CREACIÓN DE CONSEJO NACIONAL Y CONSEJOS DE PUEBLOS INDÍGENAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.526-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 25ª, en 21 de junio de 2017 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 62ª, en 22 de noviembre de 2017.
Discusión:
Sesión 78ª, en 9 de enero de 2018 (queda para segunda discusión en general).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que respecto de este proyecto, en sesión de ayer, se solicitó segunda discusión.
Se hace presente que los artículos 1, 2, 3, 4, 9, 14, 15 y 16 permanentes tienen carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 21 votos favorables para su aprobación.
El señor LETELIER.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo en proceder como se solicita?
Acordado.
En votación general.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el objetivo de este proyecto -como se señaló ayer- es crear un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y los Consejos de Pueblos, para generar una instancia de representación de los intereses, las necesidades y los derechos colectivos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado.
Quiero recordar que Chile se fundó sobre la masacre y la ruina de la sociedad indígena.
Esta verdad dura y difícil de aceptar no es la consigna de un activista o de un grupo radical. Es el juicio de años de estudio dedicados a la historia del pueblo mapuche del profesor José Bengoa, quien fue el encargado de la Comisión Especial para Pueblos Indígenas en el primer gobierno democrático.
Pero los errores y horrores no se limitaron al período de configuración de nuestro país, sino que se prolongaron en pleno período de consolidación de la república. Así se concluye en el Informe para la Verdad Histórica y Nuevo Trato que una Comisión de alto nivel, encabezada por el ex Presidente Aylwin, le entregara al entonces Presidente Lagos el año 2003.
Ese es el trasfondo de los conflictos y desencuentros que tienen expresión hasta hoy en vastos territorios de nuestro país y que el referido informe propuso enfrentar a través de diversas iniciativas.
Una de esas propuestas es, justamente, la constitución de un Consejo de Pueblos Indígenas como entidad representativa de dichos pueblos ante los diversos órganos del Estado.
Han pasado casi quince años desde la entrega de ese informe y estamos recién aprobando este proyecto.
En todo caso, no podemos decir que no se ha hecho nada en este tiempo.
Por una parte, se aprobó el Convenio 169 de la OIT, que también había sido recomendado por la misma Comisión.
A la vez, se ha continuado con una activa política de restitución de tierras y aguas.
De igual modo, se aprobó el Ministerio de las Culturas, que es clave en el reconocimiento de nuestra diversidad cultural.
Hoy mismo estamos despachando desde el Congreso el proyecto que regula la permanencia en el territorio de Isla de Pascua, que es una aspiración sentida del pueblo rapanui.
Y hoy en la Comisión de Gobierno se aprobó la idea de legislar respecto del proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas.
Pese a los avances, persiste una situación de conflictividad social que se ha traducido, incluso, en actos de violencia, principalmente en las Regiones del Biobío y de La Araucanía, los cuales se han extendido hasta la de Los Ríos, y en días recientes han llegado hasta la de Los Lagos, que represento en el Senado.
La Presidenta Bachelet convocó a una mesa de diálogo y hay nuevas propuestas.
Pero el conflicto es muy antiguo, demasiado profundo y no hemos tenido una sola mirada sobre cómo enfrentarlo.
Durante años, por ejemplo, ha habido sectores que han negado la existencia de los "pueblos indígenas", reconociendo solo la condición de "poblaciones indígenas", como si se tratara únicamente de grupos de personas, sin identidad, cultura, lengua e historia común.
¿Alguien puede negar la existencia de estos pueblos en el Chile de hoy?
Posiblemente no. Pero todavía hay muchos que lo ven solo como un elemento folclórico o un factor de pobreza e intentan desconocer sus intereses concretos cuando se trata de resolver sobre proyectos de inversión pública o privada enclavados en sus territorios históricos.
Hace pocos días, para citar un caso reciente, la Corte Suprema invalidó una resolución de calificación ambiental que había aprobado la construcción de una central hidroeléctrica en la cuenca del río Puelo, en la Región de Los Lagos, porque el estudio antropológico que servía de sustento al estudio de impacto ambiental no había recogido debidamente la realidad indígena del territorio afectado.
Justamente, este tipo de omisiones o de abusos podrá evitarse una vez que se implemente el sistema completo, con los consejos de pueblos y el Ministerio de Pueblos Indígenas. Porque los consejos de pueblos tendrán como rol principal representar sus intereses concretos, no solo con ocasión de la dictación de normas, políticas o programas que les incumban, sino también respecto a proyectos de inversión específicos.
Ya no será únicamente la opinión de una persona natural o de una comunidad indígena o de una ONG, sino que será la opinión legítima de un pueblo la que habrá que tomar en cuenta.
Esto redundará no solo en una mayor participación de los pueblos en las decisiones que los afectan. También se traducirá en reglas del juego más claras para los actores públicos y privados interesados en invertir, quienes hoy día deben considerar la posibilidad de enfrentar largos procesos judiciales.
Por cierto, en la discusión en particular de la iniciativa podremos revisar los alcances de los procesos de consulta indígena,...
El señor QUINTANA.- ¡Por favor, señor Presidente, dele más tiempo!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Puede continuar, señor Senador.
El señor QUINTEROS.-... en especial en cuanto a su procedencia y a la relación con otros procesos de consulta previstos en la ley.
Asimismo, podremos determinar con más detalle las características de estas corporaciones de derecho público, cuidando de compatibilizarlas con el marco jurídico que rige a la Administración del Estado y con las tradiciones y normas consuetudinarias de cada pueblo.
Debe resguardarse que se trata de instancias de representación y no de servicios públicos propiamente tales, por lo que han de tener un tratamiento diferente.
Cabe destacar que se efectuó un amplio proceso de consulta indígena que alcanzó importantes acuerdos, pese a que no todos los pueblos cuentan con una organización única.
Por lo mismo, estoy convencido de que estos consejos constituirán una valiosa herramienta para avanzar en materia de políticas públicas sobre sus pueblos originarios.
Con pocas excepciones, podemos decir que Chile ha avanzado en materia de verdad histórica. Ahora hay que avanzar en el nuevo trato que nuestro país les debe a sus pueblos indígenas, en respeto, reconocimiento, autonomía y desarrollo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, voto a favor de la idea de legislar respecto de este proyecto, que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas.
Lo hago en la convicción de que es necesario que nuestros pueblos originarios tengan una representación, un lugar de encuentro, un lugar donde ellos puedan expresar sus opiniones.
Debo señalar que varios dirigentes mapuches de la Región de La Araucanía me han manifestado que no están conformes con el proyecto de ley, sosteniendo que no les significa un gran avance.
En realidad, la mayoría de esos dirigentes aspira a tener, por fin, representación parlamentaria, de manera que puedan no solo opinar, sino también votar acerca de aspectos que a ellos les preocupan.
Sin embargo, considero que igualmente es útil contar con el Consejo Nacional y con los Consejos de Pueblos, porque respecto de muchas materias sus opiniones podrán ser muy valiosas, muy consideradas y, sobre todo, se recibirán en forma oportuna y muy muy a tiempo.
Ahora bien, en la discusión particular habrá ciertas materias que tendremos que revisar de manera especial.
¿Cuáles son algunas de ellas?
A mí me preocupa el organismo que va a supervisar las elecciones para nombrar a los representantes en los respectivos consejos.
En el proyecto de ley que nos ocupa no está contemplado que participe el Servicio Electoral, que es el organismo que vela no solo por el desarrollo de nuestras elecciones generales, sino también, por ejemplo, por el de las elecciones internas de los partidos políticos. A mí me parecería del todo razonable que nuestro SERVEL supervisara estas elecciones.
Porque, ¿saben lo que nos puede ocurrir? Que si las elecciones no son transparentes, si no dan lugar a una amplia participación de cada uno de los pueblos en sus respectivos consejos, finalmente las instituciones terminen debilitándose, terminen no siendo representativas. Y ese riesgo tenemos que aminorarlo lo más posible.
Un segundo elemento que me llama la atención dice relación con el número de representantes de cada pueblo. Francamente, hablar de que un Consejo de Pueblos en el caso mapuche tendrá 35 consejeros para representar a una población de 1 millón 330 mil personas, en circunstancias de que tratándose del pueblo yagán, que tiene 131 integrantes, su Consejo estaría formado por 3 personas, me parece una clara desproporción. Creo que vamos a tener que considerar los antecedentes al momento de la votación en particular.
Asimismo, debe quedar suficientemente claro, respecto de la consulta establecida en el Convenio 169 de la OIT, cuándo ella se cumple a través del Consejo Nacional, cuándo se cumple a través de los Consejos de Pueblos y cuándo se debe cumplir a nivel de comunidad.
Quiero recordar que el Convenio 169 señala que es muy importante que las comunidades se pronuncien directamente, más que a través de representantes, respecto de los aspectos que las afectan.
Por supuesto, puede ayudar mucho que las consultas se hagan a través de estos consejos. Pero debe quedar claro cuándo se hace de una forma y cuándo, de otra.
En fin, señor Presidente, creo que podemos mejorar este proyecto en la discusión en particular, por lo que, tal como señalé, voto a favor de la idea de legislar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, no obstante que este proyecto puede que no satisfaga totalmente las aspiraciones de los pueblos originarios, me parece indispensable aprobar la idea de legislar.
Quiero saludar la presencia de una mesa de seguimiento de esta iniciativa integrada por varias comunidades territoriales de La Araucanía. Sus representantes don Mario Martínez Poblete y don Patricio Sagredo Curio nos acompañan hoy día. Aprovecho de saludarlos y de darles la tranquilidad de que esta iniciativa, en mi opinión, va a contar con votos suficientes para ser aprobada en general.
El propósito del proyecto es crear una nueva institucionalidad: el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas.
En lo personal, yo represento a la Región de La Araucanía y allí, como es sabido, la mayoría de los pueblos originarios son mapuches. Y para ellos la asimetría que ha existido permanentemente con el Estado ha hecho que se encuentren en la marginalidad y en condiciones de pobreza; que hayan sido abusados respecto de sus derechos. La historia de las violaciones de sus derechos humanos es larguísima.
Quizá había más simetría cuando los españoles hacían los parlamentos con los pueblos originarios que la que existe hoy día, con un Estado que tiene ministerios, que tiene espaldas, que está estructurado a nivel nacional. Difícilmente el jefe de una comunidad o un lonco puede negociar adecuadamente cuál es la estructura del Estado que los va a atender, cuánto es el presupuesto de este y cuál es la participación política que van a tener en esa estructura los pueblos originarios. Por eso, creemos que es un avance muy importante este Consejo, que les va a permitir sentarse a negociar con el Estado de igual a igual.
Entiendo que la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas se aprobó ya en la Comisión de Gobierno del Senado, por lo que en los próximos días estaríamos tratando también esa iniciativa, que espero sea equilibrada respecto de las facultades del Consejo y del nuevo ministerio, para atender el conjunto tan grande de demandas insatisfechas que tienen los pueblos originarios.
Creo que es un avance importante hacer ese equilibrio y respetar el mandato que Chile recibió al firmar el Convenio 169 en orden a garantizar la participación de los pueblos originarios no solo en el Consejo, sino también en los distintos niveles del Estado: en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los consejos regionales, en los concejos comunales.
Tenemos, sí, observaciones respecto de las facultades que se proponen para este Consejo. Este no solo debe estar para dar una opinión o recibir una consulta: ha de tener capacidad de negociar con el futuro Ministerio de Pueblos Indígenas y con cualquier institución del Estado.
Por otro lado, es necesario que posea capacidad técnica.
También hay que garantizar que sus representantes sean respaldados por el sistema electoral que elige a todas las autoridades. No puede ser que este Consejo esté excluido de recibir la legitimidad que debe tener la elección de sus autoridades a través del SERVEL, del TRICEL, para los efectos de que no existan complicaciones a la hora de reconocer a esas autoridades.
En seguida, son importantes la autonomía y la independencia respecto del Gobierno; la interlocución con los distintos organismos del Estado; la obligación de respuesta de estos al Consejo; la capacidad de evaluar las políticas públicas; la capacidad de ser consultado también y de contar con estándares internacionales en la representación.
Creo que este proyecto de ley es el primer paso en materia de asegurar una interlocución de los pueblos indígenas desde la creación del Estado de Chile y desde la dominación de que han sido víctimas. Considero que la dignidad que ellos van a tener con los Consejos de Pueblos les va a permitir iniciar un camino que han estado esperando por muchos años.
En consecuencia, voto a favor de la idea de legislar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Pido el asentimiento de la Sala para que presida la sesión el Senador señor Harboe.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, este proyecto de ley se inserta dentro de una discusión bastante más amplia respecto a la nueva institucionalidad indígena. Así, se crea el Consejo Nacional Indígena y el Ministerio de Pueblos Indígenas, y la CONADI pasa a ser un servicio dependiente de este último.
La idea es que a través de este Consejo se avance en la representación y en la participación democrática y autónoma de los pueblos indígenas, lo que hoy día en Chile no existe.
Eso es lo que busca hacer el Consejo: de alguna manera, articular la representación de los pueblos indígenas.
Uno de los antecedentes para la creación del Consejo de Pueblos Indígenas es la aprobación, en el año 2008, del Convenio 169 de la OIT, que en su artículo 6 establece expresamente que los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas cada vez que tomen medidas legislativas o administrativas que los afecten, por procedimientos idóneos y a través de instituciones representativas.
Este ha sido un tremendo desafío para nuestro país.
Respecto a las medidas legislativas, se ha avanzado en varias consultas que se han hecho. Pero el proceso se ha ido complejizando, porque obviamente generar estas consultas a lo largo de todo nuestro país en los distintos temas que afectan a los pueblos indígenas puede ser bastante difícil.
Adicionalmente, en el Congreso hemos tenido una discusión sobre cómo se consulta a los pueblos indígenas cuando existe una enmienda posterior a la consulta hecha por el Ejecutivo o un cambio legislativo propuesto mediante una moción en una materia que afecta a los pueblos indígenas y respecto de la cual nunca se hizo una consulta.
En tal sentido, el proyecto que nos ocupa esta tarde procura enfrentar el desafío que tenemos en nuestro país en cuanto a cómo cumplir el mandato sobre consulta a los pueblos originarios establecido en el Convenio 169 de la OIT.
Esta iniciativa nace del Acuerdo de San Esteban, celebrado con el fin de que las comunidades indígenas converjan en el contenido del proyecto de ley sobre creación del Ministerio de Pueblos Indígenas.
Es relevante el ejercicio que se está haciendo acá, pues estamos legislando acerca de materias que fueron consultadas. Por lo tanto, hay ciertos marcos dentro de los cuales podemos movernos.
El Consejo de Pueblos Indígenas funcionará -podríamos decirlo así- de manera paralela al Ministerio de Pueblos Indígenas y será consultado por él y por las otras instituciones del Estado.
Esta iniciativa busca dotar a los pueblos originarios de una institucionalidad autónoma, democrática y participativa, con el objeto de que influya en las políticas públicas que los afecten, que les incumban, que les interesen.
Su propósito es la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y de nueve Consejos de Pueblos Indígenas que responden a distintas etnias.
Todos son corporaciones de Derecho Público, autónomas y representativas.
Es interesante conocer la forma como se fueron dando las soluciones. En efecto, por una parte tenemos un Consejo de todos los pueblos, pero por otra, ante una materia con influencia directa sobre un pueblo determinado se podrá consultar al Consejo de Pueblos específico.
En este proyecto de ley, las atribuciones adicionales de los Consejos de los Pueblos Indígenas se relacionan con la formulación de propuestas y observaciones al Ministerio de Pueblos Indígenas y a los demás órganos de la Administración del Estado acerca de la implementación y ejecución de programas sectoriales relativos a los pueblos originarios.
Eso será interesante también, pues los distintos entes estatales podrán consultar al Consejo respecto de políticas específicas que se proyecte aplicar.
En tal línea, se incorporará dentro de los Consejos competencia para la implementación de los procesos de consultas que se lleven a cabo.
Hasta ahora no teníamos una institucionalidad que se hiciera cargo de dichos procesos más allá de las consultas previstas en el sistema de impacto ambiental. De manera que en la orgánica había una carencia vinculada con quién formulaba la consulta, cómo y cuándo,
En tal sentido, creemos que este proyecto avanza en la dirección correcta de establecer la institucionalidad pertinente. Sin embargo, como planteaban algunos Senadores, es muy relevante para las regiones de nuestro país...
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Su Señoría dispone de un minuto adicional.
La señora VON BAER.- Muchas gracias.
Decía, señor Presidente, que es muy relevante avanzar en esta institucionalidad para hacernos cargo de la necesidad de determinar quién formula las consultas y, adicionalmente, para disponer de un ente al que se le puedan efectuar preguntas en torno a una política pública específica.
El cómo funciona el Consejo y el cómo se elige son aspectos que deberemos ver en detalle durante la discusión particular, pero también con los pueblos indígenas, pues algo deberá decir cada uno de ellos en cuanto a la forma en que se elige a sus representantes.
En esa línea, voto a favor de la idea de legislar.
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, la Encuesta CASEN Indígena 2015 señala que 9,1 por ciento de la población chilena, es decir un millón 585 mil 680 personas, se define como integrante de un pueblo originario.
Reconozcamos que la Agenda Indígena consigna la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, que sería la entidad destinada a la construcción de una política de carácter intersectorial para los pueblos originarios. Además, se disponen el establecimiento del Consejo Nacional y de los Consejos de Pueblos Indígenas y la existencia de iniciativas referidas a los mecanismos y la naturaleza de las consultas con dichos pueblos, sobre todo en lo concerniente al carácter vinculante de distintas resoluciones.
También debemos reconocer que nuestro país ha hecho esfuerzos desde el año 1993, cuando se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que marcó un hito al reconocer a los pueblos originarios en el ordenamiento jurídico nacional.
Pero hay que reconocer, asimismo, que el año 2003 la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas planteó la idea de crear un Consejo de Pueblos Indígenas, la que ha fracasado en todos los gobiernos posteriores por la falta, entre otras cosas, del proceso de legitimación consagrado por el Convenio 169 de la OIT y por la definición más clara de sus competencias, capacidades técnicas, mecanismos de elección para asegurar la representatividad de las instituciones creadas por el Estado.
En este caso, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas es definido como un ente de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo, representativo, participativo y de consulta, al que le corresponderá la representación de los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos originarios en su conjunto, especialmente ante los órganos del Estado. Ello supone que habremos de definir los mecanismos específicos mediante los cuales se van a elaborar las políticas públicas y a determinar las atribuciones resolutivas, las facultades, y también su carácter vinculante respecto de la propia orgánica. Por lo tanto, se trata de un desafío abierto y amplio que deberemos abordar.
De otro lado, el debate presenta como uno de los ejes más complejos la problemática que visualiza la Comisión a propósito de la materialización del Consejo del Pueblo Mapuche, ya que, históricamente, este ha tenido una enorme falta de legitimidad en su representación. Ello, no obstante que se ha hecho un gran esfuerzo; y este se puede considerar uno de los más importantes que hemos conocido hasta ahora.
Este proyecto de ley reconoce a ciertos pueblos indígenas: los nueve que se enumeran en el articulado. Pero varios otros no tienen manera de expresarse ni de representar sus intereses.
En el caso de la comunidad quechua, la propia CONADI le ha desconocido su espacio territorial en el norte, negándole la certificación de su carácter indígena o impidiéndole la constitución de una comunidad al ponerle trabas, a diferencia de lo que ocurre con el pueblo aimara, que ha avanzado más hacia su reconocimiento.
Lo propio ocurre con el pueblo colla, que señala que desde que se creó la Ley Indígena ha debido vivir constantes problemas con la CONADI, pues en las regiones donde habita, principalmente en Atacama, no hay una institucionalidad (tampoco, políticas interculturales) y, por ende, no tiene derechos ni posibilidades para el desarrollo de su comunidad. Existe, pues, una suerte de discriminación territorial, por lo que urge abordar la demanda y comenzar a establecer criterios de intersectorialidad para su integración y fomento.
Señor Presidente, debemos reconocer que lo que se ha logrado avanzar con este proyecto constituye un primer paso. Sin embargo, hemos de asumir asimismo que todo pasa por un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, con una institucionalidad capaz de representarlos, pero también de tomar decisiones vinculantes ante el Estado de Chile.
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Muchas gracias, Su Señoría. Y le reitero mis felicitaciones por su muy brillante gestión en la Mesa del Senado.
Señor Presidente, quiero referirme de manera muy breve a este proyecto, que me parece extraordinariamente necesario y significativo.
Quienes me antecedieron ya han expresado con propiedad la importancia de que nuestro país asuma muy en serio la situación de nuestros pueblos indígenas. Lo ocurrido en La Araucanía quizás nos ha hecho pensar que los problemas son de naturaleza muy violenta, muy radical. Pero la verdad es que, más que eso, el problema fundamental, a mi juicio, estriba en que en nuestro país no ha existido una institucionalidad representativa de los pueblos indígenas, una instancia donde ellos puedan hacer valer sus planteamientos desde una perspectiva orgánica, formal, reconocida por el Estado, que les permita formular sus inquietudes.
Tal vez parte del problema deriva de que las comunidades originarias se crean con cierta facilidad y, entonces, son muchas y muy diversas. Por tanto, no hay en ellas una estructura orgánica. Sin embargo, existen y es necesario dotarlas de institucionalidad.
El Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas constituyen, por eso, una respuesta apropiada y necesaria para disponer de una institucionalidad que les permita a esos pueblos tener un órgano con facultades, con independencia y con competencias adecuadas para las iniciativas que se quiera llevar adelante.
Sabemos, de acuerdo a datos del INE, que alrededor de un millón y medio de personas son parte de los pueblos indígenas. De ellas, alrededor de 85 por ciento se consideran mapuches. Eso motiva que normalmente se piense que los principales o casi los únicos representantes de los pueblos originarios son los mapuches. No obstante, hay otros grupos que, aunque pequeños, también requieren expresión, voz y un espacio institucional.
Por ello, valoro en lo fundamental esta iniciativa.
Ahora, considero especialmente significativo advertir el rechazo que esta propuesta de ley ha tenido en ciertos grupos radicalizados, particularmente en la Coordinadora Arauco Malleco, así como en otras instancias, los que se oponen a solucionar por la vía legislativa los problemas que afectan a los pueblos indígenas.
Cuando lo único que interesa es defender una posición autonomista o separatista, ajena y reñida con el Estado chileno, obviamente iniciativas de este tipo, que buscan integrar manteniendo los perfiles y las independencias correspondientes, son un obstáculo en el camino.
Por eso, quizás las respuestas que debemos pensar para resolver bien los problemas que aquejan a nuestros pueblos originarios dicen relación con institucionalidades que, como las sugeridas, permitan no solo otorgar reconocimiento sino también dar espacio para iniciativas y propuestas que permitan fortalecer y mejorar la situación propia de los pueblos indígenas e integrar a estos a nuestro país en la forma que corresponde.
Aquí, cualquiera que sea nuestro origen -mapuche, diaguita, pascuense u otro-, todos somos igualmente chilenos. Y necesitamos hacer esfuerzos institucionales para la solución de los problemas que algunos sienten tener.
Este es un primer paso, que va ligado a la creación de un Ministerio y a otras políticas que deben seguir avanzando y que espero el próximo Gobierno pueda impulsar con fuerza para progresar en una situación que aún significa una deuda pendiente con los pueblos originarios.
Por las consideraciones expuestas, respaldo la creación del Consejo Nacional y de los Consejos de Pueblos Indígenas.
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Muchas gracias, señor Senador, por su gran intervención.
Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, es bien relevante que a 25 años de promulgada la Ley Indígena estemos debatiendo una iniciativa como esta, sobre todo cuando en las dos décadas y media posteriores a la vuelta de la democracia no han sido muchos los hitos de nuestro país en materia de reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios.
Podríamos citar lo que ocurrió hace una década con el Convenio 169 de la OIT, suscrito por Chile y ratificado por este Parlamento.
No obstante, en esta historia de ausencias también se encuentra presente el no haber podido consagrar el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Hace más de una década, esta misma Sala le cerró la puerta más de una vez a una cuestión absolutamente básica: solo una mención en la Carta Fundamental del reconocimiento y la existencia de los pueblos originarios.
Yo siento que hoy día el debate es otro. Y me alegro de los términos en que se da.
Valoro especialmente el planteamiento del Senador de Oposición señor García Ruminot cuando señala que quienes han manifestado algún reparo al paso que estamos dando ahora lo hacen porque estiman que debiésemos avanzar hacia un reconocimiento mucho mayor, como lo es la consagración de escaños reservados.
Percibo hoy otro clima en nuestro país. Probablemente en este mismo Senado, a diferencia de lo que ocurría hace una década, existe un consenso creciente en torno a la necesidad de que haya escaños reservados para los pueblos originarios.
Por lo tanto -insisto-, me parece relevante que a 25 años de la promulgación de la Ley Indígena estemos dando este paso fundamental, que no se agota acá. Lo han señalado todos. También, en una sesión especial, el Ministro Barraza, a quien le reconozco el empeño que ha puesto en esta materia, sobre todo para sacar adelante en este ámbito consultas que nunca son fáciles de abordar.
Al respecto, cabe recordar que en su momento hubo aquí una crítica al decreto supremo N° 66, de 2013, ante una dificultad emanada de la manera como se enmarcaron las consultas. Pero, en definitiva, entre septiembre de 2014 y enero de 2015 se hizo una consulta, en el marco del Convenio 169 de la OIT, basada en el referido decreto supremo.
Lo relevante, señor Presidente -ya se dijo-, es que la información reciente del Instituto Nacional de Estadísticas nos permitió saber que cerca de 10 por ciento de la población nacional se considera perteneciente a alguno de los pueblos indígenas con presencia en nuestro país. Sin embargo, esas personas, a diferencia de lo que expresó recién un señor Senador, no se sienten necesariamente chilenas. Porque una cosa es habitar en el territorio nacional y otra el respeto a la idiosincrasia, la cultura, la cosmovisión, la lengua, la historia común, todo lo cual da lugar a una nación distinta.
Por eso, muchos de los reparos que se han planteado tienen que ver con el camino de entendimiento y de interlocución que el Estado les señala a los pueblos indígenas.
Creo que con el paso que hoy día estamos dando en general (queda todavía una extensa discusión particular) vamos a avanzar significativamente en aquella dirección, tal como lo hizo Nueva Zelanda, que primero estableció un consejo de pueblos, para posteriormente crear, con un registro aparte, los escaños reservados, instrumento que hasta el día de hoy se usa allí con bastante éxito.
En esa línea, a no dudarlo, el electoral será uno de los temas que van a acaparar la discusión particular.
No sé si el SERVEL, por su falta de pertinencia para adentrarse en estas materias, sería el órgano más indicado. Porque no se trata de una votación tradicional, la que se verifica en un establecimiento educacional al que llegan las Fuerzas Armadas y de Orden; ella tiene lugar más bien en el territorio de las comunidades originarias.
Al respecto, no debemos olvidar que uno de los pueblos considerados en el proyecto es el mapuche, que en Chile cuenta con 2 mil 600 comunidades tradicionales (es probable que en los últimos años se hayan creado otras). Entonces, los 35 escaños pueden ser insuficientes.
Yo quiero destacar que el primer Presidente de la República que, en mi concepto con mucha visión, planteó la idea fue don Ricardo Lagos, quien, en lo que significó el año 2001 la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, le entregó un cometido a un conjunto de personalidades, de comisionados. Y ya en el informe entregado en 2003 al Presidente Lagos se expresaba que era menester avanzar en una instancia con las características de la señalada.
Deseo subrayar también el primer esfuerzo realizado por el Gobierno de la Presidenta Bachelet, sin mucho éxito, y el esfuerzo que hizo el Presidente Sebastián Piñera,...
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Su Señoría dispone de un minuto adicional.
El señor QUINTANA.-... cuando ya estaba la idea de un Consejo, hasta llegar finalmente a la modalidad que se plantea hoy día, con un Consejo Nacional, coordinado y articulado con nueve Consejos con características propias, con atribuciones bien específicas, con facultades vinculantes, incluso sobre su propia orgánica, al objeto de representar los intereses y necesidades de los pueblos indígenas, de velar por sus intereses culturales y derechos colectivos.
Por lo tanto, considero tremendamente necesario el paso que estamos dando hoy para resguardar la cultura de nuestros pueblos, además del tono en que lo estamos haciendo, lejos de aspectos de violencia con los que muchas veces se ha intentado prejuzgar o vincular al pueblo mapuche, asociados a temáticas que no guardan ninguna relación con su esencia y, en este caso, la decisión de participar.
El artículo 6 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo consagra la posibilidad...
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Se agotó su tiempo, Su Señoría.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto,dejándose constancia, para los efectos del quorum constitucional exigido, de que se registran 27 votos a favor y una abstención.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Zaldívar.
Se abstuvo el señor Navarro.
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones.
Se ha propuesto el lunes 15 de enero.
El señor LARRAÍN.- Esa fecha es muy próxima.
Que sea para después de la visita del Papa.
El señor QUINTEROS.- ¿Acaso trae indicaciones...?
¡Claro que va a ir a Temuco...!
El señor PROKURICA.- El lunes 22.
La señora VON BAER.- Eso es más de una semana.
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor BARRAZA (Ministro de Desarrollo Social).- Señor Presidente, me dirijo, por su intermedio, a las señoras Senadoras y los señores Senadores y a los representantes de comunidades indígenas, quienes se encuentran en las tribunas.
El origen del proyecto de ley se halla en las propuestas de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, las que cruzaron la Administración del Presidente Lagos, el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet y el del Presidente Piñera.
Hoy, en la segunda Administración de la Primera Mandataria, se ha logrado una concreción tras una consulta que legitima el proceso, en la cual participaron seis mil 883 representantes de organizaciones y agrupaciones indígenas. Se verificaron todas las etapas en el cumplimiento del decreto supremo N° 66, que materializa tanto ese acto como el Convenio N° 169 en Chile.
La iniciativa ha sido altamente anhelada por las comunidades, pues permite una representación política de los pueblos, un instrumento democrático, participativo y autónomo, y una interlocución con los diferentes órganos del Estado.
Su existencia está asociada, desde luego, a la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas. Pero vemos en el Consejo Nacional y en los Consejos de Pueblos Indígenas, correspondientes a los nueve que reconoce la ley, la posibilidad cierta de un diálogo entre el Estado y las comunidades que haga posible una mejor convivencia y un mejor país.
En Chile, cerca de un millón 595 mil personas se reconocen integrantes de un pueblo originario. Eso representa el nueve por ciento de la población, de acuerdo con las estadísticas más actualizadas. En quince años se pasó de un cuatro por ciento a un nueve. Es decir, constituye una población con una identidad presente, vital, que se fortalece, que se empodera.
En consecuencia, la política pública tiene que hacerse cargo de ello con un enfoque de derecho, que no es otra cosa que reconocer los derechos económicos, sociales, culturales y políticos del sector.
Aspiramos a una nueva institucionalidad que releve estos últimos y permita un diálogo entre el Estado y los pueblos que favorezca la convivencia.
Muchas gracias.
El señor HARBOE (Presidente accidental).- Muchas gracias a usted, señor Ministro.