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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 365ª
Sesión 61ª, en martes 21 de noviembre de 2017
Ordinaria
(De 16:21 a 18:31)
PRESIDENCIA DE SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE;
GUIDO GIRARDI LAVÍN, VICEPRESIDENTE, Y EUGENIO TUMA ZEDAN,
PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán, y Secretario General de la Presidencia, señor Gabriel de la Fuente Acuña.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 12 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 55ª, ordinaria, en 18 de octubre; 56ª, extraordinaria, y 57ª, ordinaria, ambas en 24 de octubre, y 58ª, ordinaria, en 25 de octubre, todas del año en curso, que no han sido observadas.
Asimismo, las actas de las sesiones 59ª y 60ª, ordinarias, ambas en 7 de noviembre de 2017, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cinco de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los tres primeros retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez (boletín N° 10.584-07).
2) El que declara feriado el 17 de enero de 2018 para la Región de La Araucanía y el 18 de enero de 2018 para la Región de Tarapacá, con motivo de la visita de Su Santidad el Papa Francisco (boletín N° 11.350-06).
3) El que introduce diversas modificaciones en la normativa educacional (boletín N° 11.471-04).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (boletín N° 7.963-06).
2) El que regula el uso de plásticos desechables de un solo uso (boletín N° 10.054-12).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los que comunica que ha dado su aprobación a los siguientes proyectos de ley:
1) El que modifica la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en el sentido de establecer una definición de discapacidad social que comprenda el síndrome de Asperger y otros trastornos del espectro autista (boletín N° 11.240-31).
--Pasa a la Comisión de Salud.
2) El que modifica la ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación y las leyes que la complementan y modifican, para perfeccionar la causal de término de la relación laboral de los docentes municipales, determinada por salud incompatible (boletín N° 11.322-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
3) El que fortalece el Servicio de Tesorerías (boletín N° 11.468-05) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
4) El que declara el 7 de febrero de cada año como "Día Nacional por la no violencia en el pololeo" y autoriza para realizar ese día distintas manifestaciones conmemorativas a lo largo del país (boletín N° 11.235-24).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copias de las sentencias definitivas pronunciadas en sendos controles de constitucionalidad relativos a los siguientes proyectos de ley:
-El que crea el Sistema de Educación Pública y modifica diversos cuerpos legales (boletín N° 10.368-04).
-El que posterga la entrada en vigencia de la nueva estructura curricular establecida en la ley N° 20.370 (boletín N° 11.132-04).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.
Remite diversas sentencias dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad acerca de las siguientes normas:
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, y artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798, que establece el control de armas.
-Artículo 78 del Código de Procedimiento Penal.
-Artículo 20, inciso final, en la parte que indica, del decreto ley N° 2.186, del año 1978, ley orgánica de procedimiento de expropiaciones.
-Artículo 391, N° 1, circunstancia quinta, del Código Penal.
-Artículo 449, N° 1, del Código Penal.
--Se manda archivar los documentos.
Adjunta numerosas resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, y artículos 2°, letras b) y c); 9°, incisos primero y segundo, y 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798, que establece el control de armas.
-Artículo 364 del Código Procesal Penal, y artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad.
-Artículo 8°, N° 9°, de la ley N° 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos.
-Inciso primero del artículo 29 del decreto ley N° 3.538, de 1980, ley orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros.
-Artículo 472 del Código de Procedimiento Civil.
-Artículo 449, inciso primero, regla N° 1, del Código Penal.
-Artículos 193, 205, 318, 330, inciso primero, 334, 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal.
-Artículo 12 de la ley N° 17.322, que establece normas sobre cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas de las instituciones de previsión.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Desarrollo Social:
Responde acuerdo del Senado por medio del cual se solicita la adopción de medidas para afrontar la crisis institucional del sistema de protección del Servicio Nacional de Menores (boletín N° S 1.942 -12).
De la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social:
Contesta requerimiento, manifestado en nombre de la Senadora señora Goic, en cuanto a presentar un proyecto de ley para restituir a los extrabajadores de ASMAR las cotizaciones aportadas al fondo de desahucio de la ley N° 15.386.
De la señora Ministra de Salud:
Informa solicitudes, expedidas en nombre del Senador señor García, acerca de lo siguiente:
-Avance del proyecto de recuperación de siete pabellones del Hospital Hernán Henríquez Aravena, en la ciudad de Temuco.
-Estado de implementación de lo dispuesto en las leyes N°s 20.209, 20.707 y 20.972, sobre remuneraciones y asignaciones profesionales.
Envía respuesta a petición formulada en nombre del Senador señor De Urresti, relativa a la atención de salud entregada a persona individualizada.
Informa consulta del Senador señor Navarro acerca del convenio suscrito con la Organización Panamericana de la Salud.
Anexa antecedentes relativos a las licencias médicas de persona individualizada, materia planteada en nombre del Senador señor Tuma.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Informa requerimientos, formulados en nombre del Senador señor Horvath, acerca de las siguientes materias:
-Proyecto Sendero de Chile.
-Reutilización de las alcantarillas reemplazadas en la construcción del Camino Austral en otros caminos públicos.
Atiende diversas solicitudes, expresadas en nombre de los señores Senadores que se consignan a continuación:
-Del Senador señor García, para informar sobre el camino que une Puerto Saavedra con la Hostería Boca Budi y el mirador del sector, en la Región de La Araucanía.
-Del Senador señor Espina, sobre reparación de la Ruta R-86, de la Región de La Araucanía.
-Del Senador señor Prokurica, en cuanto a la paralización de las obras de la Ruta C-46 de Huasco, Región de Atacama.
-Del Senador señor Navarro, acerca de la construcción del Puente Bicentenario en la Región del Biobío.
-Del Senador señor De Urresti, para informar sobre problema de tránsito durante el invierno en el paso ferroviario en Folleco, Región de Los Ríos.
-Del Senador señor Coloma, relativa a la construcción del puente del camino Rol M-680, Ruta 128, comuna de Cauquenes.
-Del Senador señor Lagos, referente a la rebaja del pasaje de transporte público para los adultos mayores de regiones.
De la señora Ministra de Bienes Nacionales:
Adjunta datos sobre materias consultadas por el Senador señor De Urresti, acerca de:
-Propiedad de los terrenos del sector de Playa Pilolcura, de Valdivia.
-Denuncia de los vecinos de Calcurrupe Alto respecto del cierre de accesos a lagos indicados.
De la señora Subsecretaria de Educación:
Da respuesta a petición, expresada en nombre del Senador señor Araya, sobre los colegios de Antofagasta que solicitaron renuncia a la subvención.
Contesta consulta, formulada por el Senador señor Navarro, en cuanto a la situación que afecta a los profesores de los liceos de la Cámara Chilena de la Construcción de Tomé, Coronel y Concepción.
Del señor Subsecretario de Justicia:
Remite respuesta a requerimiento, enviado en nombre del Senador señor Ossandón, tocante a índices relativos a la población penal del país.
Del señor Subsecretario (S) del Trabajo:
Informa acerca de la obtención de pensiones de gracia solicitadas por un grupo de trabajadores portuarios de estiba de la Región de Magallanes, materia consultada en nombre del Senador señor Bianchi.
Del señor Subsecretario (S) de Desarrollo Regional y Administrativo:
Envía respuesta sobre el presupuesto destinado a la Región de Los Ríos por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, consulta efectuada por el Senador señor De Urresti.
Del señor Superintendente de Seguridad Social:
Atiende consulta del Senador señor Araya, relativa al rechazo de licencias médicas de persona individualizada.
Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios:
Da respuesta a inquietud, planteada en nombre del Senador señor Bianchi, sobre los resultados de la investigación realizada por el corte de suministro de agua potable, por turbiedad, en la ciudad de Puerto Natales.
Consigna requerimiento del Senador señor Navarro, relativo a la denuncia presentada por vecinos de la localidad de Puerto Varas por la contaminación del Lago Llanquihue.
Del señor Superintendente de Electricidad y Combustibles:
Indica datos acerca de fiscalizaciones, sanciones y planes para evitar cortes eléctricos en la Región Metropolitana, materia requerida en nombre del Senador señor Ossandón.
De la señora Alcaldesa de Viña del Mar:
Consigna antecedentes relativos a hechos delictuales ocurridos en últimos cinco años en alrededores de calle Valparaíso, pregunta formulada en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Alcalde de San Pablo:
Informa sobre denuncia realizada por vecinos a raíz del funcionamiento de empresa "chipeadora" en el sector de Putable, materia consultada en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Director Nacional (S) del SENDA:
Comunica respuesta a petición, manifestada en nombre del Senador señor Navarro, con relación a los convenios vigentes con el Hospital de San Antonio.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO:
Consigna información sobre el litio y su explotación industrial, consulta realizada en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor Director Ejecutivo de CONAF:
Adjunta antecedentes sobre las siguientes materias, solicitadas por el Senador señor De Urresti:
-Protocolo CONAF-FACH para el combate de incendios forestales.
-Denuncia de tala ilegal de bosque nativo en la Provincia de Ranco, Región de Los Ríos.
De la señora Directora Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas:
Expide datos sobre el convenio de colaboración suscrito con el Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Los Ríos, consulta efectuada en nombre del Senador señor De Urresti.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de CAPREDENA:
Atiende preocupación, manifestada en nombre del Senador señor Chahuán, en cuanto al sistema de pago, por parte de los pensionados, de las atenciones de salud en los establecimientos asistenciales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
Del señor Director Nacional de Gendarmería de Chile:
Remite antecedentes sobre internos con enfermedades terminales y crónicas, consulta realizada en nombre Senador señor Chahuán.
Del señor Seremi de Vivienda y Urbanismo de Atacama:
Da cuenta de las razones por las cuales una persona damnificada por los aluviones del año 2015 no ha obtenido una solución habitacional, consulta expresada en nombre del Senador señor Prokurica.
De la señora Directora (S) del SERVIU de la Región de La Araucanía:
Responde petición, expedida en nombre del Senador señor García, acerca del proceso de venta de un terreno del SERVIU en la comuna de Saavedra.
De la señora Jefa de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional de La Araucanía:
Comunica requerimiento, formulado en nombre del Senador señor García, relacionado con el proyecto de agua potable rural "Caivaco-El Águila".
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informe
De la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos relacionados con niños, niñas y adolescentes, recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez (boletín N° 10.584-07) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para tabla.
Mociones
De los Senadores señor Letelier, señoras Allende y Muñoz y señor Montes, con la que comienzan un proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en memoria del ex Diputado señor Héctor Luis Olivares Solís en la comuna de Rancagua (boletín Nº 11.487-04).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
De los Senadores señor De Urresti, señora Allende y señores Girardi, Guillier y Horvath, con la que dan inicio a un proyecto de ley para promocionar la eficiencia energética en sectores con consumo energético relevante (boletín Nº 11.489-08).
De la Senadora señora Allende, con la que inicia un proyecto de ley que fija el sentido y alcance de las normas relativas al estatuto legal que rige a la Corporación Nacional del Cobre (boletín Nº 11.498-08).
--Pasan a la Comisión de Minería y Energía.
De los Senadores señora Goic y señores Matta, Ignacio Walker y Patricio Walker, con la que dan inicio a un proyecto de ley que faculta a las personas entre catorce y dieciocho años para desempeñarse voluntariamente como vocales de mesas receptoras de sufragios (boletín Nº 11.494-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Cinco de la Senadora señora Goic:
Con la primera comienza un proyecto de ley para regular el recurso de protección y derogar la ley N° 18.971, que regula el denominado "recurso de amparo económico" (boletín Nº 11.495-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República.
Con la segunda da inicio a un proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 20 de la Carta Fundamental, sobre recurso de protección (boletín Nº 11.496-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con la tercera da comienzo a un proyecto de ley relativo a la alimentación en los lugares de trabajo (boletín Nº 11.497-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Con la cuarta inicia un proyecto que modifica la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para interpretar lo que debe entenderse por ajustes necesarios requeridos para un caso particular (boletín Nº 11.501-11).
--Pasa a la Comisión de Salud.
Con la quinta da comienzo a un proyecto que modifica la ley N° 20.712, sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales, para establecer un mecanismo de publicidad de las inversiones de personas fallecidas que tengan fondos de inversión y regular el destino de dichos recursos (boletín Nº 11.503-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Solicitud de permiso constitucional
Del Senador señor Patricio Walker, para ausentarse del país a contar del día 30 de noviembre próximo.
--Se accede a lo solicitado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión celebrada el día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Postergar, hasta la sesión ordinaria de mañana, miércoles 22 del presente, el tratamiento de la iniciativa que figura en el número uno de la tabla de hoy, esto es, el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Girardi, señora Goic y señores Ossandón, Rossi y Zaldívar, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (boletín N° 9.914-11).

2.- Tratar en la sesión ordinaria de hoy, después del proyecto signado con el número dos, el proyecto de ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez (boletín Nº 10.584-07).

3.- En cuanto a la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2018 (boletín N° 11.452-05):
a) Citar a sesiones el jueves 23 de noviembre, de 16:00 a 21:00 horas, y el viernes 24 de noviembre, de 10:00 horas hasta su total despacho.
b) Fijar plazo para presentar indicaciones y solicitar votaciones separadas hasta las 14 horas del jueves 23 de noviembre.
c) Las partidas y artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni solicitudes de votación separada se darán por aprobados, salvo que requieran quorum especial de aprobación.
d) Las indicaciones de mera información se votarán en conjunto.
e) Las indicaciones inadmisibles serán declaradas así en su conjunto. Se dará una hora, desde la respectiva declaración de inadmisibilidad, para pedir la revisión de dicha declaración, sobre la base del listado que se entregará a Sus Señorías, otorgándose para su tratamiento dos minutos para el Senador que impugne e igual tiempo para quien respalde la inadmisibilidad, luego de lo cual se procederá de inmediato a votar.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- El proyecto debe quedar despachado antes del 29 de noviembre, de acuerdo con la norma constitucional. Por lo tanto, si fuera necesaria una Comisión Mixta, las sesiones para pronunciarse sobre su informe tendrían que realizarse entre martes y miércoles de la próxima semana a más tardar.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, entiendo que el acuerdo de los Comités es votar en paquete las indicaciones de solicitud de información. De ser así, estarían todas aprobadas. Sin embargo, ello es complejo, porque hay muchas y son sectoriales.
Mi duda es si la Secretaría las revisó y determinó si todas corresponden.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se trata de las indicaciones que vengan aprobadas, señor Senador. Las que no lo hayan sido pueden ser renovadas y, en tal caso, sí deberíamos verlas en forma separada.
El señor NAVARRO.- Conforme, señor Presidente.
V. ORDEN DEL DÍA



ELIMINACIÓN DE APORTE FISCAL INDIRECTO PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Según lo resuelto por los Comités, corresponde tratar, en primer lugar, el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Vicepresidente de la República, en primer trámite constitucional, que elimina el aporte fiscal indirecto para las instituciones de educación superior, estableciendo una regulación transitoria para el año 2017, con informes de las Comisiones de Educación y Cultura y de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.257-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 21ª, en 7 de junio de 2017 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 52ª, en 10 de octubre de 2017.
Hacienda: sesión 52ª, en 10 de octubre de 2017.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de la iniciativa es suprimir el aporte fiscal indirecto para las instituciones de educación superior, estableciendo una regulación transitoria para el año 2017.
La Comisión de Educación y Cultura discutió el proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 6 de septiembre del presente año, aprobándolo en ambos casos por mayoría de votos. Votaron a favor los Senadores señores Quintana, Quinteros e Ignacio Walker, y se abstuvieron los Senadores señora Von Baer y señor Allamand.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de los artículos 1, 2 y 3 en los términos en que fueron aprobados por la Comisión de Educación y Cultura, y no introdujo enmiendas a la normativa despachada por esta.
El texto que se propone aprobar se consigna en la página 7 del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En la discusión general del proyecto, tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.


La señora VON BAER.- Señor Presidente, quiero explicar la razón por la cual nosotros nos abstuvimos en esta iniciativa, pero antes voy a señalar qué es el aporte fiscal indirecto.
El AFI es un aporte basal que el Estado entrega a las universidades, sea que pertenezcan o no al CRUCh y sean privadas o no privadas. ¿Cómo se asigna? Según los mejores puntajes obtenidos en la PSU. En definitiva, es un aporte basal que reciben las universidades donde se matriculen los 27 mil 500 mejores puntajes de la Prueba de Selección Universitaria.
¿Cuál es la lógica del sistema? Que los estudiantes con puntajes más altos elijan el plantel que consideren más adecuado. Así, este aporte basal, utilizado básicamente para investigación, va a dichas instituciones.
La suposición que hay detrás del sistema es que los estudiantes con mayores puntajes eligen a las mejores universidades, a las cuales se les entrega el aporte sin discriminar si son estatales o no y si son privadas o no.
Valga comentar que el AFI había sido eliminado el año pasado vía Ley de Presupuestos, siendo que se hallaba establecido por ley permanente. Ello llevó a una situación de tribunales. La Universidad Católica presentó un recurso y el Gobierno se vio en la necesidad de negociar, ya que, efectivamente, no es posible cambiar una ley permanente a través del Presupuesto de la Nación.
Desde mi punto de vista, aquel fue un tropiezo bastante severo para el Ministerio de Educación, que nosotros advertimos durante la tramitación del respectivo proyecto. Pero, más allá de eso, el Gobierno insistió en eliminar el aporte fiscal indirecto por considerarlo discriminatorio, atendido que sigue a los estudiantes con mejores puntajes, quienes, en general, provienen de colegios particulares. Lo que no se dijo en el análisis es que está sucediendo algo que no sucedía al principio del AFI: que la creciente reputación de varias universidades privadas ha permitido que su distribución sea pareja con las universidades públicas. O sea, hay estudiantes que migraron desde estas últimas hacia las privadas, por lo que el aporte también se está yendo a estas instituciones.
La propuesta legal en debate, entonces, apunta a suprimir el AFI, pero lo que a nosotros nos parece discriminatorio es que los fondos son reasignados solo a planteles pertenecientes al Consejo de Rectores, excluyendo a casas de estudios superiores que también forman parte del sistema y han alcanzado buenos niveles de acreditación y buenos niveles de investigación.
En ese sentido, las justificaciones que plantea el Ejecutivo siguen siendo, desde nuestro punto de vista, insuficientes, debido a que actualmente cerca del 25 por ciento de los fondos del aporte fiscal indirecto va a universidades privadas no miembros del CRUCh y que son superdiversas: tenemos a la Adolfo Ibáñez, por un lado, pero también están la Diego Portales, la de Los Andes, la del Desarrollo y la San Sebastián. O sea, establecimientos a los que uno podría decir, con prejuicio, que asisten alumnos de familias de altos ingresos. Sin embargo, igualmente se trata de estudiantes con altos puntajes provenientes de familias de clase media e, incluso, planteles a los que ingresan jóvenes que en gran porcentaje pertenecen a familias vulnerables.
Por lo tanto, señor Presidente, nuevamente se está discriminando dentro del sistema, con una mirada que a nosotros nos parece sumamente ideológica. Hay universidades que representan proyectos educativos nuevos, que han sido exitosas en distintas líneas y que merecen ser fortalecidas en materia de desarrollo e investigación, especialmente si los mejores puntajes de la PSU han optado por ellas. Pero aquí, simplemente, se las está eliminando.
Me preocupa, sobre todo si lo unimos a lo que se está planteando en la nueva Ley de Educación Superior. ¿Por qué? Porque a las universidades, para ser acreditadas, se les va exigir, por ejemplo, que realicen investigación. Y a estas el Estado no les estaría entregando ningún tipo de financiamiento para tal efecto. Precisamente, una forma que los planteles no pertenecientes al CRUCh y que no son estatales tienen para acceder a fondos de investigación es vía AFI, atrayendo a los más altos puntajes de la PSU.
En ese sentido, uno puede discutir si el aporte fiscal indirecto es la mejor herramienta, pero lo que no se puede discutir es que la solución planteada por el Ejecutivo es absolutamente discriminatoria. Y en ese sentido nosotros no estamos de acuerdo, porque creemos que incluso arrebata una herramienta más a un sistema que entrega cada vez menos aportes a la investigación.
Si hay algo en que estamos quedando al debe no es en el financiamiento estudiantil para las universidades, pero sí, fuertemente, en cuanto a los fondos que van a la investigación. En otras partes del mundo es en las universidades donde se realiza investigación, y esta es un motor muy fuerte para el desarrollo.
En virtud de ello, señor Presidente, nosotros nos vamos a abstener.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, ¿puede abrir la votación?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?

El señor PIZARRO.- Conforme.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, uno podría preguntarse cuál es el problema con el AFI, que es una especie de incentivo, de premio, a aquellas instituciones de educación superior que captan los mejores puntajes. De hecho, estamos hablando de los 27 mil 500 mejores puntajes del país. La verdad es que con el aporte fiscal indirecto hay dos problemas, más un tercer problema que en realidad es legal.
En primer lugar, desde el punto de vista del aporte fiscal al financiamiento a las universidades, en los años ochenta aproximadamente el 85 por ciento era a través del AFI; es decir, tenía una significación importante. Hoy en día solo el 3,5 por ciento de ese aporte corresponde al aporte fiscal indirecto. Por lo tanto, es una institución que en su momento jugó un rol importante y que ha caído en desuso.
Esa es la primera razón para revisar este mecanismo.
Pero existe una segunda: el AFI mantiene y reproduce la segregación, porque generalmente va a las universidades tradicionales que es donde están los mejores alumnos que, a su vez, corresponden a los niveles de mayores ingresos. Entonces, no es equitativo; es más bien inequitativo.
Ahí hay dos razones bastante de fondo: una, que ha caído en desuso; otra, que mantiene y reproduce la segregación, la inequidad.
Y, en tercer lugar, se ha compensado a las universidades perjudicadas, que son las que van a dejar de percibir este ingreso vía aporte fiscal indirecto.
Les recuerdo que hubo también una demanda de la Universidad Católica que tenía cierta razón, pues efectivamente la ley mandataba y mandata: dice que habrá un aporte fiscal indirecto. Sin embargo, para este año no hubo recursos en el presupuesto. Es decir, se estaría incumpliendo la ley, porque esta manda, prohíbe o permite; y, en este caso, desde los años ochenta manda que exista un aporte fiscal indirecto.
Por eso hubo que reformar la ley y estamos derogando este precepto, el cual establece un mecanismo desde el año 1981 que beneficia a aquellas instituciones que logran captar los 27 mil 500 mejores puntajes del país.
Por lo tanto, parece del todo razonable eliminar el aporte fiscal indirecto y pasar a otras modalidades, como los aportes basales, que recuerdo que hoy día están en todas las universidades del CRUCh; los avances que estamos teniendo en gratuidad; las becas y los créditos. En consecuencia, existen otros mecanismos que han ido supliendo esta forma de financiamiento.
De allí que aprobamos derogar este instrumento de la actual ley.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, siempre escuchamos de los representantes de Chile Vamos la regla económica de que hay que focalizar el gasto. Y esto se repite especialmente a propósito de la gratuidad de la educación superior, cuando se insiste en la idea de que quienes pueden pagar la educación de sus hijos deben hacerlo. Incluso, su candidato presidencial ha llegado a decir que existe mayor compromiso de las familias cuando se paga por la educación.
Pues bien, este proyecto trata justamente de corregir la asignación de los siempre escasos recursos públicos eliminando el aporte fiscal indirecto, que beneficia precisamente a las instituciones que acogen a los alumnos de mayores ingresos, pertenecientes a los dos últimos quintiles, que son los que concentran a quienes obtienen los mejores puntajes de la PSU.
Según cifras del Ministerio de Educación, los egresados de colegios particulares pagados generan el 45 por ciento de estos recursos.
El aporte fiscal indirecto fue creado en 1981 y beneficia a las instituciones que admitan a los 27 mil 500 mejores puntajes de los alumnos matriculados en el primer año de estudios.
¿Acaso alguien todavía cree que estos son recursos asignados en función de la calidad?
Hace tiempo que está demostrado que la PSU no es indicativa de calidad y tampoco es el mejor instrumento para seleccionar estudiantes.
Hay experiencias prácticas en varias universidades respecto del buen rendimiento de alumnos con mejores desempeños en la enseñanza media que no necesariamente obtuvieron un buen puntaje en la Prueba de Selección Universitaria.
Cada vez la PSU pesa menos en la selección de estudiantes, y es lógico que esta fuente de financiamiento pese menos en el presupuesto de las universidades.
En definitiva, la mantención del aporte fiscal indirecto aparece como un instrumento anacrónico y regresivo, que apunta justamente en sentido contrario a la inclusión y a la igualdad de derechos.
Esto no quiere decir que las universidades de mayor complejidad, que son aquellas que atraen a los mayores puntajes, no merezcan financiamientos adicionales acordes a su nivel marcadamente superior en todos los ámbitos, especialmente en investigación, sino que estos financiamientos deben ser de acuerdo a las características de estas entidades y no en función de la base formativa con la que llegan sus estudiantes, que obviamente está condicionada por el nivel económico, social y educacional de sus padres.
Señor Presidente, ni la cuna, ni el colegio ni el preuniversitario son elegidos libremente por los jóvenes chilenos. Con esta lógica, también podríamos asignar el financiamiento de la educación escolar de acuerdo a los resultados del SIMCE.
Esta situación anómala debe ser corregida. Dicho propósito ha sido incluido en el proyecto de educación superior del Gobierno y en las anteriores leyes de presupuestos.
Espero que esta vez ese criterio quede asentado de manera definitiva y no siga siendo objeto de jugarretas judiciales, como las que ha promovido la Universidad Católica o las que se intentan cada cierto tiempo en el Tribunal Constitucional.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, la verdad es que esto parece el mundo al revés, porque quienes han anunciado que se van a abstener en esta votación, han señalado durante todo el tiempo que se ha llevado adelante la reforma educacional en curso -esta iniciativa busca ser parte de esa misma sintonía y coherencia- que los recursos tienen que ir a los alumnos. Y sucede que lo que hoy día estamos derogando, el aporte fiscal indirecto (que, como han dicho los colegas, data de la reforma de 1981 que permitió una liberación completa de la educación superior y que cualquiera pudiera crear una universidad), se ha transformado con el correr del tiempo en un instrumento completamente regresivo. De ahí que el Senador Ignacio Walker, Presidente de la Comisión de Educación, señalara que el AFI reproduce la segregación ahora dentro de las instituciones de educación superior.
Efectivamente, se trata de 27 mil 500 estudiantes. Pero estos recursos, que son cuantiosos, no los reciben ellos. Eso es lo primero que hay que dejar en claro. Estos son recursos que reciben las instituciones en que se matriculan estos estudiantes, a quienes, por haber obtenido buenos puntajes, los persigue esa asignación de fondos y, por tanto, se quedan en determinado plantel educativo.
Sin embargo, tal asignación no necesariamente impacta en la calidad de la educación o en optimizar los procesos formativos. Puede ser usada en expansión o, incluso, en mejorar la infraestructura de una universidad.
¿Dónde está el punto, señor Presidente? En el hecho de que este instrumento ha dejado de ser útil, pese al incremento sostenido de los recursos.
El año 2000 hablamos de 284 mil millones de pesos. En 2016, de 1.800 millones de pesos: ¡1,8 billones! O sea, una cantidad estratosférica de fondos en la que ningún peso se destinaba a los estudiantes; porque lo que importaba era el mecanismo, que consistía, tal como manifestó el Senador Quinteros, en la PSU. Pero ya se halla suficientemente demostrado que dicha prueba no puede ser el único instrumento de selección o admisión a las casas de estudios superiores. También se ha puesto en evidencia que existe una estrecha correlación entre el puntaje del estudiante, su universo económico y el entorno familiar del cual proviene.
Por tanto, mantener el aporte fiscal indirecto a las universidades, tal como hemos hecho durante todos estos años, no da cuenta de cómo ha crecido la composición de los estudiantes que hoy día forman parte de la educación superior, en que han crecido los tres primeros quintiles. Es decir, los alumnos de menores ingresos son los que hoy día llegan de manera creciente a las universidades y se matriculan en aquellas donde normalmente no se da el mayor corte -ya sean privadas o tradicionales-, con independencia de la complejidad de la casa de estudios superiores.
Insisto en que este instrumento es completamente regresivo: involucra muchos recursos y no se justifica actualmente, por las otras fuentes de financiamiento con que se viene experimentando desde el año 2015 en adelante, fundamentalmente por la gratuidad. ¡Fundamentalmente por la gratuidad!
Estos dineros ahora irán a aumentar el presupuesto para el financiamiento de la gratuidad. Por tanto, quienes afirman que no les gusta esta ley en proyecto para derogar el AFI están diciendo claramente que no les gusta la gratuidad. Por eso hace muy bien el Senador Quinteros al poner el punto político, porque venimos saliendo de una campaña.
En Chile tenemos a 240 mil jóvenes estudiando gratis en las universidades, en los centros de formación técnica, en los institutos profesionales. Y sucede que ahora algunos candidatos se están dando una vuelta de carnero al señalar que sí, que van a mantener la gratuidad. No obstante, sucede que los parlamentarios de sus filas, que respaldan al candidato Sebastián Piñera, hoy día están frenando la gratuidad. Vamos a ver cuál será el comportamiento en los próximos días cuando en el proyecto de Ley de Presupuestos, en la Glosa correspondiente, tengamos que votar el incremento de la gratuidad a 60 por ciento. Yo espero que no busquemos argumentos y artilugios como los que se usan ahora para seguir manteniendo un sistema segregado, donde más bien importa lo que reciben las universidades y no lo que se entrega al alumno.
Por todas estas razones, señor Presidente, creo que estamos terminando en un muy buen momento con el aporte fiscal indirecto, que se creó en 1981.
Voto a favor.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que todos los niños de Chile, que acostumbran jugar en los patios de sus escuelas, se dan vueltas de carnero. Pero hoy van a tener que cambiarle el nombre y llamarlo "vueltas de Piñera". Es impresionante cómo Sebastián Piñera, avalado también por las conductas de sus Senadores, renegó de la gratuidad señalando que efectivamente la educación es un bien y no un derecho.
Yo espero que la definición en torno a la gratuidad, proyecto de ley que viene en camino, sea un elemento importante de transparencia, de claridad frente a la ciudadanía, frente a los estudiantes.
¿La Derecha está o no a favor de la gratuidad universal tal como la ha implementado el Gobierno de la Presidenta Bachelet, tal como se planteó durante la campaña presidencial?
Si lo que señalan ahora en el sentido de que están a favor de aquella solo fuera un argumento para la campaña -porque están en contra, pero hablan de ella dando un argumento positivo-, creo que le harían un daño grave a la política, a la transparencia, a la credibilidad.
Señor Presidente, el aporte fiscal indirecto fue creado el año 1981, a través del decreto con fuerza de ley N° 4. ¡No había Congreso en esa fecha! Quienes estaban en las universidades en esos años recuerdan claramente que esto era una inyección para un modelo de educación superior que nacía en Chile y que se buscaba fortalecer: las universidades privadas. En ese entonces, el aporte fiscal indirecto llegaba a 40 por ciento de los estudiantes, pero hoy día la matrícula ha crecido, hay más de un millón de estudiantes de educación superior y, por tanto, el aporte se ha reducido y llega a no más del 10 por ciento.
Por lo tanto, no es algo que sea relevante en materia de impacto para los estudiantes; tampoco lo es para el financiamiento de las universidades. De acuerdo al informe que nos ha enviado la Jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, señora Alejandra Contreras, no supera el 3,5 por ciento de financiamiento de la educación superior.
Entonces, pareciera no ser demasiado significativo. Sin embargo, lo que sí está claro es que es discriminador. Discrimina, efectivamente, en torno a premiar a las universidades a las cuales acceden los estudiantes provenientes de colegios particulares pagados y que tienen una sólida formación de su ambiente familiar, lo cual los hace tener ventajas sobre otros grupos de jóvenes que también aspiran a llegar a la universidad, pero que no cuentan con la misma capacitación, recorrido y trayectoria para rendir una buena PSU.
En consecuencia, la eliminación de este mecanismo viene a generar mayor igualdad y un aporte al financiamiento que tiene un solo nombre: "gratuidad de la educación superior".
Por lo tanto, lo que estamos votando hoy no es solo la eliminación del aporte fiscal indirecto (AFI), sino ratificar como concepto lo que el Gobierno de la Presidenta Bachelet ha señalado: "gratuidad".
No escuché bien si la Derecha se va a abstener o va a votar en contra.
Estamos diciendo que el elemento principal para financiar la educación superior en Chile, de manera igualitaria para todos los estudiantes -vengan estos del quintil que vengan; vengan de los hogares que vengan- es la gratuidad. No es un aporte fiscal indirecto que premia de manera discriminatoria a aquellos que han tenido mejores oportunidades de preparar una muy buena prueba de selección universitaria.
Por eso, señor Presidente, yo espero que esto se elimine.
Se ha hecho una salvedad, que entiendo. Se ha planificado la extensión de aportes para el 2017, porque no va a haber ley y esta es exigible. Yo creo que eso debiera dar tranquilidad en el sentido de que tales recursos van a llegar por última vez.
Finalmente, lo que resta después de esta eliminación es determinar si la PSU será un elemento, como prueba estandarizada, para seguir midiendo la vocación, la aptitud de nuestros jóvenes para ingresar a la educación superior. Creo que es un elemento que hay que revisar. Son demasiados los análisis y los especialistas que han señalado que no es el mejor instrumento de selección, que no determina cualitativamente cuál es la vocación de los estudiantes y los somete a un ritmo de preparación más bien técnica, no intelectual, ni siquiera de conocimientos.
Voto a favor.
Me habría gustado que este aporte se hubiera eliminado mucho antes, pero hoy es la oportunidad de hacerlo.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, me correspondió ver este proyecto en la Comisión de Hacienda y me abstuve. Voy a hacer lo mismo ahora en la Sala.
Yo tengo una mirada distinta.
Siento que las universidades regionales hacían un gran esfuerzo por retener a los mejores estudiantes, a los que habían tenido un muy buen rendimiento en la prueba de selección universitaria. Y parte de ese incentivo, por supuesto, era quedarse con el aporte fiscal indirecto asociado a esos buenos puntajes.
Primero, aquí se eliminó o se intentó eliminar este sistema por una vía que no corresponde, a través de la Ley de Presupuestos. O sea, por un año nos quedamos sin aporte fiscal indirecto.
Luego, se presentó esta iniciativa, y finalmente la estamos votando. Eso significa que en sucesivas leyes de presupuestos se fue renovando la idea de eliminar el aporte fiscal indirecto.
Y lo quiero decir: para la Universidad de la Frontera este aporte fiscal indirecto representó, el año 2015, que fue el último en el que se entregó, un ingreso adicional de casi 379 millones de pesos; y para la Universidad Católica de Temuco, de 56 millones 600 mil pesos.
A través de este proyecto -porque también está entregando un aporte de 2 mil millones de pesos- la Universidad de la Frontera recibirá 39 millones de pesos y la Universidad Católica de Temuco, 4 millones 600 mil pesos, en cifras redondas.
Me parece que sin una discusión técnica adecuada, sin que exista el convencimiento de que este instrumento era regresivo, malo, que no iba a los estudiantes sino a las respectivas universidades, les estamos ocasionando a las instituciones de regiones, que hacían el esfuerzo de tener a los mejores alumnos y rendimientos obtenidos en la prueba de selección universitaria, una situación de menoscabo respecto de sus ingresos y también de su institucionalidad.
Considero que esto debimos haberlo discutido y conversado mucho más para ver cómo se sustituyen estos recursos, dejándoles siempre a las universidades algún instrumento que les permita atraer a los estudiantes más talentosos, a los que obtienen el mejor rendimiento académico.
No puede ser que finalmente todo termine concentrándose en las universidades que tienen su domicilio en la Región Metropolitana.
Por eso, señor Presidente, me abstengo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (19 votos a favor, 9 abstenciones y un pareo) y, por no haberse presentado indicaciones, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Chahuán, Guillier, Horvath, Lagos, Letelier, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Coloma, García, García-Huidobro, Pérez Varela y Prokurica.
No votó, por estar pareado, el señor Moreira.




CREACIÓN DE DEFENSORÍA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ


El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En conformidad al acuerdo adoptado por los Comités, corresponde tratar el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, con informe de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.584-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 3ª, en 22 de marzo de 2016 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 52ª, en 10 de octubre de 2017.
Informes de Comisión:
Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes: sesión 43ª, en 30 de agosto de 2016.
Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes (segundo): sesión 11ª, en 2 de mayo de 2017.
Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes: sesión 61ª, en 21 de noviembre de 2017.
Hacienda: sesión 11ª, en 2 de mayo de 2017.
Discusión:
Sesiones 44ª, en 31 de agosto de 2016 (se aprueba en general); 12ª, en 3 de mayo de 2017 (queda pendiente la discusión en particular); 13ª, en 9 de mayo de 2017 (se aprueba en particular).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Este proyecto inició su tramitación en el Senado y en el segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados efectuó diversas enmiendas a su texto.
La Comisión Especial, con las votaciones que consigna en su informe, aprobó las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados, con excepción de las recaídas en las siguientes disposiciones, que propone rechazar:
-ARTÍCULO 2°.
-ARTÍCULO 4°: letra b), nueva; letra c), que pasaría a ser letra d); letra e); letra f), nueva; letra g), en lo relativo a la segunda modificación propuesta; letra i), nueva, en lo referente a la primera modificación propuesta; letra k), nueva.
-ARTÍCULO 7°.
-ARTÍCULO 10: inciso segundo.
-ARTÍCULO 11: letra e); letra f), en lo relativo a la primera modificación propuesta.
-ARTÍCULO 13.
-ARTÍCULO 14: letra d).
-ARTÍCULO 15: inciso primero, encabezado; letra b); letra c), nueva; letra f), que pasaría a ser letra g), en lo referente a la segunda modificación propuesta.
-ARTÍCULO 16: inciso primero; inciso cuarto; inciso final, nuevo.
-ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.
Cabe hacer presente que en caso de aprobarse las modificaciones efectuadas por la Cámara de Diputados en cuanto a los incisos primero, sexto y séptimo del artículo 13 del proyecto de ley, que la Comisión propone rechazar, deben serlo con el voto favorable de los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio, esto es, con 21 votos.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se transcriben, en la primera columna, el texto aprobado por el Senado; en la segunda, las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y, en la tercera, la proposición de la Comisión Especial.
Nada más, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En discusión las enmiendas de la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, Honorable Senado, en mi calidad de Presidente de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, quiero señalar que nos tocó estudiar este proyecto de ley, que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez.
Como estamos hablando de un tercer trámite constitucional, paso a informar nuestro acuerdo respecto de las modificaciones de la Cámara de Diputados.
En primer lugar, en lo relativo a las enmiendas aprobadas por la Comisión, cabe destacar que ellas recaen, principalmente, en la supresión del término "niñas", a fin de que con la expresión "niños" se comprenda a los menores de ambos sexos. Lo anterior, en coherencia con el lenguaje empleado en la Convención sobre los Derechos del Niño y con el objetivo de uniformar la nomenclatura utilizada en la iniciativa en examen y demás proyectos relacionados.
Asimismo, se aprobaron modificaciones relativas a ciertas atribuciones de la Defensoría concernientes a las labores de coordinación que debe llevar a cabo con otros órganos públicos en materias de su competencia, la delimitación de sus funciones como amicus curiae ante los tribunales, su rol de protección del derecho de participación de los niños, las máximas que la citada entidad debe considerar en sus actuaciones, entre otras materias.
Por último, se acogieron enmiendas referentes a los principios a los que se deberán ajustar los estatutos de la Defensoría y a la reducción del plazo de duración del cargo del Defensor, de ocho a cinco años.
Por otra parte, respecto de las modificaciones rechazadas por la Comisión, hago presente que tal decisión obedece, fundamentalmente, a la intención de perfeccionar la redacción del proyecto en la Comisión Mixta. Ese fue el sentido de rechazar dichas normas, en lo que, en general, estuvimos bastante de acuerdo los integrantes de la Comisión.
En consecuencia, solicitamos a la Sala un voto de confianza para arreglar esas normas en la Comisión Mixta, de manera que después podamos ver el texto final que se proponga a la Sala.
Sin perjuicio de lo señalado, subrayo que en los temas referentes a la definición de los destinatarios de las acciones de la Defensoría, al proceso de nombramiento del Defensor y a las hipótesis en las cuales este último se encontrará habilitado para interponer acciones y querellas, la Comisión rechazó las respectivas modificaciones con el objetivo de que luego la Comisión Mixta pueda revisar con profundidad tales materias, a fin de superar las divergencias con la Cámara de Diputados.
Reitero que la Comisión pide a la Sala votar de manera que el proyecto vaya a Comisión Mixta, para solucionar ciertos problemas y mejorar algunas redacciones del texto que viene de la Cámara de Diputados, sin perjuicio de que aprobamos varias normas tal cual las despachó esa Corporación.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- La idea es que aprobemos el informe, de tal manera que la iniciativa pase a Comisión Mixta. Así lo recomienda la Comisión Especial.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, tengo una consulta.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, si aprobamos el informe, ¿significa que estamos rechazando el proyecto y que va a Comisión Mixta?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En todo lo rechazado por la Comisión.
En votación la proposición de la Comisión.
--(Durante la votación).

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ya está claro que habrá Comisión Mixta. Pero me preocupa el asunto, porque a la Cámara de Diputados el proyecto llegó con la expresión "niños y niñas", en materia de defensa de los derechos, y si bien hubo una recomendación de parte del Ejecutivo para utilizar el término "niños" como nomenclatura universal, por ser la que se usa en la Convención sobre los Derechos del Niño, a nosotros nos interesa priorizar el lenguaje inclusivo.
Por mi parte, presenté una moción para que todos los proyectos que se tramiten en el Congreso utilicen un lenguaje inclusivo.
Por tanto, como dentro de los deberes de esta Defensoría se halla la protección de los derechos de niños y niñas, me parece fundamental que se usen tales expresiones, aun cuando haya un lenguaje universal que hable solo de "niños".
Estamos haciendo una ley en Chile. Está bien que en tratados internacionales que hemos suscrito se utilice otro lenguaje, pero en las leyes emanadas del Congreso Nacional y, como una manera clara de inclusión en términos de género, se debiera preferir la expresión "niños y niñas".
Entiendo que al rechazar el informe se contradice lo obrado por la Comisión del Senado, que ratificó la utilización del término "niños".
Creo que ese debate habría sido interesante darlo en la Sala, porque el lenguaje inclusivo de género no solo es aplicable a este proyecto de ley, sino a todas las iniciativas.
El segundo punto -también lo formularon los Senadores Letelier y Ossandón- se refiere al establecimiento claro de grupos respecto a los cuales la Defensoría deberá preocuparse preferentemente: los niños migrantes y, también, los pertenecientes a pueblos originarios.
Hay otros grupos de niños. El informe lo señala claramente.
Por eso, quiero entender que cuando rechazamos dicho informe, para que haya Mixta, estamos votando a favor de que se revise todo lo obrado por la Comisión. Mi único alcance es que dicho organismo aprobó la exclusión del concepto "niñas".
Entonces, estamos pronunciándonos a favor de eso, señor Presidente, y espero que la Comisión Mixta lo analice dentro de cierto plazo -le pediría a la Secretaría estimar ese lapso-, para que ojalá este proyecto de ley pueda salir antes del término del actual Gobierno.
Por lo tanto, si ese trámite fuera corto y abreviado, yo estaría de acuerdo, y dejo mi intervención hasta aquí.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No hay más inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban las recomendaciones de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes (26 votos a favor, uno en contra y un pareo), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votó por la negativa la señora Muñoz.
No votó, por estar pareado, el señor Moreira.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ahora deberá formarse una Comisión Mixta.
Integrarán dicha instancia los miembros de la Comisión Especial sobre infancia del Senado y aquellos que la Cámara nominará en su oportunidad.
En todo caso, Senador señor Navarro, la Comisión Mixta por supuesto que puede referirse al tema planteado por usted. No hay problema en ese sentido.

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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pido el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Tuma me remplace en la testera por algunos minutos.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Tuma, en calidad de Presidente accidental.



CONVIVENCIA DE MEDIOS DE TRANSPORTE


El señor TUMA (Presidente accidental).- Corresponde reanudar la discusión particular del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito para incorporar disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte, con segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.217-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 18ª, en 18 de mayo de 2016 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 3ª, en 21 de marzo de 2017.
Transportes y Telecomunicaciones (segundo): sesión 49ª, en 3 de octubre de 2017.
Hacienda: sesión 49ª, en 3 de octubre de 2017.
Discusión:
Sesiones 4ª en 22 de marzo de 2017 (queda para segunda discusión en general); 6ª, en 5 de abril de 2017 (se aprueba en general); 55ª, en 18 de octubre de 2017 (queda para segunda discusión en particular).

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que en sesión de fecha 18 de octubre se solicitó segunda discusión de las dos enmiendas aprobadas por mayoría en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
La primera figura en la página 65 del boletín comparado y sugiere eliminar del número 14 del artículo 201 de la ley actual la expresión "bicicletas", que aparece en negrillas en la primera columna.
Esa modificación fue aprobada por mayoría de votos en la Comisión.

El señor TUMA (Presidente accidental).- ¿Punto de Reglamento, Senador señor García-Huidobro?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Sí, señor Presidente.
En la Comisión tuvimos una discusión muy importante sobre la rebaja de la velocidad en las zonas urbanas. Como esto viene dentro de un paquete, respecto del cual hubo votación dividida, pedimos la unanimidad de la Sala para reabrir ese debate aquí, porque hay distintas visiones al respecto y quisiéramos que se vote el punto conforme a lo que estime cada cual.
Esa es la petición que hacemos junto al Senador Ossandón.

El señor TUMA (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para reabrir el debate sobre el particular?
Acordado.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En consecuencia, se acordó reabrir el debate respecto del punto 1.1 del número 1 del artículo 145 de la ley vigente, sobre el límite máximo de velocidad en zonas urbanas. En el texto aprobado por la Cámara dicho límite es de 60 kilómetros por hora (primera columna en negrilla), y lo que se propone es reemplazar el guarismo "60" por "50".

El señor TUMA (Presidente accidental).- En discusión.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Secretaría entiende que se quiere suprimir la letra b) aprobada por el Senado. Por eso se ha pedido la reapertura del debate.


El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, me parece importante que en el Senado reflexionemos sobre esto.
La verdad es que no hay elementos ideológicos en esta discusión, así que considero apropiado que analicemos bien si efectivamente mejora el desplazamiento de los vehículos el hecho de disminuir la velocidad en zonas urbanas de 60 kilómetros por hora -es la vigente hoy día- a 50 kilómetros por hora en el caso de los que tengan un peso inferior a 3 mil 860 kilos -son casi todos- y de las motocicletas.
Me dicen que hay estudios internacionales; probablemente la OCDE, que siempre hace cosas raras, algo puede haber dicho. Pero a mí no me hace sentido que, en cuanto a la convivencia de los medios de transporte, disminuir la velocidad máxima en zonas urbanas sea la solución para mejorar el desplazamiento vehicular.
Digo lo anterior, señor Presidente, porque el punto se discutió también en un esquema distinto: cuando se elevó de 100 a 120 kilómetros por hora la velocidad máxima en las autopistas. La discusión demoró muchos años -¡una década!-, pues algunos especialistas sostenían que si se subía la velocidad iban a aumentar los accidentes y que nuestro país había funcionado bien con los 100 kilómetros.
Quienes recorremos muchos kilómetros nos damos cuenta de la diferencia entre una cosa y otra.
Al final, aumentó esa velocidad a 120 kilómetros por hora, mejoraron los estándares y no ha habido ninguna dificultad, sino todo lo contrario.
Entonces, a mí por lo menos no me calza el hecho de que ahora, para que los distintos medios de transporte convivan, la solución sea disminuir la velocidad máxima en zonas urbanas. Yo no estoy de acuerdo con eso y no he escuchado un argumento sólido en el sentido contrario.
Por eso es importante este debate.
Si no hubiera una justificación distinta, yo votaría en contra de la modificación que se nos propone.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- En efecto, señor Presidente, en la Comisión debatimos bastante respecto de este punto. Porque la ley actual viene del siglo pasado. Por tanto, las normas aplicables a cada vehículo son totalmente distintas.
Hoy día los vehículos tienen frenos de mayor calidad; mejores dispositivos de seguridad interior (airbags, en fin); carrocerías con diseños del todo diferentes de los del siglo pasado (luego de un choque, ahora es mucho más fácil resultar indemne).
Por eso, no encontramos motivos para reducir la velocidad máxima en las zonas urbanas, que es de 60 kilómetros por hora.
Incluso, los municipios tienen facultades para disminuir la velocidad máxima en la ciudad cuando es necesario; por ejemplo, en zonas de escuelas, de hospitales, en fin.
Yo al menos voté en contra de este punto en la Comisión, al igual que el Senador Ossandón -si no recuerdo mal-, pues creo que, lejos de contribuir a la convivencia de los medios de transporte, la rebaja de la velocidad máxima aumentará cada vez más los tacos en las zonas urbanas, las cuales ya se encuentran colapsadas, y de paso incrementara la contaminación.
Entonces, también voy a votar en contra en la Sala, porque considero muy importante mantener la norma vigente sobre la materia.
A mi juicio, es del todo inconveniente crear nuevos conflictos por la vía de incrementar la congestión vehicular.
Hoy día, la velocidad máxima en las zonas urbanas ya está restringida automáticamente en muchos sectores por razones naturales.
Por eso era importante abrir este debate, conversar sobre la materia. El punto es bien discutible. Entonces, lo relevante aquí es dialogar.
Agradezco la reapertura del debate, señor Presidente.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, yo escucho los argumentos en contra de esta enmienda, que podrían tener un elemento de racionalidad. Sin embargo, quiero agregar lo siguiente.
Se han creado cientos de kilómetros de ciclovías y tenemos un proceso de educación, pedagógico, para conductores, ciclistas y peatones, pues se está haciendo uso de ellas.
Esas ciclovías forman parte de un elemento protector que antes no existía: la gente no circulaba en bicicleta porque no tenía ningún resguardo.
Hay que fomentar el uso de la bicicleta. Hay que estimular todo aquello que vaya contra el sedentarismo y la obesidad.
La restricción de 60 kilómetros por hora como velocidad máxima en zona urbanas es para vehículos de menos de 3.860 kilogramos de peso bruto; estamos hablando de automóviles.
Todos los estudios sobre accidentes del tránsito, particularmente los de la SIAT, revelan que solo 10 por ciento se deben a conducción a velocidad elevada y que la mayor parte de ellos ocurre por manejo descuidado.
Entonces, teniendo presente, uno, que hay mayor flujo vehicular (ha aumentado el parque automotriz) y que las calles siguen siendo las mismas; dos, que existen ciclovías; tres, que la densidad poblacional ha aumentado en todos los lugares de gran concentración ciudadana, parece que lo que se plantea podría disminuir la cantidad de accidentes; es decir, puede haber más prudencia.
Porque cuando la velocidad es 60, a veces el velocímetro marca 65 o 70; si es 50, se trata de una medida precautoria.
Como medida precautoria destinada a disminuir los accidentes del tránsito, sobre todo en las ciudades, producto de la alta densidad vehicular, del alto flujo peatonal, más las ciclovías, puede que sea correcta.
Lamentablemente, no está el Ejecutivo para entregar los antecedentes técnicos en que se funda la enmienda propuesta. Pero, desde la perspectiva de la protección al peatón y a los ciclistas, pareciera ser una medida prudente.
Por eso, voy a votarla a favor.
Se trata de una medida precautoria. Es claro que con menos velocidad el impacto y los daños en un accidente son menores. También, es posible frenar con bastante más anticipación para evitar un accidente.
Desde ese ángulo, la enmienda parece tener sentido y coherencia.
Se argumenta lo de los tacos y otras situaciones. Eso tiene otra solución: hay que disminuir la circulación de automóviles en la ciudad; se debe restringir el ingreso al centro de ella.
En cuanto a la contaminación, esperamos que a muy corto plazo haya baterías de litio, pilas de litio, autos eléctricos. Muchas de las grandes industrias automotoras ya han anunciado que solo van a producir autos eléctricos.
Creo que de esa forma se contribuirá a mejorar la seguridad urbana.
Voto a favor.
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El señor TUMA (Presidente accidental).- Saludo a la delegación del 8° básico del Instituto Abdón Cifuentes, de San Felipe, que nos visita esta tarde.
¡Bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, esta discusión es muy relevante, porque tiene que ver con los conceptos de territorio y de ciudad.
¿Para quién es la ciudad? ¿Para quién queremos que a futuro se incentive la ciudad?
Hay una ciudad donde el privilegio y la centralidad son de los automóviles. En ella las vías públicas que se ofrecen son utilizadas preferentemente por los autos particulares.
Es más: en esa ciudad los alcaldes, en vez de preocuparse de las veredas, por donde transitan las personas, entre ellas los adultos mayores, centran su atención en los hoyos. Incluso, llaman a las cámaras de televisión y generan grandes noticias cuando se tapa uno, porque, en esa lógica, el actor preferente, la vedete es el automóvil.
A través de este proyecto -en virtud de él se regula la convivencia vial-, que se inició en movimientos ciudadanos de ciclistas, de peatones, de la gente que desea una sociedad para convivir, queremos precisamente establecer una jerarquía distinta.
¿Cuál es esa jerarquía diferente?
Deseamos, primero, una ciudad pensada fundamentalmente en los peatones. Luego, una ciudad pensada en los ciclistas. Después, una ciudad pensada para quienes circulan en transporte público. Y finalmente, una ciudad pensada para el individualismo que envuelve el uso del auto particular.
No hay ciudad del mundo sustentada sobre la base de que todo el mundo se mueva en autos particulares.
Por eso existen la planificación: la ciudad inteligente, el transporte público. Y por eso hay políticas universales para desincentivar el uso del auto y estimular la utilización del transporte público.
La manera de regular la congestión y la contaminación tiene que ver con lo que señalaba el Senador Navarro: la existencia de políticas que desincentiven el uso del auto particular, que fomenten el transporte público, que restrinjan la circulación vehicular, que establezcan tarificación vial. Hay diversos mecanismos, los que se utilizan en todas las ciudades del mundo.
Pero aquí subyace una cuestión que va más allá de eso. Justamente para favorecer la convivencia vial, para desestimular el uso del auto particular, una ciudad que quiere respeto hacia las personas es aquella donde los vehículos circulan a menos de 60 kilómetros por hora.
Está demostrado internacionalmente en todos los estudios que, independiente de que el mal manejo sea por distracción -por ejemplo, el uso de celular mientras se conduce- o por ingesta de alcohol, es muy distinto atropellar a un ciclista a sobre 50 kilómetros por hora que hacerlo bajo esta velocidad.
Toda la evidencia indica que cuando se choca a un ciclista o se atropella a un peatón a menos de 50 kilómetros por hora la persona afectada tiene alta probabilidad de salvarse.
El efecto no es lineal, sino logarítmico.
Así, cuando se sobrepasan los 50 kilómetros por hora, la posibilidad de salvar la vida de un ciclista chocado o de un peatón atropellado, independientemente de cuál sea la causa, baja exponencialmente.
De eso se trata.
Yo pienso en todas las personas -incluidos, por supuesto, mis familiares- que se desplazan en bicicleta por la ciudad para ir a su trabajo, a la universidad, que es la conducta que ética y ecológicamente deberíamos considerar. Pero mantener la situación actual implica dejar a esa gente en total indefensión.
La ciudad ya es compleja y agresiva; ya privilegia la vía pública, que les pertenece a todos los habitantes, para destinarla prioritariamente a los vehículos particulares. Entonces, me parecería un contrasentido que, además de eso, no diéramos paso a una medida que se está tomando en todas las urbes modernas y civilizadas del planeta para respetar los derechos humanos de los peatones y otras personas y para poder salvar vidas.
Ahora, no es cierto -discrepo de los Senadores que afirman lo contrario- que la reducción de la velocidad en zonas urbanas va a generar más congestión y mayor contaminación: el efecto será inverso.
Aquí está en juego un bien superior. Pero no el del automóvil, sino el bien superior de las personas, sean peatones o ciclistas.
Insisto, señor Presidente, en que esto no es lineal, sino logarítmico: si se atropella a un peatón o se choca a un ciclista a menos de 50 kilómetros por hora, esa persona tiene posibilidad de sobrevivir; a mayor velocidad la probabilidad de sobrevivencia baja de manera dramática.
Por eso, considero que la reducción de la velocidad en zonas urbanas es una medida básica de convivencia, de respeto al prójimo: implica hacerse cargo del legítimo otro.
No sigamos construyendo una ciudad para los automóviles: levantemos una ciudad para la convivencia, para los peatones.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Solo un mínimo de sentido común, señor Presidente: hoy día es casi imposible que los automóviles circulen a menos de 60 kilómetros por hora.
Ahora, los municipios tienen facultades para reducir esa velocidad en los sectores donde sea necesario.
Insisto: 60 kilómetros por hora es una velocidad absolutamente razonable para las ciudades.
Ahora, más allá de la congestión vehicular, hay que hacer leyes reales y que se cumplan.
Como dije, existen herramientas para restringir la velocidad en los sectores donde sea menester: zonas de escuela, de hospital, en fin. Reducir en 10 kilómetros por hora la velocidad máxima en toda la ciudad es algo absolutamente inaplicable, sobre todo teniendo en cuenta la tecnología aplicada en la actualidad a todo tipo de vehículo.
Voto por no bajar la velocidad máxima en las zonas urbanas.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, el proyecto en debate regula los distintos medios y modos de transporte.
Si uno lo revisa desde el punto de vista de las indicaciones que formulamos en su minuto concluye que la enmienda que se nos propone ahora es claramente inconveniente.
Las velocidades dependen de las distancias, de las zonas, de la tecnología.
Si analizamos la situación retrospectivamente, debemos considerar que la gente antes se movía en caballos, de a pie, en fin. Hoy puede hacerlo, por ejemplo, en bicicleta, que es un modo efectivo. Pero no podemos aprobar una modificación que se nos presenta en estas condiciones.
Así que estoy a favor de no avanzar en la línea que se nos sugiere en este instante.

El señor TUMA (Presidente accidental).- No hay más oradores inscritos.
Vamos a votar.
Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor LABBÉ (Secretario General).- Se reabrió el debate sobre la enmienda consistente en remplazar por "50" el guarismo "60" que figura en el punto 1.1 del artículo 145 de la Ley de Tránsito.
Dicha modificación se introduce mediante la letra b) que figura en la página 45 del boletín comparado.
De consiguiente, quienes están de acuerdo con la eliminación de la letra b), que rebaja la velocidad en zonas urbanas, deben votar que sí, y aquellos que no están de acuerdo en suprimirla, que no.

El señor TUMA (Presidente).- En votación.
--Se suprime la letra b) (11 votos a favor y 8 en contra).
Votaron por la afirmativa la señora Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Coloma, García, García-Huidobro, Horvath, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica y Tuma.
Votaron por la negativa la señora Muñoz y los señores Araya, Girardi, Harboe, Letelier, Matta, Navarro y Quinteros.


El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Les ruego a Sus Señorías dirigirse a la página 65 del comparado.
Ahí, en la tercera columna figura una letra b) que tiene por objeto eliminar de la norma vigente (artículo 201, número 14, de la Ley de Tránsito) la expresión "bicicletas".
El artículo 201 se refiere a las infracciones o contravenciones menos graves. Y en el número 14 dice: "Conducir bicicletas, motocicletas o vehículos similares, contraviniendo la norma sobre uso obligatorio de casco protector y demás elementos de seguridad;".
La enmienda consistente en suprimir la expresión "bicicletas" se aprobó por mayoría.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, siempre constituye falta transitar en bicicleta sin usar casco protector.
La supresión de la palabra "bicicletas" tiene que ver con el tipo de sanción que se aplica en tal caso.
Eso motivó planteamientos no solo de las organizaciones preocupadas por este proyecto -mediante él se regula la convivencia de diferentes medios de transporte- sino también del Ejecutivo.
La idea es que la sanción que corresponde ante dicha conducta, que sigue siendo fuerte, se cambie de lugar.
Ese es el sentido de la supresión sugerida. Por eso, invito a aprobarla.
Para evitar una interpretación errónea, debo aclarar que no se trata de eliminar como obligación el uso de casco protector cuando se transita en bicicleta. La idea es equilibrar las sanciones aplicables a las diferentes clases de infracciones.
Invito a votar que sí.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- A eliminar la palabra.
El señor LETELIER.- En esa parte. Porque la referencia se hace en otro lugar.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Puede intervenir el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, tal como lo ha expresado el colega Letelier, contemplar bicicletas, motocicletas o vehículos similares en el mismo número lleva a calificar la norma como compleja, porque también pueden ser ciclistas los menores de edad. ¿Me explico? La ley obliga al uso de elementos de seguridad, pero los que montan una bicicleta pueden ser incluso de temprana edad.
Por lo tanto, eso hace recomendable que la contravención de la exigencia del casco se encuentre sancionada en una parte distinta de lo relativo a motocicletas o vehículos similares, que generan otra condición.
Ello es lo apuntado por el señor Senador.
A mí me parece bien excluir esa falta de este tipo de sanción.
Además, siempre he dicho que todo lo aparejado a un castigo tiene que conllevar una obligación pedagógica. Junto a ciclovías, debiera haber campañas, en particular de los municipios, para el uso del casco. No se utiliza tiempo en televisión para una difusión adecuada e incentivar y promover la adquisición de un artículo como este que sea de buena calidad, así como, en definitiva, de todo lo que lleve a facilitar el cumplimiento de la disposición.
En los casos de trabajadores que se trasladan en bicicleta y de que se disponga de varios de estos vehículos en una familia es preciso comprar dicho elemento para todas las personas involucradas.
Me parece, entonces, que las situaciones particulares debieran estar separadas y en un número distinto, y con otra normativa, que debiera ser más bien preventiva que sancionatoria. Es decir, en una motocicleta se puede alcanzar una velocidad de hasta cien o ciento veinte kilómetros por hora, pero en una ciclovía es inferior. Al establecerse el mismo tipo de sanción para muy distintos vehículos y velocidades, se incurre en una discriminación negativa.
En consecuencia, voto a favor de la eliminación de la expresión "bicicletas".

El señor TUMA (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

El señor LETELIER.- "Si le parece"


El señor TUMA (Presidente accidental).- Si no hay objeciones, se aprobará la eliminación del vocablo "bicicletas".
--Se aprueba.


El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión, por tres votos a favor, de los Honorables señores Letelier, Matta y Ossandón, y una abstención, del Senador señor García-Huidobro, propone agregar el siguiente artículo tercero transitorio, nuevo:
"Los triciclos motorizados de carga que se encuentren circulando por las calles y caminos del país a la fecha de publicación de la presente ley, tendrán un plazo de 6 meses, contado desde la publicación de la misma, para obtener el certificado de revisión técnica respectivo, inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación y obtener su placa patente única. Cumplido el trámite anterior, quedarán habilitados para circular por las calles y caminos que la presente ley determine.".

El señor LETELIER.- "Si le parece".

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Que se vote.

El señor TUMA (Presidente accidental).- En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Quienes estén de acuerdo con la recomendación de la Comisión votan que sí.
--(Durante la votación).

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en la Comisión de Transportes también conversamos bastante con el Ejecutivo acerca de este punto.
Hoy día no existe la obligación de que los triciclos motorizados -y pueden ser eléctricos- cumplan con una revisión técnica ni estén inscritos en el Registro de Vehículos Motorizados. Muchos de ellos son muy pequeños y llevan motores mosquito, y se utilizan en zonas urbanas o rurales. En virtud de la disposición que se estaría incorporando, tendrían que ser inscritos en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil y contar con placa patente única y revisión técnica.
Entonces, no sé si estamos demasiado preocupados de aspectos no muy complejos, porque estos no son vehículos de mayor envergadura. Creo que tales medidas seguirían burocratizando y de alguna manera molestando la vida de mucha gente, ya que, en el fondo, los triciclos no se utilizan en forma permanente. Depende del lugar. No pueden salir a una carretera, sino solo transitar en calles y caminos que autorice la misma ley en proyecto.
Por mi parte, me abstuve, porque no sé si se ayudará a la convivencia vial. Juzgo que lo que más se hará es complicarles la vida a muchas personas que, con mucho esfuerzo, disponen de un pequeño triciclo.
Gracias.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Puede intervenir el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, concordando con el colega García-Huidobro, ya aprobamos que "Sólo en el caso de los triciclos motorizados de carga, la revisión técnica consistirá en una inspección ocular de los elementos de seguridad del vehículo que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones determine en el Reglamento respectivo, los que se verificarán, de igual modo, en las correspondientes plantas.".
Entiendo que eso salva la cuestión. Claramente, es un medio de transporte especial. Habrá una inspección ocular. Y si es eléctrico y no anda, no andará, no más. Las personas que lo utilicen obtendrán muchas facilidades, por los costos. Se trata de trabajadores por cuenta propia a los que, en definitiva, cualquier costo adicional complica y hace dejar de usar estos medios.
Se trata del inciso tercero que se agregaría al artículo 89.
Como hemos venido tratando el proyecto en varias sesiones, le formulo la consulta respectiva, señor Presidente, porque me parece que la disposición fue acogida y que para los triciclos motorizados solo es exigible la revisión técnica citada.
Si es así, debiéramos estar tranquilos en el sentido de no contemplar una exigencia incumplible y de dar una facilidad, a lo que cabe agregar la conveniencia de que el Ministerio de Transportes dicte a la brevedad el reglamento, porque hay mucha inquietud. No son pocas las personas que se me han acercado para saber qué pasará al respecto con ellas.
Repito que el inciso citado resuelve que se exigirá una inspección ocular en la revisión técnica -son vehículos eléctricos- de los elementos de seguridad, que es lo más importante. Ya que no producen emisiones, no hay revisión de gases.
Por lo tanto, me pronuncio a favor, para despejar la duda de que pudiéramos estar instalando exigencias adicionales, cuando queremos dar mayor protección.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.

El señor TUMA (Presidente accidental).- No hay más inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor TUMA (Presidente accidental).- Terminada la votación.

--Por 9 votos a favor y 6 abstenciones, se aprueba el artículo tercero transitorio, nuevo, quedando aprobado también en particular el proyecto y despachado en este trámite.
Votaron las señoras Muñoz y los señores De Urresti, Girardi, Harboe, Letelier, Matta, Navarro, Quinteros y Tuma.
Se abstuvieron la señora Von Baer y los señores Bianchi, García, García-Huidobro, Ossandón y Prokurica.




OBLIGACIÓN DE PROVISIÓN DE ROAMING AUTOMÁTICO NACIONAL ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA O DE CATÁSTROFE


El señor TUMA (Presidente accidental).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Girardi, Letelier, Matta y Ossandón, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 39 A de la Ley General de Telecomunicaciones, para garantizar las comunicaciones en situaciones de emergencia, con segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.402-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Girardi, Letelier, Matta y Ossandón):
En primer trámite: sesión 71ª, en 18 de noviembre de 2015 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 1ª, en 15 de marzo de 2016.
Transportes y Telecomunicaciones (segundo): sesión 57ª, en 24 de octubre de 2017.
Discusión:
Sesión 25ª, en 21 de junio de 2016 (se aprueba en general).

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
El órgano técnico realizó diversas enmiendas al texto aprobado en general, sancionadas por unanimidad, por lo que deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición respecto de alguna de ellas o existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado cuya tercera columna consigna las modificaciones introducidas en el segundo informe y cuya cuarta columna contiene el texto que quedaría de ser acogidas.
Nada más.
El señor TUMA (Presidente accidental).- En discusión particular.

Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, seré muy breve.
El proyecto, que es muy importante, apunta a que cuando haya desastres como un terremoto y se caigan todas las líneas, los sistemas de telecomunicaciones que permanezcan vigentes tengan que prestar apoyo -por eso, la denominación es "roaming de emergencia"- al menos en materia de transmisión de datos, ya que no se hace referencia a transmisión de voz, a personas o a redes logísticas, como en la propia ONEMI u hospitales, para que pueda haber una forma de contacto que se mantenga activa.
La idea es proporcionar un elemento de robustez en la situación actual, ya que en catástrofes como tsunamis, terremotos, aluviones u otras se caen torres, muchas veces, y no es posible comunicarse. Aquí se obliga al sistema que quede en funcionamiento a prestar servicio a toda la comunidad en la transmisión de datos con motivo de la emergencia.
Tal vez debiéramos avanzar más en otras iniciativas, pero el texto en debate constituye un mínimo. Ni siquiera se pide a las empresas de telecomunicaciones que hagan prestación de un servicio de roaming de voz, por ejemplo. Solo se trata de datos. Es un piso.
Pienso que en el futuro se debiera progresar en este ámbito. Pero hoy día, al menos, de acuerdo con todos los expertos, esta es una base totalmente viable, compatible y que será extremadamente necesaria, a mi juicio, cuando acontezcan situaciones -ojalá no- como las mencionadas.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Puede intervenir el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, estimo que el proyecto está bien orientado respecto de hechos lamentables y graves ocurridos en Chile...

El señor BIANCHI.- ¿Se puede abrir la votación?

El señor NAVARRO.- ... que se han traducido en la interrupción de las comunicaciones.
Solo quiero hacer presente que, tratándose de la imposición de la gratuidad de los mensajes de texto, las empresas deben prestar toda la atención que corresponda. Es decir, no por esa característica pueden dejar feble e inseguro el mecanismo. Por lo tanto, como lo ha expresado el Subsecretario de Telecomunicaciones, todos los elementos del texto son un derecho de los usuarios. Y ello debiera estar resguardado.
No he alcanzado a ver las sanciones para las que no cumplan.
Quisiera recordar que el 27 de febrero de 2010 se interrumpieron absolutamente todas las comunicaciones con las regiones afectadas, en particular la del Biobío, que sufrió el efecto de un tsunami. No había forma de contactarse. Ello también se extendió al Gobierno. No funcionaron ni los teléfonos satelitales.
Juzgo que la responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones es mantener el servicio -en primer lugar, el permanente- y realizar para ello las inversiones necesarias, que les permitan a los usuarios que pagan una cuenta, que suscriben un contrato, contar siempre con ello.
Claro, podrá haber situaciones graves mayores, pero tiene que existir un sistema alternativo de emergencia. Este es el sentido de la iniciativa.
He leído el informe y no he encontrado una opinión de las empresas. El Senador señor Bianchi estuvo en la Comisión, pues me impuse de un planteamiento de su parte. Asistió también el Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Rodrigo Ramírez. Mas no observo cuál es el parecer de ellas. No sé si fueron invitadas o no.
Por mi parte, presenté una moción para que en el tratamiento de los proyectos de ley sean invitados siempre los actores principales, que son o los usuarios o las empresas o los beneficiarios o, en definitiva, aquellos cuyos intereses puedan resultar dañados.
Espero que las entidades estén concordes y actúen en consecuencia. Hubiera sido interesante conocer su posición. Entiendo que había urgencia, pero me preocupa que se pueda alegar después que no tuvieron ocasión de expresarse. Además, están asociadas, mantienen un lobby fenomenal y son muy importantes en materia de usuarios. Debe de haber más de cuarenta millones de celulares en Chile. Me inquieta que podamos acoger un proyecto que no contenga algunos elementos necesarios para aprobarlo.
Entiendo que si en algún minuto las empresas deciden formular observaciones a la moción que nos ocupa, de los colegas Girardi, Letelier, Matta y Ossandón, lo harán en la Cámara de Diputados. Me hubiera gustado que hubiesen sido invitadas al Senado, para el efecto de ajustar ese parecer en el debate. Lo más probable es que el proyecto vuelva en tercer trámite producto de lo mismo. Abrigo la convicción de que van a hacer valer su legítimo derecho a presentar opiniones. Hubiéramos podido resolver acá. Siempre es conveniente que el texto salga lo más afinado, debatido y profundizado posible en la rama del Congreso donde nace.
Voto a favor, porque la iniciativa presenta un sentido correcto en cuanto a proteger el derecho del usuario, particularmente en materia de comunicaciones en situaciones de emergencia. Y no me refiero solo a grandes desastres naturales, sino también a casos de aislamiento que impiden la comunicación oral.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Proponen que se abra la votación.
Se tocarán los timbres.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Todavía no.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, quiero informarle, por su intermedio, al Senador señor Navarro que las empresas fueron escuchadas por la Comisión con motivo del primer informe. Este es el segundo.

El señor PROKURICA.- ¿Qué opinaron?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Están de acuerdo, porque es un asunto de coordinación.

El señor PROKURICA.- La cuestión está resuelta, entonces.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Lo que ocurre es lo siguiente: está resuelta en la realidad, pero no hay una norma que lo garantice. Este es el motivo por el cual quienes presentaron el proyecto quisieron traducirlo en una disposición que sea obligatoria.
Es importante señalar que el propósito del texto es establecer, ante situaciones de emergencia o de catástrofe, la obligación de provisión de roaming automático nacional entre concesionarios del servicio público de telefonía móvil y de transmisión de datos, de manera que los usuarios afectados puedan contar con servicio público de voz e Internet independientemente de la compañía a la cual se encuentren suscritos.
En efecto, se establece que, ante la ocurrencia de situaciones de emergencia, los operadores y los concesionarios de servicio público de telefonía móvil y de transmisión de datos que dispongan de infraestructura para la prestación de servicios de telefonía e internet móvil que se encuentre operativa estarán obligados a proveer el servicio de roaming para mensajería SMS y para llamadas a numeración de emergencia, así como nuevas tecnologías, servicios o aplicaciones, según lo determine un reglamento de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, hacia los concesionarios que hayan visto comprometida la operación de su infraestructura de telecomunicaciones en la zona geográfica afectada por la emergencia.
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que procedan respecto de los concesionarios que vieron afectada tal infraestructura.
Ocurre que muchas veces, tal como lo señaló el Senador Girardi en su momento, algunas torres se caen por este tipo de situaciones y otras empresas tienen que entrar a solucionar el problema.
En seguida, se dispone que el precio del servicio de roaming en situación de emergencia entre concesionarios sea similar al precio promedio del servicio de roaming nacional, lo que será verificado por un reglamento de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el cual deberá considerar como parámetros, al menos, la información de las ofertas y los contratos vigentes a la fecha de su fijación.
Se subraya, a su turno, la expresa mención de que el concesionario cuya infraestructura se haya visto afectada por la emergencia no podrá traspasar ninguno de los costos del servicio de roaming a sus usuarios.
Por otra parte, se establece que mediante resolución fundada de la Subsecretaría del Interior se contemplará un listado de números telefónicos de organismos encargados de la gestión de emergencias y de autoridades con responsabilidades en tales casos, los cuales tendrán preferencia en materia de acceso, interconexión y encaminamiento. Además, se fijará otro listado de números telefónicos que utilizarán las autoridades responsables en la zona en situación de emergencia y solo mientras esta dure.
Dichos números -es importante señalarlo- tendrán prioridad de conexión de acuerdo con los términos reglamentariamente fijados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
A su vez, se fija que en situaciones de emergencia los concesionarios de servicio público de telefonía móvil y de transmisión de datos móviles deberán poner a disposición de los usuarios que no tuvieran saldo o estuvieran en situación de corte del servicio por no pago un número determinado de mensajes gratuitos de emergencia, lo que será regulado reglamentariamente.
Es importante puntualizar lo anterior, porque hay personas que carecen de recursos en esos momentos o están por cortarles el teléfono o no tienen saldo. Por lo tanto, las empresas deberán suministrarles un número determinado de mensajes de emergencia gratuitos, lo cual será regulado por el mismo reglamento.
Por último, se expresa que las obligaciones de provisión de roaming solidario entre concesionarios cesarán una vez que se restablezcan los servicios de aquella empresa cuya infraestructura se hubiera visto afectada.
Quise exponer lo que emanó de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones con el fin de que la Sala pueda disponer de una información bastante más cabal sobre el proyecto, cuya aprobación, ojalá por unanimidad, me parece fundamental.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, solo quiero hacer presente que ojalá no creemos expectativas.
Este es un proyecto bastante básico. El Ejecutivo llegó a un acuerdo con las empresas y la iniciativa apunta, según las condiciones, solo a los famosos SMS, en el sentido de que las compañías tengan la obligación de proveerlos ante una catástrofe.
A mi juicio, este es el piso mínimo -¡mínimo!- que debería existir.
Yo por lo menos era partidario de un proyecto mucho más exigente y de que se hubiera llegado a un acuerdo con las empresas para que permitieran todo tipo de roaming ante una catástrofe, pues creo que eso es lo que corresponde.
Eso obedece a una razón bien importante.
Muchas de las antenas que se encuentran en nuestro país fueron financiadas con fondos fiscales y pertenecen a las empresas que participaron en los respectivos concursos.
Por lo tanto, no se trata solo de si el usuario tiene o no tiene saldo. Lo lógico es que una persona que suscribió contrato con otra compañía y se halla en la mitad de un terremoto pueda usar cualquier roaming durante la emergencia.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Señores Senadores, se me ha pedido abrir la votación, sin perjuicio de seguir ofreciendo la palabra.

El señor BIANCHI.- Perfecto.

El señor TUMA (Presidente accidental).- En consecuencia, si les parece a Sus Señorías, así se procederá.
Acordado.
En votación las modificaciones propuestas por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--(Durante la votación).

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, este es un buen proyecto, que se refiere a una situación que debió haberse resuelto hace tiempo, ya que nuestro país habitualmente sufre emergencias de la naturaleza y de otro tipo.
Por lo tanto, será una gran ayuda, tal como lo planteó acertadamente el Senador García-Huidobro, establecer la obligación legal respecto de una situación que técnicamente hoy día ya está funcionando.
Sin embargo, el Senador Ossandón expuso un tema que ha ido quedando debajo de la discusión y que en algún minuto se lo hice presente a la Ministra de Transportes. Hay numerosas antenas, especialmente en sectores rurales, que se han instalado con recursos del Estado. Originalmente se acordó que durante un año podían funcionar solamente para los usuarios que contrataban servicios con la empresa correspondiente, pero que, luego de ese lapso, las compañías tenían que abrir su señal para los usuarios del resto de las empresas.
Señor Presidente, eso no se ha cumplido.
A raíz de ello, algunas personas se han visto obligadas a contratar con una compañía específica. Esto también ocurre en sectores turísticos, donde llega una persona y ve que existe una antena -financiada con recursos del Estado-, pero no puede usar su celular ni puede hablar.
¿Por qué sucede eso? Porque hasta este minuto no se ha dado cumplimiento al compromiso de que aquellas torres que se financiaron con recursos del Estado podían atender durante un año solo a los clientes de la compañía específica, pero después de ese plazo se tenían que abrir a todos los usuarios, no importando si estos tenían o no contratos con esa empresa.
Creo que este es un problema que debiéramos plantear. Es preciso que ese acuerdo se cumpla, pues allí hubo una inversión con recursos del Estado y hoy día no se está cubriendo con servicio a todos los usuarios de telefonía.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro para fundar su voto.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, el Senador Prokurica tiene toda la razón.
Se han entregado recursos públicos para poner torres y antenas en lugares apartados de nuestro país. Así, en un sector determinada empresa se ganó la licitación; en otro, una distinta, y así sucesivamente.
Eso lo vemos fundamentalmente en las zonas de Aisén, de Los Lagos, etcétera.
¿Pero qué es lo que sucede? Algo que hemos planteado permanentemente en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones: no nos parece admisible llamar a licitación sin que exista el roaming automático.
Eso no ha ocurrido.
Nos han dicho que esta condición se va a incorporar en las próximas licitaciones.
Sin embargo, eso no sirve, pues las empresas obligan a las personas a tener dos o tres celulares, porque en ciertos lugares, fundamentalmente turísticos, se carece de cobertura. Esto también les sucede a pescadores que trabajan en naves que se transportan desde un lugar a otro, y como en algunas partes sus celulares no les sirven, deben tener uno o dos equipos más para poder comunicarse.
Ojalá, señor Presidente, en las próximas licitaciones el requerimiento mencionado se haga realidad. Lo hemos planteado hace años, pues se trata de recursos que pone el Estado a fin de que las empresas tengan un incentivo para construir y darles a los usuarios el servicio que corresponde en esos lugares.
Por eso, señor Presidente, ratifico lo que ha planteado el Senador Prokurica.
Estas son cosas importantes. Y uno no entiende cómo no se obliga aún a un roaming automático, sobre todo cuando son recursos del Estado los que se ponen a disposición de las empresas de telecomunicaciones.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor TUMA (Presidente accidental).- Terminada la votación.

--Se aprueban las modificaciones propuestas por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones (14 votos favorables), queda aprobado el proyecto en particular y despachado en este trámite.
Votaron los señores Allamand, Bianchi, Coloma, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Navarro, Ossandón, Prokurica, Quinteros y Tuma.




REGULACIÓN PARA USO DE VIDRIOS OSCUROS O POLARIZADOS EN VEHÍCULOS MOTORIZADOS


El señor TUMA (Presidente accidental).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el numeral 1 del artículo 75 de la Ley de Tránsito, relativo al uso de vidrios oscuros o polarizados en vehículos motorizados, con segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.645-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Ossandón y Matta):
En primer trámite: sesión 13ª, en 4 de mayo de 2016 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 43ª, en 30 de agosto de 2016.
Transportes y Telecomunicaciones (segundo): sesión 57ª, en 24 de octubre de 2017.
Discusión:
Sesión 50ª, en 27 de septiembre de 2016 (se aprueba en general).

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El proyecto fue aprobado en general en sesión de 27 de septiembre de 2016.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones deja constancia, para efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni modificaciones.
La Comisión realizó dos enmiendas al texto aprobado en general, las cuales acordó por unanimidad, por lo que deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado en que se consigna, en la tercera columna, las modificaciones introducidas por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones en el segundo informe, y en la cuarta columna, el texto como quedaría de ser aprobadas.
El señor TUMA (Presidente accidental).- En discusión particular.

Ofrezco la palabra.
Puede intervenir el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, el proyecto aparece muy banal, pero es muy muy importante.
Hoy día no está regulado el uso de los vidrios polarizados. Al no estar regulados o prohibidos en un cien por ciento, en gran parte de muchas zonas de nuestro país los vehículos usan sus vidrios polarizados en un cien por ciento.
Eso se ha transformado en algo muy peligroso para la seguridad de quienes realizan controles (funcionarios de Carabineros e Investigaciones) y, en definitiva, para cualquier persona.
En los sectores más complicados, donde hay mucha drogadicción, todos los autos están polarizados en un cien por ciento, incluidos los vidrios traseros, posteriores.
¿Qué busca el proyecto?
No persigue prohibir los vidrios polarizados, pero sí regular su uso. Por ejemplo, que el parabrisas delantero no pueda ser polarizado; que el vidrio trasero tenga un porcentaje de polarización menor que permita ver la parte de adelante cuando uno va detrás de un vehículo; y que en los vidrios laterales delanteros la polarización también sea de un porcentaje menor, como ocurre en función de las normas internacionales que se aplican en los países desarrollados.
En resumen: hay vidrios que pueden tener polarizado absolutamente oscuro, pero otros no, por razones de seguridad.
Eso está regido en muchos países. ¡Y aquí no se rige!
Entonces, estamos al arbitrio de las plantas de revisión técnica, que, en estricto rigor, debieran exigir sacar el cien por ciento del polarizado de los vidrios, cosa que no se hace.
Se acaba de enviar un instructivo al respecto, que mandó el Ministerio de Transportes cuando se presentó este proyecto, y empezó a quedar la grande por lo mismo, pues empezó a reclamar la gente que instala estos productos, que hoy día serían ilegales.
El sentido común nos dice que el uso de vidrios polarizados es importante. Incluso, muchos traen filtros que son buenos para la salud. Pero eso no significa que en un vehículo los vidrios en la parte delantera, lateral delantera y trasera puedan tener cien por ciento de oscuridad, porque eso atenta contra la seguridad del tránsito, de los funcionarios de Carabineros, etcétera. Por ejemplo, es imposible controlar a quienes están metidos en bandas de narcos, porque nadie sabe cuántas personas van adentro de los autos en que se trasladan.
Repito: lo que hace esta iniciativa es autorizar, bien regulado, acorde con las normas internacionales, el uso de vidrios polarizados.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, uno de los temas que se abordó en la Comisión fue el relativo a la seguridad.
Muchas personas ponen láminas de seguridad en sus vehículos, independientemente de que sean transparentes o no, porque a varios conductores los han asaltado en muchas esquinas: les han quebrado los vidrios para robarles las carteras, etcétera. Por ello, decidieron instalar este tipo de elementos.
Esta fue una discusión bastante compleja, porque el Ejecutivo señalaba, y con justa razón, que también se presenta un problema de seguridad, pues, en la eventualidad de que no se puedan abrir las puertas -ante un cortocircuito, un incendio-, dicho material impide que los vidrios se rompan.
Ese fue uno de los debates que tuvimos en el contexto del tema del uso de los vidrios polarizados.
Al final, resolvimos no legislar respecto de este tipo de medidas de seguridad que se están poniendo en muchos autos por el tema de la delincuencia. Por ello, solo se trabajó en lo relativo a los vidrios polarizados.
En general, la iniciativa en referencia pretende modificar la Ley de Tránsito para dar certeza a la ciudadanía sobre el adecuado uso de vidrios oscuros o polarizados, permitiendo el empleo de estos últimos en cuanto se encuentren enmarcados en las especificaciones técnicas que permitan la seguridad vial, fijadas en un reglamento que debe dictarse.
En esa línea, se modifica el número 1 del artículo 75 del citado cuerpo legal. Así, se establece que los vehículos motorizados estarán provistos de "Vidrios de seguridad que permitan una perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo" -repito: desde y hacia el interior del vehículo-, pero, sin perjuicio de ello, se dispone expresamente que el vehículo "Podrá contar con vidrios oscuros o polarizados que cumplan con los factores de transmisión regular de la luz u otras cualidades ópticas, y las certificaciones, establecidas en el reglamento" que a este efecto dicte el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Hoy día ustedes pueden ver que, inclusive, las tecnologías modernas permiten que un vidrio (por ejemplo, en el caso de los aviones) pueda quedar absolutamente oscuro, y da la impresión de que está de noche.
Esas son regulaciones, señor Presidente, que vendrán en los vehículos del futuro. Es decir, se va a regular la luz que ingresará a ellos, sea por razones de salud o de comodidad de las personas. ¡Y eso viene en los vehículos del futuro!
Por lo tanto, expresamente dejamos que un reglamento -la parte técnica- vaya adecuando las especificaciones de los elementos que aborda la norma que se estaría aprobando en el día de hoy, si ustedes lo estiman pertinente.
Voy a votar a favor del proyecto, pero dejando constancia de que el reglamento es el que debe ir estableciendo las normas en el momento correspondiente, porque las tecnologías van cambiando permanentemente.
En tal sentido, también tenemos que preocuparnos por el tema de la salud y los rayos ultravioleta, razón por la cual hay gente que ha oscurecido los vidrios de sus vehículos.
Pero, por otro lado, ustedes se han dado cuenta de que nadie sabe quién está adentro de los vehículos que utilizan vidrios polarizados.
Lo importante es que los vidrios delanteros y los laterales delanteros por ningún motivo estén polarizados. En el caso de los demás, que se ajusten a las normas que resuelva el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
He dicho.

La señora MUÑOZ.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor TUMA (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Acordado.
En votación las enmiendas introducidas por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--(Durante la votación).

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, este tema es complejo, de largo debate.
El proyecto de ley es extremadamente sencillo, de artículo único.
Este dispone que un vehículo "Podrá contar con vidrios oscuros o polarizados que cumplan con los factores de transmisión regular de la luz u otras cualidades ópticas, y las certificaciones, establecidas en el reglamento.".
¡O sea, estamos dejando todo al reglamento!
Porque, de la experiencia internacional (Argentina, Brasil, Estados Unidos), todos oscilan entre el 70 y el 75 por ciento de lo que se llama la "transmitancia de la luz".
Entonces, al final, dónde y en qué porcentaje se permite la visibilidad, por motivos de seguridad ya sea hacia el exterior (para que no vayan camuflados quienes pretenden cometer un asalto) o hacia el interior del automóvil (para que las personas no sean asaltadas), va a depender del reglamento.
En consecuencia, le digo al Senador Ossandón que está claro que con el proyecto de ley le estamos señalando al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: "¡Haga un reglamento!".
Efectuamos el debate en la Comisión y lo estamos realizando hoy día en la Sala, pero la responsabilidad de determinar qué se va a hacer en definitiva se la dejamos a dicho Ministerio.
Yo he leído la opinión del Subsecretario de Transportes, quien señala que, efectivamente, hasta 2005 estaba prohibida la polarización de los vidrios en los vehículos y que esto comenzó a cambiar debido particularmente a la importación de vehículos 4x4, que traían ya incorporado de fábrica un menor grado de transmitancia o transparencia lumínica.
¡Pero ese no puede ser el factor decisivo!
Tal situación también tiene que estar normada en el ingreso de vehículos.
El reglamento pertinente será discutido por un equipo de técnicos de alta calificación. Me preocupa que el proyecto de ley delegue tal responsabilidad en dicho equipo.
Me hubiera gustado contar con una opinión más clara de los organismos de seguridad -como Carabineros y PDI- y de las concesionarias de carreteras, para establecer en la iniciativa al menos un criterio en esta materia, en lugar de dejar el cien por ciento del impacto real de esta futura ley en manos de un comité técnico que va a fijar un reglamento.
Lo digo porque, no en pocas ocasiones, los reglamentos han ido en la línea contraria de lo que hemos aprobado como norma legal. Y, al final, queda la sensación de que evitamos hacer la pega producto de que es demasiado técnica.
Señor Presidente, no sé si es extremadamente necesario votar hoy este proyecto de ley. Me hubiera gustado tener a la vista, a lo menos, un informe de los organismos de seguridad, cuya tarea es proteger a los que están dentro y fuera de los automóviles. Habría sido bueno que pudieran determinar cuáles son los elementos básicos que debiera contener el reglamento.
El artículo único propuesto delega en un reglamento todas las certificaciones que debe contemplar la norma, ¡a pesar del debate!
Estamos aprobando una iniciativa que deja la responsabilidad de establecer lo que será la ley íntegramente a un reglamento.
Las más de las veces hemos dicho: "Estos son los lineamientos generales; de esto no puede pasar la norma reglamentaria", porque hemos hecho una evaluación. ¿Con quién debió hacerse en este caso? Bueno, con el Automóvil Club, con las entidades que agrupan a los ciudadanos que usan vehículos y también con las policías.
El elemento central es la seguridad. Yo coincido: ¡es la seguridad!
Los vidrios polarizados protegen a los que van al interior del automóvil de los asaltos en las esquinas, de los robos a las carteras. Pero también generan desprotección cuando los vehículos son utilizados en la comisión de un delito: ponen en riesgo a las policías, pues estas no saben cuántas personas van dentro ni quiénes son.
Habría preferido, señor Presidente, tener a la vista en el informe una propuesta de la PDI, de Carabineros de Chile, del Automóvil Club. ¡De la SIAT! Si la polarización de vidrios afecta la seguridad, debiera ser abordada por el organismo encargado de los accidentes del tránsito: la SIAT.
El efecto de la polarización, al restringir o no la visibilidad al conducir, es un elemento que hay que incorporar.
No sé si es posible, señor Presidente, acceder a lo que solicito. Usted ya puso en votación la iniciativa.
Yo me abstendré porque son muchas las dudas e incertidumbre que me genera el texto propuesto. No hay claridad en torno a lo que el reglamento definitivamente va a señalar.
El proyecto está bien orientado, pero mal definido en su redacción. Me abstengo y espero que en algún minuto se pueda tener una opinión técnica más específica.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor TUMA (Presidente accidental).- Terminada la votación.

--Se aprueban las enmiendas propuestas por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones (9 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones), quedando la iniciativa aprobada en particular y despachada en este trámite.
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Montes, Ossandón, Prokurica y Tuma.
Votó por la negativa el señor Pizarro.
Se abstuvieron la señora Muñoz y los señores Navarro y Quintana.

El señor QUINTEROS.- Agregue mi voto afirmativo, señor Presidente.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Queda constancia de la intención de voto favorable del señor Senador.




NUEVAS OBLIGACIONES A PROVEEDORES DE CRÉDITO Y A EMPRESAS DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor TUMA (Presidente accidental).- A continuación, vamos a tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica el artículo 37 de la ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, a fin de establecer nuevas obligaciones a los proveedores de crédito y a las empresas de cobranza extrajudicial.
La propuesta de la Comisión Mixta es unánime y dice relación con la información que dichas empresas deberán remitir a sus deudores y con el modo de entregarla.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.226-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Ossandón, Guillier y Tuma):
En primer trámite: sesión 40ª, en 5 de agosto de 2015 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 26ª, en 4 de julio de 2017.
Informes de Comisión:
Economía: sesión 58ª, en 6 de octubre de 2015.
Economía: sesión 32ª, en 18 de julio de 2017.
Mixta: sesión 58ª, en 25 de octubre de 2017.
Discusión:
Sesión 89ª, en 6 de enero de 2016 (se aprueba en general y en particular); 42ª, en 5 de septiembre de 2017 (se rechazan las modificaciones de la Cámara de Diputados y el proyecto pasa a Comisión Mixta).

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por parte del Senado, en el tercer trámite constitucional, de la totalidad de las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados en el artículo único de la iniciativa, consistentes en el reemplazo de su encabezamiento; en la introducción de un número 1 y un número 2, nuevos; en las modificaciones realizadas al contenido del artículo único del Senado, que pasó a ser número 3, y en la incorporación de un artículo transitorio.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las diferencias entre ambas Cámaras, propone la aprobación de un texto que recoge las enmiendas efectuadas por la Cámara Baja en los números 1 y 2, nuevos, y que, en relación con las modificaciones planteadas en el número 3, contempla una norma de silencio inverso en favor del consumidor, en el sentido de que este deberá ser informado de su derecho de requerir el envío por escrito de la información que detalla el proyecto y que, en caso de que el consumidor guarde silencio al respecto y una vez transcurridos quince días desde que la información fue entregada, la empresa deberá enviársela por escrito. En lo demás se conserva el texto propuesto por el Senado, con algunos ajustes formales.
La Comisión Mixta acordó dicha proposición por la unanimidad de sus miembros presentes.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición figuran la proposición de la Comisión Mixta y el texto como quedaría de aprobarse aquella.
Nada más, señor Presidente.


El señor TUMA (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?

La señora ALLENDE.- Toque los timbres, señor Presidente.

El señor OSSANDÓN.- Pido la palabra.

El señor TUMA (Presidente accidental).- La tiene, señor Senador.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, este es un proyecto muy simple, que busca que las empresas de cobranza tengan la obligación de informar a los deudores antes de ejecutar.
Muchas personas reciben llamadas por teléfono, mails, mensajes por WhatsApp con amenazas y otras formas de cobranza que no son judiciales.
La iniciativa obliga a las empresas a informar, antes de cursar cualquier cobranza, los derechos que les asisten a los consumidores.
Así de simple.

El señor TUMA (Presidente accidental).- No tengo más inscritos.
En votación.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Quienes estén de acuerdo con el informe de la Comisión Mixta votan a favor.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor TUMA (Presidente accidental).- Terminada la votación.

--Se aprueba la proposición de la Comisión Mixta (13 votos) y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron la señora Allende y los señores Allamand, Coloma, García, García-Huidobro, Lagos, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quinteros y Tuma.


El señor TUMA (Presidente accidental).- Por haberse cumplido su objetivo, se levantará la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Secretaría.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al señor Ministro de Defensa Nacional, en relación con DERRAME DE COMBUSTIBLE EN BAHÍA DE SAN ANTONIO, CONCESIÓN MARÍTIMA EN FAVOR DE COFRADÍA NÁUTICA DEL PACÍFICO Y CONSERVACIÓN DE SANTUARIO DE LA NATURALEZA ISLOTE PÁJARO NIÑO Y PINGüINO DE HUMBOLDT.
Al señor Alcalde de Cartagena, a fin de que remita información acerca de ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESTERO SAN SEBASTIÁN, CON MIRAS A DESARROLLO DE PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE SENDEROS Y MIRADORES ESTERO CARTAGENA".
Al señor Director de Obras Hidráulicas, para que indique MEDIDAS GUBERNATIVAS ADOPTADAS EN ZONA DE PETORCA Y ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO, EN EL MARCO DE ACCIONES E INVERSIONES REALIZADAS Y PROYECTADAS EN GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS A RAÍZ DE DENUNCIAS EFECTUADAS POR ONG EUROPEAS.
A la señora Seremi del Medio Ambiente de Valparaíso, con el objeto de que señale ORIGEN Y CAUSANTE DE DERRAME DE COMBUSTIBLE EN BAHÍA DE SAN ANTONIO, ASÍ COMO RIESGOS ECOLÓGICOS PARA SANTUARIO DE LA NATURALEZA ISLOTE PÁJARO NIÑO Y PINGÜINO DE HUMBOLDT, Y POSIBLES SANCIONES PARA RESPONSABLE.
Y al señor Director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, para que informe sobre ESTADO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO SIDRA PARA REGISTRO CLÍNICO ELECTRÓNICO INTEGRADO.
Del señor BIANCHI:
Al señor Ministro de Hacienda, a fin de solicitarle ATENCIÓN DE PLIEGO 2017-2018 "PROPUESTA DE REAJUSTE Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES NEGOCIACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, CENTRALIZADO Y DESCENTRALIZADO".
Del señor CHAHUÁN:
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que informe INICIO DE PROCESO DE LICITACIÓN DE SISTEMA DE MOVILIZACIÓN COLECTIVA DENOMINADO "TRANSVALPARAÍSO".
Al señor Superintendente de Seguridad Social, a fin de que indique RAZONES DE CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES PARA NO INTEGRAR EN CUENTA INDIVIDUAL DE AFILIADOS EL UNO POR CIENTO DE SU PENSIÓN NI HACER DEVOLUCIÓN DE ÉL.
Al señor Vicepresidente de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, solicitándole INCLUSIÓN DE ASIGNACIÓN DE PELIGROSIDAD EN PENSIÓN DE RETIRO DE DON HÉCTOR LIBORIO SILVA CAROCA.
Y al señor Director de Obras de la Municipalidad de Concón, pidiéndole diversos antecedentes sobre CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CALLE LAS PELARGONIAS Nº 1045, SECTOR BOSQUES DE MONTEMAR.
Del señor DE URRESTI:
Al señor Ministro de Obras Públicas, para que informe acerca de SITUACIÓN DE HUMEDAL UBICADO ENTRE CALLES MUÑOZ HERMOSILLA, CARLOS KRAHMER, MANUEL MONTT Y SAN MARTÍN, EN VALDIVIA.
A la señora Ministra de Salud, solicitándole remitir antecedentes vinculados a DECISIÓN DE DECRETAR ALERTA SANITARIA EN REGIONES DE LA ARAUCANÍA, LOS RÍOS Y LOS LAGOS POR BROTE EPIDÉMICO DE DENOMINADA "FIEBRE Q"; en torno a INVERSIÓN MINISTERIAL EN ÚLTIMO LUSTRO PARA PROGRAMA NACIONAL DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA, y referentes a REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO A HOSPITAL BASE DE VALDIVIA COMO CENTRO DE REFERENCIA PARA TRASPLANTES DE MÉDULA ÓSEA EN ZONA SUR DE CHILE.
Al señor Director Nacional del Instituto de Previsión Social, pidiéndole RESPUESTA PARA DON JAIME ÁLVAREZ CASTILLO, DE VALDIVIA, SOBRE SOLICITUD DE BENEFICIO COMO EXONERADO POLÍTICO.
Y a la señora Contralora Regional de Los Ríos, demandándole información acerca de TRAMITACIÓN DE ORDENANZA COMUNAL DE PROTECCIÓN DE HUMEDALES EMANADA DE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.
Del señor GARCÍA:
Al señor Alcalde de Temuco, requiriéndole antecedentes en cuanto a FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA ALTOS DEL SOL, SECTOR LABRANZA, y con relación a CRONOGRAMA DE REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL Y ORIGEN DE RECURSOS PARA CADA ETAPA.
Al señor Contralor Regional de La Araucanía, para pedir antecedentes sobre DIFICULTADES EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN VIAL TEMUCO-PADRE LAS CASAS.
Y al señor Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de La Araucanía, a fin de formular consultas acerca de PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN VIAL TEMUCO-PADRE LAS CASAS, COMO TAMBIÉN SOLICITUD DE COPIA ÍNTEGRA DE LIBRO DE OBRA.
Del señor GIRARDI:
Al señor Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que se informe en cuanto a EFICACIA DE NORMATIVA SOBRE TRATA DE PERSONAS, CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y EVENTUALES IRREGULARIDADES, TRABAS O VACÍOS EN CUMPLIMIENTO DE CONDENAS POR ESTE TIPO DE DELITOS.
Y a la señora Directora del Hospital de Quilpué, solicitándole información sobre EXISTENCIA DE PROTOCOLOS PARA ENTREGA DOMICILIARIA DE CILINDROS Y CONCENTRADORES DE OXÍGENO A PACIENTES OXIGENODEPENDIENTES POR PARTE DE EMPRESA AIR LIQUIDE S.A.
Del señor GUILLIER:
Al señor Ministro Secretario General de la Presidencia, consultándole por AVANCES EN MATERIA DE RÉGIMEN PREVISIONAL DE PERSONAL NO UNIFORMADO DE GENDARMERÍA DE CHILE.
Y al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, preguntándole por RAZONES DE IMPLEMENTACIÓN DE "NUEVOS PROGRAMAS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA" PARA MENORES Y FUTURO DE ACTUALES PROGRAMAS, EXISTENTES DESDE HACE MÁS DE 13 AÑOS.
Del señor NAVARRO:
Al señor Ministro de Obras Públicas, requiriéndole antecedentes detallados acerca de PUENTES Y OBRAS PÚBLICAS A MEDIO TERMINAR EN CHILE.
Y a los señores Ministro de Obras Públicas y Seremi de Obras Públicas del Biobío, solicitándoles informe sobre LOCALIDADES QUE SERÁN BENEFICIADAS POR TRAMOS DE PUENTES MECANO Y UBICACIÓN DE LOS CUATRO PUENTES CUYA INSTALACIÓN SE ESPERA ANTES DE FINALIZAR EL PRESENTE AÑO.
Del señor PROKURICA:
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, solicitándole diversos antecedentes sobre PAGO DE "DEUDA HISTÓRICA" A PROFESORES, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
Del señor TUMA:
A la señora Ministra de Bienes Nacionales, para que informe sobre EVENTUAL VULNERACIÓN DE DERECHOS POR DESTINACIÓN DE INMUEBLE FISCAL A MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EN TERRITORIO ANCESTRAL DE COMUNIDAD AYMARA EN COMUNA DE PUTRE.
Y al señor Director General de Aeronáutica Civil, consultándole por POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES A CIUDADANO SIRIO-VENEZOLANO CHABLI AL SEHNAWI Y SU FAMILIA, A RAÍZ DE EXIGENCIA DE AEROLÍNEA COPA DE COMPRAR PASAJES DE SALIDA PARA LA VENTA DE PASAJES DE INGRESO A CHILE.
De la señora VON BAER:
A los señores Ministro de Obras Públicas y Presidente del Consejo Superior de ASMAR, consultándoles por DISEÑO DE PLAN DE DRAGADO DE RÍO VALDIVIA PARA 2018 Y ESTADO DE REPARACIÓN DE DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE.
Y al señor Presidente del Directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, requiriéndole GESTIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DE TRENES DE ACERCAMIENTO ENTRE LOCALIDADES DE MÁFIL, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA Y VALDIVIA Y ENTRE COMUNAS DE LOS LAGOS Y DE VALDIVIA.
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El señor TUMA (Presidente accidental).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:31.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción