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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 87ª, en martes 7 de marzo de 2017
Ordinaria
(De 16:23 a 18:41)
PRESIDENCIA DE SEÑORES RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE,
Y JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán; de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes, y de Agricultura, señor Carlos Furche Guajardo.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor LAGOS (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 83ª, ordinaria, en 24 de enero; 84ª, extraordinaria, y 85ª ordinaria, en 25 de enero, todas del año en curso, que no han sido observadas.
El acta de la sesión 86ª, ordinaria, en 1 de marzo de 2017, se encuentra en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor LAGOS (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia la Presidenta de la República, con los que retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos:
1) El atinente a tenencia responsable de mascotas y animales de compañía (boletín N° 6.499-11).
2) El que incentiva la inclusión de discapacitados al mundo laboral y modifica la ley N° 20.422 para establecer la reserva legal de empleos para personas con discapacidad (boletines Nos 7.025-31 y 7.855-13, refundidos).
3) El que sanciona el maltrato infantil (boletines Nos 9.279-07, 9.435-18, 9.849-07, 9.877-07, 9.904-07 y 9.908-07, refundidos).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que prestó su aprobación al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para facilitar el intercambio recíproco de información con otros países (boletín N° 9.242-10) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con el segundo señala que aprobó el proyecto de ley que crea una asignación de fortalecimiento de redes asistenciales para el personal que indica (boletín N° 11.015-11) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Salud y, en su caso, a la de Hacienda.
De la Excelentísima Corte Suprema:
Emite su parecer, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, sobre los siguientes proyectos de ley:
-El que modifica el artículo 691 del Código de Procedimiento Civil para establecer que el recurso de apelación en contra de sentencias definitivas recaídas en juicios de comodato precario sea concedido en el solo efecto devolutivo (boletín Nº 11.038-07).
-El que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años (boletín Nº 11.073-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Inciso noveno del artículo 12 de la ley N° 20.179, que establece un marco legal para la constitución y operación de sociedades de garantía recíproca.
-Artículos 196 bis, números 2° y 5°, y 196 ter de la ley N° 18.290, de Tránsito.
-Inciso primero del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
-Inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas de las penas privativas o restrictivas de libertad.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Contralor General de la República:
Solicita diligencia que indica en el marco de la contienda de competencia de que conoce el Senado (boletín N° S 1.913-03).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago:
Remite las actas de la visita semestral de cárceles que realiza la Comisión de Centros Penitenciarios correspondientes a los años 2015 y 2016, dando cuenta de las observaciones constatadas.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Responde inquietud, planteada en nombre del Senador señor Horvath, para considerar el cambio de prioridades de las obras y proyectos de inversión pública para la Región de Aisén y zonas vecinas y adjunta detalle de los proyectos en ejecución.
Contesta solicitud, expresada en nombre del Senador señor Ossandón, para informar acerca de la pertinencia del pago de una pensión de gracia a las personas individualizadas.
Del señor Ministro de Defensa Nacional:
Atiende preocupación, manifestada en nombre del Senador señor Quinteros, por los efectos del derrame de petróleo en el año 2011 en la Planta de Combustible Pureo, de la comuna de Calbuco.
De la señora Ministra (S) de Economía, Fomento y Turismo:
Adjunta datos sobre las medidas adoptadas para la reactivación económica de los sectores del área productiva de la Región de Antofagasta, materia consultada en nombre del Senador señor Guillier.
Del señor Ministro (S) de Desarrollo Social:
Informa sobre medidas adoptadas respecto de los maltratos a ancianos en el centro de adultos mayores del SENAMA, materia consultada por el Senador señor García-Huidobro.
De la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social:
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor Guillier, acerca de las personas que han sido calificadas como exonerados políticos.
Del señor Ministro (S) del Trabajo y Previsión Social:
Remite, en respuesta a solicitud de información enviada en nombre del Senador señor Navarro, diversos antecedentes relativos a trabajadores extranjeros.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Da respuesta a sendas preocupaciones, manifestadas en nombre del Senador señor García, en relación con los siguientes asuntos:
-Estado del proyecto de pavimentación asfáltica del camino Ñancul-Huiscapi, en la provincia de Cautín.
-Estudio de prefactibilidad del proyecto de Embalse La Mula, comuna de Curacautín.
Envía respuesta a consulta, expresada en nombre del Senador señor De Urresti, acerca del avance, diseño, construcción e implementación de los muelles en la localidad de Isla del Rey, comuna de Corral.
Da respuesta a solicitud, planteada en nombre del Senador señor Prokurica, en cuanto a materias relativas al Plan Nacional de Embalses anunciado por Su Excelencia la Presidenta de la República.
De la señora Ministra de Salud:
Atiende preocupación, transmitida en nombre del Senador señor Navarro, en relación con las necesidades de salud de menores y adolescentes bajo el cuidado del Servicio Nacional de Menores.
Del señor Ministro (S) de Salud:
Contesta peticiones de información, formuladas en nombre del Senador señor Navarro, con relación a las siguientes materias:
-Datos de muestras de sangre por contaminación de materiales pesados generados por centrales termoeléctricas en las comunas de Concepción y Talcahuano en los últimos cinco años; atenciones entregadas, y políticas públicas adoptadas sobre el particular.
-Necesidad de priorizar el uso del preservativo como un elemento seguro en la prevención del Papiloma Virus Humano (VPH).
-Antecedentes relativos al cáncer de piel en nuestro país.
Da respuesta a consultas, planteadas en nombre del Senador señor García, tocantes a los siguientes asuntos:
-Cumplimiento de entrega de información contenida en la Glosa 06 de la Partida 16 de la Ley de Presupuestos del Sector Público.
-Estado de avance, al 31 de diciembre de 2016, de los proyectos de inversión hospitalaria en la Región de La Araucanía.
Absuelve requerimiento de información, formulado en nombre del Senador señor Espina, atinente a la implementación de una base SAMU en la ciudad de Victoria.
Atiende acuerdo del Senado mediante el cual se solicitó evaluar la suscripción y ratificación del "Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, del Convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco", adoptado el 12 de noviembre de 2012 (boletín N° S 1.683-12).
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo:
Responde inquietud, planteada en nombre del Senador señor Quinteros, por el déficit de infraestructura crítica, principalmente en cuestiones de conectividad vial y transporte público, en la ciudad de Puerto Montt.
Acoge solicitud de información, efectuada en nombre del Senador señor De Urresti, sobre la situación del recinto que ocupaba el antiguo Batallón Logístico en la ciudad de Valdivia.
Da respuesta a consulta, formulada en nombre del Senador señor Navarro, sobre medidas adoptadas en la ejecución de los contratos de obras públicas realizados por el Ministerio.
Del señor Ministro de Agricultura:
Atiende acuerdo del Senado mediante el cual se solicita instaurar una política de Estado para promover y defender la denominación de origen del pisco en las Regiones de Coquimbo y Atacama (boletín N° S 1.907-12).
Del señor Subsecretario (S) de Desarrollo Regional y Administrativo:
Informa sobre el estado de avance de las modificaciones a la Ley de Rentas Municipales en lo relativo al pago de patentes comerciales municipales con el objeto de hacerlas más equitativas para los contribuyentes, materia consultada en nombre del Senador señor García.
De la señora Subsecretaria de Educación:
Contesta solicitud de información, hecha en nombre del Senador señor Prokurica, acerca del estado de avance del proyecto de reposición de la Escuela Mireya Zuleta Astudillo, en la comuna de Huasco.
Responde inquietud, expresada en nombre del Senador señor Guillier, concerniente a la situación del Colegio Netland School, de Antofagasta, como consecuencia de la aplicación de la reforma educacional.
De la señora Subsecretaria (S) de Educación:
Atiende preocupación, expuesta en nombre del Senador señor Quintana, sobre la aplicación del programa de transporte escolar para los alumnos que se trasladan desde Temuco al Instituto Claret.
Da respuesta a petición, realizada en nombre del Senador señor Espina, al objeto de informar sobre los fundamentos considerados para no asignar recursos de la ley de subvención escolar preferencial a la Escuela Especial We-Nepen, de Loncoche, y a todas las escuelas especiales del país, considerando la existencia de alumnos vulnerables.
Del señor Subsecretario (S) de Educación:
Contesta requerimiento de información, efectuado en nombre del Senador señor Guillier, acerca de las razones de la postergación de la aplicación del decreto N° 83, de 2015, que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y básica.
Del señor Subsecretario (S) de Pesca y Acuicultura:
Responde petición para declarar como áreas no disponibles para nuevas solicitudes de concesión de acuicultura de salmones las zonas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, materia planteada en nombre del Senador señor Bianchi.
Del señor Subsecretario del Medio Ambiente:
Remite informe relativo a la emisión de gases de efecto invernadero en el país, asunto consultado en nombre del Senador señor Navarro.
Atiende consulta, expuesta en nombre del Senador señor De Urresti, con respecto a las cuarenta y nueve instituciones públicas y privadas participantes en el "Programa Huella Chile", que por primera vez contarán con un logo de cuantificación de sus trazas de carbono.
Informa solicitud de información, formulada en nombre del Senador señor De Urresti, respecto de los talleres que se realizarán durante el presente año en el marco del Proyecto Partnership Market Readiness PMR-Chile.
Del señor Subsecretario (S) del Medio Ambiente:
Expone antecedentes relativos al funcionamiento del plan de descontaminación de la ciudad de Osorno, materia consultada en nombre del Senador señor Quinteros.
Remite antecedentes y copia del estudio "Elaboración de una base digital del clima comunal de Chile: línea base (1980-2010) y proyección al año 2050", solicitados en nombre del Senador señor De Urresti.
Informa sobre la aplicación del plan de prevención de descontaminación atmosférica en la Región del Maule, materia requerida por el Senador señor Matta.
Responde inquietud, planteada en nombre del Senador señor De Urresti, sobre el denominado "Método Clarillo" para controlar la presencia de la avispa chaqueta amarilla.
Del señor Superintendente de Seguridad Social:
Envía información respecto de los recursos que destina el Instituto de Seguridad del Trabajo para la adquisición de bloqueadores solares, materia consultada en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional de La Araucanía:
Remite sendos informes en cuanto a las iniciativas de inversión aprobadas por el Consejo Regional para el presente año, solicitud expedida en nombre del Senador señor García.
Del señor Director Nacional del Instituto de Previsión Social:
Adjunta antecedentes relativos a la pensión de persona domiciliada en la comuna de Padre Las Casas, materia consultada en nombre del Senador señor García.
Del señor Director Nacional (S) de Gendarmería de Chile:
Atiende preocupación, expuesta en nombre del Senador señor De Urresti, sobre el número de laboratorios y bibliotecas implementados en los establecimientos penales en convenio con la DIBAM.
Del señor Director Nacional (S) de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena:
Informa sobre la nómina de las comunidades de las Regiones del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos que cuentan con aplicabilidad para la compra de tierras de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.253, materia consultada en nombre de la Senadora señora Von Baer.
Del señor Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario:
Da respuesta a solicitud, planteada en nombre del Senador señor De Urresti, para informar acerca del resultado del sumario administrativo por adulteración del reloj control de la Agencia de Área de San José de la Mariquina.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal:
Adjunta antecedentes, pedidos en nombre del Senador señor De Urresti, sobre los siguientes asuntos:
-Resultados de la implementación del "Método Clarillo" para el control de la avispa exótica denominada "chaqueta amarilla".
-Convenio de colaboración para el manejo sustentable y protección del bosque nativo de la comuna de Corral.
Del señor Director Ejecutivo (S) del Servicio de Evaluación Ambiental:
Contesta solicitud, formulada en nombre del Senador señor De Urresti, para informar en cuanto a las consideraciones que se tuvieron en vista para establecer que la variante denominada "Empastada del proyecto Cardones-Polpaico", de la comuna de Zapallar, se someta al sistema de evaluación de impacto ambiental.
Del señor Gobernador Marítimo de la Antártica Chilena:
Envía respuesta a requerimiento, expedido en nombre del Senador señor Bianchi, para analizar la posibilidad de regularizar la permanencia en el borde costero de la agrupación de pescadores artesanales "Lobos de Guairabo".
Del señor Secretario General (S) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas:
Contesta petición, formulada en nombre del Senador señor García, sobre la entrega de un computador a una alumna del 7º básico de la Escuela Santa María de La Ribera Nº 502, de Temuco, si cumpliera con los requisitos necesarios para acceder al programa Yo elijo mi PC.
Del señor Jefe de Comité Estatutos y Educación de la Contraloría General de la República:
Remite oficio del señor Contralor recaído en solicitud de información del Senador señor Bianchi respecto a la interpretación de la ley Nº 20.883 en cuanto a permitir el fraccionamiento del feriado de cinco días que se otorga a los funcionarios públicos que se desempeñen en regiones extremas.
De la Oficina Nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR):
Envía documento titulado "Propuestas de principios y lineamientos para una política migratoria con relación a la protección internacional de refugiados".
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el objeto de que en la publicidad de venta de bienes raíces se especifique el metraje correspondiente a terrazas, bodegas y estacionamientos (boletín N° 6.056-14).
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece normas sobre prevención y protección del embarazo adolescente (boletín Nº 10.305-11).
--Quedan para tabla.
Declaración de inadmisibilidad
Moción del Senador señor Chahuán que modifica el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, a fin de derogar la exclusión que en dicha disposición se establece respecto a las prestaciones de salud.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia la Presidenta de la República, conforme lo dispone el inciso cuarto, números 2° y 6°, del artículo 65 de la Constitución Política.
Comunicación
Del Comité Partido Unión Demócrata Independiente, con la que informa que nombró como sus representantes a los Senadores señores Larraín y Moreira.
--Se toma conocimiento.
El señor LAGOS (Presidente).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En sesión de hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Tratar en tercer y cuarto lugares del Orden del Día de esta sesión ordinaria los siguientes asuntos:
-Proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Tuma, Allamand, De Urresti, Moreira y Zaldívar, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas (boletín Nº 10.785-03).
-Proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno aumentando las penas y tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal, y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (boletín N° 10.739-07).

2.- Tratar en Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 8 de marzo, los siguientes asuntos:
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Francesa relativo al Trabajo Remunerado de Familiares de los Agentes de las Misiones Oficiales de cada Estado en el Otro", suscrito en París, Francia, el 8 de junio de 2015 (boletín N° 10.388-10), con urgencia calificada de "simple".
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Corea sobre Cooperación en los Ámbitos de la Industria de Defensa y el Apoyo Logístico", suscrito en Santiago, Chile, el 22 de abril de 2015 (boletín N° 10.684-10).
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos y Grados entre la República de Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito en Londres el 13 de mayo de 2016 (boletín N° 10.963-10).

3.- Remitir a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el proyecto, iniciado en moción de los Senadores señores De Urresti, García, Guillier, Larraín y Patricio Walker, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y otros cuerpos legales en lo relativo a probidad y transparencia (boletín N° 10.264-07), a fin de que lo informe con preferencia, abriendo un nuevo plazo para presentar indicaciones: hasta las 12 del lunes 10 de abril del año en curso, en la Secretaría de dicho órgano técnico.
Nada más, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
V. ORDEN DEL DÍA



APROBACIÓN DE CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS MAYORES


El señor LAGOS (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de los Estados Americanos, durante su XLV Periodo Ordinario de Sesiones, celebrada en Washington D.C., Estados Unidos de América, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.777-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite: sesión 73ª, en 13 de diciembre de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 77ª, en 3 de enero de 2017.
Discusión:
Sesión 86ª, en 1 de marzo de 2017 (queda para segunda discusión en general y en particular).

El señor LAGOS (Presidente).- Saludo a la Unión Comunal del Adulto Mayor de la Quinta Región, que nos acompaña en esta oportunidad.
¡Buenas tardes!

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).-

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que el objetivo principal de este proyecto de acuerdo es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor.
La Comisión de Relaciones Exteriores lo discutió en general y particular, por ser de artículo único, y lo aprobó en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados, lo que hizo por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán, Larraín, Letelier y Pizarro.
Nada más señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
En la segunda discusión, tiene la palabra el Senador señor García.


El señor GARCÍA.- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo, que aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, contiene medidas que en su gran mayoría consideramos muy loables.
Sin embargo -y son materias que estamos estudiando-, tiene algunas normas que uno perfectamente podría interpretar como la incorporación en nuestra legislación interna de la ideología de la identidad de género, asunto sobre el cual probablemente, al momento de votar, formularemos alguna observación o alguna reserva, como por lo demás lo han hecho otros países que ya aprobaron dicho instrumento internacional.
Asimismo, nos gustaría revisar con mayor detención ciertas disposiciones que podrían interpretarse en el sentido de que la Convención en comento de alguna manera estaría consagrando el derecho a la eutanasia.
Por las razones expuestas, pedimos postergación de la votación.
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor LAGOS (Presidente).- Como Comités, Sus Señorías tienen derecho a solicitar aplazamiento de la votación.
Ello significa que el proyecto de acuerdo se tratará mañana, de todas maneras, en el primer punto de la tabla.
Debo recordar que en la última sesión ordinaria se pidió segunda discusión, lo que también es un derecho reglamentario.
En consecuencia, este proyecto de acuerdo se votará en la sesión ordinaria de mañana.
Para referirse a esta materia, tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, en la Comisión de Relaciones Exteriores examinamos esta Convención muy detenidamente.
Entiendo que el colega García tenga cierta aprensión. Pero, mirando el texto, no visualizo de dónde puede llegar a inferir lo que enunció; no lo veo en ninguna parte.
Hubo otros temas que fueron objeto de una discusión más exhaustiva.
Entonces, por intermedio de la Mesa, me permito sugerir, si la bancada de Renovación Nacional está de acuerdo, que hagamos el debate y que si al término de este el Senador García sigue sosteniendo su aprensión suspendamos la votación hasta mañana. Porque, señor Presidente, es factible que en el marco de la discusión quede claro que en ningún momento estaríamos, directa o indirectamente, incorporando en nuestro ordenamiento jurídico la eutanasia ni nada por el estilo.
De consiguiente, solicito que el colega García postergue su petición -tiene pleno derecho a formularla- hasta después del debate, por la posibilidad de que concluido este lleguemos a un acuerdo.

El señor LAGOS (Presidente).- No hay más inscritos.
¿Se mantiene la solicitud de aplazamiento de la votación?

El señor GARCÍA.- Sí.
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor LAGOS (Presidente).- No depende de la Presidencia, de la Mesa: se trata del ejercicio de un derecho reglamentario.
Yo valoro el esfuerzo realizado por el Senador señor Letelier, pero la situación es aquella.
Como dije, no hay más inscritos.

El señor LETELIER.- ¡Pero por qué no discutimos antes de aplazar la votación!

El señor LAGOS (Presidente).- No se quiso.
Lo lamento.
Creo que todos entendimos su planteamiento, señor Senador. Como Presidente, hice la pregunta respectiva, y no existió voluntad para acogerlo.

El señor GARCÍA.- Pido la palabra.

El señor LAGOS (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, planteamos la cuestión en la reunión de Comités, y no hubo inconveniente para acceder.
Eso, como primera cosa.
En segundo lugar, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, don Edgardo Riveros, tuvo la gentileza de conversar el tema conmigo antes de que comenzara la sesión. Le di a conocer nuestra posición. Y, además, él expresó que al momento de la votación se comprometerá con una declaración que va a remitir las definiciones a la legislación nacional.
Entiendo que el señor Subsecretario ya se retiró.
Así que no se trata de mala voluntad, sino simplemente de hacer las cosas bien.
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor MONTES.- ¡Que explique por qué se bajó...!

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, este es un proyecto largamente esperado. Y la única duda que tenemos dice relación con dos temas -no sé si ya se señalaron-: la posibilidad de que se abra la puerta a la eutanasia y la identidad de género.
Debo puntualizar que nosotros estamos apoyando con mucha fuerza la Convención que nos ocupa. Por ejemplo, en materia de regímenes penitenciarios para los adultos mayores, de estándares para estos en las políticas públicas. Pensamos que en estas y en otras materias debemos avanzar.
En tal contexto, me gustaría ver la factibilidad de llegar a un acuerdo en cuanto a la posibilidad de que los conceptos de identidad de género y eutanasia -a esta hay que cerrarle la puerta- se remitan a la legislación nacional.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Yo valoro todo lo que señalan Sus Señorías, pero la verdad es que no hay voluntad para votar hoy día.
Este proyecto ha estado en tabla al menos desde el mes de enero y, por diversas consideraciones, no ha sido posible votarlo.
La semana pasada un Comité pidió segunda discusión. Ahora se solicitó aplazamiento de la votación.
Eso está en el Reglamento. Lamentablemente, es así.
Muchos apoyamos la Convención tal como está y creemos que no hay que hacerle ningún reparo. Pero una bancada quiere revisarla. Está en su derecho, y yo no puedo evitarlo.
Ya quedó hecho el punto en el sentido de que varios vamos a aprobar la Convención como está porque nos parece adecuada.
Por consiguiente, la votación se realizará en la sesión ordinaria de mañana, como primer punto del Orden del Día.
--Queda aplazada la votación del proyecto de acuerdo.

--(Manifestaciones en tribunas).
)---------(

El señor LAGOS (Presidente).- Señor Secretario, pasemos a la siguiente iniciativa.



MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO NACIONAL DE PESCA


El señor LAGOS (Presidente).- Corresponde discutir en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca, con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.482-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 59ª, en 2 de noviembre de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 78ª, en 4 de enero de 2017.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los principales objetivos de la iniciativa son:
-Establecer una asignación de fortalecimiento de la función pública al personal de planta y a contrata del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, e incrementar su dotación máxima de personal.
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--(Manifestaciones en tribunas).

El señor LAGOS (Presidente).- Perdón, señor Secretario.
Quiero pedirles a quienes nos acompañan en las tribunas, entendiendo su frustración, su molestia...

El señor COLOMA.- ¡No interprete tanto, señor Presidente!

El señor LAGOS (Presidente).- No se trata de eso, señor Senador. Ellos se están expresando.
Deseo informarles que hay un Reglamento, y a mí me corresponde aplicarlo. No es una cuestión de voluntad de mi parte o de quienes quisieran aprobar el proyecto anterior. Los parlamentarios que tienen dudas pueden postergar la votación de esa iniciativa hasta mañana.
Lo único que les pido es que...
--(Manifestaciones en tribunas).
No puedo entrar a debatir con ustedes. Solamente les explico la situación.
Les solicito que nos permitan continuar con la sesión.
--(Manifestaciones en tribunas).
Dirijan su frustración adonde corresponda; no a esta Sala ni al trabajo del Senado.
--(Manifestaciones en tribunas).
¡Háganlo donde corresponda!
Gracias.
)----------(

El señor LAGOS (Presidente).- Continúe la relación, señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El segundo objetivo de la iniciativa que nos ocupa es modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura para combatir la pesca ilegal, mediante el establecimiento de nuevas obligaciones para los agentes pesqueros y la incorporación de figuras infraccionales y delictuales específicas que sancionan conductas graves cometidas en las etapas de procesamiento, elaboración, almacenamiento y comercialización de recursos hidrobiológicos.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar con la mayoría de sus miembros. Se pronunciaron favorablemente los Senadores señoras Goic y Muñoz y señor Quinteros, y se abstuvieron los Senadores señora Van Rysselberghe y señor Moreira.
Cabe considerar que los números 11, 14 y 19 del artículo 8 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación 21 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 14 a 27 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En discusión la idea de legislar.

