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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 366ª
Sesión 55ª, en martes 2 de octubre de 2018
Ordinaria
(De 16:19 a 19:8)
PRESIDENCIA DE SEÑORES CARLOS MONTES CISTERNAS, PRESIDENTE,
Y CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver, y de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández.
Asimismo, se encontraba presente la Directora General de Obras Públicas, señora Mariana Concha M.
Actuó de Secretario General el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor MONTES (Presidente).- Las actas de las sesiones 53ª y 54ª, ordinarias, en 25 y 26 de septiembre de 2018, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor MONTES (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Quince de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero comunica que no hará uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental respecto del proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género (boletín N° 8.924-07).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar al Excelentísimo Tribunal Constitucional.
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal, y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (boletín Nº 10.739-07).
Con los tres siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las iniciativas que se indican:
1) La que modifica la ley N° 19.451 con el objeto de incentivar la donación de órganos (boletines Nos 11.849-11, 11.872-06 y 11.893-11, refundidos).
2) Sobre eficiencia energética (boletín N° 12.058-08).
3) La que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario (boletín N° 12.026-13).
Con los diez últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El que establece la condición socioeconómica de los estudiantes que podrán acogerse a estudios gratuitos en las instituciones de educación superior (boletín N° 11.687-04).
2) El que crea el Consejo Fiscal Autónomo (boletín N° 11.777-05).
3) El que modifica la ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo (boletín N° 9.170-23).
4) El que sustituye la denominación del territorio especial de Isla de Pascua por la de Rapa Nui (boletines Nos 10.685-07 y 10.692-07, refundidos).
5) El que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios (boletín N° 9.233-01).
6) El que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público (boletín N° 8.335-24).
7) Sobre fomento a las artes escénicas (boletín N° 11.408-24).
8) El que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior (boletín N° 8.996-13).
9) El que fortalece la integridad pública (boletín N° 11.883-06).
10) El que modifica la ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos en materia de documentos electrónicos (boletín N° 11.882-06).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.

El señor MONTES (Presidente).- Señor Prosecretario, sería particularmente importante que la calificación de "discusión inmediata" del proyecto que modifica el Código Penal fuera informada directamente a la Comisión, ya que el plazo empezaría a correr desde hoy día. ¿No es así?

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Desde mañana, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- Bien.
Puede continuar.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Prosigo con la lectura de la Cuenta:
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, el proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Adolf Christian Boesch (boletín Nº 11.183-17).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el segundo señala que ha aprobado el proyecto que modifica la ley N° 18.287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local en materia de notificación de resoluciones (boletín N° 11.476-07) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el siguiente informa que aprobó el proyecto de ley que crea el Consejo Fiscal Autónomo (boletín N° 11.777-05) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copias de las sentencias definitivas pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216.
-Artículos 195, 196 bis y 196 ter de la ley N° 18.290.
-Artículo 418 del Código Procesal Penal, relativo a personas que gozan de fuero constitucional.
-Artículo 163 bis, en relación con los artículos 183-A y 183-B, todos del Código del Trabajo.
-Artículo 64 de la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.
-Artículo 73 del decreto N° 412, de 1991, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL N° 2, de 1968, Estatuto del Personal de Carabineros.
-Artículos 196 bis y 196 ter de la ley N° 18.290, de Tránsito.
-Artículos 250 bis A y 250 bis B del Código Penal.
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda archivar los documentos.
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798.
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216.
-Artículo 196 ter de la ley N° 18.290.
-Artículo 55, inciso tercero, de la ley N° 19.995, Ley de Casinos.
-Artículo 8, números 2 y 9, párrafo segundo, de la ley N° 18.101.
-Artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil.
-Artículos 456 bis, 459, 464, 472, 473, 481, 482, 484, 497, 500 y 501, todos del Código de Procedimiento Penal.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
Informa requerimiento, formulado en nombre del Senador señor Letelier, alusivo al paso fronterizo Las Damas, entre Chile y Argentina.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Aporta antecedentes sobre las materias consultadas por los Senadores que se mencionan a continuación:
-Del Senador señor García, atinente a la factibilidad de mejorar los caminos públicos Chaura-El Carmen y Nalcahue-Relín, de Villarrica.
-De la Senadora señora Allende, acerca de las regularizaciones de derechos de agua efectuadas en la provincia de Petorca.
-De la Senadora señora Órdenes, referente a los puentes en mal estado en la Región de Aisén.
-Del Senador señor Durana, en cuanto al estado de conservación del Morro de Arica.
Del señor Ministro de Salud:
Adjunta información sobre la inversión en salud en el sector de Lota Alto, y en cuanto al modelo de administración de los hospitales de Coronel y Tomé, en respuesta a la inquietud manifestada por el Senador señor Navarro.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales:
Contesta petición de la Senadora señora Allende, acerca de la implementación del sitio de memoria del Centro de Detención del Cuartel Almirante Silva Palma, de Valparaíso.
Del señor Subsecretario de Educación Parvularia (S):
Aporta datos sobre la extensión horaria de funcionamiento de los jardines infantiles y salas cunas; materia consultada por el Senador señor Quinteros.
Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios:
Atiende preocupación de la Senadora señora Allende, referida a la calidad del agua de la localidad de Cabildo.
Del señor Superintendente del Medio Ambiente:
Expone sobre la evaluación de impacto ambiental del relleno sanitario Monte Águila, de la comuna de Cabrero, en respuesta a petición del Senador señor Navarro.
Del señor Intendente de Los Lagos:
Da respuesta al Senador señor Quinteros, relativa a la solicitud de los funcionarios públicos de Hualaihué para uniformar el pago de la asignación de zona.
De la señora Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota:
Explica la situación de la persona que se señala, domiciliada en la ciudad de Arica, a requerimiento del Senador señor Durana.
Del señor Director Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia:
Anexa informe de las zonas de riesgo ante catástrofes naturales; requerido por el Senador señor Navarro.
Del señor Director Nacional de Desarrollo Indígena:
Informa respecto de la solicitud del Senador señor De Urresti, sobre reclamación de derechos ancestrales en el sector de Los Molinos, Valdivia.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal:
Envía antecedentes, solicitados por el Senador señor De Urresti, sobre tala ilegal de bosque nativo en la comuna de Panguipulli.
Del señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental:
Entrega pormenores del proyecto "Vertedero Privado de Lodos Orgánicos"; asunto consultado por el Senador señor De Urresti.
Del señor Secretario General de la JUNAEB:
Aclara situación, planteada por el Senador señor Soria, acerca de la factibilidad de considerar en la Ley de Presupuestos para el año 2019 el pago del bono para las manipuladoras de alimentos en el resto de las regiones calificadas como zonas extremas.
Del señor Director General de Asuntos Consulares, de Inmigración y de Chilenos en el Exterior:
Contesta petición del Senador señor De Urresti, en cuanto al personal y recursos financieros de las Embajadas y Consulados de Chile en Venezuela y Haití.
Del señor Director de Obras Municipales (S) de Tomé:
Informa sobre loteo que se individualiza, de la comuna de Dichato, materia consultada en nombre del Senador señor Navarro.
Del señor General Subdirector de Carabineros:
Da respuesta a sendos oficios del Senador señor Latorre, acerca de la denuncia efectuada por la persona que se señala, de la ciudad de Valparaíso, y sobre el disparo de perdigones a un estudiante en un operativo policial.
Del señor Gerente General de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado:
Remite antecedentes relativos a la consulta del Senador señor De Urresti, relacionada con la licitación para la compra de nuevos trenes.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Nuevo segundo informe de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece normas sobre prevención y protección del embarazo adolescente (boletín Nº 10.305-11).
Informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura con el objeto de regular la captura de la jibia (boletín N° 9.489-21).
Informe de la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica (boletín N° 11.621-04) (con urgencia calificada de "simple").
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señor Elizalde, señora Muñoz y señor Latorre, con la que inician un proyecto que establece sanciones penales para la infracción reiterada de normas de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (boletín N° 12.124-03).
De los Senadores señor Castro, señora Aravena y señores García, Ossandón y Prohens, con la que inician un proyecto de ley que establece planes anuales de educación financiera destinados a la comunidad (boletín N° 12.125-03).
--Pasan a la Comisión de Economía.
De los Senadores señor Bianchi, señoras Órdenes y Provoste y señores Guillier y Huenchumilla, con la que inician un proyecto de reforma constitucional en materia de descentralización financiera y tributaria del Estado (boletín N° 12.126-07).
Del Senador señor Navarro, con la que inicia un proyecto de reforma del Reglamento del Senado, que modifica su artículo 27 para crear la Comisión del Adulto Mayor (boletín N° S 2.016-09)
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Comunicaciones
Del Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por la que solicita el acuerdo de la Sala para que el proyecto de ley que modifica el Código Penal y otros cuerpos legales en lo relativo a los delitos contra el medio ambiente (boletín Nº 11.482-07) sea examinado, en primer lugar, por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y posteriormente por la que él preside.
--Se accede a lo solicitado.
Del Senador señor Quintana, por la que informa acerca de su estadía en Italia, entre los días 23 y 27 de julio recién pasado, para realizar diversas reuniones con universidades y centros académicos vinculados al ámbito de la educación.
--Se toma conocimiento.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Hay un informe al respecto, señor Prosecretario?

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- Efectivamente, señor Presidente. Y se está dando cuenta de él.

El señor MONTES (Presidente).- Muy bien.
Continúe, señor Prosecretario.

El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Informe de la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto que modifica la ley N° 20.959, que extiende la aplicación de la ley N° 20.243, que establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual, para extender y hacer efectivo el derecho de artistas y creadores audiovisuales a percibir remuneración por sus creaciones (boletín N° 11.927-24).
--Queda para tabla.
El señor MONTES (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor MONTES (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra la Senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, en cuanto al boletín N° 12.026-13, que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario, al cual en la Cuenta se le viene cambiando la urgencia por la de "suma", tenemos el compromiso de que sea visto por la Comisión de Educación y me gustaría que se recabara el asentimiento de la Sala para tomar ese acuerdo.

El señor MONTES (Presidente).- La Senadora Provoste solicita que el proyecto que ha individualizado pase a la Comisión de Educación después de que sea despachado por la de Trabajo.
¿Habría acuerdo?

El señor BIANCHI.- Perfecto.

El señor SANDOVAL.- Sí.

El señor MONTES (Presidente).- Así se acuerda.
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, en la Cuenta viene una iniciativa del Senador Navarro para crear la Comisión del Adulto Mayor, me imagino que con carácter permanente en el Reglamento.
Sin embargo, para la Comisión Especial falta la designación de los representantes de las diferentes bancadas, a las cuales quiero solicitar -por su intermedio, señor Presidente- que procedan a efectuar tal designación, que hasta el momento solo ha cumplido la nuestra.
Estamos en el Mes del Adulto Mayor y sería interesante, volviendo al punto de las señales, tratar de cerrar ese capítulo terminando rápidamente con el nombramiento de los distintos representantes.

El señor MONTES (Presidente).- Quiero aclarar que esta materia ya fue discutida, señor Senador.
Hay un proyecto para que la Comisión sea permanente, aunque algunos Senadores solicitaron que mientras tanto tuviera carácter especial para los efectos de constituirla pronto. Sin embargo, no hay problema para que siga tramitándose su cambio a permanente. Y ahora el Senador Sandoval está pidiendo que las bancadas designen a sus representantes.
¡Se sostiene que algunos serían incumbentes...! Pero lo importante es que las bancadas nombren a sus representantes.
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.

La señora ARAVENA.- Señor Presidente, en representación de las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente, unidas, solicito a la Sala ampliar el plazo de presentación de indicaciones al proyecto que crea el SERNAFOR (Servicio Nacional Forestal), hasta el martes 16 de octubre.
--Se acoge la solicitud.


ACUERDOS DE COMITÉS

El señor MONTES (Presidente).- A continuación, para dar a conocer los acuerdos de Comités, tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Los Comités, en sesión del día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Tratar, en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria del martes 9 del presente, el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura con el objeto de regular la captura de la jibia (boletín N° 9.489-21).

2.- Postergar la sesión especial fijada para el martes 9 de octubre, de 15 a 16:30, con la finalidad de tratar los últimos acontecimientos respecto de las operaciones comerciales relativas a agentes vinculados al litio y el desarrollo de medidas políticas públicas que permitan una adecuada y óptima explotación de dicho metal, hasta el martes 16 de octubre, de 15 a 16:45, retrasando el inicio de la sesión ordinaria de ese día hasta el término de aquella.

3.- Ampliar el plazo para presentar indicaciones hasta el jueves 15 de noviembre, a las 12 horas, al proyecto que modifica la ley Nº 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo (boletín N° 9.170-23).

4.- Con respecto a la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos del sector público correspondiente al año 2019 (boletín N° 12.230-05):
Con relación a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos:
1) Para los efectos de la tramitación y despacho del proyecto por parte de dicha Comisión, disminuir la actividad de la Sala a una sesión semanal y suspender la actividad de las Comisiones entre los días 5 y 8 de noviembre.
2) Autorizar a las Subcomisiones para sesionar simultáneamente con la Sala durante el mes de octubre.
Con relación a la tramitación del proyecto en la Sala del Senado, se hará llegar a los señores Senadores una circular con distintas situaciones relativas a indicaciones, votaciones separadas, etcétera.
V. ORDEN DEL DÍA



AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA CREAR PLANTAS DESALINIZADORAS


El señor MONTES (Presidente).- En el primer lugar de la tabla figura, en virtud de un acuerdo adoptado hace algunas semanas, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta al Estado para crear plantas desalinizadoras, con informe de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.862-33) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 25ª, en 21 de junio de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía: sesión 50ª, en 5 de septiembre de 2018.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito de la iniciativa es establecer la facultad del Estado para llevar a cabo actividades empresariales con el objeto de fomentar y desarrollar la creación y explotación de plantas desalinizadoras.
La Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía discutió el proyecto solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Ebensperger, Muñoz y Provoste y señor Castro.
Cabe hacer presente que los artículos 1 y 2 son de quorum calificado y necesitan, para ser aprobados, la mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio, esto es, 22 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se consigna en la página 31 del primer informe de la Comisión Especial.


El señor MONTES (Presidente).- Antes de ofrecer la palabra, la señora Mariana Concha, Directora General de Obras Públicas, ha solicitado autorización para ingresar a la Sala a propósito de la discusión de este proyecto, en representación del Ministro del ramo, don Juan Andrés Fontaine.
¿Habría acuerdo?

El señor DE URRESTI.- No, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- En realidad, hay que hacerle ver al señor Ministro que tendría que estar presente él. Puede venir con la señora Directora, pero por el momento se ha objetado su ingreso por parte de un señor Senador.

El señor PÉREZ VARELA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor MONTES (Presidente).- Sí, señor Senador.

El señor PÉREZ VARELA.- Cuando los Comités determinaron que este proyecto se viera esta semana, fue bajo el compromiso de que asistiría la Directora General de Obras Públicas a expresar su opinión. Fue en ese sentido que se autorizó postergar la discusión de la iniciativa, que estaba en tabla desde la semana pasada. Por lo tanto, a ella se le comunicó que estaba citada para esta sesión.
Repito: la decisión de los Comités, que fue unánime, era para que este debate se llevara adelante con la presencia de la señora Mariana Concha. Y no me parece adecuado que hoy día se pida autorización para su ingreso cuando se la citó para que estuviera presente.
Con esa condición se postergó la vista de este proyecto.

El señor MONTES (Presidente).- Señor Secretario, por qué no aclaramos el acuerdo que se habría tomado, porque yo no lo tenía registrado.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Efectivamente, se postergó el tratamiento del proyecto relativo a la creación de plantas desalinizadoras, que estaba en la tabla de la sesión anterior, justamente para que viniera la señora Directora a que se ha referido el Senador señor Pérez Varela.
Eso fue lo que se acordó.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, sin perjuicio del acuerdo, la Sala es soberana y hay que requerir la unanimidad para el ingreso de alguien que no sea un Ministro.
Además, me llama la atención que en el tratamiento de una iniciativa concerniente a una obra de esta magnitud, de esta importancia, no concurra el Ministro de Estado que lleva esta Cartera. ¡Me parece insólito!
Entonces, sin perjuicio de ese acuerdo, yo le pediría que recabara la unanimidad de la Sala nuevamente, para así autorizar el ingreso de la señora Concha.

El señor MONTES (Presidente).- Entiendo que lo que representa el Senador señor Pérez Varela es que había un acuerdo en el sentido de invitar a la señora Mariana Concha a esta sesión. Y el señor Secretario confirma que así fue. Por lo tanto, no está en discusión si ingresa o no.
El error fue haber preguntado si podía entrar, porque -repito- ello fue acordado en la sesión pasada. Eso es lo que alega el Honorable señor Pérez Varela y confirma el señor Secretario. Por lo tanto, deberíamos solicitarle que ingresara.
Yo comparto el criterio de que al Ministro Fontaine lo podríamos invitar en el futuro para que esté con nosotros en el debate de estos proyectos. Pero aquí hay un acuerdo previo.
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, seré muy breve.
Creo que la interpretación que usted ha dado es absolutamente coherente con el acuerdo que acaba de leer el señor Secretario.
Quiero informarle al Senador De Urresti que en la Sala no se puede alterar un acuerdo de Comités. Por lo demás, su Comité accedió a que esta sesión se trasladara para el día de hoy y a que en ella participara la señora Directora General de Obras Públicas.

El señor MONTES (Presidente).- Así lo está confirmando su Jefe de Comité, Senador señor De Urresti.
Tiene la palabra el Honorable señor Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, no tendría inconveniente para que entrara la persona en cuestión, que no es Ministra ni Subsecretaria.
Ahora, yo quisiera hacer las cuentas con la realidad: no están viniendo los Secretarios de Estado al Senado. ¡Eso es lo que a mí me preocupa!
Yo no conozco a la señora Mariana Concha. Imagino que en la Comisión su participación habrá sido fundamental, porque es un proyecto que ciertamente corresponde a la Dirección General de Obras Públicas, así que seguramente va a hacer una buena contribución.
Pero por algo la norma señala que deben venir los Ministros, y solo por excepción se autoriza a otros funcionarios a asistir.

El señor MONTES (Presidente).- Sí.

El señor INSULZA.- Si se afirma que es así, si son los Comités los que deciden esto, bueno, está bien, no voy a cuestionarlo.
Pero hago ver que realmente sería bueno oficiar al Ministro Blumel, quien es el encargado de las relaciones con el Congreso, que tampoco está hoy día...

El señor COLOMA.- ¡Estuvo en la mañana!

El señor INSULZA.- ..., que realmente quisiéramos tener un poco más de asistencia de los señores Ministros al Senado.
Gracias.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para solicitarle al Ministro de la Secretaría General de la Presidencia que notifique al resto de los Secretarios de Estado que se requiere su presencia en los debates en la Sala? Porque se fijará el criterio de que no entren personas que no estén acompañadas de los correspondientes Ministros.
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, creo que estamos frente a una situación distinta: aquí el Senado acordó tratar esta iniciativa con la presencia de esta funcionaria.
Es muy distinto el caso de los proyectos en general.
Y sería bueno que la afirmación que hizo el Senador Insulza fuera corroborada con una estadística,...

El señor MONTES (Presidente).- Histórica.

El señor PÉREZ VARELA.- ... porque uno ve permanentemente a los Ministros en la Sala y en las Comisiones.

El señor MONTES (Presidente).- Vamos a cerrar este debate, porque este acuerdo fue tomado con anterioridad.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, yo concuerdo con que pueda ingresar la señora Concha.
Lo que quiero es hacer la observación de que los Comités, y esta ha sido la historia de esta Corporación, no pueden impedir que un Senador realice lo que planteó el Senador De Urresti en primera instancia; porque, por esa vía, se limitaría la acción de los Senadores de manera individual.
¡Si es por acuerdo de Comités, que entren todos los asesores o los subsecretarios!
Con ello se eliminaría la facultad que este Senado ha ratificado de manera permanente.
Por tanto, quiero señalar que si el acuerdo de Comités va a remplazar la voluntad de los Senadores de no facilitar el ingreso de los asesores y de los subsecretarios, estamos en una situación distinta.
Yo estoy de acuerdo con que en esta oportunidad entre la funcionaria de Obras Públicas. Y quiero que la Mesa y el señor Secretario del Senado ratifiquen aquello; porque ante eso -ya hemos tenido este debate otras veces, siendo Gobierno, siendo Oposición- lo mejor es tener una norma clara.

El señor MONTES (Presidente).- En todo caso, usted plantea otra discusión: si los Comités cuentan con la facultad para tomar una decisión de esta naturaleza. Y, efectivamente, no la tienen.
El señor Secretario me informa que esta decisión no fue adoptada en Comités, sino en la Sala.
Senador señor De Urresti, le ofrezco la palabra.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente -insisto-, no vamos a hacer de esto un punto. Si se tomó el acuerdo en la Sala lo vamos a honrar. Y si usted solicita la unanimidad, se dará.
Pero aquí debemos sentar un precedente, y hemos de tener un solo comportamiento.
No se puede sustituir esa decisión a través de fórmulas en que hay una mayoría circunstancial o no están los parlamentarios que han objetado desde el punto de vista político la comparecencia o el ingreso de quienes no son los Ministros, o por una reunión de Comités.
Yo respeto lo que dice el Senador Pérez Varela, y si se adoptó un acuerdo y fue unánime no tendría por qué modificarse, o al menos en la autorización particular de la señora Concha, por su conocimiento.
Pero yo quiero que quede consignado por parte del Secretario dónde se tomó este acuerdo, si fue en la Sala, y si fue por unanimidad. Y, como señalaba el Senador Navarro, no debe sustituirse la facultad que tenemos los Senadores de autorizar el ingreso a quienes no son Ministros.
Si no, simplemente esto se trasladaría a las reuniones de Comités, y con esa fórmula, en que no necesariamente se requiere unanimidad, modificaríamos una norma fundamental del Reglamento.
Entonces, yo pediría precisión.
No haría un punto si es que hay acuerdo, porque hay que honrar que los Jefes de Comités concurrieron a él, y si la funcionaria en cuestión es especialista. Pero hay dos principios: la no concurrencia de ministros y subsecretarios, como algo que se está haciendo evidente, y claramente la sustitución de las facultades de la Sala, y de los Senadores en particular, por los acuerdos de Comités.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, el Reglamento es claro. Dice: "En casos calificados, la unanimidad de los Comités puede suspender la aplicación de una disposición reglamentaria, para un asunto concreto, de lo que se dejará constancia en el acta".
Por tanto, los Comités pueden adoptar todos los acuerdos que quieran. Pero si su intención es que una norma reglamentaria no se aplique, debe constar en actas que se suspende su aplicación.
A mi entender, siempre la Sala es soberana. En este caso, se requiere unanimidad para autorizar caso a caso la presencia de quienes no son Ministros de Estado. Y esa no es una atribución que se pueda suspender, incluso por una decisión anterior adoptada por la Sala.
Cada vez que se solicita el ingreso de alguien que no ostenta la calidad de Ministro de Estado se requiere la unanimidad de la Sala.
Ahora, no hay ánimo aquí de generar una controversia respecto a este tema. Habiendo un acuerdo anterior obramos de buena fe. Pero no se puede cuestionar una disposición que es clara en el sentido de que basta con que un Senador se oponga para que no se autorice el ingreso de alguien que no tiene la calidad de Secretario de Estado.

El señor MONTES (Presidente).- En primer término, se enviaría un oficio al señor Ministro Secretario General de la Presidencia planteando dos asuntos:
La necesidad de contar con la presencia de los Secretarios de Estado en la Sala y la disposición del Senado para autorizar el ingreso a las sesiones de los acompañantes de los Secretarios de Estado, como criterio general.
¿Habría acuerdo del Senado para el envío de ese oficio?
--Así se acuerda.

El señor MONTES (Presidente).- En segundo lugar, está claro que los Comités no tienen facultades para tomar la decisión en comento pero sí para proponérselo a la Sala, que es lo que ocurrió acá. Los Comités le propusieron ese planteamiento a la Sala y esta lo acogió por unanimidad, como me lo recuerdan acá.
Entonces, estaríamos de acuerdo para el ingreso de la señora Mariana Concha a la Sala.
¡A lo mejor se ha ido...!
En la discusión general, tiene la palabra la Senadora señora Muñoz para informar el proyecto.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía discutió solo en general este proyecto de ley, para dedicarle todos los esfuerzos que permitan complementarlo de mejor manera.
La iniciativa que está conociendo la Sala se originó en una moción de la Diputada Cicardini y de los ex Diputados señores Lemus y Urízar, y su propósito es establecer que el Estado pueda realizar actividades empresariales para fomentar y desarrollar la creación y explotación de plantas desalinizadoras.
Tal como lo fundamentaron sus autores, la participación del Estado se hace necesaria dado el escenario creciente y sostenido de sequía y escasez hídrica, escenario que ha propiciado la aparición de una serie de plantas desalinizadoras sin haberse implementado una política pública específica que regule los efectos adversos que se pueden generar en la protección del medio ambiente, en la supervivencia del borde costero, en la gestión de los recursos hídricos y en el ámbito tarifario, contextos que inciden directamente en la forma de vida de la población.
Durante la discusión llevada a cabo en la Comisión Especial, los expertos del Gobierno anterior opinaron que el proyecto requería modificaciones para especificar la creación de una empresa o que se le entregaran facultades a un ministerio o a un servicio público para desarrollar la actividad empresarial.
Por su parte, la actual Directora General de Obras Públicas, señora Mariana Concha, especificó que el Ministerio de Obras Públicas cuenta con facultades para construir plantas desalinizadoras a fin de abastecer sistemas rurales y que, a su vez, el sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas permite el desarrollo de proyectos de plantas multipropósito.
Además, la Directora General de Obras Públicas señaló que las empresas de servicios sanitarios pueden construir desalinizadoras como fuente de abastecimiento de agua potable, recuperando el costo de inversión y de operación en las tarifas a los usuarios.
Esta última visión es divergente con los objetivos de la iniciativa en estudio, que busca una regulación planificada desde el Estado, pero estimo que se debe hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo que determine un ordenamiento definido respecto de la instalación y operación de las plantas desalinizadoras, la propiedad y el uso del agua tratada, el cuidado del medio ambiente y la protección del borde costero.
Este proyecto de ley y la iniciativa originada en moción de mi autoría y de la Senadora Allende y de los Senadores Guillier, Harboe y Pizarro, que fue aprobada en general por la Sala en sesión de 12 de septiembre recién pasado, son los primeros pasos que se han dado para alcanzar los fines que he mencionado.
Por ello, solicito a la Sala que dé su aprobación a la idea de legislar y que se fije un plazo para formular indicaciones, las que indudablemente permitirán reflexionar adecuadamente sobre una materia de tanta importancia para nuestro país.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra a la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, creo que lo que acaba de informar la Presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos es bien clarificador y relevante.
La verdad es que esta es una iniciativa que surge, como se ha recordado, desde la Cámara de Diputados y donde a través de dos artículos se le da la facultad al Estado para llevar a cabo actividades empresariales con el objeto de fomentar y desarrollar la creación de plantas desalinizadoras, por un lado, y luego se dice que para dar cumplimiento efectivo a lo anterior, será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, etcétera, etcétera.
Lo que importa es destacar lo que aquí se ha señalado.
Primero que nada, todos sabemos que Chile está viviendo (no es el único país, por cierto, pues todos conocemos las consecuencias y secuelas del cambio climático) una sequía sin precedentes históricos.
Y somos una nación especialmente vulnerable a los impactos de este cambio, dada nuestra geografía y las características particulares que nos afectan.
Para qué decir lo que pasa en la Región de Valparaíso. Tenemos en la zona las localidades de Petorca, La Ligua y Quillota, que presentan problemas francamente serios y, además, cierta falta -lo podemos llamar así- de regulación para la actividad agrícola. Más de alguna vez hemos recibido a alcaldes que nos han hablado de la sobreexplotación de ciertos recursos, lo cual ha implicado un uso intensivo del agua.
Hemos levantado la voz -no nos fue bien- para intentar hacer una reforma constitucional que declare que el agua, más allá de ser un bien nacional de uso público, es un derecho humano garantizado. Esto no se consiguió a través de una reforma constitucional, y hoy día se está discutiendo en la modificación al Código de Aguas que en este momento se halla en la Comisión de Agricultura. Es sumamente importante que se garantice que el consumo humano tenga la primera prioridad.
Yo lo puedo ejemplificar con lo que ocurre en la provincia de Petorca.
Es triste ver localidades donde las familias se abastecen a través de camiones aljibes, pero están rodeadas de predios que hacen un uso intensivo de explotación de los paltos que, evidentemente, consumen una cantidad de agua importante.
Yo creo que este país necesita una actividad del Estado mucho más coherente, que incida bastante más en cierto ordenamiento.
Es esencial que se sepa que hay un informe del Banco Mundial en que se señala que tenemos 42 instituciones repartidas o concentradas en cinco ministerios que cumplen más de 104 funciones relacionadas con el agua.
En ese nivel de dispersión no hay un ordenamiento, y lo que aquí a todos nos consta es que se requiere un ordenamiento.
Ha surgido una cantidad de plantas desalinizadoras en el borde costero, hechas principalmente por mineras privadas, porque de esa forma garantizan su abastecimiento de agua. Pero eso tiene un costo energético que es también brutal, porque implica el traslado de ese elemento. De otra parte, hay consecuencias ambientales por lo que significa devolver esta agua salobre al mar con temperaturas mayores.
Esto no tiene una reglamentación; no tiene una regulación clara; faltan respuestas. Por ejemplo, saber a quién le pertenece después esta agua; cómo es la modalidad o el modelo de negocio que se va a hacer con esta agua que, en algunos casos, será para las mineras y, en otros, pensamos que también debiera ser para el consumo humano.
Quiero hacer énfasis, señor Presidente, en que no basta con esto. Debemos ordenar adecuadamente el borde costero y tener claro que estas plantas producen un impacto ambiental y que no son la única solución.
Y deseo hacer un punto, ya que está presente una autoridad del Ministerio de Obras Públicas.
Resulta doloroso cuando nos informan que se ha postergado la licitación del embalse Catemu, una obra multipropósito que, obviamente, permitiría asegurar el riego y abastecimiento de agua de toda la zona media y baja del valle del río Aconcagua.
Los embalses no son obras fáciles de sacar. Toda postergación implica ver aún más lejano el horizonte en que por una vez tengamos respuestas que son de más largo plazo y necesarias para el país.
Señor Presidente, se requiere como nunca un Estado que tenga un horizonte de política claro con relación a un tema tan esencial como el abastecimiento del agua en momentos en que enfrentamos una situación de sequía que nos vuelve altamente vulnerables.
Por eso, no solo necesitamos la autorización, sino también respuestas concretas. La Presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos dijo aquí que esa fue una de las observaciones que se hizo durante el trabajo en la Comisión.
Esto no solo requiere que exista la posibilidad, como señala el artículo 1, de llevar a cabo actividades empresariales, de fomentar y desarrollarlas, sino que también va a significar que puedan explotar esa agua y que dispongan de la capacidad de operar, del traslado y de las obras adicionales.
Nuevamente, las preguntas son si esta agua es de la persona a la que se le entregó la concesión, aunque sea un privado, o si sigue siendo un bien nacional de uso público.
Las respuestas son importantes y las vamos a ver a la hora de fijarse plazo para presentar indicaciones, cuando entremos a la discusión en particular de este proyecto, que de por sí es relevante, pues está dando una señal en el sentido de que requerimos un Estado que nos oriente, que fomente las plantas desalinizadoras para abastecimiento de agua potable rural.
Por supuesto que esto es muy significativo, porque estamos hablando del consumo humano, de una agricultura menor. Pero se necesita un ordenamiento, se necesitan respuestas, se necesita una política más integral. Se requiere que entendamos que el Gobierno pasado avanzó notablemente en lo que fue el avance para dejar licitado, o próximos a licitar, embalses, algo que no se había hecho en muchos años.
Por eso lamentamos una vez más que se postergue algo tan esencial como la licitación del embalse Catemu.
En nuestra Comisión recibimos muchas veces a parte de los habitantes de las zonas media y baja del río Aconcagua, quienes, por supuesto, coincidían en la necesidad de realizar dicha obra.
En la Comisión de Medio Ambiente se empezó a ver un proyecto que implica cambiar el ordenamiento del borde costero desde el Ministerio de Defensa Nacional hacia el de Bienes Nacionales. Tal propuesta es del Ejecutivo.
Lo único que decimos es que los instrumentos que nos hemos dado hasta ahora han sido insuficientes. El borde costero no está regulado adecuadamente, ni muchos menos ordenado.
Ha aparecido una gran cantidad de plantas desalinizadoras, las que, como hemos señalado, tienen un costo altísimo en términos energéticos. Implican una inversión importante y son privadas. ¡Pero no hay un ordenamiento al respecto!
Creo que llegó la hora de abordar esta materia con una mirada mucho más amplia.
Aprovecho la presencia de la autoridad que nos acompaña para decir que espero que haya una respuesta a la hora de estudiar esta iniciativa en particular. Confío en que esta será una oportunidad para el país, con el objeto de enfatizar nuevamente la importancia y prioridad que debe tener el agua para el consumo humano.
En segundo lugar, debemos decidir cómo ordenamos nuestro borde costero; cómo cuidamos el medio ambiente ante la proliferación de plantas desalinizadoras, que generan un efecto sobre la flora y fauna marinas.
Por cierto, también necesitamos entender cómo se va a proyectar esto; de qué forma lo vamos a ordenar y regular; cómo va a ser el modelo de negocio, y quiénes serán los actores.
De acuerdo al proyecto, el Estado va a crear una empresa en este ámbito. Habrá que ver cuáles serán sus atribuciones. Es lo que corresponde si establecemos que el Estado debe llevar a cabo actividades para suplir lo que hoy día falta: para garantizar el abastecimiento de agua.
Además, también necesitamos regular lo concerniente al uso intensivo del agua en ciertas explotaciones agrícolas que no precisan ningún estudio ni evaluación de impacto ambiental. De hecho, cualquiera la puede realizar simplemente si es dueño de un cerro, como lo hemos visto tantas veces en Petorca.
¡Sí, hay localidades sin agua, pero rodeadas de cerros completos de plantaciones que son regadas de modo intensivo!
¡Llegó la hora de regular eso, señor Presidente!
Esa ha sido una de las materias de las que nos hemos preocupado en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos. Debemos definir nuestra mirada en relación con un recurso que es escaso y esencial para la vida y que, por supuesto, requiere orientaciones, aspecto en el cual el Estado tiene que jugar un rol ordenador importante.
El manejo integrado de cuencas es una buena respuesta cuando existe escasez de agua, pero ello implica que la autoridad sea capaz de sentar y ordenar a los actores y revisar el uso intensivo del recurso hídrico, para cubrir adecuadamente las necesidades de las actividades productivas, industriales, mineras y agrícolas, y, por cierto -lo repito una vez más-, el consumo humano.
Por lo tanto, señor Presidente, pienso que debemos aprobar este proyecto en general, que nos da las herramientas para ver después, durante el debate en particular, cómo avanzar en lo relativo a las plantas desalinizadoras, como una respuesta parcial, siempre y cuando sea en un contexto de ordenamiento del borde costero. Tendremos que analizar qué se pretende hacer; cuál será el modelo o desarrollo de explotación que se va a realizar, y cómo se regulará aquello.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Araya.
Luego intervendrá la señora Mariana Concha.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, el tema del agua o, mejor dicho, de su escasez afecta a todo el país y al mundo, aunque de diferente forma y en distintos niveles de gravedad. Se trata de una preocupación que nos debiera afectar a todos, porque, aunque no sea en lo inmediato, seguramente será uno de los grandes problemas del futuro.
El proyecto de ley en discusión general parece bastante sencillo, toda vez que se limita a facultar al Estado para crear la instalación de plantas desalinizadoras, que desarrollan un proceso que permite la obtención de agua dulce y potable a partir del agua salada del mar. Es decir, transformamos un bien que es bastante abundante en nuestro país en un bien que es escaso.
El agua es un bien necesario para la vida, pero también para la realización de una serie de actividades industriales y productivas.
Lo anterior no deja de ser relevante, sobre todo porque en la zona norte de nuestro país -especialmente en la Región de Antofagasta, que represento- cada vez se hace más difícil la obtención de agua potable tanto para el consumo humano como para su uso industrial, en particular en la minería.
En consecuencia, manifiesto que votaré a favor de la idea de legislar.
Sin embargo, creo que es absolutamente necesario vincular dicho proyecto con una mayor regulación de esta actividad, dado que en nuestro país no contamos con ninguna disposición que norme los procesos de desalación, más allá de los marcos generales, como la obtención de los permisos ambientales, las concesiones marítimas pertinentes, entre otras cosas.
Además, tal actividad suele ser realizada por particulares, en especial, de la gran minería del cobre en el norte de Chile, porque es la única forma que existe para obtener agua, dado el agotamiento de las distintas cuencas hidrográficas de nuestra Región. Ahí se hace absolutamente necesaria la desalación.
Sobre esa base, creo que hoy debiéramos avanzar en un marco general que regule la actividad de la desalinización en Chile.
En ese sentido, el proyecto de ley que aprobamos en la Sala del Senado hace un par de semanas creo que va en la línea correcta.
Asimismo, a partir de la aprobación de la iniciativa que nos ocupa, resulta necesario establecer una política pública clara en materia de desalación.
Por ejemplo, hemos planteado el caso de CODELCO en la Región de Antofagasta, donde hoy día se precisa realizar una inversión importante para construir una planta desalinizadora con el fin de abastecer de agua al distrito norte, especialmente a las faenas de la mina Radomiro Tomic (RT). La construcción de dicha planta en la comuna de Tocopilla implica una inversión cercana a los 4 mil millones de dólares.
Probablemente, ahí sería conveniente avanzar en una alianza público-privada. Dado que CODELCO debe instalar en esa zona una planta desaladora, podría construirse una de mayor tamaño que permita también abastecer de agua potable a las comunas de Calama, Tocopilla y Antofagasta. Consideremos que la inversión que está asumiendo dicha empresa es bastante alta y que esta se hará cargo del mayor costo que significa tal proyecto.
A partir de esa situación y de la aprobación de esta iniciativa de ley, quizá podría construirse una gran desaladora para asegurar el consumo de agua potable de la ciudadanía y también para garantizar el abastecimiento del recurso a la industria minera, que es uno de los grandes demandantes de agua en la Región de Antofagasta.
Por eso -vuelvo a insistir- creo que este proyecto es necesario y va en la línea correcta.
Pero urge avanzar en la regulación de la desalinización. Hay que tener un marco jurídico claro.
Por ejemplo, ¿qué ocurre hoy día con esas plantas en materia de tributos? No se les aplica ningún cargo de este tipo.
Sabemos que la instalación de muchas desalinizadoras ha afectado actividades que se desarrollan en el borde costero de las comunas de la Región de Antofagasta, principalmente porque algunas de aquellas se ubican cerca de caladeros históricos, de lugares que utilizaban antiguamente los pescadores artesanales de la zona.
Por esa razón, espero que el Ejecutivo, junto con apoyar el proyecto de ley en análisis, que permite la creación de empresas desalinizadoras estatales, avance en la elaboración de un marco jurídico integral para la actividad de la desalación, a fin de compatibilizarla con otras que se realizan en nuestras costas.
Dada la escasez de recursos hídricos que existe principalmente en el norte de Chile, veremos que cada día van a ser más comunes las plantas desalinizadoras, lo cual, si bien es importante porque permite extraer agua para desarrollar proyectos mineros, está afectando a otras actividades que se llevan a cabo en el borde costero, como los emprendimientos turísticos y la pesca artesanal e industrial que se efectúan en el sector.
Dicho lo anterior, señor Presidente, anuncio que votaré a favor de la idea de legislar.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la señora Mariana Concha, Directora General de Obras Públicas.

La señora CONCHA (Directora General de Obras Públicas).- Buenas tardes, señor Presidente y Honorables Senadores.
El objetivo de mi presentación es entregar la visión del Ministerio de Obras Públicas respecto a las facultades del Ejecutivo en el desarrollo de proyectos de plantas desalinizadoras. También daré cuenta de las dificultades que, a nuestro entender, se suscitan en torno a esta materia e indicaré qué cosas estimamos que son urgentes de regular y cuáles consideramos que no son tan urgentes o que, en realidad, no son necesarias.
Antes de entrar a los contenidos de la presentación, es preciso señalar que la iniciativa, primero, otorga la facultad al Estado para desarrollar una actividad económica con el objeto de crear y explotar plantas desalinizadoras de agua -sean continentales o de mar- y, segundo, señala que esa actividad la debe realizar el Ministerio de Obras Públicas. Esos son los dos únicos artículos que se proponen en el proyecto de ley.
En el texto propuesto no hay ninguna norma relativa a ordenamiento territorial, evaluación ambiental o derechos de agua. Tales temas no están contemplados en esta iniciativa. Por lo tanto, no se abordan los objetivos mencionados en las exposiciones de algunos Honorables Senadores.
En primer lugar, pretendo mostrar un bagaje rápido respecto de la situación actual de las plantas desalinizadoras en nuestro país.
Este tipo de instalaciones hoy día se encuentran distribuidas prácticamente 50 y 50 entre plantas privadas y públicas. Estas últimas están orientadas, principalmente, al abastecimiento de agua potable rural y urbana. Y todas las privadas se hallan en el sector de la minería.
Lo anterior se explica -aquí veremos algunos aspectos que inciden directamente en esa realidad- fundamentalmente porque hoy día existen dificultades para generar un modelo de gestión que dé como fruto una planta multipropósito, que es lo que -según entiendo- se desea.
Se busca crear una planta que ojalá sirva para muchos usos; que hipoteque lo menos posible el borde costero; que impacte poco los diferentes puntos de toma de energía, de instalación de tuberías; que cause en general un efecto paisajístico menor, etcétera.
De más está decir que el agua dulce es bastante escasa. Solo el 1 por ciento del agua del planeta sirve para consumo humano. La gran mayoría es salada.
En todo caso, no solamente el agua de mar es salada. En el norte de Chile hay muchos cursos naturales de agua salobre, que también requieren ser desalinizadas. Es el caso de la planta de ultrafiltración que usa la empresa de agua potable en Arica, que opera hace muchos años y que capta el recurso del río Lluta. Luego del proceso de ultrafiltración, que es un tipo de membrana, se transforma el agua en potable para complementar la producción.
En general, la tecnología que hoy se utiliza para desalinizar el agua es mediante membranas, pues ha resultado más eficiente en términos de costos.
Ahora vamos a ver los antecedentes específicos para desarrollar una planta.
Las desalinizadoras se componen, en primer lugar, de una toma de agua, normalmente desde el mar o desde un río. Aquí surge la primera preocupación: ¿cómo se ejecuta esa captación? Se debe considerar, por ejemplo, una velocidad que no afecte la vida submarina.
También se requiere una tubería de restitución de salmuera.
Después está la planta desalinizadora misma, que normalmente se ubica fuera del borde costero, en un sector que se compra especialmente para esa actividad.
Y, finalmente, se precisan impulsiones para llevar el agua desalinizada hasta los centros de consumo.
Lo anterior no es menor, porque en Chile los centros de consumo están normalmente a alturas bastante mayores respecto del nivel del mar. Eso hace que sea necesario invertir una buena cantidad de energía, adicional a la que se utiliza para desalinizar, con el objeto de llevar el agua hasta los lugares de consumo, con excepción de las ciudades costeras, como Arica e Iquique.
De todas maneras existe un costo para llegar hasta los estanques de regulación.
En el proceso de desalinización, el 45 por ciento del agua que se capta se transforma en potable y el 55 por ciento restante se convierte en salmuera, la que es rechazada, devolviéndola al mar.
La selección del sector para instalar una planta desalinizadora es bastante especial para que el proyecto sea adecuado y opere con costos razonables.
La ubicación debe contar con una pendiente de fondo marino suficiente para que el tubo de captación y restitución alcance la profundidad necesaria. No debe quedar demasiado lejos. De lo contrario, sería muy caro. Repito: se requiere cierta profundidad de agua sobre el punto de captación y restitución.
También es preciso que el centro de consumo no se encuentre demasiado lejos y que los puntos de abastecimiento de energía eléctrica estén más o menos cerca. Hay que considerar que las conexiones eléctricas son de muy alto costo.
Ahora les explicaré el esquema de una planta desalinizadora. Ellas varían según el proyecto, pero todas tienen, más o menos, una o dos etapas de tratamiento previo.
Esto último es importante porque las plantas no pueden desalinizar agua de mar directamente. Se requiere un proceso previo que acondicione el recurso hídrico para que pueda entrar en las membranas. De lo contrario, estas no durarían y el costo de operación se elevaría muchísimo.
Dicho tratamiento consiste en retirar algas, sólidos suspendidos, microorganismos, etcétera, procedimiento que precisa de otra adición de energía y, eventualmente, de algunas sustancias para hacer decantar y filtrar el agua.
Luego se lleva a un sistema de elevación donde se le aplica mucha presión y, finalmente, se traslada el agua a tubos donde, mediante un flujo a alta presión, pasa a través de membranas que tienen poros muy pequeños. De esa manera queda retenida la sal.
Esa sal se conduce a una piscina donde se acumula la salmuera y el resto, el agua desalinizada, se deposita en otra piscina.
Al agua potable se eleva a través de otro sistema de bombeo hacia los centros de consumo y la salmuera se devuelve al mar en un punto que ha sido autorizado de acuerdo al proceso de evaluación de impacto ambiental.
Por otra parte, para poder desarrollar una infraestructura de planta de desalinización, se necesitan:
-Concesiones marítimas, pues implica instalar infraestructura en el borde costero.
-Terrenos, ya sean fiscales o privados. Hay que gestionar expropiaciones, solicitar terrenos al Ministerio de Bienes Nacionales o comprar predios.
-Permisos ambientales. Debemos recordar que las plantas desalinizadoras, igual que cualquier infraestructura industrial importante, tienen que entrar al Sistema de Evaluación Ambiental, que es bastante estricto.
Personalmente, he participado en dicho proceso de evaluación a propósito de varios proyectos de plantas desalinizadoras. Es un procedimiento muy profundo, mediante el cual se analiza y se modela el efecto de la salmuera sobre el punto de descarga; se hace un estudio para estimar qué concentración se va a producir a unos pocos metros del punto de entrega; se define la geometría de la instalación de descarga, de tal manera de asegurar que las velocidades sean adecuadas.
El proceso de evaluación de impacto ambiental y la definición de las medidas de mitigación para poder instalar una planta desalinizadora están totalmente regulados en este momento a través del Sistema de Evaluación Ambiental.
Lo mismo pasa con las pequeñas desalinizadoras, que muchas veces no necesitan un estudio de impacto ambiental. Estamos hablando de plantas de pocos litros por segundos -a veces, de menos-, las cuales sí requieren una declaración de impacto ambiental. Se trata de las plantas que, por ejemplo, se usan para los sistemas de agua potable rural.
Finalmente, hay que establecer servidumbres para el trazado de tubería y otros permisos, como el de edificación y los demás que la legalidad establece para todas las instalaciones industriales.
Cabe destacar que las concesiones marítimas son gestionadas por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, y el territorio marítimo se ubica hasta 80 metros desde la línea de inicio de playa. Por lo tanto, es esa entidad la que tiene que otorgar las concesiones marítimas.
Desde los 80 metros hacia el interior, es el Ministerio de Bienes Nacionales el que otorga las concesiones de los terrenos públicos. Y hoy día ahí tenemos una diferencia y una velocidad de gestión distinta. En general, el tiempo de trámite de obtención de las concesiones marítimas es bastante mayor que el de la obtención de terrenos por bienes nacionales de uso público.
También es bueno decir que, en general, el Ministerio de Bienes Nacionales hace una planificación de sus terrenos. Incluso, cuando se quiere realizar un proyecto de desarrollo de una zona con algún fin, turístico o de desarrollo, lo licita y genera un plan. No sucede lo mismo con el borde costero.
Las concesiones marítimas se otorgan para aducciones, y la instalación de la planta generalmente se realiza hacia el interior, como ya señalé.
En el caso de proyectos privados, se otorgan concesiones que duran 10 a 50 años y se paga por ellas.
Cuando las obras que se van a construir son proyectos públicos, no se llaman "concesiones marítimas", sino "destinaciones marítimas", y no se encuentran afectas a ningún pago. Su período de vigencia es hasta que la obra deje de estar en operación, es decir, durante toda la vida útil del proyecto.
Desde Arica hasta Coquimbo se emplazan un total de diecinueve concesiones marítimas vigentes hoy día destinadas a procesos de desalinización de aguas. Y existen veinte solicitudes en trámite con este mismo objetivo.
Como decía, en el sector de agua potable hoy día se encuentran operando nueve plantas desalinizadoras.
La primera está en la Región de Arica y Parinacota. Se trata de la planta de Aguas del Altiplano que se utiliza para desalinizar agua del río Lluta. Esta planta opera desde hace más de diez años y apoya la producción de la empresa sanitaria Aguas del Altiplano para abastecer a Arica.
Después, en la Región de Tarapacá, la DOH tiene una planta de 4,2 a 12 litros por segundo, dependiendo de la operación. Está ubicada en Chanavayita. Fue desarrollada con el objetivo de apoyar a todas las pequeñas caletas de pescadores de la zona costera.
En la Región de Antofagasta, la empresa Aguas Antofagasta tiene una planta de 600 litros por segundo que abastece a Antofagasta y otra de 5 litros por segundo que abastece a Taltal. En Mejillones existe una planta de 4,1 litros por segundo desarrollada por la Caja de Compensación Los Andes. En Taltal, la DOH tiene en la APR Paposo otra planta desalinizadora de 2 litros por segundos, que abastece también a otras zonas cercanas.
En Coquimbo, la APR Chungungo, de 4,2 litros por segundo, también fue desarrollada por la DOH y abastece al sector de La Higuera.
En Puerto Aisén tenemos dos plantas en las islas Huichas, una de 2,8 litros por segundo y otra de 0,7 litros por segundo. Y este es un punto importante de señalar, porque las islas muchas veces son lugares donde más prioritariamente se necesita el desarrollo de plantas desalinizadoras, por motivos obvios: en muchas no hay acuíferos profundos; no hay cordillera para regular naturalmente agua; no hay posibilidades de desarrollar embalses. Por lo tanto, en esos casos es bien necesario contar con una fuente de agua de mar.
En el sector de la minería, como señalaba, hay once plantas desalinizadoras funcionando y todas han sido desarrolladas por empresas mineras. Es decir, ninguna corresponde a una planta multipropósito. En general, son llevadas adelante por empresas mineras para asegurar sus recursos hídricos, que son esenciales para el proceso minero y, por lo tanto, se transforman en un recurso estratégico.
No es casualidad que hoy día se desarrollen proyectos solamente o del sector minero o de agua potable. Justamente, el Estado, ya sea a través de la DOH o de las empresas sanitarias, está desarrollando plantas para el abastecimiento humano, y el resto únicamente es viable cuando lo realiza una empresa minera que cuenta con el financiamiento suficiente para llevar adelante estas plantas.
Cuando uno habla de plantas multipropósito está pensando en destinos distintos a la minería y en que se combine el uso minero con el agua potable, con el uso industrial, con el uso agrícola, etcétera. Para que eso funcione, los destinatarios deben ser capaces de pagar el agua que se produce.
Al respecto, debemos recordar que el agua desalinizada tiene un costo sumamente alto, por el valor de la energía que está detrás de la operación. El costo de la producción de agua potable se estima en torno a 1 o a 1,1 dólares por metro cúbico. Eso, a orilla de playa. Además, hay que agregar el valor de la impulsión -y de la inversión para la impulsión-. Por ejemplo, hasta la ciudad de Copiapó, el costo de impulsión por metro cúbico es de 1,2 dólares más. Por lo tanto, estamos hablando del orden de 2,2 o 2,3 dólares por metro cúbico. Es un costo bastante relevante y difícil de financiar por la agricultura. Recordemos que los valores que la agricultura puede pagar, considerando cultivos de alto rendimiento, se ubican en torno a 0,6 dólares por metro cúbico. O sea, estamos bastante lejos de que las plantas desalinizadoras puedan abastecer a la agricultura.
Por lo tanto, cuando hablamos de plantas multipropósito, me imagino que se trata de instalaciones que, por un lado, se orienten a producir para la minería y que, además, sirvan para abastecer de agua potable, aprovechando economías de escala o, tal vez, que el costo marginal sea financiado por el agua potable, de manera que no sea tan alto el valor del metro cúbico como sucedería si la planta se orientara específicamente al agua potable.
Hoy día se están desarrollando diversos proyectos de plantas desalinizadoras para agua potable urbana.
Por ejemplo, en la Región de Arica y Parinacota hay una planta que está presentada a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la cual entraría en operaciones el 2020. Es una obra de seguridad, es decir, su objetivo es entrar en apoyo del sistema cuando descienden los recursos hídricos naturales continentales. Se encuentra en desarrollo, o sea, todavía ni siquiera empieza a construirse.
En la Región de Antofagasta está proyectada una planta de 600 litros por segundo, pero ni siquiera tiene fecha para empezar a construirse.
En Tocopilla, también en la Región de Antofagasta, se contempla otra planta de 130 litros por segundo. Tiene fecha para el 2018 y se encuentra en construcción.
En la Región de Atacama, como sabemos, ya está en construcción una planta de 450 litros por segundo. En el cuadro dice "licitada" porque los datos abarcan hasta diciembre último.
Respecto al agua potable rural, tenemos un proyecto de 344 litros por segundo para Limarí, en la Región de Coquimbo, pero no se ha logrado obtener la rentabilidad social debido a que las fuentes alternativas de agua para esa localidad siguen siendo más baratas. Entonces, el alto costo de financiamiento estimado compite con otras opciones de mucho menor valor, y por eso no ha podido priorizarse su desarrollo.
En Choapa, también en la Región de Coquimbo, sucede lo mismo. Hay un proyecto de una planta de 66 litros por segundo y los estudios están avanzando, pero resulta difícil que obtenga la rentabilidad social.
En Petorca, Región de Valparaíso, se considera un proyecto de 200 millones de dólares, con 137 litros por segundo, y se están desarrollando los términos de referencias. Sin embargo, también parece difícil que se obtenga un valor competitivo con otras alternativas de producción.
Hoy día existe una iniciativa privada en la Región de Coquimbo. Se presentó al Sistema de Concesiones y ha sido declarada "de interés público". Tenemos la expectativa de que avance. Su objetivo es una producción multipropósito que, por un lado, abastezca de agua potable, y por otro, sea empleada para otros fines, como minería o industria, en la zona de Coquimbo. Hay que esperar si avanza.
Ahora nos referiremos al proyecto de ley que faculta al Estado para la creación de plantas desalinizadoras.
El artículo 1 dice: "El Estado tendrá la facultad de llevar a cabo actividades empresariales con el objeto de fomentar y desarrollar la creación de plantas desalinizadoras, así como su explotación".
El artículo 2 dispone: "Con la finalidad de dar cumplimiento efectivo al objetivo del artículo precedente, será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960.". Se trata de la ley orgánica del MOP.
Por lo tanto, se le está otorgando al Estado la facultad de llevar adelante proyectos de plantas desalinizadoras -una actividad económica- y que el Ministerio de Obras Públicas los desarrolle.
Nuestros comentarios al proyecto de ley son los siguientes.
1. El Ministerio de Obras Públicas tiene facultades actualmente para construir plantas desalinizadoras para abastecer sistemas rurales.
El problema principal no se encuentra en la falta de facultades, sino en obtener recomendación social del proyecto y, posteriormente, presupuesto para la construcción y operación de las plantas.
Contamos con amplias facultades para desarrollar plantas desalinizadoras. Sin embargo, la rentabilidad social la obtenemos normalmente para plantas pequeñas y nos cuesta mucho más conseguirla para los proyectos de plantas grandes. Lo anterior se debe a que respecto de tales iniciativas existen todavía fuentes alternativas que implican un menor costo que la desalación.
2. En el Sistema de Concesiones del MOP hay un mecanismo que permite el desarrollo de proyectos de plantas desalinizadoras (exclusivas o multipropósito). Estas pueden ser llevadas adelante por iniciativa del Ministerio de Obras Públicas o a través de privados. En ambos casos es factible que sean plantas multipropósito.
3. Las empresas de servicios sanitarios tienen la posibilidad de desarrollar la construcción de plantas desalinizadoras como fuente de abastecimiento de agua potable:
-Cuando no existen alternativas factibles de menor costo, incorporándolas en su plan de desarrollo.
-Recuperando el costo de inversión y de operación a través de las tarifas de los usuarios.
Es importante destacar que la Ley Sanitaria establece que cuando las tarifas resultan demasiado altas para una persona considerada socialmente vulnerable, esta puede ser beneficiada por un subsidio a la demanda, con lo que la municipalidad le paga la cuenta de agua potable con un máximo de 30 metros cúbicos mensuales.
4. El sector privado puede construir plantas desalinizadoras para sus requerimientos de recursos hídricos. Por lo tanto, en nuestra opinión, resulta discutible el interés del Estado para sustituirlo en el desarrollo de iniciativas a través de otra fórmula, como inversión directa adicional a la que ya hace la DOH, a la que ya lleva adelante Concesiones o a la que ya hacen los servicios concesionados.
5. Por otra parte, vemos que podría existir interés en el ordenamiento territorial y la asignación socialmente eficiente del borde costero.
Efectivamente, hay una falta de planificación respecto de aquel. Por lo tanto, es preciso generar una planificación de proyectos en el borde costero para que sea usado en forma eficiente, ambientalmente sostenible, y respondiendo a las necesidades de nuestra sociedad.
En consecuencia, consideramos que sí hay un espacio de mejora en ese punto, que no necesariamente pasa por una ley. A lo mejor implica institucionalizar la planificación, mejorar sus mecanismos, llevar la gestión del borde costero a un organismo distinto de las Fuerzas Armadas. Pero la competencia para desarrollar plantas desalinizadoras está ya asegurada en el Ministerio de Obras Públicas.
Muchas gracias.
El señor MONTES (Presidente).- Muchas gracias, señora Directora.
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En sesión celebrada hoy, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales acordó solicitar a la Sala que el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que sanciona penalmente conductas que atentan contra el medio ambiente (boletín N° 12.121-12) se refunda con los proyectos contenidos en los boletines Nos 8.920-07, 9.367-12 y 5.654-12, que se refieren a las mismas materias.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo en acceder a la petición de la Comisión de Medio Ambiente?
Acordado.
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El señor MONTES (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para abrir la votación. Hay bastantes señores Senadores inscritos y la iniciativa requiere quorum especial.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación general.
--(Durante la votación).

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, quiero valorar y agradecer la exposición que acabamos de escuchar por parte de la Directora General de Obras Públicas.
Me parece que sitúa de manera absolutamente concreta y correcta las necesidades que nuestro país tiene en materia de inversión en infraestructura del agua, particularmente en la zona norte y en lugares del sur, a través de plantas desalinizadoras, y la relación que ello tiene con el proyecto.
De lo que hemos escuchado, queda absolutamente claro que hoy día no existe ningún obstáculo para que el Estado -ya sea a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, vía Ley de Concesiones o por medio de las empresas sanitarias- aborde proyectos de plantas desalinizadoras. Tanto es así que, por ejemplo, dentro del listado que nos mostraba la señora Directora hay muchas en construcción. Y el Senador Prohens hablaba de la que se está construyendo en Caldera, en la Región de Atacama.
Entonces, la discusión no apunta a si el Estado requiere más atribuciones de esta naturaleza, sino a qué no hemos hecho bien para generar una política permanente, sistemática, que le permita al Estado ir resolviendo los problemas particularmente de agua potable a lo largo de nuestro país.
Este es un diagnóstico que se conoce hace mucho. En la Comisión de Obras Públicas del Senado y en la Comisión de Recursos Hídricos -yo participé en esta en el período pasado, cuando la presidía la Senadora Adriana Muñoz- se invitó a distintos expertos, quienes señalaron exactamente qué se necesita.
De Santiago al norte se requieren plantas desalinizadoras. De Santiago al sur, inversión en infraestructura, porque, habiendo agua, es estacional y se necesitan embalses de distinta naturaleza.
Tanto es así que la propia Presidenta Bachelet, en su discurso del 21 de mayo de 2014, anunció y planteó la necesidad de crear a lo menos 20 pequeños o medianos embalses en la zona centro-sur.
En la discusión relativa al Código de Aguas y en las de otras iniciativas se enfatizó en la importancia de generar este tipo de infraestructuras.
Por ende, como aquí se nos decía, debemos dedicarnos a realizar un ordenamiento territorial, es decir, definir dónde es posible instalar estas plantas desalinizadoras. Porque en la actualidad, al no existir ese ordenamiento territorial, podríamos vernos enfrentados al absurdo de que en playas o lugares con atractivos turísticos se lleven adelante inversiones de esta naturaleza. O sea, es preciso efectuar una asignación socialmente eficiente del borde costero, como indicaba la Directora.
Por lo tanto, yo creo que este es un proyecto a lo menos innecesario.
¿El Estado tiene facultades? Tiene facultades.
¿El Estado puede desarrollar plantas desalinizadoras? Puede desarrollarlas.
Hay bastantes ejemplos prácticos, vinculados con las empresas sanitarias -en Calama, en Antofagasta y en muchos otros lugares-, que dan cuenta de la participación de la Dirección de Obras Hidráulicas en materia de agua potable rural.
Ese debe ser el rol del Estado: incentivar la inversión a aquel respecto, pero regulando adecuadamente los aspectos ambientales, los de ordenamiento territorial y los tarifarios, para que lo que se produzca esté al acceso de las personas.
Por lo tanto, señor Presidente, una vez más debo decir que en materia de aguas hemos de abocarnos a dos cosas fundamentales: primero, a que el Estado tenga una institucionalidad eficiente -no (como alguien señalaba aquí) 42 entes con injerencia en el asunto-, ojalá dotadas de ventanilla única para lo relativo a las aguas; y segundo, a la inversión en infraestructura.
Mientras no hagamos ninguna de esas dos cosas esenciales deberemos seguir condenando a sectores de la población del norte de nuestro país, y también del sur, a recibir agua potable a través de camiones aljibes, lo que además, según se ha demostrado, resulta carísimo. Lo que el Estado paga por este concepto es de muy alto costo y no resuelve el problema de fondo.
Insisto en que, como Estado, debiéramos abocarnos a los dos elementos ya explicitados para hacer un ordenamiento, incentivar la inversión y regular de manera adecuada, al objeto de que se desarrolle fuertemente una actividad absolutamente necesaria y fundamental, al menos en el sector norte de Chile
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La señora GOIC.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto de Reglamento.

El señor MONTES (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

La señora GOIC.- Señor Presidente, solicito extender por una hora el plazo para presentar indicaciones al proyecto que regula el contrato por obra o faena: de las 18 a las 19 de esta tarde.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Le parece a la Sala?
Así se acuerda.
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El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, nos encontramos ante un hecho objetivo: hoy día, en nuestro país necesitamos más agua para consumo humano, para riego y para energía, y los recursos disponibles son insuficientes.
A pesar de algunos avances registrados durante los últimos años, todavía tenemos un bajo nivel de desarrollo de la infraestructura para el almacenamiento de las aguas provenientes de la pluviosidad. Ello, sin perjuicio de celebrar que en la Región de Ñuble se haya dejado adjudicado el inicio de las obras del embalse más grande, La Punilla, que va a beneficiar en la zona a más de 70 mil hectáreas y que permitirá recuperar suelos degradados.
En ese escenario, Chile tiene actualmente más de 4 mil 300 kilómetros de costa. Entonces, uno piensa por qué no aprovechar los recursos hídricos pertinentes para consumo humano y para riego, y también, por cierto, para faenas industriales.
El punto está, pues, en fijar una política pública al respecto. En entender que cuando se plantea un desafío, como el de desalinizar aguas para recuperar suelos degradados; para frenar la desertificación; para mejorar procesos productivos; para satisfacer necesidades de consumo humano; para -por qué no- mejorar suelos, y, particularmente, para garantizar agua para riego y desarrollo de la industria agrícola, la conclusión debe ser en el sentido de que se requiere una política pública más amplia, o sea una política pública que defina interlocutores, responsables, procesos, plazos. Porque, como hemos visto acá, ha existido falta de regulación en esta materia.
La Senadora Muñoz nos invitó hace algún tiempo a ser parte de una moción bastante más amplia que la que originó el proyecto que estamos discutiendo esta tarde. En ella se fija un marco regulatorio, se establece un ordenamiento territorial, se prevén normas que se hacen cargo de los desafíos que nos va a plantear el sistema de desalinización.
Pensemos, por ejemplo, que el agua de mar es un bien nacional de uso público, pero que una vez desalinizada pasa a ser un bien privado.
La forma como se regula esa relación de consumo es parte de lo que debemos definir en esta política pública.
Tenemos que establecer un ordenamiento del borde costero, para no cometer errores, como el de autorizar plantas desalinizadoras que afecten, por ejemplo, a zonas turísticas, marinas, residenciales, deportivas.
Hay que buscar un mecanismo de ordenamiento territorial que haga compatibles tales acciones.
El Estado tiene que fijar territorios estratégicos para la desalinización.
Por ejemplo, si para nosotros en las Regiones de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso es clave frenar la desertificación, por qué para este efecto no establecer un sistema de plantas desaladoras de carácter público.
Ahí se requiere contar con normas que permitan el desarrollo de las referidas plantas, pero que además regulen, como yo decía, el producto del agua desalada.
La osmosis inversa es un mecanismo en virtud del cual se han reducido considerablemente los costos de la desalinización, al igual que los de la energía, durante los últimos años.
¿Es necesario fomentar la desalinización? Por cierto. Pero hay que advertir la inconveniencia de entregar este proceso solo a las actuales empresas de servicios sanitarios. Y lo digo porque me parece que hemos de evitar ir creando nuevamente la integración vertical entre quien va a hacer el proceso desalinizador y quien efectuará la distribución a los consumidores.
¿Por qué no fomentar la competencia real a través de un sistema de licitación?
En el mundo existen diferentes modelos. En algunos las plantas desalinizadoras son del Estado, que las opera. En otros el Estado las construye y las entrega para la operación por privados. En otros las construyen los particulares y las opera el Estado. Y en otros las construyen y las operan los privados.
El punto estriba en que el objetivo se logre: sobre la base del agua de mar, por un lado, dotar de recursos hídricos a la agricultura, a los habitantes, a la generación de energía, a los procesos industriales; pero por otro, garantizar que el precio que se cobre por el producto obtenido sea adecuado y genere incentivos reales.
Porque, por ejemplo, si se pone un precio exagerado al agua desalinizada para su uso en la agricultura, esta no va a poder desarrollarse, pues, en la práctica, ello no será competitivo.
Entonces, se requiere la compatibilidad de que hice mención.
Por ello, es relevante fijar una política pública en esta materia.
Reviste significación la existencia de multipropósitos. Como expresé, precios accesibles que permitan recuperar terrenos, frenar la desertificación, en fin.
Señor Presidente, si bien este proyecto procura permitir la actividad del Estado en materia de desalinización, existen otras preocupaciones que precisan atención. Pero, más bien, ellas están recogidas en la otra moción -en aquella a que nos invitó a participar la Senadora Muñoz-, donde se abordan, por ejemplo, cuestiones administrativas.
Hoy día existen facultades para construir una planta desaladora. Pero ¿quiénes obtienen la recomendación social? ¡Muy pocos! Porque el sistema de recomendación social hace prácticamente inviable para una región pequeña tener una planta de tal índole.
Entonces, se requiere ir abordando lo más global.
Por eso, voy a votar a favor en general este proyecto.
No obstante, creo que en algún minuto deberemos mirar con mayor dedicación la otra moción, que fue aprobada la semana anterior, la cual, en mi concepto, apunta a aspectos mucho más específicos. Ello, a la espera de tener una política pública sobre el desarrollo de la desalinización en Chile.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, nosotros convenimos en la necesidad de contar con nuevas fuentes de agua dulce y en que, claramente, esto lleva a mirar la tecnología para la desalinización de agua de mar como una gran oportunidad para nuestros territorios.
Esta tarde la Jefa de la Dirección de Obras Públicas del Ministerio del ramo ha compartido algunos elementos de enorme relevancia.
Dicha autoridad señaló: "Los costos de lo que significa la generación de agua desalada son sumamente altos por la producción".
Eso nos lleva también a la discusión.
En la Región de Atacama, a la que represento, hoy existe una experiencia en la que el Estado concurre con los recursos para llevar adelante una planta de desalinización.
Sin embargo, cuando uno contrasta esa información con la aparecida en los últimos días sobre el ranking de las ciudades de Latinoamérica donde el metro cúbico de agua es más caro, observa que algunas de la Región de Atacama, como Copiapó y Vallenar, lamentablemente, figuran en él, incluso sin considerar la incidencia del costo de producción de la planta desaladora.
Por lo tanto, esto también debe llevar aparejada la necesidad de que el Estado tenga facultad no solo para construir sino asimismo para operar las plantas en comento, al objeto de que nuestros ciudadanos accedan a agua de buena calidad, pero a precios justos, razonables, a diferencia de los que cobran las empresas sanitarias, cuyo propósito es el lucro.
Creemos que ahora el esfuerzo ha de centrarse en que la tecnología se ponga al servicio de un bien tan esencial para el consumo humano y para superar las dificultades que muchas veces enfrentan nuestros territorios.
En el caso particular de la Región de Atacama, tuvimos problemas con la empresa Aguas Chañar -dejó de funcionar recientemente-, cuyos operadores, por ejemplo, confundían los bidones de cloro con los de petróleo, producto este último que después llegaba a las casas de los pobladores. Ello, sumado a innumerables situaciones que ponían en riesgo la salud ciudadana.
Aquello obliga necesariamente a dotar al Estado de más atribuciones y mayores funciones.
Entonces, nos parece que este proyecto, que fue presentado por los Diputados señores Urízar y Lemus y señora Cicardini, va en la dirección de hacer un uso inteligente del agua; de ocupar los procesos tecnológicos, pero, sobre todo, de involucrar al Estado en iniciativas tan relevantes.
Estamos convencidos de que en regiones que tienen un enorme potencial de energías renovables no convencionales, como la nuestra, la medida debe ir aparejada con los precios.
Uno de los altos costos de producción tiene que ver con el alto consumo de energía. De manera que en territorios como los nuestros ha de ser exigible el uso de energía solar, para que la iniciativa provoque un impacto positivo en la ciudadanía y no se termine cargando los altos costos de producción a nuestros vecinos.
Nos asiste el convencimiento de que el Estado debe avanzar en más tecnología y en mayores atribuciones para apoyar a nuestras comunidades.
Por lo tanto, señor Presidente, voy a votar a favor de la idea de legislar.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.

La señora ARAVENA.- Señor Presidente, ante todo, valoro esta iniciativa.
Es efectivo que en la zona sur, de donde yo vengo, el problema es la distribución y no la disponibilidad de agua, y que en el norte la situación es más grave.
Empero, habiendo escuchado la presentación del Gobierno, por una parte, y leído en detalle el informe de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, por otra, me resulta difícil pensar que este proyecto va a resolver el problema explicitado acá de forma pormenorizada por cada orador.
En definitiva, hace falta una política pública que fije el desarrollo de la desalinización en Chile. Pero esta iniciativa, si bien contribuye a eso, lo hace de manera un tanto compleja.
El Estado ya tiene facultad con respecto a la instalación de plantas desalinizadoras. Lo que falta es el fortalecimiento del marco legal regulatorio. Y ello implica hacer un análisis acerca de todas las brechas y situaciones que están impidiendo el aumento de la institucionalidad pública para los efectos de la inversión en el ámbito de que se trata.
En tal contexto, llama la atención el hecho de que la expositora de Obras Públicas haya planteado la falta de instrumentos para la coordinación de los Ministerios de Defensa, de Bienes Nacionales y del Medio Ambiente, que finalmente entregan sus permisos por separado, lo cual enlentece y rigidiza una solución acorde con las necesidades de agua existentes en la actualidad.
Por otro lado, falta la planificación del borde costero, lo que también es resorte de reglamentos y de normativas que debe implementar el Ejecutivo.
Entonces, yo voy a votar en contra de este proyecto, pero no porque en sí mismo no tenga una muy buena intención, sino porque, desde el punto de vista legal, ya existe autonomía del Estado, cuyos problemas son normativos, regulatorios y de coordinación. Sin embargo, ellos no se solucionan necesariamente con esta iniciativa: se requiere -insisto- una política pública que fije y norme como se hace en un país moderno el desarrollo de la desalinización en Chile.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, he escuchado con atención las argumentaciones de las colegas y los colegas con respecto a la formulación de este proyecto, quienes hablaron bastante de planificación, de ordenamiento del borde costero, de la necesidad de una política pública sobre la materia. Lamento, por consiguiente, que muchos hayan votado en contra de la iniciativa que aprobamos el 12 de septiembre, donde se plantean todas estas materias.
El Senador Harboe hizo una síntesis de dicha iniciativa, que propone la existencia de un estatuto jurídico sobre el agua de mar desalada, ya que en Chile existe sobre el particular una dispersión total de normas.
¿Qué sucede cuando se quiere instalar una planta desaladora?
La Directora General de Obras Públicas, señora Mariana Concha, nos describió el lato procedimiento administrativo que existe para solicitar las concesiones respectivas. No hay un marco preceptivo único que permita facilitar su desarrollo.
Todo eso lo aborda el proyecto que aprobamos en la fecha señalada. Lamentablemente, varios Senadores votaron en contra. Pero entiendo, por lo que escucho, que hoy les gusta la idea de la planificación, de la política pública, del ordenamiento del borde costero, etcétera.
Espero que en el debate particular de esa iniciativa nuestras opiniones puedan coincidir más.
En todo caso, señor Presidente, lo que quiero enfatizar en esta materia -por eso fundamento mi voto favorable- es que tenemos datos actuales.
Por ejemplo, de COCHILCO.
Al respecto, el informe de la iniciativa que nos ocupa dice que el estudio "Proyección de consumo de agua en la minería del cobre 2014-2025" concluye que para el año 2025 se espera que el agua de mar en el uso de la minería alcance a 36 por ciento del total que requiere esta industria.
Entonces, estamos frente a una situación que se nos ha instalado por la vía de los hechos a raíz de la escasez creciente de agua dulce para la actividad productiva. Pero la vergüenza aumenta por la circunstancia de que ya no hay agua para el consumo humano
Existe una gran cantidad de personas en las regiones -en la que yo represento, alrededor de 40 mil- que deben proveerse de agua a través de un camión aljibe. Ello, porque en nuestro Código de Aguas existe un marco normativo que no prioriza el uso del vital elemento.
Así, hoy día, si alguien pide agua para la realización de actividades productivas, se le da indiscriminadamente, pese a que las cuencas estén agotadas y a que en forma lenta se haya ido reduciendo la disponibilidad para el consumo humano.
Aquello nos ha llevado a buscar nuevas fuentes de agua.
Por ejemplo, las plantas desalinizadoras.
También, el reciclaje de aguas grises: el Parlamento aprobó un proyecto sobre la materia; la Presidenta Bachelet promulgó la ley respectiva en febrero de este año, pero todavía el Gobierno no ha dictado el reglamento necesario para que ella se ponga en ejecución.
¡Esas nuevas fuentes de agua sirven para enfrentar la escasez!
Señor Presidente, este proyecto plantea que la iniciativa para la construcción de plantas desalinizadoras la tenga la empresa privada, fundamentalmente. Y ha surgido una respuesta buena -yo la considero responsable- de las empresas mineras que están acudiendo al agua desalada para enfrentar sus procesos productivos ante la gran escasez del vital elemento.
En Illapel una empresa minera -a mi parecer, su decisión constituye un ejemplo- ha modernizado toda su plataforma industrial, sus maquinarias, su tecnología, pero sin desalar agua: está usando el agua salada para su producción
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Vale decir, empresas responsables y conscientes del dramático escenario de escasez buscan invertir en tecnología que permita no dañar cuencas y napas subterráneas.
Las veinte plantas desalinizadoras existentes, algunas de ellas impulsadas por la Dirección de Obras Hidráulicas, se orientan al consumo humano, a los sistemas de agua potable rural (APR). Entonces, la iniciativa estatal ha sido fundamentalmente a nivel de poder suministrar el elemento a las personas. También se han incorporado empresas sanitarias.
Está bien aquello a lo cual apunta el proyecto. Considero legítimo el argumento del Gobierno, entregado a través de la señora Concha. Una ley de concesiones y una iniciativa en el propio Ministerio de Obras Públicas, a través de la política de concesiones, permiten al Estado construir. Se han levantado pequeñas plantas. Se ha ido también incentivando la instalación de sanitarias.
Sin embargo, no media un mandato legal para que el Estado tome la iniciativa en la construcción, el fomento y el desarrollo de plantas. Al no estar la política pública, presenta sentido el articulado. De esta manera, se empezará a contar con una presencia pública coherente, con un marco jurídico, con un mandato legal que ordene el desarrollo y la multiplicación que vendrán en un proceso creciente de plantas, por cierto. Ese es el criterio.
No observo una contradicción en que el Estado hoy día disponga de facultades de construcción a través de las políticas de concesión, sino que considero que debe ser quien inicie y tome la decisión política y económica respecto de dónde, cómo y cuál será el modelo de negocios -esto es muy importante- de las plantas. Porque algunas desalinizadoras surgen como respuesta a requerimientos de agua de las mineras o de las sanitarias y existen ejemplos muy claros de cómo el proceso deriva en una venta posterior de las instalaciones.
No se sabe de quién es propiedad un recurso que se consigue en forma gratuita. El agua de mar es un bien nacional de uso público, se extrae a través de cañerías y de toda la etapa técnica, y posteriormente se procesa el agua resultante de la desalinización. Hoy día es propiedad de quienes han procesado. Creo que ello está bien, porque invirtieron. Tienen la concesión, pero no la propiedad.
Es un mal negocio para todos los chilenos la obtención gratuita de agua de mar. Posteriormente hay un costo de procesamiento, por cierto, en la desalinización. Pero el modelo de negocios de las sanitarias, por ejemplo, tratándose de un bien nacional de uso público, recae en las tarifas de los usuarios. Entonces, estimo importante abordar el asunto.
Lo que se pone en debate es la cuestión de que no es posible que con el agua de mar se repita lo del agua dulce, que termina siendo una mercancía para transar en el mercado en circunstancias de que es un bien nacional de uso público.
Gracias.

El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir la Honorable señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, creo que ha quedado bastante claro, después de la presentación de la Directora General de Obras Públicas y de la exposición del Senador señor Pérez Varela, que el Estado hoy día no necesita de la ley en proyecto para poder desarrollar plantas desalinizadoras. En este sentido, el texto no cumple con su objetivo.
Pero, más allá de si se requiere o no, ante la pregunta de por qué hoy día el Estado no invierte más en este ámbito, la explicación también se extiende a que son plantas bastante caras y, por lo tanto, no da la responsabilidad social. Todos luchamos contra la famosa RS en distintas materias, pero así es. Mientras ello ocurra, no va a dar ni para el sistema actual ni para una empresa pública específica en torno al asunto. Entonces, me parece que la iniciativa no apunta directamente a la problemática que quiere mejorar.
Por otra parte, mantengo una diferencia acerca de lo planteado respecto del texto mismo, el cual no determina directamente, desde mi punto de vista, que se originará una empresa estatal, como aquí se ha dicho. Lo que expresa el artículo 1 es que "El Estado tendrá la facultad de llevar a cabo actividades empresariales con el objeto" -ahí están las dos palabras importantes- "de fomentar y desarrollar". Pero no dice directamente que establecerá una empresa pública.
Tanto es así que Magaly Espinosa, asesora del Ministerio de Obras Públicas en el Gobierno anterior, manifestaba -lo refleja el informe- que el proyecto da una autorización genérica, por lo que no establece ni dispone una empresa u órgano para llevarla a cabo. No dice quién lo creará. En ese sentido, decía, la autorización carece de sujeto, de responsable. Es algo etéreo, que queda en el aire. Carece absolutamente de especificidad en cuanto al organismo receptor. O sea, ¿quién está facultado, entonces, para llevar a cabo la tarea, más allá de señalarse que no es necesaria?
Por otra parte, hoy día existen -lo señaló la Directora General de Obras Públicas- distintas empresas que realizan la labor ya sea a través de una concesión o directamente a través de un APR.
Pareciera, por lo tanto, que la iniciativa no apunta en la dirección que los propios autores han expuesto.
Pero se han planteado adicionalmente otros problemas que el articulado definitivamente ni siquiera toca, como regular u ordenar el borde costero en torno a la creación de esta clase de actividades. De ello no se hace cargo, sino que, de manera muy etérea, contempla la posibilidad de que el Estado fomente y desarrolle este tipo de plantas. Hoy día, puede fomentar y, de hecho, también desarrolla. Por lo tanto, el texto es absolutamente innecesario, desde mi punto de vista.
A mi juicio, es preciso empujar por otro lado la generación de más plantas desalinizadoras. Quizás es necesario buscar otros mecanismos, como la concesión. Pero, definitivamente, si le pedimos al Estado que lo haga, que cree una empresa, chocará con el mismo problema que hoy día: la resolución del Ministerio de Desarrollo Social no va a darle.
En consecuencia, aquí vamos a decir que aprobamos una iniciativa que permite que el Estado establezca la empresa, pero la verdad es que no podrá hacerlo.
Estimo que el proyecto de ley no va en la dirección correcta, por lo que voto en contra.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, hemos escuchado varias opiniones. Principalmente, ellas se pueden recoger de aquellos que juzgan que no es necesario un instrumento específico para avanzar en la planificación, en el desarrollo de más plantas desalinizadoras, y de quienes estimamos que se precisa una capacidad estatal de ordenamiento, de diseño territorial, para poder contar con una mayor cantidad, pero con un orden, con un programa.
Conversaba con la Directora General de Obras Públicas en el sentido de que es importante dónde el ordenamiento se sitúa dentro del Ministerio de Obras Públicas, a quién se faculta en cuanto a la autorización que se pretende otorgar.
Porque seamos claros: por el bajo costo que hoy día comienzan a registrar, con la mayor tecnología, las empresas que pueden desalinizar, se ejercerá una enorme presión por el borde costero para lograr la captura del elemento, llevar a cabo el proceso y proveer a las grandes ciudades o directamente al agua potable rural o a la industria. Entonces, ¿todo el sector se encontrará copado con plantas desalinizadoras o vamos a contar con un ordenamiento? ¿Se verificará una captura o succión de agua de mar sin un estudio de carga, de capacidad, de cuál es la devolución luego de desalinizarla?
Creo que ahí procede una reflexión, una visión de Estado, y que no se puede configurar simplemente un atajo a fin de dotar de agua potable a faenas industriales o derechamente para proveer el consumo humano.
Entonces, juzgo que, más allá de estar o no de acuerdo con la iniciativa -por mi parte, la aprobaré-, el debate dice relación con entender y escuchar al Ejecutivo. Por eso, expresamos que debiera haber estado el señor Ministro, no solo por el rango que ostenta dentro de su Cartera, sino por la planificación, por la visión. Tal vez ello se extendería incluso al Ministerio de Economía.
Se trata de comprender cómo diseñamos el país y damos señales, además, respecto de un recurso escaso. Porque, no obstante nuestra enorme extensión de costa, no podemos llenarla de plantas desalinizadoras y autorizarlas si no contamos también con una línea de base, desde el punto de vista de los propios recursos de agua de mar, de dónde se captura y de cómo se impacta en la pesca artesanal y la primera milla, donde generalmente se desarrolla su actividad principal.
En consecuencia, estimo que se precisa un debate acerca de lo medioambiental, de lo biológico, del funcionamiento y de cómo ordenamos. Porque no puede ser -insisto- que en el borde costero se llegue, en definitiva, a un absoluto descontrol con este tipo de plantas.
Felicito por la iniciativa.
Ojalá estos aspectos alumbren la discusión, pero también le pido a la señora Directora -por su intermedio, señor Presidente- lograr un ordenamiento. No sé cuál será la planificación o la estrategia del Gobierno actual o de los diez que vendrán.
Es lo mismo que ocurre hoy día con las energías renovables no convencionales. Disponemos de la fotovoltaica, pero no podemos llenar de paneles solares el desierto. Habrá una carga máxima, una capacidad de utilización.
Por lo tanto, me parece que Chile, tanto en materia de energía como de recursos hídricos, necesita un plan nacional y una visión integrada que debieran venir desde el Estado y que se trabajaran con los gobiernos regionales, los propios municipios y otras instancias para desarrollarlas.
Voto a favor.

El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, el agua es fundamental para el ser humano y la humanidad.
Sin ir más lejos, constituye el 60 por ciento de nuestro peso. Podemos decir, entonces, que siempre está con nosotros.
También debemos beberla diariamente, como una política de salud pública: al menos dos litros.
El ser humano la precisa. El problema es dónde está. Y la que necesita es agua dulce: solo el 2,5 por ciento del total. Por eso, debe ser protegida.
El agua y la tierra producen alimentos, lo que explica que sea tan importante que estén juntas para poder sustentar a la población, lo que resulta fundamental.
El agua de mar, en consecuencia, que es el objeto central del debate -ella no solo dice relación con el proyecto de ley en examen, sino también con el correspondiente al boletín N° 11.608-09, en cuanto a su calidad jurídica-, debe ser tratada como un todo. Porque efectivamente dependemos de este factor, no solo por las especies que contiene. Precisamente se está discutiendo en la Comisión de Pesca acerca de la calidad de los peces, un patrimonio natural de la nación, para poder cuidarlos.
Aquí viene, quizás, la principal diferencia entre uno y otro elemento. Los peces son limitados, finitos, tienen una cierta vida y se extinguen. En cambio, no podríamos decir que el agua de mar es infinita, pero está en aumento. Curiosamente, con el cambio climático y el deshielo de nieves y glaciares, se está incrementando.
Además, circula libremente frente a nuestras costas. De hecho, la corriente de Humboldt, ese curso frío que caracteriza el clima de nuestro país, nace en la Antártica y termina en el Pacífico norte.
¿De quién es, entonces, este bien que transita, que es un continuo? Tendremos que discutirlo. Algunos sostendrán que es una res sine domino, una cosa sin dueño, en tanto que otros podrían inclinarse por la teoría de una res nullius, una cosa de nadie. Quizás ahí radica la definición para entender qué significa el agua de mar.
Concuerdo en que se requiere una planificación territorial exhaustiva, porque las plantas desalinizadoras efectivamente generan un problema en el ecosistema cercano, no solo por la cantidad de sales que devuelven -en cada litro de agua de mar hay 35 gramos de sal-, sino también por la temperatura en que lo hacen. Por eso, se tiene que efectuar un tratamiento adecuado para que ello sea lo preciso.
El agua dulce, por lo tanto, es un bien que se puede fabricar y que se transforma tal como lo hace la naturaleza. En la evaporación natural se convierte en un vapor que posteriormente precipita en caudal para los ríos, en nieve almacenable y en hielos que se conservan.
En tal sentido, me parece básico contar con una política nacional para enfrentar el abastecimiento. Pero, si se trata de generar una ley especial para darle atribuciones al Estado, habiéndose demostrado que este dispone de plenas facultades en la materia, creo que debiéramos centrar nuestro esfuerzo en definir y precisar los otros términos: cuál es la calidad jurídica del agua de mar y cómo podemos establecer el proceso para poder dar un continuo de algo que necesitamos siempre.
Dado que no encuentro nada novedoso en el proyecto planteado, votaré en contra.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Durana.

El señor DURANA.- Señor Presidente, la iniciativa abarca una materia de vital importancia para las regiones del norte, que ven con angustia la progresiva merma de sus recursos hídricos, lo que afecta su producción agrícola y minera y su actividad turística.
Hace un mes se denunció una sobrexplotación, en países vecinos, de algunos que se encuentran en nuestra frontera -específicamente, en la Región de Arica y Parinacota-, a través de cientos de pozos clandestinos y no regulados. Ello afecta seriamente a la cuenca Concordia, perjudicando las labores agrícolas en la zona, como también en el área de Laguna Blanca, en la comuna de General Lagos, sector de Visviri, donde se secan los bofedales. Se trata de un sector especial de la desviación del canal Uchusuma.
Por otra parte, hace unas semanas solicité oficiar al Ministerio de Obras Públicas, a través de la Presidencia del Senado, a fin de que informara sobre las razones de la demora en la planta desalinizadora ofrecida en Arica el 8 de octubre de 2007, con una capacidad de 200 litros por segundo, que implica una inversión inicial de treinta millones de dólares y cuya conclusión se iba a anunciar en 2016. La señora Mariana Concha nos informa hoy que estaría concluida en 2020, pero que no existe ningún proyecto. Ni siquiera se encuentra en etapa de diseño o de construcción.
En ese mismo contexto, el acuífero de Azapa, que constituye la mayor fuente de abastecimiento de agua potable en Arica y Parinacota, está afectado negativamente en la calidad de sus aguas y en la disminución de su caudal, producto de la sobreexplotación.
Todos los elementos expuestos implican que estos proyectos de ley que viabilizan una acción, en torno a la planificación, para la pronta construcción de plantas desalinizadoras revisten una extraordinaria importancia en especial para el norte, que espera desde hace mucho tiempo ser restituido en sus potencialidades a través de una adecuada dotación de recursos hídricos, con la mantención en todo momento del cuidado del medioambiente, de su diversidad natural y de la sustentabilidad.
La viabilidad de la construcción de plantas desalinizadoras pasa por la participación decidida del Estado en su concepción, proyecto y ejecución. Sin su compromiso, simplemente no es posible su concreción. Un ejemplo de ello es el compromiso de la CORFO en la construcción de la planta desaladora para Atacama, elemento esencial para su desarrollo, considerándose su posterior traspaso a Aguas Chañar S.A. para su operación, mantención y reposición.
El impulso que este proyecto de ley debe dar a la concreción de estas plantas desaladoras de agua de mar se debe complementar con la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas.
De acuerdo a los estudios realizados, el agua servida tratada tiene un menor costo que el agua desalada, y es factible técnicamente considerando las actuales condiciones y ubicación del emisario en nuestra Región. No obstante, el proyecto debe considerar el boro existente en el agua potable, que si bien no es dañino para la salud de las personas constituye un inhibidor del crecimiento vegetal, por lo cual es necesario estudiar su remoción en el proceso de tratamiento.
Entre las ventajas adicionales por considerar se encuentran el gran impacto ambiental positivo que significa la reutilización de agua dulce, especialmente en una zona desértica, y la generación de biosólidos, que pueden ser utilizados como fertilizantes en agricultura. Este caso ha sido expuesto y analizado en diferentes escenarios, y se ha incluido en la mesa de agua de la Región.
En la actualidad, el desafío es levantar una iniciativa de financiamiento que facilite la construcción de la infraestructura necesaria para transportar, tratar y disponer del agua para riego en el sector Pampa Concordia, considerando que los beneficiarios, los agricultores del sector, serían privados, lo cual podría asimilarse al caso del entubamiento del canal Azapa, en el valle del mismo nombre.
En esto también requerimos la participación decidida del Estado, para finalmente poder contar con un plan de inversión en recursos hídricos en una zona árida que tiene valles que hoy, en la estrategia de desarrollo regional de Arica y Parinacota, permiten la producción de su principal sector: la agricultura.
Termino mis palabras simplemente manifestando que, si bien el Estado tiene atribuciones para generar todas las condiciones y concesiones en este tipo de inversiones, me parece que planificar es un buen elemento y puede aportar la esperanza de invertir no solo en plantas desaladoras, sino también en plantas de tratamiento de aguas servidas, para quienes así lo requieran, de manera que ello sea una realidad especialmente en las regiones áridas del norte.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, la verdad es que me sorprende un poco el escepticismo que se genera en torno a este tema, porque uno ha escuchado señalar muchas veces, en distintos gobiernos, que en Chile no tenemos un adecuado aprovechamiento de los recursos hídricos. Y en esto hay que considerar todas las fuentes de agua: las de agua salada, que son inagotables para los efectos que estamos conversando hoy día, y, por supuesto, también las de agua dulce (las cuencas, el recurso hídrico que se pierde en el mar), de las que tampoco hay un buen aprovechamiento, pues faltan canales de regadío y planificación, como se ha dicho.
Por lo tanto, siento que este es un tremendo debate, que nos pone a la altura de países que también, ante el déficit hídrico, han acometido distintos desafíos -pensemos en España, Argelia e Israel- con bastante eficacia en el aprovechamiento del agua.
En este caso en particular, yo creo que nosotros no podemos mirar esta iniciativa, que viene de algunos Diputados, de manera aislada respecto de un ejercicio que hizo este propio Senado hace algunas semanas, cuando aprobó, con un gran respaldo, un proyecto de las Senadoras señoras Muñoz y Allende y de los Senadores señores Guillier, Harboe y Pizarro, que buscaba establecer un marco normativo en esta materia. Hoy día sí es posible que un privado intervenga, como en el caso que planteaba la Senadora Adriana Muñoz en la caleta Chungungo, en la Higuera, donde por iniciativa de la Universidad Católica se pudo finalmente utilizar la fuente de agua marina mediante el proceso de desalinización para dotar de servicios de agua potable a varios sectores y a los vecinos.
Esa es, justamente, la oportunidad que uno puede ver en este debate. De ahí que a veces no se entiendan mucho los reparos que se presentan, más aún cuando hoy día Chile está muy fuera de esta conversación y sin legislación alguna.
Yo siento que esta es una iniciativa complementaria de la que aprobó el Senado hace algunas semanas. Lo único que hace es permitir que el Estado, por razones estratégicas, cree plantas desalinizadoras. Probablemente no use esa facultad; probablemente sea más eficiente seguir con las declaraciones de interés público que hacen determinadas empresas, pero el Estado debe estar presente en el marco regulatorio, porque, evidentemente, las aguas que son captadas del mar son recursos públicos, pero, luego de todo el proceso, del tratamiento que se les aplica, se entiende que pasan a ser recursos privados. Entonces, ahí debe haber regulación.
Me parece que en esta discusión no podemos actuar como el perro del hortelano, pues hay muchas localidades rurales en el sur y en el norte del país que carecen de agua.
En La Araucanía tenemos el caso de las comunas de Carahue, Teodoro Schmidt y Saavedra, que comparten litoral y que enfrentan serias dificultades para abastecer de agua potable a diversos sectores de población rural. Y tienen el mar al lado, pero evidentemente no lo pueden utilizar porque no es agua potable.
Entonces, tampoco nos podemos cerrar a la posibilidad de que una agencia de desarrollo -las hay públicas y privadas- o el propio Gobierno regional dote de agua potable a una caleta de pescadores, por ejemplo, como lo hizo en Puerto Aguirre cuando la Senadora Órdenes era Diputada.
Entonces, yo siento que detrás de esta iniciativa hay una oportunidad.
La declaración que contempla este proyecto es todavía muy general, pero, desde luego, es un complemento de la iniciativa que aprobamos hace algunas semanas. En esto nuestro país tiene que ponerse al día frente a un tema complejo.
En la Región de La Araucanía hay comunas que tienen un 5 por ciento de cobertura de servicios de agua potable rural. A otras les ha ido mejor. Y, precisamente, las que están más retrasadas son las comunas costeras, que tienen el mar pero no lo pueden utilizar porque esa agua no es apta para el consumo humano.
Por todo lo anterior, señor Presidente, y dado que esta es una discusión todavía muy general -habrá que ver cómo se atenúan los temores que se han instalado, legítimamente, por supuesto-, voto a favor, en el ánimo de que incluso estas dos iniciativas puedan en algún momento fusionarse, de manera de tener un solo marco regulatorio, que es hacia donde, en mi modesta opinión, debiéramos apuntar.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, quiero separar los temas.
El primero dice relación con el aprovechamiento del suministro de agua para resolver problemas de déficit que existen en algunas zonas del país, y la desalinización, sin duda, constituye una herramienta alternativa.
La discusión planteada aquí es quién la ejecuta. Y yo, compartiendo lo que decía la Directora General de Obras Públicas, pienso que hoy día el Ministerio tiene todas las facultades para llevar adelante la construcción de plantas desalinizadoras. Tal como señalaba la señora Concha en su exposición, hay al menos veinte plantas de ese tipo construidas a través de este sistema.
En seguida, el Ministerio de Obras Públicas tampoco tiene ningún impedimento para desarrollar este tipo de iniciativas cuando se trate de obras relativas a resolver problemas de agua potable rural. Y, a través del sistema de concesiones, se hace absolutamente factible también la operación en zonas urbanas.
La discusión es si es o no razonable establecer que el Estado se podrá constituir como una empresa especialmente ligada a este tema cuando ya hoy día, con toda su institucionalidad, puede hacerlo. Es ahí donde está el debate: en el fondo, no en la forma. Porque todos entendemos que en vastas zonas del país existe un déficit de agua potable. Hay que buscarles una solución.
Pero, tal como lo dice el Ministerio de Obras Públicas, la institucionalidad hoy día existe. No nos olvidemos de ECONSSA Chile, una empresa sanitaria estatal que está encargada de la supervisión de todos los contratos en materia de Ley de Concesiones. El propio Presidente Lagos, a través de esa normativa, realizó una suerte de traspaso desde las antiguas empresas sanitarias del Estado hacia concesionarios privados. Ese salto permitió resolver gran parte del déficit existente y prácticamente logró una cobertura universal en el suministro de agua potable en el país.
Incluso, es más. La Senadora Ebensperger me señalaba recién que hay una experiencia en Chanavayita, al sur de Iquique, donde el Estado, el Ministerio de Obras Públicas construyó la planta desalinizadora. Y lo hizo en este marco, en esta institucionalidad. Posteriormente, el MOP se la entregó al Comité de Agua Potable Rural.
Más allá de las dificultades de operación que presentan esas entidades, hay que señalar que hoy día la institucionalidad hace absolutamente posible la participación del Estado en esto.
Planteo otro caso: Aguas Chañar S.A, en la Tercera Región, se encuentra desarrollando un proyecto de planta desalinizadora para las localidades de Caldera y Chañaral. Ello, en esta institucionalidad, en este marco.
Por lo tanto, ¿es necesario habilitar al Estado a través de una ley para el desarrollo de iniciativas de esta naturaleza? Tal como está la institucionalidad, no.
Cabe recordar que el propio Presidente Lagos traspasó las antiguas empresas sanitarias que existían a lo largo de todo el país a los privados, por medio del sistema de concesiones, precisamente para administrarlas a través de una modalidad distinta. Y tuvo gran éxito.
Yo no cuestiono el proceso de concesiones que se llevó a cabo en ese minuto, a pesar de que fue ampliamente criticado por considerarse una suerte de, comillas, "privatización". El gran mérito que tuvo es que hoy día existe prácticamente un acceso universal al agua potable en el país, lo que representó un gran salto en materia sanitaria. Dicho sea de paso, ello mueve a orgullo si lo comparamos con la realidad de otros países de América Latina, incluso vecinos.
Por los motivos señalados, señor Presidente, tal como ha mencionado aquí la representante del Ministerio de Obras Públicas, me parece que, existiendo hoy día la facultad del Estado para desarrollar iniciativas de esta naturaleza directamente, en el caso de los sistemas rurales, o a través de concesiones, en el caso de plantas mayores, es del todo innecesario crear una entidad fiscal para estos propósitos.
Por tanto, no estoy en contra del fondo del proyecto, del mejoramiento del acceso al agua potable, del uso del mar como alternativa para el suministro. Eso no está en discusión. Lo que se cuestiona es únicamente el modelo de gestión. Y hay vastos ejemplos de desarrollo exitoso en esta materia, a pesar de los problemas de operación. Pero estimo que hoy día existe la institucionalidad necesaria para que el Estado, el Ministerio de Obras Públicas realice estos proyectos; no se requiere crear una nueva entidad con tal objeto.
Voto que no.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- ¡Jorge Mateluna es inocente, y lo vamos a probar!
Señor Presidente, el 97 por ciento de toda el agua existente es agua de mar; el 3 por ciento restante es agua dulce.
Existe agua congelada: 29 millones 200 mil kilómetros cúbicos.
Pareciera que hay quienes piensan que el agua de mar es infinita.
Lo creíamos del agua dulce. En su oportunidad, el agua era casi gratis. No había ningún mecanismo para hacer eficiente su consumo; se creía que ella iba a existir siempre.
El aire, lo mismo. ¿Quién imaginó, hace treinta años, que el aire iba a estar seccionado y que habría que contar con autorización para usarlo? Es el caso de las empresas que emiten gases. Hoy día no hay posibilidad de que una empresa se instale si no compra fuentes que disminuyan la contaminación. Es decir, el aire pasa a tener un precio de mercado, tal como ocurre con el agua dulce.
Lo que viene es el agua de mar.
Las proyecciones del sector minero respecto del uso industrial del agua dan cuenta de un crecimiento extraordinario en materia de procesamiento. No estoy hablando del uso para el consumo humano.
COCHILCO y todas las empresas privadas han señalado que esto va en aumento; es un porcentaje que va a ir creciendo.
He escuchado decir acá que el Ministerio de Obras Públicas tiene facultades para regular y establecer incentivos con miras a desalinizar y producir agua potable, particularmente en el norte de Chile, con todos los problemas que conocemos.
Yo quiero informarles a los colegas Senadores que el boletín N° 10.319-12 da cuenta de un proyecto de ley de mi autoría, que está en primer trámite constitucional -aún no se debate- y que establece el cobro por el uso de agua de mar para las empresas mineras y, también, para las termoeléctricas, por estimar que efectivamente se trata de un bien nacional de uso público, que debe representar un costo. Quienes defienden la teoría económica neoliberal lo han señalado siempre: cuando un bien de uso intensivo no tiene precio, se desgasta. Los bienes deben tener un precio si se quiere regular y proteger su uso.
Por lo tanto, señor Presidente, si el Ministerio tiene las facultades, ¡muy bien: que las use! El debate no debiera consistir en si se requiere una nueva institucionalidad o si el Ministerio ya las posee.
Aquí hay quienes van a votar a favor. Yo seré uno de ellos, porque quiero que haya una fuerte institucionalidad y un rol del Estado, ojalá, de asociatividad con el sector privado. La alianza estratégica público-privada es virtuosa, y creo que tiene que instalarse a nivel constitucional. El impedimento para que el Estado genere empresas productivas, aun cuando no haya privados interesados, es una limitante para el desarrollo nacional, y debe ser vista a la luz de las necesidades del país, no de la extrema politización del discurso neoliberal o del discurso estatal: estatismo versus mercado.
Siento que eso subyace en el fondo de este debate.
Todos queremos que el Estado tenga un rol, porque hay privados que, dada la envergadura de los montos involucrados, no se atreven a invertir.
El Estado puede jugar un papel muy importante. Dotarlo de mayores facultades pareciera ser una opción concreta, real y efectiva.
No tuve la posibilidad de escuchar a la señora Directora. El debate para que ingresara consumió gran parte del tiempo. Sin embargo, me parece que abrir esta discusión -por eso he votado a favor- posibilita conocer más de cerca cuáles son las limitantes que tiene el Estado y cuál es la predisposición del sector privado para llevar adelante estos proyectos.
Mucha gente ha viajado a Israel a conocer los procesos que ahí se desarrollan. Sin embargo, en esto debiéramos proceder en forma similar a como se hizo con la electricidad, con los paneles fotovoltaicos del norte.
Alguien mencionó a Al Gore hace unos momentos. Él es un propagandista de nuestro país en todo el mundo. Donde va, pone el ejemplo de Chile y su crecimiento exponencial en materia de energía fotovoltaica.
Por lo tanto, es un activo que el norte de Chile comenzó a explotar.
Siento que en el tema de desalinizar debiera haber más certezas, señor Presidente. Porque, en la praxis, los negocios son tan complejos como la política. O sea, hay que probar si esto va a resultar. Y si el Estado tenía un rol débil, este debate sirve para fortalecerlo.
A mi juicio, quienes han votado en contra -entiendo el argumento de que la facultad existe y de que el Estado no requeriría más poder- quizá están pensando a priori que el Estado lo va a hacer mal.
Está claro que es un tema que se tiene que probar. Yo hubiera preferido que este debate hubiera derivado en la necesidad de que el MOP tuviera facultades compartidas con el sector privado para enfrentar este enorme desafío. Porque, si no, en Antofagasta las tasas de cáncer, que triplican la media del país, van a seguir, ya que el agua está contaminada -tiene arsénico- y está dañando gravemente la salud de las personas. Y es un deber de todos ayudar a resolver el problema.
Creo que este debate es lo menos que podemos hacer. Por eso, voto a favor, señor Presidente, porque aprobar el proyecto nos permitirá profundizar en este tema, tan importante para el norte del país.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Galilea.

El señor GALILEA.- Señor Presidente, la verdad de las cosas es que yo me declaro un poco perplejo, tanto frente a este proyecto como al que se vio hace un par de semanas.
La iniciativa en debate tiene dos artículos, nada más. Simplemente, se refiere a darle al Estado la posibilidad de desarrollar y explotar plantas desalinizadoras.
Ya se ha dicho en todos los tonos -lo señaló aquí la Directora General del MOP y se afirmó en la Comisión cuando se estudió esta materia- que esta posibilidad el Fisco ya la tiene. Un Senador se preguntaba por qué no construir una planta desalinizadora en Puerto Saavedra. Lo cierto es que no hay ninguna restricción para que se instale una allí. El MOP directamente puede hacerlo en los APR; las concesionarias sanitarias también lo pueden hacer; Econssa, que agrupa a las sanitarias de propiedad del Estado y es la empresa del Sistema de Empresas Públicas que coordina y posee la propiedad de las concesiones sanitarias, tampoco tiene ninguna restricción para hacerlo y de hecho lo está haciendo el día de hoy en la Región de Atacama, y empresas del Estado como CODELCO tampoco enfrentan alguna restricción para instalar una planta desalinizadora y de hecho también lo está realizando.
Por lo tanto, frente al problema específico que se está tratando de resolver, lo cierto es que el proyecto de ley no está solucionando nada porque aquel ya está resuelto: el Estado puede llevar a cabo el propósito que se busca a través de múltiples formas.
El proyecto de hace un par de semanas es aún más curioso: declara -y voy a repetir lo que dije en ese momento- bien nacional de uso público las aguas desaladas. Esto, señor Presidente, me cuesta incluso más entenderlo: que una empresa obtenga las autorizaciones correspondientes, invierta millones de dólares para lograr transformar agua salada en agua dulce, y a la cual, después de todo ese esfuerzo, nosotros le digamos graciosamente: "Mire, esa agua, en la que usted ha gastado millones de dólares para procesar y convertir en agua dulce, ahora es bien nacional de uso público".
O sea, si nos hubiéramos puesto a pensar cuál era la mejor manera para no desalar ningún litro de agua en Chile, tendríamos que haber elegido las normas que contiene ese proyecto de ley, que yo espero que se corrija pues realmente constituiría un golpe de muerte para las posibilidades de desalar. Porque la otra opción es -aunque los autores de estas iniciativas no lo han querido señalar nunca- que el único que pueda desalar agua en Chile sea el Estado. Sin embargo, lo que se plantea acá en los discursos es algo completamente distinto: se quiere fomentar la desalinización.
Por lo tanto, este proyecto es inútil, por cuanto busca normar una situación que ya está reglada, y el anterior, perjudicial. ¿Por qué? Porque, si queremos que nadie más que el Estado desale, bastaría con aplicar una de sus disposiciones. ¡Esa sería la mejor manera de hacerlo!
En consecuencia, estamos frente a dos proyectos que a mí me cuesta entender. Puede, señor Presidente, que yo no sea el tipo más inteligente del Senado; quizás soy el menos, pero, realmente, no entiendo lo que quieren hacer con esas iniciativas.
La Senadora Muñoz señalaba: "¡Esto es el colmo: sacan gratis el agua del mar!". Sin ser experto total, no conozco ningún país del mundo en que se cobre por usar el agua de mar.
Además, diga lo que diga el Código Civil, cuando nosotros sacamos agua de la orilla de nuestro océano, no es que estemos sacando un pedacito del agua de mar que le pertenece a Chile. Es como la pretensión de partir una piscina por la mitad y decirle a alguien: "Mira, voy a sacar agua de mi mitad, pero no te preocupes porque no te voy a afectar en la tuya". La verdad es que eso resulta imposible. Cuando un peruano saca agua de mar está afectando a un chileno. Cuando un australiano saca agua de mar también está afectando a nuestro país. Y lo mismo ocurre cuando en Arabia Saudita se saca agua de mar. Porque todos los mares, como muy bien lo indicó el Senador Pugh, son un continuo. Toda agua de mar que se saque en cualquier parte nos estará afectando.
Por lo tanto, nada de lo que se está planteando en estos proyectos de ley me parece que vaya al punto real y de fondo.
¿Hay que hacer una planificación territorial? Por supuesto. ¿Por qué, señor Presidente? Porque, efectivamente, las plantas desalinizadoras producen algunos efectos en el ambiente marino que hay que cuidar.
Chile acá no está inventando ninguna rueda. Esto ya se ha estudiado, básicamente en España, aun cuando en el entorno del mar Mediterráneo puede ser particularmente más complicado que en el océano Pacífico. Pero, como digo, eso ya se ha determinado. ¿Instalar plantas desalinizadoras en bahías cerradas? ¡Es malo! ¿Instalar plantas desalinizadoras donde hay praderas marinas? ¡Es malo! Por lo tanto, se deben buscar lugares apropiados.
Además, señor Presidente, la capacidad de dilución del mar es prácticamente infinita. Como indicaba el Senador Pugh, hay corrientes. Es decir, esa salmuera que uno bota al mar muy probablemente llegue, a través de las corrientes, a las costas de Ecuador, o incluso más allá. De hecho, muchas plantas desalinizadoras ya tienen establecido, dentro de sus procesos industriales, que la salmuera que arrojan hay que volver a mezclarla con agua de mar para dos cosas: bajarle la densidad de sal, y además corregir la temperatura a la cual se está devolviendo al océano.
En consecuencia, señor Presidente, hay situaciones que efectivamente es preciso ordenar para evitar lo que ya he dicho: dónde se puede instalar una planta y dónde no, pero ninguno de los proyectos de ley -ni el anterior, que encuentro más dramáticamente dañino para las posibilidades de explotar el agua de mar, ni el actual- logran ninguno de los propósitos que se buscan. Al contrario, afectan gravemente, en mi opinión, el objetivo que se persigue.
Por tal razón -y me encantaría convencer a alguien en esta Sala-, hay que rechazar la actual iniciativa, para sentarse, con argumentos técnicos y legales serios, a efectuar una planificación correcta de un bien que tenemos que saber utilizar en buena forma.
Gracias.

El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Me voy a referir a dos temas esencialmente, señor Presidente.
En cuanto a la primera parte, a los fundamentos de lo que aquí se ha hablado, es difícil no estar de acuerdo: respecto de la importancia del agua, respecto de tener muchas políticas públicas sobre la materia, respecto de la desalinización. Todas estas buenas intenciones las comparto plenamente, y pienso que nadie podría no concordar en que el agua es un elemento vital. ¡Cómo no lo sabré yo si en la Región de La Araucanía tenemos cien mil personas, o sea 25 mil familias, a las cuales se les lleva agua potable en camiones aljibes! Existe un tremendo déficit y me imagino que en otras partes de Chile existe el mismo problema.
Sin embargo, lo segundo que quiero decir, señor Presidente, es que nuestra tarea aquí es elaborar un producto, llamémoslo así, que se denomina "ley". O sea, la ley tiene por objeto materializar los propósitos políticos que se expresan en el debate. Y si la ley no da cuenta de ese propósito, entonces no sirve.
¡Ese es mi problema! Porque lo que se está proponiendo en este proyecto es que el Estado asuma una actividad empresarial. ¡Eso es lo que está proponiendo!
Si nosotros queremos llevar a cabo una política pública, la Constitución y la ley dicen que eso debemos efectuarlo mediante los servicios públicos. Incluso, la Ley de Bases permite que por ley nosotros le entreguemos a un Ministerio la posibilidad de hacer un servicio público. Por lo tanto, la pregunta es por qué se quiere establecer una actividad empresarial del Estado en esta materia. Porque así lo señala el artículo 1.
Supongamos que aprobamos esta ley, se publica en el Diario Oficial y ella establece que el Estado tendrá la facultad de llevar a cabo esta actividad empresarial. La pregunta es: ¿cómo lo hace el Estado para materializar y concretar sus disposiciones?
Una de las características de la ley, señor Presidente, es que debe ser eficaz. No basta con que sea válida o que sea justa; también debe ser eficaz.
Entonces, si quisiéramos materializar que el Estado asuma una actividad empresarial, nosotros tendríamos que dictar otra ley creando una empresa estatal que se dedicara específicamente a ese objeto. ¿Y de qué serviría la primera ley? Porque, si queremos crear una empresa del Estado en este ámbito, tenemos que dictar otra. No sería necesaria esta ley para dictar otra nueva.
Ahora bien, ¿qué significa "actividades empresariales"? Porque la Constitución del 80 consagra un régimen económico que privilegia la actividad económica privada. Me guste o no me guste -ese es otro debate; podemos discutir el tema-, lo concreto es que la Carta vigente establece un Estado subsidiario. Por lo tanto, el Estado solo puede desarrollar actividades empresariales -o sea, que persigan fines de lucro- e involucrarse en el sistema capitalista y en la economía de mercado que ahora tenemos, en la medida en que una ley de quorum calificado así lo autorice.
Entonces, la pregunta que yo les hago a los señores Diputados y Senadores que han intervenido en este tema es la siguiente: ¿queremos crear una empresa del Estado que instale plantas desalinizadoras que persigan fines de lucro y se involucren en el actual sistema, o queremos resolver el problema del agua, de las plantas desalinizadoras, de otra manera?
¿No será que lo que nosotros queremos es tener servicios públicos con facultades y con la necesaria potencia para llevar a cabo dicho propósito?
Sin embargo, estamos planteándonos un articulado meramente declarativo, que no produce ningún efecto jurídico para el Estado.
Por lo tanto, señor Presidente, no estamos cumpliendo el propósito y las buenas intenciones que todos hemos expresado en los discursos que hemos pronunciado, porque esta ley no nos sirve para eso, o si sirve, será absolutamente declarativa y, en consecuencia, ineficaz. No será, por ende, el "producto" que la ciudadanía espera de nosotros: leyes que efectivamente resuelvan o ayuden a resolver los problemas que enfrentamos.
Por eso, respetando las buenas intenciones, me voy a abstener respecto de esta iniciativa.

El señor MONTES (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, la problemática de la disponibilidad de recursos hídricos para el consumo humano y productivo es ampliamente conocida en nuestro país, tal como lo exponen en sus argumentos los autores de la iniciativa. De hecho, la industria minera, por ejemplo, va a experimentar una necesidad adicional de agua en porcentajes superiores al 40 por ciento en los próximos años. Por otro lado, tenemos una situación de sequía que ha afectado, como parte del calentamiento global, a un número significativo de nuestras regiones.
Por eso se requiere, obviamente, una visión integral para ver cómo resolver la situación del agua en Chile, la que, si bien en términos generales podría ser considerado un recurso abundante, es, por no estar distribuida de la misma manera en todas las regiones del país, un recurso escaso. De ahí la importancia de políticas públicas que tiendan a generar condiciones para contar con más agua y administrar de mejor forma aquella de la cual se dispone.
Hay situaciones dramáticas, como la que se vive aquí, en la Quinta Región, en la zona de Petorca, donde no existe agua disponible para el consumo humano. Por cierto, la primera prioridad para el agua siempre debe ser el consumo humano, y la segunda, la agricultura.
En este marco, son múltiples las iniciativas que desarrolla el Estado, a través de políticas públicas, y también los privados para enfrentar esta situación. Las obras de embalsamiento son una expresión de esas políticas, pero solo son aplicables en aquellos lugares en que los cursos de agua hacen posible extraer y almacenar el recurso.
Por eso igualmente existen soluciones de pequeña escala, como la construcción de pequeños tranques que permiten la acumulación de aguas lluvia para utilizarlas, sobre todo, en labores de carácter agrícola.
Y existe una tercera forma, que es expresión del desarrollo tecnológico, como es, precisamente, la construcción de plantas desalinizadoras. El Norte Grande de nuestro país tiene experiencia en esta solución. Sin embargo, la mayor parte de estas iniciativas son de carácter privado y minero, no forman parte de una política integral, y, por cierto, son escasas en comparación con los enormes desafíos que tenemos por delante.
Por eso, el presente proyecto pretende hacerse cargo de este problema.
Quisiera resaltar algunos de sus aspectos.
En primer lugar, se enfoca en dar respuesta estructural y directa a la falta de recursos hídricos en las zonas afectadas.
En segundo término, habilita al Estado para realizar una actividad empresarial que de otro modo nadie asumiría, como ha quedado demostrado hasta ahora. Sea por fallas de mercado o por las razones que fueren, lo concreto es que muchas veces no ha habido disponibilidad de los privados para efectuar inversiones.
Quiero destacar, además, que esta es una iniciativa presentada por los Diputados socialistas señora Daniella Cicardini, aún en ejercicio, y los ex parlamentarios Luis Lemus y Cristian Urizar, como representantes de zonas del Norte Grande y de la Quinta Región que se ven especialmente afectadas por situaciones de sequía.
¿Qué hace el proyecto? Aborda directamente la proactividad del Estado ante la grave problemática del déficit de recursos hídricos, facultándolo para llevar a cabo actividades empresariales con el objeto de fomentar y desarrollar la creación de plantas desalinizadoras, así como su explotación, utilizando para ello el marco normativo con que cuenta el Ministerio de Obras Públicas, que le permite encomendar estudios, proyección, construcción, ampliación y reparación de obras tendientes a cumplir precisamente tal objetivo, conviniendo con él sus condiciones, modalidades y financiamiento, tal como lo establece el inciso segundo del artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997.
Esta iniciativa, obviamente, llega en un momento oportuno. En los últimos meses hemos conocido nuevos datos que muestran la urgencia de tomar medidas de fondo. La grave sobreexplotación del acuífero del salar de Atacama por parte de empresas mineras es un ejemplo. A pesar de las inversiones que estas han realizado -se inauguró recientemente una planta desalinizadora, la más grande del continente, según se dice-, el desequilibrio en el acuífero del salar se mantiene y amenaza con aumentar. Y son muchos otros los ejemplos que podríamos citar.
Si bien el déficit hídrico afecta de manera más evidente al norte del país, en el centro-sur también existe un problema, con mayor fuerza en las zonas del secano costero, sin posibilidades de riego disponible en el valle central a partir de obras de embalsamiento. En el secano costero se ha ido trabajando, aunque sin la intensidad y la extensión necesarias a través de las soluciones individuales que señalé anteriormente, esto es, mediante obras de almacenamiento de aguas lluvia. Estas son, obviamente, insuficientes y, por tanto, se requiere levantar plantas desalinizadoras igualmente en esta zona, como única manera de enfrentar en el largo plazo las consecuencias del cambio climático.
Lo veo, sin ir más lejos, en el territorio costero de mi región, desde Vichuquén hasta Curanipe. Si no actuamos a tiempo para resolver con visión estratégica la cuestión hídrica en estas zonas, arriesgamos su desertificación y, por cierto, la amenaza de despoblamiento.
Ahora, se ha planteado aquí que este proyecto de ley tendría un carácter más bien programático que concreto. Pero hoy lo estamos votando en general y debemos vincularlo con el que se aprobó la semana pasada, a fin de generar un marco institucional adecuado para fomentar las inversiones en este ámbito, ya sea del sector privado o del sector público. Obviamente, estos proyectos son perfectibles y requieren una modificación sustantiva para los efectos de cumplir con el objetivo para el cual han sido presentados.
Por todo lo anterior, señor Presidente, porque creo que es una señal política importante, y porque también me parece imprescindible que sea perfeccionado en el contexto de la discusión legislativa, voto a favor del proyecto.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, tal como se ha dicho aquí, la iniciativa es muy breve, aunque, en mi opinión, su discusión general ha resultado valiosa, ya que, una vez más, hemos analizado los problemas que presenta un recurso vital que en Chile no debería faltar.
Seguramente en algunas regiones, como la mía, podría ser insuficiente por algún tiempo, pero no hay ninguna razón para que falte en otras partes del país. Si a mí me dicen, como el Senador Huenchumilla, que cien mil personas no tienen agua potable en La Araucanía, algo anda mal, porque está claro que agua no falta ahí. Lo que pasa es que durante muchos años hemos evitado almacenarla; la hemos derrochado, no la hemos limpiado, y, finalmente, la privatizamos. La transformamos en un recurso privado, que el Estado, por cierto, tiene la posibilidad de concesionar.
Y ahí, entonces, entramos a la médula del problema, tal como se ha planteado.
Es cierto lo que aquí se ha dicho: para construir o para darles a privados la posibilidad de construir plantas desalinizadoras no es necesaria ninguna ley, simplemente se hace.
En mi región estamos todos esperando que Aguas del Altiplano empiece a construir alguna vez la planta desalinizadora que le impuso la Superintendencia de Servicios Sanitarios como una inversión que tenía que formar parte de su plan de desarrollo. Algún día la va a empezar a construir. Y la razón por la cual no lo ha hecho es porque hay preocupación, tanto en la autoridad como en los propietarios de esa empresa por el alza en las boletas del agua que le llegaría a cada uno de los ciudadanos de Arica, que son quienes deben pagar por ella.
Entonces, tenemos aquí un problema. Estoy de acuerdo con los Senadores que consideran insuficiente el texto del proyecto. Yo también lo considero insuficiente. A mi juicio, debería establecer en forma más explícita que el Estado tiene la facultad de construir plantas de agua potable. Y esta agua potable, naturalmente, ha de ser gestionada, trabajada; algún costo va a tener. Pero lo esencial es que sea un bien nacional de uso público, lo cual constituye otro tema muy central.
Desconozco por qué se discute con tanto escándalo de quién es el agua. Incluso, cuando se ha hablado en Arica de una planta procesadora de aguas o de reciclaje de aguas servidas, la discusión que sigue es de quién es el agua: ¿del que tiene el agua sucia y se la pasa al otro? ¿O del que la procesa, la limpia y la pone a disposición? ¿Cómo se reparten las ganancias de todo esto?
Nosotros no podemos seguir teniendo una política de agua potable de este tipo. Ciertamente, el agua de mar es un bien nacional de uso público. Si nosotros vamos a instalar plantas desalinizadoras, el problema es que en lo aquí propuesto se nos dice: esto se puede hacer. Claro, se puede autorizar que una empresa privada construya una planta desalinizadora para convertir el agua de mar en agua potable y, de paso, convertir el bien nacional de uso público en un bien de uso privado o de venta privado.
Ese es el punto que debemos discutir, y espero que lo hagamos.
A mí tampoco me satisface el texto del proyecto como está redactado. Me parece que es ambiguo. Aunque pienso que el sentido es bastante claro, por algo quienes desean que ese modelo continúe han expresado que no es necesario legislar sobre el particular. Y nosotros sí queremos hacerlo.
Dicho sea de paso, esta discusión -que le molestó mucho al Senador Galilea- sobre a quién pertenece el agua de mar una vez procesada y desalinizada es algo que ocurre en muchos países. Se han adoptado medidas distintas. En algunas partes la administra el Estado; en otras hay una regulación única para las concesiones. Existen legislaciones distintas. Podemos estudiarlas todas, pero el tema de fondo sigue: hacer del agua un bien privado no le ha servido ni le sirve a este país, y espero que alguna vez procedamos de un modo distinto al respecto.
Espero que con esta iniciativa de ley podamos modificar suficientemente este asunto, a fin de señalar que, si bien es posible que haya empresas privadas en el sector, el Estado está obligado a hacerse cargo del recurso que queda, como es el agua de mar. Entonces, ¿por qué razón no lo puede desalinizar y poner a disposición de sus ciudadanos? ¿Por qué tiene que pasar siempre por manos privadas?
Voto que sí.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Órdenes.

La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, respecto a este proyecto de ley, solo quiero mencionar algunos alcances.
A mi juicio, uno de los grandes desafíos globales y también nacionales que enfrentamos hoy día es la gestión del recurso hídrico. Y como el recurso hídrico es un elemento vital, requiere una atención especial.
Hoy día enfrentamos déficit hídrico en distintas regiones, incluso, en el sur del país, donde a veces se piensa que este fenómeno no ocurre. Y tenemos la tarea de establecer, efectivamente, cómo vamos a garantizar a futuro que exista un acceso equitativo al recurso hídrico para el consumo humano, para el riego y también para la actividad industrial.
Por lo tanto, me parece que hay dos focos ahí. Uno es la gran minería, que ya ha realizado el ejercicio de contar con plantas desalinizadoras. Pero no podemos enfrentar la paradoja de que mientras esa solución existe para la industria, no esté disponible para algunos poblados que son afectados por escasez hídrica ya periódicamente.
Estimo que esa es la tarea de este proyecto de ley.
Nosotros enfrentamos, por ejemplo, el tema de los camiones aljibes. Y sería bueno preguntarse por el costo para el Estado de dotar de este servicio de agua potable a localidades aisladas a través de camiones aljibes, porque resulta bastante elevado. Y, probablemente, también justificaría la inversión en lugares como el valle del río Limarí, como en el norte del país o en otras zonas.
Respecto a la presentación de la Directora General de Obras Públicas, me gustaría hacer un comentario.
Efectivamente, el tema de la RS -lo mencionó otra señora Senadora- ha sido uno de los grandes puntos críticos para ahondar en soluciones, por ejemplo, de APR, y en casos de APR con desalinizadora aún más. Pero en el caso de la Región de Aisén, después de muchos años, cuando ya teníamos un poco más de treinta APR, logramos hacer más de diez, precisamente, porque se cambió la metodología. Y esa experiencia está en la Dirección de Obras Hidráulicas. Por lo tanto, pensando en lo que ocurría, yo vi que había a lo menos dos proyectos en la Región de Coquimbo que hoy día no tenían la inversión asignada, precisamente porque no cuentan con la RS que autoriza y da carta blanca para poder invertir.
Los invito a que revisen ese ejercicio. No recuerdo si fue a través del decreto del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas o de algún acto administrativo propio del Ministerio de Obras Públicas. De manera que, efectivamente, es posible efectuar una evaluación distinta desde costo-eficiencia a costo-beneficio, porque, si no, sobre todo en regiones como la de Aisén, no se pavimentaría la carretera Austral, no habría APR. Precisamente, hay que aplicar ciertos criterios territoriales.
Me parece que, dado que ese ejercicio ya ocurrió en una región, sin duda podría ser una solución para la Región de Coquimbo o el valle del Limarí.
Voy a votar a favor esta iniciativa.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra al Senador señor Castro.

El señor CASTRO.- Señor Presidente, he escuchado atentamente varias intervenciones de los señores Senadores y me llama la atención que siempre se hable de "escasez hídrica".
Es cierto que tenemos un país largo, con un extenso mar, y lo que pasa en el norte no es lo mismo que pasa en el centro ni en el sur. Y cuando hablamos de escasez hídrica, yo siempre he comentado que no es que tengamos falta de agua, sino falta de inversión pública, lo cual es muy diferente.
En la Región del Maule, el 86 por ciento del agua dulce va a dar al mar. Entonces, cuando ese porcentaje de agua dulce tiene ese destino, para mí no es un tema de escasez hídrica, sino solamente de inversión.
Sin lugar a dudas, respecto a la zona sur, la zona de Temuco, donde dicen que hay 100 mil casas a las que les llevan agua potable, yo también siento lo mismo, que es una zona muy rica en agua, pero seguramente ahí falta mucha inversión pública.
Y apuntando al proyecto de ley que nos ocupa, cuando uno forma parte de una Comisión, espera que la tramitación de las iniciativas avance. Sin embargo, me llamó mucho la atención lo expresado por el Senador Huenchumilla y le encuentro mucha razón. Si esta materia ya está hoy día resuelta por el Ministerio de Obras Públicas, y estamos haciendo una presentación de otra iniciativa, por qué no es posible ver esto con anticipación a llegar a la Sala ya teniendo resuelto este tema. Porque si debemos despachar un buen proyecto, ¿por qué no hacemos un buen proyecto?
Hoy día hemos estado toda la tarde escuchando intervenciones, y me parece que este proyecto no va a tener los votos necesarios para ser aprobado, porque esta materia ya se resolvió en una iniciativa de ley anterior.
Entonces, me encantaría, señor Presidente, que todos los proyectos que llegaran a la Sala vinieran revisados, para ganar tiempo y avanzar. Porque, a mi juicio, ¿qué quiere la mayoría de los chilenos? Que avancemos, que trabajemos en la Sala para despachar las iniciativas de ley y que vayan en beneficio de todos los chilenos, que es el sentido de quienes estamos acá.
Así que voy a proceder de la misma manera que el Senador Huenchumilla y me voy a abstener, porque pienso que el proyecto no llega a ninguna parte.
He dicho.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor MONTES (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Durana, Elizalde, Girardi, Guillier, Harboe, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger y Von Baer y los señores Allamand, Coloma, Galilea, García, García-Huidobro, Kast, Ossandón, Prohens, Pugh y Sandoval.
Se abstuvieron los señores Castro, Chahuán y Huenchumilla.

El señor MONTES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijará como plazo para presentar indicaciones el 22 de octubre próximo, fecha que coincide con el establecido para otro proyecto sobre la misma materia. Ello, a fin de que exista coordinación entre ambos.
--Así se acuerda.


El señor MONTES (Presidente).- Como no alcanzamos a ver la siguiente iniciativa que se encuentra en la tabla, procederemos a votar los dos proyectos de acuerdo del Tiempo de Votaciones, que fueron presentados por un grupo amplio y transversal de señores Senadores.
Terminado el Orden del Día.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES



MEDIDAS PARA ENFRENTAR EMERGENCIA SANITARIA EN COMUNAS DE PUCHUNCAVÍ Y QUINTERO. PROYECTO DE ACUERDO

El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Girardi, señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.013-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 51ª, en 11 de septiembre de 2018.

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- En el proyecto de acuerdo se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que adopte las medidas que se indican ante la emergencia sanitaria que afecta a las comunas de Puchuncaví y Quintero.

El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para votar este proyecto de acuerdo y el siguiente, que se relaciona con los egresados de la carrera de Odontología?

La señora EBENSPERGER.- No, señor Presidente.

El señor MONTES (Presidente).- Entonces, en votación el proyecto de acuerdo sobre medidas para enfrentar la emergencia sanitaria en las comunas de Puchuncaví y Quintero.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor MONTES (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (16 votos).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Castro, Durana, Elizalde, Galilea, Guillier, Latorre, Montes, Ossandón, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Chahuán.


SOLICITUD DE PROYECTO PARA EXIGENCIA DE EXAMEN NACIONAL A EGRESADOS DE ODONTOLOGÍA. PROYECTO DE ACUERDO

El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Quinteros, señoras Goic, Muñoz y Provoste y señores Araya, Castro, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Galilea, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens y Soria.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.015-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 52ª, en 12 de septiembre de 2018.
Discusión:
Sesión 52ª, en 12 de septiembre de 2018 (queda pendiente la votación del proyecto).

El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Este proyecto de acuerdo tiene por objeto solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, envíe al Congreso Nacional una iniciativa de ley que establezca un examen nacional aplicable a todos los egresados de la carrera de Odontología.

El señor MONTES (Presidente).- En votación.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor MONTES (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (13 votos a favor y 3 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena y Provoste y los señores Castro, Chahuán, Elizalde, Galilea, Guillier, Latorre, Montes, Ossandón, Pizarro, Quinteros y Soria.
Se abstuvieron la señora Ebensperger y los señores Durana y Sandoval.

El señor MONTES (Presidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levantará la sesión luego de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
Al señor Superintendente de Educación, consultándole acerca de UTILIZACIÓN DE FONDOS SEP PARA PAGO DE SUELDOS A PROFESORES DE PUNTA ARENAS Y EVENTUAL INFRACCIÓN A ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL.
Del señor GARCÍA:
A la señora Ministra de Energía, pidiéndole revisar SITUACIÓN QUE AFECTA A SEÑOR FRANCISCO HUENCHUÑIR DÍAZ, SUBCONTRATISTA DE EMPRESA INTERCHILE, ANTE NO PAGO DE ESTA POR SUS LABORES EN CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA CARDONES-MAITENCILLO.
De la señora GOIC:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública y al señor Ministro de Hacienda, solicitándoles antecedentes acerca de EXTENSIÓN DE BONO ANUAL DE ZONA PARA 2019 EN REGIÓN DE MAGALLANES.
Del señor LATORRE:
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, para requerirle diversa información relativa a PROCESOS DE NEGOCIACIÓN Y FIRMA DE TRATADOS TRANSPACÍFICOS (TPP Y TPP11): ESTUDIOS DE BENEFICIOS Y PERJUICIOS, OFICIOS CURSADOS, LISTADO DE REUNIONES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS INVOLUCRADOS, Y DOCUMENTACIÓN SOBRE GASTOS Y COSTOS.
A la señora Presidenta del Consejo Nacional de Televisión, consultándole por USO DEFACULTAD ESTABLECIDA EN ARTÍCULO 50 DE LEY Nº 18.838 y solicitándole información respecto de INTEGRANTES, ATRIBUCIONES, FUNCIONES, MISIÓN Y PLAZOS DE COMITÉ ASESOR CREADO RECIENTEMENTE.
De la señora ÓRDENES:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, para los efectos de plantearle POSIBILIDAD DE CONCESIÓN DE PENSIÓN DE GRACIA A DON JOSÉ FICA VERA, DE VILLA O'HIGGINS, REGIÓN DE AISÉN.
Al señor Ministro de Salud, para que remita COPIA DE CONTRATO DE SERVICIO DE AVIÓN AMBULANCIA EN AISÉN Y DETALLE DE LABOR HASTA HOY.
Al señor Ministro de Agricultura, solicitándole dar a conocer ANTECEDENTES PARA APLAZAMIENTO EN DOCE MESES DE ENTRADA EN VIGENCIA DE DECRETO SUPREMO N° 25, DE 2017, SOBRE MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE MUSGO SPHAGNUM MAGELLANICUM, INDICANDO RECURSOS PROYECTADOS PARA ESE PROPÓSITO.
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--Se levantó la sesión a las 19:8.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción