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FORTALECIMIENTO DE INTEGRIDAD PÚBLICA


El señor MONTES (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que fortalece la integridad pública, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.883-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 31ª, en 10 de julio de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 56ª, en 3 de octubre de 2018.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de la iniciativa es fortalecer la integridad pública en diversos órganos del Estado.
La Comisión discutió el proyecto solo en general, aprobando por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea y Quinteros, la idea de legislar.
Cabe tener presente que los numerales 1), 3), 4), 6), 7), 8), 9) y 10), letra d), del artículo 1°; 2) y 3) del artículo 2°; los dos del artículo 3°; el artículo 4°; los numerales 1) y 2) del artículo 5°; todos los del artículo 6°; los dos del artículo 7°, y las disposiciones transitorias tercera y cuarta tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 24 votos para su aprobación.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
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El señor LABBÉ (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa un documento presentado por el Honorable señor García-Huidobro, como Subjefe del Comité Unión Demócrata Independiente, en el cual se solicita permiso constitucional para que los Senadores señores Pérez Varela y Coloma se ausenten del país desde el día 5 de octubre hasta el 15 del mismo mes.
El señor MONTES (Presidente).- Con ello bajaría el quorum.
--Se autoriza.
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El señor MONTES (Presidente).- En discusión general.
¿Quién informará por la Comisión de Constitución? ¿El Senador señor Huenchumilla?
El señor HUENCHUMILLA.- No. El Honorable señor Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, solicito abrir la votación desde el comienzo y respetar los tiempos.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría inconveniente para ello, dado el quorum de ley orgánica constitucional que se requiere?
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Araya.


El señor ARAYA.- Señor Presidente, Honorable Sala, el proyecto de ley exige, en el caso de un nombramiento en la Administración del Estado de parientes de determinadas autoridades, que se debe contar con un informe favorable de la Dirección Nacional del Servicio Civil (sistema ADP).
Sin embargo, hago presente desde ya que uno de los puntos de discusión es la naturaleza de este último texto, pues no se señala si es vinculante o es facultativo, ni los efectos que podría causar para la designación el hecho de que sea positivo o negativo.
Asimismo, se incorpora la necesidad de que el postulante exponga el parentesco en su declaración jurada de ingreso.
Se establece la nueva obligación de proporcionar, dentro de la declaración de intereses y patrimonio, la información relativa al cargo y a la institución en que se desempeñe el cónyuge o el conviviente civil.
La iniciativa realiza una serie de adecuaciones formales que buscan actualizar la legislación en la materia, ya que se incorpora al conviviente civil, entre otros aspectos, en las normas sobre prohibiciones de contratación y conflictos de interés, de modo de homologar al caso del matrimonio.
Un punto importante dice relación con la regulación del paso desde el mundo público al privado, y viceversa, lo que se ha conocido como "puerta giratoria".
En el primer sentido, se propone legislar respecto de ciertas exautoridades, como ministros, subsecretarios y jefes superiores de servicio, a las que se impide, durante un año, prestar servicios y adquirir la propiedad de entidades fiscalizadas o que se relacionen con el órgano que integraban cuando hubieran participado personalmente en decisiones específicas y directas a su respecto.
También se prohíbe a estos altos cargos la realización de actividades de lobby ante la institución en que desempeñaban funciones.
Junto a ello, se plantea que el exfuncionario infractor de estas conductas sea sancionado con multa e inhabilidades para prestar servicios al Estado por un lapso de hasta cinco años.
En lo que dice relación con el paso del sector privado al sector público, se prohíbe que personas que hayan estado inscritas como lobistas desempeñen funciones de ministro, de subsecretario, de jefe superior de servicio ni de directivo superior de un órgano de la Administración del Estado cuando hubieran realizado gestiones de lobby ante el organismo respectivo dentro de un período de doce meses antes de su nombramiento.
El proyecto asimismo trae una serie de modificaciones a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
En tal sentido, se incorpora una prohibición de contratar personal pariente del Contralor, del Subcontralor o de quien deba o pueda participar, en razón de su cargo, en la decisión correspondiente.
Se establecen ciertas normas reguladoras en materia de "puerta giratoria" en la entidad, incorporándose tres prohibiciones:
La primera impide al abogado que deje el organismo efectuar presentaciones ante la misma Contraloría, en representación de terceros, dentro del año desde que cese en funciones, respecto de asuntos en que hubiera tenido conocimiento o intervención.
La segunda impide al abogado que se retire de la Administración realizar presentaciones ante la Contraloría, en representación de terceros, en contra del servicio en que se desempeñaba, respecto de asuntos en que hubiera tenido conocimiento o intervención, dentro de un año de su retiro.
La tercera impide al abogado actuar como contradictor en juicios en que el servicio o institución en que se desempeñaba tenga interés, durante el lapso de un año posterior al retiro.
Además, el articulado contempla una serie de enmiendas de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Se impide la contratación de parientes de Diputados, de Senadores, de los Secretarios de una u otra Cámara o de quien pueda participar en la decisión de la designación.
Se incorporan algunas normas modificatorias de las Comisiones de Ética, a las que se otorgan facultades para conocer sobre consultas de inhabilidad de parlamentarios, y se incluye a funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional como soporte técnico.
En materia de puerta giratoria, se impide a exdiputados o exsenadores la realización de actividades de lobby o de gestión de intereses particulares, en términos absolutos, por un período de un año desde el cese en sus funciones.
Finalmente, se agregan disposiciones sobre el uso de asignaciones parlamentarias. Se establece su utilización exclusiva para el ejercicio de la función parlamentaria y se prohíbe el pago con ellas a parientes, a funcionarios de las Corporaciones o de la Biblioteca del Congreso Nacional y a integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias o del Comité de Auditoría Parlamentaria.
Escuchadas las distintas exposiciones, la Comisión de Gobierno propone aprobar en general la iniciativa.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, muchas gracias por permitirme intervenir.
El proyecto implica un valor simbólico muy importante para el Gobierno del Presidente Piñera. ¿Por qué? Porque es el primero, como mensaje, de nuestra agenda de probidad y transparencia.
El texto parte de una premisa tremendamente relevante: el mandato del programa de Gobierno es encaminar a Chile hacia el desarrollo integral. Tenemos claro que este último es mucho más que crecimiento económico, mucho más que desarrollo netamente económico, social: también es institucional. La modernización de nuestro país requiere, en profundidad, la de nuestras instituciones.
Por eso, hemos venido impulsando, como Gobierno, una agenda de modernización del Estado y de perfeccionamiento institucional con tres ejes fundamentales: avanzar hacia un Estado más flexible e innovador, implementar su transformación digital y propender a que sea más íntegro, abierto y transparente.
En efecto, Chile hoy día enfrenta un serio problema global de deterioro de la confianza en las instituciones que data de bastante tiempo. Según la encuesta del Centro de Estudios Públicos, la corrupción pasó del décimo lugar, entre las prioridades de los chilenos en el año 2014, al segundo, en el año 2016.
Pero ello es más bien un fenómeno global. De hecho, el sesenta por ciento de las personas en la región, según Transparencia Internacional, consideraron en el año 2017 que la corrupción había aumentado en sus países.
En consecuencia, queremos abordar el tema de manera muy frontal al impulsar una agenda que debe presentar una característica: en materia de modernización del Estado y de probidad y transparencia, es fundamental construir una hoja de ruta larga, que vaya más allá de un Gobierno y de una coalición o de un sector político específico. Tiene que ser una verdadera política de Estado.
Estamos empujando, entonces, varios proyectos ya en tramitación, en tanto que otros van a ingresar en los próximos meses al Congreso.
Quizás es importante poder transmitir un par de comentarios.
Se avanza sobre la base de lo que hemos construido en conjunto en los últimos años, en las últimas décadas. La agenda de probidad y transparencia no parte con una Administración específica, sino que es fruto de una acción consecuente de distintos gobiernos y también del Parlamento. De hecho, cabe recordar que una de las reformas más grandes en materia de transparencia, la Ley sobre Acceso a la Información Pública, es fruto de una moción de los ex Senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri.
Por lo tanto, la construcción de una política de Estado en esta materia tiene que ir avanzando sobre la base de acciones consecuentes entre los gobiernos, el Congreso Nacional, las instituciones públicas y la sociedad civil.
Ese es un primer punto, que es importante.
Por lo mismo, como Gobierno, estamos empujando, priorizando dos proyectos que se originan en mociones anteriores a la actual Legislatura: el relativo a los datos personales, que viene del Gobierno de la Presidenta Bachelet -lo estamos trabajando hoy día mediante indicaciones y con urgencia-; y el que aumenta las sanciones por soborno y cohecho, que se encuentra en su fase final en la Comisión Mixta.
Hemos incorporado esas iniciativas en el ánimo de construir una agenda amplia, sobre la base de lo que se venía haciendo.
Otro punto importante es que, para diseñar esta agenda, nosotros hemos seguido también las recomendaciones y experiencias internacionales en la materia.
Hay informes en los países de la OCDE que recomiendan avanzar en cierta dirección.
En la experiencia local tenemos el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, que también recomendó un conjunto de cambios normativos, varios de los cuales están recogidos en esta iniciativa que fortalece la integridad pública.
Y el tercer elemento sobre el que construimos esta agenda, y en particular este proyecto, es nuestro Programa de Gobierno. Ahí nosotros comprometimos algunos de los aspectos que aparecen en esta iniciativa, como la regulación de lo que se llama "la puerta giratoria".
Por lo tanto, este proyecto de ley que fortalece la integridad pública, el primero de nuestra agenda de probidad y transparencia, busca construir sobre lo ya avanzado, recoger las mejores prácticas a nivel nacional e internacional y consolidar los compromisos que incorpora nuestro Programa de Gobierno.
Ello, sobre la base de dos principios fundamentales:
El primero es asegurar o resguardar de la mejor forma posible el mérito y la capacidad como elementos de ingreso, permanencia, ascenso y promoción de los funcionarios públicos en la Administración. La idea es que el mérito, la capacidad sean los principios rectores, y no otro tipo de factores.
Y el segundo es aumentar los estándares de integridad y transparencia en nuestras instituciones, lo que nos parece muy importante en tiempos de severos problemas de confianza de la ciudadanía en ellas.
Este proyecto ingresó el 6 de julio. Fue discutido en general por la Comisión de Gobierno y se aprobó por unanimidad.
Modifica siete cuerpos legales. Entre ellos, se cuentan algunos tan importantes como la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de intereses, y el Estatuto Administrativo.
¿Y para qué? fundamentalmente, para regular de mejor forma el ingreso y la permanencia en la Administración Pública, así como el tránsito desde ella al sector privado.
Nosotros creemos que en ningún caso hay que construir muros o cortafuegos entre el sector público y el sector privado. Lo que hay que hacer es promover el mérito y establecer exigencias que garanticen que ese tránsito sea fluido, pero bajo los más altos estándares, y que permitan atraer a la función pública a las mejores personas, a los mejores profesionales. Necesitamos contar con buenos directivos y buenos funcionarios públicos.
Por eso, este proyecto de ley incorpora una serie de disposiciones que, como decía, surgen de la recomendación nacional e internacional y de la evidencia comparada.
Por ejemplo, establecer una regulación en la contratación de parientes y familiares de altas autoridades. Yo sé que este es un tema que genera bastante discusión; en esto no hay blanco y negro. Nos parece importante debatirlo para poder encontrar una buena fórmula.
Como se señaló en el informe, el proyecto consigna un conjunto de medidas para regular el asunto de buena manera. Por ejemplo, debe haber un informe del Servicio Civil sobre las capacidades de aquellas personas que quieren ingresar a la Administración y que son parientes de ministros, subsecretarios, intendentes, parlamentarios, entre otros.
También hay normas de transparencia en ese sentido, las cuales establecen mayores obligaciones en las declaraciones de patrimonio e intereses respecto de declarar quiénes son familiares en puestos de la Administración.
Nosotros queremos que ser familiar no sea un beneficio para poder ingresar o tener una promoción en la Administración, pero tampoco queremos que sea un perjuicio. Lo que debe primar es el mérito, la capacidad.
Otras normas que se incorporan son mayores inhabilidades para el acceso a la función pública.
Por ejemplo, se impide que quien haya desarrollado actividades de lobby en los doce meses previos a su ingreso a la Administración lo pueda hacer en el mismo órgano ante el cual realizó el lobby.
También se establece una inhabilidad de ingreso de cinco años a quienes hayan sido sancionados por infracciones a normas sobre conflictos de intereses.
En seguida, se establece una norma que, curiosamente, no está considerada en la actualidad. Existe una restricción para el desempeño de familiares dentro de órganos de la Administración donde tengan relación directa de dependencia y subordinación en cargos gubernamentales. Están todos los funcionarios incluidos en esa disposición, salvo los ministros de Estado, que se hallaban excluidos. Nosotros los incorporamos.
Otro aspecto bien relevante -y con esto voy terminando- es que el proyecto regula el tránsito del sector público al sector privado, al establecer una regla de enfriamiento de doce meses en empresas o instituciones que sean de directa dependencia administrativa del cargo donde se desempeñaron dichos funcionarios, norma que regiría para ministros, subsecretarios y jefes superiores de servicio.
También se fortalece un conjunto de normativas del Congreso Nacional.
Por ejemplo, se regula la forma de promover y materializar el deber de abstención.
Asimismo, se regula el tránsito del sector público al sector privado, prohibiendo el ejercicio del lobby por doce meses.
Y se perfeccionan un conjunto de inhabilidades para desempeñar funciones en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Biblioteca del Congreso Nacional o en los servicios comunes.
En conclusión, señor Presidente, nos parece que en esta materia es de muchísima importancia lograr un acuerdo amplio. Por eso valoramos la votación unánime en la Comisión de Gobierno y esperamos contar con el apoyo del Senado.
Es una muy buena señal que se alcance un acuerdo amplio, y hacerlo en forma proactiva, regulando estos aspectos, que son materias pendientes de nuestra legislación, para ponerla a la altura de los más altos estándares. Ello no se hace como respuesta a una crisis institucional, como suele ocurrir cuando abordamos estas materias, sino anticipando la aparición de conflictos que, al final, causan un perjuicio a la democracia y un deterioro al funcionamiento de las instituciones democráticas.
La calidad de las instituciones democráticas es un factor de progreso. El desarrollo integral no solo depende de contar con una economía pujante, con políticas sociales inclusivas y que permitan superar la pobreza y reducir las desigualdades, sino también de tener instituciones sólidas, como lo muestran la literatura y la evidencia, al servicio del progreso y del desarrollo de una sociedad más libre, más justa, más solidaria.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- A usted, señor Ministro.
Se ha solicitado el ingreso del Subsecretario General de la Presidencia, don Claudio Alvarado.
El señor MOREIRA.- ¡Es necesario...!
El señor MONTES (Presidente).- Es necesario y queremos oírlo.
Se accede a lo solicitado.
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.


El señor MOREIRA.- Señor Presidente, la política no está ajena al devenir de las sociedades, sino que forma parte del proceso cultural de cambios que en ella se producen. Lo que ayer era aceptable hoy no lo es, y la legislación debe ajustarse a los nuevos parámetros que la sociedad nos exige.
El proyecto ingresado por el Gobierno tiene por propósito actualizar la legislación a los tiempos que corren para regular el conflicto de interés en sus tres etapas: al ingresar a la función pública, durante su ejercicio y cuando ella termina.
Se trata de incorporar normas imparciales que regulen, entre otras materias, el tráfico de influencias en la designación de cargos; la salida y llegada de funcionarios de reparticiones públicas; las relaciones de parentesco; la relación perversa de fiscalizadores que se convierten en defensores de los fiscalizados apenas terminada su labor en el
Gobierno.
Pero, para que la integridad -entendida como "el recto comportamiento"- funcione, debe abarcar también al Parlamento, por lo cual el proyecto busca regular y limitar el ingreso de parientes cercanos de diputados, senadores y altos funcionarios de ambas Cámaras.
Aprovecho de pedirle al señor Ministro Secretario General de la Presidencia que ojalá el Gobierno vea la posibilidad de darle urgencia a una propuesta legislativa que está guardada en el cajón de un escritorio: la que limita las reelecciones parlamentarias.
¡Si eso también es transparencia! ¡Dos períodos para los diputados, uno para los senadores!
En aras de lo mismo que estamos hablando acá, de integridad pública, debiéramos llevar adelante ese proyecto, como he conversado reiteradamente con el Presidente del Senado, y me gustaría que mi Gobierno le diera urgencia.
Ciertamente -es muy importante que mi Gobierno sepa esto-, el texto en discusión contiene múltiples falencias, omisiones y, en algunos casos, va más allá de lo recomendable en la regulación de ciertas materias.
Los períodos de exclusión, la regulación excesiva para los lobistas, las funciones del Servicio Civil en la contratación de parientes del Presidente de la República, de diputados, senadores, gobernadores regionales y jefes de servicio merecen especial atención.
Como todo proyecto, este puede y debe ser mejorado. Pero lo que importa en esta etapa es la voluntad del Gobierno de poner el acento en temas que despiertan el interés de la ciudadanía.
Por eso, yo entiendo cuando el Ministro nos habla de que esta iniciativa tiene un valor simbólico no solo para el Gobierno, sino también para este Congreso. Más adelante me voy a referir a eso.
No obstante, debemos ser enfáticos: al mundo parlamentario se lo ha cuestionado severamente en temas de transparencia y probidad. Sin embargo, hemos sido un ejemplo en aprender la lección, llegando a niveles nunca antes vistos de transparencia, e incluso siendo autoflagelantes en las restricciones al establecer nuevos protocolos en nuestro accionar.
Ello no se ha valorado, como comentábamos hace unos días con el Presidente del Senado, a propósito de la iniciativa en análisis.
¡No se ha valorado en su verdadera dimensión que este Congreso haya ido mucho más allá en cuanto a probidad y transparencia!
Los sucesivos gobiernos, todos, aparecen como guardianes de la transparencia y la integridad. ¡Está muy bien! Pero, esencialmente, en el Congreso hemos sido capaces de autorregularnos, y lo hemos demostrado.
Por último, señor Presidente, quiero decir que una democracia sólida se basa en la firmeza de los principios que guían a sus funcionarios públicos: transparencia, regulación del conflicto de interés, meritocracia y responsabilidad.
Termino anunciando mi aprobación a este proyecto, pero solamente en general, en el entendido de que deberemos mejorarlo a través de indicaciones, y hacerle cambios sustanciales, pues hemos recibido críticas y observaciones de fondo y de forma.
Pero, por el valor simbólico que representa, no solo para el Gobierno, sino también para este Parlamento, voto a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la ética pública ha pasado a ser una de las preocupaciones centrales de la gente. Es un efecto positivo de los casos de corrupción que han concitado la atención en el último tiempo.
Pero hay que tener claro que esta demanda no compite con otras, como educación, salud o seguridad.
En el escenario de crisis de confianza que vivimos, la probidad es de una naturaleza distinta; no es un ideal al que aspiremos, sino que es una condición básica exigida a todo servidor público y, en primer lugar, al gobierno de turno.
Por lo mismo, como los derechos sociales requieren de una capacidad financiera del Estado para asumirlos plenamente, la ciudadanía puede aceptar un cierto gradualismo en su reconocimiento e implementación.
No ocurre lo mismo con las demandas que apuntan a elevar los estándares de probidad y transparencia. En esta materia, las personas, especialmente a través de las redes sociales, son más exigentes, diría incluso maximalistas.
Una vez que se cuestiona un punto determinado, como la contratación de parientes por parte de las autoridades, la opinión pública espera una iniciativa radical que elimine completamente esa posibilidad. El gradualismo, que puede ser justificado técnicamente en muchos ámbitos, en esta materia no sirve, porque puede ser evaluado como una concesión a la corrupción.
Hago esta reflexión preliminar para indicar que si bien nosotros podemos valorar todas las iniciativas dirigidas a regular los conflictos de interés, como el presente proyecto enviado por el Presidente Piñera, la ciudadanía puede considerarlas insuficientes o incluso como maniobras dirigidas a blanquear situaciones que, hoy por hoy, simplemente no son aceptables.
Por estas razones, me inclino a pensar que, si vamos a legislar sobre conflictos de interés, entonces debemos hacerlo de manera integral, asumiendo los estándares más exigentes y recogiendo las propuestas que ya hizo la ex Presidenta Bachelet a través de un proyecto el año 2015 (boletín N° 10.140-07) y aquellas incluidas en la moción que modifica la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (boletín N° 11.719-07), fusionándolos con la presente iniciativa, lo que permitiría también remarcar su carácter transversal.
En cuanto al contenido del proyecto de ley, las materias que aborda son, en general, las necesarias para potenciar la ética pública, a saber: normas de ingreso a la Administración del Estado; inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública; incompatibilidades en la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República; inhabilidades en la Ley de Compras Públicas; deberes de abstención, y regulación del tránsito entre el sector público y el sector privado.
Además, el proyecto se refiere específicamente a la situación de los parlamentarios, modificando nuestra Ley Orgánica en los siguientes aspectos: inhabilitación en caso de conflicto de intereses; inhabilidades para desempeñar funciones en el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional; correcto uso de las asignaciones; regulación del ejercicio de la labor parlamentaria y del tránsito al sector privado de exdiputados y exsenadores.
Todos estos aspectos, que están abordados en esta iniciativa legal, pueden recibir mejoras, y así lo haremos en el uso de nuestras atribuciones dentro del plazo para formular indicaciones. El Gobierno se mostró llano a que el proyecto fuese mejorado, y por lo tanto esperamos que, en aquellas indicaciones en que tiene iniciativa exclusiva, recoja con la mayor amplitud de mirada los aportes que efectuaron en la Comisión los expertos, asesores y autoridades, especialmente el Contralor General de la República y el Presidente del Consejo para la Transparencia.
Entre las mejoras que deben resaltarse en esta oportunidad, me permito señalar las siguientes, a título meramente ejemplar.
En primer lugar, preocupa el tratamiento que se hace sobre el nombramiento de parientes de autoridades. El proyecto de ley no lo prohíbe, sino que lo regula, y crea una autorización especial para que personas que tengan vínculo de parentesco con diversas autoridades puedan ejercer funciones, previa emisión de un informe no vinculante. Este aspecto fue duramente criticado en la Comisión y estimamos que debe ser modificado.
En relación con lo mismo, resulta difícil determinar el criterio que se utilizó para elaborar la norma, toda vez que no incluye, por ejemplo, a los miembros del Poder Judicial, de la Contraloría General de la República, de las Fuerzas Armadas, del Servicio Electoral, del Tribunal Constitucional y de tantas otras instituciones. Además, la disposición propuesta no distingue entre cargos de confianza y cargos inferiores sujetos a concurso.
Asimismo, debemos corregir la grave omisión que se produce al estar actualmente prohibido el nombramiento de funcionarios ligados por vínculos de parentesco con la autoridad que los designa, lo que no aplicaría a la máxima autoridad del Estado. No se entiende que una norma que rige para el alcalde de la comuna más modesta del país no rija también para el Presidente de la República.
Por otro lado, el proyecto debiera mejorarse para incluir la protección a los denunciantes de infracciones a la probidad, materia que ha sido planteada por los informes de la OCDE.
Sobre la llamada "puerta giratoria" entre el sector público y el privado, extraña la ausencia de una compensación económica para aquellas personas que no puedan ejercer su profesión dentro del año inmediatamente posterior al cese de funciones.
Igualmente, considero necesario regular el paso desde el sector privado al público. ¿Es aceptable que el presidente de una isapre o de una AFP pase a ser, de la noche a la mañana, Superintendente de Salud o de Pensiones?
Entre las modificaciones que se hacen a la Ley de la Contraloría, se establece una prohibición amplísima a los exfuncionarios de cualquier órgano de la Administración para hacer presentaciones ante la entidad contralora. Esta norma parece estar más motivada por casos concretos que le han preocupado a este Gobierno que por un espíritu de recto ejercicio de la función pública.
En definitiva, votaré favorablemente la idea de legislar y espero que el Ejecutivo tenga disposición a mejorar el proyecto, buscando un acuerdo más amplio y entendiendo que estamos legislando para esta y las futuras Administraciones, y que es un desafío común, de Gobierno y Oposición, contribuir a la recuperación de la confianza de la ciudadanía en la función pública.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Araya.


El señor ARAYA.- Señor Presidente, si bien este proyecto incorpora una serie de modificaciones en distintos cuerpos legales bajo un título bastante rimbombante y ambicioso ("fortalece la integridad pública"), es un proyecto que, en la práctica -hay que decirlo-, resulta demasiado modesto.
A mi juicio, no podemos hablar de una regulación de la integridad pública si, de partida, se está dejando fuera de este ámbito regulatorio a una serie de instituciones, como el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y ciertos organismos constitucionalmente autónomos como el Banco Central y el Servicio Electoral.
En tal sentido, la iniciativa no cumple el objetivo de avanzar en una reforma profunda en materia de integridad pública, sino que más bien es una reforma de carácter cosmético y circunstancial que surgió -hay que decirlo también- como respuesta a un nombramiento puntual que en su minuto quiso hacer el Presidente de la República, duramente cuestionado por la opinión pública, al momento de querer nominar a su hermano como embajador en Argentina.
La prensa ha sostenido que este es el "proyecto antinepotismo", pero es necesario aclarar que nuestra legislación actual ya contempla una serie de normas que impiden el nepotismo al interior de la Administración del Estado. Lo que esta propuesta legal busca, en mi opinión, es más bien una suerte de blanqueamiento de ciertas contrataciones, dado que establece, en una forma bastante alambicada, que si una autoridad quiere contratar a un pariente en el aparato estatal lo podrá hacer, en la medida en que este tenga las capacidades para ejercer el cargo y un organismo del Estado como el Servicio Civil certifique que la persona posee las competencias para cumplir la función de que se trate.
Si bien el nepotismo es una de las manifestaciones de la corrupción, no es, a mi juicio, la más grave ni la más masiva que afecta en la actualidad a la institucionalidad pública. Hoy vivimos en un mundo tecnológico que nos permite conocer, casi instantáneamente, el nombramiento de una persona y establecer si ella tiene o no vínculos al interior de la Administración o de un órgano del Estado. Existen herramientas de control público, político y jurídico, que hacen posible cotejar tal situación. Basta pensar, por ejemplo, en la cantidad de reportajes que se han efectuado respecto de los parentescos que ciertas autoridades o algunos alcaldes tienen con personas que trabajan en organismos públicos.
En mi concepto, el verdadero problema es otro, en cierta medida abordado en la iniciativa, y dice relación con el tránsito de ciertas personas desde el mundo público al privado, y viceversa, para ejercer determinados cargos y que públicamente se llama "puerta giratoria". Es decir, un funcionario público que fiscaliza a una institución cesa en su función pública y pasa a desempeñarse en la misma institución que fiscalizaba, lo cual claramente levanta muchas sospechas en cuanto al posible trato favorable que pudo haber recibido determinada empresa de parte del funcionario que cesa en su cargo y que ahora aparece contratado por ella.
Lo mismo puede predicarse del empleado que, trabajando en una institución privada, llega a desempeñar una función pública en un organismo encargado de fiscalizar a su antiguo empleador, lo que también levanta suspicacias respecto de la imparcialidad que pueda tener ese funcionario en orden a entregar un trato preferente a la entidad que pasa a fiscalizar.
Por lo mismo, creo que debiéramos cambiar el foco de la discusión. Este no es -vuelvo a insistir- un proyecto contra el nepotismo, sino uno que tendría que centrarse donde verdaderamente se producen los conflictos de integridad pública y que se relacionan, justamente, con los casos de "puerta giratoria".
Entrando ya en el análisis particular del texto que se somete a nuestra consideración, pienso que la exigencia de un informe para el nombramiento de parientes -ya lo anticipé- debe perfeccionarse desde varios puntos de vista.
En tal sentido, tendremos que buscar un punto de equilibrio. Si queremos que parientes puedan trabajar en la Administración Pública, ello deberá permitirse de un modo distinto de aquel en que está planteado en el proyecto, dado que, en la forma como hoy se halla redactado, el informe a elaborar más bien parece una suerte de blanqueamiento del nombramiento por parte de la autoridad y, como consecuencia de ello, daría a entender que se levantan las barreras que actualmente existen para que el parentesco siga siendo un impedimento para el ingreso a la Administración.
En el mismo sentido, si bien comparto el objetivo general de la iniciativa en orden a mejorar el estándar en materia de probidad e integridad pública, existen diversos aspectos que deberemos perfeccionar durante su discusión particular.
Por tal razón, y como una forma de avanzar, el Ejecutivo y los asesores de los distintos Senadores y Senadoras van a mantener reuniones a fin de ir consensuando determinados puntos y tener una legislación robusta e integral en este ámbito.
Con todo, considero necesario recoger el llamado que hizo en la Comisión el Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, en cuanto a la necesidad de realizar una efectiva reforma en materia de compras públicas y de contratación de personas en la Administración, tendiente a establecer un sistema mucho más transparente y ágil que permita elevar los estándares de transparencia y probidad en todo el actuar estatal.
En lo que concierne a las disposiciones que se proponen para el Congreso Nacional, hay que destacar que muchas de ellas ya han sido recogidas por nuestra Comisión de Régimen Interior y por distintas normativas dictadas por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, por lo que me parecería adecuado llevar varios de tales preceptos, hoy de rango reglamentario, al marco legal. Es necesario dejar establecido que el Parlamento ya tiene normas que impiden la contratación de parientes.
Por lo tanto, este es un proyecto del Ejecutivo que trata de ser muy pomposo, pero que, en la práctica -vuelvo a decirlo- regula una materia que ya se encuentra legislada.
Sí considero necesario regular la situación de los parlamentarios que cesan en sus cargos. Hoy día se plantea que ellos no podrán ejercer funciones de lobby ni tampoco realizar gestiones de intereses particulares por el plazo de un año contado desde la cesación en la función legislativa. Esta prohibición no resulta concordante con lo que se exige para el resto de los organismos del Estado que se regulan en el proyecto y, en lo personal, no veo cuál sería la razón para establecer una prohibición tan amplia que impida a los exparlamentarios realizar gestiones de lobby.
En mi opinión, estas son normas que habrá que discutir con mucho cuidado, porque pueden ser atentatorias contra la libertad de trabajo e infringir garantías constitucionales de quienes dejan de desempeñarse en una función pública, en este caso como Senadores o Diputados, impidiéndoles ejercer una actividad lícita en el sector privado.
Sobre esto último, quiero dejar establecido lo siguiente. El lobby y la gestión de intereses particulares constituyen una labor lícita e incluso positiva que el Congreso ha venido regulando. Lo importante es que ella se lleve a cabo de manera transparente. Además, se trata de una actividad que se realiza en representación de terceros que podríamos denominar "mandantes", y sin embargo no se dice qué ocurre con el mandante de un exparlamentario contratado por él.
Por eso, reitero que el proyecto presenta bastantes falencias, las cuales quedaron a la vista en la discusión general.
Para mí, es importante contar con una ley de integridad y probidad pública que efectivamente les devuelva la confianza a los ciudadanos. No obstante, el proyecto, tal como está planteado, es bastante pomposo, pero -vuelvo a insistir- muy modesto en esta materia.
Ojalá que esta sea la oportunidad para normar una serie de áreas grises que se observan al interior de la Administración del Estado y que hasta el momento no han sido objeto de una regulación adecuada, principalmente en lo que dice relación con -y aquí es donde creo que está el principal problema- la "puerta giratoria", sea de privados que ingresan al aparato público, sea de ex funcionarios públicos que pasan a cumplir funciones particulares.
Asimismo, creo que también esta es la oportunidad para revisar la Ley de Lobby, en cuyo funcionamiento, que todos hemos apreciado, todavía existen bastantes áreas grises respecto de las obligaciones de los lobistas, entre otras cosas.
Finalmente, señor Presidente, voy a votar a favor la idea de legislar, pero haciendo presente que resulta indispensable efectuar diversas modificaciones, porque el proyecto tiene mucho de título, pero es poco lo que avanza en lo sustancial en orden a una regulación integral de la probidad pública. Y en esto, como ya señalé, hago mías las palabras del Contralor General en cuanto a la necesidad de contar con una nueva legislación en materia de ingreso y, sobre todo, de permanencia en la Administración del Estado, pues el texto no toca una serie de situaciones y de conflictos que se producen con los funcionarios mientras se mantienen al interior del aparato público.
Gracias.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.


La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, el presente proyecto me parece, sin duda, importante y necesario, y se inserta en el contexto de iniciativas que fortalecen la democracia y enaltecen la función pública.
La probidad, señor Presidente, no es una simple recomendación, sino un deber cuya transgresión puede y debe acarrear responsabilidades y sanciones.
Resulta conveniente destacar que el mensaje presidencial que acompaña a esta propuesta legal constituye una señal muy positiva para el Congreso, en el cual ya se han acogido diversas modificaciones legales sobre la materia impulsadas por mociones de parlamentarios de distintos sectores.
Varias disposiciones de este proyecto avanzan, en mi opinión, en el sentido correcto y se hacen cargo adecuadamente de aminorar los espacios para eventuales objeciones, fortaleciendo la meritocracia y estableciendo el deber de abstención para prevenir conflictos de interés en la Administración central y en el Congreso, con normas relativas a las compras públicas, en fin.
No obstante los efectos positivos que a mi juicio presenta la iniciativa, creo importante que en su estudio en particular se consideren también los potenciales desincentivos que pueda producir para atraer nuevos y buenos talentos a la Administración del Estado y a la función pública. Tenemos que ser capaces de buscar ese equilibrio.
En conclusión, señor Presidente, voy a votar favorablemente el proyecto en general, pues, en mi opinión, representa una oportunidad y un desafío: una oportunidad para mejorar en su discusión pormenorizada todas las normas que contiene y las observaciones recibidas, en muchos casos compartidas en la Comisión de Gobierno, particularmente respecto de algunas formuladas por el Contralor General, y también constituye un gran desafío para que, después de su debate en detalle, seamos capaces de alcanzar, en definitiva, el objetivo que buscamos, como es dotar de mayor transparencia a la contratación de personal en la Administración del Estado; regular el tránsito entre el sector público y el privado de estos funcionarios; evitar y transparentar los conflictos de interés, asegurando que las personas altamente calificadas y con vocación de servicio puedan ingresar al aparato público, sin desincentivar, como ya dije, que nuevos talentos se incorporen a él y sin castigar y discriminar a los parientes de autoridades. Estos no pueden ser beneficiados por ser parientes, pero su relación de parentesco tampoco los debe perjudicar o constituir una carga.
Tenemos que ser capaces de buscar ese equilibrio, asegurando la transparencia de las contrataciones, pero en ningún caso llegando al punto de prohibirlas por completo.
Voto favorablemente en general la iniciativa, que considero que va en la línea correcta.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.


El señor DURANA.- Señor Presidente, el proyecto de ley que fortalece la integridad pública tiende a evitar que el nepotismo sea un elemento que enturbie los nombramientos de los servidores públicos y, en ese sentido, la idea de legislar en esta materia constituye un avance en la probidad que debe rodear al aparato administrativo del Estado.
Con tal propósito, la normativa otorga competencia al Director Nacional del Registro Civil para que, en caso de nombramiento o contratación en la Administración del Estado del cónyuge, conviviente civil o pariente dentro del tercer grado por consanguinidad o dentro del segundo grado por afinidad de algunas autoridades y representantes del Estado, pueda informar sobre los años de experiencia del candidato, sus años de experiencia calificada, sus conocimientos asociados, así como su integridad. Este informe, de acuerdo al proyecto de ley, deberá ser sometido, además, al conocimiento previo del Consejo de Alta Dirección Pública.
Tal como está planteada la iniciativa, el requisito del informe previo de experiencia, competencia e integridad será aplicable a cualquier contratación en la Administración del Estado, independiente de si esta tiene relación con el organismo en el cual el cónyuge, conviviente civil o pariente dentro del tercer grado por consanguinidad o dentro del segundo grado por afinidad se encuentre prestando servicios.
La normativa propuesta es tan excesiva que resulta impracticable. Establece un régimen de desigualdad entre las personas que, para estos efectos, tienen "la desgracia" de ser parientes de ciertas y determinadas autoridades o servidores públicos del Estado, al tener que ser sometidas a criterios de calificación que no se aplican con carácter general. De la misma forma, al establecerse un tercer grado de parentesco implica que se aplica a sobrinos, nietos, tíos y abuelos, lo que constituye un desincentivo para la función pública, creando una categoría de "ciudadanos sospechosos" por el solo hecho de poseer un grado de parentesco, aun cuando no tengan una relación familiar que se traduzca en cercanía o dependencia económica, lo cual resulta injustificable.
El artículo 55 bis propuesto dispone que no podrán desempeñar funciones de Ministro, Subsecretario, jefe superior de un órgano u organismo de la Administración del Estado las personas que hayan realizado lobby ante ese organismo dentro de los doce meses anteriores a su nombramiento. Esta prohibición contradice el texto expreso del artículo 32 de la Constitución Política del Estado, el cual establece que es atribución especial del Presidente de la República "Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, intendentes y gobernadores". La Constitución no coloca un límite de parentesco.
Por otra parte, los artículos 57 y 58 del proyecto instauran prohibiciones que afectan a los funcionarios públicos para desempeñar ciertas funciones después de haber cesado en sus cargos, por períodos determinados de tiempo, señalándose que deben inhibirse de prestar servicios gratuitos o remunerados, o incluso de adquirir participación en entidades privadas que hayan estado sujetas a la fiscalización de entidades fiscalizadoras que se relacionen con el Presidente de la República a través del respectivo Ministerio para el que desempeñaron funciones, generando un abanico tan amplio de inhabilidades que resulta incontrolable, y sin establecer mecanismos de compensación para quien tenga, dadas estas circunstancias, la muy mala idea de ser funcionario público.
Es más, estos exfuncionarios quedan con la obligación de informar al organismo al cual pertenecían, durante un período de doce meses, de todas sus participaciones societarias, o de la prestación de servicios que realicen en el sector público o en el privado, sea o no remunerada, lo cual significa una carga injusta y difícil de sobrellevar para el exfuncionario público.
Voy a votar a favor de este proyecto en general, pero espero que en la discusión en particular se puedan enmendar ciertas normas que efectivamente son injustas para muchos funcionarios que pasarían a ostentar la categoría de "funcionarios sospechosos".
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kast.


El señor KAST.- Señor Presidente, felicito al Ejecutivo, particularmente al Ministro Blumel, quien ha estado detrás de este proyecto, porque todos sabemos que a veces es más cómodo obviar estas realidades; olvidarse de ellas.
Cuando se quiere profesionalizar el Estado, transparentarlo, generar mayor confianza en la ciudadanía, se requiere del mundo político que seamos capaces de renunciar a muchos privilegios, lo que por muchos años, desgraciadamente, no ha ocurrido. Y, entre estos se encuentra que sea el mérito, el esfuerzo, el que determine crecientemente quiénes entran y quiénes no al Estado.
Este es un deber moral porque, al final, el Estado es justamente el músculo, la herramienta que tenemos para construir una sociedad más justa.
Primero, en el proyecto se regula la contratación de parientes en el Estado de una forma inteligente, de una forma sofisticada, en que se le pide a la Alta Dirección Pública elaborar un informe en caso de que haya un parentesco, de modo tal que tengamos la tranquilidad de que cuando alguien entre al Estado lo haga por su mérito y no simplemente por su relación de parentesco.
Segundo, esta iniciativa va más lejos y hace algo muy importante: que las relaciones privadas que generen conflicto de interés también se puedan regular, e impide que los lobistas, aquellos que han trabajado no por el interés público, sino por un interés particular, puedan entrar a trabajar en algún Ministerio antes de un año de dejar sus funciones.
Eso permite también aislar y generar una muralla entre los intereses de unos y de otros.
Tercero, otro elemento fundamental tiene que ver con las inhabilidades en la ley de compras públicas.
Sabemos que el Estado es un gran comprador y que tiene un poder de compra gigantesco. Por lo tanto, se quiere evitar que funcionarios públicos puedan aprovecharse de esa influencia, de esa información privilegiada y, finalmente, acceder a compras del Estado en una forma poco correcta.
Cuarto, se impide la famosa "puerta giratoria". Esta lógica de que alguien que entra al Estado adquiere un conocimiento privilegiado y, finalmente, es sacado desde algún sector privado para extraer esa expertise que adquirió frente a todos los chilenos a fin de hacer uso de ella. En consecuencia, se termina con esta lógica de la "puerta giratoria" que hace que tengamos una competencia poco sana.
Como punto quinto, este proyecto de ley regula al Congreso. Y, obviamente, prohíbe que con las asignaciones parlamentarias se contrate a familiares, a parientes.
Finalmente, solo quiero dar mis agradecimientos.
En nombre de Andrés Molina, Diputado que viene trabajando desde hace años por que efectivamente tengamos una ley de mayor transparencia, agradezco al Presidente de la República, Sebastián Piñera, y al Ministro Gonzalo Blumel, porque, en lugar de evadir este problema, se lo enfrenta con valentía, con decisión y, sobre todo, con seriedad y profesionalismo.
Voto a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Castro.


El señor CASTRO.- Señor Presidente, el proyecto busca establecer limitaciones al ingreso a la función pública en el Gobierno Central, en sus organismos y también en el Congreso Nacional, con el fin de prevenir los conflictos de interés.
Por otro lado, las limitaciones a la contratación que se les imponen a los trabajadores podrían resultar atentatorias contra la libertad de trabajo, consagrada en el numeral 16° del artículo 19 de la Carta Fundamental, que asegura a todas las personas:
"La libertad de trabajo y su protección.
"Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución.".
Sobre el mismo punto, el artículo 8° de la Constitución, inciso cuarto, señala:
"Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública.".
El mandato de la Constitución es restringido. Es más, toda restricción a las libertades individuales y derechos fundamentales debe ser interpretada restrictivamente. No podemos de este modo construir leyes tan rígidas que terminen por afectar la función pública.
También hay que señalar que, lamentablemente, el proyecto solo se refiere a dos Poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, dejando fuera a organismos autónomos como el Ministerio Público, el Banco Central, el Poder Judicial, las universidades, las Fuerzas Armadas.
La iniciativa sujeta el ingreso de los familiares de altas autoridades a un informe del Servicio Civil.
Establece que no podrán desempeñar las funciones de Ministro, Subsecretario, jefe superior de servicio ni directivo superior de un organismo de la Administración del Estado los lobistas que aparezcan inscritos en el registro, independiente de los intereses que representen.
Los exministros, subsecretarios y jefes superiores de servicio no podrán prestar ningún tipo de servicio, gratuito o remunerado, ni adquirir participación en la propiedad de entidades privadas que hayan fiscalizado o se hayan relacionado de alguna manera en el ejercicio de su cargo.
Lo anterior se aplica a entidades fiscalizadoras hasta el tercer grado jerárquico.
Las infracciones se determinarán por la Contraloría, y las multas podrán ir de 100 a 2 mil UTM
Se limita a los abogados. Sin embargo, aquellos que sirven a los intereses de ambas partes en algún momento de las causas o trámites se encuentran ya sancionados, incluso por normas de carácter penal.
El proyecto apunta a un tema sensible: al adecuado ejercicio de la función pública. Sin embargo, es necesario que las normas no afecten de forma tan profunda a las personas, llevándolas al límite de verse totalmente privadas de sus garantías y derechos.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que el conjunto de normativas que tiene este proyecto de ley, que busca normar la actividad pública, fortalecer la integridad pública, dice relación con áreas respecto a las cuales existía mucho consenso. ¡Había que regularizarlas!
El Parlamento ya hace rato que dispuso que no puede haber parientes trabajando, en este caso, en el Senado. Y fue una norma interna la que estableció aquello. Eso puede ser doloroso, a veces incomprensible, pero da cuenta de una necesaria transparencia.
Y, en este sentido, señor Presidente, yo quiero destacar que la Ley del Lobby tuvo un largo y doloroso proceso en el Congreso. Yo recuerdo que viajé a Washington, estuve con los Senadores, estuve con la empresa lobista. Hicimos una propuesta y el proyecto tardó más de 10 años en convertirse en ley.
Sin embargo, esa ley existe hoy y comienza lentamente a funcionar y a dar frutos. ¡Se regula el lobby! Aun cuando eliminarlo es muy difícil.
Yo quiero señalar que doce meses de prohibición no pareciera ser un período adecuado. Cito el caso, por ejemplo, del Superintendente de Casinos de Juego, que a los cuatro meses de dejar su cargo estaba en la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado (FIDEN), que reúne a los empresarios de los famosos casinos populares. Solo cuatro meses después de haber sido un adversario, porque la Superintendencia de Casinos enfrentó a estos casinos ilegales, se desempeñaba como su principal asesor y lobista, viniendo al Parlamento, concurriendo a la Comisión pertinente.
Entonces, repito que siento que doce meses no es un período adecuado, porque hay mucha información acumulada.
La contrapartida de esto es decir: "cómo le van a limitar la libertad de trabajo a una persona. Lo dejarán sin trabajar.".
En la legislación norteamericana hay una limitación de dos años. Y se establece una remuneración transitoria que impide a quienes han formado parte de directorios, sociedades anónimas, o entes reguladores, pasar al servicio de la contraparte.
Me parece que el período de doce meses es corto y debiera perfeccionarse.
En segundo lugar, quiero recordar que durante muchos años existió para los Senadores la declaración de intereses; y a veces esta constaba de una sola línea.
En su oportunidad, con el Diputado Zarko Luksic ingresamos un proyecto de ley, que se aprobó en la Cámara Baja, que establecía la declaración de intereses y de patrimonio. Y se generó un duro debate en el Senado.
Recuerdo que se argumentaba que el conocimiento del patrimonio de los Senadores dañaría su imagen pública, que formaba parte de su intimidad y privacidad. Pero claramente aquello ha cambiado. Nuestra Corporación tiene declaración de intereses y de patrimonio desde hace bastante tiempo.
Hoy día la exigencia a un conjunto de funcionarios públicos, incluso a parientes cercanos, que se ha determinado, me parece que es un paso fundamental en materia de transparencia.
Del mismo modo, la sanción que se establezca por el conflicto de intereses debe ser una capaz de desincentivarlo. Porque si es menor que el beneficio que se persigue, tendremos de manera permanente la violación o transgresión de estas normas.
En este sentido, la prohibición de celebrar contratos de servicio o de suministros con funcionarios o directivos que afecta a órganos de la empresa es un tema que debe considerar a los llamados "palos blancos".
Es decir, claramente se requiere investigación. Y en caso de conflicto de intereses, la Fiscalía Nacional Económica tiene que investigar.
En cuanto a los parlamentarios, se ratifica una cosa que ya hacemos. En esta Sala muchos se inhabilitan por tener conflictos de intereses, aunque efectivamente la norma no es muy clara. Y, en varias ocasiones, por tener un pariente que -entre comillas- "se podría beneficiar" con la ley, los parlamentarios se abstienen de votar.
Quiero señalar que cuando hemos aprobado beneficios para los profesores, siempre he votado a favor, no me he abstenido. Porque forma parte de una cuestión general. Es un tema que habría que delimitar muy bien en la ley.
Si hay un colega que es ingeniero, o que forma parte de una comunidad muy amplia, resulta...
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se acabó su tiempo, señor Senador.
El señor NAVARRO.- Le pido un minuto adicional, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Lo tiene, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Decía que resulta muy difícil explicar por qué se abstiene o se inhabilita, en vez de apoyar a ese gremio o a esa comunidad muy amplia a que pertenece.
En tal sentido, yo esperaría que pudiéramos hacer un análisis más minucioso y detallado, de manera de perfeccionar el texto y hacer comprensible el por qué uno se abstiene.
Lo digo, porque en algunas oportunidades, una o dos, me he abstenido. Y he recibido críticas. No ha habido un agradecimiento. En vez de ello, me han preguntado: ¿Usted, por qué se abstiene? ¿Entonces, estaba en contra?
Cuesta mucho explicarlo. Por lo tanto, la norma que determina la inhabilitación debe ser muy explícita y detallada, de modo que no se haga una doble interpretación.
Creo que contribuiremos a la transparencia con este proyecto.
En consecuencia, voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Finalmente, tiene la palabra la Senadora señora Aravena.


La señora ARAVENA.- Señor Presidente, quiero comenzar mis palabras agradeciendo a mi amigo y Diputado de nuestro Partido Evópoli, Andrés Molina, que hoy está presente en la Sala, por colocar un tema que no es fácil, que se relaciona justamente con asuntos de probidad, transparencia y, finalmente, con ir instalando en nuestro país el tema de la confianza en las instituciones.
También agradezco al Presidente de la República, por haber tenido la generosidad, la premura y la agilidad de redactar un proyecto que, como lo mencionaban muchos de mis antecesores, requiere discusión, análisis y perfeccionamiento.
Y ya el hecho de poder estar hoy discutiendo asuntos que en diversas conversaciones van generando e instalando dudas en la institucionalidad provoca que, de alguna manera, haya que ir legislando y mejorando lo existente.
Desde 2005 se instaló el reconocimiento constitucional del concepto de "probidad". No ha pasado tanto tiempo. Pero desde ese año hasta la fecha se han instalado numerosas institucionalidades y leyes vinculadas a la transparencia, a la probidad y a la función pública: la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, la ley N° 20.730, que regula el Lobby, la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.
Lamentablemente, pese a todos los esfuerzos institucionales de muchos Senadores, Diputados y Gobiernos que nos han antecedido, la desconfianza sigue siendo un problema en el país.
Investigadores del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica muestran que Chile se ubica dentro del 30 por ciento de los países con menor confianza social en el mundo. Es el número cinco de Latinoamérica respecto a la confianza. Y, lamentablemente, es el país donde más desconfianza hay en toda la OCDE.
La confianza siempre es muy difícil de ganar y, lamentablemente, muy fácil de perder.
En ese contexto, considero que, a pesar de todas las leyes que hemos tenido, debemos seguir haciendo esfuerzos por mejorar la institucionalidad, por hacerla más transparente y por trabajar siempre sobre la base de la probidad y el mérito.
Nuestro país no solo requiere leyes que generen todas estas alternativas, sino también una sociedad civil empoderada que también dé garantías de que vamos a ir cada día aumentando la confianza, que no solo tiene que estar depositada en el buen quehacer de las autoridades, sino también en cada uno de los ciudadanos.
Voto a favor de este proyecto, esperando que llegue a buen puerto lo antes posible.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No hay más oradores inscritos para intervenir.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional requerido, y se fija como plazo para presentar indicaciones el jueves 8 de noviembre.
Votaron las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.