MODERNIZACIÓN DE LEGISLACIÓN BANCARIA
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la legislación bancaria, con segundo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.269-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 79ª, en 10 de enero de 2018 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Hacienda: sesión 87ª, en 6 de marzo de 2018.
Hacienda (segundo): sesión 40ª, en 14 de agosto de 2018.
Discusión:
Sesión 2ª, en 14 de marzo de 2018 (se aprueba en general).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 14 de marzo de 2018 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Hacienda, que deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 13, permanentes, y los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo, decimoprimero, decimosegundo y decimotercero, transitorios, no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, y deben darse por aprobados, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Cabe consignar, en todo caso, que algunas de estas disposiciones son de quorum especial. Se trata de los artículos 4; 5; 6, número 2, y 7, número 1, letra a), permanentes; y de los artículos primero, inciso cuarto; sexto y séptimo, transitorios, todos los cuales son de rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación 25 votos favorables.
Habría que dejar constancia del quorum.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Faltan dos señores Senadores para reunir el quorum requerido.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se puede dejar la aprobación para más adelante, toda vez que con el mismo quorum de 25 votos debe ser aprobado en particular un sinnúmero de disposiciones, que pasaré a leer.
-Del artículo 1: los números 3; 5 (en cuanto a la derogación de los artículos 3 y 5); 18; 21; 23 (en cuanto a la derogación del artículo 24); 24; 33 (en lo que respecta a los incisos segundo y final del artículo 35 bis); 59 (en lo relativo a los artículos 66 ter y 66 quáter); 60 (en lo referente a los artículos 67 y 68); 61 (en lo que dice relación con el párrafo cuarto del numeral 2) reemplazado por la letra a) y la letra h)); 68 (respecto del artículo 76); 70 (en lo relativo a su letra f)); 72 (en cuanto al ordinal i de la letra b) y la letra c)); 74 (en lo relativo a la letra b)); 76 (en lo referente a la letra b)); 80 (respecto de la letra b)); 84 (en lo que se refiere a los incisos segundo, séptimo y décimo primero del artículo 117); 85 (respecto de los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 118); 89 (derogación de los artículos 123, 128 y 129); 90 (inciso primero y letra d) del inciso segundo del artículo 130); 91 (letra b)); 92 (letra a) del artículo 133), y 115 (artículo 162).
-Del artículo 2: los números 2; 4 (letra i)); 8 (numeral 10 de la letra c)), y 13 (letra b)).
Todas estas disposiciones son también de rango orgánico constitucional y no sufrieron modificaciones en el segundo informe.
Por otra parte, tampoco fueron objeto de modificaciones en el segundo informe las siguientes normas de quorum calificado, que requieren 22 votos favorables para su aprobación en particular:
-Del artículo 1: los números 5, que deroga el artículo 7, y 84 (artículos 113 y 117, inciso décimo).
-Del artículo 2: los números 13 (ordinal iii de la letra a), letras b) y c)) y 15.
De consiguiente, señores Senadores, si hubiera quorum, se podrían dar por aprobadas las normas que no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones en el segundo informe, así como las que, pese a recibir indicaciones, no sufrieron modificaciones. Se requieren 25 votos favorables.
--Quedan aprobadas reglamentariamente, dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ahora bien, la Comisión de Hacienda efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, algunas de las cuales aprobó por unanimidad, y otras, que serán puestas en discusión y votación oportunamente, solo por mayoría de votos.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.
De las enmiendas unánimes, la recaída en la letra j) del número 4 del artículo 2 requiere para su aprobación 22 votos favorables, por incidir en una norma de quorum calificado. Y las modificaciones recaídas en los números 44 y 50 (inciso segundo del artículo 55 bis) del artículo 1; en los números 4, letra j), 19 y 21 del artículo 2; en el inciso segundo del artículo 87 bis del artículo 8, y en el número 1 del artículo 10, inciden en normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren para ser aprobadas 25 votos favorables.
Cabe hacer presente que habría que dejar pendiente, en todo caso, el número 44, porque el Senador señor Guillier ha pedido votación separada a su respecto. Corresponde al artículo 49 bis, que está en la página 69 del boletín comparado.
Esas son las normas que habría que dar por aprobadas, con la excepción que señalé.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobarán.
--Se aprueban, dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Por último, cabe señalar que Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el proyecto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Hacienda y el texto como quedaría de aprobarse estas últimas.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En discusión particular el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Insulza.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, no veo en la Sala al Senador que pidió la votación separada, pero a mí me llama la atención que se haya eliminado la expresión "de parlamentario" en el artículo 49 bis.
Entiendo que se hará porque hay otra norma que la incluye, pues me parece obvio que el cargo de director de un banco debe ser incompatible con el de parlamentario.
Yo pienso que no hay ninguna razón para suprimir esas palabras, como ha hecho la Comisión de Hacienda...
El señor COLOMA.- Eso está en la Constitución, señor Senador.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Así es.
El señor INSULZA.- Okay. Entonces no lo cuestiono. Está bien.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero pedir votación separada de la letra b) del numeral 108 del artículo 1, que sustituye el inciso segundo del artículo 154 de la Ley General de Bancos.
¿De cuánto tiempo dispongo, señor Presidente?
El señor COLOMA.- ¡De cinco minutos...!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene alrededor de diez minutos o los que sean necesarios...
El señor LETELIER.- Diez minutos son lo reglamentario.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Continúe, señor Senador.
El señor MONTES.- Gracias, señor Presidente.
Uno de los temas que nunca discutimos en el Senado es el del capital financiero. Este juega un doble papel: por un lado, mueve la economía real, y por otro, busca rentas especulativas, que provocan ineficiencia, concentración, desigualdad.
Esta reforma a la Ley General de Bancos es muy importante, pero bastante puntual. Parte por reconocer que Chile tiene hoy una legislación bancaria atrasada, que no está a la altura de las exigencias nacionales e internacionales. Y existe un amplio acuerdo nacional en el sentido de que es urgente modernizar la legislación bancaria, llevándola al estándar de Basilea III.
A diez años de Lehman Brothers, legislamos para minimizar los riesgos, que son un peligro serio.
Este proyecto podría haberse aprobado en el Gobierno de Michelle Bachelet, pero hubo fuertes discrepancias con la UDI, fundamentalmente. El punto de debate fue el acceso del Servicio de Impuestos Internos, de la Unidad de Análisis Financiero y de la justicia a la reserva bancaria.
Los países en el mundo entero tienden a avanzar en mayor transparencia y acceso a la información. Chile, en cambio, ha mantenido un régimen bancario rígido, donde prima el secretismo.
La Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, e incluso la justicia y la Contraloría, tienen un acceso muy limitado a la información que manejan bancos e instituciones financieras, y, por lo tanto, adolecen de severas limitaciones en su facultad de prevención y fiscalización.
Esto atenta contra los esfuerzos internacionales, liderados por la OCDE, tendientes a que los países vayan levantando y flexibilizando la información para luchar contra el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero y la evasión tributaria.
El Gobierno de Chile, respaldado por el Congreso Nacional, aprobó el año pasado la ley N° 21.047, en que se permite al Servicio de Impuestos Internos acceder a información sobre saldos de cuentas corrientes que extranjeros tienen en Chile, a fin de obtener a cambio la misma información respecto de todos los chilenos en el exterior, sin necesidad de solicitar la autorización ante los tribunales de justicia.
Ese es el resultado de un acuerdo multilateral con más de 140 países y, entre otras cosas, representará el fin de los paraísos fiscales.
Esta ley se enmarca en el respeto a nuestra Constitución, en el reconocimiento de que la información a la que tendrá acceso el Servicio de Impuestos Internos no vulnera la garantía de privacidad del individuo, ya que no se entromete en sus gastos o captaciones, ni en su vida privada, sino que solo se refiere a la reserva bancaria.
La distinción entre "reserva" y "secreto" es muy importante en esta legislación.
La información sujeta a secreto son los depósitos y captaciones; es decir, los movimientos del día a día de una cuenta corriente, el detalle de las transacciones.
En la actualidad, los bancos deben contar con la autorización del titular o de la justicia para entregar la información, lo que es muy complejo y largo.
Por otro lado, la información sujeta a reserva consiste fundamentalmente en los saldos de dichas cuentas. En la actualidad, los bancos pueden darla a conocer a quien demuestre un interés legítimo y siempre que sea previsible que la divulgación no genere un daño patrimonial al cliente.
¿Cuál fue la propuesta del Gobierno de Michelle Bachelet, aprobada por la Cámara de Diputados y, en primer trámite, aquí en el Senado?
Es un avance -todavía muy limitado respecto de lo que está ocurriendo en la OCDE- en cuanto al acceso a la información.
Se parte de la premisa de que obtener la información sujeta a reserva por la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Impuestos Internos no afecta la intimidad, por lo que no tiene sentido la obligación de ir a tribunales a justificar un interés legítimo. Y se presenta una modificación a la Ley General de Bancos en el sentido de presumir el interés legítimo de esas instituciones fiscalizadoras.
Reitero que se establece un procedimiento distinto para la información sujeta a reserva. En definitiva, se presume el interés legítimo tanto de la Unidad de Análisis Financiero como del Servicio de Impuestos Internos, y se los habilita para pedir ese tipo de información. Para tales efectos, se introducen las modificaciones necesarias en la Ley General de Bancos, en el Código Tributario y en la Ley de Cuentas Corrientes.
Cabe hacer presente que, entre otras cosas, esta última normativa actualmente confunde secreto y reserva.
El Servicio de Impuestos Internos, mediante resolución N° 120 de 2004, solicitaba información sobre pagos al exterior superiores a 10 mil dólares. Los bancos cuestionaron esto, acudieron a la Corte Suprema y se le quitó esta facultad, que era bien básica, a Impuestos Internos.
¿Cuál es la propuesta del proyecto que hoy se encuentra en discusión?
Deseo reiterar que la UDI ha estado en contra. Tiene otra visión. Incluso, en la comisión negociadora que se estableció en la Cámara de Diputados inicialmente pidió sacar la atribución al Ministerio Público y la aceptó respecto a la UAF y al Servicio de Impuestos Internos. Pero después desconoció su opinión. Se opuso a la ley relativa a saldo de las cuentas, que ya aprobamos. Y quiso trasladar estas normas de secreto y reserva a otra iniciativa.
La propuesta de la actual Administración retrocede fuertemente respecto a lo planteado por Michelle Bachelet, aunque existen pequeños avances en relación con la ley vigente.
Es cierto que fue fruto de un acuerdo, donde no participó el Partido Socialista. Queremos aclararlo. Incluso, nuestro representante votó en contra.
Respecto a la UAF, se elimina (por 3 votos a uno) la presunción de interés legítimo y no previsibilidad del daño patrimonial aprobada por la Cámara de Diputados.
Ello se reemplaza por una facultad a la Comisión para el Mercado Financiero para que evalúe y determine si comparte con la UAF la información sujeta a reserva -reitero- cuando detecte irregularidades en los controles de los bancos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Además, habilita a la Comisión para el Mercado Financiero para evaluar la efectividad de los procedimientos de los bancos.
Todo esto, en el plano preventivo, porque una vez iniciada investigación, la UAF tiene acceso pleno a la información.
¡Extraña solución a esta controversia!
La Comisión para el Mercado Financiero es la que determinará si procede o no que la UAF tenga acceso a la información en el ámbito preventivo.
¿Por qué la Comisión para el Mercado Financiero?
¡Esto no es parte de sus facultades!
¿Por qué la UAF no puede tener facultades más directas y necesita intermediarios?
Sin duda, esto es un poquito más que lo actual, porque lo hace por este lado, pero su alcance es muy limitado.
Respecto al Servicio de Impuestos Internos, también se elimina la presunción de interés legítimo y no previsibilidad del daño patrimonial.
Pero se le faculta para solicitar al tribunal tributario y aduanero competente que autorice omitir la notificación al investigado, cuando lo haga en el ejercicio de sus facultades de fiscalización o a requerimiento de autoridad internacional, siempre que la información sea pedida con urgencia o la notificación al titular pueda dañar el curso de una investigación.
Por lo tanto, se omite la notificación bajo ciertas condiciones que son bastante fuertes.
Además, se le repone la facultad para pedir información acerca de los movimientos de más de 10 mil dólares.
Esta es una discusión muy importante, que lleva veinte años tratándose en el Congreso. Es un debate sobre la prioridad que se les da a diversos principios y valores.
Por una parte, a la acción preventiva y represiva de delitos de especial gravedad: lavado de activos, corrupción, narcotráfico, delitos tributarios. Y por otra, a los intereses y derechos de los particulares.
En los diversos países hay distintas combinaciones entre ambos elementos.
La situación mundial ha llevado a la OCDE a darles cada vez más acceso y transparencia a los organismos públicos responsables, a romper el secretismo.
Estoy convencido de que la fórmula del Gobierno de Michelle Bachelet y de la Cámara de Diputados es mucho mejor que la que estamos aprobando ahora, si bien esta última es un poquito mejor que lo que hay, ¡pero muy poquito!
El planteamiento de la anterior Administración otorgaba mayores atribuciones a la Unidad de Análisis Financiero y al Servicio de Impuestos Internos, porque no debían intermediar sus facultades al establecer la presunción de interés legítimo. Y respetaba la intimidad de las personas no dando acceso al secreto, pero sí a la reserva de las transacciones.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la recomendación 29, es clarísimo. Plantea que instituciones como el Servicio de Impuestos Internos y la UAF deben disponer de autonomía suficiente y de la mayor celeridad en la obtención de la información.
Por otra parte, en relación con la Contraloría, en el debate de la última Ley de Presupuestos llegamos a la conclusión de que este órgano no podía entrar a las cuentas corrientes de una serie de reparticiones públicas, particularmente de las Fuerzas Armadas, de las llamadas "cuentas reservadas internas".
Tuvimos conversaciones con el Contralor y presentamos hace unos dos meses una indicación para darle ciertas facultades a la Contraloría para entrar a las cuentas públicas -no a las cuentas privadas- de todos los organismos públicos de manera directa y expedita.
Es importante destacar que no existen los argumentos vinculados a la privacidad de movimientos y saldos que pueden señalarse respecto a los particulares.
La Contraloría es un organismo del Estado y su objetivo es controlar al Estado y no a privados.
Por lo tanto, le solicitamos al Ministro y a la Comisión que lo incorporaran. Esta última pidió el patrocinio del Gobierno. Lamentablemente, este dijo que no en la Comisión. Pero menos de diez días después afirmó que esto mismo lo iba a presentar en otra iniciativa.
En verdad -y se lo he dicho al Ministro de Hacienda-, el mínimo fair play entre nosotros indica que por lo menos acojamos, en la discusión de la Ley de Bancos, las facultades de la Contraloría respecto a esta materia.
Finalmente, deseo exponer mi voluntad de inhabilitarme en la votación del artículo 2, que modifica la ley N° 21.000, que creó la Comisión para el Mercado Financiero, en atención a que mi hijo ha asumido, a través de concurso público, como fiscal de dicha institución. Si bien no hay normas que me interesen o me involucren directa o personalmente, sino que son genéricas para el organismo, considero aconsejable mi abstención.
Sé que aquí hay una mayoría para restringir mucho la posibilidad de que la UAF y el Servicio de Impuestos Internos tengan acceso más directo a la información.
Yo les digo: "¡cuidado!".
El narcotráfico y la corrupción son muy ágiles y rápidos. Y si no contamos con la capacidad de entrar a las cuentas a través de organismos de fiscalización (Servicio de Impuestos Internos, UAF), la verdad es que tenemos mucho más riesgo de que nuestros sistemas sean pasados a llevar o violentados.
Sé que esto está aprobado, porque hay una mayoría en esa línea. Pero considero que esto es un retroceso con relación a lo aprobado en la Cámara de Diputados, aunque es mejor que lo que existe actualmente, pero muy poquito mejor.
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El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Solicito autorización para que ingresen a la Sala el Subsecretario de la SEGPRES, don Claudio Alvarado, y la asesora del Ministro de Hacienda señora Catherine Tornel.
--Se autoriza.
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El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Insulza.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, solo quiero decir que nosotros nos estábamos oponiendo a esto. Pero, dado que estamos en un momento de especial unidad nacional, esta vez daremos el visto bueno, sin que esto signifique sentar un precedente para las próximas sesiones.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se dejará constancia de ello, con toda seguridad.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, en esta discusión particular me quiero hacer cargo de las cosas buenas -son hartas- que tiene el proyecto. A diferencia de quien me antecedió en el uso de la palabra, yo lo valoro bastante más.
El colega plantea que se trata de un pequeño paso. Yo lo considero un gran paso, en términos de generar una legislación bancaria mucho más moderna para Chile.
¿Por qué es importante?
En primer lugar, porque se establece una nueva institucionalidad regulatoria y un nuevo modelo de supervisión.
Lo anterior lo vimos cuando creamos la Comisión para el Mercado Financiero.
Es importante -y no me cabe duda de que el Senador que me antecedió concuerda con eso- que toda la información proveniente del mundo bancario, financiero, de seguros (el día de mañana), todo lo que tenga que ver con recursos, cuente con una supervisión única.
De esa manera, se termina con la situación en que se quedó con el proyecto anterior, en que la función mencionada se hacía a través de superintendencias, y lo que sabía una superintendencia no lo conocía la otra. Al final, por esta falta de comunicación, se producían problemas serios dentro del mercado financiero de nuestro país. Por eso se creó -hago presente que fue en el Gobierno anterior- la Comisión para el Mercado Financiero. Y por ello se le agregan en la ley en proyecto las facultades que anteriormente tenía la Superintendencia.
Es decir, con la propuesta en análisis la forma de fiscalizar al mundo bancario es mucho más robusta que en la legislación que existía. Básicamente, por esta vinculación con otras áreas del mercado financiero que hoy sí aparecen visualizadas bajo una institución que tiene gobierno corporativo. Es decir, se trata de una entidad que no depende de una persona, sino que hay un gobierno corporativo que ha funcionado muy bien, que está actualmente a cargo del señor Joaquín Cortez. Y, obviamente, nos da muchas más garantías de que esto pueda funcionar de buena manera.
En segundo lugar, se establecen nuevas exigencias de capital, adecuándose a los estándares de Basilea III. Este no es un tema menor o anecdótico. Se trata de un cambio casi copernicano respecto de la forma de entender el mercado financiero. Hoy día -me puedo equivocar en algunos pequeños datos-, creo que una institución se puede endeudar hasta un 10,5 por ciento de su capital.
En virtud de estas normas, eso va cambiando, porque se modifican los requerimientos de capital mínimo, estableciéndose dos pilares.
Uno es el llamado "Pilar I".
Aquí se considera un capital Tier 1 adicional, que podrá estar constituido por acciones preferentes o bonos sin plazo de vencimiento. Se trata de instrumentos cuyas características permiten otorgarles un tratamiento equivalente al de los recursos propios, como parte del capital.
En segundo lugar, un colchón de conservación, que incorpora un porcentaje de los activos ponderados por riesgo, asunto que el mercado financiero tendrá que evaluar de buena manera respecto de cada institución, pues mientras más riesgoso pueda ser el actuar de un banco, más exigencias tendrá en materia de capital.
Y, además, se agrega la exigencia de un capital básico adicional de carácter contracíclico, que es algo relacionado con la modernidad. Obviamente, hace veinte o treinta años no se pensaba que iban a ocurrir estas cosas en el mundo.
Aquí se aprenden las lecciones en cuanto a la existencia de momentos cíclicos, contracíclicos, que los bancos en materia de capital también deben enfrentar.
Eso es parte de la modernidad.
Esto representa un elemento muy importante del acuerdo logrado. Obviamente, esto no estuvo exento de discusión. Este es un proyecto de difícil tramitación.
Yo, personalmente, tuve bastantes dudas en cuanto a que el capital estuviera tan vinculado con el tema de la reserva -se me acaba el tiempo, señor Presidente, y supongo que se me darán los mismos diez minutos utilizados por usted-, porque es obvio que hay cierto riesgo. Por ejemplo, si un banco se dedica a materias del mundo agrícola, que por naturaleza suele ser más riesgoso que el ámbito inmobiliario, podría requerírsele un capital mayor.
Sobre el particular, espero que haya un criterio adecuado por parte de los nuevos reguladores en términos de no generar un incentivo perverso en un tema tan importante.
Por otro lado, se encuentra el Pilar II, relativo al requerimiento de capital básico o patrimonio efectivo adicional por hasta 4 por ciento de los activos ponderados por riesgo, dependiendo de la opinión de la Comisión para el Mercado Financiero, y que puede llegar al 20,5 por ciento. O sea, se puede prácticamente duplicar el nivel de capital que hoy día corresponde a los bancos.
Obviamente, es una materia compleja, porque hay cierto encarecimiento del crédito. A mí no me cabe duda de que va a ser un poco más caro, pero mucho más seguro, y ¡por Dios que es importante que un país tenga un mercado financiero seguro! Si no, miremos lo que pasa en Sudamérica o Latinoamérica y nos daremos cuenta de que tenemos un activo en nuestro país que debemos cuidar en gran medida.
También hay un rol distinto respecto de cómo ponderar los activos.
Se trata de una larga discusión, que no repetiremos nuevamente.
La normativa hace mucho más exigente el factor de ponderación.
Al respecto, había dos alternativas: hacer un poquito más laxos o más duros estos factores de ponderación. Se optó por esta última, para que el mercado bancario tuviera una solidez muy importante y así pudiera enfrentar cualquier situación diferente.
Además, se disponen mecanismos de intervención para bancos en problemas y de manejo de crisis, que representan toda una novedad en la marcha del mercado financiero.
Esa es básicamente la esencia de este proyecto, que a mi juicio está bien planteado, por lo que resulta oportuna y útil su aprobación.
Por otro lado, quien me antecedió en el uso de la palabra se refirió a un tema en el que tenemos una discrepancia -concuerdo con él en esa opinión- y que es discutible. Pero le quiero decir que no estamos solos quienes aspiramos a que el ciudadano posea derechos.
Ese es el asunto de fondo.
¿El ciudadano tiene derechos o aquí hay un "gran hermano", que podrá tener la forma de institución pública o de una persona equis, que va a ser el dueño de sus actividades?
Hoy día la reserva ciudadana la cuidamos en muchas leyes, como en la relativa a la protección de datos personales. Y aquí estamos todos de acuerdo en que las personas deben tener derecho a la defensa de sus datos.
Pero, curiosamente, justo respecto de esto decimos: "¡No! El Servicio de Impuestos Internos o la UAF serán dueños de los datos de los ciudadanos".
Francamente, no me parece que eso apunte en el sentido correcto. Y con todo respeto, señor Presidente -se lo hago notar porque usted fue quien me antecedió en el uso de la palabra, por lo que no sé cómo referirme a su persona en términos de la dualidad que se presenta-, eso es exactamente lo mismo que dice la Corte Suprema.
El Máximo Tribunal, en el considerando Séptimo del informe que remitió, opina: "Que en relación al carácter autónomo de tal herramienta, esta Corte estima pertinente manifestar su opinión respecto de la inconveniencia" -en cuanto a lo que había antes- "de sustraer una medida como la propuesta del control jurisdiccional, atendido su carácter intrusivo, lo que queda aún más en evidencia si se considera que ella ha de ser dispuesta sin notificación obligatoria del afectado.".
¿Qué es lo que nos manifiesta la Corte Suprema?
Algo superrazonable: que es perfectamente posible, si hay una información importante para una investigación, solicitar a un juez que levante el secreto bancario. Se hace todos los días en ¡cientos de casos! A propósito de cualquier duda o señal, se va ante un juez para que disponga tal medida y el banco está obligado a entregar los antecedentes requeridos.
No se trata de una institución perversa, decimonónica o contraria a lo que plantea la OCDE, sino de una figura perfectamente posible, relacionada con las garantías ciudadanas existentes en muchas partes del mundo.
Eso es lo que uno intenta defender: los derechos de las personas, porque para mí las personas y sus derechos importan. No significa que haya secretismo. Cualquier funcionario del Servicio de Impuestos Internos -he conversado el tema con personeros de dicho organismo y también lo hicimos en la Comisión con distintos invitados- lo puede solicitar.
Y más aún, señor Presidente, aquí se llegó a un acuerdo para tratar de resolver la situación. Es verdad lo que dice usted en el sentido de que el Partido Socialista se sustrajo no solo de dicho acuerdo, sino también de la discusión del punto, el cual se aprobó por los representantes del Partido Por la Democracia, de la Democracia Cristiana, de Renovación Nacional y de la UDI, que estaban presentes.
Se buscó una fórmula. Y si me pregunta si ella me deja feliz, la respuesta es no. Pero es una solución razonable para un tema difícil, que tiene que ver con diferenciar distintas situaciones.
En cuanto al secreto mismo, se faculta a la Comisión para el Mercado Financiero a compartir con la UAF información sujeta a reserva, cuando en los controles a los bancos detecte alguna irregularidad en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Por tanto, la primera inquietud del señor Presidente está resuelta en la propia norma, porque se establece dicha facultad de la Comisión cuando ve cualquier cosa vinculada al terrorismo o al lavado de activos, para que pueda operar sin más.
Asimismo, se faculta al Servicio de Impuestos Internos, dentro del estándar de la OCDE -es muy importante recalcarlo-, para solicitar al tribunal competente el levantamiento del secreto bancario sin ni siquiera notificar al ciudadano -yo hubiese preferido la notificación, pero está bien, eso es parte de los acuerdos que uno debe aceptar-, cuando lo estima necesario para el cumplimiento de cualquier acción fiscalizadora.
Y en tercer lugar, se faculta adicionalmente al Servicio de Impuestos Internos para requerir a los bancos, agencias o representaciones de bancos extranjeros, casas de cambio, información sobre cualquier remesa desde y hacia el exterior por un monto igual o superior a 10 mil dólares.
Entonces, aquí estamos hablando de una forma de resolver un problema que, objetivamente, nadie puede encontrar maravillosa, pero que claramente armoniza de manera mucho más adecuada los legítimos derechos ciudadanos, que son importantes -yo reivindico el derecho de los ciudadanos a la protección de sus datos personales-, con la entrega de herramientas a la autoridad para combatir el lavado de activos o el terrorismo o algún incumplimiento o delito que pueda darse en el mundo bancario.
Por consiguiente, si se trata de remesas de más de 10 mil dólares, el Servicio ya puede acceder a tal información, así que ni siquiera necesita autorización para pedirla. Y si hablamos de menos de 10 mil dólares, que es una cantidad bastante menor para entender que existe un megafraude, lo único que tiene que hacer es pedir la autorización judicial.
Hablamos de un mecanismo existente en muchas partes del mundo. Entonces, no sé dónde está el inconveniente que deja a todos atónitos. Es algo perfectamente normal, armónico y se acordó de esa manera.
Insisto en que a mí no me representa cien por ciento el referido acuerdo. Lo sostengo porque el sistema chileno no ha tenido problemas en esa materia, pues cada vez que una autoridad ha requerido información la ha obtenido. Lo que pasa es que hay que solicitarla.
Claro, alguien me podría citar casos como el de Carabineros. Allí la UAF tuvo mucho tiempo para darse cuenta de cualquier problema al respecto y, al final, fue un agente de un banco el que informó, específicamente en Punta Arenas, lo que estaba ocurriendo.
Pero eso no tiene que ver con la carencia de herramientas, sino con una falta de acción.
Por tanto, me parece que se trata de un buen proyecto sobre una materia difícil, que está bien resuelta, producto de un acuerdo. Y es muy importante tener rápidamente una legislación bancaria completa para nuestro país y para los ciudadanos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero manifestar que este proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional, donde sufrió efectivamente varias modificaciones.
Nosotros en el Senado aprobamos en general el proyecto que venía de la Cámara de Diputados. Y luego, en la discusión en particular -tal como manifestaron los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra-, se planteó una diferencia sustancial -diría yo- en la materia que ha estado siendo objeto del debate de esta tarde, fundamentalmente en lo referente a la reserva y al acceso a la información.
El actual Gobierno, después de que la Sala aprobó la idea de legislar, presentó en la Comisión de Hacienda, durante el plazo fijado para el efecto -hasta el 3 de mayo de 2018-, varias indicaciones sobre la regulación del secreto y la reserva bancaria que tenían por objeto eliminar todas las modificaciones, contenidas en su mensaje y acogidas en la Cámara de Diputados, vinculadas principalmente con la presunción de interés legítimo y la imprevisibilidad del daño patrimonial que recae sobre el Servicio de Impuestos Internos y la UAF en cuanto a la información sujeta a reserva bancaria, referida en puntos anteriores.
Con ello, la regulación del secreto y la reserva bancaria quedarían igual como está actualmente en el artículo 154 de la Ley General de Bancos, es decir sin la presunción de interés legítimo ni la imprevisibilidad del daño patrimonial que se proponía en favor del Servicio de Impuestos Internos y de la UAF.
Señor Presidente, aquello se conversó y se planteó como duda, como inquietud por varios miembros de la Comisión durante la discusión general y se dejó para el debate particular.
En lo personal, manifesté que me parecía necesario buscar un ajuste, cierto equilibrio entre ambos objetivos por conseguir: de una parte, la posibilidad de que las instituciones encargadas de fiscalizar (como se ha dicho acá) el lavado de dinero, el narcotráfico, etcétera, accedan a información cuando sea menester; y de otra, el legítimo derecho que le asiste a cada ciudadano a que se mantenga reserva respecto de sus cuentas.
A raíz de eso, resolvimos buscar un punto de acuerdo que conciliara las dos posiciones.
En tal virtud, se armó una mesa técnica, en la cual participaron dos asesores que los miembros de la Comisión de Hacienda propusimos para trabajar con el Ejecutivo.
Solo hubo una salvedad, del Presidente de la Comisión, Senador Letelier, quien manifestó que no iba a participar en tal instancia, por cuanto no estaba de acuerdo con ninguna de las indicaciones.
Producto de la labor realizada, y con el ánimo de cumplir los requerimientos explícitos hechos por organismos internacionales en materia de acceso a la información sujeta a reserva bancaria, se plantearon varias propuestas, de común acuerdo, tras un trabajo en el que, por parte de quien habla y del Senador Ricardo Lagos, participó gente que había colaborado en el proyecto presentado por la Presidenta Bachelet.
Tocante a la propuesta sobre la UAF, en el artículo 154 del proyecto que moderniza la Ley General de Bancos se eliminan la presunción de interés legítimo y la no previsibilidad del daño patrimonial y se obliga a la Comisión para el Mercado Financiero a compartir con la UAF información sujeta a reserva cuando detecte alguna irregularidad en los controles de los bancos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Y en cuanto al artículo 5o de la ley N° 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, se le otorga a esta la facultad de evaluar la efectividad de los controles de los bancos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y se le impone el deber de informar a la UAF la ocurrencia de cualquier acción u omisión que pudiere indicar la existencia de dichas conductas y entregarle los antecedentes correspondientes, incluida la información sujeta a reserva.
En lo concerniente a la propuesta sobre el Servicio de Impuestos Internos, cabe señalar, a modo de antecedente, que en la actualidad Chile no cuenta con excepciones que permitan omitir la notificación al titular de la cuenta para casos en los cuales la información se requiera con urgencia o en que la notificación pueda dañar el curso de la investigación.
Por eso, como consecuencia de un requerimiento internacional (para ajustar la legislación nacional a los estándares OCDE), y en el marco de que sea necesario compartir información con organismos internacionales, se propone efectuar la siguiente modificación: en el artículo 154 del proyecto que moderniza la Ley General de Bancos, eliminar la presunción de interés legítimo y no previsibilidad de daño patrimonial, y a cambio, en el artículo 62 del Código Tributario, crear una excepción respecto del procedimiento general y disponer que el Servicio de Impuestos Internos podrá solicitar en forma directa al tribunal tributario y aduanero competente que autorice omitir la notificación cuando el referido Servicio pida información en ejercicio de sus funciones de fiscalización o para dar cumplimiento a un requerimiento efectuado por una autoridad competente de otra jurisdicción, y la información se requiera con urgencia o la notificación al titular pueda dañar el curso de la investigación.
Si el tribunal tributario y aduanero rechaza la solicitud, se aplicará la regla general establecida en el artículo 62 del Código Tributario.
Además, se faculta al Servicio de Impuestos Internos para requerir a determinadas entidades (tal como se ha dicho acá, bancos, agencias o representaciones de bancos extranjeros, casas de cambio, entre otras) información sobre remesas desde y hacia el exterior por un monto igual o superior a los 10 mil dólares americanos.
Tales indicaciones -como dije- fueron aprobadas, producto del acuerdo, por mayoría de votos, con una abstención, del Senador Juan Pablo Letelier.
Señor Presidente, nosotros queríamos plantear que la aprobación en la Comisión de Hacienda de las indicaciones a que he hecho referencia significa un cambio sustancial de las normas que regulan el acceso a la información sujeta a reserva bancaria aprobadas por la Cámara de Diputados, por lo que es probable que tales disposiciones vayan a Comisión Mixta.
A nuestro entender, ante un proyecto altamente significativo, sensible, necesario para Chile, que permita la modernización de la Ley General de Bancos y que se halla en el contexto de posibilitar que nuestro sistema financiero esté internacionalmente a la altura de los mejores, la regulación del secreto y la reserva bancaria, planteada como eventual punto de discrepancias, fue tratada de manera equilibrada y justa, velando por los dos objetivos que todos perseguimos.
Por un lado, que nuestras instituciones y nuestro sistema financiero tengan capacidad de prevención, de fiscalización y de reacción frente a delitos altamente sensibles, como el lavado de activos, el narcotráfico, las operaciones que afecten la credibilidad y el funcionamiento de nuestro sistema.
Y, por otro lado -como decía al inicio-, es importante también que los ciudadanos entiendan que aquí no habrá arbitrariedades y se dispondrá de dos mecanismos claros que les permitirá a las instituciones adecuadas acceder a la información pertinente, por supuesto resguardando los derechos mínimos que cada uno de nuestros compatriotas tiene a la privacidad.
Después de un largo trabajo, con participación activa de gente que, en nuestro caso, formó parte del equipo que planteó el primer proyecto, el de la Presidenta Bachelet, nos pareció razonable disponer de atribuciones alternativas, como las aquí planteadas.
Señor Presidente, esas son las razones por las cuales tanto quien habla cuanto los Senadores Lagos, García y Coloma aprobamos las propuestas acordadas con el Ejecutivo. Y el Senador Letelier, en la fase final, se abstuvo en la mayoría de las indicaciones pertinentes.
Es cuanto puedo informar, Su Señoría.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, este proyecto tiene a lo menos tres temas de gran trascendencia, aunque no necesariamente todos traigan al debate la misma pasión.
Lo primero es que cambiamos la institucionalidad en cuanto a cómo el Estado va a supervisar tanto a los entes que participan en el mercado de valores y seguros cuanto a aquellos que lo hacen en los bancos y las instituciones financieras.
Ponemos bajo un mismo techo el proceso de regulación y supervisión, que hasta ahora ha estado bajo dos techos distintos.
La Comisión para el Mercado Financiero tiene hoy la responsabilidad de una parte de la fiscalización: valores y seguros. Con la ley en proyecto va a asumir también la responsabilidad de la fiscalización y regulación de las instituciones bancarias y financieras.
Eso, señor Presidente, no constituye una cuestión menor: se trata de grandes transformaciones institucionales en Chile.
No en todos los países hay un solo ente que cumple las referidas funciones. Existen diferentes modelos.
Nosotros, a partir de nuestra experiencia, estamos poniendo bajo un mismo ente supervisor algo muy importante: tanto el mercado de capitales cuanto el sector bancario y financiero, que en Chile han madurado.
Yo quiero subrayar que aquí hay un cambio institucional significativo.
De otro lado, a propósito de este proyecto, existe preocupación en cuanto a qué sucede con los funcionarios que hoy están en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, respecto de quienes no solo se acordó que no iban a perder derechos adquiridos, sino que además hubo un reconocimiento en cuanto al mantenimiento de regímenes propios, incluidos el derecho a sistema de bienestar y a otros beneficios.
Ese es un primer tema de la iniciativa, el que, a mi juicio, fue muy bien resuelto.
El segundo tema, señor Presidente, se relaciona, por un lado, con la forma como ponemos al día nuestra legislación bancaria en un mundo que ha cambiado muy aceleradamente, para colocarla en los estándares de Basilea III; y por otro, con el reconocimiento de que no todas las instituciones hacen lo mismo en nuestro sistema bancario y financiero.
Se establece un aumento en el piso de exigencia en materia de encaje y se colocan requisitos de capital. Y a las instituciones bancarias, dependiendo de cómo sean evaluadas por la Comisión para el Mercado Financiero, se les podrán exigir otros tipos de garantías, para lo cual hay diferentes instrumentos, como indicó el Senador Coloma.
Señor Presidente, las exigencias que se establecen no hacen sino reflejar que tenemos un sistema bancario bastante más maduro que los de otros países de América Latina.
En verdad, nos debemos sentir agradecidos -es paradójico- de la crisis del 82, pues aprendimos de los enormes errores que se cometieron. De modo que hoy podemos ver con tranquilidad, mas no sin precauciones, que la profundidad de nuestro sistema bancario es absolutamente distinta de la de los sistemas de países cercanos.
Lo que la ley en proyecto hace es algo que el mismo equipo del Banco Central nos ha señalado con insistencia como una tremenda necesidad. En forma reiterada, Mario Marcel, en su condición de Presidente del Instituto Emisor, nos ha venido a plantear la urgencia que ello reviste.
Tratándose del sistema financiero mundial, en una economía abierta, como la nuestra, hay riesgos que no se pueden eliminar, que no van a desaparecer. Es más: cambian en el tiempo.
En el marco de la nueva Ley de Bancos discutimos acerca de la ciberseguridad. Por ejemplo, planteamos que la Comisión para el Mercado Financiero debe establecer parámetros al objeto de asegurar que las diferentes instituciones aborden ciertas acciones conducentes a generar los resguardos necesarios ante una práctica cotidiana. ¡Los ciberataques al sistema financiero de nuestro país se producen todos los santos días! Y tenemos, hasta ahora, un sistema que tiende a defenderse relativamente bien del crimen organizado existente en el orbe.
En tal sentido, considero que aquí hay un avance muy importante.
Señor Presidente, en cuanto a la transparencia, como se ha dicho acá, tuvimos una discrepancia. Y, por intermedio de la Mesa, quiero agradecer la forma gráfica como la expuso el Senador Coloma. Quizás Su Señoría le tiene miedo -como dice- al "Hermano Grande".
El señor COLOMA.- A Orwell.
El señor LETELIER.- ¡A Orwell encarnado...!
Quiero expresarle a mi estimado colega, a quien le pido disculparme, que esa pelea ya la perdió: ¡los datos personales, la vida privada, en fin, han sido brutalmente invadidos por la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo!
Entonces, se trata de un debate en el que estamos bastante rezagados.
En efecto, cada vez que Su Señoría ocupa su celular y envía un mensaje está siendo controlado potencialmente, en forma remota. Y los cambios de comportamiento nuestros y de nuestras sociedades están siendo afectados por ese Hermano Mayor.
Sin embargo, el debate desarrollado aquí en materia de transparencia es otro: se trata del equilibrio entre los derechos de las personas y el bien público; de cómo la sociedad se defiende del crimen organizado, del narcotráfico, del terrorismo, de las diferentes expresiones del lavado de dinero, y de cómo entregamos al Estado, a los órganos públicos, a la UAF o a Impuestos Internos atribuciones para ejercer acciones intrusivas cuando hay una amenaza contra el bien público.
Yo creo, señor Presidente, que la discusión acerca del equilibrio es del último siglo -y no solo en Chile-, particularmente en lo relativo a los saldos de las cuentas bancarias.
Es cierto: aquí hay una norma sobre transferencias por hasta diez mil dólares respecto de las cuales a uno lo pueden rastrear u obligar a identificarlas.
En tal línea, señor Presidente, quiero recordar que, en el proyecto de la reforma tributaria -hemos tenido esta conversación en tiempos pretéritos; quizás el actual Ministro de Hacienda lo recuerde-, el debate acerca de la norma antielusión tenía mucho que ver con los paraísos financieros, por donde pasaban platas de potenciales empresarios chilenos; con la forma de hacer el seguimiento de recursos en el mundo, y con cuáles eran las normas del Estado para defenderse de los movimientos ilícitos.
Al respecto, la gran diferencia que tengo con el Senador Coloma -y lo pongo a él como ejemplo por el debate que se generó; no se trata de algo personal-...
El señor COLOMA.- No hay problema.
El señor LETELIER.-... radica en que "ciudadanos" es una categoría demasiado amplia, pues dentro de ella hay ciudadanos honestos y ciudadanos que son parte del crimen organizado.
Por consiguiente, el Estado necesita tener instrumentos para combatir el crimen organizado en general: el lavado de dinero, el terrorismo, en fin. Y de ahí la atribución que algunos queríamos darle a Impuestos Internos al objeto de que, cuando hubiera indicios de situaciones de aquella índole, tuviera capacidad intrusiva para actuar sin necesidad de pedir la autorización de un juez.
Esa es la discusión: con qué prontitud, con qué celeridad se puede actuar.
Señor Presidente, en el seno de la Comisión se generó un acuerdo entre miembros de ella y el Ejecutivo.
Se trata de un avance con respecto a lo que existe hoy.
Uno podrá ponderar si es un paso pequeño o un paso grande.
En el ámbito de la transparencia, la bancada del Partido Socialista era partidaria de un paso mayor que el que estamos logrando. Y me parece bueno dejar constancia de que tenemos una diferencia en dicha materia.
De la misma forma, no nos explicamos que en el marco de este debate no haya existido la posibilidad -no digo "la voluntad", pues eso todavía está por verse- de asegurar que otros órganos del Estado, como la Contraloría General de la República, tuvieran acceso a todas las cuentas de los entes no solo privados sino también del Estado.
Sobre el particular hay un debate. Algunos decían: "No es en este proyecto donde él debe realizarse. Quizás hay que hacerlo en otro marco".
En este tema, señor Presidente, para algunos es duro de asumir -lo experimentamos el año pasado en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos- la constatación de que el Órgano Contralor no tiene acceso a las cuentas de todos los entes fiscales de nuestro país.
Eso sin duda no es bueno. No es correcto
que ello ocurra con relación a todas las cuentas de Carabineros de Chile. No me estoy refiriendo a la cuarta cuenta de la Ley Reservada del Cobre, sino a las cotidianas anuales de instituciones del Estado.
Termino indicando que la nueva ley de bancos es un paso muy importante. Al país le hace muy bien la posibilidad de modernizar su institucionalidad. La Comisión para el Mercado Financiero enfrentará un tremendo desafío en la transición para asumir la supervisión de todo el sector del mercado de capitales, bancario y financiero, y abrigamos la esperanza de que eso se pueda realizar en forma adecuada.
Quedará pendiente, para algunos de nosotros, lo relativo a la transparencia, respecto de la cual podamos dar nuevos pasos en el futuro.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, parto por expresar que este es un buen proyecto de ley. Así lo reconocieron todos quienes vinieron a la Comisión de Hacienda y nos entregaron su parecer.
El Senador señor Letelier tuvo mucha razón en su intervención. En distintos informes de política monetaria, el Presidente del Banco Central nos ha llamado a adecuar la legislación bancaria a las normas de Basilea III, disposiciones internacionales que rigen a las instituciones financieras. Eso estamos haciendo hoy día. Es el proceso que culminamos esta tarde. Por lo tanto, debiéramos sentirnos contentos de que nuestras exigencias se hallen a la par de las aplicables en ese ámbito.
Quizás uno de los aspectos más relevantes es que obligamos a que los bancos cuenten con mayor capital. En muchos casos -lo dijeron los especialistas en la Comisión-, nuestras entidades ya han ido adecuando sus propios capitales y les será mucho más fácil cumplir con la nueva legislación. Eso igualmente es preciso consignarlo, porque, al final, se trata de patrimonios del país. Cuando nuestras instituciones financieras son más solventes, significa que Chile goza de mayor prestigio y dispone de mayores activos, y ello debe alegrarnos realmente a todos.
Dicho lo anterior, también quiero hacerme cargo principalmente de sus palabras, señor Presidente. Porque, ¿sabe?, me siento molesto, dolido, francamente, cuando se ponen en duda nuestros esfuerzos por ser transparentes en nuestras decisiones legislativas, por tender a la compatibilidad -como asimismo lo manifestó mi Honorable colega Letelier- entre las exigencias del bien público y los derechos de los ciudadanos.
El secreto y la reserva bancarios en el texto que recibimos de la Cámara de Diputados no es algo que se nos haya ocurrido solo a nosotros. Deseo leer una parte del oficio N° 106-2018 de la Excelentísima Corte Suprema, que nos entrega su opinión acerca de la materia en un informe fechado el 29 de agosto de 2018.
Señor Presidente, solicito silencio en la Sala, porque ello tiene que ver con nuestro trabajo legislativo y con la transparencia con que actuamos.
¿Qué dice el considerando tercero de dicho documento? Expresa:
"Que el primer informe de la Corte realizó amplios cuestionamientos a las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados sobre el artículo 62 del Código Tributario, y en concreto, al hecho de que según ellas se presumiera (i) el "interés legítimo" del Servicio de Impuestos y la Unidad de Análisis Financiero y (ii) el hecho de que no resultara "previsible el daño patrimonial al cliente", en los términos del artículo 154 de la Ley General de Bancos. Según el informe del pleno "...parece cuestionable la iniciativa en cuanto presume el interés legítimo del Servicio de Impuestos Internos y de la Unidad de Análisis Financiero para intervenir en la esfera de reserva, del mismo modo que lo hace en relación a no resultar previsible el daño patrimonial al cliente. Ambas circunstancias necesariamente debieran ser materia de prueba y de la resolución de la judicatura competente. De otra manera se dejaría a la institucionalidad constituida por el Servicio de Impuestos Internos y a la Unidad de Análisis Financiero en una situación de privilegio absoluto y, como contrapartida de ello, en una situación de indefensión al ciudadano".
Lo anterior fue expuesto por el Máximo Tribunal -repito- en el oficio enviado a la Comisión de Hacienda el 28 de agosto recién pasado.
Entonces, ¿la Corte Suprema no quiere que se investigue? ¿No desea hacer justicia frente a los delitos económicos?
Creo que nadie podría aseverar algo semejante.
Simplemente, estamos compatibilizando de la mejor forma posible las garantías ciudadanas y, por supuesto, los necesarios instrumentos con que debe contar el Estado para impedir la comisión de delitos, y, cuando se cometan, investigarlos simplemente recurriendo a la autorización judicial.
Por lo demás, ello se encuentra "avalado", si uno pudiera llamarlo así, por el conocimiento, por la experiencia, por la trayectoria de los Ministros de la Excelentísima Corte Suprema.
Por eso, termino repitiendo que este es un buen proyecto.
En materia de secreto y de reserva bancarios, asimismo está bien resuelto. En la Comisión llegamos con el Ejecutivo a un buen acuerdo, que le permite al Estado contar con instrumentos para investigar y poder sancionar, a través de la judicatura, a quienes cometen delitos económicos, pero también sobre la base del principio de la buena fe y del respeto a las garantías constitucionales que nosotros mismos hemos creado a través de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestro ordenamiento institucional.
Voto a favor.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, quiero hacer una intervención bastante breve para ratificar, primero, lo ya dicho por otros colegas en el sentido de que se trata de una buena iniciativa.
La adecuación de las disposiciones bancarias a Basilea III parece ser de toda lógica. Toda la internacionalización de la banca, las normas de la OCDE, en fin, se ven reflejadas en el articulado, y ya era momento de que también las asumiera nuestra banca. Eso permitirá contar con un sistema aún mejor que el actual, más robusto, más preparado para eventuales crisis y contingencias.
Pero igualmente quería hacerme cargo de su preocupación personal y queja, señor Presidente, en relación con la reserva o el secreto bancarios.
Por supuesto que puede haber varios criterios al respecto. Me parece que tanto usted como varios Senadores son de la idea de que nada teme quien nada malo hace, y, por lo tanto, "Miren todo lo que quieran en mi vida". Mas no creo que ese sea un punto de vista válido en la materia.
Así como nadie aceptaría que entrara a su casa un carabinero o cualquier policía sin una orden judicial, estimo que la parte personal de las cuentas corrientes bancarias sigue más o menos la misma línea.
Hay dos posibilidades: o se quiere evitar, por la vía de la prevención, el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, categorías básicas que es preciso precaver, o todo apunta al secreto bancario.
Quiero decirle, señor Presidente -también al Honorable señor Letelier-, que este último se encuentra muy lejos de ser la única medida para tal efecto. Los tratados de libre comercio que hemos suscrito incluyen habitualmente disposiciones que tienen que ver exactamente con eso. Y, como contraprestación, existen obligaciones de nuestro sistema bancario, de cada banco que opera en Chile, en el sentido de seguir las mismas normas de las instituciones extranjeras en Estados Unidos y Europa. Es decir, instrumentos internacionales nos obligan en cuanto a la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Tal es el grado de ello hoy día que si usted tiene que hacer transferencias de más de diez mil dólares al extranjero o traer más de esa cantidad desde fuera del país, lo más probable es que sean bloqueadas, a menos que se cumpla con una serie de condiciones y requisitos comunes a todas las instituciones de Estados Unidos y de Chile, por dar un ejemplo.
De hecho, existe un manual sobre la materia emitido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras -todo eso pasará a la Unidad de Análisis Financiero-, y mencionaré, básicamente, las acciones obligatorias vigentes para evitar todos estos problemas que tanto a usted, señor Presidente, como al Senador que habla nos provocan una gran preocupación.
Los directorios de las instituciones tienen que tomar medidas para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Todos sabemos que los directores son personalmente responsables si no se aplica la normativa.
Sobre los bancos recae la obligación de conocer al cliente. ¿Ello qué significa? Que, trátese de una persona natural o de una persona jurídica, es preciso saber cuál es el origen de los fondos.
Las entidades necesitan contar con manuales de políticas y procedimientos respecto del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
En cada institución se requiere un Oficial de Cumplimiento en lo relativo a estas acciones.
A ello se agrega un Comité de Prevención.
Es preciso contar con herramientas de detección, monitoreo y reportamiento de todas las operaciones inusuales. Es obligación de un banco informar a la UAF de cualquier antecedente sospechoso.
Se necesita una especial selección del personal que se dedique a estas labores.
Y, finalmente, tiene que haber una auditoría anual y permanente de todos los procedimientos.
Es por eso que hoy día simplemente se bloquea -repito- cualquier operación sospechosa.
A mí me parece sumamente sensato lo acordado en relación con el proyecto. No es razonable que ni el Servicio de Impuestos Internos ni la Unidad de Análisis Financiero accedan, sin pasar por un tribunal de justicia, a la información de un cliente.
Deseo recordar que además existen las herramientas provenientes de tratados internacionales, las cuales obligan a todos los bancos que operan en Chile a contemplar medidas sumamente estrictas para prevenir los actos que a usted, señor Presidente, y a mí nos preocupan, como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Es decir, creo que nos hallamos razonablemente cubiertos.
Por supuesto, es preciso estar siempre vigilantes, pero las normas chilenas cumplen razonablemente hoy día, sumadas a esta modernización del sistema, con el propósito de librarnos del flagelo de los delincuentes que usan a nuestra banca.
Dicho lo anterior, voto a favor, naturalmente.
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, precisamente en 2018 se cumplen treinta años del primer acuerdo, en Basilea, Suiza, que permitió a los bancos disponer de una forma de garantizar un capital mínimo con que deben contar para enfrentar crisis financieras.
De ahí viene el por qué es tan relevante comprender qué significa estar en Basilea III. Ya no se trata de Basilea I, de treinta años atrás; pero registramos un atraso de diez años en que nuestro sistema financiero sufrió una serie de situaciones que vemos hoy día tal vez representadas por lo que el Foro Económico Mundial determinó como riesgos globales del año en curso.
Por primera vez, y después de 18 informes, cabe consignar que, entre las primeras cuatro contingencias que enfrenta el mundo, las dos iniciales son de origen natural: los eventos climáticos extremos y los desastres naturales, a las que se agregan los ciberataques, donde la banca quizás es la más afectada, y el fraude o el robo de identidad, que también repercute en ella.
En consecuencia, lo que hace Basilea III es precisamente señalar a los bancos que los riesgos, cuando están presentes y no se hallan provisionados, van a requerir una cantidad necesaria de recursos para poder enfrentar las amenazas. Eso es lo que no teníamos este año. Por tal razón, es muy conveniente adecuarnos a las prácticas mundiales.
Basilea III nos da la base, entonces, para saber por qué es tan importante adecuar la Ley de Bancos. Pero igualmente lo es entender por qué el lavado de activos constituye quizás el peligro más importante para las democracias, pues genera corrupción. Esa es la forma en que se comienza a destruir una sociedad.
La norma internacional de los diez mil dólares se halla presente en todo. Incluso, cuando uno viaja en avión debe declarar que no porta más de esa suma en efectivo. No es solo un asunto de los bancos. El lavado de activos es, sin lugar a duras, el inicio de cuanto viene después, porque sobre la corrupción se instalan el crimen organizado, el narcotráfico o el terrorismo.
En este sentido, el Ministerio de Hacienda -como se encuentra presente su titular, lo saludo por su intermedio, señor Presidente- tal vez ostenta una de las organizaciones de inteligencia más significativas con que cuenta el país: la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que nació a finales de 2003, dándole la oportunidad de poder detectar operaciones sospechosas. El reporte respectivo (ROS) permite precisamente identificar de forma temprana actividades que comienzan a llamar la atención.
Es interesante, entonces, analizar cómo nuestra estructura se empieza a perfeccionar. Unos meses después, en 2004, se dictó la ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia, que exhibe una característica especial: nadie puede interferir una comunicación privada sin la autorización expresa de un Ministro de Corte de Apelaciones. Para tal efecto, dos de ellos se encuentran disponibles en estos tribunales, donde hay algunas de las autoridades definidas por dicho cuerpo legal.
La separación de los poderes Ejecutivo y Legislativo es fundamental para el control, de tal manera de garantizar a la ciudadanía la protección de sus datos personales. El Congreso ha decidido en el presente año una modificación constitucional con este último objetivo. Y estamos discutiendo un proyecto tendiente a crear una agencia que lo garantice.
En tal sentido, es importante tener eso en la mente.
El secreto bancario existe. Ello es bueno. ¿Hasta dónde? Hasta que se pueda demostrar una presunción cierta de que está ocurriendo un ilícito. Y se requiere la autorización de una autoridad judicial.
La comunidad de inteligencia, entonces, se está transformando. El Ejecutivo, para poder integrar en ese ámbito más actores que los que actualmente contribuyen, está preparando también una nueva forma. Uno de ellos es precisamente la UAF.
El articulado en examen está adelantando trabajo, de tal manera de generar mecanismos de control que les garanticen a todos que en Chile no se efectuará lavado de activos y se evitarán la corrupción y la instalación sobre ello del narcotráfico, del terrorismo y del espionaje.
Pero lo anterior es imposible sin el acceso a la información. Tiene que existir, por lo tanto, un balance adecuado, y el proyecto lo proporciona. Por eso, encuentro que el texto se halla muy bien equilibrado, estructurado, y que coloca a Chile en la vanguardia de cómo se deben ejercer estas relaciones.
Voto a favor.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, la iniciativa es un avance en el sentido de adaptar nuestra legislación a estándares internacionales acordados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su tercera versión y cuyas propuestas fueron publicadas en el año 2010.
El objetivo del articulado es la prevención de los episodios de inestabilidad y crisis, aumentándose las exigencias de existencia de capital de los bancos. La idea es que estas eventualidades sean absorbidas en mayor proporción por fondos propios en vez de los recursos del Estado y de las personas. De esta manera, se distribuye el riesgo hacia los accionistas o dueños, y no hacia los contribuyentes y depositantes.
Las grandes crisis financieras, como la reciente del 2008, han demostrado que las pérdidas se socializan (las asume el Estado y la gente al recortar el gasto social) y las ganancias se privatizan. Así se da un efecto chantaje de los grandes bancos, que muchas veces se comportan irresponsablemente generando condiciones de crisis, ante lo cual el Estado debe ir en su rescate para evitar la inestabilidad del sistema financiero.
"Demasiado grandes para dejarlos caer", dice la literatura económica.
Por otra parte, la tendencia mundial es ir levantando el secreto bancario.
El proyecto original era tímido en ello, pero al menos establecía mayores atribuciones al Servicio de Impuestos Internos y a la Unidad de Análisis Financiero para solicitar información a los bancos respecto a sus clientes sobre materias sujetas a reserva (aquellas que no constituyen ni depósitos ni captaciones), mediante una presunción de acuerdo que se entendía de interés legítimo y con la cual no era previsible un daño patrimonial al cliente respecto a ciertas operaciones. Para obtener esa información hoy día es necesario solicitar una autorización judicial, por lo que el artículo original permitía procedimientos más expeditos.
Sin embargo, en la Comisión de Hacienda del Senado eso se modificó mediante una indicación del Ejecutivo, sujetándose la solicitud de información siempre a autorización judicial y cambiando las atribuciones de la Comisión para el Mercado Financiero.
Nos parece que era más adecuado lo aprobado previamente por la Cámara de Diputados.
Por otra parte, el Grupo de Acción Financiera Internacional ha recomendado que las unidades de análisis financiero cuenten con las herramientas suficientes para llevar adelante su trabajo, incluyendo la autonomía para analizar, solicitar, comunicar y revelar información específica. El objetivo es entregar herramientas al Estado para detectar eventuales delitos tributarios y otros, como el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.
Por tal razón, votaré en contra de la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda contenida en el número 108 del artículo 1.
En todo lo demás me parece que la iniciativa es positiva y favorable.
Queda pendiente una discusión de fondo no en esta materia de ley, sino sobre la necesaria democratización del sistema financiero y la diversidad de entidades (debidamente reguladas) que tengan una lógica distinta a la de la especulación financiera, poniendo el sistema en este ámbito al servicio del desarrollo económico real, productivo y local.
En el mundo que llamamos "desarrollado" existen muchas entidades denominadas "de finanzas éticas", "solidarias", que privilegian las inversiones con criterios de sostenibilidad ecológica, social y también económica, donde las personas saben lo que el banco hace con su dinero de manera transparente.
Tales instituciones mantienen criterios internos éticos, por lo que no invierten el dinero de sus contribuyentes, de los que ahorran, en empresas que sean altamente contaminantes, con malas prácticas laborales, o que han sido sancionadas por faltar a normas tributarias o por no respetar a los consumidores. Prefieren invertir en entidades y empresas responsables, con criterios éticos y sostenibles.
Ese modelo existe en el mundo -en Chile todavía no-: la legislación lo permite, el Estado lo regula y la sociedad posee una mayor diversidad de opciones para ahorrar e invertir su dinero, de tal manera que pueda contribuir al bien común, y no solo desde una lógica de especulación financiera.
Esa es una materia pendiente, que queda para un debate posterior.
Respecto de la iniciativa en análisis, estamos avanzando en la adecuación de nuestros estándares a la tendencia internacional en cuanto a la regulación del sistema financiero.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Señor Ministro, le ofrezco la palabra.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar el trabajo que se hizo en la Comisión de Hacienda del Senado, que se reunió durante un par de meses para conciliar las distintas posiciones existentes, logrando avanzar a un acuerdo en materias importantes, lo que por mucho tiempo había sido difícil.
La aprobación muy mayoritaria -en algunos puntos, unánime- refleja el esfuerzo que se hizo a través de los equipos técnicos de una buena parte de los parlamentarios que participan en dicha instancia.
Mencionaré algunos temas que han surgido en esta discusión.
El presente proyecto viene a actualizar la normativa vigente en Chile desde 1997. O sea, hace 21 años que no hemos introducido cambios en nuestra legislación bancaria. En esa época transitábamos hacia los principios de Basilea I. Hoy día toda la Unión Europea y diversos países -incluso de Latinoamérica- adhieren a Basilea III.
Esta propuesta legislativa mejorará en forma significativa la competitividad de nuestra industria financiera, de los bancos chilenos; va a facilitar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento, más diversificadas, de menor costo y mayor plazo, y ayudará al crecimiento económico del país.
También contribuirá al proceso de internacionalización de la banca nacional al elevar los estándares de capital, pues para competir fuera de nuestro país se requieren estándares que los competidores extranjeros ya han adoptado.
Asimismo, creo que es importante mencionar que diversos organismos, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han insistido en la urgencia de realizar una modernización a nuestra legislación bancaria. También, como lo han mencionado varios Senadores, el propio Banco Central de Chile ha relevado la importancia de avanzar en este ámbito.
Hay grandes ítems en esta agenda.
Lo primero, mejorar la institucionalidad del regulador bancario. No me voy a extender al respecto. Basta señalar que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras se incorporará a la Comisión para el Mercado Financiero. Habrá un período de transición para que ello ocurra, pues resulta importante.
Existen nuevos requerimientos de capital en Basilea III: pasan de 8 a 10,5 por ciento los activos ponderados por riesgo en la base, y se establecen requisitos adicionales para aquellos bancos que pueden significar un riesgo sistémico en caso de fallar.
Este es un segundo elemento muy relevante.
Además, se dispondrán herramientas de regularización temprana de capital para los bancos que presenten problemas.
Esas son las cosas más importantes para consolidar un sector financiero que esté de acuerdo a los últimos avances en materia regulatoria a nivel mundial.
Señor Presidente, quiero referirme a dos situaciones que se han planteado en este debate.
La primera, que se ha conversado bastante y ha generado gran discusión, es cómo abordar lo relativo a la reserva bancaria.
En Chile se hace lo mismo que en muchos países: la entidad especializada regulatoria (en este caso, la Comisión para el Mercado Financiero) realiza también el control preventivo. Es decir, la prevención recae en el órgano que regula al sector.
¿Por qué opera así? Porque el regulador es justamente el que tiene el mayor conocimiento de las instituciones que están a su cargo.
Pero si esa entidad detecta alguna irregularidad -por ejemplo, lavado de dinero-, está obligada a informar a la Unidad de Análisis Financiero y compartir información sujeta a reserva. ¡Está obligada a compartir información sujeta a reserva!
En ese caso, la UAF inicia una investigación y, a partir de entonces, tiene acceso total a dicha información.
Entonces, el sistema de control preventivo en manos del regulador sectorial y el posterior acceso a la información de la entidad equivalente a nuestra Unidad de Análisis Financiero es algo que ocurre en muchos lugares, incluso en Estados Unidos.
Por lo tanto, aquí no se están menoscabando las posibilidades de la UAF de detectar el lavado de activos, sino que, de alguna manera, se está estableciendo un sistema que permite conjugar la protección de la información y los datos financieros con nuestras obligaciones internacionales.
En la realización de este trabajo nos ayudaron el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero. Lo hicimos con ellos y también, por supuesto, con la Comisión para el Mercado Financiero, entidad que está en condiciones de aceptar y tomar las responsabilidades que le entrega esta nueva ley, en caso de ser aprobada.
Señor Presidente, hay algo que, por lo que escuché, no se comentó. Me refiero a la excepción de no notificación al titular cuando se desarrolle una investigación. Esto significa que, cuando se juzgue que tal acción pudiera entorpecer las pericias o fuera algo urgente, no se notifique al titular de la cuenta que está siendo investigado.
A mi juicio, la iniciativa que nos ocupa, tal como está, resguarda adecuadamente las preocupaciones que se han manifestado en esas dos vertientes.
Finalmente, hay un tema que usted mismo planteó, señor Presidente, en su intervención.
El proyecto de ley sobre transparencia incorpora la cláusula de acceso de la Controlaría a las cuentas de los organismos de la Administración del Estado. Ese asunto se planteó en el marco de esta discusión. Por razones de premura para que esta iniciativa se convierta en ley lo antes posible, el Ejecutivo juzgó más adecuado incluir tal cláusula en aquella propuesta legislativa. Sin embargo, no tenemos ninguna diferencia respecto del punto. Este tema queda contenido en el proyecto que ya ha iniciado su tramitación en la Cámara de Diputados.
Gracias, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- A usted, señor Ministro.
Pasaremos a votar ahora distintas normas en particular.
En primer lugar, tenemos la votación separada que pidió el Senador señor Guillier.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, tal solicitud se refiere al número 44 del artículo 1 (página 69 del boletín comparado), para suprimir, en la primera oración del inciso tercero del artículo 49 bis de la ley, la expresión "de parlamentario,".
Se trata sobre la incompatibilidad para ser director de un banco.
El señor MONTES (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La norma individualizada es de quorum orgánico constitucional. Por tanto, requiere para su aprobación 25 votos favorables.
Quienes estén a favor de la modificación introducida por la Comisión de Hacienda votan que sí.
Esto lo explicó en su minuto el Senador señor Coloma, en el sentido de que la norma ya está contemplada en la Constitución Política.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Han votado todas las señoras y señores Senadores?
Terminada la votación.
--Se aprueba la supresión propuesta por la Comisión de Hacienda en el número 44 del artículo 1 del proyecto (29 votos a favor, 2 abstenciones y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Bianchi, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Galilea, García, Girardi, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvieron las señoras Provoste y Rincón.
No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto a favor del Senador señor Chahuán.
Continuemos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente votación, de acuerdo con el orden del proyecto, tiene que ver con la indicación que presentó el Ejecutivo y que la Sala aceptó incluir por unanimidad.
Es de quorum simple y busca sustituir el literal b) del numeral 54 del artículo 1 del proyecto, con el fin de modificar el inciso segundo del artículo 62 de la ley por el siguiente: "La Comisión, mediante norma de carácter general, establecerá las condiciones y modalidades necesarias para la implementación de esta clasificación. Tales normas deberán tratar en igual forma a los bancos que se encuentren en situaciones de características y naturaleza equivalentes. Del mismo modo, deberán considerar el cumplimiento de la normativa sobre infraestructura crítica de la información que, en materia de ciberseguridad, establezca la Comisión, con sujeción a la normativa legal vigente.".
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría unanimidad para aprobar esta indicación del Gobierno, solicitada por los propios parlamentarios?
El señor LETELIER.- Sí.
La señora EBENSPERGER.- De acuerdo.
--Por unanimidad, se aprueba.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ahora, señores Senadores, habría que ocuparse de las modificaciones que fueron aprobadas por mayoría en la Comisión de Hacienda.
En primer lugar, cabe señalar que la petición de votación separada del Senador señor Montes coincide con la norma de la letra b) del numeral 108 (página 207 del comparado), que fue aprobada por mayoría en la Comisión: 3 votos a favor (Senadores señores Coloma, García y Pizarro) y 1 en contra (Senador señor Letelier).
El señor MONTES (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor MONTES (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la letra b) del numeral 108 del artículo 1 del proyecto (17 votos a favor, 12 en contra y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Provoste y Von Baer y los señores Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, Girardi, Huenchumilla, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh y Sandoval.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Muñoz y Órdenes y los señores Bianchi, De Urresti, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Quintana, Quinteros y Soria.
No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto a favor de las Senadoras señoras Goic, Rincón y Van Rysselberghe y del Senador señor Chahuán.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, en la página 225 del boletín comparado, la Comisión de Hacienda propuso eliminar el ordinal iv -figura en la segunda columna- de la letra b) del numeral 4 del artículo 2 del proyecto.
Tal supresión se aprobó con los votos de los Senadores señores Coloma, Lagos y Pizarro. Se abstuvo el Honorable señor Letelier.
El señor MONTES (Presidente).- En votación la enmienda.
¿Quiere hablar, Senador Letelier?
El señor MOREIRA.- ¡No es necesario...!
El señor LETELIER.- No, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor MONTES (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la supresión del ordinal iv de la letra b) del numeral 4 del artículo 2 del proyecto (26 votos a favor y 1 abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvo el señor Letelier.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Chahuán.
Sigamos, señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente enmienda aprobada por mayoría está en la página 357 del comparado. La Comisión de Hacienda propone suprimir el artículo 10 por 4 votos a favor y una abstención.
Votaron por la supresión los Senadores señores Coloma, García, Lagos y Pizarro. Se abstuvo el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, sugiero que todas las votaciones que quedan se hagan de una sola vez.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acoger lo que plantea el señor Senador?
Es algo que también había propuesto el Honorable señor Coloma.
El señor LETELIER.- Mi abstención tiene que ver con el hecho de que no fui parte del acuerdo que se adoptó.
Todas esas normas guardan relación con elementos vinculados. La que se acaba de enunciar se refiere a la UAF.
El señor MONTES (Presidente).- Entonces, ¿habría acuerdo para que todas las enmiendas que restan se votaran en un solo acto?
Acordado.
El señor LETELIER.- Propondría que se acogieran de acuerdo con la votación anterior.
En el fondo, esto tiene que ver con las normas de transparencia.
El señor MONTES (Presidente).- En votación el conjunto de las otras normas.
--(Durante la votación).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se está votando la supresión del artículo 10 (página 357); la eliminación del artículo 12 (página 375), y el artículo decimosexto transitorio (página 396).
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor MONTES (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda ya individualizadas (25 votos a favor, 3 abstenciones y un pareo), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Bianchi, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.
Se abstuvieron los señores De Urresti, Elizalde y Letelier.
No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela.
El señor MONTES (Presidente).- Además, se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Chahuán, Girardi, Latorre y Soria.