Hay varios señores Senadores inscritos para intervenir.
Tiene la palabra, en primer lugar, el Honorable señor Quinteros, Presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, daré a conocer parte del informe de la referida Comisión, del cual se dio cuenta en sesión de enero de este año.
Con fecha 31 de diciembre de 2015 Su Excelencia la Presidenta de la República ingresó a la Cámara de Diputados el mensaje que dio origen a la iniciativa que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca (boletín N° 10.482-21), instancia que aprobó tal proyecto por mayoría de votos (92 a favor y 1 en contra).
Posteriormente, el 2 de noviembre de 2016, dicha propuesta legislativa llegó a este Senado.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
-Establecer una asignación de fortalecimiento de la función pública al personal de planta y a contrata del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, e incrementar su dotación máxima de personal.
-Modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura para combatir la pesca ilegal, a través del establecimiento de nuevas obligaciones para los agentes pesqueros y la incorporación de figuras infraccionales y delictuales específicas que sancionan conductas graves cometidas en las etapas de procesamiento, elaboración, almacenamiento y comercialización de recursos hidrobiológicos.
FUNDAMENTOS
La pesca y la acuicultura constituyen importantes actividades económicas a nivel nacional, que se han ido complejizando por la utilización de más y mejores tecnologías y por la multiplicación de actores en la producción y en la cadena de comercialización, así como de prestadores de servicios que inciden en la sustentabilidad de esas actividades, lo que plantea nuevos desafíos al seguimiento de los productos pesqueros y de la acuicultura, particularmente cuando ellos son destinados a mercados internacionales que exigen de la autoridad sanitaria nacional respectiva la certificación del cumplimiento de exigentes estándares de inocuidad.
Hago presente que el sector de procesamiento se encuentra representado por 709 plantas debidamente inscritas en el registro, de las cuales 236 corresponden principalmente a secadoras de algas y las restantes a otros recursos. En conjunto, para el año 2014 se produjeron 1.780.000 toneladas de productos.
Por su parte, los comercializadores son personas naturales o jurídicas que realizan la compra y venta de recursos hidrobiológicos o de sus productos y que, como tales, circulan en toda la cadena de valor, abasteciéndose, acopiando y destinando recursos y productos. En la actualidad, conforme a la Ley General de Pesca y Acuicultura, tienen la obligación de declarar sus operaciones y acreditar el origen legal de los recursos hidrobiológicos y de los productos que comercializan, sin que se requiera la inscripción en un registro especial, no obstante lo cual, el Servicio mantiene una nómina de comercializadores que incluye a 3.998 agentes.
Es necesario hacer hincapié en que la pesca ilegal pasó a constituir una de las más cuestionables infracciones al ordenamiento nacional, porque no solo pone en riesgo el futuro de los recursos hidrobiológicos, sino que provoca gran impacto social al sector pesquero.
Sobre el particular, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura ha estado inmerso en un proceso de cambios impulsado, principalmente, por las crisis sectoriales asociadas a la sustentabilidad de las actividades pesqueras y de acuicultura, ya que actualmente la política de Estado en esta materia busca impulsar la recuperación de las principales pesquerías; mantener controlados los riesgos sanitarios y ambientales de la acuicultura, y garantizar la inocuidad de los productos de la pesca y la acuicultura para su comercialización en los mercados nacionales e internacionales.
La regulación ha ido cambiando: se han fortalecido las potestades estatales y se ha profundizado la intervención de la autoridad, lo que impone la instauración de una estrategia de fiscalización eficiente, eficaz y oportuna.
Así, las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura han impuesto nuevos deberes al Servicio Nacional de Pesca, a lo que debe añadirse la necesidad de mejorar las condiciones de retribución del trabajo dentro del mencionado organismo, debido a que la experiencia y el conocimiento adquiridos en el tiempo permiten disminuir los plazos de inducción insoslayables ante la deserción del personal que lleva a cabo las diversas tareas de esta institución y que la abandonan en la búsqueda de mejores condiciones laborales.
Actualmente existe una debilidad de la regulación vigente en materia de monitoreo, control y vigilancia, por lo que se propone la creación de nuevas figuras infraccionales administrativas, e incluso de índole penal, que desincentiven el procesamiento, la elaboración, el almacenamiento y la comercialización de recursos capturados o producidos ilegalmente.
Por supuesto, queda para la discusión en particular el análisis de cada uno de los tipos penales, pues han surgido fundadas aprensiones acerca del alcance de algunos de ellos.
En ese contexto, la certificación pasa a ser un elemento clave en el proceso exportador, del que depende el éxito de la comercialización internacional de los productos nacionales. Por tanto, resulta esencial que la labor que desempeña el Servicio en materia de inocuidad y certificación para la exportación esté actualizada, sea eficiente y oportuna y mantenga contacto permanente con los mercados de destino, para evitar el rechazo de dichos productos.
VOTACIÓN
Tal como se consigna en el informe respectivo, sometido a votación en general el proyecto, fue aprobado por mayoría de votos, con la abstención de los Senadores señora Van Rysselberghe y señor Moreira.
Cabe señalar que concurrieron a la Comisión diversos dirigentes de pescadores artesanales, cuyas opiniones fueron escuchadas, pese al fracaso de las sesiones por falta de quorum. En una sesión posterior al despacho de la iniciativa se les invitó y recibió por la Comisión, a fin de tener presentes sus observaciones al momento de formular indicaciones.
Finalmente, de acuerdo a lo expresado, la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura solicita a la Sala aprobar en general la presente iniciativa.
Es todo cuanto puedo informar.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, como en reiteradas ocasiones sucede con los servicios públicos, SERNAPESCA ha estado sujeto a una serie de desafíos y procesos de cambio, debido principalmente a la crisis de los sectores asociados a la sustentabilidad de las actividades pesqueras y de la acuicultura.
Además, las sucesivas y profundas modificaciones legales en la regulación de ambos sectores en pro de la sustentabilidad han requerido -cada vez en mayor grado- cambios en las conductas por parte de los distintos actores, lo que ha presionado fuertemente el rol fiscalizador del referido Servicio.
Impulsar la recuperación de pesquerías y mantener controlados los riesgos sanitarios y ambientales en la acuicultura requieren modernizar la gestión pública, con mayor urgencia en materia de cumplimiento normativo, pues este constituye un pilar indispensable para el logro de esos objetivos prioritarios.
Por ello, era necesario promover un proyecto de ley que entregara las herramientas necesarias a su personal para fortalecer sus funciones y el desempeño de sus labores de monitoreo, control y vigilancia de la actividad pesquera y acuícola, como se ha hecho con otros servicios.
Mi apoyo a esta iniciativa no está en duda. El Servicio Nacional de Pesca, sus autoridades y colaboradores cuentan con todo mi respaldo.
Lo que no me parece -y lo recalco: ¡no me parece!- es que, en la improvisación de siempre, aquí finalmente se hayan refundido dos proyectos: uno que busca la modernización de SERNAPESCA, que es claramente un avance, y otro que incorpora una serie de medidas para fiscalizar fuertemente la pesca ilegal, lo que es muy muy necesario.
Lamentablemente, en este proceso no se escuchó la voz de la pesca artesanal, cuyos representantes no fueron invitados a la Comisión durante la discusión. Se dijo que habían sido oídos en la Cámara de Diputados. ¡Pero no fueron invitados al órgano técnico del Senado!
Por un hecho fortuito, el día que analizamos y votamos este proyecto en general, un dirigente pesquero de Concepción, quien estaba haciendo guardia ahí, pidió hablar y habló. Yo pedí la lista de las personas invitadas; pues bien, ¡no había tal lista!
Me parece equivocado el procedimiento. Sin embargo, el Presidente de la Comisión, el Senador señor Quinteros, dio instrucciones para que fueran invitados durante la discusión particular las mismas organizaciones que estuvieron presentes en la Cámara Baja.
No quiero decir que debe haber impunidad con la pesca ilegal, que pone en riesgo la sustentabilidad de los recursos, ni que son los pescadores quienes deben establecer sus normas y sanciones. Pero ellos tienen mucho que decir en cuanto a la implementación de tales acciones.
Si legislamos sin escuchar a quienes en el día a día están laborando en sus actividades, terminamos generando leyes que finalmente son inoperantes y forman un sistema burocrático que, más que prevenir y cumplir las funciones de fiscalización, estanca el desarrollo de la productividad del sector y perjudica a los más débiles de la cadena productiva.
Me llama la atención que los industriales sí fueron escuchados y se acogieron sus demandas, lo que queda en evidencia en las palabras del Presidente de SONAPESCA, el señor Orrego, quien señaló a la revista Aqua: "Este proyecto de ley requiere toda la urgencia y prioridad que una materia tan delicada como esta amerita, sin perjuicio del perfeccionamiento técnico y legal que requiera durante su tramitación legislativa". Y aseguró: "La Sociedad Nacional de Pesca aportará todo su conocimiento y experiencia para contribuir a tener una ley que sea un verdadero y eficaz aporte al sector pesquero".
La presente iniciativa, señor Presidente, precisa hacer claras diferencias entre los pescadores artesanales de subsistencia y quienes extraen el producto de manera comercial.
La propuesta legislativa en debate no distingue en el tema de la acreditación de origen entre los pequeños pescadores artesanales, quienes se dedican a extraer determinado recurso con el consiguiente proceso y comercialización, y un sector fuerte que se está aprovechando de los artesanales: los intermediarios, que hacen un trabajo ilegal, todo lo cual requiere una mayor fiscalización.
Lamento que se haya llegado a la votación en general sin haber resuelto esos puntos relevantes y espero que en el análisis en particular se resuelvan las inexactitudes referidas y, por sobre todo, se escuche a los representantes de la pesca artesanal, quienes tienen mucho que decir.
El Presidente de la Comisión ha señalado que va a dar garantías para que todas las organizaciones sean escuchadas.
Este proyecto, señor Presidente, es de gran relevancia para el Servicio y sus funcionarios, quienes realizan una gran labor, especialmente en la Región de Los Lagos, donde les ha tocado liderar con gran protagonismo las medidas preventivas y paliativas pos marea roja.
Pero -insisto- no podemos legislar sin escuchar a todos los sectores involucrados.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, como aquí se ha señalado, estamos en la discusión en general de un proyecto muy importante, que busca modernizar y fortalecer la función pública del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
Como se indica en sus ideas matrices, se propone establecer una asignación de fortalecimiento de la función pública para el personal de planta y a contrata del referido Servicio, e incrementar en 20 funcionarios la dotación máxima.
Además de proporcionar herramientas para el mejor cumplimiento de las funciones de SERNAPESCA, la iniciativa incluye, como acaba de precisar el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, señor Moreira, un acápite para combatir lo que se denomina "pesca ilegal".
A ese efecto, se disponen nuevas obligaciones para los agentes pesqueros y se incorporan ciertas figuras infraccionales y delictuales para sancionar conductas graves cometidas en las etapas de procesamiento, elaboración, almacenamiento y comercialización de los recursos hidrobiológicos.
Señor Presidente, deseo manifestar que es muy importante para Chile contar con un Servicio Nacional de Pesca moderno y capaz de cumplir con los desafíos que enfrenta hoy día nuestro país.
Estamos hablando de un desembarque total: por ejemplo, en 2014 fue superior a las 3 millones 800 mil toneladas, de las cuales 32 por ciento provienen de la acuicultura y 68 por ciento, del sector extractivo. De este último, el 40 por ciento es producto de la pesca artesanal.
También sabemos lo que está ocurriendo en nuestro país: se ha ido prácticamente depredando y haciendo que desaparezcan algunas especies. De ahí la importancia de la protección, del cuidado, de un buen servicio y de una buena fiscalización al respecto.
Sin embargo, me parece que las figuras infraccionales y delictuales que intenta establecer este proyecto no están bien definidas, y, más aún, no hacen distinción entre el pequeño pescador artesanal y las grandes pesqueras.
Entonces, creo que en la discusión particular de esta iniciativa deberemos buscar definiciones precisas, con fundamento, pues no podemos cargar, simplemente por ser el sector más vulnerable, a los pescadores artesanales con determinadas penas, con una cantidad de exigencias, con discriminaciones que no se compadecen con lo que intentamos.
Señor Presidente, debo señalar -porque lo he visto- que cada día hay mayor grado de conciencia en nuestros pescadores artesanales respecto de la necesidad de defender y de proteger especies y recursos hidrobiológicos, que progresivamente se van volviendo más escasos e incluso algunos están a punto de desaparecer.
Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que dar herramientas para que este sector pueda trabajar como corresponde, pero no introduciendo figuras como las aquí propuestas, por ejemplo, la asociación ilícita.
O sea, no hay una distinción clara.
Ello nos obliga como Senado de la República a trabajar este proyecto en particular, sobre todo para precisar qué se entiende cuando hablamos de la pesca ilegal y cuáles son las figuras infraccionales y delictuales.
Quiero señalar que hay legítimas críticas provenientes del sector artesanal hacia esta normativa. Creo que nosotros debiéramos escucharlas y ser muy precisos a la hora de discutir la iniciativa en particular.
Nadie duda, como ya mencionamos, acerca de la necesidad de modernizar y fortalecer la función de SERNAPESCA. Obviamente que requerimos mayor efectividad en la fiscalización. También es importante generar incentivos al cumplimiento voluntario de los agentes pesqueros -es muy significativo ese estímulo-, y, por cierto, tener disposiciones sancionatorias frente a infracciones. Pero de ahí al extremo al que aquí se llegó no sé si es adecuado. A mi juicio, ello hace necesaria una revisión por parte nuestra.
Por eso, señor Presidente, voy a aprobar en general este proyecto, pero con la prevención de que contiene definiciones imprecisas, infundadas y, sobre todo, que afectan directamente a la pesca artesanal; de que ni siquiera hace una distinción en la gravedad de las sanciones, en los volúmenes extraídos, en las condiciones en que se trabaja -muchas veces como forma de sobrevivencia-, y tampoco plantea una diferencia con otros actores, que poseen otro nivel de trabajo.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Araya.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, en primer lugar, pido que se abra la votación.
En seguida, debo expresar que vamos a respaldar este proyecto.
Estamos bastante conformes con el fortalecimiento relativo a la institucionalidad, especialmente en cuanto a la fiscalización.
Dicho eso, me quiero detener en un tema puntual de la iniciativa, el cual se refiere a los nuevos tipos penales que se están introduciendo.
El proyecto incorpora en la Ley General de Pesca y Acuicultura un nuevo concepto dentro de su listado, que denomina "pesca ilegal", definida en los siguientes términos:
"Pesca ilegal: actividad pesquera extractiva efectuada en aguas bajo la jurisdicción nacional o en alta mar, sea utilizando o no embarcaciones nacionales o extranjeras, en contravención a la normativa pesquera nacional vigente o a aquella establecida por organismos regionales o internacionales de los cuales Chile es parte. También se considera como pesca ilegal el uso de recursos hidrobiológicos contraviniendo la normativa nacional vigente en las actividades de transformación, elaboración, transporte, almacenamiento y comercialización de recursos hidrobiológicos o productos derivados de éstos.".
La conducta que acabo de leer, si bien parece ser un tipo penal, no contempla alguna sanción respecto a la comisión de este hecho.
Como consecuencia de ello, el problema se presenta con la incorporación de un nuevo tipo penal de asociación ilícita para cometer esta "pesca ilegal", en el artículo 9, N° 20, que agrega un nuevo artículo 140 bis en la Ley General de Pesca y Acuicultura del siguiente tenor:

"Artículo 140 bis.- Los que se asociaren u organizaren con el objeto de llevar a cabo conductas descritas de conformidad con el artículo 2, número 72, de esta ley, serán sancionados por este solo hecho, según las normas que siguen".
Luego se establece una categorización dependiendo de la participación de la persona en el ilícito.
El tipo penal recién descrito presenta fallas manifiestas a nivel de tipicidad, al no contener la descripción de una conducta.
Como se puede apreciar, la conducta que se está tipificando sería la realización de una actividad extractiva en contravención a la normativa nacional o internacional, lo cual es bastante confuso, ya que no le permite a una persona común -pensando principalmente en que estas normas se van a aplicar fundamentalmente a pescadores artesanales-, y en muchos casos ni siquiera a una persona con conocimientos específicos, identificar claramente cuál es la conducta que está prohibida por el legislador y, por ende, abstenerse de realizarla a fin de no resultar sancionada.
Además, se podrían presentar problemas a nivel de proporcionalidad, por cuanto la pena asociada a estas conductas no dice relación con la gravedad de la contravención a la normativa nacional o internacional que señala como conducta prohibida.
Por ejemplo, podría no ser igualmente grave realizar una caza de ballenas que utilizar un arte de pesca prohibido. En ambos casos se trata de actividades extractivas en contravención a la normativa nacional. Sin embargo, se infringen normas de distinta jerarquía y gravedad, no obstante lo cual el tipo penal que propone el proyecto en discusión no realiza distingo alguno, salvo "eximir" determinados delitos de la asociación ilícita.
A mi juicio, eso es bastante grave, porque hay que tener presente que las penas sugeridas en esta iniciativa para tales ilícitos son de crimen, es decir, van de cinco años y un día a diez años.
Asimismo, se debe considerar que, desde la perspectiva constitucional, no se cumple con las exigencias previstas en el artículo 19, N° 3°, inciso final, de la Carta Fundamental, que dispone: "Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella.".
Como consecuencia de lo anterior, se van a presentar también problemas de persecución penal, dado lo difícil que será configurar la asociación ilícita que se propone sancionar en esta iniciativa, ya que el delito base, que es motivo de persecución en toda asociación ilícita, no se encuentra correctamente determinado.
Por tal razón, señor Presidente, estimamos correcto que dicha norma sea revisada por la Comisión de Constitución antes de ser despachada en particular por la Sala.
Dicho eso, anuncio mi voto favorable a este proyecto.

El señor LAGOS (Presidente).- Se ha pedido abrir la votación.
¿Habría acuerdo de la Sala?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Pero respetando los tiempos, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- De acuerdo.
Se abrirá la votación, con los mismos tiempos asignados a esta discusión.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, seré muy breve.
Creo que ha quedado en evidencia algo fundamental: el respaldo a todo lo que permita fortalecer la función pública de SERNAPESCA, lo cual consideramos muy positivo. Estoy seguro de que sobre esto no habrá discusión.
Lo debatible tiene que ver con las modificaciones que se hacen a la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Por tanto, quiero plantear por intermedio de la Mesa al señor Ministro de Economía lo siguiente.
Ha habido resistencia institucional desde hace mucho tiempo para revisar la definición de "pescador artesanal", y no es correcto seguir manteniendo la existente hoy. No es lo mismo un armador industrial, un armador artesanal que un botero. Pero actualmente a un botero (una persona que extrae recursos hidrobiológicos), incluso a orilleros o a personas que no tienen ni embarcaciones, como las que cosechan cochayuyos, los tratan de la misma forma que a un armador artesanal.
Eso es lo que está haciendo ruido en este proyecto, porque las multas que se están imponiendo a un armador industrial o a uno artesanal no pueden ser de la misma naturaleza que las aplicadas a una persona que pesca para sobrevivir.
Pero esta iniciativa hace eso.
Por eso quiero pedirle al Ministro de Economía -por su intermedio, señor Presidente- que, por favor, se aborde esa materia de una vez. ¡Hoy es cuando!
Porque resulta casi absurdo que una persona que recolecta cochayuyo en la costa deba disponer de un mecanismo de registro electrónico, digital, de lo que extrae. ¡Es lo más ridículo del mundo!
Está bien que un armador industrial o un armador artesanal lo hagan.
Los recolectores de orilla no llegan a un puerto. ¡Y les quiero decir que en la Sexta Región no existen puertos!
Lo anterior se repite no solo respecto de los recolectores de orilla, pues también a aquellos que trabajan en la acuicultura o a quienes tienen áreas asignadas con explotación de crustáceos, bivalvos u otros productos les están poniendo una exigencia indebida.
A mi juicio, al no tener una buena definición de "pescador artesanal" se confunde el concepto de "pesca ilegal". Porque es bien distinto el caso de un pescador, de un botero que extrae y tiene fauna acompañante a la de un industrial que tiene fauna acompañante. Lo mismo sucede con el significado de "descarte".
Si SERNAPESCA no posee claridad en esta materia, los multará a los dos igual, pues entre lo extraído puede haber, por ejemplo, un lenguado y contaban con permiso para explotar merluza. Por lo tanto, aquí hay un problema.
Es necesario cambiar la definición. Se debe precisar qué es "pesca ilegal" en este concepto.
De la misma forma, hay que analizar lo relativo a las multas.
¡Yo soy partidario de que se castigue brutalmente la pesca ilegal! ¡No queremos el abuso y el saqueo de los recursos hidrobiológicos de nuestro país!
¡Doce pesquerías han estado a punto de colapsar, pero ninguna de esas situaciones es responsabilidad de los artesanales pequeños!
Por ello, de una vez por todas, en la discusión en particular es preciso hacer esta diferenciación.
Estoy a favor del proyecto, pero me voy a abstener, porque no tengo la convicción de que se va a cambiar la definición de "pescador artesanal".
Me parece que meter en el mismo saco a los boteros y a los armadores de Talcahuano, por ejemplo, que son artesanales y que cuentan con una tripulación de otra naturaleza, no da para más.
Señor Presidente, entiendo el espíritu de la iniciativa y lo comparto plenamente.
Concuerdo en que es importante que la Comisión de Constitución también revise el tipo penal, para que no haya ningún problema.
Pero, por favor, no nos hagan generar instrumentos represivos para gente que sobrevive apenas. Se les ponen exigencias tecnológicas, hasta absurdas, cuando ellos no son el problema.
A mi juicio, la única forma de arreglar esto, después de muchos años desde que aprobamos la Ley General de Pesca y Acuicultura, es que de una vez por todas haya una nueva definición de "pescador artesanal". No son lo mismo quienes se dicen artesanales y que andan en embarcaciones que pueden extraer decenas de toneladas de productos marinos y aquellos pequeños pescadores que trabajan para sobrevivir, a los cuales se les puede someter a penas inadecuadas.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, en primer término, anuncio que aprobaré en general este proyecto, tal como lo hice en la Comisión.
La idea matriz de la iniciativa es algo que esperábamos: el fortalecimiento del Servicio Nacional de Pesca. Ello, estableciendo el pago de una asignación mensual al personal de planta y a contrata, fundamentalmente para retribuir el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades en el Servicio, y efectuando las debidas adecuaciones de personal para mejorar el servicio en materia de inocuidad alimentaria que facilite el comercio exterior y para potenciar el análisis de las prioridades de fiscalización.
Tal como se ha señalado, en la ley en proyecto se ha incorporado como idea fundamental, adicional al fortalecimiento de la función pública del Servicio, modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura para combatir la pesca ilegal.
Lo anterior, sin duda, genera mayor debate.
Concuerdo con lo mencionado aquí, en la Sala. Y uno podría decir que falta una reflexión jurídica más detallada en esta materia. Compartiendo todos que debemos atacar la pesca ilegal con mucha fuerza, claramente esto debe ser un tema de debate, de discusión y de corrección, finalmente, de cómo está planteado el texto.
Hoy estamos aprobando solo la idea de legislar.
En tal sentido -insisto-, respaldamos lo relativo al fortalecimiento de la función pública del Servicio, que debe contemplar:

1.- Mayor efectividad del proceso fiscalizador, alineando esfuerzos estratégicos y operativos y el uso de información proveniente de distintas fuentes, especialmente del sector público.

2.- Generación de incentivos al cumplimiento voluntario de los agentes sectoriales, facilitando los trámites, especialmente en la fase exportadora.

3.- Incremento de los efectos disuasivos sobre conductas que transgreden los cumplimientos normativos, reforzando las facultades de fiscalización y los procedimientos sancionatorios.
Ahora bien, aquí hay un desafío legislativo.
Al respecto, en materia de pesca ilegal -como manifestaba-, me gustaría mencionar solo algunos aspectos de lo que dispone la FAO.
Este organismo señala que las legislaciones nacionales deben abordar de forma efectiva todos los aspectos de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y ocuparse, entre otras cosas, de las normas en materia de pruebas y de su aceptabilidad, inclusive la utilización de pruebas electrónicas y nuevas tecnologías.
Asimismo, la FAO recomienda tomar medidas para que los nacionales y las embarcaciones sin nacionalidad que naveguen en alta mar no respalden ni practiquen la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; no dar apoyo económico, incluso subvenciones, a empresas, embarcaciones o personas que practican dicha pesca; emprender un seguimiento, control y vigilancia completos y eficaces de la pesca desde su inicio, y la presentación en el lugar de desembarque hasta el destino final, para tener el seguimiento completo.
En particular, se solicita a los Estados velar para que el rigor de las sanciones impuestas a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada sea suficiente para prevenir, desalentar y eliminar dicha pesca y para privar a los infractores de los beneficios derivados de ella.
Hemos visto y hemos sido testigos de denuncias públicas sobre el particular. Se dan situaciones en que, claramente, la multa o la sanción no es disuasiva. Esto significa un atentado importante a la sostenibilidad de los recursos.
Hay legislaciones que han demostrado su efectividad, con un sistema de penalizaciones administrativas y penales. Uno podría tomar los casos de Nueva Zelandia, de Noruega, de España y de Perú.
Como vemos, se trata de una materia legislativa que incide directamente en la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos de Chile.
Reitero lo planteado acá: debemos separar la situación de los pescadores artesanales y analizar con mucha detención el impacto respectivo.
Comparto la idea de que en la Comisión tenemos que generar el espacio para escuchar a quienes están involucrados y se sienten afectados. Debo decir que aspiramos a que sean beneficiados desde el punto de vista del cuidado de los recursos.
Reitero que la votación es en general. Y entiendo que en la Comisión de Pesca nos queda una tarea para examinar acuciosamente las implicancias de la iniciativa, a fin de contar con una legislación que efectivamente nos dé garantías de cumplir el objetivo en materia de combate a la pesca ilegal y que sea consistente desde el punto de vista jurídico y de las sanciones que se establezcan.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención las intervenciones precedentes. Y me doy cuenta de la importancia que se le da a este proyecto.
No hay que confundir lo que se entiende por pesquería artesanal con el significado y el objetivo de esta iniciativa.
Sin duda, este proyecto representa un paso importante en la adecuación del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura a las condiciones actuales del sector pesquero y acuicultor de nuestro país.
La comprometida situación de los recursos pesqueros nacionales, en que, según la propia Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de las 25 especies comerciales mayoritariamente explotadas, 17 se encuentran en estado de colapso y otras 8, en estado de plena explotación, da cuenta de la necesidad imperiosa tanto de incrementar las capacidades de fiscalización de las normas vigentes como también de aumentar de manera significativa las sanciones a su transgresión.
Por supuesto, debemos distinguir las sanciones que se aplican a unos y a otros. Ello depende también de la capacidad que tenga cada proveedor.
Para ampliar las capacidades de fiscalización, el proyecto considera el aumento del personal y el incremento de remuneraciones de aquellos que ejercen la labor fiscalizadora directamente. Estos, sin duda, son dos elementos claves para mejorar la cobertura y la calidad de la fiscalización. Sin embargo, tanto el aumento de personal como los incentivos económicos no están de acuerdo con las necesidades reales del Servicio, el que, a partir de la promulgación de la presente iniciativa, deberá asumir mayores responsabilidades.
Por otro lado, y acá se ha dicho reiteradamente, se mantiene una clara deficiencia del proyecto en su artículo 9, numeral 1, donde se define "pesca ilegal".
Lo correcto es seguir lo propuesto por el Estudio de la Ley General de Pesca y Acuicultura que realizó la FAO el año recién pasado, que recomienda acercar nuestra legislación a la normativa internacional. Es así como se dispone de a lo menos dos definiciones internacionales de pesca ilegal, una de la propia FAO y otra de la Unión Europea, las cuales pueden refundirse o bien servir de base para una definición conceptual más clara y precisa que la ahora propuesta. Bien dice CONAPACH al referirse al punto: "La tipificación que hace el proyecto de pesca ilegal es incorrecta. No hay descripción de tipos penales concretos. Esta situación perjudica a quienes carecen de una buena defensa jurídica. Los infractores con más recursos económicos podrán defenderse de estas sanciones por su incorrecta tipificación, lo que los hace incluso inconstitucionales".
A raíz de lo anterior, señor Presidente, en el informe que entregué a la Sala mencioné que quedaba para la discusión particular el análisis de cada uno de los tipos penales, pues han surgido fundadas aprensiones acerca del alcance de algunos de ellos.
La clara conceptualización y definición de "pesca ilegal" determinará el éxito o fracaso de esta normativa, ya que los delitos o faltas, así como sus respectivas sanciones, dependen de ella. Una definición difusa y poco clara puede llegar a permitir la evasión o elusión de los delitos que se tipifican y sancionan en el propio proyecto.
No obstante lo anterior, no puedo dejar de reconocer el imperativo de mejorar aspectos como los ya descritos, entre otros, el avance en materia de protección de nuestros recursos pesqueros y de la actividad toda, que es muy sustantivo.
Por eso, señor Presidente, solicito que se establezca plazo para formular indicaciones hasta el lunes 20 del presente mes.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, creo que nadie de los acá presentes en la Sala puede disentir de la idea de que resulta absoluta y completamente necesaria una modernización del SERNAPESCA. Tanto es así que a la iniciativa se la identifica como un proyecto que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio. Ese es su espíritu y por eso nació. ¿Por qué? Porque, efectivamente, a este organismo se le han entregado una serie de atribuciones y funciones que hoy día, con los recursos humanos y con la orgánica institucional que tiene, resultan muy difíciles de cumplir.
Me parece que, objetivamente, nadie puede discutir y disentir de tal hecho. Y es por esa razón, me imagino yo, que el Gobierno ha puesto las urgencias necesarias.
Al inicio del texto hay varias mejorías en asignaciones a los funcionarios, los cuales, sin duda, se las merecen, lo cual posee una premura distinta del contenido de la segunda parte de la iniciativa. En realidad, son dos proyectos en uno; están pegados: el primero corresponde a la modernización del Servicio Nacional de Pesca, y el segundo, que también resulta necesario pero que tiene tiempos distintos y una tramitación diferente, es el relativo al control de la pesca ilegal.
De este manojo de hojas, el proyecto de fortalecimiento llega hasta la página 7, en tanto que el de control de la pesca ilegal va desde la página 7 a la 56. Por lo tanto, es indudable que la segunda parte es más compleja y hace necesario oír a los pescadores artesanales, quienes se hallan hoy día en las graderías. ¿Por qué? Porque no fueron escuchados ni atendidas sus demandas, de acuerdo a lo que ellos mismos plantean, en la Cámara de Diputados. Esperaban que ello ocurriera aquí, en el Senado, pero no ha sido así.
Insisto: se juntaron dos proyectos en uno. Y por esa razón en la sesión de la Comisión de Intereses Marítimos le planteamos al Ejecutivo que los separara, de manera de ponerle "discusión inmediata" al fortalecimiento del SERNAPESCA, el que contaría con toda nuestra voluntad para sacarlo adelante, y de analizar el control de la pesca ilegal, bastante más complejo, según lo planteado por distintos Senadores (lo que se evidencia por la sola cantidad de artículos a modificar), en los tiempos y con las urgencias necesarias para poder oír a todo el mundo.
A mí me parece que eso sería lo prudente.
Ambos proyectos son necesarios: el control de la pesca ilegal es absolutamente indispensable, pero debe tramitarse de la mano y en conjunto con los incumbentes, que son gran parte de los pescadores artesanales, algunos de los cuales nos acompañan hoy en las tribunas.
Entonces, nos ponen en una disyuntiva. Porque nosotros, ¿queremos aprobar la modernización del Servicio? Sin duda. ¿Queremos aprobar el control de la pesca ilegal? Sin duda. Pero, ¿deben estar ambos aspectos en un mismo texto legal y tener idénticos tiempos para su discusión legislativa? No necesariamente.
Lo contrario es un error, que desemboca en lo que estamos viendo: que los pescadores artesanales sienten que no fueron escuchados. Y efectivamente así fue, porque la iniciativa fue aprobada en la Comisión en una sola reunión, sin que ellos tuvieran posibilidad de solicitar una audiencia.
Así que yo, teniendo presente que ambas partes del proyecto son necesarias, me voy a abstener, porque pienso que legislar a la rápida en un tema tan complejo como el control de la pesca ilegal, producto de la premura que requiere la modernización del SERNAPESCA, al final no termina siendo la mejor manera de proceder.
Lamento que no se haya acogido la petición de separar ambas partes y de haberle puesto "discusión inmediata" a una y de haber dispuesto de los tiempos necesarios para legislar, de la mano con los pescadores artesanales y el mundo pesquero en general, lo relativo al control de la pesca ilegal.
Muchas gracias.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, este proyecto tiene, claramente, dos partes. Una de ellas dice relación con el fortalecimiento del Servicio Nacional de Pesca, que representa la imperiosa necesidad de dotar al Estado de mayores facultades, herramientas y recursos humanos y logísticos para poder cumplir con una función de fiscalización.
Es un hecho que en el mundo de la pesca no existe, lamentablemente, autorregulación, que allí prima la idea del más poderoso, y que muchas veces las normas de Derecho sustantivo no resultan susceptibles de ser aplicadas por la falta de capacidad del Estado para poder fiscalizarlas.
Por eso, considero una buena iniciativa fortalecer el rol del SERNAPESCA y, adicionalmente, mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, en un grado que aún estimo insuficiente pero que constituye un avance.
Sin perjuicio de lo anterior, al observar algunos aspectos del proyecto me parece necesario advertir a la autoridad que, cuando se trata de establecer ciertas sanciones, hay que revisar acuciosamente la normativa vigente, así como la proporcionalidad y legalidad de los tipos penales que se crean.
En el numeral 72) del artículo 2 se instaura un nuevo tipo penal, denominado "pesca ilegal", en cumplimiento de una recomendación internacional en el sentido de establecer qué se entiende por aquello y, adicionalmente, crear sanciones para disuadir, es decir, para evitar que se realice pesca ilegal.
El problema radica en que quienes redactaron la modificación pueden ser expertos en pesca, pero no en técnica legislativa penal, que es lo que justamente se busca introducir en el presente proyecto de ley.
La pesca ilegal es definida como la "actividad pesquera extractiva efectuada en aguas bajo la jurisdicción nacional o en alta mar, sea utilizando o no embarcaciones nacionales o extranjeras, en contravención a la normativa pesquera nacional vigente o a aquella establecida por organismos regionales o internacionales de los cuales Chile es parte". Luego se describen otros elementos.
¿Qué ocurre? El artículo 19, número 3º, de la Constitución Política de la República contempla el denominado "principio de legalidad", el que, a su vez, representa un límite al Derecho Penal y un límite al legislador, que nosotros, por tanto, debemos reconocer al crear nuevos tipos penales.
Este principio exige a la ley una descripción expresa de la conducta que ha de ser sancionada por el Estado. Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la ley es la única fuente formal del Derecho Penal.
El número 3° del artículo 19 señala en su parte pertinente:
"Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.
"Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella".
Este segundo aspecto del principio de legalidad es el que, a mi juicio, afecta el texto que se nos propone aprobar.
Tomaremos en cuenta solo una de las tres manifestaciones del principio de legalidad, conocida como "tipicidad" o "taxatividad", garantía mediante la cual se exige que la conducta que ha de sancionarse se encuentre estrictamente detallada en los cuerpos normativos. Así, se asegura la igualdad ante la ley (que todo ciudadano quede sujeto a una norma de conducta definida) y además se mantiene la certeza jurídica. Si no se cumple el mandato impuesto por el principio de legalidad y su manifestación de tipicidad, se produce una afectación del derecho constitucional.
Más allá de la confusión que pueda causar la indeterminación de las conductas sancionadas por el Estado, no respetar el principio de tipicidad atenta claramente contra una de las garantías aseguradas en la Carta Fundamental, problema que, de verificarse, debe ser resuelto sin demora para evitar la eventual promulgación y publicación de lo que se conoce como "leyes penales en blanco", preceptos que presentan graves falencias de constitucionalidad y cuya inaplicabilidad ha establecido recurrentemente el Tribunal Constitucional en múltiples fallos.
Así las cosas, y aterrizando lo expuesto al análisis concreto de la conducta que pretende tipificar el proyecto de ley, aparece claramente el problema descrito.
La asociación ilícita, que se sanciona mediante el nuevo artículo 104 bis, alude a la organización u asociación que se conforma para realizar alguna de las conductas que, supuestamente, define el nuevo numeral 72) del artículo 2 de la Ley de Pesca, disposición que, en estricto rigor, no describe conducta alguna ni tampoco hace alusión a ninguno de sus elementos centrales (ni a los sujetos ni al verbo rector, núcleo fundamental que de acuerdo a la doctrina debe estar presente en la descripción típica).
Por el contrario, el numeral 72) solo efectúa genéricas remisiones a la legislación nacional vigente, así como a los organismos internacionales de los cuales Chile es parte.
La indeterminación y la falta de precisión con que la iniciativa pretende regular la conducta base de la asociación ilícita propuesta son claramente atentatorias del principio de legalidad constitucionalmente consagrado, sobre todo en su manifestación más concreta como es la exigencia de tipicidad.
Por tanto, si consideramos, por ejemplo, que los volúmenes de pesca artesanal son significativamente inferiores a aquellos que se manejan en el ámbito industrial, a lo que se agrega el menor control que poseen sobre la fauna acompañante en la actividad extractiva, vemos que la indeterminación y la amplitud del tipo penal que se pretende imponer podrían afectar mayormente a aquellas personas que desempeñan labores pesqueras a nivel artesanal, presentando serias dudas en cuanto a cuáles serían los límites dentro de los cuales ejercerían lícitamente la extracción, transformación, elaboración, transporte, almacenamiento y comercialización de recursos hidrobiológicos o productos derivados de estos.
Es por esto que a mi juicio se hacen necesarias una revisión y una reevaluación acuciosa de la norma en comento, a la luz de los principios constitucionales que garantizan no solo la igualdad ante la ley, sino también la certeza jurídica y la determinación estricta de las conductas sancionadas por el Estado.
Por ello, sugiero a la Sala que adopte el acuerdo de que, una vez aprobado el texto en general, lo envíe a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para el solo efecto del análisis de las conductas penales establecidas en él, con el objeto de aportar una redacción que, junto con lograr el efecto buscado por el Gobierno como colegislador, mantenga la proporcionalidad, por un lado, y respete los principios de legalidad y de tipicidad, por el otro.
Finalmente, señor Presidente, me voy a referir brevemente a la proporcionalidad.
La iniciativa sanciona con pena de crimen a quien realice las acciones ilícitas que ella contempla: cinco años y un día a diez años. Estamos hablando de penas que el Código Penal reserva para delitos de suma gravedad. Pensemos, por ejemplo, que hasta hace un año, aproximadamente, el delito de homicidio (es decir, la privación de la vida, el bien jurídico protegido por excelencia) tenía la misma sanción: cinco años y un día hacia arriba.
Gracias al aporte de este Parlamento, se aumentó el piso de la sanción del delito de homicidio simple a diez años.
No obstante lo anterior, parece desproporcionado aplicar una pena de cinco años y un día a quien se organice para realizar algún tipo de pesca ilegal.
Entiendo el sentido del Gobierno, como colegislador, en cuanto a crear un mecanismo disuasivo, pero este debe ser proporcional y, lo más importante, debe ser eficaz.
El Código Penal está lleno de Derecho sustantivo que establece sanciones a determinadas conductas. Y el problema no está en las penas, como muchas veces se cree, sino en la capacidad del sistema público para fiscalizar su recto cumplimiento.
Por ello, pienso que en la discusión particular la Comisión especializada podría exigir de parte del Ejecutivo un esfuerzo adicional para mejorar las condiciones y los recursos humanos del Servicio Nacional de Pesca, con el propósito de que este cuente con capacidad para fiscalizar con mayor eficacia el derecho que estamos aportando.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, creo que en esta materia se ha dicho prácticamente todo.
Al igual que otros colegas, pienso que aquí estamos frente a dos proyectos distintos contenidos en una misma iniciativa.
Uno pretende fortalecer el SERNAPESCA, por todos los antecedentes que se han señalado y por una necesidad real de hacerlo, para dotarlo de capacidades verdaderamente instaladas, similares -en términos de su par terrestre- a las del Servicio Agrícola y Ganadero.
Ahora, en el caso de la penalización de la pesca ilegal, no se hace mayor discriminación entre el pescador chico, el mediano y el mayor, los comercializadores, las plantas de faenamiento, en fin, y existe el riesgo, independiente del aspecto de constitucionalidad que se ha mencionado, de que se produzca una suerte de "limpieza" -entre comillas- de los registros de pescadores que sí pescan, en desmedro de los que no lo hacen, porque es evidente que los que no pescan no serán sancionados.
Por lo tanto, creo que este proyecto debemos verlo en esa doble faz. Y desde luego, dado que solo lo estamos analizando en general, lo voto a favor.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, el proyecto inició su discusión antes del receso legislativo, oportunidad en la que efectué mi intervención.
Sin embargo, tras escuchar a la Senadora Van Rysselberghe y como integrante de la Comisión de Pesca, igual que ella, pienso que en honor a la veracidad de la tramitación del proyecto, muy importante para todos los sectores que se dedican a la actividad pesquera, debemos ser fidedignos en lo que ha sido su discusión.
De hecho, en la Comisión de Pesca se produjo un debate con relación a que el proyecto trata dos materias que pueden parecer diversas, pero que el Gobierno decidió igualmente incluir en un mismo texto.
Un capítulo está orientado a mejorar las condiciones laborales, de fiscalización y de recursos del SERNAPESCA. Los representantes de las asociaciones de funcionarios participaron en nuestra Comisión y señalaron que estas propuestas, a pesar de exhibir limitaciones, apuntan a mejorar sustantivamente la situación en que se encuentra el Servicio y particularmente sus trabajadores.
En cuanto a los artículos vinculados con la sanción de la pesca ilegal, la Comisión debatió la posibilidad de separar un capítulo del otro y, mayoritariamente, decidió seguir trabajando con el mismo texto propuesto, aprobando la idea de legislar, que hoy se somete a la consideración de la Sala. Todavía no estamos en la discusión particular.
Pero lo que quiero dejar para la historia fidedigna del debate del proyecto es que en el órgano técnico escuchamos a una gran cantidad de organizaciones de pescadores artesanales. Incluso, se celebraron sesiones especiales de la Comisión durante los días lunes de los meses de diciembre y enero con el propósito de escuchar a esas organizaciones.
La gran mayoría de los integrantes de la Comisión -me incluyo- somos críticos a una serie de formulaciones que vienen en el proyecto. Y, por eso, esperamos que en el debate en particular vayamos corrigiendo diversos aspectos que apuntan a lo que el Senador Letelier señalaba: significa un débil esfuerzo por mejorar las condiciones de la pesca artesanal, ya que no hemos podido realizar un debate para modificar y cambiar profundamente la Ley de Pesca, tan cuestionada por todas las situaciones que lamentablemente conocemos hoy día en relación con la forma en que se tramitó.
No nos ha sido posible hacerlo, pese a que hay una iniciativa de ley presentada por tres Senadores de la Nueva Mayoría. Creo que esta es la oportunidad -así lo compartimos varios colegas de la Comisión- de avanzar, por ejemplo, en la definición de pesca artesanal, lo cual no pudimos realizar en el debate de las modificaciones a la Ley de Pesca en los años 2011, 2012.
Entonces, señor Presidente, creo que hay que ser fidedigno cuando uno asiste o no a las Comisiones. Lo digo porque esta Comisión de Pesca trabajó con las organizaciones, conversamos con los dirigentes. Nos hacen mucho sentido su preocupación, su malestar ante una serie de disposiciones contenidas en este proyecto; y, por cierto, en el debate en particular vamos a indicar qué preceptos hay que modificar.
Y me alegro de la intervención del Senador Harboe, en cuanto a que la Comisión de Constitución conozca la figura penal de la pesca ilegal que se crea, porque pensamos que esta representa mucho riesgo, sobre todo para los pescadores artesanales.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, creo que en varias ocasiones se ha manifestado algo que es evidente; pero que, a mi juicio, supone una forma de votar que no necesariamente se ajusta a lo que otros Senadores plantearon.
Existe una coincidencia en que hay dos ideas distintas. Y esto me parece que lo han dicho todos. Así, la Presidenta de la Comisión señaló que fue el Gobierno el que decidió vincular los dos temas, por así decirlo, siendo que desde mi perspectiva tienen una naturaleza diferente. Y, en su mérito, aprobar la idea de legislar supone que uno esté más o menos de acuerdo en el tenor mismo del espíritu, y en una aproximación respecto de la forma de abordar el tema.
Es ahí donde yo quiero expresar por lo menos mi discrepancia en cuanto a la forma de abordar el segundo de los puntos, que ha sido objeto de varias intervenciones de señores Senadores.
Respecto del primer punto, el establecimiento de la asignación de fortalecimiento de la función pública al personal de planta y contrata del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, y de incrementar su dotación máxima de personal, quizás podría determinarse una mejor redacción de la naturaleza del incentivo. Pero creo que en general ahí hay una idea y una forma en las cuales uno puede coincidir.
Sin embargo, en lo relativo a la modificación de la Ley de Pesca en el combate a la pesca ilegal, en el sentido de disponer nuevas obligaciones para los agentes pesqueros e incorporar, además, figuras infraccionales y delictuales específicas para sancionarlos, tengo una discrepancia más bien de fondo con la forma de abordar ese tema.
A mí entender, no está bien resuelto el problema, y eso sí tiene que ver con la votación en general. Porque se hace una referencia a que "los que se asociaren u organizaren con el objeto de llevar a cabo conductas descritas de conformidad con el artículo 2, número 72, de esta ley, serán sancionados por este solo hecho", según las normas que siguen a continuación, con presidio, de acuerdo a determinadas características.
Y en esa disposición se define a la pesca ilegal, como la "actividad pesquera extractiva efectuada en aguas bajo la jurisdicción nacional o en alta mar, sea utilizando o no embarcaciones nacionales o extranjeras, en contravención a la normativa pesquera nacional vigente o a aquella establecida por organismos regionales o internacionales de los cuales Chile es parte.".
A mí me parece que esa forma de tipificar este delito es exactamente lo que no debe ocurrir en un sistema penal. Esto es, generar conductas punibles no descritas en el tipo de la ley.
La norma es muy amplia, pues contempla que "Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la asociación se entenderá efectivamente organizada en atención a la cantidad de sus miembros, su dotación de recursos y medios, así como su capacidad de planificación e incidencia sostenida en el tiempo".
Y quiero preguntar: ¿Cuántos miembros? ¿Cuántos recursos? ¿Cuántos medios? ¿Qué entendemos por capacidad de planificación? ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
Esas interrogantes no tienen respuesta dentro de la orgánica institucional. Y el establecimiento de presidio mayor -no estamos hablando de conductas que puedan ser constitutivas de una falta, sino de un delito penado con presidio mayor-, desde mi perspectiva, debe tener una tipificación adecuada. No se trata de decirles a las personas -usando la lógica de lo que estamos hablando-: "Usted puede estar incumpliendo una norma internacional". ¿Cuál? O "usted está incumpliendo una normativa". ¿Cuál?
Es de la esencia que se reflexione respecto del sentido de estas disposiciones.
Por eso, señor Presidente, creo que son ideas completamente distintas. Pienso que ameritaban una forma de trato diferente. Y, a todo evento, yo por lo menos no me siento habilitado para aprobar la idea de legislar de ambas. De la primera, sí. De la segunda, no. Porque no me parece que cumpla con los requisitos de tipificación, que son especialmente importantes en la pesca artesanal.
Yo represento a una zona en que solo existe pesca artesanal, no pesca industrial; o sea, esto se inyectaría a la vena de todos quienes ejercen esa actividad. Y no puedo legislar simplemente así. Todos están en la búsqueda de enfrentar la ilegalidad de la pesca. Pero no me es posible aprobar que se diga que cualquiera que contravenga una norma -¿cuál?- eventualmente va a incurrir en una conducta constitutiva de delito. No es lo mismo pescar, transportar, vender o constituir una especie de asociación ilícita. Por lo tanto, es necesario explicar en detalle cuál es el sentido último de esto.
Por eso, señor Presidente -se discutirá después si es que aprueba-, yo por lo menos me voy a abstener.

El señor LAGOS (Presidente).- Señor Ministro, ¿ha pedido hacer uso de la palabra para hacer una corrección?

El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Sí, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CÉSPEDES (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, en primer lugar, deseo hacer un alcance respecto a lo que se ha mencionado en relación con los dos objetivos que aparentemente tiene este proyecto de ley, que -según han argumentado algunos Senadores- de alguna u otra forma no necesariamente debiesen ir en una misma iniciativa; y, luego, referirme a las sanciones a la pesca artesanal.
En cuanto al primer punto, se entregan mayores facultades a una institución para que pueda perseguir un objetivo. Y el objetivo que estamos persiguiendo como Ejecutivo es el combate de la pesca ilegal, por sus efectos sobre la sustentabilidad de los recursos que afectan directamente a la pesca artesanal.
Entonces, parece poco lógico que se argumente que se tiene que separar la idea de fortalecer una institución para que pueda luchar adecuadamente en contra de la pesca ilegal, de lo que son las sanciones a quienes están afectando la sustentabilidad de los recursos de todos los chilenos (o que al menos debiesen ser de todos los chilenos).
Creo que argumentar de esa forma sería decir: "Usted lo que quiere hacer es fortalecer una institucionalidad para que pueda hacer poco respecto del combate a la pesca ilegal". Y ese no es el objetivo del Ejecutivo.
Por eso, consideramos fundamental el mantener los dos principios; estas dos grandes dimensiones del proyecto de ley en esta materia.
En cuanto al argumento de la pesca artesanal, yo quiero ser muy claro. Esta iniciativa no va en contra de la pesca artesanal. De hecho, hace más proporcionales las multas de la etapa extractiva mediante las siguientes medidas:
Se rebaja el piso de la multa de 3 a 1. O sea, antes se multiplicaba por 3; ahora se va a multiplicar por 1, en el caso de la pesca artesanal.
Se establece que el juez debe considerar el beneficio económico obtenido con la infracción y, también, la capacidad económica del infractor. Esto introduce la diferencia entre grandes y pequeños, cosa que hoy día no ocurre.
El proyecto ataca particularmente a las etapas posteriores a la pesca, donde está realmente el negocio.
¿Cuántas plantas procesadoras que hoy día no pueden justificar de dónde proviene la pesca que obtuvieron para hacer harina de pescado, por ejemplo, reciben sanciones ínfimas comparadas con las que se aplica a la pesca artesanal o a quienes hacen extracción?
Eso es lo que este proyecto de ley trata de remediar. Sin lugar a dudas, queremos ser claros respecto de que debemos combatir la pesca ilegal.
Entonces, escudarse en la pesca artesanal para no luchar de lleno contra la pesca ilegal me parece que no es un argumento adecuado.
De ahí que nosotros, como Ejecutivo, estamos más que disponibles para llevar a cabo todas las discusiones que procedan y hacer los ajustes que requiera esta iniciativa legal a fin de adecuar la redacción de sus artículos en términos de lo que son las sanciones penales.
Pero creo que el objetivo está claro: es preciso fortalecer el SERNAPESCA para combatir la pesca ilegal y lograr una apropiada sustentabilidad de nuestros recursos. Y también se necesitan sanciones ejemplarizadoras contra todos los que están en la cadena productiva de la pesca ilegal.

El señor LAGOS (Presidente).- Muchas gracias por su aclaración, señor Ministro.
Señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LAGOS (Presidente).- Terminada...

El señor PÉREZ VARELA.- Momento, señor Presidente.

El señor LAGOS (Presidente).- Falta que vote el Honorable señor Pérez Varela, representante de la Región del Biobío.
Muy bien.
Terminada la votación.

-Se aprueba en general el proyecto (23 votos favorables y 8 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, García, Girardi, Horvath, Lagos, Matta, Montes, Moreira, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, García-Huidobro, Letelier, Ossandón y Pérez Varela.

El señor LAGOS (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Honorable señor Guillier.
En seguida, corresponde fijar plazo para presentar indicaciones. El Presidente de la Comisión propuso el lunes 20 de marzo.
Si le parece a la Sala, así se acordará.

El señor QUINTEROS.- Está bien, señor Presidente.
--Se fija plazo para formular indicaciones hasta el lunes 20 de marzo, a las 12.

El señor LAGOS (Presidente).- Ahora, lo otro que se pidió es que la disposición que contempla las sanciones penales fuera para un segundo informe a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
¿Habría acuerdo para ello?
Acordado.




FIJACIÓN DE NORMAS DE PLAZO Y DE PROCEDIMIENTO DE PAGO EN RELACIÓN CON PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS


El señor LAGOS (Presidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Senadores señores Tuma, Allamand, De Urresti, Moreira y Andrés Zaldívar, que modifica la ley N° 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micros y pequeñas empresas, con informe de la Comisión de Economía
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.785-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Tuma, Allamand, De Urresti, Moreira y Andrés Zaldívar):
En primer trámite: sesión 28ª, en 6 de julio de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Economía: sesión 78ª, en 4 de enero de 2017.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los principales objetivos de la iniciativa son establecer plazos máximos de pago; fijar los intereses por mora y consagrar el derecho a indemnización de perjuicios, con la finalidad de desincentivar las malas prácticas comerciales que afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas cuando operan como proveedoras, y promover su desarrollo protegiendo los empleos que generan.
La Comisión de Economía discutió este proyecto en general y en particular por tratarse de aquellos de artículo único. Lo aprobó en general por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Lily Pérez y señores Quinteros y Tuma, y en particular, con las votaciones que consigna en su informe.
La referida instancia propone a la Sala la aprobación solo de la idea de legislar de la iniciativa.
El texto que se sugiere acoger se consigna en las páginas 52 y 53 del informe de la Comisión de Economía y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor LAGOS (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
¿Quiere decir algo el Senador señor Moreira?

El señor MOREIRA.- Solo que soy el Presidente de la Comisión, y le estoy cediendo el turno al Honorable colega.

El señor LAGOS (Presidente).- Muy bien.
Muchas gracias, Su Señoría.

El señor TUMA.- Señor Presidente, por cierto, el Senador Moreira es el Presidente de la Comisión de Economía y, además, tiene la calidad de autor de la iniciativa, junto con los Senadores Allamand, Zaldívar, De Urresti y quien habla.
Cabe señalar que este proyecto viene a dar respuesta a la desigualdad de condiciones con que las empresas de menor tamaño enfrentan el mercado cuando proveen a los grandes compradores.
Lo que normalmente ha estado ocurriendo -lo cual es conocido por todos- es que estos últimos se atrasan en el pago. Y si hay algo que tiene como debilidad la pyme es la falta de capital, la carencia de condiciones. Entonces, cuando hacen una venta, aunque sea la primera, no solamente están otorgando un plazo de crédito a la empresa grande por los servicios o los productos que están entregando, sino también en lo que respecta al impuesto.
Por tanto, nos parece irregular, muy injusto, arbitrario, que una empresa deba competir cuando ha de ceder a otra más grande el poco capital que tiene, más allá de otorgar un plazo de pago razonable. Si el pago convenido es de 30 o 45 días y al proveedor, esa empresa de menor tamaño, se demoran 120, 150, 180 días para restituirle el capital, en definitiva significa que esta última no puede competir en igualdad de condiciones, lo que se traduce en una competencia desleal de la empresa más grande hacia la más pequeña.
Es decir, como aquellas no cuentan con otras oportunidades de escoger a quiénes vender se someten muchas veces a las condiciones abusivas que el más grande le coloca a su pequeño proveedor.
Los Senadores autores de la iniciativa pretendemos terminar con esa asimetría. De ahí que su objetivo sea enfrentar la desigualdad y la falta de transparencia que existe en el mercado respecto a la determinación de los plazos de pago en las transacciones comerciales.
Se busca impedir que haya plazos de pago excesivos que afecten la liquidez de las empresas, en especial de las de menor tamaño, y, a su vez, proporcionar certeza a las empresas proveedoras de bienes de servicios a la hora de la organización de su contabilidad y de la proyección de su escalamiento productivo.
La iniciativa incorpora un principio tutelar, tal como nuestra legislación lo ha hecho para las relaciones de consumo, la competencia desleal o el Derecho Laboral.
Algunas experiencias comparadas son muy claras en esta materia, en el sentido de que han modificado el Código Civil, como aconteció en Alemana y en Francia.
Por lo tanto, los argumentos de que las relaciones de consumo se regulan solo por los principios establecidos en la regla general no dan cuenta de la necesidad de consignar una regla especial frente a la desigualdad o asimetría que se produce en el mercado.
Esta discusión surgió en la década de los noventa a raíz de la creación de la Unión Europea, con la recomendación que se efectuó sobre el plazo de pago en las transacciones comerciales, la cual fue implementada en el Reino Unido en 1998, al agregar desincentivos en lo relativo al incumplimiento del plazo pactado -es decir, hace casi veinte años ya en el Reino Unido se consagró una norma como la aprobada por la Comisión de Economía y que está siendo discutida el día de hoy en la Sala-, como el otorgamiento de una indemnización por costos de cobro e intereses diarios luego de la prestación de servicios o bienes.
Además, la presente legislación, estimados colegas, ha sido incorporada en diversos países: Bélgica, Inglaterra, Gales, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España.
Entre las materias que abordan estas legislaciones se identifica la fijación de una tasa de interés para los pagos tardíos. En este caso, hemos establecido la tasa que pagan las pequeñas empresas o las de menor tamaño cuando acuden al mercado crediticio. ¿Y cuál es ella? La tasa máxima convencional que aprobó el Congreso para determinar el costo del dinero en relación con las pequeñas empresas o el monto máximo de dinero que un banco o una institución crediticia puede entregar a sus clientes.
Fue así que dijimos que si se trataba de créditos menores a 5 mil unidades de fomento tendrían una tasa diferenciada, y por eso pusimos un tope, un techo. Pero en un momento de la discusión alguien dijo "Miren, esta tasa es muy baja para compensar el esfuerzo de crédito que da el banco o la respectiva institución crediticia". O sea, se produjo un debate en que resultó muy difícil lograr que se aprobara un techo, porque todos argumentaban que este era demasiado bajo.
Por cierto, ahora no será tan bajo para efectos de que los proveedores sean compensados cuando el comprador se atrase en la fecha de pago.
Lo mismo ocurre para la reserva de dominio. En el caso de Italia esta figura se aplica solo cuando el pago es en cuotas. Por su parte, Portugal y España han contemplado un régimen especial en cuanto al plazo de pago a las empresas agroalimentarias (a 30 días) sin posibilidad de extenderse.
Esto lo incorporamos al proyecto a través de las indicaciones pertinentes.
Además, dadas la connotación especial vinculada con las condiciones de negociación o de los contratos con empresas de menor tamaño y la petición de los gremios representantes de las pequeñas empresas, propusimos una normativa para todos, al objeto de que no hubiera discriminación.
Se recogieron, pues, las sugerencias de las asociaciones gremiales de empresas de menor tamaño y se estableció una norma general y no diferenciada para evitar así la posible discriminación contra las empresas de menor tamaño y desalentar prácticas como el uso de intermediadores.
A su vez, reforzamos la cláusula sobre competencia desleal contenida en la ley N° 20.169.
Específicamente, en el inciso primero de la letra i) del artículo 4° de la referida ley, que contempla como cláusula abusiva "El establecimiento de cláusulas contractuales o conductas abusivas en desmedro de los proveedores, el incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos con estos", se agrega: "o la infracción a los plazos dispuestos en la ley 19.983" -relacionada con la facturación- "para el cumplimiento de la obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura.".
Hace poco despachamos una iniciativa que fijaba plazos de pago y señalaba la forma en que se lograba mérito ejecutivo al objeto de indicar la existencia de determinado plazo para reconocer la recepción de la mercadería.
En este proyecto planteamos una normativa más armónica. Se acoge la proposición del Gobierno y se trasladan las normas propuestas en la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la factura.
De otro lado, debo informar que el artículo transitorio dispone un plazo especial de 36 meses para la entrada en vigencia de la futura ley en los casos de los contratos relativos al Ministerio de Salud y las municipalidades.
Es conocido que los municipios son los que más se extienden en el plazo y prácticamente dejan en la indefensión a sus proveedores.
No obstante, aceptamos la condición de mayor plazo, dado que necesitábamos la concurrencia del Ejecutivo, el cual tenía reserva respecto de la respuesta de esas instituciones a una legislación que les fija un plazo de pago, el cual, si no es cumplido, generará la aplicación de multas e intereses.
En el Presupuesto de la Nación no está considerado que tales instituciones paguen intereses. Pero ahora los vamos a contemplar.
Alguien podrá decir: "Bueno, esta iniciativa es exclusiva del Ejecutivo, pues va a generar un gasto".
No necesariamente, señor Presidente. Porque si se cumple la ley, no se va a generar ningún gasto.
Entonces, acá estamos incorporando a las instituciones del Estado, incluyendo al Ministerio de Salud y a las municipalidades, respecto de los cuales estamos haciendo una excepción en cuanto a la entrada en vigencia de esta normativa a fin de que se acojan a plazos razonables, a plazos pactados.
En este proyecto decimos: "El plazo máximo no podrá ser superior a 60 días; y en el caso de alimentos frescos y perecederos, no excederá de 30".
Así lo establece la legislación europea.
Acá nos estamos colocando al día en materia de derechos de los productores para los efectos de permitirles recuperar sus recursos.
Cabe insistir en que la debilidad de las pymes es su falta de capital.
Muchas veces hemos señalado: "Hay que darles créditos, hay que bajar los intereses".
Señor Presidente, ¡lo que ahora planteamos apunta a recuperar el propio capital de la pequeña empresa para que pueda continuar con su actividad y le sea factible competir en el mercado!
Por último, les agradezco a los miembros de la Comisión de Economía, Senadores señor Pizarro, señora Lily Pérez y señores Quinteros y Moreira, por haber aprobado este proyecto. Y le pido a la Sala que haga lo propio, para que durante la discusión particular podamos introducirle las mejoras pertinentes.
Es todo cuanto puedo señalar, señor Presidente.
He dicho.

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Economía, Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, dicen que la brevedad es la mejor arma de persuasión.
La excelente exposición del Senador Tuma, quien junto a otros Senadores, entre los cuales me incluyo, es autor de la moción que da origen a este proyecto, da cuenta de por qué concurrimos a apoyarlo en la Comisión.
Muchas veces se habla de las pequeñas y medianas empresas, las pymes, y de cómo resolver los grandes problemas de pago que tienen.
Sabemos que ellas son abusadas por las grandes empresas, que las colocan entre la espada y la pared, pues deben flexibilizar de forma verdaderamente grave las fórmulas de pago, estirándolo a veces hasta 4 o 5 meses.
No hay nada que regule aquello.
Por lo tanto, me parece que esta iniciativa constituye un paso importante para fortalecer a la pyme, a través de la ley, a fin de que no se cometan tales abusos.
Sobre el particular, es del caso connotar que, así como les vamos a exigir a las empresas que paguen en un período de 60 días, independientemente de que se produzcan acuerdos (mediando pago de intereses) para extender la fecha de pago, nosotros estimamos que el Estado también debe adecuarse a esta normativa.
No puede ser que haya una ley solo para los particulares.
Siempre se dice: "El Estado es el peor pagador".
¡El Estado tiene que dar el ejemplo!
Nosotros entendemos que esta modalidad no puede implementarse de un día para otro.
El Gobierno no ha estado muy de acuerdo en que la futura ley rija además para las instituciones públicas, pues sostiene que no están preparados para ello.
A mí me da la impresión -y así lo planteamos con el Senador Tuma- de que el Estado, las municipalidades y los entes públicos, deberá incorporarse a lo menos en 2 años, para que a las pymes se les pague en los tiempos que corresponda.
No puede haber una ley únicamente para los particulares, sin incluir al Estado, que debe ser el mejor pagador.
El Ministerio de Hacienda señaló que aquí habría un detrimento para el Presupuesto de la Nación, lo cual resulta muy inconveniente, en fin.
Se buscan explicaciones, señor Presidente.
¡El Estado debe adaptarse!
Por eso, durante la discusión particular iremos incorporando una serie de indicaciones para que, así como somos rigurosos con la empresa privada, especialmente con las más grandes (deben pagar en 60 días), también lo seamos con las empresas estatales.
Este proyecto contó con la unanimidad de los miembros de la Comisión de Economía, y constituye un avance.
Hacía mucho tiempo que lo habíamos aprobado en el referido órgano técnico.
Qué bueno que hoy tengamos el quorum apropiado para despacharlo en general.
A mi juicio, este paso debe ser valorado por la ciudadanía, y fundamentalmente, por las pymes.
Se trata de una señal pública del Congreso en cuanto a su preocupación por las pymes. Esta es una iniciativa pro pequeña y mediana empresa, y esperamos que sea despachada lo antes posible.
Señor Presidente, antes de terminar mi intervención, le pido abrir la votación.

El señor LAGOS (Presidente).- ¿Les parece a Sus Señorías?
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor LAGOS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con este proyecto. Sin embargo, estimo necesario, a pesar de que pueda creerse que significará mayor demora en su tramitación, que vaya a la Comisión de Hacienda.
En tal sentido, yo soy defensor de los fueros de las Comisiones.
Acá hay materias vinculadas con aplazamiento del IVA, tributos, en fin.
Seguramente aquellas igual se van a resolver bien. Pero considero que no debiera saltarse dicho procedimiento, porque, de acuerdo con el Reglamento, el informe de la Comisión de Hacienda es absolutamente obligatorio. Una vez cumplido ese trámite la Sala podrá discutir esta iniciativa sobre la base del texto que aquella despache y de las indicaciones que se presenten durante el plazo fijado al efecto.
Insisto: este proyecto debe ir a la mencionada Comisión para que sea informado en particular fundamentalmente en lo que respecta al pago de impuestos.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para acoger el planteamiento del Senador señor Zaldívar en cuanto a que esta iniciativa sea vista en particular también por la Comisión de Hacienda?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Sí, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Acordado.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, no se trata de recabar un acuerdo: ¡es obligatorio enviar esta iniciativa a la Comisión de Hacienda, de conformidad con lo que establecen la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y el Reglamento!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En ese espíritu solicité el acuerdo, señor Senador.
Les recuerdo a Sus Señorías que estamos en votación.
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, yo no tengo inconveniente en que este proyecto sea analizado también por la Comisión de Hacienda.
No obstante, en mi opinión, el punto estriba en que esta iniciativa no genera gastos, salvo que la ley no se cumpla. Porque de ser así, se tendrán que pagar multas e intereses.
Pero aquello lo vamos a debatir en particular tanto en la Comisión de Economía como en la de Hacienda, dada la petición que formuló recién el Senador Zaldívar.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (21 votos a favor).
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Chahuán, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones.

El señor MOREIRA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira, quien ha estado muy comprometido con esta iniciativa.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, me gustaría que el Senador Tuma, quien -según entiendo- será el próximo Presidente de la Comisión de Economía, nos dijera qué fecha le parece adecuada para tales efectos.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, habíamos sugerido el viernes 17 del mes en curso, para que este proyecto se pudiera colocar en tabla la semana siguiente.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Entonces, si le parece a la Sala, se fijará plazo hasta el viernes 17 de marzo próximo, a las 12, para presentar indicaciones.
Acordado.
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, solicito que recabe la autorización de la Sala para fijar plazo, hasta el lunes 20 de marzo próximo, a las 12, a fin de presentar indicaciones al proyecto de ley que modifica el sistema privado de salud, para incorporar un plan garantizado (boletín N° 8.105-11).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a la petición de Su Señoría?
Acordado.



MODIFICACIÓN A CÓDIGO PENAL Y A LEY SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS, EN MATERIA DE DELITOS DE COHECHO, SOBORNO Y ADMINISTRACIÓN DESLEAL


El señor QUINTANA (Vicepresidente).- A continuación, corresponde tratar en particular el proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín, que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno aumentando las penas; tipifica el delito de soborno entre particulares y de administración desleal, y enmienda la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.739-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín):
En primer trámite: sesión 22ª, en 8 de junio de 2016 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 29ª, 12 de julio de 2016.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 84ª, en 25 de enero de 2017.
Discusión:
Sesión 48ª, en 13 de septiembre de 2016 (se aprueba en general).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 13 de septiembre de 2016.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los números 3, 4, 6, 7 y 8 del artículo 1° y el artículo 2° no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
--Se aprueban reglamentariamente.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El referido órgano técnico efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben votarse sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Constitución, el texto como quedaría de aprobarse estas modificaciones y el texto tentativo si se aprueba esta iniciativa en particular.
Nada más, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).- En discusión particular el proyecto.

Está claro que no han sido impugnadas las enmiendas unánimes.
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, el titular de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador señor Pedro Araya, me pidió informar este proyecto.
Esta iniciativa, iniciada en moción -nos invitó a suscribirla el Honorable señor Alberto Espina-, introduce importantes modificaciones al Código Penal y a la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Antes de aprobar tales enmiendas, la Comisión escuchó al Ministerio Público y a los profesores de Derecho Penal señores Héctor Hernández y Jean Pierre Matus, a quienes agradezco su valiosa colaboración en el estudio de esta materia.
Mediante las disposiciones de este proyecto de ley, se elevan las penas que se pueden imponer a quienes incurren en conductas de cohecho y de soborno. Asimismo, se tipifican dos nuevos delitos: el cohecho entre particulares y la administración fraudulenta.
Todas esas modificaciones fueron acordadas por la unanimidad de los integrantes del referido órgano técnico.
En tal sentido, es menester destacar que durante la discusión de este proyecto contamos con el apoyo del Ministerio Público y de los profesores Hernández y Matus y con el importante aporte que realizaron los asesores de parlamentarios, quienes nos ayudaron a perfeccionar cada uno de estos tipos penales.
A continuación explicaré, de manera general, en qué consisten tales enmiendas.
En primer lugar, se modifica el artículo 248 del Código Penal, disposición que sanciona el denominado "cohecho impropio".
Al respecto, se establece que el empleado público que solicitare o aceptare recibir mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo, o un beneficio indebido, para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos, será sancionado con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos en cualquiera de sus grados y multa del tanto al duplo de los derechos o del beneficio solicitados o aceptados. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de cincuenta a quinientas unidades tributarias mensuales.
Igualmente, se enmienda el artículo 248 bis, norma que castiga el denominado "cohecho propio", con el fin de sancionar al empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio indebido, para sí o un tercero para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo. En este caso, esta conducta se sanciona con la pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo, y además, se le impone la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y multa del duplo al cuádruple del provecho solicitado o aceptado. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de cien a mil unidades tributarias mensuales.
La disposición en análisis precisa que esas mismas penas se aplicarán al funcionario público que, con infracción a los deberes del cargo, ejerza influencia en otro empleado público con el fin de obtener de este una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado.
Seguidamente, se modifica el artículo 249 del Código Penal con el objeto de sancionar al empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio indebido, para sí o para un tercero, para cometer o por haber cometido alguno de los crímenes o simples delitos que se indican. A este funcionario se le impone la pena de reclusión mayor en sus grados mínimo a medio, inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y multa del duplo al cuádruple del provecho solicitado o aceptado. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta de la económica, la multa será de cien a mil unidades tributarias mensuales.
Por otra parte, se enmienda el artículo 250 del Código Penal, disposición que sanciona la figura del soborno.
En esta materia se elevan los grados de las penas que se pueden aplicar a quienes ofrecieren o consintieren en dar a un empleado público un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de este o de un tercero, para que realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos 248, 248 bis y 249.
Si el beneficio que se entrega u ofrece tiene por objetivo que se cometa un delito, el sobornante será sancionado, además, con la pena de reclusión mayor en sus grados mínimo a medio.
Igualmente, se modifica el artículo 251 bis del Código Penal, disposición que sanciona el cohecho a funcionarios públicos extranjeros.
Al respecto, se prescribe que el que ofreciere, prometiere o diere a un funcionario público extranjero un beneficio indebido, en provecho de este o de un tercero, para que realice una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de cualquier ventaja indebida en el contexto de una relación económica internacional o de una actividad económica desempeñada en el extranjero, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio a reclusión mayor en su grado mínimo y, además, con las de multa e inhabilitación establecidas en el artículo 248 bis. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta de la económica, la multa será de cien a mil unidades tributarias mensuales.
Señor Presidente, esta iniciativa introduce, además, dos figuras penales completamente nuevas en nuestro ordenamiento jurídico, que apuntan a sancionar a quienes cometen cohecho entre privados o incurren en la denominada "administración fraudulenta".
Así, en el artículo 287 bis se prescribe que el que prometa, ofrezca o diere, en forma directa o indirecta, un beneficio indebido, en su propio provecho o en el de un tercero, a una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función de dirección o supervisión en ella, a fin de que actúe o se abstenga de actuar, con infracción a los deberes inherentes a sus funciones será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo y multa del tanto al cuádruple del beneficio prometido, ofrecido o dado. Asimismo, la persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función de dirección o supervisión en ella que solicite o consienta en recibir de cualquier persona, en forma directa o indirecta, un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en favor de un tercero, a fin de que actúe o se abstenga de actuar, con infracción a los deberes inherentes a sus funciones también será castigada con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo y multa del tanto al cuádruple del beneficio solicitado o consentido.
De la misma manera, se agrega un artículo 287 ter, nuevo, el cual establece que quien, teniendo a su cargo el cuidado, la custodia o la gestión del patrimonio de otra persona, le causare un perjuicio, sea ejerciendo abusivamente las facultades para disponer por cuenta de este patrimonio, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario a los intereses del titular del patrimonio afectado, será castigado con presidio menor en su grado máximo y multa de diez a cien por ciento del perjuicio causado.
De otro lado, se modifica el artículo 15 de la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos a que se refiere este proyecto, al objeto de adecuar esa norma a las nuevas sanciones consagradas para las figuras del soborno y del cohecho al funcionario público extranjero.
Por último, y con el fin de prever problemas de interpretación y evitar cualquier tipo de impunidad en esta materia, se estatuye que la ley en proyecto solo se aplicará a los hechos delictivos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia.
En todo caso, las tipificaciones y las sanciones consignadas en forma previa a esta modificación legal en los artículos 248, 248 bis, 249, 250 y 251 bis del Código Penal y en los incisos primero y segundo del artículo 15 de la ley N° 20.393 continuarán vigentes para todos los efectos relativos a la persecución de los delitos contemplados en las disposiciones pertinentes y que fueron perpetrados con anterioridad a la publicación de la ley en proyecto.
Señor Presidente, Honorables señores Senadores y señoras Senadoras, la elevación de las penas que ahora proponemos son un baremo adecuado para sancionar a quienes cometen los delitos de cohecho y soborno.
Actualizar la legislación en vigor es una medida urgente y constituye una señal efectiva en el sentido de que se quiere perseguir a quienes incurren en los ilícitos en comento: los denominados "delitos de cuello y corbata".
Con esta iniciativa se establece una mayor proporcionalidad entre el delito cometido y la sanción a recibir.
Asimismo, se da una potente señal al sector privado en orden a que las normas sobre probidad también rigen en este ámbito.
Por las razones expuestas, le solicitamos a la Sala aprobar en particular este proyecto de ley.
He dicho.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, ¿abramos la votación?

El señor MONTES.- Muy bien.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- ¿Le parece a la Sala abrir la votación?

El señor MONTES.- Sí.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Acordado.
En votación particular el proyecto.

El señor ESPINA.- Entiendo, señor Presidente, que vamos a tener una sola votación, porque hay unanimidad.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Sí, señor Senador.

El señor ESPINA.- Muchas gracias.
--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Para fundar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, el Senador Harboe hizo una exposición completa, en detalle, sobre los aspectos técnicos de esta iniciativa, que, como se ha dicho, se originó en una moción que presentamos los miembros de la Comisión de Constitución y que fue analizada a fondo con penalistas de variadas visiones del Derecho Penal, con la Fiscalía del Ministerio Público.
Realmente, creo que hemos hecho un muy buen texto, el cual pone a Chile entre las legislaciones más avanzadas, que recogen las exigencias establecidas, por ejemplo, en la Convención de las Naciones Unidas en contra de la Corrupción y en el Preámbulo de la Convención de la OECD en contra del Cohecho al Funcionario Público Extranjero.
Este proyecto deberá ir a la Cámara de Diputados, donde, por supuesto, podrá ser objeto de perfeccionamiento.
Sin embargo, en esencia, yo quisiera señalar lo siguiente.
Me parece muy bueno para este Congreso Nacional que a través de una iniciativa parlamentaria modifiquemos la legislación que sanciona de manera fundamental el cohecho y el soborno, considerando que las penas impuestas para estos delitos son simplemente ridículas.
No resulta razonable que al que perpetra el delito de robo se le apliquen penas superiores a los cinco años de cárcel y que quien incurre en el delito consistente en sobornar a un empleado público para que cometa un delito en el ejercicio de su función a fin de otorgarle a aquel un beneficio indebido reciba penas inferiores.
El Senado, tras el trabajo de la Comisión de Constitución, logra un avance muy importante, que marcará un punto de inflexión en el Parlamento.
Yo escuché muchas críticas en cuanto a que el Congreso Nacional no quería legislar sobre esta materia, no tenía interés en ello, en fin.
No es fácil hacer una ley de esta índole, señor Presidente.
Algunos creen que basta cambiar dos o tres normas.
En verdad, elaborar una normativa que evite contradicciones entre sus artículos y entre ella y el resto de nuestro ordenamiento jurídico es una tarea compleja. Pero se hizo, y bien.
Yo diría que, fundamentalmente, lo que se plantea aquí tiene dos conceptos.
Primero, se cambia la expresión "beneficio económico" por los términos "beneficio indebido".
Me explico.
Nos encontramos frente a quien comete el delito de cohecho, que es el funcionario público, y al que le paga a este, que es el sobornador.
¿Cuál es, en definitiva, la conducta que se sanciona? La de haber obtenido un beneficio indebido, o sea, una ventaja que no emana de los merecimientos.
Así, está el cohecho impropio, que tiene lugar cuando un funcionario incurre en una conducta indebida que no constituye en sí misma un delito pero sí una ventaja inaceptable por quienes, a diferencia del sobornador, no le dieron a ese empleado dinero, en fin.
Luego tenemos el caso del que incurre en la misma conducta pero ya de manera más agravada, porque le pide al funcionario que haga algo que no le corresponde, que está fuera de sus funciones; es decir, con infracción a sus deberes.
Y la situación más grave, obviamente, es aquella en que se le dice a un empleado público, ya no solo que haga algo que constituye infracción a sus deberes funcionarios o respecto de lo cual no debería recibir dinero, sino que además cometa un delito. Por ejemplo, que destruya un documento público, o lo falsifique, o lo altere.
Quiero señalar que las penas se han aumentado considerablemente en todos los límites. En el caso de quien comete el delito consistente en sobornar a un empleado público otorgándole un beneficio indebido pasan, de 541 días a 3 años, a 3 años y un día a 10 años. Y si se le pide cometer un delito, de 5 años y un día a 15 años.
Señor Presidente, considero muy importante que los parlamentarios no solo reaccionemos criticando lo ocurrido en un caso u otro, sino que además tomemos acciones concretas. Porque a la ciudadanía, claro, no le basta con que se haga la crítica: también necesita que haya reacción de parte del Congreso Nacional.
Y esta es una buena ley, hecha por todos.
Lo mismo -no quiero repetir- ocurre con relación a las penas tratándose del soborno, porque son equivalentes a las del cohecho.
En seguida, como explicó el Senador Harboe -no entraré en ningún detalle-, hay una materia relacionada con el cohecho de los funcionarios públicos. Existe en la legislación chilena, pero ahora se regula de mejor forma.
Finalmente, se introduce un tipo penal nuevo, el que, en mi concepto, debe estudiarse y meditarse muy bien: el delito de cohecho entre privados.
Se trata de una figura compleja. Nosotros procuramos dar la mejor solución, de acuerdo a lo que nos pareció correcto.
Me explico.
Existen dos particulares. Uno tiene deber de supervigilancia sobre una actividad privada; el otro dirige esa actividad. Se otorga una ventaja improcedente a cambio del pago indebido en dinero o de la concesión de otros beneficios. Y eso constituye un perjuicio para el resto.
En el ámbito del mundo privado las relaciones -valga la redundancia- son privadas. Sin embargo, no es correcto que alguien, alterando esas relaciones, intente en forma irregular obtener un beneficio que no le corresponde, perjudicando con ello a las demás personas interesadas en la contraprestación pertinente.
En conclusión, yo por lo menos siento que cumplimos con nuestro deber.
Este proyecto irá a la Cámara de Diputados.
Me alegra mucho que lo despachemos en el Senado. Lo aprobamos unánimemente en el primer informe. Espero que en el segundo podamos hacer lo mismo y que contemos con una legislación a la altura de la que tienen los países avanzados.
En este tipo de materias no basta criticar, decir que se está en contra, sostener que se trata de conductas irregulares: el Parlamento tiene la obligación de ser proactivo, de hacer cosas. Y esta es una respuesta concreta.
Se dedicaron muchas horas de trabajo para tener el proyecto de ley que informó el Senador Harboe, que -repito- constituye un avance muy importante en materia de la probidad en nuestro país.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, las exposiciones de los Senadores Harboe y Espina me permiten reducir en forma significativa la mía. Sin embargo, no he querido dejar de intervenir porque considero que esta iniciativa, como se ha destacado, es muy relevante.
Entre las inquietudes ciudadanas está precisamente la de asegurar el debido comportamiento de todas las autoridades del sector público y evitar que la corrupción se instale a raíz de las presiones de soborno y cohecho que han existido y que, aparentemente, han aumentado en el último tiempo.
Sucede que tales conductas tienen hoy día, como delitos, sanciones muy reducidas, que no se compadecen con la importancia que revisten la probidad y la honestidad en el desempeño de las funciones públicas. Y por eso resultaba absolutamente necesario corregir tal situación.
Eso es lo que hemos hecho, como aquí se ha subrayado, cinco Senadores, quienes integramos la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Alta Corporación.
Más allá de consideraciones políticas, estamos todos contestes en la necesidad de aumentar fuertemente las sanciones que establece el Código Penal para los delitos de cohecho y de soborno a funcionarios públicos e ir integrando e incrementando los sujetos que en esta materia son activos y responsables, en distintas calidades, de los ilícitos en comento.
Es más, no se trata solo de los funcionarios públicos, nacionales o extranjeros: hemos incorporado asimismo el tipo penal del soborno entre particulares y también los casos de administración desleal. Y aumentamos las penas aplicables a los delitos de cohecho y de soborno, considerando lo que la ley establece en cuanto a las responsabilidades de las personas jurídicas.
En lo fundamental, se trata de pasar, de los 61 a 540 días establecidos hoy para los simples delitos, a un mínimo de 541 días hasta 5 años, más, en diversas situaciones, la de inhabilitación absoluta o temporal para ejercer cargos, según los casos.
A mi entender, eso constituye una señal muy potente de la forma como hemos ido desarrollando la Agenda de Transparencia y Probidad en distintos ámbitos, de manera que la acción política, la acción partidista y las acciones públicas se desenvuelvan no solo en los ámbitos del comportamiento legal, sino también dentro de normas mínimas que tienen un sustento moral muy fuerte.
Creemos que este es el camino que nuestro país debe seguir. Y por eso hemos trabajado, como se puntualizó en la Sala, con mucho cuidado para asegurar el contenido específico de las disposiciones respectivas, de forma que la ciudadanía vuelva a creer y recupere la confianza en los parlamentarios en el sentido de que, habiéndose incrementado las conductas reprobables socialmente, estamos dispuestos no solo a corregirlas sino asimismo a mejorar la legislación y hacerla más efectiva y dura para todos los que, desempeñando funciones públicas, legislativas o de otra índole, incumplen sus deberes.
Pienso que aquí se ha dado un paso que corrige una legislación que ha sido criticada precisamente por su debilidad. Y la corrige a instancias de nuestra convicción, en un esfuerzo de sistematización que va en la dirección correcta de tener una legislación moderna pero también exigente frente a las inquietudes ciudadanas.
Por eso, señor Presidente, concurro con mucho entusiasmo a aprobar esta iniciativa, la que, luego del trabajo realizado, nos deja bastante tranquilos en cuanto a que hemos dado un paso.
Ciertamente, irá a segundo trámite constitucional a la Cámara de Diputados. Esta podrá mejorarla, perfeccionarla. No nos creemos dueños de la verdad. Pero, sí, hemos hecho un esfuerzo muy sólido y muy significativo que espero contribuya realmente a que el comportamiento de quienes desempeñan funciones públicas sea cada vez más cercano a los niveles ideales de conducta ética que todos queremos para las autoridades y funcionarios públicos.
Ciertamente vamos a concurrir con nuestro voto favorable a esta iniciativa, cuyas disposiciones han sido aprobadas de manera unánime por los integrantes de la Comisión de Constitución. Espero que la Sala vote de igual modo.

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el proyecto en particular y queda despachado en este trámite (25 votos).
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Ossandón, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

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El señor QUINTANA (Vicepresidente).- Algunos señores Senadores me han solicitado levantar la sesión, dado que en breves minutos se realizará el lanzamiento del libro del Centro de Extensión "Chile, 100 Senadores y su influencia en nuestra historia".
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a Secretaría.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro de Obras Públicas, requiriéndole informar sobre PROYECTO DOBLE VÍA RUTA FREIRE-VILLARRICA.
A la señora Ministra de Bienes Nacionales, para que entregue antecedentes relativos a GESTIONES PARA LICITACIÓN DE CENTRO DE ESQUÍ DE PUCÓN, EN VOLCÁN VILLARRICA.
Y al señor Intendente de La Araucanía y Ejecutivo del Gobierno Regional, solicitándole datos respecto a PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MODELO PARA PUCÓN.
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros de Economía, Fomento y Turismo y de Transportes y Telecomunicaciones, pidiéndoles informar en cuanto a HUELGA DE TRABAJADORES EN PUERTO DE VALPARAÍSO Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA ASEGURAMIENTO DE ATENCIÓN A CRUCEROS.
Y a las señoras Ministra de Bienes Nacionales e Intendenta de Aisén, requiriéndoles antecedentes relativos a ENTREGA DE TERRENOS FISCALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN COIHAIQUE.
Del señor MATTA:
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, pidiéndole informar sobre FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA INSTALACIÓN DE ANTENA CELULAR EN SECTOR NORTE DE CHANCO.
A la señora Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, para que remita información sobre FACTIBILIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE CENTRO DE ATENCIÓN DEL SERNAM EN LINARES.
Y al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, para que informe con respecto a PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN CONTRA EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REGIÓN DEL MAULE A RAÍZ DE RECIENTES INCENDIOS FORESTALES.
Del señor NAVARRO:
A la señora Ministra de Salud y al señor Director del Instituto de Salud Pública, consultándoles respecto de CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS DE AGUA IMPORTADA O ENVASADA EN CHILE; SU ETIQUETADO CON ADVERTENCIAS DE POSIBLE NOCIVIDAD PARA SALUD HUMANA, Y COMPARACIÓN DE CALIDAD CON PAÍSES INTEGRANTES DE OCDE.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, para que informe sobre CANTIDAD DE VIVIENDAS ENTREGADAS Y POR ENTREGAR EN ZONAS AFECTADAS POR TERREMOTO DE 27F, A NIVEL NACIONAL Y, EN ESPECIAL, EN REGIÓN DEL BIOBÍO, y preguntándole por CAUSAS DE RETRASO EN ENTREGA TOTAL DE VIVIENDAS A FAMILIAS AFECTADAS.
A los señores Subsecretario de Justicia y Director Nacional de Gendarmería, requiriéndoles información sobre INVESTIGACIÓN POR CASO DE POSIBLES TORTURAS DE FUNCIONARIOS DE GENDARMERÍA CONTRA INTERNOS GAYS Y TRANSEXUALES EN CÁRCEL DE ANTOFAGASTA, y consultándoles por CANTIDAD DE DENUNCIAS RECIBIDAS Y DE INVESTIGACIONES REALIZADAS POR CASOS SIMILARES EN CÁRCELES DEL PAÍS EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
Al señor Superintendente de Servicios Sanitarios, pidiéndole remitir información acerca de CAUSA DE ROTURA DE TUBERÍA DE EMPRESA ESSBIO EN SECTOR PEDRO DEL RÍO, CONCEPCIÓN; NÚMERO DE FAMILIAS AFECTADAS E INDEMNIZADAS; EVENTOS DE MISMA NATURALEZA ACAECIDOS EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS; DENUNCIAS RECIBIDAS POR SUSPENSIÓN DE SERVICIO DE SANITARIAS A NIVEL NACIONAL EN IGUAL PERÍODO, Y MECANISMOS UTILIZADOS COMO COMPENSACIÓN.
Al señor Director del Servicio Nacional de Aduanas, solicitándole su opinión en cuanto a FORMAS UTILIZADAS POR FISCAL EN SUMARIO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DE SEÑOR RODRIGO MUÑOZ IBÁÑEZ Y COPIA DE EXPEDIENTES, INFORMES Y EVALUACIONES REALIZADAS A ESTE FISCALIZADOR.
Al señor Director del Servicio Nacional del Consumidor, requiriéndole enviar diversa información referida a SUSPENSIÓN DE SERVICIO POR EMPRESAS ESSBIO, AGUAS ANDINAS Y ESVAL.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones del Biobío, pidiéndole remitir antecedentes relativos a SUBSIDIOS ENTREGADOS A NAVIERA SANTA MARÍA Y ESTATUS DE CATAMARÁN SANTA MARÍA EXPRESS.
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--Se levantó a las 18:41.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción