REGULACIÓN DE ENTREVISTAS EN VIDEO Y OTRAS MEDIDAS DE RESGUARDO A MENORES VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.245-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 89ª, en 22 de enero de 2014 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 39ª, en 16 de agosto de 2017.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 3ª, en 19 de marzo de 2014.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 80ª, en 11 de enero de 2017.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 49ª, en 3 de octubre de 2017.
Hacienda: sesión 80ª, en 11 de enero de 2017.
Discusión:
Sesiones 19ª, en 20 de mayo de 2014 (se aprueba en general); 82ª, en miércoles 18 de enero de 2017 (queda aplazada la votación en particular); 83ª, en 24 de enero de 2017 (se aprueba en particular).
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que este proyecto inició su tramitación en el Senado y, en el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados efectuó diversas enmiendas a su texto.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por las votaciones que consigna en su informe, acordó aprobar todas las modificaciones propuestas por dicha rama del Parlamento en el segundo trámite.
En caso de que la Sala resolviera aprobar las enmiendas que recaen en los artículos 4º, incisos séptimo, octavo y noveno; 7º, inciso final; 8º; 9º, 10; 13; 14; 16, inciso tercero; 23, inciso cuarto, y 30, se requerirá el voto favorable de 21 señores Senadores, por incidir ellas en normas de rango orgánico constitucional, sin perjuicio de que el artículo 23 es, además, de quorum calificado, necesitando para su aprobación 19 votos.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se transcribe el texto aprobado por el Senado y las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, que la Comisión de Constitución propone aprobar.
Nada más, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- En discusión las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, para efectos prácticos, primero solicito a la Mesa abrir la votación, dada la importancia de despachar este proyecto hoy día.
Debemos pronunciarnos respecto de todas las modificaciones en un solo acto, siguiendo el quorum más alto, como corresponde.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?
El señor DE URRESTI.- Sí, señor Presidente.
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Acordado.
En votación las enmiendas de la Cámara Baja.
--(Durante la votación).
El señor GIRARDI (Vicepresidente).- Continúa con la palabra el Honorable señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, en mi condición de Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, deseo manifestar que corresponde que la Sala del Senado se pronuncie sobre las modificaciones que la Cámara de Diputados introdujo al proyecto de ley que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctima de delitos sexuales.
Antes de adoptar una resolución sobre esta materia, es preciso señalar que esta Sala remitió a la Comisión de Constitución, que presido, el texto de las enmiendas introducidas por la referida Cámara para su examen y análisis.
Con el objeto de emitir un pronunciamiento sobre el particular, el mencionado órgano técnico escuchó al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a sus asesores; al Ministro de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia señor Jorge Dahm; a un representante de la Fundación Amparo y Justicia; a la magistrada señora Nora Rosati; a la Gerente de la División de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, señora Patricia Muñoz, entre otros asesores y expertos.
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados conserva la estructura básica del texto que aprobó el Senado en el primer trámite constitucional, cuyo fin es proteger a los menores de edad del fenómeno de la victimización secundaria a que se ven expuestos por las actuales características del proceso penal.
La Cámara Baja ha mantenido el sistema de entrevista dual diseñado por el Senado, reconociendo y diferenciando claramente la entrevista investigativa de la declaración judicial.
Asimismo, ha confirmado la nómina de delitos a los que se les aplicará esta ley (secuestro, sustracción de menores de edad, violación, estupro, robo con violencia, robo con homicidio y violación, entre otros), y agregó otros de igual gravedad, como las lesiones gravísimas.
Igualmente, la Cámara de Diputados ha ratificado los principios jurídicos que se aplicarán en esta legislación y que había aprobado el Senado en el primer trámite constitucional. Entre ellos destacan el interés superior del niño, la autonomía progresiva, la prevención de la victimización secundaria y la asistencia oportuna y tramitación preferente.
En este ámbito, la Cámara Baja ha precisado el principio de participación voluntaria; ha agregado el principio de resguardo a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, y ha establecido que los fiscales tramitarán con preferencia las causas a que hace referencia la futura ley, de acuerdo con las instrucciones generales que dicte al respecto el señor Fiscal Nacional del Ministerio Público.
En materia de entrevistas investigativas, el texto acordado por la otra rama del Parlamento mantiene la idea aprobada por nuestra Corporación de realizar una segunda entrevista investigativa, de oficio o a solicitud de algunos de los intervinientes, cuando surgieren antecedentes nuevos que pudieren afectar sustancialmente lo expuesto en la primera entrevista.
En tal sentido, se ha precisado que esta segunda entrevista investigativa videograbada deberá someterse al control jerárquico, es decir, a la aprobación del señor fiscal regional respectivo.
También la Cámara de Diputados ha confirmado el régimen de prueba anticipada, la reserva de la entrevista investigativa y de la declaración judicial y el sistema de medidas de protección general y especial a favor de los niños, niñas y adolescentes.
Adicionalmente, introdujo una serie de enmiendas, que han sido ratificadas por la Comisión de Constitución.
En primer lugar, ha consignado que sea el juez de garantía quien haga la designación del entrevistador judicial en el marco de la audiencia de preparación del juicio oral, entre aquellos que cuenten con formación especializada y acreditación vigente ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Asimismo, decidió crear un régimen especial para los testigos, diferenciándolos de las víctimas. En este sentido, se introdujo un nuevo artículo 26 al proyecto de ley, que dispone que los niños, niñas y adolescentes testigos de los delitos que se enuncian en el artículo 1º serán interrogados por el juez en una sala distinta de aquella donde se encuentren los intervinientes y que, respecto de los adolescentes testigos de los mismos ilícitos penales, el tribunal podrá decretar las medidas de protección pertinentes en consideración a sus circunstancias personales y psíquicas.
Por otra parte, se ha mejorado el proceso de formación de los entrevistadores investigativos y se ha establecido que los funcionarios judiciales puedan actuar como intermediarios en la declaración judicial.
Igualmente, la Cámara de Diputados dispuso la entrada en vigor gradual de la preceptiva legal, con el objeto de precaver los eventuales obstáculos en su implementación -especialmente, en lo referido a la infraestructura requerida- que podrían generarse si rigiera en todo el país un año después de su publicación en el Diario Oficial. De consiguiente, se dispusieron plazos para la vigencia de la normativa, contados desde la dictación del reglamento que, a su vez, será decretado dentro del plazo de cuatro meses a contar de la publicación de la ley.
En conclusión, son tres los elementos básicos que se modificaron en la Cámara de Diputados: la designación del entrevistador judicial, el régimen específico aplicable a los testigos y la entrada en vigencia de la norma.
Todas las enmiendas ya descritas fueron aprobadas por la Comisión de Constitución, razón por la cual este órgano técnico recomienda a la Sala proceder en el mismo sentido.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, recién vivimos un momento agradable con la aprobación del proyecto de ley que el Senado acaba de despachar. Pues bien, acoger la iniciativa en examen también permite superar una situación dura y compleja: la de los menores que han sido víctimas de delitos sexuales, quienes, además, tienen que ser grabados y sometidos una y otra vez al proceso investigativo.
En la actualidad, la denuncia por abuso sexual cometido en contra de un niño, niña o adolescente es el comienzo de un largo camino judicial, que lamentablemente provoca mayores daños en las víctimas, a veces, que justicia propiamente tal.
Los menores deben pasar no solo por los exámenes protocolares del Servicio Médico Legal, sino que además son sometidos, durante aproximadamente un año, en promedio, al menos a cinco interrogatorios, lo que genera que deban revivir una y otra vez los episodios de abusos, exponiéndose a traumas que pueden perseguirlos durante toda la vida, lo que se denomina "victimización secundaria".
Otro problema que surge debido a los múltiples interrogatorios a niños y adolescentes son las contradicciones que aparecen en ellos, ya que estas son realzadas por personas no especializadas en este tipo de entrevistas -las hacen parecer como parte de las pruebas-, lo cual causa intimidación en las pequeñas víctimas y hasta lleva a inducir ciertas respuestas en ellas, lo que en varias ocasiones ha invalidado los testimonios.
El objetivo del proyecto es mejorar la forma en que un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de un delito sexual se relacione con el sistema procesal penal, de manera de minimizar la victimización secundaria que puede afectarle y dar un más efectivo resguardo a sus derechos.
Paso a referirme a los principales aspectos de la iniciativa.
Como lo señalaron el Ministro y el Subsecretario de Justicia en la tramitación del proyecto ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, se ha conservado el sistema de entrevista dual diseñado por el Senado, reconociendo y diferenciando claramente la entrevista investigativa de la declaración judicial.
Respecto de los delitos que fijan el campo de aplicación de esta futura ley, se manifestó que se mantienen todos aquellos sancionados en el primer trámite constitucional y se agregan otros de igual gravedad.
Los principios que subyacen en la iniciativa son: el interés superior del niño, autonomía progresiva, prevención de la victimización secundaria y la asistencia oportuna y tramitación preferente.
Señor Presidente, creo que con la aprobación de este proyecto damos un gran paso en uno de los temas más duros que le puede ocurrir a un menor de edad, y que afecta también a sus familiares, quienes muchas veces son incorporados en las encuestas sobre la materia, pues quienes abusan de los menores generalmente forman parte del mismo hogar o del barrio. Por ende, no estamos hablando en su mayoría de delitos cometidos por desconocidos, sino más bien por personas a las que la víctima conoce y con quienes tiene incluso algún grado de relación familiar o afectiva.
Por lo tanto, a mi juicio, damos un paso muy importante con la aprobación de las enmiendas de la Cámara de Diputados, que han sido apoyadas por el señor Ministro de Justicia, y con las modificaciones y cambios que en su momento introdujo la Comisión de Constitución.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en verdad, esta iniciativa de ley constituye, sin lugar a dudas, un gran gran avance en la investigación de los delitos sexuales cuyas víctimas son menores y también en cómo se toma la declaración a los testigos de este tipo de delitos.
Uno de los graves problemas en nuestra legislación actual es lo que se denomina "la revictimización". Ello se produce cuando un niño o adolescente víctima de un delito sexual revive todos los hechos al ser citado a declarar en innumerables veces, producto de nuestro sistema procesal. Esto obviamente le ocasiona un daño, porque rememorar, recordar cómo ocurrió la violación tantas veces como lo requiera el tribunal o la Fiscalía es una cuestión extraordinariamente traumática.
A mi juicio, en este proyecto de ley, que fue objeto de un largo estudio (se revisó la legislación comparada; se escuchó al Ministerio Público, que efectuó una gran contribución; a la Defensoría Penal Pública; a distintos profesores), se hizo el mayor esfuerzo para establecer un sistema que facilitara la investigación de estos delitos y en el cual, simultáneamente, se adoptarán las medidas para que el niño o la niña que tuviese que declarar no sufriera la llamada "revictimización".
Por eso se distingue la declaración que se realiza en la etapa investigativa de aquella que se hace en la etapa judicial.
En el proceso investigativo, es decir, cuando el fiscal lleva adelante la investigación -valga la redundancia-, se establece que este puede decretar, a petición de parte o de oficio, que la víctima preste testimonio. En este caso, se toman todas las medidas adecuadas para que el menor declare: se realizará en una sala separada y el procedimiento estará a cargo de un profesional especialmente capacitado (el proyecto contempla los requisitos que se exigen) para llevar adelante esa declaración. Incluso, va a haber una nómina de personas con las habilidades necesarias para entrevistar a un menor.
En el evento de que se requiriera interrogar al menor por segunda vez, la orden la decretará el fiscal regional -solo excepcionalmente se puede realizar esta segunda declaración-, y para ello se tomarán todos los resguardos para que las preguntas no sean inductivas y no le causen daño al menor. La idea es saber la verdad de los hechos, intentando por todos los medios que no se produzca la revictimización.
Luego viene la etapa judicial: cuando ya estamos en el juicio oral. En este caso, el menor puede prestar declaración, pero es el juez quien conduce y guía esa interrogación. Y también se lleva a cabo a través de una persona habilitada y capacitada -en el proyecto están puestos todos los requisitos- para ello. El juez hace un seguimiento de las preguntas y de cómo se formulan, de modo de evitar las que puedan distorsionar la voluntad del menor.
En síntesis, creo que este proyecto es muy importante y no se va a aplicar de inmediato en todo Chile. Ello implica actuar en forma responsable, ya que la implementación del sistema requiere una infraestructura y todo un proceso de aprendizaje acerca de cómo llevar adelante las interrogaciones a los menores.
En mi opinión, esta es una muy buena iniciativa.
Constituye un avance, sin lugar a dudas, lograr un justo equilibrio entre la protección del menor víctima de un delito sexual, la protección del testigo y el derecho a la defensa -me refiero a actuar realmente en resguardo de sus derechos-, fundamentalmente la que corresponde a la víctima, de tal manera que pueda darse por acreditado el hecho sin que ello signifique mayor daño para el menor.
Por todas estas consideraciones y sin entrar en los detalles del proyecto, que se podrán ver en el momento de su publicación y en la página web del Senado, creo que estamos ante un buen texto, que se mejoró y es producto de un acuerdo muy relevante, que es como deben abordarse las materias de seguridad ciudadana, sobre todo en aspectos tan delicados como los delitos que consisten en abuso de menores.
Por esa razón, votamos a favor.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Advierto a los asistentes a las tribunas que no se pueden hacer manifestaciones.
Tiene la palabra el Senador señor Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, Chile tiene una deuda con la infancia. Parte de esta problemática se encuentra hoy en el centro del debate nacional, pero el trato inadecuado a nuestros niños, niñas y adolescentes es un mal endémico que hay que empezar a erradicar con propuestas y acciones concretas.
Además, Chile tiene una deuda con su institucionalidad. Nuestro país ratificó la Convención de los Derechos del Niño el año 1990 y, aun siendo una norma de rango orgánico constitucional, no se han logrado implementar completamente los cambios institucionales y procedimentales que mandata ese instrumento internacional.
Por eso es necesario prevenir la victimización secundaria de nuestros niños, niñas y adolescentes, que es el objeto de este proyecto de ley. A aquel niño que sufre el terrible destino de ser víctima de un delito tan grave, como lo puede ser uno sexual o la trata de personas para la comercialización de órganos, no se le pueden imponer más sufrimientos, menos aún si estos provienen de quienes estamos llamados a ayudarlo y a entregarle una pronta respuesta.
El proyecto de ley que hoy se vota justamente comprende mecanismos para prevenir la victimización secundaria de esos niños. Su texto se estructura para entregar a los niños, niñas y adolescentes un trato adecuado, así como mejores herramientas para la investigación de los delitos, siempre teniendo en consideración el respeto por todos los intervinientes en el proceso penal.
La discusión de este proyecto en el Congreso ha sido larga. Llevamos más de tres años y diez meses estudiándolo. Algunos pensarán que es un tiempo excesivo, pero hay que decirlo: también es un tiempo en el que hemos podido ver que todos los sectores del espectro político, las instituciones del proceso penal y la sociedad civil se han reunido para entregar a nuestros niños, niñas y adolescentes una ley que efectivamente los pueda ayudar a evitar la victimización secundaria.
Este proyecto fue discutido en la Comisión de Constitución del Senado, así como en la Cámara de Diputados, y recibió el aporte de diversos organismos. Nuestra Comisión de Constitución recogió distintas experiencias internacionales que han sido exitosas en mejorar la investigación penal de los delitos sexuales contra menores de edad, así como diversas prácticas y conocimientos científicos, los cuales hemos adaptado a nuestra realidad nacional.
Intentando resumir la fórmula a través de la cual el proyecto busca prevenir la victimización secundaria, paso a enumerar sus ideas base:
-Respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
-Establecimiento de criterios a través de la formulación de principios.
-Procedimientos comprensivos de los procesos y las capacidades de los menores.
-Intervención especializada. En este punto destaca la figura de los entrevistadores, quienes serán responsables de interactuar directamente con los niños en la entrevista investigativa videograbada y la declaración judicial, para lo que deberán contar con formación especializada y además estar acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
-Colaboración interinstitucional.
-Visión sistémica del proceso.
En el texto que hoy discutimos se contienen distintas modificaciones a figuras que ya existen en nuestro proceso penal (por ejemplo, la denuncia o la declaración judicial), y también figuras nuevas, como la entrevista videograbada, la presentación de la entrevista en juicio oral, y medidas de protección para las víctimas y testigos.
En honor al tiempo, señor Presidente, solo enunciaré algunos titulares respecto de las principales modificaciones que hizo la Comisión de Constitución.
1.- Se reemplazó, en todo el proyecto, la nomenclatura de "menores de edad" por la de "niños, niñas y adolescentes".
2.- Se introdujo un cambio al régimen aplicable a los testigos.
3.- Se amplió el catálogo de delitos para cuya investigación se podrán realizar entrevistas videograbadas.
4.- Se estableció una tramitación preferente por parte del Ministerio Público.
5.- Se incorporó un nuevo principio de resguardo a la dignidad dentro del catálogo de principios aplicables en el proceso penal.
6.- Se permitió, aunque en forma excepcional, la realización de una segunda entrevista investigativa videograbada, la cual deberá contar con autorización del Fiscal Regional.
7.- Se instauraron una serie de nuevas diligencias con el objeto de poder ir esclareciendo los delitos sexuales de que hayan sido víctimas menores de edad.
8.- Se prohibieron las declaraciones de oídas sobre las entrevistas videograbadas.
9.- El entrevistador investigativo podrá ser considerado un testigo experto.
10.- Por último, se cambió la designación del entrevistador. En este caso, para no vulnerar la independencia del Poder Judicial, se decidió que el intermediario -es decir, el entrevistador- será elegido por el juez de garantía durante la audiencia de preparación del juicio oral, siempre dentro de aquellos que cumplan con los requisitos del artículo 19.
Termino, señor Presidente, agradeciendo a todos quienes aportaron a la discusión del proyecto de ley, muchas veces acercando posiciones frente a temas que eran bastante conflictivos: al Poder Judicial, que participó activamente a través de ministros de la Corte Suprema y de jueces de familia y de garantía que nos dieron a conocer su experiencia; a los fiscales del Ministerio Público y a la Unidad de Víctimas y Testigos, que compartieron lo que ellos han vivido, y a la Defensoría Penal Pública, que también nos entregó su experiencia en esta materia.
Finalmente, un agradecimiento especial para una de las principales instituciones impulsoras de esta iniciativa, la Fundación Amparo y Justicia, que ha llevado adelante la campaña "No me pregunten más" y ha sido una fiel defensora de la necesidad de regular las entrevistas videograbadas con el objeto de evitar la victimización secundaria de los menores de edad que son víctimas de delitos sexuales.
Dicho eso, señor Presidente, insto a mis colegas a ratificar lo que ya hicimos en el primer trámite y aprobar, ojalá por unanimidad, las enmiendas que introdujo al proyecto la Cámara de Diputados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, creo que el proyecto que hoy día analizamos es de la máxima relevancia. Se inició durante el mandato del Presidente Sebastián Piñera, impulsado por la Fundación Amparo y Justicia y por un importante grupo de mamás y papás que han estado detrás de la iniciativa "No me pregunten más", y fue revisado y trabajado muy profundamente con el actual Ministerio de Justicia, en una mesa técnica que se constituyó con el propósito de actualizar y estudiar una serie de inquietudes que se presentaban.
Hicimos un gran esfuerzo en la Comisión de Constitución del Senado, donde muchos de los cambios que propone la Cámara de Diputados fueron valorizados y acogidos.
En general, el trabajo realizado por dicho organismo técnico fue mantenido en lo fundamental por la otra rama del Parlamento:
-Se mantiene el sistema que contempla la posibilidad de entrevista dual diseñado por el Senado, reconociendo y diferenciando claramente la entrevista investigativa y la declaración judicial.
-Respecto de los delitos que fijan el campo de aplicación de la ley, se conservan todos los que incorporó nuestra Corporación, aunque la Cámara agregó otros de igual gravedad, que nos pareció bien incluir.
-Se enuncian los principios de interés superior, autonomía progresiva, prevención de la victimización secundaria, y asistencia oportuna y tramitación preferente.
-Se mantiene la posibilidad de realizar una segunda entrevista investigativa, de oficio o a solicitud de alguno de los intervinientes, cuando surgieren antecedentes nuevos que pudieren afectar sustancialmente lo expuesto en la primera entrevista. Este agregado es crucial para asegurar el derecho a defensa, en el que hemos tenido especial cuidado. Asimismo, se conserva la opción de realizar nuevas entrevistas investigativas si el menor así lo manifestare voluntariamente.
-Se mantiene también el sistema de prueba anticipada diseñado por el Senado.
-Se respeta la reserva de la entrevista investigativa y de la declaración judicial.
-Se conserva el sistema de medidas de protección generales y excepcionales establecido por el Senado.
Es decir, el trabajo efectuado por nuestra Comisión se mantiene, en lo fundamental, inalterado.
Sin embargo, la Cámara introdujo algunos cambios de mucha relevancia que decidimos acoger.
Menciono los dos más esenciales.
El primero se refiere a la designación del entrevistador judicial. Originalmente, este sería, por regla general, el mismo entrevistador que hubiera participado en la entrevista investigativa. En su reemplazo, la Cámara Baja dispuso que fuera designado por el juez de garantía durante la audiencia de preparación del juicio oral de entre aquellos que cuenten con formación especializada y acreditación vigente ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Quiero recalcar que parte importante de los cambios introducidos buscan que quienes hagan de entrevistador tengan una formación absolutamente adecuada, para evitar todo tipo de distorsiones, en un sentido u otro, y para dar garantías de un buen trato, sobre todo a los menores, a fin de que estos no sean objeto de victimización secundaria. Y esto se logra plenamente con las enmiendas efectuadas por la otra rama del Parlamento.
Por otro lado, la Cámara de Diputados propuso modificaciones en el régimen jurídico aplicable a los testigos. Este tema no ha sido menor. Durante la tramitación legislativa se decidió crear un régimen especial para los testigos, diferenciándolos de las víctimas. Esto motivó ciertas aprensiones que llevaron a la otra rama legislativa a introducir algunos cambios, con los cuales concordamos. Se conversaron con la mesa técnica las medidas de protección donde sí era necesario plantear una equivalencia con las víctimas, y se acordó que ello se debía instaurar a propósito de la declaración judicial.
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, es relevante destacar que el Ministerio Público estará habilitado para utilizar el sistema de entrevistas videograbadas respecto de testigos que lo requieran por presentar una especial situación de vulnerabilidad, puesto que no existe ninguna norma que lo prohíba.
Con los cambios propuestos, señor Presidente, creo que cerramos el capítulo y podemos asegurar que las entrevistas a menores que hayan sido objeto de abuso sexual no les generarán un daño adicional, una nueva victimización, que ya sería muy difícil soportar.
Por eso, aprobamos con entusiasmo esta iniciativa, que estoy seguro que ayudará a que en lo sucesivo se llegue a la verdad en los casos de abuso sexual, sin generar una victimización secundaria, como es la que se produce cuando, por el constante llamado a entrevistas durante los procedimientos judiciales, los menores terminan sufriendo las consecuencias de distintos tipos de manipulación que afectan su equilibrio personal y su salud mental, ya gravemente dañados por el abuso sexual de que han sido objeto.
"No me pregunten más" es una expresión que define la necesidad de ponerle término a una situación que ha generado un abuso grave y un daño innecesario e injustificado a los menores.
Con entusiasmo, entonces, decimos "sí" a las enmiendas de la Cámara de Diputados, que cierran un largo ciclo que será de mucho provecho para los niños, niñas y adolescentes.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, tal como se ha expresado hoy día en la Sala, este proyecto es un tremendo avance en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nos permite cumplir los estándares y principios establecidos en la Convención de los Derechos del Niño.
Como también aquí se ha indicado, sobre todo gracias a los grupos de padres y madres que sentían la violencia que significaban, una y otra vez, los interrogatorios a sus hijos, que ya habían vivido situaciones de por sí traumáticas y complejas, hoy estamos dando luz a un proyecto que justamente persigue evitar la nueva victimización que implican los procesos judiciales. Como si fuera poco haber sido víctimas de violencia sexual u otros delitos de la misma connotación, encima revictimizábamos a los niños.
Los delitos regulados en este proyecto (sexuales, contra la vida) son muy graves, por lo cual un menor expuesto, como víctima o testigo, a una nueva declaración ante un juez solo puede significar vivir un menoscabo a su integridad psicológica, constituyendo una transgresión al rol protector que debemos tener con ellos.
Esta revictimización se observa en el sometimiento a nuevos peritajes, a esperas excesivas, a verse expuestos a contar mil veces hechos dolorosos que solo les vuelven a causar una gran pena.
A esto se suma que hasta hoy no existía mayor exigencia respecto de las personas que deben hacer los interrogatorios. Aquí hay un cambio muy sustantivo. Ahora quien efectúe la entrevista deberá ser un profesional calificado y capacitado, con cursos sobre la materia.
El proyecto de ley permite sortear este problema.
Quiero señalar, señor Presidente, que como Senadora presenté una moción parecida para proteger a mujeres que son víctimas, a fin de que el proceso no les signifique una revictimización. Este proyecto, que habla de niños, niñas y adolescentes, apunta en el mismo sentido.
La normativa propuesta se aplicará a cualquier menor que deba actuar en juicio, ya sea como víctima o como testigo. Se produjo una ampliación, ya que en principio solo regía para las víctimas. Hay una diferencia muy importante, porque ahora también se aplicará a los testigos.
Se sigue definiendo la victimización secundaria como toda consecuencia negativa que se origine en los niños, niñas y adolescentes con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas o testigos, con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos de que trata el proyecto.
Es bien importante la definición, pues fija el marco exacto en el cual se va a desenvolver la iniciativa.
Es necesario recalcar que dentro de los principios que inspiran la propuesta se encuentra el interés superior del niño, es decir, tener presente, en cada decisión, la mayor protección posible para nuestros niños. Por ello, el sometimiento a declaraciones siempre debe contar con la plena voluntad del menor, resguardando su autonomía.
En cuanto al proceso, se regulan tres etapas diversas: la denuncia, la declaración investigativa y la judicial.
Cuando un menor busque denunciar los hechos, el funcionario que reciba la declaración solo se limitará a recibir lo estrictamente necesario, no pudiendo un adulto presionar al menor.
La entrevista videograbada investigativa será realizada a petición del Ministerio Público para cumplir con su rol de esclarecer los hechos, pero deberá ser efectuada por un profesional experto en la materia, plenamente capacitado y estando autorizado por el Ministerio de Justicia.
En la declaración judicial, el juez de garantía o el presidente del tribunal oral en lo penal será quien la guíe, debiendo los intervinientes interrogar a través de él.
Se podrá traer a juicio la entrevista investigativa en el caso de que existan contradicciones entre esta y la declaración judicial. Se resguarda también el derecho a la defensa de los imputados, pero siempre deberá tenerse presente la protección de nuestros niños, no revictimizarlos, así como que su decisión de someterse al procedimiento sea voluntaria.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será el órgano encargado de coordinar el correcto funcionamiento del sistema de las entrevistas videograbadas.
Se resguardará la reserva del contenido, prohibiéndose su divulgación, tanto por los intervinientes como por los medios de comunicación, asunto tremendamente importante, pues hoy en día se registran muchas filtraciones. Aquí estamos, una vez más, protegiendo a nuestros niños y niñas.
Por último, quiero recalcar que el hecho de que se establezcan medios de protección para niños, niñas y adolescentes permite que estos no puedan ser objeto de presiones o nuevas vulneraciones de parte de su agresor.
Se busca resguardar su privacidad, no pudiendo ser difundida su identidad.
También se prohíbe que el agresor pueda acercarse al menor, así como su expulsión del hogar común.
Vemos, en suma, que el proyecto trata no solo de establecer un medio para evitar la doble victimización de nuestros niños y niñas, sino que va más allá, porque los protege en su privacidad, en su dignidad, en sus derechos. Era muy necesario y esperamos mucho para poder despacharlo.
Quiero felicitar a las organizaciones presentes ("No me pregunten más" y otras), pues gracias a su denuncia, a su tenacidad y a su perseverancia tomamos conciencia de la gravedad de la revictimización y del vacío legal que permitía que los niños fueran interrogados una y otra vez.
El proyecto constituye un gran paso, señor Presidente, y por eso lo voy a votar favorablemente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, tuve la oportunidad de conocer a algunas de las dirigentas de "No me pregunten más" en el acto de proclamación de Michelle Bachelet celebrado en el teatro Caupolicán, cuando una de ellas, sentada a mi lado y que no estaba allí necesariamente por un asunto de afinidad política, levantó un cartel y gritó, con una impotencia tremenda, pidiendo que la sociedad escuchara a este grupo de madres que buscaba protección para sus hijos e hijas.
A lo largo del país y durante todos estos años han sido decenas las mujeres de la comunidad "No me pregunten más" que han levantado su voz clamando, primero, para que Chile se ponga al día con sus obligaciones internacionales, pues estamos muy atrasados, y para que seamos capaces de no revictimizar a niños y niñas que ya han sido víctimas de una situación dramática.
A este esfuerzo también se sumó la Fundación Amparo y Justicia.
En determinado momento ambas organizaciones realizaron una campaña de recolección de firmas, las que entregaron en La Moneda. La Presidenta Bachelet las recibió e hizo suyo este esfuerzo legislativo, por lo que hoy día estamos llegando al final de una etapa muy importante.
Se fijan principios; se establecen nuevos procedimientos -esto es muy relevante- y otros se perfeccionan; se generan nuevas medidas cautelares para proteger de mejor forma a los niños.
No obstante lo anterior, debo precisar que esta iniciativa no va a parar la pandemia de los abusos sexuales contra los niños y las niñas en nuestro país; su objetivo es evitar que esos menores sean revictimizados. Y lo aplaudimos.
Por ello, en primer término, mis palabras de agradecimientos son para quienes han promovido el esfuerzo de la campaña "No me pregunten más": las mujeres que hoy día están con nosotros y la Fundación Amparo y Justicia.
Vaya también mi solidaridad a los miles de mujeres y padres cuyos niños han sido abusados, que no están organizados y que viven este calvario de una forma horrible.
No olvidemos que 70 por ciento de los delitos sexuales en Chile se cometen contra menores y que en ese mismo porcentaje los autores son personas conocidas para los niños y las niñas objeto de este flagelo.
Este proyecto de ley es un paso muy importante, señor Presidente. Es un reconocimiento. Hace visible un drama en nuestra sociedad. Tenemos peores indicadores que numerosos países del mundo en lo que respecta a la frecuencia y la cantidad de menores abusados sexualmente.
Espero que, en conjunto con la ley en proyecto, mañana los tribunales de justicia aborden estos temas de forma distinta, porque la verdad es que muchas veces los niños y las niñas que no tienen la voz suficiente, que no tienen el poder suficiente, que no tienen los abogados suficientes o los profesionales mejor pagados, carecen de las herramientas requeridas ante un juez con el fin de que se condene al abusador.
Es por ello que demasiados abusadores siguen caminando libres por las calles, y nuestra responsabilidad no solamente implica amparar a las víctimas, sino también asegurar que la sociedad castigue a los violadores que, por desgracia, son demasiados en nuestros países y que no entienden que los niños y las niñas son sujetos de derechos, y no objetos, que debemos proteger.
Señor Presidente, esta legislación es un tremendo avance.
Agradezco al señor Ministro de Justicia, que hoy día nos acompaña, y, a través de su persona, a quienes lo antecedieron en el cargo e intervinieron en diferentes momentos de la tramitación del proyecto que ha promovido y respaldado la Presidenta de la República.
Además, quiero ver si somos capaces de formarnos la convicción como Parlamento de que este instrumento es condición necesaria, pero no suficiente, para alcanzar toda la justicia. Porque, además de no revictimizar a los niños, necesitamos que los adultos que han violado a menores y han abusado de ellos sean sancionados y alejados de las víctimas, y que nuestra sociedad se comprometa a desterrar una práctica tan tan nociva para la convivencia y tan repugnante para las familias que han sido objeto de este tipo de delitos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
Dispone de un minuto más.
El señor LETELIER.- Gracias, señor Presidente.
Termino diciendo que voto a favor y que vamos a apoyar las enmiendas.
Y, sobre todo, quiero enfatizar que tanto el proyecto anterior como el que nos ocupa dan el ejemplo de la importancia de la sociedad civil en levantar temas, en promover leyes y en que el Congreso esté abierto a escuchar la voz de las ciudadanas -la mayoría son mujeres pero también hay varones- que han dado esta pelea a veces en soledad y sin que nadie las escuche.
Pienso que hoy día estamos haciendo justicia con la lucha que ellas han dado durante muchos años.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
Antes de que intervenga Su Señoría, solicito la autorización de la Sala para que pase a dirigir la sesión durante unos minutos el Senador señor Araya.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Honorable señor Araya.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, saludo, por su intermedio, a cada uno de los concurrentes que nos acompañan hoy día: a las organizaciones, a las madres y los padres que están en las tribunas, a quienes hemos visto en cada una de las Comisiones, especialmente en la de Constitución, donde nos ha tocado recibirlos y escuchar sus testimonios.
Quiero agradecerles infinitamente la cantidad de elementos y precisiones que nos aportaron sus abogados y sus asesores para hacer una mejor legislación.
Creo que debemos ser justos y reconocer las convicciones en cada uno de estos proyectos.
Lo decía el Senador Letelier: la lucha de las mujeres y de los padres ha sido para visibilizar una situación que este país, a veces de manera un poquito cínica, trata de ocultar. Y hay elementos en el Estado de Chile, tal como ocurre con el proyecto que aprobamos anteriormente, que se encuentran en una evolución institucional. Están los recursos. Chile es un país que ha progresado, que puede y debe hacerse cargo de este tipo de situaciones.
Agradezco también, porque es correcto hacerlo, al Ministro Jaime Campos, quien se encuentra presente en la Sala, pues desde el momento en que asumió lo vimos involucrado directamente en este proyecto, defendiéndolo y haciendo las precisiones correspondientes, junto con su equipo ministerial.
Por eso, a usted, señor Ministro, y a sus colegas anteriores nuestro reconocimiento, porque se avanza y hay una enorme tabla de proyectos. La Comisión de Constitución en pleno (sus cinco integrantes) más usted, sus equipos y los anteriores Ministros se abocaron a esta tarea.
Quiero puntualizar brevemente dos cosas.
Un Estado como el chileno no podía seguir indiferente, sin la capacidad normativa, ante la poca protección que se ofrecía en sus entrevistas a los niños y niñas que habían sido objeto de abusos.
Escuchamos testimonios brutales de magistrados, de la PDI, del Ministerio Público, de diversos actores, de defensores.
Creo que esta legislación va al centro y perfecciona el ordenamiento de tal manera que nos permita contar con un procedimiento reglado, que brinde el resguardo y la protección para esos menores.
¡Que nunca más se tenga que deambular por decenas de entrevistas en distintos escenarios favoreciendo la revictimización!
El proyecto cambia sustancialmente el modo de enfrentar este tipo de situaciones.
Sin embargo, hay dos elementos que me parece importante consignar y que nos atañen tomando en consideración que tenemos pleno acuerdo.
En primer lugar, los fondos. Esta iniciativa requiere fondos; requiere recursos; requiere disponer de salas; requiere habilitar una infraestructura adecuada. Y es importante poder asegurar todo eso en el proyecto de ley de Presupuestos y establecer un calendario claro, bajo la gradualidad que se determinó, de intervención y de mejoramiento.
Y, además de los fondos, se requiere capacitación. Las policías y los distintos actores que intervienen en la cadena de investigación no siempre tienen la preparación o la misma formación.
Además, se ha comprobado la existencia de inequidad territorial. Lo dije con toda convicción en la Comisión: no es admisible que un niño abusado de una pequeña localidad rural de La Unión, de Río Bueno o de una comuna en cualquier otra región sea objeto de un estándar distinto en la atención en comparación con un menor que ha sufrido el mismo delito en un centro urbano.
¡No podemos establecer diferencias!
¡No es aceptable que haya mayor protección en un territorio y menor protección en otro!
De ahí que también resulte importante, señor Ministro, especialmente a través de las Cortes de Apelaciones o de quien esté a cargo de la implementación, tener la capacidad de ofrecer una cobertura completa para que el estándar sea el mismo en cualquier localidad que se enfrente a estos delitos, con la gradualidad que corresponde.
No hay nada más desolador que tratar de entender la diferencia entre una niña o un niño abusado que habita en un lugar con acceso, con recursos, y una niña o niño abusado en un lugar alejado, en una zona que no es posible cubrir de buena manera.
Por eso, mis felicitaciones a la organización "No me pregunten más". ¡A seguir trabajando, porque esto no se acaba acá! Tenemos derechos para los niños y niñas abusados, pero debemos seguir combatiendo contra el flagelo del abuso.
¡En eso ustedes son fundamentales!
Y es tarea de nosotros, del Estado de Chile, continuar luchando contra los abusadores, identificarlos y alejarlos de las víctimas que hoy día, sin lugar a dudas, merecen toda nuestra atención.
Por eso, voto a favor.
El señor ARAYA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, la verdad es que no hay peor pesadilla que la de un menor víctima de un abuso sexual. Este implica un sufrimiento para él y su familia. Y, luego, viene una tarea restauradora de ese niño o niña.
En ese contexto, y ante la sensibilidad que provoca un tema como este, el Presidente Sebastián Piñera mandó el 22 de enero de 2014 el mensaje que dio origen a este proyecto de ley. Eso se valora. Y, más allá de quien lo haya enviado, hay que rescatar el apoyo unánime a esta iniciativa de todos los sectores en el Congreso Nacional.
Quizás habría sido mucho mejor que no se demorara tanto la tramitación de un proyecto de esta naturaleza. Y es una autocrítica que debemos hacernos como Parlamento.
Por su parte, más allá de eso, hay que valorar aquellas instituciones que han perseverado. Porque, de no ser así, quizás esta iniciativa hubiese tardado más tiempo. Esa perseverancia apunta a un objetivo supremo: defender a estos niños y evitar que la justicia termine siendo, en su proceso de investigación, otra pesadilla más, una verdadera tortura al momento de declarar lo sufrido.
Yo no quisiera retomar las opiniones de distintos parlamentarios, ni tampoco repetirme. Pero sí quiero plantear la necesidad de convenir en que, si para los adultos afectados la experiencia con el sistema penal es desagradable, para los menores de edad es un hecho traumático.
Evidentemente, el proyecto busca evitar la doble victimización y, para ello, diseña un sistema de entrevistas a cargo de profesionales calificados que nuestro país está en condiciones de adoptar y financiar.
Había que hacerse cargo de algunas objeciones iniciales, y el proyecto las enfrenta con acierto. "No me pregunten más" es una aspiración válida cuando el niño es víctima o testigo, porque forzarlo a sentarse en el estrado implica, sin duda, repetir la historia de vulneración sufrida o presenciada.
Sin embargo, esa legítima pretensión no podía llevarse a cabo olvidando el debido proceso o sacrificando el derecho a defensa. Ninguna interpretación futura de la ley puede llevarnos a sostener que la defensa, que tiene rango constitucional, sea eliminada del proceso penal en pos de la tutela de los niños.
El proyecto resuelve con acierto y equilibrio la tensión entre el necesario esclarecimiento de la verdad, la protección de los menores y el respeto del derecho a defensa.
La iniciativa permite que la entrevista se haga por profesionales idóneos e independientes y facilita el desarrollo de la audiencia de prueba anticipada ante el juez de garantía, a fin de que este la conduzca de manera tal que no se transforme en una segunda victimización.
Corresponderá al próximo Gobierno, sea cual fuere, aplicar esta ley. Esperamos que los órganos...
¿Me permite 30 segundos más, señor Presidente?
El señor ARAYA (Presidente accidental).- Continúe, Su Señoría.
El señor MOREIRA.- Gracias, señor Presidente.
Decía que esperamos que los órganos investigadores y judiciales, siempre imparciales, desarrollen sus funciones, contando en lo sucesivo con esta valiosa herramienta de protección a los menores que ya sufrieron como víctimas y testigos, sin que su historia de dolor se repita.
Este es el primer paso en el camino de las mil millas. Porque hay muchas otras cosas por hacer en beneficio de los niños que sufren de esta manera.
Por eso, voto a favor.
El señor ARAYA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar y agradecer la presencia y participación de todas y de todos quienes hoy día hacen posible que la tramitación de esta materia llegue a su fin: que dejemos de hablar del proyecto "No me pregunten más" y pasemos a referirnos a la ley que regula las entrevistas videograbadas.
Agradezco y reconozco el trabajo conjunto que hemos efectuado tanto los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, como del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública, a través de sus principales representantes.
En el caso del Ministerio de Justicia, agradezco al señor Ministro, don Jaime Campos, y al abogado Ignacio Castillo. En el caso del Poder Judicial, a la magistrada Nora Rosati, quien tuvo una destacada participación con la experiencia práctica con que nos ilustró en la Comisión de Constitución. En el caso del Ministerio Público, a la Gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos, señora Patricia Muñoz, quien nos ayudó con toda su expertise a hacernos cargo no solo de teorías, sino también de realidades que ocurren día a día, y de cómo los fiscales y el Poder Judicial enfrentan los casos de abuso sexual infantil. A don Francisco Geisse, de la Defensoría Penal Pública, quien permanentemente expuso su punto de vista y fue capaz de ilustrarnos con su experiencia. A los miembros de la Fundación Amparo y Justicia que, más allá de ser una corporación de derecho privado, ha tomado un rol de aporte, de preparación en el buen diseño de una política pública.
Vayan a todos ellos mis agradecimientos, en la persona de don Ramón Suárez, de doña Paulina Leiva y, principalmente, de don Diego Izquierdo, quienes han trabajado como uno más en la Comisión de Constitución, ayudándonos en esta materia e ilustrándonos con experiencia comparada y con los estudios que fundan esta iniciativa de ley.
Señor Presidente, no voy a dejar de mencionar, por cierto, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de padres y madres que se agruparon permanentemente para mantener este proyecto en la discusión pública.
Muchas veces la demanda legislativa impide sacar iniciativas de esta naturaleza con la celeridad que necesitamos. Y ahí estuvieron la agrupación No + abuso sexual infantil y cada una de las organizaciones de padres y madres de niños abusados sexualmente que nos recordaban a diario que la situación de estos menores ya no solo por haber sido víctimas de un delito, sino por ser víctimas del sistema que los obliga a repetir una y otra vez el sufrimiento que habían padecido, requería nuestra preocupación y nuestra decisión.
No voy a hablar de las virtudes de cada uno de los puntos del proyecto, porque se han repetido bastante, y solo haré una breve reflexión.
En primer lugar, a mi juicio es importante mirar lo que nos ocurre como sociedad. Las estadísticas nos indican que el 2009 cerca del 57 por ciento de los abusos sexuales se cometían contra menores de 18 años. Las cifras del Ministerio Público nos hablan de que el 2013 ese porcentaje subió a 72 por ciento. Siete de cada 10 abusados sexualmente son menores de 18 años.
Algo nos está ocurriendo como sociedad, porque los adultos, en vez de proteger a los menores, están abusando de ellos.
Pero también tiene que ver con el sistema. Porque muchas veces para un padre o una madre enfrentado al drama que significa tener consciencia de que su hijo o su hija ha sido abusado sexualmente no es una opción el someterlo a un sistema investigativo que, más allá de las buenas intenciones, lo revictimiza una y otra vez, donde los medios de comunicación lo estigmatizan y la sociedad lo margina. Obviamente, muchos de ellos escondían la realidad y no se realizaba un proceso judicial adecuado.
Por eso es tan importante esta modificación, pues no es solo procesal. Es una modificación de dignidad, de protección. Es una modificación que permitirá que los padres y madres, cuando tengan consciencia de que su hijo o su hija ha sido víctima de un abuso sexual, no duden en denunciar los hechos para que el sistema procesal, investigativo, judicial investigue y condene a los responsables.
Eso es muy importante. ¡Y sin afectar la dignidad de los menores!
¡Qué significativa es esta modificación! Porque podríamos estar hablando de artículos toda la tarde. Sin embargo, tiene que ver con la protección. Lo que debe ocurrir en un Estado es que nuestros menores, que no pueden defenderse por sí mismos, cuenten con un sistema de protección.
Yo creo en un Estado de Bienestar, no solo en lo económico. También creo en un Estado de Bienestar en la protección social, en la protección de derechos fundamentales. Y muchas veces se olvida, pero la Carta de las Naciones Unidas también contempla el derecho a la seguridad, el que cada ciudadano y, por cierto, cada niño o niña reciban la debida protección.
Por eso, señor Presidente, felicito a quienes en buena lid nos han presionado para que saquemos adelante este proyecto. Agradezco que se convierta en una ley permanente, que, más allá del gobierno de turno, consagre derechos para todos los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país.
Por lo expuesto, concurro con mi voto favorable.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ARAYA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ARAYA (Presidente accidental).- Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados (28 votos favorables) y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ARAYA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CAMPOS (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Señor Presidente, en nombre del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, quiero agradecer a este Honorable Senado el que haya aprobado este proyecto de ley por la unanimidad de sus integrantes, lo que pone en evidencia la forma en que fue tratada la materia al interior de este Congreso.
Del mismo modo, también aprovecho de agradecer el rol que jugó la Honorable Cámara de Diputados en la construcción de esta iniciativa, ya que es el resultado de un esfuerzo conjunto del Gobierno y de ambas ramas del Parlamento. Ello pone en evidencia que cuando somos capaces de unir fuerzas en torno a un objetivo común, normalmente, esos esfuerzos producen resultados muy positivos.
No me voy a referir, por cierto, a los detalles de la iniciativa, pues ya ha sido ampliamente explicada por los señores Senadores.
Eso sí, quiero concluir con dos afirmaciones adicionales a lo que aquí se ha dicho.
En primer lugar, este es el segundo proyecto de ley de los ocho enviados por el Gobierno de la Presidenta Bachelet que apuntan a definir una nueva política y una nueva institucionalidad de menores en Chile. Y espero que en los meses que restan, antes de que concluya la presente Administración y el período del actual Parlamento, podamos encontrarnos en sesiones como estas aprobando alguna más de las iniciativas pendientes, como el proyecto de ley de garantías; el que crea la Defensoría de la Niñez; el que establece la Subsecretaría de la Niñez; el relativo a la nueva ley de adopciones o cualquiera de los dos proyectos que crean los dos nuevos servicios en los cuales se divide el actual SENAME.
Señor Presidente, este es, a mi entender, el modo adecuado de abordar el drama de la infancia vulnerada. Lo demás podrá tener significación comunicacional, espectacularidad, pero no apunta en el sentido correcto. Por eso, vamos a seguir persistiendo en esta línea de trabajo.
En segundo término, quiero recordarles a los señores Senadores que las iniciativas que aquí se aprueban normalmente guardan relación con otros proyectos que Sus Señorías ya han respaldado con anterioridad. Lo menciono porque escuché a un parlamentario señalar: "Más adelante veremos cómo se logra implementar esto por el Poder Judicial". Eso se dijo particularmente cuando se hizo referencia a la gradualidad con que estas entrevistas videograbadas entran en vigencia.
Simplemente, les recuerdo a los señores Senadores que esa es una materia que ya resolvieron. Eso es ley de la república y corresponde a la normativa que creó los 110 nuevos cargos de jueces en nuestro país, que contempla el presupuesto necesario para llevar a cabo estas entrevistas videograbadas, contratar el personal y adquirir el material necesario.
Señor Presidente, reitero mis agradecimientos a este Honorable Senado. Creo que la infancia vulnerada ha tenido de parte de ustedes un reconocimiento serio en cuanto a la preocupación que existe por ese sector. Es así como se construye el país, paso a paso, progresivamente, entendiendo que la evolución es una ley de la naturaleza, que lo que construimos hoy es sobre la base de lo que se ha hecho ayer, puesto que así se hace el mañana.
Gracias, señor Presidente.
El señor ARAYA (Presidente accidental).- Gracias, señor Ministro, por sus palabras.
Como ya se señaló, queda despachado el proyecto.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).