Embarazadas y madres de menores de 3 años podrían cumplir sentencia fuera del entorno carcelario

Ad portas de ser votado por la Sala del Senado se encuentra la llamada “Ley Sayén”, moción que modificar el Código Procesal Penal para establecer la improcedencia de la prisión preventiva y de las penas privativas de libertad respecto de mujeres embarazadas o madres con hijos o hijas menores de tres años, sustituyéndolas por medidas cautelares alternativas fuera del entorno carcelario tradicional.

Esto, protegiendo el interés superior de los niños y niñas, evitando los efectos negativos del encarcelamiento en su desarrollo integral y preservando el vínculo materno-infantil.

Asimismo, considera excepciones específicas para delitos graves contra menores de edad y casos en que la imputada ejerza funciones directivas en asociaciones criminales o terroristas, estableciendo criterios claros que aseguren equilibrio entre la protección infantil y las exigencias del sistema penal.

El proyecto fue recientemente despachado por la Comisión de Hacienda -instancia presidida por la senadora Ximena Rincón- que se pronunció sobre las normas de su competencia, que incluyen, entre otras, el informe financiero para la adquisición de tobilleras de monitoreo telemático y personal para supervisar.

Según advirtieron la y los integrantes de la Comisión, se avanza en “disminuir la prisión preventiva”, la que actualmente “se usuraría de manera excesiva”.

Cabe recordar que la moción es de autoría del senador Jaime Quintana y del exsenador Alejandro Navarro y previamente fue analizada por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Revise nota relacionada.

Durante la sesión expuso la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, quien entregó algunas estadísticas penitenciarias que indican que, al 31 de mayo de 2025, existían un total de 61.280 personas recluidas en régimen cerrado en Gendarmería de Chile, de éstas, el 8,34% son mujeres (5.109).

“Con el objetivo de contextualizar a la población afectada por el proyecto, se revisó la información de la población que es atendida por el Programa Creciendo Juntos. El programa, para mayo de 2025, atendía a 160 mujeres, de las cuales 47 estaban embarazadas y 113 con lactantes. Con respecto a su ubicación, la mayor cantidad de mujeres se encuentra en recintos ubicados en la Región de Tarapacá y Región Metropolitana”, detalló.

En cuanto a la naturaleza de los delitos por los cuales están imputadas/condenadas, “la mayoría (87 mujeres) lo están por delitos de la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, agregó.

Con todo, destacó que el proyecto resguarda el bien superior de niños y niñas y se propone la “Improcedencia de la prisión preventiva de personas embarazadas o con hijos menores de tres años. En tal situación, el tribunal deberá imponer la sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que informarán periódicamente al juez”, explicó. 

Asimismo, detalló las excepciones consignadas, las modificaciones a la prisión preventiva y las modificaciones a la Ley 18.216 relacionadas con la sustitución de penas.