Condenados por delitos de cohecho o soborno no podrán trabajar en empresas públicas o que tengan contratos con el Estado
La norma fue aprobada por la Comisión Mixta sobre cohecho e incluye a las empresas concesionarias y de utilidad pública. Asimismo la instancia inició el debate de los artículos que definen el listado de autoridades que arriesgarán penas más severas.
10 de agosto de 2018
Como “un importante disuasivo” para los privados que incurran en delitos de cohecho y soborno calificaron los integrantes de la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias entre ambas Cámaras, la aprobación de una norma que prohíbe a un condenado por estos delitos trabajar en una empresa que tenga contratos con el Estado o con una empresa pública (incluidas las concesionarias y de utilidad pública).
La disposición propuesta por el Ejecutivo y acogida por la instancia mixta contó con la aprobación unánime y amplió también dicha prohibición a las corporaciones de educación y de salud, generando así un registro de las personas condenadas por alguna de estas conductas.
Así lo expresaron los senadores Francisco Huenchumilla y Felipe Harboe quienes recalcaron la importancia de esta norma que se refiere a personas naturales, quienes no podrán ser contratados por empresas con participación del Estado.
A su turno, el senador Andrés Allamand y Alfonso De Urresti manifestaron sus inquietudes respecto a las sanciones que regirán para las empresas o asociaciones con participación del Estado que infrinjan la norma e hicieron énfasis en la necesidad de contar con un registro adecuado y actualizado de personas condenadas por estos delitos.
Los parlamentarios también valoraron los avances en esta iniciativa que aumenta los pisos de las penas para estos delitos, tipifica el delito de cohecho sin contraprestación, sanciona el soborno entre particulares y la administración desleal, entre otros aspectos.
La instancia mixta inició además el estudio de las normas relativas al listado de autoridades públicas, de elección popular y otros altos cargos que serán susceptibles de sanciones más altas, en caso de cometer cohecho o soborno.
Al respecto, el senador Huenchumilla anunció que presentará una indicación para establecer la inhabilidad perpetua para los altos cargos públicos condenados por estos delitos.
Asimismo, su par el senador Víctor Pérez Varela hizo notar al Ejecutivo la necesidad de incluir en este listado no solo los cargos de confianza del Presidente de la República, sino además a los funcionarios de confianza de alcaldes y en los gobiernos regionales, así como evaluar qué sucederá con jefes de servicios y otros mandos medios que manejan numerosos recursos y tienen decisión en diversos contratos.