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ENMIENDAS A CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE REMUNERACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES


El señor TUMA (Presidente accidental).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en moción de las Senadoras señoras Goic, Allende, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe, en primer trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en materia de discriminación e igualdad de remuneraciones de hombres y mujeres, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.322-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de las Senadoras señoras Goic, Allende, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe):
En primer trámite: sesión 13ª, en 23 de abril de 2014 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 22ª, en 13 de junio de 2017.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los principales objetivos de la iniciativa son los siguientes:
-Desarrollar el principio de igualdad de remuneraciones entre trabajadoras y trabajadores al incorporar los conceptos de trabajo de igual valor y de coincidencia de cada elemento de la remuneración.
-Distinguir entre discriminación directa, basada en el sexo de la persona que presta servicios, y discriminación indirecta, sustentada en criterios aparentemente neutrales.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social hace presente que, no obstante tratarse de un proyecto de artículo único, acordó efectuar solo la discusión en general con la finalidad de introducir durante la discusión en particular los perfeccionamientos que se necesiten.
Dicho órgano técnico aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señoras Goic y Muñoz y señores Allamand, Larraín y Letelier.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 39 y 40 del primer informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El señor TUMA (Presidente accidental).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra la Senadora señora Goic.


La señora GOIC.- Señor Presidente, esta moción, que encabezo -y agradezco a las Senadoras Isabel Allende, Adriana Muñoz, Lily Pérez y Jacqueline van Rysselberghe por acompañarme en su autoría-, tiene que ver con un tema que ya fue objeto de debate hace algunos años y que dio origen a la ley N° 20.348, que establece el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres.
Recuerdo que en ese tiempo éramos Diputadas y tuvimos siempre muchas dudas acerca de la eficacia que tendría la futura ley.
Sin embargo, en ese momento consideramos necesario avanzar e instaurar el principio de que no existe justificación para que una mujer con igual preparación y responsabilidad recibiera, por el solo hecho de ser mujer, una remuneración menor a la de un colega hombre en similares circunstancias.
En nuestro país los datos son bastante claros al respecto, y no nos enorgullecen.
Lamentablemente, Chile ocupaba en 2014 el lugar 128 entre 142 países en el ranquin de igualdad de salarios entre hombres y mujeres que realizan trabajos similares, según datos del World Economic Forum (WEF).
Además, esta brecha salarial se acrecienta a medida que las mujeres tienen mayor preparación.
De hecho, las mujeres que solo cuentan con educación primaria ganan un 15 por ciento menos que los hombres. Por su parte, en el caso de aquellas que completaron su educación secundaria la diferencia es cercana al 21 por ciento. Y si avanzamos, cuando poseen educación universitaria completa esta brecha aumenta a casi 30 por ciento, lo cual claramente no se justifica.
En consecuencia, mediante esta moción proponemos distintos perfeccionamientos que mejoren la eficacia de los mecanismos de reclamo en caso de situaciones de discriminación en materia de brecha salarial, retomando además el muy valioso trabajo -considero importante destacarlo- del Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, que realizó una evaluación de la implementación de la ley N° 20.348.
Ese organismo fue bastante crítico respecto de distintos aspectos, que buscamos modificar con esta moción.
Uno de ellos tiene que ver con los mecanismos para plantear la existencia de discriminación. Actualmente, la ley establece que el primer reclamo tiene que hacerse dentro de la empresa. Sin embargo, esto ha significado muchas veces más bien un desincentivo, por el temor a las represalias.
En el contexto del debate en la Comisión se buscó la mejor fórmula al respecto.
Nosotros propusimos que el reclamo se realizara directamente en tribunales. Ello forma parte de lo que queremos perfeccionar en la discusión en particular.
Otro aspecto dice relación con cómo se establecen los criterios de comparación entre un hombre y una mujer respecto de un trabajo. Porque muchas veces se fijan distinciones que más bien esconden la discriminación.
Para eso, proponemos en la moción incorporar el concepto de igual valor y la coincidencia de cada elemento de la remuneración. Porque en muchas ocasiones ocurre que en los componentes variables es donde se produce la diferenciación, y a veces son parte significativa de la remuneración.
Esos son algunos de nuestros planteamientos.
Pero me gustaría también dar cuenta del debate que se produjo en la Comisión respecto de este proyecto, que, dicho sea de paso, fue aprobado por la unanimidad de sus integrantes, Senadora Muñoz y Senadores Allamand, Larraín y Letelier y, por supuesto, yo, como Presidenta y autora de la moción.
En el órgano técnico quisimos partir con una conversación que, más que a la imposición, apuntara a cómo en la propia empresa se implementa una buena práctica que busque eliminar una discriminación que todos consideramos inaceptable.
De hecho, asumimos el compromiso de que durante el período para presentar indicaciones se realice un taller en el que participen los centros de estudios que han estado involucrados en la materia -entre ellos, cabe destacar a la corporación ComunidadMujer, que nos aportó varios antecedentes-, la CUT, la Confederación de la Producción y el Comercio, los representantes de la ANEF -dicha entidad tiene una experiencia interesante- y los funcionarios de la Biblioteca del Congreso que participaron en el estudio de la implementación de la ley. Ello, a fin de buscar una fórmula que, de alguna manera, visibilice las prácticas que han sido más efectivas en las empresas y que nos permitan arribar a una normativa que contenga herramientas que realmente posibiliten avanzar en la solución de este problema.
Durante la discusión en general en la Comisión tuvimos conocimiento de la situación que se vive en otros países. Sobre el particular, quiero señalar que el problema no es exclusivo de Chile, sino que también afecta a naciones desarrolladas, en las que, a pesar de existir distintos mecanismos, no se ha logrado equiparar la remuneración entre hombres y mujeres -insisto- con igual responsabilidad en trabajos que, de acuerdo a la denominación de la OIT, tienen igual valor o son similares.
Deseo destacar, sí -dando cuenta un poco del debate-, el ánimo favorable que se percibió no solo en los Senadores y Senadoras, sino también en quienes participaron en la discusión, para hacer de esta una oportunidad para avanzar de forma efectiva en la disminución de la brecha salarial.
Quiero señalar que en muchos casos hay dificultades para la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, lo cual constituye una preocupación país, no solo por el aporte que ellas hacen -nuestro porcentaje es bastante bajo si nos comparamos con el resto de la región-, sino además por lo que eso significa para la economía nacional. O sea, el aporte al producto interno bruto que implica el ingreso de mujeres al mundo laboral está medido hoy día, y necesitamos incentivar esa incorporación.
Sin embargo, continúa la existencia de barreras relacionadas con el cuidado infantil, con el costo de la sala cuna, que muchas veces forma parte de lo que se le cobra o carga -entre comillas- a las mujeres y que en otros casos tiene que ver con la brecha salarial.
Parte de eso es lo que queremos enfrentar, pero insistiendo más bien desde un ánimo propositivo.
Por eso, nos parece interesante esta disposición a trabajar en conjunto propuestas concretas cuya implementación sea viable en una empresa y que después también puedan ser, de alguna manera, contempladas en la legislación para ser ocupadas en el resto, según las diferencias que existan: empresas más grandes, empresas más pequeñas; también hay todo un tema respecto de la privacidad de la información y cómo debe ser abordado para no complejizar las relaciones con los trabajadores, los que, entiendo, comparten el objetivo de esta iniciativa.
Para eso está la aprobación de la idea de legislar, que es ver cómo avanzamos en disminuir la brecha salarial, pero haciéndolo, a diferencia de la ley vigente, con mecanismos que efectivamente logren avances en la resolución del problema de una forma que favorezca la incorporación de las mujeres, el reconocimiento de su aporte y la valorización justa de lo que hacemos en el mundo del trabajo.
Por lo tanto, señor Presidente, la propuesta a nuestros colegas es aprobar la idea de legislar para después poder efectuar un análisis en detalle en la discusión particular.
El señor WALKER (don Ignacio).- Abra la votación, señor Presidente.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Planteo a la Sala abrir la votación, manteniendo los tiempos.
El señor ALLAMAND.- Sí, señor Presidente.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Entonces, en votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.


El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, tal cual ha indicado la Presidenta de la Comisión y autora de la moción junto con las Senadoras que ella mencionó, esta es una iniciativa que viene a complementar o reforzar una ley anterior, la N° 20.348, de 2009, que procuró instalar legalmente la igualdad de derechos en materia de remuneraciones entre hombres y mujeres.
Como se expresó, a partir de una evaluación realizada por la Cámara de Diputados, dicha legislación no ha sido efectiva. Y por eso un grupo de Senadoras estimó conveniente introducir algunos cambios, que son los que justifican el proyecto y que quienes integramos la Comisión de Trabajo hemos considerado absolutamente necesarios, convenientes y útiles para los efectos de avanzar en este ámbito.
La verdad es que han pasado muchos años y la diferencia que hoy se aprecia entre el salario de un hombre y el de una mujer que ejercen iguales labores al interior de una empresa puede superar el 50 por ciento.
La encuesta CASEN del año 2015 señala que las mayores diferencias se dan entre personas con más años de escolaridad, donde los hombres tienen un ingreso promedio de 1.717.181 pesos, versus las mujeres, que solo alcanzan 1.121.792 pesos. La misma encuesta demuestra que la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral es 22 por ciento inferior a la de los hombres.
Esto es lo que nos lleva a tener que revisar la situación, puesto que, de mantenerla, se va a ir instalando una diferenciación del todo injustificada. Es más, semejante situación se produce en la misma forma en otros lugares, en cuanto a que la brecha mayor se da en los sueldos medianos y altos en relación con los sueldos más bajos, donde la diferencia es menor.
Es ahí, entonces, donde hay que actuar, para solucionar un problema que no se agota con un proyecto de ley, pues habrá que buscar muchísimos otros mecanismos.
Frente a esta realidad, la CEPAL ha señalado que se deben promover distintas iniciativas, tales como: promover espacios para la negociación colectiva y la participación activa de las trabajadoras; mejorar los salarios mínimos, ya que su implementación y mejora promueve el avance en igualdad en los sectores con peores remuneraciones y donde hay más mujeres empleadas (precisamente, el nicho donde la diferencia se halla más presente), e implementar regulaciones del mercado laboral que aseguren a trabajadores y trabajadoras mayor corresponsabilidad del cuidado a través de instrumentos como las licencias por paternidad.
Cuando la legislación mira estos problemas solo desde el punto de vista de las responsabilidades de la mujer y no lo hace desde la corresponsabilidad parental, obviamente las dificultades que presenta la situación laboral de las mujeres juegan en su contra.
Por su parte, la OCDE ha propuesto: ayudar a las mujeres a entrar en el mercado del trabajo y facilitar una mejor repartición de las responsabilidades en el hogar mediante políticas familiares diseñadas adecuadamente (lo que es consistente y coherente con lo que acabo de señalar respecto de la corresponsabilidad parental sugerida por la CEPAL); implementar y promover establecimientos para el cuidado de los niños (salas cunas y jardines infantiles) de calidad y al alcance de todos -yo agregaría también otras formas de llevar a cabo el cuidado de los niños que sean más fáciles y expeditas y acomoden más a las madres, lo cual, sin lugar a dudas, ayudaría en esta línea); del mismo modo, ya que estamos hablando de corresponsabilidad parental, mejorar la repartición de los permisos pre y posnatal entre ambos progenitores, y, finalmente, dar oportunidades de empleo a tiempo parcial y mayor flexibilidad en cuanto al lugar de trabajo. Esto último lo discutimos a propósito de la reforma laboral, insistiendo en que solamente se estaba mirando la sindicalización y no la adaptación del trabajo a las condiciones ya no solamente futuras, sino también actuales del mercado laboral. La falta de flexibilidad ciertamente diluye las posibilidades de ir reduciendo las responsabilidades que la sociedad hoy asigna principalmente a las mujeres.
Hay todo un trasfondo cultural que uno debería considerar, en el sentido de ir emparejando igualmente la cancha en materia de responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. Lo que probablemente era difícil en nuestra generación, en la actual se ve como algo más fácil. Y espero que este sea también un aspecto a tener en cuenta.
Fueron interesantes las apreciaciones de los distintos sectores consultados, ya referidas por la Presidenta de la Comisión al informar la iniciativa, particularmente las que se efectuaron al final, en una sesión a la que asistió el Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, donde vimos que probablemente es en el nicho de los profesionales, de los ejecutivos, de los empleados medianos y altos donde las brechas salariales son mayores.
La exposición del Presidente de la entidad, señor Alfredo Moreno, fue bastante positiva en cuanto a la conciencia creciente que existe en la empresa respecto de esta situación. Más aún, se manifestó que la tendencia contemporánea a nivel empresarial es a valorar más el trabajo de las mujeres que el de los hombres, lo cual está generando cambios muy significativos que tarde o temprano van a llegar a nuestro país.
Por todas estas consideraciones, señor Presidente, urge avanzar en el establecimiento de mecanismos que aseguren que a igual trabajo habrá igual remuneración entre hombres y mujeres.
Probablemente, uno podría agregar otras categorías. Aquí estamos hablando de la brecha por sexo, pero, ciertamente, con el tiempo será necesario garantizar que no existan otras formas de discriminación susceptibles de aplicarse (por origen racial o étnico, por orientación sexual, por ubicación geográfica o territorial), todas las cuales podrían estar presentes a la hora de pagar distintas remuneraciones a personas que realizan la misma labor, generándose diferencias inaceptables.
En este caso, consideramos conveniente trabajar el tema desde el punto de vista legislativo. Por eso aprobamos en general la iniciativa presentada por varias señoras Senadoras, y esperamos ir avanzando en mecanismos que ayuden en otros conceptos, como el de las responsabilidades familiares, los que, bajo el principio de corresponsabilidad parental, podrían ayudar enormemente a resolver las diferencias que hoy día existen.
Por todo lo anterior, señor Presidente, aprobamos el proyecto en la Comisión y confiamos en que la Sala procederá en los mismos términos. Estamos frente a una urgencia de estos tiempos de la que nadie puede eximirse.
He dicho.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.


El señor LETELIER.- Señor Presidente, años atrás la Presidenta Bachelet promovió una ley para pagar igual sueldo a mujeres y hombres que realizan el mismo trabajo.
En tal sentido, el principal problema que existe en nuestro país no es legal; tiene que ver con un machismo muy enraizado que no considera los méritos de quienes se hallan en igualdad de condiciones. Es decir, puede haber dos personas con los mismos méritos pero a las cuales no se les pagan los mismos ingresos.
El fenómeno tiene diferentes expresiones.
Una, probablemente la más notoria, es la discriminación que se produce cuando, habiendo hombres y mujeres con los mismos méritos, que cumplen una misma función, labor o trabajo, el machismo lleva a que el empleador les pague más a los primeros que a las segundas, aun existiendo -repito- igualdad de méritos.
Lo anterior se hace más agudo en la medida en que se avanza en la escala de formación profesional y de toma de decisiones. Ahí se aprecian brechas mayores.
Por eso, queremos avanzar en una ley que contribuya a cambiar conductas culturales. Para ello necesitamos ver cómo se evalúa la igualdad de méritos: en función del mismo trabajo, o en función de un trabajo del mismo valor.
Es una discusión conceptual no menor, porque ¿quién valora o evalúa si un trabajo es del mismo valor, cuando alguien es abogado, por ejemplo, o cuando se realizan ciertas funciones? ¿Cómo se valorizan las habilidades blandas cuando uno habla del mismo valor?
Ello forma parte del debate que tuvimos en la Comisión.
¿Cómo se precisa esto de pagar el mismo ingreso a personas con iguales méritos y cómo lo traducimos en una ley con el fin de que existan mecanismos para que aquellas personas que son discriminadas puedan actuar?
La ley que existe actualmente tiene una debilidad, señor Presidente. La persona discriminada -tal cual podría ocurrir acá, en el Senado, entre dos funcionarios que cumplen una misma función- debe reclamar al empleador a través de los tribunales de justicia. Existe, evidentemente, un desincentivo para que el afectado -que se halla en un estado de necesidad, en una situación de desigualdad- realice la acción judicial al poner en riesgo su empleo.
Esta realidad se agudiza más en el sector privado. Ahí es donde más se da la desigualdad en el pago de remuneraciones a personas con los mismos méritos. Y no digo que esto no ocurra en el sector público, pero tiende a pasar más en el privado.
Por lo tanto, queremos aprobar en general este proyecto de ley para luego buscar los mejores mecanismos y procedimientos que permitan combatir una práctica cultural que nos debería avergonzar como sociedad.
Yo tengo dos hijas y un hijo, y espero que a ellas les paguen una remuneración de acuerdo a sus méritos: si tienen iguales méritos que un compañero de trabajo que realiza la misma actividad, deberían recibir la misma remuneración; si son más capaces, una remuneración mayor, y si no tienen idénticos méritos, un ingreso menor que el de su compañero de labores. Pero esto debe basarse en los méritos.
¿Cómo vamos a conceptualizar esto del mérito: cuando se realice el mismo trabajo, la misma función, o un trabajo del mismo valor?
Ello será parte del debate que deberemos llevar a cabo.
Lo cierto, señor Presidente, es que hoy se dan brechas salariales que, sin duda, son producto de un problema cultural que desvaloriza a la mujer. Se cree que las que trabajan constituyen el segundo sueldo del hogar y, por tanto, no importa que se les pague menos. Existe un concepto cultural según el cual los hombres se hallan en mejores condiciones que las mujeres para liderar ciertas funciones, sin que medie ninguna comprobación empírica que así lo demuestre.
Tenemos prácticas culturales muy enraizadas y por eso queremos avanzar en un proyecto de ley que evite y desincentive la desigualdad en el pago de remuneraciones a personas que tienen los mismos méritos, trabajan en un mismo lugar y producen en la fábrica, en el estudio o en la empresa productos que deberían ser valorados en la misma forma por la sociedad.
Se ha planteado, señor Presidente -y esto es algo que solamente voy a dejar expuesto, pues ya lo veremos más latamente en la discusión particular-, si se debe hacer publicidad a las empresas donde existen brechas salariales, o poner un sello en sus puertas, algo que, de alguna forma, permita reconocer cuáles son las que no incurren en dicha práctica, para así diferenciarlas de aquellas que aplican brechas salariales basándose en una discriminación de género.
Creo que avanzar en esa línea es algo que debemos explorar. Se debe permitir a los consumidores, por ejemplo, elegir si compran productos de empresas que no presentan brechas salariales o de aquellas que sí las tienen. Debe existir un mecanismo de control social, porque dejar que solo las personas afectadas actúen ante los tribunales ha demostrado ser inadecuado, insuficiente y una actitud que a veces incluso pone en riesgo la estabilidad laboral de las mujeres que reclaman contra la desigualdad salarial que padecen.
Invitamos a aprobar la idea de legislar para que podamos precisar una ley que nos permita cambiar conductas culturales, porque no es correcto que a las mujeres, que enfrentan más dificultades que los varones para insertarse en el mercado laboral, encima se las discrimine en el pago de sus remuneraciones. Esta no es una conducta propia de un país que quiera alcanzar características que condigan con el siglo XXI. Y por eso invitamos a todos los señores Senadores a ser parte de este cambio cultural.
He dicho.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Solicito el asentimiento de la Sala para que me reemplace en la testera el Honorable señor Quintana.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Quintana, en calidad de Presidente accidental.
El señor QUINTANA (Presidente accidental).- Le ofrezco la palabra a la Senadora señora Muñoz.


La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, tal como aquí se ha indicado, ya existe una ley, vigente desde el año 2009, que busca reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Sin embargo, se ha transformado en letra muerta y no ha sido posible cumplir dicho propósito.
Hoy día, pese a la vigencia de tal normativa, la brecha salarial entre hombres y mujeres ronda el 30 por ciento. Es una situación en verdad preocupante, pues refleja la fuerte discriminación que se da al intentar insertarse en el mundo laboral en igualdad de condiciones, con idénticos conocimientos y con los mismos horarios, jornadas de trabajo y exigencias. No obstante, las mujeres reciben menores ingresos.
He escuchado a artistas, incluso de Hollywood, denunciar que un actor gana el doble que una actriz. Lo mismo ocurre en Chile. Ambos cumplen un rol protagónico, pero el que es varón gana 100, y la mujer, 50.
Se han realizado algunos cálculos. Una encuesta de género que efectuó el Ministerio de Desarrollo Social hace algunos años indica que, por cada 100 pesos que entran al hogar, 62 los aporta el hombre y 38 las mujeres. La situación se agudiza mientras más alta es la preparación. En el caso de mujeres con más de 18 años de estudios, la brecha salarial es de 600 mil pesos menos que los hombres.
Se pueden citar muchas estadísticas, pero hay que buscar y conocer el origen de esta discriminación, que tiene una base bastante resistente, sustentada en la forma en que la cultura patriarcal se proyecta y filtra el mercado laboral.
En la Comisión hemos escuchado diversas opiniones.
Yo valoro mucho que la Senadora Goic haya presentado nuevamente este proyecto y que nos invite a reflexionar, a trabajar sobre esta situación y a buscar, quizás, modernizar las propuestas normativas para ser más eficientes. Pero en el mercado del trabajo hay una reproducción de la división sexual que se registra en la sociedad. Se entiende, casi por naturaleza, que nosotras cuidamos niños, limpiamos la casa, servimos en el hogar. Entonces, cuando las mujeres nos incorporamos al mundo laboral, arrastramos y proyectamos en él esta especie de "naturaleza" propia de cómo nos desenvolvemos en la sociedad.
Por lo mismo, señor Presidente, hay que revisar el Código del Trabajo, pues a mi juicio existen dos nudos en esta materia.
Uno se relaciona con la forma como la legislación laboral ha establecido los preceptos de protección a la maternidad, lo cual encarece el trabajo de las mujeres. En efecto, a ellas se les paga menos porque en las empresas que cuentan con más de 19 trabajadoras los empleadores deben colocar salas cuna; además, deben disponer de pre y postnatal.
Por lo tanto, toda la maternidad, centrada exclusivamente en la responsabilidad de las mujeres, implica que estas tengan un costo mayor como trabajadoras cuando se insertan en el mercado laboral.
Por otro lado, deseo referirme también a la forma cómo se negocia en las empresas.
En las negociaciones las mujeres no tenemos presencia. Recién ahora, después de una modificación al Código del Trabajo, realizada por la Presidenta Bachelet, se contemplaron mayores disposiciones para que las mujeres se integren en los procesos de negociación colectiva. Pero hasta el momento existe una marginación de las mujeres en las negociaciones, y por tanto, sus problemas no están insertos en estas normativas.
Quisiera señalar, señor Presidente, que debemos darles hartas vueltas a estos temas y determinar cómo vamos a enfrentar aquellos nudos, cómo vamos a hacer una propuesta que realmente sea eficiente, sea eficaz.
Al respecto ha sido muy importante escuchar al Presidente de la CPC, el señor Alfredo Moreno.
Y por cierto, creemos que las disposiciones que definamos debieran ser el resultado de un diálogo acerca de las realidades de las empresas, de sus procesos. De lo contrario, si hacemos una legislación desapegada de esa realidad, será como asfixiarla y hacerla inoperante.
En ese sentido, hay un ejemplo muy significativo en Islandia, donde se ha elaborado una ley que busca reducir las brechas salariales, obligando a las empresas a demostrar que ofrecen el mismo salario por trabajo igual, sin importar el género, la etnia o la nacionalidad. Y, de acuerdo a esa norma, las empresas mayores (con más de 25 trabajadores) deben obtener la calificación de empresas que respetan la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, o entre etnias o nacionalidades.
A mi juicio, este es un camino relevante, porque orienta a hacer visible a la sociedad que las empresas van tomando conciencia de que hay que respetar esa igualdad. De esta manera, reciben una sanción pública, un sello de certificación de que en ellas se respeta la igualdad de ingreso entre hombres y mujeres, y eso le da una mayor valoración social, económica y de comercialización en los mercados nacionales e internacionales.
En consecuencia, existen experiencias.
Están también los esfuerzos realizados por los empresarios chilenos, y estaremos atentos a aquello.
Vamos a efectuar un taller, como bien informaba la Senadora Goic, para buscar la conversación entre la realidad de las trabajadoras, de los trabajadores y de las empresas.
Voto a favor.
Creo que este es un paso relevante para abrir un debate necesario respecto de la igualdad entre hombres y mujeres, trabajadoras y trabajadores chilenos en nuestro país.
El señor QUINTANA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que las cifras aportadas por importantes universidades debieran llamar la atención con relación a la urgente necesidad de un proyecto como el que hoy se tramita.
Ha quedado claro que la ley vigente, la número 20.348, no ha tenido ninguna eficacia. Así lo ha informado la CUT; así lo han informado las universidades. Las diferencias entre los hombres y las mujeres no solo se mantuvieron, sino que se profundizaron, a pesar de que el mercado laboral de trabajadoras cambió en los últimos años para llegar a cerca del 47 por ciento.
En ese sentido, las mujeres han constituido una fuerza laboral muy importante y cercana a la empleabilidad de los hombres.
El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile señala que en los trabajadores por cuenta propia la diferencia es brutal, casi 71 por ciento. En el caso de las mujeres, el ingreso laboral promedio mensual es de 200 mil 344 pesos, y en el de los hombres, de 342 mil 441. Es una modalidad que revela una distancia muy brutal.
Pero lo más preocupante es que la ley en comento, de acuerdo al mismo estudio, dispone que el año 2011 las denuncias respecto a estas materias correspondieron a 12; en el año 2012, a seis; en el año 2013, a dos. En tanto que el 2012 se aplicaron 406 multas; y en el 2013, apenas 31.
Pues bien, aun cuando es extremadamente valorable que esta iniciativa pueda contribuir a mejorar la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, debemos garantizar un conjunto de otros elementos que permitan una adecuada fiscalización: por ejemplo, el acceso a la planilla de remuneraciones.
La Dirección del Trabajo debe tener acceso a aquello.
Igualmente, si la ley habla de "el mismo cargo", y ahora "a trabajos del mismo valor", sin definición de cargos será complejo hacer la comparación. Y esto debe ser una exigencia. Al definir el cargo uno puede comparar con mucha más asertividad el valor del trabajo. ¡Cargos del mismo valor, trabajos del mismo valor!
De igual modo, hay que mantener la confidencialidad de la denuncia. Si no existe este resguardo, se corre el riesgo de pérdida laboral. Y por cierto, podría presentarla el sindicato. Hoy, la ley N° 20.348 señala que solo puede hacer la denuncia la trabajadora afectada ante la propia empresa.
Claramente, la confidencialidad de la denuncia es un elemento principal. Por eso no hay denuncia, por temor a las represalias.
Ahora se establecen multas.
Señor Presidente, para que tenga eficacia, este proyecto debiera contemplar la rectificación de los sueldos, no una multa. Porque si la mujer se ha atrevido a presentar la denuncia o a solicitar equiparar su sueldo en trabajos del mismo valor o en igualdad de cargos, que se aplique una multa a la empresa no es la respuesta adecuada. ¡Debe haber una rectificación! El empleador debe corregir esa desigualdad y equiparar la situación, por cuanto, después del análisis que haya que realizar en empresas de más de 50 trabajadores, se deberá determinar un procedimiento y equiparar la situación.
Alguien tiene que tomar esa decisión, pero ha de existir acceso a la planilla de remuneraciones; definiciones de los cargos; confidencialidad de la denuncia y rectificación, no una multa, sino una rectificación de las remuneraciones, que es el objetivo de la iniciativa de ley.
Eso no está en el actual proyecto.
Por lo tanto, creo que lo podemos mejorar mucho mucho.
Señor Presidente, dentro del tema en debate, hoy existe un permiso postnatal parental para los padres. El artículo 195 del Código del Trabajo otorga a los trabajadores que se convierten en padres el derecho irrenunciable a un permiso parental de cinco días, que podrá distribuir dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento de su hijo o hija.
Han hecho uso de este permiso parental el 0,26 por ciento de los trabajadores.
De allí que, efectivamente, mientras no equiparemos las condiciones del hombre y de la mujer, esta cultura, este mal llamado "sentido común de que hay igualdad", se va a profundizar.
Debemos establecer una legislación de acuerdo a esos parámetros.
Numerosos estudios internacionales, algunos hechos en Estados Unidos, son muy reveladores: en promedio, el sueldo de los hombres aumenta 6 por ciento por cada hijo -¡aumenta!-; a contrario sensu, el de las mujeres disminuye: se reduce 4 por ciento por cada hijo.
En 2016, el World Economic Forum señaló que Chile ocupa el lugar 133, de entre 135 países, en el ranking de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, con una brecha promedio que alcanza a -31,6 por ciento en desmedro de estas últimas, mientras que, mediando un control por variables observables -tales como sector económico, oficio, categoría ocupacional, región y tamaño de la empresa-, la diferencia llega a -17,2 por ciento. ¡Pero el promedio es -31,6 por ciento!
El Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer en 2015 que la brecha que opera a favor de las mujeres no alcanza a compensar, bajo ningún supuesto, la discriminación existente.
Señor Presidente, el Convenio N° 100 de la OIT, ratificado por Chile en 1971, y que data del año 1951, obliga a tener un factor de igualdad laboral entre hombres y mujeres. Y el país no lo está cumpliendo, porque la legislación no ha sido eficiente.
O sea, en los hechos, la ley N° 20.348 no funciona.
Por ello, el presente proyecto de ley, de autoría de las Senadoras que se mencionaron, nos brinda una enorme posibilidad de hacer correcciones.
No sé cómo funcionará el asunto pertinente en el propio Congreso Nacional, pues uno tendría que revisar cómo opera en materia del personal que nosotros mismos contratamos. Porque, en el ámbito de los municipios y del Estado, los trabajadores a honorarios o a contrata, por ejemplo, son una carga que la Administración no quiere asumir.
La Directora de Estudios de la Corporación Comunidad Mujer efectuó una exposición extraordinaria en la Comisión de Trabajo, en que señala que debe haber corresponsabilidad por maternidad y paternidad. Si no se equiparan los derechos y deberes de padres y madres va a seguir la discriminación. Los empleadores continuarán pensando que resulta más caro contratar a una mujer en estado fértil que a otro trabajador cualquiera.
Actualmente se produce un castigo por parte de las isapres, en el sueldo respectivo, con el objeto de prevenir futuros vacíos que la maternidad pueda provocar.
Sin embargo, si hombres y mujeres dispusieran de la misma condición en torno a la responsabilidad por paternidad, esa realidad desaparecería. La cuestión radica en que los hombres no hacen uso del artículo 195 del Código del Trabajo, sobre permiso parental, y al final la carga cultural sigue recayendo sobre las mujeres trabajadoras.
En tal sentido, equiparar el fuero maternal entre padres y madres debe ser una decisión que podamos discutir en esta ocasión pues todos son elementos contribuyentes a que la equiparidad de ingresos se origine por la igualdad de condiciones.
La Vicepresidenta de la CUT, Julia Requena, a su vez, expuso un conjunto de observaciones y trajo a colación el informe sobre la aplicación de la ley N° 20.348 que realizó la Cámara de Diputados. Según el estudio, la normativa no tiene impacto. Y respecto de los procedimientos de reclamación obligatoria previa ante la empresa, sostuvo que los reclamos solo pueden ser interpuestos por la trabajadora o las trabajadoras. Reitero: no habrá reclamo alguno. El procedimiento ha de ser de iniciativa del sindicato y estar normado; es decir, los sindicatos, creados para defender los derechos de los trabajadores, deben incorporar esta variable y no dejar que la mujer se atreva a enfrentar a la empresa de manera absolutamente aislada, solitaria y sin respaldo.
Señor Presidente, vamos a votar a favor del proyecto de ley, pero hay observaciones encaminadas a mejorar su eficacia. Si no hacemos las correcciones pertinentes, vamos a tener una nueva ley N° 20.348, o sea, una normativa que, como ha dicho la Senadora Muñoz, va a ser letra muerta. Está en nosotros sacar hoy una buena ley, porque las quejas y las críticas se orientan a que despachamos normativas sin mecanismos para su cumplimiento.
Voto a favor.
El señor QUINTANA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.


El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, luego de escuchar una serie de intervenciones y valorar las argumentaciones que se han esgrimido, creo que hay un aspecto medular en la presente legislación que no ha sido considerado: los cambios culturales.
Nosotros no vamos a decretar legalmente, así como no ha funcionado la ley a que hacíamos referencia, o simplemente por ciertas adecuaciones normativas, que se nivelen las remuneraciones entre hombres y mujeres.
No obstante preferir que los sindicatos tuvieran facultades para recurrir a fin de que se decretara la igualdad del salario en caso de sanción y no simplemente que se aplicara una multa, debemos establecer una cultura de la igualdad, una cultura que parta por la formación de niños y niñas desde la más tierna infancia: el jardín infantil, y que continúe con la escuela, la universidad y el mundo laboral.
Seamos claros: no veo explicitado el asunto en los informes que nos han entregado.
Yo me pregunto ¿cuántas mujeres efectivamente ejercen cargos directivos en empresas privadas? Se podrá decir: "Bueno, producto del devenir de la historia hay más hombres en esos puestos porque han tenido más autonomía". Está bien: uno puede entender que ahí el proceso de igualdad resulta más lento.
Pero yo lo pregunto en materia del Estado de Chile.
Recién analizamos una iniciativa sobre la composición del directorio de ENAP, y se produjo una discusión por la incorporación de una mujer, o al menos de alguien de distinto sexo, de modo de fijar una paridad o de buscar, por de pronto, una cuota.
Estimo que en esto hemos sido muy mezquinos y que a veces nos quedamos en el discurso o en la búsqueda de normas que avancen en solucionar la materia, sin buscar el cumplimiento en el ámbito de los efectos prácticos.
Yo me pregunto ¿cuántas ministras tenemos en nuestro país? ¿Cuántas intendentas? ¿Cuántas gobernadoras? ¿Cuántas embajadoras? ¿Cuántas mujeres en cargos de designación, en lo cual podemos participar?
En buena hora, a propósito de la ley electoral, hemos establecido una cuota de 40 por ciento para mujeres. Eso va a ayudar. Pero también debiera darse el ejercicio cotidiano de promover, de formar a las mujeres; de erradicar esa cultura machista según la cual las mujeres no pueden desarrollar tal o cual función; de romper el estereotipo en el sentido de que en la minería no podía haber mujeres: hoy día las vemos en el norte manejando esos enormes camiones, y no me cabe duda de que con un alto grado de eficiencia, de cumplimiento y sin ausentismo laboral.
No obstante, eso no se sabe. Se pone solo de repente en esos programas que uno suele ver en la televisión, que lo exhiben desde el punto de vista anecdótico. ¡No! Ha de ser una política pública.
A mí me gustaría que, a propósito de esta ley (no me cabe duda de que con los perfeccionamientos que le haremos durante su discusión mejoraremos su redacción, sus instrumentos), también partiéramos por casa, por el Senado, a fin de que tuviéramos mayor igualdad y promoción de mujeres. Busquemos la paridad en las empresas públicas, busquemos la paridad en los cargos de nominación por parte del Ejecutivo.
En buena hora el país tiene una Presidenta, quien, por voluntad popular del pueblo de Chile, ha repetido su mandato. Michelle Bachelet irrumpe el año 2005 con una tremenda votación que la convierte en la primera Presidenta de Chile y luego, el 2013, asume un nuevo mandato. Lo anterior llena de orgullo al país y, sin lugar a dudas, va transformando el estereotipo, la visión centenaria acerca del rol de la mujer.
Hoy día ella se ha incorporado al trabajo; hoy día ejerce tremendos liderazgos en el mundo universitario, en el mundo de los dirigentes sociales. Nosotros recorremos nuestra Región y nos toca convivir con decenas de agrupaciones de casa propia, con comités de vivienda, de mejoramiento de vivienda, con clubes de adultos mayores, con juntas de vecinos. Y ahí aparecen las mujeres, mayoritariamente.
No obstante, dónde se produce la brecha: Luego de egresar de la universidad.
Hoy día las mujeres son mayoría en las casas de estudios superiores, y me atrevo a decir que en numerosas carreras son las mejores alumnas. ¿Dónde se produce la brecha? En el mundo laboral, porque ahí las oportunidades son sesgadas. Viene la maternidad y esas mujeres muchas veces deben posponer sus anhelos, su carrera profesional o el trabajo al que ingresaron.
Y ahí comienza a generarse una diferencia pues no acumulan antigüedad y devienen otras situaciones, muchas de las cuales -insisto- pertenecen al ámbito cultural.
Voy a apoyar el proyecto que nos ocupa; voy a votar a favor la idea de legislar. Esperamos formular indicaciones encaminadas a su mejora. Pero el llamado, señor Presidente y Honorable Sala, es a generar políticas públicas permanentes que no tengan retroceso en la sociedad; que no representen el signo de tal o cual Presidente de la República, Ministro, jefe de departamento o gerente de determinada empresa que pretenda retroceder en ellas, y que sean conquistas no solo de las mujeres, sino de la igualdad de nuestra sociedad.
Si tenemos igualdad de remuneraciones, será un tremendo logro no solo para las mujeres, sino para la sociedad en su conjunto.
Un país que respeta a hombres y mujeres, ofreciéndoles iguales derechos y remunerándolos de la misma manera, sin lugar a dudas es más justo, más equitativo y avanza hacia una mejor sociedad.
Por esas razones, voto a favor del proyecto.
El señor QUINTANA (Presidente accidental).- No hay más inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Presidente accidental).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (21 votos favorables).
Votaron las señoras Goic y Muñoz y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Navarro, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma e Ignacio Walker.