REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 366ª
Sesión 59ª, en martes 16 de octubre de 2018
Especial
(De 15:17 a 16:49)
PRESIDENCIA DE SEÑORES CARLOS MONTES CISTERNAS, PRESIDENTE,
Y CARLOS BIANCHI CHELECH, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO SUBROGANTE, EL SEÑOR JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrió, además, el Ministro de Defensa Nacional, señor Alberto Espina Otero.
Asimismo, se encontraban presentes el Fiscal Nacional Económico subrogante, señor Mario Ybar Abad; el Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO, señor Sebastián Sichel Ramírez, y el economista, señor Manuel Cruzat Valdés.
Actuó de Secretario General subrogante, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 15:17, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
OPERACIONES COMERCIALES RELATIVAS A AGENTES VINCULADOS A LITIO Y DESARROLLO DE MEDIDAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EXPLOTACIÓN ÓPTIMA
El señor MONTES (Presidente).-
La presente sesión especial fue convocada con la finalidad de tratar los últimos acontecimientos respecto de las operaciones comerciales relativas a agentes vinculados al litio y el desarrollo de medidas y políticas públicas que permitan una adecuada y óptima explotación del metal.
Ello obedeció a una solicitud de Senadores y Comités que representan un tercio de los miembros en ejercicio de esta Corporación.
Se invitó al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, quien informó hace un rato breve que no podía llegar; al señor Fiscal Nacional Económico; al señor Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO, y al economista señor Manuel Cruzat Valdés.
Puede intervenir el Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO, señor Sebastián Sichel, quien quería partir explicando el marco general.
Los invitados disponen de un total de 36 minutos, de acuerdo con el cálculo de la Secretaría. Es preciso distribuir ese tiempo con la inclusión del señor Cruzat.
El señor SICHEL (Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO).-
Señor Presidente, voy a exponer rápidamente tres situaciones, pero lo primero es por qué la CORFO está involucrada en el tema del litio, de qué relación se trata y cuál es la historia de los contratos, para terminar contando la situación contractual en este momento.
Por qué la CORFO está vinculada al litio es la primera pregunta que uno se hace cuando ve a esta institución de fomento relacionada con esa industria, y dice relación con dos dimensiones.
Una de ellas es su naturaleza de propietaria de pertenencias mineras en el salar de Atacama, particularmente, lo que se halla ligado, por lo tanto, al proceso histórico de suscripción de contratos para su explotación. Los primeros datan de 1978, 1979. Hubo posteriores actualizaciones en el año 1986 y nuevas suscripciones a mediados de los noventa.
A ello se agrega lo resuelto en el Gobierno anterior entre diciembre y marzo del año 2017, donde se suscribió un contrato con SQM para la explotación hasta el año 2030, y con Albemarle, hasta el año 2043.
Lo que se hace, con una diferencia jurídica en la naturaleza de los contratos, es dar en arrendamiento la pertenencia minera a SQM desde el año 1979. En el caso de Albemarle -es la evolución histórica de una empresa original creada por la CORFO, que era la Sociedad Chilena de Litio, en la que entregó las pertenencias en propiedad-, se cobra una renta por la explotación del litio.
¿Por qué son importantes las dos distinciones? Porque datan de antes de la promulgación de la Constitución de 1980. Son de 1978, 1979. El origen de los contratos se vincula, entonces, con una figura jurídica distinta, anterior a la declaración de sustancia no concesible por la Carta. Ello ha hecho, finalmente, que hayan perdurado en el tiempo con una figura que no es de las contempladas en la Constitución para la explotación.
Lo que se puede ver, en consecuencia, es que en las negociaciones últimas, en 2016, 2017, ha habido renovaciones de los contratos originales, lo que significó, en el caso de Albemarle, extender el plazo hasta 2043, y, en el de SQM, a través de un arbitraje, mantenerlo hasta el año 2030. Hubo impacto en los ingresos para el Estado y, además, como conté, en las condiciones específicas generadas.
Estoy dando una explicación rápida.
La CORFO, en consecuencia, solo tiene incidencia, en materia de propiedad del litio, respecto del salar de Atacama y no en el resto de los más de veinte existentes en Chile, y solo en cuanto a los derechos donde posee pertenencias particulares o aportó en propiedad en ambas sociedades. En el resto de los salares, por lo tanto, no tenemos ninguna competencia en su explotación o exploración específicas.
Además, específicamente en 2017, en diciembre con Albemarle y entre enero y marzo en el cierre con SQM, se cambió una parte de las cláusulas contractuales y se procedió, por lo tanto, a modificar y suscribir los contratos en nuevas condiciones.
¿Por qué lo cuento? Porque, cuando asumimos como Gobierno, nos tocaron dos contratos celebrados, suscritos y con particularidades bastante relevantes que vale la pena detallar.
La primera más importante es que, en el caso de Albemarle, como la CORFO había aportado en propiedad las pertenencias mineras a la creación original de la Sociedad Chilena de Litio, se puso fecha cierta de término al contrato original -originalmente no la tenía-, fijándose el año 2043.
Lo segundo es que se fija por primera vez a la empresa el pago de comisiones específicas por la venta del litio y transferencias posteriores.
Se permite el control financiero y la fiscalización de los contratos, de los cuales carecía antes el Estado.
Por primera vez se consideran más aportes en I+D específicos para el litio y se contempla un incentivo para la producción de industria de valor agregado en Chile.
Esas fueron las modificaciones suscritas en diciembre.
En el caso de SQM, se determina por primera vez una renta de arrendamiento y se fiscaliza su pago. Es deudora por ese concepto de veinte años hacia atrás.
Se fijan impedimentos hasta 2030 en los gobiernos corporativos, lo que ha sido objeto de bastante discusión pública. Básicamente, integrantes de la familia Ponce Lerou, en grado consanguíneo hasta primo o tío, no pueden participar como gerentes o ejecutivos en la empresa.
Se consideran aportes en I+D y se agrega industria en valor agregado.
¿Por qué cuento la historia? Porque es superrelevante para la discusión venidera. Si bien los contratos estaban suscritos, queda una tarea gigantesca, que tiene que ver con fiscalizar y supervisar su cumplimiento. Y no son ni los mejores ni los peores del mundo, sino que, como todo contrato, contuvieron cláusulas que muchas veces quedaron abiertas o con redacciones que fueron fruto de negociaciones. Ha sido un trabajo bastante arduo de la CORFO poder focalizar y fortalecer el trabajo de fiscalizar.
Contexto global: hoy día el litio significa en el mercado algo así como 0,8 billón de dólares de ingreso para Chile. Se espera que con estos contratos -ceteris paribus, sobre la base de que todo sigue igual- llegue a ser de 1,4 billones solo en la comercialización.
La gran pregunta es cómo se genera, a partir de ello, una industria de valor agregado, que era el objeto que se puede relevar, y cómo ella al final provoca efectos específicos.
¿En qué estamos hoy día? Lo expliqué bastante rápido y lo dejo en las modificaciones contractuales.
Lo más importante es velar por una correcta ejecución, que ha enfrentado al menos tres lomos de toro en el proceso concreto. El primero -y más significativo- ha tenido que ver con la generación de la industria de valor agregado, para lo cual una cláusula específica se refería a que el 25 por ciento de los productos por comercializar se deberían vender en Chile a un precio preferente. Ambos contratos la contemplaban. En el caso de Albemarle, no hemos llegado a acuerdo hasta el día de hoy respecto del valor de venta conforme a lo definido, y respecto de SQM, vamos a hacer una licitación a fines de diciembre.
Segunda gran obligación: construir un centro de transición energética y materiales avanzados para el litio en la Región de Antofagasta, a lo cual se destinarán recursos destinados específicamente por los contratos. El llamado se hará a principios de noviembre. Es el centro más grande en la historia que creará Chile, con alrededor de 20 millones de dólares de inversión inicial que emergen de ellos y que las empresas le pagan directamente a la entidad.
Y una tercera dimensión -tiene que ver, probablemente, con esta conversación- es fiscalizar el adecuado funcionamiento y cumplimiento de las normas del contrato, que han presentado bastante complejidad. Se trata del acatamiento de las empresas a los límites en los gobiernos corporativos que les habíamos puesto y de evitar específicamente prácticas que puedan afectar la competencia en el sector.
Resuelvo dos cosas antes de terminar. En primer lugar, se ha registrado un proceso de fiscalización superdura a partir de los contratos conocidos en el caso de SQM y en cuanto a asesorías de parte de la familia Ponce Lerou. Activamos una denuncia a la Comisión para el Mercado Financiero a fin de que se realizara el proceso de supervisión en el caso de que se afectaran o incumplieran deberes fiduciarios de los directores al nombrarse algún asesor.
En seguida, hemos ratificado una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica y presentado antecedentes relevantes a partir de la compra efectuada por Tianqi de una participación minoritaria dentro de SQM.
Lo hecho como CORFO es asumir que nuestro rol no importa ser el organismo controlador ni de la competencia ni del buen funcionamiento de gobiernos corporativos, sino activar la institucionalidad competente del Estado para resolver los conflictos. Hemos perseguido que esta última finalmente cumpla su objetivo a partir de la denuncia realizada por la CORFO respecto de la Fiscalía y del acuerdo suscrito en relación con el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
En el caso uno, estamos esperando que la Comisión para el Mercado Financiero resuelva la controversia que hasta el día de hoy está pendiente por la investigación iniciada.
Eso es cuanto puedo informar en la primera fase.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Señor Presidente, sin duda que esta sesión especial obedece a nuestra plena convicción de que el futuro se hallará marcado por la electromovilidad y por transformaciones que darán una gran oportunidad a los países poseedores de litio y cobalto.
Pero creemos que es también el momento de resarcir los errores cometidos con el litio. Solo a partir del año 2016 hemos tenido una política nacional al respecto y de gobernanza de los salares, a la cual contribuyó una comisión integrada por científicos, profesionales, expertos, autoridades y exautoridades de todos los sectores y ámbitos de nuestra sociedad.
¿Y cuáles son sus principales conclusiones y propuestas?
-Que el litio debe seguir siendo un mineral no concesible, al que se debe incorporar valor agregado.
-Que la explotación de los salares debe asegurar su sostenibilidad, con consulta a los pueblos originarios.
Permítame consignar, señor Presidente, que la Comisión de Minería y Energía, que presido, ha escuchado durante el año a las actuales autoridades de la CORFO, a quienes asumieron la responsabilidad en el Gobierno anterior, a la Superintendencia del Medio Ambiente, a la Dirección General de Aguas, al Consejo de Defensa del Estado y a las comunidades de San Pedro de Atacama. Es decir, durante este tiempo hemos estado convencidos de la existencia de un serio riesgo respecto del aseguramiento de la sostenibilidad de nuestros salares.
-Que se debe crear una empresa nacional del litio, encargada de la exploración y explotación mediante acuerdos públicos/privados en que se reserve al Estado el rol de controlador de todos los proyectos mineros productivos en los salares.
-Que, en el caso de eventuales propuestas de asociación para proyectos de exploración y explotación en los salares de Maricunga y de Pedernales -porque siempre se hace referencia al de Atacama-, donde hay importantes pertenencias de CODELCO, se sugiere que los inicie esta o una de sus filiales.
Como lo ha dicho hace un momento el señor Vicepresidente, existen fuertes debates entre la CORFO, titular de las concesiones en nombre del Estado, y operadores privados como SQM y Albemarle para modificar los contratos y que se contemplen en el futuro cláusulas más positivas para el medioambiente y las comunidades que tienen como parte de su cosmovisión, desde mucho antes de la llegada de la cultura occidental a esos lugares, la relación con los salares.
El tema no es menor, ya que, además, los proyectos se instalan en zonas desérticas en donde la escasez hídrica es mucho más intensa, por lo que debemos ser claros en cuidar aquellas que no se encuentren protegidas por las antiguas resoluciones de calificación ambiental, las cuales, en nuestra opinión, no fueron lo estrictas que se requiere.
Es urgente que las iniciativas sobre el litio actualicen y renueven sus autorizaciones ambientales, para que se ciñan a estándares exigentes y pueda fiscalizar, además, la Superintendencia del Medio Ambiente.
Creemos que este rol debe hallarse siempre en manos del Estado. La gobernanza de los salares debiera encontrarse íntimamente vinculada a la necesidad de que este fiscalice cada una de las redes de monitoreo.
No dejan de sorprendernos las pugnas recientes por el afán de controlar el mercado del litio a nivel mundial.
Por una parte, la Fiscalía Nacional Económica -su representante estuvo recientemente en la Comisión de Minería- llegó a un acuerdo con la multinacional china Tianqi, ya confirmado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, para que esta última adquiera el 24 por ciento de las acciones de SQM, hoy en manos de la canadiense Nutrien, bajo los compromisos y restricciones que se contemplan, los cuales, de acuerdo con lo asegurado por el Fiscal Nacional subrogante, salvarían cualquier afectación a la ley del mercado y a las normas de la libre competencia.
El motivo de la protección a esta última que pretende el acuerdo se origina en que la compradora está asociada en un 50 por ciento y un 50 por ciento con la transnacional Albemarle en Talison, empresa explotadora del litio en Australia, la cual, a la vez, es también competidora de SQM en el mercado mundial. Todo ello, sin considerar los conflictos entre el Estado y Albemarle, a los cuales ha hecho alusión en la Sala el Vicepresidente de la CORFO.
La semana pasada se agregó otro problema: Pampa Calichera, sociedad controladora de SQM, recurrió al Tribunal Constitucional para que se deje sin efecto, por inconstitucionalidad, el acuerdo entre Tianqi y la Fiscalía Nacional Económica, habiendo ordenado el Tribunal paralizar el proceso de compra del 24 por ciento de las acciones. Hay otro conflicto instalado, entonces, como consecuencia del recurso de inconstitucionalidad.
Sin duda que, frente a esta realidad, marcada por la ansiedad desbocada de las transnacionales por el control del litio en el mundo, estamos quedando, como país, muy lejos no solo de las definiciones que tan transversalmente hemos concordado en la Comisión Nacional del Litio, sino también del interés nacional.
Por eso, es necesario que Chile esté hoy a la altura de este proceso. En la Región de Atacama, esta es una fuente importante de nuevas y mejores oportunidades.
El litio no es solo patrimonio del salar de Atacama; también está en el salar de Maricunga, que podría producir más de 30 mil toneladas de carbonato de ese mineral al año.
Es urgente desarrollar una política pública para el cobalto, que dejó de producirse en 1944 y que ofrece grandes oportunidades a Atacama, particularmente a la comuna de Freirina.
Chile debe aprovechar las oportunidades de desarrollo del litio y no ser parte de una cadena productiva de valor en que las trasnacionales pretendan el control total.
No nos esperarán diez años más para hacer realidad la electromovilidad. Se requiere un rol más activo del sector público. Y las decisiones que ha tomado este Gobierno de sacar el Comité de la CORFO e instalarlo en otras manos nos generan inquietudes. Como le planteamos en la Comisión de Minería al Vicepresidente Ejecutivo de esa Corporación, no nos parece adecuado que el control de los contratos con las empresas SQM y Albemarle queden en manos de privados.
Sin embargo, como ellos acostumbran seguir tozudamente en una dirección, a pesar de que todo el mundo les diga que están equivocados, procedieron de esa manera y les entregaron el control de estos contratos a personas del mundo privado.
Estamos convencidos de que el bien público existe y de que el encargado de resguardarlo es el Estado. Por eso, creemos que ya es hora de tener una empresa nacional del litio que asegure que este mineral sea una oportunidad de desarrollo sustentable para todas nuestras comunidades.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, en nuestro país el litio es considerado un recurso estratégico, por lo que no es de libre concesión. El Estado de Chile es el único ente capaz de explotarlo, sea directa o indirectamente, mediante concesiones administrativas o contratos especiales de operación. En la práctica, la CORFO es la dueña de las concesiones mineras a través de las cuales se puede explotar el mineral.
Ya hemos oído una historia al respecto, pero es importante retener esto.
En la actualidad, solo existen dos contratos para la explotación del litio en el salar de Atacama: uno con Albemarle y el otro con SOQUIMICH.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, las reservas mundiales de litio ascenderían a unos 13 millones de toneladas, de las cuales 7,5 millones corresponden a Chile, el segundo país productor del planeta. Se estima, además, que la demanda de este mineral será de 250 mil toneladas anuales hacia el 2020, pues se perfila como la energía del futuro, en la electromovilidad y otros usos, tales como sales de litio, etcétera.
Cabe destacar que una cosa es la extracción bruta del litio, medida antes de reinyección e infiltración, y otra la eficiencia. Por ejemplo, la extracción de litio del salar de Atacama fue de 755 mil toneladas el año 2016, pero la producción total fue de 77 mil 871 toneladas. Es decir, la eficiencia fue menor a 12 por ciento.
El contrato con Albemarle, que data del año 1985, no tenía renta de arrendamiento contemplada, ya que CORFO era socia de esa empresa y había capitalizado su aporte. El contrato tampoco tenía fecha cierta de término, ya que estaba pactado por cuota.
Hubo también un contrato de arriendo y un contrato para proyectos con SOQUIMICH, que fueron suscritos originalmente en el Gobierno de Pinochet en 1987. La CORFO era socia en ese momento. Finalmente, ambos instrumentos fueron modificados en los Gobiernos de los Presidentes Aylwin y Frei, con fecha de duración hasta el año 2030. En ellos se establecía una renta de arrendamiento cercana a 6 por ciento -en realidad, era menor-, cantidades que SOQUIMICH, obviamente, todavía no entera.
En este punto hay que ser claros: la tutela del Estado de Chile respecto de estos contratos fue insuficiente, por un lado, porque no se tenía conciencia del valor a que iba a llegar el litio hoy, pero también por la falta de institucionalidad sobre la materia.
En efecto, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el tema del litio concluyó que entre 1986 y 2014 -es decir, en 28 años-, se descuidó este recurso por parte de los organismos del Estado con competencia en la materia, y en especial, aunque no únicamente, por CORFO.
En el último Gobierno de la Presidenta Bachelet se creó una Comisión Nacional del Litio y se puso en marcha la Política Nacional del Litio, a partir de la cual se concluyó la necesidad de revisar ambos contratos.
A contar de 2013 y 2015, Chile inició varias acciones judiciales por graves incumplimientos de SOQUIMICH a los contratos suscritos, entre los que destacan el no pago de rentas del salar de Atacama y faltas "graves" y "gravísimas", en reiteradas ocasiones, en los ámbitos ético, medioambiental y de derechos de agua.
Por cierto, están pendientes varios procesos de investigación de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Además, SQM, desde los años noventa, en forma deliberada, vulneró la integridad de los derechos del Estado en el salar, ejecutando acciones que trataron de impedir una licitación competitiva al término del contrato al año 2030. También ocultó información y vendió litio más allá de los límites anuales acordados. Incluso, la entidad reguladora de valores de los Estados Unidos sancionó a la empresa por incumplir gravemente la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Es conocida, también, su participación en el financiamiento irregular de la política.
Además, SQM logró obtener para sí derechos de agua y concesiones mineras de los terrenos adyacentes al proyecto, lo que le permitía dejar en sus manos la explotación del salar ¡hasta el año 2059!, mucho más allá de lo pactado originalmente.
Por lo mismo, CORFO pidió al juez árbitro, en 2015-2016, el término anticipado de los contratos y la devolución del salar. En el juicio que hubo, el árbitro, con sus tres convocatorias a conciliación y los resultados del peritaje, había dado señales claras e inequívocas de que no iba a acceder al término anticipado del contrato y a una modificación de este, que era lo que CORFO pedía, sino que iba a otorgar a esa Corporación una compensación monetaria que no superaba los 17 millones de dólares.
Señor Presidente, como país, hubiésemos querido el término anticipado del contrato, pero dicha alternativa no se veía viable, por las señales que daba el árbitro. En consecuencia, la única posibilidad que quedaba era establecer una conciliación con condiciones excepcionales, lo que fue aprobado por el Consejo de Defensa del Estado. No es lo que queríamos, y probablemente no era lo mejor para Chile, pero al menos se generaron condiciones para una futura industria nacional del litio, a partir del 2030.
La modificación del contrato permitió incorporar algunos valores públicos, como el cuidado ambiental, normas anticorrupción, participación del Estado de Chile y sus comunidades en las rentas que se obtienen por la explotación de litio, además del cambio del gobierno corporativo de SQM, para alejar del control de la empresa a Ponce Lerou, quien obviamente ha contribuido a empañar nuestra democracia y nuestra credibilidad ante la ciudadanía.
Asimismo, el acuerdo incluye la participación en las rentas obtenidas de parte de SOQUIMICH al Estado de Chile, la que debería llegar a la suma total de 9 mil 500 millones de dólares entre el 2018 y el 2030. Esta suma se obtendría a través de aportes a CORFO, recaudaciones por el royalty minero, impuesto a la renta y fondos para investigación y desarrollo.
Hay aportes a la municipalidad de San Pedro de Atacama que superarían los 700 millones de dólares al año 2030.
Se comprometió la estructuración de un área de desarrollo indígena en Atacama la Grande, con participación de las comunidades atacameñas y con un aporte de SQM, en valor actual, de 15 millones de dólares anuales.
Deseo destacar que en esta materia debe consultarse a las comunidades, en virtud del Convenio N° 169 de la OIT, pues ellas, por cierto, tienen una mirada diferente sobre el particular.
Finalmente, para generar una minería sustentable, baja en emisiones y con tecnología de punta, se aporta a investigación y desarrollo un monto anual que alcanza a 18 millones de dólares, mientras dure el contrato.
Señor Presidente, como dijimos, es importante recuperar el litio para Chile. Ello no fue posible producto de las condiciones que existían en ese momento. Pero el acuerdo a que me he referido nos permite prepararnos para el 2030.
Como se ha mencionado aquí, hace poco se llegó a un acuerdo extrajudicial entre la Fiscalía Nacional Económica y la empresa china Tianqi, con el propósito de resguardar ciertos aspectos de la libre competencia en la operación de compra de 24, 25 por ciento de la propiedad de SQM, por más de 4 mil millones de dólares. Dicho acuerdo fue ratificado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, lo que ha sido impugnado ante el Tribunal Constitucional por el mismísimo Ponce Lerou, argumentando que se han violado los derechos a un debido proceso.
No nos corresponde, como parlamentarios, pronunciarnos sobre procesos judiciales pendientes. Sin embargo, deseo expresar mis preocupaciones al respecto.
Aquí ya se ha abordado este punto, así que no me detendré en mayores detalles. Pero nos queda claro que puede tratarse de impedir una libre competencia a nivel mundial para finalmente manejar precios, lo que es tremendamente importante para la electromovilidad.
Es el Estado, a través de CORFO -no se la ha visto muy activa en este tema- y de la Fiscalía Nacional Económica, el que tiene que poner especial resguardo en esta operación, para evitar lo que hemos llamado "riesgos de la libre competencia".
Señor Presidente, los salares constituyen ecosistemas de gran complejidad y fragilidad, así como de gran interés económico para el país. El Estado debe ejercer acciones para su protección, conservación y manejo sustentable.
Queda de manifiesto la falta de control y conocimientos sobre los salares y el litio por parte del Estado. Se echa de menos una institucionalidad que aborde su manejo. Lo que existe está fragmentado.
Ha llegado la hora de decir que, como CORFO y como país, no hemos estado a la altura suficiente para resguardar un recurso estratégico del Estado.
En nombre de la bancada de Senadores del Partido Socialista, solicitamos formalmente a este Senado que lleguemos a un acuerdo para permitir que el Estado explote el mineral a través de sus empresas o de la creación de una nueva empresa de su propiedad. Así como hoy día tenemos una Corporación Nacional del Cobre, necesitamos una Corporación Nacional del Litio.
Es imprescindible la creación de una empresa de carácter público que se dedique a la explotación de los salares, que permita generar mayor valor agregado al país -por ejemplo, cátodos de litio, litio metálico, baterías de litio y sales de litio-, con asociaciones público-privadas, pero con un modelo de explotación sustentable y, por cierto, con respeto a las comunidades.
Como sabemos, una medida así es de iniciativa exclusiva de la Presidencia de la República, por lo que se requiere voluntad del Gobierno para llevarla adelante. Lo emplazamos a definirse.
Señor Presidente, acá estamos hablando de un modelo de desarrollo que necesita el país, algo que no es menor. Tal como lo expresara el ex Vicepresidente Ejecutivo de CORFO Eduardo Bitrán la minería del litio nos permite formar sinergias que son una oportunidad única a nivel mundial.
La creciente demanda por la electromovilidad, con consumidores más conscientes del cambio climático, sumada a los precios competitivos que puede ofrecer la energía solar en Atacama, nos permitirían generar una minería verde y sustentable, en la que podremos producir minerales con una huella de carbono baja y trazable.
Chile puede convertirse en el principal proveedor de lito y cobre de baja emisión para la industria de autos eléctricos, contribuyendo de esa manera a la revolución de la electromovilidad. Cada auto eléctrico utiliza alrededor de 85 kilos de cobre, además de otros minerales como cobalto, tierras raras, manganeso, que son escasos a nivel mundial y que están presentes en nuestro país.
Para que esto se concrete, se requiere asegurar el abastecimiento del litio, y Chile posee enormes ventajas dados sus reservas y los bajos costos de producción.
Tenemos que impulsar el desarrollo de productos con valor agregado, el encadenamiento productivo y fortalecer la investigación a través de centros tecnológicos y universidades, ya que el litio podría tener usos que aún no hemos descubierto, pero que serán del futuro.
Recuperar el litio para Chile implica una mirada de largo plazo, en que el Estado participa con las ventajas competitivas que tenemos por nuestra geografía y sus recursos en el norte, poniendo especial énfasis en generar valor agregado y en inversiones en ciencia y tecnología. Porque invertir en el resguardo de nuestros preciados recursos naturales y en investigación científica, eso es verdaderamente desarrollo de país.
Señor Presidente, este es el desafío que tenemos por delante y debemos abocarnos a él.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Le ofrezco la palabra al Senador señor Latorre, por dos minutos.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, la historia económica de nuestro país se cruza por las dificultades para cuidar sustentablemente nuestros recursos naturales para las actuales y futuras generaciones.
Creo muy importante destacar acá que el año 1971, durante la presidencia de Salvador Allende, se llegó a un gran acuerdo nacional para nacionalizar el cobre a través de una reforma constitucional que contó con los votos unánimes del Congreso Nacional. Sin embargo, con la llegada de la dictadura y su Código minero se crean las condiciones para la desnacionalización, implementada con fuerza en democracia. El sector privado ha hegemonizado la actividad, y representa al día de hoy el 66,5 por ciento de la producción del país.
Lamentablemente, la industria chilena del cobre no agrega todo el valor que quisiéramos. Básicamente, nuestro país vende concentrado de cobre al exterior, para luego importar los productos manufacturados de otros países. Vendemos materia prima y compramos cables. Además, recaudamos una tasa tributaria muy baja comparativamente con otros países mineros. Parece que somos muy generosos con nuestros recursos naturales en beneficio del sector privado nacional y extranjero. Tampoco es una industria que tenga los más altos estándares en materia medioambiental.
Todo esto nos puede ocurrir hoy con el litio.
Estamos convocados a discutir este tema por la contingencia de la compra por parte de un joint venture entre las empresas Tianqi, de China, y Albemarle, de Estados Unidos, para adquirir el control de la empresa chilena SOQUIMICH.
Durante la dictadura, Julio Ponce Lerou, el yerno de Pinochet que detentó los cargos de director de CONAF, presidente de Celulosa Arauco, director y gerente de empresas estatales como CTC, IANSA, ENAMI y ENDESA, aprovechó su situación de privilegio para beneficiarse de la privatización de la empresa SOQUIMICH, anteriormente estatal, y construyó un imperio económico basado en la compra de favores políticos a través del financiamiento irregular de campañas durante la democracia. Financió en dictadura a Hernán Büchi en su candidatura presidencial en 1989, y más adelante lo siguió haciendo, de manera transversal, con distintos políticos de todo el espectro democrático.
Además, contamos con antecedentes de varias organizaciones que han alertado,...
Señor Presidente, le solicito un minuto para poder concluir mi intervención.
El señor MONTES (Presidente).-
Continúe, señor Senador.
El señor LATORRE.-
Decía que varias organizaciones han denunciado los efectos dañinos e irreparables que está produciendo la explotación del mineral en salares altoandinos del Cono Sur.
Las personas que viven en la cuenca del salar de Atacama acusan distintos problemas. Entre ellos, una crisis hídrica que se debería en parte al uso que hacen las mineras en su actividad de extracción.
También se privatiza el agua por parte de las mineras.
Nosotros creemos que acá tenemos una oportunidad de crear una empresa nacional del litio que genere innovación de verdad y agregue valor para las actuales y futuras generaciones.
Chile tiene un gran potencial con el litio. No podemos regalar este negocio a empresas extranjeras en esta década. Es ahora cuando tenemos que hacer un cambio.
Le pedimos al Presidente de la República -por eso firmé también un proyecto de acuerdo en ese sentido- que considere la creación de una empresa nacional del litio, para ponernos a la vanguardia de una alternativa de desarrollo que supere el neoliberalismo extractivista en el siglo XXI.
Gracias.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.-
Señor Presidente, voy a tratar de explicar el tema en palabras simples y después haré un par de preguntas a los representantes de CORFO y de la Fiscalía Nacional Económica.
El 20 de agosto hice llegar un "téngase presente" a CORFO y a la Fiscalía para pedirles, entre otras cosas, que informaran de esta operación a las organizaciones fiscalizadoras de los Estados Unidos.
¿Por qué? Porque hoy en el mundo existen tres grandes empresas que manejan casi el 70 por ciento del litio: Tianqi, de China; Albemarle, de Estados Unidos, y SOQUIMICH, de Chile.
Actualmente, hay dos grandes yacimientos: en Chile, el salar de Atacama, y en Australia, uno que es administrado y trabajado por una empresa que se llama "Talison". Los dueños de esta última son, en forma paritaria, Tianqi y Albemarle (China y Estados Unidos). Ellos, en el acuerdo internacional firmado frente a las autoridades regulatorias americanas, reconocen explícitamente en un artículo que se reparten la comercialización y el trabajo del litio en el mundo. Tianqi se haría cargo de China, Hong Kong y Taiwán, y Albemarle, del resto del mundo.
Aquí se plantea que la empresa Tianqi, que pertenece a autoridades chinas -porque China es un Estado empresario que tiene parte en la propiedad de la mayoría de las empresas de ese país-, ha ido participando en todos los yacimientos de litio del mundo. De hecho, le compró a la empresa Nutrien el 24,5 por ciento de SOQUIMICH. No es cierto lo que se ha dicho acá en reiteradas oportunidades: que están comprando un pequeño paquete accionario. En el juicio frente al Tribunal, los abogados representantes de Tianqi reconocen -lo dicen varias veces- que ellos serán accionistas de peso, porque además tienen derecho a tres de ocho directores. Por lo tanto, claramente tienen la oportunidad de estar en el corazón de su competencia, que es SOQUIMICH.
Evidentemente, aquí estamos frente a la formación de un cartel internacional sumamente peligroso. Como ustedes saben, ya ocurrió en el pasado con el cobre que empresas internacionales se autovendían el metal a empresas relacionadas. Después de las ventas se reconoció que no pagaron ni un peso de impuestos en Chile, porque la utilidad la hacían en el exterior. Y es absolutamente factible que aquello se repita con el litio chileno.
Políticamente, uno puede pensar algo muy potente: nuestros antepasados vivieron del salitre; nosotros hemos vivido del cobre, y nuestros nietos y bisnietos deberían vivir del litio, el cual estamos entregando en forma irresponsable a empresas chinas. Si fueran empresas americanas, por ejemplo, nosotros tendríamos la oportunidad de ir a Estados Unidos y reclamar e interponer todas las demandas y querellas ante los organismos fiscalizadores. Eso no existe en China, por lo que frente a cualquier problema que tengamos con dicho país resulta bastante difícil defenderse.
Por eso, señor Presidente, quiero hacer un par de preguntas.
Primero, deseo consultarle a la CORFO por qué no hizo lo que le solicité en un oficio entregado con fecha 20 de agosto en orden a ponerse en contacto con las agencias de libre competencia de los Estados Unidos, para ponerlas en conocimiento de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Nacional Económica y pedirles información -si la tuvieran- sobre el acuerdo comercial o joint venture entre la empresa Tianqi y la americana Albemarle en Talison, Australia. Debo decir que es fundamental, para resolver la presente operación y para nuestra legislación, estudiar en detalle los alcances y efectos de ese acuerdo en Chile y el mundo.
La fiscal de CORFO dijo, en la sesión de la Comisión de Minería de fecha 3 de octubre, que "el interés general de resguardar la libre competencia le corresponde a la Fiscalía Nacional Económica". A lo anterior, debo señalar que están en un error, ya que ustedes -me refiero a la Corporación de Fomento- podían y debían actuar, ya que tienen interés directo al ser los titulares de las concesiones de litio. Además, la CORFO en esta operación representa ni más ni menos que al Estado de Chile en la materia.
La segunda pregunta a la misma institución es más evidente. ¿Por qué no se presentaron a la audiencia ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el día 13 de septiembre?
Lo anterior resulta sencillamente inaceptable, ya que ustedes presentaron la denuncia frente a la Fiscalía en el mes de marzo. El más mínimo sentido de responsabilidad nos lleva a concluir que ustedes debieran haber asistido a dicha audiencia. Por último, si estaban a favor del acuerdo extrajudicial, ello tendría que haber quedado claro frente al Tribunal.
A la Fiscalía Nacional Económica, señor Presidente, quiero formularle las siguientes preguntas.
En primer lugar, valoro el hecho de haberse comunicado con las autoridades de libre competencia extranjeras y de estudiar el acuerdo comercial de Talison, Australia. Lo que cuestiono es el análisis que han hecho respecto a dicho acuerdo comercial.
Por poner un ejemplo, ustedes califican tal acuerdo comercial como un acuerdo solo de "explotación", siendo que está claro que es de "explotación y distribución". Más allá de si el joint venture trata sobre un tipo de producto de litio u otro, lo que más me preocupa es que en virtud de ese acuerdo Tianqi y Albemarle ya tienen canales y vínculos de comunicación directa, reconocidos, por lo que, si SOQUIMICH ingresa al "grupo" de los tres productores más grandes del mundo, en el futuro perfectamente se puede configurar un verdadero cartel.
Luego, en cuanto a un breve análisis del acuerdo extrajudicial con Tianqi, insisto en que es de "inocencia infantil" pensar que los directores nombrados por Tianqi no les informarán a sus jefes lo que vean en los directorios. Debe haber un mínimo sentido común.
Finalmente, quiero citar al académico y ex Ministro Presidente del Tribunal de la Libre Competencia, el abogado Tomás Menchaca, quien elaboró un informe en derecho sobre el mencionado acuerdo extrajudicial donde señala que este "no permite resolver los problemas de competencia detectados" y que "La Operación no genera eficiencias y produce riesgos para la libre competencia".
Por eso, como lo han expresado varios colegas, creo que esta es la gran oportunidad para que, como país, busquemos una estrategia de larga data para enfrentar el futuro del litio chileno, porque ahí está el futuro de nuestro país.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Le ofrezco la palabra al Senador señor Chahuán.
No se encuentra en la Sala.
Está inscrito a continuación el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, intervengo en nombre del Comité Partido País Progresista e Independientes.
Creo que todos hemos hecho el diagnóstico correcto acerca de que Chile declaró la reserva de este mineral no metálico con un gran potencial y además con valor estratégico. Desgraciadamente, la evolución legal y empresarial ha ido en la dirección contraria.
Recordemos que en 1976 se incluyó al litio como una sustancia de interés nuclear, presionados por Estados Unidos. En 1979 se declaró de interés nacional. Y, no obstante, en 1983, pese a que expresamente se señalaba que su explotación, investigación y desarrollo debía ser reserva del Estado, se terminó privatizando hasta llegar al cien por ciento. Recordemos, incluso, que la participación de la CORFO finalmente se eliminó.
Además, podemos agregar que a comienzos de este año se extendió la explotación del salar por las actuales empresas operadoras hasta el 2030, aumentando tres veces la capacidad y el derecho a explotación de los componentes del mencionado salar, que no solo son el litio, sino también el boro y el potasio, este último, incluso, de mayor valor.
Ahora nos enteramos de que hay grupos extranjeros que están comprando, ¡sin ninguna mediación del Estado chileno!, ¡sin ninguna posibilidad de control!, un porcentaje del 24 por ciento, con lo cual se conforma efectivamente, como decía el Senador Ossandón, un verdadero cartel internacional, que además tiene otra característica: se negocia entre el que produce y el que compra, directamente. No hay una bolsa, no hay ninguna instancia objetiva, transparente. Por consiguiente, se ponen de acuerdo en el precio. Y eso ya ha ocurrido.
Recordemos que ya hubo sanciones. De hecho, el 2013, la CORFO, bajo el Gobierno del Presidente Piñera, interpuso una demanda arbitral solicitando el término anticipado del contrato por incumplimiento de este, no pago de rentas trimestrales, venta a precios inferiores de mercado y sobreexplotación del agua en la zona.
Sin embargo, en años posteriores se generó un nuevo acuerdo, que es el que se estaba comentando, con la Corporación de Fomento, el cual amplió las facultades de las empresas. Y resulta que ahora se produce un cambio en el control que permite que quienes explotan y quienes comercian estén a los dos lados del banco.
Creo que acá hay, además, hechos de interés nacional que se han olvidado. Primero, la complejidad de los salares. Se trata de ecosistemas naturales dinámicos donde el agua es un elemento esencial. Se ha dispuesto de los recursos hídricos sin siquiera escuchar a las comunidades que viven desde hace miles de años en el sector, y sin preocuparse del impacto en la sustentabilidad de los yacimientos.
La ampliación de los contratos para la explotación del salar de Atacama carece de un acercamiento, no solo con tales comunidades, sino también con la comunidad científica, que avale la viabilidad de los mayores beneficios y derechos que se han otorgado.
Por otro lado, tenemos la debilidad del Estado. Lo han señalado el Vicepresidente de CORFO y la fiscal, que han estado en diversas ocasiones en la Comisión de Minería y Energía: solamente hay dos fiscalizadores especializados para velar por el interés del salar de Atacama y de los salares en Chile y, en los hechos, reconocen que no hay fiscalización real.
De igual modo, se ha sabido y la propia CORFO ha informado a dicha Comisión del desconocimiento de algunas empresas como Albemarle del acuerdo suscrito con la CORFO, al punto que hoy día esta evalúa la posibilidad de judicializar el conflicto que tiene con esa empresa explotadora porque no posee, según se nos indica, facultades reales para fiscalizar y menos para sancionar el incumplimiento de las obligaciones que se han contraído.
Por esta razón, la realidad es que hoy día no solo hay una explotación donde nadie garantiza la sustentabilidad del recurso ni cómo operan los precios, sino que además la institucionalidad de Chile es incapaz de fiscalizar.
La Fiscalía Nacional Económica dijo que solo tenía facultades para ver si se afectaba la competencia al interior del país, en circunstancias de que este producto se comercializa esencialmente en el mercado internacional, refiriéndose únicamente a la explotación. O sea, ni la Fiscalía Nacional Económica, ni el Servicio de Impuestos Internos, ni la Contraloría General de la República, ni tampoco la CORFO disponen de capacidad alguna para representar los intereses de Chile.
Por eso, resulta esencial que Chile recupere el control del litio a través de una empresa nacional del litio o, en su defecto, de CODELCO, para establecer una política de asociatividad con empresarios y con inversiones que generen genuinas cadenas de valor en nuestro país. Pero urge una decisión del Estado para recuperar los salares y diseñar un modelo de negocios sustentable, que sea, además, transparente y que, por otro lado, sea beneficioso para nuestra nación en términos de aprovechar las enormes posibilidades del litio para todos los chilenos.
El señor MONTES (Presidente).-
A continuación, le ofrezco la palabra a don Mario Ybar, Fiscal Nacional Económico subrogante.
El señor YBAR (Fiscal Nacional Económico subrogante).-
Muchas gracias, señor Presidente, por la invitación cursada, sobre todo porque nos otorga la posibilidad de explicar la posición de la Fiscalía Nacional Económica en relación con la operación de compra que hace la empresa Tianqi, de nacionalidad china, de un porcentaje de la propiedad de SOQUIMICH.
Voy a hacer una pequeña introducción al tema.
El año 1983, la CORFO llama a licitación para la explotación de sales potásicas.
En 1986 esta licitación se materializa en algo: un contrato de arrendamiento que le hace la CORFO a la empresa MINSAL, la cual empieza a operar los salares que contienen litio.
El año 1993, SOQUIMICH entra a la propiedad de MINSAL. O sea, recién ahí la empresa del señor Ponce Lerou hace ingreso al mercado del litio.
Posteriormente, el año 2001, Potash, empresa de capitales canadienses, adquiere el 18 por ciento de la propiedad de SOQUIMICH.
Por lo tanto, en su composición actual, los arrendatarios de la concesión del litio vienen desde el año 1993, en el caso del grupo Pampa Calichera, de Ponce, y desde el año 2001, en el caso de la empresa Potash.
Estos son, entonces, los dos principales dueños de SOQUIMICH, titular del derecho de arrendamiento del litio.
¿Qué ocurre? Resulta que la empresa Potash, dueña de una participación minoritaria, adquiere un competidor mundial en el mercado de los fertilizantes. Y las autoridades de competencia de China y de India le dicen que como requisito para aprobarle esa fusión debe desprenderse de todas las participaciones minoritarias que tenga en competidores del mercado del potasio.
Por eso Potash pone a la venta el 24 por ciento del capital accionario de SOQUIMICH. La operación es producto de una decisión internacional emanada de autoridades relacionadas con la libre competencia.
Por consiguiente, sale un competidor en el mercado del potasio, pero, al ser Tianqi una empresa china dedicada al negocio del litio que quiere ingresar comprando este paquete accionario, entra un competidor de SOQUIMICH en el mercado del litio.
¿Qué se ha dicho a propósito de tal operación?
Se han dicho muchas cosas. Y pareciera ser, cuando uno sigue la discusión mediática, que el futuro de la industria chilena del litio dependiera de lo que las autoridades de libre competencia decidan respecto a esta compra de participación minoritaria.
Se ha dicho que la operación impacta el interés nacional y el desarrollo estratégico del mercado del litio; que es contrario al interés económico de Chile permitir el ingreso a la propiedad de una empresa estratégica a una empresa foránea.
Se ha dicho que el comprador carece de la solvencia necesaria para ser el socio estratégico que Chile necesita.
Se ha dicho que esta operación afecta el poder futuro de negociación de la CORFO, de cara a su contraparte en el contrato.
Se ha dicho que Chile está autorizando un cartel internacional al aceptar el ingreso de capitales chinos.
La verdad, señores Senadores, es que de todo esto, que puede o no ser cierto, lo único que estaba dentro del ámbito de análisis de la Fiscalía Nacional Económica era la posibilidad de que se generara un cartel. El objetivo único de la institucionalidad de libre competencia es la defensa y promoción de la libre competencia. Otras consideraciones distintas de qué va a ocurrir con la competencia con motivo de una operación exceden nuestras facultades y, por lo tanto, vulneraríamos el principio de legalidad si nosotros las tomáramos en consideración.
¿Qué pasa, por ejemplo, con el interés nacional?
En Chile, el único control asociado a operaciones de concentración, de reciente data -apenas tiene dos años-, se relaciona con la libre competencia.
En muchos otros países se autoriza que, además de la autoridad de libre competencia, exista una autoridad política que haga un test de interés público sobre si alguna fusión afecta o no la seguridad nacional, la pluralidad de los medios o la estabilidad financiera. En Chile, lo único que existe es el diagnóstico que haga la institucionalidad de libre competencia sobre temas de libre competencia.
De todo esto, lo único que de verdad estaba dentro de nuestro ámbito de análisis era la posibilidad de que el mercado, después de esta fusión, fuese menos competitivo. Y menos competitivo no de cara al mundo, porque nuestra jurisdicción solo cubre el territorio nacional, sino precaviendo que la operación produjera efectos en Chile. Si así hubiese sido, la Fiscalía tenía la posibilidad de investigar y de adoptar medidas de distinta intensidad según la entidad de los riesgos.
Como describe el Senador Ossandón, el mercado global del litio es una industria donde participan muchos actores. Pero hay tres principales: SOQUIMICH, Tianqi y Albemarle.
Según la información recabada durante nuestra investigación, ambas empresas reunirían entre el 30 y el 70 por ciento de la participación mundial, dependiendo del tipo de composición del litio: hidróxido de litio, carbonato de litio. Y también existe cierta opacidad sobre los datos, lo que hace que esto fluctúe. Si fuese un 30 por ciento, habría un riesgo bastante bajo de que se produjera una situación de colusión. Si fuese un 70 por ciento, el riesgo sería bastante más elevado tratándose de ciertos productos.
¿Cómo entonces se generan vínculos entre los tres principales actores?
Por una parte, Tianqi y Albemarle tienen en Australia la explotación conjunta de un yacimiento. Por lo tanto, cuentan con una instancia de comunicación donde pueden entregarse información, en teoría solo relativa a ese yacimiento y no a las otras operaciones mundiales que manejan.
Y a ese flujo, ya existente entre dos de los tres grandes actores, se suma hoy día la posibilidad de que Tianqi ingrese al directorio de SOQUIMICH y con eso capture también información estratégica que haga más perfecta una colusión.
Muchos planteaban: "¿Y por qué le preocupa a la Fiscalía Nacional Económica que haya colusión, pues, si la hay, los precios van a subir y por ende Chile va a recibir más por concepto de royalty?". Reitero: esas son consideraciones de interés público que no tienen que ver con la libre competencia y que, por lo mismo, no fueron analizadas en nuestra investigación.
¿Qué se hizo? Se estudió la posibilidad de materialización de un riesgo a la libre competencia. Y había tres factores que hacían factible la opción de que se configurara una colusión.
Por un lado, como señalé, las participaciones de mercado de los tres actores actuando conjuntamente, y que a través de esta operación aumentaban los flujos de comunicación, fluctuaban entre un 30 y un 70 por ciento. En el piso superior, evidentemente que aquello generaba un riesgo al capturar una buena parte del mercado.
Segundo, como se trata de un producto más bien homogéneo, esto facilita el monitoreo y la posibilidad de que se llegue a un acuerdo.
Sin embargo, como ven en la parte derecha de la gráfica, aparecieron muchos factores que atenuaban el riesgo de colusión.
Lo primero: el flujo de información no es total; no es que estas empresas sean una sola. La información que comparten Talison y Tianqi se da a propósito de un yacimiento específico. Y, en el caso del ingreso de Tianqi a SOQUIMICH, una empresa entra y recibe información, pero SOQUIMICH no recibe información de Tianqi.
En segundo lugar, para que la
colusión tenga sentido debe ser estable y poder limitar la producción. Ejemplo emblemático es el caso de la colusión del pollo, en que las empresas se coludían para mantener la capacidad fija; y, por lo tanto, se rompían los huevos para que no nacieran más pollos que los establecidos en la cuota anual.
Pues bien, según la regulación que hace CORFO en su extensión de contratos, tanto SOQUIMICH como Albemarle tienen que ampliar su capacidad de producción anual, lo que hace mucho menos probable un efecto de colusión.
En tercer lugar, las negociaciones aquí no son con pequeños clientes atomizados, como las colusiones más habituales (el caso de las farmacias u otros), en que es muy fácil monitorear a qué precio está vendiendo mi competidor y, por lo tanto, la colusión resulta bastante más factible porque es difícil engañar.
Este es un mercado de negociaciones bilaterales, con grandes actores, como Tesla y LG, en que evidentemente el precio no es observable y, en consecuencia, es fácil desviar un acuerdo de colusión. Este era otro elemento que hacía menos viable acusar de colusión.
Finalmente, se trata de un mercado dinámico, que está cambiando, donde las cantidades demandadas fluctúan (lo cual también hace menos posible una colusión) y en que existen numerosos proyectos de expansión, al punto que estimamos que en seis años más la situación de concentración actual a nivel mundial debiese cambiar.
Cabe señalar que cuando la Fiscalía Nacional Económica llega a la convicción de que los factores agravantes del riesgo son mucho mayores que los atenuantes, no le tiembla la mano para prohibir una operación y para solicitar que no se apruebe.
Pero en este caso, habida cuenta de los resultados de nuestra investigación, nos pareció que habría sido completamente desproporcionado exigir la desinversión, esto es, prohibir a la empresa china ingresar a la propiedad de SOQUIMICH.
Por eso aceptamos la oferta que ellos nos hicieron en cuanto a entrar en un proceso de negociación, en que definimos una serie de obligaciones que, a nuestro juicio, limitaban de manera suficiente y proporcionada este riesgo asociado a un flujo adicional de información entre los dos. Y esta fue mi convicción, así como la convicción unánime del equipo de investigación de la Fiscalía Nacional Económica -que lo propuso- y recientemente de los cinco miembros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que aprobaron estas medidas por unanimidad.
Básicamente, ¿de qué se tratan aquellas?
Cuando no se puede obligar a desinvertir lo que se hace es buscar soluciones conductuales, que son usuales en todo el mundo, que buscan levantar una muralla china para evitar este flujo de información. Con tal fin, la Fiscalía definió cuáles eran las instancias de traspaso de información estratégica del litio en el seno del directorio de SOQUIMICH, e intentamos, a través de este acuerdo, impedir que los directores designados por Tianqi accedieran a aquella.
Por lo tanto, ellos solo podrán participar en las reuniones de directorio, pero no en instancias donde se maneje información de manera mucho más desagregada y del día a día, como ocurre en las reuniones de revisión y planificación y en los comités ad hoc relativos al litio.
Adicionalmente, ya no del lado de la información que el director de Tianqi puede obtener en el seno de SOQUIMICH, se intentó limitar también la información que este puede traspasar a quien lo designa. Y, en ese sentido, negociamos con Tianqi que renuncie a nombrar a un dependiente de esta empresa como director, y que este necesariamente deba ser un tercero externo.
Lo anterior, más los numerosos paquetes de medidas que aquí aparecen, constituyen a nuestro juicio un resguardo suficiente para enfrentar este riesgo que, como vimos, no era de una magnitud tan alta como la de aquellos que han llevado a la Fiscalía a intervenir de manera más dura.
Finalmente, deseo hacer una sola prevención.
El Senador Guillier señaló que la Fiscalía mencionó que interviene en funciones u operaciones de concentración solamente si tienen efectos en Chile. Y eso es así. Por ejemplo, hemos sancionado a carteles que se han formado fuera de nuestro país porque han elevado los precios de los productos que se venden en su interior.
A contrario sensu, si existiese una operación que no tuviera ningún efecto en Chile, no tendríamos jurisdicción para establecer ni esa medida ni ninguna otra.
¿Qué ocurrió en el caso que nos ocupa?
En nuestro país se vende menos de un millón de dólares de litio al año. Por lo tanto, no había un mercado nacional que permitiese decir: "Chile tiene competencia".
Intentamos ver el efecto indirecto: cuánto litio hay en los I-Phone, en los autos, y si el valor de lo que podría pasar implicaba un daño al bienestar de los consumidores nacionales. Y los números también resultaron bastante bajos.
El único motivo por el cual la Fiscalía entendió que tenía jurisdicción para buscar remedios, algo que fue discutido por Tianqi pero a lo que finalmente accedió, fue que la renovación del contrato que hace CORFO con SOQUIMICH establece la obligación de destinar hasta el 25 por ciento de su producción a empresas que se instalen en Chile a producir con valor agregado. Por lo tanto, la Fiscalía entendió que tenía jurisdicción sobre la base de una posibilidad cierta futura de que el litio se comercializara con una intensidad mucho mayor en nuestro país.
Para terminar, quiero señalar que las medidas han sido respaldadas unánimemente; que la Fiscalía no estaba habilitada para tomar en consideración otros factores que es posible que sean muy relevantes, pero que no tienen que ver con lo que contempla nuestra ley, y que la Fiscalía tampoco se puede prestar para solucionar los conflictos actuales o futuros entre accionistas particulares.
Muchas gracias por la atención.
Quedamos abiertos a cualquier tipo de pregunta.
El señor MONTES (Presidente).-
Le ofrezco la palabra al Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, los países tienen que entender que deben dejar de ser meramente extractivistas y que han de ser capaces de generar procesos continuos de agregación de valor.
El ciclo del salitre que experimentó Chile se repitió con el cobre y se podría repetir con el litio si no somos capaces de generar esos procesos continuos de agregación de valor.
Las naciones que han entendido aquello justamente han invertido un porcentaje importante del PIB en ciencia, tecnología e innovación.
Eso está haciendo, por ejemplo, Argentina.
En efecto, Argentina, que también tiene reservas significativas de litio, ha logrado generar una migración dirigida a fin de formar doctores en ciencia para, a la vez, agregar valor que les permita en un mediano plazo ser productora de baterías de litio y de autos eléctricos.
Eso demuestra que las naciones que así proceden han entendido que existe una política de Estado al respecto.
Argentina hoy día invierte el 1 por ciento del PIB en innovación. Chile invierte el 0,46 por ciento del PIB en innovación.
Pero, además, tenemos otras cifras que son complejas.
Nosotros hablábamos de que el único Secretario de Estado de Cristina Fernández que permanece luego del cambio de gabinete que realizó Mauricio Macri es el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eso se debe a que ellos entienden que hay una política pública de Estado.
De hecho, gracias a esta sinergia que se genera en Argentina, incluso han invitado a los Institutos Milenio de nuestro país para contribuir a esos procesos continuos de agregación de valor.
En Chile, mientras tanto, tenemos una materia prima importante, sobre la que todavía no llegamos a acuerdo respecto de cómo extraerla. Y, además, aquí se requiere inyectar recursos a fin de ver cómo agregar valor a ese proceso productivo.
Por eso, creo que en esta materia y frente a esta discusión hay que contar con varios recaudos.
Primero, hay que tener cuidado con la concentración del mercado del litio. Y por eso nuestra primera voz de alerta es a hacernos cargo, justamente desde el Parlamento, de que tener el mercado mundial del litio concentrado en pocas manos es un motivo de preocupación respecto del modelo de desarrollo que queremos construir en el futuro.
Una segunda señal de preocupación dice relación con que acá ha habido incapacidad para generar, por ejemplo, o una filial de CODELCO o una empresa del Estado que también pueda encargarse de la extracción del litio...
¿Me da un minuto adicional, señor Presidente?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Sí, señor Senador.
El señor CHAHUÁN.-
Gracias.
De ahí que frente a esas incógnitas hemos manifestado que esto merece una política de Estado, que hasta ahora ha estado completamente ausente.
Han sido algunos pocos, del mundo privado, los que han concentrado este mercado en nuestro país. Y, hoy día, con la adquisición de un porcentaje muy importante de una de las empresas nacionales por una empresa china, esta ejercerá claramente el control del mercado del litio, más allá de las restricciones que han establecido las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Por eso el llamado a nuestro Gobierno, al Gobierno del Presidente Piñera, es a generar una oportunidad y a establecer una política del litio que nos permitan generar procesos continuos de agregación de valor y dejar de ser una economía meramente extractivista.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
Después se la voy a dar al señor Manuel Cruzat por ocho minutos, y luego al señor Sebastián Sichel por cuatro minutos, para que cierre.
El señor LAGOS.-
Seré muy breve, señor Presidente.
Creo que se ha hablado mucho sobre este tema. Hay algunos diagnósticos compartidos y otros no, pero lo que a mí me motiva -y lo digo sin ánimo de generar una polémica- es lo siguiente.
¿El litio tiene importancia para nuestro desarrollo? Sí.
¿Creo que hay un valor ahí, el cual Chile debe aprovechar? Ciertamente. No me cabe ninguna duda al respecto.
Los que no somos expertos en el tema del litio escuchamos y leemos sobre el particular para formarnos opinión. En tal sentido, hay quienes sostienen que tenemos un tremendo futuro en el litio, en función de cuál estructura nos damos para explotarlo; otros sostienen que vamos a obtener beneficios, pero que están sobredimensionados con respecto a lo que va a ocurrir en el futuro.
Y en ese contexto, entonces, se da este debate.
No obstante, en esta discusión yo siento que estamos haciendo algo bien complejo, porque he escuchado al Fiscal Nacional, y entiendo que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia también se pronunció y que la Corporación de Fomento de la Producción tuvo que intervenir acá por lo siguiente.
Primero, se suscribieron contratos, hubo actores privados que participaron en un proceso. Y la CORFO termina interviniendo en un asunto que -lo digo con mucho respeto a su representante aquí presente y, sobre todo, a los anteriores- tal vez no era el giro principal de su actividad, porque, de lo contrario, habría ocurrido una judicialización de este asunto.
Entonces, no se trata solamente de la voluntad política de decir "voy a explotar el litio", sino que hay que hacerse cargo de una realidad jurídica.
Segundo, creo que lo que de manera diplomática nos plantea el Fiscal -y salta a la vista- es que no se le puede pedir a una institucionalidad como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o la Fiscalía Nacional Económica que resuelvan cuestiones para las cuales no fueron creados. Ellos se establecieron para abordar asuntos relativos a la competencia, a las condiciones de mercado, pero no para asegurar si hay desarrollo de Chile en la medida que eso se encuentre en juego.
Lo anterior tienen que resolverlo otras instancias. Eso es lo que se discute. Y ahí sí que valoro las intervenciones de la Senadora Provoste, del Senador Guillier, de la Senadora Allende (no quiero mencionarlos a todos).
Sí, hay una decisión política que tomar. Sin embargo, lo que a mí me irrita -y no tiene que ver con CORFO- son esos discursos en que se aboga por que Chile debe hacer algo; pero cuando hay que votar la ley minera, entonces, no le quieren subir los impuestos a las mineras y se pronuncian como lo hace un sector de la política en Chile. En este sentido, cuando hablamos de tener un Estado más activo en economía, se alinean con una manera de ver cómo debe ser el Estado subsidiario en nuestro país.
Y lo digo porque algunas de las intervenciones generan ese doble estándar al hablar de que no podemos ser extractivistas. ¡Bueno! ¡Pero, entonces, hay que hacer algo distinto! Y para hacer algo distinto tal vez hay que modificar hasta la Constitución. ¡Por supuesto! ¿Y se requieren políticas de Estado? ¡Ciertamente que se requieren políticas de Estado!
Yo les pido un mínimo de consecuencia y que abordemos de otra forma este tema, aunque esta es una sesión especial sobre el litio, que captura una importante atención de las redes sociales y de algunos a quienes nos interesa este asunto.
Termino con esto.
Me encantaría tener una institucionalidad más fuerte y más firme para poder explotar el litio y otros recursos naturales. De la misma forma, me encantaría que nos preocupáramos de un desarrollo sustentable, no solamente de la explotación del litio; que también levantáramos la mano a fin de suscribir acuerdos medioambientales que nos permitan un desarrollo sostenible y que el Gobierno firmara el Acuerdo de Escazú, que vimos que está en el aire pues hace tres semanas se quedó esperando que Chile lo suscribiera en Nueva York.
Entonces, lo único que pido es que racionalicemos todos esos discursos.
Por último, estoy ávido por escuchar las otras intervenciones, señor Presidente, porque aquí lo que va a haber es, seguramente, una manera distinta de abordar lo que explicó el Fiscal. Este dio sus argumentos, pero no me cabe duda de que otros invitados presentes acá tendrán una mirada distinta respecto de algunos elementos que deberían ser considerados en su oportunidad.
Yo también quiero que el litio lo explotemos todos los chilenos, pero pongámonos serios, propongamos una institucionalidad y no nos quedemos en el discurso para la galería, pues cuando después haya que votar los proyectos de ley respectivos saldrá -yo diría- el conservadurismo de la Derecha más tradicional.
Gracias, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Nos quedan dos oradores inscritos: uno para intervenir por ocho minutos y otro por cuatro.
Por consiguiente, pido autorización a fin de prorrogar la sesión por el tiempo necesario para que puedan hacer uso de la palabra.
--Así se acuerda.
El señor MONTES (Presidente).-
Le ofrezco la palabra al señor Manuel Cruzat.
El señor CRUZAT (Economista).-
Buenas tardes, gracias por la oportunidad de hablar acá.
Les quería comentar lo siguiente.
El mercado del litio puede tener un gran potencial o un potencial pequeño. Pero una cosa sí es clara: si ustedes lo entregan a un cartel controlado por un gran poder comprador, que es China, la verdad es que el desarrollo que uno busca para Chile no se va a dar. Por de pronto, se requiere que no quede entregado a ningún país extranjero, pero no por ser un país propiamente tal, sino porque requiere condiciones competitivas para que se desarrolle.
Ahora, una materia tremendamente relevante en lo relativo al litio es que -ya se ha hablado y no quiero entrar en mayores detalles- hay dos grandes yacimientos en el mundo y tres grandes actores. Entre los dos grandes yacimientos abarcan casi el 70 por ciento de la producción del litio como materia prima.
Esos yacimientos están en el salar de Atacama y en el proyecto Talison en Australia.
Resulta que entre los operadores existe un acuerdo de distribución del mercado mundial (entre Albemarle y Tianqi), que es tremendamente relevante a la hora de evaluar la entrada de Tianqi en SOQUIMICH. Ello está informado a la SEC (Securities and Exchange Commission) en Estados Unidos; pero probablemente no al Departamento de Justicia, porque Albemarle es una compañía americana y, supuestamente, en ese país no sería aprobado. La distribución de mercado en Estados Unidos no se encuentra aprobada desde el punto de vista de la libre competencia.
El párrafo citado en la imagen anterior figura en Internet. Ni siquiera es un texto que haya que encontrar como "ratón de biblioteca". Repito: está en Internet. Y ahí aparece la distribución del mercado mundial del litio.
Entonces, si la Fiscalía y, después, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no se hacen cargo de esto, la verdad es que la evaluación que se les ha pedido obviamente tendrá un mal resultado. Si no se hacen cargo de lo esencial, lo otro pasa a ser nulo.
Ahora, déjenme explicar un punto.
El pacto de distribución del litio entre Tianqi y Albemarle significa que, al final del día, si Tianqi ingresa a SOQUIMICH con el 24 por ciento, teniendo derecho a 3 directores de los 8, pasa a cocontrolar SOQUIMICH con su actual controlador, el grupo Pampa.
El problema es que el 2030 vence el contrato de extracción del litio que hoy tiene SOQUIMICH, y el 2043 vence el contrato de Albemarle en el salar de Atacama. ¿Y qué va a pasar cuando Tianqi, una empresa china partícipe del capital de SOQUIMICH, se oponga a la forma en que se relicitan los contratos de extracción del litio en el salar de Atacama?
La verdad es que van a exponer a Chile a un conflicto diplomático por no haber precavido a tiempo el problema de tener al mayor consumidor actual de litio en la propiedad de la compañía productora de litio más importante en Chile.
Entonces, el día de mañana, el año 2030, que es una cuestión que no se evaluó en su momento, Chile se encontrará ante el problema de tener que enfrentarse eventualmente a China. Porque ustedes entenderán que, si bien Tianqi es el vehículo, China está detrás de esto.
China tiene un capitalismo de Estado, que opera con firmas, en teoría, privadas; pero si al final del día el recurso pasa a ser tremendamente estratégico -cuestión que no se sabe-, pierdan cuidado que quien va a estar atrás de las decisiones estratégicas de este mineral será el Estado chino.
Y en ese caso, Chile se encontrará con lo siguiente: va a enfrentar a un gran consumidor de litio (50 por ciento en el mundo), que a su vez es partícipe de la mayor compañía que opera dicho recurso en Chile y que, además, es socia de Albemarle, la otra empresa extractora del litio en nuestro país.
Esa es la situación en la que quedamos después del análisis de la Fiscalía Nacional Económica, del caso que ellos han hecho y de la aprobación -hasta ahora todavía no definitiva- por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Entonces, ¿qué ocurre?
Las obligaciones a las cuales la Fiscalía está sujetando a Tianqi tienen una duración solamente de seis años. Pasado ese plazo, se acabarán, y no se resolverá el problema de fondo.
Se establecen las famosas regulaciones a los directores, como lo relativo a la información comercialmente sensible con el objeto de que esta no llegue de SOQUIMICH a Tianqi y viceversa, y tampoco a Albemarle, dada su condición de socia de la compañía china. Si bien en los primeros seis años uno, teóricamente, podría creer que ello es verificable -honestamente, no lo creo, pero supongamos que así fuera-, luego de ese período tal obligación muere motu proprio. ¡Sin embargo, ya se armó el cartel!
Al aprobar Chile esa operación, estamos viendo, frente a nuestros ojos, la formación de un cartel, que efectivamente subirá los precios del litio a los terceros consumidores distintos de China.
No hay que ser inocentes: lo que va a pasar acá es que la administración del salar de Atacama solo va a rentar en el eje SQM-Albemarle-Tianqi. En el fondo, vamos a tener una suerte de monopsonio u oligopsonio liderado por China, que va a ser nuestro gran poder comprador.
Toda la negociación que quiera hacer nuestro país el día de mañana, sea por el royalty o por el resto de las condiciones económicas bajo las cuales se sacará el litio, van a estar sujetas al hecho de que enfrente tendrá al gran poder comprador, cuestión que obviamente le quitará libertades a la hora de negociar qué hacer con los recursos del referido metal.
Ahí radica el problema.
Entonces, cuando CORFO esgrime que ahora solamente está para implementar los contratos, peca de inocencia -¡peca de inocencia!-, pues en el fondo ello significa aplicar mecánicamente un contrato, pero sin hacerse cargo de la dificultad fundamental: del hecho de que se está armando un cartel a la vista y presencia nuestra.
Se trata de un cartel que va a ir en contra de los intereses de SQM -estoy hablando, particularmente, de la operación en comento- y, sobre todo, de los intereses de Chile y de la CORFO, como dueño o administrador hoy día de la concesión y extracción del mineral del litio en el salar de Atacama.
¡Ese es el problema de fondo!
¡Y no ha sido resuelto!
Las condiciones que la Fiscalía ha aducido me parecen francamente inútiles a la hora de corregir el asunto de fondo de falta de competencia.
Y tengo reclaro que esto va contra los intereses de nuestro país y de la Corporación de Fomento de la Producción. Si la Fiscalía Nacional Económica busca una justificación, que vea cómo se verá dañada CORFO producto de enfrentar un solo eje: Tianqi-Albemarle-SOQUIMICH.
Por otra parte, a raíz de la conformación de dicho cartel, yo mismo ingresé una denuncia en el Departamento de Justicia de Estados Unidos con relación a Albemarle. Es una compañía norteamericana y, como tal, está sujeta a las leyes de libre competencia que prevalecen en su país. El pacto con Tianqi, si bien fue informado a la autoridad de valores de la nación del norte, probablemente no lo esté al Departamento de Justicia. Por eso pedí que evaluara la integridad del proceso que tenemos enfrente.
Hasta el día de hoy se observan problemas serios de operación con los joint ventures que se están formando entre empresas extranjeras y chinas para el ingreso a China, asociación en la que las compañías de este país se hacen de la tecnología y, a cambio, entregan acceso al mercado chino.
Bueno, probablemente eso es lo que hizo Albemarle para entrar a China: se asoció con Tianqi.
Con esa misma estrategia varias automotoras han ingresado a China: han hecho joint ventures con empresas de ese país. Ahora, todas esas compañías se han quedado en silencio, porque de otra forma pierden el acceso a ese mercado.
Debemos estar conscientes de que todo el silencio que ha habido en empresas automotoras en el mundo, como Tesla, o en empresas tipo Apple, que usan litio al final del día, tiene mucho que ver con el acceso al mercado chino, el cual queda condicionado cuando uno quiere que China se sujete a las reglas de libre competencia que se están aplicando al resto del mundo.
¡Ese es el problema de fondo!
Creo que nuestro país no puede ser partícipe, con su silencio o su inacción, de entregar dicho mineral, bajo esta forma, a un cartel liderado por China. Si el día de mañana queremos desarrollar una industria del litio en Chile y generarle valor agregado, ¡no lo lograremos entregando el recurso a un cartel liderado por China!
Eso es cuando puedo aportar, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Muchas gracias, señor Cruzat.
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El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Provoste, para plantear un punto reglamentario.
La señora PROVOSTE.-
Señor Presidente, como esta sesión especial estaba prevista hasta las 16 horas, la Comisión de Educación había citado a las 16:30. Por tanto, solicito autorización de la Sala para sesionar en paralelo.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
Acordado.
En todo caso, les recuerdo a Sus Señorías que terminada esta sesión, comienza de inmediato la ordinaria.
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El señor MONTES (Presidente).-
Le ofrezco la palabra al señor Sichel.
El señor SICHEL (Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO).-
Señor Presidente, ¿puedo ceder un minuto al señor Fiscal al final para que también pueda responder?
El señor MONTES (Presidente).-
Por supuesto.
El señor SICHEL (Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO).-
Gracias.
Señor Presidente, quiero hacer un resumen rápido de nuestra opinión a partir de la conversación que ha habido
En primer lugar, quiero hacerme cargo de lo que plantearon el Senador señor Lagos y la Senadora señora Allende.
¿Por qué se celebran estos contratos? Primero, porque teníamos un problema jurídico profundo con SOQUIMICH por el pago de patentes, y había que resolverlo en un tribunal arbitral conforme a las reglas que se establecieron. El Gobierno anterior a este respecto tomó una decisión, que compartimos -estamos haciendo política de Estado en esta materia-, en orden a lograr un acuerdo que resolviera el arbitraje.
En el caso del contrato con Albemarle, ¡ojo!, la discusión es distinta, pues no había una fecha cierta de término. Ahora se le cierra el plazo. Mi opinión es que se pudo haber implementado un mecanismo competitivo y no directo de adjudicación de ese contrato.
Segunda cosa absolutamente relevante: ¿Para qué se celebran estos contratos?
Considero que el pago del royalty era el mínimo, el minimum minimorum, el desde. Lo realmente relevante era generar una industria de valor agregado en Chile en este sector.
Yo lo dije rápido en mi primera intervención: estos contratos pueden significar 1,4 billones de dólares de ingresos para Chile, ¡1,4 billones de dólares! Es mucho. Corresponde aproximadamente a lo que produce la industria del vino en el mediano plazo.
Entonces, si no aprovechamos estos contratos para generar industria de valor agregado, no tendrá sentido todo el tiempo que hemos dedicado a hablar aquí sobre la industria del litio.
¿Y cómo generamos valor agregado?
Hay dos cláusulas del contrato que son determinantes en esto: primero, la de I+D, que es un monto asignado directo para la construcción del centro de transición energética y, segundo -es igualmente relevante-, la del 25 por ciento de que habló el Fiscal Nacional Económico, la que se debe entregar a productores especializados asignados por el Estado para que produzcan en Chile. A ellos se les vendería a un valor más bajo de mercado.
Ya algo adelanté sobre ese punto y algo dijo también la Senadora señora Provoste.
En este aspecto, no hemos llegado a acuerdo con Albemarle y, probablemente, terminemos en una solución arbitral, que es la peor solución, por cuanto puede nuevamente demorar el proceso. La empresa no entiende que eso es parte fundamental de la razón por la cual se llegó a suscribir el contrato.
Por lo tanto, hoy día estamos en una situación muy muy muy compleja: no logramos que se venda a un precio preferente parte del producto.
Tercera cosa: ¿Cómo funcionamos a partir de esto?
Aquí conviene aclarar algunos puntos.
Es de interés profundo de la CORFO proteger la libre competencia. La pregunta es si nosotros resolvemos los asuntos de libre competencia o estamos interesados en proteger la competencia.
Una de las primeras acciones que tomamos como Gobierno -y, en particular, yo como Vicepresidente- fue no solo ratificar la denuncia frente a la Fiscalía Nacional Económica, sino obtener sendas audiencias para presentar los antecedentes del mercado y demostrar que veíamos riesgos de coordinación e interlocking en el sistema.
Ante ello, sabemos que la Fiscalía, que la ley autoriza para investigar los conflictos de competencia, y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia son los organismos competentes para resolver el conflicto que tuvimos en vista, otra vez en la lógica de política de Estado.
Por ello, Senador señor Ossandón, concurrimos a presentar todos los antecedentes y entendemos que quien resuelve tales conflictos es el Tribunal referido. Como nosotros éramos la parte denunciante, nos comportamos como tales en todo el proceso. Es lo que correspondía.
Además, casi todos los antecedentes que ustedes están viendo en el mercado fueron entregados directamente por nosotros.
Última cosa: ¿Qué viene?
Lo primero es tener cuidado con la concentración del mercado.
No debemos olvidar que la Fiscalía y el Tribunal actúan mediante el establecimiento de medidas preventivas. Pero esto no desliga para nada a la CORFO de su responsabilidad de denunciar cualquier práctica anticompetitiva que ocurra en la gestión de los contratos. Por lo tanto, estamos encima fiscalizando para poner en alerta a la Fiscalía cada vez que suceda un atentado contra la libre competencia. Eso es prevención y privación.
Objetivamente -como dijo Manuel Cruzat-, muchos abogados pueden tener visiones distintas respecto a si se debió o no haber prohibido esa compra prioritaria. Nuestra opinión, como Estado -porque aquí actuamos como tales-, debe estar subsumida en los órganos competentes a ese efecto.
Por último, señor Presidente, se ha discutido harto sobre la institucionalidad pública.
En Chile hay -me equivoqué en dar la cifra en mi intervención inicial- sesenta salares, y CORFO solo tiene uno. El valor de explotación de ellos es vital.
Queda claro que la CORFO es un servicio público. Ojalá en nuestra coordinación con el Ministerio de Minería la mirada sea global y no se centre solo en torno a estos contratos, que -insisto- presentan debilidades y fragilidades que es urgente corregir y respecto de los cuales hemos sido duros fiscalizadores.
Muchas veces, no por falta de competencia, sino porque así se estipuló en los contratos, vamos a tener que judicializar la resolución de los conflictos.¡Así está establecido! No es la fórmula que nos habría gustado, pero es lo que corresponde. Cada conflicto que surja debe ser resuelto por arbitraje, y es lo que estamos haciendo apenas aparecen las alertas respectivas.
El señor MONTES (Presidente).- Muchas gracias, señor Sebastián Sichel.
Le damos un minuto al señor Mario Ybar, Fiscal Nacional Económico subrogante.
El señor YBAR (Fiscal Nacional Económico subrogante).-
Muchas gracias, señor Presidente.
Solo deseo hacerme cargo de algunas de las alegaciones del señor Cruzat, que han tenido profusa difusión en prensa, sobre lo cual la Fiscalía no ha tenido oportunidad de manifestar su parecer.
Señala que con esta decisión el litio va a quedar en manos de un país extranjero; que se trata de un cartel controlado por China, sin perjuicio de que Tianqi es la menor de las tres principales empresas del rubro; que esto disminuye el poder de negociación de la CORFO, y que se va a crear un conflicto diplomático.
Todo ese tipo de argumentos -lo señalamos- no puede ser parte de nuestro análisis. El único planteamiento que sostiene el señor Cruzat que sí corresponde a nuestro ámbito es que, producto de esta operación, se va a formar un cartel. Y repite tal idea insistentemente, como si el solo hecho de reiterarla bastara para acreditar en tribunales el riesgo de coordinación propio de esta operación.
El único argumento que se da para justificar esa posición es que, a propósito del joint venture en Talison, las empresas Tianqi y Albemarle tendrían un contrato de reparto del mercado donde se comprometen a no cruzarse territorialmente.
Pues bien, esos son los problemas que surgen al investigar por internet.
En realidad, se trata de un contrato que solamente rige respecto del concentrado de litio en su nivel más bajo, de grado técnico, que ni siquiera sirve para hacer baterías. Se usa solo para vidrios y cerámica.
En lo que respecta al refinado de litio, donde SOQUIMICH sí participa y tiene efectos esta operación, esas empresas compiten. Tanto es así que la Fiscalía acreditó ventas de Albemarle en China y de Tianqi fuera de ese país.
Asimismo, se sostiene que, de haber sabido Estados Unidos y Europa sobre tal asociación, habrían investigado con más fuerza que Chile. La verdad es que la Fiscalía Nacional Económica tuvo conversaciones con todas las agencias. Conocimos el parecer de ellas y les manifestamos el nuestro. Pero la única en el mundo -hasta donde yo sé- que abrió una investigación y condicionó dicha operación fue la chilena, sin perjuicio de que produce mucho más efectos en Estados Unidos, Australia o Europa, que son países cuyas empresas compran litio.
Eso es todo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- A usted, señor Fiscal.
Agradezco a las visitas que nos acompañaron en esta oportunidad.
La señora ALLENDE.-
¿Y el proyecto de acuerdo, señor Presidente?
El señor MONTES (Presidente).- Quedará para ser votado en otra sesión.
Por haberse cumplido su objeto, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 16:49.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción