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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 13ª, en miércoles 24 de abril de 2019
Ordinaria
(De 16:20 a 20:1)
PRESIDENCIA DE SEÑORES ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE, Y JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIA, LA SEÑORA XIMENA BELMAR STEGMANN, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver, y de Energía, señora Susana Jiménez Schuster.
Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, señor Ignacio Guerrero Toro.
Actuó de Secretaria General subrogante la señora Ximena Belmar Stegmann, y de Prosecretario subrogante, el señor Pedro Fadic Ruiz.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 10ª y 11ª, ordinarias, en 16 y 17 de abril del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor FADIC (Prosecretario subrogante) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensajes
De Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el que inicia un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas (Boletín N° 12.589-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Dos del señor Vicepresidente de la República:
Hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas (Boletín N° 12.589-07).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Solicita el acuerdo del Senado para nombrar a la señora Ana Holuigue Barros y a los señores Gonzalo Cordero Mendoza y Jaime Gazmuri Mujica, como directores de la Empresa Televisión Nacional de Chile (con la urgencia establecida en el N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental) (Boletín S 2.063-05).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
Oficios
Del señor Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación:
Atiende preocupación del Honorable Senador señor Guillier sobre problemas que afectan a los beneficiarios de becas de doctorado.
Del señor Subsecretario de Hacienda:
Explica situación planteada por el Honorable Senador señor Navarro que afecta a la industria nacional de acero.
Del señor Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos:
Responde inquietud del Honorable Senador señor Bianchi sobre problemas de aplicación de la Ley Navarino.
Del señor Director Nacional del Trabajo:
Envía antecedentes sobre consulta de la Honorable Senadora señora Provoste relativa a las empresas fiscalizadas en cumplimiento de lo dispuesto en la ley N° 21.015, que incentiva la inclusión laboral de personas con discapacidad.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Mociones
Moción de los Honorables Senadores señor Moreira, señoras Ebensperger y Van Rysselberghe, y señores Durana y Pérez, por la que inician un proyecto de reforma constitucional que incorpora al Fiscal Nacional y a los Fiscales Regionales como sujetos de acusación constitucional (Boletín N° 12.585-07).
Moción de los Honorables Senadores señor Kast, señora Goic, y señores Durana, Huenchumilla y Latorre, por la que inician un proyecto de ley sobre nueva calificación jurídica de los animales (Boletín 12.581-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Moción de los Honorables Senadores señor Girardi, señoras Allende y Órdenes, y señor Prohens, por la que inician un proyecto de ley que regula el transporte de animales vivos (Boletín 12.587-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Proyecto de acuerdo
De los Honorables Senadores señor De Urresti, señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes y Provoste, y señores Bianchi, Chahuán, Elizalde, Galilea, García, Girardi, Harboe, Insulza, Latorre, Montes, Moreira, Navarro, Prohens, Pugh y Quinteros, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir a los ministros de Agricultura y del Medio Ambiente para que se elabore un plan nacional de vigilancia y control del virus Hanta, que considere los efectos del cambio climático e incluya el fortalecimiento del centro de referencia de Valdivia, especialmente incrementando los recursos disponibles en el marco del convenio suscrito entre la Universidad Austral de Chile y el Ministerio de Salud, a fin de permitir la descentralización del dictamen confirmatorio y un mayor desarrollo de reactivos para el diagnóstico, que antes se importaban, pero que desde el año 2018 son producidos en la Región de Los Ríos, desde donde se abastece al Instituto de Salud Pública (Boletín N° S 2.062-12).
--Queda para ser votado en su oportunidad.
Permisos constitucionales
De los Honorables Senadores señores De Urresti y Girardi, para ausentarse del país a partir del día 25 del presente mes.
--Se accede a lo solicitado.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, nos pronunciaremos de inmediato sobre el proyecto de que se acaba de dar cuenta, dada la situación que el virus Hanta está produciendo en la zona sur del país.
--Así se acuerda.



ELABORACIÓN DE PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE VIRUS HANTA POR MINISTERIOS DE AGRICULTURA Y DEL MEDIO AMBIENTE. PROYECTO DE ACUERDO

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo de los Senadores señor De Urresti, señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes y Provoste y señores Bianchi, Chahuán, Elizalde, Galilea, García, Girardi, Harboe, Insulza, Latorre, Montes, Moreira, Navarro, Prohens, Pugh y Quinteros, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva instruir a los Ministros de Agricultura y del Medio Ambiente para que se elabore un plan nacional de vigilancia y control del virus Hanta.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.062-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 13ª, en 24 de abril de 2019.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
--Por unanimidad, se aprueba el proyecto de acuerdo.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.


DENOMINACIÓN DE LEY NACIONAL DEL CÁNCER COMO "LEY CLAUDIO MORA PAVEZ" Y MINUTO DE SILENCIO EN SU MEMORIA

La señora GOIC.- Señor Presidente, en la última sesión de la Comisión de Salud acordamos solicitar a la Sala hacer un pequeño homenaje, en la forma de un minuto de silencio, por un amigo, por un gran médico: Claudio Mora Pavez, quien nos dejó la semana pasada.
Claudio Mora fue una persona clave en la tramitación de la Ley Nacional del Cáncer. En su calidad de jefe de cirugía del hospital El Pino, le tocó vivir de ambos lados del escritorio: como doctor, atendiendo a muchos pacientes de cáncer, pero también en el tratamiento de su propio cáncer. Y desde ahí utilizó las redes, las entrevistas, los medios públicos para sensibilizar respecto de la importancia de sacar adelante la mencionada ley, pero también sobre algo quizá mucho más importante y desafiante, que es la humanización, la dignificación del trato a los pacientes.
Yo lo conocí en septiembre del año pasado, cuando me fue a plantear que hiciéramos una marcha para que lográramos que el Presidente firmara el proyecto que establecía la Ley Nacional del Cáncer. Él fue el rostro de la marcha que se realizó en noviembre, y no tengo dudas de que fue clave para poder sacar adelante la iniciativa que hoy día estamos tramitando.
Por tales razones, queremos solicitar este minuto de silencio, pero, además, que pudiéramos acordar aquí, en la Sala -como lo hiciéramos en la Comisión de Salud-, que la Ley Nacional del Cáncer, que hoy estamos tramitando y que es la que soñó Claudio, a la cual destinó un tiempo tan valioso para sensibilizar respecto de su importancia, llevara su nombre. Me gustaría que pudiéramos acordar eso en homenaje a su legado, a su esfuerzo, pero también en reconocimiento a su familia: a su esposa Francisca, a sus hijas, a sus hermanos, y para que sigamos trabajando con la misma fuerza con que nos impulsó a fin de tener la Ley Nacional del Cáncer que él soñó y que muchas personas en este país se merecen.
Quiero señalar que esto lo conversé con Claudio y él me manifestó la preocupación de que si la ley llevaba su nombre se invisibilizaría a tantas personas que han estado detrás. Y yo creo que todas ellas están representadas en su testimonio, en el sentido que él le dio, en la actitud con que enfrentó su cáncer. Él visibilizó, no la lucha que se pierde de un paciente, sino la forma en que merecen vivir las personas que padecen un cáncer, con toda la dignidad que ello requiere.
Por eso, señor Presidente, solicito que se acuerde que la Ley Nacional del Cáncer lleve el nombre del doctor Claudio Mora Pavez y que podamos guardar ahora un minuto de silencio en su honor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Si les parece a las señoras Senadoras y los señores Senadores, así se procederá.
Acordado.
Ruego a los presentes en la Sala y en las tribunas ponerse de pie.
--La Sala guarda un minuto de silencio.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde para un asunto de reglamento.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, quiero formular dos solicitudes.
Hoy sesionó la Comisión de Minería y acordamos unánimemente pedir a la Sala que se fusionen los siguientes proyectos de ley:
a) El iniciado en moción de los Senadores señores Elizalde y Montes, señoras Órdenes y Provoste y señor Guillier, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos con el objeto de fortalecer la transparencia en la distribución de energía (boletín N° 12.548-08).
b) El iniciado en moción de los Senadores señores Elizalde y Montes, señoras Órdenes y Provoste y señor Guillier, sobre determinación de la rentabilidad de las empresas de energía eléctrica (boletín N° 12.549-08).
c) El iniciado en moción de los Senadores señora Provoste y señores Elizalde y Guillier, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos a fin de limitar la rentabilidad de las empresas de distribución eléctrica (boletín N°12.564).
En la Comisión de Minería se acordó solicitar a la Sala la fusión de estas iniciativas para poder discutirlas en conjunto.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en acceder a lo solicitado?
--Se accede.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Puede continuar, Su Señoría.

El señor ELIZALDE.- En segundo término, solicito ampliar el plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica la ley N° 19.300, que aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para exigir que se elabore un estudio de impacto ambiental en los proyectos que puedan generar contaminación lumínica en las zonas que indica (boletín N° 11.912-12).
En rigor, este proyecto fue aprobado hoy en la Comisión, pero hay una indicación que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y que este acaba de ingresar, por lo que solicitamos, por una parte, ampliar hasta las cuatro y media el plazo para presentar indicaciones y, por otra, que se nos autorice a sesionar simultáneamente con la Sala por cinco o diez minutos, a fin de ratificar el texto ingresado por el Ejecutivo, en torno al cual existe unanimidad.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, yo quiero solicitarle a la Sala que respecto del proyecto que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago (boletín N° 11.078-03), se aplique el artículo 37 -porque está en tercer trámite constitucional- y que, en vez de que vaya a la Comisión de Economía, venga a la Sala.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en ese sentido?
Acordado.
Puede continuar, señor Senador.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, quiero solicitar también -hablé con algunos Senadores de la Comisión de Salud- el desarchivo del proyecto de ley que impone a los establecimientos comerciales que indica la obligación de entregar un servicio gratuito de agua potable ordinaria para el consumo de sus clientes (boletín N° 9.680-11) y que pueda fusionarse en la Comisión con un proyecto casi idéntico que se está viendo hoy día, que tiene el mismo título. Es el llamado "jarro de agua en los restoranes".

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Les parece?
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- No se entiende bien la petición, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A ver. Se está solicitando, por parte del Senador señor Ossandón, la fusión de dos proyectos.
Senador señor Coloma, ¿usted tiene alguna duda?

El señor COLOMA.- Señor Presidente, esto se planteó la otra vez. Son proyectos de naturaleza diferente y la Sala acordó ver cada uno en su mérito.
Entonces, no veo por qué vamos a unirlos. Esto ya se vio y se acordó de esa manera.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Yo creo que aquí hay un error, señor Presidente, porque son casi idénticos. La única diferencia es que uno está presentado tres años antes que el otro.
Por eso se está pidiendo que se pueda desarchivar uno y tramitarlo en conjunto con el otro. Y eso se vio en la Comisión de Salud; no lo hemos visto acá.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- No es por debatir, pero yo fui a la Comisión de Salud el otro día y vi que se aprobó una iniciativa. Además, los proyectos tienen que estar en el mismo trámite para poder fusionarse y estos no están en el mismo trámite.
Así que planteo una objeción reglamentaria.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Me informa la Secretaría que tiene razón el Senador señor Coloma. Al estar en distintas etapas ambos proyectos, no podemos acceder a lo solicitado.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, simplemente deseo solicitar una nueva ampliación del plazo de indicaciones para el proyecto de ley sobre el acoso sexual en el ámbito académico. El plazo culmina este viernes. Pero tanto el Ejecutivo como los equipos del Senador Quintana y de la Senadora Ena von Baer, quienes están en China, han manifestado su interés en extenderlo hasta el viernes siguiente, que corresponde a la semana regional, de manera que la semana subsiguiente podamos iniciar la tramitación en particular.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en ampliar el plazo de indicaciones respecto de esta iniciativa hasta el viernes 3 de mayo?
--Así se acuerda.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, en primer término, por acuerdo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, quiero solicitar a la Sala un mayor plazo para tratar las normas laborales contempladas en el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y en el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, dada la enorme complejidad de las materias que hemos conocido en estos días.

La señora ALLENDE.- ¿Cuánto más? Porque ya es mucho...

La señora MUÑOZ.- No, no es mucho. Es una materia muy compleja. La hemos debatido hoy día largamente en la Comisión de Trabajo y acordamos unánimemente solicitar más plazo para poder evacuar el informe en relación con las normas laborales de ambos servicios.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señora Senadora, no habría inconveniente en acceder a lo que solicita.Pero nosotros ya adoptamos un acuerdo en el sentido de que eran dos sesiones las determinadas, por lo que sería importante que esta ampliación la estableciéramos por otras dos sesiones, o por un plazo fijo, para mantener el criterio que esta Sala adoptó unánimemente.

La señora MUÑOZ.- Sí, señor Presidente. Yo creo que se necesitan cuatro sesiones más.

La señora ALLENDE.- ¿Cuatro más o dos más...?

La señora MUÑOZ.- Cuatro más.

La señora ALLENDE.- ¿Más de las que tienen?

La señora MUÑOZ.- Si terminamos antes, mejor, pero es bien compleja la materia.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- La solicitud es de cuatro sesiones más.
¿Habría acuerdo?
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, yo creo que es muy importante respetar el acuerdo que se tomó -en ese momento yo estaba con licencia- en el sentido de que lo revisara la Comisión de Trabajo. Y me parece muy bien. Pero, quiero dejar constancia de que esto está retrasando la tramitación de dos proyectos que son tremendamente importantes, que crean el Servicio Nacional Forestal -todos sabíamos lo que podría significar en términos de las funciones que, entre otras, tienen que ver con los temas de incendios- y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
También quiero hacer presente que cuando comenzamos a tramitar esta última iniciativa se conversó con los gremios, lo que ha continuado ocurriendo, en forma intermitente, durante dos años.
Yo estoy muy de acuerdo en que lo vea la Comisión de Trabajo. Me parece bien. Pero pediría que si le damos cuatro sesiones, que es exactamente un mes más, sea el plazo final. Porque la verdad es que estamos atrasando dos proyectos que son tremendamente importantes y que han venido conversándose, no por meses, no en una sesión: por años.
Entonces, no tengo problema en que se trate en la Comisión de Trabajo. Pero que quede claro que son cuatro sesiones en total y no más, porque creo que estamos retrasando proyectos sumamente importantes para este país, que tiene que contar, finalmente, con un Servicio Forestal público, no privado, como es hoy día Conaf, y con un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, es tremendamente importante tener nuevos servicios. Pero es tremendamente importante también tener derechos laborales dignos para los trabajadores del Estado.
Y tal cual están estos proyectos, son indignos. Es mi convicción, después de haber escuchado en dos sesiones a los sindicatos de la Biodiversidad y de Conaf.
En mi opinión -tal vez no es la mayoritaria, no sé; está el Senador Durana, que dará la suya-, creo que no se trata solo de evacuar un informe, sino de enfrentar el hibridaje de normas contenidas en el proyecto de ley. Es un hibridaje inaceptable, es un engendro de normas del Código del Trabajo, del Estatuto Administrativo.
Yo no sé si habrá acá quienes quieran asumir la responsabilidad de aprobar normas laborales de esta naturaleza y sustentar dos nuevos servicios. Porque Sernafor es un nuevo servicio que reemplaza a Conaf. Y la idea no es tener un engendro inaceptable en el siglo XXI -es mi opinión-, sino normas para dignificar la situación de los trabajadores y de los funcionarios públicos.
Entonces, si quieren dos sesiones más, las tendrán; pero deberán asumir la responsabilidad ante los sindicatos que agrupan a todos esos funcionarios a lo largo del país.

La señora RINCÓN.- ¡Hay acuerdo para cuatro sesiones!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Pide intervenir por el mismo tema, Senador señor Durana?

El señor DURANA.- Sí, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor DURANA.- Señor Presidente, en la Comisión hoy día hemos escuchado a todas las organizaciones sindicales de Conaf y en la próxima reunión oiremos al Ejecutivo.
Por lo menos, en la sesión de la mañana se consensuó con el Gobierno toda la disponibilidad y voluntad política para acceder a lo que están planteando los trabajadores, que es una realidad.
A mí no me cabe la menor duda de que, si en la reunión siguiente contamos con el respaldo del Ejecutivo para resguardar las normas laborales, creo que en dos sesiones más estaríamos en condiciones de ponernos de acuerdo para redactar el respectivo informe.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, yo no tengo ninguna objeción en que sean dos o cuatro sesiones más. Que sea lo necesario para que todos quedemos tranquilos en cuanto a contar con disposiciones laborales claras, que no perjudiquen a los trabajadores, y a lograr un acuerdo al respecto.
Es obvio que nunca se logra unanimidad en ese ámbito. Eso lo sabemos a propósito de la creación de determinados servicios o de la transformación de otros. Pero debemos tratar de alcanzar el mayor acuerdo posible, evidentemente.
Reitero: no tengo problema si son dos o cuatro sesiones. Lo único que pido es que ojalá no sean más de cuatro.
Es bien importante que resguardemos los derechos de los trabajadores; que sea clara y transparente la relación contractual que tendrán en estos nuevos servicios, y que nadie salga perjudicado, que es algo que ha reiterado el Ejecutivo una y otra vez en el sentido de que ninguna persona sea degradada en su trabajo o reciba menos beneficios de los que percibía, sobre todo quienes serán trasladados al futuro servicio. Me refiero a los guardaparques que conformarán el nuevo organismo.
Nosotros entendemos que han existido procesos de conversación, de negociación, por largo tiempo, que son razonables. Los efectuó el Gobierno, no nosotros.
Pero no transformemos este debate en otra cosa al insinuar que algunos somos más partidarios de crear servicios que de respetar los derechos de los trabajadores, porque eso no corresponde a la verdad.
Aquí estamos diciendo que queremos que se respeten los derechos laborales, pero también sostenemos que este país debe avanzar en la creación de dos servicios importantes para nuestro país.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se ha planteado la necesidad de realizar cuatro sesiones más por parte de la Comisión de Trabajo para abordar con profundidad y celeridad el estudio del proyecto referido.
¿Habría acuerdo?
--Se accede.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, dije al inicio de mi intervención que iba a hacer dos solicitudes. Como se prolongó la primera, no alcance a realizar la segunda.
La Comisión Especial sobre la Mujer y la Igualdad de Género acordó unánimemente pedirle que recabe el acuerdo de la Sala para que el proyecto de ley que establece el deber de contar con un protocolo contra el acoso sexual en la actividad deportiva nacional sea trasladado a dicho órgano técnico desde la Comisión de Educación para su estudio.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?

La señora RINCÓN.- Sí. No hay problema.
--Así se acuerda.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, hablamos con el Senador Ossandón. La verdad es que él no tenía la información de que la Cámara de Diputados introdujo un sinnúmero de modificaciones al proyecto de ley referido a la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito.
Ahora está de acuerdo en que la iniciativa se mantenga en la Comisión de Economía, para revisar esos cambios y después pasar a la Sala en su tercer trámite constitucional.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Parece muy razonable.
Entonces, queda sin efecto la petición del Senador señor Ossandón de que dicha iniciativa pase directamente a la Sala.
No hay más inscritos para intervenir respecto de materias reglamentarias.
V. ORDEN DEL DÍA



PROMOCIÓN DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE RECURSOS ENERGÉTICOS


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre eficiencia energética, con informe de la Comisión de Minería y Energía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (12.058-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República):
En primer trámite: sesión 47ª, en 4 de septiembre de 2018 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (11.489-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores De Urresti, señora Allende, señores Girardi y Guillier y del entonces Senador señor Horvath):
En primer trámite: sesión 61ª, en 21 de noviembre de 2017 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Minería y Energía: sesión 12ª, en 23 de abril de 2019.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- El principal objetivo de la iniciativa es promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos, para contribuir a mejorar la productividad, la competitividad económica y la calidad de vida de las personas y reducir las emisiones de contaminantes.
La Comisión de Minería y Energía discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Provoste y señores Elizalde, García-Huidobro, Guillier y Prohens.
Cabe tener presente que el artículo 5º propuesto tiene carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere, para su aprobación, 23 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 70 a 77 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, pedí la palabra para exponer en esta materia. Pero suponía que primero iba a haber un informe del Presidente de la Comisión de Minería y Energía y después yo haría uso de la palabra, por ser autora de la moción, junto con usted, el Senador Guillier y otros colegas.
De no ser así, con mucho gusto intervendría ahora.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a algún miembro de la Comisión para informar sobre el proyecto.
En caso contrario, entraremos directamente a la discusión de la iniciativa.
No hay inscritos.
Tiene la palabra, señora Senadora.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, intervengo en mi doble condición: por un lado, como exintegrante de la Comisión de Minería y Energía y, por otro, como autora de la moción, junto con los Senadores De Urresti, Guillier y Girardi y también el Senador Horvath, quien empujó muchísimo este proyecto.
Esta iniciativa era uno de los puntos de la agenda de energía que tenía la Presidenta Bachelet, pero lamentablemente no se materializó entonces. Por eso, al final de su Gobierno, en uso de nuestras atribuciones, decidimos llevarla adelante, contando con apoyo del mundo académico y de varias ONG, como Chile Sustentable, a la cual hago un reconocimiento por haber colaborado con nosotros en esta materia y trabajado muchísimo en esta moción.
También debo agregar que el Ejecutivo resolvió presentar un proyecto de ley sobre eficiencia energética. Conversamos sobre ello y lo consideramos correcto, pues se recogen puntos importantes contenidos en nuestra iniciativa.
Por lo tanto, como autores de la moción, nos sentimos plenamente identificados con la propuesta legislativa del Gobierno. Por eso ambos proyectos se refundieron el año pasado, lo que en este momento comenzamos a discutir en general.
De manera sintética, deseo señalar los objetivos de esta iniciativa:
-Institucionalizar la eficiencia energética en el marco del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
-Promover la gestión de la energía en los grandes consumidores.
-Entregar información a los compradores de viviendas respecto de requerimientos energéticos en el uso de estas, algo tremendamente importante, como demostraré más adelante.
-Promover la gestión de energía en el sector público.
-Velar por las condiciones que faciliten la instalación y operación de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Estamos hablando de la electromovilidad, que es muy importante, y de dejar de lado, por supuesto, el diésel y los derivados del petróleo.
-Promover la renovación del parque vehicular con automóviles más eficientes, con énfasis en aquellos de propulsión eléctrica.
Quiero explicar por qué es importante la eficiencia energética en nuestro país.
Primero, porque es buena para el planeta y para toda la humanidad.
Nuestra matriz energética depende del carbón, al menos, en un 40 por ciento. Lamentablemente, eso ha significado la existencia de zonas de sacrificio, como Quintero, Puchuncaví y Concón, lo que es inaceptable a nivel internacional, especialmente de cara a la COP25.
En efecto, en el plano internacional hay que destacar que, aunque Chile realizó importantes avances en política energética, sobre todo al usar y promover las energías renovables no convencionales, convirtiéndose en líder de América Latina, tenemos un grave retraso en eficiencia energética si nos comparamos con los países de la región, y estamos lejos de los estándares de la OCDE.
En la ley Nº 20.402, de 2009, incluimos un etiquetado de eficiencia energética para algunos electrodomésticos y establecimos ciertos estándares mínimos de eficiencia, además de la creación de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Pero nuestro país aún no posee una ley de eficiencia energética y tampoco metas nacionales o sectoriales con este fin.
Por eso, este es el momento de avanzar en esa dirección.
Adicionalmente, la eficiencia energética ayudará al bolsillo de los más vulnerables, ya que las personas evidentemente notarán un ahorro en el consumo, sobre todo, en los hogares, y permitirá aumentar la productividad de las empresas, pues el ecoetiquetado va a estar presente, como decíamos antes, tanto en las viviendas como en los automóviles.
En efecto, la eficiencia energética claramente va a mejorar la calidad de las viviendas. Eso es tremendamente importante si pensamos en regiones como Aysén, donde existe una tremenda contaminación por el uso de leña. Lógicamente, queremos avanzar en la calidad de la calefacción de los hogares.
Hay que recordar que en Chile las edificaciones consumen un 21 por ciento de la energía a nivel nacional; de este, el 70 por ciento corresponde al consumo de las viviendas.
Desde el 2011 existe un etiquetado energético de viviendas, pero es de carácter voluntario y está administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Nosotros queremos que ello se establezca a través de esta ley.
La aplicación de la etiqueta de eficiencia ha sido exitosa, porque ha mejorado la decisión de compra que toma un consumidor y ha incentivado a las empresas a vender productos más eficientes. Por ello, el proyecto de ley establece la aplicación de dicho etiquetado para las edificaciones nuevas de tipo residencial para su comercialización.
Esa medida permitirá transparentar la información sobre la calidad energética de las viviendas, lo que posibilita que el consumidor, como ya señalé, tome la mejor decisión de compra. Ello es relevante, puesto que, en promedio, un 65 por ciento del gasto de energía de las viviendas se destina a la calefacción en las regiones del centro y sur del país.
Pero no estamos hablando solo de consumidores individuales, sino también de los grandes consumidores de energía: alrededor de 150 empresas, que representan más de un tercio de la energía consumida en el país. Por lo mismo, es importante que estas compañías realicen una gestión activa de su comportamiento energético.
Por eso se propone que las empresas implementen lo que llamamos -lo dice el mensaje- un "Sistema de Gestión de Energía" en cada una de sus instalaciones, cuando tenga un consumo sobre las 10 teracalorías, o en aquellas que cubran, en su conjunto, al menos el 80 por ciento de su consumo total.
Tal sistema deberá cumplir con los estándares mínimos que determine el reglamento respectivo o podrá entenderse como cumplido si observa alguna norma chilena de gestión de energía.
En definitiva, señor Presidente, voy a votar a favor de la idea de legislar, como autora de la moción que suscribí junto con otros colegas, que fue refundida con la iniciativa del Ejecutivo.
Exhorto al Gobierno a que saque esta ley ojalá antes de la COP25, porque también tenemos que hacernos cargo de las injusticias ambientales que todavía existen en nuestro país. El Gobierno debe presentar resultados de la Mesa de Descarbonización.
Hace unos días salió la noticia de que, lamentablemente, por el ciclo de sequía que se vive y por la escasez del recurso hídrico, estamos aumentando la generación de energía a través del carbón, en circunstancias de que se supone que tenemos una mesa de trabajo para la descarbonización. El país debiera propender a dejar de lado las empresas más antiguas, como las que existen, por ejemplo, en Quintero y Puchuncaví, donde hay algunas que tienen más de cuarenta años. Claramente ya no pueden seguir funcionando, pues provocan los gases de efecto invernadero y las condiciones que sabemos que afectan a la población.
Por lo tanto, espero que con este proyecto demos un paso más hacia políticas energéticas que nos permitan hacer usos racionales y sustentables de la energía, dejando atrás -reitero- situaciones como las que lamentablemente en este momento se están provocando por la sequía que nos ha acompañado en este ciclo, tendientes a aumentar la carbonización en la generación energética.
Espero que vayamos avanzando en profundizar más con energías renovables como alternativas, y no seguir en este proceso.
Señor Presidente, por todas las razones expuestas, voy a votar a favor en general, y espero que nuestros colegas se pronuncien en igual sentido.
He dicho.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Quiero saludar a los miembros del Club de Adulto Mayor Generación 2000, de la Región de La Araucanía, invitados por el Senador señor García.
¡Bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Solicito la autorización para el ingreso a la Sala del Subsecretario de la Segpres, don Claudio Alvarado; del Subsecretario de Energía, don Ricardo Irarrázabal; de la Jefa de Gabinete del Ministerio de Energía, señora Cristina Torres, y del Subsecretario de Economía, don Ignacio Guerrero.

El señor BIANCHI.- No al Subsecretario de Energía, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No habría acuerdo para el Subsecretario de Energía, señor Irarrázabal.
¿En el ingreso de los demás habría acuerdo?
--Se autoriza.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, votemos.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, este proyecto corresponde a una fusión de dos iniciativas: los boletines Nos 12.058-08 y 11.489-08.
Como señalaba la Senadora Allende, el objetivo de este proyecto es institucionalizar la eficiencia energética en el marco del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad; promover la gestión de la energía en los grandes consumidores; entregar información a los compradores de vivienda respecto de los requerimientos energéticos en el uso de estas; promover la gestión de energía en el sector público; velar por las condiciones que faciliten la instalación y operación de estaciones de carga de vehículos eléctricos, y promover la renovación del parque vehicular con automóviles más eficientes, con énfasis en aquellos de propulsión eléctrica.
Respecto de cada una de estas finalidades, podemos destacar distintos aspectos importantes.
La necesidad de institucionalizar la eficiencia energética en el marco del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad busca asegurar que las acciones de eficiencia energética tengan una mirada de largo plazo, que trasciendan la duración de los diferentes gobiernos y que involucre no solo al Ministerio de Energía, sino también a las diversas instituciones públicas relacionadas con el tema.
El artículo 1º de este proyecto establece que el Ministerio de Energía deberá elaborar un Plan Nacional de Eficiencia Energética cada cinco años, el cual deberá ser sometido el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
El segundo objetivo: promover la gestión de la energía en los grandes consumidores.
Estos en Chile no son muchos (en torno a 150 empresas), pero representan más de un tercio de la energía que se consume en el país. Esto es especialmente importante a efectos de que las compañías realicen una gestión activa de su energía. En tal sentido el proyecto plantea una serie de medidas tendientes a mejorar la gestión, dado el impacto que ello causa en materia energética.
El tercer objetivo es entregar información a los compradores de viviendas acerca de los requerimientos energéticos en el uso de estas.
Las viviendas consumen aproximadamente el 15 por ciento de la energía del país, y parte importante de esta se destina a la calefacción.
La energía destinada a calefaccionar los hogares depende en gran medida de su aislación térmica, lo que impacta obviamente en la calidad de vida, la salud y el medio ambiente.
De ahí la necesidad de otorgar información adecuada en este ámbito, a efectos de dar cumplimiento a las finalidades que persigue esta iniciativa de ley.
El cuarto objetivo: promover la gestión de energía en el sector público. Este no tiene un alto nivel de consumo en relación con otras áreas de nuestro país; por cierto, excluyendo a las empresas públicas.
No obstante, es necesario promover dicha gestión, porque eso sirve de marco de referencia para lo que realiza el sector privado y generar una mejor gestión en áreas que van más allá de las que corresponden al ámbito público.
El quinto objetivo es velar por las condiciones que faciliten la instalación y operación de estaciones de carga para vehículos eléctricos, siguiendo en gran medida la experiencia internacional en esta materia.
Por último, se plantea promover la renovación del parque vehicular con automóviles más eficientes, con énfasis en aquellos de propulsión eléctrica.
Señor Presidente, me parece que este proyecto es fundamental para enfrentar los desafíos que tenemos en nuestro país. De ahí la necesidad de que se aborde su contenido detalladamente en el marco de su discusión en particular.
Compartiendo los objetivos de la iniciativa, la Comisión de Minería y Energía aprobó por unanimidad la idea de legislar. Por lo mismo, voto a favor.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, como lo han señalado la Senadora Allende y el Senador Elizalde, quienes me han antecedido, este proyecto de ley parte de una moción y, posteriormente, el Gobierno, en lugar de hacerle una indicación sustitutiva, como todo el mundo esperaba, la presenta como un proyecto distinto.
El objetivo de la iniciativa es promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos, por cuanto la eficiencia energética es la forma más segura, económica y sustentable de cubrir nuestras necesidades.
Es imprescindible tener claridad respecto de las empresas que se considerarían como "consumidores con capacidad de gestión de energía", que fue el punto central durante la discusión general del proyecto en la Comisión de Minería y Energía. Es necesario saber cuáles son y qué hacen hoy esas empresas por la eficiencia energética.
Votamos a favor en dicho organismo, entendiendo que Chile ha suscrito un desafío de enorme relevancia, como es la organización de la COP25, y que este proyecto debiera estar totalmente tramitado para ese momento. Ello no significa hacer las cosas de manera incorrecta o incompleta, sino, muy por el contrario, ser capaces de que el Ejecutivo se haga cargo de antecedentes que son trascendentales para identificar los beneficios que esta iniciativa le plantea al país.
Por eso es importante comprender que los temas de energía y la política energética son un continuo, son tareas de Estado. Acá existió un esfuerzo de la Administración anterior que permitió acuerdos entre el Ministerio de Energía y diversas instituciones, como el Consejo Minero y empresas del Estado como ENAP. Por tanto, se requiere que el Gobierno nos diga cuál es el estado de esos convenios y cuáles son efectivamente los avances obtenidos en materia de eficiencia energética.
Es necesario revisar en el proyecto los incentivos y las sanciones que se proponen, los cuales, en nuestra opinión, no parecen adecuados. Por ejemplo, se establece que toda infracción a las obligaciones de las empresas debe ser considerada leve. Y el artículo 16 A de la ley N° 18.410 dispone que a las sanciones para las infracciones leves les corresponde una amonestación por escrito o una multa de hasta 500 unidades tributarias mensuales. Así, una empresa podría no comunicar un "sistema de gestión de energía", no obtener una certificación alternativa, no enviar informes anuales de consumo, es decir, "ahorrarse" toda la gestión de eficiencia energética por alrededor de 24 millones de pesos, cifra que para empresas con consumos energéticos altos parece nada.
En consecuencia, resulta indispensable introducir modificaciones para que rija el sistema general de infracciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de tal manera que, si hay reiteración en las faltas, si estas son de gravedad o se actúa con "evidente" mala fe en ellas, se puedan imponer mayores sanciones.
El proyecto, además, tiene un problema de origen: no define qué es "eficiencia energética". De modo que ahí hay espacios para que se hagan mejoras en la discusión particular.
Asimismo, la iniciativa presenta problemas en la operatoria de los plazos, ya que no se fijan los períodos en que se debe informar. Hay que establecer claramente ese proceso (artículo 2°).
Ejemplos:
-Empresas: obligación de informar el consumo energético del año calendario anterior, es decir, podrían informar entre enero y diciembre de 2020 el consumo del año 2019.
-Ministerio: obligación de fijar anualmente, a partir de la información anterior, el listado de los consumidores con capacidad de gestión de energía. O sea, en el caso anterior, podría darse la situación de poder establecerlo recién en enero del 2021 e incluso hasta diciembre de ese año.
Por lo tanto, creemos que debe mejorarse el articulado en la discusión particular. Hay que imponer mayores sanciones para aquellos que no cumplan, porque el propósito del país es claramente avanzar en un modelo de energías limpias y de mayor eficiencia energética, así como avanzar en democratizar el acceso a esas energías limpias. Y nada de esto viene incorporado en el texto que se somete a nuestra consideración.
Insisto: dado que el país ha tomado un desafío de gran relevancia, como es el de ser sede de la próxima COP25, pensamos que debemos exigirnos mayor celeridad en la aprobación de iniciativas como esta, y el Ejecutivo, imponerse el desafío de mejorar, durante la discusión particular, un proyecto de ley tan trascendental como lo es este, sobre eficiencia energética.
Termino mis palabras, señor Presidente, aprovechando de saludar a la señora Ministra de Energía que se viene integrando a esta discusión.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Saludo igualmente a la Ministra, así como a los Subsecretarios que han sido autorizados para ingresar a la Sala.
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Durana.

El señor DURANA.- Señor Presidente, el proyecto de ley establece la obligación del Ministerio de Energía de contar con un Plan Nacional de Eficiencia Energética cada 5 años, de forma tal de poder desarrollar acciones tendientes a lograr la eficiencia energética incorporando mecanismos de medición y verificación.
Se trata, en el contexto del proyecto, de instaurar una política nacional de eficiencia energética. Es por ello que el Plan, bajo responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente, deberá ser sometido a la consideración del Consejo de Ministros y, una vez aprobado por este, propuesto al Presidente de la República.
El Ministerio de Energía tendrá que reportar públicamente, en general y por sector productivo, los avances y proyecciones de consumo y eficiencia energética, así como la clasificación de las empresas de mayor consumo de acuerdo al reglamento.
En este mismo sentido, la edificación de viviendas residenciales nuevas deberá obtener su calificación energética del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en forma previa a su comercialización, teniendo que exhibirse la etiqueta de calificación energética en los puntos de venta de dichas viviendas y ser incluida, además, en la respectiva escritura pública de compraventa. Para este efecto se crea el "Registro Nacional de Evaluadores Energéticos de Viviendas", dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual, en el contexto del proyecto, estará a cargo del mismo Ministerio o de terceros.
Se establece, por otra parte, la obligación de las entidades públicas de reportar el buen uso de la energía de los inmuebles que ocupen y administren a cualquier título, debiendo designar a un encargado y responsable de su propia eficiencia energética.
Finalmente, el Ministerio de Energía, conjuntamente con el de Transportes y Telecomunicaciones, tendrá la facultad de fijar estándares de eficiencia energética para el parque de vehículos motorizados, en sus distintas categorías, que sean inscritos por primera vez en el Servicio del Registro Civil e Identificación. Se buscan metas de rendimientos energéticos promedio. Los responsables del cumplimiento de los estándares de eficiencia energética del parque vehicular serán los fabricantes, armadores, importadores, representantes o emisores de los certificados de homologación individual, lo cual estará reglamentado a partir de la vigencia de la ley.
Todas estas medidas, contenidas en la normativa proyectada, tienen objetivos adecuados. Sin embargo, será necesario incorporar, en la fase de indicaciones, aspectos de la realidad y perspectiva local y regional, los cuales deben ser considerados para establecer los criterios de diversidad que sea necesario tomar en cuenta para la generación de las políticas, en especial en un país tan largo como Chile, en que la realidad del norte poco tiene que ver con la realidad del centro, y menos aún con la del sur de nuestro territorio.
Gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, a continuación, el Senador señor Galilea.

El señor GALILEA.- Señor Presidente, junto con saludar a la Ministra de Energía y al Subsecretario de Economía, resalto lo pertinente que resulta la aprobación general de este proyecto de ley el día de hoy.
Hace pocos días, en La Moneda, el Presidente de la República hacía el lanzamiento de lo que será la COP25, el encuentro más grande en el mundo relativo al control y cambio climático.
En dicha actividad, el Presidente Piñera nos mostraba cómo Chile, en esta estrategia de descarbonización de la matriz, que hoy ronda el 40 por ciento, tiene la posibilidad efectiva de llegar, en la década del 2040, aproximadamente, y siempre que haga bien las cosas, a ser un país neutro en términos de emisión de gases invernadero.
Por lo tanto, si somos capaces de hacer bien las cosas, vamos a ser de los pocos países que en unos 30 años pueden llegar a esa condición de neutralidad que nuestro planeta tanto necesita. En esa línea, el Plan Nacional de Eficiencia Energética, elaborado y controlado por el Ministerio de Energía, me parece clave. Deberá ser actualizado cada cinco años, y ahí vamos a tener la posibilidad de gestionar de manera correcta algunos aspectos que considero muy trascendentes.
En primer lugar, por lo menos para mí, resulta sorprendente que 150 empresas sean responsables de cerca de un tercio del consumo de energía de todo Chile. Por consiguiente, la obligación de establecer quiénes son los consumidores con capacidad de gestión de energía y el hecho de que el Ministerio efectúe un especial monitoreo de lo que ellos deben hacer año a año me parece de capital importancia.
Por otra parte, al proyecto de ley le falta, en mi opinión, abordar la eficiencia térmica en las oficinas, es decir, en los establecimientos comerciales. Se establece la obligación de calificación ambiental de las viviendas, cosa que estimo correcta. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo tendrá que calificarlas, otorgarles sellos, informar a los compradores e incluir esta información en la respectiva escritura de compraventa, pero no veo por qué esto no deba ocurrir así también con los establecimientos comerciales. Hoy día las oficinas son responsables de buena parte del consumo de energía de nuestro país, por lo que incorporarlas sería, para mí, un avance importante en la discusión particular de la iniciativa.
Asimismo, me parece que se debe abordar la responsabilidad del Estado, al que se lo obliga a ir mejorando, a incorporar ciertos planes y a establecer los denominados "gestores energéticos" en cada repartición pública. Sin embargo, creo que el Estado debe tener metas claras al menos en los edificios que son de su propiedad. Pienso que ahí también podríamos establecer objetivos mucho más precisos desde el punto de vista de fijar el momento a partir del cual podrían obtener una calificación ambiental razonable de acuerdo a los estándares que defina, en este caso, el Ministerio de Vivienda en conjunto con el de Energía.
A mi juicio, si avanzamos en esos dos aspectos, más lo que el Ministerio vaya desarrollando en su reglamento, podremos ir cumpliendo, año a año, nuestra tarea de llegar, en la década del 2040, a la condición de país neutro en la emisión de gases invernadero.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en primer lugar saludo a la Ministra de Energía, Susana Jiménez, quien ha sido muy importante en este proyecto, que creo que la ciudadanía recoge con gran interés.
Muchas veces uno ha escuchado, ha estado convocado, y se ha hablado sobre el tema de le eficiencia energética. Y muchas veces también se ha dado cuenta de que eso no pasa de ser una buena intención, un propósito loable, pero que no va acompañado de elementos prácticos y necesarios para transformarlo en una realidad, en un compromiso y en una obligación para diversos organismos, tanto públicos como privados.
Y cuando uno empieza a revisar el proyecto de ley que tenemos en nuestros escritorios, de lo primero que se da cuenta es de que verdaderamente, en esta oportunidad, se ha puesto sobre la mesa la voluntad y la decisión de institucionalizar la eficiencia energética en el marco del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Eso, sin duda, permite una mirada a mediano y largo plazo. Y hace que el Ministerio de Energía, que preside la Ministra Susana Jiménez, elabore, con una obligación clara y específica como mandato legal, un Plan Nacional de Eficiencia Energética que será sometido al referido Consejo de Ministros.
¿Qué debe considerar dicho Plan? Como ya se ha indicado, responsabilidades para las grandes empresas consumidoras de energía, compromisos de gestión, compromisos de información y la transparencia que necesariamente debe existir. No voy a comentar lo que ya han dicho otros señores Senadores sobre este punto, muy relevante, relativo a la responsabilidad y a la obligación de transparencia e información que debe haber en esta área.
A mí me llama positivamente la atención algo que provocará necesariamente un impacto en la ciudadanía, en las familias, como es la eficiencia energética en las viviendas y la creación de un Registro Nacional de Evaluadores Energéticos, para que todas las edificaciones nuevas de tipo residencial obtengan, para su comercialización y venta, la calificación energética de vivienda del Ministerio del ramo, en el cual recaerá esta responsabilidad.
Alguien dirá que ello no se puede aplicar a las viviendas que ya existen, pero tenemos que empezar por algo, de modo que las construcciones que se edifiquen de aquí para adelante -sin duda, aquellas contenidas en los planes de vivienda del Gobierno- deban recogerlo y ser viviendas que cumplan con este elemento, que a nosotros nos parece fundamental.
Después, hay una responsabilidad que se le entrega al sector público, contenida en el artículo 5°, denominada "gestión de energía". Se establece una responsabilidad para las entidades de la Administración del Estado, que deberán medir y reportar sus consumos de energía y una serie de indicadores energéticos y contar con gestores energéticos apropiadamente capacitados que actúen como contacto entre el inmueble y el Ministerio de Energía. Es decir, de aquí en adelante habrá numerosos inmuebles dependientes de servicios públicos que tendrán la obligación de reportar al Ministerio lo que están haciendo para llevar adelante una política energética eficiente.
Otro elemento del proyecto, contenido en su artículo 6°, es la interoperabilidad de los cargadores eléctricos. Aquí se mandata al Ministerio de Energía para velar por la regulación de la interoperabilidad del sistema de recarga de servicios eléctricos y lo faculta para dictar estándares y reglamentos, además de requerir la información que sea pertinente para lograr el objetivo de la interoperabilidad, que, dicho sea de paso, el Presidente de la República mencionó como un elemento fundamental en el lanzamiento de la COP25, que se realizará en diciembre en nuestro país.
Después viene algo que será crucial, particularmente para las grandes ciudades, como son las responsabilidades institucionales respecto de los estándares vehiculares de eficiencia energética contenidas en el artículo 7° del proyecto. Allí se entregan atribuciones a los Ministerios de Energía y de Transportes y Telecomunicaciones para fijar estándares de eficiencia energética orientados al parque de vehículos motorizados nuevos. Estos estándares son metas de rendimiento energético promedio, medido este en kilómetros por litro de gasolina equivalente y su equivalencia en gramos de dióxido de carbono.
Por lo tanto, este proyecto de ley nos convoca a un gran objetivo, que es la eficiencia energética, y construye una institucionalidad que obliga a algunos Ministerios, y particularmente al conjunto de servicios públicos, a preocuparse del tema y definir políticas y planes de gestión que vayan en beneficio de la gente. Una vez en régimen, permitirá que la calidad de vida de los chilenos mejore sustancialmente. Y por eso, señor Presidente, lo vamos a votar favorablemente.
Valoramos la iniciativa presentada por algunos señores parlamentarios presentes en la Sala, así como la voluntad y la decisión política del Presidente de la República y de la Ministra de Energía para sacar adelante este proyecto y concretarlo como ley de la república.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, quiero saludar a la Ministra de Energía y al Subsecretario de Economía, quienes hoy día nos acompañan en la Sala, e indicar que creemos que este proyecto de ley de eficiencia energética va por el camino correcto.
Como ocurre con cualquier proyecto, sin duda que podrá mejorarse en su estudio en particular; pero está orientado hacia donde debemos ir, esto es, por un camino que también ayudará a concretar lo que el Presidente -como acá antes se señaló- ha decretado: la descarbonización de nuestra matriz energética.
Esta iniciativa, como aquí ya lo han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, persigue, fundamentalmente, los objetivos de institucionalizar la eficiencia energética en el marco del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad; promover la gestión de la energía en los grandes consumidores; entregar información a los compradores de viviendas respecto de los requerimientos energéticos en el uso de estas; promover la gestión de energía en el sector público; velar por las condiciones que faciliten la instalación y operación de estaciones de carga para vehículos eléctricos, y promover la renovación del parque automotor con vehículos más eficientes, con énfasis en los de propulsión eléctrica.
Sin duda, señor Presidente, este proyecto concentra una mayor importancia cuando recordamos que 8 por ciento de los costos del sector productivo son destinados a la compra de combustibles y electricidad, cifra que puede superar el 15 por ciento en aquellas industrias intensivas en el uso de la energía. En el sector residencial, hasta el 13 por ciento del presupuesto de una familia vulnerable promedio se destina a cubrir las necesidades energéticas del hogar.
Un 65 por ciento de la energía que consumimos es generada mediante el uso de combustibles fósiles importados de mercados internacionales de carácter volátil.
El desarrollo de la infraestructura energética -centrales, líneas de transmisión, puertos, oleoductos, entre otros- enfrenta críticas dificultades, en consideración a la competencia por el uso del territorio y a las externalidades que genera en el ambiente y las comunidades.
Una política de eficiencia energética contribuirá, sin duda, a aumentar la seguridad energética del país; reducir la dependencia energética de mercados internacionales caracterizados por su alta volatilidad; disminuir el uso de territorios y externalidades producto de la infraestructura y logística para la importación, generación y transporte de energía; reducir los costos de producción de los bienes y servicios, aumentando así la productividad de las empresas y la competitividad del país; disminuir los gastos energéticos de las familias destinados a iluminación, uso de artefactos, cocción de alimentos, calefacción y agua caliente; reducir drásticamente la contaminación local e intradomiciliaria; y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, lo que se traduce en una reducción de la huella de carbono de nuestros productos.
Finalmente, queremos señalar que esperamos que los efectos de este proyecto de ley, una vez que se convierta en norma, se traduzcan en generar un 5,5 por ciento de menor consumo energético final al 2030, llegando hasta un 7 por ciento al 2035, lo que equivale a cerca de 2 mil 400 y 3 mil 500 millones de dólares, en los respectivos años.
Por otro lado, los ahorros de energía encontrados se traducen en una reducción de emisiones directas de CO2 de 4,64 y 6,8 millones de toneladas en los años 2030 y 2035, respectivamente. Bajo este escenario de reducción de emisiones, la iniciativa aportaría un 27 por ciento a las metas propuestas en el plan de mitigación de gases efecto invernadero del sector energía.
Finalmente, se crearía un mercado de eficiencia energética que transaría, en régimen, más de 300 millones de dólares al año.
No obstante que dicho proyecto pueda ser mejorado en su discusión en particular, reafirmamos que creemos que va por el camino correcto y lo votaremos favorablemente en general.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, sin lugar a dudas la eficiencia energética es un tema país. Por eso, me alegra mucho que en este proyecto de ley, simple y sencillo, con siete artículos, se destaquen precisamente los elementos esenciales.
Quiero recalcar, entonces, el Plan Nacional a cinco años. ¿Por qué? Porque señala que tiene métricas.
Y aquí viene, quizás, la primera sugerencia a la Ministra de Energía que nos acompaña -por su intermedio, señor Presidente-, en el sentido de que se incentive que todos los aparatos del Estado que consumen y son grandes demandantes de energía sean los que den el ejemplo en la transición al uso de medidores digitales conectados en red. ¿Por qué? Porque así el Estado puede demostrar, efectivamente, que usando de forma racional los recursos eléctricos se puede economizar.
El Estado siempre puede dar el ejemplo a los conciudadanos y, por eso, adoptar tecnologías modernas le va a permitir a la ciudadanía saber si efectivamente se logran los ahorros señalados.
En tal sentido, tenemos que entender que la tecnología es fundamental. ¿Por qué? Porque para poder hacer todas estas mediciones en tiempo real, que de alguna manera se puedan transmitir, se requiere la urbanización digital, tener acceso a las redes; se precisa reforzar la red de internet de la versión 4 (IPv4) a IPv6, y ese es un tema no menor, para que así se pueda trabajar de manera digital todo lo que el Estado tiene.
Tomemos un ejemplo: las luminarias.
En cuanto a las luminarias públicas, que están en la calle y que tienen un alto consumo, Corfo ha hecho un esfuerzo muy grande. Aprovecho de recordar que este día lunes 29 Corfo cumple 80 años y es sumamente importante que sus programas se mantengan en el tiempo y no se suspendan, porque ahí es donde comienza el verdadero ahorro.
En segundo lugar, hay que generar la cultura.
Una vez que se establece una cultura de ahorro, la población entera es capaz de proveer, incluso, ahorros más significativos que los grandes consumidores. Y quizás se pueda aspirar a un porcentaje mayor del 5 por ciento que se tiene considerado.
El tercer punto dice relación con la necesidad de considerar la electromovilidad. Y esto es esencial.
Los países desarrollados en la era poscarbónica van a pasar a depender de estos sistemas. Y aquí, en particular en la Región de Valparaíso, han estado presentes siempre. Me refiero a los ascensores, que son eléctricos y hoy ni siquiera pueden optar al subsidio del transporte público. Tenemos que buscar la fórmula para poder financiarlos, tal vez con programas que vayan precisamente con eficiencia energética.
Respecto a la denominada "quinta fachada", es necesario usar los techos con paneles solares para poder alimentar a la matriz eléctrica de los recursos.
La eficiencia energética es un sistema que tiene dos partes. La generación, el cómo puedo producir en forma eficiente; y el consumo, cómo soy capaz de ahorrar.
Por lo tanto, es fundamental tener sistemas de simulación. Y quizás eso se tenga que pedir en el Plan Nacional: disponer de un sistema para simular las mejores condiciones. Porque si Chile quiere crecer debe ser capaz al menos de duplicar su matriz energética. Pero duplicar la matriz energética significa hacerse cargo de todo lo que implica que las cosas aumenten al doble. Quizás también hay que pensar en duplicar los puertos.
Por eso es tan importante, entonces, la eficiencia energética, porque, en vez de tener que generar tanto, nos va a permitir ahorrar, y con eso crecer. Ese es el motivo entonces de por qué es esencial ahorrar: porque asegura un crecimiento con lo que se tiene, lo cual es bastante eficiente.
La electromovilidad también trae desafíos relevantes a Chile, porque se necesita cobre, se necesita litio y también se necesita cadmio, que ojalá podamos encontrar para contribuir a esta nueva economía.
En tal sentido, creo que están dadas las condiciones para avanzar en un proyecto de ley que pueda, efectivamente, generar los ahorros personales a las familias usando las tecnologías modernas, los ahorros al Estado, en todos los niveles, desde el Gobierno central hasta los gobiernos comunales, pero teniendo la tecnología que sea la garante de la medición exacta y precisa para que ese Plan Nacional a cinco años se alimente con datos verdaderos.
Por eso, muy contento quiero aprobar y dar así mi voto de apoyo a este estupendo proyecto de ley.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente,en la Comisión de Desafíos del Futuro nos ha tocado ver en varias ocasiones hacia dónde debería apuntar una sociedad del futuro -valga la redundancia- moderna, sustentable, que sea capaz de enfrentar los retos tecnológicos, humanos y de distinta naturaleza de buena manera, y el tema de la energía es quizás el más recurrente, justamente, en cada una de estas discusiones.
Y me acuerdo que también fue recurrente cuando se planteó, en la lógica de país, que Chile hiciera algo distinto en materia de energías renovables, en el sentido de energías limpias. Esa política de Estado es la que yo más logro identificar con un esfuerzo serio de nuestro país por comprometerse con un esquema de energía que hoy día permite exhibir cifras respecto de qué se puede hacer en energía solar o energía eólica, por ejemplo, que habrían sido completamente impensables hace una década.
Lo anterior nació de un plan, que era exigente, con metas que parecían inabordables, pero que de alguna manera se fijaron como objetivo de política pública y que hoy día estamos cerca de cumplir.
Digo esto porque me pasa algo similar con este otro plan, que tiene que ver más bien con la eficiencia energética, que es otra visión del mismo tema. Uno era la naturaleza de la energía, entendiendo que algunas requerían materiales fósiles y otras eran renovables, en que había claramente una expectativa para el mundo muy distinta y nosotros tomamos una opción.
Considero bien autocolocarse metas exigentes en asuntos que clamaban al cielo que se hicieran antes. Estuve mirando que el 70 por ciento de los países en el mundo tienen programas de eficiencia energética y a nosotros nos hacía falta un plan de esta naturaleza.
Pero, además, se va un poco más allá respecto de involucrar no solamente la eficiencia energética, sino cómo esta mejora la productividad, la competitividad y la calidad de vida.
Crear el registro de consumidores con capacidad de gestión de energía y hacer una nueva política en materia de calificación energética de las viviendas, me parece sustancial; porque significa conectarse con el mundo real, con el mundo que viene, donde uno pueda determinar el impacto de una nueva vivienda en función de la eficiencia que esta pueda tener respecto del uso de un recurso tan vital para el futuro.
Yo creo que ahí hay una línea que se explora. En el proyecto se sondea a las grandes empresas, se exige de buena manera, se indaga respecto de indicadores diferentes, pero se avanza hacia la masificación de un concepto de responsabilidad en la lógica de la calificación de las viviendas.
Creo que, en general, la municipalidad, los gobiernos regionales debieran velar por el buen uso de la energía del inmueble. Y esto también apunta a un tema que a uno lo puede sorprender: que no exista una política pública clara que permita colocarnos al día respecto de la exigencia del mundo moderno. Y a la luz de la COP25, creo que esto es un gran paso.
Si somos capaces de tener esta ley en proyecto despachada y funcionando simultáneamente con la COP25 será una cosa adicional que nuestro país podrá plantear como respuesta a muchas de estas exigencias del mundo, tal como se hizo respecto del Plan para el año 2020 o la energía renovable en su momento.
Por eso, señor Presidente, me parece que la iniciativa apunta en la línea correcta: estos son los temas que convocan.
Me alegra que haya habido bastante participación, más allá de que la votación sea unánime; porque creo que no debe suceder que simplemente digamos "okay, estamos". ¡No! Uno tiene que reflexionar, ver lo que quiere indicar, cómo podemos mejorar; porque este es un camino que en otros momentos ha sido coronado con el éxito, y si lo hacemos de buena manera podremos sumar un paso adicional a prepararnos para el futuro.
Voto a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- ¡Jorge Mateluna es inocente y lo vamos a probar!
Señor Presidente, esta es una iniciativa extraordinaria, creo que habrá unanimidad en su aprobación. El tema del futuro es la energía, el ahorro energético. Chile tiene compromisos en la generación energética para el 2030; va a realizar la COP25; todavía tenemos pendientes compromisos de la COP21, y el 2 y 3 de diciembre vamos a estar sometidos a prueba.
La Ministra de Energía tendrá un debut en materia internacional respecto de los compromisos que Chile ha adquirido en los Acuerdos de París, y proyectos como este van en la línea adecuada de generar crecientes ahorros energéticos que beneficien al país.
Solo quiero señalar que las buenas intenciones siempre requieren inversiones. Las buenas inversiones siempre requieren recursos. Y cuando se delega en materia de quién reportará, de quién exigirá el control a las compañías de generación eléctrica, y se nos habla de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles -aprovecho que está presente la Ministra en la Sala-, quiero manifestar que la SEC tiene funcionarios de altísima experiencia, de gran compromiso, pero son insuficientes, no dan abasto.
Quiero informarle a la Ministra que cuando un consumidor de energía eléctrica en Los Ángeles, en Cañete, en Tucapel, en el Alto Biobío, donde se produce la energía -está Ralco-, tiene que reclamar sobre un cobro abusivo, debe ir a Concepción, al piso 9, frente a la Contraloría General de la República. Y si la gente de Lebu o de Tirúa tiene un problema relativo a la electricidad, debe viajar a Concepción, porque las oficinas de la SEC están ubicadas solo en las capitales regionales.
Es decir, los usuarios tienen que ir a reclamar a una Superintendencia donde hay diez funcionarios para una región de dos millones de habitantes. La segunda región más importante de Chile tiene una Superintendencia que controla 750 mil medidores en toda la región, y maneja todo el tema del combustible en una zona con muchísima industria de alto consumo de energía eléctrica, como es Huachipato, productora del acero en nuestro país.
Entonces, uno dice: ¿quién tiene que fiscalizar esto? La SEC.
Y si bien la SEC se ha modernizado -hay debates como el relativo a los medidores llamados "inteligentes" para mejorar el servicio a los usuarios-, tenemos un problema de institucionalidad. Y si se le otorgan más atribuciones a esta Superintendencia, tenemos que preguntarnos si habrá capacidad de resolución.
Yo digo, francamente y con elementos suficientes de prueba: No, no va a tener más capacidad, es preciso fortalecer a la SEC, porque esto de atribuirle más funciones con los mismos funcionarios, claramente va a generar un perjuicio. Si hay que preocuparse de la eficiencia energética, ¡quién defenderá a los usuarios!
En el proyecto se señala que un reglamento establecerá las condiciones que la Superintendencia podrá requerir una vez al año a las compañías generadoras eléctricas, y que anualmente el Ministerio informará.
Eso será más trabajo administrativo.
Del mismo modo, se habla del Registro Nacional de Evaluadores Energéticos de Viviendas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante el Registro.
¡Eso es externalizar!
Yo quiero preguntarle a la Ministra -si bien este es un tema para el Ministro Monckeberg- si eso es externalizar los servicios. O sea, en un país donde hay 4 millones de viviendas tendremos que crear un Registro Nacional de Evaluadores Energéticos de Viviendas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es como la EGIS.
¡Senador Soria, ponga atención! Estas son las EGIS que usted ha denunciado fuertemente.
Vamos a crear un registro para que el privado se meta al negocio de hacer esta evaluación.

El señor MOREIRA.- ¡Pero no grite...!

El señor NAVARRO.- Yo sé que al Senador Moreira no le gusta lo que hablo, señor Presidente, pero ejerzo mi derecho: fui electo por la ciudadanía para decir lo que estime conveniente en representación de los usuarios.

El señor MOREIRA.- ¡Está gritando!

El señor NAVARRO.- Yo hablo como siento las cosas, Senador Moreira, y lo hago con pasión, porque el que no sienta pasión que se retire de la política (el que está aquí por la dieta, que no es menor...). Yo siento pasión y me indigna la injusticia.
Creo que este es un tema que tenemos que discutir. Y hago un emplazamiento a mis colegas Senadores de todos los partidos: ¿estamos dispuestos a seguir externalizando los servicios de fiscalización y a crear un registro, al igual que las EGIS? Y ya sabemos quiénes las integrarán. Serán los mismos que hoy les brindan servicios externos a las compañías eléctricas.
Todos son campeones de la fiscalización, pero quieren que la hagan los particulares. Yo creo que este es un tema que debemos debatir más.
Yo voy a votar a favor; pero la verdad es que me llama mucho la atención que elementos tan sentidos y vitales no fortalezcan el rol regulador del Estado y se quiera realizar una externalización.
Ya sabemos lo que sucede. Los mismos de siempre, los mismos amigos, los mismos del negocio terminan siendo los fiscalizadores, los productores, los distribuidores en un mercado altamente concentrado como es el mercado eléctrico en Chile.
Yo voto a favor, señor Presidente, con estas observaciones.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (35 votos a favor y un pareo), dejándose constancia de que se reunió el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Van Rysselberghe y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Girardi, Harboe, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Pugh, Quinteros y Soria.
No votó, por estar pareado, el señor Ossandón.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones.
Se sugiere el 20 de mayo.
¿Les parece a Sus Señorías?
Acordado.

Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora JIMÉNEZ (Ministra de Energía).- Señor Presidente, quiero saludar a Sus Señorías y, al mismo tiempo, agradecerles por la votación registrada y por sus intervenciones, que dan cuenta del alto interés que concita esta materia para todos, sin distinción.
Creemos que lo relativo a eficiencia energética ha estado en la agenda durante mucho tiempo: lo estuvo en la Estrategia Nacional de Energía 2012-2030; también en la Política Energética 2050, y en la Ruta Energética 2018-2022. Por lo tanto, se trata de un asunto de gran relevancia, que reviste mucho interés. Sin embargo, todavía se hallaba pendiente la deuda en cuanto a legislar sobre la materia.
El proyecto de ley que presentamos, por cierto, recoge en forma importante contenidos de la moción presentada por los Senadores De Urresti, Allende, Girardi, Guillier y el recordado Honorable señor Antonio Horvath.
En tal sentido, deseo agradecer también el hecho de que podamos aunar esfuerzos para promover la eficiencia energética, que tiene toda una lógica de sostenibilidad, en el sentido de que es una contribución a la reducción de emisiones globales, a la reducción de emisiones y contaminantes locales, y, además, es un componente significativo a la hora de reducir los costos energéticos a nivel de cada uno de los sectores que se abordan. Porque, tal lo han comentado los Senadores y las Senadoras, se trata de una iniciativa que no solo considera el tema desde el punto de vista institucional y lo releva como un Plan de Eficiencia Energética a ser aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, sino que también aborda a los grandes consumidores con exigencias de sistemas de gestión; establece estándares de eficiencia energética para el parque vehicular; introduce la calificación energética de viviendas nuevas, y pone al Estado, ciertamente, como ejemplo de lo que se puede hacer a través de gestores de eficiencia energética.
Deseo tomar las palabras de los Senadores señora Allende, señor Coloma y otros que han intervenido en cuanto a que esta materia es de mucha relevancia como parte integral de la estrategia de descarbonización que hemos planteado como Ministerio. Y, con miras a que este año seremos sede de la COP25, creo que esta es una oportunidad para sacar adelante de la forma más consensuada y expedita posible este proyecto de ley.
Reitero mis agradecimientos a Sus Señorías por esta votación, y espero que podamos seguir trabajando en conjunto.
Gracias.


MEDIDAS PARA IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en mensaje del Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento, con informes de las Comisiones de Economía y de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.025-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 41ª, en 21 de agosto de 2018 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Economía: sesión 12ª, en 23 de abril de 2019.
Hacienda: sesión 12ª, en 23 de abril de 2019.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Los principales objetivos de este proyecto son los siguientes:
-Ampliar y fortalecer el análisis de productividad de los proyectos de ley.
-Fomentar la productividad en la actividad de los órganos de la Administración del Estado en su actividad y en su relación con los particulares.
-Adaptar la actual regulación a los avances tecnológicos.
-Eliminar diversas trabas regulatorias existentes en ciertos sectores de la economía que impiden el aumento de productividad y el desarrollo de dichas actividades.
La Comisión de Economía discutió esta iniciativa solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Rincón y señores Durana, Elizalde y Galilea.
Por su parte, la Comisión de Hacienda también discutió este proyecto solo en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.
Cabe tener presente que los artículos 1, 5 y 8 permanentes y el artículo segundo transitorio tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 23 votos favorables.
Asimismo, el artículo 12 es de quorum calificado, por lo que precisa 21 votos afirmativos para ser aprobado.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 38 a 47 del informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el señor Subsecretario.

El señor GUERRERO (Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño).- Señor Presidente, Honorables Senadores y Honorables Senadoras, muy buenas tardes.
Me complace estar aquí esta tarde, en representación del Ministerio de Economía, para pedirle al Senado que tenga a bien aprobar en general este proyecto, que apunta a impulsar la productividad y el emprendimiento en nuestro país.
El Gobierno del Presidente Piñera ha querido trabajar intensamente estas materias.
En Chile, lamentablemente, la productividad ha registrado un retroceso: mientras que en los años 90 alcanzábamos tasas de crecimiento de más de 2 por ciento, a partir de 2010 apenas ha aumentado a un promedio de 0,3 por ciento. Esto, a pesar del esfuerzo desplegado por los distintos gobiernos anteriores, el cual valoramos y destacamos.
Sin embargo, todo eso pareciera no ser suficiente. Y, en consecuencia, hemos propuesto reforzar las acciones que se han emprendido en el pasado en esa dirección.
Por ello, el Ejecutivo ha planteado tramitar esta iniciativa con "suma" urgencia. En tal sentido, valoramos y agradecemos la reciente aprobación unánime en la Comisión de Hacienda a la idea de legislar respecto de este proyecto.
Esperamos y reafirmamos aquí nuestro compromiso de hacer todo lo que está a nuestro alcance para que ese consenso se replique en esta Sala y en los trámites que restan a esta iniciativa del Gobierno.
Con este proyecto se modifican diversos cuerpos normativos generales y sectoriales para incentivar la productividad; disminuir barreras de entrada al emprendimiento y la innovación; promover evaluaciones ex ante del impacto de las nuevas regulaciones; eliminar ineficiencias en el funcionamiento de ciertos órganos de la Administración del Estado; promover más transparencia, y lograr la tan necesaria coherencia regulatoria.
Estamos hablando de más de 20 iniciativas concretas para impulsar la productividad y el emprendimiento. Algunas de ellas han sido recogidas del proyecto de ley sobre productividad presentado durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet; también del primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y de las propuestas de la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional del Ministerio de Economía.
Ya mencionados los informes de productividad y coherencia regulatoria, agrego otras medidas que contempla esta iniciativa.
En primer lugar, están aquellas que apuntan a impulsar el emprendimiento.
En seguida, se hallan las que tienden a facilitar el registro y funcionamiento de empresa en un día, junto con impulsar medidas para el reemprendimiento.
Luego se suma la modernización de ChileCompra, lo que significará un beneficio directo para las pymes.
Por otra parte, dada la inminente llegada de la tecnología 5G, se requiere la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en empresas sanitarias.
Asimismo, se contempla flexibilizar la contratación de trabajadores extranjeros, etcétera.
Como pueden ver Sus Señorías, se trata de un conjunto misceláneo de medidas que -estamos confiados en ello- moverán la aguja en materia de productividad.
Señor Presidente, hemos recogido las observaciones que formularon distintos Senadores, en especial las referidas a medidas para reimpulsar el emprendimiento. El Ejecutivo está estudiando indicaciones al respecto, que esperamos ingresar una vez que se abra el período para ello.
También escuchamos las inquietudes respecto de los estudios clínicos, que esperamos haber aclarado, sin perjuicio de que estamos disponibles para seguir profundizando y avanzando en eso durante la tramitación de este proyecto.
Antes de concluir, cabe mencionar que por primera vez la productividad marcó un quiebre en la tendencia y creció un 1,3 por ciento en 2018.
Diversas estimaciones indican que si mantenemos y aceleramos el ritmo de la productividad, hacia el año 2025 el ingreso per cápita de Chile podría aumentar en 5 mil dólares.
Con ello estaremos cada vez más cerca de cumplir un anhelo compartido por todos y que nos ha encargado especialmente el Presidente Sebastián Piñera, que es convertir a Chile en el primer país de la región en alcanzar el desarrollo.
Finalmente, señores Senadores y señoras Senadoras, reitero el llamado del Gobierno a aprobar en general esta iniciativa.
Muchas gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Hay varios Senadores inscritos.
Me han pedido abrir la votación.

El señor LAGOS.- Sí, señor Presidente.

El señor MOREIRA.- Manteniendo los tiempos.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Entonces, si le parece a la Sala, se abrirá la votación, manteniendo los tiempos.
Acordado.
Asimismo, solicito la autorización de la Sala para que me remplace en la testera el Honorable señor Insulza a partir de las 18.
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, no me cabe duda de que el Subsecretario de Economía ha expuesto en su intervención el ánimo, el interés, la prioridad y la voluntad del Gobierno en esta materia.
Sin embargo, es importante dilucidar lo que yo llamo "los peros".
Para que una solución sea efectiva, debe partir por un diagnóstico correcto.
El proyecto misceláneo que estamos votando se basa en el diagnóstico de que nuestra economía presenta cuellos de botella que impiden un mejor desempeño de los actores del mercado y de aquellos emprendedores que se aventuran en el mundo de los negocios.
La mayoría de las medidas debieran suscitar consenso. Por ejemplo: flexibilizar la exigencia de publicación en periódicos de circulación nacional, regional o local y remplazarla por medios electrónicos; modificar el mecanismo de designación de los directores de obras municipales, llamando a concurso público; facilitar el registro de empresas en un día, abriendo el abanico de posibilidades de lugares donde realizar la diligencia; permitir comunicación por medio electrónico en procedimientos regulados, como en el Consejo Nacional de Televisión.
En lo particular, señor Presidente, siempre he tenido aprensiones con respecto a los proyectos de ley misceláneos, en todo orden de cosas.
Entre las decisiones que pueden generar impactos positivos, por ejemplo -y acá tomo una cosa puntual-, en la Región de Los Lagos, a la cual represento, se halla la regulación de las caducidades en las concesiones acuícolas cuando se está ejecutando un plan de manejo aprobado por las autoridades, al objeto de evitar la operación forzosa de las concesiones para no perderlas, o bien, para "hacer soberanía", como se denomina en el sector a esta práctica, que puede ser muy contraproducente para los fines que la autoridad marítima busca al otorgar los períodos de descanso de las zonas donde ya hubo cosecha.
Otra medida que debiera ser aprobada sin mucha controversia es el aumento del porcentaje de extranjeros autorizados a contratar por empresas con más de 25 trabajadores, del actual 15 por ciento al 30 por ciento, y una norma especial excepcional para las labores de temporada que requieren aumento de personal.
Otras disposiciones, sin embargo, tendrían que revisarse con mucha profundidad -y es lo que le pido al Subsecretario-, y después de ser escuchados todos los actores relevantes.
Una de esas ideas es la modificación de la regulación de los estudios clínicos, aprobados no hace mucho cuando se discutió la Ley Ricarte Soto.
Otro punto delicado es la modificación que pretende que todo proyecto de ley que implique una carga regulatoria incluya un Informe de Productividad y Coherencia Regulatoria.
En verdad, esa exigencia, en su actual redacción, excluiría casi por defecto las mociones, por cuanto los parlamentarios carecemos de todos los órganos técnicos que sí tiene el Ejecutivo para llevar a cabo estas estimaciones. Por lo demás, se deja a un reglamento la determinación de aquellos proyectos que deban acompañar ese informe.
Señor Presidente, generalmente los gobiernos demoran muchísimo en redactar los reglamentos, y a veces estos no respetan el espíritu de la ley pertinente.
Los parlamentarios ya tenemos restricción para presentar proyectos que impliquen gasto fiscal, lo que me parece prudente. Pero lo que se está planteando representa un exceso.
Es de esperar que cuando esta materia se vea en la Comisión en los trámites sucesivos se revise con profundidad y se logre un mejor articulado. Aun así, esta iniciativa es una oportunidad para impulsar la productividad y retomar el crecimiento. No está de más recordar que la productividad ha tenido un crecimiento negativo en los últimos cinco años, y se requiere la adopción de medidas, las que el actual Gobierno ha estado tomando para darle mayor impulso a nuestra economía.
Señor Presidente, entiendo el objetivo de este proyecto, que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento. Pero como se trata de una iniciativa de ley miscelánea, me preocupa -insisto en que se trata de un punto delicado- la modificación que pretende que todo proyecto de ley que implique una carga regulatoria incluya un Informe de Productividad y Coherencia Regulatoria, pues esta exigencia, en la actual redacción, estaría excluyendo casi por defecto las mociones, pues los parlamentarios carecemos de todos los órganos técnicos que sí tiene el Ejecutivo para llevar a cabo estas estimaciones.
Por lo tanto, con las pocas atribuciones que tenemos, aquello sería una forma de inhibirnos para presentar otros proyectos de ley.
Me voy a pronunciar a favor de la idea de legislar. En su momento formularemos algunas indicaciones, las que se debatirán en la Comisión y en la Sala.
Esas son mis aprensiones, señor Presidente. Y creo que sería bueno que el Subsecretario, ahora o en el órgano técnico respectivo, nos responda estas inquietudes.
Voto a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
--Pasa a presidir la sesión el Honorable señor Insulza, en calidad de Presidente accidental.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, hay que reconocer que el Gobierno tiene habilidad para denominar sus iniciativas de ley. Normalmente tienen títulos rimbombantes; sin embargo, cuando se analizan en detalle, no pasan de ser unas cuantas medidas aisladas y de bajo impacto.
Algo de esto ocurre con el proyecto que estamos votando.
Se anuncia como una iniciativa para impulsar la productividad y el emprendimiento. Pero, en verdad, no es sino un modesto proyecto de carácter misceláneo, que abarca las más diversas medidas en distintos ámbitos, algunas de ellas con nulo o mínimo impacto en la productividad, o bien, estas no van acompañadas de los recursos para hacerlas practicables.
Por lo mismo, es muy difícil tener una opinión general acerca de esta iniciativa, y solo se puede emitir un juicio de cada uno de sus objetivos específicos.
El primero de ellos se refiere a ampliar y fortalecer el análisis de la productividad de los proyectos de ley, alcanzando a todos aquellos susceptibles de causar un impacto regulatorio por contener reglas que modifiquen los incentivos o el comportamiento económico de las personas o de las empresas.
Esto parece razonable. Es más, podrían agregarse también otros informes relativos a diversos factores susceptibles de ser evaluados, como el aspecto medioambiental.
Pero el informe financiero de este proyecto solo considera la contratación de tres profesionales grado 11 para asumir este trabajo adicional, lo que obviamente no alcanza para hacerse cargo de esta tarea.
Tampoco queda claro cómo se resolverá este tema en el caso de las mociones, quién hará los informes, con qué recursos.
Se agrega que los proyectos de ley deberán especificar las normas que queden derogadas.
En primer lugar, el proyecto no es consecuente con su propio objetivo, porque debería especificar que se derogan los artículos 52 y 53 del Código Civil, que definen la derogación expresa y tácita de la ley.
En segundo lugar, no obliga al legislador, porque es solo una ley y, por lo tanto, puede ser derogada por otra ley.
¿Pasará con la ley en proyecto lo mismo que sucede con la normativa que obliga a considerar el financiamiento cada vez que se asignan nuevas funciones a los municipios? Como es una simple ley, las nuevas normativas que establecen atribuciones no consideran los recursos, con lo que derogan, tácitamente, la ley que obliga a definir la fuente de financiamiento.
Es decir, se producirá la paradoja de que esta norma, que prohíbe la derogación tácita, quedará derogada tácitamente cada vez que no sea aplicada, lo que seguramente pasará a ser la regla general.
También hay normas que limitan la responsabilidad de los laboratorios respecto de pacientes que hayan participado en ensayos clínicos. Esta disposición me parece muy compleja y deberá ser revisada en la Comisión de Salud en todos sus alcances. No es aceptable que la productividad en la industria farmacéutica sea un bien superior a la protección de la salud de las personas.
Del mismo modo, considero complejo el artículo que modifica el sistema de designación de los directores de obras municipales, que no toma en cuenta las diversas realidades que existen entre los municipios.
Puedo estar de acuerdo con la concursabilidad, pero no estoy en condiciones de aprobar la participación de los Seremis de Vivienda en el proceso de designación. Ello vulnera abiertamente la autonomía constitucional de los municipios.
En otra materia, el proyecto también propone una norma para acelerar la tramitación de concesiones acuícolas, entendiéndose aprobadas las solicitudes cuando no se emita el pronunciamiento dentro del plazo.
Esto parece muy loable, pero a mi juicio no ataca el problema de fondo, que se produce por la falta de personal en las reparticiones respectivas.
Además, es muy mala la señal que estamos dando, pues se entiende que se puede prescindir de la opinión de los servicios públicos o que esta no es necesaria.
Creo que ello también deberemos revisarlo en la Comisión de Pesca.
A la vez, se plantean nuevas reglas respecto de las contrataciones que debe hacer el Congreso Nacional, las que, al menos, tendrían que ser revisadas por la Comisión de Régimen Interior en cuanto a sus consecuencias en la marcha de la Corporación.
En todo caso, me parece que el espacio para discutir sobre esta materia no es el de un proyecto sobre productividad de las actividades económicas.
Lo mismo opino acerca de la norma que amplía la contratación de extranjeros, la que debiera ser discutida en el marco del proyecto sobre migraciones. ¿O solo se busca favorecer la contratación de mano de obra barata con prescindencia de las otras variables que se ven afectadas por una medida de este tipo?
En definitiva, nadie podrá estar en desacuerdo con un proyecto que se proponga fomentar la productividad, pero me parece que las disposiciones de esta iniciativa, como ya he dicho, no se corresponden con su título.
Esto podría ser una anécdota, pero se ha transformado en una práctica reiterada por la actual Administración.
Lo grave es que se crean expectativas que luego no se cumplen, y se mina con ello, una vez más, la confianza de la ciudadanía.
Tampoco estoy de acuerdo con la práctica de enviar proyectos de ley misceláneos que versan sobre materias muy diferentes. En rigor, estos debieran ser analizados por cada una de las Comisiones especializadas. De no ser así, nos exponemos una vez más a las sorpresas y a los efectos no previstos en las leyes, todo lo contrario de la productividad que se busca promover.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.

El señor DURANA.- Señor Presidente, la Comisión de Economía aprobó en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento.
Las principales normas que permiten efectivamente este impulso a la productividad y al emprendimiento son las siguientes.
La que autoriza la publicación en medios electrónicos de actos que deban ser publicados en periódicos de circulación nacional, regional o local.
La modificación de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, respecto de la designación de los directores de obras municipales, que son eternos en sus cargos, para establecer mecanismos de concurso público. De esa manera, estos funcionarios durarán seis años en sus cargos, pues se han transformado en un cuello de botella para el emprendimiento y el desarrollo en las regiones.
La enmienda al Código del Trabajo a fin de que las empresas que desarrollan actividades por temporadas o estaciones puedan contratar más trabajadores extranjeros, al rebajarse de 85 a 70 por ciento el porcentaje de trabajadores chilenos.
Las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, especialmente en lo que se refiere a los decretos que establecen áreas de acuicultura, que muchas veces son eternas.
La introducción de diversas modificaciones en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, fundamentalmente acerca de las exigencias para las licitaciones públicas y en torno a la referencia a las licitaciones privadas.
En Chile existen alrededor de un millón 993 mil personas que son microemprendedores, formales o informales, de los cuales el 17 por ciento corresponde a empleadores y el 83 por ciento a trabajadores por cuenta propia, de acuerdo con la Quinta Encuesta de Microemprendimiento, de 2017, realizada por el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadísticas.
Una de las principales barreras a la productividad se encuentra en la regulación. De acuerdo a la OCDE, Chile tiene la mayor complejidad de procesos regulatorios dentro de los países que conforman esa organización. Dada la alta complejidad regulatoria, Chile es la sexta nación de la OCDE con mayores barreras al emprendimiento.
Durante los primeros años de la década de los 90, la productividad fue más del 40 por ciento del crecimiento del producto interno bruto, siendo un factor relevante dentro del crecimiento anual del PIB, que alcanzó un promedio anual de 7,1 por ciento durante ese período.
Este impulso de la productividad sobre el PIB fue disminuyendo en el tiempo, al punto de que, de acuerdo con datos del Clapes de la Universidad Católica de Chile, la productividad ha tenido tasas negativas de crecimiento en los últimos cinco años.
La baja en la productividad ha provocado la pérdida de competitividad de las exportaciones chilenas en el mundo, limitando el acceso al país de nuevos productos y disminuyendo los incentivos para emprender.
Un reflejo de esta situación es la caída de once lugares en el Índice de Competitividad Global del World Economic Forum durante los últimos quince años, situándonos actualmente en el puesto 33 del mundo, lejos del lugar 22 exhibido en el año 2002.
En lo relativo a la ampliación del ámbito de elaboración de los informes de productividad y coherencia para todos los proyectos de ley que causen impacto regulatorio, es necesario señalar que esta medida será difícil, si es que no imposible, de llevar a la práctica en el caso de las mociones, pues los congresistas no cuentan actualmente con los equipos técnicos que sí poseen el Gobierno y el Presidente de la República. De este modo, se sugiere que se introduzcan mejoras al proyecto en este punto.
Un dato interesante que se debe traer a colación es que esta materia ha sido objeto de preocupación de la UDI desde hace muchos años. De hecho, en septiembre de 2015 un grupo de Diputados, liderados por Ernesto Silva, presentó una moción (correspondiente al boletín N° 10.292-07) cuyo objetivo apuntaba a que los mensajes, al momento de ser presentados, fueran acompañados por un pronunciamiento respecto de si afectan la competitividad o productividad; limitan o restringen de algún modo el emprendimiento; o bien, afectan el desarrollo de una industria o sector económico determinado.
Voto a favor, esperando formular en la discusión particular las indicaciones que permitan efectivamente alcanzar un proyecto que fomente la productividad, mejore el emprendimiento y, por sobre todas las cosas, genere calidad de vida, más y mejores empleos para Chile y, en especial, para mi región de Arica y Parinacota.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, no cabe duda de que elevar la productividad y crear condiciones para mejorarla son un objetivo común.
En cuanto a las razones por las cuales la productividad no ha crecido en los últimos cinco años -le diría al Senador Moreira-, habría que detenerse a analizarlas, porque no son simples. Pareciera que el tema de la ley minera es muy determinante en la caída de la productividad general. Además, si uno mira las estadísticas europeas y del resto de América, esto está ocurriendo en casi todos los países: las productividades no logran crecer sostenidamente.
Sin duda, que no aumente la productividad afecta la inversión, afecta el crecimiento.
Leía en estos días un estudio en que se señalaba que hoy lo que explicaba el impacto en la inversión y en el crecimiento, más que la productividad, era la formación bruta de capital. Se sostenía que eso determinaba el crecimiento más que la pura productividad, que dependía de un conjunto de otros factores. Se planteaba que en los países la ecuación era: formación bruta de capital, inversión, crecimiento.
No estoy convencido de que eso sea así. Lo menciono porque leí un estudio que me pareció bastante razonable.
Pero lo relativo a la productividad es un problema importante, como lo son la inversión y el crecimiento.
El Ministro de Economía me decía que sus dos antecesores, o sea, Luis Céspedes y Jorge Rodríguez, le habían sugerido que presentara un proyecto al comienzo del Gobierno porque estas iniciativas demoraban mucho en sacarse adelante, en que se alcanzaran los acuerdos, etcétera. Y eso es razonable, pues en la Administración anterior también se presentó una y no logró prosperar todo lo que se esperaba.
Voy a votar a favor porque claramente existe un conjunto de elementos del proyecto que son avances que permiten resolver problemas.
El Senador Quinteros se preguntaba si estos son los caminos principales para actuar, si generan un impacto efectivo sobre la productividad. En verdad, tengo dudas. No podría oponerme a varios de los temas que se plantean, pero no me queda tan claro que apunten a lo central. Y creo que es bueno preguntarse dónde están las cuestiones centrales.
En lo que se refiere a un punto específico, que me ha tocado tratar en muchos proyectos y desde hace bastante tiempo, como es el de las direcciones de obras municipales, considero que hay que reflexionar mucho respecto de la conclusión que propone la normativa en estudio, en el sentido de que la manera en que se designe al director va a cambiar la productividad en la construcción.
Primero, se debe tomar en cuenta que las comunas son muy diferentes. Hoy día se encuentran bastante concentrados los proyectos en ejecución. Entiendo que Ñuñoa tiene este año alrededor de 43 edificios en construcción; en otras comunas hay 23, 27. Pero no son más de veinte comunas las que reúnen el grueso de los proyectos en nuestro país.
¿Avanzar en esos proyectos tiene que ver con el director de obras o depende, a lo mejor, de la cantidad de profesionales, de los equipos, etcétera, para resolverlos de manera más oportuna y adecuada?
¿Qué hicimos antes? Porque no es la primera vez que se plantea este punto. En su momento creamos los revisores independientes y todo un sistema paralelo a la dirección de obras para enfrentar, por lo menos, todos los temas de la envolvente de la construcción y poder evaluar el conjunto de condiciones, dividiendo el rol de la dirección de obras y el del revisor independiente. En general, la gente que ha trabajado en esto considera que ha operado, ha permitido avanzar a otro ritmo, ha elevado las productividades, si ustedes lo quieren así.
Durante la discusión en la Comisión de Hacienda, nosotros les planteábamos a los directores de obras por qué ellos no hacían otras propuestas, que señalaran dónde estaban los problemas principales.
En los debates desde hace mucho tiempo se sostiene que las direcciones de obras dedican demasiado tiempo a ver problemas como un galponcito, una pequeña ampliación, la construcción de una casa individual más que a los proyectos relacionados con el equipamiento público o con edificios. Por otra parte, los arquitectos deberían asumir plenamente la responsabilidad sobre los proyectos que firman y no que ella se traslade al dueño de la obra, de modo que si el arquitecto no cumple, debe ser sancionado, pues es ministro de fe para todos estos efectos. Con ello se libera al propietario y a la dirección de obras de la responsabilidad específica en el cumplimiento de la norma.
Eso quedó abierto. Los directores de obras tendrán que presentar distintas alternativas.
¿Qué habría que hacer en materia de productividad?
Se dice que en capacitación laboral tenemos un cuello de botella muy fuerte.
¡Por qué estamos trayendo trabajadores de Bulgaria para construir las plantas de energía solar!
¿Por qué no formamos gente acá rápido? Porque el modelo de capacitación existente no da para eso.
Entonces, ¿por qué el Gobierno no pide facultades para formar gente rápido?
¡Por qué debemos estar pensando en resolver todo el tema del modelo global!
Tenemos un cuello de botella ahí, y existen varias otras necesidades en el sistema productivo que requieren formar gente apropiada.
El sistema, tal como está diseñado, en que la demanda define la oferta y la demanda la define cada unidad de producción, no está funcionando.
Sé que hay un proyecto del Gobierno al respecto. Y les aseguro que va a demorar bastante tiempo en avanzar.
Esto ya lo hizo Evelyn Matthei cuando fue Ministra del Trabajo, con la formación de conductores de máquinas herramientas. Se formaron por el lado del canal establecido 2 mil conductores de máquinas herramientas y de camiones.
¿Por qué no vemos ahora cuáles son las necesidades que existen? Eso aumenta la productividad de otra manera.
Debemos ver con calma qué está pasando, por qué no se eleva la productividad, por qué en las comunas cuesta tomar decisiones.
En ese aspecto, no podemos seguir eludiendo el tema de la asociación público-privada.
¡No tenemos dispositivos para que los privados y el sector público se entiendan en determinados proyectos!
La organización de la COP25 es una expresión de eso, en que hay que buscar una figura lo más lateral posible porque no tenemos capacidad de crear dispositivos apropiados para que se asocien el sector público y el sector privado.
Si uno mira los modelos municipales exitosos en el mundo, todos poseen seis, siete, ocho alternativas de asociación: público-privada, público-público, en fin.
¡Y acá no las tenemos!
¿Por qué? Porque existe una rigidez en cuanto a sostener que el sector público no puede participar en ciertas cosas. Y de repente se necesita tomar iniciativas oportunas, y la asociación público-privada es fundamental.
Algo deberíamos avanzar en este proyecto, al menos.
¡Y se lo planteamos al Gobierno! Le dijimos que lo estudiara, que buscara alternativas aunque sea graduales para eso.
¡No puede ser que el Cementerio General se maneje a través del Estatuto Administrativo de Empleados Municipales! ¡O sea, algo está mal ahí! ¡O que suceda algo similar con el agua potable de Maipú!
Se requieren dispositivos más modernos para actuar, distintas combinaciones (público-privada, público-público, en fin), como tienen todos los sistemas modernos en el mundo.
Reitero que voy a votar a favor de la iniciativa.
Le pido al Gobierno que estudie muy bien cómo fortalecer la productividad y que asuma que en este Parlamento todos queremos mejorar la productividad y la inversión. Pero para un proyecto que busca mejorar esos aspectos se necesita encontrar elementos que realmente apunten a lo central.
Lo que aquí se plantea se puede aprobar; sin embargo, el cambio que habrá en la productividad no será mayor.
Respecto a los informes de productividad hay que tener un cuidado fundamental en cuanto a qué entendemos por productividad, a si solo está referida al resultado económico o si también puede haber una productividad medida por indicadores sociales.
Esto es reimportante, porque de repente no se mide una de ellas.
La evaluación social de proyectos es distinta de la pura evaluación privada y económica. Y la productividad requiere tener en la cabeza ambas perspectivas, ya que pueden existir proyectos con una evaluación económica baja pero con una alta evaluación social y, por ello, ser de mucho impacto.
Por eso, creo que es bueno tener un concepto de productividad amplio y no restringido.
Voto a favor, esperando que esta propuesta legislativa, por iniciativa del Gobierno, mejore mucho en la tramitación que le queda en ambas Comisiones.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, por supuesto, también voto a favor de la idea de legislar respecto de esta iniciativa, que a través de doce medidas concretas busca mejorar la productividad, pero, fundamentalmente, limpiar asperezas, facilitar el emprendimiento, hacer que la creación de una empresa y conseguir que ella funcione no sea algo que presente tantas dificultades y obligue a dar cumplimiento a una serie de disposiciones que, muchas veces, se contraponen unas con otras.
No tengo tiempo para referirme a las doce medidas propuestas, pero me quiero detener particularmente en el denominado "Informe de Productividad y Coherencia Regulatoria".
Es claro que el Ejecutivo va a poder cumplir siempre con ese informe, porque tiene los equipos para hacerlo. El punto es qué pasa respecto de las mociones que presentamos los parlamentarios y también de muchas indicaciones que se van formulando durante el trámite legislativo, las cuales, por supuesto, también en algún momento pueden significar un exceso de regulación o una regulación que ya está considerada en otro cuerpo legal, en fin.
Quiero señalar a la Sala que en la Comisión de Educación poco a poco se ha ido implementando la modalidad de pedir en cada proyecto de ley que nos está correspondiendo tratar, sea mensaje del Ejecutivo, sea moción parlamentaria, un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y la verdad es que ha resultado una experiencia muy muy exitosa. En poco tiempo, con un profesionalismo enorme, nos entregan unos informes muy profundos, muy acabados, que realmente constituyen un aporte al proceso legislativo.
Por eso, mi llamado es a que no tengamos miedo. Si no nos fijamos altas exigencias, probablemente no vamos a buscar el perfeccionamiento, el ideal.
En la Biblioteca del Congreso tenemos una fuente inagotable de información; una fuente inagotable de buenas ideas, de buenos propósitos. Si le damos cauce a eso, y por ejemplo les pedimos que nos entreguen un avance en lo que dice relación con los informes de productividad de las mociones, para que las normas de regulación no se topen unas con otras -la idea es que deroguemos explícitamente aquellas que uno busca que desaparezcan para facilitar el emprendimiento-, estoy seguro de que los profesionales de ese servicio están hoy en condiciones de hacerlo. Y en la medida en que les pongamos esta tarea, les fijemos este objetivo van a poder realizarlo cada día mejor. Esa es la experiencia que hemos tenido en la Comisión de Educación del Senado.
Señor Presidente, por supuesto, tengo también ciertas aprensiones. Dentro de las doce medidas, hay algunas que son más fáciles de despachar, que son menos controvertidas. Por supuesto, otras son más controvertidas. Y hay algunas que espero que durante la discusión en particular las podamos mejorar.
Por ejemplo, la selección por Alta Dirección Pública de los directores de Obras Municipales. Todos los directores de Obras hoy día, incluso los de las comunas más pequeñas, tienen que dar su autorización a proyectos que significan importantes inversiones.
La inversión pública, si uno la compara con la realizada diez o quince años atrás, ha aumentado significativamente. En casi todas las comunas se construyen conjuntos habitacionales, entre otros, a través de los subsidios que otorga el Ministerio de Vivienda.
Entonces, la responsabilidad que recae sobre las direcciones de Obras Municipales es cada vez más importante, cada vez más trascendente. Y por eso a mí me parece bien la concursabilidad a través de Alta Dirección Pública. Pero creo que eso necesariamente debe ir acompañado de una mejor remuneración. Por desgracia, en muchos municipios los directores de Obras se hallan asignados a un grado muy bajo en la Escala Única Municipal, que no guarda relación con su trabajo, con sus responsabilidades profesionales. Pero si mejoramos eso, les aseguro que los directores de Obras van a ser también los más interesados y los más contentos en poder participar, en la medida en que los cargos vayan quedando vacantes, en concursos por la vía de la Alta Dirección Pública.
En fin, señor Presidente, termino diciendo que el aumento de la productividad no llega por arte de magia. No se trata de una medida en particular. Por supuesto, hay unas más potentes que otras. Pero cuando vamos facilitando el emprendimiento, cuando vamos facilitando la creación de negocios, cuando vamos facilitando la producción, por supuesto que estamos aumentando la productividad.
Y eso busca este proyecto de ley, con medidas simples, sencillas, pero que finalmente, en la suma, terminan favoreciendo el mayor crecimiento de nuestra economía, con todos los efectos positivos que ello conlleva.
Voto a favor.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, como han dicho varios colegas, la idea de la presente iniciativa es establecer medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento.
Es un proyecto misceláneo. Y, como todos los proyectos misceláneos, trata distintos cuerpos legales, que en este caso se supone que apuntan a impulsar medidas proemprendimiento y para mejorar la productividad.
La iniciativa ingresó en agosto del año pasado, y sin duda que su propuesta de modificar ocho cuerpos legales nos obliga a hacer un trabajo ojalá lo más profundo, lo más exhaustivo posible para tener la garantía o la seguridad de que vamos a avanzar, fundamentalmente, en competitividad; pero también en generar una mayor transparencia en los mercados y, por supuesto -lo que nos interesa a todos-, en mejorar la productividad de la economía.
En el proyecto se abordan varios temas.
Uno de los que por lo menos en la Comisión de Hacienda generó mucho interés y mucho debate -mis colegas han hecho referencia a este punto- es la necesidad de contar con una mayor profesionalización en las direcciones de Obras Municipales. Es muy importante; es muy notorio cuando una Dirección de Obras Municipales funciona bien, cuando es competente, cuando es expedita, cuando es eficiente, cuando se tienen objetivos claros de qué se quiere alcanzar como desarrollo en la comuna. Y, lamentablemente, es más notorio cuando esas direcciones de Obras Municipales no funcionan bien.
Por eso, cuando se trata de tener el más alto nivel profesional, una mayor capacidad para tomar decisiones, pero a la vez hacerse responsables de esas decisiones, tanto por acción como por omisión, a mí me parece que es muy importante tenerlo en consideración.
Si el Sistema de Alta Dirección Pública funciona o si es el adecuado habrá que analizarlo. A todos nos gustaría, por supuesto, que ese sistema pudiera llegar a todo el aparato público, buscando siempre la mejor calidad técnica y a los mejores profesionales. No siempre se da, porque el uso o el abuso en este tipo de nombramientos a veces juegan en contra del objetivo que se persigue.
La propuesta respecto de la cantidad de trabajadores migrantes o extranjeros que pueden desempeñarse en determinada empresa es sumamente relevante por el momento que está viviendo nuestro país en materia de menor crecimiento demográfico, de falta de población activa y -lo que resulta muy importante- debido a la baja calificación o los pocos niveles de capacitación que poseen muchos de nuestros trabajadores en distintos ámbitos.
El Senador Montes hacía referencia a esa necesidad, en términos de contar con una capacitación mucho más efectiva y oportuna, dirigida a aquellos sectores donde estamos más débiles.
Lo ideal, como han planteado distintas instancias y organismos, es no tener límite. No entiendo por qué debemos poner un límite al número de trabajadores que pueden pertenecer a determinada empresa.
¿Qué hacemos cuando hay emprendimientos que son altamente calificados y a lo mejor quienes cuentan con esas competencias son migrantes?
Todos los estudios, análisis o evaluaciones que se hacen de la calidad y la competencia laboral, la capacidad técnica, el nivel profesional de los migrantes demuestran que estos son de mucho más alto nivel, en promedio, que lo que tenemos en nuestro propio país.
Son cosas que no se dicen porque a veces nos quedamos solamente en el prejuicio de que el migrante no aporta o de que viene solo a aprovecharse de la buena situación que podamos tener en nuestro país desde el punto de vista económico y social. Pero no se ve la otra parte: el nivel de migración que hemos recibido hasta ahora, en términos de promedio, es alto. Y, por lo tanto, sería absurdo que nosotros no aprovecháramos esa capacidad que nos llega desde afuera para mejorar la productividad.
Señor Presidente, el proyecto plantea algunas tímidas reformas a la Ley de Compras Públicas.
Y cuando decimos que esta iniciativa busca y tiene como objetivo principal avanzar en mayor transparencia y mayor competencia, hay que preocuparse de lo que sucede con el sistema de compras públicas.
Hoy se transan aproximadamente 12 mil millones de dólares al año en el mercado de compras públicas. Y claramente hay que tratar de terminar con las malas prácticas que implican que en este mercado se use, casi como norma general, el trato directo por sobre la licitación pública abierta en que puedan participar todos.
Estas fallas atentan directamente contra la libre competencia y contradicen el objetivo que se ha planteado en este proyecto, que es mejorar la productividad y fortalecer los emprendimientos, la innovación y, en definitiva, a las pymes.
En la discusión en particular, nosotros vamos a presentar un conjunto de indicaciones al capítulo de la Ley de Compras Públicas, para que haya más competencia, más transparencia. Y esperamos que el Ejecutivo las acoja y las patrocine. Porque hasta el momento ha guardado un silencio preocupante en esta materia.
Hay fallas relevantes en la competencia de las compras públicas que debemos subsanar. El año 2017, 26 instituciones públicas efectuaron más de un 50 por ciento de sus compras vía la modalidad de trato directo. Las más importantes corresponden al sector salud, las instituciones de las Fuerzas Armadas, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y los gobiernos regionales.
Por lo tanto, debemos desestimular los tratos directos en los servicios públicos. Es preciso implementar medidas para limitarlos, a fin de que haya más licitaciones públicas, en especial en los servicios de salud, en el Poder Judicial, en las Fuerzas Armadas.
Debemos buscar modalidades para desestimular aquellas licitaciones que terminan con un único oferente, ya que nuevamente las estadísticas indican que en 2016 y 2017 en el sector salud hubo la mayor cantidad de licitaciones que tuvieron oferentes únicos. Un 65 por ciento eran de servicios de salud o de hospitales.
Es necesario mejorar también la regulación de la Unión Temporal de Proveedores, que apuntaba a facilitar la coordinación de las pymes para postular a las grandes compras.
Eso hoy día está siendo usado para la coordinación de grandes proveedores. Pero no se está facilitando este instrumento para focalizar en las pymes y para tener una mayor transparencia. Y para eso se requiere crear un registro sobre los propietarios finales de las empresas proveedoras del Estado. Porque en esto también hay mucho de figuras que confunden o no determinan quiénes son los que están realmente adjudicándose estas operaciones.
De manera que debemos ampliar la obligatoriedad de que más servicios públicos hagan sus procesos de compra vía ley N° 19.886, y no solo extenderla, como se plantea, al Congreso Nacional y al Consejo Nacional de Televisión, sino también al propio Ministerio Público, a la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a las Corporaciones Municipales, a lo menos.
Hay un tema que a todos los que somos de regiones nos debe preocupar y que va en contra del discurso público del fomento a las pymes y de la descentralización: en el proyecto se reinstala en la Ley de Compras Públicas que se compre centralizadamente.
El comprar centralizadamente va a liquidar a las pymes a nivel de las regiones. Esta norma se quiso instalar en la Ley de Presupuestos. Nosotros la rechazamos transversalmente el año pasado. Y espero que tengamos esa misma transversalidad para rechazar lo que viene propuesto en esta iniciativa. Lo que buscamos todos es promocionar, fomentar y fortalecer a las pymes a nivel regional.
Me parece, señor Presidente, que hay que aprobar en general el proyecto y espero que en el debate en particular tengamos un plazo razonable para presentar indicaciones y abordar de mejor manera los temas que plantea.
Voto a favor.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
No está.
Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, yo voy a votar a favor de este proyecto, que tiene por finalidad impulsar la productividad y el emprendimiento.
Como se ha señalado, a través de él se modifican diversos cuerpos legales, tanto generales como sectoriales, para incentivar la productividad, disminuir barreras de entrada al emprendimiento y la innovación, y promover evaluaciones ex ante del impacto de nuevas regulaciones; reflejar nuevos avances tecnológicos, eliminar ineficiencias en el funcionamiento de ciertos órganos de la Administración del Estado, promover más transparencia y lograr coherencia regulatoria.
Creo que, en términos generales, el proyecto está bien encaminado y es un gran punto de partida para potenciar a nuestras pymes, que hoy día generan el 60 por ciento de la mano de obra del país; e incentivar, a través de ellas y de otros sectores productivos -valga la redundancia-, la productividad.
De las medidas que aquí se proponen, solamente me voy a referir a dos respecto de las cuales espero formular algunas indicaciones, porque me parece que no van por el camino correcto.
La primera de ellas tiene que ver con el tema migratorio. Se aumenta de 15 a 30 por ciento la posibilidad de contratar trabajadores de otra nacionalidad en una empresa. Yo no estoy de acuerdo con ese incremento y tampoco estoy de acuerdo con que eso se vea en esta ley miscelánea, toda vez que hoy día la Comisión de Gobierno del Senado está revisando la ley migratoria. Creo que ese es el lugar donde debe discutirse esta materia.
Y lo digo responsablemente. Soy de Tarapacá, una región que toda su vida ha mantenido puertas abiertas a la migración, desde los tiempos del guano, del salitre, de la zona franca. Y hoy día recibe otros migrantes. Somos y seguimos siendo una región -y un país, creo yo- de puertas abiertas a la buena migración.
Tal vez algunos no viven en una región con gran cantidad de migrantes. Quisiera recordar acá que la de Tarapacá, en el reciente proceso de regularización administrativa que hizo el Gobierno, fue la segunda con mayor número de estas regularizaciones. Y, por lo tanto, también hay un impacto importante por la gran cantidad de migrantes que tenemos, impacto que se traduce en el empleo, en vivienda, en educación y en salud.
Hay que ver cómo lo solucionamos. Pero esta no es la vía, porque Tarapacá, que tiene una alta migración, está dentro de las tres regiones con mayor desempleo.
El otro tema que creo que también debe analizarse, ampliarse y mejorarse, no solamente a nivel nacional, sino también en zonas como la que represento, es el de las compras públicas.
Tarapacá hoy día, y desde hace muchos años, tiene una zona franca que, dentro de otros beneficios, no paga IVA. Y hoy día es muy difícil que los usuarios de esa zona franca postulen al mercado público, por razones de repente tan básicas como que el formulario de ChileCompra automáticamente agrega el IVA, impuesto que ellos no pagan. Y, por lo tanto, o quedan fuera de base o finalmente se enreda la propuesta.
Hay un proyecto hoy día desarrollándose en la región, como el Hospital de Alto Hospicio, que podría reducir en 20 por ciento su presupuesto de gasto, por ejemplo, en equipamiento, si todo este se adquiriera a través de ChileCompra, pero con usuario Zofri, o que al menos se les permitiera participar.
Creo que debemos avanzar en modernizar el mercado público y perfeccionar la Ley de ChileCompra y su reglamento.
Me parece que este proyecto es un buen inicio, pero hay que mejorarlo en la discusión en particular.
Votaré favorablemente la idea de legislar, señor Presidente.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, uno de los puntos abordados por varios de mis colegas en este debate es que esta iniciativa, que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento, no debería llamarse así.
Conversamos sobre ello en la Comisión e incluso le hicimos bromas al Gobierno, porque la propuesta es bastante tímida desde ese punto de vista.
Se trata más bien de un proyecto misceláneo, que busca resolver muchos problemas en distintos ámbitos de la vida pública y privada.
No cabe duda de que muchos de los temas contenidos en la iniciativa hay que abordarlos y modificarlos. Creo que uno podría ir desagregando las doce o más leyes que se enmiendan.
En algunas propuestas claramente no estuvimos de acuerdo en la Comisión -no digo que todos sus integrantes, pero sí la mayoría-, las cuales dicen relación con materias que ya se han abordado en la Sala.
Una de ellas, por ejemplo, es la relativa a los informes de productividad que deberán tener los proyectos de ley que presentemos. Nos parece que ello claramente escapa a la posibilidad material de nuestro quehacer, sobre todo a la hora de modificar normas que son necesarias y no requieren de dicho informe.
Ese fue un tema debatido con el Ejecutivo. De hecho, vimos la legislación comparada al respecto y ninguna daba cuenta de lo que el Ejecutivo pretende hacer en esta iniciativa. Creo que hay consenso con el Gobierno en que tal aspecto debe ser revisado.
Luego de ver las normas propuestas al Código Sanitario -ya lo señaló uno de los colegas que me antecedió en el uso de la palabra-, uno se pregunta por qué se quiere modificar.
Entendemos lo que pasa cuando nos metemos en la historia de la modificación que se hizo en este ámbito respecto de los tratamientos a pacientes de ensayos clínicos a todo evento y a plazo indefinido. La explicación del Ejecutivo es que, producto de esa normativa -me parece que fue importante e interesante-, se ha frenado la investigación en nuestro país, pues obviamente todos los pacientes en situación crítica exigen que los tratamientos se cumplan a cabalidad, aun cuando médicamente se compruebe en el procedimiento que no va a ser posible un resultado feliz y que, por tanto, lo natural es suspender el tratamiento.
Los pacientes, lógicamente, demandan que se aplique todo el tratamiento y esperan una solución a su enfermedad catastrófica, que es probablemente lo que haríamos todos nosotros si estuviéramos en esa situación.
La consecuencia de ello ha sido que la investigación de los laboratorios se ha limitado o retraído.
Hay otras modificaciones que son discutibles, pero se hacen necesarias en un país que debe enfrentar la migración. Varios investigadores señalan que Chile está retrasado en su política para acoger migrantes. Si eso es solo un discurso y no les vamos a dar espacio para que trabajen y se desarrollen, la verdad es que no tiene mucho sentido lo propuesto.
A ese respecto tenemos una limitante real y objetiva.
En cuanto a las modificaciones a la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas (la antigua Ley de Quiebras), solo puedo decir que en el Gobierno anterior del Presidente Piñera voté en contra de dicho cuerpo legal, porque sostuve que se trataba de una mala regulación.
Hoy día el Ejecutivo, gracias al trabajo que estamos haciendo, reconoce que hay que hacerle importantes cambios. En la Comisión hemos logrado trabajar indicaciones en conjunto con el Gobierno, para presentarlas durante la discusión en particular. Y son mucho más ambiciosas y van más allá de lo que proponía el proyecto que ahora se discute en el Parlamento.
Con relación al tema de compras, mis colegas ya han dicho mucho al respecto. Creo que debemos revisar ese punto y mirarlo desde la perspectiva de las regiones, pues las compras centralizadas no ayudan al desarrollo del país.
Si queremos que haya productividad, el proyecto va en el sentido contrario, porque con él vamos a refrenar y limitar el desarrollo productivo y de emprendimiento de las regiones.
Insisto en que el título de la iniciativa es un poco ambicioso en comparación a su contenido.
Pero, sin lugar a dudas, hay materias -no las he nombrado todas, solo algunas- que son importantes de abordar y necesarias de modificar.
Por lo tanto, entendiendo que hay que hacer esta discusión, señor Presidente, voto a favor.
Haremos las indicaciones en su oportunidad para perfeccionar este conjunto de normas misceláneas que el Ejecutivo nos presenta.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- ¡Jorge Mateluna es inocente, y lo vamos a probar!
Señor Presidente, anuncio mi voto en contra de este proyecto de ley, porque la verdad es que contiene contradicciones insalvables.
Primero, se dice que la iniciativa busca aumentar la productividad.
Esta tiene dos elementos esenciales: la máquina y el trabajador. ¡No hay una sola norma tendiente a elevar la capacitación de los trabajadores, para volverlos más productivos!
¿Cómo hacemos que el valor real de la fuerza de trabajo y lo que mueve al mundo, que son las personas, los trabajadores, se incremente para fortalecer la productividad mediante el desarrollo de más habilidades, de mejor capacitación, de mayores sueldos y remuneraciones para los trabajadores?
Leo el informe, señor Presidente, y me doy cuenta de que en el debate han participado el Ministro de Hacienda, el Secretario General de la Presidencia, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, directores de Obras Municipales, funcionarios municipales, los representantes de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y de la Cámara de Innovación Farmacéutica -¡ellos siempre delicaditos, ganan muy poco dinero...!-, la Fundación Jaime Guzmán, la Biblioteca del Congreso Nacional.
¡Ni un sindicato!
¡Ni un solo trabajador, para un proyecto que el Gobierno nos promete que va a aumentar la productividad!
¡No se ha escuchado a los trabajadores!
No hay una sola norma que busque mejorar la capacidad de los trabajadores, que son lo esencial en todo proceso de productividad.
Por otra parte, la primera medida que plantea el Gobierno es formalizar informes de productividad y coherencia regulatoria en los proyectos.
En definitiva, toda iniciativa de ley que implique una carga regulatoria debe incluir un informe de productividad y coherencia regulatoria. ¡Pero el presente proyecto no incorpora ninguno! O sea, nos vienen a decir que tendremos que elaborar dichos informes, pero en la iniciativa que nos ocupa no se contempla un solo dato relativo a cuánto va a aumentar la productividad con las normas propuestas.
Eso habla inmediatamente de una dificultad en esa materia: si el Gobierno propone una iniciativa en la cual se hace una exigencia y esta no se cumple en su propio texto, llama la atención. Eso será muy complejo de resolver.
Respecto del objetivo de flexibilizar la exigencia de publicación en periódicos de circulación nacional, regional o local, debo recordar que 200 comunas son rurales, ¡200 de las 345!
Los medios electrónicos ahí son complejos.
Se plantea que ahora van a flexibilizar esa situación y se autorizará a publicar en medios digitales.
Pero ello inhibe a las pymes.
El Ministro me ha dicho que esto va a favorecer a las pymes. ¡Las pymes no fueron invitadas a discutir este proyecto! ¡Ni una sola organización de pequeñas y medianas empresas fue consultada en el debate, según señala el informe!
Allí habrían podido decir: "¿Me van a rebajar las deudas? Porque yo ya quebré; me fui a la quiebra".
Miles de empresas quiebran al año en Chile y contraen deudas con el Servicio de Impuestos Internos. Y, por lo mismo, no pueden volver a emprender. Nada se plantea para que quienes se han equivocado una y diez veces -son los que tienen mayores posibilidades de éxito, pues en ese ámbito se aprende por ensayo y error- puedan seguir presentes. No figuran ni en las audiencias ni en el proyecto.
También se habla de modificar la regulación de estudios clínicos.
Me leí todo el informe.
Señor Presidente, les estamos diciendo a todos los conejillos de Indias humanos que se sometan a tratamientos clínicos que se van a flexibilizar las normas para perseguir responsabilidades. Se establece que dispondrán de cinco años para reclamar, un vez aparecido el síndrome negativo, siempre y cuando el daño se haya verificado en un plazo de quince años.
Se alega que eso va a afectar a la industria farmacéutica, que se ha tenido que ir a Suiza. Yo me niego a creer que las normas chilenas sean más exigentes que las suizas o las europeas.
Si se va a experimentar con un ser humano, ¡la industria farmacéutica tiene que responder si provoca un daño! Ese es un tema clave. Si no, ¡que lo haga en Europa!
No logro entender por qué vamos a flexibilizar el derecho de las personas que facilitan la realización de esa experiencia clínica, disminuyendo su posibilidad de accionar a través de una demanda si existiese daño.
Otro objetivo: modificar la designación de directores de Obras Municipales.
Necesitamos más recursos para las municipalidades. Lo que hará el artículo en cuestión es sacar a dichos directores -son exigentes, pues deben revisar muy bien- y nombrar otros a través de un concurso público.
¡Van a llegar todos los ingenieros de las inmobiliarias!
Se flexibiliza lo que queremos establecer como una exigencia. Si me van a decir que someterán a concurso público los cargos de directores de Obras Municipales, ¡ojo con lo que va a suceder! No necesitamos nuevos directores, sino más recursos, más apoyo profesional y técnico de la Subdere y, tal vez, una modificación en la edad, porque ese cargo no puede ser para siempre.
El problema no se resuelve cambiando a los directores, sino que haciendo más eficaz la dirección de Obras en cada municipio. Y eso requiere más recursos.
Asimismo, se plantea aumentar el tope máximo de contratación de extranjeros.
En este punto quiero escuchar a los sindicatos; quiero escuchar a la CUT, y también a los extranjeros, porque lo que pasa hoy día -la Senadora Ebensperger lo ha señalado- es que les están dando trabajo, pero "a la negra": sin contrato, con remuneraciones infinitamente inferiores. Por algo están hacinados, arrendando piezas en todo Chile.
Dado el objetivo de aumentar el tope para contratar extranjeros, quiero saber si estos van a tener los mismos derechos que los demás trabajadores; si contarán con dignidad en el trabajo; cuáles van a ser las sanciones si ello no se cumple, y qué opinan los sindicatos en Chile al respecto. Por lo menos yo pido que haya igualdad para que no se dé una competencia desleal. Hay que darles oportunidad a los migrantes, por cierto, quienes vienen buscando mejor horizonte de vida. Y quiero que se les respeten sus derechos.
De igual modo se deben respetar los derechos de los trabajadores. Pero durante el debate de este proyecto en la Comisión no vino ni un solo sindicato a exponer sobre su contenido.
Respecto de establecer un tiempo máximo para declarar áreas apropiadas para la acuicultura, deseo expresar que no hay industria que haya recibido más beneficios que la salmonera.
Señor Presidente, ¡esas empresas liquidaron la Décima y la Decimoprimera Región! Las tuvimos que mandar a la Decimosegunda, porque hicieron las cosas de manera pésima. La industria salmonera era un gigante con pies de barro.
Llegamos a ser los campeones mundiales de exportación en ese ámbito, pero vino el virus ISA y destruyó todo el sector: ¡40 mil empleos perdidos en la Décima Región!
Y le dijimos: "¡Ah, te equivocaste y contaminaste Chiloé completo, toda la Décima Región; ahora anda a la Decimosegunda Región!".
¡Y me pide más flexibilidades!
Esta industria está en deuda con Chile. ¡Provocó un daño tremendamente irreparable en Chiloé, en los canales, en Puerto Montt!
No estoy por otorgar mayores flexibilidades a una industria que no da una respuesta razonable a la gran oportunidad que le brindó el país en materia de producción acuícola.
Además, se plantea modificar la causal de caducidad en las concesiones acuícolas.
Advertí en el debate -no los voy a latear con el tema que discutimos entonces- que hay veinte mil formas de evadir la medida de que se produzcan tres sanciones con motivo de caducidad en diez años. No estoy por flexibilizar tales causales de caducidad.
Se señala también que hay que introducir perfeccionamientos al sistema de ChileCompra.
Cuando ocurrieron los incendios, ¿saben dónde compraba el agua la Onemi? En Santiago. Había que esperar tres días para que los camiones llevaran el agua a los brigadistas forestales. ¡No tenían agua! ¡Debían esperar tres días! No la podían comprar en aguas producidas en la Región del Biobío.
Y cuando hay que comprar para la Junaeb, ¡el pedido se lo lleva todo la Coca Cola!
¡Los productores regionales no tienen oportunidad!
¿Qué es productividad para este Gobierno? ¿Aumentar las ganancias de las empresas? ¿Aumentar la remuneración de los trabajadores? ¿Aumentar la autonomía en las regiones? ¡No lo sé!
En realidad, sí lo sé. Y, claramente, no es aumentar la autonomía en las regiones.
Se plantea, además, que van a autorizar la instalación de antenas eléctricas en las sanitarias.
¡Eso es vulnerar lo que hemos discutido en el Congreso!
En regiones hemos echado abajo dos antenas que estaban en instalaciones de sanitarias que se encontraban en medio de la ciudad, porque el rubro de esas empresas es el agua, no las telecomunicaciones. Y ahora me dicen que vamos a permitir ese tipo de infraestructura donde haya una planta de tratamiento de aguas servidas; o sea, en la propiedad de cualquier sanitaria, sea Essbío, Aguas Andinas u otra.
¡Le van a chantar una antena al lado de los vecinos, porque hoy el Congreso Nacional lo va a autorizar!
Habrá que poner mucha atención al artículo sobre esa materia.
Respecto de facilitar el registro de empresas en un día, señor Presidente, hago presente que todos los días quiebran empresas y abandonan los contratos con los municipios, con el Ministerio de Salud. ¡Todos los días hay grandes quiebras!
Siento que se requiere más fiscalización en ese ámbito para que las empresas cumplan. Si no son capaces, quiebran y, al final, paga Moya, paga el Estado, pagan todos los chilenos.
Creo que el registro de empresas en un día es una "estafa en un día". Quiero saber cómo vamos a proteger a los usuarios para que estas empresas no estafen a la gente en un día.
Por último, señor Presidente, pienso que es bueno aumentar la productividad, pero el Gobierno no tiene que improvisar, y siento que en este proyecto se ha improvisado. Es una propuesta miscelánea que no dice cuánto va a crecer la productividad. Se propone incrementarla con medidas diversas, pero estas son incoherentes entre sí.
Voto en contra.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, este proyecto de ley misceláneo modifica diversos cuerpos legales. Se ha extendido en la explicación de ello el Senador Navarro.
La iniciativa deja poco espacio efectivo para que uno vea de qué forma se impulsan medidas pro emprendimiento y pro productividad, según señala su mensaje.
Ello es complejo, porque el país requiere tomar medidas que mejoren su productividad en el corto y largo plazo, en especial en una economía como la nuestra, que anda lenta.
Este primer trimestre del 2019 la economía crecerá al 2 por ciento. Hoy el Ministro de Hacienda ajustó a la baja la proyección de crecimiento anual de 3,8 a un 3,5 por ciento, aunque hay consultoras privadas que señalan un crecimiento de 2,5 para este año. Y claramente estas no pueden ser tildadas de "opositoras".
Ese debate debemos hacerlo como país. Para poder mejorar nuestra productividad, se requiere invertir en innovación, en educación de calidad, especialmente en la educación técnica superior. Se necesita tener un sistema de capacitación laboral moderno y fomentar el trabajo en equipo y el emprendimiento.
Lamentablemente, el presupuesto de este año en innovación, vía Conicyt y Corfo, cayó en un 15 por ciento, a pesar de nuestras críticas.
El proyecto que amplía la gratuidad al séptimo decil para estudiantes de centros de formación técnica y universidades aún no termina de destrabarse legislativamente.
El Senador Montes, en su intervención, decía: "¿Por qué tienen que venir trabajadores de Bulgaria a construir nuestras plantas solares?". Por una razón muy simple: porque en nuestro país no hay un compromiso claro en materia de innovación y desarrollo técnico.
Si vamos a impulsar la productividad, debemos ser coherentes y promover medidas de corto plazo y, también, de largo alcance.
Es una mala señal que a la gira a China, considerando que es nuestro principal destino de exportaciones y que el 48 por ciento de lo que Chile exporta a ese país es cobre, no se haya invitado a Codelco.
El desarrollo de una minería sustentable y más verde es un desafío de país, en especial, en la minería pública. Y todos debemos cooperar en esa misión.
Nos encontramos con esta decisión gubernamental que es contradictoria. Es un nuevo error de una política exterior que no ayuda a profundizar la consolidación de una canasta exportadora con mayor valor agregado.
No se saca nada con tramitar proyectos de ley si no generamos una cultura que fomente esa mayor productividad en el país; en este caso, apoyar a la principal empresa pública exportadora: Codelco.
Además, Chile necesita mayor competencia y transparencia en los mercados para mejorar la competitividad de nuestra economía.
Pero, lamentablemente, tenemos políticas en que solo se favorece a las grandes empresas. Por ejemplo, en el proyecto conocido como "Fármacos 2" el Gobierno presentó una indicación pro retail, pro supermercado, en desmedro de las farmacias pequeñas e independientes.
Aquí mismo, en esta iniciativa, en materia de compras públicas se repone la acción centralizada -el Senador Pizarro profundizó en ello-, que claramente perjudica a cientos de pymes regionales. ¡No podemos aprobar tal medida!
En otros proyectos se pretende debilitar la exigencia de altos estándares medioambientales contenidos en la ley Nº 19.300.
Reitero: las medidas pro inversión deben respetar a las comunidades y a los elevados estándares vigentes en materias medioambientales.
La iniciativa en estudio debe revisarse en detalle y, además, requiere que el Gobierno escuche las opiniones del Senado, para que efectivamente avancemos en una mayor competencia y transparencia de los mercados.
En síntesis, hay avances que es necesario reconocer; algunos cambios legislativos que se ven muy débiles y muy tímidos, y otros que claramente están muy mal; por ejemplo, todo lo relativo a compras públicas, que perjudicará el desarrollo, el crecimiento de las pymes regionales.
He dicho.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, todavía no logro entender, aunque lo he intentado honestamente, por qué tenemos dos proyectos de ley sobre la misma materia en el Congreso: uno, al que se le puso el nombre de "productividad", y otro, para "incentivar la inversión y el crecimiento".
La verdad es que nos han presentado dos leyes misceláneas. No son gran cosa y se pueden discutir en su mérito. A mi juicio, en algunos casos hay gato por liebre. No tengo otra forma de decirlo. En el tema laboral -con todo el respeto que me merecen el Subsecretario y el Ministro Blumel, que nos acompañan-, el pasarnos gato por liebre para incluir masivamente a extranjeros como temporeros, cuando todavía no tenemos un estatuto para los trabajadores agrícolas de temporada, me parece muy mal. ¡Muy mal! Creen que somos lesos en eso. Y, encima, presentan lo mismo en dos proyectos de ley distintos.
Por eso, hago un llamado a que abordemos esta iniciativa en su mérito, dejando en claro que tenemos toda la voluntad para ayudar a que una ley miscelánea destrabe los procesos de inversión. En lo personal, soy partidario de incluir otras normas y de ir más allá.
Sobre la industria acuícola, tengo la impresión de que es un tema que no se debe discutir en una ley miscelánea como esta, por ningún motivo. ¡Por ningún motivo! Existe de por sí un conflicto entre el turismo de intereses especiales, que genera bastante más impacto positivo para las regiones, para el empleo, para el turismo rural, para el turismo local, y el sector acuícola, que hoy día está realmente fuera de control.
Les pido que hagamos un estudio serio de lo que hemos hecho. Aplaudimos que la industria del salmón en Chile tenga relevancia, pero todo lo que se pesca en el país se transforma en harina de pescado para alimentar salmones. Actualmente, la mitad de las concesiones es pura especulación financiera. Por eso, creo que no debemos tratar las concesiones de la actividad acuícola en esta oportunidad, porque no tienen que ver con el propósito principal que deseamos alcanzar, cual es facilitar procesos que pueden ser complementarios.
Hay algunas ideas que se pueden discutir. Por ejemplo, no me cierro a emplear las copas de agua para fines de telecomunicaciones, pues ello puede darse a consecuencia del uso de ciertas concesiones de servicios sanitarios. Me parece algo interesante que puede facilitar las cosas. Podría servir para impulsar la colocalización de tecnología orientada a permitir las comunicaciones. Y hay otras que también podríamos analizar.
Sin embargo, señor Presidente, siento que hay un conjunto de materias que, si deseamos avanzar, debemos tener la voluntad para dejarlas de lado y no tratar de meterlas en este proyecto de ley, porque, si se incluyen, lo van a entrampar. De las diversas medidas que se proponen, probablemente unas ocho o diez podemos sacarlas en forma rápida. Yo me concentraría en ese esfuerzo, pues las más controvertidas van a retrasar el debate, lo cual no resulta conveniente. De hecho, juntaría los dos proyectos que hay.
Sé que tenemos diferentes conceptos de lo que es la productividad. Me dirán que el Estado y la burocracia son factores determinantes en ella. Es posible que encarezca la inversión -es cierto-, pero no sé si sea en el concepto tradicional de productividad donde tenemos los mayores problemas en el país, relacionados con la productividad de la mano de obra.
Por eso, el mismo Presidente de la República y el Ministro del Trabajo han hablado sobre la importancia de revisar los procesos de formación del capital humano en nuestro país. Y, junto con eso, donde más debemos realizar esfuerzos es, probablemente, en la inversión en I+D, para que efectivamente tengamos capacidad de formación de capital bruto en Chile. Quizás eso sea más determinante.
Yo me voy a abstener en la votación, señor Presidente, tal como se lo comenté al Ministro Blumel, para no poner ninguna dificultad. En un momento hubo dudas sobre si se iba a alcanzar el quorum, pero nosotros, por cierto, vamos a facilitar que el proyecto se discuta y se vea en su mérito. Sin embargo, hay que revisar algunas materias que son demasiado importantes. Yo me pongo en el caso del empleo. No tengo problemas per se en que se aumente la cantidad de extranjeros, bajo ciertas condiciones, pero lo que más me molestó, con todo respeto, es que nos hayan tratado de pasar gato por liebre en materia de trabajadores agrícolas de temporada, donde tenemos un problema de estructura legal pendiente desde hace mucho tiempo.
Por ello, repito, me voy a abstener.
Espero, señor Presidente, que en el debate en particular podamos encontrar un clima adecuado para que el proyecto avance en mejor forma.
He dicho.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- El último orador inscrito es el Senador señor Castro.

El señor CASTRO.- Señor Presidente, valoro que el Ejecutivo muestre preocupación por mejorar el emprendimiento y la productividad, en lo cual tienen bastante responsabilidad, a mi juicio, los mismos Senadores que se encuentran hoy en el Congreso. Durante los últimos años no hemos tenido crecimiento en el país, no ha habido emprendimiento, hemos tenido baja productividad. Y ello se debe a que muchas veces no se apoya las grandes iniciativas, se critica más allá de lo razonable y no se presentan las indicaciones que se requieren.
Ahora se culpa un poco a los directores de Obras. Yo soy defensor de estos funcionarios. Ellos no son responsables ni culpables de que muchas veces no se desarrollen las obras necesarias con la rapidez que se espera, porque los proyectos son mal presentados. Por supuesto, estoy hablando de las comunas donde sí los hay. Eso hay que entenderlo muy bien. Existen numerosas municipalidades del país que no cuentan con directores de Obras porque no disponen de los recursos necesarios para pagarles.
Por lo tanto, el problema va un poco más allá de lo que puede hacer uno de esos funcionarios.
Después, tenemos el tema relacionado con la pesca. Efectivamente, hay mucho que hacer y reformar en la Ley de Pesca. Por ejemplo, tenemos dueños de embarcaciones y muchos trabajadores a los que les gustaría emprender, ser emprendedores, pero resulta que no se les da la oportunidad porque la propia ley no les permite ser emprendedores pesqueros. A lo mejor podrían ser tremendos empresarios vinculados al desarrollo de esta actividad.
En materia de compras públicas también hay un problema grande. Y esto se debe a la falta de transparencia, en muchos casos, o al aprovechamiento de muchos cuando los tratos son directos. Por tanto, debemos tener sanciones mayores en este ámbito.
Igualmente, me quiero referir al acceso al financiamiento. Cuando uno quiere emprender, necesita financiamiento. Y el Banco del Estado, que es de todos los chilenos y se supone que está para servir al emprendimiento, nunca está disponible en ese sentido. Hoy día es un banco comercial. Ahí tenemos mucho que decir, porque es un banco del Estado, de todos los chilenos. Deberíamos efectuar una gran reforma para que realmente fuera un motor para el emprendimiento, función que ha venido cumpliendo la Corfo. Tal vez falta bajar mucho más a esta última entidad a la realidad que vive la gente en las diferentes regiones del país.
Otro tema es la capacitación. Han pasado muchos gobiernos que han aceptado que el Sence siga botando dinero. Las capacitaciones del Sence nunca han sido útiles en este país, y se siguen promoviendo año a año. Pienso que sería bueno, como política pública, revisar y modificar la forma de capacitar.
Vamos a la educación.
La educación que existe en Chile carece de valores. Y cuando se la quiere modificar para colocar sanciones a los estudiantes la verdad es que muchos se oponen. Por eso se evidencia una clara falta de valores. Los jóvenes que estudian en las universidades o en los colegios no tienen respeto, no tienen responsabilidades. ¡Se les olvidaron los deberes! ¡Cómo vamos a lograr una gran productividad así!
Otra parte del proyecto se relaciona con los pagos. Cuando un emprendedor, un empresario, ejecuta una obra o un trabajo, necesita que le paguen rápidamente. En la actualidad tenemos entrampados los pagos porque en numerosas ocasiones las grandes empresas y el servicio público se aprovechan de los emprendimientos. Esto también es algo que debemos revisar y modificar.
Otro aspecto tiene que ver con el precio justo, con el aprovechamiento de muchos sobre el más pequeño. Hoy el que produce ni siquiera puede sacar el costo de producción. Por lo tanto, nunca vamos a tener gran productividad si estamos castigando siempre al emprendedor, a quien se sacrifica, a quien se esfuerza para que las cosas funcionen.
Señor Presidente, valoro la intención del Ejecutivo de poner en discusión la idea de mejorar la productividad y el emprendimiento. Se nota preocupación por ello, y creo que todos los Senadores presentes en la Sala debemos trabajar pensando siempre en buscar el mayor beneficio para nuestros vecinos, nuestra gente, nuestros emprendedores, nuestros trabajadores.
Ese es el sentido del proyecto que hoy se somete a nuestra consideración, el cual, si tenemos voluntad, podemos mejorar.
Gracias.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- Me ha pedido la palabra el Senador señor Moreira, que no estaba inscrito.

El señor MOREIRA.- ¡Solo para felicitarlo, señor Presidente, por su conducción y por haber logrado la permanencia de todos nosotros en esta discusión...!

El señor INSULZA (Presidente accidental).- ¡Gracias a usted, señor Senador, por un minuto más...!
Tiene la palabra la señora Secretaria General.

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor INSULZA (Presidente accidental).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (23 votos a favor, uno en contra, 5 abstenciones y un pareo), dejándose constancia de que se cumplen los quorums constitucionales exigidos.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic y Rincón y los señores Allamand, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Insulza, Kast, Lagos, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Pugh y Soria.
Votó por la negativa el señor Navarro.
Se abstuvieron la señora Provoste y los señores Araya, Latorre, Letelier y Quinteros.
No votó, por estar pareada, la señora Órdenes.
El señor INSULZA (Presidente accidental).- No hay quorum para adoptar acuerdos, por lo que el plazo para formular indicaciones queda pendiente.

Pasamos a la hora de Incidentes.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

La señora BELMAR (Secretaria General subrogante).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
A la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, solicitándole pronunciarse sobre INDICACIÓN PRESENTADA ANTE COMISIÓN DE PESCA DEL SENADO EN EL MARCO DE DISCUSIÓN SOBRE HABITABILIDAD EN EMBARCACIONES DE PESCA ARTESANAL.
Del señor CASTRO:
Al Presidente del Consejo Regional del Maule, para que dicho organismo evalúe CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CORPORACIÓN MATER, A FIN DE PERMITIR A MÁS PACIENTES PEDIÁTRICOS CONTAR CON PRESTACIONES EN MATERIA NEFROUROLÓGICA.
Del señor NAVARRO:
Al Fiscal Nacional del Ministerio Público y al General Director de Carabineros de Chile, solicitándoles antecedentes sobre DETENCIÓN DE SEIS ESTUDIANTES EXPULSADOS DEL LICEO DARÍO SALAS Y ALLANAMIENTO DE SUS RESPECTIVAS CASAS.
Al Ministro de Salud, consultándole por FECHAS PARA RETOMAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN DE COMUNA DE TIRÚA Y PARA ENTREGAR LA OBRA.
A los Ministros de Salud y de Vivienda y Urbanismo, pidiéndoles remitir copia de cada uno de los INFORMES DE IMPACTO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE RELLENOS SANITARIOS EN PROVINCIA DE CHILOÉ.
Al Ministro de Vivienda y Urbanismo, al Intendente de la Región del Biobío y al Alcalde de San Pedro de La Paz, para que tengan a bien informar, en caso de que dispongan de antecedentes, acerca de diversos aspectos relacionados con CUARTEL DE CUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE BOCA SUR, COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ.
A la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, manifestándole INQUIETUD POR ESCASA CONECTIVIDAD TELEFÓNICA DE COMUNA DE TIRÚA Y SOLICITUD DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SU SOLUCIÓN.
Al Intendente de la Región de Los Lagos, pidiéndole EVALUACIÓN DE CAUSAS, SITUACIÓN SANITARIA POR MANEJO DE RESIDUOS, Y PLANES DE CONTINGENCIA Y SOLUCIÓN ANTE EMERGENCIA POR CIERRE DE RELLENO SANITARIO DE ANCUD Y DE VERTEDERO INDUSTRIAL DE CHONCHI.
Y al Gerente General de la empresa Fesur, solicitándole que remita COPIA DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE METRO PARA CONCEPCIÓN METROPOLITANO.
De la señora RINCÓN:
Al Subsecretario de Obras Públicas, requiriéndole información sobre ESTADO DE CONSERVACIÓN DE RUTA INTERNACIONAL DEL PASO PEHUENCHE.
Del señor SANDOVAL:
Al Ministerio de Salud y al Director del Servicio de Salud Aysén, solicitándoles INFORMACIÓN DETALLADA RESPECTO DE FUNCIONAMIENTO DE AVIÓN AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PACIENTES GRAVES RADICADOS EN REGIÓN DE AYSÉN DE FORMA PERMANENTE.
A la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, pidiéndoles DETALLE DE CONCESIONES DE ACUICULTURA A SALMÓNIDOS EN REGIÓN DE AYSÉN QUE HAN SOLICITADO PARALIZAR SUS OPERACIONES POR DOS AÑOS Y/O LA AMPLIACIÓN DE DICHO PLAZO.
Y a la Corporación Nacional Forestal, consultándole por FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA "TRANSFERENCIA, MANEJO DE BOSQUES Y PRODUCCIÓN DE LEÑA CERTIFICADA" EN REGIÓN DE AYSÉN.
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El señor INSULZA (Presidente accidental).- En Incidentes, en el turno del Comité Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra, hasta por siete minutos, la Senadora señora Rincón.


EXCLUSIÓN DE CODELCO EN GIRA PRESIDENCIAL A CHINA. OFICIO

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, a nombre de nuestra bancada, quiero levantar el día de hoy tres puntos en la hora de Incidentes.
La primera situación que queremos representar, solicitando que se oficie al Gobierno en nuestra representación, es la exclusión de Codelco en la gira del Presidente Piñera a China.
Ya lo señaló nuestra jefa de bancada a propósito de la discusión del proyecto de ley anterior: claramente no se explica que la principal empresa del país, que además es estatal, no asista a dicho encuentro.
Creemos que, más allá de que el Presidente de Codelco se haya desdicho de sus palabras, es un hecho obvio y notorio lo que allí ha ocurrido.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.


DUDAS FRENTE A REFORMA DE SISTEMA DE ISAPRES

La señora RINCÓN.- El segundo punto, señor Presidente, se relaciona con la afirmación que hoy efectuó, a través de la prensa, el Presidente de la Asociación de Isapres: "El sistema de isapres no puede darse el lujo de recibir gente enferma". Y podría haber agregado: "ni recibir a mujeres ni a adultos mayores".
Es una frase brutal, pero que refleja lo que se decidió hace muchos años: tener un sistema de seguro privado que recibe a la población que no significa riesgo, para que el resto lo asuma el Estado.
Cuando uno mira el anuncio del Gobierno sobre una transformación profunda al sistema de salud, surgen numerosas preguntas. La primera es si, producto de que el Gobierno está obligando a las personas a cambiarse a planes con menor cobertura, se está abriendo un nuevo negocio para las compañías de seguros.
Me parece, señor Presidente, que tenemos mucho que hablar en este tema.
Como algunos dicen: "Ustedes no han hecho nada en muchos años", solo quiero recordar que esta es una materia de iniciativa exclusiva del Presidente o la Presidenta de la República en la que nosotros únicamente podemos aprobar o rechazar.


INVISIBILIDAD DE MUJERES EN LA PRENSA

La señora RINCÓN.- El tercer punto, señor Presidente, dice relación con algo que sigue ocurriendo pese a todos los esfuerzos que hacemos por instalar la idea de paridad de género o igualdad de trato entre hombres y mujeres.
El día de ayer -mandé una carta al medio de comunicación en cuestión- se publicó en gráficas un encuentro del ámbito económico. ¡Nueve fotos! ¡Ninguna mujer en ninguna de ellas! ¡Y había mujeres! Yo estuve ahí. Asistieron mujeres destacadas, importantes. ¡No aparece ninguna!
Uno podría decir: "Bueno, el reportero gráfico no las vio". ¡Son invisibles! Pero hoy día, en otro medio, se publica una infografía que muestra cómo va a operar el Consejo Técnico de Salud en el nuevo sistema de isapres. En ella figuran seis miembros, ¡todos hombres!
Alguno de ustedes podrá señalar: "Es un poco grave la Senadora Rincón", pero la verdad es que con este tipo de cosas vamos instalando realidades. ¿Qué les estamos diciendo a las jóvenes, a las niñas de nuestro país con aquella información y con esta infografía? Que en el ámbito técnico, en el ámbito financiero, no hay espacio para las mujeres. ¡Son espacios masculinos!
Perdone que levante el punto, señor Presidente, pero creo que, si queremos cambiar la realidad, no bastan las normas, no bastan los discursos; debemos hacer esfuerzos reales que supongan un cambio cultural. Y la prensa nos tiene que ayudar, porque a través de las imágenes se van instalando realidades.
Considero importante que nosotros no dejemos pasar esto.
Gracias.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- En los 2 minutos y 40 segundos que le quedan al Comité Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.- No sé si el Comité del Partido Socialista nos quiere compartir algunos minutos.

El señor NAVARRO.- Yo le comparto 4, señora Senadora.

La señora PROVOSTE.- Muchas gracias.


SEÑAL GUBERNATIVA TENDIENTE A DEBILITAMIENTO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. OFICIO

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, hace algunas horas conocimos un comunicado de prensa de la Cancillería de Chile donde se informa de una situación que nos parece que constituye una peligrosa señal del Gobierno: sumarse a una operación destinada a debilitar el sistema de protección de los derechos humanos.
Es por eso que hoy el Comité de Senadores de la Democracia Cristiana ha denunciado esta actitud del Gobierno. Una vez más, hemos sido sorprendidos con una posición inconsulta en materia de política internacional, en esta oportunidad en el ámbito de los derechos humanos.
Se trata de una comunicación enviada el 11 de abril al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y conocida por la opinión pública de Chile 12 días después de su envío. Es decir, se están tomando decisiones a espaldas de la ciudadanía y a espaldas de este Parlamento.
El contenido de dicha comunicación, efectuada con otros cuatro gobiernos, significa un grave retroceso de la posición de nuestro país en materia de protección internacional de los derechos fundamentales de las personas como valor universal. Esta actitud del Gobierno chileno se aparta de la obligación de las autoridades de respetar el orden constitucional vigente y en especial la protección de los derechos humanos.
Chile, desde la recuperación de la democracia, siguiendo su política de compromiso con los derechos humanos, ha reconocido y ratificado los tratados que versan sobre esta materia, incluido el Sistema Interamericano, cuyo referente fundamental es el Pacto de San José de Costa Rica del año 1969.
En este marco ha reconocido, sin reservas, las facultades de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asumiendo la obligatoriedad de las sentencias de esta última como eficaz protección de los derechos de los habitantes de nuestro país, que tienen consagrada la posibilidad de recurrir a dichos órganos una vez que hayan agotado las vías jurídicas internas en nuestro Estado.
De esta forma, no es posible recurrir a un añejo y ya superado principio de soberanía o de no intervención, aunque ello se disfrace con expresiones tales como que los Estados gozan de un "razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías", como lo señala el comunicado hecho llegar a la Comisión Interamericana.
Chile, en su propia Constitución Política, ha reconocido como limitante del ejercicio de su soberanía el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados no solo por la Constitución, sino también por los tratados internacionales ratificados por Chile.
Las sentencias emanadas de la Corte Interamericana han permitido mejorar nuestra propia legislación. Como ejemplo de ello está la eliminación de la censura cinematográfica y de impresos; el acceso transparente a la información que obra en los órganos del Estado, como también avanzar en la no discriminación en razón de opciones sexuales para determinar la tuición, la obligación de administrar justicia ante violaciones de derechos humanos, entre otros.
Finalmente, señor Presidente, en materia de derechos humanos hay que tener especial coherencia. Si se reclama el accionar de los órganos internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de sus resoluciones en otros países, hay que sumar esfuerzos por fortalecer y no por debilitar las facultades de dichos órganos. Pareciera que para este Gobierno la globalización solo es importante para temas económicos y de comercio internacional, pero no para el respeto a derechos esenciales como los derechos humanos. Este doble estándar del Gobierno no lo podemos compartir y tenemos que denunciarlo.
Por tales razones, no compartimos esta señal del Gobierno de debilitar la protección de los derechos humanos cuestionando las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Derechos Humanos.
Una civilización...

El señor INSULZA (Presidente accidental).- Concluyó su tiempo, señora Senadora.

La señora PROVOSTE.- El Senador Navarro me ha concedido un minuto más.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- Puede terminar.

La señora PROVOSTE.- Gracias.
Una civilización democrática debe tener un sistema de protección de los derechos humanos, y seguiremos bregando por fortalecerlo y no debilitarlo como lo está pretendiendo ahora la Administración Piñera.
Por lo tanto, señor Presidente, solicito que se entregue copia íntegra de esta declaración al Ministro de Relaciones Exteriores y se oficie a fin de conocer cuáles son todos los procesos de consulta y de participación ciudadana para que el Gobierno de Chile haya enviado, a espaldas de este Parlamento, una comunicación de este tenor a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Partido País Progresista e Independientes, tiene la palabra el Senador señor Navarro por cuatro minutos.


ADHESIÓN A INTERVENCIÓN DE SENADORA SEÑORA PROVOSTE SOBRE SEÑAL GUBERNATIVA TENDIENTE A DEBILITAMIENTO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero manifestar que, sin duda alguna, me sumo a lo planteado por la Senadora Yasna Provoste.
Como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos concurrí a Ginebra con ocasión de la rendición del primer examen de Chile sobre desapariciones forzadas. También estuvimos en enero, rindiendo examen en materia de derechos humanos.
El Gobierno debe tener una sola línea y un solo estándar. Me preocupa la situación de la Subsecretaria Lorena Recabarren respecto a estas acciones. Tiene que haber cierta coherencia en lo que hacemos a nivel internacional en materia de derechos humanos. Nos corresponde aprobar el proyecto de ley que está en la Comisión de Constitución para definir qué se entiende por "desaparición forzada" dentro de la legislación nacional.
Como sabemos, hay populismo en materia internacional de parte del Gobierno, al igual que en lo penal y en muchos otros aspectos. Pero en materia de derechos humanos hay que tener cuidado: ¡Cuidado, Presidente Piñera! En lo referido a los derechos humanos el populismo no tiene cabida, lo que tiene que haber es una acción muy responsable y el Presidente no la ha tenido.


REPOSICIÓN DE COLEGIO GALVARINO, DE SAN PEDRO DE LA PAZ, POR BAJAS TEMPERATURAS EN SALAS DE CLASES. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero solicitar que se envíen oficios al Ministerio de Educación, a la Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz y al Gobierno Regional del Biobío, sobre la siguiente materia.
El Colegio Galvarino de Lomas Coloradas, de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, se vio involucrado el año pasado en una controversia grave: temperaturas de 1, 2 y 3 °C registradas al interior de las salas de clases de niños de primero, segundo, tercero y cuarto año básico y que también afectaron a los estudiantes de educación media.
¿Qué pasó? En su momento lo llamamos "Colegio iglú" y presentamos un recurso de protección para obligar al municipio a hacer las inversiones necesarias. Se lo señalamos y se lo pedimos al Ministerio de Educación. Nos reunimos con la Ministra de la Cartera de entonces para decirle que se requería una reposición total del colegio.
Este colegio data de los años sesenta, y se reparó parcialmente -como siempre ocurre- con los desechos de otros colegios. Así fue que se armó parte importante del Colegio Galvarino, de San Pedro de la Paz.
El resultado fue catastrófico. En invierno el viento congelaba a los niños. Tenían que estar con bufandas, con gorros. No se podía poner calefacción porque no había autorización para gastar en gas. Por eso, nuestra primera medida exitosa tras realizar esta denuncia fue enterarnos de que sí se podía gastar dinero de la subvención en calefacción. Por tanto, el municipio estaba habilitado para comprar balones de gas, y lo hizo; pero en la primera oportunidad en que se usaron las estufas hubo que evacuar a todos los niños porque tenían filtraciones. Se habían comprado, pero fallaron: ¡Todos los niños al patio!
Señor Presidente, presentamos un recurso de protección junto con los apoderados, con el centro de padres, con el centro de estudiantes, los que han encabezado esta lucha a fin de obtener lo mínimo: una temperatura ambiental adecuada para que los niños puedan estudiar. Y esa temperatura adecuada fluctúa entre los 12, 14 o 16 °C, dependiendo del nivel educativo de que se trate, pero no entre 1 y 2.
En consecuencia, presentamos un recurso de protección para obligar al municipio a realizar inversiones reales y no solamente orientadas a la compra de estufas. La corte falló en contra de este recurso, pues cuando se analizó ya había llegado el verano y, además, las estufas se habían comprado. Por tanto, no era algo urgente. Y ahora nos han impuesto el pago de costas por 200 mil pesos. Con orgullo lo digo: si obligar al alcalde a poner calefacción para los niños del colegio en cuestión me sale 200 mil pesos, volveré a interponer un recurso, porque estamos por proteger los derechos y el principal derecho es que los niños estudien con una temperatura mínima que posibilite el aprendizaje y la enseñanza.
Por lo tanto, pido que se oficie al Ministerio de Educación para que nos diga cuándo van a reponer el colegio, porque este es un problema de fondo. El establecimiento se gotea por completo. El viento entra por todos lados, no hay condiciones mínimas, se requiere una reposición.
Pido que se oficie al Ministerio de Educación...

El señor INSULZA (Presidente accidental).- Señor Senador, su tiempo ha concluido, pero dispone de los minutos adicionales que le concedió el Comité Partido Por la Democracia.
¿Hará uso de ellos ahora?

El señor NAVARRO.- Así es.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- Muy bien.
Puede continuar.

El señor NAVARRO.- Gracias, señor Presidente. Agradezco a la Senadora Ximena Órdenes, que es de la bancada del PPD, por los minutos que me concedieron.
Decía que pido que se oficie al Ministerio de Educación, pues queremos saber qué tipo de reposición se va a hacer. Queremos que se oficie al actual propietario, al administrador, que es la Municipalidad de San Pedro de la Paz, para que nos diga cuándo va a contar con el proyecto y qué dificultades tiene para apoyar al alcalde, don Audito Retamal, a fin de que pueda construir un nuevo colegio para que los niños estudien con tranquilidad. Esa es una tarea que nos corresponde a los Senadores, porque también representamos, no solo legislamos. Ese es el fallo del Tribunal Constitucional. Por tanto, queremos aportar.
Hemos sostenido innumerables reuniones en el colegio, todas ellas con mucho frío -ni el café ni el té nos logran aliviar- para definir este proceso de reposición, no de reparación. ¡No da para más ese colegio! Tiene que haber una reposición. Hay que recuperarlo.
Del mismo modo, pido que se oficie al alcalde para que nos diga si vendieron o no el terreno aledaño. Porque ahí existía un espacio que se iba a destinar a la ampliación del colegio.
La localidad de Lomas Coloradas se ha transformado de un villorrio marginal a una ciudad, a la que han llegado los supermercados, los bancos, el progreso, el alcantarillado, el pavimento. Hoy día es una pequeña ciudad. Por tanto, requiere de un colegio municipal, de educación pública -hay colegios particulares subvencionados-, a menos que el negocio sea que los niños deban pasar de un establecimiento municipal a otro particular subvencionado con el claro fin de que la educación pública se venga abajo. ¡No lo creo! El alcalde es un profesor. No obstante, hay que hacer las cosas.
Espero reunirme con la comunidad educativa en los próximos días para saber exactamente qué se ha planteado.
Me felicito y felicito al alcalde porque ha cumplido con su palabra y ha invertido los 50 millones, pero no se resuelve el problema de fondo.
Y con gusto -lo reitero- voy a pagar los 200 mil pesos de costas, porque uno va a los juzgados a pedir justicia, y en ellos está escrito: "Tribunales de Justicia", no "Tribunales de Derechos". Lo sostengo en un Senado donde hay muchos abogados: cuando la gente quiere justicia recurre a los tribunales, aun cuando estos, por cierto, puedan acoger o no las demandas.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


TRASPASO DE COLEGIO ALMONDALE VALLE DE PARTICULAR SUBVENCIONADO A PARTICULAR PAGADO. OFICIO

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en otro ámbito, quiero solicitar que se oficie al Ministerio de Educación respecto de la situación del Colegio Almondale Valle, en Valle Noble, Comuna de Concepción, Región del Biobío.
Hace ya unos meses, un día domingo, me reuní con el centro de padres y apoderados de ese establecimiento y llamamos a la Senadora Yasna Provoste. Ella nos atendió ese día y le contamos el siguiente problema.
La Sociedad Almondale, que tiene tres colegios, planteó en su momento que la Ley de Integración los perjudicaba y que no podría construir en los plazos acordados y en las condiciones dadas el nuevo edificio para la educación media que le exige esa ley, por cuanto no había institución financiera que los apoyara, ni siquiera el Banco del Estado, única institución con la cual trabaja desde hace 26 años.
En consecuencia, elaboramos una iniciativa e introdujimos una norma miscelánea que incluía a los auxiliares de la educación, a los profesores, que fue debatida en la Comisión de Educación y en la de Hacienda. Y allí se puso exactamente lo que los sostenedores del Colegio Almondale Valle nos pedían: facilidades para establecer los costos de construcción y flexibilidades para pagar el crédito para la construcción a 25 y más años, de tal manera que el tope de 11 por ciento en materia de arrendamiento diera la cifra adecuada para cancelar el crédito bancario.
Se recogieron absolutamente todas las indicaciones. Y el colegio dijo en la Comisión de Educación: "Hemos tomado la decisión de convertirnos en una fundación sin fines de lucro. Por tanto, tenemos una decisión tomada, y esta ley no nos lo permite".
Hicimos las rectificaciones necesarias. Pero hoy día han surgido nuevas peticiones, nuevas desconfianzas respecto de la proyección de lo anterior, y la Sociedad tomó una decisión totalmente contraria a lo que en su oportunidad expresó (ahí está el video, la comunidad de Almondale lo conoce perfectamente). Se dijo que todos los colegios de la sociedad serían particulares subvencionados; pero hoy día han comunicado a más de 400 familias que van a trasladarse a la modalidad de particular pagado.
Lo anterior va a significar duplicar el costo para los padres, porque, tratándose de un colegio particular pagado, no hay subvención del Estado. Por lo tanto, centenares de familias se verán obligadas a buscar colegio para sus hijos, y no hay oferta en el sistema educativo de Concepción del nivel que quieren esas familias de clase media.
Ello equivaldrá prácticamente a expulsarlos a la calle. Y si bien tendrán acogida en el sistema educativo, será en un colegio que los padres no desean.
Les hemos dicho a los apoderados y a los dueños del colegio que, si hay dificultades, veámoslas en el Parlamento. Las cosas se hacen y se deshacen de la misma manera. Y si la ley no fue suficiente, haremos correcciones. Existirá una normativa miscelánea, porque en este tema, señor Presidente, con la Senadora Jacqueline Van Rysselberghe, con todos los Diputados, hemos estado de acuerdo en una sola línea. Hubo un consenso transversal en cuanto a que la ley tenía una imperfección y la corregimos.
Yo demando que los sostenedores del Colegio Almondale cumplan su palabra y respalden a las familias para que sus hijos puedan permanecer en el colegio que eligieron.
Tal vez sea necesario hacer una transición, a fin de que respecto a la salida abrupta de estos jóvenes del colegio (que ya han hecho parte de su vida en él) para llevarlos a otro exista un período de egreso en que se entregue la subvención.
Hay que buscar una solución, señor Presidente, cualquiera que esta sea.
El colegio se encuentra en paro. Estamos hablando de familias de clase media, profesionales; pero que no están en condiciones de pagar un colegio particular pagado porque tienen dos o tres hijos, y, en definitiva, lo que quieren es una buena educación.
Digámoslo francamente, hoy día la educación, después de muchos años de estar en poder de los municipios, es un fracaso. Por eso terminamos con la municipalización. La educación pública, que tenía el 76 por ciento de cobertura de todos los niños de Chile, hoy día no supera el 24 por ciento, pues la gente desertó de los colegios municipales por la mala calidad educativa, por la mala infraestructura, por el pésimo manejo que hicieron numerosos alcaldes.
Por tanto, tenemos un problema que ha querido corregir la Ley de Integración, y yo espero que en un proceso creciente ello se logre, y que los padres y apoderados no tengan ninguna dificultad entre elegir un colegio subvencionado, uno particular pagado o uno público, municipal, al tener la misma calidad de profesores y de infraestructura.
Sin embargo, eso es un proceso, no un suceso. No ocurre de la noche a la mañana. Y las generaciones de transición no tienen que pagar el costo de aquel. Ese es el debate que hemos sostenido.
En consecuencia, pido que se oficie al Ministerio de Educación, al Seremi de Educación de la Región del Biobío respecto de la solicitud que han hecho los padres y apoderados del colegio Almondale, a fin de que nos expliquen claramente qué plazos tienen para presentar su proyecto educativo de ampliación hacia la enseñanza media y para la construcción, y nos entreguen todo el detalle que nos permita saber si lo que hoy día dicen los sostenedores es verdad o no: que tienen un plazo acotado hasta fines de mayo, y que si se pasan de este no podrán volver atrás.
Lo que nos ha adelantado el Seremi de Educación es que el plazo es continuo. Pero necesitamos el documento, la letra, la firma. Eso ayudará a clarificar la situación para que los padres y apoderados y los niños del Colegio Almondale -que también han marchado, desde muy pequeñitos- sepan qué destino tienen. Lo peor es la incertidumbre.
Y lo digo con responsabilidad, este es un proyecto transversal, hemos tenido el apoyo de Enrique Van Rysselberghe, de todos los parlamentarios, sin importar el color político. Esta no es una tarea ideológica, esta no es una lucha ideológica, porque los niños están primero, ¡los niños están primero!
Yo espero que el Gobierno reaccione. Los padres y apoderados lo saben: la capacidad de hacer una modificación a la ley la tiene el Gobierno, el Ministerio, el Presidente de la República. Si se envía un proyecto, hay voluntad de parte de los parlamentarios de la UDI, de Renovación Nacional, y de todos -he conversado con muchos- para analizar este tema y resolver el problema no solo del Colegio Almondale, sino de otros establecimientos particulares subvencionados que quieren permanecer como tales y no transformarse en particulares pagados, haciendo las modificaciones que sean necesarias. Lo digo, porque Chile va a ser un país con diferentes tipos de educación: una educación pública y una educación privada, y todos queremos que ambas sean de gran calidad para que no exista distinción ni pago de los padres.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


INQUIETUD POR NO PAGO DE BONO DE TRANSPORTE POR DERECHO DE AMAMANTAMIENTO. OFICIOS

El señor NAVARRO.- En otra materia, señor Presidente, quiero que se oficie el Ministerio del Trabajo, particularmente a la Dirección del Trabajo, respecto de lo siguiente.
Nos hemos enterado de que hay un dictamen (así lo llaman en la Dirección del Trabajo) respecto al pago de la hora de amamantamiento, que las mujeres trabajadoras conquistaron tras una larga lucha después de casi once años y medio gracias a un proyecto de mi autoría que se transformó en ley siendo Diputado, el cual otorgó el derecho a amamantar a las madres trabajadoras, independientemente de que exista o no sala cuna. Fue una iniciativa que aprobamos en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y me siento orgulloso de haber presentado la moción que le dio origen, de haberla impulsado y de verla transformada en ley.
Lo que ocurre es que hoy día muchas mujeres no pueden ir todas las veces a su casa, o no todas tienen la sala cuna al lado. Y se les va a eliminar el pago del transporte, que además es bastante miserable, bastante pequeño, porque se señala que eso provocaría enriquecimiento ilícito.
Eso es humillante, señor Presidente. Decirle a una mujer trabajadora, que gana 30 a 40 por ciento menos que los hombres, que si no toma el transporte para ir a amamantar a su hijo se lo van a descontar porque constituiría enriquecimiento ilícito es una ofensa gratuita.
Yo espero que el Gobierno lo corrija, y le pido al Ministro del Trabajo, señor Monckeberg, que responda esta solicitud de información que le hacemos con gran fuerza.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- Los Comités Partido Evópoli y Partido Revolución Democrática no van a intervenir.
En el tiempo del Comité Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Senador señor Durana por trece minutos.


SOLICITUD DE DIVERSAS MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. OFICIOS

El señor DURANA.- Señor Presidente, Arica estuvo de duelo en Semana Santa. Se produjo un femicidio, el número once en Chile, después de muchos años en nuestra región. Joyce Tello Avilez, destacada funcionaria municipal, fue asesinada tras recibir 19 puñaladas por parte de un imputado que, obviamente, hoy día enfrenta a la justicia. Lamentablemente, lo hace después de que ya registraba otras denuncias, desde el año 2016, por amenazas y lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar hacia otra víctima, además de condenas por porte de arma blanca y lesiones graves.
Adicionalmente, la víctima había denunciado a este mismo personaje y había dos investigaciones vigentes en la Fiscalía del Ministerio Público, pero lo único que existía era una medida cautelar de no acercarse a ella.
Señor Presidente, quiero solicitar formalmente al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera que informe, a través del señor Ministro del Interior, si es que efectivamente, en el marco de la reforma a las instituciones policiales, ingresó al Senado un proyecto vinculado con una brigada o una comisión de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones que estará a cargo de fiscalizar el cumplimiento de las medidas cautelares con el propósito de darles mayor tranquilidad a las víctimas de violencia intrafamiliar. Ello, porque en la actualidad tales medidas no se están acatando, lo que no solo les provoca una sensación de inseguridad, sino también de desprotección a tantas mujeres que están siendo maltratadas, pues ven que la justicia solo actúa cuando alguna de ellas pierde la vida.
Por lo tanto, frente a esa situación, reitero mi petición al titular de la Cartera del Interior para que informe si envió al Parlamento la referida iniciativa. De ser así, le solicito que le dé "suma" urgencia a su tramitación.
Asimismo, le planteo la necesidad de que se presente un proyecto de ley que establezca la pena de cárcel para los imputados por violencia intrafamiliar que tengan antecedentes como los que exhibe el asesino de Joyce Tello.
También le pido que se evalúe la posibilidad de que, así como existe un registro de pedófilos, se cree un registro de hombres maltratadores. Porque a mi juicio ese es el mejor homenaje que podemos darles a todas las mujeres que han sido víctimas de hombres crueles que les han impedido seguir viviendo.
Por último, solicito que se oficie al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género para que nos entregue antecedentes sobre el número de mujeres respecto de las cuales se han dictado medidas cautelares y las acciones que se están realizando en su beneficio (considero tremendamente importante conocer esta información) y, asimismo, que nos indique la labor que está desarrollando la Subsecretaría de Prevención del Delito en favor de las mujeres que están viviendo un martirio, que están siendo maltratadas y que el día de mañana pueden ser víctimas de femicidio.
He dicho.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- Me sumo, si Su Señoría me lo permite, a los oficios que está solicitando.

El señor DURANA.- Por supuesto, señor Presidente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Durana, con la adhesión del Honorable señor Insulza.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- Aún le resta tiempo al Comité Partido Unión Demócrata Independiente.
En el tiempo del Comité Partido Renovación Nacional e Independientes, tiene la palabra el Senador señor Pugh.


HOMENAJE A CARABINEROS DE CHILE EN SU 92° ANIVERSARIO. OFICIO

El señor PUGH.- Señor Presidente, el sábado 27 de abril Carabineros de Chile cumple 92 años de existencia.
Carabineros nace del Ejército, y por la necesidad de poder dar protección a nuestro país.
"Orden y Patria" es su lema.
Ellos están desplegados en todo el territorio nacional, desde lo más al norte hasta lo más al sur; desde lo más oeste, en Rapa Nui (Isla de Pascua), hasta el macizo de los Andes. Yo represento precisamente a la Región de Valparaíso, que le da el ancho a Chile, desde Rapa Nui a los Andes.
He visto el trabajo de esos hombres y mujeres a lo largo de toda mi carrera profesional, y también ahora que represento a esta Región y sus diferentes lugares.
Por lo tanto, este es un sentido homenaje a esos casi 60 mil hombres y mujeres que, en forma continua, desinteresada y preocupados por mantener a su institución lo más alto posible, despliegan todo su esfuerzo para realizar su labor.
Nuestro país vivió en años pasados situaciones indeseadas. Pero estas afectan a las personas. Las instituciones, que son permanentes y que quedan, merecen todo nuestro respeto.
Por eso, señor Presidente, pido que se oficie al Ministro del Interior y Seguridad Pública haciéndole ver el aprecio de una Región, de un país que se siente comprometido con sus carabineros.
En 1927, cuando nace Carabineros de Chile, el mundo comenzaba a conectarse.
Al respecto, quiero recordar que ese año se produce la primera transmisión de la BBC, un canal que con sus señales de onda larga comunicaba las noticias, dando inicio a un proceso de globalización.
Curiosamente, ese mismo año se produce la primera conexión telefónica trasatlántica: se comenzaban a comunicar los continentes. Y Chile también innovaba, y lo hacía con la fuerza de las carabinas cruzadas, que eran capaces de resguardar nuestros pasos fronterizos, nuestras fronteras, nuestras caletas, nuestras islas.
Carabineros, desde su origen, ha mantenido eso en su ADN. Y su labor principal, la prevención, es quizás la que nos permite conectarnos con situaciones a diario, desde la educación vial, cooperando con la enseñanza cívica, hasta hacerse cargo de hogares -porque fueron los primeros en protegerse- de niños desvalidos, y también dándoles auxilio a las víctimas, que son las que más requieren su apoyo.
Carabineros es una fuerza noble que hoy día está, además, tratando de ponerse a la vanguardia no solo en el continente, sino también en materia de aplicación de tecnología.
Por ello esperamos que todas las medidas tendientes a regular su nueva organización, a darle una nueva forma contribuyan a hacer de esta la mejor institución policial del siglo XXI aquí, en el continente americano.
Señor Presidente, en particular quiero saludar al Jefe de la V Zona de Carabineros, General señor Hugo Zenteno Vásquez, quien ha iniciado un período de trabajo bastante intenso.
Nosotros, en el Congreso Nacional, también tenemos un destacamento, una guardia al mando del Teniente Coronel señor Max Jiménez Fleming.
Vaya, pues, nuestro reconocimiento a todos esos hombres y mujeres que se preocupan de nosotros.
El sábado 27 del mes en curso estaré en Casablanca -porque considero importante visitar cada una de las comunas; el año pasado estuve en La Ligua- para comenzar desde temprano con el izamiento del pabellón nacional y acompañarlos en su rutina diaria, y así demostrarles con hechos concretos nuestro respeto y admiración.
Carabineros es un ejemplo como institución, la cual debemos preservar y cuidar. Pero para valorarla y quererla hay que conocerla.
Invito, entonces, a la ciudadanía, a todos quienes admiramos a esta fuerza policial, a unirnos con ellos, aunque sea en forma espiritual o a la distancia, pidiéndoles que tengan la fuerza necesaria para protegernos, para que las niñas inocentes puedan dormir tranquilas, para que el país siga prosperando.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


FACTIBILIDAD DE QUE RED DE UNIVERSIDADES DE VALPARAÍSO
SEA PARTE, A TRAVÉS DE REUNA, DE CONVENIO ESPECIAL CON EMPRESA GOOGLE. OFICIO

El señor PUGH.- Señor Presidente, me voy a referir a una situación particular que da cuenta del proceso de globalización que se está viviendo en nuestro país y en el mundo.
El día de ayer llegó a la playa Las Torpederas un cable de fibra óptica desde San Francisco, que fue instalado por la empresa Google, al que le han llamado "Curie", por esa mujer que en medicina hizo hallazgos que son importantes hasta hoy.
Ese cable permitirá el traspaso de información entre el gigante de la economía de datos (San Francisco es la séptima economía del mundo) y Valparaíso, que es el puerto de datos de Chile desde fines del siglo XIX, cuando se instala el entonces primer cable de telégrafo submarino.
La globalización es simple, sencilla; básicamente, es un proceso que abarca lo cultural y lo social, pero también lo tecnológico, las comunicaciones y el comercio, en especial el que se realiza por mar.
A fines del siglo XIX, el Imperio victoriano la instala con estas grandes redes de telégrafos submarinos, donde las órdenes de compra viajaban por cables ubicados bajo el mar transmitidas mediante código Morse y las cargas iban en los veleros, en la parte superior. Más de 150 años después, el modelo de globalización es el mismo: los cables ahora son de fibra óptica, de alta velocidad, y los veleros fueron remplazados por los portacontenedores.
Pero el fenómeno cultural es mucho más violento, pues ahora estamos pasando de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento, donde obviamente esos datos que van a fluir por estas redes submarinas son quizás el petróleo o el oro actual. Es la economía, ya no del futuro, sino del presente.
En tal sentido, señor Presidente, pido que se oficie a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones al objeto de que explore con la empresa Google la factibilidad de que la red de universidades que están en la Región de Valparaíso sea parte, a través de Reuna, de un convenio especial que les permita acceder a un ancho de banda que les dé a nuestros académicos la posibilidad de participar del conocimiento mundial.
Al 2025 se estima que el cien por ciento de la población va a estar conectada a internet. Por primera vez la humanidad va a tener la capacidad de compartir conocimiento.
Por eso es tan importante que nuestros académicos accedan al mayor ancho de banda disponible, y si es factible, con lo más cercano al principio de la neutralidad de la red, darles a estos y, en especial, a la Región de Valparaíso la oportunidad de incorporarse a aquello.
También le solicito a la referida autoridad que se estudie la posibilidad de pasar al formato IPv6, vale decir, aumentar la cantidad de segmentos disponibles para que las direcciones IP permitan el direccionamiento de una mayor cantidad de dispositivos -Chile todavía se mantiene en IPv4-, y que la red científica Reuna suba su velocidad de los 10 megabits que tiene en este momento a 100 megabits, que es el estándar que se está usando en Santiago y en algunas otras ciudades universitarias de nuestro país.
La Región de Valparaíso se ha quedado atrás. ¿Por qué? Porque la brecha digital se produce principalmente por el ancho de banda.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


LIBERACIÓN DE RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CUARTEL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN LOS ANDES. OFICIO

El señor PUGH.- Señor Presidente, por último, deseo hacer presente una situación particular que afecta a la Policía de Investigaciones en la Región de Valparaíso.
La Policía de Investigaciones ha logrado, a través de un convenio con el Gobierno Regional, provisionar los recursos, provenientes del programa FNDR, para construir un nuevo cuartel en la ciudad de Los Andes, cuyo costo asciende a los 7 mil 500 millones de pesos, más mil millones adicionales en vehículos.
El compromiso que adoptó el Gobierno Regional con la Subdere fue en el entendido de que se iban a liberar los recursos necesarios para que el cuartel general de la PDI se comprara con presupuesto de la nación.
El inmueble elegido es el antiguo edificio de la Compañía Sud Americana de Vapores -el de la Grace-, que está frente al monumento a los héroes de Iquique.
Ese edificio le brindará a nuestra Policía de Investigaciones en la Región de Valparaíso no solo el espacio, el confort, sino también la prestancia que necesita una policía cuyo ADN es la investigación. Ese inmueble conjuga lo patrimonial y lo moderno, y le da el sentido que requiere la PDI, que tiene mucho que decir, especialmente en materia de ciberdelitos y ciberdelincuencia.
¿Cuál es el problema acá? Que, al parecer, la Dipres no tiene considerados los recursos que la Policía de Investigaciones esperaba. Y, por lo tanto, se ha producido una situación particular.
Entonces, solicito oficiar al Ministro de Hacienda a fin de consultarle específicamente la factibilidad de liberar los recursos pertinentes, de tal forma que la Policía de Investigaciones de Valparaíso pueda adquirir el edificio institucional que le fue comprometido.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Partido Socialista, tiene la palabra el Senador señor Letelier.


DESVÍO A REGIÓN METROPOLITANA DE RECURSOS PREVISTOS PARA RANCAGUA EXPRESS. OFICIOS

El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero poner en conocimiento del Senado -y, al hacerlo, pedir que se oficie a las autoridades correspondientes- una situación desagradable que está ocurriendo con Ferrocarriles del Estado.
En el año 90, siendo Ministro de Transportes Germán Correa, se impulsó un metro de acercamiento que se conoció como "Metrotren". Fue el primero que se usó entre las Regiones Metropolitana y de O'Higgins, y llegó hasta San Fernando.
Dicho medio de transporte tenía muy buena frecuencia y se trataba de uno de los negocios de Ferrocarriles que arrojaban números azules, ya que tenía muchos usuarios; el valor de su pasaje era más barato que el de los buses interprovinciales, y demostró ser muy positivo.
En el primer Gobierno del Presidente Piñera el Ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, anunció el proyecto Rancagua Express. Se iba a implementar en el plazo de un año, aproximadamente; su costo sería moderado: un par de cientos de millones de pesos; el propósito era asegurar el traslado entre la Estación Central y Rancagua en 50 a 52 minutos, y se iba a mantener una frecuencia significativa hacia el sur de la provincia de Cachapoal hasta la capital de la provincia de Colchagua, San Fernando.
¿Cuál es la realidad al año 2019? Pedro Pablo Errázuriz es ahora Presidente de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
Después de un debate en el Congreso, se otorgó a Ferrocarriles una autorización para endeudarse en cierta cantidad de dinero para sacar adelante algunos proyectos, entre ellos, Rancagua Express, que contemplaba la compra de trenes para el tramo inicial Santiago-Nos y para el tramo hasta Rancagua.
¿Qué ha ocurrido en los hechos? La frecuencia para la Región de O'Higgins ha bajado. No me refiero a la del año 90: con relación a ella se desplomó absolutamente; o sea, se han descontinuado las llegadas a San Fernando, Rengo y Requinoa, y para Rancagua es bajísima.
¿Por qué? Porque los nuevos trenes, que fueron comprados explícitamente para el servicio Rancagua Express, se están usando solo en la Región Metropolitana para el servicio Santiago-Nos.
Como si aquello fuera poco, cuando los alcaldes -de todos los colores políticos: de la UDI, independientes, socialistas, democratacristianos-, en representación de la comunidad, han pedido que se aumente la frecuencia, Ferrocarriles del Estado ha respondido con descaro: "Estamos dispuestos, pero que los municipios aporten dinero para aumentar la frecuencia".
Señor Presidente, eso -disculpe la expresión- es una frescura de marca mayor.
Yo no he visto que a ninguna comuna de la Región Metropolitana le estén pidiendo aportes para aumentar la frecuencia del Metro, ni menos la del tren que llega hasta Nos, que tiene una muy buena tarifa, de lo cual por cierto nos alegramos.
¡Esas son las cosas que generan indignación en las regiones: cuando el abuso de un centralismo de aquel tipo lleva a pensar que Santiago es Chile y que, por tanto, los recursos deben quedarse en la Región Metropolitana!
Yo nunca me he opuesto a las inversiones en el Metro, que son millonarias.
Tenemos de las redes de Metro más avanzadas del mundo. Cuando la gente sale al extranjero entiende que las redes del Metro que hay en nuestra capital son de las mejores del orbe: tienen la mayor cantidad de kilómetros con relación a la población y al ingreso per cápita (tal vez hay dos naciones comparables a la nuestra).
Lo que llama la atención es que la autoridad central no entienda la rabia de las regiones.
Por lo expuesto, solicito oficiar a los señores Ministro de Hacienda y Director de Presupuestos para que informen a esta Corporación qué ha pasado con los dineros que se autorizaron a Ferrocarriles al objeto de endeudarse para la compra de trenes destinados a la Región de O'Higgins. Porque sería lamentable que tuviéramos que otorgar nuevas autorizaciones para comprar otros trenes y endeudar aún más a dicha empresa debido al desvío de dineros que se hizo anteriormente para favorecer a la Región Metropolitana (no olvidemos que los recursos otorgados a esta no se reflejan en fondos espejo para las regiones).
Adicionalmente, pido oficiar a la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones -por desgracia, ella no tiene tutela directa sobre Ferrocarriles del Estado- para que nos informe acerca de cómo puede abordarse la situación descrita, porque existe el compromiso de integrar la tarifa del Metrotren o de Rancagua Express con lo que antes se llamaba "Transantiago" y ahora "Red". La idea es saber de qué manera va a funcionar aquello.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


INQUIETUD ANTE MODIFICACIÓN DE DICTAMEN DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO SOBRE DERECHO DE AMAMANTAMIENTO. OFICIO

El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero sumarme a la inquietud del Senador Navarro en torno a la modificación de un dictamen de la Dirección del Trabajo en relación con el derecho de amamantamiento.
Me parece que es una vergüenza -¡una vergüenza!- cómo la Dirección del Trabajo, una y otra vez, cambia el sentido y el espíritu de la ley, y es una contradicción con lo que ha dicho el Presidente Piñera en el sentido de que los niños están primero.
Todos sabemos que la lactancia es determinante en los primeros años de vida, pues es precisamente en ese tiempo donde se produce la mayor cantidad de sinapsis, que posteriormente incidirá en el período de aprendizaje. Para eso, el consumo de proteínas es fundamental, particularmente de aquellas que provienen de la leche materna.
Lamento que el Director del Trabajo haya perdido la brújula y no haya entendido que su responsabilidad es velar por los intereses de las trabajadoras y los trabajadores, pues con este cambio en el respectivo dictamen ha incurrido en un despropósito.
En consecuencia, creo que sería muy importante que la Corporación oficiara, al menos en mi nombre, al Ministro del Trabajo para que venga al Congreso a dar explicaciones por esta torcida interpretación que ha dado el Director del Trabajo a la ley y al derecho a amamantamiento.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor INSULZA (Presidente accidental).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:1.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante