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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 15ª, en miércoles 8 de mayo de 2019
Ordinaria
(De 16:23 a 19:59)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE,
Y ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver, y de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 21 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor QUINTANA (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 12ª y 13ª, ordinarias, en 23 y 24 de abril del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor QUINTANA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Oficios
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia de las sentencias definitivas pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentados respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 8º, inciso primero, de la ley Nº 17.322.
-Artículos 348 del Código de Procedimiento Penal y 292 del Código Penal.
-Artículo 125 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
-Artículo 82 de la ley Nº 18.591.
-Artículo 1º de la ley Nº 18.216.
-Artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798.
--Se manda archivar los documentos.
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 1º de la ley Nº 18.216.
-Artículo 17 B), inciso segundo, de la ley Nº 17.798.
-Artículo 199, del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2006.
-Artículos 1º, inciso tercero, y 485, ambos del Código del Trabajo.
-Artículos 1º, inciso tercero, y 168, ambos del Código del Trabajo.
-Artículo 12, letra a), de la ley Nº 18.884.
-Artículo 19 de la ley Nº 18.410.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Informe
Segundo informe de la Comisión de Minería y Energía, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para exigir la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental en los proyectos que puedan generar contaminación lumínica en las zonas que indica (Boletín Nº 11.912-12).
--Queda para tabla.
Mociones
De los Honorables Senadores señor Chahuán, señoras Aravena y Rincón, y señor Bianchi, con la que inician un proyecto de reforma constitucional sobre reconocimiento de los pueblos originarios (Boletín Nº 12.616-07).
De los Honorables Senadores señor Chahuán, señoras Aravena, Provoste y Rincón, y señor Huenchumilla, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que consagra el respeto y valoración de los idiomas de los pueblos originarios (Boletín Nº 12.617-07).
De los Honorables Senadores señor Durana, señora Van Rysselberghe, y señores Moreira, Pérez y Pugh, con la que inician un proyecto de ley que reforma el procedimiento de revisión de sentencias establecido en el Código Procesal Penal (Boletín Nº 12.609-07).
De los Honorables Senadores señor Coloma, señora Ebensperger y señor Moreira, con la que inician un proyecto de ley que entrega a la justicia ordinaria la partición de la masa hereditaria en los casos que indica (Boletín Nº 12.611-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Honorables Senadores señor Durana, señora Van Rysselberghe, y señores Moreira, Pérez y Pugh, con la que inician un proyecto de ley que modifica el artículo 152 del Código Procesal Penal, sobre límites temporales de la prisión preventiva (Boletín Nº 12.610-07).
--Pasa a la Comisión de Seguridad Pública.
De los Honorables Senadores señor Huenchumilla, señora Goic y señores Quintana, Quinteros y Sandoval, con la que inician un proyecto de ley que restringe gradualmente la capacidad de ejercicio de los adultos mayores con deterioro cognitivo (Boletín Nº 12.612-07).
--Pasa a la Comisión Especial del Adulto Mayor.
De los Honorables Senadores señor Prohens, señora Aravena y señores Castro, Galilea y Ossandón, con la que inician un proyecto de ley que obliga a las compañías de seguro a notificar la pérdida total de un vehículo (Boletín Nº 12.614-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
De los Honorables Senadores señor Bianchi, señoras Allende y Provoste, y señores Elizalde y Guillier, con la que inician un proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de "clientes libres" (Boletín Nº 12.615-08).
--Pasa a la Comisión de Minería y Energía.
Comunicaciones
Del Honorable Senador señor García-Huidobro, por la que informa de su participación, entre los días 8 y 9 de abril recién pasado, en Washington D.C., en la Quinta Conferencia Parlamentaria Mundial, organizada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
--Se toma conocimiento.
Permiso constitucional
Del Honorable Senador señor Harboe, para ausentarse del país a contar del día 15 de mayo de 2019.
--Se accede a lo solicitado.
El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, solicito que se refundan dos proyectos de ley: el correspondiente al boletín Nº 10.833-13, que modifica el artículo 116 del Código del Trabajo en lo relativo al descanso diario de los trabajadores sujetos a contrato de embarco, moción presentada en su momento por los Senadores Chahuán y Moreira y el entonces Senador Hernán Larraín, y el que corresponde al boletín Nº 12.579-13, sobre descanso mínimo de los trabajadores embarcados y portuarios eventuales, moción que formulé junto con los Senadores Durana y Letelier.
Ambas iniciativas están radicadas en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de nuestra Corporación y cumplen con lo dispuesto en el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional: se encuentran en primer trámite constitucional y sus ideas matrices o fundamentales tienen entre sí directa relación.
En efecto, ambos proyectos tienen como objetivo modificar el artículo 116 del Código del Trabajo.
Esa es mi solicitud, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para acceder a lo solicitado por el señor Senador?

El señor MOREIRA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Presidente).- Senador señor Moreira, ¿usted está de acuerdo o tiene algún reparo?

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, acabo de conversar el punto con el Senador Chahuán, y estamos de acuerdo, porque de alguna manera ambos proyectos persiguen los mismos objetivos.

El señor QUINTANA (Presidente).- En consecuencia, si le parece a la Sala, se procederá en los términos solicitados.
--Así se acuerda.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, solicito que recabe el acuerdo de la Sala para que se autorice el envío a la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género de dos proyectos que se encuentran en distintos órganos técnicos: el primero es el que introduce el concepto de violencia y odio de género en la tipificación del delito de femicidio, que está en la Comisión de Constitución, y el segundo es el que incorpora una cuota de género en las elecciones de concejales y consejeros regionales que se realicen hasta el año 2029, que está en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a l
a solicitud formulada por la Senadora señora Muñoz?

La señora EBENSPERGER.- En cuanto a la iniciativa que está en la Comisión de Gobierno, no hay acuerdo.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, no queremos que el segundo proyecto mencionado salga de la Comisión de Gobierno.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Por qué?

La señora EBENSPERGER.- Porque creemos que es importante que se analice ahí.
Si la Sala quiere, puede pasar después a otra Comisión.

El señor QUINTANA (Presidente).- Entiendo que lo que está planteando la Senadora señora Muñoz es que la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género lo vea con posterioridad.

La señora MUÑOZ.- La iniciativa está desde 2016 en la Comisión de Gobierno.

El señor QUINTANA (Presidente).- Es efectivo que lleva algún tiempo en ese órgano técnico.

La señora EBENSPERGER.- Tal como otros proyectos llevan mucho tiempo en sus respectivas comisiones, y no por eso se mandan a otras.

El señor QUINTANA (Presidente).- Precisamente para eso tenemos hoy día una Comisión Especial.
Es lo mismo que ocurre en la Comisión sobre Infancia respecto de iniciativas radicadas en otros órganos técnicos.
Las comisiones especiales tienen por objeto ayudar a que los proyectos de su competencia permanezcan menos tiempo en las comisiones en las que se encuentran.

La señora EBENSPERGER.- Yo insisto, señor Presidente, en que la iniciativa en cuestión se quede en la Comisión de Gobierno.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, considero que este asunto es bien importante, pues se trata de incorporar una cuota de género en las elecciones de concejales y consejeros regionales, que están prontas a ocurrir.
Estamos esperando desde el 2016 a que la Comisión de Gobierno tenga a bien poner tal proyecto en su agenda de trabajo.
Esa es la razón de nuestra solicitud.
Si dicha instancia quiere visarlo después, perfecto. Pero démosle tramitación. No hacerlo es un obstáculo para que avancemos en esa materia.

El señor QUINTANA (Presidente).- Justamente ha llegado el Presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, el Senador señor Letelier.
Le informo que hay una solicitud formulada por la Senadora señora Muñoz respecto de un proyecto que está en la Comisión de Gobierno, específicamente del que busca incorporar una cuota de género en las elecciones de concejales y consejeros regionales. En tal iniciativa claramente tiene competencia, por cierto, el referido órgano, pero también la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género. Ambas instancias pueden tramitarla. Pero no ha sido despachado por la primera. Por lo tanto, en subsidio, se está pidiendo enviarla a la segunda.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Comisión de Gobierno.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, me parece muy adecuado que ambas Comisiones lo vean.
Pero me gustaría consultar un criterio general previo, que no se relaciona en particular con el proyecto referido, sino con cómo tramitamos iniciativas que van a dos comisiones.
Pongo el caso de un proyecto sobre migración: en la Comisión de Gobierno acabamos de hacer audiencias muy largas y la Sala luego tomó la decisión de que esta materia también sea vista por la de Derechos Humanos. Sería poco productivo, aparentemente, que ambas instancias efectúen audiencias de manera previa a la discusión general.
Entonces, no sé si lo que está pidiendo la Senadora Muñoz, en nombre de la Comisión que preside, es ver la iniciativa señalada en particular, o en general y en particular. Lo consulto para saber cuál será el procedimiento. Yo no tengo ninguna dificultad en resolver hacerlo de una manera u otra. Pero es bueno conocer el mandato que la Sala va a dar.

El señor QUINTANA (Presidente).- La solicitud de la Senadora señora Muñoz ha sido bien clara: que el proyecto indicado lo vea la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, sin perjuicio de que después lo trate la Comisión de Gobierno.
La Senadora señora Ebensperger ha expresado su objeción como miembro de la Comisión de Gobierno.
Necesitamos resolver.
No nos ha entregado muchas luces, Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Yo no tengo dificultad en que lo vea primero la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género.

El señor QUINTANA (Presidente).- No hay unanimidad.
Solo queda tomar una decisión nomás. Zanjemos el asunto.
Senadora señora Muñoz, ¿usted insiste en su planteamiento? Porque si lo hace, tengo la obligación de poner en votación su solicitud.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, insisto en ello, porque el proyecto está desde el 2016 en la Comisión de Gobierno.
¿Cuál es el argumento para no permitir que nosotros lo veamos? Y, posteriormente, lo podrá tratar dicha Comisión.
No hay ninguna dificultad. No entiendo por qué la obstrucción para impedir que nuestra Comisión lo empiece a analizar después de tres años sin tramitarse en el órgano técnico en que se encuentra.
No lo comprendo.
Si no hay acuerdo, pongamos en votación el punto, porque esto me parece un poco insólito, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Entonces, la petición es que la iniciativa referida vaya primero a la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género y después, a la de Gobierno.
Esa es la solicitud que someteremos a consideración de Sus Señorías.
¿Algo distinto que agregar, Senador señor Bianchi?
Tiene la palabra.

El señor BIANCHI.- Sí, señor Presidente.
Se hace ver como que una Comisión no está haciendo su trabajo y que la otra sí lo hará.
A mi juicio, hay que darle el grado de prioridad necesario a este proyecto dentro de todas las materias que están radicadas en nuestra Comisión de Gobierno.
Uno podría empezar a buscar cuántas comisiones no han visto una cantidad enorme de iniciativas y pedir cambios a otros órganos técnicos.
Me parece que hay que respetar el trabajo de todas las comisiones. ¡Todas son importantes!
Ahora bien, a nosotros nos preocupa el tema y queremos darle prioridad. Entonces, como acá se encuentra el Presidente de la Comisión de Gobierno, Senador Letelier, podríamos solicitarle -por su intermedio, señor Presidente- que le dé prioridad a la iniciativa referida, que la coloque en tabla para votarla. Y, una vez sancionada, que es lo que persigue la petición de la Senadora Muñoz, se podrá enviar a la otra Comisión.
Pero no me parece adecuado alterar el curso del tratamiento de los proyectos al interior de las respectivas comisiones.
En vez de someter a votación este asunto, creo que basta el simple compromiso de quien preside la Comisión de Gobierno para darle prioridad al tratamiento del proyecto de ley en cuestión.

La señora MUÑOZ.- Pido la palabra.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, considero que aplicar ese criterio de verdad genera un problema.
Acá está el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el Senador Insulza. Hace algún tiempo solicitamos que el proyecto relativo al protocolo de la CEDAW, que está radicado hace quince años en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, pudiese pasar a nuestra Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género.
Es fundamental revisar ese protocolo a la luz del siglo XXI, porque pertenece al siglo pasado. Y todavía no hemos logrado que dicho órgano técnico lo envíe. Nos dijeron que lo estaban revisando -eso fue el año pasado- y que en el mes de enero lo pondrían en tabla. Llegaremos al mes de junio y todavía no pasa a nuestra Comisión, pese a que fue un compromiso acordado en esta Sala.
Se trata de temas importantísimos, señor Presidente. No hacemos esta solicitud por majadería o por competencia con otras comisiones. Es para avanzar en estas materias.
El próximo año tenemos las elecciones municipales y de consejeros regionales.
No sé si le podemos poner un plazo a la Comisión de Gobierno, de dos o tres meses, para que despache la iniciativa y la envíe a nuestra Comisión. Lo mismo a la de Relaciones Exteriores, para que nos mande el protocolo de la CEDAW o señale si se va a hacer cargo o no de ello, pues tal instrumento está siendo exigido por los organismos internacionales con los cuales Chile tiene suscritas convenciones.
En consecuencia, nuestro planteamiento no es majadería ni competencia de una comisión contra otra. Se trata de temas importantes, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Hay una propuesta de mayor acercamiento: fijar un plazo a la Comisión de Gobierno para despachar el proyecto que incorpora una cuota de género en las elecciones de concejales y consejeros regionales que se realicen hasta el año 2029.
No sé si la Senadora señora Ebensperger o el Presidente del referido órgano técnico están de acuerdo en ese criterio.
Si le parece a la Sala, se establecerá un plazo de dos meses.
Acordado.
En cuanto a la otra petición de la Senadora señora Muñoz, con relación a la iniciativa que introduce el concepto de violencia y odio de género en la tipificación del delito de femicidio, entiendo que no hay oposición para trasladar su tratamiento a la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género.
Acordado.

El señor INSULZA.- Deseo hacer una aclaración sobre la Comisión de Relaciones Exteriores.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tengo una lista larga de Senadores inscritos para hablar sobre la Cuenta y debo respetarla.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, no sé si esta sea la instancia -perdón si me equivoco-, pero deseo aprovechar la presencia del Secretario General para exponer un punto que me preocupa.
Por asuntos de la vida, me tocó andar en febrero por acá, y este edificio estaba cerrado por razones obvias, al igual que el de Santiago.
En la Comisión de Régimen Interior recibimos la información de que un funcionario, que ya no está trabajando en esta Corporación, pedía que se le pagaran sesenta días de vacaciones.
Señor Presidente, considero que ahí se abre un tema que puede ser complicado.
Ya que el Senado está cerrado en febrero, me gustaría que se informara a los Senadores respecto de todos los casos de funcionarios que declararon o declaran no haberse tomado las vacaciones.

El señor BIANCHI.- ¡Pero eso qué tiene que ver!

El señor LETELIER.- ¡Ese asunto no es parte de la Cuenta, señor Presidente!

El señor OSSANDÓN.- No sé si está sea la instancia, pero me parece reimportante...

El señor LAGOS.- ¡Usted sabe que no es la instancia!

El señor QUINTANA (Presidente).- No es una materia de la Cuenta.

El señor OSSANDÓN.- Entiendo que al Senador Lagos Weber no le guste mi solicitud. Pero le pido que sea respetuoso.

El señor QUINTANA (Presidente).- Un momentito, por favor.
En rigor, no es un tema de la Cuenta. Pero el señor Senador tiene todo el derecho a solicitar dicha información.

El señor OSSANDÓN.- Estoy solicitando esa información, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Se le hará llegar de todas maneras.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, pido que se abra un nuevo plazo para presentar indicaciones hasta el día lunes 13 de mayo del año en curso, a las 12 horas, en la Secretaría de la Comisión de Minería y Energía, para el proyecto que tiene el boletín Nº 12.443-08.
Es una moción de los Senadores señor Bianchi, señoras Goic, Provoste y Rincón y señor De Urresti, que busca modificar la Ley General de Servicios Eléctricos para establecer que la instalación de equipamientos nuevos, así como la revisión y reparación de empalmes y medidores, será de cargo exclusivo de la respectiva distribuidora.
Dado que la iniciativa se votará la próxima semana en la Comisión respectiva, acordamos solicitar este nuevo plazo para indicaciones.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el Senador Elizalde?
--Así se acuerda.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, quiero aclarar que el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer" está en la Comisión de Relaciones Exteriores. En realidad, tiene razón la Senadora Muñoz cuando dice que en dicho organismo no se ha movido en los últimos dos meses, y el motivo es muy simple.
Este Protocolo, en lo fundamental, hace dos cosas: la primera, crea un mecanismo para que todas las mujeres que sientan afectados sus derechos como grupo, como personas, puedan recurrir a un panel de 23 miembros -si no me equivoco- para que haga sugerencias a aquel Estado que haya omitido algún tema de la Convención; y la segunda, permite al Gobierno, al momento de depositar su ratificación, señalar si se somete o no a este mecanismo de verificación.
A juicio del Senador que levantó este problema en la Comisión, el Gobierno no debería ratificar el sistema, o por lo menos quiere que le expliquen por qué lo va a hacer.
Algunos pensamos que, si se ratifica el Protocolo y el Gobierno inmediatamente después señala que hará uso de su derecho a abstenerse del mecanismo, dicho instrumento no servirá absolutamente para nada. Y entonces estamos esperando que el Gobierno nos diga si se atendrá o no al mecanismo, o si al momento de depositar su ratificación va a expresar que no lo asume.
Esa es la razón por la cual está bloqueado. Todos queremos aprobar el Protocolo Facultativo. Lo que pasa es que, si se aprueba y el Gobierno inmediatamente después, como lo ha hecho en algunos casos similares ahora último, anuncia que no va a ocupar el mecanismo, el Protocolo no servirá para absolutamente nada. Y por eso queremos saber si va a servir para algo antes de ratificarlo.
Gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).- A usted, señor Senador, por la aclaración que ha hecho.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, había solicitado intervenir a propósito del debate respecto de qué Comisiones ven los proyectos, con la urgencia y celeridad que corresponde.
Me parece que lo adecuado, para no colocarnos en situaciones imposibles de cumplir, es que, tal como ha indicado el Senador Insulza, la Mesa, en conjunto con los Comités, desarrolle una tarea de coordinación con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia para establecer la prioridad de varios de los proyectos que están simultáneamente en discusión, porque esto nos está sucediendo con muchas de las materias que estamos viendo en el Senado.
Por ejemplo, en la Comisión de Relaciones Exteriores nos hallamos estudiando el TPP11, y en el debate en la Sala se planteó la posibilidad de llevarlo también a la de Agricultura, a la de Energía, a la de Economía. A la de Hacienda tiene que ir, así que no vamos a terminar nunca. Y lo mismo sucede con varios otros proyectos que se encuentran en análisis.
Señor Presidente, por qué las iniciativas no se tratan en algunas Comisiones tiene que ver con las urgencias -normalmente no se les coloca-, o se debe a que no concitan acuerdo, o lisa y llanamente quedaron sobrepasadas por la realidad. Creo que sería bueno hacer ese ejercicio, el cual lo pueden efectuar solo la Mesa con los Comités y el equipo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Me parece que eso es lo único razonable. Fijarle hoy a la Comisión de Gobierno dos meses para ver un proyecto que durante cuatro años no ha concitado a lo mejor los acuerdos necesarios ni ha sido calificado con las debidas urgencias, ni por el Gobierno anterior ni por el actual, es exigirle un trabajo que no corresponde. Si no lo ha conocido hasta ahora, por alguna razón debe ser.

El señor QUINTANA (Presidente).- En verdad, señor Senador, es muy pertinente el alcance que usted ha efectuado.
Esta Mesa, apenas asumió sus funciones, instauró una reunión semanal con la Segpres -de hecho, nos acompaña ahora el Ministro Blumel-, y estamos revisando y conformando las tablas con bastante diálogo; por supuesto, también con todas las bancadas y las Comisiones. Pero considero perfectamente posible profundizar en la línea que Su Señoría ha indicado.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, por su intermedio quiero solicitar, de conformidad con el artículo 118 del Reglamento del Senado y en mi calidad de Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, que se fije como plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a esta actividad (boletín N° 12.467-15) el próximo 20 de mayo, a las 12.

El señor QUINTANA (Presidente).- Si no hay inconveniente, se accederá a lo solicitado por el Senador Chahuán.
--Se fija plazo para formular indicaciones hasta el 20 de mayo, a las 12.
V. ORDEN DEL DÍA



PROPOSICIÓN DE SEÑORAS ERIKA CASTILLO Y DANIELA TORRE Y SEÑORES SERGIO BRAVO, JOSÉ LEAY, BERNABÉ RIVAS Y PAULO SOLARI COMO INTEGRANTES DE COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN


El señor QUINTANA (Presidente).- En el primer lugar del Orden del Día figura la solicitud de Su Excelencia el Presidente de la República mediante la cual recaba el acuerdo del Senado para nombrar integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación a las señoras Erika Castillo Barrientos y Daniela Torre Griggs y a los señores Sergio Bravo Escobar, José Leay Ruiz, Bernabé Rivas Quiroz y Paulo Solari Alliende, con informe de la Comisión de Educación y Cultura y la urgencia contemplada en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 2.047-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 93ª, en 23 de enero de 2019.
Informe de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 14ª, en 7 de mayo de 2019.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señores Senadores, a la sesión en que la Comisión de Educación y Cultura consideró este asunto asistieron, especialmente invitados, los seis nominados para el cargo. Concurrió, asimismo, el señor Subsecretario de Educación.
Dicho organismo adoptó los siguientes acuerdos:
a) La unanimidad de sus miembros, Senadores señora Provoste y señores Coloma, García, Latorre y Soria, estuvo de acuerdo en que los candidatos señora Erika Castillo y señores Sergio Bravo y Bernabé Rivas reúnen las condiciones y requisitos para desempeñarse como miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, según lo prescribe el artículo 7 de la ley N° 20.129, que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, esto es, ser personas de reconocido prestigio y amplia trayectoria en gestión institucional, docencia de pregrado o formación de postgrado.
b) La unanimidad de los integrantes de la Comisión, Senadores señoras Provoste y Von Baer y señores García, Latorre y Quintana, acordó no emitir pronunciamiento en cuanto al cumplimiento de los requisitos y condiciones que establece la ley para ocupar el cargo de integrante de la Comisión Nacional de Acreditación respecto de la señora Daniela Torre Griggs y de los señores José Leay Ruiz y Paulo Solari Alliende.
c) Por tres votos a favor, de los Senadores señora Provoste y señores Latorre y Quintana, y dos en contra, de los Senadores señora Von Baer y señor García, la Comisión acordó sugerir a la Sala votar separadamente la proposición presidencial, de la siguiente manera:
i) En una sola votación, y de manera conjunta, los nombres de los candidatos señora Erika Castillo y señores Sergio Bravo y Bernabé Rivas.
ii) En votaciones sucesivas, y de manera separada respecto de cada uno de ellos, los nombres de la señora Daniela Torre Griggs y de los señores José Leay Ruiz y Paulo Solari Alliende.
Los Comités, en sesión del día de ayer, consideraron preferible que el pronunciamiento de la Sala sobre la propuesta se efectuara mediante dos votaciones.
Cabe tener presente que el acuerdo para nombrar a los consejeros requiere la aprobación de los tres quintos de los miembros en ejercicio del Senado, esto es, 26 votos favorables.
El señor QUINTANA (Presidente).- Ha sido muy claro el informe respecto del asunto que vamos a discutir a continuación.

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El señor QUINTANA (Presidente).- Antes de darle la palabra al Presidente de la Comisión de Educación, Senador señor Latorre, quiero pedir la autorización de la Sala para que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento pueda informar mediante certificado acerca de lo ocurrido en su sesión de esta mañana, destinada a analizar la propuesta de Su Excelencia el Presidente de la República para llenar un cargo de Ministro de la Corte Suprema.
¿Habría acuerdo para que, en función del tiempo, se proceda a informar mediante certificado?

El señor MONTES.- Sí, señor Presidente.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- ¡Señor Presidente!

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, le queremos pedir que explique de nuevo lo que está planteando, porque, hasta el minuto, todo lo que está sucediendo con este proyecto de ley resulta absolutamente...

La señora ALLENDE.- ¡Estamos hablando de otra cosa!

La señora VON BAER.- ¡Es para otro asunto!

El señor MONTES.- ¡Eso es de otro proyecto!

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Sí, lo sé.
La metodología que se está usando acá es distinta. Y entonces lo que le estoy solicitando al señor Presidente es que por favor explique bien lo que pidió, porque no se entendió.

El señor QUINTANA (Presidente).- La petición que hemos hecho es simplemente para que la Comisión de Constitución pueda informar mediante certificado, a menos que su Presidente, quien no está en la Sala en este momento, me diga que la Secretaría se halla en condiciones de entregar un informe completo de todo lo obrado esta mañana. Lo planteo para los efectos de la sesión especial que vamos a convocar, no para hoy día, sino para el próximo martes.

El señor BIANCHI.- Claro, la votación es la próxima semana.

El señor QUINTANA (Presidente).- Se trata de la presentación de una postulante a la Corte Suprema. ¡De eso estamos hablando!

El señor PÉREZ VARELA.- ¡El informe estará la próxima semana!

El señor QUINTANA (Presidente).- Por eso lo digo. Simplemente estoy recabando la unanimidad de la Sala para que ese informe sea vía certificado. Estoy facilitándole la tarea a la Comisión de Constitución. Parece que no se ha entendido así.
¿No hay acuerdo?
Entonces, continuamos con el asunto que habíamos comenzado a tratar.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Continuamos con la solicitud del Presidente de la República para nombrar nuevos integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación.
Tiene la palabra el Senador señor Latorre, Presidente de la Comisión de Educación.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, la presentación que hizo el Secretario General es muy completa. Básicamente, es lo que aparece en el informe.
Solo quiero dar cuenta de la discusión que se dio en la Comisión de Educación, en la cual sus miembros opinaron, de manera unánime y transversal, que los tres nombres propuestos del ámbito universitario reúnen los requisitos necesarios, a saber, contar con una amplia trayectoria académica, además de responder a la pluralidad del sistema de educación superior universitaria, tanto pública como tradicional, así como de regiones.
Sin embargo, en el ámbito técnico se generaron discrepancias respecto de la pluralidad de los nombres en cuanto a las instituciones de las cuales provienen. No hay nadie, por ejemplo, del mundo técnico o universitario técnico-profesional, como la Universidad Federico Santa María, la Universidad de Valparaíso, la Usach, etcétera.
Ese fue uno de los elementos cuestionados.
Otro fue la idoneidad y la duda sobre los requisitos académicos de las personas que se proponen para el ámbito técnico.
Por eso, la Comisión no se pronunció en ese aspecto y se solicitó votación separada para los postulantes del ámbito universitario y para los del ámbito técnico, dado que la ley no precisa, en el fondo, la manera como se debe votar.
Hay que recordar que la Comisión Nacional de Acreditación, en su conjunto, está compuesta por cuatro académicos universitarios; cuatro docentes o profesionales del campo técnico-profesional; un docente de reconocido prestigio y amplia trayectoria en el área de la innovación, seleccionado por Corfo; un académico universitario de reconocido prestigio y amplia trayectoria en la investigación científica o tecnológica, y dos representantes estudiantiles. Son doce integrantes en total, de los cuales el Senado se pronuncia sobre seis: los tres del ámbito universitario y los tres del ámbito técnico.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor CHAHUÁN.- ¿Puede abrir la votación?

El señor MONTES.- Ese es el procedimiento.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación respecto del primer punto?

La señora VON BAER.- ¿Cuál es el primer punto?

El señor MONTES.- ¡Educación universitaria!

El señor QUINTANA (Presidente).- Lo explicó el señor Secretario con mucho detalle, señora Senadora.
Señor Secretario, ¿podría explicar de nuevo el primer punto?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Lo que se acordó, señor Presidente, por tres votos a favor y dos en contra, fue lo siguiente.
En la sesión del día de ayer se consideró preferible que el pronunciamiento de la Sala sobre la propuesta presidencial se efectuara mediante dos votaciones.
Ese fue el acuerdo de los Comités.

El señor QUINTANA (Presidente).- Entonces, ¿habría acuerdo para abrir la votación respecto del primer grupo?

La señora VON BAER.- Pedí la palabra, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Efectivamente, señora Senadora.
Le voy a dar la palabra y a continuación abriríamos la votación respecto de lo primero.

La señora PROVOSTE.- ¡Pero sin abrir la votación, señor Presidente!

El señor QUINTANA (Presidente).- Es que ya está acordado, señora Senadora.

La señora PROVOSTE.- Pero no abrir la votación.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¡Está acordado abrir la votación!

El señor PIZARRO.- ¡Presidente, estamos recién en el procedimiento!

El señor QUINTANA (Presidente).- Yo pedí dos veces la unanimidad de la Sala para abrir la votación y nadie me dijo que no.

La señora VON BAER.- ¡Así es!

El señor PÉREZ VARELA.- ¡Está bien, señor Presidente!

El señor QUINTANA (Presidente).- Voy a recabar de nuevo el asentimiento.
¿No hay unanimidad para abrir la votación?
Entonces, no se abre la votación.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, ¡usted pidió la unanimidad y la ha pedido nuevamente!

El señor QUINTANA (Presidente).- La pedí, pero me han objetado la unanimidad.
¡Eso ha pasado muchas veces!
Tiene la palabra, Senadora Von Baer, para iniciar la discusión respecto del primer punto.

La señora VON BAER.- Y entiendo que abre la votación, señor Presidente.

El señor PÉREZ VARELA.- ¡Ya está acordada, por lo demás!

La señora VON BAER.- Señor Presidente, solo quisiera plantear -por su intermedio- al Presidente de la Comisión de Educación que una cosa es lo que uno opina (y está bien cuando uno fundamenta su voto como Senador), y otra cosa distinta es cuando uno interviene representando la opinión de una Comisión.
En este caso, la opinión de la Comisión de Educación respecto del segundo punto no se emitió. De hecho, yo pedí que se pronunciara, porque tiene que hacerlo para ver si los candidatos cumplen o no con los requisitos, pero no lo hizo. Adoptó un acuerdo sobre otro tema, pero no se pronunció acerca de la idoneidad de algunos postulantes. Es más, yo lo pregunté, y se me dijo que la ley no hacía explícita la necesidad de pronunciarse. Esa fue la respuesta que se me dio.
Por lo tanto, no hay un pronunciamiento de la Comisión de Educación respecto a la idoneidad de todos los postulantes. Se consideró que no era necesario. Lo pregunté dos veces y en ambas se me contestó que no era necesario, porque la ley no lo establecía.
Ese es el primer punto.
En cuanto al segundo, relacionado con la separación de la votación, el Presidente de la Comisión dijo lo que opinaba la mayoría, pero, en tal calidad -por su intermedio, señor Presidente-, tiene que informar también lo que opina la minoría.
Son dos las opiniones que hay que informar como Presidente de la Comisión; no solamente lo que uno opina, sino lo que opina la instancia completa, porque usted es nuestro Presidente y nos representa a todos. ¡A la minoría también! Seremos minoría, pero también nos representa a nosotros.
Entonces, por su intermedio, señor Presidente...

El señor QUINTANA (Presidente).- ¡A través de la Mesa, señora Senadora, por favor!

La señora VON BAER.- ¡Por su intermedio, señor Presidente!
¡Lo dije! ¡Usted no me escuchó! ¡Ese es otro problema!
Entonces, señor Presidente, quiero explicar, porque no quedó claro en el planteamiento que hizo nuestro Presidente en su informe, que no hubo pronunciamiento respecto a la idoneidad de todos los candidatos. Por lo tanto, no hay una postura de la Comisión de Educación sobre los postulantes en el segundo caso.
Gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, la reforma de la educación superior, largamente anhelada desde el retorno de la democracia, se basa en la protección del derecho a la educación superior que está llamado a ejercer cada joven (o adulto) que, habiendo culminado su educación media, posee los méritos académicos necesarios para materializar su aspiración a cursar una carrera profesional o técnica de nivel superior.
Lo quiero señalar, porque es bueno discutir cuál es el contexto en el cual se está llevando adelante esta votación.
Hay que decir que fue el propio Parlamento, en el período legislativo anterior, el que impulsó una reforma a la educación superior que hoy día le corresponde al actual Gobierno implementar.
Para garantizar el ejercicio de aquel derecho, ampliamente valorado por la ciudadanía, el Congreso Nacional aprobó un conjunto de leyes.
Por un lado, una legislación especial para las instituciones de educación superior del Estado (leyes que crean dos universidades regionales y 15 centros de formación técnica, y, por primera vez, una ley específica para las universidades estatales).
Y, por otro lado, una legislación general, que es la Ley de Educación Superior, diseñada para alcanzar cuatro objetivos centrales:

1.- Fortalecer la institucionalidad del Sistema de Educación Superior, a través de la creación de una Subsecretaría y de una Superintendencia.

2.- Fortalecer el aseguramiento de la calidad y resguardo de la fe pública mediante la reconfiguración del sistema de acreditación.

3.- Fortalecer la institucionalidad de la formación técnico-profesional a través de la creación de un consejo asesor para elaborar la estrategia de desarrollo de dicha formación.

4.- Consagrar la gratuidad en la educación superior.
Lo quiero señalar, señor Presidente, porque muchas veces hay quienes se quedan, simplemente, en la discusión de un nombre, en si me gusta más o menos. Pero, hoy día, lo que nosotros estamos votando tiene que ver con un sentido bastante más profundo, que apunta a cómo las leyes anteriores han consagrado en la nueva Comisión Nacional de Acreditación el resguardo de la fe pública.
Quiero señalar, además, que en estas modificaciones de leyes se estableció que la Comisión Nacional de Acreditación estaría integrada por doce comisionados o comisionadas, provenientes de diferentes órbitas de la educación superior. Lo que estoy señalando es copia fiel de lo que dice hoy día nuestro marco legal.
En la integración y designación de estos doce miembros, seis los elige directamente el Presidente de la República, y otros seis los presenta al Senado para su acuerdo. De estos últimos, tres corresponden al ámbito de la educación superior universitaria y otros tres al ámbito de la educación técnico-profesional.
Asimismo, la ley señala un conjunto de inhabilidades e incompatibilidades de los integrantes de esta Comisión. La nueva normativa incorpora un extenso párrafo 2° bis "De las inhabilidades e incompatibilidades". En primer término, especifica quienes no podrán ser comisionados: entre otros -lo dice su articulado-, los miembros, directivos, socios o propietarios de una institución de educación superior.
Pero, además, la propia ley señala que la citada Comisión debe garantizar la diversidad institucional del sistema de educación superior chilena. Y establece cuáles deben ser los requisitos para quienes se incorporan como comisionados en el ámbito universitario y en el ámbito de los institutos profesionales y centros de formación técnica. Y, para estos últimos, dice que deben ser docentes o profesionales, de reconocido prestigio y amplia trayectoria en formación técnico-profesional o gestión institucional, vinculados a instituciones de educación superior.
Por eso, hemos respaldado la propuesta del Presidente de la Comisión de Educación, porque tenemos serias dudas de que los postulantes propuestos por el Presidente de la República en el ámbito técnico cumplan estos requisitos. Y si el órgano técnico no se ha pronunciado, difícilmente podemos también hacer una recomendación en un sentido o en otro a la Sala.
Además, señor Presidente, deseo reiterar que la propia ley establece que la Comisión Nacional de Acreditación debe poner especial énfasis en la diversidad institucional. Y resulta que los tres nominados para el ámbito técnico provienen de instituciones privadas. Entonces, uno se pregunta: ¿Cuál es la diversidad que se pretende garantizar?
Por lo tanto, hago acá un llamado a que realmente veamos el sentido más profundo que tiene la designación de estos comisionados, que es garantizar el principio de la fe pública y una prerrogativa esencial que hoy día la ciudadanía deposita en la educación superior para precaver el ejercicio de un derecho ampliamente valorado por la ciudadanía.
Por eso, desde nuestra bancada, anunciamos nuestro voto favorable para los comisionados del sector universitario, y nuestro voto en contra para los nominados en el área técnico-profesional.
He dicho.

El señor PÉREZ VARELA.- Pido la palabra para un punto de reglamento, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela, para un asunto reglamentario.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, usted solicitó el asentimiento de la Sala para abrir la votación, y esta, unánimemente, se lo dio. Para modificar lo acordado se tiene que utilizar el procedimiento que está en el Reglamento.
Usted no ha modificado esa resolución de la Sala. Por lo tanto, yo le pido que la cumpla y abra la votación.

El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, abra la votación, si no, tiene que pedir la unanimidad para no hacerlo.

El señor QUINTANA (Presidente).- La Secretaría entendió lo mismo que este Presidente y algunos Comités, y había, efectivamente, acuerdo para abrir la votación.
Por lo tanto, se abre la votación.

El señor PIZARRO.- ¿Me permite un asunto reglamentario, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, nosotros no queremos hacer un problema de esto, ni deseamos complicarle la vida a la Mesa, pero hay formas y formas de tomar los acuerdos.
En el momento en que en la Sala se estaba discutiendo un tema, en el cual se mezclaron muchísimas cosas, en medio de un desorden y un barullo, se supone que se tomó el acuerdo al que usted hace referencia. Pero apenas se planteó lo acordado para entendimiento de todos los colegas, nuestra bancada manifestó que no daba el acuerdo para la apertura de la votación.
Le vuelvo a decir, yo no quiero hacerle problemas a la Mesa. Pero, con el mismo derecho que usted está planteando, le pediría que recabara nuevamente el acuerdo. Si se señala que no, le pedimos que respete la postura de un Comité completo. Porque, si no, antes de iniciar la votación, nosotros le vamos a pedir que suspenda la sesión y cite a reunión de Comités, a fin de poder resolver este tema. Tampoco quiero complicarle la vida a la Secretaría, porque no es ese el sentido.
El uso del Reglamento da para mucho. De modo que le pedimos a usted, señor Presidente, y también a los colegas de los otros Comités, que se respete nuestra postura, que es legítima. Además, estamos planteando que vamos a votar a favor de la primera propuesta y todos sabemos de lo que estamos conversando.
Entonces, no hagamos de esto un problema mayor, porque no tiene sentido. Igualmente vamos a votar en un rato más.

El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien, señor Senador.
Yo creo que todas las propuestas son legítimas. Y respecto de abrir o no la votación no se hace una larga y extensa argumentación. Simplemente, se solicita abrir la votación.
Por eso le acabo de preguntar a la Secretaría si había entendido lo mismo que la Mesa, en orden a que sí se había dado la unanimidad, porque no hubo ninguna objeción.
A mayor abundamiento, le señalo que dos veces, dos veces, pedí la unanimidad para abrir la votación y no hubo objeción.

El señor PIZARRO.- No se entendió.

El señor QUINTANA (Presidente).- Es que no sé en qué idioma transmitirlo. Esto no requiere mayor explicación.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, afortunadamente, hay un Reglamento. Y sé que el Senador Pizarro me va a entender, porque ha recurrido a él varias veces.
El artículo 168 establece: "La votación se iniciará junto con pronunciar el Presidente estas palabras: `En votación', e iniciada que sea, no podrá suspenderse" sino para pedir antecedentes. Está así específicamente planteado.
Yo entiendo que no hay ánimo de generar conflictos. Lo que pasa es que todos tenemos que entendernos. El señor Presidente lo consultó dos veces. Además, repitió que había dicho dos veces que estaba abierta la votación.
No lo digo solo por este caso, que uno puede discutir. Porque si no, cada vez que se señale "En votación", alguien podría decir después: "Yo no entendí que estaba en votación".
Entonces, pido que opere el Reglamento, ya que hay un artículo específico, el 168, que resuelve el punto.
De verdad, yo sé que no va a ocurrir nada grave en esto, pero si no entendemos todos lo mismo respecto de la frase que pronuncie el señor Presidente, después va a ser imposible entendernos en otros temas que pueden ser más conflictivos.
Así que yo entiendo que la votación está abierta a partir de la frase que pronunció el señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Así es.
Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, le pido que cite a reunión de Comités sin suspender la sesión de la Sala, por favor.

El señor QUINTANA (Presidente).- No se puede celebrar una reunión de Comités sin suspender la sesión, Su Señoría.
Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, nosotros planteamos esta situación por un tema de precedente. ¿De acuerdo?
Esto no se dio en un momento de barullo en la Sala. Ya se había cambiado de tema. El Secretario había hecho una lata exposición de la materia en cuestión; había intervenido el Presidente de la Comisión de Educación, y después de eso usted pidió la unanimidad. Tanto es así que la pidió dos veces.
Pero no hay problema, señor Presidente. Pida de nuevo a la Sala que dé la unanimidad y nosotros se la otorgaremos para que abra la votación cuando usted lo estime conveniente y no tengamos problema.
Gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).- Ofrezco la palabra.
¿Hay unanimidad para que se abra la votación?

El señor BIANCHI.- ¡Para que no se abra la votación!

El señor QUINTANA (Presidente).- ¡Para que no se abra! ¡Perdón!
¿Hay unanimidad para dejar sin efecto el acuerdo?

La señora VON BAER.- ¡Sí la hay!

El señor BIANCHI.- ¡Sí, señor Presidente!

El señor CHAHUÁN.- ¡Sí, señor Presidente!

El señor QUINTANA (Presidente).- Se deja sin efecto el acuerdo.
--Por unanimidad, se deja sin efecto la apertura de la votación de la solicitud del Presidente de la República.

El señor QUINTANA (Presidente).- Se agradece la colaboración a la Mesa.

El señor CHAHUÁN.- ¡Queremos facilitarle su conducción, señor Presidente!

El señor QUINTANA (Presidente).- ¡Pero no tengo inscritos! ¡Así que quedamos en las mismas...!

El señor LATORRE.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, seré muy breve.
La presentación que hice denante fue sobre la base de lo que está en el informe. Traté de ser muy neutro.
Por su intermedio, señor Presidente, le pido disculpas a la Senadora Von Baer si no se sintió interpretada.
Esa presentación fue para los Senadores que no participan en la Comisión de Educación. Entonces, traté de exponerle a la Sala los temas que se discutieron en dicho órgano técnico.
Ahora, en mi intervención, voy a dar mi opinión.
El Sistema de Aseguramiento de la Calidad se crea el año 2006, con el objeto de responder a las diferentes preocupaciones expresadas por diversos actores del mundo educacional. Este, si bien mantuvo el carácter voluntario de los procesos de acreditación, además de imponer a las instituciones nuevas obligaciones en materia de información pública, también estableció la acreditación institucional como una condición de elegibilidad para poder acceder al naciente crédito con aval del Estado, incentivando así a las instituciones a someterse a estos procesos.
De este modo, se apreciaría un cambio de paradigma respecto a la comprensión de la "calidad". Se abrió paso a una noción de calidad centrada en la "rendición de cuentas". Así, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, al ser la llave para acceder a recursos públicos, especialmente a través del CAE, generó que sobre la Comisión Nacional de Acreditación existieran importantes y lucrativos intereses, sobre todo del sector privado, que emergió con posterioridad a 1981 y que amplió su oferta desde el año 2006 en adelante.
Esta presión sobre el sistema de la CNA, junto con un cambio de paradigma respecto a la comprensión de la calidad, implicó que se produjeran una serie de irregularidades en los procesos de acreditación. La más bullada fue aquella en que recayó la investigación desarrollada por el Ministerio Público, por irregularidades en la entrega de acreditaciones a casas de estudio de educación superior entre los años 2009 y 2012 (corrupción).
Este proceso culminó con la condena, en 2016, de Luis Eugenio Díaz, exdirector de la CNA, por lavado de activos, negociación incompatible, tráfico de influencias, revelación de secreto y cohecho. Asimismo, en el mismo procedimiento se condenó al exrector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, y al exrector de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén.
Aquí se juegan intereses del sistema de educación superior con recursos públicos.
La Ley de Educación Superior recogió algunos aspectos críticos, sobre todo en la determinación de los miembros de la CNA, para que estos dejaran de ser operadores de las instituciones, dado que anteriormente estas los nominaban. Ahora, tal decisión está concentrada en el Ejecutivo; sin embargo, la presión sobre esta comisión no solo se mantiene, sino que se agudiza, toda vez que el proceso de acreditación deja de ser voluntario y pasa a ser obligatorio.
Este aumento de presión al sistema presenta un problema por la ambigüedad de los requisitos exigidos por la norma para la nominación de sus integrantes. El artículo 7 de la ley N° 20.129 establece las voces de "reconocido prestigio y amplia trayectoria", que es algo muy genérico y muy ambiguo, como la forma de determinar los requerimientos que deben cumplir los nominados.
Finalmente, el proceso termina en una nominación propuesta por el Presidente de la República. En este caso, el Senado debe pronunciarse sobre seis candidatos.
Anteriormente señalé que los tres nombres del mundo universitario que el Presidente ha propuesto son de reconocido prestigio y trayectoria intachable, además del mundo público, plural, tradicional de regiones. Sin embargo, sobre la propuesta de integrantes del mundo técnico hay dudas en cuanto a ese pluralismo y a los intereses que se pueden estar jugando.
Asimismo, si uno mira la conformación global de la CNA, surge la preocupación de que quede desequilibrada hacia los sectores de intereses privados.
Por eso, mi voto será favorable para los tres nombres de reconocido prestigio y trayectoria del mundo universitario para dar curso a la Comisión Nacional de Acreditación. Pero mi voto será en contra para los tres nombres del mundo técnico.
Gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).- Senadora señora Van Rysselberghe, ¿usted está inscrita para esta discusión?

La señora VAN RYSSELBERGHE.- No, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en la Comisión de Educación escuchamos a los seis académicos propuestos por Su Excelencia el Presidente de la República para ocupar estos cargos, con distintas duraciones, en la Comisión Nacional de Acreditación.
Yo tengo la convicción de que las seis personas propuestas son idóneas. Son personas que tienen antecedentes académicos de larga y dilatada trayectoria, y yo agregaría de fructífera trayectoria en sus respectivos ámbitos.
Creo, además, que los seis, en conjunto, representan muy bien lo que es nuestro sistema de educación superior, tanto en el ámbito de las universidades como en el ámbito de los institutos profesionales y centros de formación técnica.
Tuvimos la oportunidad de escucharlos, tuvimos la oportunidad de hacerles preguntas y, a mi juicio, todos ellos respondieron muy certeramente en relación con las inquietudes que los Senadores les planteamos. También fueron muy claros respecto de la enorme responsabilidad que asumen al integrar esta Comisión Nacional de Acreditación; porque, naturalmente, todos queremos que nunca más se repitan situaciones de establecimientos de educación superior que, incluso teniendo acreditación, finalmente terminan fallando, y fallando a nuestros jóvenes y a sus familias.
Entonces, por supuesto que eso no se puede volver a repetir. Y todos ellos fueron enfáticos en señalar que es indispensable recoger las experiencias que el país ha vivido en estos ámbitos para garantizar a nuestros jóvenes que, al haber elegido una entidad de educación superior acreditada, les estamos asegurando calidad en la educación y en las carreras a las que optaron.
Por esa razón, señor Presidente, y -repito- teniendo la convicción de que los seis postulantes cumplen con los requisitos y las exigencias académicas que se requieren, anuncio mi voto favorable respecto de quienes van a representar al mundo universitario y, por supuesto, también respecto de los representantes de la educación técnico-profesional, es decir, de los institutos profesionales y centros de formación técnica.
Gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, quiero recordar que la ley sobre la Comisión Nacional de Acreditación y la Calidad de la Educación Superior, que aprobamos hace poco, no establece solamente que se voten los respectivos nombres en el Senado, sino que estos pasen por un extenso proceso en la Alta Dirección Pública, como ocurrió en este caso.
Así, en la Alta Dirección Pública se realizó un proceso largo, en que primero se presentaron los distintos candidatos; luego, se efectuaron entrevistas, una evaluación directiva, una evaluación psicosocial, un análisis curricular para ver si cumplían con los requisitos necesarios para postular al cargo, un análisis de admisibilidad. Posteriormente, se le entregó al Presidente de la República una terna, a partir de la cual él eligió los nombres que se presentaron a la Comisión de Educación.
Lo que quiero decir con esto es que los candidatos cumplen ampliamente con los requisitos que establece la ley. Y, desde mi perspectiva, también cumplen ampliamente con los requisitos de la diversidad. De hecho, tenemos candidatos de regiones, de Santiago, con experiencia en el ámbito educacional, con experiencia en el ámbito académico, con experiencia en la dirección y en la gestión, con amplia experiencia como pares evaluadores en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
Por lo tanto, señor Presidente, si revisa los currículums se dará cuenta de que no solamente cumplen con los requisitos establecidos por ley, sino también, adicionalmente, con aquellos relativos a la diversidad.
En consecuencia, señor Presidente, nosotros vamos a respaldar la nominación hecha tanto por el Consejo de Alta Dirección Pública como por el Primer Mandatario.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, cuando se señala acá que los nominados han pasado un exigente proceso a través del Sistema de Alta Dirección Pública, quiero plantear mis dudas al respecto.
Ello, porque recientemente se ha nombrado al Director del Servicio Local de Educación Pública de Huasco, también mediante un proceso que se supone riguroso de la Dirección Nacional del Servicio Civil, a través del Sistema de Alta Dirección Pública; sin embargo, la persona escogida tiene, conforme a la información que consta en el registro pertinente, que es público, más de 25 causas judiciales abiertas.
Lo señalé con todas sus letras: la ley es absolutamente clara.
Digan que quieren privilegiar a sus amistades. Pero no vengan a plantear aquí que reconocen que existe mérito de acuerdo con lo que la propia ley estableció que debían ser requisitos para el cargo. Y ya los expresé: amplia trayectoria académica o de gestión en instituciones técnico-profesionales.
Y entendemos que "amplia trayectoria" no es haber pasado un año por una institución técnico-profesional.
Además, hemos dicho que la propia ley dispone que debe existir diversidad. Sin embargo, las comisionadas o los comisionados propuestos en el ámbito técnico-profesional solo provienen de instituciones del mundo privado. Es decir, aquellos que han desarrollado su experiencia en institutos como Iplacex, Santo Tomás o Duoc, que es de donde proceden los nominados, deberán regir los estándares para las carreras técnicas de la Universidad Técnica Federico Santa María, de la Universidad de Santiago, de la Universidad de Valparaíso, de tantas universidades que hoy día tienen institutos tecnológicos.
Por eso planteamos una duda razonable y la necesidad de que exista una instancia anterior. Por tal motivo, la propia Comisión de Educación, que es el órgano técnico, no se pronunció, pues a juicio de la mayoría de sus integrantes algunos de los candidatos no cumplen los requisitos y condiciones que establece la ley para ocupar el cargo de integrante de la Comisión Nacional de Acreditación. Esto se podría resolver por medio de una instancia distinta que expresara que sí cumplen tales exigencias.
Insisto: hoy día, lamentablemente, a partir de una experiencia concreta, el Servicio Civil no está haciendo ese chequeo. Porque, de lo contrario, me cuesta entender que coloque en la terna enviada al Presidente de la República para nombrar Director de un Servicio Local de Educación Pública a una persona, que finalmente es designada en dicho cargo, que debe manejar recursos públicos, pero que ha demostrado a lo largo de su vida que no tiene la capacidad para administrar con prolijidad sus propios recursos.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, más allá del legítimo derecho que tiene cada Senador de hacer uso de la palabra, me parece que acá de repente se hacen interpretaciones que no corresponden.
Yo creo que la cosa es clara: no pronunciarse es no pronunciarse. Punto. Es no emitir ningún tipo de opinión.
Eso hizo la Comisión, y así consta en el informe: no se pronunció sobre la materia. No es que haya dado una señal o que haya dicho otra cosa: la Comisión no se pronunció -¡punto!-, a pesar de una solicitud expresa -tal como se mencionó- de la Senadora Von Baer para que emitiera su parecer.
En seguida, señor Presidente, me llama la atención lo siguiente.
Acá cada partido político, cada bancada tiene un representante, alguien a quien se le confía, a quien se le encarga un cometido ante el resto de los jefes de bancada. Entonces, si cada vez que sesionan los Comités y un Senador no está conforme con el acuerdo al cual llegó su representante, que no pudo seducir o convencer a los otros jefes de bancada, vamos a repetir esa discusión en la Sala, pienso que no tiene mucho sentido efectuar reuniones de Comités.
Si no están de acuerdo con lo obrado por su representante, cambien de jefe de bancada.
Acá existe un acuerdo de los Comités para votar de cierta manera. Será bueno o malo, en fin.
Muchas veces los Comités llegan a acuerdos que no nos gustan, pero los acatamos, pues así son las reglas del juego. De manera que empezar a cuestionar los acuerdos que se toman le quita absolutamente el sentido a las reuniones de Comités.
Entiendo que es posible que haya opiniones distintas; que a uno pueda gustarle o no lo que se acuerde. Pero esas son las reglas del juego que nosotros mismos nos hemos puesto.
Ahora bien, si algunos Senadores no están conformes con lo que se resolvió en Comités, están en su derecho a plantearlo. Pero no considero sano para nuestra institución, la cual se ha mantenido como seria, que después de llegar a determinados acuerdos los cuestionemos públicamente. Porque ese no es el mejor camino.

El señor QUINTANA (Presidente).- Cerrado el debate.
En votación.

El señor INSULZA.- ¿Por cuál postulante votamos, señor Presidente?

El señor ARAYA.- ¿Qué se vota, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Presidente).- Los nombres de los candidatos del ámbito universitario: señora Erika Castillo y señores Sergio Bravo y Bernabé Rivas.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, en la pantalla de la Sala aparecen todos los postulantes.

El señor LATORRE.- ¡Figuran todos!

El señor QUINTANA (Presidente).- Eso es cierto. Pero -reitero- están en votación los nombres de los candidatos del ámbito universitario: señora Erika Castillo y señores Bernabé Rivas y Sergio Bravo.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO.- ¡Y el Presidente...!

El señor QUINTANA (Presidente).- Yo no he votado, porque,...

El señor COLOMA.- ¿Por quién va a votar?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡Se le olvidó votar...!

El señor CHAHUÁN.- ¡"Con la misma votación", señor Presidente,...!

El señor QUINTANA (Presidente).- Agregue mi voto, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Muy bien.

El señor QUINTANA (Presidente).- Hay que estar muy atentos. Esta sesión ha requerido mucha atención de la Mesa, entonces, las cosas están pasando muy rápido.

El señor PIZARRO.- ¿Votó?

El señor QUINTANA (Presidente).- Sí. Está mi voto favorable.
Terminada la votación.

--Se aprueba la designación de la señora Erika Castillo Barrientos y de los señores Sergio Bravo Escobar y Bernabé Rivas Quiroz como miembros de la Comisión Nacional de Acreditación (40 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum legal exigido.
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.

El señor QUINTANA (Presidente).- Pido dejar constancia de mi intención de voto favorable.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Así se hará, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, corresponde discutir sobre los nombres de los candidatos del ámbito técnico.

El señor MOREIRA.- ¡En votación, señor Presidente!

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡Sí, señor Presidente!

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Me han pedido abrir la votación?

El señor MOREIRA.- Sí, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Acordado.
En votación los nombres de los postulantes del ámbito técnico: señora Daniela Torre y señores José Leay y Paulo Solari.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la designación de la señora Daniela Torre Griggs y de los señores José Leay Ruiz y Paulo Solari Alliende como miembros de la Comisión Nacional de Acreditación (32 votos a favor y 9 en contra), dejándose constancia de que se cumple el quorum legal exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Órdenes, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Harboe, Insulza, Kast, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Votaron por la negativa las señoras Goic, Provoste y Rincón y los señores Bianchi, Guillier, Huenchumilla, Latorre, Navarro y Pizarro.




MARCO REGULATORIO PARA MÁQUINAS DE JUEGO FUERA DE CASINOS


El señor QUINTANA (Presidente).- Corresponde poner en discusión en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre máquinas de juego fuera del ámbito de la Ley de Casinos (boletines Nos 10.811-06, 11.892-07, 12.028-06, 12.029-06, 12.030-06, 12.119-06, 12.179-06, 12.194-06 y 9.068-06, refundidos), con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (10.811-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción del Senador señor Navarro):
En primer trámite: sesión 36ª, en 3 de agosto de 2016 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (11.892-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Aravena y Van Rysselberghe y señor Kast):
En primer trámite: sesión 31ª, en 10 de julio de 2018 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el tercer proyecto (12.028-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Ebensperger y señor Galilea):
En primer trámite: sesión 41ª, en 21 de agosto de 2018 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el cuarto proyecto (12.029-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Ebensperger y señor Galilea):
En primer trámite: sesión 41ª, en 21 de agosto de 2018 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el quinto proyecto (12.030-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Ebensperger y señor Galilea):
En primer trámite: sesión 41ª, en 21 de agosto de 2018 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el sexto proyecto (12.119-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Ossandón, señora Aravena y señor Prohens):
En primer trámite: sesión 54ª, en 26 de septiembre de 2018 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el séptimo proyecto (12.179-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción del Senador señor Navarro):
En primer trámite: sesión 62ª, en 23 de octubre de 2018 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el octavo proyecto (12.194-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Araya y Bianchi):
En primer trámite: sesión 65ª, en 7 de noviembre de 2018 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el noveno proyecto (9.068-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Chahuán, Bianchi, García y los entonces Senadores señores Cantero y Tuma):
En primer trámite: sesión 48ª, en 14 de agosto de 2013 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 89ª, en 16 de enero de 2019.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El principal objetivo del proyecto es establecer un marco regulatorio para las máquinas de juego fuera del ámbito de la Ley de Casinos.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió este proyecto en general y en particular en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 14 de noviembre de 2018 y lo aprobó en esos términos por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Ebensperger y señores Araya y Bianchi, sobre la base de una indicación sustitutiva presentada en el seno de la Comisión por el Ejecutivo. No obstante, propone un texto para ser aprobado solo en general por la Sala.
Cabe tener presente que el inciso segundo del artículo 2° y el artículo 3°, ambos contenidos en el artículo cuarto permanente del proyecto de ley, así como el artículo segundo transitorio, tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 25 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 48 a 53 del primer informe de la Comisión.
Eso es todo, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Gracias, señor Secretario.
En discusión general.

Tiene la palabra el Senador señor Araya.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, anuncio que voy a votar a favor de este proyecto.
A la vez, deseo hacer un poco de historia en cuanto a por qué estamos regulando esta materia.
Cuando se discutió, a principios del año 2000, el proyecto de Ley de Casinos, se hizo una distinción respecto de que iban a existir lo que se denominaban las máquinas de destreza y las máquinas de azar. Esto, respondiendo a que en esa época -quienes tienen un poco más de años se acordarán de ello- existían los famosos locales donde uno iba a jugar juegos electrónicos antes de que se popularizaran las consolas de juegos electrónicos.

El señor LAGOS.- ¡Antes de ir a clases!

El señor ARAYA.- Efectivamente. Como me recuerda el Senador Lagos, antes de ir a clases uno siempre pasaba a los que eran conocidos comúnmente, en forma coloquial, como los "flippers".
En esa época, creo que quienes legislamos sobre el proyecto de Ley de Casinos dejamos un vacío legal y no se vislumbraron los problemas que podían surgir. Al establecer la ley que los juegos de azar podían encontrarse solo en los casinos y que los de destreza podían estar en cualquier parte no había ningún problema.
¿Dónde radicó el problema?
En que ni la Ley de Casinos ni otra posterior establecieron una norma técnica que distinguiera qué se entiende por una máquina de azar o por una máquina de destreza. Y paralelo a ello, tampoco fijó cuál era la autoridad pública, o bien, la entidad privada, encargada de determinar la naturaleza de una máquina frente a la duda que legítimamente pudiera tener una autoridad municipal al momento de conceder el permiso.
En consecuencia, se produjo un vacío legal sobre el cual se ha operado durante todo este tiempo.
Con el paso de los años hemos visto que los casinos son una industria que ha prosperado, con una legislación acorde y que han permitido un desarrollo importante en la ciudad donde se emplazan. Pero, en paralelo, fueron apareciendo estas máquinas de azar y verdaderos minicasinos en los entornos de las ciudades, en los centros de las ciudades. Las comunas que yo represento, Antofagasta, Calama y Tocopilla, están llenas de estos locales.
Y al no existir una regulación, se produjo una situación bastante inorgánica, porque, dependiendo de la municipalidad, algunos alcaldes optaron por dictar ordenanzas que permitían estas máquinas y otros las prohibieron. Hubo recursos de protección de aquellos a quienes los municipios les negaron los permisos para instalarse, y muchas cortes autorizaron la instalación de estas máquinas.
Esto llevó a que al día de hoy, según informes que se entregaron en la Comisión de Gobierno, existan alrededor de 700 mil máquinas de juego, algunas de ellas distribuidas en verdaderos minicasinos en los centros de las ciudades; otras, en almacenes, en ferias libres.
Y, obviamente, todos sabemos y sentimos que se ha generado un verdadero problema frente a la instalación de esta industria.
¿Por qué lo digo?
Porque, a diferencia de lo que pasa con los casinos, esta industria no tiene ninguna regulación. Por lo pronto, ellos no están obligados a informarle a la Unidad de Análisis Financiero cuánto dinero se está jugando en estos locales. Y esto, según lo que nos han informado las autoridades policiales, el Ministerio Público, se presta, efectivamente, para que en algunos locales se pueda estar lavando dinero.
No se sabe cuánto se juega; quién entra a jugar; no hay ningún tipo de prohibición respecto de qué normas tienen que cumplir en temas de seguridad. En el caso de la Ley de Casinos, por ejemplo, un funcionario público que está a cargo de caudales públicos no puede entrar a jugar a los casinos, pero nada se dice respecto a este otro tipo de locales.
Esto ha llevado a que, a la larga, haya que buscar una legislación que efectivamente permita establecer un marco jurídico respecto de qué se hace con estos locales.
En tal sentido, yo creo que este proyecto de ley viene a zanjar esta discusión en una forma que, a mi juicio, debió haber sido lo que en su minuto regulara la Ley de Casinos.
Así, por primera vez se establece una definición clara de qué se entiende por "máquina de azar". Y me voy a permitir leer el texto para que no quede duda. El proyecto propone que se entienda por máquina de azar:
"Todo sistema o toda máquina electrónica, electromecánica, eléctrica o que funcione con cualquier otro modo de operación, que permita recibir apuestas en dinero o avaluables en dinero, conceda al usuario un tiempo de uso o de juego y que, a través de un sistema aleatorio de generación de resultados o bien programado, otorgue eventualmente un premio.
"No se considerarán máquinas de azar aquellas en que el premio entregado fuese una tarjeta, vale, ticket o un bien no canjeable ante el operador o un tercero por dinero, o consistiere en la posibilidad de jugar nuevamente.
"Las máquinas de azar serán consideradas juegos de azar salvo que esta ley expresamente las distinga".
Entonces, la ley en proyecto, como primer punto, establece qué se entiende por máquina de azar.
Y el segundo aspecto importante -a mi juicio, el más trascendental-, radica en que se establece una autoridad que determinará, en caso de dudas, si la máquina es de azar o no. Y se le otorga esta facultad a la Superintendencia de Casinos de Juego.
Y también se deriva una serie de obligaciones para los municipios, los que, al momento de renovar las patentes comerciales de aquellos locales que tengan este tipo de máquinas, tendrán que solicitar un certificado emitido por la Superintendencia de Casinos que señale que las máquinas que se están instalando no son máquinas de azar.
En lo personal, creo que este es un proyecto que avanza en regular un sector que hoy día, producto de la desregulación, ha crecido en forma inorgánica y está generando una serie de problemas. Principalmente, en el caso de todas aquellas máquinas que se han ido instalando en las ferias libres, en los almacenes de barrio, porque todos sabemos el efecto que eso ha causado en muchas poblaciones, donde en varias ocasiones un poblador modesto se juega la plata del desayuno, del almuerzo cuando va a comprar en estos locales.
También se establece claramente un criterio diferenciador. Y yo decía, y lo he reiterado en la Comisión y en las audiencias de lobby en que recibí a representantes de estos gremios, que lo que aquí estamos haciendo es despejar una duda y terminar con este vacío legal y entender qué es una máquina de azar, establecer quién determina si una máquina es de azar o no. Y a partir de esto, poder contar con una regulación clara, en que haya normas respecto de qué se puede hacer y qué no se puede hacer.
Hay que recordar que la legislación chilena, por opción, estableció que los juegos de azar están prohibidos, salvo que expresamente el legislador lo haya permitido. Así lo hizo, por ejemplo, respecto de las loterías, de los hipódromos y de los casinos.
Y en este caso lo que está diciendo el legislador es que las máquinas de azar podrán estar solo al interior de los casinos de juego.
Creo que este es un avance. Pero debemos seguir discutiendo una serie de otros temas que no son materia de la ley en proyecto pero que, sin duda, están relacionados con el juego y que tienen que estar regulados. Por ejemplo, no existe ninguna normativa respecto de qué ocurre hoy día con el juego online. Hemos visto cómo han proliferado las apuestas a través de internet, respecto de las cuales tampoco hay ninguna regulación. Ojalá pudiéramos tener un ordenamiento integral en esta materia e incluir a este tipo de apuestas en esta legislación.
Pero hoy día, por lo menos, este proyecto busca poner las reglas claras respecto de una industria que fue creciendo al amparo, como lo dije en la Comisión y lo vuelvo a reiterar acá, de un vacío legal que hoy día se zanja por la vía de establecer claramente qué se entiende por máquina de azar y cuál es la autoridad competente para determinar si una máquina es de azar o no.
En paralelo -termino con esto, señor Presidente-, la iniciativa también se hace cargo de establecer cómo se llevan adelante los comisos, qué funciones o qué atribuciones tienen los alcaldes y los concejos municipales en esta materia, así como también clarificar y disponer que aquí, en caso de infracciones a esta ley, se puede considerar, en determinadas circunstancias, como el delito base para el lavado de activos. Porque lo que a nosotros nos interesa es tener una legislación que sancione con mucha dureza el tema del lavado de activos y aquí, obviamente, había un margen que estaba generando cierta preocupación y algunos problemas.
Dicho eso, señor Presidente, voto a favor del proyecto.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Prosecretario.

El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", para la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 19.300, con el objeto de exigir la elaboración de un estudio de impacto ambiental en los proyectos que puedan generar contaminación lumínica en las zonas que indica.
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Un Comité ha solicitado que se abra la votación.

El señor BIANCHI.- Sí, señor Presidente.

El señor MOREIRA.- Sí.

El señor COLOMA.- Que se abra, pero respetando los tiempos.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación, manteniendo los tiempos que se otorgan en la discusión general?

El señor QUINTEROS.- No.

El señor QUINTANA (Presidente).- No hay acuerdo.

El señor QUINTEROS.- Pido la palabra.

El señor QUINTANA (Presidente).- Senador señor Quinteros, ¿quiere fundamentar su objeción o es un punto de Reglamento?

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, ocurre que voy a solicitar que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución.
En cuanto tenga la oportunidad de hablar, voy a explicar el porqué de mi petición.

El señor QUINTANA (Presidente).- Entonces, no hay acuerdo.
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, los requerimientos que pueda hacer, en forma legítima, el Senador Quinteros no los comparto. No entiendo por qué el proyecto tendría que ir a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. No obstante, él ha dicho que va a fundamentar su petición.
Voy a intervenir sobre el proyecto que nos ocupa en términos generales.
Yo he sido siempre -y lo he dicho aquí- un firme partidario de prohibir cualquier tipo de juegos de azar. Por lo mismo, manifiesto, desde ya, mi conformidad con el comienzo de una legislación general que, naturalmente, podrá ser enriquecida.
Hoy empezamos a legislar sobre esta materia y quiero recoger lo que sostuvo el Senador Araya -por su intermedio, señor Presidente- en el sentido de hacer algo mucho más contundente y ocuparnos también de los juegos de azar online.
En mi opinión, son temas que se pueden incluir, puede haber alguna alternativa...

El señor BIANCHI.- En la discusión en particular.

El señor MOREIRA.- Exactamente: en la discusión en particular, donde se pueden presentar indicaciones.
Pero hoy empezamos un debate que había sido postergado por mucho tiempo y en el que, de alguna manera, en esta misma Sala, hace algunos meses, distintos Senadores cambiaron de opinión.
Para mí las máquinas de juegos se presentan disfrazadas como máquinas de habilidades, pero terminan azotando a nuestras comunidades, en especial a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Y no es una frase cliché.
La Región de Los Lagos no ha estado ajena a este flagelo y estas máquinas han proliferado en los almacenes de barrio, en distintos lugares públicos. Esta no es solo la opinión de un Senador, sino la de muchas personas. Y aquí, en el Senado, tenemos el legítimo derecho de manifestar las inquietudes de quienes representamos.
Sé que también existe un tema sensible -eso es indudable-, que tiene que ver con los empleos de las personas que trabajan en esta actividad. Sin embargo, el hecho de que la instalación y mantención de estas máquinas les signifique un ingreso extra a algunas personas, no puede ser un argumento, atendidos la ilegalidad manifiesta en que se incurre y los efectos nefastos que provoca la denominada "ludopatía".
La verdad es que cuando uno habla de ludopatía -le pido atención al Senador Montes- la gente cree que es una caricatura. Quienes hemos tenido personas cercanas que la han padecido y hemos podido conocer lo que significa ese mundo, sabemos el dolor que causa a las familias, como sucede con el alcohol o con la droga. Y, curiosamente, la ludopatía es uno de los trastornos más difíciles de superar.
Digamos las cosas como son.
Este proyecto, que hoy discutimos en general, viene a reforzar el concepto genérico de la prohibición establecida en el Código Civil y regula cuáles son las máquinas que se pueden denominar "de habilidad" y los premios que será posible entregar, que en ningún caso deben ser dinero o tickets cambiables por dinero.
Señor Presidente, reitero mi voto a favor de este proyecto y mi postura, para que no haya ninguna duda. ¡Yo estoy a favor -y con mayúsculas- de que se prohíban las máquinas de juegos azar! Eso, más allá de lo que ya se encuentra aprobado, es decir, su funcionamiento dentro de los casinos de juego legalmente establecidos.
Aplaudo que finalmente el Senado asuma su responsabilidad de legislar en la materia. Cada uno se hará responsable por sus dichos, por los argumentos que exponga, así como también por la votación que se hará. Luego, el proyecto continuará su trámite con la discusión en particular, donde se podrán formular indicaciones.
Las normas que obligan, en caso de duda, a las municipalidades a consultar a la Superintendencia de Casinos de Juego respecto de si una máquina es de juego o de azar, cuando se presenta la solicitud de patente municipal, es del todo razonable y acorde con lo que ya han planteado la Contraloría General de la República y la Excelentísima Corte Suprema.
Que se regule qué hacer con estas máquinas para evitar que después de decomisadas puedan volver a ser usadas y que se entreguen a gestores de residuos, parece ser una solución -puede haber otras- acorde con las necesidades de una economía circular, de la que tanto hemos hablado.
Me parece del todo razonable, señor Presidente, que la propia ley otorgue un plazo para que las personas que tienen estas máquinas -estoy pensando en los pequeños negocios de barrio u otros similares- puedan disponer de ellas, evitando pérdidas económicas que les puedan ser relevantes.
Espero que este paso sea el primero de muchos en lograr la erradicación de estas máquinas, que son un cáncer que asola nuestros barrios y agobia a los sectores más desposeídos.
Y cuando hablamos de los sectores más desposeídos nos referimos a personas con muy pocos recursos, que muchas veces gastan en esto parte de lo que tienen para subsistir con sus familias.
La Región de Los Lagos es una de las regiones de Chile donde existe una mayor cantidad de estas máquinas. Y créanme que junto con las autoridades municipales en más de una oportunidad hemos conversado sobre este tema.
Por eso, señor Presidente, como dije hace varios meses en esta misma Sala, yo no soy partidario de regularlas; yo soy partidario de eliminarlas. Por eso, voy a votar a favor en general. Después veremos, en la discusión en particular, qué medidas se van a tomar y qué indicaciones harán los señores parlamentarios y el Ejecutivo, si es necesario.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero recordar que en julio del año 2005, junto con los Senadores don Edgardo Boeninger -que en paz descanse-, don Alejandro Foxley, don Carlos Ominami y la Senadora doña Evelyn Matthei, presentamos un proyecto de ley también destinado a establecer normas claras, precisas sobre las máquinas tragamonedas, las cuales, a nuestro juicio, solo podían funcionar en los casinos legalmente establecidos.
En ese tiempo, catorce años atrás, estimábamos que eran 10 mil las máquinas tragamonedas que existían en todo el país, ¡10 mil! Hoy día el propio Subsecretario de Hacienda, al exponer con relación a este proyecto en la Comisión de Gobierno, señala que serían ¡700 mil!
Por tanto, esta es una legislación urgente, necesaria. No podemos seguir perdiendo tiempo, porque, tal como se ha dicho, muchas veces el funcionamiento de estas máquinas tragamonedas, especialmente en barrios sencillos, modestos, significa la ruina de muchas familias. Y, por lo menos para mí, se trata de una actividad que está operando al margen de nuestra legislación.
Chile tiene regulados sus juegos de azar y esto no se ha regulado porque en algún momento se estableció la duda de si eran juegos de azar o de destreza; y, más bien, se les ha tratado de identificar como juegos de destreza. Pero ¡todos sabemos exactamente de qué se trata!
Por eso, señor Presidente, yo tengo la convicción de que debemos aprobar esta iniciativa y legislar urgentemente.
Voto a favor.
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor QUINTANA (Presidente).- Quiero señalarles a quienes nos acompañan en las tribunas que tienen todas las facilidades para permanecer aquí. Han sido, desde luego, invitados, pero no está permitido realizar ningún tipo de manifestación ni interrumpir la sesión.
Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, ¡qué importante es legislar de la manera correcta!
Hace muchos años que nuestro país tomó una decisión en esta materia. Bien o mal -esa no es la discusión hoy día-, decidió permitir los juegos de azar solo en los casinos, al margen de aquellos otros, como la Polla de Beneficencia o la Lotería, que también son legales.
El resto se encuentra prohibido y así lo señalan expresamente la Ley de Casinos y nuestro Código Penal, que tipifica el delito de juego ilícito -es decir, aquel que se realiza fuera de los recintos expresamente autorizados por ley- y aplica una sanción.
Sin embargo, esta normativa durante años ha sido expresamente vulnerada mediante resquicios legales, al señalarse que ciertas máquinas de azar son máquinas de destreza. Y eso no es así; es una falsedad que infringe la ley.
En nuestro país se han ido desarrollando estos juegos de azar fuera de los casinos en forma prolífica y distinta. Muchos municipios permiten las máquinas, dictan ordenanzas; otros las prohíben; no tienen regulación. Al final, están establecidas algunas en locales con patentes municipales mal otorgadas, desde mi punto de vista; otras funcionan en forma clandestina.
Y lo peor de todo es que esta gran cantidad de máquinas de azar, de tragamonedas, instaladas de forma clandestina a lo largo del país, en su mayoría se encuentran presentes en los sectores más vulnerables. La mayoría, como bien lo señalaba el Senador Araya, están donde la gente tiene más necesidades; donde la dueña de casa se levanta en la mañana y con mil pesos, que es lo único que posee, va a comprar el pan, pero, para ver si puede doblar esos recursos, los pone en una de estas máquinas y el resultado es que se va a su casa sin plata y sin pan.
Si nosotros no somos capaces de tomar conciencia y preocuparnos por los más vulnerables, haciendo que se respeten las normas que este Congreso dicta a lo largo de sus distintos períodos; si no nos preocupamos de que se cumpla la normativa y de ponerle atajo a los resquicios cuando aparezcan, tratando de doblarnos la mano, no sé cuál es el sentido de estar acá.
Creo que este Senado ha demostrado mucho interés en resolver este tema. Desde hace años se han presentado -también el año pasado- un gran número de proyectos de ley en esta materia. Particularmente, junto al Senador Galilea presentamos dos: una iniciativa en el sentido de ampliar y aclarar los conceptos de máquinas de azar, de juego responsable; y otra para modificar el Código Penal.
Se nos mandató en la Comisión de Gobierno revisar con prontitud todas estas propuestas. Y el Ejecutivo finalmente presentó un proyecto, a través de una indicación sustitutiva, que me parece que va en el camino correcto. Básicamente, aborda cinco puntos:
-Se establece por primera vez en la legislación y en la Ley de Casinos la definición de máquinas de azar, que se amplía a lo que hoy permite utilizar este resquicio; por lo tanto, me parece que es una buena definición. No la volveré a leer, porque el Senador Araya ya lo hizo. Pero queda claro y comparto que dicha definición, que explica en el inciso segundo a quiénes no afecta o qué es lo que no se va a entender por máquinas de azar, va por el camino correcto.
-De la misma manera, se establece en este proyecto un nuevo tipo penal y se actualiza lo que existe con aumentos de penas, algo que también considero que va en la línea correcta.
-Se constituye en su artículo 3°, a través de ley N° 19.995, un procedimiento para otorgar nuevas patentes a aquellas máquinas descritas en el inciso segundo de la definición, que claramente no son de azar. Pensemos en las "pelucheras" o los flippers, o en aquellas que encontramos de repente en supermercados o en centros comerciales.
-Se establece también un plazo para las patentes actuales, las que se mantendrán vigentes hasta que se venza y no podrán ser renovadas.
-Se determinan claras facultades a la Superintendencia para resolver frente a las dudas y, asimismo, para fiscalizar en conjunto con los municipios.
En general, creo que esta es una gran propuesta legislativa, que va por el camino correcto y que sin duda podremos perfeccionar en su estudio en particular. Sin embargo, considero que hoy día es importante darle una señal clara al país sobre cuál es la opinión del Senado en esta materia.
Voto a favor de este proyecto, señor Presidente, y con muchas ganas.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, hace décadas que las máquinas de juegos comenzaron a aparecer en los barrios de nuestras ciudades. Un vacío regulatorio, reconocido por la propia Contraloría, permitió su proliferación, a veces con autorización municipal y otras veces sin ella.
Hoy se calcula -y acá se ha dicho- que existen centenares de miles de estos dispositivos prácticamente en todos los rincones del país, tanto urbanos como rurales.
En este tiempo, múltiples proyectos de ley se han presentado. Algunos han perseguido prohibir completamente estas máquinas y otros buscan regular esta actividad.
¿Qué es lo mejor? ¿Prohibir absolutamente o regular esta actividad?
Yo soy partidario...
--(Aplausos en tribunas).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Reitero a las personas que están en las tribunas que no se pueden hacer manifestaciones.
Les pido escuchar con respeto a cada uno de los señores Senadores que hacen sus intervenciones y esperar el resultado.
Les solicito orden.

El señor QUINTEROS.- Yo soy partidario, señor Presidente, de regular esta actividad, y por las siguientes razones.
En primer lugar, porque es la regla general de nuestro ordenamiento jurídico.
Al respecto, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional. En consecuencia, la ley puede prohibir una actividad solo cuando esta sea contraria a alguno de estos bienes jurídicos.
¿Serán las máquinas de juegos instaladas en un almacén de barrio contrarias a la moral, al orden público o a la seguridad nacional? Es bien difícil sostener eso y, más aún, fundarlo.
Nuestro sistema está construido sobre la libertad como principio general. La regulación, que debe ser por ley, es una excepción y lo es aún más la prohibición, reservada solo para casos excepcionales, mientras que la penalización es todavía más excepcional.
En el caso de los juegos de azar, desde el Código Civil del siglo XIX, ellos se encuentran prohibidos, seguramente siguiendo los patrones de moral que en esos tiempos existían. Sin embargo, diversas leyes han ido autorizando juegos de azar, como las loterías, los hipódromos o los casinos, y recientemente las rifas, los bingos o sorteos.
No obstante, a estas alturas del siglo XXI, pienso que esas categorías han sido sobrepasadas completamente por la realidad.
Un sector relevante de la población no ve ningún problema moral en acceder a la entretención de estas máquinas. El problema radica en quién salvaguarda que dichas máquinas efectivamente se basen en un juego exento de fraude. Pero esto es materia de regulación y no de prohibición.
Además, de acuerdo a otras normativas internacionales, las máquinas de juego programadas, que son una buena parte de las que existen en el país, técnicamente no son equivalentes a las de azar, por lo que tampoco estarían prohibidas.
En definitiva, una prohibición general, como la que se promueve en la indicación sustitutiva del Ejecutivo, puede tener problemas de constitucionalidad, que, a mi modo de ver, debieran ser analizados por la Comisión de Constitución antes de resolver.
En segundo lugar, considero que el proyecto, tal como está, viola la igualdad ante la ley.
En el debate de la Comisión de Gobierno insistí, en múltiples oportunidades, en que si se quería establecer una prohibición general, entonces se debía atacar las diferentes modalidades de juego que hoy se desarrollan abiertamente, incluso con publicidad en televisión, y no solo limitarse a perseguir a pequeños comerciantes.
Hoy vemos, por ejemplo, publicidad de juegos en línea, casinos virtuales donde las sumas que se transan son muy superiores a las que se pudieran jugar en las llamadas "máquinas tragamonedas". Asimismo, en la televisación de partidos de fútbol apreciamos siempre publicidad que llama a marcar un número para participar en un sorteo con premio en dinero.
En la Comisión, el Gobierno admitió que estas prácticas son ilegales, pero se negó a incluir esas actividades en este proyecto.
Yo me pregunto: ¿por qué se debe perseguir al comerciante que tiene una máquina de juego con penas de reclusión de hasta cinco años y multas de hasta 10 millones de pesos, mientras que las grandes empresas internacionales que mantienen sistemas de juegos en línea y que operan con publicidad no arriesgan ninguna sanción?
¡Yo no acepto esta odiosa discriminación!
--(Aplausos en tribunas).
Lo mismo ocurre con las personas que juegan. Una simple vecina que juega 200 pesos en una máquina tragamonedas se expondrá a una sanción de reclusión menor o de multa de entre 500 mil y un millón de pesos, mientras que el que cómodamente juega por internet grandes sumas de dinero con su tarjeta de crédito no se expone a ninguna sanción.
¡Yo no acepto el doble estándar!
Puedo entender, aunque no comparto, los argumentos de quienes quieren prohibir. Legítimamente, hay quienes desean desincentivar la ludopatía y sus perniciosos efectos en muchas familias, pero la verdad es que los juegos legales también generan ludopatía.
En cualquier caso, podría comprender esas razones sociales; sin embargo, no me es posible aceptar los argumentos de aquellos que pretenden discriminar.
Señor Presidente, no puedo dejar de referirme al complejo contexto en que este proyecto ha sido debatido. Mientras lo discutíamos en la Comisión, abruptamente se activaron antiguos procesos de carácter penal, incluso dando lugar a medidas de allanamientos e interceptaciones telefónicas, todo con gran publicidad.
En este marco y en estos tiempos, es muy fácil que se desacredite a quienes participan del debate. A algunos se les acusará de estar coludidos con los casinos y a otros, con los operadores de las máquinas tragamonedas.
Yo no creo ni lo uno ni lo otro.
Pero estoy convencido de que este Parlamento debe tomar una posición de todas maneras. Nosotros estamos para buscar soluciones y no para mirar para el lado.
Debo reconocer que este Gobierno al menos ha tomado una posición, aunque no esté de acuerdo con ella.
Espero que de aquí salga una decisión clara. Lo peor es seguir en la indefinición en la que hemos estado durante tantos años.
Creo que la respuesta más adecuada es la regulación, que se definan tipos de máquinas que se pueden explotar, número máximo, incompatibilidad con el expendio de alcohol y prohibición para menores de edad.
Estimo que debe primar el criterio de realidad.
No veo cómo se podría implementar una prohibición general, más aún cuando muchos desarrollan sus actividades bajo el amparo de una patente municipal.
El criterio de realidad es el mismo que se ha tenido en cuenta cuando se ha promovido la regulación de nuevas actividades que se inician al margen del ordenamiento legal, como la plataforma de transporte Uber.
Pienso, al mismo tiempo, que la regulación de las máquinas de juego y de los juegos en línea puede ser una nueva fuente de recursos, que se calcula que puede llegar hasta más de 200 millones de dólares, los que hoy simplemente no se recaudan. Podría compensar, de paso, las nuevas obligaciones que se les entregan a los municipios sin financiamiento adicional alguno.
Tampoco el proyecto considera recursos adicionales para la Superintendencia de Casinos de Juego, que solo cuenta a nivel nacional con doce fiscalizadores, extrañamente todos en la ciudad de Santiago, pese a que la Región Metropolitana es la única donde no existen casinos.
En definitiva, señor Presidente, solicito que este proyecto sea analizado previamente por la Comisión de Constitución y, para el caso de que sea aprobado, me pronunciaré por incorporar en él normas regulatorias efectivas y no la mera prohibición, que solo promoverá mayor clandestinaje.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Reitero: silencio a las tribunas.
El Senador señor Quinteros ha pedido que el proyecto sea remitido a la Comisión de Constitución.
Su Señoría, lo solicita ¿para después de la votación o previo a ella?
El señor QUINTEROS.- Previo, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay acuerdo.
Vamos a someterlo a votación.
Senador Coloma, ¿usted me ha pedido la palabra?

El señor COLOMA.- No, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Pero me han señalado que no hay acuerdo al respecto.
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, entiendo que el Senador Quinteros ha pedido que, antes de la votación general, el proyecto sea visto por la Comisión de Constitución, para tener una opinión acerca de la pertinencia o no de esta prohibición...

El señor QUINTEROS.- De la constitucionalidad de la norma, señora Senadora.

La señora RINCÓN.- ... y de la constitucionalidad de la propuesta.
Entonces, como no hay acuerdo unánime en esta materia en la Sala, corresponde abrir la votación. Hay que hacer sonar los timbres para que puedan participar todos los colegas en esta decisión.
Mientras tanto, podemos seguir con las intervenciones.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Solicito que se hagan sonar los timbres y pondremos en votación la petición formulada por el Senador señor Quinteros.
Quienes votan por la afirmativa quieren que el proyecto sea enviado a la Comisión de Constitución.
Quienes se pronuncian por la negativa no están de acuerdo en ello, y continuaríamos con el debate.

El señor BIANCHI.- Muy bien.

La señora RINCÓN.- Conforme.

El señor QUINTEROS.- ¿Puede repetir cómo será la votación, señor Presidente?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Votar a favor implica que la iniciativa vaya a la Comisión de Constitución; votar en contra, que no vaya.
En votación la solicitud del Senador señor Quinteros.
Pido a las señoras Senadoras y a los señores Senadores emitir su voto.
Esperaremos a que lleguen los colegas que están en comisiones.
¿Han votado todos?

El señor LETELIER.- Hay un inconveniente con el sistema.

El señor HARBOE.- Cierto, con el Senador Quintana.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Perdón, señores Senadores. Se ha producido un problema técnico en la emisión del voto del Senador señor Quintana. Ante ello, tendremos que anular la votación para reformatear el sistema.
El problema puntual es que el voto del Presidente de la Corporación, Senador señor Quintana, aparece reflejado en su pupitre y no en la Mesa.
Anulada la votación.
En votación, nuevamente, la petición del Senador señor Quinteros.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza la solicitud (23 votos en contra y 10 a favor).
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Órdenes y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Kast, Latorre, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Sandoval.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Rincón y los señores Elizalde, Guillier, Huenchumilla, Lagos, Letelier, Montes, Quinteros y Soria.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Continúa la discusión del proyecto.

El señor COLOMA.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

El señor MOREIRA.- Sí, ábrala, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Me han solicitado la apertura de la votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero abordar este tema y entregar mi opinión con la máxima transparencia posible.
A mí, en lo personal, me carga el juego. No me gusta. Tengo familiares a quienes les encantan las máquinas. No es mi caso. A mí me molesta el juego.
Entiendo lo que es la ludopatía.
Entiendo perfectamente lo que son las adicciones y las complejidades que implican para las personas que las sufren y para sus familias.
Sin embargo, aquí se ha dado un argumento que a mí me incomoda.
¡Desde cuándo la discusión sobre la ludopatía tiene que ver con las clases sociales!
--(Aplausos en tribunas).
¡Desde cuándo la discusión es que los pobres son unos tontos que debemos proteger y los ricos, unos sabiondos incapaces de padecer esta patología!
--(Aplausos en tribunas).
Yo quiero decir que...

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Perdón, señor Senador.
Les reitero a las personas que se encuentran en las tribunas que, si no mantienen el orden, vamos a tener que desalojarlas.
Les recuerdo que no pueden aplaudir, pifiar ni emitir expresiones de apoyo o de rechazo.
Ustedes podrán ver, a través de la votación, cómo expresa su trabajo y su posición cada uno de los Senadores.
Puede continuar, Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, como decía, a mí no me gusta el juego. Es verdad. ¡No me gusta!
Pero en este punto entiendo que, frente a algo que no se ha regulado, nuestro papel es regular.
Y como bien dijo un Senador de mi bancada, este no es el único ámbito del juego que no ha sido regulado: hay muchísimos otros, ¡muchísimos!
Los juegos online, por internet, son un fenómeno gigantesco de cuya dimensión no tenemos ninguna información real.
En nuestro país hay algunos juegos que se encuentran regulados. Por ejemplo, los hipódromos (a través de Teletrak), las loterías, los juegos con raspe que se venden en los quioscos y, por cierto, los casinos con toda su diversidad.
En este proyecto se discute sobre los tragamonedas.
Se han inventado ciertos conceptos en torno a si estas máquinas responden a juegos de azar, de destreza o programados, idea que tendríamos que debatir más profundamente.
Es cierto que es posible regular esta área de diferentes maneras: podemos hacerlo por tipo de máquinas y también por ubicación y cantidad de ellas.
Sin embargo, a mí me parece que quienes tienen máquinas son corresponsables del problema, porque no han sabido autorregularse. De hecho, algunos -disculpen el verbo, porque no es muy diplomático- se han ido al chancho, toda vez que muchos de estos lugares se han convertido en verdaderos salones de juego, no con una, cinco o diez máquinas, sino con más de cien. Y no están en las poblaciones, sino en el centro de las comunas y las ciudades, incluso al lado de los terminales.
Este es un fenómeno un poquito más complejo. Es todo lo que quiero decir respecto a lo que existe en nuestro país.
Yo soy partidario de regular, pero no con el apellido de prohibir.
Reitero: a mí me molestan las máquinas. No me gustan. Pienso que el juego, en general, no hace bien.
Sin embargo, creo en un principio -lo planteo como punto de entrada-: la capacidad de cada adulto para tomar las decisiones que le parezcan respecto de qué hace con su vida en tanto no afecte los derechos humanos del resto. Eso tiene que ver con las opciones en todos los ámbitos de la vida.
Por lo tanto, no gustándome esta actividad -¡porque no me gusta!-, entiendo que no es contraria a la Constitución, que debe ser regulada y que es factible discutir cómo hacerlo.
Lo que me incomoda con este proyecto es que, en los alegatos que he escuchado, se parte asumiendo un principio: que se debe cuidar a unos y no a otros. Me parece muy incongruente, por decirlo en forma suave.
Si queremos prohibir el juego, prohibámoslo todo; no solo una parte. Es cierto que muchos de los que poseen máquinas -algunos probablemente están hoy en las tribunas- tienen un negocio con ellas. Otros las importan; otros las arriendan donde hay un negocio, un negociado tremendo en que no se paga impuestos; otros les hacen las mantenciones. Existen diferentes formas. Realmente, hoy constituyen una industria en nuestro país, que debemos ver cómo abordar.
Sin embargo, reitero que me cuesta este concepto poco liberal de algunas bancadas, o de algunos colegas que rasgan vestiduras por la competencia, por la libertad de las personas, por el libre albedrío, pero siempre que sean "para mí", no para todos.
Lo repito: no me gusta el juego. No obstante, la existencia de estas máquinas tiene un efecto perverso, que es democratizar el juego. Y si bien no me gustan los efectos de este, creo que prohibirlo sería ir contra los principios en los que yo creo, que parten por respetar la Constitución en materia de lo que se puede y no se puede hacer y en que la ley es la que debe regular. Pero me parece que el proyecto apunta en una dirección que no es la de regular. Aquí se tomó una opción, no para regular -aunque le pongan el nombre, y el título es muy decidor-, sino para prohibir.
A mi juicio, señor Presidente, el proyecto se pilla los dedos en la puerta. La Contraloría ya dictó hace tiempo una normativa que establece que es la Superintendencia de Casinos de Juego la que debe calificar las máquinas. Muchas de las personas que están en las tribunas tienen máquinas con el visto bueno de dicha entidad. Y se habla de un concepto que no está en la ley: que son "programadas".
Por ende, aquí estamos haciendo algo que es medio gatopardo. Quiero decirlo. Porque estamos tocando temas en que deberíamos profundizar la reflexión.
Señor Presidente, reitero que deberíamos regular la cantidad de máquinas; dónde deberían estar, a qué distancia; imponer la prohibición de acercamiento por parte de cualquier tipo de niños; no aceptar que haya veinte máquinas en un mismo lugar, como ocurre hoy; la calificación de los lugares donde podrían estar. Pero siento que el camino de prohibir el juego para unos y no para otros tiene un sesgo de discriminación territorial, por decirlo suavemente, en una lógica que choca con ciertos principios.
Lo reitero una vez más: no me gusta el juego. Se lo he dicho a todas las organizaciones que me han pedido reuniones a través de la "Ley de Lobby". No soy partidario de las máquinas, pero considero inconsistente afirmar que no puede haberlas porque son los sectores populares los que se juegan la plata del pan. Conozco personas muy cercanas, con bastantes recursos, que se lo jugaron todo y terminaron viviendo en un cité en la avenida Independencia. Otros también se lo jugaron todo y quedaron sin familia. Y en estos casos rige el mismo principio.
Las preguntas que me surgen son las siguientes: ¿tiene derecho el ser humano a hacer lo que desee, siempre que no afecte los derechos de otros, cuando es mayor de edad? ¿Cuáles son las cosas que se limitan? ¿Qué es lo que se regula?
Este es un ámbito de regulación, y creo que eso es lo que debería hacer el proyecto: ir más por la cantidad, más por la ubicación y, por cierto, precisar un concepto que no aborda bien, como es la diferencia entre máquinas de azar versus máquinas programadas, que es donde realmente está el debate técnico en esta área. Después podremos abordar el tema de internet, que es donde verdaderamente está el juego del futuro, y no en estas máquinas que ahora consideramos que son el gran problema.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, primero quiero tratar de interpretar un poco lo que acaba de expresar mi colega y amigo el Senador Letelier.
Creo que este no es un problema de clases sociales, sino de realidad concreta. Yo no he encontrado en ningún barrio acomodado una máquina de estas, pero sí las he visto por cientos en barrios vulnerables. Ese es un dato de la causa. Por algo no están arriba, en los sectores más acaudalados.
Primero hay que aclarar algo.
Estas máquinas están prohibidas. En Chile tenemos una Ley de Casinos (la N° 19.995), que en su artículo 3°, letra a), define qué es una máquina de azar, y que en su artículo 5° dispone quiénes pueden operarlas. Y la verdad es que, por un subterfugio, se ha logrado pedir y conseguir patentes comerciales, en circunstancias de que el único organismo que puede autorizar las máquinas es la Superintendencia de Casinos, pero no a través de patentes comerciales. Los municipios no tienen facultad para otorgar ese tipo de permisos, los cuales se solicitan sobre la base de juegos.
Esa es la historia.
La cuento porque yo era alcalde en esa época. Llegaban los municipios, requisaban las máquinas y luego aparecían abogados de altísimo nivel con este documento, que fijaba la categoría de juego de las máquinas de azar, contenida en parte del reglamento, que definía a un grupo de máquinas. Se iban "de recurso", porque decían que las máquinas que ellos defendían no eran específicamente de esas. Al final empezaron a ganar todos los recursos de protección, y es lo que explica, de alguna manera, por qué se empezaron a instalar.
¿Qué es lo grave de esto? ¡Lo grave es que estas máquinas están arregladas! ¡Todo el mundo lo sabe! ¿Quiénes son? Los holandeses, los brasileros, los chinos, los peruanos; los que venden los chips; los que venden las tarjetas; cómo se regulan; cómo se manejan para las quincenas -para los que no lo saben- o para fin de mes, en el caso de los sectores más vulnerables.
Por lo tanto, estas máquinas son un cáncer para la sociedad.
Ahora, para ser un poquito más transparentes, empezaron a darse cuenta de que era muy importante financiar las campañas políticas. A mí me ofrecieron lo que quisiera cuando fui candidato a Senador. Y lo denuncié públicamente. Fui a la Fiscalía y hasta di los nombres de las personas y los lobistas que me ofrecieron plata, siempre y cuando los apoyara.
Este proyecto, que espero que aprobemos hoy, lo que hace -seamos transparentes- es prohibir las máquinas. ¡Pero siempre han estado prohibidas! Le da una instrucción precisa al municipio y le cierra la posibilidad de hacer cualquier interpretación. O sea, si un alcalde otorga permisos para el funcionamiento de máquinas de juego después de la aprobación de esta ley, incurre en notable abandono de sus deberes. Y además -algo muy importante- se crea un delito: el que use estas máquinas comete un delito que tiene sanciones graves.
En consecuencia, aquí hay un problema social serio, que se dejó estar, no solo porque un Senador dijo por ahí -y es cierto- que resulta muy fácil hacer lavado de dinero. Pero ese es un tema puntual de la gran complicación de los fraudes internacionales. ¡Si aquí el problema es la ludopatía de la gente que, por desgracia, no tiene la capacidad de darse el gusto de perder el sustento familiar! Porque, en la práctica, hay personas que sí pueden darse el gusto de botar la plata, pero no dejan de comer ni sus hijos, ni ellos, ni dejan de tener dinero para cubrir sus necesidades básicas.
A mí me daba pena ver, en Puente Alto y en Pirque, cómo las dueñas de casa, para las quincenas y para los fines de mes, perdían su plata. Y ellas sabían que esas máquinas estaban reguladas de mala manera.
Es tan grave el problema que existen verdaderas mafias. Y usan a las personas que trabajan con ellas. Al final, los almacenes no tienen para qué vender. Los partes se los pagan los dueños de las máquinas. Ya no necesitan vender. ¡Si ahí existe un negocio maravilloso! Llega la gente, bota la plata; se pasan los datos. Llegan las máquinas a una población. ¡Y son muy buenas...! ¡Ganan un par de semanas y después pierden todo! ¡Pierden todo!
Por lo tanto, creo que es necesario aprobar este proyecto. Es más, hay que ser mucho más específico en la prohibición, porque, si no, ¡desarmemos la Ley de Casinos! ¡Si la Ley de Casinos lo que hace es reconocer que el juego no es algo muy sano para mucha gente! Por eso se regula y se dice "en ciertas regiones", con "ciertas condiciones" y con "ciertos reglamentos".
¡Qué capacidad tenemos para fiscalizar que miles de almacenes cumplan con lo ahora propuesto! ¡Qué capacidad tenemos para fiscalizar si, luego de la visita de un inspector para revisar las máquinas -porque eso es lo que se hace-, les cambian el software y listo: cobran lo que quieren!
¡Esto es un cáncer para la gente más modesta de nuestro país! Y este no es un tema de lucha de clases, de ricos y pobres. Es un dato concreto. La gente llegaba a las oficinas de los municipios pidiendo: "Por favor, ayúdennos, porque mi mamá (o mi papá) se gasta toda la plata". Es un negocio superlucrativo. Por último, las máquinas podrían ser realmente de azar, con ciertos códigos. ¡Pero no! Las cambian todos los días, dependiendo de lo que sea. Porque la diferencia entre una máquina de azar y una de destreza -para que lo sepan- es bien difícil de notar. Las dos tienen ciertas mezclas, no obstante que en las de azar prima, mayoritariamente, la suerte. Pero todas son máquinas controladas.
A mí me extraña mucho -y lo digo con bastante respeto- que no exista intervención de las policías en este problema, pues, claramente, aquí hay un negocio irregular, con una mafia tremenda detrás, que es ultraconocida. Sin embargo, mucha gente tiene miedo, porque es amenazada, porque cree que, como hay tanta plata, le pueden pasar la cuenta.
Debo señalar, señor Presidente, que no solo voy a votar en contra de este proyecto, sino que voy a presentar varias indicaciones para endurecer su texto, porque como alcalde viví el cáncer que padece la gente. Y desgraciadamente, aunque a algunos Senadores no les guste, este cáncer está atacando a la gente más pobre, a la gente que más necesita ayuda y que, al final, termina pidiendo subsidio a los municipios.
Así que llamo a todos mis colegas a estudiar el tema responsablemente. Las máquinas de juego no tienen regulación y deben estar prohibidas, como sí lo hace el proyecto, que ojalá endurezcamos más para que este cáncer sea extraído de nuestro país.
Muchas gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos Weber.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, estamos discutiendo en general este proyecto de ley, el cual va a tener una ardua y compleja discusión en su trámite en particular.
Quiero partir señalando dónde nos encontramos en esta problemática.
Trataré de ser coherente con la forma en que he votado siempre, que es en función de las personas. Pero las personas, para mí, deben ser consideradas en su integridad, y yo siento que esta iniciativa lo que hace es discriminatorio, para ser bien franco.
Creo que el Senador Rabindranath Quinteros, en su exposición -que recomiendo leer nuevamente, o escucharla-, aunque no tiene razón en todo, plantea temas refundamentales: ¿por qué se va a penalizar a ciertas industrias y a otras no? ¿Cómo regulamos las apuestas on-line? ¿Lo correcto es prohibir o regular?
El proyecto, de lo que yo veo, tiene un aroma a paternalismo bien grande.
Acabo de escuchar a un exalcalde que está preocupado por los ciudadanos. Habla de "la gente pobre". Yo quisiera un mínimo, un diez por ciento de esa compasión que sienten algunos cuando obligan a los trabajadores a cotizar el diez por ciento de su sueldo en una AFP.
¡Ahí los quiero ver yo! ¡Claro!
O cuando hablamos de lo que recauda el Estado de Chile por concepto de impuestos. ¿Saben de dónde viene? El 50 por ciento proviene del IVA, no del impuesto a la renta de aquellos a los que les va mejor en nuestro país. Eso no les importa tanto. Que la gente, por su kilo de pan, pague 19 por ciento, o por el litro de leche, o por el litro de "chelas", eso no es relevante. Ahí no tienen importancia los ciudadanos.
Pero dicen que les preocupa la gente. ¡La comida chatarra, entonces! Dicen que les preocupa el sueldo a fin de mes, la quincena. ¿Con qué se alimenta la gente de menos recursos? ¡Con mala comida! Pasamos el día llenos de colesterol, llenos de grasa, etcétera.
Entonces, ese paternalismo está latente acá, porque "nos preocupa la gente pobre en este tema".
Yo quiero regular estas máquinas. Pero no nos engañemos con el proyecto. Para empezar, tiene un vacío increíble.
Y voy a contar una anécdota, para no parecer tan amargo.
La ley define las máquinas de azar. Y señala: "No se considerarán máquinas de azar aquellas en que el premio entregado fuese una tarjeta, vale, ticket o un bien no canjeable". ¡Nada de plata!
Vámonos al Asia, que me encanta. ¡Como uno hizo otras cosas antes en la vida...! Y en Japón está el Pachinko. No sé si han escuchado hablar de él. El Pachinko son grandes máquinas, ubicadas en establecimientos grandes -de tres o cuatro pisos-, llenos de japoneses, hombres y mujeres, mayores y jóvenes -menores de edad, no-, jugando con pelotitas de acero, que deben meter dentro de las máquinas. Si te va bien, pones un canasto y sacas hartas pelotitas de acero, cada una grabada por el local respectivo. No se pueden retirar del lugar, pero sí se pueden cambiar. ¿Por qué? ¡Por monos de peluche! Sacaste cinco pelotas, un osito; 50 pelotas, uno más grande. Y si te vas con un oso panda o un Pikachú gigante, ¡te fue bien! ¡Y se van contentos con su oso de peluche!
¿Hasta dónde llegan con el oso de peluche? Hasta el local de al lado, donde de casualidad hay una empresa que compra osos de peluche. ¡Qué tal, "papá"!
¿Captan la figura?
Y en este proyecto, así como viene presentado, ¿qué impide que me vaya con mi ticket y me digan: yo compro al lado tickets, yo compro peluches?
Entonces, el asunto de las máquinas -y lo digo en serio- debemos regularlo. De que abusos hay -y aquí no cuesta nada sacar aplausos de la galería-, los hay. Lo que pasa es que existen máquinas de azar, pero se hace la distinción entre máquinas de azar y de destreza, que es algo que ya no admite mucha discusión. ¡Pongamos máquinas de verdad!
¿Han visto esas máquinas en que uno tiene que tomar un mono con una pinza? Bueno, yo he estado en esas máquinas con mi hijo. Y uno puede estar un día entero para agarrar un mono de peluche. ¡No va a funcionar!
Entonces, no nos engañemos. ¡Regulemos!
¿Cuál es el problema? Y aquí está el tema de fondo, más allá del paternalismo y el aroma: si algo no funciona, ¡lo prohibimos!
¡Yo no puedo aceptar eso!
El alcohol mata ciudadanos en Chile. Todos aquellos que consumen o que consumimos alcohol nos estamos haciendo un daño. Si usted bebe mucho, se hace más daño. Hay cuerpos que no resisten lo mismo: algunos, media botella de tinto; otros toleran de mejor manera la misma cantidad. Y el tabaco mata.
¿Y qué es lo que hemos hecho en este Parlamento? ¿Hemos prohibido el alcohol? ¡No! ¿Prohibimos el tabaco? ¡No!
¿Cómo argumentamos contra aquellos que quieren prohibirlos derechamente?
Yo creo en la libertad de las personas, en su derecho a ser informadas de que el alcohol es dañino, de que el tabaco es dañino. Hablamos del etiquetado del tabaco o del alcohol. Regulamos la publicidad al respecto: los horarios autorizados en la televisión. Protegemos a los menores. Regulamos en qué lugares se puede vender alcohol y tabaco: no cerca de los colegios, etcétera. Pero no los prohibimos. ¡Los regulamos! Alguien me dirá: "¡Es que resulta muy difícil!". Bueno, pero la alternativa es prohibirlos, con todos los costos que ello implica.
Ahora estamos prohibiendo las máquinas. Yo las quiero regular. Tal vez no le hago la vida feliz a ninguno de los que están en las tribunas. No se confundan. Pero el criterio de la prohibición, ¡termina echando a perder las democracias! Porque empezamos a prohibir las cosas en vez de generar confianza en los ciudadanos, en vez de regular como corresponde, en vez de no discriminar entre una industria y otra.
No me cabe duda de que hay abusos con las actuales máquinas. ¡Ni una duda! Recorriendo Chile, he visto que funcionan -creo que el Senador Letelier ya lo dijo- al lado de los rodoviarios, al lado de las municipalidades. Y no en uno sino en tres lugares. ¡Llenos de luces! ¡En la Quinta Región! ¡Con patente municipal! ¡De qué estamos hablando! ¿Y resulta que no se puede hacer nada hoy día? Y si hoy día no se quiere hacer nada, ¿por qué esta ley va a hacer la diferencia?
La cuestión de fondo -y algunos van a coincidir conmigo- es tener un criterio sano para enfrentar la prohibición. Y no por el tema puntual de la apuesta o la ludopatía. ¡Como si la ludopatía fuera más fuerte en sectores de menores ingresos! Otra cosa es que en Chile haya más gente de menores ingresos; en consecuencia, va a haber allí más ludópatas en términos nominales, pero no en términos probabilísticos.
En consecuencia, señor Presidente, este proyecto, así como está, no me gusta. Alguien dijo que lo iba a endurecer. No sé qué significa eso. Si lo va a prohibir, ¿qué más lo va a endurecer? ¡No sé qué más puede hacer! ¡A menos que persiga gente con efecto retroactivo!
Si usted ya prohíbe una actividad, no sé cómo la puede endurecer más. ¡Las penas son para el que infringe la ley!
Entonces, ese es otro tema.
Señor Presidente, este proyecto está mal enfocado. Regulemos de manera fuerte y creemos las instituciones necesarias. Porque, si somos capaces de regular el alcohol, el tabaco, los etiquetados de las comidas chatarras, ¡cómo no vamos a poder hacerlo con las máquinas!
Además, pensar que la gente de menores ingresos es menos inteligente que la de mayores ingresos es el principio del fin de una democracia; porque significa ir hacia una democracia censitaria, a que los inteligentes tengan más votos que los no inteligentes, o a que los más pudientes tengan más votos que los no pudientes.
No me parece, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Castro.

El señor CASTRO.- Señor Presidente, aquí se habla de "máquinas de destreza", de "máquinas de habilidad", y todos sabemos que es una gran mentira. Son de azar, y sin ninguna regulación, ningún control.
Quienes hemos tenido la suerte de ser alcaldes, sabemos cómo mucha gente, muchas familias, muchas mujeres, jefas y jefes de hogar, han perdido los dineros de su familia. Esa es la verdad: ¡han perdido todo el dinero de su familia!
También sabemos -y ahí no nos debemos engañar-, que alrededor de estos casinos ilegales existen personas con malos hábitos; hay delincuencia; hay drogadicción y prostitución. Es una actividad económica que está -lo sabemos- fuera de la ley, y que no paga impuestos.
Debemos ser responsables. Fuimos elegidos como Senadores para ordenar el país con base en la legislación, obviamente. Fuimos elegidos para ser justos por el bien del país y de sus habitantes.
¡Eso es lo que debemos hacer! Independiente de que a lo mejor hay que legislar, ordenar, sabemos que en este país hay una actividad ilegal que funciona, y que le hace daño a los más humildes.
Por eso se debe terminar esta actividad, señor Presidente. Hay que legislar para, de verdad, cuidar a quienes más lo necesitan.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.

La señora ARAVENA.- Señor Presidente, la verdad es que, así como varios han hecho un análisis bien detallado de este proyecto, yo también quiero dar a conocer que soy coautora de una de las mociones que fueron parte constituyente de este proyecto que hoy día estamos votando.
Primero, quiero aclarar que nadie está prohibiendo el juego de azar en Chile. De hecho, este existe, y se rige por la Ley de Casinos, que está normada y que efectivamente es perfectible y siempre puede ser cambiada, mejorada. No es que no se dé la oportunidad de desarrollar la actividad de juegos de azar, ni tampoco que comercialmente esta no se pueda ejercer.
Por otro lado, las máquinas tragamonedas -así lo indican las estadísticas- alcanzan a una cifra de entre 500 mil y 700 mil, lo cual es una enorme enorme cantidad, y revela la evolución que han tenido en los últimos cinco años.
No debieran existir en un país desarrollado, o en vías de desarrollo, actividades comerciales que no estén reguladas. No es correcto, ni tampoco justo para miles de emprendedores que con mucho esfuerzo desarrollan actividades económicas con créditos, con esfuerzo, tratando de salir adelante con sus familias.
En ese contexto, habiendo trabajado también en municipios, puedo decirles que no es fácil determinar una diferencia clara entre el azar y la destreza. Eso implicó que muchos municipios otorgaran patentes con razones comerciales, principalmente, vinculadas a negocios, a almacenes, a los que se agregaban estas máquinas; y en otros casos, al no encontrarse una solución, no se otorgó patente, quedando esa actividad en una ilegalidad completa.
En ese sentido, más allá de la denominación del proyecto, si es prohibición o si es regulación, yo creo que no hay que dramatizar una situación que, a todas luces, y habiendo diferentes bancadas que lo apoyan, hay que regular y fiscalizar. No es posible fiscalizar algo que no tiene una definición concreta. Por tanto, tampoco podemos transferirles a los municipios, sobre todo pequeños (es lo que encuentro más grave), una problemática que es legal, y que le corresponde al Senado regular.
Hoy día estamos aprobando la idea de legislar. Y hay mucho género que cortar; hay mucho que aportar a este proyecto. Evidentemente, quienes están por la idea de regular, tendrán un espacio para poder presentar indicaciones y mejorar esta iniciativa.
Sin embargo, es impresentable, en mi opinión, que hoy yo no vote a favor de legislar, porque implicaría desconocer que existe una problemática, un espacio de regulación y una gran falencia en la normativa, que ha generado que haya incluso un desmedro de la imagen de todo este tipo de actividades en cada una de las comunas.
En ese contexto, además de asumir seriamente mi responsabilidad por ser parte integrante de quienes presentaron iniciativas para poder confeccionar esta ley en proyecto, estoy con toda la disposición para ayudar a presentar indicaciones.
Apruebo absolutamente este proyecto de ley porque creo que va en la línea correcta.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, bonito debate estamos dando.
Esta Sala ha variado desde la regulación a la prohibición, y ya tenemos un punto intermedio.
Quienes están viendo este debate, y han hecho el seguimiento en la televisión y en las Comisiones, no logran entender nada.
Quiero decir que existe el legítimo derecho al lobby, que se ha ejercido porque está regulado. Pero, además, deseo señalar que esto tiene un antecedente.
En el Senado se hizo lobby para que este proyecto de prohibición fuera retirado, situación que hoy día investiga el Ministerio Público, al igual que los aportes para campañas políticas.
Por lo tanto, cuando escucho al Senador Quinteros decir que una simple vecina juega 200 pesos en una máquina, en un barrio, le quiero pedir que vaya a mi comuna, donde las máquinas ya no son tragamonedas, ¡son "tragabilletes"! ¡Hasta de 20 mil pesos!
Siguen hablando de "tragamonedas". Pero, ¡no!, son "tragabilletes", de 20 mil pesos. Ya no se juegan monedas. El negocio creció.
La ley N° 19.995, de Casinos, ¡fracasó! Porque aquí hay un delito: engañaron a los municipios, a los alcaldes. ¿A las certificadoras, quién las autorizó? ¿Qué origen tienen los certificados para decir que las máquinas eran de destreza y no de azar? ¡No había ninguna legislación! Y la Superintendencia de Casinos así lo estableció.
La ley prohíbe que existan máquinas de azar fuera de los casinos regulados. Por tanto, con estas máquinas -tengo la más absoluta convicción de que son de azar- se incurre en un delito, son ilegales.
Por eso, estamos discutiendo un proyecto de ley para prohibirlas, para eliminarlas. Porque, claramente, la regulación que existe para máquinas de destreza ¡fracasó! No hubo capacidad de los municipios, de la Superintendencia. Y hoy día son ilegales.
El Senador Letelier dice que hay 20 máquinas en algunos locales. ¡No! El casino más grande de Chile está en la ciudad de Rancagua, ¡y tiene más de 200 máquinas!
No son 20 máquinas; son 200.
Hay que poner atención a lo que dice el Gobierno. En este sentido, el Ministro de Desarrollo Social y Familia, señor Alfredo Moreno, afirmó claramente que la mayor concentración de máquinas se da en comunas de mayor pobreza y que la más elevada concentración de delitos de alta connotación social se da en las comunas donde existe gran cantidad de este tipo de máquinas.
No lo digo yo; aquí está el informe para los Senadores (Ministerio de Desarrollo Social, miércoles 11 de junio de 2018). Los invito a leerlo.
Este Ministerio ha establecido una correlación compleja, que también han señalado la PDI, Carabineros, la Aduana. Cuando le preguntamos al Director de esta última cómo entraron estas máquinas, si eran ilegales, nos contestó que "entran por partes, y yo no puedo revisar todos los chips; no puedo tener una fiscalización de todo lo que entra". ¡Y metieron de manera ilegal 700 mil máquinas, en las narices de Aduana; bajo la supervisión de Carabineros y de la PDI!
Señor Presidente, el Ministerio Público ha sido enfático en señalar que hay problemas.
Yo organicé un seminario sobre este tema; invité a los dueños de máquinas, los cuales fueron y participaron.
Unánimemente, los dirigentes sociales rechazan total y absolutamente la instalación de estas máquinas, porque son ellos los que tienen que enfrentar después las consecuencias negativas y perversas de esta situación. No contribuyen en nada.
Si uno les pregunta a los alcaldes: "¿Y por qué dieron los permisos?", responden: "Es que me amenazaron con llevarme a los tribunales".
¿Y cuál es el ingreso para las municipalidades? Ninguno o escaso.
Entonces, hay que elegir lo que pueda contribuir a hacer una mejor ciudad, a tener una mejor convivencia social. Pero esas máquinas y esos locales de juego de azar no contribuyen a aquello.
Señor Presidente, mi proyecto de ley original de prohibición establecía: uno, compensación a los que adquirieron estas máquinas (ya que muchos las arriendan), y su transformación en máquinas de juego académico de diversión en colegios. O sea, se trataba de su reconversión para no dañar económicamente a los pequeños comerciantes que las compraron de buena fe. Y, dos, capacitación a las personas que pudieran quedar cesantes. Esto, porque si vamos a afectar una actividad, tenemos también que preocuparnos de ella.
Pero el debate ha derivado en si regulamos o si prohibimos estas máquinas. Yo estoy por prohibirlas total y absolutamente, lo cual debemos hacer por una mínima coherencia: ¡son ilegales! Todos los organismos del Estado nos han dicho que son ilegales. ¡Todos! Por tanto, lo que estamos haciendo es ratificar un mecanismo de retiro.
Algunos han mencionado el tema de la ludopatía. Yo no sé si los que hablan de esto tienen algún familiar ludópata. Es terrible. Y la ludopatía se da en todos los niveles sociales, como se da el alcoholismo, como se da la drogadicción, como se da la prostitución. Repito, se da en todos los niveles sociales. No hay distinción de clases sociales.
Lo que aquí sucede es que tenemos un mecanismo de promoción de la ludopatía. Porque eso hacen los casinos.
Yo he presentado un proyecto de ley -espero que mis colegas lo apoyen- para regular los casinos grandes, a fin de prohibir que vendan alcohol al lado de una máquina de juego, así como que la gente utilice su tarjeta de crédito y pida un préstamo en los mismos casinos, porque en estos hay notarios para autorizar créditos, señor Presidente.
A la Superintendencia le ha faltado capacidad para fiscalizar a los casinos grandes y no tiene ninguna capacidad para hacerlo con los chicos. No puede ser que haya alguien que preste plata en los casinos, porque ese no es su giro, ni se pueden permitir los préstamos en su interior. Pero así sucede.
¡Y no se debe consumir alcohol al lado de las máquinas! Porque significa embriagar a una persona para hacerle perder la noción del tiempo, de la realidad, a fin de que gaste y gaste su dinero hasta agotar su capacidad financiera. De modo que esto debe estar regulado en los casinos grandes. Espero que así procedamos.
Respecto a la publicidad, cuando vemos los cigarrillos sabemos que producen cáncer, ¿verdad? Y por eso se advierte en las cajetillas: "El cigarrillo mata, produce cáncer". ¡Bueno!, yo soy partidario de que en la publicidad de los casinos se diga: "El uso excesivo puede producir ludopatía". Así advertimos a la gente que esta actividad se encuentra asociada a una enfermedad mental que tiene cero tratamiento en Chile, ¡cero tratamiento!
Para la familia con un ludópata no existe un lugar dónde acudir, salvo instituciones privadas, que felizmente se hacen cargo de ellos, pero que resultan absolutamente insuficientes.
Por último, es necesario que los casinos grandes participen también en el programa de salud mental. Desde el 2001 que no hay un programa de salud mental en Chile y estamos con un grave retraso. Y yo soy partidario de establecer impuestos para que los casinos grandes paguen más, y destinar esos recursos a fortalecer los programas de salud mental.
Entonces, aquí tenemos que elucidar. Yo estoy por prohibir las máquinas de azar. Entremos en el debate de esta materia, pero tengamos claridad de lo que queremos. A mí no me gusta el articulado tal como está, pues, a mi juicio, es demasiado flexible. Se dice que será considerada máquina de azar aquella cuyo chip esté inscrito en la Superintendencia y/o entregue dinero. O sea, puede existir la lógica de que el modelo de juego esté inscrito, pero no entregue premio en dinero.
El Senador Lagos Weber ha sostenido -por su intermedio, señor Presidente- que las instituciones funcionan. No obstante, yo digo que no han funcionado las instituciones. Y precisamente por eso estamos realizando este debate.
Las máquinas de azar se han expandido a niveles increíbles. Si esto hubiera tenido regulación desde el comienzo, habría sido posible controlarlo. Pero se extendió de tal manera que la única salida es la prohibición gradual y el término de estos casinos de juegos, mal llamados "populares". Porque no contribuyen a ninguno de los elementos que la política de Gobierno dice provocar o que la educación dice promover. Ninguno de ellos, ¡ninguno!
Para los hijos del flipper, para quienes nos criamos de verdad con máquinas de destreza, esto nos provoca indignación, ¡indignación!
También provoca indignación que los métodos para descalificar a quienes, hoy día, estamos por la prohibición sobrepasen los límites de la práctica de una sana convivencia democrática.
Así como los dueños de casinos populares tienen derecho a reclamar, los Senadores tenemos derecho a legislar, porque hemos recibido el mandato de cientos de familias y dirigentes sociales que nos exigen que actuemos. Y no porque estén allí los casinos, ya no podemos hacer nada. O sea, los delincuentes llegaron, el narcotráfico llegó.
En el caso de la delincuencia, no la asocio directamente a los casinos. Y cometieron un error quienes recurrieron a los tribunales en mi contra, señor Presidente. Se presentaron dos recursos de protección, uno en Concepción y otro en Chillán, y ganamos lejos en ambos casos, argumentando elementos inhibitorios.
¡No me voy a dejar amedrentar jamás! ¡Por nadie! ¡No lo hice en dictadura, menos lo voy a hacer ante un proyecto de ley que busca mejorar la condición social de los más necesitados, de los más vulnerables!
Asimismo, quienes tienen dinero van a los casinos grandes, y tienen familias y tienen sustento, pero aun así los vamos a apoyar, señor Presidente. Porque el juego y sus consecuencias no tienen distinción social.
Espero que realicemos una discusión transparente, que los debates en las Comisiones sean televisados, para que cualquier dirigente social o los propietarios de las máquinas de azar puedan conocer las posiciones y puedan evaluar.
Señor Presidente, llega el momento de tomar decisiones aquí. O sea, pienso que el tema de la regulación solo va a alargar más la agonía de esta situación. La decisión es prohibir. Este proyecto busca prohibir y eliminar las máquinas.
Por eso, voy a votar a favor del proyecto de ley que ha enviado el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
--(Aplausos en tribunas).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, tal como lo he señalado reiteradamente, en mi calidad de autor de la primera moción que presentamos junto con los Senadores José García, Carlos Bianchi y los entonces Senadores Eugenio Tuma y Carlos Cantero, en 2013, la que dio origen a la fusión con otros proyectos de ley sobre esta materia, es un hecho público y notorio que desde hace varios años han proliferado en diversas comunas de nuestro país locales o recintos donde funcionan máquinas denominadas "de azar", comúnmente conocidas como "tragamonedas", que operan al margen de la ley y que, además, conllevan a situaciones de ludopatía, delincuencia y alcoholismo en sectores vulnerables de la población, en torno a estos negocios, en los que también participan menores de edad.
Se estima que actualmente hay sobre 700 mil máquinas de este tipo operando en distintos locales o recintos a lo largo del país, que provocan -como ya se ha dicho- diversos efectos nocivos para quienes participan en estos juegos ilegales, que se amparan en patentes otorgadas por los respectivos municipios. Muchos de estos, incluso, han dictado ordenanzas para regular la operación de juegos de destreza y no de azar; pero, en la práctica, predominan los de azar.
Nuestra moción, por ejemplo, tenía claramente el objetivo de prohibir el otorgamiento de las correspondientes patentes municipales.
A tal punto ha llegado la expansión de la existencia de estas máquinas prohibidas, que se ha logrado establecer que, incluso, máquinas de juego cuya programación y diseño original es de destreza han sido convertidas posteriormente, mediante su intervención, en máquinas de azar, aumentando la ludopatía no solamente en las grandes ciudades, sino también en las comunas medianas y pequeñas.
A modo de ejemplo, puedo señalar que solo en el centro de la ciudad de Valparaíso hay más de veinte salas de este tipo de juegos, y algunas de ellas tienen más de treinta máquinas, lo que en diversos sectores de los cerros, a razón de una o dos por local, se multiplica a un total aproximado de cien máquinas adicionales.
Estimo que las indicaciones introducidas por el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, son bastante adecuadas; y, por cierto, al ser aprobadas, permitirán que se erradique definitivamente la adicción por este tipo de juegos ilegales, la malsana ludopatía, que, lamentablemente, se ha mantenido por tantos años, afectando gravemente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que se entusiasman con la idea de obtener en forma fácil grandes ganancias y que, al final, terminan absolutamente endeudados y, algunos, en estado de insolvencia total.
Quiero señalar, además, que nosotros hemos levantado nuestras voces no solo respecto de estas máquinas, sino también de la ludopatía. Y hemos presentado innumerables proyectos de ley en la Cámara de Diputados y en el Senado para que, en definitiva, se prohíba el acceso a los casinos formales de personas que efectivamente tengan ludopatía. Creemos que es muy importante establecer mecanismos para que se pueda establecer judicialmente, en forma simplificada, la prohibición de ingreso a los casinos legales de este tipo de personas.
Sin perjuicio de votar favorablemente el texto de los proyectos fusionados que se someten a nuestra consideración, estimo que durante el período de discusión en particular se debe precisar la forma en que se irán retirando las máquinas actualmente en funcionamiento, desde la vigencia de la ley y la dictación de los respectivos reglamentos.
Y quiero ser claro y categórico.
Tal como lo señalaba el Senador Navarro, ¡no nos vamos a dejar intimidar! ¡No nos vamos a dejar intimidar!
Y creemos claramente que hay que seguir trabajando para que este proyecto de ley, y aprovecho de agradecer al Gobierno del Presidente Piñera por haberlo recogido y haberle puesto urgencia, nos permita extirpar el cáncer que se ha apropiado de nuestras poblaciones, de nuestros cerros y que lleva a la pobreza, a la condena a la pobreza.
Por eso, señor Presidente, voto a favor.
Y reitero que no nos dejaremos amedrentar durante la tramitación de esta iniciativa.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, como lo informó la Contraloría General de la República a la Subsecretaría del Interior en el año 2017, "la proliferación a nivel nacional de la explotación de las máquinas de juego da cuenta de la ausencia de una política pública sobre la materia".
Claramente, no hay política pública.
Lo que verdaderamente falta en nuestro país es un entendimiento y, consecuentemente, un tratamiento omnicomprensivo del fenómeno social implicado en los juegos de azar.
Independientemente de estas mociones refundidas -soy autora de una de ellas-, que buscan combatir uno de estos tipos de juegos que se han masificado y operan fuera de los casinos, me preocupa que el Ejecutivo, participando y apoyando esta idea de legislar, no haya aportado normas indispensables para comenzar a transitar por el camino de la promoción estatal del juego responsable y por una política de cuidado de quienes padecen trastornos ludópatas, limitándose una vez más a la mínima regulación del negocio de los juegos de azar y a la criminalización de los jugadores.
¿Acaso no está el Estado al servicio de las personas? ¿No es la familia el núcleo esencial de la sociedad? ¿No es la salud un derecho fundamental de todas las personas?
El Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva a estos proyectos de ley refundidos con tres objetivos centrales.
Primero, definir claramente qué es una máquina de azar y entregar la competencia a la Superintendencia de Casinos de Juego para determinarlo caso a caso. Admitiendo en este punto que si bien no existía el mandato legal claro y específico respecto a esta función, la Contraloría General de la República sí le reconocía tal competencia en virtud de la aplicación del principio de coordinación administrativa, que no es más que una expresión del principio de probidad en el ejercicio de la función.
De hecho, parte importante del problema social generado por la proliferación de las máquinas de juego en las comunas de nuestro país fue la indefinición y pasividad adoptada por la Superintendencia de Casinos de Juego ante las incesantes consultas de los municipios en orden a decidir acerca de la entrega o no de patentes municipales para la operación de estos recintos.
El segundo objetivo del Ejecutivo en su indicación es ratificar que los juegos y máquinas de azar pueden explotarse solo en los casinos de juego autorizados por la ley y en las normativas correspondientes de los casinos municipales.
Y, en tercer lugar, el Ejecutivo busca perfeccionar las herramientas para la persecución penal contra quienes exploten ilegalmente las máquinas de azar, señalando al efecto que se requiere fortalecer las vías de persecución penal para las personas que, incumpliendo la ley, generen un daño importante a la fe pública.
Sin embargo, ese no es el único tipo penal que se contempla. También se modifica el artículo 278 del Código Penal para castigar con una pena de reclusión de 61 a 301 días o una multa de 11 a 20 UTM -vale decir, entre 506 mil pesos y 911 mil pesos, aproximadamente- a quienes participen como jugadores en lugares que no sean casinos.
Me pregunto, señor Presidente, ¿cuál es el bien jurídico que dicho tipo penal está protegiendo?
Claramente, no es la fe pública, pues quienes juegan no son responsables del montaje de esos negocios ilegales.
¿Qué se gana en términos de justicia, orden o paz social sancionando penalmente a las personas que practican juegos de azar por simple gusto o como un vicio incontrolable -la ludopatía-, más aún si los sancionados no serán todos, sino los que jueguen en lugares que no sean casinos?
¿Podrá, por ejemplo, la vecina que juega el dinero del almuerzo diario pagar una multa de entre medio y un millón de pesos?
Una cosa es querer poner orden a la explotación del juego de azar que se constituye como una actividad monopólica, cuestión que comparto; pero otra muy distinta es ocuparse de las personas jugadoras criminalizando dicha conducta solo si juegan en un lugar no autorizado, y más aún si ellas son ludópatas.
Desde luego, esa no me parece una forma acertada de abordar la problemática social, económica y de salud en la que se insertan los jugadores.
¿Qué hay del daño a la salud, a la economía familiar, a las relaciones familiares ocasionado por años en nuestra población más vulnerable debido a una inacción del Estado?
¿Cuáles son las respuestas que el Ejecutivo tiene para ofrecer en esta materia que no sean la criminalización?
¿Se ha considerado al menos incluir la ludopatía como un trastorno reconocido en el sistema de salud, de manera que quien requiera un tratamiento pueda acceder a los seguros privados o estatales de salud?
¿O es acaso la fe pública el único bien jurídico que requiere protección en esta materia? Yo creo, señor Presidente, que no.
El mismo Ejecutivo reconoce en la Comisión de Gobierno que se sabe que en muchos de los lugares donde se practican los juegos ilegales funcionan en realidad fachadas de negocios de otra índole, a lo que se suma el riesgo por el ingreso de menores de edad y la seguridad en el juego.
¿Cuáles son, por ejemplo, las soluciones que se proponen para garantizar la protección de los menores de edad, la protección de los ludópatas, para frenar y sancionar estas estafas a lo largo del año de vacancia legal durante la cual seguirán funcionando los recintos que obtuvieron patente al efecto? Y, sobre todo, ¿cuáles son las propuestas transitorias para combatir entre tanto y a la brevedad los locales que funcionan ilegal y clandestinamente?
No podemos pasar por alto que fue justamente la inactividad de la entidad reguladora de los juegos lícitos la que permitió la disparidad de criterios municipales y, por ende, la proliferación de este tipo de máquinas de juego, con el daño asociado que ello generó a nuestra población.
Señor Presidente, voy a apoyar este proyecto, porque comparto el análisis que ha hecho el Senador Navarro y creo que es necesario legislar sobre esta materia. Por lo tanto, en la tramitación particular no se pueden obviar indefiniciones que preocupan. Por ejemplo:

1.- ¿Cuál es el régimen transitorio que se aplicará a los locales que se lograron instalar al amparo de la legislación vigente utilizando un aparente vacío legal, porque parece ser un camino conducente a los largos procesos judiciales?

2.- ¿Cuál es la solución uniforme que deben adoptar los municipios frente a las solicitudes de renovación de patentes que se presenten durante el período de vacancia? En este sentido, es vital dejar en claro el régimen transitorio para las patentes otorgadas.

3.- No se propone tampoco una fórmula para eliminar las máquinas ya autorizadas en el tiempo, por cuanto la prohibición debe ser para todos.

4.- La tenencia de las máquinas de azar no está penalizada, ya que se está penalizando su operación. Ello ha de ser modificado, pues nadie que las tenga lo hará simplemente para contemplarlas.

5.- Con relación al abordaje del juego irresponsable y la ludopatía, las potestades de la Superintendencia en esta materia son exiguas. No obstante, la Superintendenta de Casinos, señora Vivien Villagrán, recalcó que igualmente ellos generaron una circular de autoexclusión, extremando la interpretación legal, con lo cual se le traspasa al ciudadano dicha posibilidad de autoexclusión de las salas de juego, sin perjuicio de las acciones que se han desarrollado en conjunto con los casinos en materia de juego responsable. Por tanto, bien podrían mejorarse las facultades de la Superintendencia en tal sentido respecto de los juegos ilícitos en lugares no autorizados.
Y, finalmente, señor Presidente, ¿por qué se hace escándalo respecto de la posibilidad de prohibir alguna actividad de la economía de nuestro país cuando respecto de otras sí existe tal prohibición?
Y termino con esto: ¿por qué es lícito consumir alcohol o fumar tabaco y no es lícito fumar marihuana?
En tanto, es posible distinguir y discriminar.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Por último, tiene la palabra el Senador señor Galilea.

El señor GALILEA.- Señor Presidente, yo quiero poner paños fríos, si se quiere, en esta discusión, porque, a propósito de las máquinas de juego, exacerbamos el tema de si estamos hablando de libertad o no, si estamos hablando de los ricos o de los pobres. En este sentido, me atrevería a decir que la experiencia de la humanidad nos demuestra que el tema del juego es sumamente complejo. Ha sido así desde siempre.
De hecho, si uno analiza lo que ocurre en el mundo, hay países que prohíben el juego de azar completamente. Otros, muy poquitos, se han hecho famosos por dejar que el juego sea completamente libre. Pero, en verdad, casi todos los países tienden a regular de manera restrictiva el juego. ¿Por qué? Porque no es una actividad tan inocua para la ciudadanía que lo practica.
Y esto no es raro. En cierta medida, es el mismo criterio que se tiene respecto del alcohol, porque si este fuera tan inocuo, no existirían las patentes de alcoholes y habría total libertad. No. Los países optan por poner restricciones.
En el caso del cigarro la opción es distinta. Se colocan restricciones respecto de establecimientos educacionales, lo mismo que sucede con el alcohol; pero, además, se decide aplicarle un impuesto enorme, a ver si con ello disminuye el consumo de tabaco.
Sin embargo, todas esas actividades han demostrado desde siempre ser sumamente complejas, y, por lo tanto, se las regula, en algunos casos hasta el punto hiperrestrictivo de prohibirlas completamente, en otros existe un camino intermedio, y en otros se opta por permitirlas.
Chile en esta materia siempre ha seguido el camino regulatorio, de decir: "Los juegos de azar se pueden practicar solo en las circunstancias que la ley específica establezca".
Así, tenemos la Ley de Casinos, que norma lo relativo a las máquinas tragamonedas y otro tipo de juegos; la Polla Chilena de Beneficencia; la Lotería de Concepción; los hipódromos, etcétera. Cada una de estas actividades tiene su regulación propia, que es legal.
Con respecto a este proyecto, nos enfrentamos a un tema un poco distinto. Porque, en verdad, las máquinas de azar solo están permitidas en los casinos. Y en nuestro país se llegó a la cosa muy chilena de entender por "azar" o por "habilidad o destreza" algo que nunca nadie antes había concebido como destreza. Y repentinamente empezaron a haber instituciones que dijeron que todas las maquinitas en que una persona simplemente apretaba un botón eran de destreza y no de azar.
Entonces, ningún país está libre, aunque establezca la mejor ley del mundo, si finalmente se le cambia olímpicamente el sentido obvio a las palabras.
En definitiva, señor Presidente, voy a votar favorablemente este proyecto de ley, porque creo que hay que volver a la normalidad en esta materia.
Ya muchos de mis colegas Senadores han abundado sobre lo que ha significado -y continúa significando- prácticamente en todas las ciudades y pueblos de nuestro país la proliferación de este tipo de máquinas. En cualquier almacén un niño, una señora, el que quiera puede ir a jugar y dilapidar su dinero, pues al final todos terminan perdiendo.
Por lo tanto -reitero-, hay que volver a su sitial lo tocante a esta actividad y legislar nuevamente desde el punto de vista que históricamente Chile siempre ha tenido en el tema, que es el de optar por el camino regulatorio, restrictivo, a fin de establecer que solo existen ciertos lugares en que se pueden poner las máquinas de juego y en que es factible jugar.
El día de mañana se podrá discutir que no tiene por qué haber dos casinos por región y que es factible que existan más. En efecto, es un asunto discutible. Pero ello debe hacerse en el marco de la Ley de Casinos que hay en nuestro país.
Por otro lado, señor Presidente, creo que hay que introducirle algunas correcciones al proyecto que nos ocupa.
En tal sentido, me parece que no se puede dejar la calificación de "máquina de azar" a si la municipalidad tiene dudas o no sobre el particular.
Pienso que aquello nuevamente va a abrir un forado gigantesco. Tiene que ser la Superintendencia de Casinos de Juego la que defina si la máquina es de azar o de habilidad o destreza. Punto.
En cuanto a los tipos penales que se incorporan, concuerdo con lo que señaló la Senadora Rincón: llevar esto al jugador propiamente tal es algo que no me convence en lo absoluto. Además, la referencia que se hace nos pone en la situación del llamado "tipo penal en blanco", porque establece la tipificación, la lleva a otro cuerpo legal, donde, a su vez, existen varios tipos de delitos. De modo que no queda muy claro cuál es el tipo penal que se dispone. Por consiguiente, hay que reglar mejor ese aspecto.
En lo tocante a la transitoriedad de la ley en proyecto, se señala que esta entrará en vigencia un año después de publicada en el Diario Oficial. La verdad de las cosas es que no veo por qué ha de esperarse un año: debiera entrar a regir inmediatamente.
Sí se debe regular cómo vamos a ir sacando las máquinas que no sean de habilidad o destreza en los diversos lugares de nuestro territorio.
Quiero recoger un punto que mencionó el Senador Quinteros.
Quizás debiéramos aprovechar esta oportunidad para legislar sobre algunas cosas: los juegos por internet, que realmente son masivos; los juegos que se realizan en los programas de televisión, donde, por ejemplo, se pregunta qué equipo va a ganar un partido de fútbol y todos los que quieran participar deben llamar por teléfono para realizar sus apuestas. Esto, porque al final entramos en la misma dinámica.
Creo que todo ello debe ser regulado.
Asimismo, pienso que hay que hacer alguna mención a una política pública de salud respecto de la ludopatía, como dijo la Senadora Rincón, en fin.
En definitiva, considero que estamos frente a una gran oportunidad.
Pero todo ello pasa por volver a situar lo tocante a los juegos de azar donde Chile históricamente lo hizo: en una ley específica, que no pueda admitir forados como el que tuvimos y que ha significado estos cientos de miles de máquinas en todo nuestro país.
Es urgente corregir eso.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No quedan más inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (30 votos a favor, uno en contra y una abstención), dejándose constancia de que se reunió el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Kast, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Sandoval.
Votó por la negativa el señor Lagos.
Se abstuvo el señor Latorre.


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminado el Orden del Día.
A continuación, pasaremos a la hora de Incidentes.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)--------------(
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor GUILLIER:
Al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, solicitándole PRONUNCIAMIENTO SOBRE OFICIO Nº 634-2019 DE LA CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA, RELATIVO A LA NECESIDAD DE CREACIÓN DE JUZGADO DE LETRAS, GARANTÍA Y FAMILIA DE SAN PEDRO DE ATACAMA.
De la señora ÓRDENES:
Al Director Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Aysén, para que dé a conocer METODOLOGÍA EMPLEADA EN ELABORACIÓN DE INFORME DE INSPECCIÓN DE VIVIENDAS DE 8 DE ABRIL DE 2019, EN RELACIÓN CON INCENDIOS OCURRIDOS EN POBLACIÓN "VUELO PATAGÓN", COMUNA DE COCHRANE.
Y a la Directora del Servicio de Salud de Aysén, pidiéndole informar sobre ESTADO DE PROCESO DE LICITACIÓN DE CABINA DE FOTOTERAPIA PARA REGIÓN DE AYSÉN.
De la señora RINCÓN:
Al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, para que solicite una pronta respuesta al municipio correspondiente respecto de NO REALIZACIÓN DE DISEÑO O DEMORA EN EJECUCIÓN DE PROYECTO "ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE VILLA PRAT", COMUNA DE SAGRADA FAMILIA, PROVINCIA DE CURICÓ.
)-------------(

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En Incidentes, en el tiempo del Comité Partido Socialista, nadie hará uso de la palabra.
A continuación, corresponde el turno del Comité Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.


SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, solo quiero pedirle, aprovechando la hora de Incidentes, que en la próxima sesión se ponga en votación un proyecto de acuerdo que presentamos 23 Senadores para solicitarle al Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, que, si lo tiene a bien, se sirva disponer la adopción inmediata de medidas de protección en favor de los 547 niños, niñas y adolescentes que el Ministerio de Desarrollo Social ha constatado que viven en situación de calle en nuestro país.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Su Señoría está pidiendo que el referido proyecto de acuerdo se vote la próxima semana?
La señora RINCÓN.- Sí, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Pero eso debe ser acordado por los Comités. Lo plantearemos en esa instancia, señora Senadora.
Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.


PROTESTA POR DESINFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCURIO DESDE ARGENTINA A PUERTO DE SAN ANTONIO. OFICIOS

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, el pasado 27 el abril nos enteramos, por un artículo de prensa de un medio de comunicación argentino, del inminente paso por nuestro país de un grupo de cinco camiones que transportaban cien toneladas de mercurio, los cuales habían comenzado su traslado el miércoles 24 de ese mismo mes desde la mina Veladero, en San Juan, y cuyo destino sería el puerto de San Antonio, en Chile, para iniciar su viaje en barco hasta Alemania.
Según el citado artículo, este sería el primero de varios traslados.
El ingreso a nuestro país sucedió el sábado 27 a través del paso de Jama, en la Región de Antofagasta, y la caravana atravesó, además de esta, las Regiones de Atacama, de Coquimbo y de Valparaíso, hasta llegar a San Antonio.
Según señala la información en medios argentinos, el trabajo que "todo el equipo" de la Secretaría de Ambiente lleva a cabo hace "más de un año" para efectuar este transporte con éxito "es un gran logro de gestión" -así lo dicen ellos- "y es la punta de lanza para un montón de exportaciones que vamos a tener que hacer en relación al mercurio".
Afirman también que el operativo "se desarrolla tal como se había previsto", con "exigencias de seguridad muy superiores incluso a las requeridas por la ley" de residuos peligrosos, que establece pautas para el transporte de este tipo de sustancias, todo acompañado de un fuerte operativo de seguridad, dada la peligrosidad de la carga.
¿Cuál fue la situación en nuestro país? Ninguna información oficial de autoridad alguna.
De acuerdo con lo que me pudo señalar la autoridad regional de Carabineros de Atacama, se les informó del ingreso de esta peligrosa carga a la Región la noche anterior a su llegada mediante la Oficina Nacional de Emergencia, y se implementó un dispositivo de acompañamiento con menos de 24 horas de tiempo.
En Argentina, un año de trabajo para coordinar su traslado, y en Chile, menos de 24 horas; sin avisar a las comunidades; durante un fin de semana, y atravesando cuatro regiones de nuestro país: ninguna información del Ministerio del Interior, y la Cancillería nuevamente ausente.
Me parece, señor Presidente, que esta es una situación realmente impresentable. Que nos enteremos a través de un medio de comunicación argentino que es la primera de una serie de exportaciones que pasarán por Chile realmente es increíble.
Nos preguntamos cuál es la razón de exportar por un puerto del Pacífico cargas peligrosas que van a Europa, si Argentina posee puertos en el Atlántico.
La respuesta es más económica: la empresa de transportes opera a través de puertos chilenos y -lo que me parece más insólito- el paso de semejante caravana por rutas trasandinas y lugares más poblados demoraría la travesía.
¿Dónde están nuestras autoridades en este tema?
Señor Presidente, quiero solicitar que se oficie al Ministerio del Interior para que informe al Senado del detalle de esta operación, de las autorizaciones existentes y de los operativos de seguridad que fueron diseñados; a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la de Electricidad y Combustibles respecto de la conveniencia del paso por nuestro país de estas cargas; y, finalmente, a la Cancillería, para que dé a conocer la manera en que se gestó, se comunicó y se autorizó este paso entre los gobiernos chileno y argentino.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, conforme al Reglamento.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, en el tiempo del Comité Partido País Progresista e Independientes, más el que le ha cedido el Comité Partido Por la Democracia e Independientes, tiene la palabra el Senador señor Navarro.


CONTAMINACIÓN EN CORONEL POR TERMOELÉCTRICAS BOCAMINA I Y II Y POR VERTEDERO ILEGAL DE CENIZAS. OFICIOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ha llegado la hora de los verdaderos regionalistas.
Si ENEL, la gigante de la generación de energía a nivel mundial, no pone fecha de cierre a las termoeléctricas Bocamina I y II, así como al vertedero de cenizas ilegal que mantiene en el corazón de Coronel, será la ciudadanía la que los cierre.
Hace un par de semanas concurrimos a Roma, Italia, junto con Juana Hernández, Presidenta de la agrupación de madres cuyos hijos tienen metales pesados en la sangre -cadmio, arsénico, mercurio-, a fin de entrevistarnos con Francesco Verchelli; Maurizio Bezzeccheri, CEO de ENEL para América Latina; y Francesco Starace, CEO mundial, nombrado por el Estado de Italia, a la cabeza de esta enorme empresa internacional que factura setenta billones de euros, con presencia en más de 80 países.
Tuvimos posibilidad de reunirnos con ellos durante tres horas y media. ¿Quiénes? Paolo Pallotti, gerente de ENEL Chile; Pedro Urzúa Frei, gerente de relaciones públicas, quienes viajaron de Santiago a Roma; y Maurizio Bezzeccheri, el CEO para América Latina. Discutimos allí en profundidad, con pasión, la situación de Coronel.
El acuerdo espurio, miserable a que fueron sometidos más de dos mil pescadores y algueras en el año 2014 por parte del, en ese entonces, gerente español de Bocamina I y II, estableció que la gente que firmó, por un aporte tres veces al año durante cinco años, no podía realizar ninguna acción directa, indirecta o a través de terceros en contra de Bocamina I y II, so pena de que la empresa accione judicialmente exigiéndole el reintegro de lo abonado o, simplemente, llevándola a los tribunales.
Es más, se estableció que hasta el 2052, fecha de vida útil de Bocamina II, no podían ejercer acciones legales.
¡Convenio miserable, espurio, que perjudicó durante cinco años la capacidad de los vecinos de tomar acciones en contra de esta empresa!
Y les dijimos exactamente lo que hemos dicho en Santiago, y lo repito esta tarde, en el Senado de la República: Bocamina I y Bocamina II deben cerrar, no solo porque Chile ha tenido compromisos en la COP21, París, y va a asumir compromisos en la COP25 -diciembre de este año, Santiago de Chile- en el sentido de reducir emisiones, sino también porque el daño que provocan las instalaciones que allí tienen generan incertidumbre, molestia y afectan la integridad física y psíquica de miles de coronelinos.
Hay 120 mil personas en Coronel. Este espurio acuerdo fue firmado con dos mil. ¡Con dos mil, señor Presidente! Y terminados los cinco años, no hay nada. No se advierten obras que permitan la descontaminación de las aguas marinas o la reducción de las emisiones. Solo queda el recuerdo de un dinero que se tuvo. ¡Se aprovecharon de la gente!
Señor Presidente, esto ha cobrado mayor relevancia por cuanto Boris Chamorro, alcalde de Coronel, ha emitido un decreto municipal en base a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y ha cerrado el vertedero. Actualmente se encuentra cerrado.
Señor Presidente, usted no se imaginaría en Valdivia, en Puerto Montt un vertedero a tajo abierto para resguardar cenizas generadas en un evento como la producción de energía a través de carbón.
Nos reunimos por segunda vez, junto con Juana Hernández y Guillermina Loyola, dirigentas de las madres de niños contaminados con metales pesados, en las oficinas de ENEL en Santiago. Maurizio Bezzeccheri vino, cumplió su palabra. Y allí nos señaló que la empresa evaluaba el cierre de Bocamina I el año 2024 y un cierre anticipado de Bocamina II, pensando que los acuerdos que Chile firmó en la COP21 son para el 2030 y, si la vida útil es para el 2052, nuestro país estaría impedido de cumplir esos compromisos por la quema masiva de carbón.
Además, se nos indicó que se estudia el establecimiento del cierre con itinerario del vertedero.
Luego, ENEL emitió un comunicado no haciendo mención alguna a lo que yo he señalado. Es decir, ¡ningún compromiso!
Señor Presidente, en los años que uno lleva en la vida política, en todos los niveles -estudiantil, político, social-, acostumbramos decir la verdad. Y no hay reuniones públicas y privadas. Porque lo público de la salud de los niños no puede ser privado, porque lo público de la contaminación del aire, de la tierra en Coronel, no puede ser privado.
Y dijimos exactamente lo que conversamos en Chile y en Roma: que efectivamente deben cerrar de manera anticipada.
ENEL no dijo ni sí ni no en su comunicado público. Y esto ha creado desconfianza, incertidumbre, rechazo en vastos sectores que, cuando informamos de esta reunión, como corresponde -y lo propio hicieron las dirigentas-, reaccionaron con alegría. Había temor, pero por lo menos existía una fecha de cierre concreta que podríamos intentar adelantar.
No nos defraudaron quienes nos dijeron en Roma que iba a ser complejo dialogar con la empresa. Aun así, nos reunimos con Vito Petrocelli, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado; con Pierpaolo Sileri, Presidente de la Comisión de Higiene y Salud del Senado; con Vilma Moronese, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado; con Paola Nugnes, miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Senado; así como con los Diputados Patricia Terzoni, Vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente; Giuseppe d'Ippolito, miembro de la Comisión de Medio Ambiente; Mara Tapia, de la Comisión de Sanidad y Asuntos Públicos, y con el asesor del Subsecretario del Medio Ambiente, Salvatore Micillo.
Fueron reuniones muy interesantes, lo mismo que con Greenpeace Italia y Legambiente, organizaciones conocidísimas, de gran trayectoria en ese país.
Y se nos señaló que ENEL se está volviendo verde, green. Y si hay un mérito que reconocer a la empresa es que se retiraron del proyecto en el sur, que pretendía la intervención del río Baker, que consistía en la construcción de megacentrales y que Patagonia Sin Represas, un movimiento social de carácter nacional, logró echar abajo.
ENEL devolvió los derechos de agua al Estado de Chile, derechos que fueron vendidos a precio de huevo durante la dictadura.
Ese es un punto que hay que reconocerle a la empresa, como también sus inversiones verdes en el desierto de Atacama, en una matriz de generación fotovoltaica extremadamente importante e interesante.
Les hemos dicho: "Todo eso está bien; lo que tienen que resolver es el punto negro en Coronel, que es una zona de sacrificio. Allí tienen un problema". Y cuando buscan hoy día capitalizar 3 mil, 3 mil 500 millones de dólares para nuevos emprendimientos en Colombia, en Brasil, en Argentina, sus accionistas, sus futuros socios deben saber que esta empresa adolece de un pecado original: compraron a los españoles Endesa Chile y tienen este problema y lo deben resolver, en alianza estratégica con el Estado.
Pero eso no ha sido posible, señor Presidente, porque el Gobierno no quiere aceptar que hay niños contaminados, según indican las muestras de sangre tomadas por el Instituto de Salud Pública (ISP) y obtenidas también por el propio municipio, por instrucción dada por el alcalde Boris Chamorro, quien tuvo que aportar recursos municipales con tal fin. Dichas muestras entregaron datos alarmantes sobre la presencia de metales pesados y la incidencia en el aumento de diversos tipos de patologías pulmonares, entre ellas cánceres.
Yo invito al Ministro de Salud a discutir estas materias. Queremos reunirnos con él. Le estamos pidiendo una entrevista hace ya más de un mes y, a pesar de la buena relación que mantenemos, no ha sido posible concretarla.
Las llamadas "zonas de sacrificio", como Quintero y Puchuncaví, también se expresan en Coronel.
La escuela Rosa Medel -Juanita Hernández fue presidenta del Centro General de Padres de dicho establecimiento cuando contaba con 600 estudiantes- hoy día no supera los 110 alumnos.
La escuela está a menos de 100 metros -hay una foto que es dramática- de la mayor termoeléctrica que existe en Chile: Bocamina II. Y allí, 110 niños permanecen aún en clases, tienen como patio y como visión paisajística la chimenea y la planta de ENEL.
Lo que queremos decir, señor Presidente, es que Coronel no va a renunciar al legítimo derecho que le asiste de luchar por terminar con la contaminación. Queremos un Coronel limpio.
Le he dicho al alcalde Boris Chamorro -y hoy día lo ratifico- que si ENEL no da una fecha, si no establece un compromiso que vaya más allá de la propia empresa, que involucre también a Santa María I, de Colbún, que es la segunda termoeléctrica que existe en la comuna, y que se extienda a las empresas pesqueras y al mayor parque industrial de la Región del Biobío, que está en Coronel -¡Coronel, zona de sacrificio!-; que si no se da un compromiso público-privado, una alianza estratégica público-privada a fin de generar un plan de recuperación ambiental de Coronel (PRAC), tal como se hizo en el año 90 en Talcahuano, la ciudadanía tiene derecho a movilizarse.
He pedido -y voy a insistir en ello- que el municipio de Coronel y su alcalde realicen un plebiscito, una consulta ciudadana para saber qué debe hacer. Hay dos opciones: luchamos para que las termoeléctricas se vayan y hacemos todo lo posible para que salgan de la comuna o establecemos una regulación para que se queden. Yo estoy porque se vayan, en plazos que podamos acordar, porque no son compatibles, señor Presidente, con el desarrollo de la comuna, pues están insertas en el corazón mismo de ella. Y si en este proceso surge otra alternativa, la veremos. Pero hasta ahora no ha habido forma de sentar a la empresa y al Gobierno a buscar una salida. ¡Acaso esperan que, tal como ha ocurrido en Puchuncaví y Quintero, los niños salgan de sus casas vomitando, intoxicados, señor Presidente, para decidir respecto de la escuela Rosa Medel! ¿Esperan que ocurra un hecho de gravedad, que va a manchar la hoja de vida de todos? Porque aquí nadie se libra; la gente está indignada.
Yo he dicho que vamos a iniciar las acciones legales que correspondan. Hemos hecho todos los esfuerzos. Fuimos a Roma a conversar con los dueños de la empresa, con el Estado italiano y, hasta ahora, hemos tenido una débil respuesta. Si bien ha habido un análisis compartido de que la contaminación no puede ser atribuida solo a esta empresa, señor Presidente, una gran parte de ella es responsabilidad suya. Y eso tiene que ser asumido por sus dueños, es decir, por ENEL Group, que es una multinacional en que el Estado italiano posee el 30 por ciento de las acciones.
Lo que la comunidad de Coronel exige hoy día -y quiero que se oficie al Ministro de Salud en este sentido- es que se tomen las muestras de sangre y de orina, pero no a 287 niños, sino a la mayoría de los niños. Necesitamos saber qué está pasando con ellos. Hay temor, intranquilidad, incertidumbre. Hay angustia en las madres de los alumnos de todos los colegios de Coronel. Queremos que las muestras, en principio, se les tomen a cinco mil niños de la comuna, para con esa base poder avanzar y adoptar decisiones de política pública.
Queremos que también se tomen exámenes a las mujeres embarazadas.
La gente está inquieta, señor Presidente. Y cuando la gente está inquieta y no se la escucha, se indigna y reacciona. Y yo voy a apoyar esa movilización. Eso lo he dicho y lo he reiterado.
Espero que el Gobierno tome nota. El Ministro de Salud nos tiene que recibir. Se debe cumplir el compromiso de aumentar la toma de muestras de sangre y orina para toda la población. Y es indispensable cerrar el vertedero de cenizas.
La Corte de Apelaciones rechazó el cierre decretado por el municipio, basado en la construcción irregular de casetas al interior de dicho vertedero. Pero tengo la percepción de que la ciudadanía y el municipio no van a ceder, y contarán con mi apoyo.
La empresa no cambia porque implica un tema de dinero. Hoy mismo puede tomar la decisión de llevar los desechos a Copiulemu, que es un vertedero legal, de residuos industriales. Pero no, es más económico dejarlos ahí, a cielo descubierto, permeando las napas freáticas. Eso les parece mejor, más económico.
¡Con la vida de las personas no se juega!
Y si ENEL quiere tener una vida tranquila, de aquí en adelante debe empezar a tomar medidas. Y estas medidas las hemos descrito en innumerables cartas, las ha señalado el Concejo Municipal de Coronel, las ha enunciado el alcalde a las autoridades del medioambiente, se las ha señalado también a las autoridades de la empresa.
Yo, por el bien de Coronel, señor Presidente, espero que esto se cumpla.
Pido que también se oficie al Ministerio del Medio Ambiente, al señor Seremi de Salud, para que nos expliquen por qué se mantiene sin cierre el vertedero de Coronel. Tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio del Medio Ambiente nos deben explicar las fiscalizaciones y por qué no han tomado las medidas pertinentes para el cierre definitivo del vertedero en cuestión.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Partido Evópoli, nadie hará uso de la palabra.
En el turno del Comité Partido Revolución Democrática, tiene la palabra el Senador señor Latorre, por dos minutos.


PROBLEMAS DE FINANCIAMIENTO DE MUNICIPALIDAD DE RAPA NUI-ISLA DE PASCUA. OFICIOS

El señor LATORRE.- Señor Presidente, en el día de ayer, martes 7 de mayo, sometimos a discusión el proyecto de ley para cambiar la denominación de "Isla de Pascua" por la de "Rapa Nui-Isla de Pascua". Su aprobación, a pesar de ser un gesto simbólico de reconocimiento al pueblo rapanuí, permite plantear una discusión de fondo respecto de la relación de Chile con la isla.
Este territorio no solo es uno de los más bellos y culturalmente más interesantes del país. Es el lugar que le confiere a Chile su carácter tricontinental: en la Antártica, en América del Sur y en Oceanía. Sin embargo, hay algunas situaciones que voy a hacer presentes y que se vinculan a la relación del Estado de Chile con la isla.
Por un lado, la Municipalidad de Rapa Nui está sometida a reglas de excepción. En primer lugar, tiene un sistema de financiamiento distinto. Lo normal es que existan mecanismos a través de los cuales los municipios puedan recaudar por sí mismos recursos (como los permisos de circulación), junto con aportes del Fisco. En este caso, los ingresos de Rapa Nui se limitan casi exclusivamente a los aportes del Fisco.
El decreto ley Nº 3.063, sobre Rentas Municipales, establece un mecanismo de devolución de rendiciones de ciertos ítems anuales, con un factor que actualmente duplica ese monto. Sin embargo, existe un desfase de tres años respecto del momento en que esos recursos se encuentran disponibles para el municipio, provocándose una diferencia entre el aumento de los costos y los recursos efectivamente disponibles.
El reajuste en el sector público, las remuneraciones que tienen el beneficio de asignación por zonas y el caso de la ley que regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia Rapa Nui, establecen una serie de obligaciones para la isla, pero sin un aumento adecuado de los recursos.
La isla actualmente posee un problema de financiamiento. Dada su ubicación, muchas prestaciones sociales dependen de la Municipalidad para poder ser proveídas. Por eso es tan complejo que exista un problema de esta naturaleza. Para su corrección, solo se necesita un decreto emitido por el Presidente de la República, en concurrencia con los Ministerios del Interior y de Hacienda. Usualmente, cada dos o tres años se aumentaba el factor, lo que permitía a su vez incrementar los recursos para la isla periódicamente. Hasta ahora, no se ha actualizado este factor durante varios años.
Para concluir, el problema de financiamiento no solo se limita a las prestaciones sociales. Rapa Nui ha sido declarada en "estado de latencia por carga demográfica". A su vez, presenta graves dificultades en la gestión de residuos. Hay problemas de seguridad pública y de provisión de agua potable. Además, como nos encontramos en un año en que se realizará la COP25, sobre cambio climático, sabemos que las islas son las principales afectadas por el aumento del nivel del mar.
Por las razones expresadas previamente, solicito que se oficie al Ministerio del Interior y, específicamente, a la Subdere, para que informen sobre los criterios y políticas vinculadas al financiamiento de la Municipalidad de Rapa Nui-Isla de Pascua, además de las razones por las cuales no se ha modificado el factor de distribución del Fondo Común Municipal que corresponde a esta comuna, como lo ha planteado recientemente su alcalde en una sesión de la Comisión de Zonas Extremas.
Gracias, señor Presidente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Senador señor Durana.


INFORME DE SERNAGEOMÍN RESPECTO DE CONDICIONES DE ESTABILIDAD DE MORRO DE ARICA Y DE PELIGRO DE REMOCIONES EN MASA. OFICIOS

El señor DURANA.- Señor Presidente, la ciudad de Arica tiene una tradición histórica por su cultura chinchorro, por haber sufrido sismos y tsunamis y, además, por ser el ícono de la Guerra del Pacífico. Es la única región geopolíticamente estratégica que cuenta con doble frontera.
El terremoto de magnitud mayor a 7, en la escala de Richter, de más antigua data, corresponde al 8 de febrero de 1570 y el más reciente, al 1 de abril del 2014. Eso no quiere decir que a la fecha no han ocurrido sismos sensibles con alarma de evacuación, que igual producen conmoción en las personas.
El símbolo de la cuidad, entre otros, es el escenario de la mayor gesta de la Guerra del Pacífico, donde lucharon soldados que eran mineros, agricultores, muchos chilenos anónimos. En ese espacio se enarbola una gran bandera que todo visitante no deja de mirar.
Hoy este gran símbolo, próximo a un aniversario más de la gesta heroica del asalto y toma del Morro de Arica, el 7 de junio, se ve limitado, truncado y frustrado.
Tras el sismo de abril del 2014, el Director Regional de Sernageomín de la época solicitó a los "especialistas del servicio en Santiago" un informe del estado de inestabilidades sufridas por este macizo rocoso.
A raíz de esa petición, se evaluó técnicamente las actuales condiciones de estabilidad del Morro de Arica y se entregaron recomendaciones para la mitigación del peligro de remociones en masa. Se dio una opinión técnica con relación a la respuesta del macizo rocoso al ser afectado por un factor de inestabilidad, específicamente a un desencadenante antrópico correspondiente a la detonación de fuegos de artificio. Es decir, se pretende relacionar sismo, daño y fuegos artificiales.
Si bien es cierto que el documento generado por Sernageomín no es vinculante ni existe obligatoriedad de cumplimiento por parte de la autoridad, emite juicios sin fundamentos técnicos, tales como mencionar probabilidades de ocurrencia de algo sin haber hecho un análisis probabilístico o restringir que se lancen fuegos artificiales por las aceleraciones que estos producen, sin presentar un argumento que valide esta aseveración.
Además, se habla de desencadenante de gran magnitud para producir fenómenos de remoción en masa. Pero ¿qué es un desencadenante de gran medida o baja magnitud?
Tales comentarios se presentan como serios y provenientes de profesionales, especialistas y expertos. Pero no es así: son juicios temerarios con escaso o nulo fundamento.
Gracias a la colaboración de Juan Carlos Cereceda, ariqueño, ingeniero civil estructural, generamos algunas observaciones en función de precisar lo que emitió este informe de Sernageomín.
Por ejemplo, el documento señala: "Se observó el fracturamiento que presenta el Morro de Arica y cómo las características de las discontinuidades del macizo rocoso (orientación, inclinación, relleno y morfología) son condicionantes favorables para el desarrollo de fenómenos de remociones en masa.".
¡Se observó!
Por simple "observación", señor Presidente, no se generan tales aseveraciones. Se requiere un estudio.
En segundo lugar, dentro de las indicaciones de Sernageomín, se indica en forma textual: "Se midieron direcciones similares a las ya registradas en trabajos anteriores, es decir, dos sistemas principales de discontinuidades, uno de ellos con inclinaciones entre 90 y 75 grados hacia el 0 con orientación N-S" (norte-sur).
Se consultó dónde estaban estas mediciones. No existen. No hay mediciones.
En tercer lugar, se señala: "Estos factores hacen que el Morro de Arica muestre una alta susceptibilidad a la generación de deslizamientos de roca, tanto en cuña como planar, o volcamiento. Se pueden definir al menos cinco sectores relevantes para evaluar el riesgo en relación a la estabilidad del macizo rocoso: zona afectada, zona de mitigación, zona de discontinuidades reforzadas y una zona de extracción y remoción en masa".
No existe, ni muestran, un estudio de los nodos de falla.
En concreto, señor Presidente, se indica que al sur del macizo hay una extensa área inestable con deslizamientos superficiales, como rotacionales y caídas de rocas. Se está refiriendo a un talud que se encuentra en el terreno donde hoy se ubica un edificio recién construido frente al sector de playa El Laucho.
En este punto también hubo una discrepancia técnica entre el ingeniero y los profesionales de Sernageomín, por la definición y origen del deslizamiento. No hay una falla rotacional; lo que ha ocurrido ahí es una antigua explotación informal de guano.
Finalmente, en el informe de Sernageomín se indica que no hace falta un "desencadenante de gran magnitud para el desarrollo de fenómenos de remoción en masa". Agrega que "existe una alta probabilidad de ocurrencia de desprendimientos de roca frente a un detonante de carácter antrópico". Basado en esto, se recomienda no hacer ninguna actividad en el Morro de Arica que implique generar un desencadenante: excavaciones, extracción de rocas (base y cima), detonación de fuegos de artificio, por las aceleraciones. Incluso, se menciona que la bandera del Bicentenario está mal instalada, al igual que el Museo Histórico y de Armas.
Este punto, en las audiencias con el ingeniero estructural Juan Carlos Cereceda, fue el más discutido, porque el informe carece de sustento técnico o de juicio experto para algunas de sus afirmaciones. Hace restricciones y no propone soluciones. No es real que exista un análisis probabilístico de ocurrencia, así como tampoco sustento alguno para decir que los fuegos artificiales pueden producir aceleraciones que generen remociones en masa.
En esa reunión los profesionales de Sernageomín reconocieron que no poseen respaldo técnico para las aseveraciones vertidas en el informe. Indicaron que ellos no hacen los estudios de ingeniería para solucionar los problemas.
Por lo tanto, señor Presidente, solicito que se oficie a los señores Ministro y Subsecretario de Minería y al Director Nacional de Sernageomín, para que, en términos muy concretos, se realice una revisión de este documento y se emitan recomendaciones específicas, claras, fundadas, racionales, con respaldo. Asimismo, pido que quien corresponda se haga responsable de sus dichos y que aquello que no tenga fundamento o respuesta se deje debidamente respaldado para su estudio posterior.
La Región de Arica y Parinacota no merece que, en su principal ícono histórico, no se pueda gozar, para sus fiestas tradicionales o para las de fin de año, de los fuegos de artificio, como ha ocurrido histórica y tradicionalmente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Renovación Nacional e Independientes, tiene la palabra el Senador señor Pugh.


ENTREGA DEL MONUMENTO HISTÓRICO CASA MOUAT A SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA SU RESTAURACIÓN. OFICIO

El señor PUGH.- Señor Presidente, quiero hacer presente una situación que le atañe a la Región de Valparaíso y, en particular, a su capital.
Como es sabido, Valparaíso es puerto patrimonio de la humanidad, producto de algo que ocurrió a fines del siglo XIX. Básicamente, esta ciudad se convirtió en la puerta de entrada de la globalización al Pacífico, la denominada "Globalización 1.0".
Lo acontecido en Valparaíso, de acuerdo a la Unesco, es un testimonio excepcional.
Por lo tanto, el Estado de Chile tiene un compromiso con la humanidad en proteger a la ciudad.
¿Cómo se hace eso? Bueno, pensando no solo en el pasado, sino también en el futuro.
En tal sentido, es necesario recuperar inmuebles patrimoniales de alto valor. Uno de ellos es el lugar donde se instaló el antiguo Castillo de San José, una fortaleza colonial que por 110 años protegió al puerto del ataque de corsarios y piratas, lo que permitió el comercio marítimo en los primeros años de la república. Ello ocurrió hasta que fue destruido.
María Graham, en su "Diario de su residencia en Chile (1822)", describe cómo, a causa de un terremoto, el castillo dejó de existir. Ya estaba deteriorado y ahí cierra y se acaba.
¿Qué ocurre entonces? Ese terreno se lotea. Un inmigrante escocés, el señor Mouat, un hombre con talento y conocimiento, decide adquirir un lote para construir su casa, la que sirvió para darle pasión a algo que en ese entonces era único y, también, excepcional: la observación astronómica, la observación del clima.
El señor Mouat instala ahí el primer telescopio. Y no existe registro en América del Sur de la instalación de un telescopio o de un centro de observación anterior a ese: 1842.
Es importante que ese hecho quede registrado en los anales, porque hoy Chile es una potencia astronómica mundial. Se espera en algunos años más que el 70 por ciento de la observación astronómica del mundo se haga desde nuestros observatorios, desde nuestro territorio.
Es necesario, entonces, reconocer en Mouat lo que él fue capaz de hacer: adelantarse a los tiempos e iniciar las primeras observaciones astronómicas.
El Castillo de San José -o mejor dicho, el ex Castillo de San José- y la casa Mouat están protegidos como monumento nacional mediante una ley especial.
Esa casa hoy día está abandonada, porque el comodato que se le entregó a la Municipalidad de Valparaíso no se pudo llevar a efecto, ya que esta carece de ingresos para sostener un inmueble de esa naturaleza. Por lo mismo, el Ministerio de Bienes Nacionales ha solicitado su devolución.
¿Cuál es el problema? No hay recursos para hacerse cargo de ello.
Señor Presidente, dada la naturaleza histórica de la casa Mouat, solicito que se oficie a la señora Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para que, a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se haga cargo de esta situación. Pido que este organismo reciba dicho monumento histórico y realice los estudios necesarios. La idea es que esta casa sea devuelta y restaurada, para que el nuevo Gobierno regional, el que se va a establecer en Valparaíso en dos años más, cuente con un lugar importante, el mismo desde el cual antes emanaban las órdenes y se conducía a la Región.
Queremos reconocer así el pasado colonial del Castillo de San José y, también, las primeras observaciones astronómicas.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


GESTIÓN PARA INSTALACIÓN DE SEDE DE DATA OBSERVATORY EN VALPARAÍSO. OFICIO

El señor PUGH.- En otro ámbito, señor Presidente, solicito que se envíe un oficio al Ministro de Hacienda, para señalarle lo oportuno que resulta instalar un observatorio de datos: el Data Observatory.
Este proceso, que es una integración público-privada, obedece básicamente al esfuerzo del Estado con los privados y brindará la oportunidad de que en Chile se realice investigación científica sobre datos en gran cantidad y de forma única. ¿Por qué? Porque el futuro de la humanidad está en los algoritmos.
Cabe recordar que hace unas semanas se premió a los científicos que lograron fotografiar un agujero negro. No es una fotografía propiamente tal, sino el resultado del análisis de los datos de los algoritmos.
El Data Observatory quiere hacerse cargo, entonces, de esa gran cantidad de petabytes de información que se van a generar desde los observatorios astronómicos.
En consecuencia, señor Presidente, pido que se remita un oficio al Ministro de Hacienda para que considere la posibilidad de que, con los socios privados que ya han sido incorporados a la gobernanza -me refiero a Amazon Web Services, el mayor proveedor de capacidades en la nube para procesar información, y a la Universidad Adolfo Ibáñez, que nació en Valparaíso- se instale una sede del Data Observatory en la ciudad puerto, ojalá a los pies del lugar donde se estableció el primer telescopio en Chile.
--Se anuncia el envío del oficio requerido, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.


UTILIZACIÓN DE EDIFICIO TECNOLÓGICO DE CORFO EN CURAUMA PARA INSTALACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD. OFICIO

El señor PUGH.- Señor Presidente, en otro sentido, considero que todos los desarrollos tecnológicos que le podrían permitir a Valparaíso enfrentar el siglo XXI de manera distinta se pueden materializar a través de una política que posibilite atraer tecnología digital. ¿Por qué? Porque Valparaíso puede crear nuevos empleos.
La automatización va a destruir fuentes laborales, como se ha dicho. ¿Cuál es el desafío, entonces? Crear nuevos puestos de trabajo, y generarlos en materia de tecnologías digitales es algo que Valparaíso puede hacer.
Sin ir más lejos, hoy en la mañana, con la concurrencia de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, se inauguraba la Conferencia 5G en la Universidad Federico Santa María, un referente de las tecnologías digitales no solo de Chile, sino de toda América del Sur.
Por eso nos atrevemos a plantear que la Región de Valparaíso tiene un futuro en el desarrollo de estas tecnologías.
Tecnologías digitales seguras es lo que necesitamos para enfrentar la transformación brutal de la Globalización 4.0. Pero, para que sean seguras, se requiere tener conocimientos de ciberseguridad.
El 27 de abril del año 2017, la Presidenta Bachelet promulgó la Política Nacional de Ciberseguridad, dentro de cuyos objetivos está precisamente el crear conocimientos de ciberseguridad. Para ello, Chile precisa de un instituto nacional de ciberseguridad.
¿Qué buscamos? Que esa capacidad -en España no está en Madrid, sino en la ciudad de León; vale decir, en una región distinta de la capital- este aquí, en Valparaíso.
En consecuencia, señor Presidente, pido que se oficie al Vicepresidente Ejecutivo de Corfo para que se analice la posibilidad de emplear el Edificio Tecnológico de Corfo en Curauma como un espacio para instalar un instituto nacional de ciberseguridad, el cual levantarán las universidades de la Región con los profesionales de que disponen en estos momentos.
La falta de profesionales que tenemos en el ámbito de ciberseguridad es gigantesca. Por lo tanto, debemos preparar en esta materia a mujeres y hombres, especialmente a mujeres, por cuanto la brecha de género que hay en tecnologías digitales es enorme: solo un 10 por ciento.
De esa forma vamos a poder desarrollar talentos en nuestras universidades y también conocimientos en el instituto nacional de ciberseguridad.
Creemos que ese edificio reúne las condiciones necesarias para alojar ahí al instituto señalado. Ello permitirá que El Almendral, este gran espacio que rodea al Congreso Nacional, se pueda revitalizar con una política pública tendiente a mejorar no solo los edificios, sino también los empleos, y a atraer gente que quiera emprender en tecnologías digitales, obviamente con los estímulos y beneficios necesarios, muy similar a como lo han hecho otros puertos, como el de Recife, en Brasil.
La iniciativa Porto Digital, que se puede ver en la página web www.portodigital.org, precisamente da cuenta de cómo un puerto abandonado, gracias a las tecnologías digitales, es capaz de proveer nuevos empleos, nueva riqueza.
La riqueza del siglo XXI, que ha comenzado, es precisamente la de los datos. Valparaíso es el puerto de datos de Chile: toda la fibra óptica que entra y sale a nuestro país lo hace por esta ciudad.
Por eso queremos que esa oportunidad se le dé a la gente que ha nacido en esta tierra, en la Región de Valparaíso.
Así, señor Presidente, daremos un ejemplo para que el resto de las regiones sigan definiendo dónde deben poner sus esfuerzos.
Los talentos, sin lugar a dudas, son lo más importante que se posee, y hay que desarrollarlos, partiendo a edad temprana: de 8 a 12 años.
Hoy en la mañana, señor Presidente, asistí a la formación de un colegio del sector de Playa Ancha, donde estudian niños y niñas que tienen esa vocación de cariño por la patria. Y, junto con ellos, cantamos la Canción Nacional.
En este Mes del Mar que hemos iniciado, quiero invitar a todos a que seamos capaces de embanderar el 21 de Mayo, fecha que este año, de forma especial, la vamos a vivir en Iquique, porque allá se va a trasladar el Presidente de la República y también el de nuestra Corporación. Pero aquellos que se quedan en Valparaíso igual podrán vivirla con la alegría de tener una gran fiesta nacional.
Pero la gran fiesta de verdad es ser capaces de transformarnos, de entender que, en la medida que comprendamos nuestras diferencias, podemos buscar un mejor futuro, y ese futuro, probablemente, se garantizará si entendemos bien las tecnologías, eso que nos está ocurriendo.
Así, señor Presidente, la Región de Valparaíso puede ser un motor de impulso y un ejemplo en este cambio de la Globalización 4.0.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
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--Se levantó a las 19:59.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante