REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 365ª
Sesión 52ª, en martes 10 de octubre de 2017
Ordinaria
(De 16:23 a 18:25)
PRESIDENCIA DE SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
Y GUIDO GIRARDI LAVÍN, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gabriel de la Fuente Acuña, y Secretaria General de Gobierno, señora Paula Narváez Ojeda.
Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario de Salud, señor Jaime Burrows Oyarzún, y su asesora, señora Andrea Martones Reyes.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El acta de la sesión 49ª, ordinaria, en 3 de octubre de 2017, se encuentra en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (boletín Nº 9.369-03).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que comunica su ausencia del territorio nacional para dirigirse a la ciudad de Sao Paulo, República Federativa de Brasil, entre los días 10 y 11 del mes en curso.
Informó que durante su ausencia será subrogada por el Ministro titular de la Cartera del Interior y Seguridad Pública, con el título de Vicepresidente de la República.
--Se toma conocimiento.
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que aprobó el proyecto de ley que incorpora diversas medidas de índole tributaria (boletín N° 11.404-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
De la Excelentísima Corte Suprema:
Emite su parecer, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, sobre el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo (boletín N° 11.422-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el control de constitucionalidad del proyecto de ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (boletín N° 8.938-24).
Remite diversas sentencias dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes normas:
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas de las penas privativas o restrictivas de libertad.
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas de las penas privativas o restrictivas de libertad, y artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798, que establece el control de armas.
--Se manda archivar los documentos.
Adjunta diversas resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas de las penas privativas o restrictivas de libertad.
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas de las penas privativas o restrictivas de libertad, y artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798, que establece el control de armas.
-Artículos 279 y 298 del Código de Procedimiento Civil.
-Artículo 196 ter de la ley Nº 18.290, de Tránsito.
-Artículo 12 de la ley N° 17.322, sobre cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social.
-Artículo 8, numeral 9°, de la ley N° 18.101, sobre arrendamiento de predios urbanos.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Remite respuesta a solicitud, enviada en nombre del Senador señor Matta, para informar sobre las campañas solidarias del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Retiro.
Contesta requerimientos, expresados en nombre del Senador señor García, sobre los siguientes asuntos:
-Estado de proyectos viales de la comuna de Victoria.
-Cronograma de pavimentación del camino Melipeuco-Icalma.
Atiende petición, hecha en nombre del Senador señor Navarro, relativa a la situación sanitaria de las familias del sector El Boro, de Alto Hospicio.
Remite datos sobre la situación del aeródromo Teniente Gallardo, de Puerto Natales: consulta planteada en nombre del Senador señor Bianchi.
De la señora Ministra de Minería:
Da respuesta a petición de información, formulada en nombre del Senador señor Horvath, relativa a accidente en la mina Delia II, de la empresa Fachinal, ubicada en Lago General Carrera (Chile Chico).
Del señor Ministro de Energía:
Anexa antecedentes relativos a la construcción de una carretera eléctrica que afectaría a las comunas de Paillaco, La Unión, Futrono y Lago Ranco: materia consultada en nombre del Senador señor De Urresti.
De la señora Subsecretaria de Hacienda:
Atiende solicitud, efectuada en nombre de la Senadora señora Goic, para analizar la posibilidad de constituir una mesa de trabajo con la Asociación de Funcionarios de Aduanas de Chile, para la elaboración de un proyecto de ley sobre fortalecimiento del Servicio Nacional de Aduanas.
De la señora Subsecretaria de Educación:
Contesta consulta, formulada en nombre del Senador señor Bianchi, acerca del ingreso a tramitación legislativa del proyecto de ley sobre estatuto de los asistentes de la educación.
Responde acuerdo del Senado por el que se solicita adoptar las medidas necesarias para proteger, conservar y financiar un plan de monitoreo de la especie Araucaria araucana (boletín N° S 1.918-12).
Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo:
Envía antecedentes de las organizaciones e iniciativas culturales que han recibido recursos públicos de las intendencias regionales: materia consultada en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura:
Informa en cuanto a solicitud, expedida en nombre del Senador señor Larraín, acerca de la regulación existente para la extracción del recurso jibia.
Responde consulta, formulada en nombre del Senador señor Quinteros, relativa a la conformación de una mesa de trabajo para perfeccionar la aplicación de la ley N° 20.249, que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios.
Consigna antecedentes referentes a la modificación del trato o la categorización del recurso reineta: planteamiento hecho en nombre del Senador señor García.
Del señor Superintendente de Electricidad y Combustibles:
Remite datos acerca de los oficios despachados sobre procedimientos de registro de pacientes electrodependientes: consulta realizada en nombre del Senador señor De Urresti.
Del señor Director del Instituto de Salud Pública de Chile:
Adjunta información sobre aspectos relativos a la efedrina y pseudoefedrina: consulta enviada en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Director Nacional de Gendarmería:
Remite antecedentes sobre requerimiento, expedido en nombre del Senador señor De Urresti, acerca de situación laboral de persona que se individualiza.
Del señor Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana:
Envía información, solicitada en nombre del Senador señor Navarro, acerca del estado de los nuevos permisos de edificación otorgados en las comunas de Estación Central y Santiago durante los últimos cinco años.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De las Comisiones de Educación y Cultura y de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que elimina el aporte fiscal indirecto para las instituciones de educación superior y establece una regulación transitoria para el año 2017 (boletín N° 11.257-04).
Segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo e informe de la Comisión de Hacienda recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano (boletín N° 10.163-14) (con urgencia calificada de "simple").
--Quedan para tabla.
Proyecto de acuerdo
De los Senadores señor Navarro; señoras Muñoz, Pérez San Martín, Van Rysselberghe y Von Baer, y señores Bianchi, Chahuán, García, Guillier, Harboe, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma y Patricio Walker, por medio del cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, se sirva implementar el pago de la asignación de fiscalización y de la asignación especial a los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (boletín N° S 1.950-12).
--Queda para ser votado en su oportunidad.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción del Senador señor Prokurica con la que da inicio a un proyecto de ley que establece un Sistema Nacional de Ciberseguridad.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso cuarto, número 2°, del artículo 65 de la Constitución Política.
Moción de los Senadores señor Guillier y señora Pérez San Martín con la que inician un proyecto de ley que confiere facultad a las municipalidades para regular el funcionamiento de los carros de comida en bienes nacionales de uso público.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso cuarto, número 2°, del artículo 65 de la Constitución Política.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que dio su aprobación, con las excepciones que indica, al proyecto de ley despachado por el Senado que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez (boletín N° 10.584-07) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En reunión celebrada hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Tratar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 11 de octubre, el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (boletín N° 9.369-03), atendida su calificación de "discusión inmediata".
2.-
Realizar la sesión ordinaria de mañana, miércoles 11, desde las 15 hasta las 20, suspendiendo la hora de Incidentes.
3.-
Celebrar las sesiones ordinarias de los días miércoles 18 y 25 de octubre y miércoles 8 de noviembre desde las 10 hasta las 14.
4.-
Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta las 12 de mañana, miércoles 11, al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (boletín Nº 11.101-09), en la Secretaría de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Nada más, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, la Mesa acaba de declarar inadmisible el proyecto de ley, de mi autoría, que establece la creación de un Sistema Nacional de Ciberseguridad.
Le solicito que recabe el acuerdo de la Sala para que se oficie en nombre del Senado a Su Excelencia la Presidenta de la República al objeto de que, dada la importancia de la materia, patrocine dicha iniciativa, que aborda un problema a cuyo respecto no estamos haciendo lo que debiéramos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Les parece a Sus Señorías remitir el oficio solicitado por el Honorable señor Prokurica?
Acordado.
)----------(
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Saludo a los cuartos medios del Colegio Siglo XXI, de La Florida, que nos acompañan esta tarde.
¡Bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
)----------(
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Solicito autorización para que ingresen a la Sala el Subsecretario de Salud Pública, don Jaime Burrows, y su asesora, señora Andrea Martones.
Acordado.
El señor COLOMA.-
Pedimos que también entren nuestros asesores, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Le parece a la Sala?
Acordado.
REGULACIÓN DE MEDICAMENTOS BIOEQUIVALENTES GENÉRICOS E IMPEDIMENTO DE INTEGRACIÓN VERTICAL DE LABORATORIOS Y FARMACIAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde reanudar la discusión particular del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, con segundo informe y nuevo segundo informe de la Comisión de Salud, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.914-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Girardi, señora Goic y señores Ossandón, Rossi y Zaldívar):
En primer trámite: sesión 96ª, en 10 de marzo de 2015 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Salud: sesión 9ª, en 14 de abril de 2015.
Salud (segundo): sesión 80ª, en 11 de enero de 2017.
Salud (nuevo segundo informe): sesión 32ª, en 18 de julio de 2017.
Discusión:
Sesiones 10ª, en 15 de abril de 2015 (queda para segunda discusión); 68ª, en 10 de noviembre de 2015 (se aprueba en general); 88ª, en 8 de marzo de 2017 (el proyecto vuelve a la Comisión de Salud); 49ª, en 3 de octubre de 2017 (queda para segunda discusión en particular).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Cabe recordar que la Comisión de Salud efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, algunas de las cuales fueron aprobadas por unanimidad, mientras otras solo lo fueron por mayoría de votos.
Las enmiendas unánimes deben votarse sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas.
Como se expresó al iniciarse la discusión particular de esta iniciativa, entre las enmiendas aprobadas por mayoría se encuentran los números 23 y 24 del artículo 1°, que introducen al Código Sanitario un artículo 129 G y un artículo 129 H, respectivamente. Esas normas son de quorum calificado, por lo que para su aprobación se requieren 19 votos favorables. Las modificaciones pertinentes se pondrán en discusión y votación en su oportunidad.
Ahora bien, se han solicitado numerosas votaciones separadas, la mayor parte de las cuales coincide con modificaciones aprobadas solo por mayoría en la Comisión de Salud.
De consiguiente, primero habría que votar sin debate las enmiendas unánimes, salvo aquellas en que se pidió votación separada.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Habría acuerdo para aprobar las modificaciones unánimes que no fueron objeto de solicitud de votación separada?
Aprobadas.
)----------(
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, le solicito -por un olvido no lo hice antes- recabar el acuerdo necesario para que el conocido como "proyecto de Ley Valech", que está en el tercer lugar de la tabla de esta sesión, pase a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia antes de ser votado en la Sala.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Les parece a Sus Señorías?
Acordado.
)----------(
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Continuamos con el proyecto atinente a los laboratorios y las farmacias.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Les ruego a Sus Señorías dirigirse a las páginas 6 y 7 del boletín comparado.
Aquí se aprobó por mayoría la eliminación del inciso tercero del artículo 96 del Código Sanitario.
Dicho inciso, que figura en la primera columna del comparado, comienza con la expresión "Contra las actuaciones" (página 6) y termina con las palabras "de la respectiva resolución." (página 7).
En cuanto a esa norma, que (repito) fue aprobada por mayoría en la Comisión, se pidió votación separada.
)----------(
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Saludo a los alumnos de enseñanza media del Colegio Saint Mary Joseph School, de Macul, que nos visitan esta tarde.
¡Bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
)----------(
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En discusión la enmienda de que dio cuenta el señor Secretario.
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, quisiera hacer una presentación muy breve en torno a lo que estamos discutiendo, porque este proyecto es bastante complejo y es quizás uno de los más importantes desde el punto de vista de la salud.
¿Qué ocurre hoy día?
Chile es uno de los países del planeta con mayor gasto de bolsillo en medicamentos: aquí los remedios son de los más caros.
Me tocó la suerte de estar en el exterior, y pude ver, por ejemplo, la situación del Ezetrol, medicamento que acá vale treinta mil pesos y afuera mil quinientos.
A continuación presentaré un estudio del SERNAC que acaba de salir. Me parece muy importante que sea conocido por Sus Señorías.
En Chile puede haber una diferencia de hasta 3 mil por ciento entre un medicamento bioequivalente genérico y uno de marca.
¡Se trata de una situación escandalosa!
Aquello significa que con lo que se paga por un medicamento de marca se pueden comprar hasta treinta del bioequivalente genérico, que tiene la misma eficacia terapéutica.
Al respecto, el estudio hecho por el SERNAC es muy claro. Y, por cierto, plantea el problema mayor: el de los canales de distribución y la integración de los laboratorios y las farmacias.
Repito: por el precio de un medicamento de marca se pueden comprar hasta treinta cajas del bioequivalente genérico, cuyas características son iguales.
Hay algunos modelos que hizo SERNAC que me parecen muy significativos.
Aquí, por ejemplo, tenemos la situación del Cozaar, cuyo principio activo se llama "losartán".
El medicamento original vale 32 mil pesos. Y hay uno igual, con la misma eficacia terapéutica, que cuesta 2.399 pesos. Pero a este último solo le cambian el envase -porque es la misma pastilla, de la misma línea de producción- y ¡lo venden en 13.900 pesos...!
Es decir, al comprador, en vez de otorgarle la posibilidad de adquirir el medicamento que vale 2.399 pesos, se lo obliga a comprar el de 14 mil o el de 32 mil.
Acaban de ser sancionadas siete farmacias que les pagaban "canela" a los vendedores por expender el medicamento caro: en el caso que cité, el genérico con distinto envase, cuyo precio se eleva de 2.390 a 14 mil pesos, o bien, el original, que vale 32 mil. Pero no venden el remedio alternativo, que es bioequivalente genérico -o sea, tiene las mismas propiedades terapéuticas- y cuyo precio alcanza a 2.399 pesos.
Después tenemos el omeprazol, que es consumido por muchas personas.
Aquí ocurre algo similar.
El omeprazol Losec cuesta 36 mil 700 pesos. Pero, casualmente, un genérico bioequivalente y con el efecto garantizado vale mil 199. A este último le cambian el envase y lo venden a 12 mil 399 como Zomepral.
Entonces, ¿cuál es el incentivo para la farmacia? ¿Expender el de mil 199 pesos o el de 12 mil 399, que es exactamente el mismo?
El público podría comprar el producto de mil 199 pesos, pero nunca se lo proporcionan, porque no está disponible, porque lo esconden o porque al vendedor le pagaron, en cierta manera, para que ofrezca ya sea el de 36 mil 700 o el de 12 mil 399, que es exactamente igual al de mil 199.
El último caso que quiero exponer -el SERNAC contempló los medicamentos tal vez de uso más frecuente- es el de la atorvastatina.
Gran parte de los mayores de 50 años recurren a ella por el colesterol alto.
La atorvastatina Lipitor vale 54 mil 290 pesos. Pero una genérica bioequivalente cuesta dos mil 800. A esta última le cambian el envase -se trata de la misma pastilla, de la misma línea de producción y del mismo laboratorio- y cobran 18 mil o 19 mil.
Evidentemente, a las personas no les venden la de dos mil 800, sino la de 18 mil o la de 52 mil, y niegan la posibilidad de comprarla.
Por lo tanto, la ley en proyecto se dirige precisamente a hacer obligatorio el genérico. Los laboratorios tienen que registrar uno. Deben encontrarse obligatoriamente en los puntos de venta.
Será preciso mostrar la lista de precios de todos los medicamentos.
Cuando los laboratorios no quieran registrar un fármaco, deberá existir la posibilidad de que CENABAST lo haga y venda a farmacias más pequeñas.
Como las clínicas privadas cobran lo que quieren por los remedios, se impone el sistema de que la persona pueda comprarlos y llevarlos al ingresar para no ser objeto de abusos. El precio de ellos se recarga hasta en cinco mil por ciento cuando está internada.
Además, el proyecto innova en los artefactos e implementos de uso médico, como sondas o materiales cuya regulación es fundamental, y presenta un conjunto de innovaciones que nos parecen muy significativas. Es tal vez uno de los que exhibirán un mayor alcance social.
Un periódico expone hoy día que alguna gente no tiene para comer por gastar su dinero en medicamentos. Cualquier adulto mayor desembolsa entre 50 mil y 100 mil pesos en remedios mensuales, una parte muy importante de su pensión. Ello obedece a que en Chile se paga más de un mil por ciento de sobreprecio, muchas veces, por fármacos que cuentan con una alternativa de calidad, pero que las farmacias no pueden vender por su integración con laboratorios.
El proyecto fue complejo. Inicialmente habíamos eliminado la integración vertical y las marcas propias, pero, producto de un acuerdo con el Ejecutivo, estuvimos dispuestos a flexibilizar en pos de viabilizar la iniciativa. Por lo tanto, la primera se mantendrá, lamentablemente. Hasta el propio expresidente del Colegio Médico, jefe de una de las campañas de Derecha, dice que es preciso terminar con ella.
Y se mantendrán las marcas propias, pero de una manera decente, no con el abuso actual, que estimo uno de los más brutales. El medicamento no es un bien privado: tiene que revestir el carácter de bien público, del cual dependen la salud y la vida. Cuando no se accede a su contenido, las personas pueden agravarse o incluso morir.
Gracias.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Le advierto al público que no es posible hacer manifestaciones. Pido orden para poder escuchar el debate.
Puede intervenir la Honorable señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Señor Presidente, al igual que el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, deseo hacer un planteamiento general, probablemente más sintético.
Creo que nadie puede desconocer que el gasto promedio en que una familia incurre por concepto de medicamentos es bastante elevado. Los motivos son dos: su costo es alto y en nuestro país no existe, lamentablemente, un subsidio para poder adquirirlos, a menos que una persona, por motivación propia, cuente con algún tipo de seguro para cubrir el ítem.
Ahora, ¿qué se intentó en la Ley de Fármacos I? El propósito fue justamente hacer accesibles los genéricos con denominación común internacional que fueran bioequivalentes.
Sin embargo, ese cuerpo legal no produjo un efecto de abaratamiento por distintas razones que no viene al caso tocar. Por el contrario, hubo remedios de bajo precio que posteriormente se discontinuaron.
¿Qué pretendemos hoy día con el proyecto? Que disminuya el gasto en farmacia por familia.
¿Y de qué manera? Por la vía de que se encuentren disponibles el medicamento original, el genérico de marca y también el de denominación común internacional, pero todos con bioequivalencia, a fin de que la persona, más allá del producto por el cual opte comprar, pueda abrigar la certeza de obtener un efecto terapéutico adecuado.
Gran parte del debate versó en eso.
Repito que el objetivo último es entregarles a los pacientes la posibilidad de elegir entre los distintos fármacos existentes en todas partes en el mundo: el original, el genérico de marca y asimismo el de denominación común internacional, pero con efecto terapéutico acreditado.
Así se generaría, sin duda, la posibilidad de que las personas accedieran a medicamentos de muy bajo costo. Porque, tal como dijo el Honorable señor Girardi, se registran diferencias importantes entre los productos originales y aquellos con denominación común internacional.
Este fue el tono en que se dio la discusión.
Esperamos que el proyecto, a diferencia de lo que ocurrió con la Ley de Fármacos I, que estaba bien inspirada pero cuyos efectos no se verificaron tal como se supuso, pueda finalmente acarrear una disminución en el gasto en que incurren las familias por concepto de medicamentos.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Hago presente que es preciso pronunciarse en particular, sin perjuicio de que las dos exposiciones realizadas seguramente ayudan a entender mejor el articulado. Pido referirse a los asuntos concretos que estamos resolviendo.
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, la normativa que nos ocupa ofrece algunos beneficios interesantes y prácticos. Por ejemplo, hoy día, cuando una persona va a comprar un remedio, tiene que preguntar, regularmente, por la marca propia, por un nombre de fantasía, sin saber que existen otros productos, probablemente con iguales componentes, e incluso algunos bioequivalentes, con otro nombre de fantasía.
Lo que el proyecto determinará es que en la caja se especifiquen de manera destacada el componente; la marca propia, en un espacio más reducido, y el gramaje. Ello permitirá identificar las diferentes alternativas si se quiere comprar omeprazol, por ejemplo, y no como hoy día, en que existe un conjunto de nombres de fantasía cuyos componentes se ignora.
Pero quiero destacar que la moción era mucho más ambiciosa. Originalmente, se buscaba prohibir la integración vertical; fomentar el mercado de medicamentos genéricos bioequivalentes; exigir una concesión de servicio público para la instalación y funcionamiento de farmacias o de almacenes farmacéuticos, y modificar los alcances del llamado "sumario sanitario". Lamento profundamente que el primer propósito se haya dejado de lado.
Cabe consignar que las tres principales cadenas: Cruz Verde, Salcobrand y Farmacias Ahumada, representan alrededor del noventa por ciento de la participación de mercado en ventas. Cruz Verde y Medical International Laboratories Corporation son filiales de la misma compañía. Sofocar Sociedad Anónima Salcobrand, en tanto, está integrada con Productos Farmacéuticos Medipharm Limitada y Farmacéutica Medcell Limitada, ambas filiales de Empresas Yarur Sociedad Anónima Comercial. Por último, Farmacias Ahumada Sociedad Anónima posee el cien por ciento de laboratorios Laboratorios FASA Sociedad Anónima y Compañía de Nutrición General Sociedad Anónima (GNC). ¿Qué quiero decir con ello? Que las cadenas se hallan integradas en Chile con laboratorios.
De hecho, la propia Fiscalía Nacional Económica expresa en un informe que "se han constatado potenciales distorsiones competitivas en el segmento de distribución de medicamentos, realizado únicamente a través de farmacias, producto de la explotación de las asimetrías de información en relación a los consumidores, su alta concentración y la integración vertical existente -vía propiedad o a través de contratos para la elaboración de marcas propias- entre las cadenas de farmacias, distribuidores mayoristas y laboratorios".
Por desgracia, se perdió la oportunidad de haber terminado con la integración vertical, que genera una distorsión de precios, conforme a los dichos de la Fiscalía. Lamento que el Gobierno no haya accedido a eso.
En seguida, deseo plantear la inconveniencia de las marcas propias. Es legítimo que un laboratorio las posea, pero, al tener lugar la integración vertical con una farmacia, el hecho de que sea dueño del establecimiento y de que el empleado reciba un incentivo económico por vender un producto y no otro genera una distorsión, ya que el consumidor que necesita un remedio no anda de paseo comprando ropa, sino un producto que requiere para su salud, y muchas veces es condicionado por la intermediación del vendedor.
Es cierto que se ha intentado regular la situación, pero existe un problema hasta el día de hoy. De hecho, el efecto también se registra en las cadenas de supermercados. Cuando se trata de una marca propia, se adicionan costos que encarecen los medicamentos, lo que obviamente es una forma de afectar la competencia.
Insisto en que el proyecto provocará un efecto significativo en la forma como es posible comprar el fármaco, pero se pierde la oportunidad. Y no quiero dejar pasar la ocasión de expresar que la moción originalmente contemplaba la prohibición de marcas propias y de la integración vertical. Se ha dejado pasar una tremenda posibilidad de dar un paso más importante.
Cuando se observa, tal como lo hizo presente el Honorable señor Girardi, que los medicamentos cuestan hasta un dos mil por ciento menos en otros países, cabe reflexionar en si acaso el mercado funciona o se halla cooptado por laboratorios y farmacias.
Probablemente no vamos a poder realizar la discusión hoy día, producto de la omisión en el articulado, pero quizás más temprano que tarde tendremos que pensar en un mercado regulado de medicamentos, para que nunca más tengamos que ir a comprarlos fuera del país.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Hay acuerdo para abrir la votación?
Se tocarán los timbres para que los Senadores que se encuentran en Subcomisiones vengan a votar.
Acordado.
Antes del pronunciamiento acerca de la recomendación de la Comisión, tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor BURROWS (Subsecretario de Salud Pública).-
Señor Presidente, lo saludo a usted y, por su intermedio, a las señoras Senadoras y los señores Senadores.
En verdad, iba a hacer una breve introducción, muy general, en cuanto a la importancia del asunto, pero hay un acuerdo transversal sobre el particular, por lo visto.
Solo deseo reafirmar que se ha mencionado uno de los aspectos más sentidos por la comunidad. Una solución nacida con las propias representantes más locales, como las farmacias comunitarias, exitosas y en expansión a través del país, de alguna manera demuestra la necesidad de buscar soluciones más sistémicas al problema del acceso a los medicamentos.
Respecto del punto en debate, quería expresar que el artículo 96 guarda relación con el siguiente, acogido por la unanimidad de los miembros del órgano técnico. Ello dice relación con la facultad interpretativa del Instituto de Salud Pública, ya que, al haberle sido asignada, lo concordante es que no corresponda que pase al Ministerio un recurso frente a algunas de las decisiones o a los sumarios que se instruyan.
Dejo planteado el punto.
La aprobación del texto se vincula más bien a la concordancia con el resto de lo ya aprobado por la unanimidad de la Comisión y ratificado por el Senado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El Ejecutivo es partidario de la supresión, entonces.
En votación la proposición de eliminar el inciso tercero del artículo 96.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Puede intervenir el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, esta parte parece kafkiana, porque las intervenciones hasta ahora son propias de la discusión general del proyecto, no de la supresión expuesta.
Por supuesto que compartimos la necesidad de avanzar en una política de genéricos, para hacer más asequible el precio de los medicamentos. Para ello hemos legislado tanto en la Ley de Fármacos I como en múltiples normas contempladas en la Ley de Fármacos II, incluidas las relativas a terminar con el IVA para los efectos de la adquisición, por ejemplo, de algunos tejidos que permitirían generar trasplantes. Estamos todos de acuerdo al respecto.
Lo que estamos votando ahora, en la discusión particular, atañe al principio de reclamación de los actos administrativos.
El inciso tercero del artículo 96 expresa:
"Contra las actuaciones y resoluciones que adopte el Director del Instituto en el ejercicio de sus funciones en relación con las materias a que se refiere este Código, con excepción de las sentencias recaídas en los sumarios sanitarios de su competencia, podrá interponerse recurso de reclamación ante el Ministro de Salud, dentro del plazo de cinco días contado desde la fecha de notificación de la respectiva resolución".
A nuestro juicio, la eliminación de la norma atentaría contra el principio mencionado.
¿Qué ha manifestado el Ministerio? Que se podría originar una acumulación excesiva de recursos.
Nosotros sostenemos que el concepto debe mantenerse, y, por eso, vamos a votar en contra de la supresión, para los efectos de establecer un debido proceso.
Me pronuncio en contra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, se han dado varios ejemplos de por qué es tan importante regular el mercado farmacéutico.
Pero quisiera agregar que, en general, en el ámbito de la salud se registra una tremenda asimetría de información. La hay respecto de los prestadores, del precio y de los efectos de los medicamentos, y de los seguros.
De hecho, todavía existen miles de planes en las isapres, por citar un caso. Por lo tanto, para el afiliado es muy difícil obtener todos los antecedentes y ponderarlos adecuadamente a fin de poder tomar una decisión correcta desde el punto de vista sanitario.
Por lo mismo, tanto a nivel de los prestadores como de los seguros, al igual que de los fármacos, área muy relevante, en todos los países existen regulaciones y control justamente para evitar eventuales abusos.
En el caso de los medicamentos, en particular, hay una tremenda confusión, determinante de que para el paciente no sea fácil la tarea de seleccionarlos de manera adecuada.
Por eso es que resultaba tan importante terminar con las marcas propias, entre otras razones. No es razonable que un laboratorio produzca dos moléculas exactamente iguales y simplemente cambie el rótulo para que tenga lugar una diferencia de precio de mil, mil 500 o dos mil por ciento.
Aquí se han puesto bastantes ejemplos. Solo cabe resaltar uno muy claro. Como lo explicó el Honorable señor Girardi, se usa mucho la atorvastatina, que es el medicamento genérico. El valor de un genérico con bioequivalencia es de cerca de dos mil pesos, versus el de marca, que cuesta 13 mil, en circunstancias de que es exactamente el mismo y es producido por el mismo laboratorio. Ello no resulta razonable.
En este mercado asimétrico, el paciente, con la confusión propia de la diferencia en el manejo de la información, tiene que optar.
Además, se encuentra el medicamento innovador, patentado por el inventor. En la mayoría de los países existen el genérico y el de marca, pero no las marcas propias. Tratándose del patentado, del innovador, es como hablar de la aspirina: Bayer la descubrió y la patentó. Después, todo el resto son copias sin nombre propio.
Por lo tanto, no hay confusión. Existen dos alternativas de medicamentos; no se introducen las marcas propias.
Ahora, ello es particularmente importante si mantenemos la integración vertical, porque es bastante discutible que esta en todas las áreas de la economía siempre tenga un efecto negativo para el usuario.
Uno podría plantear, como sucede en muchos trabajos, que en el ámbito de los prestadores y de los seguros la integración vertical sirve para contener los costos.
Pero en las clínicas privadas más grandes, las que más ganan, no hay integración vertical, como en las clínicas Alemana y Las Condes. Son grandes prestadores que fijan grandes precios. Y hay personas que son insensibles al precio; por tanto, están dispuestas a pagar. De lo contrario, tales instituciones no existirían.
En el rubro de los medicamentos, parcialmente se ha visto que no es algo virtuoso tener integración vertical. Por eso es tan importante terminar con ella o eliminar las marcas propias. Así se permite el desarrollo de la política nacional de genéricos, lo que ahorraría bastante al gasto de bolsillo existente hoy día.
Señor Presidente, en los últimos segundos, quiero agregar que el problema del gasto del bolsillo tiene que ver no solo con los precios o la estructura del mercado, sino también con el hecho de que en muchos países los seguros de salud -FONASA, en el caso chileno- ofrecen buena cobertura en el ámbito de los medicamentos, lo que en nuestro país prácticamente no existe en...
Pido un minuto más para terminar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Lo tiene, Su Señoría.
El señor ROSSI.-
En el ámbito privado prácticamente no existe cobertura de los seguros de salud en las farmacias. Están cubiertos los medicamentos cuando el paciente está hospitalizado, y se cobran al precio que fija la clínica.
Lo mismo, en relación con FONASA, que muchas veces -este es un problema que se vive hoy en la mayoría de los centros de salud- prescribe medicamentos que no cuentan con stock. Al final del día, el paciente debe ejecutar la receta de esos medicamentos no en la farmacia del hospital, sino en una de las tres grandes cadenas farmacéuticas, que controlan el 90 a 95 por ciento del mercado, ¡y sin ningún tipo de cobertura!
Entonces, también es importante abordar, en el ámbito sanitario referido a los medicamentos, la cobertura que ofrecen los seguros a sus afiliados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.-
Señor Presidente, solo quiero aclarar que parte importante del objetivo de esta iniciativa es que con el tiempo los genéricos ojalá sean todos bioequivalentes. Si no lo son, al final esto se transforma en un engaño.
Lo otro: deseo preguntarle -por su intermedio- al señor Subsecretario cuál es la modalidad de apelación que se contempla ante una resolución como la que nos ocupa. ¿Es la justicia? Consulto, porque aparece como que no existiera ninguna herramienta de apelación.
Me gustaría saber si es así. Me extrañaría mucho que se haya planteado un proyecto sin una norma en tal sentido.
A lo mejor puede ser la misma justicia. Todo depende de la capacidad técnica de quien decida. Estamos hablando de denominaciones que son no solo un nombre, sino componentes químicos, y también de la forma en que opera -no sé cómo se dice técnicamente- en el cuerpo de la persona que lo usa.
A mí me pasó con el ingrediente activo del Lipitor, remedio que compré en una cadena famosa. Lo tomé durante seis meses; me hice el chequeo, y el resultado salió malísimo. El doctor me dijo: "Usted lleva seis meses ingiriendo un medicamento que no es bioequivalente; por lo tanto, tiene un efecto completamente distinto". Es superimportante saber eso, porque no sacamos nada con adquirir un ingrediente activo si no es bioequivalente.
¿Cómo el Gobierno piensa asegurar que la bioequivalencia sea darle al paciente lo que realmente necesita y no lo más barato?
¿Y cómo operaría la forma de reclamación? Si no es una vía administrativa, ¿qué fórmula se propone?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor COLOMA.-
¡Señor Presidente, estamos en votación!
El señor BURROWS (Subsecretario de Salud Pública).-
Señor Presidente, voy a hablar respecto de la bioequivalencia para desmitificar un poco lo que se ha discutido.
El señor COLOMA.-
¡Pero eso nada tiene que ver con lo que estamos votando!
El señor BURROWS (Subsecretario de Salud Pública).-
Perdón, solamente quiero aclarar la consulta que hizo un señor Senador.
La eliminación de las referencias a la bioequivalencia guarda relación no con el ánimo de velar por que los medicamentos sean intercambiables y que ello sea comprobable, sino con el hecho de que se trata de un término técnico solo aplicable a algunos tipos de medicamentos.
Por lo tanto, haber incorporado dicho concepto en el proyecto de ley limitaba la intercambiabilidad respecto de medicamentos a los que no se les realiza bioequivalencia, como los inhaladores o los remedios inyectables.
Señor Presidente, si usted lo tiene a bien, podría darle la palabra a la abogada del Ministerio para que explique el otro punto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No es posible, señor Ministro.
El señor BURROWS (Subsecretario de Salud Pública).-
Entiendo.
Respecto del tema de las reclamaciones, hago presente que hoy en día los sumarios que aplica el Instituto de Salud Pública suelen terminar en el recurso jerárquico del Ministerio. Sin embargo, como no tenemos equipos dedicados a eso, la práctica habitual es que repliquemos lo mismo que sancionó el ISP.
Al eliminar el inciso que nos ocupa -y en concordancia con el artículo 97, que es el siguiente-, se está reconociendo la capacidad interpretativa del referido Instituto, manteniendo las reclamaciones en esa instancia, sin perjuicio de que siempre los laboratorios o quienes sean sancionados podrán recurrir a los tribunales de justicia, de acuerdo al artículo 171 del Código Sanitario.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tenía razón el Senador Coloma cuando me reclamó que estábamos en votación. Por lo tanto, no puedo dar la palabra a ninguna persona, salvo a los Senadores inscritos para fundar el voto.
Tiene la palabra la Honorable señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Señor Presidente, el numeral en análisis plantea la eliminación del derecho de reclamación.
La verdad es que estoy en desacuerdo con lo que señaló el Subsecretario. Si fuese verdad lo que indicó, el titular de la Cartera ¡no debiera ser Ministro! Me llama la atención que se diga que el Ministro de Salud no cuenta con las competencias técnicas para evaluar una situación de esa naturaleza.Me imagino que él y sus asesores podrán ponderar adecuadamente la reclamación que haga un particular.
Suprimir el derecho de reclamación es eliminar un derecho ya establecido. Para asegurar un debido proceso, no corresponde establecer una única autoridad. Esta, como dice expresamente el artículo, es el Director del Instituto de Salud Pública, quien, de acuerdo con lo que planteó el Subsecretario, tiene capacidades interpretativas y competencias para sancionar. Pero no existe ninguna instancia de apelación administrativa.
En verdad, a mí me parece bien entregarle facultades al ISP, pero deben existir vías de reclamación, porque el Estado no es absoluto ni infalible; el Estado puede equivocarse. Debiera haber una instancia administrativa que asegure esa otra mirada o que certifique que está bien tomada la decisión del Director.
Radicar en una autoridad las facultades interpretativa y sancionatoria y no establecer ninguna modalidad para reclamar por parte de un tercero, ¡de cualquier ciudadano!, lo que debiera estar establecido para garantizar un debido proceso, me parece que no corresponde.
Por esa razón, nosotros estamos en contra de que se quite la atribución de cualquier ciudadano para poder reclamar ante el superior jerárquico de quien generó la sanción.
Esto no afecta, en absoluto, la esencia del proyecto. Por el contrario, mantiene equilibrados los derechos de los ciudadanos versus los derechos del Estado.
Está bien que haya un Estado competente, eficiente; pero no puede ser omnipotente, con autoridades que ejerzan poderes más allá de lo razonable y sin que se pueda reclamar a ningún ente administrativo.
En verdad, creo que eso es un despropósito.
Por tal razón, votaremos en contra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, deseo plantear varias cosas específicas respecto de este punto.
Primero, el Instituto de Salud Pública es una instancia nacional y el órgano competente en este ámbito. O sea, no hay nadie más en el aparato del Estado que cuente con competencias técnicas respecto de esta materia. ¡Es evidente! No conozco a nadie en el Ministerio de Salud que pueda suplantar el rol del ISP, que además cuenta con un reconocimiento internacional.
Por lo tanto, el único que puede calificar técnicamente los productos farmacéuticos es el referido Instituto.
Eso es lo primero.
Segundo, no es cierto que no se pueda reclamar. El artículo 171 del Código Sanitario permite justamente a quien considere que recibió una sanción inadecuada reclamar ante los tribunales de justicia. Por consiguiente, existe el derecho a reclamación.
Tercero -y esto es muy importante-, en Chile, aunque ustedes no lo crean, los laboratorios y las farmacias no pagan las multas. De hecho, con la Senadora Goic tuvimos que recurrir a los tribunales para obligarlos a ello. Es decir, abusan de la gente al venderle medicamentos carísimos ¡y no pagan las multas!
¡Es imposible que las paguen porque la ley les permite judicializar todo!
En definitiva, estamos en presencia de las instituciones del abuso: les venden medicamentos carísimos a las personas y, adicionalmente, no cancelan las multas.
¡Ese es el paraíso de los abusadores!
Ahora bien, eso no tiene que ver con el punto en análisis, que lo único que hace es generar concordancia, considerando que después se aprobó unánimemente una norma que indica que será el Instituto de Salud Pública el ente encargado de establecer los criterios vinculados con los aspectos técnicos que regulan los medicamentos, como los temas más complejos relacionados con la bioequivalencia. Si la hay, se ocupará de ver si esta es adecuada o no.
Por lo tanto, me parece que está perfectamente ordenado el asunto, señor Presidente.
Y lo más grave es que en Chile estos abusadores, que son contumaces, no cumplen la ley.
Por ejemplo, la norma legal los obliga a tener lista de precios disponible al público. Vayan a cualquier farmacia de cadena y se van a dar cuenta de que, a pesar de dicha obligación, ¡no existe tal lista de precios!
¡No les permiten a las personas saber que hay medicamentos genéricos! ¡Y no se los venden!
¡No cumplen con el petitorio contemplado en la ley!
Y, además, cuando tales farmacias son sancionadas -como dije-, ¡no pagan las multas!
Por eso es muy importante lo que hizo el ISP hace unos días: ante el no pago de multas y tratándose de reincidentes permanentes, les quitó la autorización sanitaria para funcionar a siete farmacias de cadena.
Lamentablemente, esa es la única manera de sancionar a esos abusadores profesionales, a aquellos que se integraron verticalmente, a esos que no tuvieron ningún problema en subirles hasta un mil por ciento los medicamentos a las personas más pobres de este país: inhaladores que valían mil 200 pesos los vendieron a 12 mil; antibióticos que costaban 2 mil pesos los elevaron a 8 mil; una receta que no debía salir más de 5 mil pesos para un niño con bronquitis obstructiva en invierno terminó costando 15 a 20 mil pesos.
¡Eso es lo que esta futura ley quiere regular!
Quiero recordar lo que ocurrió con el Laboratorio Bestpharma, de un expersonaje llamado "Chinchón": cuando le fueron a evaluar sus medicamentos, se descubrió que no tenían compuestos activos. Por ejemplo, el tamoxifeno, que se usa para combatir el cáncer de mama, ¡no tenía tamoxifeno! Traía cualquier producto. ¿Y saben qué pasó? ¡Se cerró el laboratorio! ¡Y estuvo bien que se haya cerrado!
Por eso, concuerdo con lo que han dicho algunos Senadores acá: debemos garantizar la eficacia terapéutica y la bioequivalencia.
Este proyecto se sustenta justamente en que los genéricos, como se ha dicho en esta Sala, sean bioequivalentes para que resulten baratos. La idea es que haya medicamentos alternativos que, en vez de costar 14 mil o 50 mil pesos, se compren a mil 200 pesos, pero que cumplan con su rol terapéutico.
Por eso es tan importante este proyecto, señor Presidente.
Ahora, con respecto a la eliminación del inciso en cuestión, votar como lo hizo mayoritariamente la Comisión no impide que se pueda reclamar ante los tribunales. Lo único que se busca es establecer una concordancia con el artículo siguiente para permitir que haya una institución técnica que conoce del problema y cuenta con decenas de especialistas en esta materia -los temas son muy complejos- que pueden opinar.
Que en el Ministerio de Salud haya una o dos personas encargadas de lo relativo a los medicamentos sería mucho.
Pienso que no está ahí la competencia.
Se trata de un asunto de realismo, de realidad.
Dejar esto en manos del Ministerio de Salud es dejarlo en tierra de nadie. ¡Ahí nadie tiene opinión, ni técnica ni ninguna otra! Dicha Cartera regula políticas generales, no aspectos técnicos vinculados con la complejidad que presentan hoy día los medicamentos biológicos y la medicación química.
En consecuencia, me parece totalmente acertada la supresión del inciso tercero del artículo 96.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, lo único que tengo claro es que la norma que nos ocupa no dice relación alguna con eficacia terapéutica ni con equivalencia. De repente, uno se va por las ramas en una discusión que puede ser apasionante en el momento adecuado.
Aquí estamos hablando de una cosa distinta: de eliminar un inciso del artículo 96; específicamente, de si las resoluciones del ISP deben contar o no con un recurso administrativo ante el Ministerio de Salud, como ocurre ahora.
Esa es la discusión.
No hay ni buenos ni malos, como se insinúa en otros temas. Se trata de un aspecto relacionado con el debido proceso.
Desde mi perspectiva, es sano -y lo dice la ley Nº 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado- que de las resoluciones de este tipo de entidades se pueda recurrir ante el organismo administrativo superior.
¡Así es!
Entonces, me parece que suprimir el inciso tercero del artículo 96 -o sea, eliminar el recurso administrativo; no solo aquí, sino en cualquier institución- es un error, porque se afecta lo que para mí resulta esencial en cualquier organismo público: el debido proceso.
¡No tener dicho recurso afecta el debido proceso!
Ahora, el Subsecretario, a quien le agradezco su honestidad, dijo que aquí había un problema práctico: que en el fondo existe un tema personal; que no se tienen los conocimientos o las capacidades o los números necesarios para poder hacer un análisis pertinente.
Pero ese es un problema distinto.
En todo caso, hago presente que cada cuatro pesos que gasta el Ministerio de Salud, uno es para personas. Entonces, me pregunto cómo es posible que un organismo no pueda ejercer su rol de tuición sobre los entes dependientes. Me cuesta pensar que no exista esa capacidad. Hay un reconocimiento al respecto, pero yo trataría de que se tuviera tal capacidad. No terminaría con el recurso. Es como vender el sillón de don Otto.
Se debería procurar aquello, considerando que, en virtud de esta futura ley, el Instituto de Salud Pública será más poderoso de lo que era antes. En esto estamos todos de acuerdo: dispondrá de muchas más facultades y tendrá lógica interpretativa y capacidad sancionatoria. Entonces, si será más poderoso, debe tener un correlato dentro del Ministerio de Salud para poder recurrir administrativamente.
Pareciera que la solución es judicializar todo. No creo que esa sea la fórmula. A mí me parece más razonable lo que señalé.
Insisto: la norma en análisis no afecta en nada la equivalencia ni la eficacia terapéutica. El problema es cómo debe funcionar un Estado, cómo deben funcionar los particulares, cómo deben funcionar los sistemas.
Esa es la discusión que se nos presenta ahora.
El texto legal actual establece dicho recurso administrativo. Estimo que es una mala idea decir: "¿Sabe qué más? Vamos a eliminar el recurso". Eso debilita el trabajo administrativo y la seriedad que debe tener todo proceso en materias que sabemos que son muy relevantes.
Por eso, señor Presidente, considero un error suprimir algo que ha existido.
Tampoco me parece una buena argumentación -es honesta, pero no es válida en sí misma- señalar que no hay una capacidad técnica. Debería procurarse que el Ministerio sí tuviera tal competencia, para resolver los recursos que se presenten.
Señor Presidente, ¿sabe qué pregunta me surge? ¿Qué pasa con los actuales recursos? Porque hoy día existen, y si existen, en la práctica no están funcionando. Esto lo encuentro más serio, desde el punto de vista de la racionalidad, y me inquieta bastante más que cualquier otro aspecto que se plantee en esta materia.
En resumen, señor Presidente, creo en el debido proceso y en que la norma en cuestión en nada afecta el tema de fondo.
Además, pienso que es bueno que el Ministerio de Salud pueda resolver los reclamos que se interponen contra el poderoso Instituto de Salud Pública de Chile.
En sí mismo eso está correcto. Que no haya recurso administrativo me parece incorrecto.
Por eso, voto que no a la eliminación del inciso tercero.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, es cierto lo que plantea el Senador Coloma en cuanto a que estamos en una discusión específica. Pero quienes nos encontramos participando en las Subcomisiones de Presupuestos no tenemos otra oportunidad que esta para hacer presentes nuestros puntos de vista en este tema.
Estimo que no hay ninguna duda de que este es uno de los problemas más importantes de nuestro país. Lo dicen Senadores de todas las bancadas. La diferencia está en de qué manera lo enfrentamos.
Voy a leer algunas cifras que tengo aquí respecto de lo que ha ocurrido con el precio de los fármacos y la realidad de cada una de las instituciones, comparándolas con las de años anteriores.
El informe del Ministerio de Economía sobre el mercado de los medicamentos en Chile, del año 2013, indica lo siguiente:
Los ingresos de las farmacias crecieron en 34,1 por ciento entre 2008 y 2012. Mientras las ventas fueron de 545 mil 444 millones de pesos el año 2008, el 2012 alcanzaron a 731 mil 424 millones de pesos. O sea, estamos ante un crecimiento exponencial.
El precio de los medicamentos subió en 23,1 por ciento, en promedio, entre 2008 y 2013, siendo esta alza de 26,2 por ciento en los medicamentos con receta y solo de 17,3 en los sin receta. Esto, teniendo en cuenta que el 76,7 por ciento de los ingresos de las farmacias corresponde a medicamentos con receta.
En el mismo período (2008-2012), la comercialización de medicamentos genéricos cayó en 14,6 por ciento en las tres principales cadenas farmacéuticas.
Por último, los ingresos de las farmacias aumentaron 100,7 por ciento en medicamentos de marca propia; 34,9 por ciento en medicamentos de marca; 28,7 por ciento en similares, y solo 20 por ciento en genéricos.
Por otro lado, según un informe de la Consultora IMS Health, el precio promedio de los medicamentos alcanzó a 2.936 pesos el 2008, mientras que en el año 2015 llegó a 3.603, es decir, un 22,7 por ciento más que siete años atrás, durante el boom de la colusión de las tres principales cadenas de farmacias de nuestro país. Y la colusión no es para bajar los precios: es para subirlos. Entre 2014 y 2015, el alza llegó a 5,4 por ciento; mientras que entre 2007 y 2008, en pleno período de colusión, ella alcanzó al 3,3 por ciento.
Además, según otro informe de la misma consultora, Chile tiene los remedios de marca más caros que los de todos los países de América Latina, con 28,5 por ciento por envase, casi un 40 por ciento más que el promedio regional.
Señor Presidente, estamos frente a un problema extraordinariamente grave, y entiendo que este proyecto de ley pretende, por alguna vía, tratar de evitar que la situación siga el curso que está teniendo.
Me parece, además, que a veces nos entrampamos en las discusiones (si este es medicamento genérico, si es producto propio, si es bioequivalente o no, si el Instituto de Salud Pública hizo tal informe), pero lo que debemos hacer, en la práctica, es adoptar medidas que no continúen con el problema, el cual termina castigando a las familias más pobres y a la gente de más edad, quienes gastan gran parte de su sueldo en remedios.
No estoy en contra de que las farmacias obtengan utilidades ni de ninguno de los sueños que algunos plantean respecto del lucro, pero estamos ante una realidad extraordinariamente grave, que traspasa todos los límites sostenibles.
Siento que algunas de las medidas a lo mejor podrían, literalmente, conseguir los objetivos buscados. No obstante, el proyecto no va, al final, al meollo del asunto. Por ejemplo, no entiendo por qué se sacó el tema de la integración vertical. Algunos afirman aquí que la integración vertical es inconstitucional. No es así, señor Presidente. Terminamos con la integración vertical en el sector eléctrico. ¿Y dónde estaba lo inconstitucional?
Sin embargo, no sé por qué se sacó dicho asunto, única manera de solucionar el problema, porque por ninguna ley terminaremos con la "canela" -inventaron otra cosa- ni con los viajes que utilizan los médicos para vender ciertos productos. ¡El ingenio humano, de los abogados, del comercio, es infinito, señor Presidente!
Lo único que termina con el abuso es una real competencia, la cual no se dará mientras exista integración vertical.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, hace un tiempo estuvimos con el ISP, institución que se encuentra en proceso de modernización de sus instalaciones, que eran deprimentes. Este Gobierno ha invertido en mejorar la condición de sus laboratorios y sus trabajadores, pero sigue siendo insuficiente.
Más de 30 mil productos provenientes de China y Asia en general (cosméticos, particularmente) no tienen ninguna posibilidad de control inmediato. Por lo tanto, los lápices labiales, los cosméticos, productos de uso directo, requieren una enorme preocupación y un fuerte Instituto de Salud Pública.
No sé cómo viene el presupuesto para el ISP, pero yo esperaría un fortalecimiento institucional, de recursos públicos, para que pudiera funcionar bien.
Como el Instituto tiene una carga extraordinaria -debe acreditar, revisar-, la verdad es que el mecanismo de las reclamaciones, llevado al infinito (se reclaman todas las multas), tiene el resultado que todos conocemos: al final del día, se judicializa la situación y las multas no son pagadas.
Lo mismo ocurre con la CONAF. El 97 por ciento de las multas que aplica nunca se pagan. Y también con el SERNAPESCA. El 90 por ciento de las multas que aplica no se pagan. ¿Por qué? Porque las empresas tienen un staff de abogados destinados exclusivamente a dilatar, dilatar y dilatar.
Las empresas conocen el protocolo. Y tienen, como ha señalado el Senador Girardi, el artículo 171 del Código Sanitario. Es decir, ¡hay reclamación! Lo que no puede haber es el uso abusivo de una facultad reclamatoria para impedir ser multado.
Digo esto porque, como todos ustedes recordarán, el 8 de julio de 2013, en el juicio por la colusión de las farmacias (hoy en Chile tres cadenas controlan el 97 por ciento del mercado, algunas propietarias de laboratorios), los ejecutivos acusados fueron condenados a recibir clases de ética. Estamos hablando de un fraude de 235 mil millones de pesos, donde se estableció una colusión de diez años en medicamentos para enfermedades crónicas como diabetes y epilepsia.
Claramente, las multas aplicadas fueron insuficientes.
Modificamos la ley. Sin embargo, el fiscal Montes señaló que la suma de cada una de las multas no superaba el 3,4 por ciento de las ventas de todas las farmacias juntas.
Estamos ante un sector en el que la colusión y particularmente el abuso están institucionalizados. Por lo tanto, darle cabida a que puedan dilatar el cumplimiento administrativo del control preventivo que realiza el ISP me parece exagerado.
Lo que debemos garantizar aquí es la salud pública. ¿Cuál es el interés que debiera tener el Senado? Asegurar que todos los chilenos puedan acceder a medicamentos y artículos de salud en las mejores condiciones, a través de un control preventivo, que es lo que hace el ISP.
En consecuencia, señor Presidente, voy a votar a favor de la exclusión de un mecanismo reiterado por parte de las farmacias que no pagan las multas. No tengo la estadística a mano (podemos pedirla), pero no pagan las multas, porque dilatan. Son empresas que pueden pagar staffs de abogados, en dólares, para que dilaten y dilaten, y después no hay prontuario, porque las multas siguen en proceso administrativo.
En tal sentido, no creo que sea tarea del ISP contar con un ejército de abogados para cobrar las multas. ¡No es su tarea! El Instituto debe hacer control preventivo de medicamentos, fármacos y productos que puedan afectar la salud de las personas.
Esa es la labor del ISP, no entrar en una maraña administrativa para poder hacerles seguimiento a multas no pagadas, a reclamaciones que se entablan de manera sistemática. Esta no es una reclamación que se hace frente a un fallo o una resolución arbitraria. ¡No! Es un mecanismo institucional empleado para dilatar el pago de multas.
La Senadora Van Rysselberghe señalaba: "Hay que proteger a cualquier ciudadano asegurándole que puede reclamar ante el ISP". Yo digo: "¡No estamos frente a cualquier ciudadano! ¡Son delincuentes de cuello y corbata que Chile conoce y que se coluden en contra de los más débiles, de los jubilados, de los que pagan remedios contra enfermedades crónicas! No estamos hablando de niños de pecho ni de angelitos. ¡Estamos hablando de quienes se coluden!".
Por eso, señor Presidente, voy a votar por eliminar el proceso de reclamación en el artículo 171 del Código Sanitario.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, aunque lo fundamental ya está dicho, considero importante hacer un planteamiento un poco más general sobre el tema.
Este proyecto tiene por propósito asegurar que en materias sanitarias y de regulación de medicamentos exista transparencia, que no se hagan trampas y no se utilicen resquicios para abusar de posiciones dominantes. Se ha hecho un gran esfuerzo para darle más atribuciones y recursos al ISP, para que se fiscalice de mejor manera y para aumentar las sanciones. En su conjunto, me parece que la iniciativa apunta en la dirección correcta.
Lo que no entiendo, en cambio, es que, dentro de ese concepto, se quiera quitar un recurso, que hoy día la ley ofrece, a aquellas personas que son parte de un proceso en el cual el ISP ha resuelto que se ha transgredido una norma y que, cumplidos los controles, no se ha obtenido una respuesta satisfactoria, por lo que cabe una sanción determinada.
Pienso que aquí como que se desequilibran los lados del debido proceso, porque si hay uno que está siendo supuestamente abusivo y queremos controlarlo, fiscalizando, aumentando las sanciones y fortaleciendo al órgano regulador, no significa que al otro lo vamos a dejar en la indefensión.
El equilibrio en estas materias me parece necesario, prudente, sobre todo porque, de lo contrario, lo que vamos a hacer es judicializar estas situaciones, lo que resulta bastante más engorroso. Es mucho mejor tener procesos administrativos. Y ya que existe el ISP, que llevará el procedimiento y aplicará distintos tipos de sanciones, lo responsable y razonable es mantener lo que la ley hoy día confiere. Estamos fortaleciendo al Estado, pero no por eso tenemos que debilitar a la contraparte, cualquiera que ella sea.
A diferencia de lo que piensan algunos Senadores, la ley presume la buena fe. La ley no puede partir de la base de que los actores de determinado sector son infractores, por definición. Es un prejuicio que a mí me parece inconveniente y negativo. No se puede presumir que todos los actores de un sector son ladrones, estafadores, abusadores, porque eso significa ir en contra del sentido de la ley.
Se han cometido abusos y actos de colusión. Lo sabemos. Vamos a ver cómo se pueden seguir corrigiendo. Ya con la Ley Anticolusión mucho va a quedar restringido o eliminado, porque establece mecanismos preventivos fuertes y sanciones aún más fuertes para quien, a pesar de los controles, transgreda las normas.
A mi juicio, aquí estamos complementando dicha normativa, a través de medidas que apuntan en una buena dirección y que en algunos casos pueden llegar incluso demasiado lejos, pero, si les quitamos derechos a las partes para que en su momento puedan levantar una voz, quizá estaremos alterando el debido proceso y, además, abriendo espacios de judicialización en materias que a lo mejor pueden ser resueltas a nivel administrativo.
Me parece bien la redacción del texto y no veo una justificación objetiva para rechazarla. Lo que señalaba el Subsecretario en el sentido de que no poseen los equipos necesarios no me parece argumento para que no exista reclamación. Entiendo que el 40 por ciento de los recursos del ISP van a personal, de manera que sostener que no hay fondos para disponer de funcionarios que estudien estos casos no tiene mucha consistencia.
En mi opinión, el debido proceso obliga a mantener la norma que hoy día establece la legislación vigente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, en la misma línea del Senador Larraín, me llama la atención que estemos legislando sobre la base de que todos los que están en este ámbito son, de alguna manera, delincuentes. Y la verdad es que aquí hay grandes farmacias, pero también pequeñas farmacias. Se lo digo -por su intermedio, señor Presidente- al Senador Navarro.
No estamos hablando solo de grandes cadenas de farmacias; también estamos hablando de las pequeñas farmacias de los pueblos de Chile. Aquí no se trata solo de los grandes conglomerados, como se quiere presentar el tema.
Ahora, los procesos administrativos se basan en el debido proceso, y el debido proceso es siempre para todos igual. No puede haber sesgo. Es la forma en que se arma una institucionalidad, institucionalidad que debe estar armada siempre para todos por igual. No puede tener un sesgo, porque, si lo tuviera, estaríamos actuando con prejuicio.
Y aquí, señor Presidente, nadie ha planteado que no se pueda ir a tribunales. Siempre se puede recurrir a la Justicia, pero no es conveniente terminar en todo en los juzgados, como planteaba el Senador Girardi. Al parecer, en el fondo se está afirmando que todo lo que no se pueda resolver tiene que ir altiro a tribunales.
En general, en el Derecho Administrativo se establece que se puede reclamar siempre al superior jerárquico. Y eso no lo estamos inventando nosotros. ¡No, señor Presidente! Eso está en la Ley de Bases. En nuestro ordenamiento jurídico se establece que siempre se puede reclamar al superior jerárquico. Y en este caso la única instancia es el Instituto de Salud Pública.
Estaría mal que en un caso de debido proceso no hubiera una segunda instancia. Cosa distinta es si no les gusta que la segunda instancia sea el Ministerio de Salud, porque ahí, en palabras de ustedes, no hay nadie que sepa de remedios, cosa que de verdad me preocupa un poco. Pero bueno, parece que eso es así, por lo que decía el Subsecretario.
Como sea, no se trata de que el Ministro deba resolver esto -evidentemente, no es así-, sino de que en un buen proceso administrativo haya dos instancias. No puede ser que el Instituto de Salud Pública sea el que interpreta, el que fiscaliza y el que sanciona. Eso es ser juez y parte. Porque el siguiente paso es ir a tribunales.
¡No puede ser juez y parte, señor Presidente!
Si al Ejecutivo no le gusta que sea el Ministerio, entonces que defina dónde va a estar radicada la segunda instancia, o una instancia paralela. Pero nunca es bueno que en un debido proceso no exista posibilidad de reclamación. Y la reclamación al superior jerárquico es un principio que se halla establecido como un derecho en la Ley de Bases. Por lo tanto, señor Presidente, aquí se está borrando un principio que está en ese cuerpo legal. Ahora, si la sacan del Ministerio, pónganla en otra parte, pero no la podemos borrar completamente, porque entonces no habría debido proceso.
Yo espero, señor Presidente, que este planteamiento sea escuchado. Nosotros no estamos diciendo que los transgresores no deban ser sancionados. Solo estamos haciendo presente que tiene que existir debido proceso. Porque aquí no se trata solamente de las grandes cadenas, que pueden contratar muchos abogados. ¡No! También se trata de pequeñas farmacias de barrio, de pueblos o de lugares alejados.
En consecuencia, señor Presidente, nosotros creemos que tiene que existir un debido proceso, tal como se encuentra establecido en nuestra Ley de Bases, con posibilidad de reclamación al superior jerárquico.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a parte de quienes han sido especialmente afectados y han sido protagonistas del esfuerzo por querer cambiar la realidad actual, fundamentalmente por necesidad. Son personas que han dicho que se requiere una mejor sociedad que les permita una calidad de vida digna a muchos chilenos que saben que existen medicamentos de ciertas calidades, pero que no tienen acceso a ellos, por distintas razones.
Quiero saludar, en primer lugar, a la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, particularmente a don Bernardino Fuentes y a don Carlos Quintana; a los Amigos del Tourette Chile y a la Secretaría General de la Alianza Chilena de Organizaciones de Pacientes, en particular a Andrea Pizarro.
Saludo, además, a la Directora de la Fundación de Enfermedades Lisosomales Chile, y en especial a Myriam Estivill. A la Fundación Escuela de Pacientes "Hipertensión pulmonar", particularmente a Carlos Zamora. A la presidenta de la Fundación Distonia, una tremenda mujer a quien me ha tocado conocer y ver lo que se ha jugado por ella y por mucha otra gente, y que padece esa misma enfermedad (me refiero a Benedicta de Pauw); y también a la socia de esta Fundación Sol Gutiérrez Toledo.
Quiero saludar igualmente a la presidenta de la Fundación Vasculitis Chile, Doris Ximena Romo Quintana. A la presidenta de la Fundación Angioedema Hereditario Chile, Jacqueline Lorena Merino, y a la Directora de la Corporación Afanti, Soledad Valle.
La verdad es que quiero rendirles un homenaje. Lo que estamos discutiendo hoy día surge especialmente de personas como ellas, que han sufrido ciertas enfermedades y han dicho: "hay que jugársela, hay que preocuparse por todos". ¡Y aquí están presentes!
Deseo partir valorando el proyecto como un paso a otra manera de tratar el tema de los medicamentos. El actual sistema es tremendamente injusto, genera desigualdad en el acceso y en las posibilidades.
La sociedad puede ser mejor, no tiene por qué continuar así. Los medicamentos no pueden ser un producto como cualquier otro del mercado, deben tener una dimensión humana. Hay que pensar en que mientras mejores sean los medicamentos que ingieren algunas personas, mejor puede ser su calidad de vida.
Este ideologismo y esta visión tan rígida de pensar en que todo hay que tratarlo como un mercado más, genera grandes dificultades.
Por eso, valoro que tengamos un conjunto de propuestas en esta materia. Voy a votar a favor. Y espero que exista mayor acceso a medicamentos genéricos en las farmacias; mayor transparencia en la información y en los mercados; un aseguramiento en su abastecimiento, en fin, muchas otras cosas más.
Yo recuerdo por lo menos tres informes de investigación de la Cámara de Diputados sobre los medicamentos y las farmacias.
Me refiero a los "medicamentos", porque entiendo que los "remedios", que se fabricaban en la propia farmacia, no existirían desde hace mucho tiempo. Hoy día son medicamentos más que remedios. Pero no sé, a lo mejor en algunas regiones no es igual.
Me pregunto si es suficiente lo que estamos acordando. Y lo digo con mucha sinceridad. ¿Es suficiente? O tendremos que ir preparando ciertos pasos futuros que le den consistencia.
Es curioso, pero la discusión está muy centrada en cómo sancionar a los que transgreden, y no en cómo la sociedad se hace más responsable en esta materia.
Creo que no existe certeza de que este sistema vaya a funcionar, y provocará impacto en los precios, en la calidad real de los medicamentos. Yo tengo serias dudas.
Como me queda poco tiempo, quiero expresar que hay otras experiencias de mercado a nivel internacional y nacional. No es la única manera de tratar situaciones tan complejas.
¿Saben de cuántos medicamentos estamos hablando? ¡De 14 mil! ¿Ustedes creen que se puede aplicar y hacer un seguimiento apropiado a los más importantes de estos 14 mil? ¿Se puede hacer?
Algo se va logrando y se van reduciendo los márgenes de abuso.
Sin embargo, de una u otra manera se buscarán otros mecanismos para sortear estos controles. Y tendremos que perfeccionarlos; pues, entre otras cosas, un medicamento se demora mucho en entrar al mercado. Por ejemplo, he sabido que en el tratamiento a los piojos existen sistemas muy avanzados, rápidos, y acá no llegan, se postergan. ¿Por qué? Porque no son rentables y perjudican a otros.
Tenemos que pensar en regular este mercado en precio, en calidad, en oportunidad. Tenemos que volver a algo similar al Formulario Nacional que existía en el pasado.
Ricardo Lagos proponía que esto se aplicara ahora a los adultos mayores. Hay muchas patologías en que se requiere la existencia de estos medicamentos a un precio razonable y en la oportunidad adecuada. ¡No es posible que esto quede sujeto a la guerra del mercado entre distintos oferentes, ya sean farmacias o laboratorios!
Hay que ir adelantándose al futuro. A nivel internacional existen muchos ejemplos, no tan enredosos como lo que estamos craneando acá, pero ya estamos diseñando este sistema.
Tenemos que generar un Formulario Nacional de calidad, precio y oportunidad obligatorio en todas las farmacias, en todo Chile y en los lugares públicos donde se entregan medicamentos.
Con este proyecto estamos dando un paso, pero insuficiente. Lo apoyo; sin embargo, advierto que tenemos que adelantarnos en dirección a lo que necesariamente hay que avanzar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba
la supresión del inciso tercero del artículo 96, propuesta por la Comisión de Salud (19 votos a favor, 6 en contra y 5 pareos).
Votaron por la afirmativa la señora Muñoz y los señores Bianchi, De Urresti, Girardi, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García-Huidobro y Hernán Larraín.
No votaron, por estar pareados, la señora Allende y los señores Allamand, Espina, García y Pérez Varela.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Señores Senadores, se ha pedido votación separada del número 4, que sustituye al artículo 97 del Código Sanitario, que incluye una enmienda a la norma que aprobó la Comisión en su nuevo segundo informe, en el sentido de cambiar la palabra "genérico" por la frase "registrado bajo denominación común internacional".
El señor MONTES.-
Fue aprobado por unanimidad, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Así es, señor Senador.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Señor Presidente, efectivamente, nosotros pedimos votación separada de ese numeral porque, tal como dijo algún señor Senador en la discusión anterior, esto tiene que ver con el precepto recién debatido.
Acá se elimina el inciso final del artículo 97, que plantea que para la cancelación de un registro el Instituto deberá comunicar la solicitud al Ministerio de Salud, y la entidad no podrá cancelar el registro sanitario frente a un pronunciamiento negativo de dicho Ministerio.
Se quita este doble control, esta doble fiscalización. Y nosotros creemos, por la misma argumentación anterior, que eso no es conveniente, porque el Director del ISP se está transformando en un funcionario público superpoderoso, con facultades interpretativas -como también se dijo-, de fiscalización y, además, sancionatorias.
¡Y no tiene ningún doble control! Dado que se aprobó el precepto antes señalado, no cuenta con una contraparte que pueda generar una visión distinta de la que aquel plantee.
Entonces, consideramos que quitar ese doble control para la suspensión de determinado medicamento no es conveniente. El Instituto de Salud Pública puede disponer de todas las competencias pertinentes, pero siempre es bueno mantener esta doble tuición.
Estimamos que se está generando una institucionalidad a la cual, por lo demás -y lo vamos a ver en el artículo correspondiente-, no se le entrega ningún recurso adicional. Nada viene respaldado con un informe financiero. Por lo tanto, vamos a entregar potestades sin que existan los recursos para que se disponga de rigurosidad a fin de ejecutar adecuadamente esta función.
Y, hoy día, además de que en el artículo anterior les quitamos la posibilidad de reclamar a los particulares, les estamos quitando la doble fiscalización.
Personalmente, creo que mientras más control, mientras más fiscalización, mejor es, porque se evita la arbitrariedad y la posibilidad de que se cometa algún error.
El Estado, tal como ya lo he señalado, no es infalible. El Estado también puede cometer errores. Y estos eventualmente pueden minimizarse en la medida en que existan dobles controles por parte del Estado, ya sea a través de un recurso de reclamación o por una doble opinión cuando se trate de algo tan drástico como quitar el registro de un medicamento.
Por esa razón, nosotros vamos a votar en contra de este numeral.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, en los mismos términos, me parece que evitar que el Ministerio de Salud se pronuncie en forma previa sobre la cancelación de un registro no apunta a la dirección correcta.
Pedir que el Ministerio de Salud pueda pronunciarse previamente a dicha cancelación, con posterioridad al Instituto de Salud Pública, apunta en la línea correcta.
Ahora, una cosa muy distinta es el cambio de la palabra "genérico" por la frase "registrado bajo denominación común internacional".A mí me parece que esto sí va en la línea correcta -nosotros así lo hemos sostenido dentro de la Comisión-, porque para los efectos de determinar qué se entiende por producto genérico es muy distinto si este es bioequivalente o no.
Por lo tanto, cuando uno habla de "denominación común internacional", creemos que corresponde a una nomenclatura acertada y correcta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, este numeral tiene dos aspectos importantes.
Uno se refiere a aquel a que han aludido el Senador Chahuán y la Senadora Van Rysselberghe, y ya lo resolvimos en la votación anterior.
Pero el número 4 es muy importante. Y fíjense por qué. Porque determina una obligación para el laboratorio que quiera registrar un producto de fantasía.
Yo les comentaba que la atorvastatina vale menos de 2 mil pesos. Pero el Lipox, cuyo componente es el mismo, vale 13 mil.
¿Y qué hace esta norma? Obliga al laboratorio que quiera comercializar el producto de fantasía -en este caso el Lipox- a registrar también el genérico. Es decir, en este caso, lo obliga a mantener en la línea del laboratorio la atorvastatina.
Sin embargo, es más relevante lo que se dice al final del inciso, pues obliga al laboratorio no solamente a producir el genérico, sino también a registrarlo. Es decir, si va a vender Lipox, cuyo precio es de 13 mil pesos, que es igual a la atorvastatina genérica, y lo va a comercializar bajo otro nombre, también deberá mantener en la línea de venta la atorvastatina.
Es la única manera de exigirles a las farmacias que tengan los genéricos, porque muchas veces los niegan. Sabemos que los laboratorios que producen atorvastatina, que vale 1.200 pesos -por ejemplo el Laboratorio Chile-, y también Lipox, que vale 13 mil pesos, registran el genérico pero no tienen ningún interés en venderlo.
Piensen Sus Señorías cuál es la rentabilidad que queda para un laboratorio si fabrica el mismo producto, lo envasa de manera distinta, le cambia la gráfica -eso no le cuesta un centavo- y, en vez de venderlo en 1.200 pesos, lo comercializa en 13 mil.
Entonces, pensamos que este precepto es fundamental, al igual que el petitorio que debe estar en las farmacias y que las va a obligar a tener los genéricos.
Un laboratorio que produce un medicamento de fantasía -es decir, un producto registrado bajo denominación internacional y que tiene un nombre de fantasía- está obligado a registrar también el genérico. Y, además de ello, debe mantener disponible en el punto de venta al público ese medicamento.
Por eso el inciso dice: "siempre que se tenga disponible también para su distribución el respectivo producto farmacéutico".
Esto es lo único que va a garantizar que a la gente no le vendan el Lipitor de 55 mil pesos o el Lipox de 13 mil, existiendo un producto genérico que vale 2.000 pesos, un medicamento bioequivalente, que tiene propiedades terapéuticas garantizadas equivalentes a las del Lipitor, que vale 55 veces más, o a las del Lipox, que, en vez de 1.200 o 2 mil, cuesta 13 mil pesos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Subsecretario de Salud.
Luego pediré la autorización de la Sala para abrir la votación.
El señor BURROWS (Subsecretario de Salud Pública).-
Señor Presidente, me gustaría explicar los cambios que se propusieron y que fueron aprobados en la Comisión.
Primero, la eliminación del actual inciso que en el Código Sanitario dispone que "Corresponderá al Ministerio de Salud pronunciarse en forma previa a la cancelación del registro de un medicamento. Tratándose de la cancelación de un registro, el Instituto deberá comunicar a su titular la solicitud de informe dirigida al Ministerio de Salud".
La verdad es que nosotros quisimos eliminar esa norma para hacer más eficiente la cancelación de los registros, toda vez que esto se encuentra motivado por acciones relacionadas muchas veces con problemas propios del actuar del ISP, como la cancelación debido al no cumplimiento de lo registrado. Es decir, si al hacer fiscalización se descubre que en la producción de un medicamento, por ejemplo, se utiliza un componente distinto del declarado en el registro.
En cualquier parte del mundo la autoridad encargada de la administración de drogas -por ejemplo, la FDA (Food and Drug Administration) o la EMA (Agencia Europea de Medicamentos)- puede ejecutar automáticamente la cancelación, porque es una medida ejecutiva para proteger la salud de la población.
Sin embargo, la norma vigente del Código Sanitario, que apunta al pronunciamiento del Ministerio, nos parece absolutamente innecesaria y, además, puede dilatar la adopción de una medida que tienda a la protección de las personas.
El otro aspecto que se está modificando -ya se explicó y aparentemente genera consenso- dice relación con el cambio del término "genérico" por la frase "registrado bajo denominación común internacional".
Creemos que se trata de una mejoría que va a clarificar, ciertamente, el entendimiento de la nomenclatura aceptada internacionalmente.
La señora VON BAER.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Su Señoría ya había hecho uso de la palabra, pero puede fundamentar su voto.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, efectivamente el numeral 4 es superimportante en lo que respecta a la parte que genera consenso en este proyecto: que las personas tengan acceso al genérico y que las farmacias dispongan de él. De hecho, a eso las obliga esta iniciativa.
En tal sentido, el planteamiento del Senador Girardi -por su intermedio, señor Presidente- se refiere justamente a la parte del proyecto que fue aprobada de manera unánime. O sea, no hay ninguna discusión en torno a ese tema. Repito que ya se resolvió y todos votamos a favor.
Simplemente dejo constancia de eso, señor Presidente, para que no se plantee que aquí hay algunos a favor de los genéricos, y otros en contra. O que algunos están de acuerdo con que las farmacias vendan los genéricos, y otros no.
Eso no es así.
Estamos todos a favor de que los genéricos deban estar en las farmacias y de la nueva regulación en torno a ese tema. Eso viene aprobado de manera unánime en la Comisión.
El punto que nosotros estamos haciendo acá -y por eso lo votamos en contra- se refiere a una materia similar a la de la norma anterior: al debido proceso y a la existencia de una instancia superior ante la cual sea posible apelar.
El Subsecretario sostuvo que el Instituto de Salud Pública debe tomar una decisión rápida; y, por lo tanto, es imprescindible que el Ministerio no se pronuncie de manera previa.
¡Bueno! Entonces hagámoslo igual como en la situación anterior: con la posibilidad de apelar ante el Ministerio.
El punto es que no resulta conveniente que el Instituto de Salud Pública, como se hace constantemente en este proyecto, se transforme en juez y parte, porque eso no obedece a un debido proceso. ¡Nunca! Da lo mismo si se trata de cualquier ámbito dentro del Estado. Siempre debe existir la posibilidad de apelación.
Tampoco está bien que la apelación siempre deba interponerse ante los tribunales de justicia, por eso estamos judicializando todos los procesos dentro de las decisiones que toma el Estado.
Ese es el punto que hacemos aquí.
Por lo tanto, señor Presidente, quiero aclarar nuevamente que no estamos votando en contra de la parte que señalaba el Senador Girardi. Esa ya se votó a favor, y fue aprobada de manera unánime por todos nosotros.
Lo que planteamos acá es que en el proyecto completo todo lo que tiene que ver con el debido proceso y con las apelaciones frente al superior jerárquico, materia regulada en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, se encuentra incorrectamente solucionado.
Si no le gusta al Subsecretario que el Ministerio tenga que pronunciarse de manera previa, entonces, que se pueda apelar con posterioridad.
Señor Presidente -por su intermedio-, le planteo al señor Subsecretario que esto se halla mal solucionado, porque sigue eliminándose la posibilidad de recurrir al Ministerio.
Espero que el señor Subsecretario algo me haya escuchado, ya que está conversando...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Señor Subsecretario, le están dirigiendo la palabra.
La señora VON BAER.-
Más allá de lo que se haya discutido en la Comisión, considero importante tomar en cuenta el tema del debido proceso y adecuarlo a lo que establece nuestra Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Creo que esto no se encuentra bien solucionado acá. Independientemente de la materia sobre la cual estemos hablando, siempre es importante tener una instancia de apelación. De lo contrario, se va a judicializar todo. Y nunca es bueno, en ninguna decisión que se deba tomar, que todo termine siendo judicializado.
Acá el Instituto de Salud Pública será juez y parte, tomará las decisiones sin que sea posible apelar, excepto que se lleven todos los antecedentes a la justicia. Repito: esta no es una buena solución.
Por lo tanto, señor Presidente, espero que en el segundo trámite los representantes del Ministerio puedan meditar esta situación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el número 4, que sustituye el artículo 97 del Código Sanitario, incluyendo la modificación propuesta por la Comisión de Salud en su nuevo segundo informe (12 votos a favor, 4 en contra y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa la señora Muñoz y los señores De Urresti, Girardi, Guillier, Lagos, Montes, Ossandón, Quintana, Quinteros, Rossi, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma y Prokurica.
No votaron, por estar pareados, los señores Hernán Larraín y Moreira.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Cabe informar a la Sala que existen diversos pareos que ponen en riesgo el quorum para aprobar ciertas normas. Tal vez sea necesario advertir de esta situación a los señores Senadores que están en las Subcomisiones Especiales Mixtas de Presupuestos, a fin de que se integren a la Sala.
)-------------(
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Mensajes
Dos de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los que retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1) La que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (boletín N° 9.914-11).
2) La que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez (boletín N° 10.584-07).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
)--------------(
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quintana, para un asunto de Reglamento.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, el Titular de la Comisión Especial de Infancia, Senador Patricio Walker, iba a hacer una solicitud, pero no se encuentra en este momento en la Sala.
Cuando se dio cuenta del proyecto de ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, este se envió a la Comisión Especial de Infancia. Solicitamos que se revierta esa medida y que pase directamente a la Sala para su votación, considerando además la calificación de la urgencia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Señor Senador, esa iniciativa tiene 25 enmiendas. Por eso se pidió informe de la Comisión Especial.
Ahora bien, podríamos fijarle un plazo al órgano técnico para que despache el proyecto.
Reitero: pienso que no es fácil para la Sala discutir un proyecto con 25 modificaciones.
El señor QUINTANA.-
Tiene urgencia de "discusión inmediata".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
No, la urgencia fue cambiada a "suma".
El señor QUINTANA.-
Lo razonable sería fijarle un plazo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Habría que solicitarle a la Comisión Especial que lo despache dentro de un plazo razonable, breve.
Además, seamos francos, con la tabla que tenemos ya comprometida es muy difícil que podamos ver esa iniciativa en las próximas dos semanas. Está el proyecto que ahora nos ocupa, el del SERNAC, el de las concesiones y otro más. Estamos con un problema de agenda bien complicado.
Sería bueno que la Comisión Especial nos ayudara en el despacho de esa iniciativa. Porque si las resoluciones vienen aprobadas por unanimidad ello facilitará el tratamiento.
En todo caso, me comprometo a hablar con el Presidente de la Comisión Especial para que lo despache lo más pronto posible.
)---------------(
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Señores Senadores, ruego dirigirse a la página 10 del comparado. Allí, a través del número 5, la Comisión introduce modificaciones en el artículo 99.
En primer término, se ha pedido votación separada de la letra a), sin perjuicio de que en la Comisión se aprobó por unanimidad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Señor Presidente, deseo explicar por qué decidimos solicitar votación separada de la letra a).
Acá se plantea bajar el estándar para iniciar una investigación. La normativa vigente establece que debe existir un informe favorable del Comité Ético Científico. Sin embargo, en la redacción que se propone se baja ese estándar y se dice que bastará con la autorización del Instituto de Salud Pública.
Entonces, sabiendo que las exigencias del Comité Ético Científico para iniciar una investigación son mayores que el solo informe o la sola autorización del ISP, nos parece poco prudente ese cambio. Pensamos que no tiene mucho sentido bajar dichos estándares cuando se trata de la seguridad de la salud de las personas, cuando tiene que ver con la salud pública.
La verdad es que tampoco esto atenta contra la esencia del proyecto. Pero de nuevo se están entregando facultades que, eventualmente, van más allá de la competencia técnica a la que el ISP puede responder, más aún cuando existen instancias que han funcionado bien, como es el Comité Ético Científico, que a nuestro juicio no debiera ser eliminado de un plumazo, como se está haciendo en esta iniciativa.
Por esa razón estamos en contra de que se suprima el Comité Ético Científico y creemos que debiera mantenerse el texto legal vigente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor BURROWS (Subsecretario de Salud Pública).-
Gracias, señor Presidente.
Deseo hacer una clarificación, porque se ha dado una interpretación de la enmienda.
La referencia que el texto nuevo hace al Título V del Libro correspondiente del Código Sanitario incluye lo que menciona la Senadora Van Rysselberghe. O sea, no se está eliminando la referencia al Comité Ético Científico y a otras disposiciones que subieron el estándar y que fueron aprobadas en la Ley Ricarte Soto, las cuales fueron incorporadas al referido Título V.
Acá se está reordenando la legislación para que la mención no quede en dos normativas simultáneamente. Por ese motivo se hace referencia al Título V. Por lo tanto, también es un tema de concordancia con lo que ya ha aprobado este Congreso.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, estamos discutiendo el mismo concepto.
Existen institutos nacionales de investigación, de fiscalización que, a mi juicio, dan las mayores garantías de tomar decisiones adecuadas.
Esa es una indicación del Ejecutivo que me parece correcta, en el sentido del mundo que viene, en el que la complejidad de los medicamentos será cada vez mayor. Estamos hablando de que, a futuro, los medicamentos no van a ser químicos, sino biológicos, por lo que se requerirán muchas capacidades y competencias que únicamente están en esos lugares.
Cabe mencionar que este artículo es muy importante porque uno de sus incisos señala: "La Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud podrá solicitar ante el Instituto el registro sanitario de productos farmacéuticos contemplados en planes, programas o acciones de salud".
Hoy día, si un laboratorio no registra un medicamento, no existe medicamento, y la gente no tiene acceso a él. Y también ha ocurrido que un laboratorio decide retirar el registro y no producir más el medicamento.
Entonces, a través del cambio propuesto se faculta a la Central Nacional de Abastecimiento para que por vía legal tenga la posibilidad de registrar medicamentos. Por lo tanto, cuando un laboratorio, porque no le conviene desde el punto de vista comercial o no tiene una rentabilidad suficiente, no quiera registrar un medicamento, o si se desiste de producirlo a pesar de contar con el registro -ello ha ocurrido-, dejando a la gente sin stock, vamos a tener la posibilidad de que se establezca un registro. El texto dice: "Dicho registro, autorizará la distribución de los productos en situaciones de inaccesibilidad".
En consecuencia, esto es fundamental para garantizar el acceso de la población a la salud, porque ha ocurrido muchas veces que no se han registrado medicamentos que no tienen registro en Chile o, habiendo un registro, un laboratorio decide descontinuar la producción de medicamentos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la inaccesibilidad de productos farmacéuticos es considerada una razón de salud pública. Entiendo que eso faculta al Ministerio o al ISP para tomar medidas extraordinarias y posibilitar la accesibilidad, es decir, que no falte el medicamento donde deba estar.
Cuando un fármaco no está a disposición inmediata dentro del país, hay que mandarlo a buscar. Eso pasa con todas las llamadas "enfermedades raras". El Senador Carlos Montes hace unos instantes saludó a un conjunto de organizaciones sociales, la mayoría integrada por padres o familiares de enfermos que tienen dificultad para acceder a medicamentos. Y eso significa que hay que anticiparse. ¡No se puede esperar que exista un caso crítico para analizarlo, para revisar si algún laboratorio en Chile fabrica determinado fármaco!
Señor Presidente -quien dirige la sesión en este momento es médico-, a mí me parece que si la inaccesibilidad es una razón de salud pública, esto debe garantizar que el Estado actúe ex ante y no ex post. Y para eso tiene información respecto del estado de la salud pública, y particularmente de los casos especiales, que debe posibilitar que el medicamento llegue o que esté disponible, en stock, o que se pueda acceder a él en tiempos menores y a precios razonables. Esto es lo que permite el acceder a la información del Registro Sanitario de Productos Farmacéuticos contemplados en programas y acciones. Porque puede que algunos de ellos no se encuentren pero estén siendo necesitados por la población.
En tal sentido, la CENABAST cumple una tarea fundamental en torno a garantizar el acceso a un menor costo.
No pude comprender la argumentación hecha por los Senadores de las bancadas de enfrente respecto de la eliminación. Entiendo que queda "no se podrá desarrollar un protocolo de investigación en medicamentos no registrados". ¿Eso es? ¿Se elimina "no se podrá desarrollar"?
El señor BURROWS (Subsecretario de Salud Pública).-
Se mantiene la exigencia, pero a través de una referencia, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Eso da tranquilidad, señor Presidente, porque cada medicamento que ingrese de manera extraordinaria, continua o permanente debe tener un protocolo y un registro.
Por tanto, vamos a votar a favor de la norma.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, quiero explicar que aquí se está planteando que se entenderá que hay inaccesibilidad cuando existan barreras económicas, financieras, geográficas o de oportunidad que permitan acceder a un medicamento, conforme al reglamento. Y el texto dispone que ante ello será la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST) la que podrá en el fondo intervenir en ese mercado. Y aunque eso puede parecer bien, el problema está nuevamente en quién define cuándo existen estas barreras económicas o financieras para que el Estado intervenga. Esto nuevamente es un equilibrio que puede resultar complejo.
Por lo tanto, lo que se manifestó en la Comisión -a mí me parece correcto- es que si existe un problema en el mercado, por ejemplo, un monopolio, y producto de este los precios están muy altos, entonces de todas maneras se debieran entregar esos antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica.
Aquí tenemos de nuevo el mismo problema: se actúa por sí y ante sí.
En tal sentido, señor Presidente, nos parece que tampoco queda claro, porque resulta sumamente amplio que se diga: "Aquí existe una barrera económica, financiera o geográfica". ¿Qué significa eso? Porque en ese caso podrá intervenir la Central Nacional de Abastecimiento. Y nosotros consideramos que eso no es correcto. Aquí debiera existir primero una definición mucho más fina respecto de qué significa que existan estas barreras. Y, por otra parte, creemos que de todas maneras, si es así, los antecedentes tienen que ir a la Fiscalía Nacional Económica. Lo señalo porque en otros casos también se podría decir: "Bueno, acá existen barreras económicas y los precios están muy altos; por lo tanto, debe intervenir el Estado".
En consecuencia, señor Presidente, consideramos que esta no es la mejor manera de solucionar la problemática que se ha planteado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, por su intermedio, quiero hacer un llamado al Subsecretario de Salud Pública respecto de un tema que nos parece relevante. No estoy hablando de que aquí se estén bajando los estándares, porque creo que la norma no da para aquello. Pero sí estamos frente a una dificultad generada por la Ley Ricarte Soto con relación a los ensayos clínicos.
Por ello, deseo solicitarle al señor Subsecretario que seamos capaces de revisar la norma aprobada en la Ley Ricarte Soto.
¿Qué ha sucedido?
En esa normativa, que aprobamos, que apoyamos, existe una disposición que nosotros votamos en contra y que generó que los ensayos clínicos dejaran de realizarse en nuestro país, pues básicamente establecían exigencias respecto de los pacientes para la continuidad del tratamiento.
¿Qué ocurrió? Hoy día los laboratorios ya no están haciendo ensayos clínicos en Chile; se trasladaron al Perú o a otros países. Y para aquellos pacientes crónicos había esperanzas de poder establecer aquí estudios clínicos, cuestión que se dejó de hacer por una norma similar.
Entonces, la redacción de esta disposición no creo que vaya en el sentido de rebajar el estándar, pero sí en el sentido, a propósito de esta discusión, de pedirle al Ministerio que reevalúe la norma de la Ley Ricarte Soto que impide que los estudios y los ensayos clínicos se realicen en nuestro país, debido a las exigencias que establecen a continuación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, yo comparto lo que ha señalado el Senador Chahuán. Pero este proyecto lo que hace es permitir justamente la investigación experimental con la aprobación del Instituto de Salud Pública. Y vuelve más expedito algo que debemos revisar -estoy de acuerdo- en la Ley Ricarte Soto, porque los procesos de investigación -esto lo hemos conversado con la Academia de Ciencias- hoy día se encuentran dificultados con dicha normativa, y eso no es bueno para el país.
Sin embargo, quiero reiterar el punto que planteaba la Senadora Von Baer.
Aquí no se trata solo de un asunto de monopolio. La idea es que cuando no exista registro y no haya interés de un laboratorio por comercializar un producto -¡y eso ocurre!- se faculte a la Central de Abastecimiento para que pueda tener el registro. Y en otras oportunidades ha ocurrido, Senadora Von Baer -por su intermedio, señor Presidente-, que existen laboratorios que, teniendo el registro, desactualizan la producción de un medicamento porque no les es rentable. La mayoría de las veces no se trata de un problema económico.
Quiero, además, leer lo que dispone el artículo propuesto: "Dicho registro, autorizará la distribución de los productos en situaciones de inaccesibilidad y no obstará a la libre comercialización del producto por parte de terceros.". Con esto de ninguna manera se pretende intervenir el mercado. Estamos hablando de situaciones excepcionalísimas que solo se darán en el marco de una dimensión institucional y no para competir con las farmacias ni con nadie.
Entonces, me parece que la ley en proyecto es un inmenso avance, porque los laboratorios y las farmacias, como lo hemos podido comprobar a través de sus colusiones y sus abusos de precios, no siempre están pensando en la salud de la población, como debieran hacerlo: ¡están pensando en su negocio! Y esto hace que nos concentremos en la salud de las personas y no estemos cautelando el negocio, como lo hacen ellos. Así, ante la eventualidad de que no haya registro o que se descontinúe la producción de un fármaco, lo que se busca es garantizar la existencia de los medicamentos respectivos.
Ahora, se trata de una atribución cuyo ejercicio tampoco es obligatorio, pero que en la eventualidad de que se necesite resulta urgente.
La norma vigente dice: "no obstará a la libre comercialización del producto por parte de terceros.". Y eso me parece muy importante.
Por tanto, pedimos que se deje ese precepto tal como está.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
¿Abrimos la votación?
El señor COLOMA.-
No todavía, señor Presidente.
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, me parece que el punto en debate requiere una reflexión, para ser bien objetivo y transparente en cuanto a lo que se pretende.
La Senadora Von Baer expresó algo que me hace sentido.
En efecto, Su Señoría se refirió a un doble propósito. Primero, el de que se establezca algún criterio con respecto a la inaccesibilidad.
En general, cuando uno elabora leyes trata de fijar criterios -lo hemos visto en muchas normas- precisamente para saber cuáles son las reglas del juego. Esos criterios podrán ser muy laxos o muy exigentes, pero deben existir.
La idea es evitar que alguien de repente diga "Aquí hay falta de acceso" sin señalar por qué. ¿Por acaparamiento? ¿Por falta de producción? ¿Por problemas de competencia?
Lamento, señor Presidente, que no se hayan aceptado las indicaciones que, según entiendo, se presentaron en tal sentido, pues, a mi juicio, la fijación de criterios objetivaría la toma de decisiones.
Si estamos fortaleciendo al Instituto de Salud Pública por la vía de darle muchas más facultades, resulta lógico que, si no se podrá recurrir administrativamente -porque la norma que permitía hacerlo se rechazó-, se establezcan adecuadamente los criterios que le posibilitan a la autoridad actuar en forma excepcional.
Ahora, me parece supercoherente y consistente que, si se presenta algunas de las situaciones mencionadas, particularmente en el ámbito económico, exista la obligación de denunciar ante la Fiscalía Nacional Económica. Es lo que corresponde, lo que indica el sentido común.
Si en el ámbito económico se genera una acción excepcional del Estado para suplir lo que falta, es lógico que exista también la opción de recurrir a dicha instancia.
Aquí no se trata de ser voluntarista, de creer que por no cambiar una coma se va a estar equivocado. En este caso, lo razonable es generar mecanismos que funcionen.
Yo agradezco, aunque me parece complejo, el planteamiento del Subsecretario cuando señala que el Ministerio de Salud tiene obligaciones que al final no podrá cumplir. Considero sano que se digan las cosas como son. Pero eso revela que tenemos un problema objetivo que puede provocar incumplimientos -ojalá que ello no suceda- cuya ocurrencia hemos de prevenir.
Yo creo que nadie quiere que se establezca la vía excepcional respecto de una situación en que no se tenga claro por qué se debió proceder mediante ella. Porque hay gobiernos y gobiernos, ministerios y ministerios, decisiones y decisiones; no todo es igual.
Señor Presidente, estimé correcto y sano generar los criterios respectivos. Y convengo en que el artículo que nos ocupa, como quedó redactado, no contempla ninguno.
El señor WALKER (don Ignacio).-
¡Abra la votación, señor Presidente!
El señor LAGOS.-
¿Por qué no la abre, Su Señoría?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Procederemos a la votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
De las enmiendas que la Comisión de Salud, mediante el número 5 que figura en la página 10 del comparado, introdujo al artículo 99 del Código Sanitario vigente, el señor Presidente pondrá en votación la signada con la letra a).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la modificación de la Comisión de Salud explicitada por el señor Secretario (12 votos
a favor, 3 en contra, una abstención y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa la señora Muñoz y los señores Girardi, Lagos, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y el señor Coloma.
Se abstuvo el señor Chahuán.
No votaron, por estar pareados, los señores Hernán Larraín y Moreira.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor De Urresti.
Debo informarle a la Sala que, en atención a los pareos existentes y al funcionamiento de las Subcomisiones de Presupuestos, la que acabamos de realizar fue la última votación de esta sesión.
Continuaremos la discusión particular del proyecto en otra sesión, que no será la de mañana, que se celebrará de 15 a 20, pues estará destinada a la iniciativa concerniente al SERNAC.
--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.
)---------(
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al señor Superintendente de Seguridad Social, para que informe en torno a RECHAZO IMPROCEDENTE DE LICENCIAS MÉDICAS DE TRABAJADORES PORTUARIOS EVENTUALES.
Y al señor Director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, requiriéndole antecedentes en cuanto a CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE REGISTRO CLÍNICO ELECTRÓNICO INTEGRADO.
Del señor DE URRESTI:
Al señor Ministro de Hacienda y a la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, pidiéndoles envío de información detallada atinente a PRESUPUESTO ANUAL PARA SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE REGIÓN METROPOLITANA Y PARA APLICACIÓN DE "LEY ESPEJO" EN REGIÓN DE LOS RÍOS.
A los señores Ministro de Hacienda y Director Nacional de Aduanas, consultándoles acerca de EXISTENCIA DE ESTUDIOS SOBRE PERTINENCIA DE APERTURA DE OFICINA DE ADUANAS EN REGIÓN DE LOS RÍOS, CON INDICACIÓN, EN SU CASO, DE ESTIMACIÓN DE PLAZOS E INVERSIONES.
A la señora Ministra de Educación, con el objeto de que se informe respecto a DESVINCULACIÓN DE ASISTENTES DE EDUCACIÓN EN COMUNA DE RÍO BUENO.
Al señor Ministro de Obras Públicas, para que se proporcionen antecedentes con relación a PROYECTO DE ASFALTADO DE SECTORES LOS ESTEROS, ROFUCO ALTO Y AUQUINCO, COMUNA DE LA UNIÓN.
A los señores Ministro de Obras Públicas, Gobernador de Los Andes y Director Nacional de Vialidad, a fin de consultarles por POSIBILIDAD DE MEJORAMIENTO, EN COORDINACIÓN CON ADMINISTRACIÓN DE PARQUE ANDINO JUNCAL, EN MANTENCIÓN DE RUTA E781 Y EN SEGURIDAD DE VISITANTES.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, para que remita información con respecto a NORMATIVA SOBRE CONSTRUCCIONES EN ÁREAS CON RIESGO DE TSUNAMI EN SECTOR DE PLAYA PILOLCURA, COMUNA DE VALDIVIA.
A la señora Ministra de Bienes Nacionales, pidiéndole antecedentes en cuanto a PROPIEDAD DE TERRENOS UBICADOS EN SECTOR DE PLAYA PILOLCURA, COMUNA DE VALDIVIA, y a NORMAS SOBRE ACCESIBILIDAD ANTE NEGATIVA DE PROPIETARIOS PRIVADOS PARA ACCESO A LAGOS HUISHUE, MAIHUE Y GRIS Y A LAGUNA GEMELA.
Al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, para que remita antecedentes detallados acerca de RECURSOS PARA REGIÓN DE LOS RÍOS, A TRAVÉS DE FNDR, PROVENIENTES DE "LEY ESPEJO" DE TRANSANTIAGO EN ÚLTIMO LUSTRO.
A la señora Subsecretaria de Derechos Humanos, solicitándole información sobre ESTADO DE MESA DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES DE EXCONSCRIPTOS AFECTADOS EN SUS DERECHOS HUMANOS DURANTE DICTADURA.
Al señor Superintendente de Pensiones, con el objeto de que indique MOTIVOS PARA REVOCACIÓN DE DICTAMEN SOBRE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE SEÑOR CARLOS MIRANDA LAGOS, DE VALDIVIA.
Al señor Superintendente de Servicios Sanitarios, para que remita información concerniente a MALA CALIDAD DE AGUA POTABLE PARA HABITANTES DE COMUNA DE MARIQUINA, ACCIONES ADOPTADAS Y RESPONSABILIDAD DE ESSAL.
A la señora Directora Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas y al señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, pidiéndoles envío de antecedentes y copia de CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE INE Y SAG, REGIÓN DE LOS RÍOS, PARA ESTUDIO DE MOVIMIENTO ANIMAL.
Y a la señora Contralora Regional de Los Ríos, para que remita información referida a ESTADO DE DENUNCIA DE PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN GREMIAL AFUSER DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE RÍO BUENO ANTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DAEM COMUNAL QUE DESVINCULÓ A SIETE ASOCIADOS.
Del señor GARCÍA:
Al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, para que dé a conocer ESTADO DE SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE SERVICIO MÉDICO LEGAL EN VICTORIA (reiteración de oficio).
Del señor NAVARRO:
A la señora Ministra de Salud, requiriéndole INFORME ACRCA DE RESULTADOS DE ESTUDIO SOBRE EUNACOM HECHO POR ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (reiteración de oficio).
Y al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, solicitándole realización de ESTUDIO DE PERTINENCIA Y FACTIBILIDAD PARA TRANSFORMACIÓN DE PROVINCIA DE CHILOÉ EN REGIÓN.
)---------(
--Se levantó la sesión a las 18:25.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción