REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 365ª
Sesión 48ª, en miércoles 20 de septiembre de 2017
Ordinaria
(De 16:21 a 18:7)
PRESIDENCIA DE SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Treinta de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los dieciséis primeros retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El que reforma el Código de Aguas (boletín Nº 7.543-12).
2) El que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín Nº 7.550-06).
3) El que modifica la Ley General de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet (boletín Nº 8.584-15).
4) El que instaura el día 12 de marzo de cada año como el Día Nacional del Trabajador Papelero (boletín Nº 8.875-13).
5) El que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA (boletín Nº 9.689-21).
6) El que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (boletines Nos 9.692-07 y 9.669-07, refundidos).
7) El que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y modifica las normas que señala (boletín Nº 10.126-15).
8) Sobre transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano (boletín Nº 10.163-14).
9) El que establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez (boletín Nº 10.315-18).
10) El que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca (boletín Nº 10.482-21).
11) El que modifica la ley Nº 19.992, que establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica, en lo que respecta al tratamiento de los antecedentes recopilados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (boletín Nº 10.883-17).
12) El que crea un mecanismo de estabilización del precio del cobre para la pequeña minería (boletín Nº 10.995-08).
13) El que modifica la ley Nº 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con el objeto de eliminar la distinción entre empleados y obreros (boletines Nos 11.053-13 y 11.103-13, refundidos).
14) El que modifica el Código Tributario con el objeto de establecer un plazo para informar al Servicio de Impuestos Internos las modificaciones importantes de los datos de la declaración de inicio de actividades (boletín Nº 11.120-05).
15) El que regula la elección de gobernadores regionales y realiza adecuaciones a diversos cuerpos legales (boletín Nº 11.200-06).
16) El que otorga una bonificación adicional por retiro al personal académico, directivo y profesional no académico de las universidades del Estado y faculta a estas para conceder otros beneficios transitorios que indica (boletín Nº 11.271-04).
Con los catorce siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes materias:
1) Proyecto que modifica la ley Nº 19.132, de Televisión Nacional de Chile (boletín Nº 6.191-19).
2) Proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (boletín Nº 7.963-06).
3) Proyecto de ley que regula entrevistas grabadas en vídeo y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales (boletín Nº 9.245-07).
4) Proyecto de reforma constitucional que establece que los crímenes y delitos de guerra, lesa humanidad y genocidio no pueden prescribir ni ser amnistiados (boletín Nº 9.748-07).
5) Proyecto que adecua la ley penal en materia de amnistía, indulto y prescripción de la acción penal y la pena a lo que dispone el derecho internacional respecto de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o de guerra (boletín Nº 9.773-07).
6) Proyecto que modifica la Ley de Tránsito y la ley Nº 18.287, con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales (boletín Nº 10.125-15).
7) Proyecto de ley que previene y sanciona los conflictos de intereses, y modifica normas sobre inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública (boletín Nº 10.140-07).
8) Proyecto que modifica la Ley de Tránsito para incorporar disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte (boletín Nº 10.217-15).
9) Proyecto de ley que reduce los aranceles para la importación de mercancías que contribuyen al crecimiento verde y al desarrollo sostenible (boletín Nº 10.394-05).
10) Proyecto de acuerdo que aprueba el "Tratado sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas", adoptado en Nueva York, el 2 de abril de 2013 (boletín Nº 10.480-10).
11) Proyecto que modifica la ley Nº 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, para incorporar el delito de agresión y extender los crímenes de guerra a conflictos no internacionales (boletín Nº 10.665-07).
12) Proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (boletín Nº 11.101-19).
13) Proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley Nº 20.084, sobre Responsabilidad Penal de Adolescentes, y a otras normas que indica (boletín Nº 11.174-07).
14) Proyecto de ley que regula la declaración de un día como feriado regional (boletín Nº 11.349-06).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que comunicó su ausencia del territorio nacional entre los días 19 y 23 del presente para dirigirse en visita oficial a los Estados Unidos de América para participar en la septuagésima segunda Asamblea General de las Naciones Unidas.
Informó que durante su ausencia será subrogada por el Ministro del Interior y Seguridad Pública con el título de Vicepresidente de la República.
--Se toma conocimiento.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los que comunica que ha aprobado los siguientes proyectos de acuerdo:
-El que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Marruecos sobre Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales, Especiales y de Servicio", suscrito en Nueva York, el 20 de septiembre de 2016 (boletín Nº 11.347-10).
-El que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre exención del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales", suscrito en Pretoria, el 1 de septiembre de 2016 (boletín Nº 11.348-10).
--Pasan a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite sentencia pronunciada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 12 de la ley Nº 17.322, que fija normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social.
--Se manda archivar el documento.
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículos 145 y 161 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
-Artículo 277 del Código Procesal Penal.
-Artículo 1º, inciso segundo, de la ley Nº 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
-Artículo 1º, inciso segundo, de la ley Nº 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, y el artículo 17 B, inciso segundo, de la ley Nº 17.798, que establece el Control de Armas.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Desarrollo Social:
Adjunta respuesta, enviada en nombre del Senador señor Bianchi, sobre posibilidad de aumento del estipendio otorgado a los cuidadores del "Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa", del Ministerio de Salud.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Atiende solicitudes, enviadas en nombre del Senador señor García, para informar sobre lo siguiente:
-Estado de ejecución del camino Barros Arana-Almagro, de la comuna de Teodoro Schmidt.
-Proyecto de doble vía que une a Vilcún y Cajón con la comuna de Temuco.
Envía antecedentes sobre las medidas adoptadas para la mantención y reparación de la infraestructura de la Caleta Portales de Valparaíso, consulta expresada en nombre de la Senadora señora Allende.
De la señora Ministra de Salud:
Responde inquietud, planteada en nombre de la Senadora señora Van Rysselberghe, sobre el número de pacientes en listas de espera GES y los tiempos de promedio en el caso de cáncer de mamas.
Del señor Superintendente de Seguridad Social:
Contesta requerimiento, expedido en nombre del Senador señor Matta, acerca de materias de seguridad y salud de los conductores de buses del Transantiago.
Del señor Superintendente del Medioambiente:
Atiende consultas del Senador señor De Urresti, acerca de las medidas que se adoptarán ante la denuncia respecto a la destrucción de un humedal y del vertimiento de aguas servidas al lago Panguipulli.
Del señor Alcalde de Peñaflor;
Informa sobre la formulación del nuevo plan regulador comunal, materia consultada en nombre del Senador señor Girardi.
Del señor Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería:
Anexa antecedentes relativos a los peligros geológicos producidos por los incendios forestales que afectaron la zona centro sur del país, consulta realizada en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Gobernador de Huasco:
Da respuesta a requerimiento, formulado en nombre del Senador señor Prokurica, en cuanto a las cámaras de seguridad municipales y dotación de carabineros de la Subcomisaría de Carabineros de dicha localidad.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaído en el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica decreto ley Nº 2.695, de 1979, para resguardar derechos de terceros en relación con la regularización de la pequeña propiedad raíz (boletín Nº 10.802-12).
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.992, que establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica, en lo que respecta al tratamiento de los antecedentes recopilados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (boletín Nº 10.883-17) (con urgencia calificada de "suma").
De las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y modifica las normas que señala (boletín Nº 10.126-15) (con urgencia calificada de "suma").
Segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.132, de Televisión Nacional de Chile (boletín Nº 6.191-19) (con urgencia calificada de "simple").
--Quedan para tabla.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
En este momento, han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Moción
De los Senadores señores Araya, Montes, Ignacio Walker y Zaldívar, con la que dan inicio a un proyecto que modifica el artículo segundo transitorio de la ley Nº 20.845, de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, para postergar por un año la obligación de los sostenedores particulares que no estén organizados como persona jurídica de cambiar la naturaleza de esta (boletín Nº 11.446-04).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
Informe
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara feriado el día 2 de octubre para la Región de Los Ríos (boletín Nº 9.606-06).
--Queda para tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Pido el asentimiento de Sus Señorías para que la Comisión Mixta encargada de resolver las divergencias entre el Senado y la Cámara de Diputados suscitadas a raíz del proyecto que crea el Sistema de Educación Pública pueda funcionar hoy en paralelo con la Sala, a partir de las 16:30, a efectos de su constitución.
¿Habría acuerdo?
--Se autoriza.
La señora VON BAER.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, solicito que recabe la autorización de la Sala para tratar sobre tabla el proyecto que declara feriado el día 2 de octubre para la Región de Los Ríos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por la Senadora señora Von Baer?
La señora ALLENDE.-
¡Pero sin debate, señor Presidente!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si le parece a la Sala, trataremos dicha iniciativa como si fuera de Fácil Despacho en el primer lugar del Orden del Día.
--Así se acuerda.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Señores Senadores y señoras Senadoras, en la sesión anterior quedó pendiente fijar un plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se propone el próximo jueves 28 de septiembre.
El señor LARRAÍN.-
Estamos muy encima, señor Presidente. ¿Por qué no se establece el primer lunes de octubre?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Resolvemos después lo relativo al plazo para indicaciones.
Ahora trataremos la iniciativa sobre feriado para la Región de Los Ríos.
DECLARACIÓN DE 2 DE OCTUBRE COMO FERIADO PARA REGIÓN DE LOS RÍOS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Según lo recién acordado, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara feriado el día 2 de octubre para la Región de Los Ríos, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.606-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 71ª, en 29 de noviembre de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 48ª, en 20 de septiembre de 2017.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objeto de la iniciativa es declarar feriado el 2 de octubre para la Región de Los Ríos.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió el proyecto en general y en particular por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus integrantes presentes, Senadores señora Von Baer y señores Espina y Quinteros, con una sola enmienda: restringir el feriado al presente año, sin transformarlo en feriado permanente.
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 6 del informe de la Comisión.
Nada más, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Hago presente a la Sala que en las tribunas nos acompaña el señor Intendente de la Región de Los Ríos.
El señor DE URRESTI.-
Y también algunos consejeros regionales.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Habría acuerdo en aprobarlo?
La señora ALLENDE.-
¡Sin debate!
El señor LARRAÍN.-
Votemos, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si le parece a la Sala, abriremos la votación.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, Honorable Sala, en primer lugar, saludo al Intendente de Los Ríos, señor Ricardo Millán, y también a los Consejeros Regionales señores Eduardo Hölck y Luis Armando Quezada, quienes han venido en representación de los 14 cores y, además -según tengo entendido-, de los alcaldes y de un conjunto de dirigentes y ciudadanos de la Región.
En segundo término, agradezco el trabajo de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización: a su Presidente, el Senador señor Rabindranath Quinteros, y a cada uno de sus integrantes, quienes han impulsado y dado celeridad a este proyecto.
Asimismo, se encuentran presentes en la Sala los Diputados de la Región, como una señal de que hay una posición transversal al respecto.
Señor Presidente, el 2 de octubre no es una fecha casual. Ese día la Región de Los Ríos cumple diez años de existencia.
Esta es la única Región que ha nacido producto de una movilización social, producto de la participación de hombres y mujeres que durante más de cuarenta años gestionaron la posibilidad de contar con una nueva región, opción que no se concretó en su momento debido a una decisión autoritaria el año 74, cuando se constituyeron las nuevas regiones.
Detrás del nacimiento de esta Región están el Comité Nueva Región; la Asociación de Municipalidades de Los Ríos; el conjunto de parlamentarios de la zona, a quienes nos tocó participar en las distintas instancias -en lo personal, ejercí la presidencia de la Comisión de Gobierno Interior en la Cámara de Diputados-, y muchos ciudadanos y actores que se hicieron presentes y dieron su aporte para poder concretar el objetivo.
El 2 de octubre es una fecha que vincula e identifica a las doce comunas de la naciente Región, porque ese día en el año 2007 se dio inicio a la Región de Los Ríos. Es una fecha consensuada, que une a todos y cada uno de sus integrantes.
Muchas veces en las distintas regiones existen inconvenientes a la hora de establecer una fecha unitaria para todo el territorio. Generalmente, ella está dada por una fiesta religiosa, por la conmemoración de alguna fundación o determinada gesta militar.
En cambio, nosotros tenemos el 2 de octubre de 2007, la fecha en la cual se instala esta Región, luego de seis meses a cargo de una delegación presidencial, figura que se reprodujo después en el caso de la Región de Ñuble, que también contó con un plazo previo, aunque mayor: un año.
Quiero indicar que la idea de este feriado, como el propio texto lo indica, es fijarlo por una sola oportunidad, a propósito de conmemorarse diez años. Ello está vinculado a las nuevas prerrogativas que se proponen en el proyecto de ley sobre traspaso de competencias, en el que se fortalece a los gobiernos regionales. Entre otras cosas, se plantea que estos, con sus intendentes o gobernadores electos y los consejos regionales, puedan determinar en conjunto las fechas de sus feriados.
Creo que la iniciativa en estudio avanza en esa perspectiva.
Quiero saludar al Diputado señor Bernardo Berger, quien fue Presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Los Ríos, y al Diputado señor Iván Flores, quien fue Delegado Presidencial y el primer Intendente que tuvo la Región, ambos presentes en el Hemiciclo. Esto demuestra la transversalidad del proyecto, que ha sido seguido, además, por toda la ciudadanía.
Por lo tanto, señor Presidente, solicito que aprobemos esta iniciativa para despacharla a su tercer trámite. Así contaremos con el lunes 2 de octubre para celebrar los diez años de la Región de Los Ríos, oportunidad en que podremos realizar un balance de los éxitos, los logros y los avances alcanzados, con un feriado para el que se han planificado un conjunto de actividades.
Felicito al Gobierno Regional y al Intendente, que han apostado por la participación de actores locales, de artistas con identidad en cada una de las doce comunas.
Señor Presidente, estoy muy contento de que este proyecto se pueda convertir en ley de la república, por lo que agradezco a todos y cada uno de los colegas su respaldo para que el próximo 2 de octubre se celebre el primer feriado de la Región de Los Ríos.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, nosotros siempre hemos apoyado los feriados regionales, el hecho de que cada región decida en esta materia.
En una semana y media más, el 2 de octubre, se van a cumplir diez años de la creación de la Región de Los Ríos, que nació a raíz de un fuerte movimiento ciudadano y que ha ido creciendo y afiatándose cada vez más.
Para ese día se han preparado varias actividades desde el Gobierno Regional a fin de celebrar esa fecha tan importante.
Quiero saludar al Intendente, señor Ricardo Millán, y a los Consejeros Regionales señores Luis Armando Quezada y Eduardo Hölck, quienes nos acompañaron hoy día en la Comisión de Gobierno. Viajaron especialmente para demostrar la transversalidad tanto del proyecto que estamos votando como del sentimiento que surge al poder festejar de buena manera el próximo 2 de octubre.
Creo que esa fecha nos va a permitir no solo celebrar y contar con nuestro primer feriado regional, sino, adicionalmente, reflexionar respecto de lo que hemos avanzado como Región y dibujar el proyecto futuro que queremos para este territorio.
Quiero felicitar también a dos de los autores de la iniciativa: a los Diputados señores Iván Flores y Bernardo Berger.
Termino mis palabras, señor Presidente, diciendo algo que señalamos reiteradamente en la Comisión de Gobierno: espero que, luego de aprobar este feriado para nuestra Región de Los Ríos a fin de celebrar los diez años de su creación, el próximo feriado sea definido por el propio Gobierno Regional y que no decidamos los feriados desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados y el Senado.
Ojalá cada gobierno regional de manera autónoma pueda resolver, con sus municipios, con el consejo regional en pleno, probablemente con el gobernador regional electo, cuál va a ser su día feriado, para que no estemos discutiendo los feriados regionales en el Parlamento.
Dicha decisión debiera ser genuinamente regional.
Considero que esta es una buena iniciativa, pues permite conmemorar los diez años de la creación de nuestra Región el 2 de octubre.
Repito: espero que el Gobierno Regional de Los Ríos, con los cores que hoy día nos acompañan, Luis Armando Quezada y Eduardo Hölck, pueda definir en el próximo consejo que esa sea la fecha permanente de nuestro feriado. Confío en que tal decisión la tome el propio consejo.
En ese sentido, señor Presidente, agradezco la votación unánime de la Comisión de Gobierno.
Imagino que tendremos una muy bonita celebración en la Región de Los Ríos, ocasión en la que también nos daremos un espacio para reflexionar respecto al desarrollo de nuestro territorio.
Creo que una de las fortalezas que tuvo la creación de la Región de Los Ríos fue que hace diez años se pensó en un proyecto unitario, en un programa de desarrollo. Muchas de las cosas que se plantearon en ese documento se han ido cumpliendo, otras no. Por lo mismo, hay que actualizarlo. En el marco de estos diez años, confío en que podamos abrir espacios de reflexión para pensar cuáles son las materias y las obras que nos faltan, hacia dónde queremos dirigir ahora el desarrollo de nuestra Región.
Agradezco desde ya los votos favorables de las señoras y los señores Senadores para apoyar el día 2 de octubre como el primer feriado para la Región de Los Ríos.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, en forma muy breve, quiero sumarme a lo que han expresado la Senadora Von Baer y el Senador De Urresti.
Se encuentran presentes autoridades de la Región de Los Ríos y también los Diputados señores Flores y Berger.
Hace diez años me correspondió participar como Senador en representación de la Región de Los Ríos, junto con el ex Presidente Eduardo Frei. Estoy seguro de representarlo ahora a él también al apoyar plenamente aquello que nuestros colegas han solicitado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Quisiera reiterar mis saludos al Intendente de Los Ríos, señor Ricardo Millán, y a los Consejeros Regionales señores Eduardo Hölck y Luis Quezada.
Gracias por su asistencia.
¡Se llevan el feriado en su bolsillo...!
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (23 votos a favor); no habiéndose formulado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Hernán Larraín, Matta, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Chahuán.
)---------(
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Señores Senadores, en sesión anterior quedó pendiente la fijación del plazo para presentar indicación al proyecto sobre creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El señor Presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro propone el jueves 28 de septiembre.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Le parece a la Sala esa fecha, hasta las 12?
La señora ALLENDE.-
Sí.
--Así se acuerda.
PRESCRIPCIÓN DE CUATRO AÑOS PARA ACCIÓN DISCIPLINARIA EN FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En seguida, corresponde discutir el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas y la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile para los efectos de aumentar el plazo de prescripción de la acción disciplinaria en el caso de los funcionarios de dichas instituciones, con informe de la Comisión de Defensa Nacional y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.623-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 42ª, en 17 de agosto de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Defensa Nacional: sesión 46ª, en 13 de septiembre de 2017.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de esta iniciativa es, por una parte, igualar el plazo de prescripción de la acción disciplinaria fijado para los integrantes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública con el establecido para los demás funcionarios públicos, que es de cuatro años; y por otra, uniformar las normas sobre suspensión e interrupción de la prescripción, de manera que todos los funcionaros -civiles, militares y policiales- se rijan por disposiciones similares.
La Comisión deja constancia en su informe de que, al abocarse al estudio del proyecto, tuvo en consideración la moción, en primer trámite constitucional, del Senador señor Navarro sobre plazos de prescripción de la responsabilidad administrativa de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, que ingresó a la Corporación el 3 de mayo de 2017. Sin embargo, como la iniciativa objeto del informe en comento ya ha avanzado un trámite constitucional y el Ejecutivo la calificó para su despacho con "suma" urgencia, además de compartir fundamentos y disposiciones similares, la Comisión, reconociendo la importancia del proyecto del Senador señor Navarro, optó por avanzar en el otro.
Para ello, discutió esta iniciativa en general y en particular, conforme a un acuerdo que adoptó la Sala; aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros (Senadores señores Araya, Bianchi, Pérez Varela, Prokurica y Rossi), y la aprobó en particular, con las enmiendas que consigna en su informe, con los votos de los Senadores señores Araya, Pérez Varela, Prokurica y Rossi.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 46 a 48 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Nada más, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, Honorable Senado, este proyecto se originó en una moción de los Diputados Pedro Browne, Guillermo Ceroni, Fuad Chahin, Nicolás Monckeberg, José Pérez, Jaime Pilowsky, Marcelo Schilling, Jorge Tarud, Jorge Ulloa y Osvaldo Urrutia.
Además, sobre esta materia existe una iniciativa de ley que presentó el Senador Navarro.
La Comisión de Defensa de la Cámara Alta hizo numerosas modificaciones para tratar de adecuar este proyecto, cuyo objeto es igualar el plazo de prescripción de la acción disciplinaria fijado para los integrantes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública con el establecido para los demás funcionarios públicos, que llega a cuatro años.
Asimismo, se procura uniformar las normas sobre suspensión e interrupción de la prescripción, de manera que todos los funcionarios públicos -civiles, militares y policiales- se rijan por disposiciones similares, resguardando con ello la garantía constitucional de igualdad ante la ley.
Este proyecto, a nuestro juicio, va en la línea correcta, porque contribuye a fortalecer y salvaguardar el principio de probidad. Pero también viene a reparar una omisión, un simple olvido del legislador de la época, que tuvo lugar cuando se tramitó la ley N° 19.653 y se amplió de dos a cuatro años el plazo de prescripción de la acción disciplinaria tratándose de los funcionarios de la Administración Pública, quedando al margen los servidores de las Fuerzas Armadas y los de Carabineros de Chile.
Aquello genera una clara desigualdad entre los uniformados y el resto de los funcionarios públicos, ya que la acción disciplinaria de los personales de las Fuerzas Armadas prescribe a los dos años y la de Carabineros a los seis meses, diferencia que provoca efectos negativos, debido al trato distinto que se otorga a unos y otros a la hora de perseguir las responsabilidades correspondientes.
Señor Presidente, uno de los orígenes de este proyecto de ley fue la exposición que hizo ante la Comisión de Defensa de esta Corporación el Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, quien señaló que en diferentes oportunidades el ente que dirige ha instado por la introducción de modificaciones legales en determinada línea: la misma que plantea ahora la iniciativa en debate.
Por ejemplo, en su cuenta pública del año 2013 la Contraloría sugirió realizar enmiendas legales para la aplicación en forma supletoria del artículo 158 de la ley N° 18.834 en materia de prescripción de la acción disciplinaria en el caso de los funcionarios de Carabineros.
Igualmente, en marzo de 2016, en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que tuvo por objeto indagar las responsabilidades administrativas involucradas en el fraude fiscal ocurrido en el Ejército de Chile, el Órgano Contralor afirmó que una de las deficiencias que facilitan la corrupción es el breve plazo de prescripción de la acción disciplinaria tratándose de los servidores de las Fuerzas Armadas.
Finalmente, en mayo de este año, en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados por las irregularidades en la gestión y administración financiera en Carabineros de Chile, la Contraloría señaló que una de las falencias de la institucionalidad que favorecen la perpetración de ilícitos es el acotado plazo de prescripción de la acción disciplinaria que tiene la mencionada institución policial, que redunda en la ineficacia de los sumarios.
Por último, señor Presidente, debo decir que en la Comisión fui uno de quienes impulsaron la incorporación de la Policía de Investigaciones, que no estaba contemplada en esta iniciativa.
Actualmente esa institución no tiene una regulación legal específica, ya que sus integrantes están sujetos al Estatuto Administrativo solo en virtud del criterio que la Contraloría General de la República ha desarrollado mediante sus dictámenes.
En efecto, si bien hasta ahora se ha aplicado el Estatuto Administrativo a la Policía de Investigaciones, la decisión es fruto del criterio actual de la Contraloría General de la República y del Contralor, don Jorge Bermúdez.
El problema estriba en que las interpretaciones son frágiles. Y por eso incorporamos también en este proyecto de ley a la referida institución, de tal manera que quede en las mismas condiciones que el resto de los funcionarios del Estado.
El señor LETELIER.-
¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Le parece a la Sala?
El señor PROKURICA.-
Sí, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Acordado.
En votación general.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, tal como lo expresó el Senador Baldo Prokurica, este proyecto, que se originó en una moción presentada en la Cámara de Diputados, procura homologar en la materia en análisis la situación de todos los funcionarios del Estado, sean civiles, militares o policiales.
Cuando el Presidente Frei Ruiz-Tagle formó la Comisión Nacional de Ética Pública, hace ya algunos años, una de las medidas fue la de aumentar de dos a cuatro años el plazo de prescripción de la acción disciplinaria en el caso de los funcionarios públicos. Pero la ley solo se refirió a los de la Administración Civil del Estado. De manera que se produjo una desigualdad: unos tenían cuatro años de prescripción; otros (Fuerzas Armadas), dos años, y otros (Carabineros), seis meses.
Se recordaba aquí que la Policía de Investigaciones no tenía plazo. Y en algunos momentos de la historia se decía que la acción era imprescriptible. Sin embargo, por una interpretación de la Contraloría, en el caso de aquella institución se homologó a lo dispuesto en el Estatuto Administrativo.
Por lo tanto, a todas luces, una situación de tal naturaleza, producto además de faltas a la probidad que hemos conocido en el último tiempo, hacía necesario que la prescripción de la acción disciplinaria y su suspensión e interrupción fueran exactamente iguales tanto para los funcionario del Servicio de Impuestos Internos o del Servicio Agrícola y Ganadero, por ejemplo, cuanto para aquellos que cumplen sus obligaciones en los institutos armados o en los policiales.
De hecho, en la Comisión se escuchó no solo al Ministro de Defensa, a la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas y al Subsecretario del Interior, sino también a los Auditores Generales de cada una de las ramas de las instituciones castrenses, porque lo relevante era homologar de manera adecuada desde el punto de vista técnico.
Esta iniciativa parece simple. Sin embargo, consideramos muy importante que todas las normas tuvieran la misma valoración, pues se iban a incorporar en cuerpos legales distintos, toda vez que las diversas ramas de las Fuerzas Armadas cuentan con estatutos disciplinarios diferentes de sus leyes orgánicas.
En consecuencia, desde los ángulos técnico y legislativo, había que consignar disposiciones apropiadas.
Por eso, se modificó profundamente el texto despachado por la Cámara Baja, pero logrando el mismo objetivo perseguido por los Diputados autores del proyecto: homologar. O sea, que tanto los funcionarios de la Administración Civil del Estado cuanto los de las Fuerzas Armadas, los de Carabineros y los de la Policía de Investigaciones estén sujetos al mismo plazo de prescripción de la acción disciplinaria (y también a términos iguales para la suspensión y la interrupción), que puede ejercerse por razones administrativas, de probidad, en fin.
En mi opinión, se hizo un buen trabajo; se recibieron aportes, y vamos a quedar con una normativa adecuada en materia de transparencia, de probidad, de combate contra la corrupción.
Está de más decir que estas normas rigen solo para las responsabilidades administrativas. En efecto, si de una investigación administrativa se desprende la existencia de un ilícito, en tal caso concurren las normas generales. Y serán ellas las que indiquen cómo se sigue adelante con la parte que constituye delito.
La Comisión aprobó unánimemente las normas propuestas, que nos parecen un aporte significativo en un momento en que el combate contra la corrupción y las normas que permiten hacer prevalecer la probidad en nuestra Administración Pública y en los ámbitos civil y militar son uno de nuestros imperativos más relevantes.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (18 votos a favor); por no haberse formulado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Van Rysselberghe y los señores García, García-Huidobro, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, pido que quede constancia de mi voto favorable.
El señor GUILLIER.-
Y también del mío, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se dejará constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Coloma y Guillier.
SANCIONES A DECODIFICACIÓN ILEGAL DE TELEVISIÓN SATELITAL DE PAGO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde reanudar la discusión particular del proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer sanciones a la decodificación ilegal de los servicios limitados de televisión, con segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.294-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Girardi, Letelier, Matta, Ossandón y Patricio Walker):
En primer trámite: sesión 51ª, en 9 de septiembre de 2015 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 69ª, en 11 de noviembre de 2015.
Transportes y Telecomunicaciones (segundo): sesión 42ª, en 5 de septiembre de 2017.
Discusión:
Sesiones 100ª, en 28 de enero de 2016 (se aprueba en general); 46ª, en 13 de septiembre de 2017 (queda pendiente la discusión particular).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Cabe recordar que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones efectuó diversas enmiendas al proyecto de ley aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad, por lo que deben votarse sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que en la tercera columna transcribe las modificaciones introducidas por la Comisión y en la cuarta consigna el texto como quedaría si ellas se aprobaran.
Nada más, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En la discusión particular, tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, esta iniciativa, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer sanciones a la decodificación ilegal de los servicios limitados de televisión, tiene como propósito poner la legislación nacional en concordancia con nuestras obligaciones internacionales.
En concreto, identifica los tipos de acciones ilegales.
"El que a sabiendas, con ánimo de lucro y sin la autorización del distribuidor legal, comercialice" -en primer término- "o distribuya una señal de servicios limitados de televisión adecuadamente protegida," (esta es la primera práctica que se va a sancionar) "o quien, de igual forma, con la misma intención y ánimo," -es decir, con ánimo de lucro y sin la autorización del distribuidor legal- "importe, distribuya o comercialice dispositivos tangibles o intangibles destinados a la decodificación de tales señales".
Son esos dos comportamientos los que se sancionan, pues se trata de servicios adecuadamente protegidos y algunas personas actúan para infringir un derecho que les asiste a otros.
Asimismo, se establece la penalización, que consiste en multa y comiso de los dispositivos pertinentes. En caso de reincidencia, se eleva el monto de la multa y se procede al comiso de los dispositivos.
Se trata de forma separada la situación del que, a sabiendas y con el ánimo de lucro, instale los referidos dispositivos (sabemos que en algunos sectores de nuestro país existen diversas prácticas; por ejemplo, la gente se cuelga del servicio de televisión por cable en forma alámbrica o inalámbrica), y se establece un sistema de sanciones, las que se agravan en caso de reincidencia.
La ley en proyecto explicita la cuantía de las multas y la manera de determinarlas en cada caso.
Al efecto, se hace una diferencia según la capacidad económica de quienes incurren en tales prácticas.
Al final del texto se dispone lo siguiente: "Todo establecimiento en que se comercialicen dispositivos de señales de servicios limitados de televisión" -hay que subrayar que los dispositivos en comento tienen también usos legales; el problema surge cuando la comercialización se realiza para fines ilegales- "deberá exhibir, en lugar destacado y claramente visible al público, un cartel en el cual se indiquen de manera didáctica las prohibiciones y sanciones relacionadas a la decodificación de las referidas señales.".
Señor Presidente, esta iniciativa, que se originó en moción, es simple, pero reviste una gran trascendencia. Tiene que ver con el objetivo que planteamos con los Senadores Girardi, Matta, Ossandón y Patricio Walker en el sentido de fijar un criterio para el cumplimiento por Chile de los estándares internacionales existentes en la materia. Forma parte de nuestras obligaciones con respecto a tratados que hemos suscrito.
Es del todo correcto que, si algunas personas tienen derechos de autor -las hay-, derechos sobre señales, y pagan patentes comerciales y cumplen sus obligaciones legales, se sancione debidamente a quienes hacen negocio vendiendo decodificadores y comercializando en forma indebida los servicios correspondientes.
Ahora, se hace una diferencia en el caso del que instala los dispositivos, quien también recibirá una sanción, pero de rango menor.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, tal como ha informado el Senador Letelier, este proyecto modifica la Ley General de Telecomunicaciones para sancionar la decodificación ilegal de los servicios limitados de televisión.
En el fondo, su objetivo es establecer una regulación que permita avanzar en la protección de los derechos de propiedad intelectual y de los derechos de autor respecto de las señales de los servicios limitados de televisión.
Por lo tanto, se sancionará penalmente a quien, a sabiendas o deliberadamente, con ánimo de lucro y sin la autorización del distribuidor legal, comercialice o distribuya una señal adecuadamente protegida, o a quien, de igual forma, con la misma intención y ánimo, importe, distribuya o comercialice dispositivos, tangibles o intangibles, destinados a decodificarla.
Igualmente, se tipifica como ilícita la instalación de tales aparatos con dolo directo y propósito lucrativo.
Se fijan penas de multa para esos hechos punibles, así como el comiso en lo procedente.
Para la fijación de la cuantía de la sanción pecuniaria se determinan tres parámetros, a saber: a) el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción; b) la capacidad económica del autor, y c) la conducta anterior de la persona, salvo en caso de reincidencia.
Finalmente, se dispone la obligación de que todo establecimiento en que se comercialicen los referidos dispositivos exhiba un cartel en el cual se indiquen, de manera didáctica, las prohibiciones y sanciones relacionadas con la decodificación.
Por eso, nosotros vamos a concurrir con nuestro voto a favor del proyecto, con el que cumpliríamos también, a nuestro juicio, compromisos que hemos asumido en convenios internacionales.
He dicho.
El señor LETELIER.-
"Si le parece".
El señor WALKER (don Patricio).-
¿Se puede abrir la votación?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, antes de que se abra la votación quiero hacerles una consulta a los colegas que usaron de la palabra con anterioridad y participaron en el estudio de la iniciativa en la Comisión: los Senadores señor Letelier y señor García-Huidobro, porque me surge una duda.
A mí me parece bien inspirado el texto. Es correcto. Creo que apunta adecuadamente a una definición. Expresa que incurre en una serie de sanciones "El que a sabiendas, con ánimo de lucro y sin la autorización del distribuidor legal, comercialice o distribuya una señal de servicios".
La cuestión es si se tiene que establecer copulativamente el ánimo de lucro. O sea, ¿qué pasaría, conforme a esos términos, con quien, a sabiendas y sin la autorización del distribuidor legal, comercializara o distribuyera la señal porque quiere ver un acto o socializar un programa? Podría tratarse de un partido de fútbol o de otro espectáculo.
Ello no lo tengo claro.
Por eso, se plantea un caso que no está sancionado en forma propia, en cuanto a qué le ocurriría a quien efectuara a terceros esa distribución indebida de servicios limitados de televisión que se hallan protegidos.
El inciso siguiente expresa lo mismo: que la instalación de los dispositivos señalados en la norma anterior se tiene que hacer a sabiendas -eso me parece bien, para que nadie formule reparos-, pero igualmente con ánimo de lucro.
Mi propósito es que la disposición salga en forma apropiada. No sé si incluir el ánimo de lucro facilita o complica la situación. Entiendo que puede ser una agravante y una figura merecedora de una sanción mayor. Pero contemplar ese elemento copulativamente, tal como ha sido redactado, da la impresión de que no sucedería nada si alguien quiere ver algo e instala, sin la autorización del distribuidor, un dispositivo para decodificar en forma indebida las señales.
Reitero que simplemente formulo una consulta.
A mi juicio, el castigo se debería fijar más allá del ánimo de lucro. Este último aspecto podría ser -insisto- una agravante. Cabe considerar que justificaría una pena mayor. Pero no vaya a ser cosa de que a través de la norma estemos dejando de lado la lógica de la legalidad con relación a quien intervenga indebidamente una señal protegida de un servicio de televisión o establezca dispositivos para su captación, conducta que eventualmente podría resultar lícita al oponerse que se realiza sin ánimo de lucro.
Esta es la consulta que quería hacer antes de la votación, a fin de que la disposición se pueda comprender mejor.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, en primer término, el punto se discutió largamente en la Comisión.
Lo segundo es que resulta evidente que comercializar y distribuir son actividades que se llevan a cabo con un fin de lucro. El tipo que se quiere configurar es de personas organizadas para ese objetivo.
Es preciso recordar -por su intermedio, señor Presidente, me dirijo al señor Senador que hizo la pregunta- que, sea como fuere, nos ocupamos en una propiedad intelectual, y, por ende, se podría afirmar que contemplar la expresión "a sabiendas y con fines de lucro" es subir la categoría. Es evidente que siempre mediaría un fin de lucro, porque se distribuye y se comercializa. Ello nadie lo hace gratis en el mundo.
Por eso es que se contempla una excepción -y le pido tomar nota-, ya que hay quienes interfieren desde su casa y a los que un amigo puede instalar una pantalla de recepción inalámbrica para capturar ilegalmente una señal objeto de este tipo de propiedad. Tal acción no se encuentra sancionada, porque no persigue fines de lucro.
Lo que tenemos que comprender es que en muchas partes del país personas se dedican, como un trabajo no formalizado, a vender servicios para piratear tanto el servicio por cable como el inalámbrico. Esto es lo segundo que se quiere sancionar.
Podría ocurrir que alguien lo hiciera a sabiendas, pero sin fines de lucro, y no va a ser penado.
Ello se incluye formalmente en el texto, porque nuestra obligación internacional es asegurar un mínimo. Entramos en el debate respectivo -y hubo una diferencia en la Comisión-, pero se acordó considerar en esta etapa nuestros compromisos de esa índole.
Se planteó la cuestión de si queríamos ir más allá. Algunos eran partidarios de hacerlo; otros no. El proyecto ha sido objeto de una larga discusión, pero hemos juzgado que no cabe retrasar el cumplimiento de los objetivos mínimos. Y por eso es que se ha aprobado en esta forma.
Por ende, es cierto que en alguna parte del Maule Sur -da igual: en Valparaíso, o en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, o en Santiago- alguien podría adecuar y apuntar su antena a sabiendas, porque quiere ver un partido de Chile. Pero si se supiera cómo modificar un decodificador en casa o efectuar una interceptación individual, eso no es una obligación sancionada en nuestros convenios internacionales.
Lo que estamos haciendo hoy es establecer el piso común mínimo respecto del cual se construyó un acuerdo unánime para proteger el derecho de propiedad y los derechos intelectuales de quienes realizan una actividad debidamente autorizada.
Es bueno indicar lo siguiente. En algún puerto libre de Chile -no en el sur- existe la práctica masiva de importar decodificadores no por parte de las empresas a las que se les permite instalarlos, y consideramos correcto dar la señal de que eso no vamos a tolerarlo como país. Se podrán seguir importando, porque eso no se puede prohibir, pero si se comercializan, como se está haciendo, es evidente que ello debe ser penado.
La señora ALLENDE.-
¿Se puede abrir la votación?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, de la explicación del Senador señor Letelier no se desprende la hipótesis planteada por nuestro colega Coloma en el sentido de que no recibiría una sanción quien a sabiendas, sin ánimo de lucro, distribuyera señales de servicios o importase decodificadores.
El señor LETELIER.-
No va a hacerlo.
El señor LARRAÍN.-
Está bien.
Si la asociación de clubes de fútbol de Linares decide prestarles un servicio a todos sus integrantes e instala un sistema a partir de una señal simplemente para que disfruten del deporte, para que se eduquen, o por las razones que sea, no va a cometer un delito.
Si importo decodificadores solo para distribuirlos, no para comercializarlos, tampoco voy a incurrir en un ilícito.
Además, como no se obtendrá un beneficio económico, menos se podrá determinar una multa.
Eso señala el texto. Y deseo subrayarlo, porque la explicación entregada no contesta la inquietud expuesta por el Senador señor Coloma, que me parece legítima.
La pregunta, en realidad, es si quienes impulsan el proyecto quieren sancionar únicamente cuando hay ánimo de lucro. Ello se traduciría en que si mediara la voluntad -por distintas razones: educativas, deportivas, sociales, culturales, musicales- de que alguien distribuya la señal o importe y regale decodificadores por contar el club, la asociación de músicos o lo que sea, con la plata necesaria, no estaríamos ante la comisión de un delito. Esta conducta no se estaría penando.
Solo deseo que eso se especifique, ya que es lo que se desprende de la redacción. No sé si ella fue vista con algún abogado penalista que ayudara a precisar los términos. Porque el riesgo de disposiciones que quedan abiertas es que después no se pueden aplicar o se aplican mal, con un sentido distinto al de la voluntad del autor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, lo haré en la misma línea de algunos colegas que me han antecedido en el uso de la palabra.
Creo que el hurto de propiedad intelectual es exactamente igual a cualquier otro. El caso que nos ocupa sería como afirmar: "No comete un delito el que hurta en un supermercado solo para ayudar a un amigo que se halla en malas condiciones económicas y no para la venta". Esta es la forma en que no tenemos que proceder, especialmente en un país donde somos los reyes de "la quinta vuelta de la manilla".
La situación me recuerda cuando en España se legisló para impedir que se fumara en lugares cerrados. Un Senador de ese país me comentó que un colega había presentado una indicación para prohibir que también se sostuviera el cigarro prendido, porque no iba a faltar quien argumentara: "No estoy fumando, pues solo se lo tengo a un tercero".
Es lo mismo.
Si a un señor dedicado a estafar a las empresas del cable -según estimaciones de la industria, se registran 70 millones de dólares en pérdidas por concepto de piratería- lo pillan haciendo una instalación, ¿qué va a sostener? "Soy amigo de este caballero y le estoy haciendo un favor para que pueda ver el partido o la telenovela".
Entonces, encuentro malo legislar de esta manera.
A mi juicio, debiéramos pedirle a la Comisión que reviese el texto o, de lo contrario, enviarlo a la de Constitución para los efectos de que pueda ser corregido.
Estimo que aprobar la ley en proyecto significa crear el espacio para que la conducta quede claramente sin ninguna sanción, al igual que hoy día.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, el asunto es bien delicado, porque si se legisla respecto de la gran mayoría de aquellos que no quieren pagar un servicio de cable o de radiodifusión, la despenalización o la falta de una sanción como corresponde tal vez generará un vacío y un incentivo no directo, pero sí perverso.
Los ejemplos que han puesto el Honorable señor Prokurica y otros colegas tienen sentido.
La legislación vigente intenta ser superdraconiana. Lo que hace la iniciativa en debate es disminuir las sanciones en la materia.
Y ha habido vacíos. No sé si lo hacen ustedes, pero el Senador que habla se mueve por Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio, y hasta hace un par de años era muy frecuente el caso que estamos tratando. Lo que pasa es que parece que las empresas "se pusieron las pilas" -perdón por usar una expresión no muy elegante-, tomaron cartas en el asunto y establecieron un sistema de decodificación más complejo, más estricto, que cambian más a menudo, y eso determinó que disminuyera la "captación irregular" de las señales. Pero era conocido que una persona era la clienta y varios vecinos hacían un aporte y se beneficiaban.
Cabe sostener que las tarifas son altas. Puedo comprender el argumento. Pero no me parece que la forma de hacerse cargo de esa circunstancia sea por la vía de permitir el no cumplimiento de la ley o de rebajar la posibilidad de la sustracción solo por no mediar el ánimo de lucro.
Sé que la cuestión no es popular y que faltan dos meses para una elección, pero estimo que la forma de la redacción no es la más sana. Quizás sería bueno darle una vuelta adicional. No sé si el texto se puede enviar a una Comisión y ver si se puede encontrar uno mejor, que cautele el interés comprometido. No estamos haciendo referencia a las empresas, sino a la propiedad intelectual, a un servicio.
Esto es como el Transantiago. ¿Cómo voy a avalar que la gente no cumpla? El servicio partió pésimo: fue mal diseñado y deficientemente implementado, y la evasión es gigantesca. Y pese a que el sistema ha mejorado y la tarifa se mantiene baja, igualmente no se paga, porque ello le resulta más conveniente a un segmento de ciudadanos. Creo que familias enteras ya ni siquiera contemplan en su presupuesto la cancelación del transporte público en la Capital, porque es mejor colarse.
Entonces, la señal no es buena.
Otra cosa es que sea preciso mejorar el Transantiago o lo que ustedes quieran.
O bien, ocupémonos en la tarifa y regulemos las de los servicios de radiodifusión. Pero no sé si sea sana -repito- la forma del texto en debate.
Pedí la palabra para meterme en un enredo, pero me sale difícil aprobar en estos términos.
Mi Honorable colega Letelier ha hecho un esfuerzo que valoro, pero otros patrocinantes no han estado presentes, por diversas razones -seguramente hay Comisiones funcionando-, para defender la moción.
Hubiera sido bueno, asimismo, escuchar a la autoridad, como el Subsecretario de Telecomunicaciones, para empezar, quien de seguro tiene una opinión sobre la materia, en uno u otro sentido.
Por todos los elementos mencionados, tal vez conviene evaluar la oportunidad de un nuevo debate, para poder plasmar también de mejor manera las buenas intenciones que inspiraron la iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Después vamos a revisar la proposición de que se emita un informe complementario.
Puede intervenir el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, quiero partir puntualizando que el proyecto ha sido tratado en esta Corporación, no durante meses, sino durante años. Se fijó un plazo para presentar indicaciones, no una vez, sino tres veces.
Si el punto en discusión -ahora voy a dar mi opinión, porque antes entregué el parecer del órgano técnico y traté de representarlos a todos- es la necesidad de pronunciarse para eliminar el concepto "con ánimo de lucro", no tengo ninguna objeción a que ello se haga en las tres partes en que se encuentra, de forma tal que sea más fácil precisar la acción contra los responsables.
Algunos han formulado un planteamiento que quise exponer como posición de la Comisión y que no corresponde a mi convicción personal. Estimo que el acto, en sí, de distribuir y de organizarse para hacerlo ya es indebido, sea con fin de lucro o sin este. Sé que lo realizan mediando este último elemento. El problema es que, al incluirlo, la prueba se hace más difícil, como es obvio.
Por mi parte, invito a votar por separado esa parte, con la causa o sin ella, porque el resto del texto no requiere ninguna rectificación.
Es evidente que lo planteado por el Honorable señor Lagos respecto a lo que pasa en el mundo popular no dice relación con las primeras dos acciones en debate, porque ahí no se encuentra el crimen organizado en gran escala para importar, distribuir o piratear abiertamente las señales, lo que tenemos la obligación de sancionar desde hace más de 20 años en virtud de compromisos internacionales.
Es en la tercera causal en que se precisa que eliminemos "con ánimo de lucro" y lo dejemos solo como una acción. Así, se entrega una señal muy clara en el sentido de que cualquiera que esté colgado -¡cualquiera!- va a ser sancionado.
Personalmente, tampoco tengo objeción respecto a ello. Porque es lo que me pasa, por ejemplo, con los evasores del Transantiago, quienes le roban al país al no pagar una tarifa, independiente de la calificación de la calidad del servicio, pues hay otros que sí cancelan. Es como los que se sacan los partes, o los que tiran licencia. ¡Es lo mismo!
Necesitamos como país restablecer los criterios de nuestros deberes y derechos.
Es deber de uno, si quiere acceder a un servicio, pagarlo. Y si no quiere, está bien, pero no lo puede piratear.
Señor Presidente, siendo contrario a que dilatemos más este debate, que es muy antiguo, propongo que simplemente pongamos en votación que permanezca el concepto "con ánimo de lucro" o no.
En eso concuerdo con la insinuación del Senador Coloma, quien manifestó que al eliminar esa frase es más fácil obtener la prueba para la sanción. Es algo que le conviene al país. Aunque pueda no ser popular, es, sin duda, lo correcto.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Por lo menos vamos llegando a un entendimiento en cuanto a que el pirateo es negativo con o sin fines de lucro.
Por lo tanto, si estamos de acuerdo en eso, hay que suprimirlo. Pero no basta con sacar la expresión "con ánimo de lucro". Lo señalo porque luego dice, por ejemplo:
"Para determinar la cuantía de las multas señaladas en los incisos anteriores, deberán considerarse las siguientes circunstancias:
"i) Beneficio económico obtenido con motivo de la infracción".
Y puede que no haya tal beneficio.
El señor LETELIER.-
¡O puede que exista!
El señor LARRAÍN.-
Pero ¡puede que no!
Soy más partidario, si estamos de acuerdo en aprobar esta disposición, de que el proyecto vuelva a Comisión para que se redacte bien, ya que es una cuestión breve. Pero no hagamos el trabajo de Comisión aquí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.-
Señor Presidente, quien propuso la frase "con ánimo de lucro" fue la Subsecretaría de Telecomunicaciones, aduciendo que se buscaba proteger a las universidades u organismos técnicos a fin de que no fueran penados cuando hicieran estos ejercicios. Nada más que por eso.
En el resto estoy de acuerdo con lo que plantea el Senador Letelier, en el sentido de que votemos la permanencia o no de la frase "con ánimo de lucro" en el texto. También tiene razón el Senador Coloma, porque, de lo contrario, con la excusa de que no existen fines de lucro se podría armar una tremenda empresa.
No dilataría más este asunto porque claramente en la actual redacción el lucro es una agravante. Pero eso no quiere decir que no sea multado quien incurra en la conducta que se ha descrito.
Lo único que podría no quedar resuelto es lo relacionado con las universidades y organismos técnicos, pero es un ámbito muy específico. Además, es de sentido común que ahí no hay piratería.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Señores Senadores, hay dos peticiones. La primera es que el proyecto vuelva a Comisión para redactar de nuevo el texto y así evitar la discusión planteada, eliminando el término "con ánimo de lucro". Y la segunda es efectuar la corrección en la misma Sala, que no es lo que corresponde normalmente, pues es materia más bien de una Comisión.
Por lo tanto, si no hay un acuerdo unánime para hacer una u otra cosa, someteré a votación las propuestas.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, ¿me permite exponer un punto de reglamento?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede intervenir, señor Senador.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, la Comisión ha discutido esto extensamente, y sus miembros -puedo dar fe- no van a cambiar su juicio.
Respeto la opinión del Senador Larraín, pero creo que está tremendamente equivocado en cuanto a que respecto de la multa no sea una agravante el que haya beneficios. Si no existen beneficios, no se agrava.
Con la eliminación del concepto, lo que el Senador debe hacer, al igual que otros, es votar a favor o en contra, con la separación de la votación, que es el único punto que se puede modificar, para no dilatar el compromiso que tenemos desde hace mucho tiempo.
Yo propongo que lo despachemos hoy, porque respecto del resto del texto en la Comisión no hay ninguna diferencia de opinión, como lo ha indicado el Senador Ossandón, que me antecedió en el uso de la palabra.
El señor PROKURICA.-
Votemos, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Si no hay acuerdo, me veo en la obligación de poner en votación las propuestas.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor COLOMA.-
Yo creo que estamos todos de acuerdo en eliminar "con ánimo de lucro". Por lo tanto, sugiero que despachemos el proyecto sin más.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La propuesta que estábamos viendo con la Secretaría es que en la página 2, en la letra e), la redacción debería quedar: "El que sin la autorización del distribuidor legal, comercialice o distribuya una señal de servicios limitados de televisión adecuadamente protegida, o quien, de igual forma, con la misma intención importe, distribuya...", y sigue hasta el punto final.
Y luego, el inciso que sigue quedaría así: "El que instale los dispositivos señalados en el inciso anterior, será sancionado con pena de multa de 1 a 100 unidades tributarias", etcétera.
En cuanto al "beneficio económico", no habría problemas, porque el que lo busque va a tener el máximo de la multa.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, quizás se podría agregar "si lo hubiere".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Su Señoría, ahí habría que redactar de nuevo, pues "Beneficio económico si lo hubiere obtenido con motivo de la infracción" me parece un texto muy complejo.
Yo dejaría "Beneficio económico" entendiéndose que, para los efectos de la graduación de la multa, se entenderá si hay beneficio económico o no, y dejar constancia en la discusión.
El señor LAGOS.-
El "eventual beneficio económico".
El señor LETELIER.-
Señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, solo quería precisar que aparecen más de una vez los conceptos "a sabiendas y con ánimo de lucro".
Entiendo que se quieren suprimir ambos conceptos, dejando solamente la acción que se describe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Así es, señor Senador.
Hay que eliminar "a sabiendas y con ánimo de lucro".
Dejaremos la redacción a la Secretaría.
Señores Senadores, ¿habría acuerdo en aprobar el texto en esos términos, autorizando a la Secretaría para que ajuste la redacción?
Acordado.
--Se aprueba por unanimidad en particular el proyecto, y queda despachado en este trámite.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, solicito que recabe el asentimiento de la Sala para fijar un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas, hasta el martes 26 de septiembre, a las 12.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Habría acuerdo?
--Se accede a lo solicitado.
FORTALECIMIENTO DE RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE USUARIO Y EMISOR EN CASO DE USO FRAUDULENTO DE MEDIOS DE PAGO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Ossandón, señora Lily Pérez y señor Tuma, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.078-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Ossandón, señora Lily Pérez y señor Tuma):
En primer trámite: sesión 79ª, en 10 de enero de 2017 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Economía: sesión 40ª, en 22 de agosto de 2017.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo principal del proyecto es modificar la ley N° 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, fortaleciendo el régimen especial de responsabilidad del usuario y emisor de medios de pago, proponiendo al efecto diversas medidas, entre las cuales se encuentran las siguientes:
-Ampliar al uso fraudulento de nuevos medios de pago el régimen de limitación de responsabilidad que actualmente se establece para el uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito.
-Extender el catálogo de conductas que constituyen el delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito, de pago con provisión de fondos o débito, y aumentar las penas.
-Establecer un régimen de exención de responsabilidad para el usuario frente a fraudes ejecutados sin que él pueda estar en conocimiento del hecho, como en el caso de clonación de una tarjeta.
-Fijar un plazo de 24 horas a los emisores para la devolución de los importes, si corresponde, cuando se produzca fraude, y establecer la prohibición de requerir el cumplimiento de condiciones para tales devoluciones, como la contratación de seguros u otras medidas burocráticas.
-Consagrar como responsabilidad del emisor de un medio de pago el contar con medidas de seguridad suficientes para evitar la comisión de ilícitos y ser responsable de los perjuicios que se generen por deficiencias en la protección de los sistemas tecnológicos del medio de pago.
La Comisión de Economía hace presente que, no obstante tratarse de un proyecto de artículo único, lo discutió y aprobó solo en general, y propone a la Sala proceder del mismo modo.
La referida instancia acogió la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Lily Pérez y señores Pizarro, Quinteros y Tuma).
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 51 a 53 del primer informe de la Comisión de Economía y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En discusión general la iniciativa.
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, la Comisión de Economía, por la unanimidad de sus miembros, aprobó en general este proyecto de ley, que pretende llenar los vacíos observados en nuestra legislación respecto a la debida protección de los titulares de medios de pago electrónico frente a los nuevos y crecientes delitos no presenciales de que son víctimas y que se originan por la vulneración de los sistemas informáticos, dispositivos, portales u otros sistemas a través de los cuales se realizan las operaciones.
Es preciso señalar que nuestra legislación regula la emisión y la operación de tarjetas de pago.
Por ejemplo, el Capítulo III.J.1 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile establece variadas obligaciones respecto de los emisores y operadores, las que apuntan a prevenir y mitigar fraudes, tales como contar con resguardos adecuados; disponer de tecnologías que permitan proteger apropiadamente la información; implementar mecanismos para la prevención de fraudes; desarrollar una política de gestión y control; tener estructuras y procedimientos internos conducentes a su adecuada implementación; determinar el cumplimiento de distintas normas y medidas de ciberseguridad, etcétera.
Además, en los contratos de emisores con titulares de tarjetas se contemplan medidas de autentificación y seguridad relacionadas con el uso de aquellas.
El emisor u operador, cuando corresponda, debe facilitar los medios para que los titulares o usuarios puedan notificar, durante las 24 horas del día, la pérdida, robo, hurto, adulteración o falsificación de las tarjetas.
A la vez, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras consagra normas respecto de contratos celebrados por emisores u operadores con establecimientos afiliados, los que deben incorporar las medidas de seguridad que las partes tienen que considerar para precaver el uso indebido de la tarjera y para cautelar la integridad y certeza de las transacciones efectuadas por medio de dicho instrumento; la responsabilidad de la empresa operadora de cautelar la seguridad y el oportuno procesamiento y validación de las transacciones, así como las obligaciones económicas que se originen ante errores y transacciones indebidas.
Sin embargo, señor Presidente, estas normativas no resuelven el tema de fondo, que es la responsabilidad de los emisores, de los operadores y de toda la cadena que participa en el uso de medios de pago electrónico.
En la actualidad, los delitos en este ámbito, al igual que la clonación de tarjetas, pueden ser abordados a través de las normas del Código Penal o de la ley N° 19.223, sobre Delitos Informáticos, según corresponda, o de la propia ley N° 20.009, que establece penas para distintos hechos punibles relacionados con el uso fraudulento de tales instrumentos.
Cabe señalar que, desde el punto de vista infraccional y de la responsabilidad del emisor, la jurisprudencia, con toda razón, ha circunscrito este tipo de comportamiento al artículo 23 de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, en cuanto a que la seguridad en el consumo tiene que ser garantizada por el proveedor. El deber de profesionalidad es un principio básico que les corresponde observar a los proveedores.
Por su parte, la ley N° 19.223 tipifica figuras penales relativas a la informática y contempla sanciones en diversos casos, como destruir o inutilizar un sistema de tratamiento de información; impedir, obstaculizar o modificar el funcionamiento de un sistema de tratamiento de información; usar o conocer indebidamente la información contenida en un sistema de tratamiento; dañar o destruir los datos contenidos en un sistema de tratamiento de información, o revelar o difundir datos contenidos en él.
Del mismo modo, la ley N° 20.009 limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, señalando que podrán limitar su responsabilidad en los términos establecidos en dicha normativa en caso de hurto, robo o extravío, dando aviso pertinente al organismo emisor.
En general, señor Presidente, todas aquellas situaciones en que el fraude se realiza sin conocimiento del titular no cuentan con reglas especiales, como sí cuentan con ellas el robo o hurto de la tarjeta de crédito o débito en la ley N° 20.009.
El proyecto en discusión contiene diversas modificaciones a la ley N° 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, entre las que se destacan las siguientes:
-Se incorpora el concepto de "medio de pago" como objeto genérico que abarca a otros sistemas que permitan la compra y venta de bienes y servicios (por ejemplo, las transacciones electrónicas que no involucren tarjetas).
-Se agregan en el artículo 5° de la ley N° 20.009 las tarjetas con provisión de fondos emitidas por instituciones autorizadas de acuerdo a la legislación vigente, en cuanto son objeto del mismo tipo de delitos que las tarjetas de crédito y débito. También se incorpora en dicho precepto un literal para penalizar la suplantación del usuario frente al emisor con la intención de conseguir datos que permitan operar un medio de pago.
-Se propone un aumento de las penas para quienes incurran en los delitos descritos en el artículo 5°.
-Se detalla el régimen de exención de responsabilidad del usuario frente a fraudes realizados sin que él pueda estar en conocimiento de los hechos.
-Se fija un plazo de 24 horas a los emisores para la devolución de los importes, si corresponde, en caso de fraude, y se establece la prohibición de requerir el cumplimiento de condiciones para tales devoluciones, como la contratación de seguros.
Este último punto, señor Presidente, fue uno de los temas que motivaron a los autores del proyecto, tanto al Senador Ossandón como a la Senadora Lily Pérez y al Senador que habla, porque la mayoría de los prestadores de servicios están estableciendo un seguro obligatorio para dar seguridad respecto de los riesgos que se corren cuando alguien vulnera el sistema de seguridad, en circunstancias de que la seguridad la tiene que proporcionar el proveedor de los servicios, toda vez que, entre otras cosas, también es un proveedor de seguridad. Por tanto, no parece lógico que quien está obligado a ello y se encuentra profesionalmente preparado para prestar ese servicio de seguridad, en caso de que se lo vulneren, obligue al tarjetahabiente a pagar un seguro.
-Finalmente, se consagra la obligación para el emisor de contar con medidas adecuadas de protección relacionadas con el medio de pago, siguiendo la pauta fijada por el artículo 23 de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, pero haciendo responsable al emisor de los perjuicios causados por las deficiencias en este campo.
Es opinión de los autores del proyecto que la facilidad con que hoy día es posible defraudar a los medios de pago, como las tarjetas de crédito y similares, se debe a las insuficientes -o pocas en algunos casos- medidas de seguridad con que se cuenta y no necesariamente a un actuar del titular, sin dejar de reconocer la complejidad que el sistema plantea a la hora de mantener un mercado dinámico, de simple utilización y, a su vez, seguro.
La Comisión de Economía aprobó en general la iniciativa. Esperamos que en su discusión en particular se puedan recoger las inquietudes que se observan en orden a garantizar que los emisores y proveedores de los servicios sean quienes deban cautelar la seguridad de estos sistemas y no que se obligue a los tarjetahabientes o a los usuarios a pagar un seguro contra los riesgos que corre precisamente aquel que está prestando el servicio de seguridad.
Por tanto, señor Presidente, recomendamos a la Sala aprobar el proyecto de la misma manera.
He dicho.
La señora MUÑOZ.-
¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Habría acuerdo para ello?
El señor MOREIRA.-
Sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.-
Señor Presidente, esta iniciativa busca modificar la ley N° 20.009, que es la que actualmente obliga a los bancos a hacerse cargo de las operaciones que se realizan con posterioridad a los avisos de extravío, robo o hurto de tarjetas bancarias.
Por cierto, la ley vigente no contempla la exención de la responsabilidad del usuario cuando las operaciones con tarjeta se efectúan sin el consentimiento del titular, como ocurre en el caso de clonación de los datos de una tarjeta.
El proyecto de ley exime de responsabilidad a los usuarios en operaciones que se lleven a cabo sin su autorización, correspondiendo a los emisores de las tarjetas hacerse cargo de perseguir las operaciones fraudulentas.
Actualmente, los bancos ofrecen seguros a sus clientes para cubrir las pérdidas por los fraudes perpetrados con sus tarjetas de crédito o débito. Sin embargo, no es culpa del usuario el hecho de que puedan vulnerarse las medidas de seguridad de estas (por ejemplo, a través de una clonación en un cajero automático o de un skimmer en un restorán).
En tal sentido, para el caso de operaciones fraudulentas el proyecto prohíbe a los emisores (bancos, casas comerciales) imponer condiciones a los clientes para devolver los dineros cargados a su cuenta o girados de esta. Y además les impone un plazo máximo de 24 horas hábiles para realizar tales devoluciones.
Asimismo, aumenta las penas contempladas para este tipo de delitos.
La justicia lo ha dicho en varias ocasiones: los bancos y las casas comerciales están obligados a proveer un producto seguro para los consumidores. Y así está establecido en la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
Nuestro proyecto viene a llenar el vacío que existe actualmente para aquellas personas que sufren la clonación de sus tarjetas u otro tipo de fraudes similares y a las que se induce a contratar un seguro para cubrir las pérdidas.
Ese es trabajo del banco, no del usuario. Y creemos necesario resolver este asunto lo antes posible.
En Europa, Estados Unidos y varios otros países ya se cuenta con una legislación similar a la que estamos proponiendo hoy día.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, este proyecto, que hemos presentado, es necesario y largamente anhelado y requerido por los consumidores, por los clientes tanto de los bancos como de las tarjetas de crédito, de débito y del retail. ¿Por qué razón? Porque hoy día -ya lo expresaron muy latamente los Senadores Tuma y Ossandón y es parte de nuestra minuta, aunque yo lo quiero decir más coloquialmente-, si a un cliente se le extravía, le clonan o le roban su tarjeta de crédito, de débito o una tarjeta de casa comercial, el peso de la prueba recae sobre él. O sea, el banco, el que sea, tiene todos los abogados del mundo y equipos computacionales para probar el ilícito, pero la carga de la prueba recae en el cliente.
En segundo lugar, están los ciberataques, tan de moda en todo el mundo, incluido Chile. Entonces, a los clientes de bancos les llega un aviso ofreciéndoles un seguro adicional para estar cubiertos y protegidos frente a tal eventualidad, cuando se supone que si una persona tiene su cuenta (corriente, de ahorro, de crédito) en un banco es porque confía en él; si no, guardaría su plata en una alcancía o, como nuestros abuelos, debajo del colchón. Uno confía en que su plata se encuentra segura en un banco. Pero no es así, al punto que estos ofrecen seguros adicionales.
En tercer lugar, además de la carga de la prueba -que en el proyecto se traslada al banco, no al cliente, consumidor o usuario-, está el tema de la reversa.
Muchas veces el cliente avisa que le clonaron o le robaron una tarjeta o que se le extravió, pero el descuento se lo hacen igual. Por ejemplo, a usted, señor Presidente, le roban su tarjeta de crédito y el lunes se entera de que compraron con ella dos pasajes a Mendoza; le reclama el hecho a su ejecutivo; de todas maneras le hacen el descuento y debe esperar tres, cuatro o cinco meses para que le efectúen la reversa, si es que se la hacen, si es que usted logra probar que no realizó tal operación.
Pues bien, en el proyecto estamos dando un plazo máximo de cinco días hábiles para que el banco u otro emisor efectúe la reversa, más allá de cuánto se demore en comprobar los hechos.
Todas las tarjetas del mundo modernas, ¡todas! -no quiero nombrar a una en particular, porque si no van a decir que le estamos haciendo propaganda- se están actualizando. Los bancos más modernos, que compiten entre sí, no están cobrando por elementos adicionales de información, como avisos gratuitos para los clientes cuando se realiza una operación del tipo que estamos comentando.
En virtud del proyecto, lo único que tiene que hacer el cliente es avisar cuando se da cuenta de que una operación no ha sido efectuada por él. Porque ahora comunican todo de inmediato: "Usted compró esto, compró lo otro". Con el aviso será suficiente.
Eso es lo que busca esta iniciativa.
Tenemos el apoyo del SERNAC, de la Superintendencia de Bancos (ojo, que es bastante importante) y del Ejecutivo. Obviamente, la Asociación de Bancos se resiste. Y es natural que así sea. Está dentro de las reglas del juego.
Pero -repito- no hay banco en el mundo moderno que no esté entregando servicios gratuitos.
Los seguros son un negocio aparte, son otro negocio. ¿Por qué tendríamos que además cuidarles el negocio de los seguros a los bancos? Lo que a nosotros nos interesa es promover que en estos ilícitos los clientes no tengan el peso de la prueba, que esta recaiga en los bancos o establecimientos de retail, y que la reversa, cuando corresponda, se efectúe dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles.
Este es un proyecto absolutamente coherente con el mundo actual. Lo que nosotros queremos es que a las personas se les respeten sus derechos como consumidores y que estos sean los que ganen en esta pelea de "David contra Goliat" que existe con los bancos o un establecimiento comercial cuando una tarjeta es clonada, extraviada o robada.
Voto a favor de la iniciativa, además por ser su autora junto con los Senadores Tuma y Ossandón.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, como integrante de la Comisión de Economía, quiero hacer presente que estamos frente a un proyecto que a primera vista es fácil y obvio en su aprobación. ¡Cómo no empatizar con los tenedores de tarjetas de crédito que, víctimas de fraudes cometidos sin su conocimiento, se ven en la necesidad de esperar largos plazos y peregrinar por fiscalías, oficinas públicas, tribunales de justicia, liquidadores, compañías de seguros, empresas de cobranzas, bancos, etcétera!
A pesar de esa simpatía inicial, me parece que el tema es mucho más complejo. Una solución legislativa eficiente y barata para el consumidor, a quien pretendemos beneficiar, debe tener en cuenta la forma de operar del mercado del crédito. No vaya a ser cosa que nuestro afán protector se vuelva en mayores costos para el público.
La tecnología, a su vez, ha propiciado maneras eficientes de enfrentar la delincuencia en materia de uso de tarjetas de crédito, sustituyendo la banda magnética por códigos y mecanismos electrónicos que proporcionan más seguridad al tenedor de la tarjeta.
El número de tarjetas de crédito que opera en el mercado nacional, con cupo local e internacional, ya supera con creces la población de Chile. Sí, señores, la población de Chile, dado que es habitual que instituciones bancarias o de crédito comercial entreguen este producto de manera expedita e indiscriminada. Es habitual que una persona cuente con dos, tres o más tarjetas de crédito.
Muchas de estas tarjetas se contratan conjuntamente con seguros que, cuando son informados y utilizados eficientemente por el cliente, permiten enfrentar la contingencia de un extravío, hurto o robo de manera satisfactoria para los perjudicados.
Puestas las cosas de este modo, señor Presidente, parece que la solución simple, esto es, radicar toda la responsabilidad en el emisor o en el administrador de la tarjeta, no basta para enfrentar el problema. Eximir de plano de responsabilidad al tenedor de la tarjeta puede conducir a situaciones injustas.
Agreguemos que ni el titular o usuario de la tarjeta ni el emisor o administrador se encuentra en condiciones de prever y hacer frente a los mecanismos más habituales de defraudación, mediante tarjetas, que se observan en la realidad: el "skimmer" (instalación de un pequeño dispositivo en la ranura de ingreso de las tarjetas en los cajeros automáticos para obtener la información); el "cambiazo" (cambio de máquinas por otras adulteradas), y la "pérdida de vista" (cuando al momento de la transacción el vendedor solicita la tarjeta para realizar el pago en otro lugar).
Señor Presidente, nosotros vamos a votar a favor de este proyecto en general, a la espera de que en la discusión particular surjan soluciones legislativas eficientes que no perjudiquen el mercado de las tarjetas de crédito, al que concurren tanto proveedores como consumidores.
Reiteramos que nos parece una iniciativa interesante, que defiende a los consumidores, pero a veces proyectos fáciles y obvios en su aprobación traen complicaciones. Nosotros vamos a presentar una serie de indicaciones cuando corresponda. Aunque entendemos la buena intención de sus autores -entre ellos la Senadora Lily Pérez-, queremos hacer las cosas lo mejor posible, de manera que no nos ocurra que, por favorecer la defensa del consumidor, terminemos perjudicándolo en otros aspectos.
Voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, no voy a repetir los conceptos que han expresado acá los miembros de la Comisión de Economía, a la cual pertenezco, con quienes estoy absolutamente de acuerdo.
Sí quiero hacer ver que los avances tecnológicos son cada vez mayores y alcanzan a todas nuestras actividades cotidianas, incluidas las compras de bajos montos. Día a día nos encontramos con nuevos dispositivos y formas inteligentes de realizar transacciones que diez o quince años atrás jamás hubiésemos imaginado.
Por lo mismo, nuestro deber es adaptarnos a las nuevas realidades que nos plantea el mundo de hoy, lo que incluye, como aquí se ha dicho, regular los últimos medios de pago, así como los nuevos riesgos que se enfrentan.
El proyecto que hoy vemos en general precisamente tiene como objetivo actualizar una normativa respecto de las transacciones comerciales que se efectúan con distintos medios de pago. En particular, apunta a las nuevas formas que existen de cometer fraudes electrónicos, de manera de evitar o minimizar sus efectos en los consumidores.
Lo que se busca es establecer limitaciones a la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por delitos cometidos sin su conocimiento.
Es necesario mencionar que en la Comisión de Economía vimos que si bien el mercado ha reaccionado en forma correcta y que gran parte de los emisores de tarjetas de crédito han tomado medidas para hacer frente a los nuevos tipos de fraude, se advierten algunas malas prácticas en este sentido y muchas veces se responsabiliza al usuario, según lo demuestran algunos fallos de los tribunales de justicia.
Tal es la situación que se busca revertir, señor Presidente.
Por eso, voto a favor del proyecto, a fin de analizarlo en particular y encontrar soluciones que tengan presentes los últimos avances tecnológicos en materia de seguridad y protejan a los consumidores y usuarios de los fraudes, así como de la pasividad o negligencia de las entidades emisoras de tarjetas.
Lo que pasó ayer con el millonario robo a una empresa de transporte de valores nos hace pensar que las entidades bancarias o que manejan grandes cantidades de dinero no invierten lo suficiente en materia de seguridad.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, este proyecto es bien importante. Me parece necesario actualizar la regulación sobre extravío, robo y uso fraudulento de tarjetas, debido a que desde que se dictó la ley N° 20.009, en 2005, ellas se han masificado, se ha modificado su régimen de uso y ahora existen nuevas formas de comisión de delitos.
Tal como se expone en la moción, este tipo de ilícitos se ha incrementado. Por ejemplo, en la Región de Valparaíso los delitos económicos cometidos mediante el uso fraudulento de tarjetas muestran un aumento de 13 a 25 por ciento entre los años 2005 y 2016. Es decir, prácticamente se han duplicado, según datos de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
Como expresamos, han surgido nuevas formas de comisión de delitos. Está el "cibercartereo", que consiste en el "hackeo" de los datos de una tarjeta (su número y fecha de vencimiento), lo cual sirve para realizar compras fraudulentas en internet. La modalidad es la más sorprendente, ya que la sustracción de los datos se realiza mediante un escáner que lleva escondido el delincuente, quien se acerca a diez centímetros de distancia de la víctima, lo que le permite recolectar la información de la tarjeta. Aparentemente, este método aún no aterriza en Chile, al menos no masivamente.
Por otro lado, hemos visto gran cantidad de grupos organizados para cometer delitos de este tipo. Otro de ellos consiste en insertar un escáner en el acceso de los cajeros automáticos junto a una microcámara de alta resolución que permite grabar las claves de los usuarios que normalmente nos acercamos para retirar dinero.
Entonces, frente a tantas nuevas tecnologías, nos parece que la ley estaba quedando desfasada. Además, es importante destacar que ella hace recaer en los usuarios la responsabilidad por las sustracciones de los datos por robo o extravío hasta que avisan al emisor de lo sucedido, trasladando a este recién en ese momento la responsabilidad.
Para los casos de extravío o robo el aviso puede ser de fácil aplicación, pero hoy existe, junto a la clonación, la captación de claves para transferencias electrónicas por internet mediante fraude, sistema más conocido como "phishing".
Los métodos expuestos no dejan la oportunidad al usuario de tomar los resguardos necesarios para no ser víctima de fraude, por lo cual se hace indispensable innovar al respecto.
La ley actual solo contempla las tarjetas de débito y crédito. El proyecto introduce un concepto más amplio, para incorporar dentro de la regulación diversos métodos de pago similares y que consistan en cualquier sistema distinto del dinero en efectivo, el cheque o el vale vista.
Además, agrega una nueva hipótesis de delito de "uso fraudulento de tarjetas": la suplantación de la identidad del usuario frente al emisor. En esa misma área, realiza un ajuste en las penas, estableciendo la de presidio menor en su grado medio a máximo.
Pero el mayor aporte de la moción son las nuevas normas que agrega a la ley. El artículo 6° incorpora la exención de responsabilidad del usuario en el caso de que no haya podido conocer el ilícito que corresponde a la utilización de los datos necesarios para realizar una operación con el medio de pago. Esto es un gran avance, porque, como ya señalé, antes la responsabilidad recaía en los usuarios al no existir reglas claras al respecto.
Por último, el proyecto establece la obligación de los emisores de mantener un sistema de seguridad actualizado y eficiente, para impedir la comisión de delitos, y los hace responsables por los perjuicios de estos últimos. Hoy, los usuarios debemos pagar por un seguro para el caso de que seamos víctimas de un fraude, en circunstancias de que es responsabilidad del banco otorgarnos las medidas de seguridad necesarias para el uso de estos métodos de pago.
Finalmente, quiero señalar que quizás es este el momento de hacer un esfuerzo legislativo y trasladar las figuras de la ley N° 20.009 al Código Penal, con el objeto de que se regulen de forma sistemática junto a otros tipos de defraudaciones.
En todo caso, anuncio mi voto a favor. Creo, señor Presidente, que el proyecto hace una gran innovación, más acorde con los tiempos que vivimos y con el tipo de delitos que vemos, los que, por desgracia, han ido incrementándose.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, coincido bastante con lo que dijeron los Senadores señora Allende y señor Quinteros, pero quisiera insistir en lo siguiente.
Voy a votar a favor del proyecto, porque me parece importante profundizar en estas materias. Pero me surge una duda acerca de si estamos llegando a tiempo en esta materia o tenemos que plantearnos otras preguntas. Porque, tal como dice la Senadora Allende, la tecnología para cometer fraude evoluciona tremendamente rápido.
Hace unos días supe de esta modalidad de fraude existente en Chile y traída por extranjeros: desde un bolsillo escanean tarjetas ubicadas en carteras o billeteras, y la única posibilidad de evitarlo es que aquellas estén cubiertas por un elemento metálico (no sé cómo se llama). Hasta hace muy poco tiempo era inimaginable que se pudiera clonar una tarjeta y acceder a su clave; ahora es posible, desde un bolsillo, copiar con un escáner la clave de una tarjeta ubicada en la billetera de alguien que esté al lado.
¿Qué hacemos frente a eso?
Me parece bien todo lo planteado con relación a determinar un procedimiento: en caso de que haya un fraude, se declara y se indica cómo se paga y cómo se responde. Pero considero que hay que profundizar en ciertos principios. ¿Qué nivel de responsabilidad tiene, en general, quien emite la tarjeta? ¿El emisor tiene que poner la seguridad permanentemente? Salvo ciertas conductas más arriesgadas de parte del consumidor, ¿en quién radica la responsabilidad?
Lo digo porque se paga por usar la tarjeta, no es gratis, es un producto que nos venden y que debiera contar con cierta cobertura.
Creo que es fundamental trasladar con bastante claridad la responsabilidad a quien emite la tarjeta, pues lo obligaría a evolucionar tecnológicamente al ritmo en que lo hace el delito en este ámbito.
¿Qué posibilidad tienen los consumidores de captar siquiera que alguien está copiando desde su bolsillo una tarjeta guardada en las billeteras de aquellos? ¡No hay ninguna posibilidad!
Además, muchas de estas técnicas parten en otros países. El sistema debe tener cierta capacidad para responder.
Yo sugeriría aclarar el principio básico. Y el principio básico es que quien emite la tarjeta tiene responsabilidades fundamentales sobre ese instrumento.
No estoy hablando de pérdidas. Estoy hablando de intervención tecnológica. Esta modalidad va a incrementarse de variadas maneras, pues hay gente especializada en cometer estos delitos. Creo que hay que dejar muy en claro la responsabilidad del emisor. Incluso más detalladamente que lo que señala la iniciativa.
El artículo 8° aborda el tema, pero no profundiza. Sugeriría que lo trabajaran para el segundo informe en estos términos. Voy a tratar de preparar algunas indicaciones al respecto.
Señor Presidente, estimo que para prepararnos para el futuro deberíamos tener legislación comparada. Probablemente la Comisión la tiene.
Además, hay que oír a la Fiscalía. Yo he escuchado acerca de fiscales que tienen antecedentes de métodos mucho más serios de los que uno imagina.
Y considero, también, tremendamente importante saber qué se hace en otros lados para enfrentar este problema.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Terminada la votación.
La señora ALLENDE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Para votar, señora Senadora? La votación está cerrada.
La señora ALLENDE.-
Es un tema de Reglamento, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora ALLENDE.-
Disculpe, señor Presidente. Lo que sucede es que pedí un pareo y me lo concedió el Senador García.
Él no se encuentra en estos momentos en la Sala, y quería preguntar si puedo votar.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
¡Está presente!
La señora ALLENDE.-
Entonces, ¿puedo votar, Senador García?
El señor GARCÍA.-
Sí, Su Señoría.
La señora ALLENDE (Presidenta).-
Okay.
Voto afirmativamente, señor Presidente.
Disculpe, y muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se hará presente su intención, señora Senadora.
--Se aprueba
en general el proyecto (23 votos a favor), y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el jueves 5 de octubre.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, De Urresti, García, García-Huidobro, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se deja constancia de la intención de voto afirmativo de la Honorable señora Allende.
Les pido a los señores Senadores mantenerse en la Sala para poder despachar la siguiente iniciativa.
ESTABLECIMIENTO DE DÍA NACIONAL DE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el 8 de agosto de cada año como el Día Nacional de los Juzgados de Policía Local, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.691-24) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 45ª, en 6 de septiembre de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 39ª, en 16 de agosto de 2017.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió el proyecto en general y en particular, por ser de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Von Baer y señores Bianchi y Quinteros), en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados.
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 5 del informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Nada más, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Habría acuerdo para aprobarlo?
--Se aprueba por unanimidad en general la iniciativa y, por no haberse presentado indicaciones, queda aprobada también en particular y despachada en este trámite.
V. INCIDENTES
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor DE URRESTI:
A los señores Ministro de Relaciones Exteriores y Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, consultándoles RAZONES DE INSCRIPCIÓN DE CIUDADANOS CHILENOS RESIDENTES EN PALESTINA EN REGISTRO DE VOTANTES DE ISRAEL y pidiéndoles MEDIDAS PARA CORREGIR DICHA SITUACIÓN.
Al señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, requiriéndole envío de antecedentes sobre INICIATIVA DE FORESTAL MININCO PARA PROTECCIÓN DE ARAUCARIAS ENANAS EN TERRENOS SUYOS DE CORDILLERA DE NAHUELBUTA.
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro de Hacienda, a fin de pedir REVISIÓN DE APLICACIÓN DE IMPUESTOS VERDES A AGROINDUSTRIA.
Del señor NAVARRO:
A los señores Ministro del Interior y Seguridad Pública y Director General de la Policía de Investigaciones, solicitándoles informe detallado sobre DENUNCIAS POR DELITO DE VIOLACIÓN EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS, DESAGREGADO POR REGIONES.
Al señor Director General de la Policía de Investigaciones, para que remita informe detallando la cantidad de ÓRDENES DE INVESTIGAR IMPARTIDAS POR FISCALÍA ANTE DELITO DE USURPACIÓN DE AGUAS EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS (desagregadas por regiones).
A los señores Subsecretario de Pesca y Acuicultura y Director Nacional del Servicio Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, solicitándoles información detallada sobre FISCALIZACIONES A EXPLOTACIÓN DE RECURSOS PESQUEROS EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS, DESAGREGADA POR REGIONES.
A los señores Gobernador de Chiloé y Alcalde de Quellón, pidiéndoles diversos antecedentes relativos a SISTEMA DE ASEO Y ORNATO Y POLÍTICA MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS PARA TALLERES MECÁNICOS Y ASERRADEROS EN SECTOR DE MOLULCO.
Al señor Presidente del Consejo Nacional de Televisión, solicitándole informar acerca de ESTUDIO ESPECIAL QUE DEBIÓ ENTREGAR TVN PARA DAR CUENTA DE GARANTÍA DE USO EFECTIVO DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO ASIGNADO POR CONCESIÓN.
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--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Partido Unión Demócrata Independiente, Comité Independientes y Partido Amplitud, Partido Por la Democracia, Partido PAIS, Partido Demócrata Cristiano e Independiente, Partido Renovación Nacional, Partido Socialista e Independiente, ningún Senador interviene.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:7.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción