CREACIÓN DE CONSEJO NACIONAL Y CONSEJOS DE PUEBLOS INDÍGENAS
El señor MONTES (Presidente accidental).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.526-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 25ª, en 21 de junio de 2017 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 62ª, en 22 de noviembre de 2017.
El señor MONTES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo del proyecto es crear un Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas y los Consejos de Pueblos, para generar instancias de representación de los intereses, las necesidades y los derechos colectivos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió este proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Bianchi, Pizarro y Quinteros).
Cabe tener presente que los artículos 1, 2, 3, 4, 9, 14, 15 y 16 permanentes tienen carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 21 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 38 a 49 del primer informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
El señor MONTES (Presidente accidental).- En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros, quien dará cuenta de la iniciativa.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, tal como mencionó el señor Secretario, el objetivo de este proyecto es crear un Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas y los Consejos de Pueblos, para generar instancias de representación de los intereses, las necesidades y los derechos colectivos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado.
Se debe destacar que esta iniciativa es el resultado de una propuesta planteada a las comunidades y organizaciones indígenas de nuestro país mediante un proceso de consulta nacional que se inició en septiembre de 2014, dándose así cumplimiento a las obligaciones referidas a la consulta previa establecidas en el artículo 6 del Convenio N° 169 de la OIT.
En cuanto a su contenido, en primer lugar, se crean los Consejos de Pueblos Indígenas. Estos serán entidades de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter autónomo, representativos, participativos y de consulta y contarán con atribuciones resolutivas, facultativas, y vinculantes sobre su propia orgánica. Su objetivo será representar los intereses, necesidades y derechos de los pueblos indígenas respectivos ante los organismos del Estado, constituyendo una instancia de participación en todos los ámbitos de la política pública, y en particular respecto a los procesos de consulta y participación de los pueblos indígenas, conforme a lo dispuesto en el Convenio N° 169.
Existirá un consejo por cada uno de los nueve pueblos indígenas reconocidos por la ley N° 19.253. El número total de integrantes de estos consejos es de 69 representantes, variando su distribución según el consejo de que se trate. La duración del cargo de consejero será de cuatro años, pudiendo ser reelegido según lo determine la orgánica de la que se dote el propio consejo.
En segundo lugar, se crea el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, entidad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter autónomo, representativo, participativo y de consulta. A este le corresponde la representación de los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos indígenas en su conjunto, especialmente ante los órganos del Estado, constituyéndose en una instancia de participación en todos los ámbitos de la política pública, con atribuciones resolutivas, facultativas y vinculantes sobre su propia orgánica.
El Consejo Nacional estará compuesto por quince personas, representantes de los nueve pueblos indígenas reconocidos en la ley N° 19.253. Los representantes de cada pueblo indígena deberán ser nombrados por cada uno de los Consejos de Pueblos Indígenas, según su propia orgánica interna.
Entre las principales funciones y atribuciones del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas destacan:
-Colaborar con el Ministerio de Pueblos Indígenas en el estudio, diseño, implementación y evaluación de la Política Nacional Indígena.
-Proponer al Ministro de Pueblos Indígenas, con la colaboración de los Consejos de Pueblos Indígenas, la dictación o modificación de normas legales, reglamentarias y administrativas referidas a los derechos de los pueblos indígenas y sus miembros.
-Proponer medidas destinadas a favorecer la promoción y protección de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en Chile, a través del Ministerio.
-Colaborar con el Ministerio en la promoción e impulso de las políticas, planes y programas nacionales y regionales destinados al desarrollo económico, social y cultural.
-Proponer al Ministerio modelos de administración de las Áreas de Desarrollo Indígena, como asimismo proponer el establecimiento de nuevas áreas y evaluar su funcionamiento, pudiendo formular recomendaciones.
-Particularmente relevante es su facultad de actuar en calidad de institución representativa de todos los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, conforme a lo dispuesto en el Convenio N° 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de la OIT.
Estas mismas atribuciones, en lo pertinente, son entregadas a cada uno de los consejos de pueblos.
Por último, cabe señalar que la entrada en vigencia de la ley en proyecto está subordinada a la de la ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, cuyo proyecto está siendo discutido simultáneamente por la misma Comisión de Gobierno.
Cabe destacar que, tal como se consigna en el informe respectivo, este proyecto de ley fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Gobierno, Senadores señores Bianchi, Pizarro (remplazado por el Senador Zaldívar) y quien les habla, la que propone aprobarlo en los mismos términos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, este es un proyecto de ley que con coraje y valentía ha presentado la Presidenta de la República, en función de los compromisos que existen con los pueblos originarios.
Sin embargo, en razón de la importancia que reviste y de que necesitaríamos hacer un debate en general que sea profundo y, por supuesto, aprobar la iniciativa, deseo acogerme a Reglamento y solicitar segunda discusión. La idea es que mañana se ubique en el primer lugar de la tabla, para que la urgencia establecida sea satisfecha, al igual que la urgencia que tienen los pueblos originarios en el sentido de que se apruebe en general.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente accidental).- Senador señor Tuma, hay acuerdos de Comités, corroborados por la Sala, para que se coloque en primer lugar otro proyecto. Tendría que ubicarse en segundo lugar.
El señor TUMA.- Está bien, que se ponga en segundo lugar. Y que se vea mañana.
El señor MONTES (Presidente accidental).- ¿Desea hablar ahora, señor Senador?
El señor TUMA.- No, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente accidental).- Deja su intervención para mañana.
El señor TUMA.- Así es, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente accidental).- Senador señor Navarro, ¿quiere intervenir ahora?
El señor NAVARRO.- No: mañana.
El señor MONTES (Presidente accidental).- Mejor hágalo hoy, para ir avanzando.
Si la Sala lo permite, el Honorable señor Tuma presidirá a partir de este momento.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión, en carácter de Presidente accidental, el Senador señor Tuma.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, todo lo que sea avanzar en materia de institucionalidad con relación a los pueblos originarios debe ser bienvenido.
Tengo que recordar que está a la espera el reconocimiento constitucional. Los pueblos originarios, y particularmente el mapuche, no existen en la Constitución. El pueblo mapuche existe en las páginas rojas de los principales diarios de nuestro país, pero no en la Carta Fundamental.
Yo tengo aprensiones profundas sobre el proceso de consulta en que se ha enmarcado al Consejo de Pueblos Indígenas.
Son múltiples las cartas, los correos, las presentaciones que se me han hecho llegar -los tengo aquí, en mi mano- para señalarme que un conjunto de reuniones no convocadas para la consulta indígena se transformaron en instancias de consulta indígena.
No ha estado exenta de polémica la consulta indígena. Representantes de 122 comunidades consultadas acusaron problemas de metodología, intervencionismo de los funcionarios, en fin; ello derivó en un abandono masivo del proceso en diciembre de 2014. Y así lo he planteado.
Me hubiese gustado la presencia del Ministro en la Sala, pues nos habría podido señalar si todo lo que ocurrió en 2014 fue asumido en el proceso de 2016.
Tengo en mis manos observaciones que se me hicieron. Ellas hablan de que la baja votación no fue la única dificultad. Algunas comunidades formularon denuncias vinculadas con el sello de las urnas, etcétera.
Tengo la convicción de que el Ejecutivo, y en particular el señor Ministro, ha puesto lo mejor de sí para lograr que las políticas del Gobierno de la Presidenta Bachelet relacionadas con los pueblos originarios avancen. Sin embargo, debemos reconocer que han existido problemas.
Comprendo, pues, que se hayan diferido para mañana el debate y la votación general de este proyecto de ley.
Empero, he de hacer presente que debemos fijar un criterio acerca del significado que tiene la realización de la consulta indígena.
La OIT ha precisado los alcances. La jurisprudencia internacional es clara: "Debe darse de manera amplia y participativa, informada, mediante sufragio universal y secreto"; ello, al objeto de que sea una verdadera instancia para escuchar la voz de las comunidades, que en muchos casos se expresa de manera colectiva, no solo individualmente o a través de los dirigentes.
Ahora, debo subrayar que, pese a que sobre el proyecto en debate se podría formular un conjunto de indicaciones, en esta materia tiene iniciativa únicamente el Poder Ejecutivo.
Señor Presidente, yo quisiera que los debates relacionados con los pueblos originarios no estuvieran desvinculados de la grave situación que ellos enfrentan hoy día.
Recién aprobamos aquí por unanimidad un gran proyecto de ley a propósito de la carga demográfica de Isla de Pascua.
La situación de Rapanui tiene una sola vinculación con los pueblos originarios del mundo continental: el conflicto emanado de la falta de reconocimiento de su autonomía, y en particular de su derecho a la tierra.
Algunos periódicos -cito a El Mercurio- llaman a ese conflicto "violencia rural".
¿Violencia rural?
¡Hay un problema de tierras ancestral, histórico, que debe enfrentarse!
En la provincia de Arauco, de mi Región, la del Biobío, se habla del "robo de madera". Así, el gobierno regional, especialmente, y toda la prensa enfrenta el debate en torno al robo de madera en fundos cuya propiedad demandan las comunidades indígenas mediante sus reivindicaciones.
Reitero en esta Sala lo que ya he dicho: ¡El problema no es el robo de madera, sino la usurpación de tierras que a lo largo de los últimos siglos ha sufrido el pueblo mapuche, en particular a manos del Estado de Chile y de todos los gobiernos, de distinto signo!
Por eso la creación del Consejo Nacional debe tener la legitimidad necesaria y no solo la aprobación legislativa.
Yo espero que, aprobada en general esta iniciativa, las instancias parlamentarias de participación tengan gran amplitud. De lo contrario ocurrirá algo similar a lo que sucede hoy día con el SENAME, en que una comisión especial de la ONU ha debido venir a Chile para comprobar que el Estado ha enfrentado la situación de los menores en condición de vulnerabilidad con abandono de su rol principal de defensor de sus derechos.
En mi opinión, la situación de La Araucanía da cuenta de que el Estado ha hecho abandono de su papel esencial de defensor de los derechos de los pueblos originarios.
Hay quienes reclaman también los derechos de -comillas- las víctimas.
Por supuesto, ha habido víctimas, tanto del pueblo mapuche cuanto de los llamados "colonos" o de los propietarios de tierras. Lo lamento profundamente
Sin embargo, ahí no me pierdo ni un segundo.
Aunque he condenado, por deleznable, el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, creo que la violencia no se puede combatir con más violencia.
Los esfuerzos por crear institucionalidad como la del Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas y por avanzar con el proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas no pueden disociarse de lo que sucede en la actualidad.
Esta Administración va de salida, pues dio paso a otra. Espero que con las bancadas de enfrente y con el Gobierno del Presidente Piñera tengamos la oportunidad de revisar y discutir más profundamente todas esas instancias, de tal manera que puedan constituir una solución de verdad para la situación de -comillas- violencia rural, que yo denomino de -comillas- lucha reivindicatoria legítima por tierras que ha usurpado el Estado de Chile.
Señor Presidente, con respecto al Consejo Nacional, voy a esperar la intervención del señor Ministro, sobre todo en lo que concierne, por una parte, a los alcances que ha tenido la consulta indígena, y por otra, a la aclaración de algunas dudas, como la relacionada con la identidad lafkenche.
Hemos conocido la opinión de Adolfo Millabur, Alcalde de Tirúa, en cuanto a la forma de incorporación de las diversas identidades en los Consejos de Pueblos Indígenas: grado de representación y participación; posibilidad de que se afecten las regulaciones que los propios pueblos se han dado de manera ordenada y consensuada, en fin.
Sobre el particular, yo aguardaría que del debate sobre el proyecto fluyera la no afectación del enorme esfuerzo que las propias identidades han realizado para ir consensuando objetivos colectivos. Por ejemplo, la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches, la agrupación de identidades mapuches, etcétera, dan cuenta de fórmulas de organización autogeneradas a partir de la experiencia histórica y de una necesidad muy concreta.
Señor Presidente, voy a profundizar en el contenido del primer informe para precisar algunos puntos, sin perjuicio de que los parlamentarios de La Araucanía y el Gobierno podrán informar de manera más precisa sobre los alcances de la participación indígena, que, según la documentación que hemos recibido, ha experimentado diversos grados de cuestionamiento.
He dicho.
El señor TUMA (Presidente accidental).- En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
--El proyecto queda para segunda discusión.