca de la que ya se ha expresado que debe realizarse en condiciones tales que impida el contacto del agresor con la víctima. Además, ha de ser hecha por una persona calificada, cuya certificación corresponderá al Ministerio de Justicia, la cual podrá pertenecer a la PDI -se lo aclaro a quienes habían pensado que esa norma no existía-, a Carabineros o al Ministerio Público, y deberá contar con la capacitación adecuada para interrogar a una víctima de delito sexual.
Aquí no puede entrevistar cualquiera. No se trata de un robo, sino de un delito que provoca un perjuicio moral, un daño psicológico brutal a la víctima. Por eso se requiere un especialista que interrogue adecuadamente, haciendo las preguntas necesarias para esclarecer los hechos.
La otra instancia es la interrogación que se produce durante el juicio oral, o sea, la entrevista judicial. Esta también es videograbada -igual que la anterior- y debe realizarse en condiciones de absoluta protección. En ella las preguntas se efectúan a través del presidente del tribunal, quien se las transmitirá al entrevistador, de manera tal que no se pueda manipular o afectar la versión del menor.
A mi juicio, hemos hecho un buen proyecto.
Ahora bien, su implementación como ley, tal como ocurre con todas, dependerá de los recursos con que cuente. Porque nosotros hacemos muy buenas leyes, pero cuando no van acompañadas de financiamiento para lograr sus objetivos se crean falsas ilusiones.
Aquí se debe contar con una infraestructura tal que permita -imagínense, ustedes- que un menor agredido sea consultado por un entrevistador -instancia videograbada-, designado por el fiscal, para que pueda hacer todas las diligencias en 24 horas; que, luego, cuando vaya al juicio oral, estén los tribunales habilitados con dependencias especiales. Es decir, se debe contar con un conjunto de medios y de infraestructura necesaria para tales fines.
Formulo dicha prevención porque cuando aprobamos estos proyectos de ley la gente se entusiasma, se pone contenta, feliz, y dice: "¡Qué bueno!". Pero después se produce la mayor decepción, pues las iniciativas no van acompañadas de los recursos del caso.
Entonces, hay que ser muy responsable sobre el particular.
Esta iniciativa va a ponerse en práctica y es probable que no en todas partes funcione igual durante un tiempo. Pero al menos es un primer paso relevante.
Por otro lado, también es muy importante evitar la revictimización de la víctima. Lo digo porque ser abusado sexualmente ya es un delito atroz, pero hacer que más encima la víctima repita reiteradas veces su versión es -créanme- francamente tortuoso.
Entonces, en el fondo, lo que aquí se dice es que, por regla general, habrá dos grandes oportunidades para interrogar a la víctima: en la etapa de investigación, a través de una entrevista videograbada, efectuada por especialistas preparados para tal efecto, certificados por el Ministerio de Justicia y provenientes de la PDI, de Carabineros y del Ministerio Público; y en la etapa del juicio oral, por intermedio del juez presidente del tribunal.
Con ello, se evita la revictimización.
Puede, excepcionalmente, haber otra entrevista, si hay un cambio sustancial de los hechos. Pero eso lo determina el juez, porque podría ocurrir un cambio sustancial de los hechos.
De esa manera, además, se trata de impedir la manipulación de los menores. En ocasiones, a muchos de ellos se les manejan sus testimonios, ya sea por reyertas o pugnas entre los padres, o por la inexactitud de sus versiones, tanto para absolver como para inculpar a una persona.
Por eso, hemos tomado todas las medidas para que la declaración de los niños sea la verdadera, la que realmente da cuenta de lo sucedido, para que no se sientan presionados y puedan atestiguar con tranquilidad.
Sin embargo, advierto de que hay otra falencia en el proyecto de ley, que se debe ver en la práctica.
Por ejemplo, ¿qué ocurrirá cuando un niño es objeto de un abuso sexual por parte de un familiar? Habrá que sacarlo del lugar. Pero ¿están los medios o se cuenta con la estructura adecuada para hacerlo?
Yo espero que este proyecto -aquí está el Ministro Eyzaguirre, que deberá seguir su tramitación en la Cámara de Diputados- se vaya implementando de forma progresiva. Pero no generemos más expectativa, porque aquí se requiere -como dije denante- una serie de recursos y medios que nos permitan avanzar adecuadamente.
Quiero absolver una consulta del Senador García, que también me planteó el colega Coloma, acerca de por qué tiene que ser el Ministerio del Interior, cuando no hay entrevistadores pertenecientes a la PDI, a Carabineros o al Ministerio Público, el que deba proveerlos.
Para el caso de que en determinado momento no hubiera entrevistadores y fuera imposible realizar una entrevista, el Ministerio del Interior deberá disponer de cierta cantidad de ellos, certificados por el Ministerio de Justicia. No es que simplemente pueda enviar a cualquier funcionario a entrevistar.
Es una medida de resguardo, porque se prevé que en algunas oportunidades no habrá entrevistadores. Es lo mismo que pasa con los peritos. ¿Cuántas veces los juicios se suspenden porque estos no llegan?
Por eso, se está tratando de cubrir esa necesidad.
En síntesis, creo que este es un buen proyecto de ley. Lo trabajamos concienzudamente. Me parece un avance importante proteger al menor abusado sexualmente; evitar su manipulación, así como su revictimización, que es atroz, y lograr identificar y sancionar duramente a los cobardes que cometen este tipo de delitos, cuyo daño psicológico queda para toda la vida de los afectados. Son actos francamente criminales, particularmente cuando afectan a un menor.
Por esas consideraciones, señor Presidente, y como miembro de la Comisión de Constitución, pido aprobar el proyecto, que está bien hecho, que significa dar un paso serio y cuya discusión contó con la participación de diversas instituciones (fiscalía; policías; sociedad civil, a través de "Amparo y Justicia" y otras organizaciones). Hubo bastante gente que opinó y opinó muy bien. ¡Que ayudó! Y había que tomar decisiones.
Se ha hecho un buen trabajo. A veces esto ocurre y la gente no lo sabe. En este caso, el texto obedece a muchas horas de hacer bien la pega para ayudar a solucionar una situación dramática, como es la de los abusos sexuales contra menores.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, sin duda estamos frente a una iniciativa notable. Ya no daba para más: la situación de doble victimización obligaba a una ley como esta, que va a requerir medios tecnológicos y humanos para que pueda cumplirse.
Quiero llamar la atención sobre lo siguiente.
Se puede implementar con recursos tecnológicos, en especial cuando niños abusados tengan que declarar a través de videoconferencias grabadas. Igualmente, se pueden formar entrevistadores idóneos. Se establecen mecanismos para tal efecto. Pero todo esto va a depender de que haya recursos, los cuales ojalá estén disponibles a partir del momento mismo en que la ley entre en vigencia.
Sin embargo, quiero llamar la atención sobre un tema que conocí en mi condición de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: la situación del SENAME. Tuvimos ocho sesiones especiales en esta Sala, con decenas de invitados.
¿Qué pasa con los niños abusados, una realidad que muchas veces se da en el seno de la familia, tal como lo ha dicho el Senador Espina? ¿Cuáles son las medidas de protección que se les puede brindar?
La verdad es que ahí también se produce la doble victimización. Se vuelve a la inseguridad y, peor aún, esta inseguridad se presenta dentro de los centros del Servicio Nacional de Menores. Los abusos sexuales al interior de estos establecimientos se hallan claramente tipificados y establecidos. Y cuando esto ocurre, ¿adónde se envía a los afectados? ¡Donde mismo! Es reiterativo. Y estamos hablando de niños de doce años y menos.
Por lo tanto, tenemos, dentro del mismo proceso de protección de menores como política de Estado, una situación gravísima. Los niños abusados en el SENAME siguen allí, doble o triplemente victimizados. Y los que no tienen dónde ir, ¿adónde los llevamos?
Aquí están los Senadores Patricio Walker y Espina. Yo les pregunto: ¿adónde llevamos a los niños a cuyo respecto el tribunal ha tomado la medida precautoria de no regresarlos al seno de su familia? Los jueces no tienen alternativa. Por eso todos los hogares del SENAME se hallan con sobrepoblación, pese a que muchos de ellos no reúnen ningún requisito. Al contrario. ¡Los niños están más seguros en la calle que en alguno de sus centros!
El señor PROKURICA.-
¡Claro!
El señor NAVARRO.-
Más seguros, porque ahí pueden gritar, pueden solicitar auxilio, pueden correr hacia un carabinero y pedirle socorro. Al interior del SENAME, ocultos bajo cuatro paredes, con una ley interna del silencio, esto se torna muy complejo.
Por lo tanto, espero que el reglamento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que establezca los requisitos para los entrevistadores idóneos y los programas para su formación tenga la misma premura en disponer las medidas de protección dirigidas a los niños abusados que no puedan regresar a sus hogares, porque hacerlos volver al SENAME es peor.
Para ello se van a requerir recursos y tal vez la participación de entidades privadas, de asociaciones de solidaridad.
El Estado, en mi opinión, no está capacitado hoy para garantizar la seguridad de los niños dentro de dicha institución. Y la verdad es que tampoco estamos en condiciones de garantizarla fuera de ella. Esto nos pone un desafío.
Se introducen métodos tecnológicos para no someter a los afectados a una doble victimización. El proyecto detalla de manera minuciosa todos los requisitos para realizar las entrevistas: medidas de protección, de seguridad de la privacidad.
Todo eso es positivo. Solo me preocupa si los jueces van a tener la posibilidad de recurrir a esta opción de manera permanente en el tiempo.
Después de escuchar atentamente al Senador Harboe, yo me pregunto cuál es el lapso que los investigadores, los psicólogos, estiman prudente entre la ocurrencia de los hechos y las declaraciones necesarias para denunciarlos. Hay casos en que transcurren largos meses. La tendencia a borrar imágenes, a reprimir la experiencia vivida es evidente.
Por lo tanto, si se busca que la denuncia sea realmente eficaz, se requiere premura en la toma de las declaraciones. En ese sentido, ¿cuál es el momento más adecuado para su realización? Cuando se hace la denuncia y no pasados algunos meses, ni tampoco de manera reiterada. ¿Por qué? Porque yo he observado que las personas afectadas, más aún si son adolescentes, al final pueden caer hasta en contradicciones, utilizadas hábilmente por la defensa para desvirtuar su testimonio. Tratándose de hechos tormentosos, que la mente tiende a relegar al olvido, el paso del tiempo juega en contra de un buen testimonio que determine una denuncia efectiva.
Señor Presidente, el Ministerio de Justicia va a tener la enorme responsabilidad de proveer los recursos. Esto, al final del día, no puede quedar en manos de la PDI, de Carabineros o del Ministerio del Interior. Alguien debe responsabilizarse de que se cuente con los fondos para que funcione la entrevista videograbada y para que haya entrevistadores idóneos, y ese alguien, al parecer, es el Ministerio de Justicia. Los hay en la PDI, por cierto, y en Carabineros, pero no creo que vaya a haber disponibilidad total a lo largo de todo Chile. ¿Qué pasará en las zonas extremas? ¿Dispondremos ahí de entrevistadores idóneos? Lo dudo. Más bien estarán concentrados en las zonas de alta densidad urbana.
Esto va a requerir de verdad recursos.
El proyecto establece una planta: un coordinador nacional; un asesor jurídico; cinco profesionales (psicólogos, sociólogos, informáticos); tres supervisores regionales y dos administrativos; en total, doce funcionarios.
¡Tenemos quince regiones! Y se asignan doce personas para que la ley se implemente en todas ellas. Por lo tanto, la distribución que se haga va a ser muy importante. La prioridad en torno a los casos va a ser fundamental. La idea es que esta relevante innovación pueda llegar también, de manera apropiada, justa y oportuna, a todas las regiones
Habrá un gasto adicional por concepto de traslación de recursos humanos y recursos tecnológicos.
Se establecen, si no me equivoco, 445 millones de pesos para el gasto total. Son 633 millones el primer año; 505 millones, el segundo, y 445 millones, el tercero, misma cantidad que se gastará en régimen. Para el inicio serán 1.361 millones de pesos.
La presente iniciativa irroga un mayor gasto fiscal transitorio de 1.804 millones y un mayor gasto permanente de 445 millones.
Por consiguiente, estamos asignando algo menos de un millón de dólares anuales a esta tarea.
Hago presente que tanto la Defensoría como la Fiscalía tienen una fuerte carga laboral.
Por cierto, yo voy a votar a favor del proyecto, pero quiero recordar que las fiscalías -y lo sabemos- desechan el 70 por ciento de las denuncias, que son archivadas.
El señor PROKURICA.-
¡El 94!
El señor NAVARRO.-
El Senador Prokurica precisa que en algunos casos puede llegar al 94 por ciento. Me pregunto si los fiscales y los defensores tendrán especial consideración cuando atiendan estos casos.
La falta de medios tecnológicos, la escasez de entrevistadores o cualquier carencia de recursos no puede determinar la postergación de las entrevistas, porque, al menos por mi experiencia y por los relatos que he escuchado, el tiempo torna cada vez más difícil la narración de una historia coherente que dé lugar a una acusación eficaz y a una condena efectiva.
Señor Presidente, el proyecto es un tremendo aporte; ha sido trabajado con intensidad en la Comisión -así lo denota el informe-, y lo voy a votar a favor, con las observaciones que he señalado, necesarias de corregir, pues, si la ley no funciona, no será porque sea mala -lo dijo el Senador Espina: fue trabajada intensamente-, sino por falta de eficacia procedimental, y los culpables serán quienes la elaboraron. Y creo que en esto la responsabilidad es compartida y debe quedar muy clara desde el inicio de la vigencia de la nueva normativa, que esperamos que proteja a los menores abusados sexualmente.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
A continuación, le ofrezco la palabra al Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, solo quiero hacer presente un punto a raíz del tema de la victimización.
Tal como acá se ha indicado, estamos despachando un proyecto cuyo objetivo principal es evitar o reducir la victimización secundaria de niños y niñas involucrados en procesos judiciales, ya sea en calidad de víctimas, ya sea como testigos de delitos de connotación sexual o de gravedad.
Con ello estamos modernizando la labor investigativa y judicial, que corresponde, especialmente, al Ministerio Público y a los tribunales, pero que también contempla la participación de diversos órganos auxiliares de la administración de justicia, como las policías, el Servicio Médico Legal o el actual SENAME, en casos específicos que afectan o involucran a menores de edad.
Esta modernización se hace cargo de los nuevos estándares de protección de la infancia, que, por cierto, ponen los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el centro de los procesos.
Este mejoramiento, señor Presidente, se hace en el marco de una serie de proyectos de ley que modifican la institucionalidad que rige en materia de infancia, algunos de los cuales están siendo revisados en este mismo Senado, como el que crea la Subsecretaría de la Niñez y el que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez.
Pero no podemos dejar de llamar la atención en el sentido de que estas reformas avanzan, lamentablemente, a paso más lento que el crecimiento de los niños y niñas que ven vulnerados sus derechos más esenciales.
Está bien hacer todo lo posible por evitar la victimización secundaria, pero, ¿nos estamos esforzando por impedir la victimización primaria, es decir, el atentado original, la violencia inicial, que día a día afecta a nuestros niños, en especial a los más pobres?
¿Estamos haciendo todo lo posible por prevenir las violaciones y vulneraciones de sus derechos?
Como dijo la Presidenta Bachelet a propósito de lamentables sucesos que han afectado a menores de edad y que han causado escándalo en la opinión pública -con justa razón-, tenemos una gran deuda como país frente a nuestros niños y niñas.
¡Todos tenemos esta deuda: las personas, la sociedad, los diferentes órganos del Estado!
Hemos avanzado mucho en asegurar ciertos derechos para todos, en primer lugar para los niños (como la educación, la salud), pero, a medida que se avanza, se suele perder de vista otros derechos más esenciales, como el derecho a la integridad física y psíquica, que se entienden universales, pero que en verdad no se hallan asegurados para todos.
Es el drama de estos tiempos. Mientras la gran mayoría se declara satisfecho con sus vidas, hay gran cantidad de personas y, lo que es más grave, de niños cuya existencia puede ser un infierno.
Para ellos, no hay justificación para mayores dilaciones. Tenemos que actuar ahora.
Por eso quise hacer presente este punto sobre la victimización, señor Presidente, porque creo que también resulta necesario preocuparse de los problemas primarios.
Anuncio mi voto favorable a la iniciativa.
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Hago saber a la Sala que se ha solicitado aplazamiento de la votación.
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, ya que en esta discusión estamos en un intercambio amplio de ideas, quiero explicar muy sucintamente por qué el Senador García pidió votación separada del inciso final del artículo 23.
Estamos tratando de sacar un buen proyecto, que considero que está quedando bien y que, en mi opinión, constituye un aporte muy potente por parte de la Comisión de Constitución.
Básicamente, tiene que ver con lo que por lo menos nosotros hemos identificado como un incentivo que puede quedar mejor establecido.
El artículo 23 establece: "La Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y el Ministerio Público contarán con personal debidamente calificado en metodología y técnicas de entrevista investigativa videograbada y declaración judicial a niños, niñas o adolescentes, y que cuenten con acreditación vigente".
Ya hemos oído a varios señores parlamentarios referirse a la importancia que tendrán estas entrevistas: que van a ser decisivas; muy diferentes de las que se realizaban en el siglo pasado, y que, por su relevancia, deberán estar extraordinariamente bien previstas, porque sus efectos pueden ser muy severos dependiendo de cómo se desarrollen.
A continuación, la norma dispone que tales instituciones deberán garantizar: que los entrevistadores sean idóneos; que estos lleven a cabo sus funciones de forma exclusiva o preferente, y que se creen las condiciones para su formación continua.
La PDI, Carabineros y el Ministerio Público tendrán un rol decisivo. De ahí los esfuerzos que se están haciendo, que entendemos que se hallan bien inspirados.
Pero el inciso final del artículo 23 establece algo que, desde nuestra perspectiva, y aunque también puede encontrarse bien inspirado, genera un incentivo que no es correcto.
Dice: "Excepcionalmente, para garantizar el funcionamiento del sistema, en caso de no existir suficientes entrevistadores acreditados pertenecientes a la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile y el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública deberá proveer los entrevistadores necesarios".
¿Dónde está el punto?
Entendemos que hasta ahora eso no ha ocurrido y puede que no ocurra, pero, si existe esa salida, el incentivo -ya lo hemos visto con el Senador García en la conformación de distintas plantas de personal- estará orientado, no en la formación de entrevistadores de la PDI, Carabineros y el Ministerio Público, sino en recurrir a esa salida, representada por el Ministerio del Interior.
A nuestro juicio, esa excepción puede generar la siguiente situación, que a lo mejor no se considera tan grave.
Voy a poner un ejemplo cualquiera.
La PDI va al Ministerio de Hacienda y le explica que necesita más recursos para mejorar su equipo de entrevistadores, dado que eventualmente puede resultar insuficiente a nivel regional, pensando hacia delante. Entonces, la autoridad puede no entender que si no resuelve el problema le ocasionará una debilidad al sistema, pues igual puede buscar en el Ministerio del Interior entrevistadores que cumplan con algunos requisitos. Pero, si estos no pertenecen a ninguno de los tres organismos establecidos al efecto, se sentará un precedente que no será el mejor.
Es la diferencia que nosotros queremos remarcar, con el espíritu positivo y constructivo con el cual todos estamos trabajando. Por algo la Comisión de Constitución hizo un esfuerzo gigantesco. Lo que nosotros tememos es que la referida excepción abra la tentación de aplicar esa fórmula al enfrentar una eventual debilidad y no se busque el fortalecimiento de los organismos llamados a cumplir dicha labor.
Tal es el sentido de nuestra petición, que quería dejar claro en esta discusión medio general que se ha venido dando.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
No voy a hacer uso de ella, señor Presidente.
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Entonces, se la ofrezco al Senador señor Espina, quien le va a hacer algunas precisiones al Honorable señor Coloma, en nombre de la Comisión de Constitución.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, quiero responderles, por segunda vez, con todo cariño y aprecio, a mi gran y querido amigo Juan Antonio Coloma y a mi jefe de bancada, don José García.
El punto que nosotros analizamos respecto a lo que ellos plantean dice relación con lo siguiente.
La regla general es que los entrevistadores sean funcionarios de la PDI, de Carabineros y del Ministerio Público, los cuales deben cumplir dos características.
La primera es que estén certificados por el Ministerio de Justicia, que es el encargado de establecer si tienen la idoneidad y los cursos de capacitación y de formación necesarios para poder desempeñar tal función.
De hecho, se autoriza que se suscriban convenios para la capacitación y preparación de estos entrevistadores, tanto en la investigación como durante el juicio, con instituciones públicas o privadas, nacionales e internacionales, de manera de disponer de buenos profesionales.
Sin embargo, la pregunta que surge -y también la plantearon las Policías y la Fiscalía- es la siguiente: ¿qué ocurre si en determinado momento, sobre todo en regiones, no hay entrevistadores acreditados en las Policías, en la Fiscalía o en el Ministerio Público, ya sea porque están copados, o porque deben trasladarse, por ejemplo, a Chile Chico, a Arica o a Atacama?
¿Saben lo que va a pasar? Se postergará el juicio, ¡se postergará el juicio! Y cada vez que suceda eso se incurrirá en denegación de justicia.
Por eso, espero que la próxima semana votemos la iniciativa que impide la dilación de juicios, que fue aprobada unánimemente por el Senado. Lo digo, pues esa dilación perjudica a la víctima, y también al imputado, ya que este no puede estar en esa calidad durante años y años, debe tener certeza.
Entonces, la razón es que hay casos -y esto ya pasa con los peritos- en que los juicios se suspenden.
¡Ni hablar de los policías!
Muchas veces ocurre que un policía, que es llevado como testigo por el querellante, por el Ministerio Público, para declarar que detuvo a un sujeto por un robo o un asalto y entregar todas sus características, es trasladado de unidad. Y como fue enviado, por ejemplo, a Arica y el hecho ocurrió en Valparaíso, no puede declarar y se prorroga el juicio.
En consecuencia, el drama que se vive es la prolongación indebida de los juicios.
La pregunta es qué hacemos en esa hipótesis.
A mi entender, es imprescindible contar con la existencia de funcionarios acreditados o -por llamarlo así- de una reserva de entrevistadores que pertenezcan a otras instituciones.
¿Quién es el encargado de la seguridad pública en Chile? ¿Quién nos puede dar más seguridad? El Ministerio del Interior. Y si esta Cartera, que es la encargada de la seguridad ciudadana, se equivoca y forma malos entrevistadores, la responsabilidad política del Ministro del Interior será enorme.
Porque, ¿quién podría hacer esa tarea? ¿Le vamos a encargar a una universidad que forme un stock de entrevistadores? ¿Al Ministerio de Educación? ¿Quién lo hará? ¿Quién se encargará de escogerlos? Y -acuérdense- siempre estos entrevistadores tendrán que pasar por la certificación del Ministerio de Justicia -¡siempre!-, la cual deberá cumplir estándares suficientemente altos para asegurarse de que el entrevistador es una persona idónea.
Además, hay otro elemento de protección, que es vital. Y quiero explicarlo bien, pues nosotros le damos mucha importancia al entrevistador, pero en la declaración judicial el que "corta el queque" -perdonando la expresión- es el presidente del tribunal oral. ¡Él es quien "corta el queque"!
Recuerden Sus Señorías que, primero, la parte interesada en interrogar al menor está ubicada, desde luego, en una sala distinta.
Segundo, aquella no pregunta directamente al menor, sino a través del juez. Este hace la pregunta de tal forma que no resulte inductiva, y se la transmite al entrevistador, quien se encuentra dentro de una sala acondicionada con el niño y tiene que formular la pregunta bajo la observación permanente del juez para que no parezca hecha con el propósito de manipular la verdad, de causar un daño al menor ni tampoco de forzarlo a declarar algo contrario a lo que realmente siente.
En consecuencia, los resguardos se han tomado de manera acertada.
Piensen ustedes que los abusos sexuales se cometen contra niñitos de seis, siete años. Y pongo esa edad para que se entienda lo que significa entrevistarlos.
No quiero repetir lo que expliqué anteriormente con relación al daño. Sin embargo, para aclarar las legítimas preguntas del Senador Coloma y de mi distinguido jefe de bancada, Senador José García Ruminot, debo hacer presente que establecimos esta norma de carácter excepcional, pues la experiencia es una cosa distinta a la teoría. Y la experiencia de hoy día en el sistema judicial nos demuestra que muchas causas se suspenden porque no hay personas que puedan cumplir una función determinada o porque han sido trasladadas a otro lugar.
Y eso lo vemos sobre todo los Senadores que representamos a regiones.
Yo me pregunto cuántos entrevistadores van a llegar al tribunal de Angol o al de Victoria. Y si no llegan, ya sea porque no hay especialistas en la PDI, en el Ministerio Público o en Carabineros, ¿saben qué va a pasar? ¡Se suspenderá el juicio! Y con todo lo que significa para los testigos y para el menor esperar otros dos meses.
Entonces, al final, el testigo no va, se aburre. Luego, las partes se desisten. Y todo eso juega a favor del autor del delito.
Por tales consideraciones, entiendo las aprensiones que se han manifestado y espero haberlas aclarado, pues a mi juicio la norma quedó bien resuelta por la Comisión de Constitución, conforme a lo que se establece en el artículo 23 nuevo (página 40 del texto comparado).
Gracias, señor Presidente.
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
A usted, señor Senador, por la precisión realizada.
--Queda aplazada la votación particular del proyecto
.
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Terminado el Orden del Día.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Ha llegado a la Mesa una petición de oficio.
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Se le dará curso en la forma reglamentaria.
)-------------(
--El oficio cuyo envío se anuncia es el siguiente:
De los señores DE URRESTI, LETELIER, NAVARRO, MUÑOZ, QUINTANA y QUINTEROS:
A la señora Presidenta de la República, solicitándole instruir a los Ministros de Hacienda, de la Secretaria General de la Presidencia, de Agricultura y del Medio Ambiente, para INGRESO A TRAMITACIÓN DE PROYECTO SOBRE CREACIÓN DE SERVICIO NACIONAL FORESTAL.
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El señor ARAYA (Presidente accidental).-
En Incidentes, los Comités Partido Por la Democracia, Demócrata Cristiano e Independiente y Renovación Nacional no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Socialista e Independiente, tiene la palabra el Honorable señor De Urresti.
HOMENAJE A EX ALCALDE DE MAR DE HUEICOLLA SEÑOR HELVIO RIQUELME MORETTI. OFICIOS
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, habemos quienes en el marco de nuestro trabajo parlamentario creemos que la fortaleza de la ciudadanía se encuentra en su capacidad de organizarse, de generar un trabajo colectivo.
Sin embargo, como en todas las cosas, hay excepciones. Y es en estas cuando debemos intervenir en el Hemiciclo para destacar el trabajo particular de algunas personas, dirigentes o líderes comunales de las zonas que representamos.
Por ello, hoy hago uso de la palabra para rendir homenaje a la figura y el ejemplo de don Helvio D'Anuncio Riquelme Moretti, oriundo de la comuna de La Unión en la provincia del Ranco, casado con doña Marina Jaramillo Vásquez y padre de cuatro hijos, quien trabajó en la ex Caja Agraria Banco Osorno y Sociedad de Linos La Unión, y desde muy temprana edad se integró a la familia bomberil de la Segunda Compañía de Bomberos de La Unión.
Además, fue un activo socio del Club de Caza y Pesca de esa ciudad, y del Club de Excursionistas de la comuna.
Fue así como, junto con un grupo de jóvenes amigos, don Helvio realizó el 28 de marzo de 1936 una travesía desde el viejo puerto de Trumao, en el río Bueno, hasta la localidad de Venecia, su desembocadura. Dicha aventura incluyó siete horas de navegación y veinte kilómetros de caminata, y le permitió descubrir un paraje maravilloso: la localidad de Hueicolla, en la costa de la comuna de La Unión.
Su vínculo con este maravilloso balneario fue un amor a primera vista. Tanto es así que, probablemente, ese recorrido lo debe haber realizado cientos o quizás miles de veces, por tierra o por aire, pero sobre todo navegando desde Trumao hasta Venecia surcando las aguas del río Bueno en inolvidables embarcaciones como El Osorno, el Tres Palos y El Laja, entre otras.
A partir de esta estrecha relación con Hueicolla, con el transcurso del tiempo se dio un paso que parecía natural: don Helvio fue nombrado Alcalde de Mar de ese balneario por la Gobernación Marítima, estrechándose con ello también su relación con Trumao, paso obligado en su viaje.
Desde ese rol aportó con sus gestiones a conseguir subvenciones para las embarcaciones que realizaban ese recorrido, pues entendía la importancia que esos viajes tenían para quienes los utilizaban con la finalidad de adquirir alimentación o medicinas, de consultar a los médicos, o por razones de trabajo, de simple amistad o vínculo familiar, a lo largo de las diversas localidades ribereñas.
Don Helvio entendía que, de no haber existido este medio de comunicación y de transporte fluvial, los viajes habrían sido en condiciones mucho más precarias, esforzadas y -por qué no decirlo- prácticamente imposibles.
Don Helvio partió de esta vida hace ya dieciséis años a navegar otros tiempos y otras aguas. Sin embargo, debe sentirse muy orgulloso del desarrollo de esa zona, que tanto quiso y admiró, y que continúa haciendo ingentes esfuerzos en favor de la navegación fluvial, de los deportes náuticos, de la gastronomía, del turismo, hoy día de los campamentos, del trekking, y de tantas otras actividades para fortalecer a esta hermosa localidad.
El río Bueno navegable fue y seguirá siendo una fuente inagotable de apoyo a las actividades económicas de la comuna y de toda la provincia del Ranco; pero, sobre todo, de historias de trabajo, esfuerzo y amor por lo que se hace, como es el caso de la historia de don Helvio.
Por eso, valoramos enormemente el Plan de Infraestructura del Río Bueno, financiado por la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas e iniciado el año 2015. Este tiene como objetivo central mejorar las condiciones estructurales a lo largo del cauce, permitir el acceso de la comunidad y poner en valor la historia del río, fortaleciendo la identidad local dada por esta importante vía fluvial.
El plan contempla, entre otras inversiones, el mejoramiento del embarcadero en el puerto de Trumao, una obra de protección de la ribera y mejoramiento del balneario.
Consideramos importante preservar este testimonio para las siguientes generaciones.
Por lo anterior, señor Presidente, solicito formalmente que se oficie en mi nombre a la Directora de Obras Portuarias, señora Antonia Bordas, para pedirle que los trabajos en el puerto de Trumao, en pleno desarrollo, lleven el nombre de don Helvio Riquelme Moretti. Ello, como una forma de hacer justicia a uno de los precursores de la navegación fluvial en esta zona; y, especialmente, porque su recuerdo y su legado siguen estando presentes entre los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad de La Unión, capital de la provincia del Ranco.
Además, señor Presidente, pido que se envíe copia de esta intervención a los hijos de don Helvio, a sus nietos, a sus hermanas (cuya dirección dejaré a disposición de Sus Señorías), y también al señor Alcalde y al Honorable Concejo Municipal de La Unión.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor De Urresti, conforme al Reglamento, con la adhesión de los Senadores señores Navarro, Quinteros y Araya.
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
En el turno del Comité Partido Socialista e Independiente, tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
DÉFICIT DE CONECTIVIDAD VIAL Y TRANSPORTE PÚBLICO EN PUERTO MONTT. OFICIOS
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, uno de los principales problemas que afectan hoy a las ciudades en crecimiento es el déficit de infraestructura crítica, principalmente en cuestiones como la conectividad vial y el transporte público.
Contrariamente a lo que puedan pensar los centralistas, esta realidad no es exclusiva de Santiago; ocurre también en regiones. Y Puerto Montt es, con toda certeza, un claro ejemplo.
Estamos hablando de una capital regional que crece en tamaño y en cantidad de habitantes, que opera como centro de distribución para toda la zona austral del país; pero que a pesar de los esfuerzos realizados durante años aún presenta importantes carencias.
De acuerdo a datos aportados por la Cámara Chilena de la Construcción, el déficit en infraestructura crítica que presenta la ciudad de Puerto Montt al año 2016 es de 602 millones de dólares. Al dimensionar tal cifra, podríamos pensar que no se ha hecho nada. Al contrario, en Puerto Montt se ha realizado bastante, pero falta todavía mucho más por hacer.
Los requerimientos de las ciudades son siempre crecientes, y para enfrentarlos es imprescindible proyectarse y dotar a nuestras comunas de una visión de futuro y de una hoja de ruta de 20 a 25 años plazo, con participación de los gobiernos locales, de la ciudadanía, y de instancias regionales y sectoriales.
Un desarrollo de la infraestructura de las ciudades que asegure una conectividad segura, cómoda y de calidad debe, necesariamente, estar asociado a una idea de futuro. Las comunas que carecen de esta se hallan condenadas a la parálisis.
Hasta mediados de los años 90 Puerto Montt contaba solo con dos avenidas que conectaban la parte alta (donde se concentra la población residencial) con el centro. La comuna, a esa fecha, registraba 120 mil habitantes.
Tras años de planificación, gestiones y aportes de recursos sectoriales y regionales, la ciudad hoy cuenta con una red vial bastante más moderna y amplia. A modo de ejemplo, podemos destacar las cuestas Santa Teresa y O'Higgins; la calle Santa María, que une el centro con avenida Salvador Allende, y el sector de Mirasol.
Recientemente, se inauguró la conexión entre la Ruta 5 y la Ruta 7 con el viaducto urbano más grande del país -proyecto impulsado por el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet-, al igual que el mejoramiento y la ampliación de la ruta que une el centro con el sector de Pelluco.
Nada de eso puede hacerse de la noche a la mañana. Se requirió primero una idea de futuro; luego, una planificación para concretarla; y, después, un trabajo arduo a fin de que los ministerios respectivos asignaran los fondos sectoriales que permitieran realizar esas obras.
Sin embargo, todos esos esfuerzos no son suficientes. Hoy Puerto Montt tiene más de 200 mil habitantes, y hay una cantidad importante de proyectos aún pendientes, como la conexión entre Presidente Ibáñez y el centro a través de Mac Iver, la conexión de Padre Harter y la apertura de Rengifo hasta Diagonal Germania.
Y, si de iniciativas estancadas se trata, entre las más relevantes podemos contar los trenes de acercamiento y el transporte no convencional.
El año 2014 presentamos al Ministerio de Transportes una propuesta de trabajo que consideraba la implementación de un tren de acercamiento que cubriera el tramo entre Puerto Montt y Osorno, con una serie de estaciones intermedias y un sistema de acercamiento desde la estación ferroviaria a los principales centros de servicio de la capital regional.
Paralelamente, pusimos a disposición de ese Ministerio un conjunto de proposiciones bastante avanzadas para implementar sistemas de transporte no convencional -ascensores, escalas mecánicas y teleféricos- en distintos puntos de la ciudad, con el objeto de conectar las terrazas y descomprimir el flujo vehicular hoy saturado y que, además, soporta la carga de un transporte público que no cumple con los suficientes estándares de eficiencia.
Algunas de esas iniciativas quedaron bastante adelantadas en la década pasada, y habrían estado hoy terminadas de no ser por la negativa de la SUBDERE del Gobierno anterior. Con decepción, constatamos que en la actual Administración aquellas tampoco han sido acogidas.
La bancada de Senadores socialistas presentó este año al Ejecutivo una propuesta de reactivación económica sustentada en la idea de agilizar la inversión pública y generar empleo mediante el impulso de proyectos de conectividad.
Lamentablemente, tampoco hubo eco en esta proposición. Mientras tanto, ciudades como Puerto Montt siguen creciendo sin contar con soluciones de transporte para sus habitantes, las cuales están planificadas y diseñadas, pero duermen un sueño profundo bajo la cobija de la burocracia y el centralismo.
En atención a esos antecedentes, solicito que se oficie al Ministerio de Transportes, con la finalidad de conocer el estado de avance -si es que lo hay- en cuanto a las iniciativas presentadas respecto de los proyectos de transporte no convencional para Puerto Montt; y al Ministerio de Vivienda, requiriéndole el listado de proyectos de mejoramiento de la conectividad vial para la capital de la Región de Los Lagos.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Quinteros, conforme al Reglamento, con la adhesión de los Honorables señores Navarro y Araya.
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
El Comité Partido Unión Demócrata Independiente no intervendrá.
En el turno del Comité Independientes y Partido Amplitud, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
CRÍTICAS POR GRAVE CRISIS DE ATENCIÓN MÉDICA EN SISTEMA DE SALUD PÚBLICO
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, lo he dicho en reiteradas ocasiones y hoy día lo repito: tenemos una crisis en la atención de salud del sistema público.
Lo venimos afirmando hace dos años y medio: ¡hay una situación crítica de la salud en Chile!
El que no tiene dinero y no se puede atender, muere. El que dispone de él y le es posible acudir a una clínica privada y obtener atención inmediata, vive.
Realizamos una marcha en Concepción, con la asistencia de más de 2 mil personas, a fin de reclamar por un mayor número de médicos para el país. Lo hicimos también en Santiago, junto con 257 alcaldes.
Señora Ministra, 257 alcaldes que gobiernan a más de 10 millones de chilenos le piden que se anticipe a lo que viene en febrero del 2017: la inevitable salida masiva de médicos de la salud pública.
¡Se lo advertimos hace un año y medio a la Ministra Carmen Castillo!
En Chile, 57 mil 771 personas fallecieron -¡57 mil 771!- entre el 1° de enero del 2010 y el 1° de enero del 2015, esperando la atención de un médico especialista.
¡10 mil 83 murieron esperando una operación quirúrgica!
¡565 personas inscritas en la lista GES fallecieron a la espera de ser atendidas!
Y lo que es peor, señor Presidente, hoy en la mañana hemos denunciado al Estado de Chile ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas por la existencia de listas de espera de 16 mil niños que requieren la atención de un especialista y que tienen una data de un mes, de tres meses y, en algunos casos, de más de un año.
¡Dieciséis mil niños en Chile no cuentan con atención de especialistas en tiempos oportunos y adecuados!
¡Eso es violar los derechos del niño; eso es violar la Convención sobre Derechos del Niño que Chile suscribió!
Copiapó -lo ha dicho su alcalde- va a perder un tercio de los médicos porque hay un éxodo de profesionales. Y, según Manuel Araneda, vocero de la Asociación Chilena de Médicos Extranjeros, las comunas más afectadas son, por cierto, las más pobres y la Región Metropolitana. ¡Se trata de 110 comunas, señor Presidente! No sé si las de la Región de Antofagasta están entre ellas.
Repito: ¡110 comunas van a perder médicos que hoy día asisten a gente vulnerable en hospitales y en consultorios de atención primaria!
El Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delpin, indicó que, pese a que el 14 de febrero los médicos deben dejar sus puestos, es probable que los alcaldes los mantengan.
¡Bien por nuestros alcaldes! ¡Deben mantener a los médicos! ¡Nadie los va a criticar! ¡Los vamos a defender! ¡Los médicos no se van si hay gente pobre esperando atención!
Por cierto, es un delito, es la violación de un derecho humano el que los médicos se vayan a sus casas existiendo listas de espera de gente enferma que solicita atención desde las cinco de la madrugada en los consultorios municipales.
Por su parte, el alcalde de Isla de Maipo, Carlos Adasme, quien va a perder 7 de sus 14 médicos, la mitad de los profesionales, ha dicho: "No vamos a expulsar a estos médicos, porque el gran problema del sistema de salud público es que no tenemos más médicos chilenos para contratar".
¡Bien, alcalde!
¡Esos son los alcaldes que necesitamos, aquellos que defienden a la ciudadanía!
Si no hay médicos chilenos, que mantenga a los extranjeros y que sea el señor Enrique Paris, Presidente del Colegio Médico, y la Ministra Carmen Castillo quienes vayan a decirle algo, lo cuestionen o lo denuncien ¡por defender la salud de quienes lo han elegido!
La Tercera de ayer, señor Presidente, señala que, por el EUNACOM, 277 médicos foráneos tendrán que dejar la red pública. El resultado de ese examen realizado en diciembre indica que un 73,2 por ciento de médicos extranjeros lo reprobó contra un 3,4 por ciento de médicos chilenos que también lo reprobaron. Insisto: ¡el 73 por ciento de médicos extranjeros reprueba; el 3,4 por ciento de médicos chilenos reprueba!
Manuel García de los Ríos, Premio Nacional de Medicina del 2016, ha dicho: "Creamos esta prueba para impedir que los médicos extranjeros puedan ingresar a Chile".
¡Es el cártel de la salud del Colegio Médico!
Lo digo con responsabilidad y lo reitero: ¡Es el cártel de la salud del Colegio Médico, que no piensa en los pacientes, sino en los intereses de sus asociados!
Señor Presidente, en diciembre del año pasado rindieron esa prueba 4 mil 328 médicos, mil 488 titulados en Chile y 2 mil 642 en el extranjero, más 198 que se presentaron en calidad de repitentes.
Esta es una prueba "rara": no se les dice a los médicos que reprobaron en qué se equivocaron.
Esta es una prueba "rara": se eliminaron veinticinco preguntas de manera arbitraria, sin que los que rindieron el examen puedan saber qué preguntas se suprimieron.
Esta es una prueba "rara": Mañalich, Ministro de Salud de Piñera, suspendió el EUNACOM porque se filtraban las preguntas. Y se ha montado una industria económica -a mil dólares por cada médico, dos veces al año- de millones y millones de dólares para prepararlos. O sea, ¡se ha vuelto la PSU de Medicina!
Hay un tremendo negociado vinculado a la preparación de los médicos. ¿Y saben ustedes quiénes lo hacen? La ASOFAMECH (Asociación de Facultades de Medicina de Chile) y el Colegio Médico. Es decir, entidades privadas determinan quiénes van a trabajar en el sector de la salud pública. En definitiva, los mismos que forman a los médicos después los califican.
Ciertamente, un médico que egresa de una universidad calificada, autorizada no tendría que dar el examen. Pero se hace y es necesario. Solo estoy diciendo que esta es una prueba diseñada para médicos chilenos que se les aplica a los extranjeros.
Por eso, señor Presidente, 230 médicos que trabajan en hospitales y que fueron contratados sin haber aprobado el EUNACOM van a tener que salir del sistema.
Lo dijimos el año pasado: de los 881 médicos pertenecientes a la Atención Primaria de Salud, 270 se fueron al sector privado, porque ahí no se les exige la prueba. Pero la paradoja para la gente que está en isapres -yo estoy en FONASA, a mucho orgullo, hace 34 años- es que cuando van a la Clínica Las Condes o a la Clínica Alemana muchos creen que esos médicos han sido visados. No es así. ¡A los médicos extranjeros que trabajan en el sector privado no se les exige en las clínicas el EUNACOM, y, por tanto, no están acreditados!
Sin embargo, sobre eso el Ministerio de Salud y el Colegio Médico no dicen nada.
Lo anterior significa que hay un sector de niños que pueden ser de familias acomodadas pero que son atendidos por médicos que no se encuentran acreditados, y los padres no lo saben. Porque, si quisieran médicos acreditados, deberían llevar a sus hijos al sistema público, donde sí los encontrarán.
Insisto: a los médicos extranjeros no se les exige el EUNACOM en el sector privado.
Señor Presidente, la Contraloría fue clara y categórica: hay mecanismos para mantener a los médicos. Cuando no existe atención de salud, sea por tratarse de zonas alejadas o porque no hay médicos, se puede contratar a los extranjeros.
¡Por eso, hago un llamado a los alcaldes de Chile a contratar los médicos que sean necesarios mientras no haya médicos chilenos!
Y no estoy hablando de cualquier médico, sino de profesionales que llevan 10, 12, 14, 15 años en nuestro país, de médicos que tienen 20, 25 años de experiencia, que trabajaban en sus países y que emigraron a Chile en busca de mejores condiciones económicas. Es decir, son médicos probados.
El doctor Paris, que ahora se ha cambiado de "caballo", señala que efectivamente...
¿Me puede dar un minuto, señor Presidente?
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Sí, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Gracias, señor Presidente.
Decía que ahora sí se ha manifestado que hay que revisar el EUNACOM. Claro que es preciso hacerlo. Es necesario cambiarlo, porque no refleja calidad. ¡Ningún mecanismo ha determinado que el EUNACOM mida calidad!
Además, señor Presidente, quisiera señalar que los titulados extranjeros que aprobaron esa prueba teórica tienen que dar después cuatro exámenes prácticos, en los que aún los pueden liquidar, al contrario de lo que ocurre con los médicos chilenos.
Por eso, señor Presidente, yo sostengo que los porfiados hechos nos han dado la razón.
¿Y sabe lo que pasa? En su oportunidad aprobamos una normativa para que los médicos especialistas no dieran el EUNACOM, pero la CONACEM, otra entidad privada, ha expresado que no atenderá público, por vacaciones, entre el 30 de enero y el 24 de febrero del 2017. Por tanto, los médicos extranjeros que requieren inscribirse no podrán hacerlo hasta marzo y les van a rescindir el contrato.
¡Qué irresponsabilidad de la CONACEM: no van a trabajar en febrero y, por tanto, los médicos...
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Dispone de un último minuto para concluir, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Gracias, señor Presidente.
Tendremos que recurrir a la Superintendencia porque creo que esa es una irresponsabilidad, dado que hay médicos especialistas que necesitan ir a la CONACEM para regularizar su situación y esta entidad va a estar de vacaciones.
Yo espero que haya comprensión en cuanto a las fechas y que no se produzca otro descalabro.
Señor Presidente, apelo a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y apelo a la Ministra Carmen Castillo: ¡No dejemos que los médicos extranjeros abandonen a los pacientes chilenos! ¡No dejemos de lado a los 16 mil niños en lista de espera! ¡Hagamos algo antes de que pueda ocurrir una desgracia, puesto que si esta acontece, mi equipo jurídico y mucha gente van a estar disponibles para demandar al Estado por abandono de deberes, por falta de servicio!
Si los médicos chilenos quieren trabajar, que lo hagan -los respeto-, pero los médicos extranjeros pueden y deben trabajar si hay personas que requieren atención de salud.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente accidental).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:8.
Sergio Cereceda Leins,
Jefe de la Redacción subrogante